Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 14



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Julio de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:01 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, informo a usted que hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores.

Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 26 de julio de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año del ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

 

En la Ciudad de México a las doce horas con un minuto del miércoles diecinueve de julio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinte legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles doce de julio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 28 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes, a las comisiones correspondientes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las Entidades Federativas correspondiente al mes de junio de 2017, desagregada por tipo de fondo de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2017 se destinaron bienes aptos para su uso y consumo, siendo estas mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, gasolina y artículos de limpieza y aseo personal, entre otros.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe Trimestral 2017, correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, oficio con el que emite la recomendación al Congreso de la Unión para reformar la legislación en materia aeroportuaria, particularmente el artículo 63 de la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de crear una instancia técnica y financieramente autónoma que asuma lo antes posible las funciones relacionadas con la asignación, control y supervisión de los horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto.- Se remitió a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Transportes y de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2016-2017, Balance anual sobre el uso de las evaluaciones se encuentra disponible para consulta en la página electrónica del CONEVAL.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron oficios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Universidad de Colima, Universidad de Occidente, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad de Quintana Roo e Instituto Tecnológico de Sonora, con el Primer Informe Semestral 2017 se resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción I del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se remitieron a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de la delegación mexicana en ocasión de la presencia de ParlAmericas en calidad de observador al 47º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, desarrollado en Cancún, México, los días 19 al 21 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, los informes de sus participaciones en el primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, realizado en Villahermosa, Tabasco, del 21 al 23 de febrero de 2017 y en la 45ª reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el 28 de marzo de 2017.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, los informes de sus participaciones en la 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada en París, Francia, del 8 al 10 de febrero de 2017 y en el Foro Global contra la Corrupción e Integridad, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y celebrado en París, Francia, los días 30 y 31 de marzo de 2017.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana García, el informe de su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 26 al 30 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 145 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto Bis al Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre de legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II y se reforma la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y al Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal, así como a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a informar sobre el avance de cumplimiento de las diversas instancias involucradas sobre las gestiones realizadas hasta el momento para dar plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

2. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en relación a la promoción extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo León, en medios impresos y digitales.

3. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña.

4. Que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas para reducir los índices delictivos registrados recientemente en la entidad.

5. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el estado de Puebla; y solicita información respecto de las acciones realizadas en relación al mismo.

6. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a llevar a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios en esa entidad.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero.
9. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el transporte público de la entidad. 

10. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la delegación Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en dicha demarcación.

11. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a los hechos suscitados el 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los once dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecinueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a impulsar y fortalecer medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación inicial y continua, además del desarrollo profesional docente en el marco de las evaluaciones educativas.

2. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de Armas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo; asimismo, hace votos para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en esa nación.

3. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los Acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio pasados.

4. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a continuar con los trámites respectivos a efecto de establecer el proceso normativo correspondiente y emitir las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto en el artículo 57 de la Ley de Migración.

5. Por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un informe sobre los programas denominados Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas.

6. Por el que se solicita a las instancias que integran el Sistema Nacional de Salud un informe sobre el estado que guarda el abasto de medicamentos respecto a su homologación con la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de 2017.

7. Por el que la Comisión Permanente extiende su más amplio reconocimiento al Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México por el septuagésimo quinto aniversario de su fundación.

8. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el caso de maltrato infantil cometido en contra del niño “A.N” en la delegación Gustavo A. Madero; y exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas a adoptar las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de ese sector de la población, velando en todo momento por el principio del interés superior de la niñez.

9. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso en la ciudad de Cali, Colombia; asimismo, solicita un informe sobre el proceso de negociación con los países que han manifestado su interés de convertirse en Estados Asociados de la Alianza del Pacífico.

10. Por el que se solicita a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional un informe sobre las presuntas irregularidades en el sistema de calificaciones en dicha institución educativa.

11. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el estado que guardan las negociaciones respecto al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) entre México y Brasil, tras la reciente celebración de la sexta ronda de negociaciones.

12. Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a analizar la viabilidad de considerar como invitado permanente a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

13. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a continuar y fortalecer las acciones de apoyo a deportistas con discapacidad y considerar, en su caso, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva para su desarrollo.

14. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de servir un día a la semana comidas sin carne y huevo en las escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia social que operan bajo su administración.

15. Por el que se solicita a las dependencias respectivas del Gobierno Federal un informe sobre las medidas adoptadas para la atención y protección de connacionales repatriados con motivo de las recientes políticas migratorias de los Estados Unidos de América, así como de los denominados dreamers.

16. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a continuar con la atención de la problemática en la denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero y remita un informe sobre dichas acciones.

17. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un informe sobre las acciones y resultados de los programas denominados Actívate y Ponte al 100.

18. Que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a analizar la viabilidad de las propuestas para la recuperación del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, a favor de la entidad.

19. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Segunda Comisión. Sin discusión, los diecinueve dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintitrés dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe la situación que afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio.

2. Que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a analizar la pertinencia de diseñar e incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo mediante la implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas y trabajo en casa; así como el uso de vehículos compartidos, de transporte público y bicicleta, o medios de transporte amigables con el medio ambiente.
3. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar los programas de apoyo financiero y tecnológico en el sector azucarero, a fin de brindarle mayor competitividad a la industria nacional.

4. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe las acciones realizadas ante el encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris”, el 16 de julio de 2016 en el Parque Nacional Arrecifes en Puerto Morelos, Quintana Roo.

5. Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una Manifestación de Impacto Regulatorio ex post, a efecto de corroborar la eficacia y eficiencia de la NOM194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad.

6. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos un informe de las causas que generaron el incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.

7. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe las razones del ajuste a la plantilla laboral, así como las repercusiones que esta medida ha tenido en el entorno productivo y laboral de la empresa.

8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar y hacer públicas las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.

9. Que exhorta al gobierno del Estado de México a reforzar la estrategia de seguridad en el transporte público y a fortalecer los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de dicho trasporte y fortalecer la estrategia para disminuir los accidentes viales y garantizar la protección a la vida.

10. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del pacífico mexicano en riesgo de extinción.

11. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales industriales.

12. Que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, así como a las secretarías del mismo ramo del Gobierno de la República y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que consideren generar un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán.

13. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre el impacto de la importación de productos de consumo básico sobre los distintos sectores nacionales, señalando específicamente las áreas de oportunidad en que los productores nacionales pueden mejorar para hacer frente a la competencia del comercio mundial.

14. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos un análisis del incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo.

15. Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer el apoyo a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus espacios de vivienda cuenten con las mejores condiciones de infraestructura.

16. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe los criterios para autorizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores.

17. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que considere realizar la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, en torno a restricciones específicas a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños, así como buscar establecer limitaciones a la pesca de sardinas en tiempos de veda.

18. Que exhorta a la Secretaria de Economía a continuar con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

19. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina.

20. Por el que se desecha la proposición por la que se solicitaba un análisis de la evolución del Índice nacional de precios al consumidor.

21. Por el que se desecha la proposición relativa a la eliminación de parquímetros colocados en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, Estado de México.

22. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a reforzar los mecanismos de supervisión y regulación ante estrategias de competencia desleal y monopólica.

23. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Sin discusión, los veintitrés dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país.- Intervino la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los gobiernos locales, realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en nuestro país.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI; y Diputada María del Carmen Pinete Vargas del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, que establece el formato de las deliberaciones para el debate pactado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con el acuerdo aprobado, dio paso al debate pactado para referirse al Sistema Nacional Anticorrupción.- Para presentar el tema hizo uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García del PRI. Por los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro González Murillo del PES; Diputado Jesús Rafael Méndez Salas de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Diputada Sofía González Torres del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Manuel Bartlett Díaz del PT; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El asunto se consideró suficientemente discutido.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes presente su renuncia a dicho cargo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares e insta al Gobierno Federal  a suscribirlo y enviarlo al Senado de la República para su ratificación, una vez que sea abierto a firma.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a dar efectivo cumplimiento a las recomendaciones de política pública y fortalecimiento institucional formuladas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2016, así como a las medidas específicas incluidas en la resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a dicha solicitud, determinando indicadores y fecha de cumplimiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Iniciativas)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Fideicomiso Operador del Fondo de Acceso a la Seguridad Social para Artistas Creadores y Gestores Culturales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo final al artículo 2º-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XI del párrafo segundo del artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a comparecer y rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estales y a las legislaturas locales de Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas correspondientes a fin de crear el marco legal de los sistemas locales anticorrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas autoridades federales y estatales a garantizar los derechos culturales y territoriales, así como la seguridad del pueblo wixárika.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a incrementar las campañas informativas a la ciudadanía sobre el consumo de los productos milagro y las consecuencias que tienen en la salud de las personas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a enviar un informe respecto de las causas del mal desempeño de esa entidad en la Olimpiada Nacional 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el diseño de la propuesta del presupuesto que se ejercerá el próximo año, considere la importancia de favorecer los gastos destinados a infraestructura, que permita terminar obras ya iniciadas en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje en los hogares y plantas de tratamiento de aguas residuales para reinsertar el agua al medio ambiente con la mejor calidad posible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud Estatal de Sinaloa a informar sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el Anexo 30. Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, destinado al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para remitir a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas del congreso del estado de Michoacán, la declaración del congreso indígena de ese estado para que las peticiones ahí emitidas sean atendidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Chiapas a redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar los protocolos y acciones que permitan erradicar la incidencia de hechos delictivos en las instalaciones del Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar, en un plazo de dos meses, un plan de trabajo que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-024-AMBT-2013) se implemente de manera adecuada por la ciudadanía.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir a la Cámara de Diputados y al Senado de la República un informe respecto a los presuntos operativos cibernéticos denunciados en el informe “Troops, Trolls and Troublemakers: a Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” de Samantha Bradshaw, investigadora del proyecto de investigación de propaganda computacional de Oxford.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una campaña mediática que alerte a los viajeros a vacunarse previo a sus viajes y así prevenir futuras enfermedades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus políticas públicas en los centros penitenciarios para garantizar la seguridad, vigilancia y control de los internos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el siete de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República dicho instrumento internacional para su ratificación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer acción penal contra los responsables de desvíos de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana y la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación investigar y tomar medidas necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de personas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que irrumpieron, lesionando a legisladores y funcionarios; además se congratula por la salida de Leopoldo López de la prisión de Ramo Verde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó prisión domiciliaria y manifiesta su preocupación por la detención arbitraria de 431 ciudadanos venezolanos que permanecen privados de su libertad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Secretaría de Salud a tomar diferentes medidas de atención, esclarecimiento, solución y protección a los ciudadanos del estado de Quintana Roo, en torno al otorgamiento inverosímil del título de concesión otorgado a la empresa Aguakán S.A. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a transparentar la información relativa a los boletos otorgados para el concierto 90’s Pop Tour, a la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y emprender acciones respecto a los inmuebles que se encuentran en riesgo de derrumbe en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre del G20 donde los líderes representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron su compromiso con el combate al cambio climático y el libre comercio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas a fortalecer la estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la temporada vacacional de verano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a hacer públicas y remitir las estrategias y prácticas que emprende para garantizar el abasto de medicamentos de forma suficiente y con calidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que sea descartada cualquier pretensión de demolición del “Velódromo Olímpico Agustín Melgar” y en su lugar, se fortalezcan las acciones encaminadas a su adecuada conservación y mejoría, a fin de preservarlo como Centro de Competencia, Desarrollo Físico y Esparcimiento Público para el Ciclismo de Pista, entre otras disciplinas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a implementar una estrategia integral para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República realizar una investigación frente a los hechos de corrupción del congreso del estado de San Luis Potosí.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades municipales de León, Guanajuato, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y Rosa Adriana Díaz Lizama y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a una reunión de trabajo al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que exponga de manera detallada el contenido del informe enviado a esta Soberanía sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, en donde reporta un superávit en sus finanzas tras sufrir años de crisis económica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación gire instrucciones al Instituto Nacional de Migración, a fin de otorgar todas las facilidades a los mexicanos deportados de los Estados Unidos de América para brindar una identificación oficial de carácter temporal que les permita facilitar su reinserción social en territorio nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Miguel Barbosa Huerta y del Diputado Vidal Llerenas Morales, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que explique la situación que guarda el denominado paso express en la autopista México-Cuernavaca, con motivo de la tragedia acontecida en días pasados que cobró la vida de dos personas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y de las Diputadas Emma Margarita Alemán Olvera y Claudia Sánchez Juárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de la República a ordenar la ejecución inmediata de una auditoría técnica e independiente, que deslinde las responsabilidades penales, políticas y administrativas de los servidores públicos y de las empresas constructoras implicados en el derrumbe del paso express Cuernavaca, ocurrido el pasado 12 de julio del año en curso, así como el cese inmediato del titular de la Secretaría de Comunicaciones, así como de los demás servidores públicos involucrados que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución y entrega de la obra mencionada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a garantizar un óptimo desempeño en el proceso penal instruido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a que en las subsecuentes audiencias a celebrar en dicho caso, sean los titulares de las subprocuradurías de investigación de delincuencia organizada y de delitos federales quienes participen por parte de la PGR.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora, a efecto de garantizar la seguridad de las mismas y el cese de la violencia en su contra, toda vez que se ha incrementado de manera exponencial el número de feminicidios en lo que va de 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar las acciones necesarias que permitan la publicación del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación y su ejecución y cumplimiento inmediatos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Armando Rivera Castillejos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a aclarar el destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el componente de PROAGRO Productivo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Leticia Amparano Gámez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad, de conformidad con el inciso c del artículo 13 y el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar las acciones que resulten necesarias, a efecto de que en el municipio de Ensenada, Baja California, se realice la construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a considerar en la implementación de las zonas económicas especiales al estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a promover en el recinto y con los diversos grupos parlamentarios, la reducción del uso de agua embotellada.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y celebra la labor que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores para impulsar y encabezar la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la promoción de la paz entre los estados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía a ajustar la política de precios máximos de las gasolinas a favor de la economía familiar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Luz Argelia Paniagua Figueroa y Ximena Tamariz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de apoyos económicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ernesto Cordero Arroyo y de diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión del representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trata sobre la solución de controversias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se invita a los integrantes de la iniciativa ciudadana #VAMOSPORMAS a establecer mesas de trabajo en donde se puedan conocer y exponer sus propuestas sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, compartir ideas y analizar la operatividad del sistema así como sus deficiencias.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos lamentables ocurridos a causa de la construcción conocida como "Paso Express Tlahuica" en el estado de Morelos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a convocar a un período extraordinario de sesiones para desahogar el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la intervención de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, así como la Auditoría Superior de la Federación con relación al socavón que se abrió en el paso express de la autopista México-Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los hechos ocurridos en el paso express que derivaron en la muerte de dos personas el pasado 12 de julio y que fueron originadas por las presuntas negligencias y omisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas constructoras.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Rafael Hernández Soriano, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Óscar Ferrer Ábalos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a imponer una sanción económica al consorcio ALDESA-EPCCOR, así como a proceder a su inhabilitación; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos constitutivos de las infracciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que obren en su poder.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán a expedir las leyes y realicen las adecuaciones normativas en materia de anticorrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la obra de ampliación del Libramiento de Cuernavaca, denominada “paso express”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rescindir, de manera anticipada, el contrato a ALDESA para construir la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca al Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, a una reunión de trabajo para abordar los hallazgos del "Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal", así como para formular propuestas legislativas para combatir el nepotismo en el Poder Judicial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Eva Florinda Cruz Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobernador del estado de Oaxaca a disponer lo necesario para que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña sea anexado a la Red del Sistema Estatal de Salud de Oaxaca para que cuente con un presupuesto asegurado y cualquier problema pueda ser solventado en forma directa por parte del Secretario de Salud del estado en tiempo y forma.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto a las reuniones de su titular con legisladores y ciudadanos estadounidenses en el marco del inicio de la renegociación del TLCAN.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar si los gobiernos de los estados de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Michoacán han cumplido con la transferencia de recursos federales asignados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como a los gobiernos de los estados, para que en caso de no haber efectuado la referida transferencia de recursos, lo hagan a la brevedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a las licitaciones 2 y 3 de la Ronda 2 en materia de hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar campañas informativas y de concientización ciudadana sobre el cuidado y la protección de mascotas, actividades permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle y apoyo a ciudadanos y asociaciones de rescatistas de estos animales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Energía a una reunión de trabajo sobre la negociación bilateral en materia energética con Estados Unidos de América.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias del Gobierno Federal a generar las condiciones de mercado competitivo de venta final del Gas LP, en beneficio de los consumidores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca a una reunión de trabajo al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para conocer la situación de los campos asignados en la Ronda Cero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a hacer público un informe sobre la situación a seguir con relación a los precios de los energéticos, que coadyuve con el control de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades estatales y municipales del país a verificar el estado que guarda actualmente la propaganda comercial y los anuncios publicitarios colocados en postes, áreas verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas de autotransporte y señalamientos viales; y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar un informe del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao, aplicado durante el presente ejercicio presupuestal en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca a implementar las medidas y acciones necesarias para atender el problema de desabasto de medicamentos en dicha entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Saucedo Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y de Turismo a trabajar coordinadamente a fin de proteger y fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva, así como asegurar al artesano procesos de producción, distribución y consumo en virtud de que es una actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria que propicia una mejor calidad de vida para el artesano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas autoridades a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Norma Mendoza López.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Concepción Villa González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México, así como a sus organismos sectoriales, promover el derecho a la salud y garantizar el acceso a los servicios de salud de los habitantes de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Nuevo León y a la Procuraduría General de la República a atender el Informe sobre Desapariciones en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los servicios de salud de las entidades federativas a abonar las aportaciones adecuadas, en su caso, integrando los respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al SAR.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Alicia Barrientos Pantoja, Norma Xóchitl Hernández Colín y Magdalena Moreno Vega, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir a los responsables del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de Justicia a cumplir con la responsabilidad compartida en la atención y seguridad física de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas hogar y albergues a su cargo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo campañas informativas para prevenir la violencia en el ámbito familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Cultura y de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México brindar los apoyos necesarios para la celebración del evento denominado “Carnaval Internacional de la Ciudad de México”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal incluya en el inventario de patrimonio cultural inmaterial del país, los carnavales que se celebran en diversas demarcaciones de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar las acciones necesarias para la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Jefa Delegacional en Iztapalapa a respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, particularmente la libertad de reunión, de las y los ciudadanos de esa demarcación territorial de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que, en observancia a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lleven a cabo las acciones tendientes a erradicar la violencia hacia este sector poblacional, garantizándoles espacios de convivencia sanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar y atender Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad, principalmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación básica y media superior, a fin de prevenir y erradicar dicha enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de las energías renovables, a fin de dar cumplimiento de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua a coordinar con las autoridades estatales de protección civil y la Comisión Estatal del Agua del gobierno del estado de Oaxaca para atender a los pobladores de diversas colonias de San Mateo del Mar, distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia del mar de fondo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Morelos en relación a los hechos suscitados en el denominado paso express Tlahuica de la autopista México-Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León a mantener actualizados los protocolos de salud, adoptar medidas de prevención e intensificar las campañas de difusión dirigidas a la población en general, sobre los efectos de las altas temperaturas que se presentan en el estado, en aras de evitar al máximo complicaciones en la salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a evaluar la viabilidad de homologar el subsidio eléctrico de las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad acuícola nacional, con el objeto de que reciban el mismo apoyo en el precio de la energía eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Flor Estela Rentería Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las instituciones de educación media superior y superior y a las escuelas particulares en todos los niveles de enseñanza a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos que doten de mayor certidumbre a los aspirantes que realicen un examen de ingreso, garantizando el pleno respeto a sus derechos en los trámites de admisión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Michoacán a entregar un informe de la problemática que prevalece en la entidad por los operativos ejecutados por autoridades administrativas estatales debido al presunto cambio ilegal de uso de suelo en diversos municipios productores de aguacate de Michoacán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a emprender una campaña de información intensiva y las acciones de política pública necesarias, a fin de identificar de manera oportuna y brindar las atenciones adecuadas bajo los principios de universalidad, gratuidad, calidad y calidez, ante casos de virus coxsackie en niñas y niños de la demarcación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Adriana Terrazas Porras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Chihuahua a restituir de manera inmediata la patente de notario público número 12 para el distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Lic. José Guillermo Dowell Delgado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar las facilidades administrativas necesarias para garantizar la regularización de las concesiones vencidas a los usuarios de aguas con destino agropecuario del estado de San Luis Potosí y del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, a la Procuraduría General de Justicia y a diversos gobiernos municipales, todos del estado de Chiapas, a implementar medidas coordinadas inmediatas, respecto a la situación de violencia feminicida contra las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública a que, en los contenidos de los nuevos libros de texto del sistema educativo nacional, se incluya la promoción cultural de responsabilidad social dirigida a la protección civil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar el Acuerdo 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Vidal Llerenas Morales, María Chávez García, Juan Romero Tenorio y del Senador Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México declarar como área natural protegida los bosques “El Ocotal” y “El Cedral” ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario de Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la muerte de Benito Juárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Secretaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el tercer aniversario de la creación del Instituto Tecnológico Nacional de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a las acciones realizadas en materia de turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al Sistema Nacional Anticorrupción y sus desafíos inmediatos, como son los casos del "socavón" en la autopista Cuernavaca-México y de Javier Duarte.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con diecisiete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiséis de julio, a las once horas, en el salón de sesiones del Senado de la República, ubicado en la planta principal de este edificio, en la que se realizará un reconocimiento a la UNAM por su labor en la homologación de geoparques mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la mixteca alta del estado de Oaxaca.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remiten 26 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a las reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con los informes sobre el estado del ejercicio y el cumplimiento de metas y objetivos correspondientes al segundo trimestre de 2017 de diversos programas sujetos a las Reglas de Operación.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta en su página electrónica la Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Becas 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el Informe Especial sobre la Situación de la Población Afrodescendiente en México a través de la Encuesta Intercensal 2015; y hace un llamado a las autoridades legislativas tanto federal como estatales a incluir en sus constituciones el reconocimiento expreso de las personas afrodescendientes.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios del gobierno de la Ciudad de México, con 8 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y se encuentran también publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio suscrito por el gobernador del estado de Colima, con un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 13 de agosto de 2016 en el que se publicó el Decreto por el que se adopta el Escudo Oficial de dicho estado.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Universidad de Occidente, por el que se informa que hizo la entrega sobre la Ampliación de la Matrícula del Primer Informe Semestral del año 2017, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

Vamos a declarar un pequeño receso en la sesión de dos minutos, para dar paso a la ceremonia de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por su labor en la Homologación de Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.

(Receso)






El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se reanuda la sesión.

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO POR SU LABOR EN LA HOMOLOGACIÓN DE GEOPARQUES MUNDIALES A LA COMARCA MINERA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA MIXTECA ALTA DEL ESTADO DE OAXACA

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, conforme al dictamen aprobado el pasado 17 de mayo, llevaremos a cabo la ceremonia para la entrega del reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por su labor en la Homologación de Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, la ceremonia se organiza bajo el formato del Acuerdo aprobado el 5 de julio por esta Asamblea.

Pido a la Secretaría dé lectura a las comisiones protocolarias que se designaron para recibir a los distinguidos invitados que nos acompañarán el día de hoy.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura a las comisiones protocolarias.

Para recibir al doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México: el Senador Enrique Burgos García, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora Dolores Padierna Luna, Diputado Emilio Salazar Farías, Senador David Monreal Ávila, Diputada Norma Rocío Nahle García, Diputado Macedonio Tamez Guajardo, Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, Diputado Alejandro González Murillo y Diputada Martha Hilda González Calderón.

Para recibir al Doctor Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía y al Doctor Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica: Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada María del Carmen Pinete Vargas, Diputada Minerva Hernández Ramos, Diputada Maricela Contreras Julián y Diputada Sofía González Torres.

Son todas las comisiones designadas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Secretario.

Solicito a las comisiones designadas se sirvan cumplir con el mandato.

(Las comisiones cumplen)

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, expresa la más cordial bienvenida al Doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

También doy la bienvenida al Doctor Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía y al Doctor Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica.

Destaco la presencia de los legisladores que integran la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la Vicepresidenta y Diputada del grupo parlamentario del PRI, doña Gloria Himelda Félix Niebla; de la Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del PRI; de la Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN; del Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y del Secretario Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Asimismo, contamos con la visita de los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión, el Senador don Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; de la Diputada Norma Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de Morena; de la Senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del Diputado Alejandro González Murillo, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

También saludamos la presencia en esta sesión de los señores servidores públicos de los gobiernos del estado de Hidalgo y del estado Oaxaca, los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo y Cultura del estado de Hidalgo; al licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Subsecretario de Industria e Innovación de la Secretaría de Economía del estado de Oaxaca.

También damos la más cordial bienvenida al antropólogo Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en representación de la titular de la Secretaría de Cultura María Cristina García Cepeda y de la licenciada María Angélica González Saravia Cos, Directora General de Normalización y Calidad Regulatoria de la Secretaría de Turismo.

Conforme al resolutivo del Acuerdo que norma esta ceremonia, tiene la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pero antes le pediría a la Asamblea que les demos un fuerte aplauso a todos nuestros invitados que nos honran el día de hoy.

Adelante, Diputada Maricela Contreras.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender los valores en lo que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo…”. Palabras del comandante Fidel Castro.

Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; señoras y señores representantes de los gobiernos de Oaxaca e Hidalgo; funcionarias y funcionarios del gobierno federal; autoridades municipales oaxaqueñas e hidalguenses.

Compañeras y compañeros legisladores, comencé con esas palabras de Fidel Castro, que enmarcan la ocasión que nos reúne en este recinto legislativo. Reconocer la modestia, desinterés, altruismo y solidaridad de la revolución del pensamiento que genera nuestra máxima casa de estudios, la UNAM.

Justo un 26 de julio de 1968 comenzaba a tejerse un episodio histórico fundamental para la construcción de los procesos democráticos en nuestro país y de los cuales la UNAM ha sido protagonista, miles de jóvenes conmemoraban el aniversario del asalto al cuartel Moncada y fueron reprimidos por cuerpos policiacos que desembocó en una intervención de las fuerzas de seguridad en las instalaciones universitarias.

Ante ello, el entonces Rector Javier Barros Sierra pronunció: “Nunca me he sentido más orgulloso de ser universitario como ahora”.

Esas palabras resuenan en esta sede legislativa, donde el orgullo de ser universitarios se traduce también en contar con una de las instituciones educativas que representan una luz de esperanza para la transformación social de nuestra nación. Transformación que se refleja en cada uno de los aportes académicos y científicos en beneficio de las y los mexicanos y cada uno de sus pueblos y comunidades.

Ese ha sido el consenso que llevó a la Segunda Comisión a proponer a esta Soberanía un reconocimiento a la UNAM por su trabajo que llevó a la homologación de Geoparques Mundiales a la Comarca Minera de Hidalgo y a la Mixteca Alta de Oaxaca, un trabajo que no tiene precedentes en nuestro país, ni en nuestro continente. Dos sitios para México, de los ocho que otorgó en todo el mundo la UNESCO.

Este acto es de suma importancia, ya que los Geoparques Mundiales son sitios con una diversidad geológica en los que sus habitantes se encuentran comprometidos en resguardar el patrimonio natural, y las autoridades están obligadas a alentar el desarrollo sostenible de sus territorios.

Sin duda, es un motivo de orgullo gracias al trabajo y la dedicación de investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la UNAM, que fueron una pieza fundamental en todo este proceso, por todo su trabajo previo.

Fundamental también resultó la participación activa y decidida de la comunidad, el entusiasmo con el que actuaron siempre bajo esa premisa de altruismo y pensar en el beneficio colectivo de sus pueblos.

En este proceso, quiero mencionar a quien nos convenció, a la Senadora Dolores Padierna y a una servidora, quien nos informó y llegó con el corazón en la mano, a Luz Irene del Carmen Montes, ex presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, ahora quien con su fuerza y persistencia estuvo muy activa para lograr este reconocimiento. Ese es un signo del trabajo que hacemos las mujeres en beneficio de nuestro país y de nuestras comunidades.

De manera respetuosa, solicito un caluroso aplauso de este Pleno para todas esas personas de Oaxaca e Hidalgo que hoy nos acompañan y que se ve reflejado aquí el fruto de todo su trabajo y amor por su tierra.

Sin embargo, la tarea no ha concluido, dado que la UNESCO otorga el reconocimiento de Geoparques Mundiales con una vigencia de cuatro años. Por ello no tuvimos duda en sumar esfuerzos y voluntades para solicitar a diversas dependencias del gobierno federal y a los gobiernos de Hidalgo y Oaxaca realizar acciones que consoliden los proyectos de preservación, además de asignar presupuesto.

La intención es potenciar estos espacios y que todos los niveles de gobierno con la comunidad instrumenten acciones para garantizar la ratificación de los Geoparques Mundiales.

Aquí quiero agradecer, de manera especial, a mis compañeras y compañeros de la Segunda Comisión que hemos colaborado siempre en un ánimo de consenso, y sin su trabajo nada de esto sería posible.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Rosario Castellanos, por cierto, una de las primeras mujeres universitarias que luchó entre una sociedad que nos relegaba de la educación superior, afirmaba con mucha vehemencia: “Éramos el abrazo de amor en que se unían el cielo con la tierra”.

Hoy México tiene ese abrazo en dos Geoparques Mundiales: en Hidalgo y Oaxaca, que son verdaderos escaparates de oportunidad para la defensa del medio ambiente ante los peligros de nuestros tiempos.

Esta es la respuesta ante las amenazas burdas y sin sentido contra nuestra naturaleza que al negarse ratificar el Acuerdo de París por parte de los Estados Unidos y lucha contra el cambio climático.

Señor Rector, todo esto es lo que originó el reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, ejemplo del beneficio que le aporta la universidad pública a nuestro país y al mundo.

Cuente con el respaldo de este Poder Legislativo a la defensa de la institución y al apoyo que le podamos brindar para que siga siendo ese semillero de conocimiento y de revolución del pensamiento.

Por favor lleve este reconocimiento a toda la comunidad universitaria que hace posible, día a día, la razón de ser de nuestra máxima casa de estudios.

“Por mi raza, por nuestra raza hablará el espíritu de nuestro pueblo”.

Enhorabuena, y muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

El Diputado Alejandro González Murillo: Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Doctor Luis Enrique Graue Wiechers, Rector y jefe nato de la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctor Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica de la UNAM; Doctor Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía de la UNAM. Invitados especiales que nos acompañan. Compañeras legisladoras y legisladores.

Honorable Asamblea, hoy la Comisión Permanente rinde un justo y merecido reconocimiento público a la Universidad Nacional Autónoma de México y, de manera particular, a sus institutos de Geofísica y de Geografía por su labor en la homologación e incorporación, el 5 de mayo pasado, a la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, de la Mixteca Alta de Oaxaca y de la Comarca Minera de Hidalgo.

Nuestra máxima casa de estudios, cuyo campus central, hace diez años ostenta el reconocimiento, también otorgado por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad; refrenda a través de sus centros, unidades, escuelas, facultades e institutos, su compromiso con la nación al haber colaborado activamente para una nueva integración, de nuestro país, a los catálogos tangibles e intangibles del Patrimonio Mundial.

De este modo, la investigación, docencia y difusión, tareas propias del quehacer universitario, sirven a la sociedad y consolidan a México como un país cuya mayor riqueza radica en su diversidad. Se multiplican así, las oportunidades para potenciar tanto el turismo como el desarrollo económico desde nuestro acervo arqueológico, histórico y cultural.

La Universidad, germen de humanismo y sabiduría y el Congreso, caja de resonancia de la sociedad, debemos seguir siendo para los demás.

A quienes integramos el Poder Legislativo de la Unión y, en tanto, representantes populares nos toca ahora diseñar y poner al día el entramado legal e institucional que permita afianzar la grandeza de México y proveer, aumentar sus aportaciones al patrimonio universal.

Con la responsabilidad legislativa, como coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, y con el orgullo compartido como mexicano e hidalguense, he inscrito una proposición con punto de Acuerdo y una iniciativa para promocionar el ecoturismo en los Geoparques distinguidos, y para dotar al Congreso de facultades para legislar en materia de incorporación al Patrimonio Mundial, tangible e intangible de los recursos, sitios y conocimiento de México.

Saber que México cuenta con la Universidad Nacional Autónoma de México, brinda certeza y cohesión a la sociedad.

Del mismo modo, Doctor Graue, distinguidas personalidades universitarias, la Universidad de la nación puede contar con quienes hacemos el Congreso de la Unión para que México siga aportando riqueza, recibiendo beneplácito, y sus habitantes, provecho.

¡Enhorabuena!

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Alejandro González Murillo.

Se concede la palabra al Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Buenos días. Compañeras y compañeros legisladores. Presidente de la Mesa Directiva. Señor Rector de la máxima casa de estudios de México. Amigas y amigos todos.

Es para mí un honor estar el día de hoy aquí presente para dar un merecido reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus institutos de Geofísica y Geografía.

En Nueva Alianza recocemos la importancia de que el Estado invierta en educación e investigación, pero no sólo eso, sino que nos ocupamos de impulsarla desde el ámbito que nos corresponde, como es bien sabido, el trabajo de educar y, aún más, el de investigar implica un gran compromiso, entrega, esfuerzo, dedicación y grandes sacrificios por parte de quienes son los actores principales. Tal es el caso de los catedráticos de la máxima casa de estudios, en nuestro país, a quienes el día de hoy se les reconoce muy merecidamente en este caso.

Primero, al Doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM; al Doctor Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía; al Doctor Hugo Delgado Granados, Director de Instituto de Geofísica y a todo su equipo de profesionistas por quienes nos reunimos en este gran evento.

Fue precisamente el excelente trabajo de investigación, docencia y difusión de la cultura, lo que permitió a los Institutos de Geofísica y de Geografía de la UNAM impulsar y apoyar este reconocimiento, por parte de la UNESCO, a los dos primeros Geoparques mexicanos.

Ecología, sustentabilidad, patrimonio natural, historia y cultura, son los elementos principales que constituyen los Geoparques de la Comarca Minera en Hidalgo y de la Mixteca Alta en Oaxaca, recientemente incorporados a la red de 127 Geoparques Mundiales de la UNESCO.

La importancia de los Geoparques radica en que en estos espacios se encuentra la memoria geológica de la humanidad.

Estos recintos tienen más de 4 mil 600 millones de años de historia que guardan el patrimonio geológico de nuestro planeta, los Geoparques son memoria del cambio climático y nutren de información en el presente y futuro a los investigadores en temas referentes a terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.

Aunado a lo anterior, los Geoparques son un atractivo turístico que junto con la riqueza gastronómica, arquitectónica y cultural, tanto de Hidalgo como de Oaxaca, nos hacen un orgullo para nuestra gran nación.

Por lo anterior, y porque compartimos con ustedes la vocación de servicio como maestros, a nombre de nuestra fracción parlamentaria de Nueva Alianza, reconocemos y extendemos una felicitación a todo el personal académico de investigación de la UNAM, la Universidad de nuestra nación.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Jesús Rafael Méndez Salas.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias. Buenas tardes a todos.

Qué bueno, amigos, que estamos rindiendo un homenaje a la UNAM, pero mejor deberíamos darle más presupuesto. Creo que esto es fundamental.

Finalmente, no es posible pretender que se hagan bien las cosas en nuestro país si no hay recursos para hacerlas, siempre es necesario, diría yo que es imprescindible, iluminar con las luces del conocimiento tan importantes decisiones que se toman, bueno pues si no hay esas luces se cometen errores y se ven afectados millones de personas.

De tal manera que al tiempo, que en lo personal y a nombre de mi fracción, me uno a este merecidísimo homenaje y expreso mi admiración por la Universidad Nacional Autónoma de México, también en lo personal expreso el compromiso que en el siguiente periodo de sesiones ordinario en la Cámara de Diputados, ver porque se tengan más recursos para que la Universidad Nacional pueda seguir dando palabras y argumentos para que se pueda seguir hablando por el espíritu de esta nación.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

Se concede la palabra a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Distinguido Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor Enrique Luis Graue Wiechers. Distinguidos directores de los Institutos de Geofísica y Geografía de la UNAM, Doctor Hugo Delgado Granados y Doctor Manuel Suárez Lastra. Invitados especiales, compañeras y compañeros legisladores:

Celebremos con orgullo la incorporación de nuestros parques a la lista de la UNESCO y reconocemos ampliamente a la UNAM por el compromiso con la investigación y con la construcción de un país mejor para nosotros y para las futuras generaciones.

La extensa diversidad cultural y biológica que disfrutamos en México, es el resultado de varios factores.

Su situación privilegiada en la que confluyen dos regiones biogeográficas, con una amplia variedad de relieves topográficos, han propiciado una hermosa gama de ecosistemas y, con ello, el florecimiento de una riqueza cultural que en pocas partes del mundo tiene comparación.

El medio ambiente moldea al ser humano y el ser humano, a su vez, moldea su entorno, por lo que el vínculo entre nuestra especie y la historia natural, entre ella la geológica es indisoluble.

Los mexicanos somos, en parte, el resultado de la interacción con sitios como los Geoparques Mundiales.

Estos Geoparques son de importancia por varias razones, constituyen sitios de características geológicas especiales, poco comunes, de gran belleza, que nos cuentan fragmentos de una gran historia que debemos de entender, que es la historia de la tierra.

Si con la ayuda de parques, como estos, aprendemos a interpretar dicha historia, sabremos más sobre el cambio climático que experimenta nuestro planeta y cómo prepararnos mejor ante este fenómeno global.

Desde el punto de vista geológico, la Mixteca Alta oaxaqueña está considerada la más compleja de México; además, en ella se encuentran las huellas más importantes de la Cultura Mixteca Mesoamericana. Actualmente la habitan comunidades como los chinantecos, mixes, mazatecos, zapotecos y principalmente mixtecos, cuya emigración a las áreas urbanas, incluso a Estados Unidos, es significativamente alta debido a la falta de oportunidades para los jóvenes cuando tenemos una gran riqueza natural.

En cuanto a la Comarca Minera del estado de Hidalgo, en este bello lugar las rocas, minerales y fósiles que ahí se encuentran, son reconocidos mundialmente por su singular proceso de formación, edad y otras características.

Al contrario de lo que sucede en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, la Comarca Minera del estado de Hidalgo presenta una mayor densidad poblacional con alrededor de 500 mil personas, pero al igual que en la Mixteca se tiene una importante presencia indígena que debe ser incluida y apoyada para obtener beneficios sociales de la designación como Geoparques Mundiales.

El que se hayan incluido como Geoparques Mundiales a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca y la Comarca Minera del estado de Hidalgo nos plantean una serie de retos, oportunidades y compromisos, además de las posibilidades que ofrece a la investigación científica y a la educación sobre el medio ambiente en general.

Un parque geológico representa un gran potencial para el desarrollo económico sustentable con la participación de las comunidades que lo habitan, permite la creación de empleos y de nuevas actividades económicas vinculadas con la naturaleza del sitio, brinda oportunidades para que las comunidades que los habitan eleven su nivel y calidad de vida; al final de cuentas, lo más importante que hay en el medio ambiente son los seres humanos, pero también crea el compromiso ante el mundo de preservarlos.

Si han de cambiar que sea por su propia evolución natural y no por la extracción irracional de sus riquezas minerales o por el saqueo a favor de unas cuantas empresas o privados.

Enhorabuena para la UNAM y para sus Institutos de Geografía y Geofísica por este nuevo logro para México.

Nuestra fracción parlamentaria, Morena, estamos orgullosos de una de las instituciones con mayor prestigio en el país y damos todo nuestro reconocimiento.

¡Muchas felicidades!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Norma Rocío Nahle García.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Sofía González Torres, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, señor Presidente.

Bienvenido Doctor Enrique Graue Wiechers y bienvenidos los invitados especiales.

Octavio Paz, Alfonso García Robles, Mario Molina, estos tres nombres tienen dos cosas en común: los tres han sido Premios Nobel y los tres son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nuestra máxima casa de estudios está catalogada como una de las 200 mejores universidades en el mundo.

Con más de 118 licenciaturas y 40 posgrados, la UNAM brinda a México grandes profesionistas, docentes, tecnología, innovación y, por supuesto, muchísimo prestigio.

El compromiso de esta Universidad por México fue demostrado, una vez más, por el grandioso trabajo que hicieron al impulsar que la UNESCO reconociera y elevara a las regiones de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca y a la Comarca Minera del estado de Hidalgo con categoría de Geoparques Mundiales.

El proyecto de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca es un gran ejemplo de que la historia se cuenta con ayuda del relieve, pues en sus suelos erosionados queda la prueba de la interacción humana desde hace más de 4 mil años.

Por otra parte, la Comarca Minera del estado de Hidalgo nos muestra las formas increíbles que el relieve puede tomar a causa de los elementos que la conforman, los procesos naturales que ahí se presentan integrando el agua como un gran modelador del paisaje.

Los Geoparques Mundiales constituyen una unidad integradora de diferentes disciplinas que buscan la conservación, el desarrollo ambiental, científico, educacional, cultural, económico y, sobre todo, histórico.

Este término nos habla de un proceso diferente de ver y proteger al medio ambiente, nos invita a observar más allá de la flora y de la fauna, nos recuerda que la historia del Planeta y del Universo también se cuenta a través de las rocas y que éstas merecen consideración y merecen protección.

Compañeras y compañeros legisladores; invitados especiales, es un orgullo hablar del papel de la Universidad Nacional Autónoma de México para que el día de hoy la UNESCO reconozca a nuestro país como el poseedor de gran riqueza geológica.

De nueva cuenta muchas felicidades a la UNAM y a todas las personas involucradas en este magnífico proyecto que hoy es una realidad.

Por favor, nunca dejen de trabajar por México y poner su nombre en alto alrededor del mundo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Sofía González Torres.

Se concede la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Bienvenido, Rector.

Con el permiso de nuestro señor Presidente, damos también la bienvenida a nuestro muy estimado Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor Enrique Graue Wiechers y, por supuesto, Rector, nos sumamos a la exigencia de más presupuesto para la UNAM, lo volveremos a solicitar en la próxima discusión del paquete económico del año entrante. Tiene usted nuestra palabra.

Estimados Directores de los Institutos de Geofísica y Geografía de nuestra máxima casa de estudios; Doctor Hugo Delgado Granados y Doctor Manuel Suárez Lastra; autoridades de Oaxaca e Hidalgo que hoy nos acompañan; invitados especiales; compañeras y compañeros legisladores.

La homologación como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y a mi querida Mixteca Alta del estado de Oaxaca, por parte de la UNESCO, es sin duda motivo de orgullo para las y los mexicanos, como también lo es que la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, que una vez más refrenda la relevancia de su labor para México.

Por eso también es motivo de orgullo para un servidor acudir a esta alta tribuna con el propósito de reconocer el trabajo de la UNAM a través de su Instituto de Geografía y de su Instituto de Geofísica que nos ha permitido, con ese esfuerzo de ustedes, llevar a cabo y lograr esta importante homologación.

Como representante del estado de Oaxaca en el Senado de la República, lo quiero subrayar, es un gran honor que la Mixteca Alta, que incluye nueve municipios de mi estado, sea, junto con la Comarca Minera de Hidalgo, el primero de nuestro país en obtener tal reconocimiento por parte de la UNESCO.

La relevancia de la Mixteca no solamente radica en su patrimonio geofísico, geológico y natural como aquí se ha expresado, sino también por su rica herencia cultural, su rica herencia histórica reflejada en sitios arqueológicos, edificaciones virreinales y, por supuesto, nuestros pueblos y comunidades mixe, mixtecas, zapotecas, mazatecas, triquis y chinantecas, por mencionar algunas de ellas.

Las y los oaxaqueños estamos muy agradecidos, de verdad, con la Universidad, y de manera particular con los Institutos de Geología y Geografía por la labor de sus investigaciones y el trabajo de sus investigadores en la consecución de este reconocimiento.

Pero la labor creo que no termina con la homologación otorgada por la UNESCO, cuya vigencia, sabemos, es de cuatro años.

En adelante, lograr la ratificación será un reto a que la UNAM deberá hacer frente junto con otros tantos, como el de muchos, miles de jóvenes que hoy en día, lo digo con mucho respeto, señor Rector, son rechazados, y que este año rondan por los 131 mil, 131 mil jóvenes que, sumados a los de años anteriores, son caldo de cultivo para la delincuencia que día a día crece y gana terreno en nuestro país.

Señor Rector, este es un problema que urge atenderse y hacerlo decididamente, no podemos seguir permitiendo que miles de jóvenes engrosen las filas de la delincuencia a consecuencia de la imposibilidad de continuar con sus estudios.

En nosotros, señor Rector, encontrará usted aliados para buscar soluciones a este lastimoso problema, y estoy seguro, muy seguro, que con el esfuerzo, dedicación y cooperación decidida de todos los involucrados, la Universidad hará frente de manera exitosa a los grandes retos que tiene frente a sí.

Enhorabuena, nuestro reconocimiento, y lo hablo no sólo como Senador de Oaxaca, sino como parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nuestro reconocimiento a la UNAM, a sus investigadores y a estos dos institutos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Francisco Martínez Neri: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Saludo con mucho respeto la presencia del Doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de nuestra máxima casa de estudios nacional, así como de los representantes de los señores gobernadores de los estados de Hidalgo y Oaxaca, y de los distinguidos invitados, presidentes municipales de Hidalgo y de Oaxaca que acuden a este recinto legislativo con motivo del reconocimiento que hace esta Comisión Permanente a la Universidad Nacional Autónoma de México por el invaluable apoyo que permitió lograr que el pasado 5 de mayo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declarara como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca por ser sitios con apreciable diversidad geológica.

Esta declaratoria es sumamente importante no sólo para las regiones citadas, pues México será el tercer país de América Latina en contar con ese tipo de patrimonio, aportando dos de los cuatro Geoparques en esta región reconocidos por la UNESCO, sino porque además las dos regiones distinguidas con ese reconocimiento se convierten ya en un referente para el estudio de la ciencias de la tierra, la educación y la cultura.

Y más allá de esto, estas regiones cuentan ahora con un mayor potencial de desarrollo para sus comunidades en las que por desgracia todavía prevalecen situaciones de pobreza y marginación.

Como órgano, legislativo esta Comisión Permanente agradece a la UNAM y a su Rector el esfuerzo realizado, en especial a los investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía, pues este reconocimiento de la UNESCO no hubiera sido posible sin el apoyo de la máxima casa de estudios nacional.

Esto nos llena de orgullo y satisfacción pues además con este gesto solidario comprobamos una vez más que el pueblo mexicano cuenta con el compromiso de la UNAM en favor de las grandes causas nacionales; como oaxaqueño lo agradezco y lo celebro doblemente.

También es de agradecer a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en especial a su Presidenta, la Diputada Maricela Contreras Julián, por los esfuerzos realizados para concretar el día de hoy este merecido reconocimiento a la UNAM.

Finalmente, quiero exhortar a mis compañeros legisladores, al gobierno federal y a los gobiernos locales para que generemos los programas, instrumentos y recursos que sean necesarios para garantizar en cuatro años la ratificación de la Comarca Minera del estado de Hidalgo y de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, como Geoparques Mundiales de la UNESCO y se prevean acciones de políticas públicas tendientes a lograr el desarrollo y la sustentabilidad en beneficio de las personas que habitan en esas zonas geográficas, además de procurar la protección del patrimonio natural de nuestro país.

Enhorabuena Hidalgo. Enhorabuena Oaxaca. Enhorabuena UNAM.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Francisco Martínez Neri.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Bienvenidos a todos nuestros invitados, de manera muy especial al señor Rector de la UNAM.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO cuentan la historia de 4 mil 600 millones de años del planeta tierra y de los acontecimientos geológicos que le dieron forma, así como la evolución de la humanidad misma. No sólo muestran evidencia de los cambios climáticos en el pasado, sino que también informan a las comunidades locales de los desafíos actuales y ayudan a prepararse para riesgos tales como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.

De acuerdo con la UNESCO, un Geoparque es un área geográfica singular donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional son gestionados bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sustentable.

Son sitios de rica diversidad geológica en los que, por iniciativa de las comunidades que los habitan, se promueve el patrimonio natural con vistas a fomentar el desarrollo sostenible de las regiones donde están ubicados.

En 2016, el Presidente Roland Oberhänsli, y el Secretario General José Calvo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas celebraron la creación del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO y destacaron que su nueva estructura coadyuvará también a la visibilidad y la importancia por el estudio de las ciencias de la tierra.

En este acto, el día de hoy, el Senado de la República se congratula, y en lo personal, como egresada de la UNAM, pues me siento muy orgullosa de que la UNAM, a través de los Institutos de Geofísica y de Geografía hayan logrado de la mano con las comunidades, que ya se ha mencionado aquí antes, la inclusión de la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, como los dos primeros Geoparques de México.

El Partido Acción Nacional y las dos bancadas, tanto de la Cámara de Diputados y de Senadores, por las que hablo hoy, nos congratulamos por este hecho.

Hay que destacar que en el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques se tienen 127 sitios distribuidos en 35 países, pero que en América solamente hay seis: tenemos dos en Canadá, uno en Brasil, uno en Uruguay y ahora dos en México.

Para la categorización como Geoparque Mundial es necesario cumplir con los requisitos:

1.- Patrimonio geológico, que sea un patrimonio geológico de valor internacional.

2.- Contar con un órgano de gestión con recursos suficientes.

3.- Tener visibilidad, a través de difusión y visitas constantes de ecoturismo.

4.- El trabajo de cooperación con la población local y otros Geoparques a través de la red mundial.

Estoy segura de que con lo vasto del patrimonio geológico de México y con el apoyo de los institutos, nuestro país, próximamente contará con su propia red mexicana de Geoparques, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural, el geológico y la geodiversidad de México; así también, confío que con el liderazgo de la UNAM, México será pilar en la creación y consolidación de la Red Latinoamericana de Geoparques, como lo ha manifestado el Doctor Carlos Canet Miquel, Secretario Académico del Instituto de Geofísica.

Quiero destacar la importancia de este tema en relación con el que hoy día, sin duda, es el reto más crítico que enfrenta la humanidad: el cambio climático.

La aportación de este programa es sumamente valiosa en cuanto a propiciar la conservación de los recursos naturales y fomentar la concientización sobre los efectos y repercusiones de este fenómeno.

Además, esto representa una muestra más del compromiso de nuestro país en aportar a los esfuerzos multilaterales en esta materia.

Quiero concluir dando un testimonio de lo que representa la UNAM para nuestra nación y para la vida de millones de mexicanos, que como yo, si no hubiera sido por la UNAM no hubiéramos tenido acceso a una formación universitaria y no estaríamos desde nuestras distintas posiciones hoy día trabajando y aportando a la construcción de una mejor nación, porque, más allá de las cifras que ya conocemos de la UNAM, que es la máxima casa de estudios de nuestro país, que es la tercera en América Latina, que imparte 117 licenciaturas, 35 carreras técnicas profesionales y ofrece tres planes de estudio de bachilleratos, que ofrece 41 programas de posgrado y 37 programas especializados, etcétera, que para el ciclo escolar 2015-2016 terminó con 346 mil 730 alumnos inscritos; que cuenta con 39 mil 500 académicos, que hay 12 mil 565 actividades artísticas y culturales al año.

En fin, los 26 museos, los 18 recintos históricos, todos los servicios que la UNAM ofrece a nuestro país a través de investigaciones, etcétera, y que todas estas cifras, sin duda, representan y expresan la grandeza de la Universidad, a través o detrás, mejor dicho, de todas estas cifras lo que hay son verdaderas historias de vida, historias de vida de egresados que pudieron tener acceso a una mejor calidad de vida, desarrollo profesional, pero también historias de vida que personas que sanan por los médicos egresados de la UNAM, de carreteras que nos permiten comunicarnos, en fin, son miles y miles de impactos positivos en la historia y el desarrollo de nuestra nación.

Así es que quiero terminar dando ese testimonio y quiero también decir que en el Congreso, que es el Congreso una representación no sólo política, sino también social de nuestro país, no está exenta de tener la presencia de la Universidad.

La Universidad cuenta con la bancada Puma, somos muchos egresados de la Universidad que hemos sido Diputados, que ahora somos Senadores, también la Cámara de Diputados.

Y señor Rector, invitados de la UNAM, saben que cuentan con la bancada Puma en el Congreso.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, y también a la bancada Puma, muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Enrique Burgos García: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea.

Señor Doctor Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, sea usted bienvenido a esta Soberanía.

Muy distinguidos invitados:

El avance cultural, social y tecnológico de nuestro país no puede entenderse sin los aportes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de sus egresados.

En nuestra Universidad, en sus aulas se han formado los más destacados profesionistas, quienes desde más sus respectivos campos han contribuido a construir y consolidar una nación más próspera.

Es una institución de conocimiento científico y a la vez humanístico, que ha inspirado grandes transformaciones de nuestro país.

Por sus aulas han pasado presidentes, científicos, escritores, empresarios, artistas, comunicadores y generaciones de profesionistas que han delineado la historia del México moderno.

Ya se dijo, pero hay que reiterarlo, es alma mater de tres Premios Nobel: de Octavio Paz, de Mario Molina y de don Alfonso García Robles.

Hoy, gracias a la asesoría, impulso y coordinación de los equipos académicos de los Institutos de Geofísica y Geografía, se logró que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconociera en mayo del presente año a la Comarca Minera de Hidalgo y a la Mixteca Alta de Oaxaca, como los primeros Geoparques Mundiales de México.

Con este reconocimiento nuestro país se suma a Brasil y Uruguay como los países de la región de Latinoamérica que cuentan con Geoparques Mundiales.

Los Geoparques Mundiales buscan aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación, turismo y, de igual forma, nos permite observar los cambios climáticos tan importantes, y de ello también los riesgos de los desastres naturales.

El Geoparque de Hidalgo incluye una red de 31 sitios articulados en geo-rutas, que permite dar a conocer a los visitantes un patrimonio que tiene como eje temático la minería de la plata, en el distrito minero de Pachuca-Real del Monte, en una extensión de 848 kilómetros cuadrados.

El segundo Geoparque comprende nueve municipios ubicados en el occidente del estado de Oaxaca, con una extensión de 415 kilómetros cuadrados, siendo el municipio sede el de Santo Domingo Yanhuitlán.

Muy distinguidos asistentes todos.

El grupo parlamentario del PRI expresa su gran reconocimiento a los académicos de los Institutos de Geofísica y Geografía de la Universidad Nacional, por su labor para lograr que la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, fueran reconocidas por la UNESCO como Geoparques Mundiales.

Con este logro, una vez más queda demostrado el papel estratégico que la máxima casa de estudios tiene en el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país.

Decía Ortega y Gasset, en el Libro de las Misiones, que: “la misión de la Universidad es ir adelante, siempre adelante, para ofrecer horizontes a la sociedad de la que proviene”.

Vale recordar aquí, ahora, por imperativo de la realidad, aquella expresión del Presidente Adolfo López Mateos: “La Universidad proviene del pueblo y la Universidad debe dar su mejor impulso al pueblo que la crea.”

Hoy todos nosotros aquí afirmamos: La Universidad Nacional Autónoma de México cumple con su pueblo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Enrique Burgos García.

Concluidas las exposiciones de los representantes de los grupos parlamentarios, entregaremos el reconocimiento que la Comisión Permanente hace a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del señor Rector, Doctor Enrique Graue.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

(Entrega de reconocimiento, por parte del Presidente Senador Pablo Escudero Morales)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Solicito ahora a los integrantes de la Mesa Directiva, también hagan entrega de un reconocimiento al Doctor Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía y al Doctor Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica.

(Entrega de reconocimiento, por parte de la Mesa Directiva)

Muchas gracias.

Y en el Acuerdo aprobado para normar esta ceremonia, en el que se le concede el uso de la tribuna al señor Rector, al Doctor Enrique Graue.

El Doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México: Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión Permanente, Pablo Escudero Morales, por esta oportunidad de usar la máxima tribuna de la nación para dirigirme a ustedes.

Honorables miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, gracias por estar acompañándonos en esta ceremonia.

Autoridades civiles de los estados de Oaxaca e Hidalgo, de la Mixteca Alta y de la Comarca Minera, muchas gracias por estar presentes en esta ceremonia y por el bastón de mando que me hicieron favor de entregar.

Señores funcionarios de la UNAM, muchas gracias por estar aquí; señores directores de los Institutos de Geografía, Geofísica y Geología, muchas gracias por acompañarnos.

Muchas gracias licenciado Dionisio Meade, Presidente de la Fundación UNAM, por acompañarnos en este momento tan importante para la Universidad.

En verdad, como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradezco profundamente el reconocimiento que hoy nos otorga este Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Muchas gracias por estar atentos a los logros de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La UNAM se debe a México y todas nuestras acciones están encaminadas a enaltecer a nuestra nación. Por ello, para obtener la designación de los Geoparques por la UNESCO, la UNAM, a través de los institutos mencionados y en estrecha relación con otras instituciones de educación superior, con organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, y con los municipios y ejidos implicados en estos sectores geográficos, impulsó, asesoró y encabezó durante tres años estas propuestas.

Recibo este reconocimiento a nombre de todos nuestros académicos y estudiantes que empeñaron sus esfuerzos en la consecución de este logro para México.

El Planeta Tierra, ya se decía, nuestra casa común, en donde también habita el señor Trump, tiene alrededor de 4 mil 600 millones de años de estar en constante cambio y evolución.

Como fruto de estos cambios y evolución, sufre transformaciones, y existen zonas y territorios donde convergen la geodiversidad y la biodiversidad. El pasado, el futuro y el presente de la actividad humana, y la esperanza de un mundo sustentable.

Hace ya más de tres décadas que empezaron a impulsarse las iniciativas para proteger y promover el patrimonio geológico de nuestro planeta, y así fue que en el año 2000, hace apenas 17 años, apareció la Primer Red de Geoparques constituida por cuatro Geoparques europeos, situados en Grecia, Francia, Alemania y España. Posteriormente, y bien lo decía la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, con el apoyo de la UNESCO, se creó la Red Mundial de Geoparques, creciendo significativamente su número. Entre ellos, para entonces, en el Continente Americano sólo había dos en Canadá, uno en Brasil y uno más en Uruguay.

Pero si de biodiversidad y de geodiversidad se trata, era evidente que en el mapa de los Geoparques del mundo, faltaba México.

Y quiero una vez más nuestro agradecimiento, por supuesto, por este reconocimiento al Congreso de la Unión, y mi reconocimiento en particular a los Institutos de Geografía y Geofísica por haber estado atentos a esta ausencia y promovido su inclusión en el mapa mundial. Mención especial merece el Doctor José Luis Palacios, aquí presente con nosotros, que acompañó a todo este proceso.

Así fue que el 5 de mayo de este año, la UNESCO reconoció ocho sitios más como Geoparques Mundiales: Uno en España, uno en Francia, en Irán y en Corea; dos en China y dos en México.

En México estos dos comentados ya, el de la Mixteca Alta en Oaxaca y el de la Comarca Minera en Hidalgo, son los primeros dos, porque ustedes y yo sabemos que nos faltan muchos más, porque nuestro país posee una espléndida riqueza en este tipo de regiones.

El Geoparque Mundial de la Comarca Minera en Hidalgo, abarca nueve municipios, con una extensión total de mil 910 kilómetros cuadrados y salvaguarda un patrimonio geológico excepcional, pues fue una zona de explotación minera durante cuatro siglos en el distrito histórico de Pachuca-Real del Monte, famoso por sus yacimientos de plata.

Este Geoparque tiene 31 geositios donde se pueden observar distintas formaciones geológicas, como son los prismas basálticos de Santa María Regla, los yacimientos de obsidiana en el Cerro de las Navajas, los yacimientos de tridimita y cristobalita que fueron descubiertos en el siglo XIX y que admiraron también al mundo.

Por su parte, el Geoparque de la Mixteca Alta en Oaxaca, se distingue por sus paisajes derivados de accidentes geográficos y por los procesos de erosión, resultado del uso intensivo y secular de la agricultura realizada en esta zona desde hace más de cuatro mil años.

Este Geoparque, ya también se decía, comprende nueve municipios ubicados en el occidente del estado de Oaxaca, con una superficie total de 415 kilómetros cuadrados, habitados en buena medida, por nuestros pueblos originarios.

Está el Geoparque de la Mixteca Alta cuenta con 35 geositios visitables por 12 senderos que conducen a la exploración ecoturística del lugar. Dentro del Geoparque, y todos lo conocen, se incluyen además una serie de monumentos históricos que van desde áreas arqueológicas, hasta iglesias y conventos virreinales del siglo XVI, ejemplo, por supuesto, es Yanhuitlán.

En suma, la geología, la geografía, la biología y la historia se funden en los Geoparques de la Comarca Minera y de la Mixteca Alta, dando como resultado, algunos de los paisajes más interesantes y espectaculares de nuestra nación.

Los Geoparques son una oportunidad para implementar estrategias de geoconservación, son muestras eco-geológicas de los efectos del cambio climático y a través del ecoturismo pueden ser detonantes del desarrollo económico que tanta falta nos hace en esas regiones.

Con ambos estados, Hidalgo y Oaxaca, la Universidad Nacional se ha comprometido a seguir trabajando, y aquí refrendo este compromiso, esforzándonos para mantener la denominación de Geoparques Mundiales, preservando lo que sea necesario preservar en esas zonas.

Confirmarles también, señores representantes de la nación, que seguiremos el sendero de impulsar nuevos sitios que cumplan con las características de los Geoparques Mundiales de la UNESCO; México se lo merece y en ello nos empeñaremos.

Faltaría a mi deber como Rector, si no aprovecho esta oportunidad para respetuosamente pedirles su apoyo en el presupuesto de la Universidad.  

Agradezco todas las manifestaciones de los representantes de los distintos grupos parlamentarios, que comenzaran con Macedonio Tamez en este sentido, muchas gracias, porque sí es muy importante.

México necesita de una Universidad fuerte, como ha sido la nuestra, a lo largo de toda nuestra historia. Ha sido también gracias a su comprensión y al trabajo de los universitarios que la Universidad es la más importante de Iberoamérica, la mejor calificada.

Para este año escolar, la de más de 350 mil estudiantes, la que produce la mayor y mejor investigación, la que preserva y difunde nuestros valores culturales y aquella que ha sido y deberá seguir siendo el motor de la permeabilidad social de nuestro país.

Es también una Universidad transparente, de rendición clara y oportuna de cuentas. Nuestro presupuesto depende de ustedes y a ustedes rendimos cuentas.

No necesito decirles que requerimos de un presupuesto suficiente, suficiente para continuar con nuestras labores y en suficiencia para mejorar otras, aquellas que la nación nos ha confiado en su custodia, ejemplos de ellos son la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, la Investigación Oceanográfica, los Servicios Meteorológicos, la Red Sismológica y Mareográfica y ahora los Geoparques que requerirán de nuevos y adicionales apoyos.

Pero vine, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a recibir un reconocimiento, éste que amablemente nos hicieron favor de otorgar.

Perdón por haber usado, con este otro fin, esta tribuna, pero es que “Por nuestra raza siempre surge el espíritu”.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Rector, Doctor Enrique Graue.

Honorable Asamblea. Señor Rector. Distinguidos invitados:

En este día, el Congreso de la Unión, a través de su Comisión Permanente en el marco de sus trabajos ha entregado un reconocimiento público al ciudadano Rector, así como a los investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su valiosa contribución para obtener la homologación como Geoparques Mundiales para la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca del Alta del estado de Oaxaca que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Para nuestro país ha sido un alto honor y es también una gran responsabilidad el que la UNESCO, el pasado 5 de mayo del año en curso, haya homologado como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, por ser sitios con una apreciable diversidad geológica en la que sus habitantes se encuentran muy comprometidos en resguardar el patrimonio natural y apoyar el desarrollo sostenible de sus territorios.

Es un honor, toda vez que la inclusión de dos sitios mexicanos a la lista de Geoparques Mundiales de la UNESCO, es un reconocimiento al compromiso que se tiene de su manejo y conservación, como una muestra de las acciones que los mexicanos procuran en el cuidado de la riqueza natural de nuestro país.

Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconocemos y valoramos a los investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, como actores fundamentales para que la UNESCO registrara a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, como los dos primeros Geoparques Mundiales en México.

Agradecemos al Doctor, al señor Rector Enrique Luis Graue, que haya estado aquí, que nos haya concedido el poder celebrar juntos este gran reconocimiento.

Es un honor para nosotros tenerlo a usted y tenerlos a ustedes aquí.

Muchas gracias y nuevamente felicidades.

A nombre de la Comisión Permanente agradezco a todos su asistencia, y voy a solicitar a las comisiones designadas se sirvan acompañar a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto.

Y voy a declarar un receso de cinco minutos para que puedan saludar al señor Rector y a nuestros distinguidos visitantes.

Se abre un receso.

Solicito a la comisión acompañe al Rector para poder seguir con la sesión.

(Receso)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (13:37 horas) Se reanuda la sesión. Vamos a pasar al apartado de iniciativas.






Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco la oportunidad de presentar esta iniciativa en la más alta tribuna de México, esperando con ello el apoyo de mis compañeros legisladores, así como la de mis amigos de los medios de comunicación para reconocer a los que se esfuerzan, día a día, por hacer las cosas bien.

Compañeras y compañeros legisladores, en el contexto de crisis de inseguridad que se vive en el país, resulta indispensable formular diferentes propuestas que puedan mejorar la Seguridad Pública, y la profesionalización es una de las claves para lograr ese objetivo.

Actualmente, uno de los problemas fundamentales es la desconfianza institucional, donde los reportes cotidianos de instancias oficiales y más aún de organismos no gubernamentales, indican que un elevado porcentaje de policías en el país, no son recomendables, la lógica que se ha seguido es que el policía se corrompe individualmente, y no se le ubica en una perspectiva social de ausencia de incentivos.

En cualquier esfera, la ausencia de incentivos genera debilidad institucional. Cambiar los paradigmas, implica valorar al policía, reconocer e impulsar su profesionalización, reflejada en su ascenso académico; y será posible en un marco en el que se propicien las oportunidades, aunado a todo el impacto negativo en el ámbito familiar y social.

Lamentablemente el policía no cuenta con ninguna posibilidad de superación personal. En este sentido, es fundamental que en los recursos destinados a la Seguridad Pública, se debe apuntalar hacia un porcentaje físico, destinado a propiciar condiciones que incrementen los niveles escolares y los grados académicos de los policías.

Las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, de los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, deben coordinarse para generar oportunidades a los policías que aspiren a una superación académica y a un rango mayor en la jerarquía de las categorías establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las academias e institutos deben ser responsables de promover los niveles de escolaridad y los grados académicos como parte del programa rector de profesionalización.

Cuando un policía a través de la educación pueda ascender a la escala básica: a oficiales, a inspectores, a comisarios, a comisario jefe y hasta comisario general, entonces habrá un mayor incentivo para su superación personal y, en consecuencia, para el mejor funcionamiento de sus actividades.

En este orden, el objetivo de la presente iniciativa es colocar a la policía en el eje rector de la transformación y en la prioridad para el mejoramiento de todo el Sistema de Seguridad Pública.

Para lograrlo se propone reformar el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar que los niveles escolares y los grados académicos sean considerados en la profesionalización y en la promoción para ascender de jerarquía de las categorías respectivas.

Con esta loable acción, además de motivar a los policías, se contribuye a generar un mejor entorno que impactará en el ejercicio de sus funciones y en favor del Sistema Nacional de Seguridad Pública de nuestro país.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto de crisis de inseguridad que se vive en el país, resulta indispensable formular diferentes propuestas, que puedan mejorar la seguridad pública, y la profesionalización es una de las claves.

El objetivo de la presente iniciativa, es colocar al policía, en el eje rector de la transformación, en la prioridad para el mejoramiento de todo el sistema; sin el reconocimiento a nuestros policías, cualquier proyecto de seguridad será inviable y estará condenado al fracaso.

Actualmente, uno de los problemas fundamentales es la desconfianza institucional, donde los reportes cotidianos de instancias oficiales y más aún, de organismos no gubernamentales, indican que un elevado porcentaje de policías en el país, no son “recomendables”, la lógica que se ha seguido es que el policía se corrompe individualmente, y no se le ubica en una perspectiva social de ausencia de incentivos.

En cualquier esfera, la ausencia de incentivos, genera debilidad institucional. Cambiar los paradigmas, implica valorar al policía, reconocer e impulsar su profesionalización, reflejada en su ascenso académico; y será posible, en un marco en el que se propicien las oportunidades para ello, desterrando prácticas en las que se somete a los policías a horarios 24 x 24 y hasta 72 x 24.Aunado a todo el impacto negativo en el ámbito familiar y social, el policía no cuenta con ninguna posibilidad de superación personal.

En los recursos destinados a la Seguridad Pública, se debe apuntalar hacia un porcentaje fijo, destinado a propiciar condiciones que incrementen los niveles escolares y los grados académicos de los policías.

Las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia, deben coordinarse para generar oportunidades a los policías que aspiren a una superación académica y a un rango mayor en la jerarquía de las categorías establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Garantizando que los niveles escolares y los grados académicos, sean considerados en la profesionalización y en la promoción para ascender, los policías estarán motivados y se generará un mejor entorno que impactará en sus funciones.

Las Academias e Institutos, deben ser responsables de promover los niveles de escolaridad y los grados académicos, como parte del programa rector de profesionalización.

Cuando un policía a través de la educación, pueda ascender de policía, a policía tercero, policía segundo, policía primero (escala básica); de suboficial, a oficial, subinspector (oficiales); de inspector, a inspector jefe, inspector general (inspectores); de comisario, a comisario jefe y hasta comisario general (comisarios), entonces habrá un mayor incentivo para su superación personal y en consecuencia, para el mejor funcionamiento de sus actividades.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 91, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 91.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Los niveles escolares y grados académicos de la profesionalización, serán aplicables para la promoción en la jerarquía de las categorías establecidas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Ruth Tiscareño. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales tiene como finalidad impulsar el desarrollo de sólo las diez entidades federativas que cuentan con mayor incidencia de pobreza extrema según el Coneval. Sin embargo, la realidad es que existen muchas otras entidades que, aun estando en pobreza, requieren y demandan ser impulsadas por parte del gobierno federal y que no están incluidas dentro de las Zonas Económicas Especiales.

En este caso y de manera concreta, se encuentra el estado de Tlaxcala, que cuenta con amplias carencias que deben ser atendidas a través de la formalización de Zonas Económicas Especiales.

¿Por qué lo digo? Miren, el Estado satisface plenamente y a cabalidad la hipótesis normativa contenida en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, ya que cuenta con áreas geográficas que representan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva.

Tlaxcala tiene una importante red de carreteras que dan conectividad a las diferentes poblaciones, actualmente cuenta con una extensión de casi 3 mil kilómetros de su red total de carreteras, dentro de las cuales la red troncal federal representa 652 kilómetros. Asimismo, cuenta con una amplia red de carreteras alimentadoras que representan mil 100 kilómetros y mil 216 kilómetros pertenecen a la red de caminos rurales.

El estado de Tlaxcala cuenta con una importante extensión total de red ferroviaria de más de 350 kilómetros, de los cuales 260 constituyen troncales y ramales, 70 representan vías secundarias y 20 de vías particulares.

El autotransporte federal es un pilar para la transportación de personas y de mercancías, de acuerdo con cifras de 2015, la entidad cuenta con una flota vehicular de 962 unidades para pasajeros, 420 para turismo, 4 mil 375 para carga general y 369 unidades para carga especializada.

En materia económica, es la entidad que menos participación tiene en el Producto Interno Bruto nacional, ya que sólo aporta el 0.6 por ciento.

Tlaxcala, por tanto, es una entidad que tiene poca participación en unidades económicas con respecto del total nacional.

Tlaxcala necesita, de manera urgente, un esquema de apoyo de inversión integral de la Federación para salir del nivel de pobreza en que se encuentra.

Conforme a ésto, se acredita que el estado de Tlaxcala satisface los extremos de los requisitos establecidos en la ley, ya que en términos de la normativa aplicable, cuenta con áreas geográficas que presentan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración, entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotransportes y potencial de conectividad hacia otros mercados, por lo cual, es un candidato idóneo para formalizar y llevar cabo una zona económica estratégica del país.

En vista de lo anterior, el estado de Tlaxcala podría dar un paso importante y muy significativo para catapultar a su población en general, hacia un mejor nivel de vida, hacia una zona con potencial y desarrollo económico, hacia una región más sólida y hacia un futuro más estable y promisorio que tanta falta le hace a la población.

A fin de que existan más oportunidades de desarrollo, más casos de incremento económico, más estados que puedan ser parte integrante de las Zonas Económicas Especiales, es que se pretende ampliar el número de entidades federativas que puedan ser susceptibles de estar integradas, como son las económicas especiales.

Por lo que con esta iniciativa, se busca de que en lugar de que sólo sean apoyadas y contempladas diez entidades federativas, como actualmente lo determina la ley, se incrementa el espectro de protección, ayuda y desarrollo, ampliando a 16 el número de entidades del país que cuenten con la mayor incidencia de pobreza extrema.

De esta manera, estaremos realmente trabajando por el bien de nuestros gobernados, por el desarrollo nacional, por el incremento económico y por el fortalecimiento de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Hernández Ramos. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta.

En la hora de los soliloquios quiero presentar esta iniciativa de reforma al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las facultades de control con que cuenta el Congreso de la Unión, representadas por la facultad de citación deben ser ejercidas en apego al papel del Poder Legislativo como contrapeso republicano.

Si bien las facultades de control de ambas Cámaras se han visto ligeramente fortalecidas en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer.

Además, habría que decirle a ustedes que frente a la sociedad, muchas de las veces no queda claro el papel que juegan las Cámaras y han sido los medios informativos los que se han encargado de decir que es un órgano muy costoso que no repercute y representa un beneficio directo a la sociedad.

Por eso, abordar el tema de que hoy en plena crisis social que estamos viviendo, profundizada por el lacerante flagelo de la corrupción y la impunidad en la que el Congreso de la Unión no puede mantenerse como simple testigo de esta descomposición.

En la historia reciente del país hemos atestiguado distintos casos en los que de haber contado el Congreso con la facultad de citar a particulares, implicados en los asuntos como los de Oceanografía, el caso de la Casa Blanca, el Paso Express, o casos como de violaciones a derechos humanos, como los ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa, hubieran permitido profundizar en las investigaciones, así como ampliar las mismas.

En este sentido, recientemente el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa para ampliar las facultades de los órganos constitucionales de defensa de los derechos humanos, a fin de que puedan investigar violaciones a derechos humanos cuando el actor sean las empresas privadas.

Así pues, actualmente la facultad con la que cuentan las Cámaras del Congreso se limitan a aquellos que ostentan un cargo público y debe ampliarse hacia los particulares que, en el desempeño de sus actividades, guarden relación con algún asunto de carácter público, o bien, hayan recibido recursos del Estado. La propuesta se hace necesaria toda vez que, en los últimos años, los particulares han adquirido especial relevancia en la vida pública, por lo que su actividad en ella no puede permanecer sin el control de la representación popular.

Ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Cuarto, en el ámbito de responsabilidades, se habla de servidores públicos y particulares como sujetos de responsabilidad pública.

La figura de comparecencia, objeto de esta iniciativa, constituye uno de los instrumentos en que se articulan las funciones de información y control de las Cámaras.

La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer esta facultad de las Cámaras del Congreso al momento de ampliar la facultad para llamar a cualquier persona, se robustece el Congreso como contrapeso de los otros poderes, de los organismos autónomos y de los poderes fácticos.

Tanto reclamo que recibimos a veces de que no hacemos nada, aquí está una oportunidad para corregir ese camino y para poder adicionar esta facultad al Congreso de la Unión, a ambas Cámaras.

Las ideas planteadas en esta iniciativa observan las prácticas internacionales de países como España, Italia, Estados Unidos, Venezuela y Noruega, en donde los congresos cuentan con la facultad de citar a particulares a comparecer, lo cual nos ofrece la visión de que este modelo no es ajeno a sistemas desarrollados, ni constituye controles excesivos.

Por el contrario, el sentido de la modificación es favorecer el interés público dotando al Congreso de la Unión de mayores herramientas que abonen a los principios de transparencia, rendición de cuentas y promuevan el equilibrio de la división de poderes.

Reforzar la potestad del Congreso para citar a comparecer a cualquier persona sobre asuntos de interés público, sería un avance significativo en el combate a la corrupción, el abuso del poder y el tráfico de influencias que mucho descomponen nuestro sistema.

Ustedes han visto cómo hay denuncias puntuales hechas de particulares, dicen que dieron sobornos y aquí no pasa nada, aquí las cosas siguen como están y este Congreso sin facultad para poder intervenir.

Por eso es urgente actualizar el marco normativo para poder hacer que esta reforma al artículo 93 pueda ampliar las facultades de las Cámaras del Congreso de la Unión para citar a comparecer a particulares.

La presente iniciativa propone reformar el artículo 93 para modificar el segundo párrafo con el objetivo de ampliar el espectro de las personas a las que el Congreso pueda citar a comparecer cuando se discuta una ley o un negocio concerniente a sus ramos o actividades o asuntos de interés público.

Lo anterior, no sólo fortalecerá la función de control democrático del Congreso, sino que permitirá consolidarse como verdadero espacio de discusión de las distintas personas y corrientes que integra nuestro país.

Está aquí, señora Presidenta, planteada esta iniciativa.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMPARECENCIAS DE PARTICULARES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Congreso de la Unión, sus Cámaras o, en sus recesos la Comisión Permanente, a través de diversos actos analiza la actividad que realiza un gobierno. Así, tiene como una de sus tareas, efectuar un control político basado en la división de poderes e 1 independiente del control jurídico que ejercen los tribunales y órganos destinados a dicha tarea.

De esta manera, en nuestro sistema político, el Congreso es un contrapeso republicano que debe fortalecer sus facultades de control bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, pilares de un Estado democrático. Asimismo se consolida en un instrumento popular de información, crítica y vigilancia del mantenimiento de la democracia. 2

Dentro de las facultades de control encontramos que una de las principales es la comparecencia de los servidores públicos en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno y de los nombramientos sujetos a ratificación y aprobación de alguna de las Cámaras.

Sin embargo, esta facultad se dirige solamente al ámbito del quehacer político, es decir, a aquellos que ostentan un cargo público, y deja fuera la posibilidad de ejercerse con relación a particulares que, en el desempeño de sus actividades, tengan relación con algún asunto de carácter público o hayan recibidos recursos del Estado. Es de resaltar que, en los últimos años, los particulares han adquirido una especial relevancia en la vida pública y el funcionamiento del Estado, por lo que su actividad pública no puede permanecer sin el control de la representación popular.

De igual modo, existe un tratamiento diferenciado entre funcionarios públicos, puesto que actualmente sólo se considera la facultad de citar a las y los titulares de las Secretarías de Estado, a directoras o directores y administradoras o administradores de las entidades paraestatales, así como a las y los titulares de los órganos autónomos, con lo cual quedan excluidos el resto de funcionarios de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto realizar los cambios necesarios a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los que se faculta al Congreso para citar a comparecencias reforzando esta facultad hacia los actores antes señalados, al momento de ampliar la facultad para llamar a cualquier persona, se robustece al Congreso como contrapeso de los otros poderes, de los organismos autónomos y de los poderes fácticos.

La figura de la comparecencia constituye uno de los instrumentos a través de los cuales se articulan las funciones de información y control de las Cámaras, en particular a través de las que se realizan para recibir a autoridades en comisiones para informar sobre materias de su competencia. Así pues, entenderemos la comparecencia como el acto mediante el cual los miembros del Gobierno que han sido citados por el pleno, expresan presencialmente la situación que guardan los asuntos que, por ley, tienen encomendados.3

A ese respecto, constitucionalmente la figura de las comparecencias se encuentra establecida en el artículo 93 párrafo segundo que dispone:

Artículo 93. …

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Como puede verse, las y los servidores públicos mencionados en los artículos anteriores tienen la obligación de comparecer ante alguna de las Cámaras del Congreso cuando así se les requiera o en el marco del informe anual de gobierno que presente el titular del Ejecutivo Federal. Con esta facultad, el Congreso realiza una evaluación acerca de la forma en la cual es Gobierno maneja la Administración Pública, así como el cumplimiento de las metas y la utilización de los recursos asignados sus programas. Siendo así, esta facultad no puede verse limitada a los funcionarios enunciados, sino que debe hacer extensiva a la figura de otros servidores públicos, emanados de recientes reformas constitucionales, así como a particulares cuya actividad se relaciones con la administración pública.

Comparecencia de particulares

La comparecencia de particulares ante las Cámaras del Congreso de la Unión ha sido un tema que se ha evitado, bajo el argumento de que el Congreso sólo tiene facultades de control sobre aquellas personas que ostentan cargos públicos. Aunque pudiera argüirse como correcto lo anterior, también es cierto que en tiempos recientes hemos sido testigos de actos inconstitucionales e ilegales en lo que converge la responsabilidad de entes gubernamentales y particulares, sin que el Congreso haya podido ejercer su facultad de citación sobre los actores involucrados.

Entre los ejemplos que podemos citar unos de los representativos es sin duda el caso de Oceanografía, en que la investigación de la PGR descubrió un entramado de corrupción con beneficiarios tanto particulares como de gobierno. En el periodo que comprende de 1999 a 2013, la empresa obtuvo licitaciones públicas, nacionales e internacionales de Pemex, que representaron una suma de más de 31 mil millones de pesos.4 Los resultados de las auditorías del órgano interno de control de Pemex arrojaron anomalías en las finanzas que Oceanografía debió pagar que en suma alcanzaron los 147 millones de pesos; además de tres mil 250 millones de pesos derivados de la modificación irregular de contratos entre 2010 y 2012. 5

Ante este tipo de casos, en el que se vieron involucrados funcionarios de los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Congreso debió haber podido citar a los particulares implicados. Con ello se habrían ampliado el alcance de las investigaciones, permitiendo combatir desde este frente el mal de la corrupción, el tráfico de influencias y el abuso de poder.

Otros casos en los que esta facultad hubiere sido de gran ayuda son los casos de corrupción del actual gobierno como la Casa Blanca o el recién ocurrido socavón en el “Paso Express”, sin olvidar aquellos asuntos de violaciones graves a derechos humanos como los ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa, por mencionar sólo algunos.

Es importante señalar que esta figura no es nueva en el mundo. Varios países en el plano internacional cómo Estados Unidos, Italia, España, Venezuela y Noruega, cuentan con la facultad para su congreso de citar a particulares, al respecto de determinados asuntos.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa propone reformar el artículo 93 para modificar el segundo párrafo con el objetivo de ampliar el espectro de las personas a las que el Congreso puede citar a comparecer cuando se discuta una ley o un negocio concerniente a sus ramos o actividades, o asunto de interés público. Lo anterior no sólo fortalecerá la función de control democrático del Congreso, sino que permitirá consolidarse como verdadero espacio de discusión de las distintas personas y corrientes que integran nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 93.- ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a cualquier persona, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, un asunto de interés público o para que respondan a interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores. La Ley establecerá los supuestos bajo los cuáles las Cámaras podrán citar a particulares, así como el formato específico para el desahogo del proceso.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

1 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. El control del Gobierno: Función del Poder Legislativo. Instituto Nacional de Administración Pública. México 1996 Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1200-el-control-del-gobierno-funcion-del-poder-legislativo consultado el 17 de julio de 2017.

2 Ídem.

3 Cámara de Diputados. Terminología Legislativa. Cuadernos de Apoyo. Departamento de Servicio Automatizados de Información. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno_terminolegis.pdf consultado el 17 de julio de 2017.

4 Puntos clave para entender el caso Oceanografía, Excelsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/06/947319

5 UN TRIBUNAL FEDERAL LIBRA A OCEANOGRAFÍA DE PAGAR MEGADEUDA FISCAL AL SAT, Sin Embargo, disponible en: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1636006






Tiene el uso de la voz el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de la nueva acta de nacimiento por reasignación de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 135 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL CAPÍTULO III AL TÍTULO SEGUNDO DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta en funciones de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros legisladores:

Decía Aristóteles: “Que el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

Sin duda creo firmemente en ello y estoy seguro que ustedes igual, pero yo quisiera agregar que esa igualdad debe ser también en los hechos.

Y digo esto porque en México el derecho a la igualdad está constitucionalmente reconocido y es deber del Estado garantizarlo.

De acuerdo a la UNICEF, desde el momento en que nacemos, todos los seres humanos necesitamos forjarnos una identidad. Para ello, el primer paso al que nuestros padres o tutores legales están obligados es a inscribir el nacimiento en los registros públicos, y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los derechos consagrados en nuestro marco jurídico. Además, el registro es un elemento esencial también en la planificación a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales el Estado diseña sus estrategias.

Pero no obstante a los gobiernos y a las instancias internacionales, desde mi punto de vista, se les olvida una cuestión que para nada resulta menor. Se les olvida que hay personas cuyo cuerpo sexuado no corresponde con su identidad genérica, sus preferencias, sus gustos, anhelos o motivaciones.

Sin embargo, existen ocasiones en que surgen conflictos cuando la identidad de género del individuo no coincide con su sexo o género asignado al nacer. De ahí que persistan personas transgénero o transexuales, es decir, personas cuya identidad de género no corresponde con el género que les fue impuesto al nacer.

En el Estado mexicano se entiende que la identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social para aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos en el orden jurídico que éste nos reconoce, que éste nos otorga, independientemente de cualquier circunstancia o condición personal.

Por ello me parece, compañeras y compañeros, que debemos voltear a ver a las personas que, si bien fisiológicamente pertenecen a un sexo, su identidad, su realidad genérica choca con la primera.

Ahora bien, la reasignación para la concordancia sexo-genérico es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyos o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso, y que tendrá también como consecuencia, mediante una resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o de mujer, según corresponda.

Para mí es claro que hoy en día aún existe resistencia a acciones como ésta, ya sea por prejuicios sociales o también por el desconocimiento de lo que significa la identidad sexual, la identidad de género y la reasignación para la concordancia sexo-genérica.

Por eso creo que como representantes populares, compañeras y compañeros legisladores, es nuestro deber despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestras filias y nuestras fobias y atender los reclamos y exigencias de la sociedad.

Y es en virtud de ello que someto a consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea un artículo 135 Bis del Código Civil Federal y el Capítulo III al Título Segundo del Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhortándolos a que esta causa sea reivindicada.

En los documentos del Diario de los Debates, de la Gaceta, podrán revisar de manera minuciosa la iniciativa que, estoy seguro, será muy bien recibida por una muy importante parte de la sociedad que desea se le reconozca también administrativamente el género al que desean participar.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con base en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se ADICIONA EL ARTÍCULO 135 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL CAPÍTULO III AL TÍTULO SEGUNDO DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la UNICEF, desde el momento en el que nacemos, todos los seres humanos necesitamos forjarnos una identidad. Para ello, el primer paso al que nuestros padres o tutores legales y las autoridades administrativas están obligados es a inscribir el nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias.

No obstante a los gobiernos y a las instancias internacionales se les olvida una cuestión, que para nada es menor.  Se les olvida que hay personas cuyo cuerpo sexuado no corresponde con su identidad genérica, preferencias, gustos, anhelos y/o motivaciones.

Gracias a los estudios feministas hoy por hoy sabemos que el sexo y el género no son lo mismo; es decir, el sexo es un rasgo biológico que contiene cualidades físicas y anatómicas que se traducen en la distinción natural entre hombres y mujeres, mientras que el género se relaciona con los roles y estereotipos que la sociedad ha asignado a cada sexo.

Así tenemos que el sexo legal o por asignación es aquel que se le asigna al individuo al momento de nacer de acuerdo con la apariencia de los genitales y a partir del cual se deciden aspectos tan importantes como el nombre y el registro en los documentos oficiales.

Sin embargo, existen ocasiones en que surgen conflictos cuando la identidad de género del individuo no coincide con su sexo o género asignado al nacer.  De ahí que existan personas transgénero o transexuales, es decir, personas cuya identidad de género (autoidentificación como hombre, mujer, ambos o ninguno) no corresponde con el género que le fue impuesto al nacer (la identificación por parte de los demás de si se es hombre o mujer en función del sexo genético o físico).

La feminista Monique Wittig afirma que “La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza como su causa.

Masculino/femenino, macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico.”

“Sin duda alguna la categoría de sexo apresa firmemente a las mujeres, pero no escapan de ella los varones. Y es que la categoría de sexo es una categoría totalitaria que para probar su existencia tiene sus inquisidores, su justicia, sus tribunales, su conjunto de leyes, sus terrores, sus torturas, sus mutilaciones, sus ejecuciones, su policía. Forma el espíritu y el cuerpo, porque controla toda la producción mental. Posee nuestros espíritus de tal manera que no podemos pensar fuera de ella.”

Si bien es cierto la categoría de sexo ha sido especialmente cruel con las mujeres, también lo es que los varones no escapan de ella. Al igual que a las mujeres, a los hombres se les han asignado roles de los que no deben escapar, se les han impuesto conductas de las que no deben diferir, castigándolos cuando escapan de este rol.

En el Estado Mexicano se entiende que la identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.

El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar el bien común, y para ello, debe asegurar a su componente humano los medios necesarios para contar con una identidad particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil.1

En este sentido, debemos voltear a ver a las personas que, si bien fisiológicamente pertenecen a un sexo, su identidad, su realidad genérica choca con la primera.

Atendiendo esta premisa, el cambio de género debe ser entendido y aceptado como parte del derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas que necesitan de él.

La reasignación para la concordancia sexo–genérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer, según corresponda.

Es claro que hoy en día aún existe resistencia a acciones como esta, ya sea por prejuicios sociales o por el desconocimiento de lo que significa la identidad sexual, la identidad de género y la reasignación para la concordancia sexo-genérica.

Sin embargo, como legisladores y legisladoras, es nuestro deber despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestras filias y nuestras fobias y atender los reclamos y exigencias de la sociedad, aun de aquellos sectores de la población a los que no entendemos o creemos que son minorías.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 135 bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 135 Bis. Podrá solicitarse el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–genérica, previa la anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia de la persona que requiera el reconocimiento de su identidad de género.

SEGUNDO.- Se crea el Capítulo III al Título Segundo del Libro Tercero del Código Federal De Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Capítulo III

Del Levantamiento de Acta por Reasignación para la Concordancia Sexo–Genérica

Artículo 542 Bis. La solicitud donde se pida el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–genérica, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 322 del presente Código y presentarse ante el Juez de lo Familiar en turno.

Artículo 542 Ter. Además de lo señalado en el artículo anterior, la persona que solicite el levantamiento de una nueva acta deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Ser mayor de edad;

III. Anexar a la solicitud un certificado que acredite que es una persona que se encuentra sujeta al proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica con un mínimo de cinco meses, expedido por el profesionista a cargo del tratamiento de quien la solicita.

Así como manifestar lo siguiente:

I. El nombre completo y sexo original de la persona promovente, con los datos registrales correspondientes;

II. El nombre sin apellidos y, en su caso, el sexo solicitado.

Artículo 542 Quater. Presentada y admitida la solicitud por el Juez de lo Familiar se dará vista a la Procuraduría General de Justicia, a través del Ministerio Público adscrito al juzgado; para que dentro del término de diez días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 542 Quinties. En el auto de admisión de la solicitud se señalará fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, que se llevará a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes.

Artículo 542 Sixies. Además de los otros medios de prueba, el promovente deberá comparecer a la audiencia con el profesionista que haya emitido el certificado en que se funde la solicitud.

En dicha audiencia, el Juez podrá cuestionar al profesionista sobre el contenido del certificado emitido. También podrá interrogar a los testigos, si se hubieren ofrecido y presentado, para los mismos efectos que al profesionista.

Artículo 542 Septies. Una vez desahogadas todas las pruebas, de ser procedente, el Juez ordenará de oficio, dentro del término de diez días hábiles posteriores a la audiencia que se realice a favor de la persona la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia y el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–genérica.

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.

El Juez del Registro Civil remitirá oficio a la Oficina Central y al lugar donde se encuentra la base de datos; así como enviará dicha información, en calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Federal Electoral, y Procuraduría General de la República, para los efectos legales procedentes.

Artículo 542 Octies. Cuando la persona hubiese obtenido el levantamiento de una nueva acta de nacimiento con motivo de reasignación para la concordancia sexo-genérica, y ésta no sea acorde con su identidad de género, procederá su restitución siguiendo el mismo procedimiento previsto en este capítulo.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1http://www.ordenjuridico.gob.mx/publicaciones/libros2011/derecho_a_la_identidad_como_derecho_humanoelectronico.pdf

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, para presentar a nombre propio y de los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, en materia de federaciones y confederaciones de sindicatos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre propio y de los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta.

Actualmente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado presenta varias inconsistencias que han sido dirimidas en diversas ocasiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas es el régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de los organismos descentralizados que ha sido materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos y hasta legisladores, y que ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es en el contenido en el Apartado A o B del artículo 123 constitucional.

En la jurisprudencia P./J.98/2004, el pleno de la Suprema Corte señala que conforme a la fracción XXXI, inciso b) del Apartado A del artículo 123 constitucional, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el Apartado A, independientemente de que tales organismos cuenten o no con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados.

Asimismo, nuestra Constitución garantiza el derecho social de libertad sindical como un derecho inalienable de los trabajadores, y al mismo tiempo obliga al Estado a abstenerse de coartar este derecho, condicionarlo o imponerle imitaciones que impidan su libre ejercicio.

Este derecho de asociación comprende todos los grados de la organización sindical, desde la libertad de asociación de los trabajadores o empleadores para conformar un sindicato hasta la libertad de asociación de sindicatos para formar las federaciones y confederaciones que decidan.

Actualmente nuestra ley restringe injustificadamente la libertad fundamental de sindicación, al permitir solamente un sindicado por dependencia, impidiendo así la existencia de sindicatos minoritarios y coartando el derecho de los trabajadores a pertenecer o renunciar a un sindicato.

Asimismo, limita el derecho de pluralidad sindical al permitir la existencia de una sola central de trabajadores al servicio de estado, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, es un control y un monopolio.

La tesis LVII/05 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la ley por establecer que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, sea la única central reconocida por el Estado; y establece que se debe de respetar el derecho de libertad sindical en los términos consagrados por la propia Constitución.

El argumento de inconstitucionalidad se complementa con la jurisprudencia P./J.43/99, en la que el pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 68.

Esta iniciativa que proponemos tiene tres objetivos fundamentales:

Primero. Armonizar nuestra legislación con la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo. Reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de organismos descentralizados.

Pues estos juicios terminan siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia, siempre a favor de los trabajadores, en virtud de las múltiples jurisprudencias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre el tema. Se pierde tiempo y mucho dinero.

Y, por último, garantizar la transparencia y legalidad en la conformación de sindicatos y nuevas federaciones y confederaciones.

En Morena queremos que los trabajadores ejerzan plenamente sus derechos laborales y sindicales, fundamentalmente con absoluta libertad.

Esperamos que el Congreso legisle pronto sobre esta materia en beneficio de los trabajadores.

Por ello les pido de la manera más atenta tengamos a bien aprobar esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, VIDAL LLERENAS MORALES y MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. De los organismos descentralizados:

El régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados ha sido desde hace dos décadas materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos, doctrinarios y hasta legisladores, y ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el apartado A o B del artículo 123 constitucional.

A primera vista, esta cuestión no entraña grandes dificultades ya que el apartado B del artículo 123 constitucional dispone de manera muy clara que “el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (…) B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores”.

Este precepto es bastante explícito al delimitar los dos universos de relaciones laborales que rige: por un lado, las que se dan entre los poderes de la Unión con sus respectivos trabajadores, y por otro las que se desarrollan entre el gobierno de la Ciudad de México con sus trabajadores. Estas relaciones laborales están claramente precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

La ley reglamentaria emana directa, formal y materialmente de la Constitución y tiene el claro propósito de cumplir con una obligación impuesta al Congreso de la Unión: expedir una ley que detalle, precise y desarrolle las relaciones laborales de los trabajadores de los poderes de la Unión y de la Ciudad de México, sin contrariar o rebasar lo dispuesto en el propio texto constitucional.

No obstante, el artículo 1° de dicha ley amplía de manera injustificada los dos universos del apartado B del artículo 123 constitucional al agregar un tercero relativo a las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores:

“Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.”

La doctrina jurídica predominante1 y la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal han señalado que los organismos descentralizados son entidades paraestatales configuradas como personas de derecho público, que si bien integran la Administración Pública Federal, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal conforme a los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución, ya que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde exclusivamente al Presidente de la República según las atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, es decir, las Secretarías de Estado; por su parte, las entidades paraestatales no despachan los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo, sino que en su carácter de unidades auxiliares ejecutan los programas establecidos por las Secretarías de Estado a que corresponda el sector dentro del cual se encuentran agrupadas.

Esta interpretación se corrobora con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, el cual dispone que “las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”, reafirmando así que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local.

Esta conclusión repercute directamente en la errada interpretación que se ha dado durante décadas al régimen laboral que rige las relaciones de las empresas y organismos públicos descentralizados de carácter federal y local con sus trabajadores. Es por ello que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Poder Ejecutivo, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política2:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTÍCULO 1º. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1º. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen  laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno  del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

Este criterio jurisprudencial ha sido retomado en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia para definir sus alcances, ampliar sus efectos normativos y reafirmar su ámbito de aplicación, independientemente de la naturaleza del servicio que presten los organismos descentralizados o del fin económico que persigan.

En la jurisprudencia P./J.98/20043, el Pleno de la Suprema Corte recordó que conforme a la fracción XXXI, inciso b) del apartado A del artículo 123 constitucional, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado A, independientemente de que tales organismos cuenten o no con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados.

Asimismo señaló la Corte que el hecho de que los organismos públicos descentralizados presten un servicio público o no persigan fines lucrativos no incide en el régimen laboral entre dichas entidades y sus trabajadores, ya que el artículo 123 constitucional no prevé distinción alguna en ese sentido. Consecuentemente, el criterio jurisprudencial de que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional se mantuvo intacto.

2. Libertad sindical:

La libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores y empleadores de constituir asociaciones y unirse a ellas libremente, y el derecho que tienen los sindicatos a fundar federaciones y confederaciones, y afiliarse a ellas libremente y sin restricciones. A través del ejercicio de este derecho fundamental se garantiza la capacidad de los trabajadores y empleadores de defender sus intereses económicos y sus libertades civiles, protegerse ante la discriminación y el acoso laboral, e integrar una fuerza real convenida y solidaria entre los miembros de varios sindicatos a fin de representar colectivamente a los trabajadores de diversos gremios, sectores o dependencias, ya sea ante el gobierno, los empleadores, o en el campo internacional.

La libertad sindical es corolario natural del derecho de asociación reconocido en el artículo 9° constitucional y para su adecuada interpretación debe ser leído en consonancia con las fracciones XVI y X, apartados A y B respectivamente, del artículo 123 de la Constitución:

“XVI (A). Tantos los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.

X (B). Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes…”.

El artículo 73, fracción X constitucional, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional bajo el claro entendido de que tales leyes, incluyendo las que regulen las relaciones laborales entre entes privados y sus trabajadores (apartado A), y entre el Estado y sus trabajadores (apartado B), deben respetar escrupulosamente el principio constitucional de libertad sindical.

No cabe duda de que la Constitución garantiza el derecho social de libertad sindical como un derecho inalienable de los trabajadores en general, y al mismo tiempo obliga al Estado a abstenerse de coartar este derecho, condicionarlo o imponer limitaciones que impidan su libre ejercicio.

En virtud de que el artículo 123 constitucional no restringe en ninguno de sus apartados el derecho de asociación a la creación únicamente de los sindicatos, y siendo principio de derecho que aquello que no les está prohibido a los gobernados les está permitido, debe concluirse que el derecho de asociación comprende todos los grados de la organización sindical, desde la libertad de asociación de los trabajadores o empleadores para conformar un sindicato, hasta la libertad de asociación de sindicatos para formar las federaciones y confederaciones que decidan.

3. Tutela internacional de la libertad sindical.

Es innegable que así como los trabajadores tienen el derecho fundamental de constituir sindicatos, éstos también tienen la libertad de asociarse para formar federaciones y confederaciones. Tal afirmación se corrobora con lo dispuesto en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 1948 y ratificado por México en abril de 1950, cuyo artículo 2 reconoce el derecho de los trabajadores, sin distinción ni autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones; en tanto que el artículo 5 reconoce el derecho de “las organizaciones de trabajadores y de empleadores de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas”. Asimismo, el artículo 3 establece la obligación de “las autoridades públicas (de) abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 considera que la libertad sindical referida en el Convenio 87 es un derecho universal que debe aplicarse a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, su régimen político o su modelo laboral. Tratándose de un instrumento internacional que contempla derechos fundamentales del trabajo, debe concluirse que éste no sólo forma parte de la Ley Suprema de toda la Unión conforme al artículo 133 constitucional sino que además, al incluir disposiciones relativas a los derechos humanos, complementa nuestro sistema normativo en materia laboral y determinan su adecuada interpretación convencional de conformidad con el artículo 1° de nuestra Carta Magna.

Se reafirma así la trascendencia de la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, abarcando no sólo el derecho personal de cada trabajador a asociarse, pertenecer y dejar de formar parte de sindicatos, sino también el derecho colectivo que tienen las organizaciones de trabajadores y empleadores de constituir federaciones y confederaciones.

4. La inconstitucionalidad del monopolio sindical:

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional (Ley Burocrática), restringe injustificadamente la libertad fundamental de sindicación al permitir solamente un sindicato por dependencia, impidiendo así la existencia de sindicatos minoritarios y coartando el derechos de los trabajadores a pertenecer o renunciar a un sindicato. Asimismo limita el derecho de pluralidad sindical al permitir la existencia de una sola central de trabajadores al servicio del Estado: la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Esta restricción, a todas luces anacrónica y profundamente corporativista, ha impedido la existencia de sindicatos minoritarios y federaciones independientes de trabajadores del Estado y ha repercutido directamente en las reglas para fijar sus remuneraciones y los aumentos salariales, en el funcionamiento orgánico de los sindicatos de las dependencias de gobierno, así como en la conformación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Estos candados injustificados han llevado a la propia Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT a advertir en reiteradas ocasiones que la prohibición de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas, y la extensión de las restricciones aplicables a los sindicatos en general en lo referente al monopolio sindical de la FSTSE, es contrario a los principios de libertad sindical contenidos en el Convenio 87. En consecuencia, la Comisión ha recomendado a México una pronta reforma a su legislación burocrática a fin de armonizarla con los más altos estándares de derechos laborales fundamentales4.

La ley burocrática ignora sus obligaciones internacionales reconocidas en el convenio 87 de la OIT; en consecuencia, los artículos 32, 78, 79, 84, 85 y 118 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado son inconstitucionales.

Esta obligación se ve reforzada por la tesis LVII/05 de la Segunda Sala de la SCJN, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Burocrática por establecer que la FSTSE es la única central reconocida por el Estado y regular su existencia exclusiva. De acuerdo con el criterio de nuestro Tribunal Constitucional, tal restricción “contraviene el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Política, que prevé que las leyes que expida el Congreso de la Unión con el fin de regir las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, deben respetar el principio de libertad sindical en los términos consagrados por la propia Constitución, sin establecer límites en el ejercicio de dicha prerrogativa, consistente en el derecho a la asociación de los trabajadores para conformar sindicatos, a la asociación de éstos para formar federaciones, y a la asociación de éstas para integrar confederaciones”5.

El argumento de inconstitucionalidad se complementa con la interpretación por analogía de la jurisprudencia P./J. 43/99, en la que el Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por limitar injustificadamente el derecho a la libertad sindical y determinar que sólo habrá un sindicato por cada dependencia; queda claro que esta regla también es aplicable a la formación de varias federaciones y confederaciones de sindicatos6.

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Burocrática es semejante con el propósito de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 68 de la propia ley, dado que en ambas se impugnó fundamentalmente la violación de la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional.

5. Motivos para presentar esta iniciativa:

El cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional conlleva múltiples beneficios laborales, entre los que se encuentran una serie de derechos colectivos que les han sido negados, tales como el derecho de huelga, la negociación colectiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución de controversias.

Con esta modificación los trabajadores podrán ejercer su derecho de huelga, el cual actualmente se encuentra prácticamente nulificado. Es por ello que una huelga bajo el Apartado B no ha ocurrido jamás, ni ocurrirá en tanto no exista una profunda reforma al texto constitucional. Así también podrán realizar una negociación colectiva bilateral y cambiaría lo que respecta al foro jurisdiccional para dirimir las controversias laborales.

Armonizar la ley burocrática con la jurisprudencia en la materia y evitará que los tribunales laborales sigan inundándose de largas y costosas controversias sobre un problema del que la Suprema Corte de Justicia ya tiene solución. Hacer concordar el texto constitucional y los criterios jurisprudenciales más avanzados sobre libertad sindical con nuestra Ley Burocrática garantizará el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los trabajadores, en particular el de constituir libremente sindicatos, federaciones y confederaciones de sindicatos y desafiliarse a ellas cuando lo decidan.

6. Objetivo de la iniciativa:

La presente iniciativa tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación burocrática con el importante catálogo de jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte. Esta modificación no es cosmética, pues la grave contradicción que persiste entre derecho positivo y jurisprudencial ha generado una multiplicidad de interpretaciones discordantes entre jueces y autoridades laborales, ocasionando confusión e incertidumbre entre los destinatarios de la norma, y graves injusticias al momento de su aplicación.

Asimismo, esta iniciativa busca reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados, pues esta clase de juicios generalmente comienzan en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pasan por las Juntas de Conciliación federal y locales, y terminan siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia, siempre a favor de los trabajadores en virtud de las múltiples jurisprudencias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre el tema.

Finalmente, es preciso establecer normas adjetivas básicas para que esta nueva integración funcione, garantizando plena transparencia y legalidad en la conformación de nuevas federaciones y confederaciones de sindicatos. Para tal efecto pueden transcribirse los requisitos que la Ley Federal del Trabajo actualmente exige a las organizaciones sindicales que regula. Esto armonizaría ambas leyes laborales en su interpretación.

Las modificaciones señaladas acabarían con uno de los reductos corporativistas fundamentales que a la fecha perduran en nuestra anquilosada legislación laboral, un resabio que ha impedido que los trabajadores al servicio del Estado puedan coligarse en sindicatos, federaciones y confederaciones y ejerzan plenamente sus derechos laborales fundamentales. Ojalá el Congreso de la Unión legisle pronto sobre esta materia y cumpla con esta obligación legal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 1°, 32, 68, 69, 71, 72, 73, 78, 84 Primer y Tercer Párrafos, y 118; se adiciona un segundo párrafo al artículo 84; un artículo 84 Bis, y un artículo 84 Ter; se deroga la fracción V del artículo 79, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y de las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano.

Artículo 32. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta la opinión de las federaciones y confederaciones de los trabajadores al servicio del Estado, fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones asignadas para los casos de alcances en los niveles de tabulador que se originen con motivo de los incrementos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 68.- En cada dependencia los trabajadores tendrán derecho de constituir los sindicatos que estimen convenientes, con la sola condición de observar en sus estatutos las disposiciones legales aplicables a los sindicatos. Si dentro de una misma dependencia existen varios sindicatos de trabajadores que pretendan celebrar la negociación colectiva, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario.

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato de su elección o a no formar parte de él.

Cualquier estipulación que establezca multa o sanción convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta.

Artículo 71.- Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la fecha en que se otorgue éste.

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a este, por duplicado, los siguientes documentos:

I a IV. …

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces si existen otras asociaciones sindicales dentro de la dependencia de que se trate. Si no existen, se procederá al registro del sindicato. En caso de que existan dos o más asociaciones que se adjudiquen la mayoría de los trabajadores se procederá a hacerse el recuento correspondiente.

Artículo 73.- El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:

I. En caso de disolución; y

II. Por dejar de tener los requisitos legales.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro.

Artículo 78.- Los sindicatos podrán formar libremente federaciones y confederaciones, o cualquier otra forma de organización de nivel superior. Se prohíbe que el Estado reconozca una federación o confederación única.

Artículo 79.- Queda prohibido a los sindicatos:

I. Hacer propaganda de carácter religioso;

II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro.

III. Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen;

IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades, y

V. (Se deroga)

Artículo 84.- Las federaciones y confederaciones se regirán por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas, en el momento en que así lo decidan, aunque exista pacto en contrario.

Podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de una federación, observándose en lo conducente lo señalado por el artículo 74 de esta Ley.

Artículo 84 Bis.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 72, contendrán:

I. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes;

II. Condiciones de adhesión de nuevos miembros; y

III. Forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas.

Artículo 84 Ter.- Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para cuyos efectos remitirán por duplicado:

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;

II. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros;

III. Copia autorizada de los estatutos; y

IV. Copia autorizada del acta de asamblea en que se haya elegido la directiva.

A estas organizaciones les será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 72 de esta Ley.

Artículo 85.- Todos los conflictos que surjan entre las confederaciones, federaciones, así como de éstas con sus sindicatos integrantes o sólo entre éstos, serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 118.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será colegiado, funcionará en Pleno y en Salas, se integrará cuando menos con tres Salas, las que podrán aumentarse cuando así se requiera. Cada Sala estará integrada por un Magistrado designado por el Gobierno Federal, un Magistrado representante de los trabajadores, designado por la federación, confederación o cualquier otra forma de organización de nivel superior de los trabajadores al servicio del estado que acredite contar con la mayoría de los trabajadores, y un Magistrado tercer árbitro, que nombrarán los dos primeros y que fungirá como Presidente de Sala.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje expedirá las disposiciones reglamentarias acordes con el presente decreto en los 30 días posteriores a su publicación

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscriben

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Vidal Llerenas Morales.- Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.

1 Fernández Ruiz, Jorge; Anuario Jurídico, serie 1996; Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM; México, 1997, pp. 315-317. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2125/16.pdf

2 Jurisprudencia. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Tesis: 2a. XVI/2002, Página: 430

3 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES. Jurisprudencia. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tesis: P./J. 98/2004, Página: 810

4 Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión 2011. Informe de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones. México pp. 126-127

5 LIBERTAD SINDICAL. LOS ARTÍCULOS 78 Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CONTRAVIENEN ESE PRINCIPIO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis aislada. Novena Época; Registro 178186; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Tesis: 2a LVII/2005, Página 238

6 SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. Jurisprudencia. Novena Época; Registro 191348; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis: P. CXXVII/2000, Página 149.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Nahle. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio, en materia de audiencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1390 BIS 17, 1390 BIS 18, 1390 BIS 20, 1400 Y 1401 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Presentada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señora Presidenta. Buen día.

La iniciativa que hoy presentamos a esta Soberanía es una estrategia que pretende establecer un margen equitativo desde los principios procesales de la aplicación de justicia y erradicar la discriminación de las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial mexicano.

En la mayoría de las legislaciones procesales los principios éticos no están expresamente consagrados, a los que nos referimos son: los principios de igualdad procesal, imparcialidad y no discriminación.

Si pretendemos procurar la justicia en nuestra sociedad, demos certeza jurídica en el proceder judicial que tanta falta le hace a nuestro sistema, hombres, mujeres, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, nacional, condición social, salud, religión u opinión se encuentran con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que debemos proteger.

Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional tenemos asumido este compromiso y estamos enfocados en buscar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de una vida providente.

La igualdad procesal no se refiere a desconocer las distintas posiciones que ocupan actor y demandado durante un litigio, sino que ambos posean igualdad de oportunidades de probar sus alegatos e impugnar a la contraparte y que el juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio, sin privilegio, y logrando que se dicten decisiones imparciales.

En lo relativo a la controversia de carácter mercantil, el Código de Comercio fija los preceptos legales que regularán los procesos judiciales, dependiendo de la vía que corresponda a ejercitar, con base en las acciones legales que reclamen.

De las vías oral mercantil y ejecutiva mercantil, se desprende que en lo relativo a la primera etapa de esos dos procesos judiciales, es decir, la postulatoria, la litis se conforma con los escritos de demanda y contestación. Sin embargo, debido a que el actor no puede saber los hechos respecto de los cuales el demandado se manifestará, las excepciones y defensas que opondrá y mucho menos los medios de prueba que ofrecerá al momento de contestar la demanda, es necesario que al actor se le dé oportunidad de argumentar a su vez, de esos hechos que el demandado pudo haber insertado en la litis original y de las pruebas relacionadas con los mismos.

Lo anterior es así, porque el actor debe tener la oportunidad de ejercer su derecho y el principio rector de contradicción, ya que, en sentido estricto, ni tenía la carga de enunciar los hechos referidos por la demandada, ni de ofrecer las pruebas que los acrediten.

No obstante, se deben salvaguardar todos y cada uno de los principios de procedimiento, por lo que, además de la contradicción, debe mediar también el principio de igualdad procesal.

Todas las solicitudes y reclamaciones de una de las partes en el proceso forzosamente se deben notificar a su contraria, quien sólo así estará en posibilidad de consentir u oponerse, logrando que la resolución de sus reclamaciones sea equitativa.

El Código de Comercio, para la vía oral mercantil en los artículos 1390 Bis 17 y 1390 Bis 20, y para la vía ejecutiva mercantil en los artículos 1400 y 1401, prevé únicamente que del escrito de contestación de demanda se dé vista al actor para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan, después de lo cual inmediatamente se haya desahogado la vista o haya transcurrido el plazo para hacerlo, el juez mandará el juicio a prueba.

Por su parte, el demandado no tiene otro momento para manifestar y ofrecer pruebas respecto de lo desahogado en su vista por el actor, ya que esta facultad no está encaminada ni a que el actor pueda subsanar las omisiones en que hubiera incidido en su demanda ni a que exprese los hechos que debió haber manifestado desde el escrito inicial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a mi nombre y del grupo parlamentario que represento, la presente iniciativa que representa un antes y un después en la impartición de justicia, y con la que podremos brindarle mayor seguridad jurídica a nuestra población.

Es así que para no obstaculizar los principios de igualdad procesal, imparcialidad y no discriminación en lo relativo a controversias de carácter mercantil, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que en derecho corresponda y se deberá dotar a las partes del recurso de apelación como el medio de impugnación idóneo a fin de prevenir un estado de indefensión frente a su contrario, este será el primero de muchos pasos a fin de mejorar las condiciones en la impartición de justicia en nuestro México, modernizando y dignificando al ejercicio de la justicia y dotando de las herramientas necesarias a lo que la procuren.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La que suscribe MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1390 BIS 17, 1390 BIS 18, 1390 BIS 20, 1400, Y 1401 DEL CÓDIGO DE COMERCIO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principios axiológicos del Derecho constituyen la garantía de los valores morales dentro del proceso judicial, puesto que regulan de forma directa la actividad de los sujetos que intervienen en el mismo.

En la mayoría de las legislaciones procesales, estos principios no están expresamente consagrados, a los que nos referimos, son los principios de igualdad procesal, imparcialidad y no discriminación.
Para llevar a la práctica los principios de igualdad, nuestro país ha ido construyendo diversas estrategias cuyo fin, es superar obstáculos específicos para la participación equitativa.

La iniciativa que hoy presentamos a ésta soberanía es una estrategia que pretende establecer un margen equitativo desde los principios procesales de la aplicación de justicia, y erradicar la discriminación de las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial mexicano.

Si pretendemos procurar la justicia en nuestra sociedad, demos certeza jurídica en el proceder judicial que tanta falta le hace a nuestro sistema; hombres, mujeres, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, se encuentran con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que debemos proteger.

Asimismo, reconocemos en este documento que es todavía mucho lo que pueden hacer las políticas públicas, para contribuir a un progreso sustantivo en la igualdad.

Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, tenemos asumido este compromiso, y estamos enfocados en buscar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial, y se conviertan en artífices de una vida providente.

La igualdad procesal no se refiere a desconocer las distintas posiciones que ocupan actor y demandado durante un litigio, sino en que ambos posean iguales oportunidades de probar sus alegatos, e impugnar a la contraparte, y, que el Juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio, sin privilegios, y, logrando que se dicten decisiones imparciales.

En lo relativo a controversias de carácter mercantil, el Código de Comercio fija los preceptos legales que regularán los procesos judiciales, dependiendo de la vía que corresponda ejercitar, con base en las acciones legales que se reclamen.

De las vías oral mercantil y ejecutiva mercantil, se desprende que, en lo relativo a la primera etapa de esos dos procesos judiciales, es decir, la postulatoria, la litis se conforma con los escritos de demanda y contestación. Sin embargo, debido a que el actor no puede saber los hechos respecto de los cuales el demandado se manifestará, las excepciones y defensas que opondrá ni, los medios de prueba que ofrecerá al momento de contestar la demanda, es necesario que al actor se le dé oportunidad de argumentar a su vez, de esos hechos que el demandado pudo haber insertado en la litis original y de las pruebas relacionadas con los mismos.

Lo anterior es así, porque el actor debe de tener la oportunidad de ejercer su derecho y el principio rector de contradicción, pues en sentido estricto, ni tenía la carga de enunciar los hechos referidos por la demandada, ni de ofrecer las pruebas que los acrediten.

No obstante, dentro de los juicios oral y ejecutivo mercantiles, se deben salvaguardar todos y cada uno de los principios procedimentales, por lo que, además de la contradicción, debe mediar también el principio de igualdad procesal. Ambos principios procesales, como en su momento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bien señaló, remontan su significado a la primicia de Derecho Romano "audiatur altera pars" que, significa "óigase a la otra parte"; puesto que, todas las solicitudes y reclamaciones de una de las partes en el proceso, forzosamente se debe notificar a su contraria, quien solo así estará en posibilidad de consentir u oponerse, logrando que, la resolución de sus reclamaciones sea equitativa.

Lo anterior, encaminado a garantizar el debido proceso que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ha resaltado en el artículo 8 primer párrafo, como elemental para alcanzar la igualdad procesal de las partes contendientes en un juicio:

"Artículo 8. Garantías Judiciales.
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

El Código de Comercio, para la vía oral mercantil en el artículo 1390 bis 17 y 1390 bis 20 y, para la vía ejecutiva mercantil en los artículos 1400 y 1401, los cuales se insertan a continuación, prevé únicamente que, del escrito de contestación de demanda, se le dé vista al actor para que, manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan, después de lo cual, inmediatamente, se haya desahogado la vista o haya transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez mandará el juicio a prueba. Por su parte, el demandado no tiene otro momento para manifestar y ofrecer pruebas respecto de lo desahogado en su vista por el actor, ya que esta facultad no está encaminada ni a que el actor pueda subsanar las omisiones en que hubiera incidido en su demanda, ni a que exprese los hechos que debió haber manifestado desde ese escrito:

"Artículo 1390 Bis 17.- El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por el término de 3 días para que desahogue la vista de la misma."

"Artículo 1390 Bis 20.- Desahogada la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los diez días siguientes.

En el mismo auto, el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente."

"Artículo 1400.- “…En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas, o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga.

Artículo 1401.-Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción…"

A pesar de lo anterior y, con los objetivos de salvaguardar el debido proceso y, dotarlo de certeza jurídica para las partes litigantes, es importante que, dentro del ordenamiento referido, si bien es cierto que no se debe consentir genéricamente una dúplica en favor del demandado, también lo es que, como lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de fecha 3 junio del 2015,  y se publicó el 23 de junio del 2017 en el semanario Judicial de la Federación, la tesis aislada denominada "VISTA AL ACTOR DE DEMANDA. NO DEBE ELIMINARSE NI ES FORZOSA UNA DÚPLICA AL DEMANDADO PARA ATENDER AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1400 Y 1401 DEL CÓDIGO DE COMERCIO), no se debe limitar a que, en algunos casos y de forma extraordinaria, el proceso sea susceptible de que el juzgador le conceda a la demandada esa dúplica, solo respecto de hechos nuevos pero relacionados con la litis original que, el actor expresara en su escrito de desahogo de vista y, de los que fuera relevante saber la postura del demandado, tanto para no dejar en estado de indefensión, ni en desventaja, a una de las partes frente a su contrincante, como para procurar que, el Juez pueda allegarse de todas las alegaciones y elementos probatorios necesarios para alcanzar a la verdad de las prestaciones y excepciones que se le exponen. 

En la misma tesitura, se debe considerar el artículo 1390 bis 18 del Código de Comercio, insertado a continuación y,  relativo a la reconvención que la parte demandada puede promover en el mismo momento en que contesta la demanda instaurada en su contra, a efecto de que, el actor en lo principal y demandado reconvencional, pueda acudir a la solicitud de dúplica para los mismos efectos indicados en el párrafo anterior, es decir, en el caso de que la actora reconvencional, al desahogar la vista de la contestación de demanda reconvencional, exprese hechos no referidos en su reconvención y, ofrezca más pruebas a las ya exhibidas:

"Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para que desahogue la vista de la misma. Si no se admite, el juez publicará únicamente un acuerdo para enterar a la parte que la solicitó sobre la reserva del derecho..."

Para no obstaculizar el principio de inmediatez de la dúplica en comento, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que en derecho corresponda.

Finalmente, volviendo tanto al concepto de salvaguarda del debido proceso, como al principio de inmediatez, respecto de la vía ejecutiva mercantil, se deberá dotar a las partes del recurso de apelación, como el medio de impugnación idóneo a fin de prevenir un estado de indefensión frente a su contrario.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la presente proposición de iniciativa.

A saber:

Modificación:

Artículo 1390 Bis 17.- El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación. Si el actor en el desahogo de vista refiere hechos y pruebas no presentadas en la demanda, pero relacionadas con su acción, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que, dentro de los tres días siguientes, manifieste lo que en derecho corresponda, formule manifestaciones y ofrezca pruebas respecto del desahogo de vista de la actora.

 Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para que desahogue la vista de la misma. Si no se admite, el juez publicará únicamente un acuerdo para enterar a la parte que la solicitó sobre la reserva del derecho. Al igual que en el artículo anterior, si el actor reconvencional, al momento del desahogo de vista refiere hechos y pruebas no presentadas en la reconvención, pero relacionadas con su acción, el juez dará vista a la parte demandada para que manifieste lo que en derecho corresponda, formule manifestaciones y ofrezca pruebas si fuere el caso, respecto del desahogo de vista de la actora.

Si la demanda reconvencional fuere obscura o irregular, el juez señalará, con toda precisión, en qué consisten los defectos de la misma en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión y el promovente deberá cumplir con tal prevención en un plazo máximo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el término, el juez la desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido con la reconvención a excepción de la demanda con la que se interponga. Lo anterior, salvo que la acción de reconvención provenga de la misma causa que la acción principal, supuesto en el cual cesará de inmediato el juicio para que se continúe en la vía correspondiente.

Artículo 1390 Bis 20.- El juez señalará de inmediato, la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes, una vez que:

1. Se haya desahogado la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la reconvención;

2. Se hayan formulado manifestaciones al desahogo de vista de la contestación de demanda y, en su caso, del desahogo de vista de la contestación a la reconvención; o,

3. Hayan transcurridos los plazos para lo anterior.

En el mismo auto, el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente.

Artículo 1400.- Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por el artículo 1061 de este ordenamiento respecto de las documentales en que funde sus excepciones, el juez dejará de admitirlas, salvo las que sean supervenientes. En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas, o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga.

Si el actor en el desahogo de vista refiere hechos y pruebas no presentadas en la demanda, pero relacionadas con su acción, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que dentro de los tres días siguientes, manifieste lo que en derecho corresponda, formule las manifestaciones y ofrezca pruebas, respecto del desahogo de vista de la actora.

Contra el auto que ordene la formulación de manifestaciones y ofrecimiento de pruebas en favor del demandado en lo principal y, en su caso, del demandado reconvencional; así como del auto que niegue la solicitud de formulación de manifestaciones y ofrecimiento de pruebas, procede el recurso de apelación de tramitación conjunta con la definitiva.

Artículo 1401.- En los escritos de demanda, contestación, desahogo de vista de ésta y, formulación de manifestaciones al desahogo de vista, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver; y todas las demás pruebas que permitan las leyes.

Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas, aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente.

Desahogada la vista y, en su caso, la formulación de manifestaciones al desahogo de vista o, transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción. Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien, sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará dentro de los diez días siguientes.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Verónica Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, para presentar a nombre propio y del Diputado Clemente Castañeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 134 constitucional, en materia de publicidad gubernamental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre propio y del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes.

La publicidad gubernamental sirve para tres cosas:

En primer lugar, para enfadar a la gente, no hay nada más aburrido, enfadoso, anodino y hasta cursi que los anuncios que hacen los gobiernos en los medios de comunicación, los tres niveles de gobierno, los tres poderes y todos los partidos.

En segundo lugar, la publicidad gubernamental sirve para enaltecer indebidamente la figura de los funcionarios, cosa que contradice la autoridad republicana con la que debemos servir.

Quienes tenemos cargos públicos no somos otra cosa que representantes del pueblo y no debemos buscar la gloria a través de esta representación, al menos no en esta manera. De tal manera que esta segunda cosa para la que sirven los anuncios también es condenable.

Y en tercer lugar, sirve para gastar dinero, para gastar mucho dinero y gastarlo más.

Vean ustedes los presupuestos federal, estatal y municipales, y vean ustedes con espanto, como yo lo he visto, cómo se gastan miles de millones de pesos en estos anuncios indebidos, y no sólo se gasta mucho dinero, sino que se gasta mal porque se contamina de ese gran negocio, de esa incubadora de utilidades, que es la contratación pública.

Por lo tanto, esta tarde vengo a presentar una iniciativa formulada por mi compañero el Diputado Clemente Castañeda y por un servidor para modificar la Constitución y ya ponerle un freno a este exceso, para limitar los anuncios gubernamentales a tres rubros que serían salud pública, es obvio, caso de epidemias o epizootias, para casos de protección civil y para turismo, y asimismo la creación de un instituto que regule esto.

Creo que en la medida que nos pongamos de acuerdo los Diputados y los Senadores, y logremos esta reforma, podremos canalizar mejor el gasto público y que se destine, por ejemplo, a cosas buenas como la UNAM y no enaltecer la figura de políticos.

Gracias y buenas tardes.

Iniciativa

Los suscritos, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La publicidad oficial es aquella que compran los gobiernos a los medios de comunicación para anunciar sus decisiones y acciones. La contratación de este tipo de espacios debe tener como fin informar a los ciudadanos sobre los programas y acciones gubernamentales de utilidad pública, así como comunicar de manera fidedigna las decisiones tomadas por los gobiernos que tienen algún beneficio para la población.

Con información de las cuentas públicas del Gobierno Federal se puede confirmar un ejercicio cuestionable en los rubros de publicidad gubernamental, dado que de manera sistemática se registran sobre ejercicios presupuestales que derivan en un gasto excesivo en esta materia. Así, si comparamos los montos presupuestados originalmente con los ejercicios al término de los ejercicios fiscales, se observa que de 2013 a 2016 se han sobre ejercido más de 15 mil millones de pesos en gastos de publicidad gubernamental. 1

Gastos en servicios de comunicación, publicidad y difusión de mensajes del Gobierno Federal

 

Presupuestado

Ejercido

Diferencia

2013

 $        1,926,999,631

 $        4,489,271,705

132.97%

2014

 $        2,095,718,908

 $        4,078,796,609

94.63%

2015

 $        2,023,733,499

 $        7,016,916,516

246.73%

2016

 $        1,908,288,682

 $        8,098,910,776

324.41%

TOTAL

 $        7,954,740,720

 $      23,683,895,606

197.73%

Estos datos muestran una deficiente disciplina presupuestal y una cuestionable orientación del gasto público, en un contexto de vulnerabilidad financiera por la que atraviesa el Estado mexicano.

Vale la pena destacar que este fenómeno no es aislado. El incremento en los gastos por publicidad gubernamental se ha incrementado de manera sostenida desde el año 2000. Durante el sexenio 2001-2006 el incremento del gasto en publicidad fue de 27 por ciento, mientras que durante 2006-2012 tuvo un aumento del 65 por ciento. De acuerdo a estimaciones, de continuar con esta tendencia, para el año 2018 se gastarían aproximadamente 11,676’000,000 de pesos, tan solo en publicidad del Gobierno Federal.2

A esta situación hay que añadir la discrecionalidad con que se ejercen estos recursos. De acuerdo con reportes del Gobierno Federal, en los meses previos a las elecciones estatales registradas este año, el gasto en comunicación social se incrementó en más de 12 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.3

A nivel estatal también se reporta un exceso en el gasto publicitario, como lo es el caso de Chiapas cuyo Gobernador en su primer informe de Gobierno gasto más de 10 millones de dólares en publicidad durante 2013, esto además de ser un exceso resulta contradictorio ya que la publicidad no solo se enfocó en su estado sino también en el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros lugares del país, dejando evidencia de una promoción personalizada de dicho servidor público. En 2012 el gobernador de Puebla gastó entre 42 millones y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer informe anual de gobierno.4

La utilización de la publicidad oficial a manera de propaganda está prohibida constitucionalmente, sin embargo, continúa manifestándose y carece de regulaciones específicas.

También debe resaltarse que la asignación de contratos para este tipo de servicios denota una preferencia hacia ciertos medios de comunicación, además de que los convenios publicitarios se llevan a cabo sin justificación esclarecida, la distribución de los recursos recurrentemente se realiza con base a criterios políticos e intereses particulares.

En este sentido, la publicidad oficial se concentra en determinados proveedores. Por ejemplo, para el año 2014 tan solo 10 de los 1,433 consignatarios que se adjudicaron algún contrato publicitario reunieron más del 41 por ciento de los recursos totales destinados para ese mismo año.

La falta de claridad en la asignación de los recursos en más de la mitad de los Estados de la republica prevalece, la opacidad que existe en la contratación publicitaria se está convirtiendo en un canal para la malversación de recursos, existe información incongruente, reservada y en muchos casos inexistente en materia de publicidad oficial, aunado a ello los datos proporcionados no poseen confiabilidad, pues no existe un sistema para la verificación de su autenticidad en tiempo y forma, aunado a ello la mayoría de los medios de comunicación entorpecen los mecanismos de transparencia, pues estos mantienen reservada la información acerca de las audiencias o circulaciones. En 2012 un estudio elaborado por la organización FUNDAR muestra que en más del 53 por ciento del gasto en publicidad oficial en 26 entidades federativas se desconoce su destino.

En este contexto, resulta fundamental generar mecanismos de control al gasto en materia de publicidad, así como establecer directrices sólidas de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Mediante la presente iniciativa se buscan tres objetivos fundamentales:

1) Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad gubernamental, buscando con ello fortalecer las finanzas públicas, generar disciplina presupuestal y reorientar esos recursos que hoy se destinan a publicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos.

2) Eliminar la publicidad personalizada que hoy realizan algunos titulares de los poderes Ejecutivos con recursos públicos. Para ello, se propone derogar las disposiciones correspondientes a la publicidad personalizada durante los periodos de informes de gobierno.

3) Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a publicidad gubernamental, mediante la creación de un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos con trayectoria reconocida y enfocado a fijar los lineamientos para el contenido de la publicidad gubernamental, las erogaciones en la materia, entre otras atribuciones. 

Derivado de lo anterior se somete a consideración la siguiente iniciativa:

DECRETO

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de publicidad gubernamental.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo octavo, se adicionan los párrafos noveno, décimo y décimo primero, así como once nuevas fracciones, y se recorre y modifica el párrafo que anteriormente ocupaba la posición novena del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Queda prohibida la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, exceptuando aquella en materia de salud, protección civil y turismo, la cual deberá ser de carácter informativo, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones se crea el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, el cual es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados para Servicios de Comunicación Social y Publicidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

VI. Emitir los lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y publicidad;

VII. Dirigir a las instituciones públicas recomendaciones sobre los topes máximos de gasto en publicidad;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental estará integrado por 5 consejeros ciudadanos designados por la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria  pública. Dichos consejeros deberán tener experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado. El nombramiento de los Consejeros deberá seguir un proceso de evaluación de conocimientos y audiencias públicas, conforme a la legislación en la materia.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos séptimo y octavo del presente artículo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la Ley General de Publicidad Gubernamental.

TERCERO.- La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la convocatoria correspondiente para la selección de los Consejeros Ciudadanos del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscriben

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.- Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

1 Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016. Cfr. Datos abiertos del portal de Transparencia Presupuestaria:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

2 “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014, Análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación Social (Comsoc)”, (junio de 2015), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación: recuperado de:
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PublicidadOficialGobiernoFederal2014.pdf

3 “Elevan elecciones gasto de Gobierno”, Reforma, 24 de julio de 2014.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1169120&v=3

4 “Comprando complacencia: Publicidad Oficial y censura Indirecta en México”, (marzo de 2014), Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, recuperado de:
http://es.scribd.com/doc/215095601/Comprando-complacencia-Publicidad-oficial-y-censura-indirecta-en-Mexico






Damos turno a una iniciativa recibida en esta Mesa Directiva por parte del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional, en materia de patrimonio tangible e intangible, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)



(Intervención del Diputado Alejandro González Murillo)








La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la voz la Diputada Argelia Paniagua Figueroa, para presentar a nombre del Diputado Alfredo Javier Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación laboral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre      del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

En Acción Nacional sabemos que el trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades, estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores y evitar cualquier tipo de discriminación.

Como ustedes saben, recientemente el Inegi presentó los resultados del estudio denominado Primer Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, en el cual se señala al tono de la piel como factor importante para el ingreso y promoción en el ámbito laboral.

Se encontró que los cargos directivos y los mejor remunerados son ocupados por personas con tonos de piel más claro; en contraste, las personas con tonos de piel más oscura se encuentran relegados de este tipo de cargos, y más aún, su acceso a oportunidades de trabajo se ve obstaculizado, estos datos visibilizan una realidad muy preocupante, que México tiene un problema de racismo.

Como legisladores es nuestra responsabilidad impulsar medidas para mitigar este tipo de discriminación y ello incluye el ámbito laboral.

Con la iniciativa que hoy presento ante ustedes, a nombre de mi compañero Diputado Alfredo Rodríguez, los invito a eliminar una de las barreras que impiden que algunas personas tengan la oportunidad de obtener un trabajo, sobre todo en las bolsas de trabajo de las plataformas digitales.

Es común que junto a la presentación del currículum vitae se exija al postulante a adjuntar su fotografía como requisito para participar en la convocatoria de contratación, esta práctica totalmente normalizada en nuestro país ya ha sido prohibida en otros países del mundo, como lo son Inglaterra, Alemania y Chile, por mencionar sólo algunos, debido a que exigir la fotografía es usualmente un mecanismo discriminatorio y que no toma en cuenta las habilidades de la persona para ocupar determinado puesto.

A pesar del amplio marco normativo nacional e internacional que rigen las relaciones laborales en México, comenzando por nuestra Constitución, por la Ley Federal del Trabajo, por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los acuerdos que el gobierno mexicano ha celebrado y ratificado con la Organización Internacional del Trabajo, todavía no hemos podido erradicar la discriminación en el mercado laboral, y los datos que arrojó el estudio del Inegi son prueba de ello.

Permitir que este tipo de acciones continúen, representa una clara violación a los derechos humanos. Por ello esta iniciativa busca reformar el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para que los patrones o sus representantes tengan prohibido exigir la presentación de fotografía o cualquier otro requisito relacionado con la apariencia física para evaluar el ingreso al empleo.

Considero que esta es una condición indispensable para que avancemos en la igualdad de oportunidades laborales, que las personas accedan a un trabajo por sus méritos y competencias, y no por sus rasgos físicos.

Señoras y señores legisladores, es tiempo de que hablemos del grave problema de racismo en México y unamos esfuerzos para combatirlo, necesitamos eliminar esta discriminación en todos los ámbitos para construir espacios en los que imperen los principios de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 55 fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del estudio denominado Primer Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, en el cual se señala al tono de la piel como factor importante para el ingreso y promoción en el ámbito laboral. De acuerdo con los datos del estudio citado, es posible observar que los cargos directivos y los mejor remunerados, son ocupados por personas con tonos de piel más claro mientras que, en contraste, las personas con tonos de piel más oscura se encuentran relegados de este tipo de cargos y más aún, su acceso a oportunidades de trabajo se ve obstaculizado. El que a una persona se le evalúe para ocupar un puesto laboral más allá de sus aptitudes y méritos, considerando su tono de piel, evidentemente representa una muestra de discriminación, por lo cual es necesario emprender acciones que permitan erradicar este tipo de prácticas nocivas para la sociedad mexicana. Es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito el prohibir que se solicite la presentación de fotografía junto al currículum vitae de una persona para evaluar su ingreso a un empleo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de que en México se encuentra estrictamente prohibida la discriminación, en la cotidianidad es posible identificar prácticas de este tipo que obstaculizan el desarrollo de la sociedad. Particularmente se puede hacer referencia a lo que ocurre en los centros de trabajo, en los cuales de manera directa o indirecta continúan desarrollándose acciones que en el fondo tienen tintes excluyentes y discriminatorios. En el ámbito laboral se puede apreciar que uno de los principales problemas se encuentra en los mecanismos de ingreso al empleo, los cuales muchas veces desvirtúan su propósito al considerar criterios no objetivos en el proceso de contratación.

Las bolsas de trabajo en línea se han convertido en una herramienta indispensable para la movilidad laboral, de acuerdo con encuestas1 8 de cada 10 profesionistas mexicanos utilizan internet como plataforma para buscar empleo y postularse al mismo. El funcionamiento de estos sitios es sencillo, se publica la vacante con los requisitos necesarios para ocuparla y los postulantes envían a través de esa vía su currículum vitae, en el cual resumen sus conocimientos, habilidades y méritos, con los cuales pretenden ser evaluados para ingresar a laborar. En México, además, es común que junto a la presentación del currículum vitae se le exija al postulante adjuntar su fotografía como requisito para participar en la convocatoria de contratación.

Esta práctica totalmente normalizada en nuestro país, ya ha sido prohibida en otros países del mundo como Inglaterra, Alemania y Chile -por mencionar sólo algunos- debido a que de acuerdo con expertos2 el que se exija la presentación de fotografía con el currículum vitae, no dice nada de las capacidades y destrezas del candidato para cumplir con los requisitos del puesto, y, por el contrario, es usualmente utilizado como mecanismo discriminatorio al descartar a un postulante simplemente por su apariencia física, muchas veces con criterios enteramente racistas, sin tener en cuenta las habilidades de la persona para ocupar el puesto.

Estudios estadísticos realizados por el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica, una mujer con rasgos indígenas, por ejemplo, tendría que enviar un 28.4% más solicitudes que una mujer con tono de piel blanca.3 La forma en la que se llegó a estos resultados fue a través de enviar de manera electrónica solicitudes de empleo con las mismas características, en las que lo único que variaba era la fotografía, y las mujeres con piel blanca recibían un mayor número de respuestas positivas. Este ejercicio permite evidenciar perfectamente el uso de la fotografía como filtro, basándose en criterios meramente raciales.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo primero, que en el país queda prohibida toda clase de discriminación. Por ello, es necesario adoptar medidas que permitan mitigar de inmediato y posteriormente erradicar, este tipo de prácticas tendientes a excluir, menoscabar o restringir a una persona por motivo de apariencia, origen étnico o nacional o por su color de piel. El permitir que estas acciones continúen representa una clara violación a los derechos humanos y al desarrollo de la persona.

De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prácticas como el solicitar fotografía en un currículum vitae es un acto de discriminación, pues se trata de un mecanismo no objetivo para restringir el acceso de una persona al empleo, tal como lo señala el artículo 9 de la ley citada:

Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

La misma ley señala la obligación de los poderes públicos federales de realizar acciones para garantizar la igualdad real de oportunidades y eliminar disposiciones que impongan requisitos discriminatorios para el ingreso al empleo.

La medida propuesta en la presente iniciativa, abonaría a lo que ya señala la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 133 prohíbe que se niegue la contratación de un trabajador basándose en criterios discriminatorios:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;

Por otra parte, esta propuesta coadyuvaría con el cumplimiento de diversas normas y programas tanto internacionales como nacionales, como son:

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación.

• Plan Nacional de Desarrollo, el cual exige se generen condiciones para garantizar el respeto, la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, en él se establece que la Secretaría debe promover una cultura laboral en la que no existan obstáculos de ningún tipo para la inclusión laboral.

• Norma Oficial Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 de la Secretaría de Economía, en ella se establece que en los procesos de gestión y de recursos humanos se deben implementar prácticas para la igualdad laboral y no discriminación.

Como se ha expuesto, la exigencia de fotografía en un currículum vitae no tiene ninguna razón justa y en la práctica su uso tiene tintes racistas. El prohibir que se exija su presentación permitirá que los aspirantes sean evaluados de manera objetiva, teniendo en cuenta estrictamente su historial académico y laboral, sus habilidades y experiencia, y no criterios superficiales y reprobables como el color de su piel.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Mediante el cual se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. …

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo;

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores; y

XVI. Exigir la presentación de fotografía o cualquier otro requisito relacionado con la apariencia física para evaluar el ingreso al empleo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, contarán con un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscribe

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila.

1 GONZÁLEZ GUZMAN, Lorena, “8 de cada 10 profesionistas usan bolsa de empleo en línea”, en Ángulo 7, disponible en:
http://www.angulo7.com.mx/2017/06/09/8-10-profesionistas-usan-bolsa-empleo-linea-bumeran/ Consultado el 30 de junio de 2017.

2 CHAHUÁN, Liliana, “En el currículum vitae la foto es el gran discriminador” Portal Trabajemos,
https://www.trabajemos.cl/2013/07/03/en-el-curriculum-vitae-la-foto-es-el-gran-discriminador/ Consultado el 30 de junio de 2017.

3 MILENIO/DATALAB “Ser mujer, indígena o tener hijos; así la discriminación laboral en México” en Milenio DataLab Disponible en:
http://www.milenio.com/datalab/mujeres-discrimacion-hijos-esposo-familia-indigena-rasgos-fisico-estado_civil_0_664133885.html Consultado el 30 de junio de 2017.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. constitucional, en materia de edad mínima para el matrimonio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señor Presidente.

El principio de protección al interés superior de la niñez debe hacerse valer de manera clara y categórica.
Como ustedes saben, a pesar de lo establecido en tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todavía persiste en nuestro país la práctica del matrimonio infantil.

Según UNICEF México, en su informe anual de 2016, los tres estados de la República mexicana con mayor porcentaje de matrimonios infantiles eran Chiapas con el 44.82 por ciento, Guerrero con el 42.41 por ciento, y Oaxaca con el 39.17 por ciento.

Tolerar el matrimonio infantil es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores al decidir sobre su vida, y les impide a éstos llevar a cabo un desarrollo personal que les permita hacerse de herramientas para el futuro.

Aun cuando se ha avanzado en algunos casos y a pesar de los exhortos a las legislaturas locales, todavía existen casos como los de Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, donde existen dispensas, entre comillas, a la edad mínima para contraer matrimonio, sea por parte de la autoridad o por parte de los familiares de los contrayentes.

En otras ocasiones se argumentan de manera extralegal, los usos y costumbres para permitir la entrega de niñas o adolescentes a hombres adultos que prometen casarse con ellas.

Aún en la hipótesis de que ambos contrayentes sean menores, el matrimonio infantil es inaceptable, un menor de edad que no puede trabajar como adulto, realmente no puede soportar la carga económica que implica formar una familia.

Es necesario reflexionar sobre el daño que se está haciendo a los menores, al obligarlos a contraer responsabilidades para las que no están preparados, como cuidar a un recién nacido, conseguir trabajo, pero sobre todo enfrentar efectos adicionales, como deserción escolar, violencia intrafamiliar, actividad sexual no consentida y, por supuesto, un alto riesgo de mortalidad materno-infantil.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo.

También menciona que los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir, que aquellos nacidos de mujeres de 20 a 24 años de edad.

Por todo lo anteriormente expuesto, se necesita fortalecer el mandato en nuestra Norma Suprema, para que las prácticas del matrimonio infantil, con toda contundencia, queden prohibidas en todo el país. La propuesta es muy sencilla, adicionar un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución, para que con esta jerarquía se mandate que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.

Los invito a que hagamos un esfuerzo por encima de nuestras diferencias partidarias, por el bien de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, diputado FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con el siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitida en 2014, en su artículo primero, recalca la obligatoriedad de su observancia general en el territorio nacional; así como,  en la fracción II del mismo, señala como uno de sus objetivos: “Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte”.

El número de entidades federativas que, mediante sus Códigos Civiles, Códigos Familiares, entre otros ordenamientos locales, permite que menores de edad puedan contraer matrimonio con una persona adulta o con otro menor de edad, en la mayoría de los casos contra su voluntad y poniendo como único requisito contar con el permiso de sus padres, es todavía grande.

Según UNICEF México1, en su Informe Anual de 2016, los tres estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de matrimonios infantiles en México son Chiapas (44.82%), Guerrero (42.41%) y Oaxaca (39.17%). Sin embargo, entidades como Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Sonora y Tabasco, son importantes exponentes de este fenómeno.

Dichas instituciones señalan también que 23.6% de las mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad, y que aproximadamente 15% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada actualmente. Es claro que las causas  del matrimonio infantil son varias, no obstante, las niñas y adolescentes en zonas de alta marginación son las que más resienten sus efectos.

La situación anteriormente expuesta es una grave violación de los derechos humanos, que rompe también con el principio constitucional del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4° párrafo 9, que señala: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación  de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Tolerar el matrimonio infantil es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores o adolescentes al decidir sobre su vida, y prohibirles llevar a cabo un desarrollo personal digno que permita hacerse de herramientas para el futuro, así como una transformación de los hijos en moneda de cambio para el beneficio económico exclusivo de sus progenitores.

ARGUMENTOS

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 19902, primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niñas, niños y adolescentes del mundo. A su vez, este documento ha fungido como sustento para la principal legislación sobre la materia en nuestro país: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el texto original de la Convención, hay artículos cuya existencia, después de casi 30 años, debieran lograr terminar con la condición en que viven miles de niños, que atenta contra su libertad, su integridad, su desarrollo personal y todos los demás derechos previstos en el principio del interés superior de la niñez.

Éstos, establecen disposiciones fundamentales para que los menores y adolescentes lleven a cabo una vida plena, con respeto de los derechos que la Constitución Política de cada país otorga. Entre ellos está el artículo 19, numeral 1, que obliga a los Estados Partes a adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.

El artículo 27, numeral 1, establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

En particular, la independencia económica necesaria para establecer un matrimonio implica la búsqueda de un ingreso. Ello es incompatible para un menor de edad y debe considerarse que el artículo 32, obliga a evitar “el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. Además, señala que los Estados partes deben: a) fijar una edad o edades mínimas para trabajar; b) disponer la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; y c) estipular las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Un menor de edad que no puede trabajar como adulto no puede soportar la carga económica que implica formar una familia.

En observancia del ordenamiento presentado anteriormente, en el año 2014 se aprobó en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que en su artículo 45 indica: “Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años”.

Pero, como se ha señalado, el fenómeno del matrimonio infantil es persistente, y diversas legislaturas son permisivas.

Es necesario reflexionar sobre el daño que se está haciendo a los menores al obligarlos a contraer responsabilidades para los que en su gran mayoría no están preparados o posibilitados, como son cuidar a un recién nacido, conseguir trabajo o mantener un hogar; pero sobre todo, emprender acciones que aminoren los efectos de sus consecuencias, mismas que engloban la deserción escolar, violencia intrafamiliar, actividad sexual no consentida y por supuesto, un riesgo alto de mortalidad de las menores y, en su caso, de sus hijos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud3, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. También menciona que los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que se necesita fortalecer el mandato institucional para que las prácticas del matrimonio infantil cesen del todo. No se puede permitir el desacato del interés superior de la niñez por las legislaturas locales teniendo en nuestra Constitución Política los elementos vitales para proteger a todos estos niños y adolescentes. Hay que homologar y armonizar este principio con la prohibición del matrimonio infantil.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

ARTÍCULO 4o. (...)

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

(...)

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

(...)

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

(...)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

(...)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

(...)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

(...)

SIN CORRELATIVO

La edad mínima para contraer matrimonio es de dieciocho años.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito Diputado somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo décimo y se recorren los subsecuentes del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

La edad mínima para contraer matrimonio es de dieciocho años.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto por el presente Decreto, en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de que entre en vigor.

TERCERO. La Comisión de Derechos de la Niñez presentará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y publicará en Gaceta Parlamentaria un reporte del cumplimiento al presente decreto una vez cumplido el plazo señalado en el transitorio segundo.

Sede de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Francisco Martínez Neri.

1 Información obtenida de: UNICEF, Informe Anual 2015: https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf

2 UNICEF, Convención de los Derechos del Niño:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf

3 Organización Mundial de la Salud, El embarazo en la adolescencia: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Francisco Martínez Neri. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la comunicación que nos ha remitido la Secretaría de Gobernación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Recibimos una comunicación por la que informa el titular del Ejecutivo Federal, que nombró al maestro Emilio Suárez Licona, como Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de la ratificación que establecen los artículos 78, fracción VII, y 89, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se turna el nombramiento a la Tercera Comisión.






¿Quería hacer uso de la palabra, Diputada Contreras? ¿Me pidió el uso de la palabra? Denle volumen por favor.

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Solicito adherirme a la iniciativa del Diputado Francisco Martínez Neri.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí, Diputada. Diputado Neri. ¿Estaba por aquí el Diputado, verdad? No está, pero estoy seguro que va a acceder amablemente a que se suscriba. Y le pido a Servicios Parlamentarios que vaya con la Diputada para que la suscriba, y los demás que deseen hacerlo. Muchas gracias, Diputada.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente tiene el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO



Comuníquese el pronunciamiento de la Comisión Permanente.






Pasamos a la discusión de 13 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 13 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas a aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- En torno a las diversas reparaciones que se han realizado en la curva 37 de la Línea 12 del Metro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia a remitir un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a remitir un informe respecto a la situación laboral que guarda su personal y los criterios utilizados para determinar el tipo de contratación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de inmuebles que se tienen ubicados como de alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el Centro Histórico y en otras colonias de la capital del país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la actual temporada vacacional.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a informar respecto de la existencia de solicitud para retirar de la Relación de Inmuebles con Valor Artístico el Velódromo Olímpico “Agustín Melgar”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a evitar la afectación de los inmuebles considerados con valor artístico conforme a los catálogos del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que la Comisión Permanente expresa su enérgico rechazo y condena la violencia ejercida por los grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos en diversas entidades del país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se determina que han quedado atendidas dos proposiciones relativas a los centros de readaptación social.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a adecuar las disposiciones legales necesarias para la implementación de los sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Secretario.
Se recibió el texto con la presentación de los dictámenes por parte de la Senadora Graciela Ortiz González, mismo que se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por lo tanto, se encuentran a discusión estos 13 dictámenes. Se consulta si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por esta Secretaría.

Por no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Ya se ha integrado a esta Asamblea el Diputado Neri. La Diputada, hace unos momentos pidió suscribir su iniciativa, y supusimos que usted estaría de acuerdo. Entonces, bueno, ha quedado en esos términos, Diputado Neri.






Pasamos a la discusión de 22 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Diputado Francisco Martínez Neri: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Un momentito.

Denle volumen al Diputado, por favor.

El Diputado Francisco Martínez Neri: (Desde su escaño) Señor Presidente, presenté una reserva a un dictamen de la Segunda Comisión.

No sé si ya la hayan pasado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No, pero ahorita lo reviso.

Vamos a dar lectura a los 22, ahorita ubicamos cuál es, y lo reservamos, con mucho gusto, Diputado.

El Diputado Francisco Martínez Neri: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante la Secretaría.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 22 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:
1.- Por el que se solicita un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir en familia, con especial énfasis en materia de adopción.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las campañas sobre la importancia de vacunación para personas que viajan a otros países.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer el mejoramiento de la infraestructura educativa de la entidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor que realizan connacionales en organismos internacionales de derechos humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que la Comisión Permanente se manifiesta porque el Estado mexicano continúe y fortalezca la política exterior que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los Estados Unidos de América en el proceso de negociación de la agenda bilateral entre las dos naciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez los días 4 y 5 de julio en Tlaxcala.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a asignar recursos adicionales para garantizar la operación del Programa E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las acciones que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que quedan en la orfandad con motivo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a continuar y fortalecer las acciones para los connacionales que se encuentran en centros de detención migratoria en los Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta a adoptar las acciones normativas de vigilancia y fomento sanitario respecto a los denominados productos milagro.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se solicita un informe sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el Anexo 30, para fortalecer la calidad en los servicios de salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por la ratificación del compromiso de las naciones participantes en la XII Cumbre del G20, con excepción de los Estados Unidos, respecto al combate al cambio climático y el libre comercio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a analizar la viabilidad de la cédula de repatriación como documento oficial para los connacionales repatriados hasta el término de su vigencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta a realizar las acciones necesarias para ratificar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se solicita un informe del estado que guarda la transferencia de recursos federales asignados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de tortura cometidos contra Norma Mendoza López.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre la participación en la Olimpiada Nacional 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que la Comisión Permanente remite la declaración del Congreso Indígena de Michoacán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Que exhorta a continuar con las acciones necesarias para la publicación del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Que exhorta a realizar la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja California.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Muchas gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Maricela Contreras Julián, para presentar los dictámenes de la Segunda Comisión.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Gracias, señor Presidente.

Presento a nombre de la Segunda Comisión los dictámenes que fueron aprobados en la Décimo Primer Reunión, que son 23 y abarcan 33 asuntos.

Destaco los de mayor trascendencia, los que me parece que son de mayor importancia.

Proponemos emitir un pronunciamiento para que el Estado mexicano fortalezca la política exterior que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los Estados Unidos de América en el proceso de negociación de la agenda bilateral entre las dos naciones.

Este asunto es de vital importancia, sobre todo, en víspera de las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, donde no debemos permitir que se nos sabotee, que se nos pretenda imponer asuntos que atenten al bienestar de nuestro pueblo y al interés nacional.

También externamos nuestro beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, y la labor que realizó el gobierno mexicano para su promoción.

Exhortamos a las dependencias del gobierno federal para que realicen las acciones necesarias a efecto de que sus disposiciones formen parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque creemos, sin duda, que esto es un instrumento que contribuirá a promover la paz y la convivencia pacífica entre las naciones.

Por otro lado, solicitamos a la red consular, proporcione asistencia y asesoría a connacionales que se encuentran en centros de detención migratoria en los Estados Unidos, promoviendo el pleno respeto de sus derechos humanos ante las instancias respectivas.

Un tema que es muy importante, es la solicitud de un informe a la Secretaría de Educación Pública y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre el concierto denominado “90’s Pop Tour”, este es un precedente, pues por primera vez el Congreso de la Unión pide a un sindicato información como sujeto obligado que recibe recursos públicos.

Nuestro voto a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

En materia de niñez, exhortamos a diversas autoridades para que se garantice el ejercicio, protección y restitución de los derechos de niñas y niños que quedan en la orfandad con motivo de la violencia por el crimen organizado.

Se calcula que en México hay aproximadamente 40 mil niñas y niños, denominados huérfanos del narco, por eso su urgente atención.

De igual forma, pedimos al gobierno de Oaxaca y a las autoridades de salud que den atención a la problemática del hospital de la niñez oaxaqueña y establezcan mesas de diálogo para tal efecto.

Manifestamos también nuestra preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tlaxcala y llamamos a resolver el conflicto por la vía del diálogo, las normales nuevamente están en la mira, tenemos los casos de Michoacán y de Guerrero y este llamado, en el caso de la Normal Rural de Tlaxcala, es a que se diriman las diferencias a través del diálogo.

Finalmente, proponemos que la Comisión Permanente condene los hechos de tortura cometidos contra Norma Mendoza López y exhortamos a las autoridades correspondientes para que continúen con la investigación y se sancione a los responsables.

Este tema de verdad que adquiere relevancia especial, pues estamos frente a un caso de tortura acreditado que se comete contra una mujer.

Norma fue encarcelada injustamente, acusada de pertenecer a los Zetas, y en prisión sufrió actos de violencia como violación sexual, tablazos en las piernas, espalda y muslos, golpes, quemaduras y le arrancaron las uñas de los pies.

Por eso consideramos que este caso no debe quedar impune.

Estos son algunos de los temas que hemos aprobado y les pedimos su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Contreras.

Se encuentran a discusión los 21 dictámenes y consultaría si alguien desea reservar alguno de ellos.

Denle sonido, por favor, al Diputado.

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, precisamente para aclarar el punto que se marca 2.22 en el cual nuestro partido solicitó que estuviera bajo reserva para su discusión y aquí ya la Diputada lo pone a consideración y aprobación.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es Diputado, ¿por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un informe? Lo retiramos para su discusión.

Denle por favor, volumen, o dígame, Diputada, la escuchamos y yo aquí con mucho gusto comunico a la Asamblea.

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Comentar que solamente forma parte de la argumentación del total de los dictámenes, por supuesto que respetamos el derecho del Diputado a reservar el punto de Acuerdo y que se pueda atender conforme al procedimiento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Efectivamente. Gracias, Diputada.

¿Alguien más que desee hacer alguna otra reserva? Muy bien, al no haber ya oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 22 dictámenes de la Tercera Comisión, que contiene puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 22 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:Pasamos a la discusión de 22 dictámenes de la Tercera Comisión, que contiene puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 22 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta a impulsar la instalación de la infraestructura necesaria para el uso de telefonía celular y de interconexión de Internet en el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

1.- Que exhorta a impulsar la instalación de la infraestructura necesaria para el uso de telefonía celular y de interconexión de Internet en el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca.








2.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto del estado que guarda el régimen de jubilaciones y pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro Social; así como del destino de los recursos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe del resultado de la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar ganancias.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta a evaluar la pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto Sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta a Petróleos Mexicanos a fortalecer las medidas para eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fortalecer su programa de auditorías de desempeño a las 18 secretarías federales y se compruebe que se hayan cumplido con los objetivos de los programas estipulados en el año 2016.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los montos y a qué proyectos específicos de infraestructura destinó los recursos provenientes de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería durante el ejercicio fiscal 2016.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a considerar la pertinencia de modificar las reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe si ha iniciado alguna investigación respecto de la omisión en el envío, registro, control, cobro y comunicación de recuperación de créditos fiscales, en contra de servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y/o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta a identificar las situaciones y escenarios de riesgo provocados por las tomas clandestinas de hidrocarburos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta a instruir al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a informar cuáles han sido los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta a suministrar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a fortalecer las acciones para acrecentar y mejorar sus parques y jardines.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a realizar los estudios ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre que se encuentra en el río Mololoa, en Nayarit.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza informen respecto de los recursos materiales y financieros destinados a atender y prevenir los incendios forestales en el estado.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la extracción y recarga de agua en el acuífero 3218 Cedros, estado de Zacatecas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a considerar la actualización de sus plataformas digitales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a considerar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial a la industria cinematográfica, de cara al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Que exhorta a fortalecer las acciones de vigilancia en las costas del país, para garantizar el respeto de los acuerdos de veda y la protección de las especies acuáticas en peligro de extinción.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Por el que se desecha la proposición que solicita hacer público un informe de la situación y estrategias con relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los incendios en el Cerro del Tepopote y en el Bosque La Primavera.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Que exhorta a investigar la legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Por lo anterior, se concede el uso de la tribuna al Presidente de la Tercera Comisión, al Senador Ernesto Cordero, para que haga la presentación de los dictámenes.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy buenas tardes, queridos compañeros legisladores.

Vengo a hablar del trabajo que se hizo en la Tercera Comisión para dictaminar, por unanimidad, un punto de Acuerdo que nos parece de la mayor relevancia, que es el de exhortar a la Secretaría de Economía a no ceder en las pretensiones del representante comercial de Estados Unidos para derogar el Capítulo 19 del TLCAN.

El Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es donde se establece cómo se dirimen los diferendos comerciales, y básicamente lo que establece es que cualquier diferendo en materia comercial tenga que crearse un panel binacional para resolverlo, y no sean ni las leyes ni las cortes, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de México, las que resuelvan el tema.

Es un capítulo único en los Tratados de Libre Comercio y es una parte fundamental para darle certeza a nuestros exportadores.

La pretensión del Presidente Trump es eliminar esta disposición, lo cual habla de que lejos de querer promover la amistad y los buenos lazos con México, pretende establecer barreras comerciales entre México y Estados Unidos.

Este punto de Acuerdo fue firmado por todas las fuerzas políticas en esta Comisión Permanente y fue dictaminado a favor por unanimidad, es por eso que vengo a pedirles su voto a favor de este dictamen.

Quiero pedirle al Presidente de la Mesa Directiva, que en virtud de que fue uno de los artículos que se reservaron, y me parece que es mi compañera, la Senadora Dolores Padierna, quien reservó este artículo, que, por favor, reconsidere la reserva para que podamos aprobarlo el día de hoy.

Según entiendo, nos lo reservamos para que hubiera debate y pudiéramos todos hablar a favor de este dictamen, pero en virtud de que el acuerdo de la Mesa es que los reservados se discutirán posteriormente, si nos reservamos ese artículo no podríamos votarlo el día de hoy.

¿Por qué es importante votarlo el día de hoy?

Porque en medios nacionales e internacionales está posicionado el tema de que el Congreso mexicano, con mucha dignidad, está diciéndole a Donald Trump “que no vamos a ceder en esta pretensión”, y me parece que si no lo aprobamos en este momento podría malinterpretarse como una señal de que estamos dudando manifestarle nuestra inconformidad al gobierno de los Estados Unidos.

Entonces, si no tiene inconveniente, señor Presidente, le pediría si puede, quien se reservó este artículo, pudiéramos reconsiderar la reserva, no reservarlo y votarlo con el bloque de los puntos de Acuerdo mencionados por el Senador Secretario hace un momento.

Sería todo.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Es así, Senadora Dolores Padierna?
Denle volumen en su escaño, por favor, si son tan amables.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, estamos de acuerdo en retirar la reserva, es sumamente importante que hoy pueda quedar aprobado este punto de Acuerdo, que ayer aprobó la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que se refiere a que el Senado de la República externa un posicionamiento unánime en relación o en rechazo a que se retire o se anule el Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio.

Este capítulo es fundamental para nuestro país dado que en él se establecen mecanismos para poder defender con nuestra propia legislación la firma plasmada por México en ese tratado.

La normatividad que nos rige en materia de comercio exterior y defender ese tratado o la violación al tratado mismo viene en la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución, y aceptar esta aberración que propone Donald Trump sería tanto como eliminar esa ley reglamentaria.

Desde luego que nadie, ninguna persona en México puede estar de acuerdo con lo que propone Donald Trump.

Pero aquí sería hacerlo como Senado de la República, con mucha dignidad, con mucha responsabilidad, de cara a la nación y hacer un trabajo que, por cierto, no está haciendo el Ejecutivo Federal.

Porque el propio Secretario, Ildefonso Guajardo, ante este comunicado de Donald Trump, lo único que dijo fue externar su preocupación, sin fundamentarla, cuando él tiene todos los elementos y toda la información para defender a nuestro país.

Si no lo hace el Poder Ejecutivo, que lo haga, con mucho honor, el Poder Legislativo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Estamos en un trámite, pero, a ver, denle volumen, por favor, a la Diputada Nahle, con mucho gusto, ¿con qué objeto?

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Es sobre el mismo tema.

Si la propuesta la está haciendo el Senador para que en un momento dado se apruebe en este momento, pues lo ideal sería que ese tema que es tan importante, aunque sea ese punto de Acuerdo, sí se discuta y la dictaminación se modifique como fue la proponente.

Porque el problema es que la dictaminación está muy light, y por eso se lo están reservando, y Morena también va con lo mismo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, además, a ver, entonces lo que les pediría es lo siguiente.

Como hemos estado funcionando con el Reglamento, y cuando hay una reserva se ha modificado, lo que nos dijo ahorita la Senadora Dolores Padierna es que no hacía las reservas.

Cuando la Secretaría dio cuenta de los dictámenes que se iban a votar, dio cuenta de 22, porque la Senadora Dolores Padierna había reservado uno.

Ahora no existe esa reserva, se va a incluir ahí en esto, porque así nos lo ha pedido, entonces, voy a pedir primero a la Secretaría dé cuenta del que no leímos, porque estaba reservado.
Entonces, dé cuenta, por favor, para que la Asamblea esté en conocimiento de ello.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen 23.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Ese es el contenido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. A la Asamblea se ha dado cuenta del dictamen, que no se había dado cuenta porque estaba reservado. Se retiró la reserva, hemos dado cuenta, y pasaríamos a la votación de estos 23 dictámenes, aunque existe un acuerdo parlamentario, yo estoy obligado a preguntar si alguien quiere hacer uso de la palabra.

¿Alguien desea hacer uso de la palabra?

Se inserta intervención de la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard.

La Diputada Sasil Dora Luz de León Villard: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, ¿alguien desea retirar alguno de estos dictámenes?

Entonces, le pediría a la Secretaría que someta a votación económica estos 23 dictámenes que incluye el que estaba reservado.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Han sido aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

Se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 26 de julio.



En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard, para  separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de julio de 2017.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, perdón, por favor, denle volumen a la Diputada, con mucho gusto, y todos los que quieran hacer uso de la palabra.

La Diputada Sofía González Torres: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero decirle a mi compañera Sasil que la vamos a extrañar mucho y desearle todo el éxito en su nueva encomienda.

Estoy segura que como en todo lo que has hecho en esta carrera política que has tenido, lo vas a hacer con excelencia y viendo siempre por el pueblo de México.

Vas a dejar un agujero muy grande en el grupo parlamentario, vas a dejar un agujero enorme en la Cámara de Diputados y en esta Comisión Permanente, y de verdad de parte de todos los compañeros, muchísimo éxito, te vamos a extrañar mucho.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada González Torres.

Esta Mesa Directiva por supuesto que también se suma a las felicitaciones, le deseamos buena suerte en su futuro que desee emprender.

Ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la licencia.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores: Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 35 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II; 62, 63, 64 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 35 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por muchos años, la falta de estrategias de planeación y manejo, así como el desconocimiento del valor preponderante ecológico y socioeconómico de los ecosistemas, ocasionaron graves problemas de contaminación ambiental y la pérdida de valiosos recursos naturales. Por ello, fue importante incorporar el enfoque del desarrollo sostenible, pues busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones; es decir, considera el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

México es uno de los 12 países con mayor riqueza de especies, con al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta, siendo un país con poco más del 1% de la superficie terrestre del planeta1.

La biodiversidad en nuestro país se extingue por factores directos e indirectos; los primeros se relacionan con la extracción o explotación de las especies y los segundos se refieren a la destrucción del hábitat, el incremento de la población, el requerimiento de sus necesidades y el crecimiento industrial, entre otros. Estas necesidades traen consigo implícitamente, la explotación de nuestros recursos naturales, como los bosques y el petróleo; el desarrollo de proyectos y actividades turísticas e inmobiliarios; así como obras y actividades para generar vías de comunicación, entre otros. Sin embargo, gracias a las nuevas estrategias de política ambiental, se ha logrado frenar, en gran medida, la pérdida de nuestros ecosistemas, pero debemos continuar trabajando para lograr inhibir toda práctica que destruya nuestros recursos naturales.

Hace casi tres décadas se incorporó al ordenamiento jurídico mexicano una de las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente y a los recursos renovables del país; con el propósito de garantizar un enfoque preventivo que ofrezca certeza pública acerca de la viabilidad ambiental de diversos proyectos de desarrollo sustentable. Esta herramienta se conceptualiza en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como Evaluación del Impacto Ambiental.

El impacto ambiental puede definirse como cualquier cambio ocasionado directa o indirectamente por las actividades, productos o servicios de una organización en el medio ambiente, sea negativo o no.

De acuerdo con el artículo 3, fracción XXI, de la LGEEPA, se considera como impacto ambiental a la modificación del ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Cualquier actividad del hombre genera un impacto al ambiente; sin embargo, esto no quiere decir que las actividades generen el mismo tipo e intensidad de afectación al medio ambiente. Por ello, es necesario un estudio de Impacto ambiental con la finalidad de evaluar los impactos de las actividades realizadas.

El artículo 28 de este mismo ordenamiento establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizará la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) a las obras o actividades que se enlistan en esta disposición; la cual consiste en el procedimiento a través del que se establecen las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente2. Para ello, se consideran tres instrumentos:

• Manifestación de Impacto Ambiental, mediante la cual se analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización de un proyecto, con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente, así como definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones.

• Estudio de riesgo ambiental, debe incluirse en la manifestación de impacto ambiental, cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas.

• Informe Preventivo, documento mediante el cual la Semarnat determina si las obras o actividades que se pretenden realizar, requieren la manifestación de impacto ambiental.

La disposición en comento únicamente establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades enlistadas, requerirán previamente la autorización en materia de evaluación del impacto ambiental. Sin embargo, no prevé esta autorización para aquellas obras de ampliación o modificaciones, cuando la obra o actividades ya hubieran concluido; cuestión de gran importancia debido a que la manifestación de impacto ambiental ya no es vigente y por la magnitud de la obra se podría ocasionar un daño ambiental.

Esto se refuerza con lo dispuesto en el Reglamento de la LGEEPA:

Artículo 6o.- Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras y actividades señaladas en el artículo anterior, así como con las que se encuentren en operación, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes:

I. Las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta;

II. Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que generó dicha autorización, y

III. Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles; construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno ocupada por la construcción o instalación de que se trate.

En estos casos, los interesados deberán dar aviso a la Secretaría previamente a la realización de dichas acciones.

Las ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo 5o., así como con las que se encuentren en operación y que sean distintas a las que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán ser exentadas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecución no causará desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas.

Para efectos del párrafo anterior, los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría de las acciones que pretendan realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días, determine si es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental, o si las acciones no requieren ser evaluadas y, por lo tanto, pueden realizarse sin contar con autorización.

En este sentido, es de destacar que las ampliaciones, modificaciones, que refiere dicho artículo, indica que no requerirán autorización de impacto ambiental, siempre y cuando cuenten con una autorización previa, pero no señala que esta autorización debe continuar vigente; por lo cual, diversas empresas pueden realizar modificación o ampliaciones a los proyectos originales sin contar con una nueva autorización de impacto ambiental.

Tal es el caso de la “Ampliación del Hotel Moon Palace”, en el que la empresa sólo presentó ante la Delegación de la Semarnat en el Estado de Quintana Roo, el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, cuando este proyecto ya había concluido y por tanto carecía de vigencia. La gravedad de no presentar una manifestación de impacto ambiental por parte de la empresa, posterior a la conclusión de las primeras obras o actividades, es que las personas físicas o morales que realicen dichas obras de modificación, podrán efectuar cualquier actividad bajo el amparo de una autorización no vigente.

Asimismo, debemos considerar que todos los proyectos, obras o actividades establecidas en el artículo 28 de la LGEEPA, tienen la misma probabilidad de producir un daño o deterioro grave al ambiente, ya que existen factores externos que pueden producir algún accidente en la obra o actividad que no fueron considerados en la evaluación de impacto ambiental.

Ante esta situación es imprescindible establecer en las leyes, acciones que garanticen la reparación de los impactos negativos al medio ambiente generados por obras o actividades. Tal es el caso del penúltimo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, el cual señala lo siguiente:

Artículo 35. ...

...

...
...

I. a III. ...

a) a c)...

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

...

De la lectura de este artículo se aprecia que la autoridad puede solicitar, a discrecionalidad, el seguro o garantías para el cumplimiento de condicionantes. Sin embargo, es necesario que se exija su presentación cuando las condicionantes determinadas por la autoridad no sean llevadas a cabo, puesto que estas, son establecidas para inhibir o resarcir los daños al ambiente.

No es desconocido que la falta de cumplimiento de condicionantes en la realización de obras o actividades en diversas regiones de nuestro país ha ocasionado impactos ambientales.

Por lo anterior, la iniciativa que se presenta, tiene dos objetivos:

1. Que la Secretaría determine si se requiere una nueva manifestación de impacto ambiental, en aquellos proyectos que hayan tenido una autorización previa que ya concluyó sus actividades o vencido su vigencia, y

2. Hacer exigible el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de impacto ambiental.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 35 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 30 y se reforma el último párrafo del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 30.- …

Si posterior a la conclusión o vigencia de una autorización de impacto ambiental, el proyecto original tiene modificaciones de la obra, actividad o plazos y términos establecidos, éstas deberán hacerlas de conocimiento de la Secretaría, a fin de evaluar los efectos al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, y determinar si se requiere la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, en términos de lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

En caso de que las modificaciones al proyecto original se refieran a la ampliación del plazo o término previstos en la autorización del proyecto autorizado, éste no deberá exceder de la mitad del plazo que obtuvo la primera manifestación de impacto ambiental.

ARTÍCULO 35.- …

La Secretaría deberá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría en un plazo no mayor a 180 días hábiles a la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Capital Natural de México, acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación; 2012; México


2 Semarnat; Transparencia Focalizada, Impacto Ambiental;
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 239 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 239 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta iniciativa de reforma al párrafo 5º del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, tiene como objetivo el exentar del pago por uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico a las concesiones de uso social comunitarias e indígenas, en materia de telecomunicaciones, en obediencia a los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los sujetos deben contribuir a los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades económicas.

El principio de proporcionalidad tributaria debe ser un criterio esencial para el legislador tal como lo señala Marco César García Bueno en su artículo “El principio de capacidad contributiva como criterio esencial para una reforma fiscal”.

“La capacidad contributiva está condicionada por una exigencia lógica: la presencia de capacidad económica. Sin embargo, el hecho de que el sujeto cuente con un índice de capacidad económica no garantiza el nacimiento de su capacidad contributiva […]. Entre la capacidad contributiva y la capacidad económica prevalece una relación de interdependencia, la una presupone la existencia de la otra, pero no son términos sinónimos. Para que dicha aptitud contributiva se exteriorice debe haber un índice de riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio o gasto […] un sustento económico, una riqueza disponible […]. El legislador, en ningún momento está autorizado para establecer cargas tributarias donde éstas no se manifiestan. Así la presencia de una renta, patrimonio o un índice de gasto, exteriorizan movimientos de riqueza de los gobernados y presumen su aptitud contributiva”. 1

Los Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre de 2016 establecieron exenciones de pagos de derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico a los concesionarios sociales comunitarios e indígenas en materia de telecomunicaciones.

Si bien la reforma de 2015 exentó a los solicitantes de concesiones sociales comunitarias e indígenas del pago de derechos por la cantidad de $29,582.17 pesos, por concepto de estudio de solicitud y, en su caso, de la expedición del título de concesión; tanto ésta, como la reforma de 2016 mantienen el pago por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones cuyo monto gira alrededor de $600,000.00 (seiscientos mil pesos), únicamente para el año 2017, y el cual incrementará anualmente. Que es el caso del actual y único concesionario en telefonía celular comunitaria en la región 7.2

Esta disposición contraviene los principios de igualdad, equidad y mayoría de razón o analogía tributaria. Por lo anterior, esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que modifica el Artículo 239 en su párrafo 5º, está dirigida a exentar del pago por uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico a las concesiones de uso social comunitarias e indígenas en materia de telecomunicaciones.

La Reforma a la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, adicionó el artículo 174-L  estableciendo reducciones y exenciones de pago a las concesiones para uso social comunitario e indígena, específicamente en el estudio de la solicitud; la expedición y prórroga del título de concesión de espectro radioeléctrico y única en materia de telecomunicaciones o radiodifusión.

Con esta disposición legislativa se benefició a las concesiones comunitarias e indígenas en razón de sus características económicas y sociales, considerando la inversión en la instalacio?n y operacio?n de sus medios de comunicación en conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusio?n en la cual se reconoce a las concesiones sociales comunitarias e indi?genas con una normatividad jurídica distinta a la de las concesiones comerciales o pu?blicas,

En razón de sus fines no lucrativos y de su funcio?n social, asociada a la promocio?n de la cultura, la pluralidad y las identidades de las comunidades y pueblos indi?genas; se implementó como una medida de discriminación positiva en  beneficio de los sectores de la población más vulnerables, la exención y reducción de pagos de derechos con la finalidad de fomentar  su desarrollo.

No obstante, se mantuvo vigente el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos el cual establece, sin distinción, la obligación de pago para las personas físicas y morales que usen o aprovechen “el espacio aéreo y, en general, cualquier medio de propagacio?n de las ondas electromagne?ticas en materia de telecomunicaciones”.

De los artículos 174-M y 239 de la Ley Federal de Derechos vigente, puede inferirse que las concesionarias de uso social comunitarias e indígenas, una vez que hayan obtenido los títulos de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones se encuentran obligados a tributar por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, pagos que además de contravenir el artículo 2º constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los propios fines de la mencionada reforma a la Ley Federal de Derechos, van en contra del principio de proporcionalidad y equidad tributarias, y arriesga la existencia, operación y viabilidad económica de las concesionarias sociales, y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a contar con sus propios medios de comunicación, establecido en el artículo 2º constitucional.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 67 de la LFTR las concesiones sociales comunitarias e indígenas se otorgan a los pueblos y comunidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil “que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad”. Asimismo  la fracción IV del numeral 76 de la LFTR establece que las concesiones sociales que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión tendrán propósitos “culturales, científicos, educativos o a la comunidad sin fines de lucro”.

Por lo que pretender que las concesiones sociales tributen en la misma proporción a las concesionarias comerciales con fines de lucro y mercantilización del espectro radioeléctrico, viola al principio de proporcionalidad, equidad y legalidad en materia tributaria, de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución.

En principio, para que un gravamen resulte proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, lo que implica que deberán pagar más impuestos quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos impuestos el que tenga una menor capacidad contributiva.

En este sentido, la garantía de proporcionalidad tributaria representa una salvaguarda para los contribuyentes y paralelamente un límite al legislador al ejercer su facultad exclusiva para imponer contribuciones de cualquier tipo, a fin de sufragar el gasto público. El debido cumplimiento de esos principios significa la justicia tributaria.

Así, la forma de medir la proporcionalidad de una contribución, varía dependiendo de su naturaleza, tal y como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes Tesis Jurisprudenciales como la siguiente: P./J. 109/99, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta X, de noviembre de 1999. Así como en diferentes amparos con procedencia y avalados por el pleno del Tribunal de la SCJN.

De igual forma, el principio de equidad tributaria apela a que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa.

No está de más subrayar que los concesionarios sociales comunitarios e indígenas son, o pueden ser, pueblos y comunidades con escasos recursos y con distintos niveles de marginación -que a través del trabajo comunitario y de sus propias aportaciones personales y recursos materiales y técnicos, contribuyen a crear y mantener sus sistemas de comunicación- con contextos diametralmente diferentes a los concesionarios comerciales y públicos.

La obligación de pago de impuestos en los términos del párrafo quinto del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos contraviene a los artículos constitucionales 1º primer párrafo; 2º Apartado B, Fracción VI; 6º tercer párrafo, Apartado B, Fracción II, en los cuales se reconocen los derechos humanos de los pueblos indígenas entre los que se encuentra el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de telecomunicaciones en condiciones de pluralidad, a la construcción y ampliación de vías de comunicación, así como a contar con sus propios medios de comunicación.

La exención del pago de derechos que nos ocupa no genera un perjuicio para los ingresos del Estado, pues por un lado es un derecho que no se cobra y no se ha cobrado, dado que en la historia de las telecomunicaciones, esta es la primera vez que México cuenta con una concesionaria social indígena que prestará servicios de telecomunicaciones, un hecho sin precedentes que, en virtud de su carácter social sin fines de lucro está en la imposibilidad de pagar derechos sobre el uso y utilización del espectro radioeléctrico.

Por lo cual, se propone:

Artículo vigente

Se propone

Artículo 239.- Las personas físicas y las morales que usen o aprovechen el espacio aéreo y, en general, cualquier medio de propagación de las ondas electromagnéticas en materia de telecomunicaciones, están obligadas a pagar el derecho por el uso del espectro radioeléctrico, conforme a las disposiciones aplicables.

Este derecho se pagará anualmente dentro de los meses de enero a marzo del año de que se trate.

No pagarán el derecho que se establece en este Capítulo las empresas de radio y televisión que estén obligadas a retener el impuesto por servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Aquellos concesionarios o permisionarios u otros usuarios de servicios de telecomunicaciones, que hayan contratado la operación de frecuencias o bandas de frecuencias con concesionarios que hayan obtenido frecuencias o bandas de frecuencias mediante licitación pública y que estén autorizados para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces microondas de punto a punto, punto a multipunto o para la prestación del servicio de acceso inalámbrico, fijo o móvil, así como para la prestación del servicio de televisión o radio restringido u otros servicios, estarán exentos del pago de la cuota de derechos correspondiente a las frecuencias contratadas.

Las instituciones de asistencia médica o de beneficencia o de prevención y atención de accidentes y desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la renta y los usuarios de las frecuencias que se autoricen durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que acrediten dichas circunstancias, estarán exentas del pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sección. Asimismo, quedan exentas del pago de derechos previsto en esta sección, las bandas de uso oficial otorgadas a las Entidades Federativas y Municipios, dedicadas a actividades de prevención y atención de accidentes, desastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud, seguridad social, protección del ambiente y educación.

Los Poderes de la Unión, las entidades paraestatales federales y los organismos constitucionalmente autónomos estarán sujetos a los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico establecidos en este Capítulo, independientemente de la concesión, permiso o asignación que les otorguen para su uso, goce, aprovechamiento o explotación.

Lo dispuesto en este Capítulo, será aplicable para cualquier concesión, permiso, asignación o como se denomine de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que las referencias efectuadas en este Capítulo a los términos antes señalados, serán aplicados igualmente a las figuras que se determinen en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 239.-…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Las instituciones de asistencia médica o de beneficencia o de prevención y atención de accidentes y desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la renta y los usuarios de las frecuencias que se autoricen durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que acrediten dichas circunstancias, estarán exentas del pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sección. Asimismo, quedan exentas del pago de derechos previsto en esta sección, las bandas de uso oficial otorgadas a las Entidades Federativas y Municipios, dedicadas a actividades de prevención y atención de accidentes, desastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud, seguridad social, protección del ambiente y educación, así como las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

 

 

 

 


 

 

Cabe mencionar que el 30 de diciembre de 2014 el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015, en donde especifica que:

"[…] por primera vez, se determinan bandas específicas para servicios de uso social en el sector de telecomunicaciones. Para ello se contempla el concesionamiento de diversas porciones de espectro que se encuentran disponibles dentro del segmento conocido como la banda celular y que es la comprendida entre 824M_849 MHz y entre 869M_894 MHz. Para su aprovechamiento se propone que estas porciones del espectro sean concesionadas para la provisión de servicios de conectividad rural, los cuales podrían satisfacer las necesidades inmediatas de contar con el servicio de telefonía básica en regiones no servidas por los concesionarios actuales".

Este hecho histórico de asignación de frecuencias para uso social significó que en todo el país se podría replicar el modelo de Telefonía Celular Comunitaria de manera legal,3 lo cual se constató el 6 de abril de 2015 cuando se publicó la versión definitiva del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias en el Diario Oficial de la Federación, que refirió al proyecto, sin precedentes, de Telefonía Celular Comunitaria:

Cabe hacer notar que, en mayo de 2014, el, Instituto otorgó una concesión experimental, para el uso y aprovechamiento, sin fines de lucro de una de estas porciones de espectro en la Región 7 (zonas golfo y sur del país). Así mediante el uso de un segmento de 4+4 MHz, se han instalado ya 8 [sic] redes locales a través de las cuales se prestan de manera exitosa servicios de telefonía rural de banda angosta en 30 localidades del estado de Oaxaca, llegando a acumular tres mil usuarios registrados en tan solo ocho meses de operación.

Es de señalarse que la provisión de estos servicios se lleva a cabo en una operación en forma de cooperativas comunitarias, los ingresos obtenidos son empleados por la propia comunidad y reinvertidos para el mantenimiento y expansión de la infraestructura. De esta forma, tal operación tiene cabida al amparo de concesiones de uso social mismas que se encuentran restringidas por definición, a que el uso y aprovechamiento del espectro se realice sin fines de lucro.

Asimismo en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció lo siguiente:

Por otro lado, se pretende que los recursos espectrales que se hagan disponibles con la ejecución del Programa 2016 contribuyan a la eliminación de barreras a la competencia y la libre concurrencia, al dar acceso a un insumo esencial como lo es el espectro, en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, y a promover la diversidad y pluralidad de la información radiodifundida, de modo que actores sociales y públicos puedan también divulgar contenidos radiofónicos o audiovisuales de carácter educativo, científico, cultural, comunitario o de pueblos indígenas, diversificando las voces que se radiodifunden y abriendo la puerta a nuevas redes de telecomunicaciones que, sin fines de lucro, conecten o comuniquen a universidades, comunidades o pueblos indígenas, contribuyendo a su desarrollo y su acceso a la sociedad de la información.

El que los concesionarios sociales comunitarios e indígenas representen una opción (y en ocasiones como la única opción) en la prestación de servicios en materia de telecomunicaciones en localidades y comunidades remotas donde los concesionarios comerciales no operan, es de vital importancia para la comunicación entre los habitantes de dichas poblaciones, la cual involucra otros ámbitos como la seguridad pública, la atención a la salud, a la prevención y atención de desastres naturales y emergencias de carácter nacional, entre otros fines de vital importancia.

En concordancia y congruencia con lo anterior, diversas leyes, como la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 79, dan un tratamiento positivo en favor de las comunidades y pueblos indígenas del país para que puedan ejercer sus derechos humanos y con ello mejorar sus condiciones de subsistencia y desarrollo como se establece en el artículo 2º. Constitucional.

Por lo que es preciso recordar que las concesiones sociales comunitarias e indígenas:

• Satisfacen necesidades inmediatas de servicios públicos de telecomunicaciones en regiones no atendidas por los concesionarios comerciales y públicos.

• Están restringidas a fines no lucrativos.

• Los ingresos obtenidos son y deben ser reinvertidos en mantenimiento, expansión e infraestructura.

Como se vio anteriormente, las razones legales, económicas y sociales para la procedencia de la exención, ya han sido expresadas tanto por el Ejecutivo Federal como por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Es por ello que me permito someter a esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos:

Artículo único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 239.-

Las instituciones de asistencia médica o de beneficencia o de prevención y atención de accidentes y desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la renta y los usuarios de las frecuencias que se autoricen durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que acrediten dichas circunstancias, estarán exentas del pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sección. Asimismo, quedan exentas del pago de derechos previsto en esta sección, las bandas de uso oficial otorgadas a las Entidades Federativas y Municipios, dedicadas a actividades de prevención y atención de accidentes, desastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud, seguridad social, protección del ambiente y educación, así como las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 García, Marco César, “El principio de capacidad contributiva como criterio esencial para una reforma fiscal”, 45-77 pp.  En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/430/5.pdf

2 “El IFT autoriza la primera concesión de uso social indígena para prestar servicios de Telecomunicaciones”, en: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-autoriza-la-primera-concesion-de-uso-social-indigena-para-prestar-servicios-de






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, en materia de capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema

México es el segundo país en los rubros de factibilidad y de actitud positiva ante los negocios, detrás de China y Dinamarca, respectivamente; el 81% de los encuestados en un ejercicio demoscópico dijo imaginarse a sí mismo emprendiendo un negocio, según el Índice de Espíritu Emprendedor que Amway incluyó en su Reporte Global de Emprendedores 2015 (Aguilar, 2016).

Sin embargo, la mortalidad de los negocios en nuestro país es alta. En el periodo de 2010 a 2015, murieron 1.6 millones de establecimientos; en este orden de ideas, se estima que 6 de cada 10 negocios comerciales o de servicios no financieros sobreviven el primer año mientras que, por cuanto al sector manufacturero, la cifra es de 7 de cada 10 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

La esperanza de vida de los negocios es de 7.7 años; los negocios comerciales tienen la esperanza de vida más baja con 6.6 años, seguido de los servicios no financieros con 8 años, mientras que la más alta es para los negocios manufactureros con 9.5 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

Del total de empresas que fallan en sus primeros dos años, el 66% fue ocasionado por falta de capacitación adecuada y oportuna, la que acusa desconocimiento del mercado y del tipo y calidad de producto requerido, así como de los competidores, sin perjuicio de la ausencia o deficiencia en las técnicas y habilidades para vender y favorecer la inserción en la cadena productiva; es decir, factores de riesgo asociados con un bajo perfil innovador (Morales Nájar, 2011) (Morales, Isaías. 2011).

Las habilidades de los emprendedores mexicanos se consideran deficientes; se requiere gran cantidad y calidad de capacitación en management, contabilidad o mercadeo, que les permitan transitar de un simple negocio a uno de alto impacto. En las economías más desarrolladas las habilidades gerenciales básicas se enseñan en la educación media (Palma, 2016).

Lo anterior es relevante, ya que el ánimo emprendedor entre los jóvenes es alto, toda vez que el 80% de ellos piensa iniciar su propio negocio algún día; sin embargo, la falta de formación para emprender, entre otras problemáticas, son sus mayores obstáculos (Vargas Hernández, 2013).

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, en México hay un millón 637 mil 45 jóvenes de 15 a 29 años que tienen su propia empresa o negocio, lo que representa el 11.9% del total de trabajadores independientes.(Instituto Nacional de Estadítica y Geografía, 2017). Los jóvenes hacen negocios, principalmente, en el sector comercial (69.06%), seguido del sector manufacturero (16.85%) y del agropecuario (13.39%) (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía, 2017).

En general, sus niveles de ingresos son bajos, ya que el 53% de ellos obtienen hasta dos salarios mínimos, lo que equivale a 4,802.4 pesos mensuales. En cambio, solamente el 4.5% percibe más de 5 salarios mínimos; esto es, más de 12 mil 6 pesos mensuales (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía, 2017).

Esta situación incide en que el 26.47% de las y los jóvenes emprendedores pertenezcan a un estrato socioeconómico bajo, el 48.95% a uno medio bajo, el 20.09% medio alto y solo el 7.78% al alto (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía, 2017).

En este sentido, desarrollar conocimientos básicos en administración, contabilidad, mercadotecnia, economía, así como conocer las habilidades gerenciales, tales como negociación, liderazgo, orientación a resultados y trabajo en equipo, entre otras, es fundamental para incrementar la probabilidad de éxito en sus empresas.

Al respecto, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 estableció, como uno de sus objetivos (Objetivo 6, estrategia 6.2), mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza.

Para ello, se planteó, a través de la capacitación, impulsar la cultura emprendedora para la constitución de empresas formales, así como desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas, técnicas y de gestión (Secretaría de Desarrollo Social, 2014)

II. Oferta institucional para capacitación a emprendedores

La Secretaria de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), ofrece un Programa de incubación en línea, el cual es un curso dirigido a emprendedores que cuentan con una idea de negocio de los sectores comercio, servicio o industria. Consta de 5 módulos, a saber:

Módulo 1 Crea tu empresa,

Módulo 2 ¿Cómo hacer un Plan de negocios?,

Módulo 3 Recursos para operar tu negocio,

Módulo 4 ¿Cómo obtener crédito en un Banco? y,

Módulo 5 Evaluación Final (Instituto Nacional del Emprendedor, 2017).

Por su parte, Nacional Financiera ofrece, también en línea, capacitación gratuita en los siguientes temas:

• Conoce el Buró de Crédito

• Incorpora las Redes Sociales a tu Empresa

• Régimen de Incorporación Fiscal y Crédito

• Conoce Cadenas Productivas

• Como Venderle al Gobierno

• Como Tratar Exitosamente los Problemas Legales de tu Empresa

• El Ahorro de Energía, un Beneficio Económico para tu Empresa

• Como Vender en la Pequeña y Mediana Empresa

• Programa de Crédito Universitario NAFIN

• Como Obtener un Microcrédito

• Mujeres Emprendedoras y Empresarias

• Mi negocio tiene Marca Registrada

• Abre tu Tienda de Abarrotes en 20 pasos

• Los Retos de la Empresa Familiar

• 20 Pasos para Iniciar o Mejorar Tu Restaurante

• Prevención de Desastres y Continuidad de Negocios

• Como Promocionar Eficientemente tu Producto o Servicio

• Como Obtener un Crédito en un Banco

• Productos y Servicios para tu Empresa

Aun cuando resultan de incalculable utilidad estas capacitaciones en línea, se presenta la problemática del acceso a las computadoras y al internet. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016, en nuestro país, el 45.6% de los hogares -es decir 15 millones 184 mil 257-, cuenta con computadora y el 47% de ellos tienen conexión a internet -15 millones 658 mil 535 hogares-. Asimismo, 3 millones 212 mil 342 hogares cuentan con computadora pero no tienen acceso a internet; el 55.5% de éstos -1 millón 783 mil 810- por la falta de dinero, y  448 mil 195 hogares -equivalente a 14% del total de los que tienen computadora pero no internet- por la falta de proveedores o de infraestructura local (Instituto Nacional de Estadítica y Geografía, 2017).

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública, a través de la Dirección General de Centros de Capacitación de Formación para el Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, dispone del Programa Emprendedores, cuyo objeto es desarrollar competencias y conocimientos para crear, operar y consolidar una microempresa a través de la especialidad de Administración con duración de 2,230 horas, en las que se proporcionan los elementos necesarios para la creación, operación y desarrollo de microempresas, fomentando con ello el autoempleo, a través de siete cursos:

• Mercadotecnia en la Micro y Pequeña Empresa (60 horas),

• Administración en la Micro y Pequeña Empresa (120 horas),

• Servicios-y Comunicación con el Cliente (165 horas),

• Servicios de Atención Telefónica y Telemercadeo (100 horas),

• Manejo de Herramientas para Auditoría (240 horas),

• Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal (1500 horas) y,

• Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles (45 horas) .

Pese a la potencialidad que ofrece este servicio, dicha especialidad solamente opera en 95 planteles de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS) e Institutos de Capacitación (ICAT), además el servicio tiene un costo para los usuarios .

Dentro de la meta nacional IV México próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra el objetivo 6 del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local, nacional y global que, a su vez, incluye la 6.2 Generar oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de la economía y personas en situación de pobreza.

Para tal efecto se plantea, en las líneas de acción 6.2.1 y 6.2.2, Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión de proyectos productivos mediante la capacitación e Impulsar la cultura emprendedora para la constitución de empresas formales y organizaciones del sector social de la economía –el subrayado es nuestro- (Secretaría de Desarrollo Social, 2014).

Así las cosas, México tiene en la presente Iniciativa una ventana de oportunidad para que los emprendedores puedan estar mejor preparados en las habilidades gerenciales desde la Sociedad Civil.

III. Razón de pedir

De este modo, el objetivo de la iniciativa consiste en considerar la capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales, otorgada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, como una actividad de fomento por el Gobierno Federal.

IV. Cuadro comparativo

Texto Vigente

Texto Iniciativa

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I a XVIII

(…)

XIX. Las que determinen otras leyes.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I a XVIII

(…)

XIX. capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales; y

XX. Las que determinen otras leyes.

Actualmente, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil establece que, el fomento de acciones para mejorar la economía popular (sic), es una de las actividades susceptibles de fomento por parte del Gobierno Federal.

En el marco jurídico nacional no se establece definición alguna del término economía popular; sin embargo, para José Luis Coraggio, la economía popular está conformada por la economía de los trabajadores, quienes por un lado, trabajan para: 1) la producción de bienes y servicios para su venta, a cambio de un salario y 2) la producción de satisfactores de consumo doméstico:

La economía de los trabajadores, es decir, de aquellos miembros de la sociedad cuyas unidades domésticas dependen de la realización de sus capacidades de trabajo para obtener su sustento, fundamentalmente combinando trabajo para la producción de satisfactores de consumo doméstico con trabajo para producir bienes y servicios para la venta en el mercado y con trabajo organizado por patrones que contratan a los trabajadores como fuerza de trabajo por un salario (Coraggio, 2010)

En este sentido y, ante la ausencia de una definición de la expresión economía popular, actualmente la Ley fomenta acciones que mejoren la economía de los trabajadores; mientras, la presente iniciativa se orienta al beneficio de la población en general que sea atendida por las OSC´s.

Otra actividad que dispone la Ley, para ser fomentada por parte del Gobierno Federal, es la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

En este sentido, la iniciativa se orienta a promover la capacitación y no la educación. En tanto la capacitación es un conjunto de acciones dirigidas a preparar a una persona para ejecutar y desarrollar una tarea, por medio de dotar mayores conocimientos para desarrollar o adquirir mejores destrezas o habilidades, la educación es un proceso de largo alcance que consiste en la transmisión de conocimientos que facilitan nuevos aprendizajes (Psicología y Empresa, 2011).

Con acciones legislativas como la presente, el emprendimiento de mercado y el emprendimiento social pueden encontrar, en los esfuerzos cívicos, con el respaldo gubernamental, oportunidades de detonación para bien de México. Estado, Sociedad y Mercado multiplicando las posibilidades de desarrollo económico y social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5º de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 5º de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, recorriéndose la numeración, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. al XVIII.

(…)

XIX. capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo
Referencias

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Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. New York, Estados Unidos de Norteamérica.
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Centro de Noticias ONU. (20 de Octubre de 2016). Organización de las Naciones Unidas. Recuperado el 11 de Mayo de 2017, de http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36103#.WRSaLNI1_IU
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Coraggio, J. L. (12 de Noviembre de 2010). Portal de Economía Solidaria. Obtenido de Economía Social y Solidaria:
http://www.economiasolidaria.org/documentos/economia_social_y_solidaria_jose_luis_coraggio
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/04/2014
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Morales Nájar, I. (2011). Las Pymes en México, entre la creación fallida y la destrucción creadora. Economía Informa ,
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Torres, R. (07 de Septiembre de 2016). Prevén hasta 50,000 preliberaciones. El Economista, págs.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/07/preven-hasta-50000-preliberaciones.
Vargas Hernández, I. (2013). MÉXICO: MUCHOS EMPRENDEDORES, POCO APOYO. Expansión,
http://expansion.mx/mi-carrera/2013/08/05/mexico-muchos-emprendedores-poco-apoyo.

El INEGI presenta información de las personas y los hogares clasificándoles de acurdo a la combinación de las características sociodemográficas delos habitantes de las viviendas y las características físicas y equipamiento de la misma, agrupándolas en Alto, Medio alto, Medio bajo y Bajo, con base a 24 indicadores seleccionados y construidos con información del XII Censo General de Población y vivienda el INEGI presenta información 2000

http://www.nafintecapacita.com/suite/index.php?c=welcome&m=login

http://www.dgcft.sems.gob.mx/archivo_s/Programa%20Emprendedores%20de%20la%20DGCFT.pdf

Así tenemos que, por ejemplo, para 2016 el costo del curso de Mercadotecnia en la micro y pequeña empresa era de $100 pesos en el Estado de Hidalgo mientras que en el estado de Morelos tenía un costo $232.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 33 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 33 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a partir de este momento “la Financiera”, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

La ley orgánica de dicho organismo establece que, para el cumplimiento de dicho objeto, éste otorgará crédito de manera sustentable, prestará servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales y apoyará a ambos en actividades de capacitación y asesoría para la mejor utilización de sus recursos crediticios.

Aunado a lo anterior, la Financiera también podrá realizar las operaciones siguientes:

• Otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural e indígena;

• Ejecutar los programas específicos en materia de financiamiento rural, en los que se podrán incluir programas de tasas preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el apoyo de diversos proyectos vinculados con el objeto de la Financiera;

• Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y el financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural e indígena en las distintas zonas del país y que propicien en desarrollo sustentable de cada región, estando facultada para administrarlos y canalizarlos, así como operar con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales los programas que se celebren con las instituciones mencionadas, siempre y cuando no generen pasivo alguno a la Financiera, y

• Coordinarse, en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo que cuenten con programas orientados al desarrollo tecnológico y capacitados del medio rural e indígena.

La institución bancaria de segundo piso a que hacemos referencia surgió en 2003 con el nombre de Financiera Rural, a fin de sustituir al Sistema Banrural y proceder a la liquidación de las trece sociedades nacionales de crédito que conformaban al mismo y desde entonces se ha consolidado como un instrumento útil para hacer llegar los recursos necesarios para promover el desarrollo del sector agropecuario y la justicia social.

Los resultados obtenidos por la Financiera durante el último año constituyen una prueba fehaciente de la vocación de servicio que posee la actual administración con respecto a los productores del país y muestra de ello son los siguientes datos y cifras contenidos en el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto:1

• De enero a junio de 2016 se otorgaron créditos por 25,827 millones de pesos, lo cual representó un incremento real de 2.7%, respecto del mismo periodo de 2015, en beneficio de 254,548 productores rurales del país, distribuidos en 1,572 municipios en el territorio nacional.

• Al cierre de junio de 2016, se registró un saldo de crédito directo e inducido por 41,841 millones de pesos, 16.8% superior a lo observado en junio de 2015.

• Se otorgó financiamiento a 9,821 clientes nuevos, de los cuales 13 son empresas de intermediación financiera y el resto fueron clientes directos.

• En materia de cobertura en municipios considerados con un alto y muy alto grado de marginación, se otorgó financiamiento en 368 municipios con estas características por 1,734.9 millones de pesos, en beneficio de 32,376 productores.

• En atención a grupos vulnerables, otorgó financiamiento por 992.7 millones de pesos a regiones predominantemente indígenas, lo cual representó un incremento real de 9.2% con relación a igual lapso de 2015.

• Para el segmento de pequeños productores la FND otorgó tasas de interés de 7% para hombres y 6.5% para las pequeñas productoras rurales.

• El financiamiento destinado a promover la inversión en equipamiento e infraestructura se ubicó de enero a junio de 2016, en 5,208.8 millones de pesos, representando el 20.2% de la colocación total, cifra que representó un crecimiento real de 9.9% respecto de enero a junio de 2015.

• Desde que se anunció el Programa de Financiamiento a Productores del Sector Primario de la Financiera, en agosto de 2014, y al 31 de junio de 2016, se apoyaron 101,372 pequeños productores con 41,414 millones de pesos. Cabe mencionar que el 25% son mujeres.

• A través del Programa de Pequeños Productores se otorgaron créditos hasta por 230 mil pesos, con tasas menores de 10% y preferenciales para mujeres, los cuales no requirieron de garantía real y se redujeron los requisitos en 40 por ciento.

A las buenas cuentas entregadas por la Financiera podrían sumarse nuevas medidas que mejorasen la atención al público usuario, esto en virtud de que, en lo relativo a la extinción de obligaciones a cargo de los deudores, ésta suele hacerse constar en ocasiones con cierta lentitud, lo que provoca molestias innecesarias a quienes, a pesar de haber solventado en su totalidad las cargas que les fueron impuestas por virtud del otorgamiento de un crédito, no pueden acreditar dicho cumplimento.

Creemos que la solución a dicha problemática no tiene por qué ser complicada, toda vez que la tecnología permite que una tarea como la aquí propuesta sea realizada con relativa facilidad, y es el caso que la propia ley cuya reforma se pretende contempla en su artículo 18 la utilización de medios electrónicos para el procesamiento de datos, por lo que las bases para arribar al fin deseado están establecidas, quedando sólo por establecer en la norma la obligación de proceder con prontitud en dichos casos, a efecto de otorgar seguridad jurídica a los clientes de la Financiera.

Es por esto que se propone la reforma al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a efecto de establecer que dicho organismo podrá pactar la celebración de sus operaciones mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar que, en el caso de la extinción de obligaciones como consecuencia del pago o cumplimiento, se procurará que los medios por los cuales se haga constar ésta privilegien la rapidez en el flujo de información, a efecto de liberar con prontitud de cualquier carga a los deudores.

También se sugiere una reforma al artículo 33 del ordenamiento de mérito, a efecto de establecer que el Consejo Directivo de la Financiera tendrá como atribución indelegable aprobar los lineamientos del Comité de Operación para la pronta acreditación de finiquitos de los préstamos o créditos otorgados.

Finalmente, se propone establecer en el artículo 39 que el Comité de Operación tenga como una de sus facultades someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el pronto acreditamiento del finiquito de los préstamos o créditos.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 18.- La Financiera podrá pactar la celebración de sus operaciones mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones de que se trate.

 

 

 

 

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo, se sujetarán a las reglas de carácter general que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Banco de México para regular las operaciones que efectúe la Financiera relacionadas con los sistemas de pagos y las transferencias de fondos, en términos de su ley.

Artículo 18.- La Financiera podrá pactar la celebración de sus operaciones mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones cuya prestación se pacte;

 

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones de que se trate.

En el caso de la extinción de obligaciones como consecuencia del pago o cumplimiento, se procurará que los medios por los cuales se haga constar ésta privilegien la rapidez en el flujo de información, a efecto de liberar con prontitud de cualquier carga a los deudores.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo, se sujetarán a las reglas de carácter general que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Banco de México para regular las operaciones que efectúe la Financiera relacionadas con los sistemas de pagos y las transferencias de fondos, en términos de su ley.

Artículo 33.- El Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como la demás normatividad necesaria para el funcionamiento de la Financiera, a propuesta del Director General;

II. Aprobar el programa institucional de la Financiera;

III. Aprobar anualmente sus estimaciones de ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de gastos e inversión, así como los requerimientos de transferencias o subsidios de la Financiera, los cuales deberán ser sometidos a consideración del Ejecutivo Federal;

IV. Establecer el porcentaje respecto del promedio anual del saldo de la cartera crediticia del año anterior para el gasto de administración y operación, procurando en el mediano plazo la autosuficiencia financiera de la Entidad;

V. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la Financiera y autorizar la publicación de los mismos;
VI. Definir la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio, atendiendo a los rendimientos que el propio Consejo Directivo acuerde como objetivo;

VII. Constituir los comités de Operación, de Crédito, de Administración Integral de Riesgos, el de Recursos Humanos y de Desarrollo Institucional de la Financiera, así como los demás que considere necesarios;

VIII. Dictar las reglas de operación para el funcionamiento de los comités señalados en la fracción anterior, así como aprobar los informes que éstos presenten;

IX. Nombrar al Secretario y Prosecretario del Consejo, a propuesta del Presidente del Consejo, de entre los servidores públicos de la Financiera;

X. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Financiera que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél y a los titulares de las coordinaciones regionales;

XI. Determinar a los intermediarios, distintos a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a las sociedades financieras populares, a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito, para ser considerados como Intermediarios Financieros Rurales;

XII. Aprobar los lineamientos del Comité de Operación para el otorgamiento de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven;

XIII. (DEROGADA)

XIV. Autorizar el otorgamiento de préstamos o créditos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9 de esta Ley;

XV. Aprobar los montos globales de préstamos o créditos a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, las instancias que deban autorizar dichos préstamos o créditos y la cantidad máxima que corresponda otorgar a cada instancia;
XVI. Aprobar los lineamientos del Comité de Operación para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera;

XVII. Autorizar la aplicación de las reservas que constituya la Financiera;

XVIII. Determinar las políticas generales para la aplicación y, en su caso, enajenación, de los bienes que la Financiera reciba en pago por las operaciones que celebre;

XIX. Autorizar las políticas para la celebración de fideicomisos, mandatos y comisiones relacionados con el objeto de la Financiera;

XX. Aprobar los lineamientos conforme a los cuales la Financiera apoye actividades de capacitación y asesoría a los Productores, para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como a los que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales;

XXI. Aprobar las políticas generales y autorizar la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de colaboración con los sectores social y privado, para los efectos de su objeto;

XXII. Aprobar las reglas de operación de los programas que en materia de financiamiento rural se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXIII. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de coordinaciones regionales y agencias en el territorio nacional, a propuesta del Director General, conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de esta Ley;

XXIV. Autorizar, a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucional y sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la Administración Pública Federal, la estructura orgánica básica, niveles de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el ámbito financiero; políticas de ascensos y promociones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; y las demás prestaciones económicas establecidas en beneficio de los trabajadores de la Financiera;

XXV. Aprobar las reglas de operación del fondo a que se refiere el último párrafo del artículo 22 de esta Ley, a propuesta del Director General;

XXVI. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Financiera requiera para el cumplimiento de su objeto, así como las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que la Financiera deba celebrar con terceros en estas materias, de conformidad con las normas aplicables; así como aprobar las políticas y bases generales a las que deberá sujetarse la contratación de los servicios que requiera la Financiera para realizar las operaciones y servicios previstos en el artículo 7o. de esta ley;

XXVII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes semestrales que rinda el Director General, con la intervención que corresponda a los comisarios;

XXVIII. Conocer y resolver aquellos asuntos que someta a su consideración el Director General;

 

XXIX. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten, y

XXX. Las demás que esta Ley señala.

Artículo 33.- El Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como la demás normatividad necesaria para el funcionamiento de la Financiera, a propuesta del Director General;

II. Aprobar el programa institucional de la Financiera;

III. Aprobar anualmente sus estimaciones de ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de gastos e inversión, así como los requerimientos de transferencias o subsidios de la Financiera, los cuales deberán ser sometidos a consideración del Ejecutivo Federal;

 

IV. Establecer el porcentaje respecto del promedio anual del saldo de la cartera crediticia del año anterior para el gasto de administración y operación, procurando en el mediano plazo la autosuficiencia financiera de la Entidad;

V. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la Financiera y autorizar la publicación de los mismos;
VI. Definir la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio, atendiendo a los rendimientos que el propio Consejo Directivo acuerde como objetivo;

VII. Constituir los comités de Operación, de Crédito, de Administración Integral de Riesgos, el de Recursos Humanos y de Desarrollo Institucional de la Financiera, así como los demás que considere necesarios;

 

VIII. Dictar las reglas de operación para el funcionamiento de los comités señalados en la fracción anterior, así como aprobar los informes que éstos presenten;

IX. Nombrar al Secretario y Prosecretario del Consejo, a propuesta del Presidente del Consejo, de entre los servidores públicos de la Financiera;

X. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Financiera que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél y a los titulares de las coordinaciones regionales;

XI. Determinar a los intermediarios, distintos a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a las sociedades financieras populares, a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito, para ser considerados como Intermediarios Financieros Rurales;

XII. Aprobar los lineamientos del Comité de Operación para el otorgamiento de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven;

XIII. (DEROGADA)

XIV. Autorizar el otorgamiento de préstamos o créditos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9 de esta Ley;

 

XV. Aprobar los montos globales de préstamos o créditos a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, las instancias que deban autorizar dichos préstamos o créditos y la cantidad máxima que corresponda otorgar a cada instancia;

XVI. Aprobar los lineamientos del Comité de Operación para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas, quebrantos y pronta acreditación de finiquitos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera;

XVII. Autorizar la aplicación de las reservas que constituya la Financiera;

XVIII. Determinar las políticas generales para la aplicación y, en su caso, enajenación, de los bienes que la Financiera reciba en pago por las operaciones que celebre;

 

XIX. Autorizar las políticas para la celebración de fideicomisos, mandatos y comisiones relacionados con el objeto de la Financiera;

 

XX. Aprobar los lineamientos conforme a los cuales la Financiera apoye actividades de capacitación y asesoría a los Productores, para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como a los que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales;

XXI. Aprobar las políticas generales y autorizar la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de colaboración con los sectores social y privado, para los efectos de su objeto;

 

XXII. Aprobar las reglas de operación de los programas que en materia de financiamiento rural se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

 

XXIII. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de coordinaciones regionales y agencias en el territorio nacional, a propuesta del Director General, conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de esta Ley;

 

XXIV. Autorizar, a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucional y sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la Administración Pública Federal, la estructura orgánica básica, niveles de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el ámbito financiero; políticas de ascensos y promociones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; y las demás prestaciones económicas establecidas en beneficio de los trabajadores de la Financiera;

 

 

XXV. Aprobar las reglas de operación del fondo a que se refiere el último párrafo del artículo 22 de esta Ley, a propuesta del Director General;

XXVI. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Financiera requiera para el cumplimiento de su objeto, así como las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que la Financiera deba celebrar con terceros en estas materias, de conformidad con las normas aplicables; así como aprobar las políticas y bases generales a las que deberá sujetarse la contratación de los servicios que requiera la Financiera para realizar las operaciones y servicios previstos en el artículo 7o. de esta ley;

 

XXVII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes semestrales que rinda el Director General, con la intervención que corresponda a los comisarios;

XXVIII. Conocer y resolver aquellos asuntos que someta a su consideración el Director General;

 

XXIX. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten, y

 

XXX. Las demás que esta Ley señala.

Artículo 39.- El Comité de Operación tendrá las facultades siguientes:

I. Someter a consideración y aprobación del Consejo la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, tasas de interés, plazos, garantías, riesgos de las operaciones y tipos de negocio y demás características de las operaciones de la Financiera;
II. Someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el otorgamiento de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven;

III. Someter a consideración y aprobación del Consejo los montos globales de préstamos o créditos a Intermediarios Financieros Rurales, así como los lineamientos para el otorgamiento de dichos préstamos o créditos;

IV. Aprobar la reestructuración de créditos otorgados por la Financiera cuya instancia de autorización del crédito original hubiesen sido las instancias locales en las Coordinaciones Regionales o el Comité de Crédito y opinar en las reestructuras de los préstamos o créditos que hubiesen sido autorizados por el Consejo;

V. Proponer al Consejo los lineamientos para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera, y

 

VI. Las demás que determine esta Ley, el Estatuto Orgánico y el Consejo.

Artículo 39.- El Comité de Operación tendrá las facultades siguientes:

I. Someter a consideración y aprobación del Consejo la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, tasas de interés, plazos, garantías, riesgos de las operaciones y tipos de negocio y demás características de las operaciones de la Financiera;

II. Someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el otorgamiento y pronto acreditamiento del finiquito de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven;

III. Someter a consideración y aprobación del Consejo los montos globales de préstamos o créditos a Intermediarios Financieros Rurales, así como los lineamientos para el otorgamiento de dichos préstamos o créditos;

 

IV. Aprobar la reestructuración de créditos otorgados por la Financiera cuya instancia de autorización del crédito original hubiesen sido las instancias locales en las Coordinaciones Regionales o el Comité de Crédito y opinar en las reestructuras de los préstamos o créditos que hubiesen sido autorizados por el Consejo;

 

V. Proponer al Consejo los lineamientos para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera, y

 

VI. Las demás que determine esta Ley, el Estatuto Orgánico y el Consejo.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 18, 33 y 39 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para quedar como sigue:

“Artículo 18.- La Financiera podrá pactar la celebración de sus operaciones mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

“I. … y “II. …

“III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones de que se trate.

“En el caso de la extinción de obligaciones como consecuencia del pago o cumplimiento, se procurará que los medios por los cuales se haga constar ésta privilegien la rapidez en el flujo de información, a efecto de liberar con prontitud de cualquier carga a los deudores.
“…

“…

“…

“Artículo 33.- El Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

“I. … a “XV. … 

“XVI. Aprobar los lineamientos del Comité de Operación para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas, quebrantos y pronta acreditación de finiquitos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera;

“XVII. … a “XXX. …

“Artículo 39.- El Comité de Operación tendrá las facultades siguientes:

“I. …

“II. Someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el otorgamiento y pronto acreditamiento del finiquito de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven;

“III. … a “VI. …”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: https://framework-gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG_Escrito_27_08_16_COMPLETO.pdf





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Ávila Serna y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada MARÍA ÁVILA SERNA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) deben ser un tema de gran interés y de profundo estudio. En la presente iniciativa se trata de abordar la actual problemática social y jurídica que se vive con el contagio de enfermedades de transmisión sexual en nuestro país y a nivel mundial.

En nuestra sociedad aún existen ciertos tabúes relacionados al tema de la sexualidad, por increíble que parezca, hoy en día todavía se dificulta hablar abiertamente del tema por relacionarlo con algo malo, vergonzoso o prohibido, generando con ello que siga aumentando la desinformación al respecto.

La importancia y relevancia de tratar el tema del “Peligro de Contagio” encuadrado en el artículo 199 BIS del Código Penal Federal, surge de la situación que vive nuestra sociedad, debido a que un gran número de personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas de las consecuencias y efectos de las enfermedades transmitidas sexualmente, debiéndose someter a tratamientos muy específicos, dependiendo el tipo de enfermedad de que se trate, ya que para el caso de que la enfermedad sea incurable, cambia totalmente el panorama, pues además de lo mencionado anteriormente, los tratamientos pueden ser de por vida o incluso inaccesibles para muchas personas debido a la carga que para los sistemas de salud representa.

Muchas incógnitas sobre las ETS han sido solucionadas por la ciencia, no obstante, una buena parte de la población a nivel mundial, continúa desconociendo tales enfermedades, la ignorancia acerca de cuáles son las vías de contagio más peligrosas, las posibles consecuencias de las mismas y las acciones y medidas a tomar en caso de ser contagiado.

La intención de esta iniciativa es desmitificar tales enfermedades, situándolas en su contexto, no de enfermedades “vergonzosas”, sino de enfermedades transmisibles como lo son muchas otras, señalando la enorme diferencia que existe entre una enfermedad curable de una incurable, eso sí, ligados a una actividad que por sí misma permite prevenirlas y actuar eficazmente contra su propagación y ello contribuirá a sentirnos y hacernos más libres.

Clásicamente se han denominado siempre bajo el término de enfermedades venéreas a las infecciones que se adquieren como consecuencia del acto sexual.

Durante mucho tiempo se creyó que todas las dolencias en los genitales se debían a una sola enfermedad general, estas enfermedades se trasmiten generalmente durante el intercambio sexual debido a la preselección de sus gérmenes por los tejidos genitales y urinarios.

Por todo ello, se cree más oportuno, usar el término de enfermedades de transmisión sexual, ya que esta denominación refleja de forma más clara y concreta su mecanismo de contagio, siendo mucho más amplio, puesto que todas pueden incluirse dentro de éste, aunque sean producidas por gérmenes muy diferentes.

Así pues, hay que tener presente que las relaciones sexuales no sólo existen, en un coito o relación genital, sino que existen también las relaciones oro-genitales, ano-genitales y otras muchas variedades, junto con diferentes preliminares del acto sexual en sí mismo.

Por ello, el riesgo aumenta con el descuido y la falta de responsabilidad hacia el propio enfermo y el entorno de personas con las que mantenga relaciones sexuales. En efecto, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual pueden tener consecuencias graves, en el caso de las mujeres embarazadas no sólo para el enfermo, sino también para el ser que lleva en su vientre, ya que puede ser contagiado en el momento del parto o inclusive antes de nacer.

Existe un tratamiento distinto y adecuado para cada enfermedad, según el estado evolutivo en que se encuentre, por ello, es imprescindible dar la importancia precisa a todas y cada una de las enfermedades de transmisión sexual y aplicar el medicamento necesario en cada caso.

En muchas ocasiones, este tipo de enfermedades son transmitidas por ignorancia o descuido, sin embargo, y por desgracia, existen otros casos, en los cuales la persona, al saberse infectada de una enfermedad de transmisión sexual, dolosamente sostiene relaciones sexuales sin protección y con toda la intención de transmitirla a otra u otras personas.

Esta clase de conducta encuadra en el delito referente a peligro de contagio. Desafortunadamente, las víctimas no denuncian por miedo o vergüenza a ser juzgados por la sociedad.

Consideramos urgente que se amplíen y robustezcan las campañas de información y prevención, así como también, exhortar a que se denuncie a la persona que, a sabiendas de que padece una enfermedad de transmisión sexual, actúa con dolo para propagar la misma y poner en riesgo la salud o incluso la vida de otra persona.

La importancia de reformar el artículo 199 BIS del Código Penal Federal, además de penalizar el peligro de contagio y el contagio en sí, cuando la transmisión se dio por medio de engaño, es decir, si la persona conocía su estado de salud, pero aseguró no tener enfermedad alguna y tampoco hizo lo posible por utilizar métodos de protección, recae en enfatizar la abismal diferencia que existe entre enfermedades curables, incurables, e incurables altamente mortales.

Existen enfermedades causadas por virus, bacterias u hongos, muchas de ellas curables; como ejemplo de lo anterior podemos mencionar el herpes genital, el cual es incurable, pudiendo manifestar brotes en diferentes periodos espaciados, incluso por años, pero si es tratado con el medicamento adecuado es perfectamente controlable. No es el caso de la transmisión del virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH, el cual, a pesar de que tiene un periodo de incubación (a veces de años) y un tratamiento que puede lograr que la persona lleve una vida normal, es altamente peligroso y mortal, pues se trata de una enfermedad que además de ser incurable es crónico-degenerativa.

A lo anterior se debe agregar que en el segundo supuesto la persona requiere de cuidados específicos y de un tratamiento de por vida, el cual tiene un costo muy alto y resulta incosteable para alguien con un sueldo mínimo y que no está afiliado a un sistema de seguridad social, situación que pone en riesgo la subsistencia.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo Único.- Se reforma el artículo 199 BIS del Código Penal Federal, para quedar como a continuación se presenta:

CAPÍTULO II
Del peligro de contagio

Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y hasta 100 días de multa.

En caso de que la enfermedad sea incurable y con alto índice de mortalidad se impondrá pena de 1 a 10 años y hasta 500 días de multa.

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz De León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que 182,400 refugiados han huido del Norte de Centroamérica en 2016. Únicamente en México, más de 16,000 niñas y niños no acompañados fueron detenidos por las autoridades migratorias en ese mismo año.1 Este flujo masivo de refugiados centroamericanos en los últimos años ha significado un gran reto para las autoridades en los países de asilo, especialmente en México. Las solicitudes de asilo han aumentado en más de 1,000 % desde 2011.2

Estas cifras coinciden con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también resalta que la mayoría de las solicitudes provienen del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH manifestó:

Actualmente el continente americano enfrenta una de sus principales crisis humanitarias de refugiados y para nosotros desde la CIDH es sumamente preocupante ver como la respuesta de algunos Estados es estigmatizar como criminales a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como recurrir al uso generalizado de redadas, detención migratoria y deportaciones sumarias”. 3

Del año 2015 al 2016, las solicitudes de asilo presentadas ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGComar) pasaron de 3,424 a 8,781, y el incremento promedio anual de las mismas ha sido de casi el 90 por ciento.4

La Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Derechos Humanos y su Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, elaboró el informe: “La interpretación y aplicación del derecho internacional y nacional de los refugiados en México. Análisis de las resoluciones de primera instancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados”, mismo que se enfoca  principalmente en las y los refugiados que huyen de El Salvador, Guatemala y Honduras, centroamericanos que abandonan sus países de origen por salvaguardar su vida, seguridad o libertad. De acuerdo con este informe:

Los principales motivos por los cuales miles de hombres, mujeres, niños/as y personas LGBTI están huyendo de Centroamérica ante el riesgo de sufrir un atentado a su vida, libertad o seguridad están asociados a amenazas y actos de violencia cometidos en su contra o en contra de sus familiares por parte de pandillas y maras”.

“En ocasiones convergen estos motivos con otros de carácter económico o laboral, lo cual demuestra la complejidad de la migración y la posibilidad de convergencia de un migrante y un refugiado en una misma persona, sin que por ello se le deba excluir de recibir protección internacional”. 5

El jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, señaló:

"Centroamérica es la región más violenta del mundo. Aunque la tasa de homicidios bajó el año pasado en relación al 2015 las cifras siguen siendo altísimas porque se producen situaciones en las que se provocan tantos muertos como los principales conflictos bélicos en el mundo, a excepción de Siria".6

Todo lo anterior indica que la situación de violencia y descomposición del tejido social en la región, añadido a otros movimientos de migrantes extra-continentales, continuará resultando en un alto índice de migración de tránsito por el territorio mexicano. Estas personas que en su mayoría intentarán trasladarse hacia los Estados Unidos de América, representan una crisis humanitaria ante la cual México debe tomar medidas que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria.  

II. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) los extranjeros que están en situación irregular en el país son particularmente vulnerables a la discriminación, por una parte porque se tiene la falsa percepción de que pierden sus derechos al viajar sin documentos, y por otra parte porque cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con delincuentes, integrantes de grupos delictivos, alta peligrosidad y violencia. La discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acoso y malos tratos en situaciones de detención, además de verse orillados al trabajo doméstico clandestino, la prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas en las operaciones de trata d personas.7

Lo anterior hace necesario establecer de forma clara un espíritu de no discriminación en la Ley, de manera que de forma explícita se manifieste la intención de que ninguna persona sea discriminada por su situación migratoria.

Adicionalmente, la discriminación por motivos de orientación sexual continúa siendo una de las razones por las que algunas personas deciden migrar, sin embargo muchas de estas personas continúan experimentando situaciones de discriminación y violencia en México. En los últimos tres años, al menos 202 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en México por crímenes presuntamente motivados por la orientación sexual o la identidad o expresión de género de las víctimas, de acuerdo con un reporte de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C.8 Igualmente, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, indicó que el 70 por ciento de la población menciona que en México no se respetan los derechos de los homosexuales, mientras que 4 de cada 10 se oponían a convivir con personas gay en sus hogares.9

Lo anterior representa un ambiente hostil para una comunidad ya de por si vulnerable por su condición de migrante. Como lo indica Gabriela Hernández de Casa Tochán, un albergue en la Ciudad de México, estos migrantes huyen de la violencia y las precariedades de sus países, pero se encuentran con que no pueden conseguir un empleo formal por su estatus migratorio y porque son discriminados por su orientación sexual.10

Por su parte, Gloria Careaga, directora general de la Fundación Arcoíris, cuestiona el tipo de políticas públicas que se han elaborado en torno a la migración y advirtió, que en muchas ocasiones, no se toma en cuenta que las personas migrantes también viven su sexualidad, y en ciertos casos, la orientación sexual o la identidad de género son determinantes para que una persona busque un lugar en el que haya espacios de libertad para desarrollarse.11

Estas condiciones hacen necesario que las políticas públicas consideren los retos y riesgos que sufren las personas migrantes de distintas orientaciones sexuales, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos y su dignidad.

III. Desde la implementación del Plan Frontera Sur se han multiplicado los retenes y controles migratorios, situación que obliga a los migrantes a elegir rutas más peligrosas. Una travesía a pie que puede durar entre 2 y 7 días, donde tienen que enfrentar a grupos delictivos y todo tipo de violencia, incluyendo la violencia sexual. Continuamente están expuestos a robos, abusos, violaciones, secuestros y el riesgo de morir o desaparecer en manos de organizaciones criminales. De acuerdo con una encuesta realizada por Médicos Sin Fronteras en 2015, 2 de cada 3 migrantes y refugiados reportaron haber sido objeto de alguna forma de violencia.12

Según Carla Denti, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en México:

 “A partir del 2015 esta población puede solicitar su registro temporal en el Seguro Popular mexicano, sin embargo, desde nuestra experiencia en el terreno, nos sigue pareciendo preocupante la falta de acceso a la salud para esta población, muchas veces dificultado por el desconocimiento del personal sanitario sobre la obligación de brindar esta atención o por la falta de recursos. La mayoría de nuestros pacientes prefieren no solicitar atención médica por miedo por a ser deportados o denunciados”.

Uno de los principales casos señalados es el de las mujeres víctimas de violencia sexual para quienes es crucial contar con acceso oportuno a tratamientos de emergencia. Aunque las normas sanitarias mexicanas contemplan estos casos como una urgencia médica, en la práctica las mujeres migrantes encaran una serie de obstáculos, incluida la discriminación y otros abusos.13 En este sentido, según un estudio de la misma organización, el 68 por ciento de los migrantes y refugiados que viajaban a Estados Unidos confesaron haber sido víctimas de la violencia durante la ruta por México, y un 59 por ciento de los migrantes que fueron víctimas de violencia, no solicitó atención médica debido: “a cuestiones de seguridad, al temor a represalias o al miedo a ser deportados”.14

IV. En marzo del presente año el ACNUR y el Gobierno mexicano se comprometieron a continuar los trabajos de protección e integración de personas refugiadas, así como a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales y municipales, y a estrechar lazos con organizaciones civiles,15 y se asumió igualmente el compromiso de difundir en la región mayor información sobre los procedimientos para solicitar refugio en México.16

El acceso de los migrantes a la protección internacional mediante instrumentos como el asilo y refugio deben formar parte de las políticas de protección que México brinde a todos los extranjeros que se encuentran en su territorio, tanto como parte de los compromisos internacionales asumidos, como de nuestra corresponsabilidad con el fenómeno migratorio.

En este sentido, es también imperativo que todas las acciones realizadas por funcionarios gubernamentales se lleven a cabo con respeto al principio de reciprocidad internacional, donde se procura que México ofrezca “un trato semejante al que recibe de él (otro Estado), con base en la cooperación internacional”.17

Además de los elementos antes expuestos, consideramos necesario garantizar que las personas a quienes se les otorga un estatus permanente para residir dentro del territorio mexicano, tengan acceso a las garantías y derechos establecidos en las leyes. En este sentido, el Articulo 54 de la Ley de Migración debe ser claro en cuanto al derecho que dichas personas tienen de trabajar a cambio de una remuneración. De la misma manera, planteamos una serie de modificaciones para preservar la unidad familiar de los migrantes.

Mediante la presente iniciativa buscamos fortalecer el marco de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas sin importar su estatus migratorio, así como fortalecer los mecanismos de integración de los migrantes.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:

Ley de Migración

Texto Vigente

Iniciativa

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección, de contribución al desarrollo nacional, salvaguardando los  derechos humanos de todas las personas independientemente de su situación migratoria, preservando la soberanía y la seguridad nacional.

Artículo 2. […]

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

 

 

 

 

 

 

 

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

 

[…]

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

 

[…]

Artículo 2. […]

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia, edad, situación migratoria u otra condición social, cultural u económica, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Las faltas migratorias serán consideradas faltas administrativas.
Sociabilización de los derechos y deberes promulgados en la presente ley, en especial de aquellos que involucren a instituciones del gobierno y sus funciones.

Promoción del dialogo y acciones que fortalezcan el reconocimiento de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior independientemente de su situación migratoria.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio, independientemente de su situación migratoria.

[…]

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio que favorezcan el dialogo y la búsqueda de soluciones conjuntas entre los Estados involucrados. 

[…]

Artículo 7. […]

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.

Artículo 7. […]

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley. El incumplimiento a la disposición anterior por parte de cualquier autoridad será sancionado de acuerdo a la legislación penal vigente.

Artículo 8. […]

[…]

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

 

[…]

Artículo 8. […]

[…]

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. La falta de atención será causa de responsabilidad administrativa o en su caso penal.

[…]

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

[…]

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos y otras aplicables, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

[…]

Artículo 14. […]

[…]

[…]

No tiene correlativo.

Artículo 14. […]

[…]

[…]

En todos los casos anteriores el migrante debe ser informado de la posibilidad de obtener asistencia consular por parte de la representación consular de su país en caso de estar disponible en el territorio mexicano.

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VII. […]

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

IX. a  X. […]

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VII. […]

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes gubernamentales que se encuentren en territorio nacional;

IX. a  X. […]

Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y cooperará para llevar a cabo las indagaciones correspondientes que determinen si los mismos requieren de protección complementaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Artículo 54. […]

I. a VII. […]

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes permanentes tendrán la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

[…]

[…]

Artículo 54. […]

I. a VII. […]

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes permanentes tendrán derecho a obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

 

[…]

[…]

Artículo 55. […]

I. a V. […]

No tiene correlativo.

 

[…]

Artículo 55. […]

I. a V. […]

VI. Cualquier otro niño, niña y adolecente que se encuentre bajo su tutela o custodia.

[…]

Artículo 56. […]

I. a VI. […]

VII. No tiene correlativo.

Artículo 56. […]

I. a VI. […]

VII. Cualquier otro niño, niña y adolecente que se encuentre bajo su tutela o custodia.

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de:

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;

 

II. a VI. […]

Artículo 69. En el caso de los migrantes que son presentados por encontrarse en situación migratoria irregular en el país, las autoridades migratorias estarán obligadas a proporcionarles información acerca de:

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, incluidos el derecho de solicitar asilo o refugio en los casos que aplique;

II. a VI. […]

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

 

[…]

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio y a ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

[…]

Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares o alrededores donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades.

De acuerdo con la costumbre internacional, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio.

Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades, en función al principio de reciprocidad.

De acuerdo con la costumbre internacional y en función al principio de reciprocidad, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio.

Artículo 99. […]

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.

Artículo 99. […]

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno y donde debe ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella.

Artículo 107. […]

I. a VII. […]

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

 

IX. a X. […]

[…]

Artículo 107. […]

I. a VII. […]

VIII. Permitir el acceso a personas de su confianza, y sin restricción alguna a representantes legales y la asistencia consular;

IX. a X. […]

[…]

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1, el tercer, cuarto y sexto párrafo del artículo 2, el segundo párrafo del artículo 7, el tercer párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 11, la fracción VIII del artículo 20, el artículo 50, el segundo párrafo del artículo 54, el primer párrafo y fracción I del artículo 69, el primer párrafo del artículo 70, el artículo 76, el primer y segundo párrafo del artículo 85, el segundo párrafo del artículo 99, la fracción VIII del artículo 107, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 2, un cuarto párrafo al artículo 14, una fracción VI al artículo 55, una fracción VII al artículo 56, todos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección, de contribución al desarrollo nacional, salvaguardando los  derechos humanos de todas las personas independientemente de su situación migratoria, preservando la soberanía y la seguridad nacional.

Artículo 2. […]

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia, edad, situación migratoria u otra condición social, cultural u económica, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Las faltas migratorias serán consideradas faltas administrativas.

Sociabilización de los derechos y deberes promulgados en la presente ley, en especial de aquellos que involucren a instituciones del gobierno y sus funciones.

Promoción del dialogo y acciones que fortalezcan el reconocimiento de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior independientemente de su situación migratoria.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio, independientemente de su situación migratoria.

[…]

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio que favorezcan el dialogo y la búsqueda de soluciones conjuntas entre los Estados involucrados. 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Artículo 7. […]

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley. El incumplimiento a la disposición anterior por parte de cualquier autoridad será sancionado de acuerdo a la legislación penal vigente.

Artículo 8. […]

[…]

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. La falta de atención será causa de responsabilidad administrativa o en su caso penal.

[…]

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos y otras aplicables, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

[…]

Artículo 14. […]

[…]

[…]

En todos los casos anteriores el migrante debe ser informado de la posibilidad de obtener asistencia consular por parte de la representación consular de su país en caso de estar disponible en el territorio mexicano.

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VII. […]

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes gubernamentales que se encuentren en territorio nacional;

I. a VII. […]

Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y cooperará para llevar a cabo las indagaciones correspondientes que determinen si los mismos requieren de protección complementaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Artículo 54. […]

I. a VII. […]

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes permanentes tendrán derecho a obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

[…]

[…]

Artículo 55. …

I. a V. […]

VI. Cualquier otro niño, niña y adolecente que se encuentre bajo su tutela o custodia.

[…]

Artículo 56. […]

I. a VI. […]

VII. Cualquier otro niño, niña y adolecente que se encuentre bajo su tutela o custodia.

Artículo 69. En el caso de los migrantes que son presentados por encontrarse en situación migratoria irregular en el país, las autoridades migratorias estarán obligadas a proporcionarles información acerca de:

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, incluidos el derecho de solicitar asilo o refugio en los casos que aplique;

II. a VI. […]

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio y a ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

[…]

Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares o alrededores donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades, en función al principio de reciprocidad.

De acuerdo con la costumbre internacional y en función al principio de reciprocidad, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio.

Artículo 99. […]

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno y donde debe ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella.

Artículo 107. […]

I. a VII. […]

VIII. Permitir el acceso a personas de su confianza, y sin restricción alguna a representantes legales y la asistencia consular;

IX. a X. […]

[…]

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Se necesita ayuda urgente para los niños y niñas que huyen de Centroamérica”, ACNUR, 31-05-2017, recuperado de: http://www.acnur.org/noticias/noticia/se-necesita-ayuda-urgente-para-los-ninos-y-ninas-que-huyen-de-centroamerica/

2 Ídem.

3 “CIDH saluda avances para la protección de personas solicitantes de asilo y refugiados en México”, OAS, 13-06-2017, recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/075.asp

4 “Aumentan casi 150% solicitudes de asilo en México en un año”, IBERO, 01-06-2017, recuperado de:
http://ibero.mx/prensa/aumentan-casi-150-solicitudes-de-asilo-en-mexico-en-un-ano

5 “La interpretación y aplicación del derecho internacional y nacional de los refugiados en México”, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 01-06-2017,  recuperado de:
http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/ibero/pdh/la-interpretacion-aplicacion-del-derecho.pdf

6 “Centroamérica es la región más violenta del mundo jefe de Cruz Roja”, La Prensa Gráfica, 04-06-2017, recuperado de: http://www.laprensagrafica.com/2017/06/04/centroamerica-es-la-region-mas-violenta-del-mundo-jefe-de-cruz-roja

7 “Discriminación Migrantes y Refugiados”, CONAPRED,  recuperado de:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=115&id_opcion=43&op=43

8 “En sólo tres años fueron asesinadas 202 personas LGBT en el país: Letra Ese”, Proceso, 17-05-2017, recuperado de: http://www.proceso.com.mx/486873/en-solo-tres-anos-fueron-asesinadas-202-personas-lgbt-en-el-pais-letra-ese

9 “Homofobia, violencia latente”, ADN40, 18-04-2017, recuperado de:
http://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-04-18-13-33/homofobia--violencia-latente/

10 “Discriminación ha originado migración de LGBTTI a CDMX”, La Jornada, 15-12-2016, recuperado de:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/discriminacion-ha-originado-migracion-de-lgbtti-a-cdmx

11 “Elaboran guías de apoyo para migrantes LGBTI en Ciudad de México”, Letraese, 12-01-2017, recuperado de: http://www.letraese.org.mx/elaboran-guias-de-apoyo-para-migrantes-lgbti-en-ciudad-de-mexico/

12 “El peligro de atravesar México”, Animal Político, 22-12-2016, recuperado de:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-msf/2016/12/22/migrantes-peligro-mexico/

13 Ídem.

14 “MSF: El 31% de las migrantes que pasan por México dice haber sufrido violencia sexual aquí”, Sin Embargo, 12-05-2017, recuperado de: http://www.sinembargo.mx/12-05-2017/3215099

15 “México y ACNUR fortalecen cooperación en materia de protección internacional”, Agencia EFE, 11-03-2017, recuperado de: http://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-y-acnur-fortalecen-cooperacion-en-materia-de-proteccion-internacional/50000545-3204485

16 Ídem

17 “Principio de Reciprocidad Internacional”, gob.mx, recuperado de: http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/principio-de-reciprocidad-internacional






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES)

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, agregando las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI, así como un último párrafo; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 18 junio de 2008, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.´

Tan trascendental reforma, buscó transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorio-adversarial.

Con fecha 17 de julio de 2013, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que facultaba al Congreso de la Unión a expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales.

El 5 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 73, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación Única en Materia Procedimental Penal, Ejecución de Sanciones y Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias.

El objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales, según lo señala su propio dictamen, es establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Asimismo, establecer lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.

Todo lo anterior, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Es decir, como lo estipula la página oficial del Gobierno de la República, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un ordenamiento legal de carácter adjetivo, que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país.

Antes de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, existían treinta y cuatro códigos procesales penales distintos, treinta y dos locales, más el federal y el militar. Todos ellos diversos e incluso contradictorios.

Con la reforma, por tanto, se buscó la uniformidad y una mayor coordinación y profesionalización entre las autoridades.

En tal tesitura, es de entenderse, que el Código Nacional de Procedimientos Penales se convirtió en la herramienta fundamental para la puesta en marcha de la reforma constitucional que tuvo sus orígenes en 2008.

Señala la Lic. Mónica Daniela Velázquez Hernández, en su ensayo intitulado DELITOS GRAVES EN EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES:

“El Código Nacional de Procedimientos Penales, persigue objetivos claros como lo es lograr que la impartición de justicia sea justa y económica así como la aplicación del principio pro homine. Sin embargo, bajo estos objetivos es posible encontrar inconvenientes en la aplicación del mismo; ejemplo de ello es la poca claridad y con ello la falta de certeza en la determinación de los delitos graves.

 Consecuentemente la prisión preventiva se vuelve aún más compleja cuando menciona que será oficiosa para delitos graves, pero no hay, como sí lo había en el Código Federal de Procedimiento Penales ahora abrogado, un catálogo de delitos graves que no deje a la interpretación del juez la procedencia obligatoria de dicha medida cautelar en la comisión de estos delitos. Y es que, pareciera ser que la importancia de definir cuáles son los delitos graves y cuáles no, deriva de saber en qué casos se va a llevar el proceso bajo prisión preventiva, por lo tanto pierde relevancia en el momento en el que esta deja de ser la medida cautelar prioritaria, ahora, se deberá elegir entre varias de estas medidas y optar por la más conveniente para la situación del imputado y conforme a la condiciones de ejecución de una conducta presuntamente delictiva, dejando como última opción la mencionada prisión preventiva…”

Ello significa, que no establecimos un catálogo minucioso de conductas atípicas consideradas graves, como en el anterior Código Federal de Procedimientos Penales, en específico en su numeral 194, al considerar que afectaban de manera importante, valores fundamentales para la sociedad.

Con la entrada en vigor de estas reformas, nos hemos percatado que existen una serie de delitos que nos lastiman y laceran más que otros y cuya percepción social es, que en caso de que fueran castigados de forma más severa, habría mayor seguridad.

En resumen, la sociedad está demandado que proceda la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en ciertos delitos que actualmente no se encuentran contemplados y que hacen sentir, que vivimos inmersos en la opacidad, corrupción e impunidad.

El ataque frontal y decidido que el Gobierno de la República ha puesto en marcha contra la delincuencia organizada, ha provocado que estos modernicen su armamento e incrementen su campo de acción.

Actualmente, la delincuencia organizada ha diversificado su catálogo de actividades, interviniendo en delitos como robo con violencia, trata de blancas o tráfico de personas, homicidios de alto impacto, sustracción y robo de hidrocarburos, secuestros y portación, transmisión, compra, posesión, acopio e introducción al territorio nacional, de armas de fuego, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Por ello, es menester ampliar el catálogo de delitos que ameritan que quienes los cometan, afronten su proceso en reclusión; ya que tales conductas amenazan no solo la seguridad de los ciudadanos comunes, sino que son un peligro para la seguridad nacional.

Igualmente, los delitos cometidos por servidores públicos, como enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho, son una burla para la sociedad; por lo que no pueden quedar impunes ni afrontarse desde la comodidad del hogar.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, claramente establece en su artículo 47 primer párrafo, en relación con el numeral 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, principios sobre los que debe regirse el actuar de todo aquel que ocupa un cargo en la administración pública, y entre otros  destacan los de honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad y profesionalismo.

Cuando no lo hacemos así, el pueblo no los demanda. Incluso, por ello el que mediante otra iniciativa, la suscrita haya propuesto reformas a los artículos 94 y 127 de la Constitución Federal, ya que es una vergüenza que haya funcionarios públicos, como los Ministros de la Corte, que reciban medio millón de pesos en emolumentos al mes.

En resumen, la reforma propuesta resulta necesaria, pues se impediría que quienes han sido procesados por tales delitos, siguieran en libertad, frenando toda posibilidad de que puedan cometer más transgresiones legales; sirviéndose incluso de sus propios ilícitos, lo que sin duda inhibiría la actividad delictiva.

Tal medida, no violenta su derecho a un proceso justo e imparcial, puesto que siguen gozando de las prerrogativas previstas en el diverso 20 apartados A y B de la Constitución Federal.

Así mismo, continúan siendo presuntos inocentes y cuentan con la seguridad de una defensa eficaz; garantizándose así, un bien superior tutelado, que es el de la colectividad.

Actualmente, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula:

“Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.”

En corolario, se propone reformar el párrafo tercero del numeral 167 de la normatividad mencionada, agregar las fracciones XII, XIII, XIV, XV, y XVI, así como adicionar un último párrafo; de la siguiente manera:

“El…

En…

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, sustracción y robo de hidrocarburos, portación, transmisión, compra, posesión, acopio e introducción al territorio nacional de armas de fuego, explosivos, municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional,  así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las…

La…

Se…

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. El cohecho, previsto en el artículo 222; en sus fracciones I a la III incisos a) y b),

XIII. El Peculado, previsto en el artículo 223; en sus fracciones I a la IV,

XIV. El enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224;

XV. El robo de hidrocarburos, previsto en el artículo 368 quater;

XVI. Los previstos en los artículos 160, 161 y 162.

A solicitud del Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control, ordenará la prisión preventiva oficiosa, en cualquiera de los supuestos provistos en los artículos 81, 82, 83, 83 BIS, 83 TER, 83 QUAT, 83 QUINTUS, 84, 84 BIS PRIMER PARRAFO, 85, 85 BIS, 86 y 87 FRACCION IV, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional en su artículo 73, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su tercer párrafo, se agregan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, y XVI, así como se adiciona un último párrafo; que subsistirá de la siguiente manera:

“Articulo 167. Causas de Procedencia.

“El…

En…

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, sustracción y robo de hidrocarburos, portación, transmisión, compra, posesión, acopio e introducción al territorio nacional de armas de fuego, explosivos, municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional,  así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las…

La…

Se…

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. El cohecho, previsto en el artículo 222; en sus fracciones I a la III incisos a) y b),

XIII. El Peculado, previsto en el artículo 223; en sus fracciones I a la IV,

XIV. El enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224;

XV. El robo de hidrocarburos, previsto en el artículo 368 quater;

XVI. Los previstos en los artículos 160, 161 y 162.

A solicitud del Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control, ordenará la prisión preventiva oficiosa, en cualquiera de los supuestos provistos en los artículos 81, 82, 83, 83 BIS, 83 TER, 83 QUAT, 83 QUINTUS, 84, 84 BIS PRIMER PARRAFO, 85, 85 BIS, 86 y 87 FRACCION IV, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha dicho con insistencia que la revolución provocada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha venido a transformar de forma radical nuestras vidas, pues gracias a la proliferación de dispositivos que combinan conectividad con movilidad ahora disponemos de un cúmulo de información cuyo procesamiento resulta sumamente complicado. La reiteración con que se ha sostenido esta afirmación no le resta veracidad, pues nunca como ahora había sido posible acceder con tanta rapidez a contenidos generados desde cualquier parte del mundo.

Casi ninguna actividad humana se ha sustraído de este fenómeno y esto ha provocado fenómenos hasta hace poco impensados, los cuales van desde consultar un libro perteneciente al acervo de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, hasta entablar una relación sentimental con una persona cuyo domicilio se encuentra al otro lado del planeta. Obviamente, el comercio no ha sido ajeno a semejante transformación y esto ha resultado en la adquisición de casi cualquier bien o en la contratación de un servicio sin salir de casa, usando para ello una tarjeta de crédito, una tarjeta prepagada o los servicios de una empresa de pagos electrónicos.

La evolución del comercio electrónico en nuestro país ha sido vertiginosa, pues su valor de mercado se ha incrementado de forma estratosférica durante los últimos años, pasando de 24,500 millones de pesos en 2009 a 257 mil millones de pesos en 2015, esto de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Internet. La bonanza que registra esta forma de intercambiar bienes y servicios es tal, que alrededor de siete de cada diez internautas mexicanos realizaron una compra digital entre mayo y julio de 2016,1 situación que se explica a partir de la proliferación de tabletas electrónica y teléfonos inteligentes, cuyo uso combinado ha redundado en un incremento en las ventas.

Cabe señalar que los Estados Unidos de América es el mayor país proveedor de artículos importados hacia México con un 61% del total de las compras, siendo las principales razones para comprar en tiendas internacionales la mayor variedad de oferta y el precio. Las tres categorías más importantes de compras en línea fueron ropa y accesorios, descargas digitales y boletos para eventos. El gasto promedio trimestral en todos los dispositivos y categorías no asociados a viajes fue de 6,535 pesos, aproximadamente 2,178 pesos gastados en línea por mes, lo que implica que el gasto trimestral por comprador se incrementó 17% con respecto al 2015.2

El lado oscuro del comercio electrónico en nuestro país es la piratería, un fenómeno delincuencial que ha venido mutando a la par de los avances tecnológicos, pero que se resiste a morir por virtud de los magros ingresos de muchos mexicanos, la existencia de hábitos de consumo poco solidarios con los creadores e industriales que arriesgan su capital para ofrecer nuevos y mejores productos, la sempiterna ausencia de una cultura de la legalidad y la nula sanción social. Dicho coctel ha hecho de nuestro país un verdadero oasis para la reproducción ilícita de cualquier producto.

De acuerdo con un estudio denominado Reporte Piratería: Entendiendo el mercado “sombra” en México”, elaborado por la American Chamber of Commerce of Mexico y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., en 2014, el mercado de la piratería podría haberle costado al país más de 43 mil millones de pesos, esto sin contar el valor de las incautaciones, las pérdidas en empleos, recaudación y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores. Dicha cantidad dista de ser pequeña, pues representó un 28% más que todo el presupuesto 2015 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 34 veces más que todo el presupuesto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), además de una pérdida recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado. Dicho estudio señala que la pérdida por el consumo de piratería es enorme, pues el equivalente a su estimación para 2014 podría haber financiado a la Universidad Nacional Autónoma de México durante todo un año, e inclusive podría haber pagado dos Instituto Nacional Electoral (INE) en 2015.3

Si bien es cierto el estudio citado en el párrafo precedente señala que resulta menos viable que la piratería penetre cadenas de valor y canales de venta altamente centralizados, como supermercados o tiendas departamentales -a diferencia, por ejemplo, de los mercados y los tianguis, donde el 70% de la población adquiere los productos imitación o pirata-, no podemos dejar de señalar que las autoridades competentes han enderezado recientemente procedimientos dirigidos a emitir declaraciones administrativas para sancionar a aquellas personas que atenten en contra de los derechos de propiedad intelectual e industrial, lo que ha derivado en la imposición de diversas medidas cautelares y sanciones.

Sobre este aspecto cabe recalcar que, de conformidad con el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con atribuciones para imponer medidas precautorias como las que se mencionan a continuación:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de productos;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a la Ley en comento, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley.

Dichas medidas pueden ser ejercidas también por el IMPI por virtud de la comisión de aquellas infracciones en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, agotando para ello el procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, resulta menester señalar que el IMPI solicitó recientemente a una empresa de telecomunicaciones que bloqueara un sitio web de su propiedad que hospedaba en sus servidores, ya que presuntamente violaba derechos de autor de diversas obras, lo que provocó la interposición de un juicio de constitucionalidad, el cual terminó por ser resuelto de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1/2017. Al emitir la sentencia correspondiente, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó otorgar el amparo y protección de la justicia federal toda vez que consideró la medida precautoria como desproporcionada, en virtud de que ordenó el bloqueo absoluto de la página de internet de mérito, cuando en realidad la posible trasgresión a los derechos de autor sólo involucraba a una parte de dicho sitio, lo que, a su consideración, constituyó un atentado en contra de la libertad de expresión de la empresa impetrante del amparo.

Derivado de lo anterior, y a efecto de respetar lo expresado por la Corte en la ejecutoria ya mencionada, lo que se impone es la modificación de la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de impedir que vuelvan a presentarse situaciones como la aquí referida, y evitar así la judicialización excesiva de procedimientos cuyo fin no es otro que proteger los derechos de los creadores frente a terceros que los vulneran.

Es así como presentamos una iniciativa de reforma al artículo 199 bis de la Ley Federal de la Propiedad Industrial, a fin de establecer que, en los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI podrá ordenar el bloqueo de páginas o aplicaciones electrónicas, pero únicamente en aquellas partes o secciones cuyo contenido se presuma que infringe los derechos que protege dicha Ley o, en su caso, los contenidos en la Ley Federal del Derecho de Autor.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 199 BIS. - En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento (sic) destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

 

 

 

 

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Artículo 199 BIS. - En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento (sic) destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

En el caso de productos o servicios que se enajenen a través de páginas o aplicaciones electrónicas, éstas deberán ser bloqueadas únicamente en aquellas partes o secciones cuyo contenido se presume que infringe los derechos que protege esta Ley.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

“Artículo 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

“I.- … a “VI.- …

“…

En el caso de productos o servicios que se enajenen a través de páginas o aplicaciones electrónicas, éstas deberán ser bloqueadas únicamente en aquellas partes o secciones cuyo contenido se presume que infringe los derechos que protege esta Ley.

“…”

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente:
https://amipci.org.mx/images/Estudio_Ecommerce_AMIPCI_2016_by_comScore_
Publica2.pdf, consultada el 15 de julio de 2017 a las 22 horas.

2 Fuente: https://amipci.org.mx/images/Estudio_Ecommerce_AMIPCI_2016_by_comScore_Publica2.pdf

3 Fuente: http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico__1_.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 347 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 349 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María Ávila Serna y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada MARÍA ÁVILA SERNA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 347 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 349 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés común del ser humano es encontrar un equilibrio sano en la convivencia social, en un ámbito de tranquilidad, la premisa consistiría en hacerlo con apego y respeto a las leyes que rigen nuestro país, las cuales buscan salvaguardar la dignidad y derechos humanos que merece todo individuo a lo largo de su vida, incluyendo el proceso y las circunstancias que implica la extinción de la misma.

La intención de esta iniciativa es dirigir y enfocar la urgente atención que requiere el tema del Servicio Médico Forense (SEMEFO), pues no existen, por ejemplo, protocolos de tratamiento y resguardo de información de los cadáveres. Clara muestra de lo anterior, es que la mayoría de los Servicios Médicos Forenses de los diferentes estados de la República presentan muestras de abandono y descuido tanto en sus instalaciones como en sus procedimientos. Por este motivo consideramos preciso la activación del Protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM) en los Servicios Médicos Forenses a nivel nacional, el cual es una herramienta informática que permitirá la identificación de personas desaparecidas. Se trata de la base de datos Ante Mortem y Post Mortem (AM-PM) que fue creada por la Agencia Internacional de Búsqueda, al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuyas licencias de uso del software ha comenzado a entregar el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Lograr sensibilizarnos en este tema traerá como resultado el hacernos conscientes de lo doloroso que es la incertidumbre de no saber sobre el paradero de un ser amado; nadie está exento de vivir una situación así, se puede tratar de un padre o madre de familia, y sustento de la misma, de un hijo, hermano, familiar o amigo, que salió de casa y nunca regresó.

Las deficiencias en la aplicación de los recursos financieros destinados al buen funcionamiento del servicio médico forense con que debe contar cada entidad federativa es una situación que coloca a la población en un estado de vulnerabilidad.

Es de trascendental importancia la creación de una ley de carácter general que obligue a cada estado y sus respectivos municipios al cumplimiento de requisitos, pruebas y protocolos mínimos indispensables en los servicios médicos forenses.

El Estado debe garantizar ese mínimo respeto al tratamiento que se le da a las personas fallecidas, toda vez que al cumplir con los protocolos adecuados se tendrán datos suficientes que pondrán fin a la búsqueda desesperada por parte de los familiares y así darle un poco de descanso a las familias.

En nuestro país hay miles de personas buscando a un ser querido que nunca regresó a casa, paradójicamente, las fosas comunes están al tope, debido a que una gran mayoría de los servicios médicos forenses trabajan en condiciones deplorables, sin respetar requisitos indispensables y la correcta aplicación de protocolos que permitan la posterior identificación de los cadáveres.

De acuerdo a cifras reveladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen más de 28,210 personas no localizadas o desaparecidas en el país incluyendo al fuero común y fuero federal, y resulta imposible saber cuántas de ellas están muertas.

No se cuenta con un banco de datos que pudiera facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, vivas o muertas. México no tiene cifras exactas de las personas que llegaron a un servicio médico forense y no se sabe con precisión si se abrió o no un expediente de identificación, o bien, si los cadáveres terminaron en una fosa común.

El Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha expuesto que en los Servicios Médicos Forenses hay cadáveres que no se identifican correctamente, cadáveres de los que no se tienen registros del ADN, otros que fueron enviados a la fosa común, ya que se carece de un centro de información genética en todo el país. Considera igualmente que factores como la negligencia y falta de interés contribuyen a agravar aún más este serio problema.

De los pocos Servicios Médicos Forenses que se apegan a los protocolos establecidos se puede mencionar al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el cual cuenta con un departamento de identificación, donde a cada cuerpo que no es identificado se le practican pruebas tales como impresión de huellas dactilares, fotografía, muestras genéticas, radiografía dental y estudio antropológico.

Sin embargo, es inverosímil que existiendo los expedientes que contienen los datos antes mencionados, y que se encuentran disponibles para todas las fiscalías o procuradurías del país, éstos no sean consultados.

Según declaraciones del Dr. Felipe Takajashi, Director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, resulta increíble que, a pesar de la cercanía, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México desconozca la cantidad de cadáveres en calidad de no identificados que ingresan en el Servicio Médico Forense del Estado de México, y de igual forma, ellos desconocen los que ingresan al servicio a su cargo.

Esto nos hace darnos cuenta de la magnitud del problema, toda vez que, si fallece alguien en el Estado de Morelos, Chihuahua o Tamaulipas, sólo por citar un ejemplo, y sus cuerpos son reclamados en otra entidad federativa, no existe forma alguna de ubicarlos.

Lo anterior trae como consecuencia que esos cadáveres terminen en una fosa común, debido a que no se les realizaron los protocolos adecuados para su debida identificación, sin importar que haya familiares desesperados buscándolos. El Estado debería tener la obligación de contar con esa información.

El panorama es desalentador pues no hay información homogénea en el país, cuando esto no debería de representar un problema así de grave si se contara con un banco de datos de ADN.

En el año 2011 las procuradurías del país se comprometieron a usar el mismo protocolo para la identificación de cadáveres, sin embargo, al día de hoy sólo cuatro entidades cuentan con dichos mecanismos.

A través de solicitudes de acceso a la información, el Observatorio Nacional Ciudadano documentó cómo trabajan algunos servicios médicos forenses. Los resultados son escalofriantes, ya que van desde los estados que adaptan casas para llevar a cabo las necropsias, otros que utilizan los hospitales civiles, algunos más que lo hacen en panteones y otros casos en donde se creman todos los cuerpos que no son identificados.

Como consecuencia de lo anterior, los Servicios Médicos Forenses trabajan en condiciones insalubres, no cuentan con el personal capacitado, sus cámaras frigoríficas no funcionan bien o incluso tienen cuerpos apilados en calidad de desconocidos y no cuentan ni con los protocolos de identificación ni con el personal suficiente para atenderlos, en algunos de ellos, es el propio personal quien debe llevar su material para poder trabajar, toda vez que la institución no se los proporciona.

En algunos estados el Servicio Médico Forense es administrado por la Secretaría de Salud estatal, como es el caso de Guerrero; en otras entidades federativas están a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia. En este sentido, un primer paso sería homologar la instancia o dependencia que debe estar a cargo de los mismos, así como indagar respecto al uso del presupuesto que tienen asignado, con la finalidad de que mejoren el servicio.

En otro orden de ideas, cabe señalar que en el año 2011 el Comité Internacional de la Cruz Roja ofreció capacitación a instituciones forenses del país, con la intención de lograr el desarrollo y diseño de protocolos que ayudaran a tener entre los estados prácticas estandarizadas, en aras de que éstos manejen un lenguaje común, homologando así los protocolos de identificación, tal y como lo establecen los estándares internacionales de la Cruz Roja.

Derivado de lo anterior, esta noble institución internacional donó a todas las entidades federativas un software denominado Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), el cual es un programa que permite contar con un banco de datos de personas que no fueron identificadas, tener un expediente digital de cada cadáver, huellas dactilares, fotografía, características del lugar de donde fue recogido, trabajo de antropología forense, genética y odontología.

Además, este programa cuenta con un Sistema de Gestión de Información, capaz de resguardar toda la información para que ésta se administre, se organice, se intercambie, se comunique y se ponga al servicio de quien lo necesite.

Como lo señalamos, es lamentable que, a pesar de contar con este programa, sean sólo cuatro entidades federativas las que lo estén utilizando. Por lo tanto, con esta iniciativa buscamos impulsar la reactivación y uso adecuado del software Ante Mortem-Post Mortem para que los servicios médicos forenses de todo el país, funcionen al mismo nivel, a partir de los mismos conocimientos y puedan generar resultados efectivos.

Consideramos que los requisitos mínimos de dignidad y respeto hacia los cadáveres, deben basarse en pruebas específicas llevadas a cabo por un especialista, tales como las mencionadas en el protocolo del software Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), así como de todos los métodos necesarios especializados de genética, fotografía y dactiloscopia.

Respecto al posible impacto presupuestal que pueda tener la implementación del Protocolo del software Ante Mortem-Post Mortem, es importante resaltar que al ser una donación de un organismo internacional no representaría gasto alguno por parte de la federación, estados o municipios.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 347 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 349 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 347 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

LEY GENERAL DE SALUD

CAPÍTULO V
Cadáveres

Artículo 347.- (…)

I. (…)

II. (…)

Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los que se ignore su identidad serán considerados como personas desconocidas, en cuyo caso, el Servicio Médico Forense deberá aplicar lo dispuesto en el protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM).

Artículo 349.- El depósito y manejo de cadáveres deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias que fije la Secretaría de Salud.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales, encargadas del manejo de cadáveres, supervisará que los Servicios Médicos Forenses cumplan con lo establecido en el protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), así como con todos los métodos necesarios especializados de genética, fotografía y dactiloscopia.

La propia Secretaría determinará las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz De León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL D SALUD

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, SILVIA RIVERA CARBAJAL, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El compromiso que tenemos, es garantizar una vida digna para quienes viven de la actividad del campo; los profundos desequilibrios, son un desafío permanente para el gobierno y para nosotros los legisladores.

Referirnos a los productores, es referirnos al motor de desarrollo del campo, a quienes hacen posible que en México se estén produciendo más alimentos para el consumo nacional e incluso para la exportación, proyectando la grandeza del campo mexicano.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como la FAO, recomienda que un país puede al menos generar el 75% de los productores que consume su población; si bien hemos pasado en los últimos años del 60% de producción nacional al 68% de la producción; yo estoy plenamente convencida, que con el apoyo a productores de bajos ingresos, podemos lograr el nivel de producción recomendado por la FAO.

Con los incentivos a pequeños productores, podríamos lograr una alimentación regional e incrementar el número de hectáreas que se cultivan en el país; no es admisible, que con toda la fortaleza que se tiene con la gente del campo, solamente el 11% del territorio nacional, sea tierra cultivable, es decir, solamente 22 millones de hectáreas.

En un contexto en el que lo indispensable es asegurar una mayor producción y una mayor disponibilidad de alimentos, la palabra clave es la equidad social, plasmada en el artículo 25 de nuestra Carta Magna; una palabra clave, que ha sido desdeñada al momento de establecer los criterios que fundamentan el apoyo a los productores; equidad social significa inclusión y para garantizar la productividad es menester contar con productores que sobreviven en municipios de alta y muy alta marginación.

La FAO ha señalado, que para un mayor crecimiento de la productividad agrícola se debe favorecer la participación de los pequeños productores, propiciando su inserción en los mercados locales y regionales.

La reforma planteada tiene sustento en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) el cual se fundamenta en la promoción de un desarrollo equilibrado con equidad social, y precisamente en uno de sus ocho programas: Programa de Apoyo a Pequeños Productores, se focaliza a la población objetivo en los estratos de menores ingresos.

Determinar que la equidad social es un criterio para la distribución de apoyos, es apenas un justo reconocimiento a la gente que todos los días lucha para sobrevivir y generar alimentos.

En la Tierra Caliente, región de Guerrero que represento, los pequeños productores de maíz, melón, sandía, mango, sorgo y una diversidad de alimentos, siguen esperando el cumplimiento del principio básico de equidad social; porque sin inclusión no habrá desarrollo pleno, y de nada servirán las cifras de la macroeconomía, cuando no hay criterios establecidos, donde se especifique de manera puntual, que una de las bases de la distribución es la equidad social que implica el apoyo a productores de bajos ingresos, como lo son los productores de mi región y de muchas regiones del país.

Si la equidad social de acuerdo a la FAO, se refiere al “acceso justo a medios de vida, educación y recursos; a la participación plena en la vida política y cultural de la comunidad; y la autodeterminación para satisfacer las necesidades básicas”, para el campo con mayor razón, la equidad social es el acceso a los programas nacionales que posibiliten la participación y la satisfacción de necesidades  alimentarias básicas.

Tomar en cuenta el grado de marginación de los municipios, es un criterio sólido que tiene sustento en la clasificación que ha realizado el Gobierno Federal, para la toma de decisiones y la Instrumentación de Políticas Públicas.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción al artículo 191  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 191.- Los apoyos que se otorguen a los productores en cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, impulsarán la equidad social, la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector.

...

III. El impulso a la equidad social, privilegiando apoyos destinados a productores de bajos ingresos, en municipios de alta y muy alta marginación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Silvia Rivera Carbajal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, ELVIA GRACIELA PALOMARES RAMÍREZ, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis de seguridad y violencia que prevalece en el país, son motivo tanto para el gobierno como para nosotros los legisladores, de análisis e instrumentación de acciones, que puedan contribuir a disminuir los índices delictivos, los cuales han avanzado en detrimento de la población.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2017, los delitos de alto impacto aumentaron respecto del 2016, los homicidios dolosos se incrementaron en un 29.48%, los homicidios culposos en un 12.57%, los secuestros en un 19.75%, las extorsiones en un 29.55%, los robos con violencia en un 32.31%, los robos de vehículos en un 13.10%, los robos a casa habitación en un 3. 18%, los robos a negocio en un 47.43% y las violaciones en un 5.74%; como se puede constatar, el escenario es difícil y complejo, requiere de diversas acciones para poder enfrentar un problema lacerante para la sociedad.

Y es en este contexto, en el que surge la presente iniciativa; nosotros consideramos que el eje de la seguridad pública es el policía; es la esencia de una transformación positiva en cualquier modelo que se pretenda impulsar. Y siendo el policía el eje sobre el cual orbitan todos los factores de la seguridad pública, resulta indispensable poner atención en el Programa Rector de Profesionalización, garantizando el cumplimiento de sus objetivos.

 De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa Rector de Profesionalización es “el conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las instituciones policiales e instituciones de procuración de justicia”; es el principal instrumento de política pública, para lograr la formación y capacitación de los elementos de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario del país.

El objetivo del Programa Rector de Profesionalización es que los policías desempeñen sus funciones con eficiencia y compromiso hacía las demandas de la sociedad, considerando aspectos de prevención y combate al delito, procuración de justicia, derechos humanos, transparencia y perspectiva de género; por ello se incluyen en este programa, el desarrollo de competencias, la formación de mandos, la vinculación con el servicio profesional de carrera, la formación de un cuerpo docente de profesores altamente capacitados, un modelo pedagógico homologado, un sistema de investigación científica y académica en materia de seguridad pública y un fortalecimiento de las habilidades de los policías.

En la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se actualizó el Programa Rector de Profesionalización para incluir temas como: equidad de género, atención a víctima del delito, sistema de justicia penal, policía cibernética y sistema integral de justicia penal para adolescentes.

Lo que se pretende es un modelo de profesionalización de alcance nacional, cuyos principios y ejes rectores se implementan a través de un programa integral, orientado al desarrollo de elementos altamente capacitados y con firme compromiso con la ciudadanía.

La formación del policía, debe ser el eje para que desempeñen sus funciones con eficacia y compromiso hacía las demandas de la sociedad, considerando aspectos de prevención y combate del delito, procuración de justicia, derechos humanos, apego al sistema de justicia penal y perspectiva de género.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los planes de estudio del Programa Rector de Profesionalización “se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos, estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos”; y a su vez, el artículo 64 del mismo ordenamiento, establece la obligación de los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia a “participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas de clases anuales”.

Como se puede advertir, la profesionalización es la base de la formación y capacitación de los policías, por eso la importancia de establecer en la Ley, que los recursos económicos deban ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Se le debe dar al Programa Rector de Profesionalización, toda la importancia que se merece, es la vía para recuperar la tranquilidad y la seguridad en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras entidades.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 64.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

Los recursos económicos destinados al Programa Rector de Profesionalización, deben ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 23 DE JULIO DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO”

(Presentada por los Senadores Jorge Toledo Luis y Roberto Armando Albores Glason, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la del artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8 numeral 1 y fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la atención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 23 DE JULIO DE CADA AÑO COMO DÍA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una efeméride es un reconocimiento a la labor de una persona o un grupo social por sus notables aportaciones a la sociedad mexicana; esta iniciativa tiene por objeto reconocer a quienes hicieron y hacen posible la formación de miles de jóvenes mexicanos en los institutos tecnológicos regionales y su aportación a la ciencia, la tecnología y al proceso de desarrollo de México.

La educación tecnológica tiene su origen en el deseo de los gobiernos mexicanos por impulsar la independencia tecnológica del país, para generar nuevas tecnologías más acordes con los requerimientos de las regiones y las localidades del país, a fin de impulsar los procesos de desarrollo que aprovechen la inventiva de los tecnólogos mexicanos y su formación en instituciones nacionales de calidad.

Su primer antecedente fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), fundado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río para formar a los profesionales que el país requería, porque era urgente contar con cuadros tanto de obreros (prevocacionales), técnicos (vocacionales) y profesionales (escuelas superiores y nacionales) como capital humano para el necesario desarrollo industrial del país y generar el conocimiento necesario para las labores educativas.1

Desde 1932, el gobierno cardenista trabajaba la idea de estructurar un sistema de enseñanza técnica, pero el proyecto sólo cristalizó hasta 1936 con la creación del IPN, concebido como un motor de desarrollo para impulsar la industrialización del país y brindar alternativas de educación a los sectores sociales más desprotegidos, como su propio lema lo establece: La técnica al servicio de la patria.2

Los siguientes gobiernos revolucionarios profundizaron la industrialización del país, para impulsar un esquema de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, para generar en el país los productos de consumo que la cada vez más creciente población demandaba.

Las restricciones de la Segunda Guerra Mundial crearon las condiciones adecuadas para este proceso que los gobiernos nacionalistas mexicanos aprovecharon e impulsaron. Muy pronto se vio que la institución central, el IPN, no era suficiente para cubrir los requerimientos nacionales, ya fuera para satisfacer la demanda de la educación de las ya emergentes clases medias o para cubrir los requerimientos de las industrias nacionales en términos de personal calificado, técnica y profesionalmente.

Por eso, en 1948 se instalaron los primeros institutos tecnológicos, con su creación en Durango y Chihuahua; tres años después se abrió el de Saltillo, en 1954 el de Ciudad Madero y el de Orizaba, Veracruz, en 1957.3

Eran los años del Desarrollo Estabilizador, cuando comenzaba el proceso urbanizador y la industrialización tomaba vuelo, los hijos de los campesinos dejaban el campo y, junto con los de los obreros, querían estudiar en escuelas superiores, pero sin necesariamente trasladarse a la Ciudad de México, el centro de la educación, especialmente la superior.

En 1958 comenzó el proceso para dar mayor autonomía a los institutos tecnológicos regionales, consolidando la visión de responder a las necesidades del entorno geográfico, social e industrial de las zonas donde se ubicaban. Al año siguiente, los tecnológicos se desincorporan del IPN y se integran directamente a la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).4

Veinte años después, 17 institutos tecnológicos estaban abiertos en 14 estados del país.

Entre 1968 y 1978 se dio otro de los jalones más importantes en la educación tecnológica del país, pues sólo en esos años se fundaron 31 tecnológicos, para llegar a un total de 48 planteles distribuidos en 28 estados de la república.

La idea del gobierno federal en esos años era que los tecnológicos generaran la nueva tecnología que el país requería, una tecnología pensada en dos grandes sentidos: la que serviría para la pequeña y la mediana industria, la de apoyo a campesinos minifundistas y pequeños propietarios, y, por otro lado, la técnica para apoyar a las grandes industrias que se desarrollaban.

Para apoyarlos a los tecnológicos regionales, en esa década se crearon los primeros centros de investigación y apoyo a la educación tecnológica, uno en Querétaro y otro en Celaya, Guanajuato.

A fines de la década, en 1979, se constituyó el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación Técnica (Cosnet) y surgió el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, donde quedaron encuadrados los institutos tecnológicos como parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT).

En la siguiente década se fundaron 12 nuevos tecnológicos y 3 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo. La investigación y los posgrados se impulsaron con gran intensidad en los Centros Regionales de Estudios de Graduados e Investigación Tecnológica (Cregit) en cada uno de los planteles.

En 1990 comenzaron a abrirse los institutos tecnológicos descentralizados, que, a diferencia de los federales, fueron establecidos por iniciativa de los gobiernos de los estados y su financiamiento fue y es con fondos federales, estatales e incluso municipales, y operan con la figura de Organismos Descentralizados del Estado (ODES), aunque su coordinación académica se mantiene centralizada en la SEP.

Ya entrados en el siglo XXI, en 2005, los institutos tecnológicos quedaron encuadrados en la Subsecretaría de Educación Superior, transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).

Nueve años más tarde, después de las grandes reformas estructurales que han cambiado el rumbo del país en este sexenio, buscando atraer mayores inversiones que permitan el impulso económico en las principales áreas de la economía nacional y consolidar la infraestructura de las empresas que se dieron dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 23 de julio de 2014 se creó el Tecnológico Nacional de México (TecNM), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública para sustituir la unidad administrativa encargada de coordinar al subsistema de educación tecnológica superior.5

Este modelo de educación superior tecnológica se creó buscando generar capital humano y conocimientos técnicos para posicionar a México como un lugar atractivo a las inversiones de alta tecnología, a través de la formación de profesionales con conocimientos innovadores y creativos en las áreas de conocimiento como el aeroespacial, energético, automotriz, agroindustrial, tecnologías de la información y comunicaciones, además de ecología y medio ambiente.6

Actualmente, el Tecnológico Nacional de México cuenta con 108 planes de estudio de posgrado de investigación e innovación tecnológica en las diversas áreas de las ingenierías: 11 especializaciones, 63 maestrías, 24 doctorados y 43 planes de estudio de nivel licenciatura, 10 de los cuales se ofrecen en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta.7

Poco a poco, la población egresada de los tecnológicos regionales ha ido creciendo, hasta ocupar uno de los principales sitios de formación de profesionales en tecnología y ciencia. En los primeros años de su creación, los cuatro primeros institutos tecnológicos atendían a una población escolar de mil 795 alumnos, de los cuales mil 688 eran hombres y sólo 107 eran mujeres.

Al concluir el segundo gran ciclo, en 1988, los tecnológicos atendían a una población escolar de 98 mil 310 alumnos y 5 años después a 145 mil 299 alumnos, con una planta docente de 11 mil 229 profesionales y 7 mil 497 empleados como personal de apoyo y asistencia a la educación.

Durante el periodo 2015-2016, los tecnológicos tuvieron una matrícula de 556 mil 270 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal, atendidos por 27 mil 450 profesores.8

Ahora sabemos que el 46 % de los ingenieros mexicanos se  forman en esta noble institución,9 de donde anualmente egresan  60 mil profesionales y el 70 por ciento se colocan en opciones laborales acordes a sus estudios, en los primeros seis meses después de concluir sus estudios.10

Por su parte, el IPN actualmente cuenta con un alto nivel académico, con una matrícula inscrita de más de 150 mil alumnos en sus 271 programas educativos impartidos en 81 unidades académicas, que siguen dando cobijo a los jóvenes de las clases sociales más desprotegidas, aunque los estratos sociales de sus ingresados ha variado sustancialmente en los últimos años.11

Es una institución que sigue siendo líder y vanguardia en la formación de técnicos y profesionales en los campos de la administración, la ciencia, la ingeniería y las nuevas tecnologías.

Como consecuencia de ese liderazgo y para fortalecer el orgullo de pertenecer a esta comunidad académica, desde 1985 se celebra el 21 de mayo como el Día del Politécnico, una fecha instituida por el honorable Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional como la ocasión para conmemorar su creación.12

Como se puede observar, actualmente no es sólo el IPN la institución que forma técnicos y científicos, sino que cada vez es mayor el número de estos profesionales que egresan de los institutos tecnológicos regionales y son ellos quienes están consolidando las micro y pequeñas empresas, además de integrarse a las medianas y grandes empresas que diariamente generan la riqueza a todo lo largo del territorio nacional.

Como lo he mencionado anteriormente, casi la mitad de los ingenieros del país se forman en estos institutos tecnológicos y cada vez son más los profesionales con posgrado que abrevan en sus aulas los conocimientos y el aprendizaje técnico de alto nivel.

Por eso, así como sus antecesores y compañeros en la enseñanza-aprendizaje de la técnica y los egresados del IPN cuentan con un día especial para celebrar sus logros, triunfos y aportes a la sociedad mexicana, es necesario que la comunidad de los institutos tecnológicos, al que orgullosamente pertenezco por ser egresado del Instituto Tecnológico del Istmo, tengan un día para reconocer sus avances, los méritos alcanzados, los conocimientos aportados y sea una forma más para unirlos en el orgullo de pertenecer a una de las comunidades académicas que más aportan a la nación mexicana.

Con base en estas consideraciones, vengo a proponer ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 23 de julio como Día del Tecnológico Nacional de México.

TRANSITORIOS

Primero. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación serán los responsables de organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada con esta efeméride nacional.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/21/930805/dia-instituto-politecnico-nacional.html,
(consultado el 19 de julio de 2017).

2 http://www.universia.net.mx/universidades/instituto-politecnico-nacional/in/30155, (consultado el 19 de julio de 2017).

3 http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica, (consultado el 21 de julio de 2017).

4 Ibid.

5 El decreto establece: Artículo 1o.- Se crea el Tecnológico Nacional de México, en lo sucesivo "EL TECNOLÓGICO", como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión.
"EL TECNOLÓGICO" tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica con los que la Secretaría de Educación Pública, ha venido impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica, en lo sucesivo "LOS INSTITUTOS, UNIDADES Y CENTROS".
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5353459&fecha=23/07/2014, (consultado el 12 de julio de 2017).

6 Ahí se estudia Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Aeronáutica, Electrónica, Eléctrica, Nanotecnología, Mecánica, Electromecánica, Energías Renovables, Petrolera, Geociencias, Sistemas Automotrices, Tecnologías de la Información y Comunicación, Biomédica, Industrias Alimentarias, Ambiental, Sistemas Computacionales, Informática, Gestión Empresarial, e Ingeniería Naval. http://www.tecnm.mx/dgest/el-director-general-se-reune-con-estudiantes-becados-en-espana-dp1, (consultado el 19 de julio de 2017).

7 http://www.itensenada.edu.mx/wp-content/uploads/2017/02/Modelo_Educacion_Distancia_TecNM-220116.pdf, (consultado el 19 de julio de 2017).

8 http://www.itensenada.edu.mx/wp-content/uploads/2017/02/Modelo_Educacion_Distancia_TecNM-220116.pdf, (consultado el 19 de julio de 2017).

9 http://www.italtamirano.edu.mx/index.php/11-avisos/28-un-lugar-para-ti, (consultado el 19 de julio de 2017).

10 http://www.tecnm.mx/dgest/el-director-general-se-reune-con-estudiantes-becados-en-espana-dp1,
(consultado el 19 de julio de 2017).

11 http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/21/930805/dia-instituto-politecnico-nacional.html, (consultado el 19 de julio de 2017).

12 http://www.jornada.unam.mx/2005/05/23/index.php?section=opinion&article=020a1pol, (consultado el 19 de julio de 2017).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de establecer la prohibición del uso de mototaxis en el servicio de transporte público, que presenta el Diputado OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, del grupo parlamentario del PRD.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todos los días circulan en varias entidades del país miles de mototaxis que dan servicio de transporte público de manera ilegal en nuestras ciudades provocando accidentes, poniendo en riesgo la seguridad del entorno en el que transitan y comprometiendo la integridad física de los usuarios y de quienes transitan a su alrededor pues este tipo de vehi?culos automotores no son adecuados para el transporte de pasajeros ni cuentan con las mínimas medidas de seguridad.

En las ciudades de nuestro país, este tipo de transporte irregular se ha ido reproduciendo exponencialmente y con ello también se han reproducido todas las prácticas perniciosas que conlleva una actividad que se realiza al margen de la Ley.

Adicionalmente, quienes prestan el servicio de transporte con vehículos automotores de tres ruedas no son sometidos a ningún proceso de evaluación y los conductores circulan sin licencia de manejo, en medio de una total anarquía, desconociendo el reglamento de tránsito, invadiendo los espacios públicos o conduciendo en sentido contrario, todo lo cual representa un riesgo para la población. Es por eso que he decidido presentar esta iniciativa para establecer en el Código Penal Federal una serie de sanciones para impedir que siga creciendo este tipo de transporte informal.

ARGUMENTOS

El sistema de transporte público colectivo al que debemos aspirar debe garantizar en primer lugar la seguridad de los pasajeros. Nosotros debemos apostar por un servicio que sea eficiente y de calidad, que abone en un nuevo modelo de movilidad y que cuente con garantías mínimas para brindar protección a los usuarios en caso de accidentes.

El uso de mototaxis representa un riesgo tanto para el conductor como para los usuarios y el propio entorno en el cual circulan porque el vehículo automotor de tres ruedas es altamente inestable y no cuenta con una estructura sólida que garantice la protección de las personas que lo utilizan, por lo tanto no sería correcto plantear ningún tipo de reglamentación para dar viabilidad a este tipo de vehículos como un medio de transporte de pasajeros válido porque sería irresponsable regular una actividad que sabemos que tiene un alto riesgo para la vida de las personas.

Existen muchas experiencias internacionales respecto a la utilización de este tipo de transporte y los resultados que han tenido no han sido favorables porque en general han impactado negativamente en los índices de accidentes viales y en países como Colombia este tipo de actividad está relacionada con la delincuencia.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Primero.- Se adiciona el artículo 171 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 171 Bis.- Al que realice actividades de transporte ilegal de pasajeros con vehículos automotores de tres ruedas, se le impondrá una multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y la remisión del vehículo al depósito.

Segundo.- Se adiciona la fracción VI al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. - V. (…)

VI.- Cuando se encuentren prestando el servicio de transporte de pasajeros en vehículos automotores de tres ruedas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Omar Ortega Álvarez.






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se expresan condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el incidente ocurrido en San Antonio, Texas, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia y protección consular a las víctimas y a sus familiares. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 23 de julio se encontró en la comunidad de San Antonio, Texas, Estados Unidos un camión de remolque abandonado en el estacionamiento de una tienda comercial, en su interior se encontraban hacinados migrantes indocumentados en  condiciones críticas debido a las altas temperaturas, provocando hasta el momento el deceso de 10 personas, de las cuales cuatro son de nacionalidad mexicana, 29 sobrevivientes fueron hospitalizados, de ellos 21 personas son también mexicanos, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La muerte de las diez personas se debió al aumento de las temperaturas al interior del camión, la cual pudo haber llegado a los 65 grados, 15 de las personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico por daño cerebral ocasionado por la exposición al calor, la falta de oxígeno y deshidratación.

El Gobierno mexicano, a través de un comunicado de la SRE reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales. Además, informó que el Consulado General de México en San Antonio tomó las acciones necesarias para brindar asistencia y protección consular a las víctimas y familiares de los connacionales identificados.

Se anunció que el Consulado continuará trabajando conjuntamente con las autoridades locales y federales a fin de identificar la nacionalidad de todas las víctimas.

El tráfico de migrantes es uno de los negocios ilícitos más rentables para el crimen organizado en todo el mundo. Los migrantes se encuentran vulnerables a la explotación y al abuso, máxime cuando se trata de mujeres y niños; también, pone en riesgo su salud e inclusive su propia vida.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las ganancias directas e indirectas resultes del tráfico ilícito de migrantes en México podrían llegar a ser de aproximadamente 6 mil 600 millones de dólares al año.

México, como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes ha condenado estos crímenes y emprendido acciones para combatir las redes de tráfico de migrantes.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, condenamos el tráfico de migrantes y el crimen organizado en todas sus expresiones, lamentamos este penoso incidente y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, exhortamos respetuosamente a la SRE a que continúe con su labor de protección y asistencia para las víctimas y a sus familiares, particularmente en los asuntos relacionados con la repatriación de los restos y la protección de los derechos humanos de los sobrevivientes.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de laRepública expresa sus sinceras condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el incidente ocurrido en San Antonio, Texas, y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de sus atribuciones, brinde la asistencia y protección consular a las víctimas y a sus familiares.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente.






Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora emprenda acciones, en coordinación con los gobiernos municipales, para fortalecer la seguridad pública a fin de restablecer la paz social y salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EMPRENDA ACCIONES EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA A FIN DE RESTABLECER LA PAZ SOCIAL Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SONORENSES, ANTE EL AUMENTO DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y ROBOS CON VIOLENCIA; ADEMÁS SE SOLICITA SE CONVOQUE A LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y A LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA PARA CONTRIBUIR CON ACCIONES QUE PERMITAN EVITAR EL DESBORDAMIENTO DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE SONORA, PARTICULARMENTE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General del Sistema de Seguridad Pública, establece en su artículo segundo que: “La seguridad es una función pública a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado..”

Esta función a la que hace referencia el citado artículo, se desarrolla a través de un conjunto de políticas, mecanismos, estrategias y acciones que hacen propicio el mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad de la ciudadanía, dentro del Estado de Derecho.

Durante los últimos meses valientes voces han denunciado el aumento de ilícitos en el Estado de Sonora, delitos que han vulnerado la seguridad, tranquilidad y patrimonio de la población y que dejan de manifiesto poca efectividad en las tareas de seguridad instrumentada por el gobierno del estado para prevenir y sancionar dichas conductas.

El alza de la incidencia delictiva ha descompuesto la histórica tranquilidad en el Estado de Sonora, lo que se ilustra como una alza preocupante en los índices de de delincuencia. Para dimensionar la problemática, se realizó una revisión a los datos que proporciona el portal electrónico del Sistema Nacional de Seguridad, que comprende el primer semestre de 2015 comparado con el mismo periodo de 2016, se dieron 519 robos con violencia lo que representa 241% más que en 2015, 196 robos con violencia a casa habitación, 460% más respecto a 2015, 347 robos con violencia a casa habitación, 148 robos sin violencia a casa habitación, lo que significa 164% más respecto a 2015, 1447 incidencias bajo el concepto de otros delitos, lo que significa 37% más.

Además de las cifras señaladas a nivel estatal, existe la preocupación particular por los acontecimientos en el municipio de Cajeme, en donde la falta de seguridad ya representa un problema que a decir de los habitantes, esta situación ya está de control.

Entre los delitos que ejemplifican el grado de inseguridad en Cajeme, por citar algunos, están los siguientes:

• Miércoles 5 de julio, 2017. Se suscita agresión en contra de 2 mujeres y tres menores de edad, en donde 1 mujer muere y dos niñas de 3 y 4 años de edad respectivamente.

• Desde el año de 2015 la Red Feminista de Sonora ha solicitado se reconozca en el municipio de Cajeme y conjuntamente en el Estado de Sonora, la Alerta de Genero; se tiene un registro de 33 feminicidios. Ante esta solicitud, la respuesta de la autoridad ha sido nula.

• Jueves 6 de julio, 2017. Se lleva a cabo un debate entre el Diputado Federal, Abel Murrieta Gutiérrez y Rodolfo Montes de Oca Mena, titular de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Fiscal. El Diputado Federal reconoce que todas las autoridades en Sonora federal, estatal y municipal, están rebasadas.

• Viernes 7 de julio, 2017. El alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez reconoce que la seguridad en Cajeme fue rebasada.

De acuerdo con el Diagnóstico Integral 2016, realizado en el marco del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia, por la Secretaria de Gobernación, en el Estado, 65.3% de las mujeres ha sido víctima de al menos un incidente de violencia. Así, la entidad encabeza el primer lugar en cuanto a violencia física y emocional hacia el género femenino a nivel nacional, 65.3% y 83.5% respectivamente.

Además resulta conveniente señalar que en dicho documento se indica que en Hermosillo influye la falta de comunicación entre la juventud y los tutores, no existen correctivos ante bajas calificaciones y prevalece la necesidad de trabajar razón por la cual abandonan los estudios.

En el municipio de Cajeme, se reporta la existencia de pandillas dentro y fuera de las escuelas, las riñas, el acoso y los asaltos que comenten estas pandillas incrementan la deserción escolar, además de que el estudio señala alta facilidad para adquirir marihuana dentro de los planteles de educación.

Es de resaltar que Hermosillo se tiene registro de alta incidencia delictiva y violencia en zonas públicas según los datos de la Secretaría de Gobernación, en donde fueron identificados 42 pandillas que su mera presencia incentivan practicas antisociales.

Además de ello la Secretaría de Gobernación indicó que los municipios con mayor incidencia delictiva y de feminicidios son Cajeme, con el 33% y Hermosillo con el 11%.

Sin duda alguna la seguridad en Cajeme es ya una preocupación para las familias que habitan esta comunidad y para los demás habitantes de zonas aledañas por el efecto que pueda ocasionar; los índices de delitos para este municipio señalan lo siguiente:

DATOS DE INDICE DE DELITOS        

                                          2016        2017

ROBO A COMERCIO
ENERO                             38             74
FEBRERO                         45             47
MARZO                             38             53
ABRIL                                20             40

ROBO A DOMICILIO
ENERO                             16             63
FEBRERO                        15             47
MARZO                            15             68
ABRIL                               15             67

HOMICIDIO ENTRE GRUPOS DOLOSOS

ENERO                             6             20
FEBRERO                        14             21
MARZO                              6             14
ABRIL                               13            19
JUN                                                   21
JUL                                   10             09

Extraoficialmente, se tienen cifras que ilustra que en lo que va del presente año, se tiene una suma de 127 asesinatos y en tanto el robo de vehículos son 261 vehículos robados contra 232 del año pasado lo que representa un incremente de 12.5%.

Cabe señalar que la presente administración estatal trabaja en un proyecto denominado C5 del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo Coordinación e Inteligencia, mismo que pretende ser replicado en diversos municipios en el estado de Sonora y con el que se pretende vigilar a los delincuentes a través de la instalación de tres mil cámaras de seguridad y arcos carreteros en el Estado; lo anterior en cumplimiento al ofrecimiento que hiciera la actual administración en materia de seguridad presentado como “decálogo de acciones para desarrollar en la presente administración estatal”, en dicho rubro contenido en el punto cuatro, se señala:

“Seguridad: hacer un centro C5 (coordinación, comando, control, comunicaciones y computo) y crear la universidad estatal contra el crimen, para profesionalizar a todos los agentes de seguridad, desde policías y mandos, hasta peritos e investigadores.”

Lo anterior, sin lugar a dudas, representa una buena intención, pero no ataca directamente la situación y crecimiento de la incidencia delictiva que se vive en el Estado de Sonora, el aumento de estos ilícitos demanda el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, por ello se deben realizar tareas inmediatas y coordinadas para palear el alza en el índice de delitos, y salvaguardar la tranquilidad e integridad de los sonorenses.

Así, ante el incremento de la incidencia delictiva registrada en diversos municipios del Estado de Sonora en los últimos días, es urgente que el gobierno estatal y las distintas instancias de gobierno asuman su responsabilidad en las tareas de seguridad que les corresponde cumplir, por lo cual es fundamental que se fortalezca la coordinación entre las autoridades estatales con las fuerzas federales, siempre con el apoyo de la denuncia ciudadana anónima que permita coadyuvar en las tareas de investigación para ubicar a los responsables de los actos delictivos y con ello disminuir los índices delictivos que perturban la tranquilidad de las familias.

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a las exigencias de los sonorenses que piden soluciones ante la ola de inseguridad pública y con la finalidad de que puedan vivir sin temor  a sufrir algún daño en su integridad personal, en la de sus familias o en su patrimonio, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Gobernadora del Estado de Sonora para que en apego a sus atribuciones legales y en coordinación con los gobiernos municipales, emprenda acciones para fortalecer la seguridad pública a fin de restablecer la paz social y salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente el Gobierno del Estado de Sonora a convocar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno y a la representación ciudadana para contribuir desde el ámbito de sus funciones, con acciones que permitan evitar el desbordamiento de la violencia en el Estado de Sonora, particularmente en el municipio de Cajeme y que esta alcance los niveles que se observan en otras entidades.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal a implementar una estrategia de seguridad que permita restablecer la paz social, la seguridad y la integridad de las personas  en el Estado de Sonora.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Sonora a que informe detalladamente a la brevedad, la estrategia de seguridad que ha empleado para erradicar el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia en el municipio de Cajeme.

Quinto. La Comisión  Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a que  informe a esta soberanía, los mecanismos a través de los cuales se capacitó a los impartidores de justicia en materia de violencia de género con el objeto de saber si las investigaciones por la comisión de estos delitos se investigan con debida diligencia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a resolver la grave crisis económica y social por la que atraviesa el Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Dr. Guillermo Zárate Mijangos”. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Enrique Zamora Morlet y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la implementación de un operativo permanente de seguridad en el municipio de Tapachula, Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.








De los Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales, Sandra Luz Falcón Venegas, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, emprender diversas acciones relacionadas con el percance ocurrido en la vialidad denominada “Paso Exprés de Cuernavaca”, en el estado de Morelos. Se turna a la Tercera Comisión.

Los y las que suscriben, Diputada ROCÍO NAHLE GARCÍA, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, Diputada SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS, Diputada BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, Diputada CONCEPCIÓN VILLA GONZÁLEZ y el Diputado RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, integrantes del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 12 de julio de 2017, cerca de las 5:00 horas, ocurrió un accidente en el tramo carretero denominado “Paso Exprés de Cuernavaca”, en el estado de Morelos, en el que lamentablemente dos personas fallecieron al caer su vehículo en un socavón de más de 12 metros de profundidad.

2. El accidente ocurrió en una de las carreteras de reciente inauguración y promoción por parte del Ejecutivo Federal, la cual pretendía cumplir con los objetivo de reducir los tiempos de recorrido de los tránsitos de largo itinerario y locales, así como de los costos de operación vehiculares; de separar el tránsito de largo itinerario respecto del tránsito local, agilizar el flujo vehicular y mejorar las condiciones de operación y seguridad para los usuarios del libramiento; así como el de eliminar congestionamientos vehiculares en una ruta considerada como conflictiva.

3. Sin embargo, desde la adjudicación hasta su construcción e inauguración, dicha obra estuvo enmarcada en un contexto de probables actos de corrupción y desvío de recursos públicos, los cuales fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión que dicho órgano hizo a la cuenta pública correspondiente al año 2015. En dicha evaluación, el órgano fiscalizador observó que en el proceso de licitación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014, el Centro SCT Morelos omitió requerir y cerciorarse de que las empresas constructoras adquirieran una póliza de seguro por daños a terceros.

4. De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación estimó que la dependencia federal incurrió en acciones que representaron posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal por más de 265 millones de pesos por pagos indebidos, al tiempo que identifió pagos anticipados por más de 31 millones pesos por conceptos de pago de obra que no se realizaron en el periodo estimado, puesto que de acuerdo con  reportes disponibles, al momento de supervisar la obra en cuestión no existían avances en la ejecución de los trabajos con cargo en el contrato de obra pública.

5. Asimismo, el órgano fiscalizador federal determinó que en el marco del proceso de ejecución de la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó a la empresa contratista para que efectuara modificaciones al proyecto original tales como el cambio de estructura de los pavimentos de base y carpeta de concreto asfáltico por base estabilizada con cemento portland y carpeta de concreto hidráulico. Sin embargo, la Auditoría verificó que no se contó con la aprobación y autorización de las áreas responsables de su realización, lo cual trajo como consecuencia la reducción y empobrecimiento de características técnicas esenciales de la obra que aseguraran su seguridad y calidad. 

6. De acuerdo con las primeras versiones en torno a las posibles causas que derivaron en el accidente en el que dos personas perdieron la vida, el daño a la vialidad se produjo como consecuencia de una serie de irregularidades derivadas de la falta de reforzamiento de las obras de drenaje, las cuales se acrecentaron frente a las constantes lluvias de los últimos días que, en conjunto, derivaron en el surgimiento de un socavón de más de 12 metros de profunidad. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló en diversos medios de comunicación que dicho accidente había sido provocado por la acumulación de basura, en una clara intención de minimizar las irregularidades identificadas y dadas a conocer tanto por la Auditoria Superior de la Federación, así como por diversos órganos estatales de gobierno.

7. Las acciones que derivaron en el accidente en cuestión, así como las manifestaciones realizadas por el el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son un claro reflejo de una serie de irregularidades y conductas negligentes a cargo de diversos servidores públicos encargados del diseño y adjudicación de licitaciones de obras públicas, así como de la supervisión de las empresas titulares de dichas licitaciones, lo que indudablemente genera una clara responsabilidad que debe derivar en investigaciones serias, expeditas e imparciales de distinta naturaleza, tanto de índole administrativo como penal.

8. En esta medida, es claro que diversos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenían conocimiento, al menos desde el año 2015, de los posibes riesgos e inconsistencias asociadas a la construcción y operación del “Paso Exprés de Cuernavaca” sin que ello haya provocado que en el marco de una actitud de debida diligencia y responsabilidad, dichos servidores públicos hayan adoptado las medidas adecuadas y suficientes para evitar que tragedias como la ocurrida hace un par de días ocurrieran.

9. Ello permite determinar que al menos el propio titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como otros servidores públicos adscritos a dicha Secretaría, tales como el Subsecretario de Infraestructura y el Director General de Carreteras, así como el Director General del Centro SCT Morelos, actuaron de manera irresponsable, omisa y negligente, situación que derivó en que dos ciudadanos mexicanos perdieran la vida a causa de su falta de profesionalismo en una clara situación de actividad irregular estatal.

10. Asimismo, los hechos ocurridos la madrugada del 12 de julio del presente año abonan a la generación de un temor fundado en torno a las condiciones de seguridad con las que cuenta la infraestructura carretera en nuestro país. Ello provoca que las y los ciudadanos no tengan certeza y confianza no sólo en la manera en la que servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitan y adjudican obra pública construida con recursos públicos, sino también de las condiciones técnicas de seguridad de aquellas carreteras federales que diariamente son transitadas por miles personas.

11. De esta manera, y a juicio de quien suscribe, tal actuar negligente e irresponsable por parte de los servidores públicos señalados no puede pasar desapercibido ni mucho menos ignorado. En un Estado Constitucional y Democrático, dichas conductas requieren de acciones concretas e investigaciones diligentes, serias e imparciales.

12. Si bien es cierto que en horas recientes se ha dado a conocer la destitución del Director General del Centro SCT Morelos, tal acción no puede considerarse como un mecanismo aislado de resarcimiento, sino que requiere que dicha destitución vaya acompañada del inicio de investigaciones administrativas y penales serias que tiendan al esclarecimiento de los hechos y a la posible sanción de quien hasta hace poco tenía a su cargo la supervisión de la construcción y supervisión del Paso Exprés de Cuernavaca.

13. Lo misma situación acontece con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Subsecretario de Infraestructura y con el Director General de Carreteras de dicha dependencia quienes deben ser separados de su cargo y sujetos a una investigación diligente.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remover de su encargo  al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por el descuido en la supervision de la obra “Paso Exprés de Cuernavaca”, que cobró la vida de dos personas el 12 de julio del año en curso

SEGUNDO. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el estado que guardan las observaciones que dicho órgano realizó al proyecto “Paso Exprés de Cuernavaca” en el marco del análisis de la cuenta pública 2015 y dé cuenta de las respuestas y observaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le haya hecho llegar.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus competencias y atribuciones adopte las medidas que resulten necesarias para iniciar una investigación seria, independiente e imparcial en contra de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vinculados con la adjudicación y supervisión de la obra “Paso Exprés de Cuernavaca”, incluidos su titular, el Subsecretario de Infraestructura y el Director General de Carreteras.

CUARTO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en un plazo no mayor a 5 días hábiles informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las acciones adoptadas para atender las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión que dicho órgano hizo del proyecto “Paso Exprés de Cuernavaca” en el marco del análisis de la cuenta pública 2015, en particular de las acciones de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria emprendidas por dicha secretaría en contra de los servidores públicos encargados de la supervisión de la obra en cuestión.

QUINTO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en un plazo no mayor a 30 días naturales remita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado relativo a las condiciones de seguridad de la infraestructura carretera federal a nivel nacional, así como de los perfiles y aptitudes de cada una de las y los directores de los centros SCT a nivel nacional.

SEXTO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que destituya de sus cargos al Subsecretario de Infraestructura y al Director General de Carreteras, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a que inicie los procedimientos administrativos y penales correspondientes a fin de que dichos servidores públicos sean sujetos de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades y obtener posibles sanciones derivadas de su actuar negligente.

SÉPTIMO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que inicie los procedimientos administrativos y penales correspondientes en contra de el anterior Director General del Centro SCT Morelos a fin de que dicho servidor público sea sujeto de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades y obtener posibles sanciones derivadas de su actuar negligente.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Sandra Luz Falcón Venegas.- Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez.- Dip. Concepción Villa González.- Dip. Renato Josafat Molina Arias.- Dip. Vidal Llerenas Morales.






De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a redoblar esfuerzos para sustentar con mayor evidencia científica y realizar consultas con los diversos sectores sociales involucrados, antes de realizar cualquier modificación, orientada a aumentar el espectro de los vehículos obligados a someterse al proceso de verificación de emisiones de contaminantes en las normas ambientales vigentes. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta el fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan Mena López y se solidariza con sus familiares; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir de forma inmediata y con carácter de irrevocable al Secretario de Comunicaciones y Transportes; y solicita se cubran los gastos funerarios, apoyos económicos e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y demás personas que resultaron afectadas por el socavón del Paso Express de Cuernavaca. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en torno a la implementación y consolidación del sistema penal acusatorio. Se turna a la Primera Comisión.








De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de dicho estado a agilizar e informar sobre los avances de las denuncias presentadas en relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 42036/15, por los delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos, y posible conflicto de intereses que involucran a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato y a la “Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros, A.C”. Se turna a la Primera Comisión.

Las suscritas, YULMA ROCHA AGUILAR y RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputadas Federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos días a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, hemos sido testigos de la difusión de denuncias por fraude, falsificación y alteración de documentos y presunta falta de probidad en contra de la Secretaria de Turismo de Guanajuato, procesos que si bien es cierto no señalan responsables, lo cierto es que indican que los delitos fueron cometidos presuntamente dentro de la Secretaria de Turismo del Estado, al mando de Fernando Olivera Rocha.

La Agencia Reforma dio a conocer que la Secretaria de Turismo ha ejercido recursos federales en forma indebida, al delegar a una asociación civil la contratación de obra pública.

De acuerdo con Reforma, la asociación civil a través de la cual se ejercen dichos recursos, es la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros A.C. (Fundemin), que presidente el secretario de turismo estatal, Fernando Olivera Rocha; como comisaria está Alejandra Bernardino, directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, y como secretario ejecutivo Omar Murillo, ex director general en Sectur. A demás que través de esta asociación civil, la Secretaría involucrada otorgó contratos por 66.2 millones de pesos para obras de infraestructura turística.

Cabe precisar que en 2013 la Secretaria de Turismo Federal advirtió a Turismo del Estado que no podía delegar las inversiones de fondos públicos a una asociación civil, advirtiendo también que las obras debían licitarse.

En este orden, el mismo año se detectó que la Secretaría falsificó un oficio remitido por la Secretaría de Turismo federal para justificar que a través de la asociación civil Fundemin se ejercieran recursos federales. En razón de lo anterior, la Secretaria de Trasparencia y Rendición de Cuenta inició un proceso administrativo y presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, registradas en las carpetas de investigación 42037/2015 y 42036/15,  por falsificación y por fraude respectivamente.

Resulta por demás sospechoso y deja en entre dicho la actuación de estas dos instancias investigadoras, que a pesar de llevar un par de años en estas pesquisas, al día de hoy no se tengan avances al respecto, pareciera que la Secretaría de la Transparencia y la Procuraduría de Justicia. 

La propia la Auditoria Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2014 también detectó dichas irregularidades y concluyó que se debía investigar a fondo por existir elementos que indican la existencia de un conflicto de interés:

"Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión forman parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, A.C., por lo que se presume un probable conflicto de interés".

Compañeros y compañeras legisladores, como representantes de nuestra sociedad, tenemos la responsabilidad y obligación de solicitar esta tribuna a que se realicen las acciones necesarias para garantizar la aplicación efectiva de los recursos públicos que son de todos los mexicanos y ante los presuntos hechos ilícitos que involucran a la Secretaria de Turismo de Guanajuato, se vuelve necesario que tanto Procuraduría General de Justicia y la Contraloría de dicha Entidad informen a esta soberanía los avances de las denuncias presentadas en contra de la Secretaria de Turismo de Guanajuato por los delitos de falsificación y fraude, así como el estado que guardan los procesos de responsabilidades administrativas promovidos por la Auditoria Superior de la Federación en torno a dichas irregularidades.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a agilizar las investigaciones y a informar a esta soberanía el estado que guardan las denuncias presentadas en contra de la Secretaria de Turismo del Gobierno de Guanajuato en relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 42036/15, por los delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos, y posible conflicto de intereses que involucran a la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y a la “Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros A.C.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Trasparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, agilizar los procesos de responsabilidades administrativas promovidos por la Auditoria Superior de la Federación así como a informar sobre el estado que guardan dichos procesos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Yulma Rocha Aguilar.- Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se convoca al Secretario de Comunicaciones y Trasportes a una reunión de trabajo con el objetivo de conocer la construcción y conservación de las carreteras y puentes del país. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) licitó en el año 2014 el proyecto de ampliación y construcción del libramiento de Cuernavaca, el cual tiene su inicio en el kilómetro 80+500 de la autopista México-Cuernavaca y termina en el kilómetro 95+000 de la misma autopista, con una longitud total de 14.5 Km. Tiene una composición vehicular de 91.7 % autos, 2.5% autobuses y 5.8 % camiones; el tránsito de largo itinerario es del orden de 10 a 12%. En lars horas de máxima demanda se tienen del orden de 3500 vehículos por hora.1

Por tal razón, la SCT optó por licitar la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), en el estado de Morelos. Con un plazo previsto a partir del 29 de noviembre de 2014, y se debía concluir a más tardar el día 28 de noviembre de 2016, abarcando los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016. El monto asignado al ganador de la licitación fue de 1, 045, 857,952.45 pesos (un mil cuarenta y cinco millones, ochocientos cincuenta y siete mil, novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.).2

Las empresas que ganaron la licitación en términos de “Convenio de Participación Conjunta”, fueron: Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y Epccor S.A de C.V. Por lo tanto se le adjudicó el contrato correspondiente a la licitación pública internacional No. LO-009000999-T422-2014, por considerar su propuesta con un monto total de $1, 045, 857,952.45 incluyendo el IVA.3

Sin embargo, ni el monto total de costo de la obra, ni el periodo establecido para entregar el Paso Exprés, fueron respetados. Al final, la SCT declaró que la obra tuvo un costo de 2 mil 213 millones de pesos, por lo que el costo se elevó un mil 168 millones de pesos más que lo acordado en la licitación. Asimismo, como se comentó anteriormente, la entrega del libramiento de Cuernavaca estaba programada para el 28 de noviembre de 2016; sin embargo, se inauguró hasta el 1 de abril de 2017, 4 meses después.

“Al hacer la entrega de la obra a los usuarios, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que, por las especificaciones de la construcción y los materiales usados en ella, se garantiza una durabilidad de más de 40 años”.4

Los 40 años de durabilidad que prometió Gerardo Ruiz Esparza, se redujeron a tres meses, cuando alrededor de las 5 de la mañana, del 12 de julio, un socavón de alrededor de ocho metros de diámetro se abrió sobre los carriles del Paso Exprés con dirección sur a norte, a la altura del kilómetro 93+600 que se localiza en el poblado de Chipitlán, al sur de Cuernavaca. En el agujero cayó un automóvil en que viajaban dos hombres que se dirigían al trabajo, mientras el auto aún se encontraba dentro del socavón, se registraron varios derrumbes, sepultando el vehículo y provocando la lamentable muerte de los dos pasajeros.

En las primeras versiones del Secretario, Gerardo Ruiz Esparza, sobre las causas del hundimiento, señaló que fue por el reblandecimiento de la tierra que sostenía esa parte de la vía, provocado por las lluvias de los últimos días y la acumulación de basura, la cual obstruía el drenaje del lugar produciendo encharcamientos que a la postre, debilitarían la estructura.5

Lo cierto, es que se pudieron subsanar las fallas de la obra, tiempo antes de la desgracia que generó el socavón. El Ayuntamiento municipal del poblado de Chipitlán, ya había advertido desde el 30 de junio, a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes de Morelos sobre el posible colapso del muro de contención del Paso Exprés, mediante oficio, el C. Mario Meneses Pozo, ayudante municipal, dio cuenta que:

“Debido a las fuertes lluvias y al mal trabajo realizado en el tramo de el Paso Exprés, entre el Conalep y Privada Camelina, que se encuentra dentro de nuestra demarcación, le comunico que el muro que se levantó en esa área está a punto de Colapsarse, ya que el tubo que se encontraba en estado obsoleto, no fue sustituido por otro que fuera apto para dicha obra, ya que el caudal de agua que baja de la Barranca Santo Cristo, que corre por debajo de este tramo, debido a la mala planeación del paso exprés ha provocado inundaciones a todos los vecinos de dicho tramo, incluyendo también a todos los Colonos de Andador Mitre ya que a estas personas al bloquearlas dicho tubo ha ocasionado que el agua suba el cauce y llegue a sus viviendas”.

Aún con las advertencias y la inconformidad de los vecinos del Paso Exprés, fueron ignorados por las autoridades responsables, lo que ocasionó el lamentable hecho ya narrado y la evidencia de que la obra no fue supervisada, ni cumplía con las medidas necesarias para ser inaugurada, como se hizo el primero de abril, en presencia del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Comunicaciones y Trasportes Federal, Gerardo Ruiz Esparza y el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

Aunado a esta falta de supervisión de la obra, se encuentra el historial de las compañías a las cuales les fue adjudicada la licitación, Construcciones Aldesem y Epccor, éstas crecieron en México mediante millonarios contratos de obra pública, otorgados por el gobierno federal y los estatales. Según información de la agencia de noticias Reuters, los dueños de Epccor son hermanos de Juan Diego y José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz, hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, el fundador de Gusta Infraestructura, empresa que se encuentra dentro de la lista de negocios sancionados por el Gobierno. Siguiendo con la investigación de Reuters, en el 2015, la empresa de Juan Diego, figuraba entre docenas de compañías que habían ganado contratos con la petrolera estatal Pemex, incluso después de haber sido inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública.6

En 2016, Epccor se asoció con el grupo Sacyr Construcciones, y ambas ganaron un contrato de obra pública de mil 400 millones de pesos para instalar la losa de cimentación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Por otro lado, Construcciones Aldesem, quien pertenece a grupo Aldesa, lleva ocho años operando en México, colocándose entre los principales constructores del país, según información contenida en su página de internet, “actualmente cuenta con actividad en 23 estados de la República Mexicana, entre sus proyectos más emblemáticos destacan importantes Obras de Infraestructura Carretera como es la Autopista Durango-Mazatlán donde Aldesa tuvo una importante participación, Obras de Edificación como la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún y el Hotel H10 Riviera Montecarlos en el Estado de Quintana Roo, Obras Industriales como las Instalaciones en la nueva planta de AUDI en el estado de Puebla, Obras Subterráneas como la construcción del Túnel Emisor Poniente II en el Estado de México, Proyectos de Energía como las Líneas y Subestaciones Guerrero Negro-Santa Rosalía en Baja California y las Líneas y Subestaciones de Riviera Maya, Concesiones principalmente carreteras como la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Autopista Siglo XXI en el estado de Morelos y la Concesión de la Autopista de Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal en el estado de Chiapas”.7

Aldesem, también obtuvo el contrato de construcción de la torre de control del NAICM, en consorcio con la empresa mexicana Jaguar Ingenieros, por un monto de mil 242 millones de pesos. Además en Perú, Grupo Aldesa se asoció con la empresa OHL, para la construcción del Museo Nacional de Arqueología, por un monto de cien millones de euros, equivalente a dos mil millones de pesos mexicanos. Recordando que la empresa OHL fue señalada en múltiples casos de corrupción en la operación de obras de infraestructura en México, y particularmente en el Estado de México.8

En esta tesitura, hay una preocupación generalizada por las condiciones en las cuales fueron responsables las dos empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés, sus vínculos con compañías envueltas en corrupción y el desastroso desenlace de la obra, genera sospechas, no sólo en la obra anteriormente mencionada, sino también con las concesiones otorgadas recientemente y las construcciones públicas ya realizadas por Grupo Aldesa y Epccor.

Sumado a lo anterior, las acciones tomadas por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, al destituir a su homólogo estatal de Morelos, parece ser solo una pequeña medida distractora y engañosa de sanción a los responsables del socavón y la muerte de dos personas. Se presupone, con base en reportes de la Auditoría Superior de la Federación, que hubo un manejo opaco en el presupuesto para el Paso Exprés, pues “más de la mitad del presupuesto asignado a la obra en 2015 tuvo un destino irregular y sin comprobación, cuya principal causa fue la autorización de pagos por 257.4 millones de pesos por mano de obra, materiales y equipos de manera injustificada”.9

Sumando problemas del Paso Exprés, se dio a conocer por medio de Ruiz Esparza, que la asignación de Alarcón Ezeta, Delegado de la SCT en Morelos, fue por presión del Gobernador; José Luis Alarcón Ezeta desempeñó hasta el día 12 de julio el puesto de delgado de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en el estado de Morelos, aun cuando no contaba con ninguna experiencia en el rubro. Alarcón pasó de director de las escuelas Harmon Hall a responsable de las obras de infraestructura en Morelos, entrando en funciones dentro de la Administración Federal el 10 de agosto de 2014.

El cumulo de irregularidades hace notar la irresponsabilidad por parte del Gobierno Federal, al desarrollar grandes obras de infraestructura, sin la supervisión debida, bajo las ordenes de personas sin las aptitudes necesarias para la envergadura de su puesto y principalmente la preocupante y creciente opacidad con la cual se maneja toda la Administración Pública Federal.

De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

• Construir y conservar directamente caminos y puentes;

• Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso;

• Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes;

En razón de lo anterior, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto: en primer lugar  exhortar al Secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruíz Esparza, a una reunión de trabajo con esta Soberanía para que explique las características de construcción y conservación de las carreteras de todo el país, asegurando la integridad de las personas que diariamente circulan por las vías federales del país; en segundo lugar, exhortar a la SCT a fin de que indemnice a los ofendidos por los hechos ocurridos el 12 de julio del presente año, así como a todos los afectados por los daños colaterales derivados de la irregular construcción del Paso Express; en tercer lugar se exhorta a la SCT, a las dependencias y entidades públicas, a suspender e inclusive cancelar las licitaciones que se hayan otorgado a las empresas responsables de la construcción del Paso Express, hasta en tanto concluyan las indagatorias conducentes; en cuarto lugar, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el uso de su facultad fiscalizadora realice una auditoría a la licitación  y construcción del Paso Express; y finalmente, se exhorta a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública para que inicien o fortalezcan todas las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por el socavón ocurrido en el Paso Express.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca respetuosamente al  Secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, a una reunión de trabajo ante esta Soberanía con el objetivo de conocer la construcción y conservación de las carreteras y puentes del país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reparar íntegramente el daño a los ofendidos directos por los hechos ocurridos el 12 de julio de 2017, así como a indemnizar a todos los afectados por los daños derivados de la irregular construcción del Paso Express, ampliación del libramiento Cuernavaca, Morelos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las dependencias y entidades públicas a suspender, o en su caso, revocar las licitaciones, concesiones y contratos que se hayan otorgado a las empresas Constructoras Aldesem, S.A. de C.V. y Epccor Construcción S.A de C.V., hasta que concluyan las indagatorias correspondientes por el socavón ocurrido en el Paso Express, ampliación del libramiento Cuernavaca, Morelos.
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría a la licitación y construcción del Paso Express, ampliación del libramiento Cuernavaca, Morelos.

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien o fortalezcan todas las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables directa e indirectamente por el socavón ocurrido en el Paso Express, ampliación del libramiento Cuernavaca, Morelos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Testigo social No. PF031, Licitación Pública No. LO-009000999-T422-2014”, Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, [en línea], consultado el 14 de julio de 2017, disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGC/DGC/Licitaciones/Testigos/TESTIGO_SOCIAL_No._PF031.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 “Recorre GRE el Libramiento de Cuernavaca Paso Exprés”, SCT, [en línea], consultado el 14 de julio de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/sct/prensa/recorre-gre-el-libramiento-de-cuernavaca-paso-expres?idiom=es

5 Rebolledo, Ruy Alonso. “¿Qué se sabe sobre el socavón del Paso Exprés?”, El Economista, [en línea], consultado el 14 de julio de 2017, disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/13/que-sabemos-socavon-cuernavaca

6 Reuters, “SCT adjudicó obras a hijos de contratistas inhabilitado; defiende decisión”, El Economista, [en línea], consultado el 14 de julio de 2017, disponible en:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/17/sct-adjudico-proyecto-vial-hijos-contratista-inhabilitado

7 Consultado en: http://www.grupoaldesa.com.mx/grupo.php

8 Tourliere, Mathieu. “Consocio Aldesem-Epccor, el responsable de las contrucciones <<defecutosos>> del Paso Exprés”, [en línea], consultado el 14 de julio de 2017, disponible en:
http://www.proceso.com.mx/494639/consorcio-aldesem-epccor-responsable-la-construccion-defectuosa-del-paso-expres

9 Ídem.






De la Diputada Lorena Corona Valdés y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la implementación de diversas medidas tendientes a prevenir las defunciones por suicidio. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a agotar todas las líneas de investigación por las denuncias hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el caso Javier Duarte de Ochoa. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA Diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE AGOTE TODAS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR LAS DENUNCIAS HECHAS POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL CASO JAVIER DUARTE, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Auditoría Superior de la Federación ha optado recurrir al amparo en contra de la Procuraduría General de la República1, debido a que esta última decidió declarase incompetente para investigar hechos de corrupción en la administración del ex gobernador Javier Duarte, a pesar de que la Auditoría ya había presentado las denuncias correspondientes.

El principal argumento de la Procuraduría General de la República fue que los delitos denunciados correspondían al fuero común y no al federal, por lo que dichas denuncias fueron remitidas Fiscalía del Estado de Veracruz y terminaron siendo prácticamente desechadas2 durante la administración del mismo Javier Duarte.

Los hechos anteriormente mencionados se encuentran relacionados a los delitos que solo le están siendo imputados a Duarte para formalizar el proceso de extradición desde Guatemala3, ya que únicamente fueron presentados los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Ante la gran cantidad de denuncias que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, donde hasta al momento se conocen cerca de 64 en contra de la administración de Javier Duarte en Veracruz, la PGR hasta el momento solo investiga al exmandatario por la cantidad cercana a los 250 millones de pesos, aunque bajo las observaciones del órgano fiscalizador la cantidad asciende a los 60 mil millones de pesos.4

Debido al histórico desfalco y el daño que representa a la sociedad el desvío de miles de millones de pesos, el presente punto de acuerdo exhorta a la Procuraduría General de la República a que agote las líneas de investigación que se generaron a partir de las observaciones y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación para que éstas sean consignadas y puedan ser fincarse responsabilidades.

No esta demás señalar que los delitos en las carpetas de investigación para el caso de Javier Duarte, además de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se encuentran contemplados:
“Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines.

Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines.

Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito.

Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración.

Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014.

Obstaculizar funciones electorales: por haber puesto en riesgo procesos electorales estatales y obstaculizar la entrega de recursos públicos destinados para el funcionamiento del Órgano Público Local Electoral de la entidad.”5

Considerando lo establecido por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 67, sobre la presentación de denuncias y querellas penales:

“Artículo 67. Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;”

Así como la obligación de la Procuraduría General de la República, a través de su Fiscalía Especializada o Ministerio Público correspondiente, para investigar los hechos que revistan características de un delito, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos:

“Artículo 127. Competencia del Ministerio Público

Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;

Artículo 221. Formas de inicio

La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.”

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que agote todas las líneas de investigación generadas por las denuncias hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes al desvío de recursos públicos durante la Administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con la finalidad de que éstas puedan ser consignadas ante el Poder Judicial y se finquen responsabilidades.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 26 de julio de 2017.

Dip. Verónica Delgadillo García.

1 Redacción Animal Polício, Fiscalía de Veracruz archivó en un solo día 13 averiguaciones contra Duarte que le remitió PGR, Animal Político, 4 de julio 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/07/duarte-corrupcion-pgr-asf/

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Nayeli Roldan, ¿Cuánto dinero desvió Duarte? La Auditoría dice que 60 mil mdp, la PGR que sólo 223 millones, Animal Político, abril 18 2017  http://www.animalpolitico.com/2017/04/duarte-desvio-auditoria/

5 Arturo, Angel, Solicitud de extradición de Duarte no considera los desvíos millonarios denunciados por la ASF, Animal Político, 7 de junio 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/06/extradicion-javier-duarte-8-delitos/






Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a indemnizar conforme a derecho a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y a todos los que hubiesen resultado afectados debido a la formación del socavón en el paso express de Cuernavaca, así como realizar una exhaustiva investigación en relación a este hecho. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INDEMNIZAR CONFORME A DERECHO A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS QUE LAMENTABLEMENTE PERDIERON LA VIDA Y A TODOS LOS QUE HUBIESEN RESULTADO AFECTADOS DEBIDO A LA FORMACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL PASO EXPRÉS DE CUERNAVACA, ASÍ COMO A REALIZAR UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A ESTE HECHO; ASIMISMO SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN A FIN DE FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS FUNCIONARIOS QUE RESULTEN RESPONSABLES Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CORRECTA Y TRANSPARENTE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN ESTA OBRA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

El socavón que se formó en el recientemente inaugurado paso exprés de Cuernavaca es sumamente lamentable en tanto que ha traído consigo consecuencias irreparables como lo es la pérdida de dos vidas humanas y además, abona negativamente a la percepción generalizada que prevalece en los ciudadanos con respecto a la mala calidad de los servicios que las instituciones les ofrecen, así como la ineficiente o corrupta implementación de los recursos públicos.

Sin duda, una obra de las características del paso exprés de Cuernavaca lleva consigo riesgos tanto durante el desarrollo de la obra como una vez puesta en funcionamiento. Dicha obra consistió en la ampliación del arroyo vehicular de 21 a 36 metros de ancho logrando con ello cinco carriles por sentido, de los cuales cuatro fueron confinados para trayectos de largo itinerario y seis carriles para el tránsito local. El tramo cuenta con un total de catorce kilómetros encarpetados con concreto hidráulico y en general, un rediseño del paisaje urbano y vial. El presupuesto total erogado fue de dos mil doscientos millones de pesos y se logró en aproximadamente 24 meses y según palabras del titular de la SCT, la obra tendría una durabilidad de al menos 40 años.

De suerte que es grave que a solo tres meses de su inauguración se presente una falla de la magnitud que pudo observarse en días recientes: un socavón de aproximadamente cuatro metros de diámetro y cinco de profundidad, así como diversos derrumbes subterráneos.

Es lamentable que una obra que fue recientemente inaugurada presente fallas en su construcción y ponga en riesgo la vida de los usuarios. Dando evidencia de la falta de coordinación, supervisión y control de la  obra. Así como de la falla en el laboratorio de análisis y control de calidad; del laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales necesarios para la adjudicación del contrato de obra correspondiente.

En el comunicado oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 12 de julio, puede leerse lo siguiente:

“De acuerdo al análisis previo, la afectación al tramo carretero, que obligó al cierre del cuerpo A (sentido Cuernavaca-México) del libramiento de Cuernavaca, fue ocasionada por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana.

La alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no forma parte de los trabajos realizados para la construcción del Paso Express de Cuernavaca.”

Si bien corresponderá a los peritajes y a las autoridades competentes determinar las causas de esta fatal falla, valdría preguntar si del 1 de abril, fecha en que se entregó la obra, al día de la formación del socavón donde solo existen poco más de 90 días de distancia,  la deforestación y el crecimiento de la zona urbana se incrementaron de tal manera que causaron un daño de estas magnitudes; o si en lo dicho por el mismo titular de la SCT en su discurso en el evento de inauguración de la obra y en presencia del Presidente de la República, sobre que se habían construido 10 kilómetros de drenaje y dos kilómetros de líneas hidráulicas en la zona de la obra, no se contempló la renovación o la limpieza de la alcantarilla que habría causado la falla; o también si en la garantía de cuarenta años que se dijo que tendría el paso exprés no se consideraron registros históricos de lluvia y la posibilidad del aumento de estos a lo largo de todo ese tiempo por el cual se garantizó la obra.

Sin embargo, tanto el gobernador del estado de Morelos, como diversos medios de comunicación aseguran que incluso previamente a la apertura del paso exprés se notificaron importantes fallas o áreas de oportunidad en la obra, mismas que no fueron atendidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo a un medio de comunicación1 al menos un par de días antes de la entrega oficial de la obra, Protección Civil de Morelos señaló 35 recomendaciones entre las que se contemplaba la limpieza de las rejillas de los captadores pluviales, mismas que no habrían sido atendidas en tanto que el dos de junio pasado la Secretaría de Gobierno de Morelos, mediante el oficio SG/12/2017 hizo llegar al delegado de la SCT en dicho estado, una solicitud de  “intervención enérgica a efecto de mejorar el ‘Paso Express Tlahuica’ de acuerdo a la minuta de trabajo firmada el 3 de abril del año pasado, con el propósito de identificar zonas de riesgo y problemática que quedaba pendiente de solventar”.

De comprobarse lo anterior, una agravante más consistiría en que en el acto de entrega de la obra, el Presidente de la República al inicio de su intervención agradece a los presentes su asistencia al evento a pesar de ser un día feriado (miércoles santo) y porque la convocatoria se realizó con tan solo un día de anticipación. Por tanto ¿se habría programado la apertura del paso exprés un día después de que la SCT recibió las 35 recomendaciones de Protección Civil de Morelos?

De igual forma, se ha hecho público2 que el 30 de junio el  ayudante municipal de Chipitlán, Mario Meneses Pozo, entregó un escrito al Centro SCT alertando sobre que el muro construido a un costado de la autopista a la altura de donde se produjo el socavón, estaba a punto de derrumbarse debido a que “el tubo (de drenaje) que se encontraba obsoleto, no fue sustituido y el caudal de agua que baja de la Barranca Santo Cristo, que corre por debajo de esa tramo, provoca inundaciones a todos los vecinos de dicho tramo”. También, es preciso señalar que incluso vecinos de la zona mediante redes sociales, advirtieron las condiciones de riesgo que imperaban alrededor de esta zona, precisamente por el caudal de agua que por ahí transita.3

Acorde con todo lo anterior, es sumamente relevante llamar la atención sobre el trámite que se le dio a estas recomendaciones y las razones por las cuales no se atendieron. La trascendencia del trágico evento en comento debe implicar al o los responsables que fueron omisos a los avisos o alertas de autoridades y ciudadanos.

Es primordial que en la búsqueda o deslinde de responsabilidades, se considere que independientemente de si el proyecto del paso exprés incluyó modificar o mejorar lo concerniente a lo que parece ser una de las causas principales de la presencia del socavón, que es el drenaje y el paso del cauce de agua, el reforzamiento, mejora y aseguramiento de las condiciones de estos y otros elementos, debieron de ser contemplados en razón de los alcances, dimensiones y costos de la obra. Pues de lo contrario, no se entendería en qué factores se basaría el titular de la SCT en garantizar por 40 años esta obra.

El diseño institucional de nuestro país implica entre otras cosas, un esquema de cooperación y vigilancia entre poderes y entre instancias federales y locales, por ello una segunda falla en la aparición del socavón, consiste en lo que parece ser una inoperatividad de la SCT ante los avisos de las instancias locales y en ese sentido deben también haber responsables y consecuencias ejemplares.

El Congreso de la Unión, en su papel vigilante y de contrapeso del Ejecutivo Federal, debe solicitar una investigación exhaustiva que arroje responsables. Considero que adicionalmente a que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte realice el dictamen técnico para determinar las causas que propiciaron el hundimiento y se realicen las acciones necesarias para reparar las afectaciones a la vía, es urgente que se garantice en todo momento las medidas necesarias para la seguridad de los usuarios que circulan los 14 kilómetros que van desde antes de la salida a la paloma de la paz y hasta la salida sur conocida como el polvorín.

En el evento de entrega formal del paso exprés de Cuernavaca, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que uno de los beneficios de realizar inversiones en infraestructura carretera consistía en el interés que ello despertaba en particulares e inversionistas para instalar sus industrias en diversas regiones de nuestro país. No obstante, los resultados que hoy apreciamos operan justamente en sentido contrario, pues causan incertidumbre, desconfianza y como ya se mencionaba, se abona a la percepción de corrupción y mal uso de los recursos públicos. No obstante, a fin de combatir este tipo de percepciones y por el bien de México y los mexicanos es sumamente relevante fincar responsabilidades, dentro del marco legal aplicable y en absoluta transparencia.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) a indemnizar y brindar todo el apoyo y atenciones que sean necesarias a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida, así como a todos los ciudadanos que se hayan visto afectados por estos hechos; asimismo a que en el ejercicio de sus facultades realicen una investigación exhaustiva sobre el hundimiento en el paso exprés o paso Tlahuica de la carrera México-Cuernavaca, remitiendo a esta soberanía un informe del mismo y se garantice en todo momento la seguridad de los usuarios que circulan en esa vía; de igual forma, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que se finquen responsabilidades contra quien resulte responsable y a la Auditoría Superior de la Federación a que en el ámbito de sus facultades, realice y remita a esta soberanía una investigación con respecto a la correcta y transparente aplicación de los recursos en esta obra.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe en el que se valide la recepción de los siguientes documentos relacionados con el “Paso Exprés de Cuernavaca”: 35 recomendaciones de Protección Civil de Morelos; solicitud de intervención de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos debido al incumplimiento de una minuta de trabajo, y; un oficio del ayudante municipal de Chipitlán, con respecto a las condiciones de un muro aledaño a la zona en la que se formó el socavón; y a que de ser el caso, se detalle en el mismo informe el trámite que se le dio a dichos documentos, las medidas que se tomaron para su atención o de no ser así, los motivos por los cuales no se atendieron.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

1 http://sinlineadiario.com.mx/archivos/34768 Consultado el 13 de julio de 2017.

2 http://www.animalpolitico.com/2017/07/autoridades-fallas-paso-expres/ Consultado el 13 de Julio de 2017.

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/12/1175298 Consultado el 13 de Julio de 2017.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe respecto del estado en que se encuentra la nómina magisterial de la educación básica. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la Reforma Educativa, el 26 de septiembre de 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, cuyo objetivo era conocer cuántos alumnos, maestros y directivos hay en preescolar, primaria, secundarias públicas y privadas, así como las características de las escuelas.1 Con dicha acción la Secretaría pretendía identificar el estado en que se encontraban más de 1 millón de plazas docentes, así como saber con exactitud el número de escuelas públicas y privadas que operan en todo el país.

De esta manera el 30 de marzo de 2014, mediante un comunicado de prensa la misma Secretaría dio a conocer los resultados de dicho Censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En dicha información se desglosaron una serie de indicadores que permitieron conocer de mejor manera, el estado y la infraestructura de los 236 mil 973 centros de trabajo, así como el número de alumnos en cada plantel educativo, y el total del personal adscrito a cada escuela, así como aquellos que tenían algún tipo de comisión e incluso se conoció una cifra de docentes que aparecían en la nómina de la SEP, pero físicamente no se encontraban en ninguna escuela u oficina. De esta manera, el INEGI señaló que el personal censado alcanzó la cifra de 1 millón 949 mil 105. De ellos, 88.1% desempeña funciones en escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 9.9% en otros centros de trabajo.2

Un dato relevante que dio a conocer el Censo aplicado a escuelas, fue que 1 de cada 10 profesores que no están en la escuela es “porque cumplen funciones que les encomendó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o tienen alguna licencia, quienes en total suman 30 mil 695. En tanto que 39 mil 222 profesores y personal administrativo, equivalente a 13 por ciento de los 298 mil, son trabajadores afiliados al sindicato magisterial que cobran en un plantel donde nadie los conoce y nunca se han aparecido y 114 mil 998 no estaban en esa escuela porque ya fallecieron, se jubilaron o están pensionados.”3

Posteriormente en 2015, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “detectó que del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se pagó el salario a 134 mil 349 plazas que no fueron verificadas por la Federación o las autoridades estatales”.4 Es decir, de acuerdo con la información dada a conocer por la ASF, hay un millón 787 mil plazas docentes que son pagadas con recursos federales de dicho fondo. De ese total, en el año 2013, 154 mil 650 plazas no pudieron ser identificadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Censo Nacional de Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, ni por sus homólogas Estatales. De esta manera, el pasado mes de abril el Secretario de Educación Pública anunció que para el mes de julio de 2017 “se culminará la depuración de la nómina magisterial, con lo cual se tendrá transparencia y se garantizará la presencia del maestro en el salón de clases”.5 El objetivo de esta auditoría sería dar transparencia en el pago de las plazas docentes, y con ello depurar y consolidar la nómina magisterial.

Como consecuencia de esta auditoría, en días recientes la SEP ha dado a conocer la información con los resultados. En este sentido, el titular mediante un comunicado de prensa señaló que la revisión de la nómina magisterial permitió “la recuperación de 44 mil 76 plazas docentes que se manejaban de manera irregular, en lo que se destinaban unos 5 mil millones de pesos anuales, y explicó que se dejó de pagar a 17 mil 262 comisionados sindicales o docentes con licencia, porque eso no está permitido por la ley”.6 En el mismo comunicado, se informa que mil 361 profesores que se habían dado de baja seguían cobrando, y que 10 mil 553 plazas no fueron localizadas, por lo que en este caso se dará mes y medio de gracia para que los maestros que las ocupaban se presenten, y se les reactive el pago.

En este sentido, todo este conjunto de datos e información que ha sido explicada hasta el momento, genera una serie de confusiones y aparentes contradicciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, quien en sus informes únicamente se refiere a las cifras totales de plazas o docentes que han detectado con actividades irregulares, no se tiene certeza si la información obtenida recientemente se refiere a las mismas plazas detectadas en 2014 y 2015, o por el contrario aquellas que ya se habían identificado en años anteriores fueron regularizadas, o bien si esta reciente información detectó nuevos casos de plazas y docentes con actividades no justificadas.

Esta ambigüedad en la información presentada por la SEP también ha sido señalada por especialistas en temas educativos, quienes han demandado “a la Secretaría de Educación Pública publicar la auditoría a la nómina magisterial que presentó el lunes ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)”.7 Organizaciones de la sociedad civil, también han manifestado sus dudas respecto de la contradicción de la información en cuanto al número de plazas que la Secretaría ha identificado como irregulares.

Por lo anterior, el presente punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública a fin de que envíe un informe a esta soberanía, en el cual de manera detallada desglose toda la información que ha obtenido en materia de plazas y docentes identificados en supuestas irregularidades, ya sea porque se encuentran laborando en áreas que no le corresponden o porque no ha sido posible localizarlos físicamente, lo que presupone que son “aviadores”.

En dicho informe se espera que la Secretaría mencione con toda puntualidad qué acciones se llevaron a cabo con la información obtenida en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014; las acciones emprendidas por la autoridad a raíz de las plazas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el año 2015, a raíz del análisis de la Cuenta Pública 2013, así como el cruce de toda esa información con los resultados de la auditoría a la nómina magisterial 2017, a fin de que pueda señalar cuál es el número exacto de plazas y docentes que presentan irregularidades.

Asimismo, se exhorta a la SEP para que informe a la Comisión Permanente cuáles serán las acciones que llevará a cabo a raíz de la información obtenida en la auditoría a la nómina magisterial. Finalmente se solicita a dicha autoridad que de conocer toda la información contenida en la auditoría que ha sido señalada con anterioridad.

Es necesario que la ciudadanía tenga certeza que el ejercicio del gasto en materia de educación se hace con eficacia y eficiencia, sin embargo, también es necesario que los docentes y la sociedad en general conozcan toda la información que sirve de base para la suspensión de profesores. La Reforma Educativa no ha logrado dar resultados a más de 4 años de su implementación, es por ello que la SEP debe informar con toda claridad el estado en que se encuentra la nómina magisterial en todo el país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe detallado a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales de:

a) El desglose de la información obtenida de la auditoría a la nómina magisterial 2017; 

b) Las acciones que se llevaron a cabo con la información obtenida en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014;

c) Las acciones emprendidas por la autoridad a raíz de las plazas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el año 2015, a raíz del análisis de la cuenta pública 2013;

d) Aclarar a qué plazas y docentes se refiere cada uno de los documentos de la auditoría a la nómina magisterial 2017; las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el año 2015, a raíz del análisis de la cuenta pública 2013 y el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014, donde se informa acerca del número de plazas y docentes con irregularidades. Así como señalar cuál es el número exacto de plazas y docentes que presentan irregularidades en todo el país, por nivel educativo y entidad federativa.

e) Informar las acciones que llevará a cabo a raíz de los resultados de la auditoría a la nómina magisterial 2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Comunicado 143.- Inicia Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 19/07/2017, disponible en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-143-inicia-censo-de-escuelas-maestros-y-alumnos-de-educacion-basica-y-especial?state=published

2 “Comunicado 076.- Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 19/07/2017, disponible en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-076-censo-de-escuelas-maestros-y-alumnos-de-educacion-basica-y-especial?state=published

3 Hernández, Liliana, “Hallan en SEP 39 mil empleados fantasma”, Excélsior, [en línea], consultado 19/07/2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/01/951630

4 Poy, Solano Laura, “Detectan irregularidades en el destino de fondos para educación básica y normal”, La Jornada, [en línea], consultado 19/07/2017, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/politica/014n1pol

5 “Nuño: En julio termina depuración de nómina magisterial”, Excélsior, [en línea], consultado 20/07/2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/24/1159519

6 “Comunicado 191.- Anuncia Nuño Mayer recuperación de 44 mil 76 plazas docentes que estaban irregulares”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 20/07/2017, disponible en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-191-anuncia-nuno-mayer-recuperacion-de-44-mil-76-plazas-docentes-que-estaban-irregulares

7 González, Isabella, “Exigen desglose de plazas docentes”, Reforma, [en línea], consultado 20/07/2017, disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1165627&v=2






De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al estado de Nayarit a declarar Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL ESTADO DE NAYARIT A DECLARAR ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos del INEGI entre los años 2000 y 2015 han sido asesinadas 28,710 mujeres en nuestro país1, la tendencia de violencia contra la mujer va en aumento por lo que de seguir así con las cifras para 2016 y 2017 podríamos estar llegando a los 33,2102 homicidios de mujeres.

Un claro ejemplo del alarmante incremento en los casos de homicidios contra de la mujer, además del registro histórico de información oficial que lleva el INEGI, son las notas periodísticas que dan cuenta de los miles de casos donde prevalece una violencia feminicida. Hechos relativamente recientes han colocado al Estado de Nayarit en una situación preocupante3, esto debido a un alto número de homicidios de mujeres con características que pueden ser catalogados como feminicidios, por lo que se vuelve indispensable que en dicha entidad se lleven acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la alerta de violencia de género contra las mujeres, como un mecanismo de emergencia que busca la protección de los derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de combatir los actos reiterados de violencia feminicida así como la eliminación de la desigualdad que sufren las mujeres. El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

El feminicidio se considera como la culminación de esta violencia extrema hacia las mujeres, el Código Penal Federal lo define como la privación de la vida de una mujer por razones de género presentándose alguna de estas circunstancias:

“I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Actualmente en México ha habido 22 solicitudes de alertas de violencia de género contra las mujeres, de las cuales hasta el momento han procedido 10 4: en el Estado de México a finales de julio de 2015, en Morelos a principios del mismo año, Michoacán el 27 de junio de 2016, Chiapas, Veracruz y Nuevo León en noviembre de 2016, Sinaloa a finales de marzo del presente año, así como Colima, San Luis Potosí y Guerreo en junio de 2017.

Para los casos de Guanajuato, Baja California y Querétaro se decidió no declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, por la razón de que se dio cumplimiento a las recomendaciones hechas por los grupos de trabajo correspondientes5, por lo que aún quedan pendientes 9 solicitudes en distintas entidades federativas donde el Estado de Nayarit es una de ellas.

En junio de 2016 fue presentada la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por distintas organizaciones civiles en pro de los derechos humanos de la mujer6. Una vez que fue aceptada por la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se procedió a la conformación del grupo de trabajo correspondiente que tuvo la encomienda de estudiar y analizar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

Dentro de la investigación que realizó el grupo de trabajo, llegó a la conclusión de que las mujeres en el Estado de Nayarit se encuentran bajo una alta vulnerabilidad:

 “las mujeres en Nayarit enfrentan condiciones sociales y culturales adversas, principalmente para ciertos sectores de la población, enmarcadas en un contexto complejo de prácticas culturales que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. En este sentido, se advierte un contexto general de violencia social enraizado, que si bien no es determinante, contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mujeres en la entidad. Lo anterior se pudo observar durante las visitas in situ, en las cuales las autoridades que atienden a mujeres víctimas de violencia, vinculan y asocian los casos de violencia a problemas de alcoholismo en los agresores, baja educación en la población en general y una cultura machista y de estereotipos género.”7

Además de un análisis pormenorizado de las condiciones sociales y culturales por las que deben de pasar las mujeres en dicha entidad, también se señala una omisión que se encuentra vinculada al feminicidio: “la falta de aviso al MP de la repetición de los eventos de violencia contra las mujeres en el estado de Nayarit, es una omisión por parte de las autoridades de salud respecto al deber de debida diligencia, así como a la obligación de prevenir la violación a los derechos humanos de las mujeres en la entidad, incluso en su expresión más grave como es el feminicidio.”8

Tomando en consideración el análisis, conclusiones y recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud AVGM/06/2016 de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Nayarit, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a que emitan las Declaratoria correspondiente.

Y la situación alarmante en el aumento de feminicidios en la entidad, así como las condiciones sociales y culturales adversas que padecen las mujeres, se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a que acepte e implemente las conclusiones y recomendaciones que emitió el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que emitan la declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en el Estado de Nayarit.

Segundo.- Se exhorta al poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a que acepte las conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Nayarit, así como a implementar las acciones preventivas recomendadas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida en la entidad.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 26 de  julio de 2017.

Dip. Verónica Delgadillo García.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de registro y el sexo de la víctima, consulta realizada el 11 de julio de 2017,
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est

2 Calculo propio con cifras obtenidas del INEGI, considerando el número de homicidios de mujeres en el país durante los últimos seis años que se tiene registro oficial
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est

3 Tulio Berumen, Servio, Imparable Asesinato de Mujeres, 3 de julio de 2017, Realidades, consultado el 11 de julio de 2017 en http://realidadesperiodico.com/featured/imparable-asesinato-de-mujeres/

4 Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, 27 de junio de 2017, http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739

5 Ibídem.

6 Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud AVGM/06/2016 de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Nayarit,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133816/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_
conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Nayarit.pdf

7 Ibídem.

8 Ibídem.






Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a realizar diversas acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población de dicha entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre las acciones que está llevando a cabo o tiene contempladas realizar, derivado de las afectaciones presentadas en el Paso Express en la carretera México-Cuernavaca el pasado 12 de julio. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El transporte y las vías de comunicación son aspectos elementales para el desarrollo económico y social de nuestro país. En atención a su importancia, en la actual administración se diseñó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI 2014-2018), cuyo objetivo es ampliar y modernizar las vías de comunicación, a fin de mejorar las condiciones de transporte de pasajeros y de mercancías, con autopistas más modernas y seguras.

Dicho Plan señala que la infraestructura carretera moviliza la mayor parte de la carga (55% del total) y de las personas (98% del total) que transitan el país. Para atender esta demanda, la red carretera cuenta con 377,660 km de longitud, dividida entre red federal (49,652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,982 km), la red rural (169,429 km) y brechas mejoradas (74,596 km).1

Dentro de las obras realizadas, se encuentra el libramiento de Cuernavaca (Paso Express), el cual tiene una longitud de 14.5 kilómetros, y un aforo de más de 100 mil vehículos por día. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obra consistió en la ampliación de corona de 21 a 36 m de ancho en 14.5 km, para albergar 10 carriles, 5 por sentido, de los cuales 4, de 3.5 m de ancho cada uno, son confinados para trayectos de largo itinerario y 6 carriles laterales de 3.2 m de ancho.2

El denominado Paso Exprés de Cuernavaca se encuentra ubicado a 85 kilómetros al Sur de la Ciudad de México y es el paso obligado rumbo al puerto de Acapulco, Guerrero el cual se encuentra a 290 kilómetros de distancia.

A pesar de su importancia, el pasado miércoles 12 de julio de 2017, apareció un socavón de ocho metros de diámetro sobre los carriles del Paso Exprés, donde cayó un automóvil en el que viajaban dos personas, las cuales perdieron la vida. El Secretario de Comunicaciones, señaló en su cuenta de twitter, que las fallas en el drenaje que cruza el Paso Express y las fuertes lluvias que se han presentado en días recientes reblandecieron el suelo y podrían haber provocado el socavón.

Por otro lado, la alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no forma parte de los trabajos realizados para la construcción del Paso Express de Cuernavaca. No obstante, será el Colegio de Ingenieros Civiles, quien determine las casusas que generaron  dicha falla.

Derivado del siniestro, una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue establecer que, del 14 de al 17 de julio, no podrían circular por la zona afectada ningún tipo de vehículo (ligeros, autobuses de pasajeros, ni autotransporte de carga), medida que fue acompañada de rutas alternas.

El objetivo del presente punto de acuerdo es, por un  lado, tener elementos suficientes que permitan tener certeza sobre las cuestiones que dieron origen a las afectaciones, y por el otro lado, prevenir nuevas situaciones de esta naturaleza. 

A partir de las consideraciones vertidas, los legisladores del PRI, estamos convencidos que resulta fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones que está llevando a cabo o tiene contempladas realizar, derivado de las afectaciones presentadas en el Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca el pasado 12 de julio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el marco de sus atribuciones, envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones que está llevando a cabo o tiene contempladas realizar, derivado de las afectaciones presentadas en el Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca el pasado 12 de julio.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014

2 https://www.gob.mx/sct/prensa/recorre-gre-el-libramiento-de-cuernavaca-paso-expres






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a construir, ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de pasajeros.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 mil 262 km, de éstos, 49 mil 169 km conforman la red federal (8 mil 459 km son autopistas de cuota y 40 mil 710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24 mil 308 km se consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.1

Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1% del PIB a 4.5%. Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.

Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50% en algunos tramos.

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y ampliación, que por su localización repercuten en la distribución de mercancías, lo que naturalmente impacta en el nivel de crecimiento económico regional y en su desarrollo.

Sin embargo, me refiero en esta oportunidad, a la modernización del camino: Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, que tiene una distancia aproximada de 20 km; y del camino: Tunkás-Cenotillo, con una longitud aproximada de 16 km. El proyecto del camino Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, consiste en modernizar cerca de 14 km de longitud de un total de 20 km. Además, de ampliar el paso existente de 4 metros a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Cabe destacar que la problemática que presenta el camino es el mal estado en general, debido a que esto provoca que haya una concentración de agua, ocasionando problemas de erosiones subsecuentes, dificultad de transporte de mercancías, víveres y personas de poblaciones aledañas, así como el acceso a bienes y servicios básicos como lo son: salud, educación, comunicación, entre otros; lo cual afecta de manera considerable la calidad de vida de los pobladores.

Por otra parte, el proyecto del camino Tunkás-Cenotillo consiste en la reconstrucción del camino alimentador, con una longitud de 16 km, se pretende levantar el asfalto actual para volver a pavimentarlo, esto debido a las malas condiciones en las que se encuentra; además de ampliarlo 9 metros de ancho, con la finalidad de alojar dos carriles de circulación de 4.5 metros cada uno.

De acuerdo a la información obtenida por la SCT, se han modernizado casi 7 km del camino, por lo que faltaría terminar de modernizar más de 9 km.

El propósito de la modernización de estos caminos, es hacer más seguro, cómodo y eficiente el movimiento de bienes, comunicaciones y personas que circulan a través de ellos. Entre los beneficios para los usuarios, cabe destacar que se contribuirá a la disminución de tiempos de recorrido y de los costos de operación vehicular, lo que se traducirá en una mayor competitividad del transporte de la región Este del estado de Yucatán.

Finalmente, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y servicios, limitando el bienestar de la población y las actividades econó­micas que puedan generar un crecimiento y desarrollo para el país. El invertir en una infraestructura adecuada potenciará la capacidad productiva del país y abrirá nuevas oportunidades de progreso no sólo para los yucatecos sino para todos los mexicanos.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la construcción, ampliación y modernización de los tramos carreteros Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el 20 de mayo de 2013. Disponible: http://www.dof.gob.mx/





Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a replantear la estrategia de seguridad en la entidad a fin de poder hacer frente a los grupos organizados del narcotráfico que se instalan dentro del territorio de la capital del país. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas en beneficio de la economía de las familias más pobres de la entidad. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, Dip. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las sociedades modernas la electricidad se ha vuelto indispensable no sólo para los procesos productivos y comerciales sino para el desarrollo pleno de las personas; en este sentido, para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a la energía eléctrica, al igual que el acceso al agua potable, debe ser considerado como un derecho fundamental.

Diversas interpretaciones contemplan a la energía eléctrica como parte del derecho humano a una vivienda adecuada. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos para garantizar los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que: “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.1

Asimismo, se ha establecido que “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso”.2

Por otra parte, la Comisión de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas señala que “el derecho a una vivienda adecuada como todos los derechos humanos, surge de la aceptación de la dignidad de cada persona y por eso el derecho a la vivienda no puede entenderse sólo como un techo dónde refugiarse... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.3

Bajo estas premisas, en el estado de Chiapas, localizado al sur de la República Mexicana, se ha registrado un incremento de las protestas relacionadas con el elevado costo de las tarifas por consumo de energía eléctrica; se tiene registro que los movimientos sociales en contra del pago de tarifas eléctricas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvieron origen en la década de los años noventa, los cuales han ido escalando con el paso de los años hasta convertirse en una importante problemática social para la entidad.

De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, durante los últimos cinco años en la entidad fueron presentadas 2 mil 320 quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, los señalamientos más numerosos fueron el cobro indebido, alteración de la tarifa, error de cálculo, negativa de la compañía a realizar algún cambio o devolución, así como negarse al pago por pérdidas o deterioro a consecuencia del uso de un producto.

En este orden de ideas, en lo que va del año han sido múltiples las comunidades que se han sumado en contra del alza injustificada en las tarifas eléctricas; integrantes de diversas asociaciones han exigido a las autoridades correspondientes el cumplimiento de diversos acuerdos celebrados entre funcionarios de las Secretarías de Gobernación, de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, lo alarmante de la situación radica en el hecho de que las protestas encabezadas por diferentes comunidades no se han reducido a la negativa en el pago del servicio de energía eléctrica, sino han escalado hasta presentar actos de violencia en manifestaciones o mítines a lo largo del estado.

De acuerdo con datos emitidos por CFE, 117 de los 118 municipios que integran la entidad tienen algún tipo de adeudo por concepto de energía eléctrica, y por lo menos en 40 municipios las acciones que ha implementado la Comisión ha sido la suspensión del servicio de energía eléctrica en el alumbrado público u oficinas gubernamentales; con el objetivo de frenar las protestas e incentivar a la población a ponerse al corriente en los adeudos, la paraestatal ha logrado acuerdos con las autoridades estatales a fin de que absorban hasta el 50 por ciento del monto adeudado de los usuarios morosos y con ello se frenen las medidas de resistencia y actos de violencia.

En este contexto, no podemos soslayar que Chiapas viene arrastrando un historial de pobreza y marginación, el cual ha sido difícil revertir a pesar de los innumerables esfuerzos implementados por el Gobierno del Estado.

De acuerdo al último informe realizado por la Secretaría de Desarrollo Social respecto al nivel de pobreza que se vive en las 32 entidades federativas de la República, Chiapas es el estado que concentra el mayor número de habitantes en situación de pobreza y marginación.

Según datos del informe, se destaca la reducción consistente del rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda; en el corto plazo los esfuerzos encaminados por las autoridades correspondientes para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en la entidad se reflejan en la disminución consistente de cada una de las carencias, sin embargo, no deja de ser aún muy grande la brecha existente con las entidades con mejores indicadores.

Mediante un comparativo entre los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual disminuyó de 43.2% a 17.1%, lo que representa una reducción del 26.1 puntos porcentuales.

Considerando los resultados obtenidos nos damos cuenta que aún existen importantes carencias en el estado y hay grandes áreas de oportunidad a fin de mejorar los indicadores de pobreza, por ello creemos importante seguir trabajando, en conjunto con la presente administración, a fin de implementar medidas dirigidas al fortalecimiento del ingreso de las familias, especialmente las más vulnerables.

En este orden de ideas, consideramos importante se valore la posibilidad de establecer una tarifa preferencial para la entidad, a fin de disminuir de forma considerable los montos que deben pagar los chiapanecos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica, la implementación de este tipo de estrategias debe dirigirse a apoyar la economía de las familias que más obstáculos enfrentan para su desarrollo y cuyo ingreso es, en muchas ocasiones, insuficiente para cubrir los altos costos de la energía eléctrica.

La Ley de la Industria Eléctrica señala en su artículo 139 la facultad que tiene la Comisión Reguladora de Energía a fin de establecer los cálculos y ajustes de las tarifas eléctricas, asimismo en el artículo 140 se establecen los elementos que deberán ser considerados para dicho cálculo; mismos que a la letra dicen:

Capítulo VI
De las Tarifas

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

Artículo 140.- La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros:

I. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales;

II. Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada;

III. Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada;

IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada, o bien, mediante procesos competitivos;

V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, y

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Derivado de lo antes expuesto, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabajamos en pro de la economía de las familias mexicanas, asimismo, conscientes de la situación de pobreza que se vive en el Estado de Chiapas solicitamos se tomen las medidas necesarias con la finalidad de evitar que el rezago económico de los habitantes de la entidad ponga en riesgo la posibilidad de un desarrollo pleno.
Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía para que realice una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el Estado de Chiapas a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas en beneficio de la economía de las familias más pobres de la entidad.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 26 de julio de 2017.

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Sasil Dora Luz De León Villard.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo primero del artículo 11 del Pacto). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2 Ibídem.

3 Véase, Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, párrafo quinto.






Del Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar e incorporar a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ahora Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, ha difundido desde el inicio de su campaña como candidato del Partido Republicano, la promesa consistente en que en los primeros 100 días de su gobierno, evaluaría si dicho país dejará o no el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994, a fin de “dar vuelta atrás a décadas de política comercial conciliatoria [...] en pos de los intereses de Estados Unidos y sus trabajadores”, lo que anticipa un duro golpe a la relación comercial entre México y aquél país, y por ende, a la economía mexicana.

No obstante, las constantes amenazas y descalificaciones contra México y sus habitantes, lanzadas desde su campaña, el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió -como bien describe Luis Rubio- darle un trato como Jefe de Estado a Donald J. Trump, cuando este era aún candidato, quien “escuchó el discurso respetuoso del presidente [Enrique Peña Nieto] y se fue a Arizona a reiterar sus posturas en política migratoria y respecto a México y los mexicanos”.
En ese mismo evento, narra Luis Rubio, “se le ofreció a Trump la renegociación del TLC, algo que ningún país hace pues esto implica, de facto, su anulación. Colocando al país y al gobierno en la posición más vulnerable desde la época revolucionaria.” En conclusión, “todo en esta visita implicaba un riesgo para México y beneficio para Trump”, sentencia Luis Rubio.

El triste episodio -justificado por la supuesta posibilidad de que Donald J. Trump llegara a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos- desencadenó una serie de eventos desafortunados, que culminaron con la victoria de Donald J. Trump, la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda y Crédito Público, y con el descrédito público del Presidente Enrique Peña Nieto. Pepe Gordon, en su columna “El cuaderno verde”, describe la visita de Donald Trump a México como una profecía autocumplida; así, y de la mano de ejemplos de la literatura y del cine, explica: “De acuerdo con el sociólogo Robert Merton, una profecía autocumplida tiene en su origen una falsa definición de una situación o persona que genera un comportamiento que precisamente logra que la falsa concepción se haga verdadera”.

Con la victoria del Donald Trump, el panorama mundial y el de nuestro país, recibieron un fuerte golpe, que significó la imposición ad hoc de un nuevo negociante del TLCAN; una persona que tiene una relación indirecta con Trump: Luis Videgaray. La causa que motivó su renuncia a la Secretaría de Hacienda, fue la misma que lo colocó como Secretario de Relaciones Exteriores. Trump formalizó su intención de renegociar el TLCAN con México y Canadá el 18 de mayo del año en curso, a través de una carta al Congreso Estadounidense. A partir de su regreso, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió reinstalar a Luis Videgaray en el Gobierno Federal, esta vez como Secretario de Relaciones Exteriores, encomendándole la renegociación del TLCAN, que lo han llevado a realizar múltiples viajes a Estados Unidos con esa finalidad.

El 5 de junio México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el comercio de azúcar, cuyo objetivo se centró en controlar las importaciones de azúcar desde México, y que ponía fin a un desacuerdo bilateral que inició en 2014, tema delicado que, de acuerdo con un análisis de Elisabeth Malkin publicado en el New York Times, marcará la pauta para las negociaciones del TLCAN, toda vez que representa un precedente acerca de cómo podrían desenvolverse las renegociaciones del TLCAN.

En ese sentido, el pasado 10 de julio, Videgaray se reunió con congresistas en Washington para discutir puntos sobre el TLCAN, entre ellos William Hurd, Henry Cuéllar y el Presidente de la Cámara Paul Ryan, a pesar que Robert Lighthizer, representante comercial de EUA, declaró que las conversaciones con los países socios no iniciarían antes del 16 de agosto. No obstante, los mexicanos no hemos tenido informes respecto a lo que se acordó en esas reuniones.

Posteriormente, el pasado 16 de julio -a un mes de iniciar formalmente la renegociación-, Estados Unidos, a través de Robert Lighthizer emitió un documento especificando sus objetivos, entre ellos la reducción de déficit con México, mejorar el acceso de los productos estadounidenses, eliminación de subsidios, reforzar las obligaciones de los socios en cuestiones laborales y medioambientales. También contemplan la incorporación de un capítulo dedicado a las nuevas formas de negocio digital.1 Sin embargo, los mexicanos continuamos con la incertidumbre, no conocemos las metas reales del Gobierno Mexicano. Recientemente, el diario El Financiero publicó que el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno Federal contrataron a la firma Akin, Gump, Strauss, Hauer y Feld “para asistirle en el cabildeo con instancias legislativas y ejecutivas del gobierno estadounidense, de cara al inicio de las pláticas para actualizar el tratado, que arrancarán en agosto próximo”2, sin que se haya dado a conocer hasta ahora el monto del gasto que ha representado dicha contratación, sin embargo, se sabe que sus honorarios son de los más elevados.

Existe la urgencia de renegociar el Tratado previo a las Elecciones Federales de 2018 en México, y a las elecciones intermedias de Estados Unidos, a celebrarse en noviembre de este año, ingredientes que hacen de este un ambiente nada propicio y adecuado  para llegar a un acuerdo de esta magnitud.

Consideramos que en todo proceso se necesita de la máxima publicidad y transparencia; por ello, es de vital importancia conocer cada detalle de esta renegociación, en especial a partir de que existen datos inconclusos, a la luz de reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca, que suelen surgir de forma “inesperada”, tal como ocurrió el pasado 10 de julio -dicha visita no estaba en la agenda oficial3.

Por tanto, es necesario que el canciller Luis Videgaray rinda cuenta ante esta Soberanía, dé a conocer e informe respecto de las negociaciones del TLCAN, y las medidas que se han adoptado de cara a estas, y la incorpore e incluya en la planeación, análisis y ejecución de aquéllas, previo a las negociaciones y cabildeo con congresistas norteamericanos. Resulta indignante que, incluso las cúpulas empresariales en México estén mejor informadas, y coordinadas con el Gobierno Federal, y el Congreso de la Unión -parte fundamental en este tipo de negociaciones- quede relegada a un mero espectador, sin voz ni voto. No se puede avalar una negociación de la que no se es parte. Lamentablemente, como ha afirmado Luis Rubio, “nuestra realidad política es que el gobierno no le rinde cuentas a nadie y sus integrantes no pagan los costos de sus decisiones”.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe e incorpore a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 26 de julio de 2017.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 El Economista, EE UU detalla los objetivos de la negociación del TLCAN, disponible en:
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/18/actualidad/1500346852_382379.html

2 IP renegociará el TLCAN con ‘dream team’, El Financiero, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-renegociara-el-tlcan-con-dream-team.html

3 El Universal, Videgaray se reúne con equipo de Trump en la Casa Blanca, diponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/11/videgaray-se-reune-con-equipo-de-trump-en-la-casa-blanca






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito, en virtud de que la Secretaría de la Función Pública identificó anomalías por más de 6 millones de pesos. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La administración de la delegación Miguel Hidalgo, encabezada por de Víctor Hugo Romo, durante el período 2012 -2015, lejos de entregar buenos resultados a los vecinos de la demarcación, heredó a la presente administración diversas obras inconclusas que hoy son muestra de un ejercicio ineficiente de los recursos públicos por parte del entonces delegado.

Entre las obras que no se concluyeron durante el período en el que Víctor Hugo Romo se desempeñó como jefe delegacional podemos mencionar las siguientes:

• Remodelación del Cine Cosmos que contó con un presupuesto de 142 millones de pesos.

• Construcción del nuevo edificio delegacional, con una inversión de 24 millones de pesos.

• Proyecto para la Regeneración Urbana de la Avenida Presidente Masaryk con un costo estimado de 480 millones de pesos.

• Recuperación, rehabilitación y mejoramiento del denominado Parque “El Mexicanito” con una erogación de aproximadamente 15 millones 869 mil 578.

La Secretaría de la Función Pública detectó diversas anomalías en cinco obras por un costo de superior a los 46.2 millones de pesos.

Destacando la adjudicación de 24.3 millones de pesos mediante dos contratos a la empresa Phomsa Construcciones, para edificar el nuevo edificio delegacional, obra en la se realizaron cobros indebidos, pues se incrementó en un mil por ciento el costo de la superficie de excavación.

Aunado a los sobreprecios en el pago de obras, también fue una constante las violaciones a diversas normas en la adjudicación de las mismas.

Entre las principales empresas beneficiarias se encuentran: Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa & NOR S.A. de C.V., Queliti Construccion S.A. de C.V., además de TORECOMA S.A de C.V.

Es precisamente a la empresa TORECOMA S.A de C.V., a la que mediante el contrato DMH-LPFO-131-13, se le adjudicaron las obras del parque Sir Winston Churchill, mejor conocido como “El Mexicanito”.

De acuerdo a los estipulado en dicho contrato, el costo de las obras ascendería a  9 millones 757 mil 577 pesos, además, contó con un convenio adicional de 6 millones 112 mil pesos, es decir, para la renovación de este parque se invertiría en una primera etapa, un total de 15 millones 869 mil 578. 

A pesar de que la fecha establecida para realizar las obras, era del 21 de noviembre al 31 de diciembre de 2013, los trabajos iniciaron hasta el año 2015. El retraso fue consecuencia de la realización de estudios de impacto ambiental, aun así se le pago de forma anticipada a la empresa.

De acuerdo a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la Ciudad de México en las obras realizadas en Parque “El Mexicanito” se detectaron las siguientes irregularidades:

• Se compraron 500 módulos de concreto, cuando en realidad sólo existe evidencia física de 270.

• En lugar de la adquisición de 470 piezas tipo “U” de la trotapista como estaba señalado en el contrato, sólo se contabilizaron 276, de acuerdo a una inspección física realizada por personal de la Delegación Miguel Hidalgo.

• Se efectuaron erogaciones por la compra de 610 m3 de tezontle, cuando en realidad sólo se realizaron 500 m3

• Se modificó el Catálogo de Obra en un 96.55%, lo cual provocó el incremento del costo de la obra.

• Se detectó que el costo del proyecto en realidad era de 6 millones 511 mil 423 pesos, es decir, el entonces delegado Víctor Hugo Romo pagó un sobreprecio de cerca de 9 millones de pesos.

En abril de 2017, la Contraloría General de la Ciudad de México mediante el oficio CI/MH/QDyR/0562/2017, concluyó que las únicas anomalías que encontró en las obras del parque, fueron de carácter administrativo, mismas por las que se sancionaron a 7 funcionarios de la administración de Víctor Hugo Romo.1

No obstante; el Director General de Contralorías Internas, Pedro Cruz Ortiz, señaló que sólo se analizaron 8 de los 13 conceptos de obras que comprendía el contrato de rehabilitación del Parque “El Mexicanito”2, es decir, dicha análisis no fue exhaustivo y lo cual explica porque la Secretaría de la Función Pública si encontró irregularidades que ascienden a más de 6 millones de pesos.

Entre las anomalías identificadas por la Secretaría de la Función Pública, podemos destacar las siguientes:

• El cobro de obras que no se ejecutaron por un monto de 3.3 millones de pesos.

• Faltas de autorización para realizar pagos por más de 2 millones.

• Obras que no se justan a las especificaciones contratadas, que ascienden a más de 900 mil pesos.3

En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que los manejos irregulares que se presentaron durante la administración de Víctor Hugo Romo, como jefe delegacional en Miguel Hidalgo, no deben de quedar impunes, por ello, resulta necesario que la Contraloría General de la Ciudad de México promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplié las auditorias a los conceptos de obra del parque El Mexicanito, en virtud de que la Secretaría de la Función Pública identificó anomalías por más de 6 millones de pesos. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente.

1 “Desvinculan a Romo de presuntas irregularidades en El Mexicanito”, Excélsior,
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/25/1159789 Consultado el 18 de julio de 2017.

2 “Minimiza Contraloría anomalía en Mexicanito”, Reforma, Ciudad, p.1 , 18 de julio de 2017.

3 “Hallan en Mexicanito anomalías por 6 mdp”, Reforma, , Ciudad, p.1, 17 de julio de 2017.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a informar sobre los avances en materia de distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016; asimismo, exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir la resolución del proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) INFORME SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL DIÉSEL DE ULTRA BAJO AZUFRE (DUBA) DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA NOM-016-CRE-2016; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA (COFEMER), PARA QUE EMITA A LA BREVEDAD LA RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SEMARNAT-2006, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático es un fenómeno global que tiene impacto negativo en diversos aspectos sociales, ambientales y económicos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS); se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250,000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico1.

La OMS también indica que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del transporte y en la modificación de los patrones de consumo. Debido a lo anterior, México se ha preocupado para atacar este fenómeno contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el ámbito internacional, en diciembre de 2015 durante la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la que México forma parte, se adoptaron compromisos para impulsar economías bajas en emisiones. Como resultado se generó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático que busca lograr un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir, cero emisiones netas.

En este sentido, se decidió a que el aumento de la temperatura media en la Tierra se mantenga por debajo de los dos grados centígrados reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático2. Para ello, los países revisarán sus compromisos de reducción de emisiones al alza cada 5 años.

Particularmente, México destacó por ser el primer país en desarrollo que presentó su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que establece metas concretas para reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 de manera no condicionada.

Sin embargo, de acuerdo a cifras del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2012, las emisiones de bióxido de carbono (CO2) de México, derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, representaron el 1.37% de las emisiones globales, lo cual nos coloca en el lugar 13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas3.

En el ámbito nacional, el combate al cambio climático y el cuidado al medio ambiente se tienen estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo como una estrategia para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Dentro de las líneas de acción de esta estrategia se contempla el “acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte”4.

Asimismo, se plantea “contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles”.5

Dentro de las opciones para lograr este objetivo podemos citar:

• La optimización del uso de los combustibles fósiles (eficiencia energética), uso de combustibles alternos.

• El desarrollo de tecnologías para reducir el peso de los vehículos.

• El uso de neumáticos que reducen la fricción de los mismos con respecto a los tradicionales.

• La mejora en la aerodinámica de los componentes de una combinación vehicular, como lo es un vehículo integral o el vehículo tractor y los remolques que arrastre.

Según el INEGEI 2013, las emisiones directas de gases de efecto invernadero en el país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%)6.

Para el caso del carbono negro, considerado como el segundo mayor contaminante atmosférico, su volumen de emisión alcanzó alrededor de 125 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte (38%).

Con base en estas estadísticas, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó el 12 de octubre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, con el objetivo establecer los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partículas (Part) y opacidad del humo proveniente del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso brutovehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF el proyecto de modificación a dicha norma, trámite que abierto a recomendaciones por 60 días vía la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) aún no se concluye.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el DOF el 29 de agosto de 2016, la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, respecto a Especificaciones de calidad de los petrolíferos, aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel, entre otros, en toda la cadena de producción y suministro, incluyendo su importación.

En este sentido, y respecto al uso de petrolíferos por parte de vehículos de transporte de carga y autotransporte, la NOM establece que el Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), aquel diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre es de 15 mg/kg, será distribuido en la zona de influencia de los corredores con la infraestructura que actualmente tiene Petróleos Mexicanos (PEMEX) asociada a la producción e importación de DUBA y a la capacidad de distribución integrada por ductos y terminales de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así como a los municipios adyacentes a dichas vías de comunicación; además de las ciudades de Monterrey, México y Guadalajara, y los municipios de la frontera norte. Cabe señalar que el resto de las entidades federativas y municipios utilizan diésel con contenido máximo de azufre de 500 partes por millón.7

Además, indica que a partir del 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.

Cabe mencionar que la NOM anterior que regulaba la calidad de petrolíferos (NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005) determinó un plazo límite para abastecer de diésel DUBA desde el año 2009, lo cual no se cumplió por parte del PEMEX.

Por tal motivo, la industria del autotransporte solicitó en varias ocasiones a la SEMARNAT, encargada de establecer los límites máximos de emisiones contaminantes para los vehículos nuevos y en circulación, realizar la evaluación de la calidad de los combustibles, con el fin de establecer y garantizar la cobertura de diésel DUBA de manera periódica al paso del tiempo.

Debido a la falta de esta acción, la industria automotriz de vehículos pesados realiza un proceso de muestreo aleatorio de la calidad de diésel automotriz que aporta de manera ilustrativa las condiciones de abasto actuales. Este trabajo se muestreo se realiza siguiendo protocolos de medición del contenido de azufre en el diésel automotriz.

Aunado a esto, elINECC contempla el desarrollo de un inventario de emisiones totales (incluyendo los emitidos por fuentes móviles como los vehículos de carga y pasaje), lo cual debe suceder en 2017. Sin embargo, una de las limitantes para actualizar dicho inventario es que a pesar de que cada entidad federativa cuenta con un registro del parque vehicular y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene su propio registro nacional, las cifras no coinciden con el total, y por lo tanto se carece de un inventario homologado del parque vehicular a nivel nacional.

De esta manera, es evidente la necesidad de implementar mecanismos de vigilancia de la calidad que se suministre a los canales de venta directa a los usuarios finales. Además, de vigilar la calidad de los combustibles que se producen, importan y distribuyen para tener un control de emisiones y poder identificar las bombas de despacho con la calidad que se está suministrando.
Por lo anterior, somete a consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que informe a esta Soberanía sobre los avances en materia de distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para que emita a la brevedad la resolución del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el 17 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación que, entre otras disposiciones, establece los límites máximos permisibles de emisión de partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 OMS, Cambio climático y salud (2016).

2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Vigésimo Primera Conferencia de las Partes (2015).

3 INECC. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 (2015).

4 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (2013).

5 Ídem.

6 INECC. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, (2015).

7 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, (2016).






Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades locales encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública a reforzar las acciones para combatir y sancionar la trata de personas en sus diferentes modalidades. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, Dip. JESÚS SESMA SUÁREZ, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/192, para designar el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas con el objetivo de reiterar la condena internacional hacia esta actividad, especialmente ejercida en contra de las mujeres y los niños, al ser una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas, los derechos humanos y el desarrollo de los países.

En ese contexto, Naciones Unidas manifestó en el año 2016 a través de su Secretario General que, a pesar de las medidas que diversos países han adoptado en el plano internacional, regional y nacional, la trata de personas sigue siendo uno de los problemas más graves que afronta la sociedad global.

Recordemos que la trata de personas es identificada como una nueva forma de esclavitud que vulnera en su totalidad los derechos humanos de la víctima que es explotada como mercancía para fines de comercio sexual, pornografía, servidumbre forzada y tráfico de órganos.

El Protocolo de Palermo (cuya finalidad es prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) establece las siguientes acciones para combatir más eficazmente la trata de personas.

A) Prevenir;

B) Proteger;

C) Perseguir a los delincuentes.

Lamentablemente, los esfuerzos realizados para erradicar la trata de personas no están resultando tan eficaces como se quisiera, tal y como lo mostró el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en el año 2012 ubicó a la trata como la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo, sólo detrás de la venta ilegal de armas y drogas, con un beneficio económico estimado para los traficantes de 32 mil millones de dólares.

Otros informes, como el Informe Global de la Esclavitud 2015, elaborado por la Fundación Walk Free y dado a conocer en mayo de 2016, evidencian que se han contabilizado 45.8 millones de personas en todo el mundo que realizan actividades relacionadas con la explotación laboral, de los cuales el 58% viven en India, China, Pakistán, Blangladesh y Uzbekistán. Mientras que los países con mayor cantidad de esclavos laborales infantiles se encuentran en Corea del Norte, Uzbekistán, Camboya, India y Qatar.

En México se tienen identificadas de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas, según el más reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas, en donde las ciudades con mayor incidencia de este delito son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; Acapulco en Guerrero, y Cancún en Quintana Roo.

El Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, establece que ocho estados (Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) y el Distrito Federal concentran 81% del total de averiguaciones previas sobre trata de personas del fuero común.

Bajo las primicias señaladas, resulta importante que a nivel estatal se trabaje en reforzar las acciones de seguridad pública y procuración de justicia para erradicar la Trata de Personas en cualquiera de sus modalidades. Pues, solamente en 2015, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que, de enero a mayo de ese año, se abrieron 56 averiguaciones previas por trata, cifra que supera al total de indagatorias del 2008 y el 2009. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer en 2016 un informe que establece que apenas el 7.2% de las averiguaciones federales y locales que se inician por trata de personas terminan en una sentencia condenatoria.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, en el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, hacemos un llamado a que todos trabajemos juntos en la erradicación de este flagelo social que daña la dignidad e integridad de las personas.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, así como a las autoridades locales encargadas de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública a reforzar las acciones para combatir y sancionar la Trata de Personas en sus diferentes modalidades.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión, el 26 de julio de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz De León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.






Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con motivo de un ejercicio indebido del servicio público, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponden, en relación con lo sucedido con el denominado “Paso Express de Cuernavaca”, en el que dos personas perdieron la vida. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 24 de enero de 2015, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, anunció en Cuernavaca, Morelos, el arranque de la obra denominada “Paso Exprés Cuernavaca”, misma que tendría un costo total  de 1 mil 045 millones de pesos, y cuya construcción concluiría en 18 meses, a partir de la fecha señalada. Dicha obra consistiría en la ampliación de corona de 21 a 36 metros de ancho, contaría con una longitud de 14.5 kilómetros, para albergar 10 carriles para un aforo de más de 100 mil vehículos por día.

La empresa Aldesa estaría a cargo del “Paso Exprés Cuernavaca”, y de acuerdo con la ficha técnica de la obra, su construcción comenzó a finale de noviembre de 2014.

Posteriormente, el 22 de julio de 2016, el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudió al Estado de Morelos, en donde declaró que el denominado “Paso Exprés Cuernavaca” concluiría antes de las vacaciones de diciembre de ese año.

No obstante lo anterior, a finales de 2016 la construcción del denominado “Paso Exprés Cuernavaca” no había concluido. Por si fuera poco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que, en la misma fecha antes indicada, el costo de la obra ya era de 1 mil 500 millones de pesos.

Finalmente, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que la construcción del denominado “Paso Exprés Cuernavaca” concluiría el 31 de marzo de 2017, con un costo total de 2 mil 213 millones de pesos, es decir, más del doble del anunciado originalmente, y luego de más de dos años de obras.

Previó a la inauguración a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, el 1º de abril de 2017, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el Director General de Carreteras Federales, Clemente Poon Hung, y el delegado en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón Ezeta, recorrieron la obra. En dicho recorrido, el Secretario Gerardo Ruiz Esparza aseguró que, por las especificaciones de la obra y los materiales empleados, se garantizaba una durabilidad del “Paso Exprés Cuernavaca” de más de 40 años. Se afirmó que con dicha obra se reducirían los riesgos de accidentes y los tiempos de traslado. El miércoles 5 de abril de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Ampliación y Modernización del Libramiento de Cuernavaca, denominada “Paso Exprés Cuernavaca”, con un tránsito diario estimado de 104 mil vehículos.

Durante la construcción del denominado “Paso Exprés Cuernavaca” estuvo plagada de contratiempos y incidentes: hubo problemas e inconformidades con los propietarios de casas situadas a lo largo del “Paso Exprés”; rompimiento constante de tuberías de agua potable que dejaron a vecinos sin agua por días; se demolieron dos puentes peatonales; ocurrieron más de ochenta accidentes viales; y, hubo un saldo de 21 muertos.

Asimismo, el 3 de abril de 2017, dos días antes de la inauguración del “Paso Exprés Cuernavaca”, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, realizó un recorrido por el “Paso Exprés Cuernavaca”, del cual se detectaron diversos problemas, por lo que se levantó una minuta, que firmó la Secretaría de Gobierno, se advirtió al delegado en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón Ezeta, y se hizo un llamado para que se corrigieran los problemas. Posteriormente, el 2 de junio de 2017, Protección Civil del Estado de Morelos, nuevamente emitió un documento con la misma exigencia, en el que detalló 35 irregularidades de la obra, que ponían en riesgo la vida de vecinos y personas que la transitaban.

De igual manera, el 3 de julio de 2017, la Ayudantía del Poblado de Chipitlán, Morelos, entregó un oficio, fechado el 30 de junio de 2017, al delegado en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón Ezeta, en el que se denunció que “debido a las fuertes lluvias y al mal trabajo realizado en el tramo del Paso Exprés […] le comunico que el muro que se levantó está a punto de colapsarse, ya que el tubo que se encontraba en estado obsoleto no fue sustituido por otro que fuera apto para dicha obra, ya que el caudal de agua que baja de la Barranca Santo Cristo, que corre por debajo de ese tramo, debido a la mala planeación del Paso Exprés ha provocado inundaciones a todos los vecinos de dicho tramo”1.

En ese tenor, el Municipio de Cuernavaca señaló en su momento que sugirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la empresa Aldesa, “respetar el cauce natural de la barranca y a realizar trabajos de reforzamiento en la consolidación de las plataformas, en trabajos de terracería”2.

También, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos había iniciado el expediente CDHM/SE/DQO/39/148/2017-3, con motivo de las irregularidades de la obra, denunciadas por los vecinos, quienes advirtieron de la falla estructural. Dicha Comisión instó a las autoridades a “implementar los esfuerzos necesarios de manera urgente para salvaguardar la integridad física de los usuarios del Paso Exprés Tlahuica [...] que se encuentran en estado de vulnerabilidad ante las omisiones  reiteradas de las autoridades por atender este tipo de fallas de infraestructura, que en repetidas ocasiones han sido denunciadas por la población ante el temor fundado de que percances como el de esta mañana pudieran presentarse”3.

Pese a las advertencias, el pasado 12 de julio de 2017, a las 5 de la mañana se abrió un socavón de cuatro metros de diámetros y cinco de profundidad, en uno de los carriles del denominado “Paso Exprés Cuernavaca”, a la altura del kilómetro 93+600, localizado en el poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca, en el que cayó un automóvil con dos personas, que, tras un derrumbe en el mismo socavón, quedaron sepultados y perdieron la vida.

Después de 10 horas, los cuerpos sin vida de Juan Mena Romero, de 33 años, y Juan Mena Ruiz, de 65 años, fueron rescatados. El automóvil resultó severamente dañado.

Posterior al accidente, se cerró completamente el “Paso Exprés Cuernavaca”, debido a que continuaron los derrumbes, que provocó que el socavón aumentara su diámetro, de cuatro metros a ocho metros, y se cuarteara la pared lateral del desnivel de la autopista.

No obstante las diversas advertencias y llamados hacia las autoridades federales, a fin de reparar las graves fallas estructurales, y demás irregularidades encontradas a lo largo de la construcción del “Paso Exprés Cuernavaca”, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deslindó de la responsabilidad del socavón, señalando que “se saturó el drenaje, cuando el agua corre de esta manera trae, de la montaña, lo que gustes, muchas veces, lamentablemente, entre troncos, árboles, también basura que se deja tirada y eso fue lo que taponeó el drenaje y eso provocó que se infiltrara el agua en la parte baja de la carretera, debilitando el subsuelo y eso provocó que se viniera abajo”4.

Asimismo, la dependencia indicó que el socavón fue ocasionado “por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana”5, por lo que acusó que “la alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no forma parte de los trabajos realizados para la construcción del Paso Express de Cuernavaca”6. Sin embargo, consta en un vídeo publicado en la cuenta de YouTube de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el Secretario afirmó que “hicimos adicionalmente 10 kilómetros de drenajes, un colector de casi un kilómetro porque estas casas que están prácticamente sobre el derecho de vía de la carretera no tenían drenaje. Entonces tuvimos que hacerles drenaje para que la carretera tuviera circulación de agua y las casas pudieran desaguar también los líquidos”7.

Dados los antecedentes narrados en los párrafos anteriores, es que me veo en la necesidad de presentar este Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Titular del Ejecutivo Federal la destitución del actual Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, toda vez que puede configurarse un ejercicio indebido del servicio público, pues los servidores públicos del Gobierno Federal tienen la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a personas, lugares e instalaciones, por lo que, con el actuar denunciado, dicho Secretario faltó a su deber, propiciando daño a las personas, a los lugares e instalaciones, presumiblemente mediante cohecho al no exigir a la empresa Aldesa la reparación y adecuación del “Paso Exprés Cuernavaca”, de acuerdo con las exigencias de autoridades municipales, estatales, vecinos y de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, provocando la muerte de dos personas.

Lo anterior implicó una violación grave a los derechos humanos de Juan Mena Romero, de Juan Mena Ruiz y de los ciudadanos residentes en el Estado de Morelos, toda vez que el actual Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y derivado de un ejercicio indebido de servicio público, y teniendo obligación por razones de cargo vigilar, proteger y dar seguridad a personas, lugares e instalaciones, incumplió a su deber, propiciando daño a las personas, a los lugares e instalaciones, presumiblemente mediante actos de corrupción al no exigir a la empresa Aldesa la reparación y adecuación del “Paso Exprés Cuernavaca”, de acuerdo con las exigencias de autoridades municipales, estatales, vecinos y de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, provocando la muerte de dos de las víctimas, y causando daños y perjuicios en contra de Juan Mena Romero, de Juan Mena Ruiz y de los ciudadanos residentes en el Estado de Morelos.

Lo anterior constituye, y conduce a, una violación sistemática y permanente a los derechos humanos de las víctimas, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desatendió a su obligación, en relación con los derechos humanos, de proteger, “función central de los Estados los cuales deben evitar que un daño irreparable se inflija a los miembros de la sociedad. Esto exige de los Estados: a) prevenir violaciones de los derechos por individuos u otros actores no-estatales; b) evitar y eliminar incentivos que conduzcan a la violación de los derechos por terceras partes y c) brindar acceso a remedios legales, cuando las violaciones han ocurrido, así prevenir pérdidas mayores”8; dicho incumplimiento presumiblemente se encuentra relacionado con  actos de corrupción entre la empresa constructora y las autoridades federales, que implica un actuar negligente por parte del Gobierno Federal.

En ese sentido, se considera que con el actuar negligente de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, violó lo siguientes derechos consagrados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica):

Artículo 4 -- Derecho a la vida
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

… “

Dicho derecho humano impone una obligación al Estado, a fin de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones. Por ello, y ante el actuar negligente de la autoridad federal en el presente caso, resulta evidente que se violó dicho derecho humano a Juan Mena Romero y a Juan Mena Ruiz.

Artículo 5 -- Derecho a la integridad personal Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”

Este derecho humano impone una obligación al Estado para que respete la integridad física, moral y psíquica de las personas. En el caso concreto, y derivado del incumplimiento a dicha obligación, las autoridades del Gobierno Federal causaron un perjuicio en el referido derecho humano a Juan Mena Romero y a Juan Mena Ruiz.

Artículo 24.

[...]

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

El derecho en mención impone una obligación al Estado, para que toda persona que ha sido víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos tenga derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia, así como derecho a la seguridad, al bienestar físico y psicológico.

En el caso concreto, las autoridades federales, al estar alertadas del mal trabajo de la empresa constructora, debieron garantizar la máxima protección de los ciudadanos mexicanos, y actuar en consecuencia.

En ese tenor, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha considerado “de gravedad las consecuencias de la corrupción para la estabilidad y seguridad de quienes habitan [...] [nuestro país], al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, al tiempo que comprometen las condiciones para el desarrollo sostenible”, toda vez que “la corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, va en contra del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de las personas generando violaciones graves a sus derechos humanos, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.”9

Como ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “actualmente, lo que impera en México es una crisis generalizada de violaciones a derechos humanos que se complementa con un marco estructural de corrupción e impunidad. Peor aún, el marco estructural de corrupción se realiza mediante redes de criminalidad que funcionan cada vez con mayor complejidad.”10

El presente caso resulta de suma importancia dada la gravedad de las consecuencias íntimamente ligadas a una probable colisión entre autoridades federales de primer nivel, y empresas privadas que, derivado de actos de corrupción, pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos mexicanos, y propiciaron la muerte de dos personas.

Por ello, se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a destituir al actual Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, toda vez que se trata de actos y omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponden, en relación con los ilícitos denunciados, y que derivaron en afectaciones a la integridad física de las víctimas ya señaladas.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que destituya al actual Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por un ejercicio indebido del servicio público, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponden, en relación con lo sucedido con el denominado “Paso Exprés Cuernavaca”, en el que dos personas perdieron la vida.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Procuraduría General de la República a fin de que investigue, y en su caso, ejercite la acción penal contra quienes resulten responsables de los delitos relacionados con lo sucedido con el denominado “Paso Exprés Cuernavaca”, en el que dos personas perdieron la vida.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Jorge Álvarez Maynez.

1 Autoridades federales fueron alertadas de fallas en el Paso Exprés; ahora se deslindan, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/07/autoridades-fallas-paso-expres/

2 Íbid.

3 Mueren dos en el Paso Express por socavón en la México-Cuernavaca, Excélsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/13/1175351

4 Op. cit., Animal Político.

5 Comunicado-255-2017, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, disponible en:
https://www.gob.mx/sct/prensa/la-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes-informa

6 Íbid.

7 Op. cit., Animal Político.

8 La corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el vínculo, International Council on Human Rights, p. 30, disponible en: http://www.ichrp.org/files/reports/52/131_report_es.pdf

9 La corrupción genera violaciones graves a derechos humanos: CDHDF, CDHDF, disponble en:
http://cdhdf.org.mx/2016/12/la-corrupcion-genera-violaciones-graves-a-derechos-humanos-cdhdf/

10 VÁZQUEZ, Daniel (Coord.), Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014. Síntesis Ejecutiva, Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 35, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_035.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo de la entidad en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística, entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato y, en su caso, deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato ha cometido irregularidades en el ejercicio de recursos públicos federales, al delegar a una asociación civil la contratación de obra pública y utilizar, en al menos una ocasión, documentos apócrifos para realizar operaciones de dicha naturaleza1.

En concreto, se indica que las operaciones se llevaron a cabo a través de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros A.C. (Fundemin), la cual tiene como presidente a Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo en el estado de Guanajuato, como comisaria a la directora de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría y como Secretario Ejecutivo al ex director general de la misma dependencia.

Se expresa que la Secretaría de Turismo de la entidad, le ha otorgado contratos por 66.2 millones de pesos para obras de infraestructura turística, situación que transgrede la normatividad en virtud de que la dependencia en comento no puede delegar sus facultades, en el caso concreto, la contratación de obra pública a un particular.

Entre las obras que la dependencia delegó a la asociación Fundemin, destacan la segunda etapa del Proyecto Sangre de Cristo, se trata de la construcción del Centro de Atención a Visitantes del Pueblo Minero del Ministerio, que tuvo un costo total de más 64 millones de pesos, así como el proyecto Museo de las Momias Viajeras, el cual está localizado en el Parador Turístico Sangre de Cristo, con un costo de casi dos millones de pesos. 

Asimismo, cabe agregar que en al menos en una ocasión se utilizaron documentos apócrifos para poder llevar a cabo las actividades al margen de la ley, lo que además de su gravedad intrínseca, puede derivar en posibles conductas constitutivas de fraude y conflicto de interés. Las anomalías señaladas se dieron a conocer en 2013 cuando la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato detectó que la Secretaría de Turismo de la entidad falsificó un oficio con el objetivo de justificar que por medio del Fundemin se ejercieran con recursos federales. 

Lo anterior ocurrió en agosto de 2013, después de que la Secretaría de Turismo Federal respondió a su homóloga en el estado de Guanajuato que no era posible contratar y/o ejecutar obra pública a través de asociaciones civiles, sino que más bien se debería realizar por entidad federativa, ante lo cual la Secretaría de Turismo estatal falsificó el oficio para expresar que sí era factible.

Derivado de ello, la propia Secretaría de Transparencia de la entidad inició un proceso administrativo y presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, donde se abrieron dos carpetas de investigación, una por falsificación y otra por fraude.

Cabe destacar que las irregularidades también fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo cual emitió dos observaciones para que la Contraloría estatal iniciara procesos de responsabilidad administrativa.

Sobre el particular, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2014, entre otras cuestiones, la ASF solicitó:

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión forman parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, A.C., por lo que se presume un probable conflicto de interés2.

Ante los hechos expresados, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, realice las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística a favor de Fundemin.

El exhorto formulado encuentra su sustento en lo dispuesto en el primero y séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos jurídicos que a la letra establecen lo siguiente:

• Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

• Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Respecto a su idoneidad, cabe mencionar que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar las conductas que contravengan la legalidad, honestidad, lealtad e imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos en la entidad, lo anterior, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo de la entidad en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística, entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin), y en su caso, deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente.

1.http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1160774&md5=a75ac4
db03707f58da4ba7aa5ee611dc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=8a20
be85c7d4b503653ce9f4cec6406b

2 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1012_a.pdf






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, así como el alto nivel de participación que expresa el deseo del pueblo venezolano. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR CONVOCADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL ALTO NIVEL DE PATICIPACIÓN QUE EXPRESA EL DESEO DEL PUEBLO VENEZOLANO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 3 de julio del año en curso, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela convocó una consulta popular como parte de un "proceso democrático de retomar la Constitución”; dicho ejercicio de participación ciudadana directa se planeó para el domingo 16 de julio, en que se planteó a los ciudadanos venezolanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente activado por el Gobierno, si considera cuál es el rol de los funcionarios públicos y la Fuerza Armada Nacional para honrar la Constitución Bolivariana y restituir el orden constitucional.

Con esta consulta popular, el pueblo soberano debe decidir si respalda la iniciativa de renovación de los poderes públicos propuesta por la Asamblea Nacional; cabe señalar que este mecanismo fue activado con base en los artículos 70, 71, 73, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela de 1999, a saber:

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, a consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

2. El día 16 de julio de 2017, se llevó a cabo una doble jornada electoral en la República de Venezuela, puesto que el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo un “simulacro” de los comicios para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebrará el día 30 de julio de 2017; mientras que al mismo tiempo, la oposición,  dirigida por Freddy Guevara y en coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a un plebiscito simbólico que se presentó como la protesta por la elección de la mencionada Asamblea Constituyente y como la demostración de la verdadera democracia venezolana.

La MUD convocó a los venezolanos a determinar el nivel de aceptación de la Constituyente; así como el de la existencia de las Fuerzas Armadas; y la disposición a una votación por la renovación de los poderes públicos y a la designación de un Gobierno de Unidad.

Tal consulta popular fue llevada a cabo a nivel nacional y en 559 ciudades de 101 países, incluidas las principales capitales europeas y en toda América Latina; ello con la observación de expresidentes y diputados de América Latina y Europa, quienes junto con los rectores de las principales universidades venezolanas fueron garantes y supervisores del proceso; entre los que destacan cinco expresidentes de la región.

Por su parte a nivel nacional en Venezuela, las mesas o “puntos soberanos” colocados para sufragio contaron con una participación de miles de ciudadanos, presentes incluso en zonas donde el chavismo se encuentra con sus bandas armadas; hecho que se consideró como una categórica demostración de fuerza tras tres meses de protestas públicas.

Lamentablemente, el gobierno venezolano y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, consideraron que la actividad política llevada a cabo por la oposición, no contó con el aval del poder electoral, ni por la Constitución venezolana, lo que da el significado de no ser vinculante legalmente.

Por otro lado se reveló que la afluencia en los colegios electorales que acogieron el ensayo convocado por el gobierno para la votación de la Asamblea Constituyente, fue escasa, puesto que a pesar de los esfuerzos de los medios audiovisuales del Estado en mostrar una avalancha de participantes, se dio el caso de que algunos locales lucían vacíos; lo que de igual manera permitió representar el contraste y la correlación de fuerzas que mostraron las dos encuestas llevadas a cabo el domingo 16 de julio, así como el porcentaje de aceptación del presidente Maduro, el cual ronda un 20 por ciento, a pesar de que este asegure que la Constituyente traerá paz y recuperación económica al país.

Con fundamento en la fuerte crisis económica y en derechos humanos, así como la convulsión con protestas que vive Venezuela desde el mes de abril y que ha resultado en 96 muertos y una severa escasez e inflación de tres dígitos; el referéndum convocado por la oposición, contó con el apoyo de asociaciones civiles, organismos internacionales y gobiernos de otros países, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos de América, varios gobiernos de América Latina y Europa, así como de Naciones Unidas; destacándose, que este último, llamó al diálogo, a la no violencia en Venezuela, y a respetar el plebiscito simbólico convocado por el MUD; siendo la propuesta de la ONU, de acuerdo a su Secretario General, Antonio Guterres  a través de un comunicado, que se debería buscar urgentemente un acuerdo político, es decir “una concertación nacional entre el gobierno y la oposición con dos grandes objetivos: erradicar la violencia, los abusos, el fanatismo, y preservar un camino constitucional concertado”; concluyendo que la salida de acuerdo a Guterres, son las elecciones, el respeto a los derechos fundamentales y a los poderes constitucionales.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la realización de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, así como el alto nivel de participación en el territorio venezolano y en diversas ciudades del mundo, que expresan el deseo del pueblo venezolano de rechazar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, así como la solicitud a las Fuerzas Armadas de defender la Constitución, la renovación de los poderes públicos, la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de Unidad Nacional, que permita a la hermana república sudamericana superar la profunda crisis política, económica, social y humanitaria en la que se encuentra.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes respecto de diversos asuntos relacionados con el despacho de sus funciones. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El sistema político mexicano posrevolucionario se ha caracterizado por la centralización de la toma de decisiones en la esfera del poder ejecutivo. Así las cosas, la división de poderes opera solo en el texto constitucional; su eficacia se ve limitada cuando la representación de la ciudadanía en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, no hace uso de las facultades conferidas para servir de contrapeso del poder ejecutivo y se ciñe a las órdenes que emanen del sistema presidencialista aún vigente. Ejemplo de ello, es que la mayoría de iniciativas de ley que buscan empoderar a la ciudadanía en los temas económicos, sociales y políticos se ven frenadas porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite opiniones contrarias al espíritu del legislador, basadas en argumentos de carácter económico y el impacto que tendrá en el presupuesto de la Federación.

Definitivamente, los derechos de los ciudadanos no deberían ser susceptibles a valoración pecuniaria y el Congreso de la Unión no debería de ser una ventanilla de trámites.

2.- Ante esta situación de hecho, los integrantes del Congreso de la Unión en esta LXIII Legislatura, tenemos la responsabilidad y la obligación constitucional de fungir como un sistema de pesos y contrapesos en la vida democrática del país.

De conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere la facultad a los legisladores para citar a comparecer ante las Cámaras a los Secretarios de Estado respecto de los asuntos relacionados con su despacho y encargo. La comparecencia es por excelencia, el mecanismo de control parlamentario por el cual, el Congreso de la Unión, se erige como un órgano de representación popular y en un ejercicio de rendición de cuentas, evalúa para el escrutinio ciudadano, las actuaciones de los funcionarios públicos.

En este orden de ideas, Pedroza de la Llave, expone que “el objetivo de las funciones de control –parlamentario- (…), es el supervisar y revisar que los actos de la administración o de la judicatura se adecuen conforme a las políticas establecidas bien en la Constitución o en las leyes o bien en ambas. Las sanciones que se derivan de dicha función tienen un carácter sanador de la función pública más que punitiva, pues se traduce en correctivos de prácticas viciadas o en la remoción de los funcionarios involucrados. La inhabilitación para desempeñar futuros cargos públicos es otra sanción conocida en los regímenes presidencialistas”.1

3.- Bajo estas premisas, resulta obligatorio que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en aras de consolidar un verdadero Estado Democrático y con independencia de las ideologías partidistas y políticas, cite a comparecer al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que los legisladores demos una respuesta a la ciudadanía de los siguientes hechos en concreto, que en la opinión de todas y todos los mexicanos, son el estandarte de la corrupción y de la impunidad en México:

A) Tren Interurbano México Toluca: La Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades, encontró una serie de irregularidades que van desde el procedimiento de licitación hasta el proceso de construcción de este proyecto. En la revisión de la licitación para adjudicar los “Servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a la propuesta más alta, sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas disponibles para el Estado, puesto que no aplicó los mismos criterios en la evaluación de las ofertas.

B) Circuito Exterior Mexiquense: El estudio realizado por la empresa Grupo Respuesta S.A. de C.V., hizo público las diferencias entre los vehículos que la constructora OHL reporta que pasan en una caseta y los que en realidad atraviesan el punto; lo que ocasiona también, una pérdida patrimonial al Estado de México y a la Nación.

En el caso específico del Circuito Exterior Mexiquense, el diario digital Animal Político ha documentado que la carretera entró en operaciones sin haberse cumplido con el proyecto completo plasmado en el contrato inicial y con una inversión 400% superior a la planteada originalmente. Además, el gobierno mexiquense le ha permitido incrementar hasta tres veces por encima de la inflación la cuota a los automovilistas.

C) Paso Express: La gota que derramó el vaso y puso de manifiesto una vez más, la corrupción imperante en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La obra denominada Paso Exprés de Cuernavaca fue adjudicada al consorcio Construcciones Aldesem, de la española Aldesa, y Epccor Construcción, de capital mexicano.

El contrato se otorgó por un monto de mil 45 millones 857 mil pesos, pero debió duplicarse al término de la obra, hasta alcanzar una inversión de 2 mil 213 millones de pesos. Además, al principio establecía 730 días naturales para terminar la obra, a partir del 29 de noviembre de 2014 y “a más tardar” el 28 de noviembre de 2016, abarcando los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, la obra fue inaugurada hasta el 5 de abril de este año, 128 días después del plazo establecido y sin concluir. Los resultados, todos los conocemos: decenas de accidentes y la pérdida de la vida de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero.

A pesar de las denuncias hechas por los ciudadanos, el municipio y por la propia Auditoría Superior de la Federación que señaló irregularidades en el proceso de licitación y construcción, la SCT hizo caso omiso de las exigencias ciudadanas y prefirió poner en riesgo la vida de los miles de automovilistas y pasajeros que circulan diariamente por el tramo antes referido.

En este orden de ideas, hago un llamado a la autonomía del poder legislativo y que en un ejercicio de reivindicación de las facultades de control  del Congreso de la Unión y en la calidad de la voz de los más de 100 millones de Mexicanas y Mexicanos que exigen respuestas ante las cuestionables actuaciones del titular de la SCT (que a la fecha han quedado impunes), solicito a la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, para que informe a esta soberanía, el estado que guardan el despacho de los siguientes asuntos: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, Concesión del Circuito Exterior Mexiquense, Construcción del denominado Paso Express México-Cuernavaca y del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 (Pedroza de la Lleva, 1996) C. p. Gamboa Claudia, REGULACION CONSTITUCIONAL DE LA COMPARECENCIA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Estudio Conceptual, Antecedentes, Iniciativas Presentadas durante la LIX y LX Legislaturas y Derecho Comparado (Primera Parte)”. Febrero, 2012.
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar el estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla por diversas irregularidades identificadas en la licitación, remodelación y construcción del Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del Barroco y el mirador Centro Cívico 5 de Mayo, que causaron perjuicios a la hacienda pública debido a presuntos desvíos, malversación de fondos y realización de las obras con materiales de dudosa calidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante las dos últimas administraciones estatales en Puebla, han sido permanentes las denuncias públicas por la comisión de diversas irregularidades relacionadas con la construcción de obras de poco impacto social, a sobrecostos y con materiales de dudosa calidad.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación, es el órgano encargado de verificar el correcto manejo y ejercicio del gasto público federalizado, ya que a través de sus auditorías, identifica malos manejos y como consecuencia, realiza diversas recomendaciones que deben ser atendidas y solventadas. En particular con el estado de Puebla, las principales anomalías encontradas son las siguientes:

En la Rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, el órgano de fiscalización evidenció que no se cumplió con el respaldo documental con el que se acredita la autorización por parte de la Secretaría de Infraestructura del gobierno local para realizar dichos trabajos.

También dio a conocer que existió diferencias de volúmenes, entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto de remodelación por 10,792.8 miles de pesos en el suministro e instalación de acero y en la dotación o colocación de los materiales de la fachada, mismos que después de unos meses tuvieron que ser reforzados debido a que se desprendieron de la estructura.

Se autorizaron 565 precios unitarios extraordinarios, aun cuando algunos de ellos no se revisaron de manera adecuada, debido a que se no cuenta con el soporte y apoyos necesarios que permitan examinarlos, también se realizaron trabajos de mala calidad en colocación de carpeta de concreto hidráulico.

Tardaron más de lo contemplado en el proceso de entrega recepción y el acta que da por extinguidos los derechos y obligaciones, al igual que fueron extemporáneos los trámites de finiquito de los trabajos a pesar de que la contratista ha comunicado la conclusión de los trabajos.

En la licitación y construcción de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en su informe de la cuenta pública del año 2015, que solo esta obra generó un daño patrimonial de por lo menos 86 millones 263 mil pesos.1

También se identificó que se pagaron 19.3 millones de pesos por obras que no fueron ejecutadas, así como pagos injustificados por 504 mil pesos. Además, no se referenciaron a la fecha de presentación de la oferta los costos de los insumos de algunos de los precios unitarios extraordinarios autorizados y se autorizaron 575 precios unitarios extraordinarios, aun cuando algunos de ellos no contaron con el soporte ni los apoyos necesarios que permitieran examinarlos.

Por si esto no fuera suficiente, se presume un daño a la hacienda pública por 2 millones 133 mil 136.92 pesos por el pago con precios unitarios extraordinarios distintos a los autorizados por el retiro de tuberías, colocación de instalaciones eléctricas y recuperación de guarnición de laja.2

En relación al Museo Internacional del Barroco, cabe señalar que fue construido en terrenos irregulares que estaban en litigio con un particular. Otra anomalía dada a conocer es que las salas para exposición museográfica, los espacios de exposiciones temporales y el área de colecciones especiales, presentaron sobrecostos en relación con el presupuesto inicial.

Por el gasto ejercido es uno de los museos más caros del mundo, y a decir de diversos especialistas en la materia, no está cumpliendo su función, debido a no cuenta con el patrimonio arquitectónico, pictórico y de escultura barroca suficiente, por lo que han optado de utilizar tecnología audiovisual, software y videowalls, lo cual demuestra su ineficiente catálogo para los visitantes.

Aunado a estas obras, está el mirador Centro Cívico 5 de Mayo quien a unos días de su inauguración, se dieron a conocer desgastes prematuros en maderas, soportes y bases de la plataforma, así como boquetes en algunas zonas del mirador, esto respondió presuntamente a la utilización de materiales de mala calidad.

En las obras descritas, también se encontraron posibles pagos indebidos, sobrecostos y adquisiciones que no cumplen con la normativa como permisos, autorizaciones o la publicación de licitaciones públicas y abiertas.

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos imprescindible que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, economía y honradez, por ello, es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, informe el estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla, ya que de comprobarse malos manejos es necesario establecer las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones, informe el estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla, por diversas irregularidades identificadas en la licitación, remodelación y construcción del Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del Barroco y el mirador Centro Cívico 5 de Mayo, que causaron perjuicios a la hacienda pública debido a presuntos desvíos, malversación de fondos y realización de las obras con materiales de dudosa calidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente.

1 María Pineda. (2017). Advierte ASF daño patrimonial de hasta 86 mdp en línea 2 de RUTA. 18/07/2017, de E- consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-02-16/gobierno/advierte-asf-dano-patrimonial-de-hasta-86-mdp-en-linea-2-de-ruta

2 Auditoría Superior de la Federación. (2016). Cuenta Pública 2015. 18/07/2017, de Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado Sitio web:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1231_a.pdf






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de pasajeros.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 mil 262 km, de éstos, 49 mil 169 km conforman la red federal (8 mil 459 km son autopistas de cuota y 40 mil 710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24 mil 308 km se consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.

Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1% del PIB a 4.5%.Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.

Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50% en algunos tramos.

Por ello, aún con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en el estado de Yucatán, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.

Tal es el caso del Municipio de Baca, Yucatán. Debido a que en la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), en el entronque que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixkuncheil, y a su vez, con el municipio de Yaxkukul; se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando más de 20 muertos y familias desamparadas por esta situación.

Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul, y que por sus características de vía rápida ha generado impactos fatales.

Es importante destacar que a mediados del año pasado, vecinos de los municipios de Baca, Tixhuncheil y Yaxkukul, bloquearon la carretera Mérida-Motul para exigir respuesta a la solicitud de la construcción de un puente vehicular, y evitar que existan más accidentes en este sitio.

Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta es mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal del Municipio de Baca.

Es importante resaltar que el tema no es actual, ya que en los dos últimos años se han realizado por el presidente Municipal diversas gestiones ante autoridades Estatales y Federales en pro de la construcción de este puente, sin embargo, éstas no han tenido la sensibilidad para considerar prioritaria esta problemática, por lo que es ineludible y urgente apoyar a la población y estados a los cuales representamos.

Por todo lo anterior, es necesario que se asignen a las entidades y/o instancias competentes los recursos económicos suficientes para que en el ejercicio fiscal 2015 se construya un distribuidor vial en el entronque de la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), km 20+800, que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixcuncheil y a su vez, con el municipio de Yaxkukul, Yucatán. 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consideren y destinen recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades ambientales a nivel federal a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la tala ilegal de árboles en el municipio de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. Se turna a la Tercera  Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (PROFEPA) entre 30 y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita, es decir cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)1.

La magnitud de la tala ilegal en México implica las siguientes repercusiones:

• Un aumento del 8% en la tasa de deforestación, al ser una actividad que carece de un control sustentable del capital forestal.

• Reducción de 19% en la rentabilidad económica de los productores legales.

• Menor recaudación fiscal, con una pérdida impositiva directa de más de $500 millones de pesos al año.2

En este sentido, desde hace tres décadas el estado de Hidalgo ha perdido el 47% de sus bosques, y uno de los 5 municipios más afectados es Acaxochitlán.

Dado que desde hace dos años la tala clandestina ha sido el método por el que el bosque ha ido desapareciendo poco a poco; plagas de encino y pino han afectado e incidido en ello, empero hay un solo hecho real: las autoridad forestal, municipal y estatal, han sido rebasadas.

Ante ello, habitantes del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Municipio ubicado entre los límites de Hidalgo y Puebla, iniciaron una petición en el portal Change.org, dirigida al Ingeniero Benjamín Rico Moreno, Secretario del medio ambiente y recursos naturales del estado de Hidalgo, intitulada: “Paren la tala clandestina en los bosques de Hidalgo”, cuyo contenido es el siguiente:

La tala clandestina en  los bosques del pueblo de Acaxochitlán, Hidalgo, y las zonas serranas de todo el Estado, se han visto terriblemente afectadas por la tala ilícita y clandestina. En los últimos tres meses la tala se ha intensificado, ante la mirada de la autoridad que conoce del problema. Las denuncias anónimas y no anónimas solo han tenido una respuesta por parte de la autoridad: "No contamos con efectivos ni unidades suficientes para atender el problema", es decir los ciudadanos estamos solos ante bandas de taladores que llevan moto sierras y que noche a noche cortan árboles de propiedades privadas, sin que haya ni una autoridad que se los impida.

La tala ha provocado la disminución de flora y fauna propias, la economía de muchas familias indígenas que viven de lo que el bosque produce, el cambio climático que es evidente, de la cantidad de agua que disminuye cada año y sobre todo de la desaparición de los recursos naturales de los hidalguenses. 

El pasado 5 de junio (2017) el portal electrónico Independiente de Hidalgo, dio a conocer que de enero a la fecha, hubo seis decomisos de vehículos y madera en trozo cortada sin autorización. Aunque no hay detenciones de presuntos taladores clandestinos, la alcaldesa Rocío Sosa Jiménez consideró que los decomisos son prueba de éxito para inhibir la actividad, al tiempo de contar con el apoyo de los vecinos, de sus denuncias, pues gracias a ellos, a sus acciones, junto con las de los cuerpos policiacos, hemos enfrentado el tema de la tala clandestina, una de las principales incidencias delictivas en el municipio3.

Es menester mencionar que el Estado es el responsable de preservar y cuidar el equilibrio ecológico, sin embargo a pesar de contar con programas e instituciones federales para eliminar la tala ilegal, estas no han sido las adecuadas para la erradicación de dicha práctica, al contrario ha ido en aumento, Acaxochitlán es ejemplo de ello, es uno de los municipios más afectados por la deforestación.

“Hemos perdido la selva baja y la selva media que tenía 119 mil hectáreas, hemos perdido el 85 por ciento ya, indicó Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense. Lo que alguna vez fue bosque en Hidalgo, ahora son campos erosionados por la tala clandestina y la deforestación”4.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Dr. Guillermo Haro Bélchez, a reforzar las acciones emprendidas para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán, y al Comisionado Nacional Forestal, Ing. Jorge Rescala Pérez, a formular e implementar las acciones necesarias para propiciar la conservación, protección y restauración del ecosistema forestal, en Acaxochitlán, Hidalgo.

Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 “Sin tala regulatoria… tala ilegal de árboles” Animal Político [en línea] 12 Junio 2017 [fecha de consulta: 17 Julio de 2017] Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2017/06/12/sin-tala-regulatoria-tala-ilegal-arboles/

3 “Preocupa Zacacuautla por incidencia en tala clandestina” El Independiente de Hidalgo [en línea] 5 Junio 2017 [fecha de consulta: 18 Julio de 2017] Disponible en: https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/preocupa-zacacuautla-incidencia-en-tala-clandestina/

4 “Hidalgo pierde el 85% de sus bosques por tala clandestina” Televisa NEWS [en línea] 23 Abril 2017 [fecha de consulta: 18 Julio de 2017] Disponible en:http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-04-23/hidalgo-pierde-85-sus-bosques-tala-clandestina/






De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a determinar y fincar responsabilidades por el probable conflicto de interés en el ejercicio de 100 millones de pesos; y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta falsificación de documentos de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, en los que están involucrados funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ integrante del grupo parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno de la violencia y la inseguridad en el estado de Guanajuato se explican a partir de la laxa aplicación de la ley por parte de las autoridades locales. Tan relajado está el estado de derecho en la entidad que la corrupción y los conflictos de interés por parte de funcionarios del gobierno estatal, aunado a la inseguridad que se vive en las calles, hacen el binomio perfecto para que en el estado se estén respirando vientos de impunidad.

Se ha hecho del conocimiento público, un nuevo escándalo de conflicto de interés, sumado a la ya larga lista en el  gobierno de Miguel Márquez Márquez: el caso de la donación de terrenos a la empresa Toyota, los procesos irregulares de licitación y adjudicación directa en la compra de medicamentos, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del proyecto Escudo, entre otros.

Ahora se suma uno más que involucra el ejercicio indebido que rebasan los 100 millones de pesos, provenientes de los recursos de coordinación para el otorgamiento del subsidio en materia de desarrollo turístico, de la Secretaría de Turismo Federal a las entidades del país, los cuales se han estado ejerciendo indebidamente a través de una asociación civil de nombre “Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato” (FUNDEMIN).

Desde el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones a la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) en la entidad.

Al respecto, se revisaron los contratos FUNDEMI/IR/RF/SANGRE DE CRISTO/2014-08, correspondiente a la habilitación para el Museo Minero (CAV Sangre de Cristo); así como al FUNDEMIN/LP/RF/MINERAL DE POZOS/2014-04, sobre la “3ª Etapa de Construcción del Complejo Escuela Modelo (Restauración de la antigua escuela modelo, plaza comercial, estacionamiento, áreas de servicio y conjunto estudiantil).1

Sobre ambos contratos, la ASF observó que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato delegó indebidamente a una asociación civil la función de contratar los proyectos. Hasta aquí la ASF señaló que al “delegar la contratación se presenta una falta de trasparencia, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, lo que contraviene el ejercicio adecuado de los recursos asignados”, vulnerando la normatividad, debido a que la dependencia no puede delegar sus facultades de contratación de obra a un particular.

Asimismo, la ASF observó que había conflicto de interés de servidores públicos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato al formar parte de la junta directiva de FUNDEMIN:

23. Se observó que servidores públicos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato forman parte de la Junta Directiva de la Asociación Civil con cargos de Secretario Ejecutivo y Comisario, además está como responsable de los acuerdos un subalterno del Director General de Desarrollo Turístico; asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato no designó al servidor público como residente de obra para realizar las labores de supervisión, vigilancia, control, revisión de los trabajos de obra y estimaciones presentadas por los contratistas, función delegada a la Asociación Civil, por lo que existe conflicto de interés derivado de las actividades del Capítulo Segundo.-Del Objeto de la Asociación.

Hoy se sabe que la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, es presidida por el Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Fernando Olvera Rocha; como comisaria está Alejandra Bernardino, directora de asuntos jurídicos de la secretaría; así como Omar Murillo, ex director general de la dependencia estatal  quien renunció el pasado mes de febrero a causa de una acusación por hostigamiento y acoso sexual y que en FUNDEMIN funge como secretario ejecutivo.2

Peor aún es que existen señalamientos de que se han falsificado documentos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal por parte de servidores públicos de la Secretaría de Turismo del gobierno de Guanajuato para justificar que se pueden ejercer recursos federales a través de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato.

El oficio que se presume fue falsificado es el SOT/DGPR/727/2013, con fecha del 2 de agosto de 2013, en el que la Secretaría de Turismo federal responde a la dependencia estatal que no es posible contratar o ejecutar obra pública a través de asociaciones civiles.

El oficio original señala que:

"La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, necesarios para la ejecución de los programas o proyectos para los que fueron otorgados los subsidios objetos del presente, deberán realizarse por la entidad federativa..."

Con ello se puede presumir que el mal ejercicio de estos recursos fue premeditado ya que la ASF observó desde 2014, sobre los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, que “la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato no evaluó el ejercicio del gasto público, la aplicación de los subsidios otorgados, ni los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales” y por tanto, con toda la intención de trasgredir la ley.

Es decir, que la dependencia estatal ha estado incurriendo en una grave omisión de sus funciones, pues si desde 2014 la ASF había realizado observaciones al respecto, hasta la fecha la Secretaría de Turismo estatal ha seguido ejerciendo los recursos federales a través de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, a pesar de que el Secretario de Turismo de la entidad, Fernando Olvera Rocha, niegue ejercer recursos federales de forma indebida, a través de la asociación civil que él preside y con señalamientos de falsificación de documentos.

Ante esto, nuevamente la sociedad guanajuatense confirma que el gobernador de la entidad permite que sus funcionarios ocupen sus horas de trabajo en hacer negocios con los recursos públicos, propiciando aún más el clima de impunidad desde las oficinas de los servidores públicos del estado de Guanajuato, una entidad que día a día se hace ingobernable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, determine y finque las responsabilidades derivadas por el probable conflicto de interés en el ejercicio de recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2014 por parte de servidores públicos de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, que fungen a su vez, miembros de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, A.C, de acuerdo a la auditoría 14-A-11000-04-1012 GF-1175 correspondiente al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, además del ejercicio de 100 millones de pesos a través de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, A.C.

SEGUNDO.- Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes a efecto de deslindar responsabilidades por la presuntas irregularidades en la falsificación de documentos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal por parte de servidores públicos de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato.

TERCERO.- Finalmente, se solicita al Titular de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato separarse de su encargo, con el objeto de permitir se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Comisión Permanente, el 26 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1012_a.pdf

2 https://www.am.com.mx/2017/07/12/local/salpican-falsificacion-y-fraude-a-titular-de-turismo-365310






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE