Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 15



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Agosto de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Con gusto, señor Presidente. Se tiene el registro de 29 legisladores que han pasado asistencia personalmente ante esta Secretaría. Vamos a pasar lista de los que aún no están registrados.

ASISTENCIA DE LA SESION



Tenemos la asistencia de 37 legisladores presentes en esta sesión.

Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 2 de agosto de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las doce horas con un minuto del miércoles veintiséis de julio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 26 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a reglas de operación "S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Economía; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, los informes sobre el estado del ejercicio y el cumplimiento de metas y objetivos correspondientes al segundo trimestre de 2017 de diversos programas sujetos a reglas de operación.- Se remitió a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, oficio por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta en su página electrónica la Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Becas 2016.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estudio Especial sobre la situación de la población afrodescendiente de México a través de la encuesta intercensal 2015; y hace un llamado a las autoridades legislativas tanto federal como estatales a incluir en sus constituciones el reconocimiento expreso de las personas afrodescendientes.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del Gobierno de la Ciudad de México, oficios con los que remite 8 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió del gobernador del estado de Colima, ejemplar del periódico oficial del gobierno del 13 de agosto de 2016 el que se publicó el Decreto por el que se adopta el Escudo Oficial de dicho estado.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Universidad de Occidente, oficio por el que informa que hizo la entrega sobre la Ampliación de la Matrícula del Primer Informe Semestral de 2017, cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para dar inicio a la ceremonia de entrega de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

(RECESO)

 

En atención al dictamen aprobado por la Comisión Permanente el pasado 17 de mayo, se realizó la ceremonia para la entrega del reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México por su labor en la Homologación de Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, de conformidad con el formato aprobado en el Acuerdo del 5 de julio.- Intervinieron los legisladores: Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente; Diputado Alejandro González Murillo del PES; Diputado Jesús Rafael Méndez Salas del PANAL; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA; Diputada Sofía González Torres del PVEM; Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del PT; Diputada Francisco Martínez Neri del PRD; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Senador Enrique Burgos García del PRI. Intervino el Doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una última intervención, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, hizo uso de la palabra.

La Presidencia de la Mesa Directiva, decretó un receso.

 

(RECESO)

 

La Presidencia de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

(Iniciativas)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis al Código Civil Federal y el capítulo III al Título Segundo del Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre propio y de los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1390 Bis 17, 1390 Bis 18, 1390 Bis 20, 1400 y 1401 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Macedonio Tamez Guajardo, a nombre propio y del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el titular del Ejecutivo Federal nombró al Maestro Emilio Suárez Licona como Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre la tragedia de las y los migrantes ocurrida en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 2017.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas a aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible.

2. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar respecto de los avances de los procesos administrativos y sanciones derivadas de las omisiones por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados y que derivaron en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12.

3. Que exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia a remitir un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a remitir un informe respecto a la situación laboral que guarda su personal y los criterios utilizados para determinar el tipo de contratación.

5. Que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.

6. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de inmuebles que se tienen ubicados como de alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el centro histórico y en otras colonias de la capital del país.

7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la actual temporada vacacional.

8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto de la existencia de solicitud al Instituto Nacional de Bellas Artes para retirar de la relación de inmuebles con valor artístico el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, con la finalidad de llevar a cabo su demolición.

9. Que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a evitar la afectación de los inmuebles de esa demarcación territorial, considerados con valor artístico conforme a los catálogos del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

10. Por el que la Comisión Permanente expresa su enérgico rechazo y condena la violencia ejercida por los grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos en diversas entidades del país.

11. Por el que se determina que han quedado atendidas 2 proposiciones relativas a los centros de readaptación social.

12. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a adecuar las disposiciones legales necesarias para la implementación de los sistemas locales anticorrupción en las diversas entidades federativas.

13. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los trece dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas locales un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir en familia, con especial énfasis en materia de adopción.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer las campañas sobre la importancia de vacunación para personas que viajan a otros países.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer el mejoramiento de la infraestructura educativa de la entidad, de Acuerdo a la suficiencia presupuestal; asimismo informe sobre las acciones previstas para la atención de mejoras a los planteles del Colegio de Bachilleres de dicha entidad.
4. Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor que realizan connacionales en organismos internacionales de derechos humanos y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre la participación de mexicanas y mexicanos en los mismos.

5. Por el que la Comisión Permanente se manifiesta porque el Estado Mexicano continúe y fortalezca la política exterior que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los Estados Unidos de América en el proceso de negociación de la agenda bilateral entre las dos naciones.

6. Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez los días 4 y 5 de julio en Tlaxcala.

7. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y se garantice la operación del Programa E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en los que se encuentran detenidos en estaciones migratorias.

8. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar y fortalecer las acciones que garanticen el ejercicio, protección y restitución de los derechos de ese sector de la población que quedan en la orfandad con motivo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

9. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar y fortalecer las acciones de asistencia, asesoría y apoyo a connacionales que se encuentren en centros de detención migratoria en los Estados Unidos, promoviendo el pleno respeto de sus derechos humanos ante las instancias respectivas.

10. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a adoptar las acciones normativas, de vigilancia y fomento sanitario y demás que consideren necesarias, respecto a los denominados productos milagro.

11. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el Anexo 30. Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2015 a 2017 destinado al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud.

12. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la ratificación del compromiso de las naciones participantes en la XII Cumbre del G20, con excepción de los Estados Unidos, respecto al combate al cambio climático y el libre comercio para hacer frente a los retos económicos globales y contribuir a la prosperidad y el bienestar de todos los pueblos.

13. Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar y fortalecer las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar.

14. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a analizar la viabilidad técnica y normativa de proponer y considerar a la cédula de repatriación como documento oficial para los connacionales repatriados hasta el término de su vigencia.

15. Que exhorta a las dependencias competentes del Gobierno Federal a analizar la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

16. Por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado un informe del estado que guarda la transferencia de recursos federales asignados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas.

17. Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de tortura cometidos contra Norma Mendoza López y exhorta a las autoridades correspondientes a continuar con la investigación y se sancione a los responsables.

18. Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre la participación en la Olimpiada Nacional 2017.

19. Por el que la Comisión Permanente remite la declaración del Congreso Indígena de Michoacán a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado de Michoacán para los efectos que haya lugar.

20. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a continuar con las acciones necesarias tendientes a la publicación del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

21. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar la viabilidad técnica y presupuestal de realizar la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja California.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintiún dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintitrés dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a impulsar la instalación de la infraestructura necesaria para el uso de telefonía celular y de interconexión de internet en el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca.

2. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto del estado que guarda el Régimen de Jubilaciones y Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro Social, así como del destino de los recursos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores.

3. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe del resultado de la investigación sobre los Acuerdos que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar ganancias, y el objetivo y límites de la investigación sobre la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país.

4. Que exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión del representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trata sobre la solución de controversias.

5. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto sobre la renta, respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, otorgado mediante Decreto del 26 de diciembre de 2013, en proporción al gasto de educación por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y media superior, determinado por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016.

6. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a fortalecer las medidas para eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible.

7. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fortalecer su programa de auditorías de desempeño a las 18 secretarías federales y se compruebe que se hayan cumplido con los objetivos de los programas estipulados en el año 2016.

8. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los montos y a qué proyectos específicos de infraestructura destinó los recursos provenientes de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería durante el ejercicio fiscal 2016, relativos a las obligaciones establecidas en el párrafo quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la pertinencia de modificar las reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, publicadas el 24 de julio de 2015, así como las normas, planes y documentos que sean necesarios, con el objeto de ampliar por 24 meses el plazo previsto para tramitar las solicitudes y documentación para la donación y regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de jubilados y pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe si ha iniciado alguna investigación respecto de la omisión en el envío, registro, control, cobro y comunicación de recuperación de créditos fiscales, en contra de servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y/o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

11. Que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a identificar las situaciones y escenarios de riesgo para la población y el medio ambiente, derivados de la eventual contaminación que pudieran provocar las tomas clandestinas de hidrocarburos en las entidades federativas con mayor incidencia de robo de hidrocarburos.

12. Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz y certifiquen que no existen prácticas monopólicas en perjuicio de otros competidores ni violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a informar cuáles han sido los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

14. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suministrar los recursos humanos, financieros, y materiales correspondientes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; a enviar un informe del gasto ejercido desglosado por ramo y partida en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017 para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción; y agrupar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018 los anexos correspondientes a los recursos destinados para el Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de garantizar su transparencia presupuestal.

15. Que exhorta a los gobiernos locales a fortalecer sus acciones para acrecentar y mejorar sus parques y jardines.

16. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre que se encuentra en el río Mololoa, ubicado en dicha entidad.

17. Por el que se solicita a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza informen respecto de los recursos materiales y financieros destinados a atender y prevenir los incendios forestales en el estado.

18. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la extracción y recarga de agua en el acuífero 3218 Cedros, estado de Zacatecas.

19. Que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a considerar la actualización de sus plataformas digitales, a fin de detallar lo concerniente a las importaciones de petrolíferos, especificando el país, porcentaje, volumen y costo total de adquisición de cada producto.

20. Que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial a la industria cinematográfica, de cara al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

21. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Marina a fortalecer las acciones de vigilancia en las costas del país, encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los Acuerdos de veda y la protección de los períodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción.

22. Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer público un informe de la situación y estrategias con relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana, en caso de que el gobierno de los Estados Unidos pretendiera gravarlas con algún tipo de impuesto.

23. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los incendios en el Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión. Sin discusión, los veintitrés dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la Diputada Sasil Dora Luz De León Villard, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de julio de 2017.- Intervino la Diputada Sofía González Torres del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 30 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5º de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 18, 33 y 39 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Ávila Serna y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Ávila Serna y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 347 y adiciona el artículo 349 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII bis al artículo 3° de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se declara el 23 de julio de cada año como Día del Tecnológico Nacional de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se expresan condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el incidente ocurrido en San Antonio Texas; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia y protección consular a las víctimas y a sus familiares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora emprenda acciones, en coordinación con los gobiernos municipales, para fortalecer la seguridad pública a fin de restablecer la paz social y salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a resolver la grave crisis económica y social por la que atraviesa el Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Dr. Guillermo Zárate Mijangos”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la implementación de un operativo permanente de seguridad en el municipio de Tapachula, Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales, Sandra Luz Falcón Venegas, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal emprender diversas acciones relacionadas con el percance ocurrido en la vialidad denominada paso exprés de Cuernavaca, en el estado de Morelos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a redoblar esfuerzos para sustentar con mayor evidencia científica y realizar consultas con los diversos sectores sociales involucrados, antes de realizar cualquier modificación, orientada a aumentar el espectro de los vehículos obligados a someterse al proceso de verificación de emisiones de contaminantes en las normas ambientales vigentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de dicho estado a agilizar e informar sobre los avances de las denuncias presentadas en relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 42036/15, por los delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos, y posible conflicto de intereses que involucran a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato y a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros, A.C.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta el fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan Mena López y se solidariza con sus familiares; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir de forma inmediata y con carácter de irrevocable al Secretario de Comunicaciones y Transportes; y solicita se cubran los gastos funerarios, apoyos económicos e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y demás personas que resultaron afectadas por el socavón del paso express de Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en torno a la implementación y consolidación del sistema penal acusatorio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se convoca al Secretario de Comunicaciones y Trasportes a una reunión de trabajo con el objetivo de conocer la construcción y conservación de las carreteras y puentes del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la implementación de diversas medidas tendientes a prevenir las defunciones por suicidio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agotar todas las líneas de investigación por las denuncias hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el caso Javier Duarte.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indemnizar conforme a derecho a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y a todos los que hubiesen resultado afectados debido a la formación del socavón en el paso express de Cuernavaca, así como realizar una exhaustiva investigación en relación a este hecho.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe respecto del estado en que se encuentra la nómina magisterial de la educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a realizar diversas acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población de dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al estado de Nayarit a declarar alerta de violencia de genero contra las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre las acciones que está llevando a cabo o tiene contemplado realizar, derivado de las afectaciones presentadas en el paso express en la carretera México-Cuernavaca el pasado 12 de junio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a construir, ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a replantear la estrategia de seguridad en la entidad a fin de poder hacer frente a los grupos organizados del narcotráfico que se instalan dentro del territorio de la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sasil Dora Luz De León Villard, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas, a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas en beneficio de la economía de las familias más pobres de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar e incorporar a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito, en virtud de que la Secretaría de la Función Pública identificó anomalías por más de 6 millones de pesos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a informar sobre los avances en materia de distribución y producción del diésel de ultra bajo azufre, de Acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016; asimismo, exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir la resolución del proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades locales encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública, a reforzar las acciones para combatir y sancionar la trata de personas en sus diferentes modalidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con motivo de un ejercicio indebido del servicio público, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponden, en relación con lo sucedido con el denominado paso express de Cuernavaca, en el que dos personas perdieron la vida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo de la entidad en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística, entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato y, en su caso, deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, así como el alto nivel de participación que expresa el deseo del pueblo venezolano.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes respecto de diversos asuntos relacionados con el despacho de sus funciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar el estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla por diversas irregularidades identificadas en la licitación, remodelación y construcción del Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del Barroco y el mirador Centro Cívico 5 de Mayo, que causaron perjuicios a la hacienda pública debido a presuntos desvíos, malversación de fondos y realización de las obras con materiales de dudosa calidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades ambientales a nivel federal a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la tala ilegal de árboles en el municipio de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a determinar y fincar responsabilidades por el probable conflicto de interés en el ejercicio de 100 millones de pesos; y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta falsificación de documentos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en los que están involucrados funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto al área de protección de flora y fauna Yum Balam.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que remite a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas del congreso del estado de Michoacán, el Manifiesto “Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a considerar la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que expongan ante el pleno todo lo relacionado a la adquisición, actualización y uso del software Pegasus.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dictar una aclaración de sentencia respecto de la contradicción de tesis 64/2017 en materia de revisión de la prisión preventiva, de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el pasado 17 de junio de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos económicos suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera Mérida-Tizimín, entronque con Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una posición firme respecto a las condiciones infrahumanas que vivieron migrantes hacinados en una caja de un tráiler en una fallida operación de contrabando en San Antonio, Texas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el proyecto de presupuesto de la federación 2018 considere incluir en el capítulo relativo a la inversión pública y en los relacionados con obra pública, las acciones y mecanismos necesarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a informar sobre la tala de árboles por las obras de la Línea 7 del metrobús y garantizar que la reforestación sea en las mismas zonas, colonias y avenidas afectadas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a informar sobre la eficacia de las medidas adoptadas para proteger a los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proceder a la separación del cargo del Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Amecameca a remitir los estados financieros al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 y al 30 de junio de 2017, a fin de conocer la información sobre el resultado de operación y salud financiera del municipio y faciliten su escrutinio que permita descartar una posible desviación material, fraude o error, y explique ampliamente los motivos por los cuales no son públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer efectivas las acciones y políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de género en la Ciudad de México y rinda un informe sobre la base de datos de feminicidios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera depurada y sus notas a los estados financieros de forma analítica, en las que se incluyan las subcuentas y subsubcuentas necesarias que permitan dar a conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017, los saldos de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio público y construcciones en proceso en bienes propios, y la documentación necesaria que acredite su evolución.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a destinar en sus presupuestos de egresos los recursos necesarios para el funcionamiento de las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes y de los programas y políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realice un estudio sobre el peligro de la bebida energética llamada “four loko” y, en su caso, prohibir su venta en todos los establecimientos del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender el requerimiento formulado por esta Soberanía el 7 de junio de 2017 por el que se solicitó un informe respecto del proceso de implementación de la unidad federal en la que se inscriban las autoridades encargadas de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a rendir un informe en relación con las acciones que han implementado sobre violencia obstétrica y los resultados de las mismas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados financieros en las que se incluyan las subcuentas y subsubcuentas necesarias que permitan dar a conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración a rendir un informe sobre la situación de los niños migrantes que encuentran en albergues adecuados y regulados por el DIF.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Armando Soto Espino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a comparecer ante la Cámara de Diputados, para informar sobre los hechos ocurridos en el libramiento denominado paso express de Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las operaciones de control y combate a la contaminación del medio ambiente marino frente a las costas del Estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar el apoyo necesario a los mexicanos encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, así como la información y orientación necesarias a sus familiares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias de salud y de educación de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas a fomentar campañas de información dirigidas a niñas, niños y adolescentes, sobre los riesgos a la salud ocasionados por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a publicar en sus páginas institucionales, sus respectivos atlas de riesgos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Yerena Zambano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores a definir la prioridad sobre la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, así como a las autoridades federales competentes, a evaluar la posibilidad de realizar un diagnóstico integral sobre la situación de la infraestructura física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos del sistema estatal de salud de Oaxaca y su red hospitalaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a redoblar esfuerzos e implementar un programa de capacitación permanente y con ejercicios de evaluación periódicos a los ministerios públicos federales en lo relacionado con su actuar en el sistema de justicia penal acusatorio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinarse con los titulares de los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz e impulsar la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar un proceso de análisis y consenso con todos los participantes en la cadena del libro, con la finalidad de definir un Acuerdo que permita la venta de libros en pagos mensuales, como estrategia para impulsar la lectura en nuestro país y apoyar la economía familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Cambranis Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a garantizar la participación de los productores de caña independientes en el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las sociedades por acciones simplificadas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar el reconocimiento del mezcal frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores informen sobre las acciones implementadas ante las nuevas medidas de seguridad aeroportuarias implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la tragedia de las y los migrantes ocurrida en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la observancia en los procesos de inscripción a las instituciones públicas del país y, en su caso, sancionar a quien condicione el servicio educativo y la entrega de documentos al pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres  de familia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita información con respecto a la evolución y los resultados derivados de las asignaciones de campos petroleros licitados durante la tercera licitación de la Ronda 1.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar nuevas acciones y estrategias de prevención del delito y combate a la violencia e inseguridad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar de los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del sistema penitenciario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar una investigación, examinando el actuar de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia recaída en la controversia constitucional 93/2012.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al aumento de la violencia que ha vivido nuestro país en el mes de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud a poner en marcha un programa de planificación familiar en todo el país, el cual permita el ejercicio libre y pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, poniendo especial atención en mujeres, pueblos indígenas y grupos que, por su condición, sean vulnerables y marginados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a velar por el interés superior de la niñez en los centros de atención social.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe explicando las razones del aumento en la deuda nacional, así como las estrategias a corto y mediano plazo a implementar para contener el alza de la deuda nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a incentivar la prestación de servicio social en las áreas a su cargo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a diseñar e implementar políticas públicas que prevengan, atiendan y sancionen el fenómeno del despojo inmobiliario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado Nacional contra las Adicciones a implementar una campaña para difundir los riesgos del uso de cigarros electrónicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que en el proceso penal acusatorio seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, instruya a los fiscales para que presenten todos los medios de prueba ante el juez de juicio oral, a fin de que se emita una sentencia condenatoria privativa de libertad y se garantice la reparación del daño.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de estado de Chiapas a garantizar los derechos al debido proceso y presunción de inocencia de Antonio Hernández Cruz en el expediente penal 64/2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar un informe de los hechos ocurridos el pasado 12 de julio del 2017 en el paso express de la Autopista México-Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para llamar a comparecer al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario de Marina para que informen sobre la estrategia de intervención de las fuerzas militares y policiales federales en acciones de seguridad pública en la Ciudad de México, así como para que informen sobre la actuación de ambas dependencias en el ataque ocurrido en la delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la intervención de las Secretarías de Economía y de la Función Pública para incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de instituciones públicas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar una estrategia comunicacional de concientización ciudadana y con acciones municipales y delegaciones concretas para que en nuestro país sea un hábito diario la separación de los residuos sólidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar una reunión de trabajo en la que explique la metodología y los criterios utilizados para la cuantificación y evaluación de los gastos en los pasados procesos electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Cultura y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos extraordinarios en el presupuesto y garantizar el acceso efectivo y oportuno de los proyectos de cultura de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac con integrantes del autodenominado “Cartel de Tláhuac”, a fin de que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en el marco del Día Mundial contra la Trata 2017, fortalezca y amplíe sus campañas de prevención de la trata de personas, con énfasis en niñas, niños y mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre los jóvenes que estudian la educación media superior y superior, durante las vacaciones de verano 2017 en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, a implementar acciones preventivas y de inteligencia, con objeto de identificar oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a solicitar al ayuntamiento del municipio de Puebla una amplia y debida fundamentación, así como los anteproyectos de inversión respecto a la iniciativa de Decreto presentada por dicho municipio, mediante la que solicita autorización para contratar obligaciones financieras por un monto de hasta ochocientos millones de pesos, por un plazo de siete años.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a generar los cambios necesarios en el Reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal, a fin de coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social de la Secretaría de Gobernación, así como promover la defensa de los derechos humanos y generar las medidas adecuadas para salvaguardar la autosuficiencia económica de los empadronamientos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, reconsiderar la inversión pública realizada en esculturas urbanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para el correcto funcionamiento del proyecto “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una investigación en relación a la posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la comercialización de productos y servicios por parte de diversas marcas automotrices.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera inmediata los problemas de contaminación del río Duero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Benjamín Robles Montoya y Rabindranath Salazar Solorio, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para que informe sobre la implementación de la política pública de los vales de cultura.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo y del Diputado Vidal Llerenas Morales, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que explique el estado actual de inseguridad en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer públicas las acciones que está realizando para atender las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría financiera, así como a que sancione a los servidores públicos responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la República a desarrollar más mecanismos de coordinación para coadyuvar con las autoridades chiapanecas, municipales y estatales, en la limpia y desazolve de residuos plásticos y metálicos, así como residuos forestales que abundan en el Cañón del Sumidero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a destinar todos los medios y recursos necesarios para atender la crisis de contaminación en la cuenca del Río Suchiapa que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a realizar una investigación pública respecto de los posibles casos de nepotismo señalados por la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a dar solución a la problemática de los contratos y claves de descuento vigentes o canceladas de empresas que otorgaron créditos vía nómina a empleados de entidades y dependencias de esa administración estatal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a hacer públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para prestar los servicios de inmunización a nivel nacional con efectividad, eficiencia y calidad para todos los mexicanos a fin de que se mejore la calidad en todos los aspectos de los programas de vacunación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis y del Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a dar máxima publicidad a las estadísticas sobre la incidencia delictiva en el estado y de sus municipios en su portal electrónico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los derechos humanos de los migrantes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a otorgar la dotación de una cuota de agua a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río del estado de Jalisco, del proyecto hidrológico presa “El Zapotillo”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así como aquella información que se haya remitido a la Auditoría Superior de la Federación para la atención de las auditorías 2014, 2015 y 2016 de dicho fondo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar la aplicación de los recursos entregados al municipio de Bahía de Banderas, a través del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar una auditoría al presupuesto de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora para detectar posibles irregularidades y determinar si el Rector Carlos Cabañas Soto tiene responsabilidad en las anomalías detectadas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a informar sobre los datos que exhibió en la Ronda 1.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a investigar y analizar a profundidad la línea de crédito solicitada por el presidente municipal de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger las tierras del ejido San Francisco Tlaltenco y la Ciénaga de Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a implementar las medidas de protección necesarias que garanticen la seguridad jurídica e integral del activista John Joseph Moreno Rutowski, en el proceso penal instaurado en su contra por la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga las denuncias sobre agresiones y amenazas que presuntamente hizo un servidor público a empleados de la publicación periódica “La Cañada” y realizar todas las diligencias necesarias para sancionar a los responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar que el derrame de agua contaminada de la mina La Perla no representa un riesgo para el medio ambiente y los cultivos afectados del municipio de Camargo, Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a analizar las inconsistencias existentes en el nuevo modelo de Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con el fin de ejercer su facultad de veto respecto de aquellas disposiciones que atentan contra los fines que debe perseguir un sistema independiente, efectivo e imparcial de combate a la corrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del nacimiento de Mariano Arista.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Hepatitis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 158 aniversario de la expedición de la Ley del Matrimonio Civil por el Presidente Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 451 aniversario luctuoso de Fray Bartolomé de las Casas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 206 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial contra la Hepatitis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre la generación de empleo durante la presente administración.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación de la seguridad pública en todo el país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuatro minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dos de agosto, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Proceda la Secretaría.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite 20 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.






Compañeros legisladores, les informo que recibimos de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. Este nombramiento se turnó de manera directa a la Segunda Comisión, el 26 de julio pasado, para su análisis y dictamen.



Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con similares de la Secretaría de Economía, con los que envía:

“Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.








El documento denominado “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que se remite:

El documento denominado “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”, correspondiente al primer semestre de 2017.








Los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2017; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016. Asimismo, comunica que en el informe trimestral se incluye el apartado correspondiente al Avance de Gestión Financiera.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE SALUD

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre del año 2017”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, de la Secretaría de Salud se recibió un oficio con información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, “Reporte del Monto y ejercido de los Subsidios Otorgados” y “Reglas de Operación” correspondientes al periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Salud de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con la información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente al segundo trimestre de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el informe de resultados correspondiente al periodo abril-junio de 2017 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios del Gobierno de la Ciudad de México, con 5 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un Acuerdo del Congreso del estado de Puebla, en torno al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

El 61º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 13 al 24 de marzo pasados; y en



La Conferencia Nacional de Síndicos, realizada en Chihuahua, México, del 23 al 25 de febrero de 2017.








Una, de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, en su calidad de Coordinadora General de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y El Caribe, con la que remite el informe de sus actividades en la Misión España-Italia, celebrada del 27 de junio al 6 de julio de este año.








Una, de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 18 de julio pasado.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada de cada una de las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, se recibieron comunicaciones de ciudadanos Diputados, con las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas.

Una, del Diputado Matías Nazario Morales, del grupo parlamentario del PRI, a partir del 28 de julio de 2017.



 






Y de la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI, a partir del 31 de julio del año en curso.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquense las reincorporaciones a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: También se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Armando Ríos Piter y una, del Diputado Juan Romero Tenorio, por las que se solicita la dictaminación de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante a la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA DE DESAPARICIÓN FORZADA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El pasado 27 de abril de 2017 la Cámara de Senadores aprobó con 89 votos a favor un dictamen por el que se buscar expedir la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, la cual tendrá por objeto: establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y otros delitos vinculados y sus sanciones; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda, y ordenar la creación de las comisiones respectivas en las entidades federativas; garantizar la protección integral de los derechos de las personas hasta que se conozca su suerte o paradero; y, crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación. De igual manera, establece que los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares serán perseguidos de oficio; que se crea un consejo ciudadano para apoyar y proponer la formulación de acciones que fortalezcan la labor del Sistema Nacional; y se detalla el procedimiento de búsqueda de personas.1

SEGUNDO.- La Minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde el dos de mayo de 2017, la mesa directiva turno dicho proyecto de Ley a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo análisis y dictaminación.

TERCERO.- El número de casos de desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. Desde el 2008 han ocurrido 136 casos en México, al igual que en Siria. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Pese a este panorama, en el país no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.

Desde el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se emprendió el combate al crimen al organizado, los derechos humanos vinculados a los temas de seguridad pública y justicia han estado en el debate público. En los últimos años, la desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, son hechos que han estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos. Entre los casos más recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En ambos casos la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.2

CUARTO.- Los años que registran el mayor número de casos de desaparición forzada en México coinciden con periodos en los que las fuerzas armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno. Entre 1980 y 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de acuerdo con el último informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría ocurrieron en tres momentos específicos y que han marcado la historia de México: los años setenta, durante la denominada guerra sucia; 1994, que coincide con el conflicto armado encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas y el lapso de 2007 a 2012, el periodo de Gobierno de Calderón cuando se intensificó la guerra contra el narco.

QUINTO.- En México hay 32 mil 142 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según un registro nacional gubernamental. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas.

SEXTO.- A la luz de los desaparecidos en el Estado de Veracruz, el Colectivo Solecito de Veracruz, importante asociación civil que durante la administración de Javier Duarte denunció la desaparición forzada por parte de autoridades públicas, inició la búsqueda de personas. En agosto de 2016 las mujeres que integran el Colectivo Solecito de Veracruz informaron del hallazgo de al menos 75 fosas en Colinas de Santa Fe, un predio que de acuerdo con las autoridades veracruzanas era usado por el crimen organizado como su cementerio particular. En marzo de este 2017, el número de fosas ascendió a 125 y se encontraron restos de al menos 250 personas. Se trata, hasta el momento, de la fosa clandestina más grande del sexenio. El Colectivo Solecito de Veracruz forma parte de amplias organizaciones constituidas por madres, padres, hijos y parientes de personas desaparecidos en México, que durante años han solicitado una Ley que otorgue protocolos de búsqueda y protección en dichos casos. El Colectivo Solecito de Veracruz cita al Congreso de la Unión acelerar la dictaminación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. Por lo anteriormente expuesto, considero que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debe atender respetuosamente la petición de las diversas organizaciones de la sociedad civil para establecer un marco jurídico que requiere el Estado mexicano ante el fenómeno de la desaparición forzada. En pleno respeto del proceso legislativo actualmente en proceso, la petición de las organizaciones es acelerar el análisis del proyecto, para otorgar el reconocimiento de la figura de desaparición forzada y los beneficios que planteamos en el proyecto de minuta radicada en la Colegisladora. Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados acelerar los trabajos de análisis y dictaminación de la Minuta turnada el pasado 27 de abril de 2017, por la que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

1 Tomado del Orden del Día del 27 de abril de 2017, Sitio en internet:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/DICT_Justicia_Desaparicion_Forzada.pdf

2 Fuente: Tomado de
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/11/mexico/1462919615_741513.html



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítanse ambas comunicaciones a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Por último, se recibió una comunicación de la Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del grupo parlamentario de Morena, que exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales que tienen por objeto reconocer e incluir los derechos de los pueblos negros afromexicanos.

La suscrita, LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDÉS, diputada federal del grupo parlamentario de MORENA de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

A más de 500 años de la llegada a México de los autodenominados negros, siguen siendo objeto de discriminación y racismo; miles de ellos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de derechos plenos por no estar reconocidos en la Constitución Política, aún y cuando nuestro país ha firmado varios convenios y recomendaciones internacionales sobre el combate al racismo y la discriminación como los siguientes:

Las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas de 1965 plasmadas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, fueron ratificadas por México  el 20 de febrero de 1975, sin embargo el Estado Mexicano sigue sin aplicarlas.

La Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a una misma especie con un sólo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún caso prejuicios raciales ni legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta discriminatoria.

Están también los acuerdos firmados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban en el año 2001, en el capítulo Africanos y Afrodescendientes y los 14 programas de acción, y en el que los países firmantes se comprometen a facilitar la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad; a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura, que por cierto, el gobierno mexicano no ha cumplido.

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, donde la comunidad internacional reconoce que representan un sector definido de la sociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos y protegidos. Poco después la misma ONU hizo la Declaratoria del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024).

A pesar de que estos instrumentos buscan dar a conocer la participación económica, social y cultural de los miles de africanos y sus aportes en las naciones latinoamericanas, y el emprendimiento de políticas y acciones para el combate al racismo y la discriminación, tales objetivos no se han podido vislumbrar en México.

En el país siguen habiendo manifestaciones de discriminación que se reproducen; estamos acostumbrados a pensar en la discriminación como una forma de concebir al “otro” de manera negativa y estigmatizada en virtud de sus características, pero no solamente se manifiesta de esta manera, sino también en la negación de su existencia.

El gobierno mexicano exalta el pasado indígena y el presente mestizo relegando a los afromexicanos tanto del discurso oficial como del imaginario colectivo. Esta exclusión ha dado como resultado que una parte importante de la población esté convencida de la idea de que “en México todos somos mestizos”  y “las personas de color están fuera de México”1, en lugares distantes como Colombia o Cuba, perpetuándose de esta manera la desigualdad y minimizándose la discriminación que los afecta.

“A ellos no les molesta que los llamen negros2, morenos, prietos o afros, al contrario, están orgullosos de serlo; la discriminación va más allá de la parte social cuando intentan obtener recursos para un proyecto de campo, una vivienda o escuelas; dependencias como la Comisión Nacional para que el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no los atienden, las ventanillas para la comunidad afro están cerradas”, dice Israel Reyes Larrea, coordinador de la Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afromexicanas, A. C.

Muchos de ellos también han sido discriminados por el Instituto Nacional de Migración (INM), que no les creen que sean mexicano, aún y cuando portan su credencial de elector e incluso los han querido deportar a Honduras o a otro país, porque son negros.

En el informe de la CNDH y el INEGI, de julio de 2015, se resalta que las poblaciones afrodescendientes de México han sido históricamente discriminadas, sufren racismo y continúan viviendo un entorno de exclusión e indiferencia, sin una presencia explícita en ámbitos como el de las políticas públicas y el de la legislación.

La CNDH asegura que entre sus demandas se encuentran la educación, la salud y el desarrollo económico culturalmente pertinentes, así como la preservación de su cultura, la consulta previa, libre e informada y la participación política, lo cual ha generado discusiones sobre el respeto a los derechos, a la diferencia cultural, al acceso a la cultura y a la libre determinación.

El organismo precisa que hasta hace muy poco su presencia en la estadística nacional era prácticamente inexistente, con lo cual también eran objeto de una invisibilización, que por sí misma constituye una forma más de discriminación.

Subraya que el derecho a la igualdad entre integrantes de diversas culturas implica que las personas gocen de las mismas oportunidades, lo que significa para el Estado la obligación de realizar acciones para eliminar la discriminación.

El reconocimiento de estos pueblos negros es muy importante, en principio, porque, nuestra Constitución establece que el país es pluricultural, lo que implica que todas las culturas que están dentro de la nación, deben tener un reconocimiento al mismo nivel.

Hay que reconocerlos porque son comunidades con manifestaciones, costumbres y cultura, y eso se comienza a perder porque la sobrevivencia implica la migración y esta diluye su propia raíz cultural.

Por estas razones es que la proponente presentó una iniciativa de proyecto de reforma a los artículos 2, 27,  28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 6 de abril del 2017, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictaminación y que tiene por objeto reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos negros afromexicanos.

El 26 de julio de 2017, la gaceta parlamentaria de la Comisión Permanente da cuenta de dos documentos enviados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH):

Oficio  No. 41228, fechado el 20 de junio de 2017, con referencia en Asunto: Reconocimiento de las y los afrodescendientes de México dirigido al Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Permanente  del H. Congreso de la Unión y envía también el Informe Especial sobre la situación de la población afrodescendiente en México, a través de la Encuesta Intercensal 2015.

En su oficio la CNDH, señala que dentro del marco del Decenio Internacional de los afrodescendientes 2015-2024, “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, resultaría satisfactorio realizar un balance de los avances para reconocer, proteger y hacer valer los derechos de los afrodescendientes en nuestro país.

Resaltan la necesidad inmediata de la visibilización por parte del estado, iniciando con su reconocimiento en la Constitución Política de México y en las entidades federativas.

Hacen hincapié en impulsar acciones políticas que les permitan acceder a servicios de salud, educación, trabajo y servicios públicos.

Finalmente la CNDH hace un llamado al H. Congreso de la Unión para que se reconozca expresamente a la población afrodescendiente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidiendo con la demanda que hace la CNDH, la iniciativa presentada por MORENA  da la posibilidad de que el Estado Mexicano solvente la deuda histórica que tiene hacia la población afromexicana del país que se concentra en su mayoría en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, y el Distrito Federal.

Tenemos que responder a la esperanza y demandas de justicia de la población afromexicana y a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en la lucha contra la discriminación y el racismo.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que dictamine la propuesta de iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 6 de abril de 2017, y que tiene como fin reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos afromexicanos, atendiendo a la demanda que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés.

1 Respuesta de una docente de una universidad en Ciudad de México, en Espinosa, E.L. (2014). Viaje por la Invisibilidad de los Afromexicanos. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. México p. 33

2 http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/04/11/y-los-negros-que/Cons. 29/03/2017 5:04 P.M.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir de este día.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de agosto de 2017.”

Me han pedido diversos oradores el uso de la palabra, los voy a ir registrando.

Adelante, Senadora Diva Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos.

Pues me da mucho gusto participar en esta licencia que ha pedido una querida amiga, una política de carrera, de gran nivel, a la que no solamente le tengo un respeto por su trabajo público, sino como mujer, y una mujer empeñosa.

Hace unos días yo le escribí a Blanca y le decía que tenía sentimientos encontrados, porque realmente cuando estás en el parlamento generas una hermandad que va más allá de una relación solamente laboral, y el caso de Blanca, ese es el caso.

Blanca no solamente fue Presidenta de la Comisión de Cultura, fue líder del Parlatino; ha sido una mujer emblemática en esta Legislatura.

Y hoy que va a esa responsabilidad, por cierto, de alto nivel, sé que lo va a hacer muy bien.

Blanca, no tengo más que palabras de afecto y de reconocimiento para una mujer del tamaño de ella. Para que una mujer en política llegue a un nivel importante como el de ella, se necesita mucha lucha y mucho esfuerzo, y Blanca lo ha logrado. Es una mujer íntegra, transparente y una mujer muy inteligente.

Sé que como lo hizo aquí, lo hizo en su tierra, en su estado, también lo va a hacer en esta responsabilidad diplomática de la mejor manera.

Mis palabras solamente quiero que queden como testimonio del reconocimiento a esta gran mexicana.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, por favor.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Quiero decirle a mi entrañable amiga y compañera, que no tenemos ninguna duda de que representará a nuestro país de la mejor manera.

Sólo le quiero sugerir, respetuosamente, a la Senadora Blanca, que ella como poblana lleva una gran responsabilidad, porque tiene un antecedente histórico muy importante en el Servicio Exterior Mexicano, y me refiero en la persona de una gran mexicano, don Gilberto Bosques Saldívar. Le quiero sugerir que siempre que esté desempeñándose como Embajadora, lo tenga presente, el es un poblano de estatura universal, que en la Segunda Guerra Mundial demostró la calidad de nuestro país en tanto se trata del respeto a los derechos humanos.

Un hombre que transitó desde muy joven en la Revolución Mexicana, participa a la edad de 16 años, y viene transitando en todas las etapas importantes de nuestro país, hasta llegar a la época contemporánea.

Fue revolucionario, fue legislador, fue diplomático y puso en alto el nombre de nuestro país.

Por eso, Blanca, te sugiero, respetuosamente, que en tu agenda siempre lleves la biografía de Gilberto Bosques Saldívar.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Olvera Acevedo.

Me ha pedido también la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna. Denle volumen, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues decir que nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, siempre hemos estado a favor de impulsar a las mujeres a los más altos cargos, pero Blanca Alcalá no es cualquier mujer, es una mujer muy capaz, muy destacada, muy inteligente y simplemente decir que aquí, en estos años que hemos convivido con ella en el trabajo, ha demostrado en todos los cargos que tuvo aquí, una gran capacidad, pero además calidad humana.

Ella, como Presidenta del Parlatino, nos hizo partícipes por igual para poder destacar también en ese Parlamento.

Como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, sin duda, fue una de las mujeres más destacadas.

Como Presidenta de la Comisión de Cultura, siempre impulsando esos temas.

Estuvimos juntas en la Comisión de Hacienda y además en la Comisión Ficrea, donde se dejan cosas pendientes, que yo diría, como compañera, como amiga es una mujer que sabe dialogar, que sabe incluir, a nosotros que somos de izquierda, a mí, que luego les cuesta tanto, ella no le cuesta tanto el diálogo conmigo.

Entonces, yo diría que deja una agenda pendiente, que las que quedamos aquí vamos a seguir trabajando y vamos a desahogar esa agenda.

¡Muchas felicidades, Blanca!

Que tengas muchísimo éxito.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tengo al Senador Jesús Casillas Romero. Denle volumen, por favor.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Pues, esta es una de esas sesiones en las que hay sentimientos encontrados.

Cuando vemos que una compañera o un compañero nuestro pide licencia para buscar con éxito un nuevo proyecto, pues siempre es motivo de gusto; siempre es motivo de satisfacción ver que nuestros compañeros logran al final del día los proyectos que se proponen.
Pero cuando se trata de personas con las que a lo largo de estos años has establecido una relación no solamente de compañerismo, sino de amistad, de solidaridad, de amistad sincera, pues no deja de tener un dejo de tristeza y de nostalgia, de no tener tan cerca a una persona como Blanca Alcalá.

Blanca Alcalá, que se ha caracterizado por ser una gran mujer, una política profesional a la que nadie le ha regalado nada.

Como alcaldesa de su ciudad natal, de su estado, Puebla; como Secretaria de Finanzas, y aquí, en el Senado de la República, no solamente como Presidenta de la Comisión de Cultura, sino atenta en todos los temas de interés y de importancia de este Senado; atenta siempre desde la Vicepresidencia en darle respuesta y en atender a nuestras compañeras y a nuestros compañeros Senadores.

Por eso, el día de hoy a mí me da mucho gusto que este nuevo proyecto que, sin duda, como todo lo que hace ella le habrá de salir con éxito, pues también la vamos a extrañar y mucho, porque si con alguien he tenido una buena relación de amistad y de afecto, ha sido con Blanca Alcalá.

Blanca, te deseo de verás, todo el éxito, como lo vas a tener. Estoy seguro que habrás de poner a nuestro país muy en alto en la nueva responsabilidad diplomática que te espera en Colombia, y como todo lo que haces, seguramente lo vas a hacer muy bien, con mucho éxito, poniendo en alto nuestro país.

¡Muchas felicidades, Blanca!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Casillas.

Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, pues solamente desearle muchísimo éxito a la Senadora Blanca Alcalá.

Lamentamos esta solicitud, esta petición de licencia. Hemos trabajado, y lo digo por el Poder Legislativo como tal, hemos trabajado de la mano desde la Presidencia del Parlamento Latinoamericano, desde la Secretaría General también, y con la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Soy una convencida de que Blanca, como Embajadora, hará un gran papel en Colombia, va a ser muy importante que con su presencia, con su trabajo político, con su entusiasmo, capacidad y preparación, el impulso que le dará a la Alianza del Pacífico, estoy segura que así será, la vamos a extrañar.

Me queda claro que tendrá que pasar por el proceso de comisiones, tendremos que discutir, debatir, intercambiar información sobre los temas importantes, la relación bilateral entre Colombia y México y, bueno, seguramente será en los próximos días.

Muchísimo éxito a mi amiga Blanca Alcalá, con quien además hemos hecho mancuerna en estos cinco años.

Mucho éxito.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Tengo registrados al Senador Prieto Calva, a la Senadora Yolanda de la Torre y al Senador Ernesto Cordero.

Senador Priego Calva.

El Senador Jesús Priego Calva: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hablar de la Senadora Blanca Alcalá, es hablar de una gran mujer y nos consta.

Anteriormente, cuando estuvo como Presidenta del Parlatino en Panamá, me consta y lo tengo muy grabado, se enfrentó a debates muy violentos con legisladores de otros países, de acuerdo a un tema que ella nada más dirigía como Presidenta, supo sortearlo, salió con mucha fortaleza y la felicito por eso.

Sí, es cierto, la vamos a extrañar, ojalá y hagamos un Parlatino a donde va usted.

Le deseamos mucho éxito y muchas felicidades.

No la perdemos, sino ganamos una Embajadora.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Priego Calva.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Siempre que una compañera, un compañero se va, y en el caso particular de nuestra amiga la Senadora Blanca Alcalá, hay como una dualidad de sentimientos.

Por una parte, alegría porque Colombia y el Estado mexicano va a ganar una gran representante, una gran diplomática, y algo de nostalgia porque vamos a extrañar a una gran mujer, a una mujer digna representante de la mujer mexicana, de naturaleza sabia, valiente, sensible, honesta, dedicada, muy esmerada y escrupulosa en su trabajo, pero que además nos ha representado muy bien, al Senado, como Vicepresidenta en el Parlatino, con un gran trabajo que ha honrado y lo ha hecho muy bien en representación del Senado de la República.

En el tema de cultura, cuando ella presidió la comisión, un gran compromiso con la cultura, hizo un extraordinario trabajo; pero además, es una mujer de muy buenas formas, con una gran educación, con un gran trato y don de gentes, y me parece que eso la va a distinguir y nos va a representar muy bien en Colombia.

Blanca: te vamos a extrañar mucho, pero también estamos orgullosas del gran trabajo que vas a realizar y que vas a representar a nuestro país en Colombia, con una profunda dignidad, los colombianos van a ganar una gran mexicana.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Manifestar la satisfacción de que el gobierno federal considere a nuestra compañera, la Senadora Blanca Alcalá, como futura diplomática y Embajadora de México representante del Estado mexicano en una de las Embajadas más importante para nosotros.

Decir que la Senadora Blanca Alcalá la conozco desde hace muchos años, fue una de las mejores alcaldesas que yo he conocido en mi vida, alcaldesa de Puebla, íntegra, intachable y siempre haciendo un gran trabajo; fuimos compañeros Senadores y en la cual pudimos sacar adelante varias iniciativas complicadas como la del lavado de dinero, como la de disciplina financiera, estados y municipios, y fue nuestra Vicepresidenta en el Senado y Presidenta del Senado en funciones.

Quiero desearle mucha suerte, que cuenta con mi apoyo para los proyectos que le tocan emprender, que le vaya muy bien y mucha suerte, compañera.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Ernesto Cordero Arroyo.

El Senador Miguel Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, para expresarle a nuestra muy querida amiga, compañera Senadora Blanca Alcalá, a nombre del grupo parlamentario del PRI, que nos sentimos muy orgullosos no solamente de que el titular del Ejecutivo Federal haya pensado en esta importante misión representando a México en Colombia en tu persona, Blanca, sino que nos sentimos tus compañeros y compañeras del grupo parlamentario muy orgullosos porque colateralmente nos sentimos también honrados que una compañera tenga esta tarea tan delicada, tan importante y tan trascendente.

Como se te ha dicho por muchas compañeras y compañeros, efectivamente te vamos a extrañar en el grupo y en el Senado, porque has sido una Senadora activa, proactiva, con una gran vocación de desempeño muy prolija, y has ocupado funciones tan sensibles, tan importantes, diría yo como el presidir la Comisión de Cultura y actualmente, bueno, hasta el día de hoy, hasta hace unos momentos, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado.

De modo que podría mencionar, entre otras funciones también relevantes, en donde tú en materia de política exterior, de vinculación de nuestro país en el extranjero, fuiste electa, además Presidenta justamente del Parlamento Latinoamericano.

De modo que basta y sobra estos ejemplos para señalar la calidad, el profesionalismo, la sensibilidad y el compromiso de tu persona como Senadora de la República y como mexicana.

No cabe duda, no tenemos la menor duda de que vas a tener un gran desempeño. En primer lugar, porque llegar a Colombia en este momento, en este tiempo, es una coyuntura histórica, Colombia está en un proceso interesante de pacificación, de cambio radical, y una mujer inteligente y profesional como lo eres tú, va a representar a México en esos momentos de este país.

También hay que decirlo, la vecindad misma que tiene con un país hermano, latinoamericano, que transita por problemas serios, también seguramente tu representación tendrá mucho que ver.

De modo que, Blanca, te deseamos todo el éxito del mundo. Te vamos, repito, a extrañar mucho, tu trabajo, tu tarea, tu dedicación, tu compromiso; pero México, allá te necesita y nos vamos a sentir, muy orgullosos de tu desempeño en este gran país.

Y al darte un abrazo cariñosísimo de todos tus compañeros y compañeras del grupo parlamentario, también quiero expresar en este momento a nombre de la propia Senadora Blanca Alcalá, quien por no ser integrante de esta Comisión Permanente, me pide que a nombre suyo les exprese a todas las compañeras, a todos sus compañeros, no solamente quienes han hecho el uso de la palabra, sino a todos en general, su agradecimiento por la generosidad, el compañerismo y la amistad que siempre le han brindado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Adelante, con gusto, Senador Mayans Canabal, denle sonido, por favor.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) No podía quedarme callado el día de hoy y decirle a la Senadora Blanca Alcalá que, primero, considero que es una mujer lista e inteligente, que son dos cosas distintas.

En segundo, es una mujer valiente y honrada en donde se va a ver beneficiado con ella el país de Colombia, en la tierra de Álvaro Mutis y de García Márquez, creo que va a hacer un extraordinario papel, porque Blanca es muy trabajadora, honrada, pero además de una mujer rebelde, pero con causa, y eso es algo importante.

Aquí se perdieron la oportunidad los poblanos de tener una mujer de primera, pero el país va a ganar en tener como representante de la diplomacia mexicana, a Blanca en Colombia.

Entonces parabienes, y le deseamos mucho éxito, señor Presidente, a nuestra amiga Blanca, ahí pierde el Parlatino una buena Presidenta, pero gana el país.

Es todo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Muy amable, Senador Mayans Canabal.

Ya no tengo a nadie más registrado, y a nombre de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, felicitar a la Senadora Blanca Alcalá, desearle el mayor de los éxitos, así me lo han pedido mis compañeras Diputadas y Diputados.

Y como Presidente del Senado, no queda más que agradecerle a una gran compañera, a la Vicepresidenta del Senado que siempre estuvo dispuesta a acudir a todos los compromisos internacionales en los que había que tomar vuelos de 8 u 9 horas para asistir a una reunión y regresar al día siguiente y estar en las sesiones del Senado.

De Blanca Alcalá, que es una mujer valiente, que es una política profesional, se aprende mucho, en lo personal yo aprendí todos los días mucho de ella, de su manejo, de su conocimiento. Me llama mucho la atención que siempre cuando venía un legislador de otro país me preguntaba que dónde estaba la Senadora Blanca Alcalá, porque todo mundo la conoce, la quiere y tiene ganas de estar con ella.

De verdad que para mí ha sido toda una experiencia todo este año, en la Mesa Directiva con la Vicepresidenta, es verdad que le he aprendido mucho, la vamos a extrañar mucho y sabemos que hará un buen papel por este país.

¡Enhorabuena, Senadora!, sabe que la queremos mucho.

Pues ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de hoy 2 de agosto. Comuníquese a la Cámara de Senadores.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de agosto de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a consideración el proyecto de presupuesto. Por no haber quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto para el mes de agosto de 2017. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha sido aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido al mes de junio de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del informe.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, en materia de reconocimiento inmediato de cotizaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que me permito presentar el día de hoy, reviste la mayor de las importancias. Se trata, en principio, pues de un gran esfuerzo que hemos hecho todos en los últimos años, primero para hacer de este país, un país que atraiga inversiones y que esas inversiones se reflejen en la generación de empleos, y la finalidad de generar empleos es precisamente elevar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Sin duda, el objetivo fundamental es que los trabajadores tengan las mejores condiciones para poder desarrollar su actividad, ya sea en el ámbito salarial como en todas las prestaciones que le permitan, insisto, mantener una familia con decoro, mantener una familia en las mejores condiciones.

Por eso, esta iniciativa que trata de reformar, cuyo objetivo fundamental es reformar un solo artículo de la Ley del Seguro Social, es muy importante, porque pues no me explicó cómo es que este artículo está en la Ley del Seguro Social.

Y por eso me voy a permitir compartir con ustedes la exposición de motivos.

En el contexto internacional, existe el consenso de que la seguridad social constituye un derecho humano inalienable, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestro país consagrado en el Apartado A, fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el referido Apartado A del artículo 123 constitucional, regular a través de la Ley del Seguro Social.

En dicha legislación, se contempla cada uno de los seguros que cubre el régimen de seguridad social cubriendo las contingencias y proporcionando los servicios que se especifican a propósito de cada régimen en particular.

En dicha legislación, insisto, es necesario contar con las cotizaciones necesarias para cada seguro, esto es, requiere del cumplimiento de periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por ejemplo, el seguro por el ramo de invalidez requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado al menos el pago de 250 semanas de cotización, de acuerdo al artículo 122 de la referida Ley del Seguro Social.

Para el caso del ramo del seguro de vida, es necesario que el asegurado al fallecer haya tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social.

También se señala en su artículo 150, que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos, a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Aquí es el tema que nos ocupa.

Esto es, que pese a haber dejado de prestar el trabajo personal subordinado, el trabajador al que lamentablemente le ocurriese la muerte o sobreviniere causa de invalidez, podrá hacer efectivo su derecho dentro del paso señalado.

Esta situación se considera favorable al trabajador, por cuanto le permite extender la vigencia de su aseguramiento; pero por el contrario, cuando el trabajador que hubiese causado baja, reingrese al régimen obligatorio, las cosas ya no son tan favorables, pues para recuperar el reconocimiento de sus cotizaciones debe estarse a los plazos previstos en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, conforme a lo siguiente:

“Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas a su nuevo aseguramiento”.

Se invocan estas fracciones porque es donde el problema se presenta, pues se prevén plazos hasta de un año para el reconocimiento de lo que ya, con un esfuerzo y trabajo a lo largo de sus semanas cotizadas, había logrado un trabajador, situación que es considerada como indebida por cuanto impone obstáculos y requisitos respecto al reconocimiento de un derecho ya adquirido.

¿De qué estamos hablando? Cuando un trabajador que ha estado cotizando las semanas suficientes para tener derecho a los servicios que la propia ley le concede a los asegurados, por cuestiones de que fue despedido de su empleo, porque buscó una nueva opción a lo mejor y que tuvo que abandonar el país para ir a buscar una oportunidad en el vecino país del norte, o porque tomó la decisión de irse a la informalidad, cuando regresa el trabajador a la formalidad se encuentra con este obstáculo, que tiene que cotizar seis meses para poder recuperar los derechos que ya tenía adquiridos por haber cotizado lo suficiente para tener acceso a estos derechos.

Y si su ausencia fue de más de tres años, tiene que esperarse un año; esto es inconcebible, es un atentado a los derechos humanos que un trabajador, que ya de por sí dejó su empleo por cualquier situación, es doblemente sancionado porque entonces tendría un año sin acceder.

Si en ese año se muere, la viuda no va a poder solicitar su pensión por fallecimiento o por invalidez, porque el trabajador no cotizó o sí estuvo cotizando y no cumplió las cotizaciones que establece este artículo a todas luces excesivo.

Por eso el planteamiento es que al momento en que se reintegre un trabajador al régimen obligatorio, en ese preciso momento adquiera todos los derechos.

Yo no entiendo por qué este artículo está en la ley, por eso la iniciativa con proyecto de Decreto establece lo siguiente, mediante el cual se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social para el reconocimiento inmediato de cotizaciones a trabajadores que hayan dejado de estar sujetos al régimen obligatorio y reingresen a éste.

Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, al momento de la reinscripción.

Así de sencillo.

Si deja de trabajar y regresa en el momento, ya adquirió todos los derechos, no tiene que esperarse ni seis, ni un año para recuperar lo que ya en derecho y en justicia haya adquirido.

Por eso, señora Presidenta, solicito a usted se turne a las comisiones correspondientes y ojalá que tengamos la oportunidad de que esta iniciativa se pueda aprobar lo más pronto posible en beneficio no solamente de los trabajadores, de un asunto, de veras, de respeto a los derechos humanos, como lo hemos establecido ya en este Senado de la República, en el Congreso de la Unión, pero también para seguir fortaleciendo todos los derechos de lo que más nos mueve aquí, el poder generar los empleos formales que este país requiere.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE COTIZACIONES A TRABAJADORES QUE HAYAN DEJADO DE ESTAR SUJETOS AL RÉGIMEN OBLIGATORIO Y REINGRESEN A ÉSTE, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ha regido el principio de que en nuestro país, los trabajadores deberán estar protegidos y entre otros factores, gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Al respecto, en un contexto internacional, existe el consenso de que la seguridad social constituye un derecho humano inalienable, contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde claramente se expresa:

“Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensable a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

En nuestro país, consagrado en el Apartado A, fracción XXIX del artículo 123 de la Carta Magna:

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

De esta manera, la Ley del Seguro Social es la que regula la prestación de los servicios de seguridad social relativa a los trabajadores del referido apartado A.

En dicha legislación, se contempla cada uno de los seguros a que hace referencia la fracción XXIX antes transcrita, así como los regímenes de seguridad social, esto es, tanto el obligatorio como el voluntario.

Por lo que respecta al régimen obligatorio, como el más amplio en asegurados, atentos a que se trata de aquellos pertenecientes a la clase trabajadora propiamente hablando, al señalar como sujetos de aseguramiento, entre otros, “a las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado”.

Luego, que el Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas en la misma.

Para ello es necesario contar con las cotizaciones necesarias para cada seguro, esto es, el otorgamiento de las prestaciones requiere del cumplimiento de períodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados.

Por ejemplo, el seguro para el ramo de  invalidez requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado al menos el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización y ciento cincuenta si el dictamen determina 75% o más en el grado de invalidez (Artículo 122 de la Ley del Seguro Social).

Para el caso del seguro en el ramo de vida, es necesario que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez (Artículo 128 de la Ley del Seguro Social).

También se señala en su artículo 150, que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.

Esto es, que pese a haber dejado de prestar el trabajo personal subordinado, el trabajador al que lamentablemente le ocurriese la muerte o sobreviniere causa de invalidez, podrá hacer efectivo su derecho dentro del plazo señalado.

Esta situación se considera favorable al trabajador, por cuanto le permite extender la vigencia de su aseguramiento. Pero por el contrario, cuando el trabajador que hubiese causado baja, reingrese al régimen obligatorio, las cosas ya no son tan favorables, pues para recuperar el reconocimiento de sus cotizaciones debe estarse a los plazos previstos en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, conforme a lo siguiente:

“I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;

II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones;

III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y

IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida.

En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.”

El problema se presenta en las fracciones II y III, que prevén plazos hasta de un año para el reconocimiento de lo que ya, con su esfuerzo y trabajo a lo largo de sus semanas cotizadas, habían logrado.

Situación que es de considerarse como indebida, por cuanto impone obstáculos y requisitos respecto al reconocimiento de un derecho ya adquirido.

Como ya se dijo, la seguridad social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, producto de años de trabajo coordinado entre organismos internacionales, como la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Además, a partir de la reforma al artículo 1ro Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, todas las autoridades  tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y bajo el principio de “pro persona”, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Situación que no acontece con la imposición de requisitos o plazos para el reconocimiento de sus cotizaciones anteriores.

Esto es más grave si consideramos las causas más comunes de que un trabajador cause baja al régimen obligatorio, es a causa de la pérdida del trabajo, en otras ocasiones, por búsqueda de mejores ingresos hasta en el trabajo informal y muchas otras, hasta en otro lugar, como es el caso de nuestro migrantes.

Cualquiera que fuese el supuesto, después de que una persona finalmente logra incorporarse nuevamente al trabajo formal en nuestro país, se encuentra con la necesidad de cotizar y volver a esperar para recuperar o reactivar sus cotizaciones anteriores.

Esto ha generado injusticias, que en esencia, la gran mayoría se hace consistir en que en el caso de que un asegurado muriese después de haber reingresado al régimen obligatorio, pero antes de cotizar nuevamente cincuenta y dos semanas, implicaría la negación a una viuda a obtener la pensión que en derecho le corresponde porque el asegurado hubiese cotizado las semanas suficientes para su procedencia, por el hecho irracional de que se encontraban inactivas ante la falta de las cotizaciones que estaban en curso.

Esta situación, definitivamente resulta contraria a la protección constitucional en materia de derechos fundamentales, ante una imposición innecesaria de requisitos para reconocer un derecho que el trabajador había obtenido ya, con el esfuerzo de su trabajo.

Razones por las que la propuesta necesaria e impostergable la modificación al artículo 151 de la Ley del Seguro Social para establecer expresamente que cuando un trabajador reingrese al régimen obligatorio, se le deberá reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores desde el momento mismo de la reinscripción.

Lo anterior, en congruencia constitucional, cumplimiento a los compromisos internacionales en esta asignatura y mejor aún, por el reconocimiento y protección máxima a nuestra clase trabajadora.

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE COTIZACIONES A TRABAJADORES QUE HAYAN DEJADO DE ESTAR SUJETOS AL RÉGIMEN OBLIGATORIO Y REINGRESEN A ÉSTE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, al momento de la reinscripción.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Salón de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Jesús Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, para presentar a nombre de los Diputados Rocío Matesanz Santamaría y Baltazar Martínez Montemayor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pagos y colegiaturas en educación superior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre de las Diputadas Rocío Matesanz Santamaría y del Diputado Baltazar Martínez Montemayor, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

La educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización, así como el progreso de nuestro país.

En estos tiempos, es indispensable apoyar todo esfuerzo en esta importante materia, además de fortalecer la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en el Sistema Educativo Nacional, es necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos.

Necesitamos brindar esquemas de incentivos como el que el día de hoy proponemos y que ha sido una propuesta histórica de Acción Nacional.

En el sexenio pasado, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó el 15 de febrero de 2011 un Decreto por el que se otorgó un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.

Con dicho Decreto se hizo posible la deducción anual del Impuesto sobre la Renta por el concepto de pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior reconocidos en la Ley General de Educación.

Las cifras de deserción se redujeron de forma considerable, pero desde 2011 el límite anual de deducción no se ha actualizado y han pasado varios años y la situación del estímulo no se ha aumentado según la inflación.

El esquema de estímulos por pago de colegiaturas tiene como referencia el costo por alumno que al Estado le cuesta brindar la educación, es decir, si alguien tiene a un alumno en una escuela privada, le dan un estímulo fiscal equivalente a lo que le cuesta al gobierno en primaria, secundaria y preparatoria, claro, eso no quiere decir que en automático sea deducible en su totalidad.

Por otro lado, el gasto privado en educación se ha incrementado, sin embargo, sólo los niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo fiscal, dejando fuera de este beneficio a la educación superior, lo que significa que los que mandan a sus hijos a una Universidad privada no tienen dicho estímulo.

Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas, primero, sea actualizada y también que se les dé la situación de deducibilidad a los padres que tienen a alumnos en escuelas de educación superior o universitaria.

Por ello consideramos conveniente reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer deducciones personales a favor de los contribuyentes en materia educativa y a nivel superior. Lo anterior para que la determinación de su Impuesto sobre la Renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y/o para sus hijos o padres.

Esta reforma permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su Impuestos Sobre la Renta anual, los padres de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza superior.

Buscamos establecer la deducibilidad fiscal que aplica exclusivamente a los pagos por los servicios de enseñanza superior.

Estimamos necesario establecer que la erogación únicamente deberá de corresponder a la contraprestación para cubrir el servicio de enseñanza del alumno de acuerdo con los planes y programas autorizados oficialmente por la Secretaría de Educación Pública.

Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados, eso es lo que necesita la nación y los padres de familia están dispuestos a realizar este esfuerzo. Por eso es necesario incorporar a la educación superior al estímulo fiscal en relación con los pagos de servicios educativos para satisfacer la demanda que necesita el país.

Para nuestro grupo parlamentario es importante impulsar el desarrollo de la educación superior porque es la base para una mejor sociedad en México.

Estamos convencidos que con las modificaciones contenidas en esta iniciativa, se podrá dar un paso firme para incentivar el desarrollo de la educación superior en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, diputados ROCÍO MATESANZ SANTAMARÍA y BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 77, 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la Soberanía de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tiene por objeto establecer que las personas físicas podrán deducir el Impuesto sobre la Renta por pagos de servicios en educación superior y que dichos pagos sean efectuados a las instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema.

La educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de nuestro país, de ahí que acorde con los objetivos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, resulta indispensable apoyar todo esfuerzo en esta importante materia, además de fortalecer la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, a través de los programas presupuestales existentes, es necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos.

Es conveniente reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer deducciones personales a favor de los contribuyentes a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, para el tipo de educación superior, cuando dichos pagos se realicen a instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

Esta reforma de adición a una fracción IX del artículo 151 permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza superior, ya que ello generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar, la disponibilidad de mayores recursos tendrá como efecto que las familias los destinen a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar.

Para tres de cada cinco padres mexicanos un mayor grado de preparación sí es sinónimo de más herramientas para competir por un puesto.

El 57% de los padres de familia del país estima que si sus hijos asisten a una buena universidad tendrán mejores habilidades para competir en el lugar de trabajo, y 40% cree que educación es un ‘pasaporte’ para mejores oportunidades en la vida, según el estudio “El Valor de la Educación: Un trampolín para el éxito”, realizado por HSBC entre 4,500 papás de 15 países. A México le cuesta ofertar empleos de buen nivel, así que la gente necesita más habilidades para competir y eso es lo que ofrecen las credenciales educativas. Por ello existe mayor conciencia entre los padres respecto al valor de la educación.

Los papás mexicanos aspiran a que sus hijos destaquen por su nivel educativo, pero no en cualquier institución. Para ellos, la educación privada tiene una mejor percepción, al considerar que esas instituciones están mejor equipadas y los grupos de clase son reducidos, lo que permite un mejor aprendizaje,

Desarrollar habilidades para dominar un idioma extranjero es lo más valorado por los papás en territorio azteca, el 67% de los entrevistados coloca este beneficio en el primer lugar de sus prioridades para enviar a sus hijos fuera del país. En México, el costo de una carrera suma entre 300,000 y hasta 670,000 pesos, y en un país como el Reino Unido hay opciones de hasta 430,000 pesos. Aunque hay que sumar el costo de la vida en el extranjero, es un ejemplo de que estudiar fuera puede ser igual o menor en costos que estar en el país, refiere un estudio de la consultora Study Group.

Los papás tienen altas expectativas educativas para sus hijos. Más de dos tercios (69%) de los mexicanos esperan que su hijo logre un título de posgrado, mientras que la mayoría (86%) consideraría enviar a sus hijos al extranjero para garantizar mejor educación universitaria. Sin embargo, ¿existe la planificación financiera para ello?

Casi tres cuartas partes (72%) de los mexicanos creen que el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión. Sin embargo, 54% se confiesa “no planificador”, es decir, arrepentido de no contar con un plan de ahorro previo, como para enfrentar de mejor forma el pago de los estudios.1

En México hablar de la educación de los hijos es un tema ácido, es una discusión donde la mayoría responde: mañana lo hago. Nos jala el día a día, pero eso llega a convertirse en un tema mundial porque la gente suele ahorrar más bienes tangibles, como una casa, no para educación.

En educación aplica la constante “empieza cuanto antes a ahorrar”. Debido a que no todos los padres pueden cubrir un esquema de educación privada para todos los niveles, sugirió planificar cómo serán las inversiones, por ejemplo, que los hijos estudien el nivel básico en una escuela pública y destinar más capital a la universitaria. O viceversa, llevar lo básico y educación media en privada y cursar la carrera en una pública, con miras a financiar un posgrado fuera.

La función social de las instituciones privadas de educación superior es muy importante ya que la evolución cuantitativa y cualitativa del sector de las instituciones de sostenimiento particular indica un gran dinamismo, pero no arroja suficientes luces sobre la medida en la cual ha contribuido, o puede contribuir, a alcanzar una cobertura que satisfaga las exigencias de desarrollo de la sociedad mexicana. Es imposible perder de vista que, pese a que ha crecido el número de estas instituciones y su matrícula se ha duplicado en ciertos periodos, en México seguimos enfrentando un serio problema de baja cobertura en la educación superior (apenas del 30%), cuando países con un desarrollo similar al nuestro se ubican muy por encima (Venezuela 78%, Argentina 68%, Chile 55%). El panorama se agrava si añadimos el hecho de que la distribución de las oportunidades de acceso es desigual y está en perjuicio de los estratos sociales de bajos recursos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2008, el acceso a la educación superior de los jóvenes de 19 a 23 años pertenecientes al decil de ingresos más altos era seis veces mayor a la que registraron sus contrapartes en el primer decil. Esto da cuenta de un acceso diferenciado en función del nivel socioeconómico que revela una distribución inequitativa de este bien público (Silva, 2012). Al mismo tiempo, proporciones nada despreciables de jóvenes que no logran ingresar a las instituciones de mayor prestigio, y que por sus limitaciones socioeconómicas no tienen acceso a las instituciones de élite, recurren a instituciones emergentes, es decir, pequeños establecimientos, muchos de los cuales han sido denominados como “patito”.

Con ello se configura un circuito más de inequidad educativa, pues los servicios que reciben estos jóvenes están muy lejos de contar con los estándares de calidad necesarios para una sólida formación universitaria. Así, la educación superior corre el riesgo de convertirse en un espacio de segmentación social y educativa en lugar de uno de expansión de libertades y capacidades. Ante este panorama, parece necesario atender asuntos claves como:

A. Redefinir la función social que cumplen estas instituciones y el papel que pueden desempeñar para una distribución más equitativa de la educación en una sociedad aquejada por una profunda injusticia social.

B. Asegurar la calidad con estándares que garanticen un nivel adecuado de formación a la demanda, la cual seguirá incrementándose debido al aumento de la escolaridad previa. Este elemento resulta crucial en el caso de las instituciones que atienden a jóvenes de menor estatus socioeconómico, quienes reiteradamente acceden a los circuitos universitarios de dudosa calidad. La educación superior particular y la distribución de oportunidades educativas en México.

C. Regular las figuras jurídicas con las que operan las instituciones, lo que implica transparentar objetivos académicos y económicos, y garantizar un marco normativo adecuado desde el punto de vista financiero y fiscal.

D. Rediseñar esquemas de financiamiento público-privado como un mecanismo para ampliar efectiva y equitativamente la cobertura del sistema Estos y otros desafíos serán tratados más detalladamente en el siguiente apartado.

¿Es posible un sistema de universidades particulares que promueva una mejor distribución de las oportunidades educativas?

Este apartado inicia con el reconocimiento de la conveniencia de promover en México una transformación del sistema de las universidades particulares. Algunas de las ideas sobre cómo hacerlo se nutren de la revisión bibliográfica sobre lo que se está haciendo en otros países para promover un adecuado crecimiento de dichas instituciones. Al hacerlo se identifican dos tipos de estrategias y se recogen los resultados de algunos estudios que han evaluado los efectos de cada una de ellas. Con base en esos resultados, y tomando en cuenta las condiciones específicas de nuestro país, se proponen dos tipos de políticas públicas encaminadas a fortalecer en México el desarrollo del sector de universidades de sostenimiento privado con una participación más activa del Estado. Además de describir someramente el contenido de cada política, señalamos las condiciones que deberían satisfacerse para lograr que las instituciones particulares contribuyan a incrementar las oportunidades que actualmente tienen los estudiantes de escasos recursos para acceder a una educación superior que reúna los estándares de calidad deseables.

¿Por qué es necesario impulsar en México la creación de un nuevo sistema de instituciones particulares de educación superior? Como acertadamente lo señalan los autores del documento “Inclusión con responsabilidad social”, publicado por la ANUIES (2012), es necesario acelerar el crecimiento de la oferta educativa de nivel superior para absorber el creciente número de egresados de enseñanza media superior, recientemente declarada como obligatoria.

Ese crecimiento se justifica, además, porque como hemos señalado, la proporción de jóvenes en edades comprendidas entre los 19 y los 23 años que tienen acceso en México a alguna institución de educación superior (IES) es menor a la que en promedio se observa en países latinoamericanos con un nivel de desarrollo similar al nuestro (ANUIES, 2012).

Ello indica que el país se ha quedado rezagado con respecto a este indicador que refleja la situación en que se encontrará en los próximos años uno de los factores (escolaridad de la fuerza laboral) con mayor influencia en el desarrollo económico y social del país. Ahora bien, como lo reconoce la ANUIES, la inclusión con responsabilidad social no se limita a asegurar el acceso formal de los jóvenes a las instituciones educativas; también exige asegurar a todos los estudiantes el ejercicio del derecho a recibir una educación de calidad.

Nosotros agregaríamos que la responsabilidad social sólo se cumple cabalmente si, además de lo anterior, se satisfacen dos condiciones. “Por un lado, es necesario tomar todas las medidas (no restringidas al apoyo socioeconómico, sino también de carácter pedagógico y psicológico) necesarias para evitar que los jóvenes abandonen prematuramente sus estudios y, por otro, es indispensable ofrecer a esos jóvenes las oportunidades ocupacionales (no sólo laborales) necesarias para que se puedan incorporar al sector productivo en condiciones deseables. Frente a este desafío es apremiante examinar el papel que puede tener la educación superior de sostenimiento particular. En pocas palabras, parece conveniente que el Estado intervenga en la oferta de las instituciones emergentes o de atención a la demanda para garantizar una educación equitativa y de calidad.” 2
Principio del formulario.

Final del formulario.

II. Argumentación de la propuesta.

La presente propuesta tiene por objeto modificar para que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de establecer la deducibilidad fiscal que aplique exclusivamente a los pagos por los servicios de enseñanza, se estima necesario establecer que la erogación únicamente deberá corresponder a la contraprestación para cubrir el servicio de enseñanza del alumno de acuerdo con los planes y programas autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la autoridad competente, y así evitar que se incorporen como pago de servicios de enseñanza conceptos que no estén directamente vinculados con ésta, se precisa que no se considera parte de la colegiatura los costos administrativos como los servicios o bienes complementarios como material didáctico, útiles, libros o uniformes, entre otros, así como la cuota de inscripción, así como evitar que la deducibilidadse duplique, se establece que el mismo no sea aplicable en la medida en que las personas que reciban los servicios educativos también reciban becas o apoyos de carácter público para pagar dichos servicios.

Que con el objeto de la reforma no afecte la progresividad de la estructura del impuesto sobre la renta de personas físicas, se estima necesario limitar el beneficio a un monto máximo anual del nivel educativo, para lo cual se estima conveniente establecer como monto máximo de la deducción el gasto de educación por alumno determinado por la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con la información disponible emitida por dicha dependencia en su Informe de Labores de la presente administración.

El 26 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa en donde se contempla el estímulo fiscal vigente a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza o sea en las colegiaturas.

El esquema de estímulos por pago de colegiaturas tiene como referencia el costo por alumno que al Estado le cuesta brindar educación, o sea, si alguien tiene un alumno en una escuela privada, le dan un estímulo fiscal equivalente a lo que le cuesta al gobierno en primaria, secundaria y preparatoria, claro ese estímulo fiscal no quiere decir que eso va a deducir, sino de esa parte deducirá a  lo mucho una tercera parte, cuando haga su declaración.

Pero desde el 2011 el límite anual de deducción no se ha actualizado, o sea, ya han pasado varios años y la situación del estímulo no se ha aumentado según la inflación.

Por otro lado, el gasto privado en educación se ha incrementado, sin embargo solo los niveles básicos y medios superior cuentan con este estímulo fiscal, dejando fuera de este beneficio a la educación superior, o sea, los que mandan a sus hijos a una universidad privada no tienen este estímulo fiscal.

En el ciclo escolar 2016-2017 existen 5,468 escuelas de educación superior, una mayoría son particulares, la matrícula de escuela superior subió también, y nosotros tenemos apenas con todo y eso una cobertura de 32.3% de estudiantes en educación superior cuando la meta de este gobierno era llegar hasta el 40%, situación que se ve muy difícil de alcanzar precisamente por los presupuestos, y precisamente porque la educación superior cada día está costando más, tanto la privada como la pública.

Existen diferentes problemas que impide que los alumnos puedan acudir a la escuela, o sencillamente es de falta de escuelas de diferentes niveles, porque en ciertos lados también hay huelgas, etcétera, y entonces los padres de familia quieren que sus hijos sigan educándose, y por eso los mandan a escuelas privadas.

Entonces, lo que es el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyar a las escuelas privadas, que en muchos casos son instituciones de alto prestigio académico, acuérdense ustedes de que en las escuelas de más prestigio internacionalmente que tiene México, una es la Universidad Autónoma de México, y la otra es el Tecnológico de Monterrey.

Actualmente en las escuelas particulares están ganando terreno y se han vuelto un pilar en la educación; es  necesario crear incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos, hay que tomar en cuenta que si un padre de familia manda a su hijo a una escuela privada, ese lugar que se queda vacío en una escuela pública, lo puede emplear precisamente otro potencial alumno que no tenga las condiciones económicas de un padre de familia que puede mandar a su hijo a una escuela particular.

Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas, primero, sea actualizado, que les digo está desde 2011, y también que se les dé la situación de deducibilidad a los padres que tienen alumnos en escuelas de educación superior.

Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados, que es lo que necesita la Nación, y sus padres están dispuestos a realizar este esfuerzo. Por eso es necesario incorporar a la educación superior al estímulo fiscal en relación con los pagos de servicios educativos para satisfacer la demanda que necesita el país.

Es necesario contar con un mayor número de profesionistas con alto nivel académico a medida que se incremente el número de ingresados, la educación superior se va a lograr. México tendrá así mayor potencial para poder desarrollarse.

Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es importante recobrar sus principios doctrinarios y acercarlos a la sociedad mexicana en general, las cuales enarbola como propuestas el impulsar el desarrollo de la educación superior.

Acción Nacional, –desde su primera proyección de su Declaración de Principios, realizada en 1939– que “es deber del Estado, pero nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igual oportunidad de educación, asegurar por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural en la Nación. En el cumplimiento de este deber el Estado no puede convertirse en agente de propaganda sectaria o partidista, y la libertad de enseñanza ha de ser garantizada sin otros límites por parte del Estado, que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y a la comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo o concernientes al otorgamiento de grados o títulos que capaciten para ejercer una profesión o una función social determinada.

Estamos convencidos que con las modificaciones contenidas en esta iniciativa, se podrá dar un paso firme para incentivar el desarrollo de la educación superior.

III. Contenido del Proyecto de Decreto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tiene por objeto establecer que las personas físicas podrán deducir el Impuesto sobre la Renta por pagos de servicios en educación superior y que dichos pagos sean efectuados a las instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

I. a VIII. ...

IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a la educación superior al que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, y se cumpla con lo siguiente:

a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y

b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo superior.

Esta deducción no será aplicable para las personas que reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza superior, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Los pagos por servicios de enseñanza deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito expedirá los Lineamientos para los efectos de la deducibilidad en educación superior en un plazo de 180 días.

Recinto de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Rocío Matesanz Santamaría.- Dip. Baltazar Martínez Montemayor.

1 EDUCACIÓN PRIVADA, PREFERIDA EN MÉXICO, Expansión 25 de abril de 2014.

2 La Educación Superior particular y la distribución de oportunidades educativas en México. Autores Carlos Muños Izquierdo y Marisol Silva Laya. Revista de la Educación Superior, No. 166 Abril - Junio de 2013.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Paniagua Figueroa. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en materia de procedimientos para investigar violaciones a derechos humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

Para el PRD es indispensable que regrese la credibilidad a las instituciones, que dé confianza a la población el trabajo que realizan.

No es ninguna novedad que la impunidad y la corrupción son dos de los temas que más han lastimado a nuestro sistema de gobierno y que las autoridades han sido incapaces de realizar acciones que devuelvan esa legitimidad en el ejercicio del poder.

Una de ellas es, precisamente, la Procuraduría General de la República, al ser el Ministerio Público de la Federación, tiene una trascendental importancia para que las conductas delictivas denunciadas no queden en la impunidad como representante social para las labores de investigación de hechos que se presumen constitutivos de delitos, cuenta con una obligación legal y de allegarse de todos los elementos que aporten evidencia para que se imparta justicia, pero también tiene una obligación moral la de llevar a cabo sus diligencias con profesionalismo, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, lealtad y respeto a los derechos humanos. Situación que ha sido claramente cuestionada por la falta de resultados de la institución.

A pesar de la importancia de sus funciones, cuando se denuncian violaciones graves a los derechos humanos, tiende a dar un enfoque faccioso a las investigaciones que limitan y obstaculizan el desarrollo o que se castigue a las personas responsables de conductas delictivas.

El caso emblemático más reciente ha sido el de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, donde los dictámenes periciales que sustentaron la tristemente célebre verdad histórica no correspondieron a los hechos sucedidos, a grado tal que se tuvo que reabrir la investigación y aún no concluye.

Existen antecedentes de apoyos de peritos externos en las investigaciones, por ejemplo, el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, el del Bar Heaven en la Ciudad de México, y el caso Ayotzinapa.

En ellos la participación de peritajes externos ha sido fundamental para esclarecer los hechos y evitar la impunidad, principalmente se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Ha sido una herramienta que coadyuva en el desarrollo de las investigaciones y le ha permitido a la autoridad responsable dar respuesta a las víctimas de los delitos y avanzar en el sistema de procuración e impartición de justicia.

Un caso muy significativo son las denuncias de espionaje por el malware conocido como Pegasus, éste parece no tener fin, hoy conocemos dos nuevos casos de espionaje, a los abogados de las víctimas del caso Narvarte.

Sin lugar a dudas es un acto reprobable, es un delito que trasgrede los derechos humanos de las personas y por eso el Congreso de la Unión no puede estar al margen, sobre todo cuando las acusaciones se dirigen al propio gobierno como responsable de esos presuntos actos.

Para ello, es fundamental hacer ajustes legislativos y el PRD propone que cuando se esté integrando la averiguación previa y sean casos donde se denuncien violaciones graves de los derechos humanos, la PGR se allegue de peritajes extremos.

Por una parte, cuando se denuncien violaciones a derechos humanos, el Ministerio Público de la Federación podrá solicitar el acompañamiento, asesoría y apoyo de organismos internacionales en la materia para mejorar el desempeño de las diligencias.

Es muy claro, el Estado no puede ser juez y parte en las investigaciones, pues éstas están condenadas al fracaso y a la parcialidad. La razón principal de esta propuesta es combatir la impunidad, principalmente la del Estado.

Esta es la propuesta que presento.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa








Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de evaluación de la política en seguridad pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señora Presidenta.

El aspecto más importante de gasto público en México, si uno analiza la trayectoria del sexenio anterior, incluso el de Vicente Fox, es el gasto en seguridad pública, seguridad nacional, hay toda una confusión ahí, de términos, algunos han presentado iniciativas para confundir más los términos, pero, bueno, esa es otra historia.

Pero nosotros gastamos más o menos dos puntos del PIB en cuestiones de seguridad y de procuración de justicia, y esto es más o menos el doble de lo que lo hacíamos antes de la famosa guerra contra el narco.

En ese período el gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, más o menos se han duplicado, la Marina habrá pasado de unos 15 mil millones a unos 30 y tantos mil millones; la Defensa de unos 40 mil millones a unos 70 y tantos mil millones.

Creamos una nueva policía, la Policía Federal, que se movió de alrededor de 7 mil millones de pesos a más de 40 mil, por este momento.

Es decir, hemos invertido cantidades enormes en seguridad pública.

Recomiendo a ustedes el análisis más reciente, que hace sobre el tema el Instituto “Belisario Domínguez”, del Senado, que da cuenta muy puntual, no sólo en los montos de gasto, sino a dónde va este gasto; la mayoría del mismo, por ejemplo, va a operativos.

Este país ha gastado de 2006 a la fecha 240 mil millones de pesos haciendo operativos de las policías.

Prácticamente no ha crecido el gasto en derechos humanos, ha caído el gasto en prevención, y prácticamente no tenemos gasto en inteligencia.

Esta es la radiografía del gasto público en México. Es un gasto del que conocemos poco, es un gasto que se incrementa por encima de lo aprobado por la Cámara de Diputados, más o menos en unos 12 mil millones de pesos cada año, es decir, esa es la diferencia de lo que aprobamos y de lo que se gasta en partidas que nadie conoce, que si uno pregunta sobre las mismas, se informa que son de seguridad nacional o de seguridad pública, en licitaciones donde no hay competencia, y en donde básicamente no sabemos nada de ese gasto.

Aquí hay varias vertientes del asunto.

Uno, que ya lo hemos presentado, hace unos días, y tiene que ver con reformar nuestras leyes de acceso a la información para que podamos conocer más en los temas de seguridad y no se escuden con la idea de que se trata siempre de información reservada cuando mucha de esa información no tendría que ser.

Esa información reservada que permite enormes negocios, hoy presentamos, por ejemplo, un punto de acuerdo sobre SeguriTech, la empresa preferida por este gobierno para vender los famosos C4, que básicamente vende todos en este país a precios enormes sin que nadie la evalúe y sin ningún lineamiento.

Lo que nos parece elemental es que exista un mecanismo de evaluación del gasto y de la política pública en materia de seguridad, lo tenemos ya en otras materias, en política social donde existe un consejo de evaluación que dicta lineamientos de cómo evaluar que financia estas evaluaciones y que permite que muchos programas sociales puedan tener mejoras, justo porque conocemos cómo funciona.

Esto es un ejercicio de transparencia, pero sobre todo es un ejercicio para conocer la efectividad de las políticas y poder tener un debate de política pública sobre las mismas.

Hoy no existe un debate preciso sobre política pública de seguridad, porque no hemos definido objetivos, porque no hay mecanismos claros de evaluación, porque no hay políticas precisas. Con estos mismos nombres lo llama la Auditoría Superior de la Federación cuando analiza el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Gobernación ha fallado en todas las políticas de seguridad que ha implementado en todo el país, y detrás de esto está un nulo ejercicio de evaluación, de control, de hacer buena política pública en el tema que hoy es el más sentido del país, que es el de seguridad.

Entonces ojalá nos lo podamos tomar en serio, y creemos un órgano con la capacidad, con las facultades de poder conocer esta información, de poder evaluarla y que los mexicanos tengamos claridad de cuáles van a ser las políticas públicas que sí van a garantizar seguridad ciudadana.

Hemos llegado al límite, hemos llegado al nivel más alto de homicidios en la historia de este país. Hoy la violencia ha llegado a los extremos más altos que hemos visto en uno de los países que se ha vuelto más violentos del mundo.

Y ante eso lo que sucede es solamente la ocurrencia, esta idea de que vamos a hacer una ley de seguridad interior y entonces ya con eso vamos a facultar al Ejército a poder violar los derechos de las personas y actuar con más efectividad, o que el nuevo Sistema Penal Acusatorio es el culpable de que millones de personas hayan salido a la calle y que en ese momento cometan actos delictivos de manera masiva, cuando el sistema apenas ha iniciado y la delincuencia está creciendo desde hace varios años.

La inseguridad se va a reducir, como todo, con política pública, con políticas adecuadas, con indicadores, con evaluación, tomándonos en serio el problema y destinando el gasto público a donde se debe destinar a las mejores políticas.

Ojalá podamos analizar esta iniciativa, ojalá se pueda discutir en estas Cámaras, porque esto de verdad importa al país, y esto de verdad representa tomarse en serio la estrategia de seguridad.

Gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPÓSITO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como propósito impulsar una modificación constitucional en materia de seguridad pública relacionada con la posibilidad de establecer un mecanismo integral y especializado de evaluación capaz de analizar tanto el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos destinados al presupuesto en materia de seguridad, como la efectividad e impactos que dichos recursos, a través de estrategias y políticas públicas, presentan en el combate a la delincuencia y en el aseguramiento de los derechos humanos de las personas en nuestros país.

La presente iniciativa descansa en consideraciones vigentes de nuestra Constitución y tiende a desarrollar y hacer efectivas una serie de previsiones capaces de fortalecer no sólo la eficacia de las estrategias en materia de seguridad, sino también las condiciones democráticas de nuestro país y el ensanchamiento de los canales de transparencia y rendición de cuentas que se inscriben en el marco de recientes reformas constitucionales como aquellas en materia de seguridad pública, transparencia, anticorrupción y derechos humanos.

En esencia, el establecimiento de mecanismos de evaluación y supervisión de las políticas públicas y del gasto público se inserta en un contexto de control de la actuación de las autoridades públicas tendientes al aseguramiento de aspectos esenciales como el de seguridad y los derechos humanos. Ambas representan aspectos trascendentales para la configuración de sistemas democráticas sólidos, pues tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana “la transparencia de las actividades gubernamentales y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”1 constituyen componentes fundamentales para el ejercicio de la misma.

Los mecanismos de evaluación en el marco de nuestra constitución no son un aspecto poco común, pues en el actual entramado constitucional existen figuras similares como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual tiene por objeto medir la pobreza en el país y evaluar los programas, objetivos y políticas públicas relacionadas con su combate. Dicho Consejo refleja una institución útil y relevante en la medida en que tiene a su carga la evaluación en torno al aprovechamiento de aquellos recursos públicos destinados al combate contra la pobreza que afecta a más de la mitad de la población en nuestro país.

En una perspectiva similiar, nuestra Constitución prevé la posibilidad de generar un mecanismo de evaluación de la política pública en materia de seguridad. De manera particular, el propio artículo 21 constitucional, en su párrafo noveno señala que “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”. De igual forma, el inciso d) del párrafo noveno del mismo artículo prevé la “participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública”.

En conjunto, ambas disposiciones reconocen la posibilidad, y por tanto el derecho, de que la ciudadanía no sólo vea protegido sus derechos, sino de que conozca la cantidad de recursos económicos destinados para tal efecto y los impactos y efectos que las políticas adoptadas por las autoridades federales y locales impulsen para asegurar tal objetivo. Esto ha sido resaltado, por ejemplo, por el Auditor General of Canada to the House of Commons –un funcionario similar a la Auditoría Superior de la Federación– quien ha señalado que todos aquellos recursos públicos destinados a iniciativas asociados a seguridad pública deben estar sujetos a controles adicionales, por lo que la modificación a cualquier aspecto presupuestario en la materia debe estar justificado y no debe comprometer la consecución de los objetivos perseguidos por las políticas de seguridad. Pese a ello, el Auditor General de Canadá también ha señalado la obligación a cargo de las autoridades no sólo de efectuar un buen manejo de los recursos destinados a políticas de seguridad, sino también de reportar y evaluar los resultados obtenidos de políticas e iniciativas vinculadas con el mantenimiento de la seguridad pública.2

La necesidad de evaluar este tipo de políticas relacionadas con la seguridad pública y el aseguramiento de los derechos humanos se asocia también con la limitación a las funciones discrecionales de los Estados y sus autoridades. La utilización y destino de recursos públicos en materia de seguridad no puede constituir un barril sin fondo o un argumento vacío para ejercer discrecional o arbitrariamente el presupuesto público. De manera particular, tratándose de cuestiones de seguridad, los Estados y sus autoridades no pueden utilizar términos como “seguridad pública” u “orden público” a manera de  conceptos tendientes a suprimir o privar de contenido real a los derechos fundamentales, sino que por el contrario deben tender al máximo aseguramiento de los derechos fundamentales y de las propias condiciones democráticas de una sociedad.3

PROBLEMÁTICAS QUE JUSTIFICAN LA PRESENTE INICIATIVA

Durante los últimos años, nuestro país ha transitado por un contexto particular relacionado con la seguridad pública. A partir del año 2006, y en el marco de una corriente internacional de endurecimiento de políticas de seguridad, México implementó una política tendiente a combatir los que consideran como delitos de alto impacto, particularmente, a través del despliegue de fuerzas, mecanismos y estrategias orientadas a hacer frente a los fenómenos de narcotráfico y delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados hasta ahora no han sido del todo favorables. Los índices de criminalidad y la percepción en torno a las condiciones de seguridad y satisfacción de derechos en el país no ha presentado mejoría alguna. Incluso, actualmente es posible apreciar la generación y reproducción de discursos que tienden a diseminar ideas que, lejos de fortalecer las posibilidades reales de implementación y efectividad de las políticas en torno al acceso a la justicia desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, parecen emprender ataques criminalizantes y estigmatizantes que impiden el desarrollo de soluciones a largo plazo.

Así, en el marco de las condiciones actuales por las que atraviesan las dinámicas nacionales e internacionales en materia de riesgos y amenazas a la seguridad de las personas, es necesario pensar el papel que juegan el derecho y sus normas, así como las instituciones encargadas de su implementación, en la armonización de fines constitucionales. Para Bruce Ackerman, por ejemplo, la perspectiva utilitaria de la adopción de normas de excepción tendientes al aseguramiento de la seguridad representa más bien una función formal y no sustantiva que envía un mensaje de confrontación simbólica en contra de aquellos riesgos que acechan la estabilidad social e institucional, en donde lo que importa es la percepción y no la efectividad de las medidas a adoptar4.

Una perspectiva similar en torno a los riesgos derivados de este tipo de medidas ha sido anotada por Zygmunt Bauman, quien considera que nos encontramos frente a una situación de «fatiga de nuestras libertades» que produce tal indiferencia social que conduce a un «liberticidio». Es decir, a un fenómeno en donde de manera constante, pero casi imperceptible, la sociedad acepta la eliminación de los derechos y libertades hasta ahora conseguidas para ganar políticas de seguridad que les otorguen percepciones de salvaguardia.5

• Desde el momento en que México comenzó su tránsito por la política denominada como guerra contra el narcotráfico, las políticas de seguridad han sido cada vez más agresivas. No sólo el presupuesto público en materia de seguridad ha crecido en proporciones exorbitantes, sino que también las acciones de seguridad pública han cruzado un tamiz de militarización que lejos de reducir la comisión de crímenes, han incrementado la cantidad y gravedad de violaciones a derechos humanos.

Así, por ejemplo, de acuerdo con una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, durante los últimos diez años el presupuesto público en materia de seguridad se duplicó en términos reales. El incremento de recursos públicos registrados durante la última década ha estado dirigido, principalmente, a instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, que duplicó su gasto de 23 mil millones de pesos a más de 83 mil millones; así como a la Secretaría de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacionales, las cuales registraron un incremento de 17 mil millones de pesos y 35 mil millones de pesos, respectivamente.6

Sin embargo, el incremento de recursos públicos a otras instituciones vinculadas también con el acceso a la justicia y el impacto de las políticas de seguridad no ha seguido la misma suerte. De acuerdo con el informe señalado, las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han reportado un incremento considerablemente menor en relación con las instituciones primarias vinculadas con las funciones de seguridad pública. De manera un tanto más preocupante, otro tipo de instituciones que podrían ser capaces de generar condiciones de investigación y desarrollo de alternativas para hacer frente a los problemas de seguridad en el país, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han quedado muy por debajo de la cantidad de recursos público destinados en comparación con instituciones de seguridad pública.7

Otro aspecto a tener en cuenta es la evidente desarticulación entre perspectivas normativas que resultan contrastantes entre distintos fines constitucionales. Así, en el escenario normativo mexicano es posible encontrar mecanismos de excepción como el arraigo, en un mar de reformas y políticas de corte ‘progresista’ que intentan legitimar un discurso de protección a los derechos humanos, pero que no logran permear aquellas problemáticas estructurales en materia de seguridad pública.

• Estos cambios de corte progresista, como la reforma constitucional en derechos humanos; la reforma constitucional en materia de anticorrupción; o aquellas reformas vinculadas con la transparencia y la fiscalización de recursos públicos, lejos de fomentar una modificación en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad y estructuras normativas, no han logrado irradiar la manera de entender y garantizar la seguridad en nuestro país. Actualmente, en los distintos órganos legislativos del país se encuentran pendientes de discusión y aprobación diversas reformas legislativas relacionadas con la militarización la procedencia y declaratoria de estados de excepción,8 así como la emisión de una ley de seguridad interior.9 Tales iniciativas representan un ejemplo claro de la perspectiva adoptada por las autoridades estatales para hacer frente a los riesgos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país y que terminan por colocar en una situación de riesgo el pleno goce y ejercicio de los derechos.

• Toda esta información da cuenta de un problema particular al que nos enfrentamos actualmente: existe un desfase entre las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal y los objetivos que se pretenden alcanzar. Es decir, de acuerdo con la experiencia adquirida, las políticas en materia de seguridad pública en el país no han logrado, por un lado, reducir las condiciones de delincuencia e inseguridad que impactan a la sociedad y, por el otro, tampoco han logrado brindar mecanismos efectivos para la garantía y protección de los derechos humanos.

• Por ello, resulta fundamental analizar los efectos que la estrategia en materia de seguridad ha generado en el comportamiento de los índices delictivos; en el aseguramiento de los derechos y en la defensa de las libertades desde una perspectiva democrática. Ello en virtud de que si la estrategia iniciada por las autoridades no ha sido capaz de reducir las condiciones de inseguridad en nuestro país, el costo derivado del efecto simbólico del combate a la delincuencia no es otro que la excepcionalidad de los derechos.

Así, no basta con realizar un análisis histórico, o posterior, del desfase entre el diseño y efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, sino que también se requiere examinar a conciencia, y de manera continua, permanente y actualizada la particular posición en la que se ubica el actual escenario mexicano. Es decir, se requiere de la existencia y desarrollo de estudios y mediciones detallados sobre la efectividad, armonización y las posibles consecuencias que las políticas en materia de seguridad pueden generar en la consolidación del sistema democrático mexicano y en la plena efectividad de los derechos humanos. De igual forma, resulta trascendental fomentar la generación de propuestas alternativas que permitan compatibilizar el aseguramiento de condiciones de seguridad pública y social, sin caer en tentaciones autoritarias que generen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Por lo anterior, y con el objetivo de asegurar que las políticas de seguridad en el país tengan un impacto positivo en la disminución de los índices de criminalidad y delincuencia, así como en la protección, goce y ejercicio de los derechos humanos, se propone la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad.

• Dicho Consejo tendrá entre sus facultades brindar orientación y consulta en el diseño de las políticas de seguridad; evaluar su impacto y efectividad, así como la de auditar el manejo y utilización de los recursos públicos destinados a las políticas e instituciones vinculadas con el aseguramiento de las políticas de seguridad en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por lo que se adicionan cuatro párrafos finales al artículo 21 de Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan cuatro párrafos finales al artículo 21 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21…

a). -e) …

Con el objeto de diseñar, implementar y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad, el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad. Dicho Consejo será un órgano autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la evaluación de los programas, objetivos, metas, acciones y utilización de los recursos públicos destinados a la implementación y seguimiento de la política de seguridad pública nacional, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad tendrá la facultad de auditar y supervisar el destino e implementación de los recursos públicos y aportaciones económicas, materiales y humanas, en los términos de coordinación que establezca la legislación secundaria, sin perjuicio de las facultades concedidas a otros órganos o instituciones competentes.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad  deberá estar integrado por una o un Presidente y ocho Consejeros quienes deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado, social, académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de políticas públicas, seguridad, democracia, derechos humanos y rendición de cuentas; y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Dichos servidores serán nombrados bajo un procedimiento de amplia consulta pública con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad durarán en su encargo cinco años, y podrán ser reelecto por una sola vez. Únicamente podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Cada tres años, el Pleno del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad elegirá de entre sus miembros a la o el Presidente del Consejo quien deberá presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecer ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobernación, por lo que no se requerirá de ampliaciones presupuestales adicionales y no se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Cualquier modificación a su estructura orgánica se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables.

TERCERO. En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir y aprobar los ordenamientos secundarios y reglamentarios aplicables al diseño, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad.

Dado en la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Vidal Llerenas Morales.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

1 OEA, Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú, artículo 4.

2 Report of the Auditor General to the House of Commons, Chapter 3. National Security in Canada – The 2001 Anti-Terrorism Initiative, March 2004, p. 12

3 Corte IDH. La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. Párr.. 31 y 31. Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 66 y 67.

4 Bruce Ackerman, Before The Next Attack. Preserving Civil Liberties in the Age of Terrorism (Yale University Press, 2006), 2.

5 Zygmunt Bauman, “Getting to the Roots of Radical Politics Today,” in What Is Radical Politics Today?, ed. Jonathan Pugh (Palgrave Macmillan, 2009), 22.

6 Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, Panorama del Gasto Federal en Seguridad 2006-2012, Senado de la República, junio 2017.

7 Ídem

8 Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turnado a por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 9 de diciembre de 2015. Disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/minutas/documentos/4160LXII.pdf

9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65963






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de vigilancia de ejercicio del gasto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, compañeros.

En México el gobierno federal gasta mucho y gasta mal.

En esta ocasión no voy a hablar de lo mal que gasta, para eso está la Auditoría Superior de la Federación, para eso hay múltiples denuncias de corrupción, pero sí voy a mencionar que se gasta mucho más de lo presupuestado, ya lo decía hace unos momentos el compañero Vidal Llerenas.

El presupuesto de la Federación con el cual los Diputados nos peleamos, discutimos, atacamos, hay quien negocia cada año, es un presupuesto ficticio, porque en última instancia no se cumple.

El gobierno federal tiene una autorización libérrima para gastar mucho más allá de lo presupuestado. Se calcula que hasta un 15 por ciento cada año sin ningún control parlamentario. Eso no debe ser, no es justo, no es razonable, en ninguna parte del mundo sucede.

De tal manera que lo que vengo a proponer hoy, a nombre de la fracción que represento, es una modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que esos aumentos de presupuesto que cada año decide hacer la Secretaría de Hacienda, aumentos que muchas veces son razonables, cambios que son explicables por la dinámica de un país como éste, tengan que pasar por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para ser autorizados.

Así de sencillo, así de razonable, así de sensato.

Con esta iniciativa siento que lograremos un mejor equilibrio de poderes y un mejor control mutuo dentro del Ejecutivo y Legislativo al cual pertenecemos.

Es cuanto tengo que decir.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO, QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER UN MECANISMO DE MAYOR CONTROL Y VIGILANCIA, RESPECTO DE LA ACTUAL DISCRECIONALIDAD CON LA QUE SE EJERCE EL GASTO PÚBLICO RESPECTO DEL PRESUPUESTO APROBADO. Ello con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

En el año 1999 fue creada la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como un órgano ligado a la Cámara de Diputados, con autonomía política y de gestión, que se encargaría de “evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”.1

En 2011 México se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto como una iniciativa internacional que busca promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como impulsar la participación ciudadana.

En 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca lograr la fiscalización en tiempo real y de Cuentas Públicas pasadas. Aún cuando su implementación sigue en proceso, sus leyes secundarias comenzarán a aplicarse de manera integral hasta 2018.2

Por último, desde los años ochenta existe una tendencia de transformación al paradigma de la “Nueva Gestión Pública”, que supone el rediseñar y replantear los sistemas presupuestarios públicos limitativos.3

Por tanto, México atraviesa un proceso de fortalecimiento en términos de auditoría y supervisión del ejercicio del gasto público, de cara a la crisis de corrupción que nos abruma y a los compromisos asumidos a nivel internacional para transitar a un gobierno abierto.

Para ello es necesario actualizar la legislación con la finalidad de obtener un ejercicio presupuestario en México que corresponda a las tendencias de control del gasto público, limitando la discrecionalidad del mismo para evitar discrepancias entre el presupuesto aprobado y el gasto público modificado mediante el sobre ejercicio.

Con ello se fortalece el sistema de pesos y contrapesos y de controles entre los poderes de la unión tratándose del ejercicio del gasto público.

La presente iniciativa recupera el trabajo del académico Leonardo Núñez particularmente expuesto en su obra “Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México el proceso presupuestario se entiende como un sistema o conjunto de reglas y procedimientos que regulan la toma de decisiones respecto del ejercicio del gasto público, divido en cuatro fases que no son necesariamente lineales: i) Formulación del Presupuesto (Ejecutivo); ii) Revisión y aprobación (Legislativo); iii) Ejecución del Gasto Público; y Control y auditoría.4

El proceso inicia por tanto en el Poder Ejecutivo, que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elabora los Pre Criterios Generales de Política Económica que contienen las proyecciones económicas necesarias para la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos.

Los Pre Criterios Generales de Política Económica se envían a la Cámara de Diputados y la SHCP envía la Estructura Programática. Entre junio y julio de cada año las Secretarías comienzan a redactar sus propuestas de presupuesto.  La SHCP, previo al Proyecto de la Ley de Ingresos, realiza estimaciones de los ingresos para presentarlas al Congreso de la Unión, que pueden ser modificadas por éste. La SHCP hace entrega a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Ingresos, Criterios Generales de Política Económica, propuestas de reformas fiscales y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el nombre de Paquete Económico.5

Los ajustes realizados por el Congreso de la Unión a lo emitido por la SHCP permiten la acumulación de dinero que se encontraba ya asignado y se crea una bolsa negociable o “piñata” de recursos adicionales no considerados dentro del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como menciona Leonardo Núñez, “resulta aventurado en la negociación que el Legislativo presuma tener mejor información sobre la Administración Pública que la propia administración”,6 y “no sólo hay más dinero para repartir, sino que la negociación política también permite que haya modificaciones en la estructura ya planificada del gasto”7. Después de la aprobación del presupuesto por parte de la legislatura, la SHCP emite lineamientos para el gasto de cada secretaría.

Sin embargo, la existencia de este mecanismo no implica la autorización de discrecionalidad sin límites, por lo que se vuelve fundamental fortalecer los mecanismos de control del gasto con el fin de garantizar que el ejercicio del gasto responda efectivamente a la previsión del poder legislativo.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante su artículo 2 define como adecuaciones presupuestarias a “las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, (…) las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto8”; y mediante su artículo 58, abre la oportunidad al criterio subjetivo sobre cómo las modificaciones serán logradas, siempre que permitan la búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad,9 mientras que la Cuenta Pública es el documento por medio del cual la Federación rinde cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del año previo. Incluye información contable, presupuestaria y programática de los tres Poderes de la Unión, de los órganos autónomos, y de las entidades que conforman el Sector Paraestatal.10

Las leyes presupuestarias actuales permiten que los ejecutores del gasto realicen adecuaciones presupuestarias, modificando la estructura y distribución planteada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el Poder Legislativo participe en el proceso decisorio, y en consecuencia, la Cuenta Pública resulta diferente a lo plasmado por el poder legislativo en el PEF.

Mediante estas adecuaciones presupuestarias,  las entidades han llegado a aumentar hasta en un 15% su flujo de ingresos.11 Leonardo Núñez señala que si se suman las diferencias entre Presupuestos aprobados y Cuentas Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos más de los que se presupuestó,12 por lo que plantea dos posibles lógicas atribuibles a las modificaciones presupuestales:

1. Que las modificaciones realmente obedezcan a necesidades técnicas por parte del gobierno para poder implementar las políticas públicas a su cargo.

2. Que las variaciones respondan a negociaciones e intereses  políticos particulares, por lo que la reasignación discrecional en los recursos responde con criterios de beneficio político.13

Las entidades que deciden gastar más y de forma diferente aíslan al poder legislativo y a los ciudadanos en la toma de decisiones, y las modificaciones no son conocidas hasta qe está concluido el año fiscal y es presentada la Cuenta Pública, sin que pueda modificarse entonces la decisión.14

Núñez insiste en que el Poder Legislativo debe ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo mediante la aprobación, vigilancia y fiscalización del presupuesto, por lo que se vulnera el principio constitucional de pesos y contrapesos, además de quedar difuminada la transparencia y rendición de cuentas al momento de modificarse la cantidad distribuida.15

La OCDE mediante una encuesta realizada en 2013 hace un análisis de las prácticas presupuestarias en distintos países. Menciona que en naciones como Canadá, Islandia, Reino Unido, Alemania, España, Suecia, Suiza, Italia, Austria, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Rusia, Japón, Nueva Zelanda y México, es posible que el poder Ejecutivo gaste más de lo presupuestado.16

De estos países solamente en Canadá, Islandia, Alemania, Suecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Japón, Nueva Zelanda y México, no se impone un umbral máximo de incremento; Sin embargo, únicamente en México y Estonia se realizan tales incrementos sin la participación del poder legislativo.17

En cuanto a la ejecución del gasto, del mismo estudio se advierte que en países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Irlanda, Islandia, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, España, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Rusia, Turquía, Israel, Corea, Australia, Japón, Nueva Zelanda y México, los ejecutores del presupuesto pueden modificar el destino de su gasto interno.

Las modificaciones de los ejecutores del gasto se pueden hacer sin límite en Canadá, Estados Unidos, Chile, Irlanda, Islandia, Reino Unido, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Holanda, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Israel, Rusia, Japón y México; y solamente en Reino Unido, Portugal, Holanda, Eslovaquia y México es donde sin intervención del legislativo se realizan tales modificaciones.18

Esta iniciativa no pretende prohibir la posibilidad de realizar alteraciones presupuestarias, sino establecer en el poder legislativo, un mecanismo de mayor control y vigilancia para éstas, ya que la posición de México en comparación con otros países relacionada a las acciones modificatorias presupuestales y de gasto, nos indica que estos cambios no son acciones irregulares o anormales; Sin embargo, lo preocupante es que somos prácticamente de los únicos países donde se realizan sin ningún contrapeso por parte del poder legislativo.

En razón de lo ya expuesto, es necesario considerar que ante un contexto de sobreejercicio y falta de controles que permitan un gasto más democrático, reiteramos la necesidad de ésta iniciativa.

Por lo tanto, se propone reformar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el siguiente sentido:

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[…]

II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto;

 

 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[…]

II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto y que sean revisados y aprobados por la Cámara de Diputados.

[…]

 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática;

c) Económica; y

d) Geográfica

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente.

 

 

 

 

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática;

c) Económica; y

d) Geográfica

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente.

Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

 

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.

 

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá emitir opinión y autorización de dichas adecuaciones.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

 PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 2 fracción II y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I…

II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto y que sean revisados y aprobados por la Cámara de Diputados.
[…]

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I…

II…

III…

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente.

Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá emitir opinión y autorización de dichas adecuaciones.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación correspondiente.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

1 En Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). p. 7

2 Ídem., p. 7

3 Camaño Alegre, José. Las recientes formas presupuestarias del Reino Unido y Francia: una comparación en torno a ocho ejes (2007), pp. 9-10

4 Guerrero, J.P, López, M., Manual sobre el Marco Jurídico del Presupuesto Público Federal, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) p.7

5 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p. 8

6 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p. 11

7 Ídem., p. 10

8 Artículo 2, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp01.pdf

10 Cuenta Pública Ciudadana 2014. Ingresos, egresos y deuda del gobierno. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Transparencia Presupuestaria. p. 2

11 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p.1

12 Ídem.

13 Ídem., pp. 40-44

14 Ídem., p. 49

15 Ídem., p. 50

16 Incluyendo gasto obligatorio, discrecional, de operación y de inversión.

17 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: Secretos y Mentiras en el gasto público. CIDE pp. 44-47

18 Ídem., pp. 60-64






Tiene el uso de la palabra el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 35 y 35 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de medidas de mitigación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 35 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señora Presidenta. Amigas y amigos legisladores:

Esta tarde me da mucho gusto estar frente a ustedes, y a la gente que nos sigue a través del Canal del Congreso, para presentar una iniciativa que en lo fundamental pretende reformar los artículos 35 y 35 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Es necesario debido a que más del 73 por ciento de los que vivimos en este país estamos viviendo ahora en ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara o zonas conurbadas de mucha importancia.

Quiero comentarles que a pesar de que estas ciudades constituyen un polo de atracción, lo cierto es que la vida en éstas dista de ser idílica, decir entonces que la aglomeración de las personas en un espacio poco planificado, suele redundar en detrimento de la calidad de vida. Fenómenos que por su alta densidad demográfica, la dotación precaria de servicios públicos, la falta de espacios dignos para la convivencia humana, la pérdida de identidad, la carencia de fuentes de empleo o la generación de éstos, pero en condiciones desfavorables puede traducirse, todo esto, en violencia, desintegración familiar y sobre todo en marginación.

Quiero ponerles como ejemplo que en nuestro país a partir de 2013 ocupaba el lugar número 79 de los 132 países que fueron evaluados por la calidad del aire. Hoy, en términos económicos, la contaminación atmosférica equivale a un 3.6 del PIB en 2011.

Amigas y amigos que nos ven a través del Canal del Congreso: Hoy en día no solamente ciudadanos comunes se han manifestado en contra de los atropellos que las propias autoridades han generado, con esta violación inminente a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.que tenemos.

En el caso de la capital el país, la multiplicidad de obras realizadas durante los últimos años ha provocado la remoción de árboles, sin que en muchos casos éstos sean replantados o sustituidos por otros nuevos. Algunas organizaciones ecologistas han denunciado que la construcción de grandes obras en esta capital del país, como los segundos pisos, la Súper Vía Oriente, las líneas de Metrobús o el Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, ha provocado la tala de 56 mil árboles al menos.

Lo que pretendo con esta iniciativa, es obligar a las autoridades a que antes de dar la autorización para que puedan ser talados estos árboles, no solamente tengamos la obligación de parte de la autoridad de reemplazarlos.

De nada sirve que en las redes sociales hoy el gobierno de la ciudad esté comentando que, por ejemplo, en este Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, diga que van a replantar más de mil árboles con edades de 5 años y mayores a 5 metros, si no lo han hecho. Entonces estamos acabando con la ecología, estamos acabando con nuestros árboles en la ciudad y esto genera, como yo les decía, grandes insatisfacciones de todos los que viven, sobre todo, en la Ciudad de México.

Quiero comentarles que vale la pena mencionar que hay adecuaciones en las avenidas Centenario y 5 de mayo, donde, solamente para que ustedes se den una idea de la cantidad de tala de árboles y que no se han podido reponer, en el Distribuidor Vial de San Antonio, se hablaba de que se habían talado 606 árboles cuando van más de mil 600; en el Segundo Piso del Periférico, más de mil 299; en la Vialidad de Liga, mil 683.

Quiere decir entonces que si nosotros los que vivimos en esta ciudad o los que viven en otras ciudades como ésta, no logramos tener o mantener un equilibrio ecológico, vamos a tener graves problemas para seguir viviendo.

Por eso es que les pido a todos ustedes en su momento, cuando ya sea turnada ésta a la Comisión, que sepan que pretendemos reformar el artículo 35 y 35 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que se establezca que, en el caso de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o, en su momento, en las entidades federativas que autoricen la realización de este tipo de obras lleven consigo, primero la garantía de que van a plantar todos los árboles que puedan tirar y así evitar más ecocidio en ésta y en muchas otras ciudades.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 35 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro modelo de desarrollo ha hecho de las ciudades nuestro espacio idóneo para el desarrollo y la convivencia, el ámbito en el que florecen la economía, la ciencia y el arte, el territorio en que confluyen culturas diversas, nuestra principal zona de confort, a diferencia de otras épocas en las que el campo constituía el asiento más importante de las personas. A diferencia de hace apenas unas cuantas décadas, nuestro país se ha vuelto eminentemente urbano, pues hasta 2010 el 77.8 % de la población vivía en ciudades, a diferencia de 1950, cuando el porcentaje era apenas de 42.6.1

A pesar de que las ciudades constituyen un poderoso polo de atracción, debido a las oportunidades que brindan para el desarrollo personal, lo cierto es que la vida en éstas dista muchas veces de ser idílica, pues la aglomeración de personas en un espacio poco planificado y sujeto a presiones diversas suele redundar muchas veces en detrimento de la calidad de vida de las personas. Fenómenos tales como la alta densidad demográfica, la dotación precaria de servicios públicos, la falta de espacios dignos para la convivencia humana, la pérdida de identidad, la carencia de fuentes de empleo o la generación de éstas, pero en condiciones desfavorables pueden traducirse en violencia, criminalidad, desintegración familiar o marginación.

Otro de los problemas que van asociados a la planeación deficiente de las ciudades lo es la degradación del medio ambiente. Hablamos de concentraciones humanas con altos índices de polución atmosférica, de ríos convertidos en drenajes, de cauces vueltos avenidas, de bosques transformados en viviendas, de paisajes en los que el verde es una excepción frente al gris tabicón o al negro asfalto, de especies vegetales y animales de las que sólo quedan vagos recuerdos. Urbes que fueron construidas sin una concepción previa y en las que la convivencia con el entorno natural constituye una omisión que afecta la salud física y mental de sus habitantes.

A efecto de ilustrar lo anterior, refirámonos a la contaminación atmosférica en las ciudades. Según cifras contenidas en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, a pesar de los esfuerzos realizados en las tres últimas décadas para mejorar la calidad del aire, en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas expuestas a mala calidad del aire. Como resultado de lo anterior, México ocupó hasta 2013 el lugar 79 de los 132 países evaluados por la calidad del aire. En términos económicos, la contaminación atmosférica representa el mayor porcentaje de los costos por degradación ambiental en el país, equivalente al 3.6% del PIB en 2011.

Una consecuencia es un hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro y la degradación del medio ambiente en las ciudades mexicanas es el resultado natural de un modelo que ha transformado para bien las vidas de millones de personas, pero a un costo ecológico que llevará décadas satisfacer, eso siempre y cuando empecemos a saldarlo desde este mismo momento. Nadie deseó la polución que ahora padecemos, pero lo cierto es que la tenemos frente a nosotros y es nuestra responsabilidad revertirla a partir de la formulación de políticas públicas responsables que pongan en el centro de sus preocupaciones a las personas y su derecho a gozar de un ambiente sano, tal y como lo establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un aspecto por considerar en el mejoramiento del medio ambiente de nuestras ciudades lo es la preservación o ampliación de la capa vegetal, esto en virtud de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9 y 11 m2 de área verde por habitante, y es el caso que en diversas ciudades mexicanas este parámetro se encuentra muy lejos de ser cumplimentado. León posee sólo 5 m2,2 Guadalajara 3,3 la Ciudad de México 5.3,4 Puebla 35 y Chihuahua 5,6 por citar sólo unos ejemplos.

En el caso de la Ciudad de México la situación se torna aún más grave, si tomamos en consideración que la multiplicidad de obras realizadas durante los últimos años han traído como consecuencia la remoción de árboles, sin que en muchos casos éstos sean replantados o sustituidos por otros nuevos, pese a que el ofrecimiento permanente de las autoridades locales ha sido en el sentido de reponer la capa vegetal devastada. Vale la pena señalar que algunas organizaciones ecologistas han denunciado que la construcción de grandes obras en la capital del país, como los segundos pisos en tramos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas de Metrobús o más recientemente la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac, ha provocado la tala de al menos 56 mil 553 árboles durante las tres últimas administraciones, muchos de los cuales no han sido restituidos. De acuerdo con algunas versiones periodísticas, en el Distribuidor Vial San Antonio se habrían talado 606 árboles; en el Segundo Piso del Periférico, mil 299; Vialidad de Liga, mil 683; en las avenidas Tamaulipas y Centenario, así como la adecuación de las avenidas Centenario y 5 de Mayo, 267; los puentes vehiculares del Oriente, 614; el Eje 5 Poniente, 937, más 442 por su ampliación; y la remodelación de la avenida Paseo de la Reforma, mil 300. 7

La situación descrita nos obliga a elaborar propuestas tendientes a mantener y ampliar la cobertura de áreas verdes, sin que ello signifique la paralización de las obras públicas que resultan necesarias para impulsar el desarrollo y proveer a la población de servicios urbanos. Es por ello que se plantea la posibilidad de reformar los artículos  35 y 35 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de establecer que, en el caso de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o sus pares en las entidades federativas autoricen la realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, la resolución que al efecto emitan procurará establecer como medida de mitigación la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del ecosistema de que se trate.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTICULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

 

 

 

 

 

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate.

ARTICULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

En el caso de que la Secretaría autorice la realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, la resolución procurará establecer como medida de mitigación la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del ecosistema de que se trate.

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate.

ARTICULO 35 BIS 2.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades no comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del Distrito Federal o de los Estados, con la participación de los municipios respectivos, cuando por su ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, y estén expresamente señalados en la legislación ambiental estatal. En estos casos, la evaluación de impacto ambiental se podrá efectuar dentro de los procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, fraccionamientos, u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se deriven. Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer compatibles la política ambiental con la de desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la materia.

ARTICULO 35 BIS 2.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades no comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del Distrito Federal o de los Estados, con la participación de los municipios respectivos, cuando por su ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, y estén expresamente señalados en la legislación ambiental estatal. En estos casos, la evaluación de impacto ambiental se podrá efectuar dentro de los procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, fraccionamientos, u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se deriven. Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer compatibles la política ambiental con la de desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la materia.

En el caso de que las Entidades Federativas autoricen la realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, la resolución procurará establecer como medida de mitigación la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del ecosistema de que se trate.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente Proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 35 y 35 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

“ARTICULO 35.- …

“…

“…
“Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

“I. … a “III. …

“En el caso de que la Secretaría autorice la realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, la resolución procurará establecer como medida de mitigación la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del ecosistema de que se trate.”

“…

“…

“ARTICULO 35 BIS 2.- ...

“En el caso de que las Entidades Federativas autoricen la realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, la resolución procurará establecer como medida de mitigación la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del ecosistema de que se trate.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Medrano Quezada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

1 Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

2 Fuente: http://zonafranca.mx/crece-tala-de-arboles/

3 Fuente: http://www.udg.mx/es/noticia/deficit-de-areas-verdes-en-la-zona-metropolitana-de-guadalajara

4 Fuente: http://www.sinembargo.mx/01-03-2016/3046820

5 Fuente: http://www.tribunanoticias.mx/puebla-tiene-menos-areas-verdes-por-habitante-que-ciudad-de-mexico/

6 Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/473763-chihuahua-con-la-mitad-del-area-verde-por-habitante-recomendada-por-la-oms

7 Fuente: http://www.sinembargo.mx/24-05-2015/1353514






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 95 constitucional, en materia de requisitos para Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Patricia Leal Islas y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

Como ustedes saben, la conformación de Estados democráticos de derecho se rige por diversas directrices que les dan a estos la legitimidad necesaria para el ejercicio de las funciones que los ciudadanos han depositado en ellos.

En este sentido, la división e independencia de los poderes que conforman el Estado mexicano, es la premisa sobre la que descansa el desempeño efectivo de sus funciones, la fortaleza de un estado democrático de derecho, entonces, descansa en gran medida en la división de poderes y en la autonomía que cada uno de estos poderes tengan como órganos que representan un contrapeso a favor de los ciudadanos que integran ese Estado.

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación, realiza la importante tarea de impartir justicia a nivel federal y su ejercicio se encuentra depositado, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917, establecieron los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requisitos que han venido evolucionando a lo largo de la historia de nuestra Constitución.

Como ustedes saben, para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está entre una de las fracciones a que se refiere el artículo 95, el hecho de no haber sido las Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Esta disposición está establecida para proteger al máximo tribunal de la llegada de aquellas personas que no tuvieran méritos sino alguna vinculación de otro carácter, como de carácter político.

El objeto de la presente iniciativa, justamente lo que pretende, es una adhesión de un nuevo requisito al artículo 95 constitucional, para que sea necesario, para acceder al cargo de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva calidad dentro de los perfiles y dentro de los aspirantes a formar parte del mismo, y en este sentido, quisiera señalar la importancia que tiene el principio de independencia judicial.

La independencia judicial está instaurada no sólo en nuestra Constitución, sino en distintas fuentes internacionales, entre las que debemos destacar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, entre otros.

Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra las garantías individuales y establece los lineamientos del debido proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio de independencia judicial es un pilar básico del debido proceso, motivo por el cual debe respetarse en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales que decidan sobre los derechos de una persona; precisamente, enfatiza su importancia de tal manera, que ha considerado que debe garantizarse incluso en situaciones especiales como el estado de excepción.

Aunado a ello, el tribunal interamericano estima que los recursos instituidos en la legislación nacional deben corresponder a lo instaurado en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ha establecido que para un recurso sea efectivo no puede ser ilusorio, lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad provenga de la ausencia de imparcialidad, lesionando el acceso de un recurso judicial.

En suma, es evidente que la imparcialidad es una de las características que deben permanecer firmes en un sistema que pretende impartir justicia de forma adecuada, respetando con ello el debido proceso y, por lo tanto, esta propuesta se orienta a fortalecer la imparcialidad de aquellas personas que aspiran a formar parte del máximo órgano de justicia en México.

Por otro lado, tenemos entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si revisamos la historia de la democracia en México, no podríamos imaginar la evolución de la misma, si no revisamos la evolución que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo ha venido incrementando la fortaleza del mismo, en las facultades y en las decisiones tan delicadas que tiene en materia electoral en nuestro país.

Las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, son últimas resoluciones y son inatacables. Es por ello que lo que resulta muy importante también blindar, no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también blindar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Parte de sus decisiones tienen que ver con la resolución de impugnaciones en elecciones federales de Diputados y Senadores; impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior de este Tribunal; las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

Por medio de la propuesta que estamos haciendo, lo que pretendemos, y hablo a nombre de su servidora, y también del Senador Daniel Ávila y de la Senadora Patricia Leal, que se han sumado a esta propuesta, es evitar que un Magistrado en funciones o que haya transcurrido dos años a partir de la conclusión de su encargo, pueda convertirse en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto último, toda vez que la propuesta que estamos realizando de una adición al artículo 95 constitucional, establece que será necesario que su encargo haya concluido antes de su designación, para que pueda después de 2 años desvincularse de la magistratura que ostentó.

Además, este plazo de dos años resulta acorde al estándar constitucional establecido en el artículo 101, párrafo Segundo, donde se enuncia la restricción a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros, que establece un plazo de dos años siguientes a su retiro, para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, hoy lo que estamos planteando en esta propuesta, es adicionar una fracción al artículo 95 para establecer el impedimento de que Magistrados Electorales en funciones o que estén dentro de los dos años posteriores a la conclusión del ejercicio de su cargo, puedan aspirar a ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que este periodo de dos años es un estándar que encontramos en la propia Constitución.

De esta manera, consideramos que con esta adhesión se logrará blindar y fortalecer al máximo tribunal de nuestro país, pero también blindar de manera cierta al Tribunal Electoral en las decisiones que tome en su propia legitimación, para evitar las tentaciones de que un Magistrado que está en funciones y que tiene la delicada tarea de juzgar y decidir sobre cuestiones tan importantes para la vida democrática de México, está influido por cuestiones externas que restrinjan esta independencia judicial, que nosotros como Poder Legislativo estamos obligados a construir todas aquellas garantías para blindarla.

Esta es la propuesta que estamos haciendo y, bueno, pues es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora María del Pilar Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Jesús Zambrano Grijalva, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 68 de la Ley General de Educación, en materia de conocimiento de la plantilla de profesores en cada plantel.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia.

La presente iniciativa que a nombre de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados estamos presentando el día de hoy, para reformar los artículos 65 y 68 de la Ley General de Educación, está en sintonía con un fenómeno afortunado que se ha acrecentado en los últimos años que tiene que ver con una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones; tenemos ya órganos ciudadanos integrados en los comités y consejos de órganos constitucionales, autónomos y, desde luego, la labor legislativa misma de la mayoría de nosotros, ya no la hacemos más que en apego estricto a la opinión que vierten especialistas, expertos, instituciones académicas y otras que tienen que ver con los temas que nos llevan a legislar en cada momento, porque afortunadamente estamos ante una sociedad más participativa, más informada y, desde luego, más demandante, que exige cada vez mejores y mayores resultados.

Uno de estos espacios que ha existido, de una importante participación social, es el de la educación, es natural que los padres, las madres de familia, los tutores han buscado estar continuamente al tanto de lo que ocurre con la educación de sus hijas y de sus hijos; uno de los mecanismos, al respecto, es el de los Consejos Escolares de Participación Social, los CEPS, que lo integran padres de familia, madres de familia, representantes de las asociaciones, maestros, representantes de su organización sindical, directivos de las escuelas, exalumnos, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

En estos CEPS se coordinan los propósitos y esfuerzos de las autoridades educativas y de la propia sociedad y, a través de ellos, se impulsa la colaboración y corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento permanente de su desempeño para el mejor logro de los propósitos educativos y la formación integral de los estudiantes.

Alguno va a tener que dar clases respecto para que pongan atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, Diputado, deme un segundito.

Amigas Senadoras y Diputadas, yo sé que están muy contentas, pero está hablando el señor Diputado, pongámosle atención.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Si no le pusieron atención a su legisladora, por lo menos a mí sí, no sean gachos. No han llegado a tanto.

Sin embargo, hay que decir que en una serie de auditorías relativas a la participación social. La Auditoría Superior de la Federación recientemente ha advertido sobre diversas maneras para reforzar la contraloría ciudadana a través de un mejor manejo más trasparente de la información, una de ellas consiste en que la información relativa a la plantilla del personal docente que labora en cada una de las escuelas de los planteles debe ser conocida por los CEPS correspondientes.

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr un mayor acercamiento entre el gobierno, las autoridades educativas y los CEPS a fin de mejorar la vigilancia y elevar la calidad de los servicios educativos, ya que para conocer la plantilla de docentes de manera actualizada y completa permitirá que los integrantes de los CEPS estén en mejores condiciones para la toma de decisiones, por ejemplo, en la planeación escolar, identificar las acciones que atiendan a la calidad educativa, como es el caso de las asignaturas en las que se obtienen bajos resultados educativos.

Por esta razón, proponemos retomar, precisamente, una de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación para reformar los artículos 65, 68 y 71 de la Ley General de Educación a fin de reconocer el derecho de quienes ejercen la patria potestad o tutela de las y los estudiantes a recibir la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos al inicio y a la mitad de cada ciclo escolar.

Estamos convencidos de que decisiones de este tipo, asumir estas recomendaciones ayudarán a que el nuevo modelo educativo nacional que se está poniendo en marcha y que debe irse enriqueciendo en el camino mismo de su experiencia, será más democrático y más rápidamente avanzaremos para que logremos muy pronto tener una educación de mayor calidad en nuestro país que tanta falta nos hace y que debe ser el motivo principal y centro principal de todo lo que es la reforma educativa.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, senadoras y senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento  para  el  Gobierno  Interior  del Congreso General de  los Estados Unidos Mexicanos y 164, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años la participación ciudadana ha cobrado gran relevancia en nuestro país, gracias al avance de la democracia que se ha ido estableciendo. La participación de las y los ciudadanos es fundamental en México, por dos razones: modera y controla el poder del Estado y la misma ciudadanía se hace escuchar en la toma de decisiones.

La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive.1

La participación ciudadana no se limita al voto pues precisamente el voto es sólo una de las múltiples formas de ser participes en los asuntos públicos.

La participación permite el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana.2

Recordemos que la participación ciudadana es un derecho humano y, una sociedad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. También, a través de ella, se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros derechos.

Es importante señalar que en el ámbito de las políticas sociales, esta forma de inclusión de la ciudadanía es necesaria para otorgar eficacia y eficiencia a la acción social del Estado, como lo es en el rubro de la educación. Es decir, la ciudadanía es incluida en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales para obtener mejores resultados que permitan avanzar en el acercamiento entre el gobierno y los órganos de participación ciudadana sobre la calidad de los servicios educativos. En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha señalado que:

…es fundamental el impulso y fortalecimiento de la participación social, cuya influencia trasciende el ámbito de la eficiencia y transparencia de los programas públicos y sus acciones, y se extiende en general al avance del proceso democrático.3

En nuestro país los espacios de participación ciudadana en relación con las políticas sociales se pueden clasificar en tres tipos:

…i) mecanismos de consulta (encuestas, preguntas de opinión a través de medios masivos de comunicación y consultas a través de páginas de Internet), ii) mecanismos de diseño de políticas sociales (consejos o comités de expertos, de actores interesados y de instancias públicas y privadas) y iii) mecanismos de diseño, implementación y monitoreo de políticas sociales (planeación estratégica o participativa y presupuesto participativo).4

Esta iniciativa se centra precisamente uno de los mecanismos de diseño de políticas sociales en materia educativa, los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). Por un lado, en éstos se coordinan los propósitos y esfuerzos de autoridades educativas, directivos, maestros, representantes sindicales, padres de familia y otros miembros de la comunidad. Por el otro, impulsan la colaboración y corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento permanente de su desempeño para el logro de los propósitos educativos y la formación integral de los estudiantes.5

Con base en el segundo párrafo del Artículo 69 de la Ley General de Educación, el CEPS se integra con los padres y madres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó una serie de recomendaciones legislativas sustentadas en una serie de auditorías relativas a la participación social. Una de ellas señala que la información relativa de la plantilla de docentes que labora en cada uno de los planteles debe ser conocida por las CEPS correspondientes. Además, la Auditoría afirma que esta información es de carácter público por lo que debe sujetarse a los términos del propio derecho de acceso a la información pública.6

Con base en lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los CEPS sobre la calidad de los servicios educativos ya que conocer la plantilla de docentes de manera actualizada y completa permitirá que los integrantes de las CEPS estén en mejores condiciones para la toma de decisiones, por ejemplo, en la planeación escolar para identificar las acciones que atiendan a la calidad educativa, como es el caso de las asignaturas que obtienen bajos resultados educativos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y de los Senadores lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 65 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- a VI.- …

VII.- Al inicio de cada ciclo escolar y a la mitad de éstos recibir la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

VIII.- a XII.- …

Artículo 68.- …

Las autoridades educativas estatales entregarán a los Consejos de Participación Social al inicio y a la mitad del ciclo escolar, la relación oficial del personal docente y empleados que labora en cada uno de los planteles.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jesús Zambrano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1 Hart, Roger, “La Participación de los Niños, De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, Ensayos Innocenti, UNICEF, 1993, pp. 46.

2 Olvera, Alberto, Notas sobre la participación ciudadana desde la óptica de las OSC, México, INCIDE Social, 2007, pp. 26 y 27.

3 Auditoria Superior de la Federación, Informe General Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, México, 2015, p. 65. Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf.

4 Zicarddi, Alicia, “Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales del ámbito local”, Participación Ciudadana y las Política Sociales del Ámbito Local, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp. 245-272.

5 Acuerdo 535 Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, Capítulo I. Disposiciones Generales, artículo 1.

6 Participación social en la vigilancia del gasto 496-DS-GF, 761-DS-GF, 882-DS-GF, 1134-DS-GF, 1175-DS-GF, 1214-DS-GF, 1460-DS-GF, 1701-DS-GF, 499-DS-GF, 764-DS-GF,
885-DSGF, 1137-DS-GF, 1177-DS-GF, 1219-DS-GF, 1463-DS-GF, 1705-DS-GF, 512-DS-GF, 789-DS-GF, 921-DS-GF, 924-DS-GF, 1158-DS-GF, 1169-DSGF, 1205-DS-GF,
1248-DS-GF, 1480-DS-GF, 1486-DS-GF, 1722-DS-GF, 1727-DS-GF, 719-GB-GF, 1744-GB-GF, 165-DS, 203-DS, 204-DS. Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones
para la Labor Legislativa
, Entrega de Informes Individuales, Cuenta Pública 2016, junio 2017, p. 35.






Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la asignatura en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

¡Sean ustedes bienvenidos a la Comisión Permanente!

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas, en materia de sostenimiento de bibliotecas públicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IV A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

Vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas.

En un país organizado bajo los principios democráticos, se debe contar con un electorado informado y crítico, base esencial de toda democracia. La formación de ciudadanos informados sólo se puede asegurar cuando el aprendizaje es universal y accesible.

Para ser ciudadanos activos, críticos y competentes es esencial que la lectura forme parte de nuestro estilo de vida. Saber leer es un proceso de aprendizaje, pero el adquirir hábitos de lectura estable es parte de todo un proceso educativo, es ahí donde la biblioteca pública adquiere importancia social al convertirse en un vínculo con la escuela. Ser lector exige reflexión, pensamiento y análisis crítico, cualidades que exige un esfuerzo continuo; sin embargo, en México el hábito por la lectura no es muy habitual.

De acuerdo al último informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, México es uno de los países de la región que menos lee, aproximadamente 3.8 libros por persona al año, muy por debajo de Chile, que es el país latinoamericano con más lectores, 5.4 libros al año.

Sin lugar a dudas, un aliado incondicional para fomentar las lecturas son las bibliotecas públicas, pues tienen una importante función social, proporcionan a la sociedad un espacio de información, esparcimiento y conocimiento a través de la lectura, contemplando la diversidad étnica y cultural de la población.

De igual manera, se convierte en un elemento educativo coordinado con la escuela. En general esta es la función de la biblioteca pública, el facilitar el acceso a los libros, revistas, periódicos que se encuentren en su acervo.

Los servicios bibliotecarios juegan un rol importante como soporte para la construcción y consolidación del tejido social, este espacio público sirve a las distintas etnias, religiones y culturas para relacionarse recíproca y heterogéneamente en una total democracia.

En este sentido, la biblioteca pública tiene un impacto social en la comunidad, en el cambio de actitudes o comportamiento de los individuos y grupos sociales.

En México es hasta 1983, cuando se crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con 351 bibliotecas.

Actualmente está integrada por 7 mil 413, distribuidas en los 2 mil 282 municipios, lo que representa el 93.2 por ciento del total de los municipios existentes en el país, proporcionando servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

Sin embargo, con un presupuesto para el año fiscal 2017 de 253 millones 772 mil 940 pesos, para las 7 mil 413 bibliotecas públicas existentes en el país, es totalmente deficiente para atender la problemática que la mayoría de estos espacios públicos padecen, por ejemplo, la falta de cuidados en la estructura, instrumentos tecnológicos que hagan de la biblioteca un lugar más cercano a la juventud, mantenimiento de los acervos bibliográficos y la implementación de nuevas bibliotecas.

La partida es insuficiente, pues equivale a darle a cada biblioteca en el país sólo 34 mil 234 pesos al año.

Se debe precisar que no todas las bibliotecas tienen la misma estimación, por ende, es más preocupante, ya que hay bibliotecas con menor importancia económica o con menor apoyo económico.

Es importante mencionar que en 1994, la UNESCO estableció el “Manifiesto de las bibliotecas públicas, proclamándolas como fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales de la mente del ser humano”. A través de esta declaración se alienta a los gobiernos nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas públicas y se involucren activamente en su desarrollo, ya que son una fuente de conocimiento, un requisito básico de la educación constante, complemento de los centros escolares, donde se apoya el progreso cultural del individuo y de la sociedad en su conjunto.

Por tal motivo, es oportuno la creación de un fondo que logre mantener en condiciones adecuadas a las bibliotecas públicas.

En este sentido, se propone a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas denominado “Fondo para el Establecimiento, Sostenimiento y Organización de Bibliotecas Públicas”.

El propósito de dicha reforma, es obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dichos recursos se destinarán exclusivamente para el establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas, privilegiando a las que tengan mayor rezago bibliotecario, que en su mayoría son las bibliotecas públicas municipales las que se encuentran en condiciones deplorables, olvidadas por los gobiernos federal y estatal.

El fondo, operará a través de un fideicomiso público conformado por un comité técnico que será presidido por el Secretario de Cultura.

Los recursos del fondo se integrarán por la cantidad que el gobierno federal aporte y los donativos que hicieran personas físicas o morales.

El objetivo central de dicha iniciativa, es conformar un fondo que apoye a la Red  Nacional de Bibliotecas Públicas, la más grande de América Latina, para que ésta          se fortalezca y siga siendo un gran soporte de la educación y formación de los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador David Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Biblioteca y Asuntos Editoriales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Compañeros legisladores, me permito informales que la Primera Comisión ha retirado los siguientes dictámenes:

1.- Respecto al estado de Baja California.

2.- Respecto a un exhorto al estado de Puebla.

3.- Por el que se solicitaba al gobierno del estado de Guanajuato un informe.

4.- También de Baja California, respecto al INE.

5.- De la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato.

6.- Y el que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe.

En consecuencia, damos paso a la discusión de 15 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta a la Asamblea de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de 15 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a considerar las observaciones del informe sobre las desapariciones en el estado, realizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México y la Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a informar sobre la donación de 150 hectáreas a favor de la empresa Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A de C.V.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus políticas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas hogar o albergues a su cargo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta a incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial del país los Carnavales que se celebran en los pueblos y barrios originarios de diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta al gobierno federal a implementar las acciones necesarias para la atención a los pobladores de la comunidad de San Mateo del Mar, distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia del mar de fondo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a implementar acciones para reforzar la seguridad pública en Tapachula, en virtud de la entrada en operaciones del CEFERESO 15.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a publicar y mantener actualizados en sus páginas institucionales sus respectivos Atlas de Riesgos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a diversos gobiernos estatales a impulsar la formulación e instrumentación de políticas públicas para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se solicita al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, un informe respecto al proceso de implementación del sistema penal acusatorio.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a resolver el procedimiento relativo a la patente de Notario Público Número 12 para el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la Trata de Personas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las acciones en materia de prevención, monitoreo, alerta y protección a la población durante la actual temporada de lluvias y huracanes en el estado de Chiapas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a proporcionar la capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se recibió el texto de presentación de los dictámenes por parte de la Senadora Graciela Ortiz, mismo que se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentran a discusión estos 15 dictámenes.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 29 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de 29 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta a fortalecer las campañas de prevención de adicciones, con especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta al Inegi a realizar un Censo Nacional sobre el desplazamiento interno en México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a emitir la declaratoria de patrimonio cultural intangible de las manifestaciones tradicionales que se realizan en los mercados públicos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita un informe sobre la situación que guarda el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde personas migrantes perdieron la vida.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a intensificar las campañas de difusión sobre los riesgos a la salud por las altas temperaturas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a fortalecer las acciones para erradicar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a fortalecer las acciones de Atención de los Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a las Instituciones de Educación Media Superior y Superior a implementar mecanismos que garanticen el pleno respeto a los trámites de admisión.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta a elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “four loko” para determinar los efectos en la salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta incluir en los contenidos de los nuevos libros de texto la promoción de la protección civil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta a fortalecer las medidas de verificación de datos en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar recursos para el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Presupuesto 2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones para la prevención y atención de la violencia obstétrica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se solicita un informe sobre la situación y acciones realizadas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su preocupación por las nuevas medidas de seguridad aeroportuaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones realizadas respecto a las observaciones que se han emitido al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la prohibición del cobro de cuotas en las instituciones de educación pública.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que se remite el “Manifiesto Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo Indígena de Michoacán a las comisiones de ambas Cámaras.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Por el que se exhorta a fortalecer los programas de planificación familiar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Que exhorta a ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos relacionada con los hechos acontecidos en el Centro de Atención Social denominado “La Ciudad de los Niños Salamanca, A.C.”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Por el que se remite al Senado de la República y a la Cámara de Diputados la propuesta para fortalecer e impulsar la prestación de servicio social.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que se exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas sobre los riesgos por el uso de cigarros electrónicos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Por el que se exhorta a asignar recursos que ayuden a consolidar los proyectos culturales y actividades encaminadas a la prevención de la violencia en las entidades federativas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Que exhorta a fortalecer las campañas de información sobre los riesgos ocasionados por el consumo de bebidas azucaradas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a realizar un diagnóstico integral sobre la situación de la infraestructura física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos del sistema estatal de salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- Por el que se exhorta a promover esquemas que faciliten la adquisición de libros.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones en materia de violencia de género, suicidio y sobre el virus coxsackie.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- Que exhorta a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Maricela Contreras, para que presente los 29 dictámenes a nombre de la Segunda Comisión.

La Diputada Maricela Contreras Julián: A nuestra comisión llegaron 32 puntos de Acuerdo, que nos han dado un total de 29 dictámenes que presentamos el día de hoy.

Destaco el exhorto a la Procuraduría General de la República, para que realice investigaciones en torno a las denuncias de espionaje realizadas a través de Pegasus presentadas por periodistas defensores de derechos humanos y líderes políticos.

Solicitamos se garanticen en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y eficacia, así como los derechos de las víctimas u ofendidos.

Algo muy importante es que logramos incorporar que la PGR pueda solicitar asesoría, asistencia técnica y cooperación de instituciones nacionales e internacionales.

Que se imparta justicia ante los hechos que a todas luces atentan contra la privacidad de intimidad y los derechos humanos de las personas y que son inaceptables de un Estado democrático.

Expresamos también nuestra preocupación por las nuevas medidas de seguridad aeroportuarias del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Y exhortamos al gobierno federal para que impulse las medidas de asesoría y asistencia a connacionales que viajan a dicho país.

No debemos permitir que la política migratoria de Donald Trump siga vulnerando la esfera de nuestros derechos humanos.

En materia de salud proponemos realizar acciones que informen a la población sobre los riesgos que presentan los cigarros electrónicos, así como el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Además, consideramos urgente realizar acciones para prevenir y atender el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad de manera particular en el sector infantil.

Respecto a la atención de problemática de niñas, niños y adolescentes solicitamos información sobre las condiciones y número que se encuentran en estaciones migratorias y que se respete de manera plena sus derechos.

De igual forma destacamos la implementación de acciones para que se encuentren con espacios sanos de convivencia y se garantice el derecho a vivir sin violencia.

En este rubro hemos solicitado a la Procuraduría General de la República para que ejerza la facultad de atracción de investigación y persecución de delitos relacionados con los derechos de abuso sexual en los centros de atención social denominado “La Ciudad de los Niños Salamanca”, y evitar que se sigan cometiendo este tipo de actos que nada tienen que ver con el cuidado de las niñas, niños y adolescentes.

No debemos permitir más Casitas del Sur o Mamá Rosa por ningún motivo.

En el rubro de educación hemos acordado exhortar a las autoridades educativas federales y locales para que vigilen que no se condicione el pago de cuotas y se establezca como un requisito para inscribir a los alumnos y a las alumnas presentado por la Diputada Fabiola Rosas Cuautle.

Debe hacerse valer y cumplir el principio de gratuidad en la educación.

También solicitamos a la Secretaría de Educación fortalecer las medidas de verificación de datos en las reglas de operación del Programa Nacional de Becas y diversa información sobre la denominada autoría magisterial.

Finalmente acordamos pedir a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Población impulsen los programas de planificación familiar que garanticen el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, poniendo especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas.

Desde nuestra perspectiva se ha dejado de fomentar este tipo de políticas por diversos tabúes y prejuicios que son incompatibles con la obligación del Estado de respetar las decisiones sobre nuestros cuerpos y el derecho a decidir si queremos tener o no hijos.

Esos son todos los temas, Senador Presidente.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras.

Se encuentran a discusión y consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes que se han presentado.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 26 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de 26 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta a continuar implementando campañas sobre el uso de las criptomonedas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a informar sobre las acciones jurídicas ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta a asignar recursos extraordinarios para la ejecución de un Convenio Finiquito que solucione el conflicto por la propiedad en las comunidades indígenas de San Andrés, San Sebastián y Santa Catarina, en Mezquitic, Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta a aplicar algún descuento en las tarifas de peaje durante el periodo vacacional de verano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a realizar campañas para promover la venta y consumo del arroz morelense.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a realizar las gestiones para declarar a la Piedra de Huixtla como zona de desarrollo turístico sustentable.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se solicita a la Comisión Ambiental de la Megalópolis informe las causas por las que no se han realizado las sesiones bimestrales con los integrantes de la comisión.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se solicita un informe sobre la deducción al 100% en la inversión de maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes renovables.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar el análisis e incorporar en el Sistema los indicadores de propósito y componente de los programas que ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones para evitar que las entidades financieras condicionen la prestación de un servicio obligando a los usuarios a la contratación de otro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta a fortalecer las medidas de conservación de las especies exclusivas de pesca deportiva.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a fortalecer las acciones para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a establecer una hoja de ruta con las líneas de acción en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta a elaborar los estudios técnicos necesarios para decretar un área de exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biosfera del Archipiélago de Revillagigedo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Que exhorta a fortalecer los operativos en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el periodo vacacional de verano 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Que exhorta a instalar estaciones de monitoreo permanente de la calidad del aire en los aeropuertos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a la Secretaría de Economía a que presente los mecanismos de promoción para la generación distribuida.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que se solicita un informe sobre la situación jurídica de la unidad habitacional FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Que exhorta al Ifetel a hacer público el número de torres celulares por operador instaladas, número de suscriptores móviles por torre y operadores en las mismas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se exhorta a destinar los recursos necesarios del Fondo Forestal Mexicano para el combate y control de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades forestales en bosques del estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Que exhorta a fortalecer las estrategias para disminuir el uso de bolsas de plástico.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo un informe sobre el estado que guarda el Programa Pueblos Mágicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a fortalecer las campañas de educación vial y respeto a los peatones y ciclistas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Por el que se solicita un informe sobre la emisión de los permisos para la construcción de la Línea 4 del Mexibús dentro del polígono de la zona de monumentos históricos de la Calzada del Albarradón, de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a Petróleos Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños generados por el incendio de la refinería "Antonio Dovalí Jaime".

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentran a discusión, y también consulto si alguien desea hacer alguna reserva de ellos.

Denle sonido a la Diputada Minerva, por favor.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Traigo reservado el punto de Sagarpa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Cuál, perdón? No le oí, si me dice fuerte cuál es el que quisiera reservar.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) El punto de Acuerdo de Sagarpa, no identifiqué en qué número lo enuncian.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Me dicen que no está en este listado, y que ya se había separado.

Muy bien. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

 






Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe respecto al proceso de solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Me informan que el Senador Mayans dejó una reserva, sería el único orador que tendríamos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la reserva y después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esa reserva.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Senador Fernando Mayans Canabal.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Consulte, si es tan amable, a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta reserva.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Fernando Mayans. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a proceder a votar el dictamen en sus términos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en sus términos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Se ha aprobado el Acuerdo en sus términos. Comuníquese.






El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Se ha aprobado el Acuerdo en sus términos. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario, como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos:

Quiero ser muy breve en este comentario y agradecer primeramente la gentileza de las y los legisladores que integran la Tercera Comisión, que tuvieron a bien en esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, darle para adelante a este dictamen.

Esencialmente lo que plantee era exclusivamente por la necesidad que hemos tenido, de que se pueda declarar a Zacatecas en esta circunstancia tan complicada que tenemos de la sequía, que pudiéramos tener una declaratoria de parte de la Sagarpa, para efecto de que tuviera algunos beneficios nuestra queridísima y amadísima tierra.

Pero en esta ocasión, y quiero citar textualmente a la Senadora Yolanda de la Torre, a quien agradezco, como parte de los parlamentarios de mi partido, ella tuvo una preocupación mayúscula, no solamente por lo que ocurría en Zacatecas, que es grave, que a pesar de que ha llovido poco, todavía tiene a los pobres campesinos con el alma en un hilo, algunos ya han estado sembrando, otros ni siquiera han tenido la posibilidad por el riesgo que esto representa.

Hoy en día las tierras zacatecanas, como muchas tierras que tenemos en el país, están siendo afectadas por una gravísima sequía.

Por eso quiero agradecerle infinitamente a la Senadora, que fue no solamente gentil, amable, sino fue muy astuta, al momento de pedirle a la Comisión que no solamente se declarara este beneficio para tierras zacatecanas, sino para todos los estados que están en este momento padeciendo de una sequía.

Por lo tanto, yo agradezco enormemente a esta Comisión que me permitan de alguna manera con este exhorto que respetuosamente se haga a la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que evalúe la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia climatológica, es necesario por el bien de Zacatecas, por el bien de Durango, por el bien de Coahuila y de todos aquellos estados que tienen esta gravísima crisis.

Por su atención, muchas gracias, señoras y señores legisladores, muy amables.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Medrano Quezada.

Se encuentra a discusión. Toda vez que no tengo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha sido aprobado. Comuníquese.






Compañeros legisladores, para la sesión de este día, la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios han acordado realizar un debate pactado en la agenda política, en torno a la situación política en Venezuela.

Para establecer el tema y la norma del debate se suscribió un Acuerdo, que pediré a la Secretaría dé lectura.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al Acuerdo.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Déjenme dar lectura, antes de votar el Acuerdo, de los oradores que tengo registrados.

Al Diputado Jesús Rafael Méndez, al Diputado Macedonio Tamez Guajardo, al Diputado Vidal Llerenas Morales, al Diputado Emilio Salazar Farías, al Senador Miguel Barbosa Huerta, a la Senadora Dolores Padierna, a la Senadora Mariana Gómez del Campo y al Senador Marco Antonio Olvera Acevedo.

Ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo del debate pactado en esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.






Damos inicio con el Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del partido Nueva Alianza. Tiene el uso de la tribuna.

AGENDA POLÍTICA

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Una vez más Venezuela ocupa la agenda internacional.

En primer término, queremos manifestar nuestra solidaridad con la población de aquel país que hoy vive momentos de zozobra e incertidumbre.

Los principios rectores de nuestra política exterior son muy claros, y por ello están establecidos en nuestra Carta Magna.

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, pero sobre todo el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos son el fundamento de nuestras relaciones con otros países.

Es pensando en los derechos fundamentales de los venezolanos que nos pronunciamos, para que se privilegie el diálogo y la concordia, que se facilite la libre manifestación de las ideas y que se busque la paz entre los distintos actores políticos al interior de este país.

Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de Venezuela, pero no podemos permanecer indolentes ante la situación que se vive en un país al que consideramos nuestro hermano.
En Nueva Alianza estamos haciendo una invitación a que se respete la voluntad de la sociedad venezolana. Las democracias sólo funcionan en libertad.

Somos categóricos al repudiar la violencia en todas sus formas. Esto sólo posterga la solución de un conflicto, cuya única solución se puede construir en paz y por medio de un diálogo abierto y genuino, libre de represión o amenazas.

El voto libre, la institucionalidad y la democracia son los pilares en los que se debe cimentar una verdadera solución a la situación que hoy se vive en Venezuela.

En México y en Nueva Alianza acompañamos a las y los venezolanos, esperando que sean respetados sus derechos y libertades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Jesús Rafael Méndez Salas.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, amigos.

Luego sucede que cuando un régimen pierde el apoyo de su pueblo recurra a medidas dictatoriales para perpetuarse en el poder.

Ya ven ustedes que el poder adormece y enloquece, y aún más a personas de escasa inteligencia y algunos de escasa moral, como es Nicolás Maduro.

En Venezuela salta a la vista que fracasó el modelo socialista económico.

La población venezolana está sufriendo de carestías, de hambrunas, de falta de medicamentos.

Lo único que tuvo éxito en este régimen socialista de Venezuela fue la igualdad, puso a todos igual a nivel de miseria, de indigencia y de miedo ante la criminalidad, y de miedo ahora ante la represión política.

No vamos a meternos, no vamos a meternos con el régimen económico, es algo de fuero interno, pero sí nos corresponde, como parlamentarios mexicanos, hablar de la vigencia de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales del hombre, dos conceptos que están en peligro en la República Bolivariana de Venezuela, que malamente se llama bolivariana, debo decir, porque Simón Bolívar no era socialista, era liberal.

Es por eso que es preciso condenar en ese entorno lo que está sucediendo.

Es preciso exhortar a las autoridades de ese país a que vuelvan al redil de la democracia de respeto a los derechos fundamentales y sobre todo respetar al Parlamento.

El rechazo del pueblo venezolano al fracasado régimen económico de su país y político, se empezó en las elecciones parlamentarias en donde se escogió a un Parlamento con mayoría opositora, aun así se hicieron trampas y triquiñuelas para quitar cuatro, cinco, Diputados y evitar que el Congreso opositor tuviese mayoría absoluta, pero aun así hay mayoría opositora que ha sido agredida y ha sido violentada por el régimen Madurista.

Hace no mucho, porros de ese gobierno atacaron el Parlamento, cosa que no debemos tolerar aquí nosotros, que debemos condenar, y recientemente se convocó a una absurda Asamblea Constituyente, de dudosa legalidad, que no pretende más que perpetuar la dictadura.

Entonces, amigos, entremos en razón, hagamos entrar en razón a aquella gente y exhortemos a los venezolanos que están en el poder a que tengan humildad, a que tengan sensatez y convoquen a una verdadera práctica o ejercicio democrático para que gobierne quien la gente quiere que gobierne y para que se corrijan los errores políticos y económicos que se han cometido.

Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del señor Presidente.

Hace un rato, en la gira por Sudamérica del Presidente Nacional de Morena, se llamó a que se dialogue en Venezuela y se llegue a un acuerdo pacífico para que no haya violencia, para que todos ayudemos a buscar una salida pacífica, negociada a esta crisis, sentar a las partes a buscar una solución pacífica y recomendar la posibilidad de la intermediación de personas como el propio Papa Francisco y otras personalidades que puedan coadyuvar a la paz y al diálogo en ese país.

Creo que lo que debe prevalecer son estas ideas de favorecer el diálogo, de favorecer la conciliación, de fortalecer el encuentro en otro país, en un país hermano como es Venezuela, esa tiene que ser la posición del gobierno mexicano, esta tiene que ser la posición de esta Cámara, y la que no tiene que ser la posición es una que viole los principios de la política exterior mexicana.

La Embajadora Olga Pellicer, recientemente en un artículo, desarrolla cómo piensa que estos están en duda, porque sucedió recientemente y, sobre todo, no se use la política exterior para hacer política interna.

El repentino interés que hay sobre el tema, por supuesto corresponde al interés que hay por influir con este en la agenda política nacional, eso es lo que no es legítimo y eso es lo que no sirve al país.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado Emilio Salazar Farías: Gracias, señora Presidenta.

Compañeros, primero que nada, felicitar ampliamente el punto de Acuerdo de la Senadora Mariana Gómez del Campo, que creo que está lleno de verdad.

En 1992, Chávez quiere dar un golpe de Estado, éste es fallido, logra salir y de manera democrática busca ganar las elecciones y las gana en el ‘98, hace una gran reforma constitucional en el ‘99, y ajusta a las condiciones a su famosa Constitución Bolivariana que para todos lados la muestra, pero que nunca la cumple.

Se reelige tres veces, una vez reelecto, ante una enfermedad, tiene que dejar un sucesor y escoge a una gente que ya no le gustó lo que hizo su formador y hoy quiere una nueva Constitución, y hace una Asamblea Constituyente que a todas luces está llena de irregularidades.

Hablemos como son las cosas, hay una gran crisis personal en donde hay gente que no tiene medicinas, que no tiene alimentos, donde hay un grupo permanente por ayuda internacional.

Hoy me decía un venezolano: “por favor, digan algo, necesitamos ayuda humanitaria”.

Pero también en lo político hay una crisis.

¿Por qué?

Si el Tribunal máximo de Venezuela no le gusta el Presidente, cámbienlo.

Si la Asamblea me ganó democráticamente en el 15, los cambiamos.

Si la fiscal no está conmigo, la cambiamos.

O sea, el gobierno es sólo él.

¿Qué tendríamos qué hacer?

Primero que nada, con pleno respeto a la soberanía y de manera muy solidaria, reconocer a los grandes héroes de esa democracia: a López, a Capriles, a Ledezma, pero también al ciudadano común que con escudos, con piedras se enfrenta a la milicia y a las fuerzas del orden. Lo digamos como es, la democracia ya la hemos, aquí bastante, definido; la gente requiere apoyo para regresar a la reconstrucción democrática de este país.

Hoy, Carlos Puig en su columna cita la frase final de un libro que se llama “Patria o Muerte” de Alberto Barrera, y dice, y cito: “La muchedumbre parecía una marea caliente, húmeda, herida. Era una procesión roja, llena de dolor, envuelta en una tristeza irremediable. —Refiriéndose a la muerte de Chávez— Se movía tan despacio que no parecía avanzar sino simplemente balancearse, ir y venir sin ningún destino, alrededor de una caja vacía”.

Si no contribuimos a la reconstrucción de la democracia, el destino va a ser fatal, pero nunca será lo que ellos quieren.

Estemos solidariamente con ellos, hagamos un poquito de conciencia y revisemos la historia, no vayamos un día nosotros también a repetir algo como esto.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Emilio Salazar Farías.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

En Venezuela la llegada al poder del proyecto de la República Bolivariana provocó el rompimiento de su gobierno con el modelo neoliberal que se impuso en casi todo el mundo, rivalizando de manera directa con el gobierno de Estados Unidos al apartarse de su estrategia mundial sobre el petróleo.

Hasta antes de Chávez, Venezuela había sido el esquirol de los americanos en materia de petróleo.

Estados Unidos en Venezuela, como en casi toda Latinoamérica, ha ejercido y ejerce un intervencionismo político, económico, social y cultural, controlando sus gobiernos o desestabilizándolos cuando no admiten su control.

Nadie puede negar que en su inicio el proyecto de la República Bolivariana de Venezuela tuvo un enorme respaldo social, hoy la crisis en Venezuela es innegable, las imágenes de la confrontación social, que por cierto son difundidas en el mundo por cadenas informativas americanas, como parte de su estrategia intervencionista, hacen ver que en Venezuela hay violencia de Estado y represión.

Los abusos de cualquier régimen en contra de su población deben ser condenados, sin importar si ocurren en Caracas, Venezuela, o en Iguala, Guerrero, México.

En Venezuela la disputa por el poder que se da en las calles entre el propio pueblo e integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, es también la disputa entre grandes intereses económicos, nacionales e internacionales por el petróleo y el gas de ese país.

La lucha del pueblo venezolano es auténtica, se lucha por democracia, por libertades y por derechos humanos, sólo que detrás de este genuino movimiento, como lo he dicho, hay intereses económicos y políticos perversos.

No nos confundamos ni nos hagamos bolas, los órganos del Estado mexicano, como son el Poder Ejecutivo, a través de su Cancillería, el Congreso de la Unión con sus dos Cámaras, y aquí la Comisión Permanente, en asuntos de política exterior, los órganos del Estado mexicano, en asuntos de política exterior, debemos de ajustarnos a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Por ende, no podemos pronunciarnos por desconocer resultados electorales de otro país, mucho menos por romper relaciones diplomáticas.

El gobierno mexicano debería encabezar una estrategia de diálogo y acuerdo entre las partes y dejar de ser una extensión de la posición norteamericana en la crisis de Venezuela.

En el concierto de acciones, desafortunadamente no reconocen al gobierno de nuestro país la calidad moral para intervenir como consecuencia de los diversos casos de violación de derechos humanos y de impunidad que siguen abiertos.

Finalmente, los seres humanos del mundo entero debemos de pronunciarnos para Venezuela, para México y para cualquier país, debemos de pronunciarnos en contra de cualquier forma de totalitarismo, anarquía, estallido social y ilegitimidad del gobierno, y antidemocracia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La crisis política de Venezuela no se resolverá con la diplomacia agresiva que prefigura una intervención directa por parte del gobierno de Donald Trump, mucho menos se resolverá con la actitud de sometimiento del gobierno mexicano que va en contra de una larga tradición de no intervención en asuntos internos y de buscar siempre construir espacios de diálogo y negociación, como antes se hizo con el Grupo Contadora.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 1º de agosto sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al incluirlo en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, esta decisión se sumó a las sanciones decretadas el 26 de julio a otros trece funcionarios. Esta decisión prohíbe a ciudadanos estadounidenses a realizar transacciones comerciales y financieras con los acusados, así como el congelamiento de cuentas bancarias.

Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro también se ha endurecido, tras la realización de las elecciones de la Asamblea Legislativa, las detenciones de los opositores Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, y de Leopoldo López, quien se encontraba en prisión domiciliaria desde el 8 de julio, tensó aún más la situación y mereció la condena de Amnistía Internacional.

Son condenables las detenciones de cualquier opositor, pero esto no justifica la intervención directa, al contrario, es un llamado para articular de manera urgente una acción diplomática multilateral, latinoamericana, sin el tutelaje de ninguna potencia, ni la presión de Estados Unidos, la diplomacia mexicana alienada a la de Washington no está pensando en los intereses del pueblo venezolano, el canciller Mexicano Luis Videgaray redactó dos mensajes en su cuenta de twitter el 1º de agosto.

Dice uno: “Expresamos nuestra solidaridad con Leopoldo López, Antonio Ledezma y los demás presos políticos en Venezuela”.

El reencarcelamiento de López y Ledezma es un lamentable retroceso en la búsqueda de la paz y la reconciliación de Venezuela, hubiéramos esperado no sólo una condena, sino una convocatoria urgente al diálogo y a la mediación en medio de esta polarización diplomática.

Es inadmisible que el gobierno mexicano esté más ocupado en intervenir en los asuntos internos de un país hermano, que en resolver la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México, y el déficit democrático que ellos mismos han producido con su intervención en procesos electorales o el espionaje ilegal en contra de periodistas y activistas.

Por ello reprobamos el actuar de la Cancillería en una total irresponsabilidad que en lugar de ofrecerse para mediar ha tomado una posición de hostilidad que en nada abona a reestablecer la situación tan delicada de crisis institucional, episodios de violencia y una sociedad fracturada.

Ante esto, el gobierno mexicano debería ser un facilitador en los procesos de mediación y de diálogo, en lugar de dinamitar la relación diplomática con el gobierno venezolano.

Desde el Senado de la República, debemos exigir que la Cancillería mexicana explique esta errática actitud ante la crisis política interna de Venezuela y el alineamiento acrítico a las sanciones que dicte Estados Unidos y lanzamos un exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, para que deje de utilizar la política exterior y la crisis de un país hermano para fines de política interna y claramente partidistas, tratando de espantar al electorado y reeditar las campañas negras del pasado, porque sería una vergüenza que en su irresponsabilidad y el electorarismo, terminen haciendo más daño a quienes dicen defender.

Respetemos la soberanía de Venezuela y busquemos una herramienta para el diálogo y el acuerdo, veamos cómo encontrar una solución política y pacífica a este conflicto que hoy aqueja a un país hermano, en relación a la lectura del punto de Acuerdo, yo diría que se lea muy bien el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los principios de política exterior, que en particular, en la fracción X dice: “Corresponde al Presidente de la República, las facultades y obligaciones siguientes:

Fracción X. Dirigir la política exterior en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, etcétera.

Yo diría que si no están de acuerdo en este artículo de la Constitución Política que nos rige, pues cámbienla, pero no están facultados para pasar por encima de la Constitución.

Debemos respetar la soberanía de otros países para que respeten la nuestra.

Seamos impulsores del diálogo, ayudemos a una solución política al conflicto que enfrenta hoy Venezuela.

El buen juez, por su casa empieza, no sean candil de la calle y obscuridad de su casa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Y les pido, quienes quieran que los registre para hechos, como todavía no tengo oradores registrados, hemos sido más tolerantes con el tiempo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Primero, yo quiero dejar muy claro que no nos confundimos, ni tratemos de decir aquí o de venir a narrar hechos, que afortunadamente hemos venido narrando a lo largo de esta Legislatura, y poco a poco se han ido sumando a las voces a favor de la democracia en Venezuela, diferentes actores políticos de diferentes partidos políticos.

Yo quiero dejar claro, ahorita me di a la tarea, después de las intervenciones, de revisar Twitter, porque también tenemos un político mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador, que nos manda mensajes a través de las redes sociales.

Y yo he visto, con respecto a Venezuela, un silencio absoluto, un silencio absoluto en el que, incluso, cuando integrantes de este partido político, de Morena, se reunieron con la Embajadora de Venezuela aquí en México, para implementar de la mano talleres de capacitación, incluso la misma Embajada agradeció también, a través de las redes sociales, a través de diversos tuits, el respaldo de Morena hacia el gobierno Bolivariano de Venezuela, hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Un gobierno que, desafortunadamente, hoy tiene secuestrado al Poder Judicial, con jueces nombrados mediante un proceso demasiado cuestionado; un Consejo Nacional Electoral que les negó a los venezolanos su derecho a un referendo revocatorio, pero eso sí, agilizó rápidamente el proceso de elección de una Asamblea Constituyente a todas luces ilegal.

Un país en el que se prohíbe la manifestación contra un reiterado asedio a la democracia.

La represión sistemática a ciudadanos que se manifiestan por un país mejor que ha provocado más de 100 muertes; más de 400 presos políticos que enfrentan procesos viciados en tribunales militares; el asedio de fuerzas de la Guardia Nacional contra Diputados, por cierto representantes democráticamente electos, como todos los que estamos hoy aquí, en su recinto de la Asamblea Nacional.

Cuando se le cuestiona a la Cancillería, y yo quiero dejar claro que durante varios meses cuestioné el actuar de la Cancillería, sí quiero decir que hoy tenemos una Cancillería que ha llamado al diálogo; hoy tenemos una Cancillería que ha hablado del respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la democracia en Venezuela, lo pueden ver ustedes en los diferentes medios de comunicación.

Recordar también, porque eso es muy importante, y le solicito al Presidente, si no tiene inconveniente la Asamblea, quisiera dar algunos datos que me parecen importantes.

El señor Nicolás Maduro insultó al Presidente Peña Nieto y a México; insultó también al Presidente Juan Manuel Santos y a Colombia.

Nos llamó “súbditos de los Estados Unidos”.

Por supuesto que tiene que haber una reacción del gobierno mexicano y del Parlamento ante estos señalamientos.

No podemos intervenir, ese es un enorme pretexto para a veces no hablar de los temas importantes para México, de acuerdo a lo que marca el artículo 89 de nuestra Constitución; pero también recordemos la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, en donde se habla claramente de la defensa de la democracia y de la defensa de los derechos humanos.

Yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo para sumarnos, para poder hacer un pronunciamiento desde la Comisión Permanente, un pronunciamiento, que incluso veníamos trabajando días atrás, en donde creo que es fundamental que pueda darse este acuerdo desde la Mesa Directiva.

Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sí creo que debe desconocer los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, celebrada el pasado domingo 30 de julio. No cumplió con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país y representa un instrumento para la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, además de haberse desarrollado en medio de una cruda represión que provocó la muerte de 16 personas.

Solamente le recuerdo que la comunidad internacional ha rechazado las fraudulentas elecciones del domingo pasado.

Este no es un tema exclusivo del gobierno mexicano, es un tema que rechazaron países como: Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Suiza, Chile, España, Reino Unido, Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento Europeo.

Más adelante seguiré hablando del tema.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La vuelvo a registrar, si quiere, Senadora. Gracias. Qué amable, Senadora Mariana Gómez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela ha incrementado el deterioro democrático de esa nación, generando mayor inconformidad en la población y en la sociedad internacional.

Los comicios estuvieron marcados por una nueva jornada de violencia, que cobró más vidas y en la que las autoridades venezolanas coartaron derechos fundamentales, como la libertad de reunión, de asociación pacífica y de expresión.

A nivel mundial, diversos países, organizaciones internacionales y no gubernamentales desconocieron los comicios por ser inconstitucionales y contrarios a los principios básicos de la democracia.

Las acciones de represión y violencia observadas en la jornada no responden a los ideales que guían a la sociedad internacional.

Este es un momento crítico para la población de este país que se ha visto fuertemente afectada por el desabasto de productos básicos, de medicamentos, la inflación, la pobreza, la violencia y una descomposición del tejido social cada vez más sensible.

La realización de los comicios y la detención de dirigentes de la oposición no abonan a la solución de la crisis política y social, sino que la empeoran.

El diálogo constructivo y el entendimiento entre las partes son la única vía para la reconciliación, la solución de la crisis y el restablecimiento del orden democrático y constitucional en Venezuela.

México constantemente se ha posicionado a favor de la negociación y la solución pacífica y democrática del conflicto, ofreciendo su absoluta disposición para apoyar por la vía diplomática y en estricto respeto a la soberanía e independencia de Venezuela.

Históricamente, nuestro país ha sido un actor fundamental para la solución diplomática y pacífica de los conflictos en la región latinoamericana, hoy es importante reafirmar esta vocación.
Ante este panorama, México debe actuar con liderazgo e instar a los demás países latinoamericanos y de otras partes del mundo a sumarse en apoyo al pueblo venezolano y por la pronta solución de su deterioro político-social interno.

En este sentido, nuestro país debe pronunciarse a favor de la búsqueda de una solución pacífica y diplomática, misma que garantice el restablecimiento del estado de derecho, la soberanía y el respeto a las instituciones del Estado venezolano, todo ello con estricto apego a las disposiciones establecidas en su Constitución.

Debemos rechazar las acciones violentas, detenciones ilegales y el empleo de la fuerza que ha sufrido la población al manifestarse en las calles de ese país.

La democracia es incompatible con los altos e insostenibles niveles de violencia que se presentan actualmente en Venezuela.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI, respaldamos la posición del gobierno mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores: Nos manifestamos, los legisladores del PRI, en apoyo al pueblo de Venezuela para que se restablezca pronto el orden constitucional e institucional y que se respete el derecho de libre manifestación de las ideas de los grupos opositores.

Rechazamos firmemente los actos de violencia y la trasgresión de los derechos humanos, efectuados por el gobierno, en contra del pueblo venezolano.

Hacemos votos porque se encuentre pronto una solución duradera al conflicto, que sea acorde a los valores de la democracia y el orden constitucional venezolano.

Coincidimos en que no se debe de aprovechar un problema exterior para hacer política interior.

Por ahí anda un líder de un partido, buscando hacer amarres con actores políticos de otros países para lucrar políticamente en México.

Finalmente, compañeras y compañeros, la política populista, en cualquier país, ha demostrado su ineficacia en todas las sociedades del mundo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Marco Antonio Olvera.

Me han solicitado el uso de la tribuna, para rectificación de hechos, los siguientes legisladores: El Senador David Monreal, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Diputado Vidal Llerenas y la Senadora Mariana Gómez del Campo. ¿Alguien más desea que lo anote? El Senador Barbosa y la Diputada Maricela, y apunto a todos los demás que quieran.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

En décadas pasadas, México se caracterizó por anticiparse a otras naciones.

Muestra de ello es la separación de la Iglesia y del Estado, el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de otras naciones.

En este sentido, es necesario mencionar que en 1867, el mejor presidente que ha tenido México, don Benito Juárez García, mencionó: “Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La frase expresa el derecho cosmopolita de que todos los seres humanos y naciones son libres y soberanos para autogobernarse y autodeterminarse, cuestión que tanto el ex presidente liberal Juárez, como el filósofo alemán Immanuel Kant, lo entendieron y lo defendieron.

El primero en su gobierno y el segundo en la teoría con su libro “Sobre la Paz Perpetua”.

El derecho a autogobernarse y autodeterminarse debe ser respetado, promovido, protegido y garantizado por los Estados.

Tiene que ser entendido con la autonomía plena que posee cada país dentro de su territorio para tomar sus propias decisiones, sin que en ellas intervengan fuerzas externas.

En este sentido, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que en la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo debe observar los principios normativos, como son: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz.

Sin embargo, la postura de injerencia en asuntos internos de otras naciones que México ha tomado en los últimos años, es contraria a lo establecido en la Constitución.

En medio de los hechos internos recientes en la República Bolivariana de Venezuela y bajo una postura injerencista, el gobierno mexicano se autoproclama obispo de la democracia para señalar y juzgar los acontecimientos recientes de esa nación.

¿Qué pretende el gobierno mexicano con esta actitud injerencista?

¿A favor de quién permitirá la misma injerencia en México en las elecciones del 2018?

¿O acaso el gobierno mexicano pretende justificar ese mismo intervencionismo para nuestro país, en caso de ser necesario?

¿A qué intereses responde esa actitud del gobierno federal?

Sin embargo, se niega a señalar con esa misma intensidad lo que acontece al interior de México, y tal parece que una de sus intenciones es distraer a la opinión pública, respecto de la manera en que se ha de resolver el fraude electoral en Coahuila y el Estado de México. Sin olvidar las elecciones del 2006 y el 2012.

¿Por qué están tan preocupados por los resultados de una Asamblea Constituyente de un país autónomo, independiente, y no por las elecciones nacionales más controvertidas?

¿Acaso no deberían probar su calidad moral, dando total transparencia a los resultados electorales en Coahuila y el Estado de México?

Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Lamentablemente se le olvida el caso de Tlatlaya, donde elementos del Ejército nacional asesinaron de manera arbitraria a 22 personas.

Otro grave caso que ya se les olvidó, es la violación de los derechos humanos en la que prefirieron no condenar los hechos, y que han olvidado la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, donde las investigaciones hechas por el Grupo de Especialistas manifiestan impunidad por parte del gobierno federal para esclarecer ese hecho.

Las cifras hablan por sí solas. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se tienen registrados, hasta el momento, más de 160 mil homicidios; más de 30 mil desaparecidos en el país; y sólo en el año 2016, 35 mil 433 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados; y en el 2016 y 2017, se han localizado poco más de 855 fosas clandestinas.

La administración federal también ha manifestado su preocupación por la presunta violación de los derechos a la información en el pueblo de Venezuela, ha expresado que el gobierno de aquel país se ha convertido en una dictadura que coopta los medios de comunicación para influir en la sociedad venezolana.

La preocupación del gobierno contrasta con la situación que vive el gremio periodístico en nuestro país, siendo el sexenio de Enrique Peña Nieto uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.

En lo que va de la administración se han registrado, al menos, 37 asesinatos de periodistas, y se han presentado, cuando menos, 700 denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El ataque a un periodista es un peligro directo a la libertad que tiene una sociedad para conocer y entender su realidad social.

Preocupación manifiesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia Venezuela, y no para nuestro país.

En lugar de ocupar su tiempo en intentar influir en la situación de Venezuela, especialistas en el tema han hecho un llamado al gobierno mexicano a estar atentos en la actitud injerencista de los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro país, con el pretexto del narcotráfico, y pretenden extender sus actividades de vigilancia al territorio mexicano violando totalmente la soberanía nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador David Monreal.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores:

El silencio es complicidad, los hechos son contundentes.

¿Hay libertad de expresión en Venezuela? No.

¿Hay libertad de medios de comunicación? No.

¿Hay libertad de tránsito? No.

¿Hay mejores condiciones de vida y bienestar? No.
¿Hay estado de derecho? No.

¿Hay contrapeso republicano? No.

Frente a eso, tenemos principios de política exterior, y tenemos que poner la jerarquía de las circunstancias: los derechos humanos y, por supuesto que también, el estado de derecho.

Nuestra solidaridad con Venezuela y los venezolanos, nuestra condena a los hechos flagrantes de violencia y de falta de legalidad, y también nuestra exigencia solidaria para que Venezuela encuentre su propio camino de desarrollo. Y también nuestro exhorto para que la diplomacia mexicana encuentre los mejores caminos de respeto en la armonización de los derechos.

Estamos de acuerdo en la propuesta que se hace.

Primero. Desconocer los resultados de una elección ilegal y fraudulenta del domingo pasado.

Segundo. Condenar la violencia y la reaprehensión de personas, como Leopoldo López y de Antonio Ledezma.

Tercero. Un exhorto a la Cancillería y a los mejores instrumentos de la diplomacia mexicana para poder coadyuvar respetuosamente a su solución.

Las preguntas son muy claras. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Cuánto vale la libertad? ¿Cuánto vale el estado de derecho?

¡Que viva Venezuela!

¡Que vivan los venezolanos!

Y que México encuentre mejores caminos de solidaridad.

Es cuanto.

El Presidente Senador Juan Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señor Presidente.

Entendemos el interés que hay sobre la opinión de Andrés Manuel López Obrador en todos los temas, pues va a ser el Presidente. Entonces, entendemos por qué viene a cuento.

Reiteramos que la posición nuestra es en favor del diálogo, de la paz, de restablecer la concordia en ese país, de que se busquen instancias, se mencionó al propio Vaticano como una instancia que puede coadyuvar a esto.

Dudamos que ciertas posiciones agresivas del gobierno mexicano, y con eso mencionaba también a la Embajadora Olga Pellicer, que también duda, entre otras personas, coadyuven precisamente a este restablecimiento de la paz.

Entendemos también que llama la atención que López Obrador hoy esté en un proceso de diálogo con líderes políticos de izquierda en América Latina, porque ante la pérdida de liderazgo de nuestro país en esa región, pues él lo está asumiendo y entonces México está de nuevo retomando el liderazgo y exponiendo nuevos puntos de vista.

Lo importante, si somos serios, lo importante, si de veras queremos contribuir a mejorar la región, es ser responsables en este tema y pronunciarnos por la paz y por el diálogo.

Gracias.

El Presidente Senador Juan Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Vidal Llerenas Morales.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Después de ella tengo registrados al Senador Miguel Barbosa Huerta y a la Diputada Maricela Contreras Julián. ¿Alguien más desea que lo registre?

Adelante, Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Bueno, compartir que por supuesto que hay interés por parte de la clase política de este país para que López Obrador se manifieste, porque durante muchos años, y ustedes no me dejarán mentir, se ha hablado de este posible financiamiento a López Obrador por parte del gobierno de Venezuela, y estamos hablando desde la época de Hugo Chávez.

Y como es tan atrevido y tan arrebatado el señor Maduro, entiendo que probablemente no se manifieste el señor López Obrador, porque pueda sentir ese temor de que le quiten la máscara, por eso queremos que sí lo haga y por eso insistimos para que lo haga.

Si se reúne o no con líderes de la región, ésa es otra historia, qué bueno, hay que seguir fortaleciendo las relaciones de nuestro país, hay que seguir fortaleciendo la relación con Chile, una relación bastante fuerte, empezando porque con Chile tenemos la Alianza del Pacífico, muy trabajada durante muchos años.

Yo sí no quiero dejar de mencionar, y por eso tan importante que esta Mesa Directiva, que el Congreso de la Unión exprese concretamente su preocupación por la revocación del arresto domiciliario, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición, al suponer una violación a sus derechos civiles y políticos.

Yo quiero compartirles, en esta locura que le ha entrado al señor que, según él, gobierna Venezuela, en donde asegura que ambos políticos tenían un plan de fuga, que habían hecho actos de proselitismo político.

¿Se imaginan a cualquiera de nosotros estar en la cárcel por haber ejecutado actos de proselitismo político? Claro que es un tema a reflexionar; claro que es un tema que en la región debemos debatir; claro que es un tema al que hay que entrarle, y hay que entrarle desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Celebro, insisto, que en esta Comisión Permanente estemos debatiendo el tema. Y yo sólo quiero compartirles, y con estas cifras cerraría, que según el Consejo Nacional de Elecciones, el domingo acudieron a las urnas 8.1 millones de venezolanos, estamos hablando del 41.43 por ciento de los electores, cuando en las calles se llevaba a cabo una verdadera masacre al pueblo venezolano. No hay posibilidad de que haya salido tal cantidad de gente a votar.

Las redes sociales mostraron todo el día las calles vacías, y les recuerdo que en diciembre de 2015, un grupo de Senadores y Diputados asistimos como observadores a la elección legislativa. Hubo una participación de más de 13 millones de venezolanos, de los cuales sólo poco más de 5.5 millones votaron por el oficialismo.

¿Quién va a creer que en año y medio, en medio de una crisis profunda, la más profunda y triste en la historia de Venezuela, van a obtener 2.5 millones más de apoyo? Es completamente ridículo y absurdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Tiene el uso de la Tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta, y luego la Diputada Maricela Contreras Julián.

Ya no tengo a nadie registrado. Después de la Diputada Maricela Contreras voy a preguntar si está suficientemente discutido. ¿Alguien más desea que lo registre en este momento?

Adelante, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Primero voy a referirme a la propuesta de pronunciamiento que nos va a hacer la Mesa Directiva. Tiene tres posiciones:

Una, que se refiere, la primera, a desconocer los resultados de la elección, como haya sido, por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo, con todos los vicios que aquí se han dicho, y de los cuales puedo compartir todos, pero que de ser propuesto por la Mesa Directiva y aprobado por este órgano del Estado mexicano sería anticonstitucional, y lo saben todos los que tienen un mínimo conocimiento de lo que es la política exterior mexicana y sus lineamientos que establece el artículo 81 constitucional, violaría los principios de no intervención y autodeterminación.

Así es que me pronuncio en contra de este primer pronunciamiento, por ser violatorio de la Constitución, como aquí lo compartieron algunos legisladores de grupos parlamentarios.

Y me pronuncio en favor de los dos siguientes:

El tema de la detención, nuevamente, de parte de Leopoldo López y de Ledezma; y el tema, en todo caso, solicitudes de refugio. Por eso sí a favor, porque son asuntos de derechos humanos, de manera muy clara, porque es parte de los principios de política exterior de nuestra Constitución, el tema de promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

Así es que, de manera muy clara, vamos a violar la Constitución si aprobamos este pronunciamiento en el numeral primero, y no violaríamos la Constitución y estaríamos a favor por el segundo y tercero.

Y después, pues no podía dejar de ser así. Parece que el tema era Venezuela, no era López Obrador; parece que la oportunidad del señalamiento y utilizar esa estrategia de miedo y de acechamiento desde la derecha hacia López Obrador está presente, aquí está presente, aquí se manifiesta, como dijo Vidal Llerenas, “el miedo para que llegue López Obrador a la Presidencia de la República”.

¡No, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan! O sea, de verdad, no utilicen este tipo de foros, de escenarios para hacer politiquería, politiquería.

Como dijo López Obrador: “Presenten una sola prueba, una sola prueba de la vinculación”.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) ¡Su silencio!

El Senador Miguel Barbosa Huerta: ¡Hay, por favor! ¡Su silencio!

Parece novela. “El silencio te acusa”.

“El que calla, otorga”. ¡Por favor!

Hagamos cosas serias, no hagamos mamarracherías.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Diputada Maricela Contreras Julián.

Al término de la Diputada, preguntaré si está suficientemente discutido, de lo contrario, seguiremos con la lista de oradores.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente.

Todavía me recuerdo, aunque ya estamos muy lejos de lo que fue el espectacular y extraordinario papel de México como coadyuvante para la paz en El Salvador, de verdad que eso era hacer política exterior.

Ser líder, como en aquellos tiempos se consideraba a México para América Latina por esas posiciones en política exterior, de la que tenemos enseñanzas por el gran Isidro Fabela y por Genaro Estrada, que establecieron estos principios de no intervención y de no injerencismo. Eso queda muy lejos de lo que se hace en política exterior actualmente.

Hacer estos ridículos en la OEA, proponiendo puntos de acuerdo en contra de otro país, que además ni siquiera tienen éxito, eso implica que hay una falta de experiencia de quienes están al frente de la Cancillería.

De verdad que también, cuando oigo hablar de detenciones ilegales, de muertos, de corrupción, de tortura, de presos políticos, de elecciones fraudulentas, eso de pronto me parece como si estuviéramos hablando de diversos momentos de México, porque justamente eso tenemos y eso se ha denunciado en muchos casos en nuestro país.

Yo quisiera decir que es muy lamentable que esta hora de discusión política la dediquemos a un país de América Latina y no la dediquemos a discutir los problemas profundos que tenemos en México.

Por ejemplo, van 30 muertos en tan solo 22 horas en Sinaloa; 1000 muertos en lo que va del año. Si eso no nos estruje el corazón para atender los problemas que tenemos en nuestro país, yo no sé qué nos pueda mover.

Resultan muertos marinos y zetas en enfrentamientos en Tamaulipas; denuncian la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; escándalo en el gobierno federal por Casa Blanca del Presidente; el gobierno espía a periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos; exigen la renuncia de Secretario de Estado por casos de corrupción; siete ex gobernadores en procesos penales por corrupción; México, uno de los países más hambrientos, aún sin tener un conflicto armado.

No es Venezuela, es nuestro país lo que tendría que estarnos interesando.

Sin embargo, diremos que el pronunciamiento que se está pretendiendo hacer desde la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, no va a abonar en nada a una solución pacífica de los conflictos de Venezuela; no va a aportar nada como coadyuvante en el acercamiento de los diferendos que hay en Venezuela.

Quiero decir y quiero preguntar, si alguien ha visto a Felipe Calderón Hinojosa protestando por los asesinatos de periodistas en México. Pueden aquí referirse a los 60 periodistas asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón.

Pero todas estas evidencias nos llevan a pensar que hay una derecha mexicana que son promotoras de odio a otros países, en lugar de ser promotores de la concordia.

Quieren aprovechar para su beneficio político electoral la situación que vive Venezuela; y tenemos, además, un país que se ha plegado a los Estados Unidos de manera vergonzosa.

Y en realidad, si este conflicto fuera en otro país, pues los dejarían que se mataran y ni se meterían.

¿Cuál es el verdadero conflicto que tenemos en Venezuela? Que quieren tener el control del petróleo. Es Venezuela un país estratégico por su biodiversidad y por su petróleo.

Como México ya cedió todo a las industrias internacionales, a las industrias extranjeras, pues ya no queda más que ser el títere de los Estados Unidos en este punto.

Yo creo que tenemos que ir a eso, Estados Unidos utiliza a México para hacerse del petróleo de Venezuela.

Y este punto de Acuerdo que se pretende llevar a cabo, este pronunciamiento desde la Mesa Directiva, lo único que va a abonar es a que se polarice el conflicto en Venezuela.

Nosotros estamos porque México se pronuncie por la tradición diplomática de nuestra nación de no intervencionismo y de no injerencia.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Muy bien. Ha sido suficientemente discutido.

 






Ahora vamos a dar paso al pronunciamiento de la Mesa Directiva respecto a la situación de la República de Venezuela.

PRONUNCIAMIENTO



Denle sonido, por favor, a la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Entiendo que eso es de la Mesa Directiva.

En el caso del Partido de la Revolución Democrática no podemos compartir esa redacción, por lo que hemos posicionado, y le pediría que de tomar votación fuera nominal para que quede perfectamente claro que son las derechas de México las únicas que quieren la confrontación y el odio, nosotros estamos por el diálogo y la concordia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Senadora, no estamos votando un punto de Acuerdo, es un pronunciamiento de la Mesa Directiva.

Y al final pediría a la Secretaría que dé lectura quiénes suscriben el Acuerdo, que no está a votación.

Ha quedado registrado en el Diario de Debates la posición que han tenido y su comentario también, Senadora Padierna

Adelante, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, señor Presidente.

Como lo expresé en tribuna, de mi parte estaríamos en contra del pronunciamiento, primero. Aun cuando se quitó el término de desconocer resultados, sigues violando el principio constitucional de no intervención y autodeterminación.

Porque, ¿cómo podemos calificar desde un órgano del Estado mexicano, en concreto la Comisión Permanente, si se violaron o no disposiciones constitucionales de un país hermano como Venezuela? ¿Cómo podemos arrogar ese derecho de que se violaron disposiciones constitucionales en ese proceso?

Entonces, yo votaré, perdón, ya me aclaró usted, no se va a votar, estoy en contra de ese pronunciamiento, primero, y estoy a favor de los dos segundos, del segundo y el tercero.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Barbosa. Se registra en el Diario de los Debates su comentario.

Y pido la Secretaría que dé lectura, simplemente para que quede registrado en el Diario de los Debates, de quiénes suscriben el Acuerdo por parte de la Mesa Directiva.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Mesa Directiva.

Presidente, Senador Pablo Escudero Morales.- Rúbrica.

Vicepresidenta, Diputada Gloria Himelda Félix Niebla.- Rúbrica.

Vicepresidenta, Diputada Karla Karina Osuna Carranco.- Rúbrica.

Secretaria, Diputada María del Carmen Pinete Vargas.- Rúbrica.

Secretaria, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.- Rúbrica.

Y no firman este Acuerdo, el Senador Isidro Pedraza Chávez, Secretario; y el Senador David Monreal Ávila.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, he dado cuenta del Acuerdo.






Compañeros legisladores: Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del reglamento del senado de la república, someto a la consideración del pleno del senado de la república, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXX, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema tributario forma parte de los instrumentos con que cuenta el Estado para obtener recursos y destinarlos a financiar el gasto público y de esta manera proveer a la sociedad los bienes y servicios que demanda. En este sentido, la política tributaria es un instrumento central en el conjunto de las políticas públicas.

La recaudación tributaria, sin embargo, no sólo sirve como un instrumento para generar ingresos; el sistema impositivo también puede perseguir otros objetivos de carácter social, tales como, mejorar el bienestar de los ciudadanos pertenecientes a los  grupos sociales menos favorecidos, cuando se le usa como instrumento para la redistribución del ingreso y disminución de la desigualdad. Además puede trascender los objetivos meramente recaudatorios y abocarse al fomento de la inversión en sectores económicos específicos y a la generación de empleos, en ese sentido, la recaudación tributaria tiene un objetivo promotor de la actividad económica, como mecanismo indirecto para aumentar la recaudación.

La política tributaria puede tener estos tres atributos, puede ser recaudatoria, cuando genera ingresos directos, puede ser promotora de la actividad económica lo que genera ingresos indirectos y además puede usarse como instrumento redistribuidor del ingreso. El propósito de la presente iniciativa es recuperar para el sistema tributario de México, el equilibrio de estos tres objetivos de la política tributaria; recaudación, promoción de la actividad económica y empleo, así como equidad y justicia social.

El objeto de esta iniciativa es derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), para eliminar de la legislación tributaria los límites a la deducción de gastos de previsión social que realizan las empresas, para beneficio de los trabajadores.

El concepto de deducción de impuestos forma parte de la política tributaria y se refiere a apoyos indirectos, generalmente auto-aplicativos, otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante el sistema tributario. Así, las deducciones de impuestos no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos por el Estado, sino que permiten a los contribuyentes beneficiarios disminuir la base gravable y con ello liberar recursos para financiar otras actividades o beneficiar a grupos sociales específicos y/o impulsar a sectores determinados de la economía.

Dentro de estos supuestos de beneficio social e impulso a sectores específicos de la economía, se encuentran las aportaciones de Previsión Social que realizan los patrones para incrementar las remuneraciones totales de los trabajadores sin incrementar los costos laborales de las empresas y sin afectar los ingresos de la federación, liberando en el corto plazo recursos para capital de trabajo de las empresas y apuntalando el consumo presente de los trabajadores, al tiempo que garantiza su bienestar futuro, todo lo cual beneficia el desempeño de la economía,  actúa a favor de la justicia social y de la misma recaudación.

El Maestro Mario de la Cueva definió a la previsión social como “el apoyo económico otorgado a los trabajadores así como a sus familias en caso de sobrevenir la falta de medios para subsistir por motivos naturales o involuntarios”, derivados de accidentes, enfermedades, paros forzosos, invalidez, vejez o fallecimiento. De la Cueva agregó que bajo esta figura el trabajo adquirió su más alta dimensión, proyectada en dos momentos sucesivos de la vida: primeramente, es la fuente humana del salario, cuya misión consiste en asegurar al trabajador una existencia diaria decorosa y, en segundo momento, es el motor de las asignaciones del futuro, cuando la actividad presente se torna difícil o imposible. 1

En nuestra economía se han vivido, a lo largo del tiempo, diferentes episodios que han mermado el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores mexicanos, los salarios reales han bajado por la dinámica de la inflación, por lo que muchas empresas y sus sindicatos de trabajadores han acordado diferentes modos de compensarlos por esta situación y encuentran la forma ideal de mejorar el nivel de vida de sus trabajadores pactando diversas prestaciones de previsión social.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); “Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas”. La previsión social tiene como finalidad, otorgar mayores beneficios a los trabajadores que los establecidos en la ley laboral.

Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2014, la deducibilidad de las prestaciones correspondientes a la previsión social se ha reducido del 100%, al 53% o al 47%, con lo que se ha afectado a los trabajadores que la reciben, pues el costo de la nómina aumentó y los patrones han reducido el otorgamiento de estas prestaciones adicionales que repercutían favorablemente en el nivel de vida de los trabajadores.

Cuando entró en vigor la reforma fiscal, los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) calcularon que por la disminución de la deducibilidad de las prestaciones el costo de nómina aumentaría entre 4 y 15 por ciento. Un semestre después, los costos se elevaron y las empresas de acuerdo con los sindicaos buscaron mitigar este efecto mediante bonos de productividad y con la estratificación de prestaciones diferenciando entre empleados de producción y administrativos.

Por otra parte, este sesgo recaudatorio de la reforma fiscal de 2014, cumple parcialmente el objetivo de recaudación, toda vez que al no cumplir el objetivo promotor, la política fiscal no abona a promover el trabajo formal y la inversión, con lo que se afecta el crecimiento económico y del empleo, por lo que haciendo un balance, este afán recaudatorio, paradójicamente no fortalece la recaudación, y tampoco se estimula la inversión y el consumo en el mercado interno.

A tres años de su entrada en vigor, la reducción de la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus trabajadores ha tenido el efecto adverso de precarizar aún más el mercado laboral y mermar el poder adquisitivo del sector formal de la economía. Otro efecto no deseado de esta disminución, cosiste en que las empresas disminuyeron el ritmo de nuevas contrataciones, y además, esta reducción de la deducibilidad se centra sobre el salario que percibe actualmente el trabajador, debido a que sus prestaciones son menores.

En la incorporación de límites de deducibilidad a los empresarios, se estableció limitar las deducciones de gastos necesarios para obtener los ingresos, entre los cuales se destaca la no deducibilidad de los pagos que se realicen a los trabajadores, que sean ingresos exentos, de manera parcial o total para estos, así como la no deducibilidad de las cuotas obreras pagadas por el patrón y las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Anteriormente a la reforma fiscal de 2014, las empresas deducían el 100% de las prestaciones sociales adicionales al salario.

Este sesgo recaudatorio de la política tributaria se puede ver en la redacción del artículo 28 de la Ley del ISR:

Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

Fracción I, “Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.

Párrafo segundo: “Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación”.

Esto significa que no son deducibles las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir las cuotas de seguridad social, a cargo del trabajador, que sean pagadas por el patrón.

En la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, se limita la deducibilidad de los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para el trabajador (tales como previsión social, cajas y fondos de ahorros, gratificación anual, horas extras, prima dominical, entre otros, toda vez que únicamente serán deducibles, hasta el 53% de dichos pagos; o bien, cuando las prestaciones no hayan disminuido respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior, hasta el 47%.

Cabe mencionar que estos límites a la deducibilidad incluyen rubros específicos a que están obligados los patrones de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, tales como el tiempo extra, el aguinaldo, las indemnizaciones, etc. Además, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) anterior a la reforma, una parte de estos pagos estaban exentos, es decir, no era una prestación que el empleador otorga y puede evitar.

Además, también había prestaciones establecidas en los contratos  colectivos, y que estaban exentas, en base a las  reglas que se establecieron en la LISR, por ejemplo, los fondos de ahorro y la previsión social, que en la medida que cumplieran con los topes establecidos y requisitos de generalidad, eran deducibles y no se podían eliminar por estar establecidos en los contratos.

Tratándose de las prestaciones, estas se establecieron con la finalidad de garantizar el bienestar a los trabajadores; en este sentido si las empresas persiguen ese fin, que es otorgar previsión social para los trabajadores y sus beneficiarios, carece de sentido social penalizar a los empresarios que las otorgan.

Las prestaciones de Previsión Social, aludidas, se describen en el artículo 93 de la LISR y no constituyen una remuneración a un servicio prestado, sino que se entregan para complementar y acrecentar el ámbito de desarrollo físico, social y cultural del trabajador; por otra parte, otorgarlas a los trabajadores es un estímulo que redunda en una mayor productividad y ayuda a apuntalar la posición competitiva de las empresas; esto no sólo beneficia al trabajador, sino, y sobre todo a las empresas en el largo plazo, al contar con empleados satisfechos de las labores que realizan y al mismo tiempo eleva la calidad de los empleos formales. Adicionalmente a escala macro, beneficia al consumo y es fuente de dinamismo de la economía.

Adicionalmente la distribución de estas prestaciones tiene otro objetivo realista, que es el de resarcir el poder de compra del salario, erosionado por la inflación y que además se establecen en los contratos colectivos de trabajo razón por la que los empresarios tienen que seguir otorgándolas.

En el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que se debe de contribuir de manera proporcional y equitativa, esto significa que la contribución de las personas morales y físicas se debe realizar sin que se afecte de manera excesiva los ingresos de los contribuyentes, sin embargo actualmente se puede observar que muchos de los impuestos que se aportan al Estado, afectan directamente al sector productivo y al sector más vulnerable de la población, es decir a los trabajadores.

Esta medida de limitar la deducibilidad de las prestaciones de previsión social establecida en la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ha generado desde su entrada en vigor, que se genere controversia, por ello, se han presentado diversas solicitudes de amparo en las diferentes instancias del poder judicial, mismas que han llegado hasta la Suprema Corte de justicia de la Nación. La Primera Sala de la máxima instancia judicial de nuestro país, emitió una tesis de jurisprudencia, en la que se considera que existen deducciones de tipo estructural que el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes; y que así mismo, por principio de contradicción, existen deducciones no estructurales con el objeto de obtener una finalidad específica, propia de la política fiscal del estado o de carácter extra fiscal.

De acuerdo con lo anterior, existe sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, que en sus análisis se consideró que los pagos realizados por el patrón a nombre de sus trabajadores constituyen una deducción de carácter estructural y que, por ende, al no ser procedente su deducibilidad se contraviene el principio de proporcionalidad tributaria previsto por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejar de reconocerse el impacto que tales erogaciones tienen en el ingreso obtenido por el patrón, objeto del ISR.

Por su parte, la Segunda Sala de la SCJN, señaló en 2016 que en relación a las  deducciones en el Impuesto Sobre la Renta y en base a la Teoría de la Simetría en materia de tributos, y abandonando los principios de equidad y proporcionalidad,  que la  limitante a las deducciones no está en contra de los principios de la justicia tributaria, ya que aunque se trata de gastos patronales para la generación del ingreso de los trabajadores, lo cierto es que las deducciones estructurales pueden ser limitadas, siempre y cuando sean racionales y razonables. Con lo anterior se determinó que es constitucional la limitante a la deducción de protección y previsión social, y prestaciones laborales y con ello se desalienta la continuidad de otorgar prestaciones sociales a los trabajadores, ya que las empresas se ven afectadas.2

Es claro que el esquema fiscal vigente beneficia a los trabajadores, pues los montos que el empleador destina a su favor; si no exceden  dichas remuneraciones de siete salarios mínimos, no se sujetan a carga fiscal alguna. La posibilidad de deducir  estas cantidades no constituye un beneficio para los patrones, como se ha señalado, ya que como se ha reiterado simplemente  se reconoce que el pago de los salarios y prestaciones  que derivan de la legislación laboral son estrictamente indispensable en el que debe incurrirse para generar ingresos para la empresa. Se trata de recursos monetarios que al abandonar la esfera patrimonial de la empresa no pueden sujetarse a una carga fiscal para dicha empresa.

La posibilidad que otorga la ley para deducir fiscalmente erogaciones a los empleadores es un reconocimiento esencial de la mecánica del ISR por lo que se grava la utilidad realmente obtenida en el ejercicio fiscal, siendo una visualización contraria a la de la Suprema Corte de justicia de la Nación.

En este sentido, conforme a la fracción XXX del artículo 28 de LISR, todas las prestaciones exentas para los trabajadores no son deducibles para los patrones en la proporción que resulte de aplicar el factor 0.53 al monto de dichos pagos, lo cual  significa que solamente es deducible el 47 por ciento de dichas prestaciones. Este procedimiento, sin embargo, no refleja la verdadera situación contributiva de las empresas, toda vez que les impone determinar una utilidad que realmente no reporta su operación, en el entendido de que los pagos que una empresa realiza por concepto de gastos de previsión social ciertamente trascienden en la determinación de su capacidad contributiva.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia interpreta este controvertido artículo, apartándose de los criterios de una tributación equitativa y proporcional. Pero la constitucionalidad del artículo 28 sigue estando sujeta a interpretación, pues resulta que para apoyar el objetivo recaudatorio del Estado, no se cumpla con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Es importante comentar que en el mes de abril del 2016, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región de Poder Judicial de la Federación en materia administrativa en el Distrito Federal, otorgó un amparo a una empresa en contra del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2014; al resolver los juicios de amparo indirectos interpuestos en contra de la citada fracción, se arribó a la conclusión de que los gastos de previsión social resultan “...indispensables y necesarios para la obtención de los ingresos...”, dado que se refieren a conceptos que integran el salario en el sentido amplio al que se refieren los artículos 82 y 84 de la Le Federal del Trabajo.

Así las cosas, al constituir erogaciones obligatorias y formales para el patrón (ya sea que deriven de la propia Ley, de un contrato individual, de un contrato colectivo o de la costumbre) que afectan de manera negativa su utilidad bruta, debe reconocerse su deducibilidad al 100 por ciento, tal como lo propone la presente iniciativa.

Dicho juzgado concedió el amparo al considerar que la fracción citada es inconstitucional, debido a que se violan el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. Esta sentencia precisa que la limitante es desproporcional, pues se trata de una restricción a la deducción de un gasto necesario e indispensable, que impide que se les reconozca el carácter de erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. Por tanto, son susceptibles de disminuir la base gravable, lo que contraviene lo establecido por el artículo 31 fracción IV Constitucional.

El objetivo recaudatorio de la medida en comento, es plenamente comprensible, pues el Gobierno Federal efectivamente tiene la necesidad de obtener el máximo ingreso tributario posible, y se deben resarcir los recursos tributarios que provenían del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Pero cumpliendo los otros objetivos de la política recaudatoria se pueden resarcir las arcas públicas sin afectar el crecimiento económico, así como la falta de nuevas contrataciones y el otorgamiento de prestaciones sociales, que beneficia a los trabajadores ya que la limitación a las deducciones de las prestaciones laborales afecta de manera directa, porque desmotiva a las empresas a otorgar beneficios adicionales a los otorgados por la ley.

Los ingresos tributarios florecen, cuando aumenta la actividad económica y el empleo, cuando suben las ventas internas y al exterior, cuando esto sucede aumentan las inversiones productivas de los sectores público y privado, la deducibilidad al 100% apuntala el consumo agregado y es fuente de mayores recursos tributarios.

Lo que sucede actualmente es que las  empresas tienen mayor pago de impuesto sobre la renta anual y mensual. Al no poder deducir una gran parte de pagos a trabajadores, se genera un pago mayor de ISR, pero además las empresas ven afectado su flujo de efectivo mensual, ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta obliga a la realización de pagos mensuales de ISR, mismos que se determinan con base en un coeficiente de utilidad y como ese coeficiente es mayor por no permitir la deducción de diversos conceptos, se verá afectada la operación normal de las empresas al verse mermado su capital de trabajo.

De lo que trata la presente iniciativa es de abonar en la solución de problemas  serios que afectan directamente a un número muy importante de nuestra población, del micro y pequeña industria y de la clase trabajadora mexicana.

La misma ley del ISR establece en el artículo 10 que esta misma cantidad que no es deducible para el cálculo del impuesto anual (ISR) se puede restar de la base para el cálculo del reparto de utilidadesComo podemos observar, aunque en la ley se trató de disminuir el efecto negativo de la aplicación del factor de no deducibilidad mediante un incentivo en la base para el PTU, finalmente el otorgar prestaciones de Previsión Social a los trabajadores tiene un efecto negativo en la liquidez de las empresas.

Como se puede observar, la misma Ley del ISR establece el importe que se deberá exentar en las prestaciones que se les entregan a los trabajadores. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, establece las prestaciones mínimas que se le deben otorgar a un asalariado, entre las cuales se destacan: la prima vacacional, el aguinaldo, las horas extras, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, entre otras, por lo que la empresa o el patrón debe de pagar dichas prestaciones y exentar lo que se establece.

Debido a la limitante de la deducción de prestaciones pagadas a los trabajadores, muchos patrones o empresas interpusieron medios de defensa en contra de esta aplicación, debido a que viola el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante mencionar que para efectos de la determinación de la PTU, el importe no deducible que se tenga por este concepto, se deberá disminuir de los ingresos acumulables.

Así, se puede observar, que una vez calculado el cociente, el patrón o empresa se verá perjudicado financieramente, ya que al tener trabajadores, no podrá deducir una parte de los pagos que les realiza, aumentando el monto de ISR a pagar, lo que viola el principio de proporcionalidad.

Fundado en lo establecido en el artículo 1o de Nuestra Constitución, en lo referente al otorgamiento de garantías de los Derechos Humanos, señalando de manera expresa que toda la legislación nacional, no debe de ser contradictoria con lo señalado por este artículo; el Estado tiene la obligación de lograr progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna. Acorde con el párrafo tercero: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los  derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Además en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando establece en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Los anteriores fundamentos de esta iniciativa reiteran que el principal objetivo de la presente iniciativa es establecer una estructura equitativa basada en los principios de equidad y proporcionalidad, con la única finalidad de fortalecer la finanzas de los mexicanos, que el gasto de los trabajadores les dé una mejor calidad de vida y las empresas se fortalezcan para continuar con el desarrollo y fomento del empleo y la inversión.

Por lo anteriormente motivado y fundado someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

I. a XXIX. ...

XXX. Derogado

XXXI....

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del 2018, cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Isaías González Cuevas.

1 Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 3a. ed., México, Porrúa, 1984, t. II. P.21.

2 http://e-paf.com/resuelve-segunda-sala-amparo-materia-limite-deducciones-28-xxx-lisr-21092016/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

(Presentada por los Diputados Armando Luna Canales, Waldo Fernández González y José Refugio Sandoval Rodríguez)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE PARADORES Y PROHIBICIÓN DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS MISMOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ejercicio de la libertad personal debe sujetarse a los límites que la Ley imponga, para preservar un interés superior, el cual está definido en tanto se protejan los derechos fundamentales de las personas, de las consecuencias que una decisión individual, sea intencional u omisa, pueda acarrear.

Actualmente en México, se han toma diversas medidas para prevenir los accidentes de tránsito derivados del exceso en el consumo de bebidas embriagantes, tales como:

• Realizar operativos en vialidades para determinar la concentración de alcohol etílico en la sangre de los conductores.

• Prohibir la venta de bebidas embriagantes a partir de las cero horas, en bares, restaurantes, tiendas departamentales o de conveniencia.

• Promover a través de campañas publicitarias los riesgos del consumo de alcohol y sus consecuencias al volante.

Las anteriores medidas revelan una sentida preocupación por la disminución de los accidentes de tránsito relacionados con el alcohol donde no solo se pone en riesgo la vida del conductor o sus acompañantes, sino que cualquier persona que ocupe la misma vía de comunicación se encuentra en permanente riesgo.

Es el interés de la Iniciativa, exponer lo siguiente, de acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 2º fracción VIII, se describen los “Paradores” de la siguiente forma:

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- III.-…

IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;1

En dichos paradores se han establecido diversas tiendas de conveniencia, pertenecientes a varias cadenas comerciales o incluso formar parte de una cadena, en las cuales se expenden sin límite bebidas alcohólicas.

Es realmente una paradoja que el Estado por una parte dedique esfuerzos y recursos para la prevención de accidentes y por la otra tolere la venta de bebidas embriagantes, cuyo consumo pone en riesgo a todas las personas que circulan por dichas vías.

De acuerdo al documento titulado “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016”2, 1’321,308 automotores recorrieron las casetas de Caminos y Puentes Federales, distribuidos de la siguiente forma: 938,343 automóviles, 64,722 autobuses y 318,243 camiones de carga.

El mismo documento revela que se transportaron un poco más de 3’600,000 personas por vía terrestre el año pasado, ese es el tamaño de población que tenemos que proteger, es decir al menos 5 millones de personas transitan anualmente en las carreteras nacionales.

La misma Secretaría revela en el documento titulado “Estadística de Accidentes de Tránsito, 2016”3, la cantidad de sinestros en la red carretera nacional, es de resaltar que estos datos únicamente contabilizan, aquellos accidentes acaecidos dentro de la red carretera, por lo que no consideran los accidentes dentro de las vialidades urbanas o rurales. De los cuales se desprenden los siguientes datos que revelan la magnitud del problema en México.

• Se registraron 12,533 accidentes de Tránsito

• En 2,573 se contabilizaron decesos y en 5,130 se registraron heridos.

• 3,371 personas perdieron la vida.

• 11,163 resultaron lesionadas.

• Las pérdidas materiales ascienden a más de un billón de pesos.

• Los días de la semana donde ocurren más accidentes son el sábado 2,210 (17.63%) y el domingo 2,364 (18.86%), es decir el fin de semana representa el 36.49% del total de accidentes.

• El número de accidentes con víctimas mortales registrados el fin de semana asciende a 1,042, destacando el domingo con 594 casos, es decir, los días de asueto representan el 40.50% del total de los accidentes con víctimas fatales.

• El 90.38% de los accidentes tuvo como causa al conductor.

• Solo el 5.38% corresponde a desperfectos en el vehículo.

De acuerdo con el Portal del INEGI4 el conductor registraba aliento alcohólico, en al menos el 10% de accidentes, este dato es prevalente a nivel nacional pues considera todos los accidentes ocurridos en las zonas urbanas y rurales, así como en la red carretera nacional, en otras palabras, 330 personas al menos perdieron la vida en siniestros relacionados con el consumo del alcohol, donde por la misma inferencia estadística en 9 de cada 10, el conductor tuvo responsabilidad directa.

Es entonces congruente que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que las decisiones personales tienen consecuencias sociales, muchas de ellas irreversibles como la muerte o la incapacidad permanente. El Estado tiene como obligación garantizar el derecho a la salud, bajo el texto del Artículo 4º Constitucional, que a la letra dice:

Artículo 4º: …

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.5

Más aún la prevención de los accidentes, así como el combate a la adicción al alcohol son algunas de las principales responsabilidades de las autoridades para garantizar este derecho en función de la Ley General de Salud, tal y como lo establece en primer término el artículo 133 en cuyo texto se lee:

Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se expidan;

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III6

Y en lo que respecta a la política en materia de adicción al alcohol, el artículo 185 expresa que:

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol; y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.7

Ahora bien, una de las principales preocupaciones del Estado, es el aumento considerable de las personas que consumen alcohol con frecuencia y sobre todo la disminución de la edad inicial de consumo, principalmente en los varones, de acuerdo a los datos proporcionados por la Estadística Nacional de Salud, de la forma siguiente:

La prevalencia de consumo de alcohol se definió como consumo de una bebida alcohólica de forma diaria u ocasional en el último año. Entre los años 2000 y 2012 no se observa un cambio estadísticamente significativo en el porcentaje total de adolescentes que consumen alcohol (24.8% en 2000; 25% en 2012). En 2012, 28.8 y 21.2% de los hombres y las mujeres, respectivamente, refirió consumir alcohol.

El consumo de alcohol entre los adultos se definió como el consumo diario u ocasional. Entre 2000 y 2012 se observa un aumento en el porcentaje total de adultos que consumen alcohol (39.7% en 2000, 34.1% en 2006 y 53.9% en 2012). Entre los hombres, el aumento fue de 56.1% en el año 2000 a 53.1% en 2006, y a 67.8% en 2012, y entre las mujeres de 24.3% en el año 2000 a 18.5% en 2006, y a 41.3% en 2012.8

En consecuencia, el aumento constante en el consumo de alcohol y la disponibilidad del mismo en las carreteras nacionales significa un potencial aumento de accidentes de tránsito, con decesos e incapacidades permanentes.

Por lo tanto, es el interés de la Iniciativa que en los “Paradores” se prohíba expresamente la venta de bebidas alcohólicas, como una medida para la prevención de accidentes.

Adicionalmente, respecto a la reglamentación de los Paradores y con la finalidad que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga la capacidad para supervisarlos, se modifica la fracción VII del artículo 8 de la Ley sujeta a reforma ampliando dicha atribución a todas las carreteras nacionales incluyendo aquellas sujetas a concesión privada.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Iniciativa

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. – III.-…

IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. – III.-…

IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera, en los cuales prohíbe la venta de bebidas alcohólicas .

Artículo 8o.- Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:
I. – VI.-…
VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras concesionadas;

Artículo 8o.- Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:
I. – VI.-…
VII. El establecimiento de paradores;

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman el artículo 2 en su fracción IV y el artículo 8 en su fracción VII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar en los términos siguientes:

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. – III.-…

IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera, en los cuales prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

Artículo 8o.- Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:

I. – VI.-…

VII. El establecimiento de paradores;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, DOF: 22-12-1993, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf

2 Disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf

3 Disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Estadistica_de_accidentes/Año_2016/RESUMEN_2016.pdf

4 Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=13159&proy=atus_accidentes

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, Reformado DOF: 03-02.193, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

6 Ley General de Salud, reforma DOF: 27-05-1987, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf

7 Ley General de Salud, Reforma DOF: 20-04-2015, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf

8 Disponible en: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ConsumoAlcohol.pdf 






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde antes del inicio de su campaña presidencial, el actual mandatario, Enrique Peña Nieto había expresado la necesidad de invertir en infraestructura digital a efecto de “fortalecer la competencia efectiva, la convergencia tecnológica y la extensión de la cobertura del sector para cerrar las brechas digitales entre México y los países desarrollados, así como los rezagos en el interior del país.”1

El 2 de diciembre de 2012, el ya titular del Ejecutivo Federal y los presidentes de las tres principales fuerzas políticas suscribieron el Pacto por México. En dicho documento se expresó la necesidad de legislar en materia de radiodifusión y telecomunicaciones a fin de modernizar al Estado y la sociedad, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como para fortalecer las facultades de la autoridad en materia de competencia económica. Por ello, dentro de los “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, los suscriptores de tal instrumento asumieron los siguientes compromisos:

• Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC) (Compromiso 37);

• Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones (Compromiso 38);

• Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador (Compromiso 39);

• Reforzar autonomía de la COFETEL (Compromiso 40);

• Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones (Compromiso 41);

• Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos (Compromiso 42);

• Competencia en radio y televisión (Compromiso 43);

• Competencia en telefonía y servicios de datos (Compromiso 44), y

• Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos (Compromiso 45).

La razón para asumir los compromisos antes señalados venía señalada en el texto del propio Pacto y se relacionaba con la necesidad de recuperar la rectoría del Estado frente al crecimiento de los poderes fácticos que venían disputando la conducción de la economía mexicana, en detrimento de los derechos de los consumidores, de la viabilidad de diversos sectores y la libre competencia. “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”, afirmaron, no sin razón, los suscriptores del Pacto.

Como consecuencia de lo anterior, en el Pacto se plasmó la necesidad de intensificar la competencia en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. “Ello es fundamental -se afirmó en el Pacto-, ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.”

Atentos a la palabra empeñada, el 11 de marzo de 2013 el Presidente Peña Nieto y los coordinadores parlamentarios de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Dicha propuesta reprodujo el diagnóstico planteado en el Pacto, pues señaló en su exposición de motivos que el mercado de telecomunicaciones, si bien había logrado una cobertura casi universal, lo había hecho también mostrando preocupantes índices de concentración. Fue por ello que en la iniciativa se plantearon diversas acciones dirigidas a la reordenación de dicho mercado, tales como medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una red troncal que mejorase las condiciones de acceso a las telecomunicaciones.

Aprobada que fue la referida enmienda, el legislador secundario aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, misma que tiene como objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.

A tres años de entrada en vigor, los beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones son perfectamente demostrables:

• Desde el 1º de enero de 2015 dejó de existir el pago de larga distancia nacional;

• Se puede cambiar de compañía celular de forma gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones;

• Se trabaja en dos redes de telecomunicaciones: la troncal de fibra óptica y la compartida.

• Se ha generado interés por invertir 6,000 millones de pesos en el sector.

• Consultar el saldo de prepago no tiene costo y éste conserva su vigencia durante un año;

• Si existen fallas en el servicio de telefonía celular o cobros indebidos, los consumidores tienen derecho a bonificaciones por parte de los proveedores;

• Entre enero de 2014 y enero de 2014, los precios al consumidor disminuyeron 16.4% en telefonía móvil y 4.5% en telefonía fija;

• Fueron entregados alrededor de 5 millones de televisores en hogares de escasos recursos;

• Se concluyó el llamado “apagón analógico”, lo que permitió liberar la banda de 700 MHz que se usará para telefonía e internet móvil;

• Hasta marzo de 2015 se había contratado internet para más de 65 mil espacios y sitios públicos, tales como hospitales, escuelas, clínicas y bibliotecas;

• Se logró una cobertura de internet de banda ancha para el 96 % de los municipios del país;

• Opera una nueva cadena nacional de televisión y está pendiente por licitarse otra más;

• Funcionan como órganos autónomos del Estado la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y

• Actualmente imparten justicia los juzgados y tribunales colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto se acredita que la reforma en telecomunicaciones ya es una realidad que está transformando a un sector cuyo dinamismo y crecimiento resultan indispensables para garantizar el desarrollo de la economía mexicana, fortaleciendo la rectoría del Estado frente a los poderes fácticos.

Empero, aún existen claroscuros en la aplicación de la referida reforma, y esto se demuestra con la existencia de las radios pirata, es decir, radiodifusoras que prestan servicios sin contar con la concesión que marca la ley, a diferencia de aquellas sociedades, entes públicos y comunidades indígenas que han debido agotar todo un procedimiento administrativo tendiente a demostrar su capacidad para incursionar en esta actividad, lo que significa no sólo una competencia desleal, sino una apropiación ilícita del espectro radioeléctrico que es propiedad de la Nación en términos de lo previsto por el artículo 27 de la Constitución de la República.

De acuerdo con versiones periodísticas, tan sólo entre 2013 y 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones detectó 235 estaciones piratas de radio y televisión que tendrían que haber pagado alrededor de 11 millones 801 mil 507 pesos por derechos anuales y el otorgamiento de concesión. Cifras del referido órgano regulador habrían revelado que 2015 fue el año en que más estaciones sin autorización para operar detectó a lo largo del país, con un total de 155 de radio y televisión. Funcionarios de dicho ente autónomo aseguraron que es en estados como Chiapas y Oaxaca donde más estaciones sin concesión se hallaron, aunque también se presentaron casos en México, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En su mayoría, las estaciones de radio tienen un uso de tipo religioso y esotérico, e incluso algunas han sido relacionadas con el crimen organizado.2

Incluso, el propio IFT ha instalado una plataforma en su página electrónica para invitar al público a denunciar la existencia de estas radios ilegales, a la cual se puede acceder desde la liga
http://www.ift.org.mx/industria/unidad-de-cumplimiento/denuncias-radiodifusoras-sin-concesion

La molestia existente entre los cocesionarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión sobre este problema es atendible, toda vez que, como señalamos con anterioridad, acceder a una concesión no es un tema sencillo, sino que requiere de acreditar solvencia económica suficiente para sostener un proyecto de esa naturaleza, pero también de capacidad técnica para sostenerlo y de creatividad para entregar al público contenidos atractivos e innovadores, por lo que es necesario emprender medidas para reprimir tales actividades ilegales.

Es por ello que se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de establecer que aquellas personas que hubieren sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización, no podrán acceder a éstas en un plazo de cinco años a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. De ser aprobada dicha reforma se impedirá cualquier intento de regularización a favor de quienes primero entraron al sector y luego decidieron obtener la concesión, tal y como ocurre en otras actividades, como el transporte público. Así, quien incurra en semejante ilícito sabrá de antemano que no habrá posibilidad de normalización alguna.

La presente propuesta también tiene como objetivo equilibrar el régimen sancionatorio vigente, pues actualmente, un concesionario sancionado puede ser excluido del sector durante cinco años tras habérsele impuesto una sanción, pero aquellos que carecen de tal concesión, sí pueden acceder a una a pesar de haber sido multados, lo que nos parece a todas luces injusto, pues mal que bien el primero sí hizo un esfuerzo por ingresar lícitamente al mercado de las telecomunicaciones, mientras que el pirata partió de la premisa cínica de pedir primero perdón y luego permiso.

Aunado a lo anterior, se propone la adición de un artículo 172 ter y de un Capítulo I Ter al Título Quinto Libro Segundo del Código Penal Federal, con la finalidad de agregar al catálogo de delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia el uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos orbitales, ya que hasta el día de hoy esto no está previsto como delito, sino como simple falta administrativa, por lo que la represión en contra de tales conductas dolosas resulta imperfecta, al no existir un aliciente para respetar la ley de la materia. A la comisión de dicho delito le sería aplicable una pena de prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

No sobra decir que la reforma aquí planteada no busca afectar de forma alguna a las radios comunitarias, toda vez que éstas gozan de un régimen especial en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les permite acceder al espectro radioeléctrico, por lo que ninguna radiodifusora que se haya plegado a los términos de dicho ordenamiento tiene cosa qué temer.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Artículo 304. El titular de una concesión o autorización que hubiere sido revocada, estará inhabilitado para obtener, por sí o a través de otra persona, nuevas concesiones o autorizaciones de las previstas en esta Ley, por un plazo de cinco años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 304. El titular de una concesión o autorización que hubiere sido revocada, estará inhabilitado para obtener, por sí o a través de otra persona, nuevas concesiones o autorizaciones de las previstas en esta Ley, por un plazo de cinco años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

“La inhabilitación a que se refiere el artículo anterior también será aplicable a aquellas personas que hayan sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

SIN CORRELATO

Libro Segundo

Título Quinto

“CAPITULO I TER
“Uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos orbitales

“Artículo 172 ter. – Al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión se le impondrá prisión de dos o seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.”

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

“Artículo 304. El titular de una concesión o autorización que hubiere sido revocada, estará inhabilitado para obtener, por sí o a través de otra persona, nuevas concesiones o autorizaciones de las previstas en esta Ley, por un plazo de cinco años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

“La inhabilitación a que se refiere el artículo anterior también será aplicable a aquellas personas que hayan sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Capítulo I Ter al Título Quinto Libro Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

“CAPITULO I TER

“Uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos orbitales

“Artículo 172 ter.- Al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión se le impondrá prisión de dos o seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en < http://www.estadoeficaz.com/online/#p39>, el 22 de julio de 2017 a las 11:04 horas.

2 Consultado en < http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/hacen-boom-estaciones-de-radio-piratas-1454426279>, el 22 de julio de 2017 a las 12:47 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 56 Y 63 Y SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

Quienes suscriben, Diputada Federal CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA y Diputado Federal BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La contradicción máxima de la democracia nacional la efectúan quienes hacen las leyes. Legisladores federales y locales se benefician de la atribución exclusiva de asignar el presupuesto a la nación.

El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se presume está vinculado con los llamados "moches".

La intención de esta iniciativa es eliminar el requisito de la declaración de procedencia para legisladores implicados en delitos de corte penal y civil y que se efectúen de manera normal los procesos legales.

ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA

El fuero es la protección que impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente si ésta no ha sido retirada primero por el órgano competente. El fuero impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente.

En su concepción original tenía como objetivo fungir como contrapeso para proteger la libertad de expresión e independencia de los parlamentarios.

Sus orígenes se remontan al concepto de inmunidad parlamentaria, en 13971 en el Parlamento inglés, cuando la Cámara de los Comunes, a través de Thomas Haxey que denunció las excesivas cargas financieras que la corte de Ricardo II de Inglaterra imponía. Haxey fue enjuiciado y sentenciado a muerte por traición.

Entre 1789 y 1790 se establecería la inviolabilidad de los parlamentarios franceses por las opiniones que manifestaran durante sus mandatos; este modelo francés de inviolabilidad e inmunidad procesal influiría en el reconocimiento de la inmunidad parlamentaria en Europa y otras partes del mundo.

Comparativamente en un extremo, países como Gran Bretaña y Colombia que sólo otorgan inviolabilidad a sus legisladores por las opiniones y decisiones que expresen en el desempeño de sus funciones; en el otro, países como Guatemala, que otorga inmunidad procesal a 35 tipos de funcionarios: desde el presidente de la República, hasta candidatos a alcaldes y diputados y los subdirectores generales de la Policía Nacional Civil.

En Noruega y Singapur, los legisladores son los únicos que cuentan con inmunidad procesal mientras se dirigen al recinto parlamentario, cuando se encuentran en él y al momento de abandonarlo.

El fuero en México abarca tanto la inviolabilidad, prevista en el artículo 61 constitucional, así como la inmunidad procesal en el artículo 111, la cual gozan ciertos funcionarios.

El artículo 111 no incluye la palabra “fuero”, sin embargo, detalla el mecanismo, los delitos y los funcionarios contra los que no es posible proceder penalmente a menos de que la Cámara de Diputados emita, por mayoría absoluta, una declaración de procedencia, es decir, los desafuere.

Constitucionalmente, gozan de inmunidad procesal contra cualquier delito de tipo penal un total de 683 funcionarios públicos

• 20 integrantes del Poder Ejecutivo

• 628 legisladores

• 24 miembros del Poder Judicial y

• 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la iniciativa que se propone se les eliminaría el fuero a los 628 legisladores, quedando tan sólo 55 altos funcionarios.

Desde 2003 existían 356 solicitudes de juicio político que no han sido examinadas por la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados. En contraste, de las 45 solicitudes de declaración de procedencia que la Cámara baja recibió durante ese mismo periodo y que fueron ratificadas, cuatro culminaron en desafuero:

• Dip. René Bejarano (2004),

• Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador (2005),

• Dip. Fed. Julio César Godoy (2010) y

• Dip. Lucero Sánchez (2016).

La declaración de procedencia, es en la Cámara de Diputados, va sustentada en una denuncia penal y, sin establecer sanciones, se sujeta a retirar al funcionario su inmunidad procesal para que los tribunales actúen. Si en el proceso judicial el funcionario es declarado inocente, éste puede volver al cargo y recobra sus prerrogativas. Un funcionario destituido por medio del juicio político no necesariamente enfrenta un proceso penal adicional, pero pierde el cargo y, en consecuencia, su inmunidad procesal.

Víctor Aguilar en Nexos se pregunta: ¿Es sensato eliminar el fuero? ¿Acabaría con la impunidad política en México y los Godoyso desbalancearía los contrapesos actuales?.

En el artículo citado concluye que el problema es de fondo, no de forma, respecto al fuero, se abren tres opciones:

a) Preservar el statu quo,

b) Eliminarlo o

c) Acotarlo.
Acotarlo, señala Aguilar, permitiría identificar y cerrar las brechas por las que se cuela la impunidad sin debilitar la autonomía de nuestras instituciones deliberativas. Recordemos que el fuero no es una prerrogativa del individuo, sino de la función que éste desempeña.

Lo anterior, responde a varios sucesos recientes.

Un caso son los famosos moches que salieron a la luz gracias a alcaldes panistas que se atrevieron a denunciar a diputados de su propio partido.

En el pasado periodo de sesiones se suscitó un intentó rendir protesta ante el pleno de San Lázaro para evadir con el fuero constitucional una orden de aprehensión por el delito de peculado, girada por la justicia chihuahuense.

Otra variante de estos casos, son los que crean empresas fantasmas a las que se les adjudican contratos.

En la LXI legislatura tomó protesta como Diputado federal, una persona a pesar de tener una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, esto gracias a un amparo. El Diputado, llevaba dos días refugiado en la Cámara de Diputados.

Con la finalidad de facilitar el proceso de dictamen se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN
VIGENTE

DECRETO PROPUESTO

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

 

 

 

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La persecución de cualquier delito, ajeno a sus expresiones en el ejercicio del encargo, cometido por diputados o senadores no se requerirá de la aplicación del artículo 111 de esta Constitución.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2003 y 2016 al menos 13 iniciativas legislativas de reforma proponen eliminar o acotar el fuero federal. Eliminar el fuero podría ser un contraproducente para una democracia joven con un sistema de justicia débil.

FUNDAMENTO LEGAL

Es por lo anteriormente motivado y fundado y en base a lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 61 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO DE LEGISLADORES FEDERALES.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Único.- Se reforman los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La persecución de cualquier delito, ajeno a sus expresiones en el ejercicio del encargo, cometido por diputados o senadores no se requerirá de la aplicación del artículo 111 de esta Constitución.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Suscriben

Dip.Claudia Edith Anaya Mota.- Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 http://www.nexos.com.mx/?p=30837, enero de 2017. “Antes de enterrar al fuero” por Víctor Aguilar.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del grupo parlamentario del PRI)

MIGUEL ANGEL SULUB CAAMAL, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Estado de Campeche, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,  someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por EL que se REFORMA EL segundo párrafo del ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOs; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Penal Federal define y sanciona los delitos de Peculado y de Enriquecimiento Ilícito en los siguientes términos:

“CAPITULO XII
Peculado

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

Enriquecimiento Ilícito

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombreo de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieronpor sí mismos.

No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente Título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.

La base de lo anterior, se encuentra definida principalmente en el artículo 109 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero además, en el artículo 22 del mismo dispositivo fundamental donde se establecen entre otras consecuencias jurídicas, la extinción de dominio y el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito.

Respetable Asamblea:

Para los fines de la presente iniciativa, el delito de peculado es principalmente un daño al erario público producto de un abuso de confianza cometido por un servidor público.

Enfoques teóricos expresan que el objeto jurídico de este delito es “el interés de la colectividad social, y por ello del Estado, porque funcionen normalmente los servicios públicos y las empresas de interés público, en beneficio de la misma colectividad.”1

Es decir, el delito de peculado afecta la eficiencia del sector público, al atender inadecuadamente sus responsabilidades con la población por el ejercicio de un erario mermado ilegalmente.

El peculado es en sí, una afectación dolosa a las propias contribuciones de la población y de otros ingresos nacionales, con el consiguiente perjuicio en las metas, planes y programas de la administración pública de cualquier nivel.

Entonces, la iniciativa que hoy presentamos es para velar por la supremacía del interés jurídico protegido antes comentado.

El concepto del peculado no es menor, y viene a convertirse además en una de las manifestaciones formales de otro concepto más amplio denominado corrupción, al ser el sujeto activo del delito el servidor público.

Para abordar el concepto pre citado, de manera reciente se implementó una amplia reforma en la materia incluyéndose un Título Décimo al Código Penal Federal, intitulado “Delitos por hechos de Corrupción”.

Comenzando por la definición de servidor público; enumerando sanciones y tipos penales, donde se encuentran el peculado y el enriquecimiento ilícito, entre otros.

Si bien el fenómeno de la corrupción no es privativo de la esfera pública, llegando incluso a presentarse como algo íntimamente relacionado con casi cualquier aspecto de la vida de los mexicanos; es cuando tiene relación con el proceder público que se vuelve cuantitativa y cualitativamente pareciera más nocivo, haciendo necesario un marco normativo que tienda por inhibir la conducta.

Muy a pesar de que las leyes son reactivas, es decir, soluciones para una consecuencia de un problema más complejo, relacionado con el nivel de educación, los ingresos y hasta con la ubicación geográfica de una población determinada.

Muy a pesar de que la corrupción también se presenta en el sector privado, tal como lo demuestran trabajos realizados por la consultora KPMG o por la Encuesta sobre Delitos Económicos 2016, elaborada por PWC, donde entre otras variables, se puede apreciar la existencia de fraude interno en las empresas del país, a razón de un 75%.

Si bien es muy difícil establecer el costo que tiene la corrupción en nuestro país con respecto al PIB, “… varios organismos han hecho aproximaciones para calcular esta proporción. De acuerdo con Ary Naim, Gerente General para México de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la corrupción equivale al 9% del PIB.”2

Es decir, de acuerdo con los planteamientos iniciales del presente producto legislativo, el impacto en la eficiencia pública de los ramales de la corrupción, en cuanto a la ilegal administración de la hacienda pública bajo el delito de peculado y posterior enriquecimiento ilícito, pudiera llegar a tener proporciones considerables.

Donde además, hacen falta estudios para medir el nocivo efecto multiplicador en el ingreso del sector público y de los diferentes grupos poblacionales particularmente afectados pero sin lugar a dudas, pueden llegar a poner en verdaderas situaciones de vulnerabilidad económica y social a localidades y a Entidades Federativas completas.

Veamos los recientes y sonados casos de corrupción, ergo peculado y enriquecimiento ilícito, de Entidades Federativas como Sonora, Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua. Pero no solo nos concentremos en estos casos por demás mayores, sino de la cotidianeidad del ilícito en casi cualquier localidad del país y el involucramiento de servidores públicos de todos los niveles sin distinción.

Donde el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa “… órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.”3 , a partir de la reforma constitucional en materia de corrupción del año 2015, pareciera requerir un mayor respaldo normativo e institucional para no quedar con los años rebasado ante la dinámica que pareciera imparable del fenómeno; tomando en cuenta inclusive la necesidad de un continuo fortalecimiento de la nueva legislación en la materia a la que ya hemos hecho referencia y que poco a poco comienza a generar críticas en su diseño e implementación.

En otras palabras, debemos asimilar como un principio la perfectibilidad de la ley, que no tiene otra intención que el acompañamiento de los dispositivos legales a los marcos vigentes de conducta social.

Si bien la reciente reforma en la materia, así como el Sistema de Justicia Penal vigente son  adecuadas, no podemos congelarlas y con ello tolerar inmunidad jurídica de los presuntos delincuentes que cada vez se especializan más por violentar la ley y evadir la acción de la justicia. 

Aunado a lo anterior, todavía existe el terrible fenómeno de la impunidad en los delitos asociados a la corrupción, donde se estima que el porcentaje de los ilícitos cometidos respecto de los castigados es del 95%. Cifra negra alarmante.

Asimismo, respecto de aquellos en el que se ha determinado una posible situación que amerite sanción, una vez que llegue a buen término el proceso correspondiente, existe el inefable problema de la evasión.

Donde ninguna medida cautelar se ha demostrado es suficiente, salvo la prisión preventiva; que para mal en la actualidad no es oficiosa.

No podemos seguir tolerando esta situación, si los órganos de control correspondientes o la Auditoría Superior de la Federación han detectado indicios suficientes para suponer la existencia del delito de peculado, debe existir prisión oficiosa de por medio, en tanto la posibilidad de un proceso en libertad no es justo para la sociedad ofendida ni garantiza la voluntaria presencia del sujeto activo del delito y mucho menos la reparación del daño.

La prisión preventiva debe servir para inhibir y enviar una señal jurídica de intolerancia hasta en la menor conducta delictiva en cuestión, por lo que no se trata de una reforma simple para ampliar el actual catálogo señalado en el artículo 19 constitucional.

Se trata además de considerar que la prisión preventiva debe aplicarse en los casos de ataques muy graves a bienes jurídicos sumamente importantes, como en el caso del peculado, que como ya se mencionó atenta contra el interés de la colectividad social y el debido funcionamiento del servicio público. 

La prevalencia de la inhibición sobre la sanción, nos permite disminuir los daños y ubicar a la ley en un periodo ex ante del delito, minimizando con ello la reactividad de la norma que hoy criticamos, pues una vez que el delito ocurre resulta en extremo difícil recuperar los recursos peculados, es decir, reparar el daño causado, por muy alta que fuese la sanción corpórea.

Debemos reflexionar también, que no es el mismo tipo de delincuente el que comente el peculado que los de otros delitos, donde tesis estructurales para la atención de los mismos, con líneas de estudio sobre resentimiento social, condiciones de desarrollo, etc. podrían aplicarse efectivamente para entender la psicología del delincuente. Aquí el sujeto activo es un servidor público que suele encontrarse por encima de la media poblacional en casi cualquier aspecto, pues en principio debe tener acceso a las arcas por administrar; es decir, el delito de peculado suele ser realizado por personas que por su condición actúan con premeditación, alevosía y ventaja contra la colectividad.

No podemos continuar además con la burlesca búsqueda de prófugos de la justicia acusados de peculado, debemos inhibir en la propia ley la evasión de los mismos, reteniéndolos apenas se detecten irregularidades.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de la asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

iniciativa con Proyecto de Decreto por EL que se REFORMA EL segundo párrafo del ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOs; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. (…)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, peculado, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

(…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

I.- XI. (…)

XII. Peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal.

(…)

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Miguel Ángel Sulub Caamal.

1 Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo V. pág. 431.

2 Casar, María Amparo. MCCI. “México: Anatomía de la Corrupción”

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73, fracción XXIX-H.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

(Presentada por la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la solicitud de contratación de deuda pública por parte de los ayuntamientos, nos hemos encontrado que no hay una información disponible por parte del municipio, ni tampoco cuando llega la solicitud al Congreso Local, obstruyéndose con ello, la garantía de que los ciudadanos conozcan cuáles son los términos en que se hace la solicitud.

Cuando aprobamos la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, lo hicimos con el propósito de transparentar todos los procedimientos y mecanismos que infieren las solicitudes de endeudamiento, sin embargo hemos constatado, que la información no está disponible ni al alcance de los ciudadanos, por esa razón resulta indispensable poner en el texto de ley, la obligación del congreso local para hacer pública la solicitud que le realicen los municipios, y la sociedad pueda conocer los contenidos y alcances de esas solicitudes.

Si el objetivo de la ley es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que deben regir a los municipios, con mayor razón los contenidos deben estar a la disposición de la ciudadanía que demanda información.

El congreso local está obligado a realizar una revisión puntual respecto de la solicitud, porque nosotros establecimos en la propia ley que si los ingresos disminuyen durante el ejercicio fiscal, deben aplicarse ajustes al presupuesto de egresos en rubros definidos como lo son: gastos de comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales.

La Responsabilidad Hacendaria implica responsabilidad en el gasto y responsabilidad en el orden administrativo.

La transparencia es la esencia de una democracia, y es la parte fundamental para generar confianza en la sociedad, por esa razón es indispensable que los términos de la solicitud de endeudamiento y cada una de las etapas de la misma puedan ser conocidas plenamente por la ciudadanía; la sociedad debe estar informada porque el endeudamiento, sólo puede autorizarse cuando se destine a inversiones públicas productivas.

Y la sociedad debe saber que para la autorización del endeudamiento, la legislatura local está obligada a realizar previamente un análisis de la capacidad de pago del municipio; en suma el congreso local debe especificar y la sociedad lo debe saber: el monto autorizado, el plazo para el pago y el destino de los recursos.

A mayor transparencia menor corrupción. La sociedad tienen derecho a saber, a saber el manejo de sus recursos y a saber los montos y motivos de las solicitudes de endeudamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proyecto de decreto:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 23 de la Ley De Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá  INFORMAR LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD y realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 128, 128 BIS Y 133 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 128, 128 BIS Y 133  DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es un derecho universalmente reconocido y en México este derecho es avalado en nuestra Carta Magna, pues encuentra sustento en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De esta manera, corresponde al Estado salvaguardar este precepto constitucional al garantizar y orientar la salud de la población a una alimentación nutritiva y de calidad.

De conformidad con fracción XVI del artículo 73 de la Ley Fundamental que concede al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, y el párrafo tercero del artículo 28 Constitucional para salvaguardar los derechos de los consumidores, en mi calidad de Diputado Federal, en esta iniciativa me referiré a las sanciones económicas que habrán de complementar a las existentes para inhibir la fabricación, venta y  publicidad engañosa o abusiva de los productos conocidos como milagro o frontera. La exageración de las cualidades de estos bienes, productos o servicios, propician el mal uso y la confusión del consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se resaltan propiedades no comprobadas científicamente1. El uso de estos productos milagro, representa un gran costo, así como un alto riesgo para la salud del consumidor; la automedicación, el abandono de tratamientos médicos y de dietas saludables por el consumo los productos milagro -por considerarlos más efectivos-, puede traer consigo la perdida de la vida.

Cito un caso reciente para ejemplificar lo expuesto, en el Estado de Nuevo León, una joven madre consumió durante un mes pastillas de la marca Avitia Cobrax para adelgazar, a consecuencia de ello, sufrió un paro cardiorrespiratorio que más tarde le provocaría la muerte. Las pastillas que carecían de control sanitario, se anunciaban por Facebook, Twitter, Mercado Libre y Kichink.2

He de destacar la gran voluntad de mis compañeros legisladores para proteger los derechos de los consumidores, consagrados en el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, esta práctica abusiva y de engaño continúa.

En materia de Publicidad, se han aprobado reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), otorgando mayores atribuciones legales a la Procuraduría Federal del Defensa del Consumidor (Profeco), para sancionar a las empresas que utilicen publicidad abusiva y engañosa, respecto a los productos que oferten. Las reformas a la LFPC han permitido a la Profeco obligar a los proveedores para presentar información cuando el organismo lo requiera y aumentar las multas en materia de publicidad engañosa.

Sin embargo, ello no ha inhibido en gran parte la producción, venta y comercialización de los productos milagro o frontera que realizan grandes laboratorios. Por nombrar un ejemplo, tan sólo GenommaLab, en su reporte anual 2011, reportó un Crecimiento Anual Compuesto de 45.4%. Además, las Ventas Netas incrementaron 28.9%, comparado con 2010, alcanzando $8,074.8millones de pesos. La Utilidad Neta durante 2011 incrementó 29.6% comparado con 2010, alcanzando $1,416.0 millones de pesos. Incrementando su participación de mercado en más de 2 puntos porcentuales, para llegar a 13.7%.

En este sentido, en el 2010 Profeco también multó a GenommaLab por productos que utilizan publicidad engañosa. Ha sido el caso de Cicatricure; por el que se impuso una multa por 275,000; XRay; sancionado con 400,000 pesos, y Nikzon; fue multado con 275,000 pesos.3

Como observamos, las empresas continúan contraviniendo la normatividad, debido a que las multas que impone la ley son relativamente insignificantes en comparación a las magnas ganancias anuales que logran estos grandes laboratorios.

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), a efecto de se incrementen las sanciones económicas por utilizar publicidad engañosa o abusiva, a las empresas que fabrican y comercializan los llamados productos milagro o frontera. Actualmente la sanción mayor es de $2’745,903.07 (artículo 128); y por considerar un caso particularmente grave la sanción máxima equivale a $4’105,387.31 (artículo 128 BIS), siempre y cuando la Procuraduría considere sancionar con clausura total o parcial. Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $8’210,774.61 (artículo 133). Dichas sanciones previstas en la LFPC no corresponden a las grandes ganancias anuales que obtienen las empresas fabricantes y comercializadoras de productos milagro o frontera. Podrán ser disuasivas para una pequeña empresa, pero no para un laboratorio con gran capacidad económica y que gasta millones de pesos en publicidad engañosa.

Por esta razón, considero necesario incrementar las sanciones económicas a los fabricantes de estos productos, por tanto, se propone que se cuadripliquen las multas impuestas en los artículos 128 y 128 BIS y para el caso del artículo 133, se tripliquen. Con esta propuesta estaríamos en condiciones de inhibir su producción, por consecuencia la comercialización, venta y publicidad a través de medios masivos de comunicación, redes sociales e internet.

La modificación que hoy propongo a estos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, complementa y refuerza a las anteriores reformas y adiciones realizadas en la materia, al sancionar a las grandes empresas con multas que triplican o cuadriplican su costo, según sea la contravención, y no sólo con multas menores o el equivalente al 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, en caso de reincidencia.

He de aclarar, que las multas que se proponen han sido razonadas conforme a la gravedad de los perjuicios causados a la colectividad, la reincidencia y a la capacidad económica de los grandes laboratorios, por tanto no se consideran excesivas. Por ninguna razón se entienda que se pretende acabar con el patrimonio de éstas empresas, el objetivo es evitar la insistencia de sus actos que lesionan la salud y derechos de los consumidores.

Al reformar y fortalecer la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), otorgaremos mayores atribuciones legales a la Procuraduría Federal del Defensa del Consumidor (Profeco) para sancionar a las empresas que utilicen publicidad engañosa o abusiva; entonces, estaremos en condiciones de garantizar y orientar la salud de la población hacia una alimentación nutritiva y de calidad, al inhibir estas prácticas de engaño hacia el consumidor, entre otras acciones complementarias que ya han sido aprobadas por mis pares.

Se anexa tabla de la propuesta:

Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Capítulo XIV
Sanciones

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $702.07 a $2’745,903.07.

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $146,620.98 a $4’105,387.31.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más ocasiones, ni por dos o más autoridades administrativas, excepto en el caso de reincidencia o cuando se afecten derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $8’210, 774.61.

Capítulo XIV
Sanciones

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $2, 808.28 a $10’983,612.28.

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $586,483.92 a $16’421,549.24

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa del 30% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más ocasiones, ni por dos o más autoridades administrativas, excepto en el caso de reincidencia o cuando se afecten derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $24’632, 323.83.

En consecuencia de lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto que reforma los artículos 128, 128 BIS y 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Único. Se reforman los artículos 128, 128 BIS y 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $2, 808.28 $ a 10’983,612,28

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $586,483.92 a $16’421,549.24

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa del 30% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más ocasiones, ni por dos o más autoridades administrativas, excepto en el caso de reincidencia o cuando se afecten derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $24’632, 323.83.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los Reglamentos correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

Tercero. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto Orgánico del organismo descentralizado dentro de los 180 días siguientes a la publicación a la reforma del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas.

1 En la publicidad de los productos milagro o frontera, se destacan algún o algunos cualidades terapéuticas, preventivas, curativas, de rehabilitación, nutritivas o hasta estimulantes, que van desde auxiliar temas estéticos, hasta la solución de problemas graves de salud.

2 Staff, Indigo, Periódico Reporte Indigo, “Producto Milagro para Adelgazar Causa la Muerte de Mujer en NL”,
http://www.reporteindigo.com/reporte/df/Producto-milagro-para-adelgazar-causa-muerte-de-mujer-en-NL, consultado el 26 de julio de 2017.

3 Alba, Sandoval y Patiño, UNAM, Productos Milagro en México Áreas de Investigación: Mercadotecnia,
http://132.248.164.227/congreso/docs/xvii/docs/N11.pdf, consultado el 11 de julio de 2017.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 160 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía REFORMA AL NUMERAL 2 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 160 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La operación cotidiana de la Cámara de Diputados se sustentante principalmente en el Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que aporta principalmente definiciones, conceptualizaciones, procedimientos y tiempos en lo que se deberá trabajar para el buen desempeño de los órganos legislativos como son las Comisiones Ordinaria y Especiales, órganos de gobierno, como son Mesa Directiva, Conferencia y Junta de Coordinación Política, así como la operación de los Comités y Centros de Estudio.

De lo anterior, en lo concerniente al artículo 160, mismo que en un estricto sentido dicta en su numeral 2, fracción I: “Se publicarán en la Gaceta, a más tardar, siete días después de haber sido enviadas”, aun cuando el articulo expresamente obedece a la ley de transparencia, también es necesario considerar los diversos medios de difusión a donde la ciudadanía recurre a verificar datos o trabajo legislativo.

Por lo anterior la presente reforma pretende adicionar a la fracción mencionada lo siguiente: “Se publicarán en la Gaceta y micrositio de la comisión a más tardar, siete días después de haber sido enviadas”. Sin menoscabo de la relevancia con la que cuenta la Gaceta Parlamentaria, esto obedece a que la mayoría de la ciudadanía desconoce la operación de la misma y llega a ser confuso su manejo. Y dándose la publicación obligatoria en el micrositio que se asigna a cada Comisión, la información puede ser verificada de manera simple y rápida.

En la mayoría de las ocasiones es conocido por los Diputados integrantes de las Comisiones, la información vertida en los micrositios es bastante acotada, en comparación con lo emitido a la Gaceta Parlamentaria, esta situación debería ser diferente ya que los micrositios son especializados en las Comisiones y por su naturaleza deben ser considerados medios de difusión oficiales.

Si bien es cierto que la Gaceta Parlamentaria desde un inicio ha sido reconocida como el medio de comunicación interno de la Honorable Cámara de Diputados, también es cierto que ha sido utilizado principalmente para información interna, con un uso difícil para quien no conoce la plataforma electrónica, y con bastante información que a la ciudadanía le resulta verdaderamente complicado el conocer información que requiera para bibliografía o simplemente para conocimiento.

Se busca principalmente dar una mayor importancia a los micrositios de las Comisiones, basado en los principios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que simplificaría búsqueda de información vertida en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones de la H. Cámara de Diputados.

Bajo el esquema anterior, si la Comisión publicara las actas de las sesiones que celebran, se tendría la posibilidad de eliminar un gran cumulo de peticiones de información que la ciudadanía solicita ya que sería mucho más fácil que se alleguen de la información de primera mano.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 160 numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 160.

1. …

2. …

I. Se publicarán en la Gaceta y en el micrositio de la Comisión, a más tardar, siete días después de haber sido enviadas”,

II. – III. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 177 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía REFORMA AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 177 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé para la dictaminación de las diferentes iniciativas y puntos de acuerdo, la participación en sesión ordinaria del Diputado iniciante, aunque en la práctica las Comisiones de esta H. Cámara, solo aplican los medios más recurrentes como son las opiniones de las instituciones de la administración pública federal, asimismo en ocasiones cuando el promovente tiene interés en participar en estas sesiones, no le es posible ya que solo se permite a solicitud del pleno de la Comisión, dejando sin la oportunidad de dar mayores datos o aportes a la dictaminación por parte del Diputado iniciante.

La reforma pretende dotar del derecho de solicitud para ampliar la información a la Comisión dictaminadora por parte del Diputado promovente, no necesariamente esperar a que se cite ante el pleno de la Comisión sino acercarse a la misma a efecto de que esta sea valorada de una mejor forma.

Con esta reforma se estará dando la importancia que merece cada uno de los temas abordados, no simplemente en una exposición de motivos sino con los promoventes, mismos que seguramente podrán dar mayores datos e información acerca de las reformas propuesta, enriqueciendo los dictámenes legislativos en lo particular.

Si bien es cierto que las Comisiones trabajan bajo estándares de aplicación de observaciones de la administración pública federal, también es cierto que con esta reforma se comenzaría con mejores prácticas para el desarrollo de las actividades legislativas, dotando de certeza a los ciudadanos de verse representados en todo momento a lo largo del procedimiento legislativo.

Asimismo pareciere que se trata de dar una facultad con la cual ya cuentan los legisladores, ya que el mismo reglamento ampara a los C. Diputados para estar presentes en las reuniones ordinarias de cualquier Comisión, aunque en este caso con voz específicamente para posicionamiento y exposición de motivos para amparar la iniciativa que el mismo presente.

Bajo el esquema de esta reforma, si la Comisión no tuviera a bien solicitar al iniciante exponga sus motivaciones en el pleno de la misma, el promovente podrá solicitar dicho acto sustentándolo en el artículo a reformar, teniendo la certeza de ser tomado en cuenta al momento de dictaminar el asunto de que se trate, inclusive dando mayor veracidad a lo dictaminado, aparejado a la opinión que emita el órgano de la administración pública a que corresponda.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 177 del Reglamento de la Càmara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 177.

1. En el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal iniciante o a solicitud del mismo Diputado iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen.

2. - 4. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía REFORMA AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación interna de la H. Cámara de Diputados, hasta hoy en día se ha visto inmersa en diferentes reformas, muchas de ellas aplicando preceptos de ley que en bastantes casos no son del todo claros o precisos, sobre el particular, en el artículo 183, que da la facultad expresa acerca de la solicitud de prórrogas para asuntos en particular, aun cuando marca que se podrá solicitar durante el termino otorgado para dictaminación, requiere la determinación exacta ya que si una prorroga es solicitada el último día del periodo para la dictaminación, se deja sin tiempo a la presidencia de la Cámara de Diputados para emitir la resolución a la petición, precluyendo el periodo para dictaminación de los asuntos en cuestión en el mejor de los casos, o cruzando resoluciones de los órganos de gobierno.

Por lo anterior la presente reforma pretende dotar de un término fijo a este artículo, dando espacio pertinente a los órganos de gobierno para emitir las resoluciones que consideren acerca de los términos y generando un seguimiento del cómputo de los periodos exactos, con la finalidad de que se dé certeza tanto a la comisión como a los promoventes de que su iniciativa lleva un manejo preciso y podrá ser aceptada dentro de los periodos establecidos para la discusión de la misma en el pleno de la Honorable Cámara de Diputados.

Por otra parte, es menester hacer hincapié en que las Comisiones legislativas muchas veces al solicitar la prorroga a asuntos en proceso de dictaminación, se cruza con las resoluciones emitidas por los órganos de gobierno, dando de baja o cambiando los turnos de las iniciativas y dejando a un lado el trabajo realizado en la Comisión a la cual se dio turno inicialmente.

Bajo el esquema de reforma, se pretende que las Comisiones trabajen de una forma más ordenada y transparente a efecto de llevar los tramites de dictaminación con los tiempos que marca el reglamento sin menoscabo de los términos y haciendo que la comunicación entre Comisiones y Órganos de Gobierno e la Cámara de Diputados sea mucho más estrecha y fácil.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 183 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 183.

1. La comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud al Presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro de los últimos 10 días del término para dictaminar, establecido en el artículo anterior.

2. – 4. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por el Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del PRI)

CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Diputado Federal a la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Penal Acusatorio Mexicano, tiene sustancialmente los objetivos siguiente: determinar la verdad real, histórica o procesal; determinar la existencia de un hecho típico; identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de los intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternas de solución de conflictos; así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado.

En esencia, nuestro sistema es perfecto, pulcro, rápido, justo. En la práctica sería difícil asegurar que es lo que en esencia.

Un sistema que se fue gestando desde la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en la que se trazó un camino hacia la instauración de un nuevo sistema de justicia penal para nuestro país, una renovación para el Derecho Procesal Penal; una oportunidad de un cambio eficaz en nuestras instituciones de procuración e impartición de la justicia; sin embargo, a un año de la entrada en vigor de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, podemos apreciar que durante esos ocho años, simplemente “dejamos hacer, dejamos pasar”, es decir, se trabajó en una reforma estructural, pero se dejaron pasar muchas cuestiones de gran relevancia, como lo es la capacitación de todos los operadores del sistema; que si bien es cierto, los poderes judiciales trabajaron arduamente en capacitarse, las instituciones de procuración de la justicia aún están trabajando en ello, dejando a las corporaciones policiales sin una preparación adecuada para hacer frente a la importante labor que desempeñan en la investigación del delito y todo lo que conlleva la cadena de custodia y primeras declaraciones de las partes en el proceso.

Esa falta de capacitación nos lleva a que los encargados de la procuración de justicia tampoco puedan hacer su trabajo eficazmente y por lo tanto no tengamos una justicia real, acorde al diseño del nuevo modelo.

Por otra parte, no fue tomada la experiencia de algunas entidades federativas que ya tenían cerca de diez años de experiencia en un modelo como el que ahora estamos estrenando en todo el país, por el contrario, con la entrada en vigor del nuevo código nacional dimos un retroceso a conceptos que se habían adoptado en aras de perfeccionar el sistema, mecanismos que se fueron adaptando a las necesidades sociales, jurídicas y hasta institucionales para que tenga un funcionamiento eficaz.

Hoy empezamos a discutir cuestiones como la puerta giratoria; temas que en su momento resolvieron algunos estados con una serie reformas enfocadas a fortalecer el espíritu del sistema.

Este es momento en que debemos ocuparnos en tomar en cuenta que tenemos múltiples criterios que empiezan a surgir sobre la “constitucionalidad” o “no” de algunas disposiciones del sistema, y que aunado a la falta de preparación de los operadores, tenemos tesis y jurisprudencias que dan la percepción social de que nuestro nuevo modelo de justicia penal beneficia más a los delincuentes, y pareciera que en ocasiones así es.

En este sentido, debemos como legisladores, representantes del pueblo, trabajar en reformas a nuestras normas, que verdaderamente beneficien a los gobernados, que permitan a los operadores del sistema trabajar con herramientas jurídicas, no obstáculos para hacer justicia a las víctimas y ofendidos del delito, y por supuesto, permitir a los imputados a llevar un proceso justo, pero sin debilidades en nuestro sistema, que permitan todo, menos hacer valer la justicia.

Por esta razón es de vital importancia, tomemos con un interés particular la figura de la prisión preventiva, la cual, con las adecuaciones normativas precisas puede ser una herramienta jurídica que nos ayude a hacer de nuestro sistema la herramienta eficaz para la impartición de la justicia.

Nuestra Constitución Federal contempla en su artículo 19, párrafo segundo, la  posibilidad de que el Ministerio Público solicite al juez la prisión preventiva “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad” asimismo cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.” Y de manera oficiosa, el juez la ordenará en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Derivado de lo anterior, encontramos muchos criterios controvertidos sobre el tomar o no los antecedentes penales a la hora de ordenar la prisión preventiva pues no falta   quien trate de invocar el principio de presunción de inocencia, argumentando que un imputado en prisión preventiva es tratado como culpable durante el proceso.

Aquí vale la pena hacer referencia a varios ejemplos que nos deben servir como precedente:

En el Estado de Chihuahua  se aprobó una serie de reformas el 19 de abril del año 2011, en las la llamada puerta giratoria dejó de ser un problema, y en la que tenemos datos reales, en los que por un lado, el índice delictivo bajó considerablemente y por otro, los procedimientos fueron más eficaces.

En esta serie de reformas en cuestión se modificó el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, en lo que concierne a las hipótesis en que la prisión preventiva puede ser aplicada como medida cautelar; estableciendo como una nueva posibilidad para su imposición el hecho de que el imputado cuente con antecedentes penales o policiacos, o que incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye, es decir, que mientras está siendo sujeto a un proceso en libertad, sea imputado como actor del mismo delito o similar, pero en otro hecho delictivo distinto.

Debemos destacar que esta reforma que nos sirve de ejemplo, nunca fue impugnada ni controvertida en sus más de cinco años vigente, por lo que debemos considerar que la experiencia de Chihuahua en el sistema justicia de penal acusatorio, bien vale la pena tomarla en cuenta, pues se adelantó en contemplar disposiciones que ayudarían a blindar nuestro nuevo sistema de justicia penal,  y más aún, que las estadísticas muestran que las reformas del 2011 incidieron en la baja de los índices delictivos.

Por otra parte, encontramos la tesis en materia penal II.1SCP.003A.2ª de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla Estado de México, con el rubro: ANTECEDENTES PENALES. ALCANCES Y EFECTOS.

Cuyo texto establece lo siguiente: “Los antecedentes penales de una persona sujeta a un nuevo procedimiento penal, pueden ser considerados, por los jueces, para el establecimiento de determinadas medidas cautelares o de protección, o bien, ser objeto de ponderación para conceder o negar algún beneficio sustitutivo de las penas impuestas o para el otorgamiento o no de la suspensión condicional de la condena; no así para la graduación de la culpabilidad y la consecuente fijación de la específica punición; puesto que la reincidencia y la habitualidad no son ya factores que incidan en la individualización de las penas y medidas de seguridad.”

Toca: 143/2012.- Votación: Unanimidad de Votos.- 15 de mayo de 2012.

Ponente: Mauricio Moreno Vargas.

Tesis publicada en el boletín Judicial del Estado de México de fecha 1º de junio de 2012.

Como podemos apreciar ambos ejemplos están sustentados en tomar en cuenta los antecedentes penales y policiacos, para en su caso solicitar la prisión preventiva, pues estamos hablando de personas que habitualmente delinquen o llevan a cabo conductas sancionadas por los bandos de policía y buen gobierno; lo que nos lleva a estimar que es un riesgo latente que una persona con tales antecedentes se evada de la acción de la justicia.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la redacción del Artículo 19 Constitucional es muy clara al señalar que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, lo que se traduce que en el primero de los casos el sujeto cuenta con antecedentes penales, lo cual nos da la razón, en el sentido de que es necesario y justificado que se otorgue la prisión preventiva en aquellos casos en que existan antecedentes penales; incluso, la prisión preventiva ya era considera por el Constitución de 1857 como una medida de seguridad, no como una pena, por lo que no es considerada como como violatoria de los derechos fundamentales. Por su parte los antecedentes policiacos, o policiales, si bien es cierto son de naturaleza administrativa, el juez deberá distinguir si las conductas habituales del imputado, fueron sólo sancionadas por  infracciones administrativas, o bien se trataba de detenciones por delito flagrante, pero que ante la inexistencia de una querella o denuncia el infractor era dejado en libertad. Es este último caso en particular es el que nos motiva a sustentar la propuesta de incluir los antecedentes policiacos como factor para ordenar la prisión preventiva, pues siempre ha habido delincuentes que sin llegar al juez penal y sancionados por este, sí cometen habitualmente delitos, que en la mayoría de los casos no son sancionados por la ley penal.

Al respecto quiero citar la Jurisprudencia 1a./J. 31/2016 (10a.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el 28 de octubre de 2016,  Décima Época, Libro 35, Tomo I, Pag. 456.

ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO. LA OBTENCIÓN DE OFICIO DE ESE REGISTRO POR PARTE DEL JUEZ INSTRUCTOR PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS Y SUSTITUTIVOS PENALES, NO VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).”

“De conformidad con los artículos 146 del Código Federal de Procedimientos Penales y 296 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso penal deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer, entre otros aspectos, los antecedentes personales que puedan comprobarse. En ese sentido, sobre la base del sistema penal mixto, se puede establecer que el Juez instructor del proceso cuenta con la facultad legal para recabar de oficio el registro de los antecedentes penales del inculpado, lo cual no se estima violatorio del principio de imparcialidad, ni de igualdad procesal, en tanto que es criterio de este Alto Tribunal que tales datos no pueden ser considerados dentro del proceso para acreditar la existencia del delito, ni la responsabilidad del inculpado, y solamente constituyen aspectos inherentes a su persona, los cuales serán tomados en cuenta al momento de individualizar la pena y determinar lo que corresponde en cuanto a los beneficios o sustitutivos penales. Además, si conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, deriva que al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá acreditar la existencia del ilícito y la probable responsabilidad del imputado, y al Juez le concierne la imposición de penas, una vez que se han acreditado plenamente los aspectos anteriores, resulta que esa facultad de imponer penas en el sistema penal mixto no se reduce a la graduación de la culpabilidad e individualización de la sanción, sino que una vez que ello es realizado, al juzgador le corresponde determinar, en cada caso en particular, si se cumplen los requisitos para que al sentenciado le puedan ser aplicados los beneficios y sustitutivos penales, en virtud de que de actualizarse las condiciones para su otorgamiento, se estará ante la posibilidad de que la pena inicialmente impuesta cambie de modalidad, sustituyéndose o concediendo un beneficio, mejorando las condiciones de su cumplimiento. Así, el hecho de que el Juez instructor del proceso penal recabe de oficio el registro de antecedentes penales, no se traduce en una manera inquisitiva de obtener pruebas que sirvan para demostrar la culpabilidad por la comisión de un delito, pues la obtención de esas específicas documentales por parte del juzgador tiene como única finalidad que posterior a fijar la sanción que corresponda por la comisión de un delito, se analice si al responsable le pueden ser aplicables los beneficios y sustitutivos penales conforme a las condiciones que en la propia legislación se precisan, lo que incluso puede resultarle favorable.”

“Contradicción de tesis 206/2015. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto, todos del Décimo Quinto Circuito. 18 de mayo de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.”

En atención a lo anterior, podemos a preciar, que tanto los antecedentes penales como policiacos, se deben emplear como parte de la valoración que el juez debe tomar en cuenta para ordenar la detención de una persona, dictarle medidas cautelares como la prisión preventiva o de no tenerlos sea una de los requisitos para obtener la libertad condicionada.
Debido a estas consideraciones generales, se propone modificar los siguientes ordenamientos:

I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En su artículo 19, estableciendo la posibilidad que tendrá el juez  de control para ordenar la prisión preventiva a aquel imputado que tenga un historial de múltiples antecedentes policiacos, que si bien estos no siempre son consecuencia de la comisión de un delito, pero si tenemos que en la práctica hay personas que han sido arrestadas en múltiples ocasiones por la policía preventiva por la comisión de delitos como lo es el robo en sus múltiples modalidades, y que al ser llevados ante el Ministerio Público este los deja en libertad al no haberse presentado querella por parte de la víctima, la cual en muchas de las ocasiones ni siquiera tiene conocimiento sobre la identidad de su agresor, o bien tiene temor fundado a alguna represalia, por lo que no interpone denuncia o querella en su contra.

Este tipo de acciones por parte de algunos infractores hacen de nuestro sistema esa puerta giratoria de la que nuestra sociedad está harta, y por la que el trabajo bien hecho de muchos operadores no es visible, sin embargo, si queda en la sociedad la sensación de impunidad del delincuente, de la ineficacia de la autoridad, presuponiendo en muchos casos complicidad y corrupción; vale hacer mención del caso que ha sido motivo de réplica en diversos medios de comunicación a nivel nacional en el pasado mes de junio, donde un joven de León Guanajuato de 23 años de edad, ha sido detenido desde los 14 años, la alarmante cantidad de 409 veces por policías municipales, pero que hasta ahí llegaba, pues nunca tuvo antecedentes penales, pero si más de 400 detenciones por delitos como: robo a casa habitación, robo a comercio, robo de ganado y posesión de droga.

Por esta razón, estimamos que al establecer la posibilidad de que el ministerio público pueda solicitar al juez la prisión preventiva de un imputado con un considerable historial de antecedentes policiacos o policiales es no una afectación a los derechos humanos del imputado, sino una muestra de su ejercicio como defensor de la sociedad, pues delincuentes como el ejemplo antes citado hay por miles en todo el país, solo que unos más anónimos que otros.

II.- CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

En congruencia con la propuesta de reforma al Artículo 19 Constitucional estimamos conveniente proponer se reforme el Artículo 19 pero del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde hacemos referencia a la prisión preventiva en los términos de la Constitución, además del citado código.

En el artículo 150 del Código Nacional, proponemos adicionar como uno de los supuestos para la detención en caso, cuando se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, pues existen muchos casos en los que la víctima se desiste por temor al imputado.

En lo que concierne al artículo 156, estimamos que no es necesario hacer referencia al criterio de mínima intervención, con la cual reiteramos estar de acuerdo, sin embargo, debe considerarse que al ser precisamente el derecho penal la ultima ratio, es decir la última “política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir.”1

Qué más podemos hacer como Estado, si no es actuar conforme al Derecho Penal cuando el Derecho Administrativo se ve rebasado? El ejemplo del joven de León es más que suficiente.

Los artículos 167 y 170 se armonizar para que en primer término los antecedentes policiacos puedan ser tomados en cuenta en la prisión preventiva, y en segundo, incluir a estos como un factor de riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

III. LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Finalmente, se propone adicionar el artículo 137 con dos requisitos para la obtención de la libertad condicionada que son: en primer lugar, que la persona sentenciada no tenga antecedentes de haberse sustraído a la acción de la justicia; y en segundo, que no haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues consideramos que este este es un beneficio que se le debe dar a una persona que circunstancialmente haya cometido un delito, a un primodelincuente, a una persona que realmente demuestre querer reinsertarse a la sociedad, no alguien que habitualmente había tenido conductas delictivas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REDACCIÓN VIGENTE

PRUPUESTA DE REFORMA

 

 

Artículo 19. ……………………

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

 

 

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Artículo 19. ……………………

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado, haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, o tenga antecedentes policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de sustraerse a la acción de la justicia. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

 

 

 

REDACIÓN VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

 

 

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal

……………………….

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código.

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal

……………………….

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en la Constitución y este Código.

 

 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente
……………………….:

I. ……………………..;

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.

 

…………………..

…………………..

…………………..

Artículo 150. Supuesto de caso urgente
………………………..:

I. ……………..;

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia;

III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad; y

IV. ……………..

…………………..

…………………..

…………………..

 

 

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que  las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.
Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

 

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, deberá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

 

 

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

 

 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..:

I –X …………..

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
………………………

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código, o cuando tenga antecedentes policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de sustraerse a la acción de la justicia.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

I –X …………..

XI. Contra la salud, previstos en los artículos 193, segundo párrafo, 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
………………..

 

 

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse de los antecedentes penales o policiacos del imputado, o a la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

REDACCIÓN VIGENTE

REDACCIÓN PROPUESTA

 

 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada
……………………….:

 

 

I – VI…………………;

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.

………………

 

………………

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada
Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos:

I – VI…………………;

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos;

VIII. No tenga antecedentes de haberse sustraído a la acción de la justicia; y

IX. No haber sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Decreto por el que se reforman, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Nacional de Ejecución Penal.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Párrafo Segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 19.……………………

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado, haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, o tenga antecedentes policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de sustraerse a la acción de la justicia. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

………………….

………………….

………………….

………………….

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos, 19, Párrafo Segundo; 156, Párrafos Primero y Segundo; 167, Párrafo Primero y Fracción XI; y 170. Y se adiciona el artículo 150, con una fracción III recorriéndose el contenido de la III existente a la Fracción IV; todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en la Constitución y este Código.

Artículo 150. Supuesto de caso urgente

………………………..:

I.   ………………..;

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia;

III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad; y

IV.  …………………..

…………………..

…………………..

…………………..

                        

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, deberá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código, o cuando tenga antecedentes policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de sustraerse a la acción de la justicia.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

I –X …………..

XI. Contra la salud, previstos en los artículos 193, segundo párrafo, 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse de los antecedentes penales o policiacos del imputado, o a la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona se adiciona una fracción VIII recorriéndose el contenido de la VIII existente a una Fracción IX, del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar con la siguiente redacción:

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos:

I – VI…………………;

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.

VIII. No tenga antecedentes de haberse sustraído a la acción de la justicia.

IX. No haber  sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

………………

………………

……………...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

1 El principio de intervención mínima en el Estado mexicano, Julio Roberto Sánchez Francisco, pág. 5, consultado en  http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/23/r23_17.pdf el día 20-07-2017.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo anterior con base en lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

Es bien sabido que nuestro sistema jurídico contiene abundantes figuras y criterios de influencia romanista, una de ellas es la base de nuestra división territorial y organización política y administrativa, esto es, el municipio libre.

En Roma es donde se le imprimieron las características esenciales como forma de organización política. El vocablo municipio proviene del latín municipium, palabra que procede del sustantivo munus, que se refiere a cargas u obligaciones, y del verbo capere, que significa hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas palabras surgió el término, con el que se definió a las ciudades cuya población tomaba para sí las cargas para atender asuntos locales. 1

Ahora bien, a más de dos mil años de su existencia como figura jurídico política y casi quinientos de su implantación en nuestro país a partir de la Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz el 10 de julio del año 1519; la institución municipal y el Ayuntamiento como su órgano de Gobierno deben ser reconstituidos como  medio de participación social en la vida política del país, es momento de que el municipio y los ayuntamientos dejen de ser una expresión de lo “vecinal” y se impulse a esta forma de integración colectiva como un bloque trascendental en la construcción del derecho en mexicano, por ello es importante que los municipios puedan tomar parte de los asuntos nacionales; no es dable que existan leyes de coordinación entre poderes o entre entes públicos que incluyan a los municipios pero que en los que no se les permite una participación activa sino de relego institucional al grado casi de la imposición jurídica, así pues, los municipios a través de su órgano de Gobierno deben tener la atribución de señalar aquellos asuntos que desde la perspectiva Constitucional o Federal requieren creación, modificación o supresión normativa.

La concepción del federalismo debe abonar a la construcción de una realidad jurídica moderna y dúctil, alejándose en lo necesario de dogmas políticos, de esta forma, en el siglo XXI, la forma de hacer y enriquecer las leyes mexicanas también debe permitir a los municipios a través de sus Ayuntamientos participar en la construcción de las normas jurídicas estatales y nacionales, dotando al estado de derecho de un estado de razón municipal.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El federalismo como sistema de distribución de competencias entre los entes públicos que participan del Gobierno nacional, estatal y municipal en nuestro país, tiene como base piramidal al municipio, empero, ha relegado la participación de este a la de un simple espectador de la creación jurídico normativa, es decir, que basados en la concepción y aplicación del modelo clásico de división de poderes, la construcción de sistemas gubernamentales actuales como el nacional anticorrupción, el de transparencia y acceso a la información pública o el de seguridad pública, no permitió, ni permite a los municipios una participación más allá que el de aplicación de las reglas previstas para ellos, no obstante, el papel de los municipios es trascendental para la conformación, implementación e incluso alimentación estadística de los citados sistemas y, en consecuencia, para su funcionamiento adecuado, de la forma expuesta, tales sistemas fueron creados desde la concepción clásica de la actividad parlamentaria y, por lo tanto, prevén la integración municipal pero a guisa de imposiciones u observancia irrestricta de reglas o cargas que en muchas ocasiones no están en posibilidad de cumplimentar por sí mismos.

Como botón de muestra se encuentra la seguridad pública, que es una función a cargo de los tres niveles de gobierno, en la que se prevé la participación ciudadana en el ámbito de la prevención y respecto de la cual en el tema policial ha sido incesantemente señalado el nivel municipal como principal generador de corrupción o vinculación con la delincuencia organizada, pero también como el eslabón más frágil debido a la carencia de capacitación, adiestramiento, condiciones de vida digna de sus elementos e inclusive total ausencia de equipamiento básico como el “kit” de primer respondiente para el nuevo sistema de justicia penal, por otro lado, contar con mayores recursos para su fortalecimiento táctico u operativo depende de subsidios que a su vez dependen de cumplimentar estándares de criminalidad que desde luego nadie desea pero que a través de estos se aportan recursos para seguridad pública municipal; ahora bien, los programas implementados desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen sustento en su propia Ley, la que por cierto debiera permitir a los Ayuntamientos proponer su modificación, creación o supresión dado que forma parte de la Seguridad Pública como función a cargo del estado pero sesgada por cuanto a la inclusión municipal, más aún con imposibilidad para estos de proponer directamente al Congreso de la Unión o sus Cámaras, las modificaciones que desde el ámbito municipal sean necesarias debido a que esta Ley les es observable.    

Por otro lado, si bien la redacción actual del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la posibilidad de que los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, puedan presentar iniciativas legislativas, es un mecanismo difícil de cumplimentar pero, si partimos de que la base de organización política y administrativa de la sociedad mexicana es el municipio, luego entonces, es a través de este primer contacto con las estructuras gubernamentales como los propios ciudadanos podrían subir sus inquietudes legislativas o propuestas en la materia a fin de que, evaluados por sus primeros representantes, estas piezas pudiesen alcanzar el nivel legislativa del Congreso de la Unión mediante sus Cámaras para discutirse, analizarse y, en su caso, aprobarse. Por lo tanto permitir que los Ayuntamientos puedan proponer iniciativas al Congreso de la Unión o Congresos locales se erigiría como un mecanismo importante de participación ciudadana y acceso a la justicia con disminución en los índices de desigualdad social.   

Es de enorme trascendencia crear formas de interacción ciudadana con las instituciones del Estado, particularmente en el ámbito municipal en donde la “falta de confianza de debe, entre otras causas, a que el ciudadano no se relaciona con sus gobiernos para resolver problemas ni los verá como entidades que existen para su beneficio”2, pero poco podrán hacer estas autoridades sin las herramientas jurídicas para incidir en los espacios de toma de decisiones más allá de su circunscripción territorial, se requiere ir en búsqueda de un nuevo federalismo que entienda la manera en como las personas desean que sus instituciones funcionen y les permitan generar oportunidades de desarrollo, en ese aspecto, la intervención legislativa sería un camino no abordado hasta el momento pero que crearía un canal de comunicación directo entre la Federación y la base de su organización política y administrativa sin invadir la esfera de competencias básicas que a cada uno le corresponde.

Por otro lado, esta propuesta no significa un cheque en blanco sino que, en apego a la participación legislativa tradicional y sus atribuciones exclusivas, la posibilidad de presentar iniciativas legislativas estará restringida a una sola ocasión por cada periodo de sesiones ordinarias o sus recesos a fin de no distraer al Gobierno municipal de sus actividades principales así como de ser selectivo en los asuntos que quieran plantear en la forma de una pieza legislativa.

Cabe señalar que, el marco normativo tiene la encomienda constitucional de hacer, de los derechos abstractos, garantías jurídicas concretas. Un sistema jurídico ideal debería lograr salvaguardar los derechos al menor costo posible, establecer un sistema adecuado de pesos y contrapesos para la operación de los poderes públicos, así como el conjunto de incentivos para que los individuos cooperen, cumplan los contratos y asuman la responsabilidad de las afectaciones particulares o sociales derivadas del incumplimiento de las normas o de la violación de derechos.3

La presente Iniciativa busca dotar a los municipios a través de sus Ayuntamientos de la posibilidad de presentar iniciativas en el Congreso de la Unión mediante alguna de sus Cámaras, de hacer visible en el ámbito nacional la preocupación, intereses o mejoras que desde el ámbito municipal pueden realizar al sistema jurídico mexicano; busca además incentivar la participación ciudadana en el primer contacto institucional que se tiene, esto es en el municipio y que puedan incluso a poder impulsar desde ese nivel de gobierno, iniciativas de amplio espectro que de otra forma requerirían satisfacer un mecanismo Constitucional complejo, finalmente, en replanteamiento del federalismo y la acotada participación que históricamente le ha “permitido” al municipio en nuestro país, cercándolo a los asuntos como se dijo “vecinales” coartando las atribuciones que en un sistema de distribución de competencias debe tener todo ente público encargado de velar por el desarrollo la sociedad.

3. PROPUESTA LEGISLATIVA

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 71 y se adiciona una fracción XI al artículo 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 71. …

I. … a  III. …

IV.  A los Ayuntamientos de los Estados de la República y alcaldías de la Ciudad de México; y 

V.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Artículo 115. …

I. …  a  X. …

XI. Por cada periodo de sesiones ordinarias o de los recesos del Congreso de la Unión, los Ayuntamientos y Alcaldías de la Ciudad de México, podrán presentar una iniciativa legislativa, para ello deben observar las reglas de competencia, atribuciones y facultades exclusivas previstas en esta Constitución para los Poderes de la Unión así como de la presentación de iniciativas.

Los Estados de la República deben incorporar en el texto de sus respectivas Constituciones la atribución de los Ayuntamientos a presentar iniciativas legislativas.   

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

1 Organización y Gestión Municipal. Alejandro Zapata Perogordo, Oliver Meade Hervert. Editorial Porrúa, Senado de la República, LX Legislatura. Página 1. Primera edición, México, 2008.

2 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Resumen ejecutivo. Instituto Nacional Electoral, El Colegio de México. Página 49. México, noviembre de 2015.

3 EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO FRENTE A LA DESIGUALDAD. Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona. Impunidad Cero. file:///C:/Users/LV/Downloads/el-sistema-juridico-mexicano-frente-a-la-desigualdad%20Julio%202017.pdf / Páginas 6 y 7. México 2017.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, lo anterior con base en lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

Las reformas Constitucional y legal en materia del proceso penal y de seguridad pública, concretadas en dos momentos, junio de 2008 y marzo de 2014, constituyen el reto permanente de revisión y ajuste legislativo respecto de las normas que los componen y que fueron creadas para facilitar el acceso de las personas a la justicia.

El artículo décimo tercero del régimen transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone precisamente la revisión aludida en el párrafo que antecede, para el caso que nos ocupa, son motivo de revisión la detención en flagrancia respecto de hechos que pudiesen requerir el impulso procesal de la querella, así pues, a la luz de la técnica legislativa se apreciará que el artículo 148 del Código Nacional en cita, carece de precisión y puntualidad, utilizando en su redacción términos que pueden ser interpretados de distintas formas pero que bien pueden ser sustituidos por otros que más allá de términos sirvan como parámetros objetivos para identificar circunstancias en la detención de personas en las que la autoridad aprehensora o ministerial deben actuar con rapidez para informar de los hechos y recabar de la víctima u ofendido principalmente ausente, su querella en un plazo cierto.

Las condicionantes para la operatividad de una norma no concluyen con la previsión de una situación de hecho sino la claridad con la que plantean y buscan dar solución, es el caso del análisis al artículo 148 del Código citado.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La redacción actual del artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que:

Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor de doce horas, contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado o de veinticuatro horas a partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato. 

El contenido del artículo en mención presenta deficiencias de redacción que alcanzan la violación de derechos tanto de víctimas como de personas detenidas porque hace desproporcionada la permanencia en detención de una persona por un delito que requiere querella. Por principio no precisa que la detención a que se refiere el texto es detención en flagrancia; en segundo lugar, señala que la víctima será informada inmediatamente y que será, a partir de esta notificación que comenzará a correr un plazo de doce horas para presentar la querella, esto es incorrecto y violatorio de derechos humanos porque el plazo de doce horas para la presentación de la querella debe contarse desde el momento de la detención y no desde la notificación a la víctima u ofendido.

Lo anterior es así porque al no estar definido que debe entenderse por notificación inmediata, esta puede ocurrir desde minutos hasta horas posteriores a la detención, por ello si la notificación a la víctima se logra en la hora cinco posterior a la detención, la persona privada de la libertad podría mantenerse en esa condición, sin una querella, hasta diecisiete horas; peor aún con la segunda hipótesis porque permite que la persona privada de la libertad se mantenga en esa condición hasta por treinta y seis horas, esto es así porque, la redacción dispone que cuando la víctima no sea localizada, la persona podrá estar privada de la libertad por veinticuatro horas, sin embargo, puede ocurrir que en la hora veinticuatro la víctima sea localizada, caso en el que tendríamos que remitirnos a la aplicación de la primera regla, esto es, que la víctima podría presentarse a querellar dentro de las siguientes doce horas, haciendo un total de treinta y seis horas en detención sin querella para la persona privada de la libertad, todo esto derivado de la poca claridad con la que está redactado dicho artículo por cuanto al momento en que debe comenzar a correr el plazo para la presentación de la querella y los sujetos obligados a notificar los hechos y facilitar a la víctima su presentación.

Por lo expuesto se propone dividir la redacción del artículo en dos partes, la primera de ellas, aclarando que la detención debe darse en flagrancia pero lo más importante es eliminar los términos obscuros como “inmediatamente” y “plazo razonable” que nos remiten a la discrecionalidad de la autoridad, sustituyéndolos para que sea especificado, primero que a quien corresponde notificar a la víctima u ofendido es a la policía y/o al ministerio público en un plazo conjunto de doce horas, toda vez que las labores de localización y notificación a la víctima respecto de los hechos y su derecho a presentar querella deben iniciar desde el momento de la detención pero podría no lograrse antes de que la persona detenida sea puesta a disposición del Ministerio Público, caso en el que éste deberá continuar con dicha labor, la que conjuntamente debe materializarse en un máximo de doce horas, partiendo de un momento único para víctima u ofendido e imputado, esto es,  el momento de la detención, además que será un plazo ininterrumpido y con esto abonar a la certeza y seguridad jurídica de las partes y a la proporcionalidad de la temporalidad de la detención en relación con los hechos y la necesidad de querella.

No obstante lo anterior, puede presentarse el caso en que doce horas sean insuficientes para que la víctima u ofendido formulen querella, en esta hipótesis, el Ministerio Público habiéndose cerciorado de tal circunstancia, podría mantener la detención de la persona hasta por doce horas más dando una posibilidad total de permanencia en detención sin querella de veinticuatro horas pero con la certeza de que serán contadas y concluidas a partir del momento de la detención y no de la notificación a la víctima dados los problemas que esta hipótesis representa y que han sido expuestos.

Como puede apreciarse, la finalidad de esta iniciativa es modificar el contenido del artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales para señalar es obligación tanto de la policía como del Ministerio Público el agotar todos los medios a su alcance para que, en el plazo de doce horas contadas a partir de la detención de una persona en flagrancia, por hechos que requieran querella de la víctima u ofendido, logren notificarle y recabar la querella de esta, eliminando términos como “inmediatamente” o “plazo razonable” que escapan a la certeza y seguridad jurídica tanto de la víctima u ofendido como de la persona privada de la libertad, por otro lado, establecer con claridad una hipótesis de insuficiencia en el plazo de doce horas para la presentación de la querella y que pueda duplicarse pero sin que en conjunto pueda exceder de veinticuatro horas contadas desde el momento de la detención, eliminando la posibilidad contenida en la redacción actual, en donde puede la persona privada de la libertad, permanecer en esa condición y sin querella hasta por treinta y seis horas.

3. PROPUESTA LEGISLATIVA

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 148. …

Cuando se detenga en flagrancia a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, la policía y/o el Ministerio Público, tendrán en conjunto doce horas, contadas desde el momento de la detención, para notificar y coadyuvar con la víctima para la presentación de la querella. Si transcurrido el plazo señalado, la víctima no se presenta a interponer la querella, el Ministerio Público ordenará la libertad inmediata de la persona detenida.

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá prorrogar la detención hasta por un máximo de doce horas cuando por las circunstancias del caso, la víctima no pueda presentarse a formular querella dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de presentar su querella, se agotará el plazo legal de detención del imputado. En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o no con posterioridad.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. María Gloria Hernández Madrid.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Presentada por la Diputada Arlet Mólgora Glover, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, ARLET MÓLGORA GLOVER, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mexicanos poseemos el país más visitado de América Latina, que cada año recibe a millones de turistas que se sorprenden ante lo majestuoso de nuestras pirámides y zonas arqueológicas, que sueñan y se enamoran por las calles de nuestros pueblos mágicos. De la Riviera Maya con sus destinos arqueológicos de clase mundial a la Riviera Nayarita, que en sus entrañas esconde el nacimiento de los aztecas en Mexcaltitlán. Del ancestral Oaxaca hasta la Ciudad de México con sus palacios históricos, con su majestuoso Castillo en medio del Bosque de Chapultepec, por sus avenidas únicas y sus artistas inigualables. De Teotihuacán a Tulum. De Chichen Itzá a El Tajín, de Ixcateopan a Calakmul, de Bonampak a Palenque. De Xcaret hasta Bellas Artes. Tan solo en mi Estado contamos con 18 Zonas Arqueológicas reconocidas por la Red de Zonas Arqueólogicas del INAH. Entre tantos y tantos lugares más que nos han convertido en el país de todo América con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial.

Todo gran patrimonio requiere de una mayor responsabilidad. Por ello, me he dado a la tarea de reforzar las bases que le dan cuidado, seguimiento y calidad a todos y cada uno de los monumentos y zonas artísticas, arqueológicas e históricas que forman parte de la herencia del pueblo mexicano.

La presente Iniciativa tiene la finalidad de salvaguardar correctamente nuestro patrimonio para no incurrir en daños irreparables que atenten contra la riqueza cultural de México; a su vez, se busca aumentar la productividad de nuestro patrimonio, mejorando la calidad del mismo y generando como consecuencia un aumento de empleos para el pueblo mexicano, ya que se contará con una mejor propuesta para quienes quieran venir a México y gozar de nuestra oferta cultural.

Para lograr el cometido propongo una serie de reformas y adiciones a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos cambios plantean pulir la Ley a través de tres grandes rubros:

• Actualizar la Ley con base en reformas anteriores.

• Ampliar y Reforzar las bases de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, así como cambiar su denominación a: la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

• Crear el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Para detallar los incisos anteriores, pasaré a explicar cada una de las reformas y adiciones que la presente Iniciativa propone:

I. El 17 de diciembre del 2015 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que da nacimiento a una nueva Secretaría, la Secretaría de Cultura, en dicho decreto se establece el Artículo 41 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo apartado XVII otorga el ejercicio de todas las atribuciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos a la Secretaría de Cultura, sin embargo, la Ley aún se encuentra desfasada debido a que en ella se le otorgan dichas atribuciones a la Secretaría de Educación Pública. 

Por lo tanto, las reformas hoy presentadas sugieren adecuar la Ley para especificar que las atribuciones pertenecen a la Secretaría de Cultura, así como, ampliar dentro de la Ley las atribuciones de la Secretaría, como por ejemplo, su inclusión a la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de la cual hablaremos más adelante.

II. El 27 de enero del 2016 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que sustituye las medidas de pago de las obligaciones de salario mínimo a Unidades de Medidas y Actualización; con base en lo anterior, las reformas cambian los artículos de la Ley que hacían mención a pagos a través de medidas de salario mínimo.

III. El 29 de enero del 2016 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea a La Ciudad de México sustituyendo al antiguo Distrito Federal; siguiendo esta tesitura y con la finalidad de fortalecer el federalismo, las reformas hoy presentadas incluyen el cambio en la Ley a los artículos que hagan mención del Distrito Federal al de La Ciudad de México.

IV. Actualmente el Reglamento toma en cuenta la forma de inspeccionar por parte de los Institutos (INBA y INAH) a los monumentos y zonas reconocidas, sin embargo, ni la Ley ni el Reglamento hacen referencia a la continuidad con la cual se llevarán a cabo dichas visitas, por lo tanto, la presente Iniciativa propone obligar a los Institutos a realizar las inspecciones por lo menos una vez al año, con la finalidad dar un correcto seguimiento al cuidado con el que se maneja el patrimonio de México.

V. En la Actualidad la Ley crea la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, lo cual protege tan solo la mitad de todos los rubros que contiene está Ley, debido a que no existe actualmente Comisión alguna para la rama Antropológica e Histórica que regule debidamente posibles declaratorias futuras, por lo tanto, propongo ampliar la capacidad de resguardo de la Comisión, creando una Comisión única, con la finalidad de votar en conjunto todos los temas que conlleven al mejoramiento y protección de los monumentos de México.

El nuevo ente se llamará: Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

También se incluirán a la Comisión Integrantes correspondientes a la rama Antropológica e Histórica, así como un representante de la Secretaría de Cultura, con el propósito de generar una comunicación más eficaz entre la Secretaría y los Institutos que se desprenden de ella. 

VI. Se propone crear el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el cual será elaborado por la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y contendrá todos y cada uno de los monumentos con los que México cuenta.

Los objetivos de dicho Catálogo son contabilizar en un solo documento la riqueza cultural de México, valuar todos los monumentos para así resarcir totalmente el daño que pueda producirle persona alguna a estos, mejorar la calidad y el cuidado de todos los monumentos, incentivar a aquellos que sustenten la propiedad de algún monumento  a mejorar año con año su cuidado y categorizar en secciones de EXCELENTE, REGULAR y MALO cada monumento con base en su estado, seguimiento, cuidado y calidad para poder detectar a tiempo aquellos monumentos que requieran de mayor cuidado evitando así su detrimento.

La propuesta pretende alcanzar los objetivos del Catálogo poniendo a estudio y votación de la Comisión, el estado con el que se deberá de categorizar a cada uno de los monumentos. También se propone editar el Catálogo cada año.

VII. Propongo darle una estructura sólida a la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y al Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos adicionando los artículos 34 TER y 34 QUÁTER a la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos los cuales definirán la vía de trabajo de la Comisión, así como, la forma de elaboración del Catálogo.

VIII. Por último, adicionar el artículo 56 a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el cual contendrá la sanción correspondiente a propietarios de monumentos irresponsables que acumulen de forma consecutiva cinco años de estar su bien en la sección de MALO del Catálogo, con la finalidad de motivarlos a dar el cuidado correcto a sus monumentos y no dejar que estos sean mal calificados por el Catálogo, de esta manera, gana el propietario, se conserva el monumento y gana México.

En el mundo conocen a México como mágico,  mítico, étnico, indígena, esplendido, exótico, turístico y grandísimo; aquí lo conocemos como hogar. Por tantas cosas bellas de nuestra tierra, es que debemos de valorarla, hacernos responsables de la riqueza cultural de nuestro país y protegerla a toda costa.

Porque hay modernidad y pasado y porque tenemos futuro.

Por lo anterior propongo al Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 2, 3, 5, 5. TER, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 30, 34, 34. BIS, 46, 52, 53. BIS, y 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

ARTÍCULO 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- El Secretario de Cultura;

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional;

ARTÍCULO 5.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de  Cultura, previo procedimiento establecido en los artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 5. TER.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

II.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario Cultura el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Cultura, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Cultura enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 7.- Las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

ARTÍCULO 8.- Las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho instituto.

ARTÍCULO 11.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción de la Ciudad de México, con base en el dictamen técnico que expida en instituto competente, de conformidad con el reglamento.

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno de la Ciudad de México, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este Instituto.

ARTÍCULO 19.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente:

I.- Los tratados internacionales y las leyes federales; y

II.- Los códigos civil y penal vigentes para la Ciudad de México en materia común y para toda la República en materia federal.

ARTÍCULO 20.- Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Cultura y los Institutos competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización de la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

ARTÍCULO 34.- Se crea la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la que tendrá por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos artísticos, zonas de monumentos artísticos, monumentos arqueológicos, zonas de monumentos arqueológicos, monumentos históricos y zona de monumentos históricos; a su vez tendrá la obligación de elaborar el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, respetando lo señalado en el Capítulo V del reglamento de la presente Ley.  

La opinión de la comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

La Comisión se integrará por:

a) El Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Director General del Instituto de Antropología e Historia, quienes presidirán la comisión en conjunto.

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

c) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.

d) Tres personas, vinculadas con el arte, designadas por el Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

e) Un representante de la Secretaria de Cultura, quien fungirá como Secretario Técnico de la Comisión. 

f) Dos personas, vinculadas con la Arqueología, designadas por el Director General del Instituto de Antropología e Historia.

g) Dos personas, vinculadas con la Historia, designadas por el Director General del Instituto de Antropología e Historia.

Tratándose de alguna de las declaratorias mencionadas en el primer párrafo de este artículo, se invitará, además, a una de las sesiones de la comisión, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados, con la finalidad de que éste dé su opinión durante la sesión.

La Comisión sólo podrá funcionar cuando esté presente uno o ambos presidentes y más de la mitad de sus restantes miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el voto de calidad lo tendrá el presidente especializado dependiendo del tema a discusión.

Los miembros que durante una votación no cuenten con el conocimiento necesario sobre el tema, podrán abstenerse de votar.

La comisión, a través de los Institutos, está obligada a dirigir  y realizar por lo menos una inspección anual a todos y cada uno de los monumentos o zonas señalados en el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos más reciente, con la finalidad de que la acta, producto de dicha inspección, sirva como herramienta para la elaboración del próximo Catálogo.

ARTÍCULO 34. BIS.- Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta Ley, la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.

Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y de la Secretaría de Cultura para que ésta resuelva.

ARTÍCULO 46.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Cultura resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

ARTÍCULO 52.-  Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa equivalente al porcentaje dañado del bien, con base en el valor total del bien establecido en el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos más reciente, dicho porcentaje será calculado por el Instituto competente.

ARTÍCULO 53. BIS.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización vigentes.

ARTÍCULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil Unidades de Medida y Actualización, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 34 TER, 34 QUÁTER Y 56 a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34 TER.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Comisión elaborará anualmente el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como, con las actas de inspección más recientes.

El Catálogo tendrá que estar dividido en tres secciones; EXCELENTE, REGULAR y MALO.

La Comisión estudiará el estado, mantenimiento, calidad de cuidados, últimas restauraciones y demás datos que consideré pertinentes de todos y cada uno de los monumentos y zonas que pretenda incluir al Catálogo, para que con ello, a través de una votación, categorice responsablemente a cada monumento y zona en una de las secciones a las que hace referencia el párrafo anterior.

El Catálogo será publicado cada año en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión sesionará obligatoriamente al menos tres veces por año.

El lugar donde se llevarán a cabo las sesiones se determinará previo acuerdo de los presidentes.

El Secretario técnico de la comisión, quince días hábiles antes de llevar acabo la sesión, notificará a todos los miembros de la Comisión, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la sesión.

Los ordenes del día serán elaborados por el Secretario Técnico, el cual deberá repartir antes de empezar cada sesión.

ARTÍCULO 34 QUÁTER.- Los monumentos o zonas que formen parte del Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán de ser acompañados de lo siguiente:

I. La naturaleza del monumento;

II. El nombre con el que se le conoce;

III. De ser un bien mueble, la descripción y lugar donde se encuentra; de ser un bien inmueble, su superficie, ubicación, lindero y descripción;

IV. Nombre y domicilio del propietario o poseedor;

V. El valor del monumento en moneda nacional; y

VI. Fecha de última inspección.

Cualquier interesado sobre la sección en que se encuentra algún monumento o zona que el catálogo contenga, podrá pedir un informe a la Comisión, detallando las consideraciones que está tuvo para categorizar el monumento o zona a la que se refiera el interesado.

La petición a la que hace mención el párrafo anterior, deberá ser por escrito, proporcionando lo siguiente:

I. Nombre o nombres del o los interesados;

II. Fecha;

III. Domicilio para recibir notificaciones;

IV. Nombre con el que se conozca al monumento o zona de interés;

V. Fundamento y Motivo del interés; y

VI. Firma del o los interesados.

La petición se responderá hasta 90 días hábiles después de ser recibida.

ARTÍCULO 56.- Al propietario, persona física o persona moral,  de algún bien señalado en el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y que se encuentre en la categoría de MALO de las últimas cinco entregas de forma consecutiva de dicho Catálogo, perderá la propiedad y está pasará a ser de la nación; en caso de que algún bien señalado en el catálogo ya sea parte de la nación y pase por el mismo supuesto; se le impondrá multa equivalente al porcentaje dañado del bien durante los últimos cinco años, con base en el valor total del bien establecido en el Catálogo más reciente, a las Autoridades Administrativas responsables del bien en cuestión, dicho porcentaje será calculado por el Instituto competente.

ARTÍCULO 34 TER.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Comisión elaborará anualmente el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como, con las actas de inspección más recientes.

El Catálogo tendrá que estar dividido en tres secciones; EXCELENTE, REGULAR y MALO.

La Comisión estudiará el estado, mantenimiento, calidad de cuidados, últimas restauraciones y demás datos que consideré pertinentes de todos y cada uno de los monumentos y zonas que pretenda incluir al Catálogo, para que con ello, a través de una votación, categorice responsablemente a cada monumento y zona en una de las secciones a las que hace referencia el párrafo anterior.

El Catálogo será publicado cada año en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión sesionará obligatoriamente al menos tres veces por año.

El lugar donde se llevarán a cabo las sesiones se determinará previo acuerdo de los presidentes.

El Secretario técnico de la comisión, quince días hábiles antes de llevar acabo la sesión, notificará a todos los miembros de la Comisión, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la sesión.

Los ordenes del día serán elaborados por el Secretario Técnico, el cual deberá repartir antes de empezar cada sesión.

ARTÍCULO 34 QUÁTER.- Los monumentos o zonas que formen parte del Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán de ser acompañados de lo siguiente:

I. La naturaleza del monumento;

II. El nombre con el que se le conoce;

III. De ser un bien mueble, la descripción y lugar donde se encuentra; de ser un bien inmueble, su superficie, ubicación, lindero y descripción;

IV. Nombre y domicilio del propietario o poseedor;

V. El valor del monumento en moneda nacional; y

VI. Fecha de última inspección.

Cualquier interesado sobre la sección en que se encuentra algún monumento o zona que el catálogo contenga, podrá pedir un informe a la Comisión, detallando las consideraciones que está tuvo para categorizar el monumento o zona a la que se refiera el interesado.

La petición a la que hace mención el párrafo anterior, deberá ser por escrito, proporcionando lo siguiente:

I. Nombre o nombres del o los interesados;

II. Fecha;

III. Domicilio para recibir notificaciones;

IV. Nombre con el que se conozca al monumento o zona de interés;

V. Fundamento y Motivo del interés; y

VI. Firma del o los interesados.

La petición se responderá hasta 90 días hábiles después de ser recibida.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura a través del El Instituto Nacional de Antropología e Historia y El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tendrá hasta 90 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para notificar a todos los propietarios o poseedores de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de los cambios generados por el Decreto.

TERCERO.- El ejecutivo Federal tendrá hasta 90 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para adecuar el Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con base en los cambios generados por el Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Arlet Mólgora Glover.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIÓN

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prisión preventiva es la última ratio del Estado para hacer valer su imperio con el objeto de garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. La restricción de la libertad del detenido debe estar plenamente fundamentada y motivada en alguna de las modalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sea de manera oficiosa o sea manera justificada.

Una de las características del Nuevo Sistema de Justicia Penal radica precisamente en cambiar el paradigma inquisitorio de considerar la prisión preventiva como primera medida cautelar para evitar la fuga del detenido durante la etapa jurisdiccional, por un paradigma garantista que únicamente autoriza la prisión preventiva para delitos graves o como medida excepcional cuando ninguna otra medida cautelar es eficaz para garantizar la presencia del imputado en el proceso.

En este tenor de ideas, existe un reclamo social creciente en nuestro país, para incorporar a nuevos tipos penales dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los supuestos penales respecto de los cuales procede dictar de manera oficiosa la prisión preventiva, en los siguientes términos:

Artículo 19. (…)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

(…)

En estos términos, podemos hablar que aquellos delitos relativos a los siguientes supuestos ameritan prisión preventiva oficiosa:

1. Delincuencia organizada,

2. Homicidio doloso,

3. Violación,

4. Secuestro,

5. Trata de personas,

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como,

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por otra parte, el artículo 167, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera desglosada los tipos penales que ameritan la prisión preventiva oficiosa al tenor de lo siguiente:

Artículo 167.- (…)

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

()
Dicho catálogo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece a la fecha actual un listado de once supuestos bajo los cuales se debe imponer la prisión preventiva oficiosa.

En este orden de ideas, de la lectura armónica, sistemática y funcional, del artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte claramente que se encuentran excluidos de la citada disposición legal los tipos penales relativos a secuestro, trata de personas y los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos que si reconoce la citada disposición constitucional como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Por tal motivo, el objeto de la presente iniciativa es armonizar el citado artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar expresamente a los delitos de secuestro, trata de personas y los cometidos con medios violentos como armas y explosivos, como delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa.

Para mayor claridad, se expone a continuación cuadro comparativo materia de la iniciativa:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Iniciativa de reforma

Artículo 167. Causas de procedencia
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

(No hay correlativo)

 

(No hay correlativo)

 

 

(No hay correlativo)

 


El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Artículo 167. Causas de procedencia
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

XII. Armas prohibidas, previsto en los artículos 160 y 162;

XIII. Secuestro, previsto en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro; y

XIV. Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 36 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

ÚNICO.- Se reforman el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 167. Causas de procedencia

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I – XI…

XII. Armas prohibidas, previsto en los artículos 160 y 162;

XIII. Secuestro, previsto en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro; y

XIV. Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 36 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

El 11 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, una verdadera revolución jurídica para garantizar una competencia equitativa entre los concesionarios del sector a beneficio directo de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, particularmente, en las tarifas por dichos servicios.

El principal objetivo de dicha reforma consistió en realizar diferentes cambios impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

En este tenor de ideas, los principios constitucionales que incluyó dicha reforma fueron los siguientes: efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas.

Entre dichas reformas, destaca respecto al ámbito jurisdiccional, la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Consejo de la Judicatura Federal determine el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización en materia a los juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.

En este sentido, se reformó el artículo 105 constitucional para insertarle una fracción l) con el objeto de dotar de legitimación procesal activa a los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales cuando consideren invadida su esfera competencial por parte del Poder Ejecutivo de la Unión o del Congreso de la Unión.

Por otra parte, el 13 de Febrero de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aplazaría fallo sobre retransmisión de señales de televisión abierta, esquema conocido como “must carry” y “must offer”1. Lo anterior debido al escrito del juez 32° de Primera Instancia del Poder Judicial del Distrito Federal a través del cual se notificó al citado Instituto de que carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de señales de televisión radiodifundida.

El Instituto, al percatarse que carece de la facultad expresa en nuestra Carta Magna para hacer uso de la Controversia Constitucional -mecanismo que sí se le tiene por otorgado contra otros organismos de su misma naturaleza y los poderes a nivel federal- se vio en la necesidad de verse representado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 con el fin de que ésta clarifique la esfera competencial de los órganos en controversia, validando o descartando el acto que se reclama.

II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional de control de regularidad constitucional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.

En este sentido, de acuerdo a Luz Helena Orozco3, cabe hablar de tres categorías generales de conflictos:

a) Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos (federal, estatal, del Distrito Federal y municipal) con motivo de la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.

b) Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos con motivo de la constitucionalidad o legalidad de sus normas generales o individuales.

c) Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico con motivo de la constitucionalidad de sus normas generales o individuales.

El objeto de la controversia constitucional es asignar una competencia a favor de un órgano. Así, en la sentencia se llegará a la conclusión de cuál fue el órgano que actuó “indebidamente” y fuera de su esfera de atribuciones y, por lo tanto, se le asignará dicha competencia al indicado.

El plazo para la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de un acto o norma general y únicamente pueden interponerla aquellos órganos legitimados para hacerlo. En este sentido, los particulares no pueden promover una controversia constitucional.

De acuerdo a la doctrina en la materia, no se pueden impugnar a través de la controversia constitucional disposiciones relativas a la materia electoral:

Cabe destacar que, según lo dispuesto en la Constitución, las controversias son improcedentes en materia electoral. Sin embargo, el concepto de “materia electoral” tiene límites difusos en la jurisprudencia. Asimismo, la misma Corte se ha pronunciado en cuanto a la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de esta vía.4

Ahora bien de manera particular, en lo relativo a impugnar actos relativos a la materia de telecomunicaciones por la vía de la controversia constitucional, es importante destacar que el pasado 13 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional para proteger las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en contra de actos del Juez 32º de lo Civil del Distrito Federal, al tenor de lo siguiente:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes, que el Presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la Federación aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal. Los casos se han referido a controversias del

Presidente de la República en defensa de las facultades del Poder Legislativo. Bajo esta premisa es que con el mismo argumento puede el Presidente de la República promover controversia para defender el respeto a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que en casos excepcionales, como éste, procede la controversia constitucional en contra de actos judiciales, si es el caso de que se invadan competencias que corresponden a la Federación.5

III. CRITERIO JURISPRUDENCIAL

Es importante mencionar que de conformidad con el texto del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias o resoluciones de una autoridad jurisdiccional no pueden ser impugnadas a través del medio de control constitucional denominado controversia constitucional.

Dicho criterio es confirmado por la Tesis Aislada, P. LXXIII/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dicho órgano jurisdiccional colegiado sostiene la improcedencia de impugnar una sentencia de un órgano jurisdiccional a través de una controversia constitucional pues “implicaría convertir a dicho medio de control constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de tutela de la controversia constitucional.

A mayor abundamiento, se cita ad litteram la citada tesis jurisdiccional:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EMITIDA POR UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL EN LA QUE ASIGNA NOTARÍAS Y ORDENA AL EJECUTIVO ESTATAL EXPEDIR LOS FÍATS RESPECTIVOS, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES.

Si se atiende a que el objeto de la controversia constitucional es salvaguardar la esfera competencial constitucionalmente reservada a cada uno de los poderes gubernamentales, se deduce que la resolución por la cual un Tribunal de lo Contencioso Administrativo local asigna notarías y ordena al Ejecutivo estatal expedir los fíats de notario respectivos no es susceptible de analizarse en controversia constitucional, pues implicaría convertir a dicho medio de control constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de tutela de la controversia constitucional. Por tal razón, aun cuando el actor pretenda sostener la procedencia de la controversia constitucional en el hecho de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al emitir el fallo reclamado, se excedió en sus efectos, arrogándose facultades exclusivas del Ejecutivo estatal y que por esta razón se invade su esfera competencial, el trasfondo de la alegación es la inconformidad con los efectos dados a dicha resolución y que son los que concretamente el actor considera invaden su competencia, máxime si no se inconformó o realizó manifestación alguna tendente a evidenciar la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para decidir sobre la validez o nulidad del acto administrativo impugnado ante él.

Controversia constitucional 46/2009. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 6 de mayo de 2010. Mayoría de seis votos; José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas votaron con salvedades. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla.

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez.

Tesis Aislada, P. LXXIII/2010, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, pleno, Tomo XXXIII, enero 2011, pág. 2812

Se puede afirmar que, de acuerdo con las tesis de jurisprudencia sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia6, las características esenciales que deben satisfacer los órganos del Estado para ser considerados órganos constitucionales autónomos son las siguientes:

a) ser órganos originarios previstos directamente en la Constitución Política;

b) mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado;

c) tener autonomía e independencia funcional y financiera;

d) tener a su cargo funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene el objeto de otorgar legitimación procesal activa para que los órganos constitucionales autónomos puedan promover controversias constitucionales en contra de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas, cuando la esfera competencial de dichos órganos constitucionales autónomos es invadida por las autoridades jurisdiccionales federales o locales de las entidades federativas.

IV. PROPUESTA

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que el Ejecutivo Federal, de conformidad con el texto constitucional en su artículo 105, la controversia que pretende presentar en contra de la sentencia de un juez local es improcedente a la luz de las siguientes consideraciones:

1. El Ejecutivo Federal no está legitimado para promover una controversia constitucional en representación de un órgano constitucional autónomo como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

2. Las sentencias o resoluciones emitidas por un Juez Federal o de un Juez Local de las entidades federativas no son materia de impugnación a través de una controversia constitucional.

Por lo tanto, a efecto de subsanar esta laguna normativa se propone otorgarle dicha legitimación procesal activa a los propios órganos constitucionales autónomos a efecto de que puedan promover controversias constitucionales en contra de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas.

En este sentido, se  reforma el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto otorgarle legitimación procesal activa a los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales en contra de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas

La modificación planteada propone adicionar expresamente a la citada disposición constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la propia Suprema Corte, y los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas sobre la constitucionalidad de sus sentencias y resoluciones.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Iniciativa

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) – k)…
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) – k)…
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus sentencias, resoluciones, actos o disposiciones generales según corresponda. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforma el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) - k)…

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus sentencias, resoluciones, actos o disposiciones generales según corresponda. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución…

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Consultado el 12 de mayo de 2017 en:
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=169157&md5=92764
e839c5d2aa4c41faa6a3a53d0e4&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

2 Consultado el 12 de mayo de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/promueve-el-presidente-pena-nieto-una-controversia-constitucional-en-contra-del-juez-32-de-lo-civil-del-d-f

3 Cfr. ¿Qué es una controversia constitucional?, Nexos, EL Juego de la Suprema Corte, consultado el 12 de mayo de 2017: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303

4 Consulta disponible en: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303

5 Consulta disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/promueve-el-presidente-de-la-republica-una-controversia-constitucional-en-contra-de-actos-del-juez-32-de-lo-civil-del-distrito-federal

6 La sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de mayo de 2006, en la controversia constitucional 32/2005, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 2006. La parte referente a los órganos constitucionales autónomos se localiza en las pp. 959-960. La tesis de jurisprudencia P./J.12/2008 que recoge el criterio sostenido en la sentencia mencionada, se publicó con el rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 187






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO EN MATERIA DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El turismo es una de las principales actividades económicas de nuestro país. El turismo, de acuerdo a datos oficiales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) “representa 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México cuando en países de la propia OCDE, el promedio es de 4.1 por ciento”.1

La derrama económica que generan los ingresos por servicios directos e indirectos de la actividad turística ha superado el monto de los ingresos derivados de las exportaciones de productos petroleros, de acuerdo a datos oficiales del Banco de México que se detallan a continuación:

“Durante 2016 y por tercer año consecutivo el sector turístico del país reportó niveles récord en llegada de turistas extranjeros –34.9 millones– e ingreso de divisas –19 mil 570.8 millones de dólares–, según informes del Banco de México (BdeM). La derrama económica de los viajeros internacionales superó los ingresos generados por las exportaciones de productos petroleros –crudo y sus derivados– por vez primera en 19 años, debido a que éstos cayeron a 18 mil 742.6 millones de dólares el año pasado, según el informe sobre la balanza de pagos del banco central. El documento del banco central detalló que poco más de 34.9 millones de viajeros extranjeros con pernocta (turistas) ingresaron al país entre enero y diciembre del año pasado, 8.9 por ciento más en comparación con igual lapso de 2015.”2

Dichos datos reflejan la importancia de la actividad turística para la economía mexicana. Ahora bien, el 17 de junio de 2009, la Ley General de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, misma que señala en su artículo 1 que:

“…es de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo”

De la transcripción del anterior artículo, se desprende claramente que las autoridades competentes del orden federal para la aplicación de la Ley lo es el Ejecutivo Federal, quien ejerce las facultades asignadas por dicho ordenamiento, a través de la Secretaría de Turismo.

En este orden de ideas, de manera concurrente, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y la hoy Ciudad de México, señalando que la interpretación la realizará la Secretaría de Turismo.

Por otra parte, el artículo 46 del citado ordenamiento, establece la creación del Registro Nacional de Turismo como “…el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país…” que tiene la finalidad de “…contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera”.

Ahora bien, dentro de dicha disposición fue complementada por los artículos 87, fracción I, y el artículo décimo quinto transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo, facultan a la Secretaría de Turismo para dictar un acuerdo en el que se precisen los prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.

Estas porciones normativas del Reglamento, generaron diversos litigios legales de los prestadores de servicios turísticos contra la Secretaría de Turismo, entre los que se encontraban Inmobiliaria Villajuan, S.A. de C.V, Promociones Turísticas Nacionales, S.A. de C.V., Grupo Hotelero Empresarial, S.A. de C.V., Suites Amberes, S.A, Hotel Royal Plaza, S.A. de C.V, mismos que cuestionaron la facultad de la Secretaría para emitir dicho acuerdo.

Derivado de dichos litigios, el Poder Judicial de la Federación a través de diversas sentencias que resolvieron en definitiva los amparos en revisión planteados ante la autoridad jurisdiccional federal, resolvieron en definitiva la inconstitucionalidad de los preceptos reglamentarios citados, y por ende, decretaron inconstitucional la facultad de la Secretaría de Turismo para emitir dicho acuerdo.

Respecto a dicho criterio, señala la Tesis de Jurisprudencia (Tesis: 2a./J. 95/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema, lo siguiente:

TURISMO. LOS ARTÍCULOS 87, FRACCIÓN I Y DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE RESERVA REGLAMENTARIA.

Los artículos 16 y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén los principios de reserva y preferencia reglamentarias, conforme a los cuales corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal emitir los reglamentos para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, a menos que el legislador reserve expresamente determinado tema o aspecto a una norma distinta del reglamento mediante el establecimiento de una cláusula habilitante. Acorde con los principios indicados, cuando el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley General de Turismo ordena que en las "disposiciones reglamentarias" se establecerán todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, debe entenderse que el legislador dejó a salvo la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, ya que no habilitó a autoridad alguna y, por tanto, que en razón del principio de reserva reglamentaria, es en el Reglamento de ese ordenamiento legal donde deben precisarse los sujetos obligados a realizar la inscripción en el registro indicado. Con base en lo anterior, los artículos 87, fracción I y décimo quinto transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo violan los principios citados, pues indebidamente facultan al Secretario de Turismo para emitir un acuerdo en el que se precisen los prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, a pesar de que la regulación de ese aspecto corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad reglamentaria constitucionalmente prevista a su favor; máxime que no existe una habilitación del legislador y que la precisión de tales sujetos no constituye un aspecto técnico u operativo.

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de atender el vacío legal generado por el artículo 46 de la Ley General de Turismo y asignar expresamente a la Secretaría de Turismo, la facultad de emitir los acuerdos administrativos necesarios para darle cumplimiento al Registro Nacional de Turismo, en los siguientes términos:

Ley General de Turismo

Iniciativa

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

En las disposiciones reglamentarias se establecerán todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

La Secretaría de Turismo tendrá plena potestad para dictar los acuerdos administrativos para darle cumplimiento a esta disposición, derivado de las disposiciones reglamentarias que especificarán a todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ÚNICO.- Se modifica el artículo 46 de la Ley General de Turismo, en los siguientes términos:

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

La Secretaría de Turismo tendrá plena potestad para dictar los acuerdos administrativos para darle cumplimiento a esta disposición, derivado de las disposiciones reglamentarias que especificarán a todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Disponible para consulta en:
http://mundoejecutivo.com.mx/econom-negocios/2017/01/13/turismo-representa-85-pib-m-xico

2 Cfr. Disponible para consulta en:
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/13/economia/020n1eco






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN, QUEJA Y RECLAMACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada el 2 abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha Ley denominada por la doctrina como Nueva Ley de Amparo, responde al cambio de paradigma jurídico constitucional que representaron  las reformas constitucionales de fecha 6 y 10 de junio de 2011.

Dichas reformas constitucionales atendieron los dos ámbitos jurídicos fundamentales de la protección constitucional, por un lado, en el aspecto sustantivo, determinaron el cambio de denominación del término “garantías individuales” por el de “derechos humanos”, así como, se modificó la filosofía jurídica que sustentaba dichas categorías jurídicas, al señalar expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 que los “derechos humanos” son “reconocidos” por el Estado y no “otorgados” como anteriormente expresaba el texto constitucional.

En segundo término, en el aspecto procesal, se establecieron novedades para la eficacia de los derechos humanos que resultaron acordes con las nuevas tendencias jurídicas de corte garantista en la materia, primordialmente nos referimos a la introducción de la obligatoriedad del control de convencionalidad para todos los jueces tanto del fuero federal como del fuero común.

En sintonía con dicho control, se incluyó en la redacción del artículo 1 constitucional el denominado principio pro persona que es un principio de interpretación de las normas relativas de derechos humanos que consiste en favorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, de acuerdo a una interpretación conforme con la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia.

En este orden de ideas, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la relevancia de ambas reformas constitucionales en los siguientes términos:

“La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.

La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.

Las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en que el Estado mexicano es parte; por lo cual se ha estimado indispensable hacer del conocimiento público un listado enunciativo, no limitativo, de los instrumentos internacionales de esa naturaleza, clasificados por la materia en que inciden.

Con el fin de ejecutar acciones que logren los objetivos de dichas reformas y atenta a su compromiso de contribuir al conocimiento de ordenamiento jurídico que rige la vida nacional y promover la cultura jurídica y de la legalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a disposición de la sociedad la presente publicación electrónica para brindar un panorama completo de las modificaciones al texto constitucional. La obra se integra por el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, un cuadro comparativo que ofrece la posibilidad de contrastar el texto anterior con el reformado, los procesos de discusión y aprobación de las distintas iniciativas, un apéndice con la relación de los artículos reformados y su cronología de modificaciones, así como los instrumentos internacionales en los que México es parte y se reconocen los derechos humanos.”1

Ahora bien, a pesar de que ambas Reformas Constitucionales son muy claras en sus respectivas redacciones que privilegian el acceso a una tutela judicial efectiva y la interpretación de las normas jurídicas a la luz del principio pro persona, siguen existiendo resistencias inexplicables por parte de algunos órganos del Poder Judicial de la Federación para aplicar plenamente el contenido de las citadas reformas en sus respectivas resoluciones.

Nos referimos particularmente al hecho de garantizar una tutela judicial efectiva al obligar a todos los Jueces Federales a reencauzar la vía de un recurso promovido con fundamento en la Ley de Amparo, en caso de que el recurrente haya equivocado la vía.

Respecto a dicho criterio, señala la Tesis 2013047. VII.2o.T.13 K (10a.). de la Segunda Sala de la Suprema, lo siguiente:

RECURSO DE REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA QUE ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL DIVERSO DE QUEJA.

Cuando se impugne una resolución que desecha la demanda de amparo indirecto, técnicamente es improcedente el recurso de revisión, en razón de que las hipótesis legales previstas por el artículo 81 de la Ley de Amparo no se actualizan, ya que contra dicha determinación judicial procede el diverso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada legislación; no obstante lo anterior, el órgano revisor correspondiente, con independencia de lo acertado o no de su denominación, debe reencauzar el medio de impugnación de que se trata para tramitarlo y resolverlo como en derecho corresponda, ya que el operador jurídico cuenta con atribuciones para interpretar en su texto integral el medio de impugnación de que se trate, siguiendo un criterio de interpretación conforme a los postulados de la Ley Fundamental y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como lo dispone el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En esas condiciones, en estricta observancia a este mandato constitucional, al realizarse una interpretación pro personae, en relación con el principio de progresividad, se concluye que, no obstante la errónea denominación que el promovente dé al recurso intentado, el Tribunal Colegiado de Circuito debe hacer un análisis integral del medio de impugnación, a fin de descubrir que la intención del inconforme fue recurrir el acuerdo desechatorio de la demanda, que si bien no es posible impugnarlo mediante el recurso de revisión, ello no constituye obstáculo para que, en aras de privilegiar los derechos fundamentales de acceso a la justicia, tutela judicial y recurso efectivo, despojándose de rigorismos formalistas a fin de maximizar la posibilidad a los gobernados de impugnar decisiones jurídicas que les perjudiquen en su acceso a la jurisdicción, pueda resolverse acorde a la vía idónea que sea procedente, esto es, la queja, en razón de que la sola denominación incorrecta de un recurso no hace, per se, improcedente el medio de impugnación, tanto más si se cuenta con elementos suficientes para que pueda admitirse el que corresponde de acuerdo a la ley, tales como su presentación dentro del término legal y los demás requisitos legales para su promoción, de modo que el error al denominar jurídicamente el recurso, debe ser reparado por el juzgador, en aplicación de la regla: "dame los hechos, yo te daré el derecho."

Ahora bien, a pesar de que este criterio jurisprudencial abonaba en una interpretación que daba una protección más amplia a las personas en lo tocante al derecho humano a una tutela judicial efectiva, el mismo fue abandonado, en los siguientes términos:

“El criterio contenido en la presente tesis fue abandonado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver, por mayoría de votos, el recurso de queja 11/2017, el 9 de marzo de 2017, atento a lo determinado en la jurisprudencia P./J. 4/2017 (10a.), de título y subtítulo: “RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA ‘CONTRA LA DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL’. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DESECHARLO SIN QUE CON ELLO VULNERE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE).”, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, febrero de 2017, página 5.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 21/2017 de la Segunda Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 60/2017 (10a.) de título y subtítulo: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA."

Por ejecutoria del 31 de mayo de 2017, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 70/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 que resuelve el mismo problema jurídico.”2

En virtud de lo anteriormente expuesto, tal como señala la historia procesal del caso, la tesis “RECURSO DE REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA QUE ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL DIVERSO DE QUEJA”fueinaplicada en virtud de la resolución de la contradicción de tesis 70/2017 y la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 bajo el siguiente rubro “RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA”.

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea que el Congreso de la Unión en pleno ejercicio de la división de poderes, la autonomía de la facultad legislativa asignada exclusivamente por la Constitución Federal  a los legisladores, y derivado de la obligatoriedad exclusiva de los criterios jurisdiccionales para los órganos jurisdiccionales más no para las autoridades administrativas ni para el Poder Legislativo, se propone retomar el criterio judicial señalado en la tesis “RECURSO DE REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA QUE ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL DIVERSO DE QUEJA”, con el objeto de garantizar el principio pro persona en la interpretación de las normas jurídicas aplicables a la Ley de Amparo y garantizar plenamente el derecho humano a la tutela judicial efectiva para todos las personas.

En consecuencia, se propone que los Juzgados Federales estarán obligados a reencauzar la vía, en caso de que el recurrente se haya equivocado en seleccionar la vía idónea para plantear el recurso correspondiente previsto en la Ley de Amparo. Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo, en los siguientes términos:

Ley de Amparo

Iniciativa

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o de esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

(No hay correlativo)

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o de esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Los órganos jurisdiccionales competentes para la tramitación y resolución de los recursos, previstos en este artículo, deberán reencausar la vía, en caso de que el recurrente haya equivocado la misma en su presentación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 80 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o de esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Los órganos jurisdiccionales competentes para la tramitación y resolución de los recursos, previstos en este artículo, deberán reencausar la vía, en caso de que el recurrente haya equivocado la misma en su presentación.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Disponible para su consulta en: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html

2 Cfr. Disponible para su consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2013/2013047.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN COMO MECANISMO QUE HACE EFECTIVO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”) establece en su artículo 73 las facultades del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República para legislar en materias diversas. Actualmente dicho artículo contiene 30 fracciones que regulan numerosos ámbitos de legislación sobre los cuales el citado Congreso pueda legislar.

Dicha facultad legislativa es concedida a la Federación para que, a través del Congreso de la Unión, pueda legislar de manera exclusiva, a través de Leyes Federales o legislaciones únicas, o de manera concurrente con las entidades federativas, a través de Leyes Generales, sobre las materias señaladas en el mencionado artículo 73 de la Constitución Federal.

En este orden de ideas, nuestro sistema jurídico se encuentra configurado por cuatro tipos de leyes que la Constitución Federal reconoce al tenor de lo siguiente:

Tipos de Leyes

Ámbito de aplicación

Leyes Reglamentarias o Leyes Constitucionales

Reglamentan directamente un precepto de la Constitución Federal

Leyes Federales

Regulan una facultad exclusiva que le compete legislar a la Federación a través del Congreso

Leyes Generales o Leyes Marco

Establecen un marco jurídico común que establece principios orgánicos y funcionales de carácter obligatorio en una materia determinada al distribuir competencias entre los diversos órdenes de gobierno: la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Legislación única

Establece reglas procedimentales y, en su caso, sustantivas únicas en determinados materias para su validez general en todo el territorio nacional.

En consecuencia, el señalado artículo 73 de la Constitución contiene en sus diversas fracciones toda la tipología de las leyes previamente descrita, es decir, el Congreso tiene la facultad de expedir leyes reglamentarias, leyes federales, leyes generales y legislaciones únicas, de conformidad con los mandatos legislativos que la propia Constitución le asigna.

Particularmente, en lo relativo al tipo de leyes consistentes en legislaciones únicas resultan novedosas para nuestro sistema jurídico, toda vez que fueron introducidas en nuestra Constitución Federal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de octubre de 2013, con la asignación de la facultad al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en cuatro materias:

1. Procedimental Penal

2. Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,

3. Ejecución de penas y

4. Justicia Penal para adolescentes

Señala el inciso c) de la la fracción XXI del artículo 73 ad litteram lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

XXI. Para expedir:

(…)

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

(…)

En este sentido, nuestro sistema jurídico establece desde la Constitución Federal las características que deben presentar este tipo de legislaciones únicas a saber:

1. Son expedidas por el Congreso de la Unión.

2. Rigen en todo el territorio nacional, tanto en el orden federal como en el fuero común, es decir, en los órdenes de las entidades federativas y de los municipios.

En opinión de cierto sector de la doctrina este tipo de legislaciones únicas rompen con la cláusula de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, también denominada como la cláusula federal o del “Pacto Federal”, la cual, reconoce en el artículo 124 de la Constitución Federal un sistema de facultades residuales para las entidades federativas al tenor del siguiente texto:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

No obstante lo anterior, la propia Constitución Federal ofrece una solución de interpretación sistemática, armónica y funcional, respecto a incorporar a las legislaciones únicas como una extensión específica de las facultades implícitas con las que cuenta el Congreso para “expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”, en términos de lo señalado por la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Federal.

Bajo dicha interpretación, la expedición de legislaciones únicas expresamente reconocidas por el propio artículo 73 es una extensión de las facultades implícitas para hacer efectivas las facultades del Congreso, es decir, además de ser consideradas como una facultad explícita del Congreso también se configuran como una extensión legislativa de las facultades implícitas.

En este tenor de ideas, cabría señalar que las legislaciones únicas dentro del Pacto Federal existente en México corresponde a una “mutación constitucional”, un término popularizado por el Dr. Gustavo Zagrebelsky, que “responden a un quehacer jurídico que busca describir el cambio de significado o sentido de la Constitución sin que se altere la expresión escrita”1.

Para la teoría constitucional las mutaciones constitucionales son “cambios no formales que operan en el correr de la historia de una Constitución, sin alterar el enunciado formal, sin cambiar la letra del texto”2.

En el caso que nos ocupa, respecto a la evolución de nuestro sistema jurídico para incorporar las legislaciones únicas en los tipos de leyes que reconoce nuestra Constitución, ha operado materialmente una mutación constitucional que faculta explícita e implícitamente al Congreso de la Unión para expedir legislaciones únicas en diversas materias, por lo que, no se puede considerar dicho tipo de legislaciones como un quiebre del Pacto Federal.

Bajo esta tesitura, una vez que ha quedado aclarada la legitimidad constitucional de las legislaciones únicas, la presente iniciativa propone asignarle la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia del procedimiento de adopción.

Por tal motivo, con el objeto de homologar y simplificar el procedimiento de la adopción que es resuelto en sede jurisdiccional por los Tribunales de la Federación y los Tribunales del fuero común, se propone asignarle la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia, al considerar a la adopción como un mecanismo que hace efectivo el derecho de los niñas, niños y adolescentes a vivir y contar con una familia, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-P en correlación con el artículo 4, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establece a la letra el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

(…)

La adopción es una institución jurídica emblemática del derecho familiar en el mundo. A través de dicha institución se consolida el vínculo de filiación entre un menor de edad que recibe la denominación de adoptado y los padres de familia que reciben la denominación de adoptantes.

La doctrina ha definido a la adopción como “un acto jurídico sancionado por la autoridad jurisdiccional que tiene por objeto generar una situación de filiación jurídica entre adoptante y adoptado.”3

En nuestro régimen de distribución de competencias en materia civil, las entidades federativas cuenta con la facultad expresa para legislar en dicha materia, bajo la consideración de sujetarse a las pruebas, registros y procedimientos judiciales que se prescriben en las leyes generales dicte en la materia, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Federal que a la letra señala:

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

(…)

La doctrina ha distinguido claramente que los actos del estado civil son aquellos hechos relativos al nacimiento, matrimonio y defunción de los individuos, los cuales, derivado de la importancia que revisten para la vida jurídica de la persona frente a terceros, son registrados por el Estado,  a través de un registro público, denominado en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país como Registro Civil.

Respecto de dichos actos la doctrina ha separado aquellos actos que revisten una naturaleza contingente a los actos que acompañan a los ya mencionados actos del estado civil, entre los cuales, destaca la tutela, la patria potestad y la adopción de menores de edad.

En nuestro sistema jurídico, tanto en el orden federal como en el orden local de las entidades federativas, se reconocen cuatro tipos de adopción: la plena, la simple, la internacional y la realizada por extranjeros.

Derivado de ello, la presente iniciativa pretende regular el procedimiento de tres tipos de adopción: la plena, la internacional y la realizada por extranjeros, toda vez que la adopción es un mecanismo que ha sido derogado en la mayor parte de las legislaciones locales de las entidades federativas, siendo su lugar asumido de manera completa por la adopción plena.

De este modo, la adopción es considerada por el marco jurídico internacional como un mecanismo que hace efectivo el derecho que tiene los niños a recibir protección y asistencia especiales por parte del Estado, en caso de que se encuentren privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Al respecto, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (en adelante la “Convención”), establece a la adopción como un mecanismo que hace efectiva la protección y asistencia especiales del Estado hacia los niños, bajo los siguientes términos:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Sobre este particular, es importante destacar que la adopción es un mecanismo de naturaleza procesal a cargo del Estado que le brinda protección y asistencia especiales del Estado hacia los niños que se encuentran privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

En consecuencia, al ser considerado como un mecanismo no debe ser considerado como un derecho ni a favor de los niños que se pretende adoptar, ni a favor de los padres adoptantes que pretenden ejercer la adopción de un niño. Sostener una interpretación contraria, nos llevaría al absurdo de afirmar que el Estado tiene el deber de garantizarle a todas los individuos el derecho de contar con un niño bajo el régimen de adopción.

En este tenor de ideas, el artículo 21 de la Convención, establece los principios convencionales aplicables al sistema de adopción que deben reconocer los Estados que forman parte de la misma, entre los que destacan los siguientes:

Artículo 21.- Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

De este modo, tanto la Constitución Federal como el sistema de derecho internacional público, reconocen al “interés superior del niño” como la consideración primordial para permitir la adopción de los niños, misma que es considerada como una institución jurídica que hace efectivo el derecho de los niños a contar con una familia.

En sintonía con las mencionadas disposiciones constitucionales y convencionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce en su Capítulo Cuarto el derecho de los niños a vivir en familia.

Por tal motivo, la adopción se configura como un mecanismo de naturaleza procesal que hace efectivo el derecho de los niños a vivir en familia y como un mecanismo de naturaleza procesal que le brinda protección y asistencia especiales por parte del Estado hacia los niños, siempre bajo el principio rector del interés superior del niño.

Para mayor claridad podemos conceptualizar a la adopción como un mecanismo que cumple una doble finalidad bajo la siguiente tesitura:

Principio rector. Interés superior del niño.

Mecanismo procesal

Derecho que se garantiza

Adopción

Derecho de los niños a vivir en familia (artículo 4 en correlación con el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Federal)

Adopción

Derecho de los niños a recibir protección y asistencia especiales por parte del Estado, en caso de que sean privados de su medio familiar de manera temporal o permanentemente, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio (artículo 20 de la Convención)

Dichas dificultades se reflejan claramente en las estadísticas oficiales del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en materia de adopción, de acuerdo a las cuales, México ocupa “el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que no viven con sus padres con 1.6 millones de casos, de los cuales, hasta 2012 más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos”.4

Aunado a ello, menciona el citado reporte que de las “805 solicitudes de adopción; se concluyeron exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente”5

De este modo, la existencia de una legislación única en materia de adopción, no sólo es necesaria sino que es indispensable para agilizar los procedimientos en materia de adopción y, con ello, garantizar de manera expedita, eficaz y eficiente, el goce de los derechos humanos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

En conclusión, el texto normativo que propone la presente iniciativa consiste en reformar en materia de expedir una legislación única en materia de adopción en la fracción XXX del propio artículo 73.

Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo que contiene la propuesta señalada en los siguientes términos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Iniciativa

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I – XXIX-O…

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

 

 

(…)

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I – XXIX-O…

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como, en materia del procedimiento de adopción como mecanismo que hace efectivo dichos derechos, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

(…)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN COMO MECANISMO QUE HACE EFECTIVO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I – XXIX-O…

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como, en materia del procedimiento de adopción como mecanismo que hace efectivo dichos derechos, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procesal en materia del mecanismo de adopción a que hace referencia la fracción XXIX-P del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

TERCERO.- La legislación procesal en materia de adopción de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entré en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las citadas legislaciones deberán concluirse y ejecutarse conforme a las mismas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Christian E. Campos-Monge, “Mutación Constitucional: el caso del Derecho Humano a la Educación”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible para consulta en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r21500.pdf

2 José Afonso Da Silva, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, “MUTACIONES CONSTITUCIONALES”,
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5561/7207

3 Rico Álvarez, Fausto, et al., Derecho de familia. Estudios en homenaje a la Escuela libre de derecho con motivo de su primer centenario, México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2011, p. 389

4 Cfr: Información disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html

5 Cfr: Información disponible en:
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En recientes fechas la sociedad mexicana ha conocido de diversos casos donde las personas con discapacidad sujetas a procesos penales o de índole jurídica, han sufrido de diversas violaciones a sus derechos y con ello a su dignidad inherente, principalmente se hace referencia al caso de Erick Najar Montaño, habitante de la Ciudad de México, quien presuntamente sustrajo de una tienda departamental, mercancía por un valor equivalente a 21 pesos.1 Posteriormente y bajo una fuerte presión de la opinión pública, además de que la parte acusadora retiró los cargos, Erick Najar Montaño salió libre2, este caso aunado a otros donde intervienen personas con discapacidad que quizá no han tenido la relevancia en la opinión pública, requieren de una intervención del Estado afin de que sus instituciones encargadas de la administración de justicia, adquieran una perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad a fin de que sean respetados sus derechos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), consagra en su Artículo 17 párrafo segundo el derecho a la Justicia, que obra para todas las personas, de acuerdo a su texto que a la letra dice:

Artículo 17: …

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.3

De igual forma la igualdad ante la ley refiere explícitamente que en los procesos judiciales las personas con discapacidad gocen de las medidas afirmativas que peritan su acceso irrestricto a la Justicia, en particular se citan los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), reafirmando el mandato de la CPEUM, en su artículo 1334 que le otorga la supremacía legal a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos donde México, sea Estado Parte.
Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley5

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13 Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

En relación a estos artículos el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo encargado de supervisar la implementación de la Convención en México, expresó ciertas preocupaciones derivadas del análisis sobre el informe que el Estado Mexicano emitió sobre el Estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en México, respecto a el acceso a la justicia señalo lo siguiente:

Acceso a la justicia (artículo 13)6

1. Al Comité le preocupa el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas; de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; el de personas con discapacidad institucionalizadas, y el de niños y niñas con discapacidad.

2. El Comité recomienda al Estado parte:

a) Adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los grupos más discriminados de personas con discapacidad puedan también acceder a la justicia;

b) Brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad que viven en pobreza o institucionalizadas; y

Es por tanto que la Iniciativa se inscribe en la necesidad de dar respuesta a estas situaciones en el ámbito de los derechos humanos concretamente en lo relativo al debido proceso de las personas con discapacidad.

El acceso a la justicia es un término asociado a los derechos humanos que puede concebirse de la siguiente forma en palabras del jurista Cipriano Gómez Lara:

[…] el acceso a la justicia es más un concepto ideológico y sociológico que se centra en la preocupación de que los justiciables puedan llegar a ser oídos y atendidos eficazmente por los órganos de impartición de justicia, sin dilaciones, sin trabas burocráticas, sin candados ni obstáculos económicos y sin prejucios raciales ni discriminaciones políticas, sexuales, religiosas o de otro género.7

Por lo que en consecuencia es menester que México en su carácter de Estado Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad atienda puntualmente las recomendaciones procurando que los organismos de impartición de justicia y en particular para los intereses que guarda la Iniciativa, el Instituto de Defensoría Pública realice acciones que permitan el acceso en igualdad de condiciones a la justicia por parte de las personas con discapacidad.

La discapacidad en términos de la Convención y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es una condición donde se […] incluyen a aquellas [personas] que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.8Es de señalar el carácter situacional o referencial de la discapacidad, es decir las personas con discapacidad no están impedidas por sus características para ejercer sus derechos o para realizar la totalidad de sus acciones; sino que derivado de la ausencia de una política inclusiva en el diseño de la sociedad, la interacción de las mismas con ciertas actividades específicas del quehacer humano es limitado y se identifican con situaciones o referencias propias asociadas al tipo de discapacidad con el que viven. Ejemplificando lo anterior podemos afirmar que las personas con discapacidad física, que incluyen diversos trastornos o lesiones permanentes en su sistema neuromotor, frecuentemente tienen limitaciones en su movilidad y autonomía personal no sólo dentro de sus viviendas, sino en sus comunidades y más aún viven severas restricciones para trasladarse con independencia en el transporte público. A la luz de esta premisa es importante señalar que las personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva viven importantes limitaciones para interactuar en los procesos de comunicación, acceso a la información y comprensión de la lectura.

Esto derivado de la omisión de la sociedad que mantiene un proceso estándar de comunicación y acceso a la información a través del lenguaje oral, la escritura convencional y la redacción gramatical técnica; estos procesos son fundamentales en los procesos judiciales, puesto que el justiciable tiene la obligación primigenia y tácita de comprender su participación en el hecho sujeto a juicio. Sin embargo, al tomar conciencia sobre los requerimientos propios de las personas según su tipo de discapacidad es evidente que existe una restricción en su acceso a la justicia.

Dicho esto, es necesario reconocer el papel que juega la accesibilidad como un principio fundamental en los procesos judiciales, usualmente la accesibilidad se asocia como un adjetivo complementario de la movilidad en el entorno físico, esta creencia dirige el accionar de la autoridad, que pretende garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad a través de acciones de diseño o redistribución de los espacios y edificios públicos, hecho que es fundamental pero insuficiente. La Observación General No. 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad9 señala que:

33. Dar pleno acceso al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación y los servicios abiertos al público es verdaderamente una condición previa esencial para el disfrute efectivo de muchos derechos amparados por la Convención. En situaciones de riesgo, desastres naturales y conflicto armado, los servicios de emergencia deben ser accesibles a las personas con discapacidad, o en caso contrario sus vidas no pueden salvarse ni protegerse su bienestar (art. 11) No puede haber un acceso efectivo a la justicia si los edificios en que están ubicados los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de la administración de justicia no son físicamente accesibles, o si los servicios, la información y la comunicación que proporcionan no son accesibles para las personas con discapacidad (art. 13).

Ahora bien asociado al concepto de accesibilidad se encuentra el de “ajustes razonables”, que derivado de la definición proporcionada por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con artículo 2 fracción II, Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;10y clarificado la diferencia y relación que ambos tienen se vuelve a citar la Observación General No. 211, que a la letra dice:

22. La accesibilidad se refiere a grupos, mientras que los ajustes razonables se refieren a personas. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben negociarse con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes. En el caso de las personas con deficiencias raras que no se tuvieron en cuenta al elaborar las normas de accesibilidad o no utilizan los modos, métodos o medios previstos para garantizar la accesibilidad (no leen Braille, por ejemplo), incluso la aplicación de normas para personas con discapacidad puede ser insuficiente para garantizar su acceso. En tales casos, pueden aplicarse ajustes razonables.

23. La obligación de realizar ajustes razonables es una obligación ex nunc, lo que significa que estos son exigibles desde el momento en que una persona con una deficiencia los necesita en una determinada situación (lugar de trabajo, escuela, etc.) para disfrutar de su derecho o derechos en igualdad de condiciones en un contexto particular. En este caso, las normas de accesibilidad pueden actuar como indicador, pero no pueden considerarse obligatorias. Los ajustes razonables pueden utilizarse como medio para garantizar la accesibilidad a una persona con una discapacidad en una situación particular. Con la introducción de ajustes razonables se pretende hacer justicia individual en el sentido de garantizar la no discriminación o la igualdad, teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las elecciones de la persona. Por lo tanto, una persona con una deficiencia rara puede solicitar ajustes que no estén comprendidos en el alcance de ninguna norma de accesibilidad. La decisión de realizarlos o no depende de si son razonables y de si imponen una carga desproporcionada o indebida.

Reafirmando la exigibilidad del derecho a solicitar ajustes razonables las fracciones XXII Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación12 señala lo siguiente:

Artículo 9: Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

La reciente reforma al Sistema Penal que le otorga la característica de Acusatorio, manifiesta a la vez oportunidad y obligación de reformar los diversos órganos que intervienen en el proceso penal, brindando la mayor protección con perspectiva de Derechos Humanos para los justiciables, particularmente y de acuerdo a los intereses que persigue la Exposición de Motivos, es sin duda relevante la actuación de la Defensa Pública en este proceso.

De acuerdo a la CPEUM en su artículo 20 apartado B fracción VIII, se reconoce el derecho del imputado a contar con una defensa, la cual podrá ser de carácter público a través de la designación del juez,13 es de resaltar el carácter de que la defensa deberá ser adecuada, lo cual debe traducirse en que está comprenderá la mayor extensión de protección a los derechos humanos del imputado, privilegiando el respeto a sus decisiones, intereses y voluntad.

Es decir, de acuerdo a la siguiente cita:

Como derecho humano, con la defensa se busca realizar las condiciones necesarias para evitar desequilibrios procesales entre las partes, generar situaciones de indefensión y garantizar que se cumplan los fines del proceso. El derecho a defenderse es componente indispensable del extenso derecho al debido proceso y condición necesaria para la garantía de acceso formal y material a la justicia. Prácticamente ningún componente del debido proceso y del acceso a la justicia podría materializarse en ausencia de la defensa.

Los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos nos permiten mirar todas las relaciones del derecho a defenderse con el sistema de principios, fines y derechos humanos del SJPA [Sistema de Justicia Penal Acusatorio] y afirmar que éste es esencial para que la persona imputada pueda comprender el proceso y enfrentar cada etapa con las debidas garantías, en condiciones de igualdad.14

Más aún, si reformamos la anterior cita en una sentencia de acuerdo al texto resaltado, podemos formular la siguiente premisa Como derecho humano el derecho a defenderse implica necesariamente que se realice en condiciones de igualdad. Lo que traducido a el ámbito de las personas con discapacidad implica reconocer la necesidad de los ajustes razonables anteriormente descritos que pueden significar la existencia de intérpretes de lengua de señas, impresión de la información en Braille y permitir que la persona imputada se encuentre acompañada de alguien de su confianza en todo momento.

Por tanto la Iniciativa pretende dotar de atribuciones a la Defensoría Pública para que vele por la igualdad de condiciones en el proceso penal de los imputados que a la vez sean personas con discapacidad.

Para mayor comprensión anexo tabla comparativa de la iniciativa.

Ley Federal de Defensoría Pública

Iniciativa

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:
I – VI …
VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:
I – VI …
VII. Velar por las medidas pertinentes que garanticen la accesibilidad durante el procesos para las personas con discapacidad, procurando la existencia de intérpretes de lengua de señas, impresiones en sistema de escritura Braille a los documentos oficiales, traducción de la información legal en textos de fácil comprensión, entre otros. Procurando los ajustes razonables que requieran las personas en particular; y
VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:
I – III.
No hay correlativo

Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:
I – III…
IV. Condicionar o limitar las medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad contar con el debido proceso y el derecho a la justicia. Negar la solicitud ante las autoridades procesales de los ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio Público de la Federación comprende:
I – IX…
X. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta…

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio Público de la Federación comprende:
I – IX…
X. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y
XI. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta…

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales federales comprende:

 

I – XXII…

XXIII. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho.

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales federales comprende:
I – XXII…
XXIII. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y
XXIV. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho.

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:
I – V…
VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:
I – V…
VI. Las personas con discapacidad, particularmente con discapacidad auditiva, visual o intelectual, que tengan limitaciones en la comunicación, acceso a la información y comprensión relacionadas con el proceso legal, y
VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio es que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adicionan la Fracción VII del Artículo 6, la Fracción IV del Artículo 7, la Fracción X del Artículo 11, la Fracción XXIII del Artículo 12, la Fracción VI del Artículo 15, recorriéndose al inmediato posterior donde se aplique. Todos ellos de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue: 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:

I – VI…

VII. Velar por las medidas pertinentes que garanticen la accesibilidad durante el procesos para las personas con discapacidad, procurando la existencia de intérpretes de lengua de señas, impresiones en sistema de escritura Braille a los documentos oficiales, traducción de la información legal en textos de fácil comprensión, entre otros. Procurando los ajustes razonables que requieran las personas en particular; y

VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:

I – III…

IV. Condicionar o limitar las medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad contar con el debido proceso y el derecho a la justicia. Negar la solicitud ante las autoridades procesales de los ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I – IX…

X. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y

XI. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta…

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales Federales comprende:

I – XXII…

XXIII. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y

XXIV. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho.

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

I – V…

VI. Las personas con discapacidad, particularmente con discapacidad auditiva, visual o intelectual, que tengan limitaciones en la comunicación, acceso a la información y comprensión relacionadas con el proceso legal, y

VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Artículo Disponible en portal Animal Político: 
http://www.animalpolitico.com/2016/05/soriana-acusa-a-joven-con-discapacidad-intelectual-de-robar-dos-manzanas-y-un-refresco/

2 Artículo Disponible en portal Animal Político:
http://www.animalpolitico.com/2016/05/soriana-retirara-cargos-contra-joven-con-discapacidad-intelectual/

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

4 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

5 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008., disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

6 Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México, Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, Octubre 2014, disponible en:
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=686:comite-
sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-observaciones-finales-
sobre-el-informe-inicial-de-mexico&Itemid=282

7 Gómez Lara, Cipriano. El debido proceso como derecho humano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible
en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1968/17.pdf

8 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008., disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

9 Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad” Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability

10 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF 30-05-2011, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

11 Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad” Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability

12 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; DOF: 11-06-06, Fracciones adicionadas según decreto DOF: 20-03-2014, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

13 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación., … B. De los derechos de toda persona imputada: … VIII.   Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-17, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

14 Defensa Pública y Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2015, 1ª Ed., pp. 20.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 217 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 227 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA  LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO CONCERNIENTE A LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADAS POR TRATADOS INTERNACIONALES

(Presentada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN)

Diputado ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, Diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6.1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO CONCERNIENTE A LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADAS POR TRATADOS INTERNACIONALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PROBLEMÁTICA

Los Estados Unidos Mexicanos hacen parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y la aceptación de otras declaraciones de Naciones Unidas y procedimientos de investigación), así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sobre ésta última debe destacarse que desde 1998 el Estado Mexicano reconoció y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH).1 Lo anterior quiere decir que el Estado Mexicano ha reconocido como vinculantes las decisiones de este organismo y, por ende, ha aceptado llevar a cabo el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, y a pesar de que tal reconocimiento lleva casi 20 años, no existe hasta ahora una ley que institucionalice el proceso de implementación, coordinación y comunicación entre los tres poderes de la unión, los organismos públicos autónomos (como el INAI, el INE, etcétera), así como entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

El único antecedente nacional que se tiene es el Acuerdo que crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2003. No obstante, este acuerdo, por su naturaleza jurídica, únicamente obliga a las dependencias del gobierno federal, sin contar que en la práctica se encuentra totalmente en desuso, aunque siga vigente.

El objetivo de esta iniciativa es, precisamente, crear una ley que establezca las bases organizativas y de comunicación (entre el derecho interno y el derecho internacional) para el cumplimiento, por parte del Estado Mexicano, de las decisiones de la CrIDH, así como de otras instancias internacionales de protección de los derechos fundamentales.

II. ARGUMENTACIÓN

1. Fundamento constitucional

La presente iniciativa se fundamenta en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Como puede verse, en el primer párrafo se indica que las personas en México gozan de los derechos reconocidos en la constitución, pero también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, en el segundo párrafo se encuentra establecido el principio pro homine (o principio pro persona), que es un criterio fundamental para la protección efectiva de los derechos humanos y que se basa en el supuesto de que las personas pueden recurrir al ordenamiento jurídico que le resulte más beneficioso a efecto de hacer respetar sus derechos fundamentales.

El párrafo primero también reconoce que las personas en los Estados Unidos Mexicanos pueden recurrir a las garantías para la protección de los derechos humanos, ya sea que éstas estén establecidas por la legislación nacional (como el juicio de amparo) o por tratados internacionales (como las sentencias emitidas la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

En este sentido, la presente iniciativa busca reglamentar el primer párrafo del artículo 1o de la Constitución, en lo que toca a las garantías para la protección de derechos humanos establecidas por instrumentos internacionales, particularmente el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El propósito de esta reglamentación es el de armonizar la legislación mexicana secundaria con los mecanismos de tutela del derecho internacional. Se trata, pues, de articular las actividades de las autoridades que conforman el estado mexicano para que lleven a cabo el cumplimiento de lo ordenado por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

El Congreso de la Unión está facultado para legislar en la reglamentación de artículos de la constitución como ha hecho anteriormente. Por jemplo, la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, o bien la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, entre otras

2. Principio Pacta sunt servanda

Si bien es cierto que la constitución mexicana reconoce el principio pro hombre y los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, también lo es que la reforma constitucional de 2011, que dio lugar a este reconocimiento, se realizó como parte de un proceso de cumplimiento de las sentencias de la CrIDH. Es decir, antes de la reforma de 2011, la constitución mexicana padecía de un rezago en materia de derechos humanos.

La reforma constitucional de 2011 se fundó, en buena medida, en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los cuales establecen:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

La adopción de medidas legislativas nacionales para para hacer efectivo los derechos y libertades reconocidos en la Convención puede llevarse a cabo a través de dos vías principales. La primera es por una disposición expresa que la Corte haya formulado en alguna de sus sentencias, dirigida a un Estado en particular. Tal es el caso, por ejemplo, de la sentencia del caso Rosendo Cantú vs México en el que la CrIDH señaló: “El Estado [Mexicano] deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”2. La segunda vía se refiere al cumplimiento de la Convención por voluntad propia del Estado parte del tratado. Esta vía se encuentra estrechamente relacionada con el principio de derecho internacional conocido como pacta sunt servanda según el cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

De conformidad con el principio pacta sunt servanda se presenta esta iniciativa, pues el Estado Mexicano se encuentra obligado a modificar -de buena fe- su marco jurídico con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones de la Corte, la cuales son, después de todo, una de las formas para garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Convención y en nuestra Constitución. De no hacerlo, se estaría incumpliendo con el artículo 2 de la Convención, lo que podría ocasionar que México incurriera en responsabilidad internacional.

Es importante tener en cuenta que han sido varios los especialistas que se han manifestado a favor de este tipo de normas de implementación de las decisiones de la corte o del derecho internacional. Entre ellos destacan, por ejemplo, el doctor Sergio García Ramírez (jurista mexicano y exjuez de la CrIDH)3 o bien la jurista brasileña Camila Giunchetti Pio da Costa (quien ha fungido como representante del Estado Brasileño ante la propia Corte).4 De hecho, la jurista Pio da Costa ha denominado a este tipo de leyes como legislación puente, ya que sirven para comunicar la esfera nacional con la internacional. De igual forma, organizaciones internacionales de la sociedad civil, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), han advertido sobre la necesidad de que los estados nacionales cuenten con “mecanismos de ejecución de sentencias y resoluciones interamericanas”. Desde el CEJIL se ha advertido: “No siempre es imprescindible emitir una ley destinada a facilitar la ejecución de las decisiones del sistema Interamericano… pero la adopción de una ley… puede ser fundamental para dar coherencia, agilidad y efectividad a la protección internacional en la esfera nacional o local”; y han agregado también: “corresponde al Legislativo hacer un aporte significativo que asegure la plena efectividad de las obligaciones internacionales en derechos humanos de los Estados de la región [latinoamericana]”. 5

La propia CrIDH ha sostenido que “corresponde a los Estados expedir las normas y ajustar las prácticas para cumplir lo ordenado en las decisiones de la Corte Interamericana, si no cuentan con dichas disposiciones”.6

Por lo tanto, debe mencionarse que México se encuentra rezagado en este ámbito legislativo, en comparación con otros estados americanos: Colombia (Ley N° 288/96) y Perú (Ley N° 27.775), por ejemplo, ya cuentan con legislación en este sentido, mientras que Argentina y Brasil se encuentran en el proceso de aprobar, respectivamente, sus proyectos de ley.

3. Ejercicio del control de convencionalidad

Es importante advertir que la iniciativa de ley pretende obligar a todas las autoridades que conforman al Estado Mexicano a que cumplan las resoluciones de la Corte, en el ámbito que le corresponda y de acuerdo a sus competencias. Es decir, busca incluir a todos los organismos y dependencias de los órdenes federal, estatal y municipal.

De inicio, este objetivo de la legislación parecería invadir las esferas de competencia. Sin embargo, no es así. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el tercer párrafo del artículo 1o de la constitución señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” En segundo lugar, porque de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ningún Estado “podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de los tratados que ha suscrito” (artículo 27). A lo anterior debe añadirse que las resoluciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos no obligan solamente al Ejecutivo Federal, sino al Estado Mexicano en su conjunto.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ahondado bastante sobre este aspecto. Y se ha referido a él como la obligación por parte del Estado de ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana. Así, por ejemplo, en el caso Rochac Hernández y otros vs El Salvador, la CrIDH determinó:

…El Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos… Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias…7

Este criterio ha sido adoptado, asimismo, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana que en una tesis ha manifestado: “así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano”.8

4. Disposiciones generales del proyecto de Ley

Aclarados los aspectos con la necesidad de contar con una legislación de este tipo y su fundamento en la constitución mexicana y en el derecho internacional, toca ahora explicar el contenido texto.

El proyecto de ley establece claramente que las resoluciones de la CrIDH (y de otros organismos internacionales de protección de los derechos humanos establecidos por tratados internacionales de los que México forme parte) tienen un carácter vinculante y por tanto obligatorio. Por tal motivo, es importante apuntar en el cuerpo de la ley que no corresponde a ninguna autoridad mexicana (en este caso al Poder Judicial de la Federación) manifestarse sobre la validez o invalidez de las decisiones contra el Estado Mexicano.

Lo anterior se funda en tres razones principales:

En primer lugar, y de acuerdo a la jerarquía jurídica, los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias, pero por debajo de la constitución. De este modo, ninguna autoridad facultada por una legislación nacional podría declarar inválida alguna resolución de la CrIDH.

En segundo lugar, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación –en su carácter de tribunal constitucional– ha determinado que no le corresponde a ella decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana es correcta o incorrecta o cuestionar su invalidez. Vale la pena citar in extenso la tesis de la SCJN:

El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.9

En tercer lugar, porque se debe ser consecuente con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que señala, como hemos visto, que ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de los tratados que ha suscrito.

En este mismo sentido, se expresa en el proyecto de ley que el Ejecutivo Federal no podrá invocar el fuero militar para justificar el incumplimiento de las resoluciones internacionales. Tal disposición encuentra su fundamento en la misma jurisprudencia interamericana, como a continuación se cita:

La Corte [Interamericana] destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.10

De igual forma, y con el propósito de hacer efectivo el principio pro hombre de los derechos humanos establecido en la constitución, se apunta claramente que toda persona podrá invocar todas las demás resoluciones de la CrIDH, que no estén dirigidas contra el Estado Mexicano, como parte de la promoción del juicio de amparo o cualquier otro recurso nacional de impugnación o revisión, encaminados al ejercicio de los derechos humanos. Lo anterior está fundamentado en otra de las tesis de la SCJN en la que advierte que “los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte del litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona…”.11 Y por lo tanto, puede entenderse que también deben ser criterios orientadores para los organismos públicos autónomos encargados de garantizar ciertos derechos humanos.

En este orden de ideas, y con la finalidad de abonar a la efectividad de la resolución internacional, se establece que las acciones u omisiones de los servidores públicos que obstruyan en su cumplimiento deberán ser consideradas como faltas administrativas y ser sancionadas de acuerdo a la legislación en la materia (como, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

5. El Poder Ejecutivo como intermediario entre el derecho nacional y el derecho internacional

En tanto que la Constitución mexicana dispone que corresponde al Presidente de la República la dirección de la política exterior y la celebración de los tratados internacionales, esta iniciativa contempla que sea el Poder Ejecutivo el encargado de la comunicación entre el organismo internacional de protección de los derechos humanos y las autoridades del estado mexicano. Se establece así que sea específicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores la responsable de la elaboración y entrega de los informes que le sean requeridos por la instancia internacional. No omito señalar que actualmente esta responsabilidad la lleva a cabo de facto la SRE y que de igual forma cuenta con un procedimiento [interno] para la atención de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que esta disposición únicamente le daría certeza jurídica a un acto que ya sucede.

Consecuentemente, y con fundamento en el principio de máxima publicidad, la iniciativa propone que sea la SRE la encargada de administrar y operar una página de internet por la cual se dé a conocer los casos contra el estado mexicano, así como la información que permita conocer los avances en el cumplimiento de los mismos.

El presente proyecto de ley también establece que el Ejecutivo Federal será el encargado de informar a los otros Poderes de la Unión, organismos públicos autónomos y entidades federativas sobre las resoluciones de la CrIDH que toque a sus ámbitos de competencia.

6. Acciones de reparación de daños

Cuando se presenta alguna vulneración de los derechos fundamentales el Estado está obligado a llevar a cabo acciones encaminadas a la reparación integral de daños. En primer lugar, estas acciones deben velar por la plena restitución a la situación anterior a la violación. Cuando esto no sea posible, deben de llevarse a cabo otras medidas de reparación.12 Entre estas últimas destaca la indemnización pecuniaria. Por tal motivo, el proyecto de ley contempla que cuando una resolución de la CrIDH mandate el pago de una indemnización, corresponda al Poder Ejecutivo el pago de la misma. La intención es que el pago compensatorio sea cubierto en el menor tiempo posible, y asimismo se dé cumplimiento a la disposición internacional.

Es imposible pasar por alto que la responsabilidad de la vulneración de los derechos humanos no siempre recae en el Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, el pago debería correr por parte de la autoridad estatal correspondiente. Por este motivo el proyecto de ley contempla la posibilidad de que el ejecutivo ejerza el derecho de repetición para poder “recuperar” el monto erogado. Con este mismo objetivo, el proyecto de ley prevé que, si el beneficiario de la indemnización se encuentra en Registro Nacional de Víctimas, el recurso deberá obtenerse del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Víctimas.

Finalmente, otra de las medidas de reparación de daños -establecida por la jurisprudencia interamericana y otras instancias internacionales- es la celebración de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, por parte del Estado, y desagravio a la memoria de las víctimas.13 En concordancia con esto, el proyecto de ley prevé que a estos actos asistan, por lo menos, altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En suma, con la aprobación de una ley como la que aquí se propone el estado mexicano estaría superando un importante pendiente que tiene en materia de garantía de los derechos humanos, pero al mismo tiempo daría cumplimiento a un deber establecido por el derecho internacional.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO CONCERNIENTE A LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADAS POR TRATADOS INTERNACIONALES

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Reglamentaria del párrafo primero del Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Esta Ley es reglamentaria del párrafo primero del Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las garantías de la protección de los derechos humanos determinadas por los tratados internacionales que hayan sido signados por el Poder Ejecutivo Federal y ratificados por la Cámara de Senadores, conforme a la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Artículo 2.- Son objeto de la presente Ley:

I. Regular el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, cuya obligatoriedad haya sido ratificada por el Estado Mexicano mediante un Tratado Internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Celebración de Tratados.

II. Establecer las bases de coordinación de acciones entre los Poderes de la Unión, los organismos públicos autónomos reconocidos por la Constitución, las entidades federativas, los municipios y las demás autoridades que conforman el Estado Mexicano, encaminadas al cumplimiento de las decisiones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.

Artículo 3.- Las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con el artículo 1o Constitucional, así como con los Tratados Internacionales en la materia.

Artículo 4.- Las resoluciones y recomendaciones de los Organismos Internacionales de protección de los derechos humanos, constituidos por tratados que hayan sido ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, producen efectos jurídicos inmediatos y tienen carácter obligatorio y vinculante en el ámbito de la legislación mexicana.

El Poder Judicial de la Federación no podrá pronunciarse en relación con la validez o invalidez de las resoluciones y recomendaciones de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. Tampoco podrán hacerlo los tribunales de las entidades federativas.

El Ejecutivo Federal no podrá invocar a la jurisdicción militar para motivar el incumplimiento de las resoluciones y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales.

La declaración de cumplimiento de las resoluciones únicamente se atenderá de conformidad a lo determinado en el tratado internacional correspondiente.

Artículo 5.- El Estado Mexicano dará cumplimiento a las resoluciones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos cuando se presenten como parte de un proceso jurídico contra los Estados Unidos Mexicanos.

Las resoluciones y recomendaciones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos que no se sujeten al párrafo anterior, serán tomadas en cuenta por todas las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, como criterios orientadores en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. De igual forma, podrán ser invocados por las personas en las promociones de los juicios de amparo o cualquier otro recurso de impugnación o revisión ante organismos públicos autónomos.

Artículo 6.- Los actos u omisiones de los Servidores Públicos, incluyendo los obligados por la jurisdicción militar, que obstruyan o incumplan las resoluciones de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, así como lo contenido en la presente ley, se considerarán faltas administrativas, en los términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

CAPÍTULO II
DE LA COMUNICACIÓN DEL ESTADO MEXICANO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 7.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, será el encargado de realizar las acciones necesarias para efectos de la comunicación con los organismos internacionales de protección de los derechos Humanos, así como de la atención de las resoluciones que éstos emitan.

Artículo 8.- La Secretaría de Relaciones Exteriores elaborará los informes que el organismo internacional requiera para los efectos de los procesos jurídicos de los que los Estados Unidos Mexicanos formen parte. Los informes deberán ser entregados en los plazos que el organismo internacional establezca.

Para el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. Podrá requerir información a las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, de los otros Poderes de la Unión, a los organismos públicos autónomos reconocidos por la Constitución, así como a las entidades federativas.

II. Se apoyará en las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, cuando así lo estime necesario.

III. Determinará, a través de su reglamento o cualquier otra disposición administrativa, el procedimiento y los demás ordenamientos que considere adecuado.

IV. Conocerá de las recomendaciones a los organismos de la sociedad civil que estén involucrados en los procedimientos jurídicos con el organismo internacional.

Artículo 9.- Cuando se presente un proceso jurídico contra los Estados Unidos Mexicanos, corresponderá al Ejecutivo Federal la selección de los representantes del Estado Mexicano ante el organismo internacional correspondiente.

Para la selección de los representantes, el Ejecutivo Federal podrá solicitar opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 10.- La Secretaría de Relaciones Exteriores publicará el texto íntegro de las recomendaciones y resoluciones que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos tomen en relación con el Estado Mexicano, los informes que éste presente, así como la demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones internacionales.

CAPÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Artículo 11.- Cuando la resolución del organismo internacional dispusiera el pago de una indemnización, el Ejecutivo Federal lo hará efectivo a favor de quien resulte beneficiario, dentro de los ciento veinte días naturales, contados a partir de la recepción de la misma.

Si por motivo de insuficiencia presupuestal no fuera posible hacer efectiva la indemnización en el plazo dispuesto en el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá incluirla en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato posterior al de la recepción de la resolución internacional, teniendo en cuenta los intereses, y los ajustes por inflación que se generasen en ese tiempo.

Si la víctima o el beneficiario se encontrase inscrito en Registro Nacional de Víctimas, la indemnización podrá cubrirse con los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cumpliendo siempre con lo establecido en la Ley General de Víctimas, su reglamento, así como reglas de operación y demás disposiciones que de ella emanen.

Si la resolución internacional no precisara el monto de la indemnización, el Ejecutivo Federal lo acordará con el beneficiario, basándose, en primer lugar, en las demás resoluciones que el organismo internacional haya emitido.

Artículo 12.- El Ejecutivo Federal podrá recuperar total o parcialmente el monto de la indemnización, en virtud del derecho de repetición, cuando el acto que haya ocasionado la vulneración de los derechos humanos de la víctima no recaiga en alguno de los organismos, instituciones o dependencias de la Administración Pública Federal.

Artículo 13.- el Estado Mexicano deberá disponer el cese inmediato de la situación que diera origen a la vulneración de los derechos humanos sobre la cual se refiera la resolución internacional y procurar, de ser posible, el restablecimiento del derecho vulnerado.

Artículo 14.- Cuando la resolución internacional requiera la modificación del contenido de una disposición legislativa, el Ejecutivo Federal, conforme el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá iniciar el proceso legislativo para tales efectos, en un plazo máximo de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de la resolución.

Artículo 15.- Cuando la situación que haya dado origen a la vulneración de los derechos humanos sobre la cual se refiera la resolución internacional sea un acto o decisión judicial de jurisdicción federal, el Ejecutivo Federal lo hará del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, lleven a cabo acciones a efecto de cumplir la decisión internacional.

Si el acto judicial correspondiera a un tribunal de jurisdicción de alguna entidad federativa, el Ejecutivo Federal lo hará del conocimiento del Gobernador de dicha Entidad, así como al Tribunal Superior de Justicia que corresponda.

Artículo 16.- Cuando la situación que haya dado origen a la vulneración de los derechos humanos sobre la cual se refiera la resolución internacional resultare de un acto o decisión de alguno de los organismos públicos autónomos reconocidos por la Constitución, el Ejecutivo Federal lo hará del conocimiento del titular del organismo. Éste, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de cumplir la decisión internacional.

Artículo 17.- Si la resolución que emitiera el Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos no resultase suficientemente clara para el objeto de determinar la autoridad o autoridades del Estado Mexicano cuyos actos hayan vulnerado los derechos humanos, el Presidente de la República, en su carácter de Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, consultará para el cumplimiento de la resolución internacional a dicho Sistema en un plazo no mayor a tres días, contados a partir de la recepción de la resolución internacional.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tendrá un plazo no mayor a 10 días naturales para emitir la respuesta correspondiente.

Artículo 18.- Cuando la resolución que haya emitido el Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos mandate sobre la realización de algún acto o ceremonia pública, el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus atribuciones, dará difusión del mismo al menos a través de los medios de comunicación públicos, y de medios electrónicos.

Al acto o ceremonia deberán asistir, al menos:

I. El Presidente de la República o, en su defecto, el Secretario de Gobernación y los Secretarios de Estado que el Presidente designe.

II. El Presidente de la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión o, en su defecto, una comitiva de legisladores que cada una de las Mesas Directivas designaran.

III. Una comitiva de ministros, asignados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el acto o ceremonia pública, deberá contemplarse un espacio para para que la víctima o sus familiares puedan hacer uso de la palabra.

Artículo 20.- Con el propósito de prevenir la repetición de la violación de los derechos humanos sobre los que versen las decisiones de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá formular recomendaciones públicas ante las autoridades correspondientes.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para publicar el reglamento de la presente Ley.

Tercero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y El Consejo de la Judicatura Federal contarán con un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presento Decreto, para realizar las modificaciones a los reglamentos interiores que estime necesarios, con el propósito de hacer efectiva la presente ley.

Cuarto.- Los organismos públicos autónomos contarán con un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las modificaciones a los reglamentos interiores y otras disposiciones internas que estime necesarios, con el propósito de hacer efectiva la presente ley.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila.

1 La Corte junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como base la Convención, conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

2 Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Párrafo 12 de los puntos resolutivos.

3 Véase la participación del doctor García Ramírez en el Panel “Impacto de las decisiones de la Corte Interamericana”, llevado a cabo el 17 de febrero de 2016. Disponible en internet en: https://vimeo.com/155831988

4 Giunchetti Pio da Costa, Camila, “Desafios para o Cumprimento das Sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos: legislação-ponte e foro político doméstico” en Corzo Sosa Edgar, et. Al, Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (México: Tirant lo Blanch, IIJ UNAM, 2013).

5 Krsticevic Viviana, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos, (Argentina: CEJIL, 2009).

6 CrIDH, Caso García Prieto y otros vs El Salvador, Sentencia de 20 de noviembre de 2007, Voto razonado del Juez García Ramírez.

7 Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Párrafo 213.

8 SCJN, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades del Estado Mexicano, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, deben acatar lo ordenado en aquéllas. Tesis Aislada. Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I.

9 SCJN, Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son Vinculantes en sus términos cuando el Estado Mexicano fue parte en el Litigio, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1.

10 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Párrafo 275

11 SCJN, “Criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado Mexicano no fue parte. Son orientadores…”, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro III, diciembre de 2001, Tomo1.

12 Para una breve explicación sobre las medidas de reparación de daño, puede consultarse Krsticevic Viviana, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos, (Argentina: CEJIL, 2009). Pp 12- 17.

13 Un caso paradigmático y que tuvo especial reconocimiento por la CrIDH fue el acto de reconocimiento de responsabilidad que llevó a cabo el Estado de Uruguay el 21 de marzo de 2012, en cumplimiento de la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay.






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acudir a una reunión de trabajo a fin de que informe la situación del “Paso Express” en Cuernavaca y las obras en curso a cargo de dicha dependencia. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, GERARDO RUIZ ESPARZA, A ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ANTE ESTA SOBERANÍA A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DEL PASO EXPRESS EN CUERNAVACA Y LAS OBRAS EN CURSO A CARGO DE DICHA DEPENDENCIA conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En abril del presente año fue inaugurado el “Paso Express” a Cuernavaca Morelos, infraestructura que a decir del Secretario de Comunicaciones y Transportes hacen: “generar desarrollo, empleo y bien estar para las familias”. Dicho paso se encuentra ubicado a 85 Km. Al sur de la Ciudad de México y 290 Km. al norte de Acapulco, con una ampliación a 10 carriles, en un tramo de 14.5 Km., comprendiendo 4 carriles de 3.50 M. para y tránsito largo itinerario, junto con 6 carriles laterales de 3.20 m. para tránsito local.

De acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se aumentaría la seguridad de los usuarios, para reducir el riesgo de accidentes en esta carretera por las características físicas actuales de la superficie de rodamiento, así como de las dimensiones del carril y acotamiento. Asimismo, se aseveró por parte del titular de la dependencia que dado los materiales utilizados en la obra se garantizaba una durabilidad de más de 40 años. Como beneficio alterno, las localidades de Acapulco, Tequesquitengo y todas las zonas turísticas de Morelos y Guerrero tendrían un incremento en el número de visitas. Por lo que respecta al tiempo de traslado para los automovilistas, se reduciría el traslado de la Ciudad de México a Acapulco a poco más de tres horas.

En el anuncio de la obra, el Secretario Gerardo Ruiz Esparza junto con Clemente Poon, Director General de Carreteras; José Luis Escobedo, Director General del Centro SCT en Morelos (responsables de la obra)  transmitió un video mediante redes sociales, en el cual hace un recorrido por dicho Paso Express, asegurando su larga durabilidad sin requerir manteamiento alguno por lo menos entre 30 o 40 años y el anuncio de la construcción de un drenaje que beneficiaría tanto a la carretera como a los vecinos de comunidades aledañas.
No obstante, el pasado 4 de julio, se dió a conocer la lamentable noticia del surgimiento de un socavón en el “nuevo” Paso Express de Cuernavaca, en donde fallecieron dos personas y otras más resultaron con daños en sus vehículos al tratar de esquivar dicha  abertura.

Las tareas de rescate fueron complicadas ante el hecho de no saber si el terreno podría soportar una persona al rescate y mucho menos hablar de alguna grúa, que por el peso, podría están en riesgo toda la periferia. Ante tal situación, el Secretario de Comunicaciones y Transportes argumentó que la tragedia se suscitó por las lluvias intensas en algunas zonas del país, lo que provocó una erosión en una alcantarilla afectada por el exceso de acumulación de basura. Añadió que dicha alcantarilla y drenaje están a una profundidad de aproximadamente 15 metros de profundidad por debajo de la autopista por lo que no formaron parte de los trabajos de construcción del “Paso Express”.

Dicha obra se vió envuelta en una serie de cuestionamientos como el informe del C. Enrique Alcántara Gómez, de septiembre del 2014, quien fue Testigo Social  en el proceso de licitación pública y mencionó que no se tenía certeza de dicha licitación en el tiempo y costo considerado originalmente. Asimismo, mencionar que el costo que fue rebasado con una inversión final de 2 mil 213 millones de pesos.

Es importante señalar que Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos un punto de acuerdo en sesiones pasadas mediante el cual, entre otros puntos, lamentábamos la muerte de las dos personas en el socavón; además exigimos que se inicie una investigación por parte de la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable de dicho socavón; asimismo, que la Secretaría de la Función Pública iniciase una investigación para deslindar responsabilidades; y en su caso, se diera la destitución del Secretario de Comunicaciones y Transportes.

En este orden de ideas, es necesario que ante de suscitarse una posible destitución del Secretario Ruiz Esparza o de que se pretenda dar carpetazo al asunto, el funcionario acuda a rendir cuentas y una explicación ante los hechos ocurridos. Además que se aclare en la serie de irregularidades que se han suscitado en ésta administración federal y en concreto, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como son:

1.- La cancelación del tren a Querétaro, en medio de fuertes sospechas a que un grupo de empresarios recibieron información privilegiada para competir con ventaja en la licitación.

2- OHL, la cuestionada concesión, los incrementos en las cuotas fuera de toda proporción, la contabilidad irregular de dicha empresa.

3.- Adjudicaciones directas en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

4.- La irregular distribución y regalo de televisiones digitales en la cual la Auditoria Superior de la Federación ha señalado que se le “perdieron” 400 mil televisores al Secretario, reparto por demás sospechoso, cuando la experiencia internacional era que se les diera a los beneficiarios un bono o un convertidor digital, aquí en un país con enormes problemas de pobreza decidieron actuar como un país rico regalando televisores y se hacen licitaciones mañosas que fueron en su momento cuestionadas por la falta de apego a la Ley. 

5.- Las obras de la Carretera a Toluca que a decir de expertos son un Desastre, ya que también ha conllevado muertes y heridos sin que la autoridad de la SCT se dé a la tarea de resolver los problemas.

Por lo anterior, es que debemos de analizar a fondo las actuaciones hechas para remediar los problemas y hacer conciencia que algunas obras no están encaminadas para beneficiar a la sociedad sino sólo a unos cuantos. Es por ello, que es importante que el propio Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza  acuda ante esta Soberanía a fin de aclarar las dudas e inquietudes y a rendir cuentas,  respecto de la lamentable tragedia ocurrida el pasado 12 de julio.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que el artículo 108 constitucional establece las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, ya sean servidores de  la Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

III.- Que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8 señala que todo servidor público debe cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de su cargo.

IV.- Que conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, así como construir y conservar los caminos y puentes federales, entre otros.

V.- Que de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría conducirá sus actividades con base en las políticas con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades de la planeación nacional del desarrollo para el logro de las metas de los programas a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, a que acuda a ésta Soberanía, a una reunión de trabajo para que informe de manera detallada la situación a raíz del socavón del “Paso Express” a Cuernavaca así como a rendir cuentas sobre las obras en curso y recientemente terminadas a cargo de dicha dependencia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores y Cámaras de Diputados de las 32 entidades federativas a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales o de género. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la UNICEF, desde el momento en el que nacemos, todos los seres humanos necesitamos forjarnos una identidad. Para ello, el primer paso al que nuestros padres o tutores legales y las autoridades administrativas están obligados es a inscribir el nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias.

No obstante, a los gobiernos y a las instancias internacionales se les olvida una cuestión, que para nada es menor.  Se les olvida que hay personas cuyo cuerpo sexuado no corresponde con su identidad genérica, preferencias, gustos, anhelos y/o motivaciones.

Gracias a los estudios feministas hoy por hoy sabemos que el sexo y el género no son lo mismo; es decir, el sexo es un rasgo biológico que contiene cualidades físicas y anatómicas que se traducen en la distinción natural entre hombres y mujeres, mientras que el género se relaciona con los roles y estereotipos que la sociedad ha asignado a cada sexo.

Así tenemos que el sexo legal o por asignación es aquel que se le asigna al individuo al momento de nacer de acuerdo con la apariencia de los genitales y a partir del cual se deciden aspectos tan importantes como el nombre y el registro en los documentos oficiales.

Sin embargo, existen ocasiones en que surgen conflictos cuando la identidad de género del individuo no coincide con su sexo o género asignado al nacer. De ahí que existan personas transgénero o transexuales, es decir, personas cuya identidad de género (autoidentificación como hombre, mujer, ambos o ninguno) no corresponde con el género que le fue impuesto al nacer (la identificación por parte de los demás de si se es hombre o mujer en función del sexo genético o físico).

La feminista Monique Wittig afirma que “La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza como su causa.

Masculino/femenino, macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico.”

“Sin duda alguna la categoría de sexo apresa firmemente a las mujeres, pero no escapan de ella los varones. Y es que la categoría de sexo es una categoría totalitaria que para probar su existencia tiene sus inquisidores, su justicia, sus tribunales, su conjunto de leyes, sus terrores, sus torturas, sus mutilaciones, sus ejecuciones, su policía. Forma el espíritu y el cuerpo, porque controla toda la producción mental. Posee nuestros espíritus de tal manera que no podemos pensar fuera de ella.”

Si bien es cierto la categoría de sexo ha sido especialmente cruel con las mujeres, también lo es que los varones no escapan de ella. Al igual que a las mujeres, a los hombres se les han asignado roles de los que no deben escapar, se les han impuesto conductas de las que no deben diferir, castigándolos cuando escapan de este rol.

En el Estado Mexicano se entiende que la identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.

El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar el bien común, y para ello, debe asegurar a su componente humano los medios necesarios para contar con una identidad particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil1

En este sentido, debemos voltear a ver a las personas que, si bien fisiológicamente pertenecen a un sexo, su identidad, su realidad genérica choca con la primera.

Atendiendo esta premisa, el cambio de género debe ser entendido y aceptado como parte del derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas que necesitan de él.

La reasignación para la concordancia sexo–genérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer, según corresponda.

Es claro que hoy en día aún existe resistencia a acciones como esta, ya sea por prejuicios sociales o por el desconocimiento de lo que significa la identidad sexual, la identidad de género y la reasignación para la concordancia sexo-genérica.

Si bien es cierto que en la Ciudad de México desde hace varios años ya se legisló sobre esta causa, creándose un juicio especial para la expedición de actas por reasignación para la concordancia sexo-genérica, y que esto ha sido punta de lanza para la visibilización y atención a este sector de la sociedad, también lo es que hoy por hoy el proceso no ha sido tan ágil y garantista como debiese ser. Ello en virtud de que el procedimiento se vuelve costoso y más tardado de lo que debiese.

Por ello, como legisladores y legisladoras, es nuestro deber despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestras filias y nuestras fobias y atender los reclamos y exigencias de la sociedad, aún de aquellos sectores de la población a los que no entendemos o creemos que son minorías.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobernadores y Cámaras de Diputados de las 32 entidades federativas para que, a efecto de garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas independientemente de sus preferencias sexuales o de género, reformen sus códigos civiles y de procedimientos civiles para generar un procedimiento eficaz y sencillo que permita la obtención de una nueva acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexo-genérica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 2 de agosto de 2017.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2011/Derecho_a_la_identidad
_como_derecho_humanoELECTRONICO.pdf





Del Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como sancionar los actos que contravengan las mismas, a fin de garantizar los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, JESÚS RAFAEL MÉNDEZ SALAS, Diputado integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado 26 de junio del presente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Avi