Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 21 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 13



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Julio de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

APERTURA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: (12:01 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Con mucho gusto, señora Presidenta. Señoras legisladoras y legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, hay presentes 20 ciudadanos legisladores.

Procedemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA



Hay 36 legisladores presentes. Hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Señoras y señores legisladores, existe quórum para dar inicio a esta sesión. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de julio de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor instalado en los escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

 






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

 

En la Ciudad de México a las once  horas con treinta y nueve minutos del miércoles doce de julio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles cinco de julio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.- Se remitieron a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio por el que comunica que durante el segundo trimestre de 2017 la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales no ha realizado ninguna contratación por honorarios.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Migración, el segundo informe trimestral 2017, así como el acumulado de los avances financieros correspondientes a diversos programas de protección a migrantes.- Se remitió a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron oficios de la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Veracruzana, El Colegio de Sonora, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Universidad de Sonora, el Primer Informe Semestral 2017 de resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción I del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se remitieron a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, su informe de actividades correspondiente al Primero y Segundo Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, el informe de sus actividades en la XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y compromisos rumbo al Pacto Global”, realizado los días 9 y 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Jesús Casillas Romero, los informes de sus participaciones en:

• El Foro Agenda Migrante: Una Visión desde los connacionales, realizado los días 10 y 11 de febrero de 2017 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos,

• La visita de trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los migrantes, realizada los días 17 y 18 de marzo de 2017 y

• El Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado los días 1 y 2 de en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.

Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el informe de su participación en la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 19 al 21 de junio de 2017, en Cancún, Quintana Roo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Lilia Merodio Reza y Lorena Cuéllar Cisneros, el informe de su participación en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, celebrada en Tokio, Japón, del 11 al 13 de mayo de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, oficio por el que informa de su reunión con la ciudadana Isabel Prieto, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación Altan Redes, el 5 de julio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Matías Nazario Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por el período comprendido del 14 de julio al 5 de agosto de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva emitió pronunciamiento con motivo del fallecimiento de la Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.- Intervinieron los legisladores: Diputado Miguel Ángel Salim Alle del PAN; Diputada Maricela Contreras Julián del PRD; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; y Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI, por el lamentable fallecimiento de la Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam. Se guardó un minuto de silencio en su memoria.

(Iniciativas)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de la Diputada Hortensia Aragón Castillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 y se adicionan los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre propio y del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 y 95 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 y los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto del cambio de ruta anunciada, así como los estudios técnicos, de seguridad y de protección civil en relación con el tren interurbano México-Toluca.

2. Que exhorta al gobierno de Oaxaca a dar celeridad a las investigaciones respecto de los incidentes de violencia ocurridos en la sierra norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe del 5 de junio de 2017.

3. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a remitir un informe sobre las pruebas y criterios que se toman en consideración para determinar la permanencia de los miembros del personal de seguridad pública, en especial la valoración que se le otorga a la prueba poligráfica dentro del procedimiento.

4. Que exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos a remitir un informe sobre la situación actual de los trenes e instalaciones del servicio de tren ligero; y exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a remitir un informe sobre la situación actual de las instalaciones y unidades de dicho transporte.

5. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al narcomenudeo en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.

6. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar la inclusión en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexuales.

7. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados para la estancia de las hijas e hijos de la población femenina penitenciaria.

8. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto del funcionamiento de los dispositivos con los que se realizan las fotomultas y los criterios para determinar su monto.

9. Por el que se determina que ha quedado atendida proposición que exhortaba al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a renovar su sitio web.

10. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la construcción de la Línea 7 del Metrobús.

11. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país.

12. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhortaba a impulsar la aplicación de las medidas cautelares y garantizar su debido control, vigilancia y operación.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinticuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los gobiernos locales a realizar las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
2. Que exhorta a los gobiernos y congresos locales a adoptar las medidas administrativas legislativas necesarias en materia de seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal.

3. Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, ocurridos el 21 de junio de 2017.

4. Por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Hidalgo la información con la que cuenten sobre la probable presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán.

5. Que exhorta a las autoridades de procuración de justicia y órganos judiciales federales y locales a aplicar las disposiciones del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio; asimismo, condena enérgicamente el feminicidio cometido contra “Alondra” y “Joana” y solicita a las autoridades competentes se investiguen de Acuerdo al Protocolo mencionado y garanticen la seguridad de sus familiares.

6. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar acciones y formular recomendaciones para prevenir actos de racismo y discriminación, con motivo de los resultados presentados en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional; y se solicita un informe respecto a los propósitos y alcances de incorporar las variables de raza, color de piel y autoadscripción en los contenidos de dicho documento.

7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de ampliar la disponibilidad de espacios dentro del Programa Prepa en Línea-SEP y ampliar la cobertura educativa.

8. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el proceso de integración del Padrón Único de Beneficiarios de los programas del desarrollo social y las perspectivas del mismo.

9. Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del hundimiento del Barco “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, en la República de Colombia; asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar impulsando la cooperación en materia de protección civil y seguridad de las personas en altamar entre las dos naciones.

10. Que exhorta a los congresos locales a adoptar las medidas legislativas necesarias y armonizar los ordenamientos normativos correspondientes con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

11. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar y fortalecer las acciones de investigación de delitos sexuales relacionados con el fenómeno denominado grooming.

12. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad y los actos de violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 22 de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, cuando ejercían su derecho a la libre asociación y manifestación de ideas de forma pacífica.

13. Por el que la Comisión Permanente comunica a la Universidad Nacional Autónoma de México la propuesta para que considere la posibilidad de construir espacios que permitan atender la demanda educativa de nivel medio superior; asimismo, pueda implementar esquemas para que, ante la deserción escolar en los primeros meses o semestres, se ocupen los espacios por alumnos que hayan presentado el examen correspondiente y que en orden de prelación hayan obtenido una puntuación apta para cursar sus estudios en dicha Institución académica.

14. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a analizar la viabilidad de realizar acciones para la atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en instituciones públicas de educación básica que contemplen las visitas de personal de salud y la capacitación del personal docente y padres de familia para detectar posibles riesgos a la salud e integridad física de las y los estudiantes.

15. Que exhorta al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a impulsar y fortalecer las acciones de seguridad vial, con especial énfasis en menores de edad transportados en motocicleta.

16. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a analizar la viabilidad de llevar a cabo las acciones de regulación, control y fomento sanitario de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de hemodiálisis.

17. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a impulsar y fortalecer la red de bibliotecas públicas, a través del fomento a la lectura y el acceso a la información en la sociedad del conocimiento.

18. Que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a adoptar las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género.

19. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, dentro de las acciones de asesoría y apoyo a connacionales repatriados de los Estados Unidos de América, considere las medidas necesarias para que continúe implementando esquemas de apostille de documentos.

20. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones de regulación, control y fomento sanitario, así como de vigilancia epidemiológica que lleva a cabo, en el marco de la aplicación de la NOM-011-SSA2-2011 Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos.

21. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a impulsar y fortalecer las acciones para prevenir, atender y disminuir la desnutrición infantil.
22. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los Estados de México y Yucatán un informe sobre la situación que guarda el proceso de construcción de infraestructura en salud.

23. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevara a cabo las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3.

24. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada  Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veinticuatro dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas informe respecto de los avances del “Programa Estatal Hídrico, visión 2030 Zacatecas”, así como de los cambios o actualizaciones que la actual administración del estado haya hecho a las perspectivas, objetivos y estrategias de dicho programa.

2. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre las acciones orientadas a prevenir y mitigar los efectos de las precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte de la República; particularmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Quintana Roo; así como de los avances de la modernización del Sistema Metereolo?gico Nacional y del Centro de Inteligencia del Clima. Asimismo, informe sobre los avances y estado que guarda el proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

3. Que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a publicar en su portal electrónico las acciones, estrategias y/o programas instrumentados con los recursos destinados a partir del año 2015, para la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire en cada uno de los estados que integran la Megalópolis.

4. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a continuar la habilitación de los hoteles de datos instalados y a considerar establecer una plataforma donde se pueda distinguir los puntos instalados, conectados y en transmisión del programa México Conectado.

5. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las acciones de coordinación con las entidades federativas para que se establezcan tarifas y sistemas de cobro adecuados a los servicios que ofrecen los operadores municipales de aguas residuales, con el fin de que estén en posibilidad de ofrecer servicios de saneamiento suficiente, salubre, aceptable y asequible.

6. Que exhorta a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y al Gobierno Federal a garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de la compra de publicidad al conjunto de concesiones de radiodifusión de uso social comunitario e indígena.

7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos para evitar que se propaguen focos de infección por la emisión de gas CO2 y metano, en beneficio de los empleados del servicio de limpia.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a evaluar la posibilidad de diseñar un programa de financiamiento estatal integral para los municipios, que contenga apoyos técnicos y presupuestales para el saneamiento de sus finanzas públicas a raíz de la problemática que presentan por el incremento de los laudos laborales y la realización de la obra pública municipal estratégica; considere la viabilidad de actualizar las estimaciones para el estado de Tlaxcala correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el ejercicio fiscal 2017; y analizar la pertinencia de implementar un programa en coordinación con las autoridades municipales y federales para la restauración ambiental y saneamiento del RÍo Zahupan.

9. Que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a evaluar la pertinencia de autorizar y otorgar el uso de denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes.

10. Que exhorta al ayuntamiento de Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco, a robustecer las políticas para la conservación y protección de las áreas verdes de su municipio.

Sin discusión, los diez dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agotia del PRI; y Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe en relación a los resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el presente año.- Intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.
3. Que exhorta a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a generar campañas que informen sobre los efectos nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia que reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan.- Intervinieron los legisladores: Senador Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI; y Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

4. Por el que se remite a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, relativa a la eventual discusión de una reforma constitucional de segunda vuelta electoral.- Intervinieron los legisladores: Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Diputada Maricela Contreras Julián del PRD; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

5. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a brindar celeridad a las investigaciones relacionadas a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; y Diputada Maricela Contreras Julián del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

6. Que exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a definir los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses.- Intervinieron los legisladores: Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en coordinación con los gobiernos locales, continúe instrumentando acciones que optimice los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en nuestro país.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez del PRI; Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI; y Diputada Maricela Contreras Julián del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

Los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron solicitud de excitativa en relación a la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida en el Senado el 11 de diciembre de 2014.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 16 bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 y se adicionan los artículos 4 y 8 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 60 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que modifica la fracción V del artículo 18 de la Ley Agraria.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a informar sobre el avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe del estado que guardan las investigaciones de presuntas irregularidades en el desempeño del delegado del IMSS en el estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de la luchadora social poblana Meztli Sarabia Reyna y se solicita al Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año 2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a evitar que el ajuste de las finanzas públicas impacte en las condiciones de vida de sus ciudadanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Aviación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Comisión Permanente para informar sobre las denuncias de acoso, represión laboral y violaciones a los derechos de los trabajadores del Instituto, así como otras problemáticas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNART-2002.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a considerar toda la información relacionada con la investigación de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que algún representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados pueda formar parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con respecto al uso de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, destinados a la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a atender los principios constitucionales de derechos humanos, medio ambiente, y desarrollo sustentable en sus acciones jurídicas planteadas con relación al modelo de producción de Generación Limpia Distribuida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht y sus filiales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos y establecer mecanismos para respaldar a los deportistas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a valorar la posibilidad de incluir en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a los Presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y Senadores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre la necesidad de implementar una campaña de difusión y prevención acerca de los riesgos de afectación a la salud visual que la exposición excesiva a las pantallas puede generar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a promover la diversificación y ampliación de los medios de difusión de la nueva Norma Ambiental (NADF-024-AMBT-2013) para que todos los sectores de la población comprendan las nuevas disposiciones que contiene.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asegurar que las personas mexicanas en centros de detención como el “Northwest Detention Center”, reciban asesoría y representación legal a fin de mejorar las condiciones de detención y de garantizar su derecho al debido proceso.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de las dependencias del sector salud para reforzar una campaña permanente de carácter informativo sobre la donación altruista de tejidos y órganos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas informen sobre la implementación de las alertas sanitarias para enfrentar el virus coxsackie.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones correspondientes a fin de esclarecer las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de los recursos destinados al Seguro Popular durante el año 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a generar un informe sobre las responsabilidades de las empresas o sociedades comerciales propietarias de centros comerciales ante usuarios y consumidores respecto a asaltos, robos o accidentes dentro de los espacios de los propios centros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la implementación y medidas en el caso de derrames de hidrocarburos provenientes de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en Salinas Cruz, Oaxaca, el pasado mes de junio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a garantizar que las escuelas del sistema educativo nacional permitan el acceso a los alumnos, independientemente de la portación o no de uniformes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso, en Cali, Colombia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar, coordinar, implementar y evaluar una nueva estrategia en materia de seguridad pública que enfrente con eficacia y eficiencia la problemática de inseguridad e incidencia delictiva de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas y de concientización entre la población sobre la importancia de la donación de órganos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Politécnico Nacional a remitir un informe sobre las investigaciones en torno a la alteración de calificaciones que se suscitó en fechas recientes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a que, en coordinación con la Secretaría de Economía, informen los resultados y conclusiones obtenidos de las consultas realizadas a la población y sectores productivos sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en el fortalecimiento de las campañas informativas, de concientización y de prevención de los embarazos en adolescentes, así como una educación sexual responsable.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas que de Acuerdo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tienen mayor número de personas desaparecidas o no localizadas, a remitir un informe sobre las acciones emprendidas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, así como los avances obtenidos al respecto en sus entidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a diseñar e implementar con prontitud y de manera eficaz y eficiente, políticas públicas encaminadas al progreso social, en materia de seguridad, corrupción y acceso a la información.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar campañas informativas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica y media superior sobre las consecuencias de la “violencia escolar”, con el objeto de fortalecer el interés superior de la niñez en del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y crédito Público a considerar un incremento en los recursos destinados a los programas de empleo temporal para el Ejercicio Fiscal de 2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre la inversión que se ha realizado en el mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en virtud de las constantes inundaciones que se han presentado durante el presente año en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a garantizar la protección integral de los derechos que se encuentren en peligro o riesgo y determinen las medidas de protección especial, en observancia del principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a llevar a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios que vulneran a la población de la entidad, a fin de garantizar la protección ciudadana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a garantizar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a la información de los habitantes; y a cesar de inmediato cualquier agresión en contra de las y los periodistas en el estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre el estado que guardan las negociaciones en torno a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE53) entre México y Brasil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en relación a los lamentables acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, del municipio de Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los posibles actos de espionaje en contra de quienes en su momento integraron el Grupo Internacional de Expertos Independientes que colaboraron en las investigaciones del caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a garantizar que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se priorice una mayor asignación de recursos y que éstos sean suficientes para que la operación del programa E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer criterios, políticas y procedimientos que prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores fallecidos a niñas, niños y adolescentes con necesidades de trasplante renal, con estricto apego a la normatividad vigente en la materia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender a la brevedad posible y proporcionar certeza jurídica al centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar la formulación, ejecución e instrumentación de políticas públicas, programas, estrategias y acciones para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que quedan en la orfandad a causa de la delincuencia organizada, conforme al interés superior de la niñez previsto en el artículo 4° constitucional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Leticia Amparano Gámez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas del país a establecer medidas de carácter normativo en los establecimientos mercantiles de sus entidades, encaminadas a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como regular que dentro de los mismos no exista actividades de consumo de bebidas alcohólicas que pongan en riesgo la integridad de los jóvenes y del público en general.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a agilizar la entrega de recursos del Programa Pensión para Adultos Mayores y se abran las ventanillas de registro.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas DIF de las entidades federativas, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas a informar sobre los avances en la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que concierne a su derecho a vivir en familia, con énfasis en el tema de adopciones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Edgar Romo García y diversos Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas a difundir ampliamente las consultas públicas que lleve a cabo el Senado de la República y la Secretaría de Economía, a través de internet, para la modernización del TLCAN, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de enviar sus aportaciones y comentarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Orozco Sánchez Aldana y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a asignar recursos extraordinarios al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer y ampliar sus estrategias, programas gubernamentales y políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción a los feminicidios y a cualquier acto que vulnere la seguridad e integridad de las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla y al municipio de Puebla de Zaragoza a instrumentar las acciones necesarias y fortalecer las estrategias de contención e inteligencia, encaminadas a desincentivar y prevenir los robos, extorsiones y asaltos en el transporte público, debido al incremento de sucesos que vulneran la seguridad, integridad y tranquilidad de los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a Petróleos Mexicanos, al Servicio de Atención Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la operación y funcionamiento de las gasolineras en Puebla y las condiciones en las que fueron entregadas sus concesiones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas, el diseño estándar de las plazas de cobro de peaje o emitir una nueva que prohíba el diseño de éstas con base en criterios partidistas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar las acciones y medidas que sean necesarias para evitar que los empleadores tengan posibilidad de discriminar a aquellas personas que cuenten con antecedentes penales y aquellas mujeres que se encuentren en estado de gravidez, negándoles el acceso a un empleo por su condición.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energías renovables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar un programa de sustitución de refrigeradores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en la unidad habitacional ubicada en avenida del Imán, número 580, en la colonia Pedregal de Carrasco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para recuperar las instalaciones del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud en Cancún, Quintana Roo y destinarlo a la aplicación de programas para el desarrollo integral de la juventud y de la sociedad en general.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los Acuerdos celebrados con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a instalar las casillas en puntos con acceso a internet.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atender las demandas del movimiento de paro laboral del proyecto de la Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México la formulación y ejecución de un plan integral para solucionar el problema de la basura.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar y adecuar las estrategias para el mantenimiento del orden y la garantía de los derechos humanos de los internos en los centros de readaptación social de los diversos ámbitos de gobierno.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la negativa del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de requerir información a diversas dependencias del Gobierno Federal sobre el software de espionaje "Pegasus".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a incrementar las medidas de seguridad de los internos y se prevenga la corrupción, el autogobierno y la violencia que impera en de los centros penitenciarios del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer frente a los agravios cometidos hacia nuestro país por parte del Presidente de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a informar el programa presupuestario y el monto destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la compra de software de espionaje.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a designar al Comisario de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valencia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y con el objeto de promover la salud y combatir la obesidad infantil a través de la alimentación más saludable, contemplen dentro de su menú al menos un día a la semana servir comidas sin carne y huevo en las escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia social que operan bajo su administración.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la visita a México del Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, John Kelly.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Cecilia Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la protección de las áreas naturales protegidas de la selva tropical del Amazonas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Comisión Nacional del Agua respecto del proyecto de la Presa el Zapotillo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe las acciones emprendidas por el gobierno mexicano ante la posible deportación de dreamers.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al aumento de las violaciones en el Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los avances y resultados por cada una de las sedes consulares en los Estados Unidos de América, respecto de la aplicación de las medidas de protección de la población migrante, así como del ejercicio de los recursos donados por el Instituto Nacional Electoral por cada uno de los programas y unidades responsables de gasto.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Minerva Hernández Ramos, Cecilia Soto González, Juan Romero Tenorio, Vidal Llerenas Morales, Lucía Meza Guzmán, Agustín Basave Benítez y Cecilia Romero Castillo, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a expedir las leyes y adecuar las disposiciones legales necesarias que garanticen la implementación de los sistemas locales anticorrupción en los tiempos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría General del Consejo General de Población a implementar una plataforma en línea para consulta y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la CONADE un informe pormenorizado de los programas Actívate y Ponte al 100, creados para prevenir la obesidad en el Sistema Educativo de Nivel Básico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos para dar atención a los migrantes repatriados, a seis meses del cambio de cambio de gobierno de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales de agua de las entidades federativas y a las autoridades municipales en esta materia a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar el derecho humano al agua y atiendan las recomendaciones preliminares del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe respecto de las acciones que ha realizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los avances en las medidas anunciadas el pasado 17 de mayo para proteger la labor de periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Bellas Artes, a la delegación Cuauhtémoc, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a tomar acciones urgentes y permanentes a fin de detener la afectación y deterioro de los inmuebles de la colonia Roma, considerados con valor artístico conforme al catálogo elaborado por la SEDUVI, en particular el inmueble ubicado en Tonalá 18 de esa colonia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Karina Natalia Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la crisis y suspensión de labores en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a apegarse al protocolo establecido para activar la Alerta ÁMBER; a diversas autoridades del Estado de México a investigar y fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la Alerta ÁMBER en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a dictaminar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer la campaña de sensibilización dirigida a la población sobre la nueva norma ambiental NADF-024, que establece los criterios para la separación y recolección de residuos sólidos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país, a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Graciela Ortiz González y Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Diputado Yericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a analizar reestructurar e implementar las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública y establecer metas para disminuir los actos delictivos, que se han incrementado en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar el origen, ejercicio y destino de los recursos públicos etiquetados para la construcción de las ciclovías en la entidad, por la probable comisión de diversas irregularidades como sobrecostos, impactos negativos al medio ambiente durante su edificación, nula transparencia de los presupuestos y poca funcionalidad para la movilidad de los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar políticas públicas en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos generados en los hoteles y restaurantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a coordinar esfuerzos para restringir la venta de bebidas alcohólicas en las vías de transporte terrestre de carácter federal y/o estatal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer acciones e impulsar nuevos operativos a efecto de continuar rescatando menores explotados laboralmente e impulsar acciones para nuevos operativos para la desarticulación de grupos de extorsión ubicados en el centro histórico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las entidades federativas con el objeto de determinar la legalidad del operativo fuerza CONAGO.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Gobierno Federal a generar estrategias y programas para la prevención de consumo excesivo de alcohol a temprana edad, así como para la disminución de los accidente de tránsito causados por el consumo de alcohol.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Economía, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre el avance y penetración de la banda ancha móvil en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las actividades de inspección y vigilancia en materia de pesca deportiva, con la participación que corresponda de otras autoridades competentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a revisar la oferta pública de adquisición de las acciones públicas de OHL México y exija a esa empresa que reformule a la brevedad sus estados financieros, a fin de que cumpla con las normas internacionales de información financiera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía retirar la modificación a la Norma Oficial Mexicana “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, e informar de la marcha de nuestro sistema nacional de refinación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con punto por el que la Comisión Permanente condena de manera rotunda el secuestro y las agresiones en contra del ex candidato y la enlace distrital de Morena en el municipio de Chicontepec, Veracruz, los ciudadanos Gonzalo Vicencio Flores y María Guadalupe Argüelles Lozano, respectivamente, ocurrido durante los comicios de ayuntamientos en el estado el pasado 4 de julio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe sobre las irregularidades encontradas en las licitaciones de los contratos de limpieza del ISSSTE y del IPN, que han sido denunciados en los medios de comunicación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría de desempeño a los recursos suministrados por el Fondo para la Atención de Emergencias, al municipio de Pánuco, Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a comparecer con carácter urgente ante la Comisión Permanente a efecto de ofrecer explicaciones sobre el caso de espionaje ilegal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo a la redictaminación de proyectos por parte del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Tlaxcala a detener todo acto de violencia contra las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar el caso de contaminación del Río Sabinalito en Chiapas, para que finque las responsabilidades correspondientes con el objetivo de que el daño ocasionado sea reparado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a desarrollar e implementar políticas eficaces para disminuir y erradicar los casos de personas desaparecidas en el estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con  punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las empresas de Grupo PMI Internacional, ya que se han constituido empresas y cuentas bancarias con dinero público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la información relacionada con la Secretaría de Salud de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario Morena, con  punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial con el objetivo de investigar la  legalidad y el destino de los recursos públicos que maneja el fideicomiso Evercore.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,   remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alergia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Mes del Bosque y el Día Mexicano del Árbol.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Policía Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Árbol.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Conservación del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de salvar a la vaquita marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a los Acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo del G20, en Hamburgo, Alemania.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  remitió intervención para referirse a la situación de la política exterior implementada por el Ejecutivo Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario Morena, remitió intervención para referirse a los problemas que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción para su eficiente puesta en marcha.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con diecisiete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles diecinueve de julio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

 






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite 28 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que se informa que durante el mes de junio de 2017 se destinaron bienes aptos para su uso y consumo, siendo estas mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, gasolina y artículos de limpieza y aseo personal, entre otros.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.






COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Agua, por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe Trimestral 2017, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2017.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión Economía de la Cámara de Diputados.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Asimismo, se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el que emite la recomendación al Congreso de la Unión para reformar la legislación en materia aeroportuaria, particularmente el artículo 63 de la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de crear una instancia técnica y financieramente autónoma que asuma lo antes posible las funciones relacionadas con la asignación, control y supervisión de los horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Transportes y de Economía de la Cámara de Diputados.






CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el que comunica que el informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2016-2017, Balance anual sobre el uso de las evaluaciones, se encuentra disponible para consulta en la página electrónica del CONEVAL.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron diversos oficios de instituciones educativas del país, con los que remiten el primer informe semestral 2017 de resultados de las auditorías externas, en cumplimiento a la fracción I del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA








UNIVERSIDAD DE COLIMA








UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA








UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO








INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.






LEGISLATURA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió del Congreso del estado del Baja California, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron las siguientes comunicaciones de los ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la   que remite el informe de la delegación mexicana en ocasión de la presencia de ParlAmericas en calidad de observador al 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos “Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, desarrollado en Cancún, México, los días 19 al 21 de junio de 2017.



El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, señora Secretaria, por favor.

Sonido en el escaño del Diputado Zambrano Grijalva, por favor. ¿Con qué objeto?

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Me espero a que termine el apartado de comunicaciones, quiero hacer un comentario en relación con la que nos remite la Comisión Nacional del Agua.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muy bien. Muchas gracias.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Una, de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

El Primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, realizado en Villahermosa, Tabasco, los días del 21 al 23 de febrero pasados



Y la 45ª reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el 28 de marzo de 2017.








Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizados en París, Francia, del 8 al 10 de febrero del año en curso.



Y el Foro Global contra la Corrupción e Integridad, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y celebrado en París, Francia, los pasados días 30 y 31 de marzo.








Una, de los Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remiten el informe de su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 26 al 30 de junio de 2017.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Sonido en el escaño del Diputado Zambrano Grijalva.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

En relación con la comunicación que nos remite el día de hoy la Comisión Nacional del Agua, sólo recordar, porque nos lo remiten en los mismos términos en los que lo hace cada vez que nos manda algo, de que…

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, Diputado Zambrano, si pudiera hablar un poquito más fuerte, no se escucha.

Adelante, Diputado.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: (Desde Su escaño) Perdón, gracias, señora Presidenta.

Que en relación con la comunicación que nos hace llegar el día de hoy la Conagua, lo hace exactamente en los mismos términos en que ya tiene varios años haciéndolo, es decir, que en lo que se refiere a los informes, a las modificaciones trimestre a trimestre, dice: “está en proceso de autorización ante Hacienda los recursos que deben de volver a remitir ante los organismos operadores de agua de todo el país”.

Cuando que por modificación que hubo en la Ley Federal de Derechos, en el paquete económico 2016, Hacienda está obligada a estar integrando a los organismos operadores del agua trimestralmente y no esperar a que al final del año lo haga, como lo ha venido haciendo; eso es violatorio de la ley, entonces es un asunto que no queremos dejarlo pasar así nada más porque sí.

Si ya de por sí los organismos operadores de agua tuvieron una reducción del 72 por ciento para el ejercicio 2017, ahora con estos mismos términos en los que dice Conagua vamos a seguir en una situación de deterioro de los mismos organismos, sólo para que se tome nota de esto y se asiente nuestrapreocupación.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Zambrano, le comentamos que en el apartado de comunicaciones no hay lugar a comentario alguno, y que esta Comisión Permanente únicamente da trámite de todos aquellos informes que se reciben y son turnados.

Sin embargo, queda registrada su participación y si es de su interés el referirse al contenido de este documento, le exhorto a que se dirija a la dependencia correspondiente, si es de su utilidad, y esta Mesa Directiva puede apoyarle en el trámite, con mucho gusto.

Gracias.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió una comunicación de la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2017.




La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2017.”


No habiendo uso de la palabra por parte de ningún legislador, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, se concede la licencia a la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 145 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de control de legalidad en órdenes de aprehensión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 145 Y 311 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

“Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. Sócrates.

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ha representado, sin duda alguna, un gran avance en la impartición de justicia en nuestro país, pero también todos sabemos que la realidad social siempre va más adelante que la realidad jurídica, y que las y los legisladores debemos de estar atentos para poder traducir esa realidad social en una realidad jurídica, porque eso es lo que demanda la gente para la armonía y la convivencia de la sociedad.

Es importante recordar que el nuevo sistema se compone de cuatro etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio y la etapa de ejecución de la sentencia.

Entre las grandes bondades de dicho sistema se encuentran la transparencia y los plazos de celeridad que establece para la resolución de asuntos penales que agilizan la impartición de justicia a favor de las víctimas y de imputados.

Otro de los grandes avances los representa la serie de candados procesales que garantizan el pleno respeto a los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados.
No obstante lo anterior, a partir de la plena entrada en vigor del nuevo sistema, en todo el país, a partir de junio del año pasado, día con día aumentan las voces ciudadanas que reclaman medidas más estrictas para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno respeten plenamente los derechos humanos tanto de víctimas como de los imputados del delito.

Entre dichas medidas, uno de los vacíos legales que presenta el nuevo sistema, lo es la falta de un recurso legal efectivo para combatir la ejecución de una orden de aprehensión en contra del imputado de algún delito.

En este orden de ideas, es preciso destacar que ni el recurso de revocación ni el recurso de apelación son precedentes para combatir alguna ilegalidad cometida durante la ejecución de una orden de aprehensión, dejando en estado de indefensión al detenido hasta el momento del dictado de la sentencia condenatoria en su caso.

Por tal motivo, la iniciativa que hoy someto a la consideración de ustedes, atiende a la laguna legal previamente descrita, al proponer una reforma a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de garantizar plenamente los derechos humanos de los imputados al momento de su detención.

En consecuencia, se propone que el juez de control pueda verificar la legalidad de la ejecución de la orden de aprehensión al momento de celebrar la audiencia inicial del proceso penal.

Todos sabemos que una persona puede comparecer ante un juez de control por cuatro circunstancias:

La primera de ellas, por un citatorio.

La segunda, por una orden de comparecencia, cuando no se dio la circunstancia del citatorio.

Por una orden de aprehensión.

Por una orden de detención en caso urgente.

Pero en el caso de la orden de aprehensión, en la cita donde el imputado acude ante el juez de control, una situación que debemos de garantizar, y esto plantea esta iniciativa, es que lo primero que realice el juez de control, es verificar la legalidad de la aprehensión, y eso es sustancial para el sistema garantista y de derechos humanos.

Es importante destacar que actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que será el juez de control el órgano jurisdiccional competente para resolver la procedencia de la solicitud de emisión de una orden de emisión de una orden de aprehensión que le plantee el propio Ministerio Público.

Y aquí hago un paréntesis para comentar sobre esta situación que se ha dado en las últimas semanas y que tiene que ver con algunas críticas al nuevo sistema, y solamente quiero precisar que es muy importante que sigamos trabajando en los operadores, que es muy importante que los ministerios públicos no solamente fundamenten y motiven, sino que además realicen una perfecta investigación para que realmente el nuevo sistema de post justicia penal puedan darle al juez los elementos para decidir si independientemente del catálogo de delitos que están contemplados en el Código Procesal. Además pueda tener elementos que a su consideración permitan tomar otras medidas cautelares que garanticen la circunstancia, no solamente al detenido, sino lo que prevé y lo que daña a la sociedad.


Ahora bien, lo que pretende subsanar la presente iniciativa en el estado de indefensión es en el que dejan al detenido como, por ejemplo, el caso de que se comete tortura contra la persona imputada de un delito con lujo de violencia, es decir, cuando se incurre en golpes o en otras medidas que todos conocemos y que la gente demanda y que sigue pasando y que eso es parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, con una visión garantista, poder subsanarlo.

Por lo tanto, en el caso que durante la ejecución de la orden de aprehensión se haya cometido violación a los derechos humanos, que le reconoce la Constitución en el artículo 20, Apartado A, a cualquier ciudadano, que se tomen en cuenta dentro del procedimiento y sobre todo la legalidad de la actuación y de la ejecución de la orden de aprehensión.

Con esta propuesta que hoy planteo, se busca perfeccionar a las instituciones jurídicas de manera particular en el continuo mejoramiento de la impartición de justicia en materia penal, haciendo más ágiles los procesos y siendo plenamente respetuosos de los derechos humanos que se le reconoce tanto a víctimas, como a imputados en el proceso penal.

Esto sería cuanto, esperando poder contar con su apoyo y análisis en algunos detalles que considero que el nuevo sistema requiere hacer unos ajustes, sin que esto tenga que ser motivo de críticas, porque si de algo estoy convencida es que nuestra tarea es ajustar la realidad social a la realidad jurídica, y que en el momento que una norma se hace vigente y se aplica a los casos en concreto, podemos tener la oportunidad de perfeccionarla para mejor proveer y para garantizar lo que hoy día nosotros, todas y todos, hemos tratado de garantizar en el nuevo Sistema de Justicia Penal: el pleno respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima, pero también la reparación del daño y la sanción que ante la sociedad se debe cuando alguien puede ser sentenciado por agredir a la sociedad a través de la realización de un delito que así lo considera la ley penal.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 145 Y 311 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de junio de 2016, entró en vigor en todo el país el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con lo que se dio cumplimiento al mandato Constitucional que ordenó su implementación, a través de la publicación del decreto de 18 de junio de 2008 por el que se reformaron los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 Y 21, párrafo séptimo de la Ley Fundamental.

Este nuevo sistema de justicia penal descansa sobre los principios constitucionales de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y presunción de inocencia, entre otros.
Dicho Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se regula en cuanto a su parte procesal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo de 2014, el cual establece como formas de conducción del imputado al proceso las siguientes: 1) con detenido, bajo los supuestos constitucionales y legales de la flagrancia y caso urgente, o 2) sin detenido, bajo la presentación del imputado a la Audiencia Inicial por conducto de las órdenes de citatorio comparecencia o aprehensión.

De acuerdo al Poder Judicial de la Federación, la orden de aprehensión, o también de denominada de detención, es:

“El apoderamiento de la persona para someterla a un estado de privación de libertad depositándola en una cárcel, prisión pública u otra localidad que preste la seguridad necesaria para que no se evada”1

Ahora bien, en caso de que la orden de aprehensión se autorice sin contar con la debida fundamentación y motivación constitucional y legal:

“Constituye una grave e injustificada agresión contra los derechos fundamentales de la persona humana; en tanto que la orden de presentación, aun limitando momentáneamente la libertad, supone, por una parte, el rechazo del citatorio previo de la autoridad para que comparezca la persona voluntariamente y, por la otra, el cumplimiento de la obligación constitucional del Ministerio Público en la investigación de los delitos”2

En otras palabras, señalan diversos tratadistas, retomando decisiones jurisdiccionales de diversos sistemas acusatorios y mixtos de América Latina que la legitimación constitucional de la orden de aprehensión, estriba en “la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho punible cuyo autor o partícipe es la persona  objeto de llamamiento por el órgano jurisdiccional, previo requerimiento del Ministerio Público”.3

La iniciativa pretende atender un vacio legal en el garantismo procesal a los derechos humanos de los detenidos por orden de aprehensión, al incorporar la verificación de la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión autorizada por el Juez de control y ejecutada por la Policía Ministerial.

Se establece la obligación para que el Juez de control verifique, dentro de la audiencia inicial, la ejecución de dicha orden de aprehensión ajustada a los principios de menor lesividad, mínima intervención y dignidad humana, y los protocolos vigentes para dicha ejecución. La resolución del Juez de control sobre la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión no admitirá recurso alguno.

La violación de esta disposición será notificada por el Juez de Control al órgano interno de control de la Fiscalía o Procuraduría correspondiente y será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa y penal.

La reforma propuesta adquiere sentido si tomamos en consideración que la finalidad de la orden de aprehensión es la de asegurar la comparecencia de una persona ante un tribunal, lo cual una vez ocurrido, extingue dicho mandato judicial, por lo que, en tanto mandato judicial, la orden de aprehensión debe estar sujeto a control jurisdiccional de constitucionalidad y legalidad al constituirse como un acto de autoridad, en este caso, del propio Poder Judicial.

Dicho criterio se robustece al analizar el marco convencional que regula el ejercicio del derecho humano a la libertad personal en el marco regional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula lo relativo a dicho derecho. De la descripción y análisis del citado artículo, este Tribunal Constitucional aprecia que tiene una regulación general y otra específica, que deben ser diferenciadas. Establece el artículo 7 los siguientes términos:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

En este sentido, en nuestro nuevo marco procesal que regula el proceso penal, no incorpora aún, la garantía procesal de controvertir la legalidad de la detención, previsto en el mencionado artículo 7, numeral 6, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso concreto, a través de la impugnación que se pudiera presentar en contra de la ejecución de la orden de aprehensión.

No debe pasar inadvertido que, si bien, la emisión de la orden de aprehensión puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente por medio del Juicio de Amparo, lo cierto es que la ejecución de la orden de aprehensión no puede ser impugnada a través de ningún recurso procesal, por lo que la presente iniciativa pretende colmar dicha laguna legal para prevenir arbitrariedades en la ejecución de dichas medidas procesales, al tenor de lo siguiente:

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial.

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos.

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad.

El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata.

La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso.

La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido.

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

 

El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

TEXTO DE LA INICIATIVA

 

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación.

El Juez de control verificará la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión, ajustada a los principios de menor lesividad, mínima intervención y dignidad humana, y los protocolos vigentes para dicha ejecución. La resolución del Juez de control sobre la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión no admitirá recurso alguno. La violación de esta disposición será notificada por el Juez de Control al órgano interno de control de la Fiscalía o Procuraduría correspondiente y será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos involucrados en la ejecución.

Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial.

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos.

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad.

El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata.

La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso.

La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido.

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención o la ejecución de la orden de aprehensión, y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 145 Y 311 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN

ÚNICO.- Se reformas los artículos 145 Y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación.

El Juez de control verificará la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión, ajustada a los principios de menor lesividad, mínima intervención y dignidad humana, y los protocolos vigentes para dicha ejecución. La resolución del Juez de control sobre la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión no admitirá recurso alguno. La violación de esta disposición será notificada por el Juez de Control al órgano interno de control de la Fiscalía o Procuraduría correspondiente y será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos involucrados en la ejecución.
Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial.

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos.

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad.

El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata.

La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso.

La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido.

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención o la ejecución de la orden de aprehensión, y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Queda derogado todo lo que se oponga al contenido del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora De la Torre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1 Cfr. Tesis “ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE PRESENTACIÓN, DISTINCIÓN ENTRE.” Registro 910082. 5141. Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Apéndice 2000. Tomo II, Penal, P.R. TCC, Pág. 2630

2 Ibidem

3 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, disponible en: http://www.alc.com.ve/orden-de-aprehension/






Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva por portación de armas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Miguel Ángel Salim Alle: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

La presente iniciativa tiene como objeto reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer la prisión preventiva oficiosa en las materias de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y en materia de robo de hidrocarburos.

En el primer caso, es urgente la modificación a la legislación, ya que la posesión de armas de fuego entre los mexicanos está llevando a niveles alarmantes con el acceso cada vez más fácil a las armas de fuego; repercute directamente en la escalada de ejecuciones, asaltos a mano armada, homicidios dolosos y demás ilícitos violentos. Esta situación hace evidente que los controles, las capacidades de investigación y de argumentación por parte de las autoridades federales sean insuficientes.

En cuanto al robo de hidrocarburos, éste es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años y que está directamente relacionado con el uso de armas de fuego; este delito pasó de realizarse de manera esporádica a ser uno de los más frecuentes y lesivos, pues incluso tuvimos que proponer una reforma a la ley para establecer penas más severas.

También al presentar un negocio muy lucrativo, la lucha por el control de los territorios se torna cada vez más violenta sin olvidar los riesgos que esta actividad constituye para el medio ambiente, pues las tomas clandestinas contaminan terrenos, ríos, arroyos y ocasionan incendios que producen emisiones contaminantes en la atmósfera.

Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto el establecer la prisión preventiva oficiosa para el caso de portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como los delitos en materia de hidrocarburos; aunque la simple portación no parezca grave a primera vista, la realidad es que quienes las poseen de manera ilegal son, casi en su mayoría, personas cuya finalidad es delinquir, pues los ciudadanos que optan por adquirir armas para su autoprotección son, en su mayoría, de calibres muy bajos.

Miren, amigas y amigos legisladores, les pido un minuto de su atención. Este es un periódico local en León, Guanajuato, es nada más una muestra, lamentablemente este es nuestro México, un México armado, un México inseguro, un México inconstitucionalmente debilitado, ilegítimamente desahuciado, un México donde los detenidos por la portación de armas de fuego, no pisan la cárcel.

Este es un ejemplo: en México, donde una persona con un arma de 9 milímetros, 10 armas largas, 12 mil cartuchos de diferentes calibres, 27 cargadores de diferentes calibres, 4 miras telescópicas, ¿qué creen? Salió con 15 mil pesos de fianza.
El México que soñamos es un México donde no caben los buenos que maten a los malos, ni malos que maten a los buenos, ni policías fulminados en el cumplimiento de su deber. Esto lo han solicitado todos los gobernadores.

Amigas y amigos Diputados y Senadores, es urgente una revisión al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y darle mayores elementos al Ministerio Público y a los jueces como lo es esta iniciativa que presentamos para que cada día tengamos mayor seguridad y mayor tranquilidad en nuestro país.

¡No más muertos, no más sangre!

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito Diputado Federal, MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIO?N DE MOTIVOS

Diariamente por la frontera Norte del país, entran de manera ilegal un gran número de armas de fuego, estas armas en su gran mayoría terminan en personas cuyo objeto es la de delinquir, ya sea través de grupos criminales establecidos o de manera independiente como parte de la delincuencia común. Con el acceso cada vez más fácil a las armas de fuego las ejecuciones, los asaltos a mano armada, los homicidios dolosos, el robo de combustible y demás ilícitos violentos se hace evidente que los controles establecidos por las autoridades federales son insuficientes.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) ha calculado que el mercado mundial de armas de fuego ilícitas oscila entre 170 y 320 millones de dólares al año, de acuerdo con la misma organización, en México circula una cantidad de armas suficientes como para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país. De acuerdo con una investigación realizada por el Dr. Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 2009 a 2012 la posesión de armas en nuestro país aumentó en un 53%, las armas en poder de los particulares pasó de dos millones en 2009 a 3.1 millones en 2012, mientras que el crecimiento anual en la compra de armas fue de 15%.

Según datos de las Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) el 45% de los poco más de 17 millones de delitos cometidos en 2015 se realizaron con armas y el 30% se realizó con las portación de armas de fuego. Por su parte, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias presentadas por homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se han incrementado en más del 10% de 2012 a 2016, de conformidad con la siguiente tabla:


Año

Número de Homicidios Dolosos con arma de fuego

2012

11,638

2013

9,985

2014

8,709

2015

9,646

2016

12,804

Ahora bien, es indudable que las distintas corporaciones policiales tanto federales como estatales realizan continuamente operativos diversos donde se decomisan grandes cantidades de armas de fuego, sin embargo la dimensión de la peligrosidad que representa las armas de fuego en el país, hace necesario que se intensifiquen estas labores por una parte y reforzar el marco jurídico para establecer penas más severas por la otra.

En este orden de ideas, uno de los delitos que más crecimiento ha tenido en los últimos años y que esta directamente relacionado con el uso de armas de fuego y con el narcotráfico es el robo de combustibles, este delito pasó de estar bajo el control de las bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento para el narcotráfico de acuerdo con el ex Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Guillermo Váldes. El robo de hidrocarburos ha venido estableciéndose como uno de los delitos más lesivos para la sociedad, debido a sus múltiples efectos, entre los cuales se encuentran:

a) El alza en el robo de vehículos;

b) El fortalecimiento económico de los grupos criminales;

c) El alza en los homicidios dolosos;

d) Daños al medio ambiente;

e) Grave perjuicio económico al Estado; y

f) La generación de corrupción.

Para transportar el hidrocarburo los grupos criminales optan por utilizar armas de alto calibre y vehículos robados, esto debido a que es común que cuando detectan la presencia de alguna autoridad, prefieren huir a pie y dejar abandonados los vehículos robados. El robo de combustible genera para los grupos criminales alrededor de 21 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos; al representar un lucrativo negocio para la delincuencia organizada, la lucha por el control de los territorios se ha vuelto cada vez más sangrienta, sin olvidar los riesgos que esta actividad constituye para el medio ambiente, pues las tomas clandestinas contaminan terrenos, ríos, arroyos y ocasionan incendios que producen emisiones contaminantes en la atmósfera.

En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos sanciona conductas como las de sustraer, aprovechar, comprar, enajenar, transportar, almacenar, poseer, suministrar y adulterar los hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y demás activos; todo ellos sin derecho o consentimiento de los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quién pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Por su parte, los delitos relacionados con la posesión y portación de armas de fuego se tipifican en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; las leyes penales especiales están reservadas para aquellas conductas altamente lesivas y relevantes que requieren un tratamiento especial y por ello se hacen acompañar regularmente por otras medidas necesarias para asegurar o procurar su eficacia.


Una de estas medidas es la prisión preventiva oficiosa, por lo cual conductas como el secuestro, la trata de personas y la delincuencia organizada, las cuales tienen su ley especial penal, están consideradas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos enlista la armas de fuego que se consideran como de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se trata de aquellas armas de alto poder que tiene un mayo poder destructivo, estas mismas armas son las que la delincuencia organizada y la delincuencia común utlizan para llevar a cabo las actividades criminales.

La prisión preventiva por su parte es una medida cautelar establecida en el artículo 19 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la finalidad de esta medida radica en garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, en otras palabras, evitar que la persona se sustraiga de la acción de la justicia; el carácter oficioso de la medida implica que no sea necesario el solicitarla o justificarla ante un juez, por lo que constituye una medida importante en el combate a la impunidad. La Carta Magna establece que la prisión preventiva será oficiosa en materia de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, mientras que artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, replica lo establecido por la Carta Magna.

En la actualidad, dado que la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asi como los delitos en materia de hidrocarburos no se encuentran contempladas en el catálogo del artículo 19 Constitucional no es posible aplicar la prisión preventiva oficiosa a la personas que son detenidas por estos ilícitos. Aunque la simple portación no parezca grave a primera vista, la realidad es que quienes las poseen de manera ilegal son, casi en su mayoría, personas cuya finalidad es delinquir, pues los ciudadanos optan por adquirir armas para su autoprotección, casi siempre de calibres bajos, mientras que en los delitos de impacto sustancial en la sociedad como el robo de hidrocarburos se realizan con armas de fuego de uso exclusivo del ejército y son delitos que deben contener penas más severas por el crecimiento exponencial y por el riesgo latente a la seguridad de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

Artículo Primero.- Se Reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

El Ministerio Pu?blico so?lo podra? solicitar al juez la prisio?n preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigacio?n, la proteccio?n de la vi?ctima, de los testigos o de la comunidad, asi? como cuando el imputado este? siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisio?n de un delito doloso. El juez ordenara? la prisio?n preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violacio?n, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin contar con el permiso correspondiente, los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, asi? como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nacio?n, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.


Artículo Segundo.- Se Reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. …

El Juez de control en el a?mbito de su competencia, ordenara? la prisio?n preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violacio?n, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin contar con el permiso correspondiente, los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos asi? como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nacio?n, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

I. a XI. …

TRANSITORIOS

Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Miguel Ángel Salim Alle.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Miguel Ángel Salim. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados. 

Sonido en el escaño del Senador.

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Señora Presidenta, solamente para felicitar al Diputado Miguel Salim, y si me permite suscribir esta iniciativa, no solamente como Senador, sino también como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional en este Senado, me parece importante sumarme. Si me permite, Diputado Salim Alle.

La Presidenta Diputada Himelda Félix Niebla: Diputado, el Senador ha solicitado adherirse a su iniciativa. ¿Acepta?

El Diputado Miguel Ángel Salim Alle: (Desde su escaño) Acepto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Senador, el proponente ha aceptado. Por lo tanto, está a disposición de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para su firma correspondiente.






Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 76 constitucional, que propone la creación de un Tribunal contra la Corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¡Al Pueblo de México! Compañeros legisladores:

Luchar de manera frontal y enérgica contra la corrupción ha sido para mí una obligación como representante popular.

México no soporta más seguir enfermo de corrupción e impunidad, existe hoy más que nunca un reclamo generalizado para curar al país de esta grave enfermedad que es causa principal de otros males.

Con un basta ya, vengo a dar mi propuesta de reforma constitucional y legal para poner un freno, un hasta aquí a la corrupción, porque la patria lo demanda, propongo la creación del Tribunal a la Patria, como un mecanismo que facilite a los ciudadanos a denunciarla, para que a través de sus representantes sea castigada.

La gravedad de esta enfermedad se refleja en las estadísticas, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, coloca a la corrupción en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con un 50.9 de las menciones, sólo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado anualmente por Transparencia Internacional, México se encuentra en el número 123 de 176 países, por debajo de Pakistán, Perú, El Salvador, Colombia y Sudáfrica, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el peor evaluado.

De esta forma, entre las 35 economías que integran dicha organización, México se ubica en el último lugar, es decir, 40 posiciones separan a México de China, India, Brasil, sus principales competidores económicos.

Yo espero que todo esto les de vergüenza a todos los que estamos aquí y podamos contribuir a sanar a México.

Frente a este flagelo cuya gravedad se refleja en estas cifras que se exponen, tenemos que seguir avanzando en acciones, desde el ámbito legislativo, por tal razón propongo que el Senado de la República tenga como facultad la de erigirse como Tribunal a la Patria, en particular, el Tribunal a la Patria estará compuesto por un mínimo de ocho Senadores y un máximo de 12, para conocer las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en contra de actos y hechos de corrupción.

En su integración deberán estar representados los grupos parlamentarios.

Formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas para perseguir y sancionar actos de corrupción.

Todo servidor público, todos están obligados a responder las recomendaciones que le presenta este tribunal.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Además, el tribunal podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante su pleno, a efecto de que se explique el motivo de su negativa.

Cualquier ciudadano, cualquiera de la calle, el obrero, el campesino, cualquiera, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia o queja ante el tribunal respecto de actos o hechos de corrupción.

En suma, esta propuesta tiene su fundamento en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual entró en vigor desde el 14 de diciembre de 2005.

Nuestro país firmó este instrumento jurídico internacional, por si no lo saben compañeros legisladores, el 9 de diciembre de 2003, misma que ratificó depositando el instrumento de ratificación correspondiente el 20 de julio de 2004.

La creación del Tribunal a la Patria responde al objetivo y obligación que impone esta Convención a los Estados parte, como lo es México; implementar un amplio y detallado rango de medidas contra la corrupción.

Compañeros legisladores, con corrupción no hay gobernabilidad, no tiene más propósito que establecer un nuevo paradigma, este Tribunal a la Patria, en la lucha contra la corrupción.

Por ello, lo que se busca es eficientar la función de fiscalización que desde el Congreso se realiza al gobierno en nombre de sus ciudadanos para que ejecuten programas, administren recursos y presten servicios a los ciudadanos con mayor honestidad e integridad.

Seguro estoy que este proyecto legislativo recibirá el consenso necesario porque es un reclamo popular que demanda la voluntad política y respuesta urgente de la más alta tribuna de la Nación.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía dos proyectos de Decreto: uno, para adicionar una fracción al artículo 76 de nuestra ley fundamental y otro también de adición de un nuevo capítulo al Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ambos para dar vida al Tribunal a la Patria.

Pido a la Presidente de la Mesa Directiva se incorporen mis dos proyectos de Decreto en su versión íntegra al Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias, compañeros legisladores.

Ojalá le den un voto a México, denle un voto a esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO QUINTO BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)



 

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Fernando Mayans. Queda integrado el texto íntegro de su participación en el Diario de los Debates.

En cuanto al proyecto que adiciona el artículo 76 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Y en cuanto a la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre de los legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de protección de información personal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre de los legisladores del grupo parlamentario del PT)

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Presidenta.

Recuerdan ustedes, señores legisladores, legisladoras, del escándalo que sobre espionaje político, desde herramientas tecnológicas muy avanzadas se detectó haber llevado a cabo en contra de defensores de derechos humanos, de organizaciones sociales, abogados y hasta empresarios, y que a ello se han ido acumulando datos, y el último de ellos es la revelación del espionaje sobre el Grupo de Expertos, esos, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para poder atender, desde el trabajo legislativo, este asunto hemos presentado ya dos iniciativas: primero, una que propone incidir en el reforzamiento de controles oficiales sobre el uso legítimo de los medios de vigilancia gubernamentales, la identificación de irregularidades, el deslinde de responsabilidades por su mal uso, así como las sanciones administrativas y penales correspondientes, agregando controles legislativos.

Diputado, yo lo escuché con su iniciativa de armas de fuego, por favor. No grite, Diputado, no me escucha. Con eso me basta.

En la segunda iniciativa presentada, buscamos reforzar y especificar las obligaciones de transparencia, pero tenemos una tercera iniciativa derivada de la opinión del Relator de la Relatoría de la ONU para definir que esa captura y esa reserva de datos desde los concesionarios de los servicios telefónicos es inconstitucional, atenta contra los derechos humanos y se trata de una forma masiva de vigilancia para todos.

Explica que al obligar a los concesionarios a conservar y mantener datos relativos a quienes se comunican, la duración de las comunicaciones, su ubicación de los que se comunican y que estas leyes hacen de la conservación de estos datos de comunicaciones, llamados metadatos, una obligación legal, esto atenta contra la privacidad de todo el pueblo mexicano.

Por eso nosotros queremos presentar esta iniciativa para que se analice y con ella se construya el andamiaje legal para impedir cualquier tentación del Estado para vigilar a la ciudadanía.

Anular de la fracción II del artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones la obligación de conservar los datos de las comunicaciones es el propósito; anular la posibilidad de que en tiempo real se puedan consultar esos datos, durante el año siguiente al que se esté detectando una comunicación, es algo inconstitucional y atentatorio contra derechos humanos. Alegar que se debe de conservar un año más esos datos también se atenta contra los derechos humanos.

Por ello, esta tercera iniciativa que presento sobre este tema tiene el propósito también de mantener el interés de este asunto, que no se nos olvide que todos podemos ser vigilados, podemos ser espiados y que es la peor práctica, o una de las peores prácticas de cualquier Estado. Un Estado democrático no debe tener tentaciones sobre este asunto.
Es la iniciativa que presento, señora Presidenta, y la pongo a consideración de ustedes para que se turne a las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores y pueda revisarse detenidamente de manera profunda, sin duda que sí.

Yo espero que en el siguiente periodo legislativo, pero, desde luego, que sea del interés de todas las fuerzas políticas.

Gracias.

Iniciativa

Quienes suscriben, LEGISLADORAS Y LEGISLADORES integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PARA ELIMINAR LA OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE METADATOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La intervención de comunicaciones privadas no se refiere únicamente a la escucha telefónica. Un mecanismo esencial para la captura legítima o ilegítima de información es el acceso a los llamados metadatos. Al respecto, en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue1, se expone:

“El carácter dinámico de la tecnología no solo ha cambiado la forma en que puede llevarse a cabo la vigilancia, sino también ‘qué’ puede vigilarse. Al facilitar la creación de oportunidades de comunicación e intercambio de información, Internet también ha posibilitado la elaboración de un gran volumen de datos de transacciones de personas y acerca de estas. Esta información, conocida como datos de las comunicaciones o metadatos, incluye información personal sobre particulares, su ubicación y actividades en línea, así como registros e información conexa sobre los correos electrónicos y los mensajes que envían o reciben. Los datos de las comunicaciones pueden almacenarse, son accesibles y permiten la realización de búsquedas, y su revelación a las autoridades públicas y su utilización por estas están en gran medida no reguladas. El análisis de estos datos puede ser sumamente revelador e invasivo, en particular cuando los datos se combinan y acumulan. En tal sentido, los Estados se basan cada vez más en datos de las comunicaciones para prestar apoyo a las investigaciones de las fuerzas del orden o de seguridad nacional. Los Estados también están disponiendo la obligatoriedad de conservar y retener los datos de las comunicaciones para poder llevar a cabo una vigilancia histórica.”2

Más específicamente, en el apartado de “Preocupaciones relativas a las normas jurídicas nacionales” contenido en su Informe, en el inciso “F. Conservación obligatoria de datos”, el propio Relator Especial de la ONU advierte:
“65. A fin de aumentar el almacenamiento de los datos de comunicaciones a los que pueden acceder, algunos Estados están aprobando leyes sobre la conservación obligatoria de datos por las que exigen a los proveedores de servicios de Internet y de telecomunicaciones (colectivamente denominados "proveedores de servicios de comunicaciones") reunir y conservar en forma permanente el contenido de las comunicaciones y la información acerca de las actividades en línea de los usuarios. Estas leyes permiten la recopilación de registros históricos sobre los correos electrónicos y los mensajes de las personas, así como la ubicación y la interacción con amigos y familiares, entre otras cosas.”3

Tal es el caso de nuestro país.

El artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, de atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado, de las instancias de seguridad y procuración de justicia por el que requiera la entrega de información y datos relativos a los usuarios de servicios de telecomunicaciones que estén en su posesión.

Además, el primer párrafo de la fracción II del artículo 190 del mismo ordenamiento, establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, para:

“Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

h) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.”

Conforme al párrafo segundo de la propia fracción II citada, y para efecto de que los concesionarios puedan aportar una cantidad importante de información, se les obliga a conservar todos los datos referidos antes durante un año en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes que la requieran. Entrega que habrá de hacerse a través de medios electrónicos. Adicionalmente, se obliga al concesionario a conservar los datos por otro año más en sistemas de almacenamiento electrónico, debiendo, en su caso, hacer la entrega de la información a la autoridades dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento.

Por último, la misma fracción dispone medidas de resguardo y protección de los datos, para su conservación y para la protección, tratamiento y control de los datos personales, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Es decir, en México se actualiza la medida gubernamental que preocupa al Relator La Rue: se dispone la obligatoriedad de conservar y retener los datos de las comunicaciones para poder llevar a cabo una vigilancia histórica.

Conforme a esa preocupación actual, el informe del Relator concluye:

“Las leyes nacionales de conservación de datos son invasivas y costosas, y atentan contra los derechos a la intimidad y la libre expresión. Al obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones a generar grandes bases de datos acerca de quién se comunica con quién telefónicamente o por Internet, la duración del intercambio y la ubicación de los usuarios, y a guardar esta información (a veces durante varios años), las leyes de conservación obligatoria de datos aumentan considerablemente el alcance de la vigilancia del Estado, y de este modo el alcance de las violaciones de los derechos humanos. Las bases de datos de comunicaciones se vuelven vulnerables al robo, el fraude y la revelación accidental.”4

Y, por tanto, recomienda:

90. Los Estados no deben conservar ni exigir la retención de información determinada puramente con fines de vigilancia.5

Del mismo modo, en su resolución “El derecho a la privacidad en la era digital”6, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU observa que, “si bien los metadatos pueden aportar beneficios, algunos tipos de metadatos, tomados en conjunto, pueden revelar información personal y pueden dar indicación del comportamiento, las relaciones sociales, las preferencias privadas y la identidad de una persona…”.

Las preocupaciones y conclusiones que han obtenido los organismos internacionales respecto del riesgo potencial de violación de los derechos humanos que representan las leyes que ordenan la recolección y conservación de metadatos están plenamente justificadas. En su análisis “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”7, la organización civil mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que los metadatos pueden revelar “tanta o mucha más información personal que el contenido mismo de las comunicaciones”.

Como advierte el propio informe, el registro y conservación de metadatos conlleva a un doble riesgo: por un lado, el acceso a las bases y su difusión no autorizados, con el grave impacto que genera la propagación indiscriminada de datos sensibles de las personas usuarias de las redes de telecomunicaciones, sin su autorización y, en la mayoría de las ocasiones, sin su conocimiento; por otro lado, “la conservación masiva y prolongada de datos, más allá de lo necesario para la prestación del servicio, constituye una interferencia con el derecho a la privacidad y sin analizar la necesidad y proporcionalidad de la misma.”8

En el sentido de todo lo expuesto, no es excesivo considerar que las disposiciones jurídicas que obligan a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a recolectar y conservar metadatos de sus usuarios configuran un esquema estatal de vigilancia masiva indiscriminada, lo que transgrede los derechos humanos a la intimidad. Ello, incluso, más allá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre su constitucionalidad.9

Este esquema de vigilancia masiva, de por sí ya lesivo para la privacidad de la personas, en el caso de México es aún más pernicioso. El desdén por el control jurisdiccional en el reciente caso del software Pegasus, en el que se intervinieron los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción muestran que el actual gobierno carece de la comportamiento democrático necesario para asegurar que no se hará un uso indebido de información como los datos de las comunicaciones.

Dicha información puede recopilarse y mantenerse en contextos institucionales donde los límites establecidos en la ley para proteger derechos fundamentales son respetados y los controles externos –judiciales o parlamentarios- escrupulosamente observados. Esta administración federal ha mostrado claramente que carece de dicho comportamiento democrático y que es un peligro de la mayor magnitud para la privacidad de las personas que un gobierno como el actual pueda acceder a los datos de las comunicaciones.

Así, esta iniciativa tiene por objeto derogar la fracción II y modificar la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para efecto de eliminar la obligación de los concesionarios y autorizados en materia de servicios de telecomunicaciones y otros conexos para conservar los metadatos de sus usuarios por un lapso de dos años, así como para eliminar las referencias a las bases de datos conservados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- SE DEROGA la fracción II y SE REFORMA la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. …

II. Se Deroga.

III. Entregar los datos a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, que así lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.
Queda prohibida la utilización de los datos para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente;

IV. a XII. …

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscriben.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, 17 de abril de 2013, A/HRC/23/40. Disponible en:
file:///E:/DocumentosSinUSB/Notas/GobEspi/DroIntnalVigilancia/InfoRelatorEspLibertadExpresion-17abr2013.pdf

2 Ibidem, p. 5.

3 Ibidem, p. 19.

4 Idem.

5 Ibidem, p. 23.

6 Resolución A/HRC/28/L.27, 24 de marzo de 2015.

7 México, Noviembre de 2016, p. 7. Accesible en: https://r3d.mx/wp-content/uploads/R3D-edovigilancia2016-FINAL.pdf

8 Ibidem, p. 16.

9 Con referencia a la resolución tomada por la Segunda Sala, en su sentencia de 4 de mayo de 2016, en el Amparo en Revisión 964/2015. Tomado de R3D, El Estado de la Vigilancia… Op. Cit., p. 16.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Rocío Nahle García, para presentar a nombre del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación, en materia de prohibición de cuotas escolares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

Presento esta iniciativa a nombre de mi compañero el Diputado Cuitláhuac García Jiménez.

La gratuidad de la educación ha sido una conquista del pueblo y es el resultado de múltiples luchas sociales y políticas.

A partir de 1917, en el artículo 3o. de nuestra Constitución quedó plasmada como un derecho social con el siguiente texto: "Toda educación que el Estado imparta será gratuita".

Sin embargo, las reformas que se han realizado en materia educativa, principalmente a la Ley General de Educación, impusieron términos como "cuotas voluntarias y donaciones", contraviniendo en la práctica la gratuidad, y aún más, dicha legislación es utilizada en muchas escuelas públicas del país para otorgar la educación a cambio del pago de cuotas o su equivalente en especie.

El texto actual del artículo 6o. de la Ley General de Educación establece lo siguiente:

"La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo". Yo no sé por qué pusieron este término.
"Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo"

¿Qué estamos proponiendo? Que diga el artículo 6o., la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Anexamos, en el segundo párrafo: "Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación".

Claramente el texto del artículo reitera lo establecido en el artículo 3o. constitucional, sin embargo, define que las donaciones o cuotas voluntarias no son contraprestaciones.

Esta práctica todos los años, al momento de abrir los periodos de inscripción y pre-inscripción en los niveles de educación básica, media y media superior las autoridades educativas condicionan el registro de ingreso de los estudiantes al pago de cuotas voluntarias o donaciones. Aún más, en las ventanillas escolares son exigidas como parte de la inscripción y cualquier trámite de constancias, certificados y otros servicios escolares se condiciona su pago.

La práctica de exigir cuotas en las escuelas públicas es conocida en la sociedad así como su carácter obligatorio. Todo esto rompe con el principio de gratuidad establecida en la Constitución.

La pobreza de las familias en México ha impedido que sus hijos continúen estudiando o permanezcan en la escuela y esto se relaciona precisamente con la falta de gratuidad en la educación. Un reporte de la UNICEF de septiembre del 2016, apunta que 4 millones 100 mil niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad no van a la escuela. Esta situación podría empeorar, ya que adicionalmente más de 600 mil están en riesgo de abandonar las aulas.

Es necesario que el Estado mexicano realice un esfuerzo adicional para asegurar que el costo de la educación no sea trasladado a las familias mediante pagos adicionales. Es urgente que las aportaciones económicas en forma de cuotas o donaciones no sean condición para ingresar o permanecer en el plantel escolar, ni existan aportaciones supuestamente voluntarias por trámites de documentos o exámenes.

El propósito de la iniciativa que el día de hoy presentamos el grupo parlamentario de Morena, es refrendar con toda claridad lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la educación es gratuita y no debe causar ningún pago o contraprestación a los educandos o sus tutores.

Nosotros etiquetamos recursos para el sector de educación, y esta semana escuchamos al Secretario de Educación decir que todos los jóvenes que quieran entrar a la universidad están viendo a ver si puede costear, el gobierno, las escuelas privadas.

¿Qué, no sería más fácil hacer universidades públicas? ¿Qué, no sería más fácil abrir más matrículas en las universidades ya existentes?

Creo que en un buen momento el Diputado Cuitláhuac García presenta esta iniciativa y les pido que podamos aprobarla tal como está.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

Quien suscribe, diputado federal CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, perteneciente al grupo parlamentario del Morena de la LXIII legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gratuidad de la educación fue un logro del pueblo mexicano a través de infinidad de luchas sociales y políticas [Ref.1], siendo parte de un principio histórico que permeó en todas las transformaciones del país posteriores a la independencia de México. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal promulgada en diciembre de 1867 establece el principio de gratuidad y obligatoriedad de la instrucción educacional refrendado en la constitución de 1857.

El 5 de Febrero de 1917, se publicó la nueva carta magna y el artículo tercero relativo a la educación. En la redacción original dicho precepto de gratuidad se plasmó como sigue:

Art. 3. - ….

"En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria." [Ref. 2].

Hoy en día este principio está plasmado en el mismo artículo en su fracción IV de la siguiente manera:

Art. 3. - ….

….

I. …

II. …

III. …

IV. "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita".

Cabe señalar que dicho principio ha acompañado al de la obligatoriedad de la educación en el entendido de que si el Estado obliga a la sociedad a instruirse, el mismo retoma su responsabilidad de facilitarle a los mexicanos el acceso a dicha educación mediante la gratuidad.

A nivel mundial se ha demostrado, sobre todo en la Unión Europea, que sociedades mayormente educadas reditúan en beneficios sociales para la gente menos favorecida [Ref. 3] y ha sido una estrategia de esos países apostarle a la educación gratuita en todos los niveles académicos. De ahí se desprende que la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sea incrementar el presupuesto a la educación pública en los países como México con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Al destinar mayor dinero público a los gastos de Educación, el Estado está en posibilidades de que se ofrezca gratuitamente como sucede en los países europeos.

Sin embargo, en nuestro país las reformas que se hicieron en materia educativa, principalmente a la Ley General de Educación, impusieron términos como "cuotas voluntarias" y "donaciones" dentro del articulado. Contraviniendo en la práctica los planteamientos anteriores de gratuidad y las fuentes de financiamiento para la Educación; y aún más, dicha legislación es utilizada en muchas escuelas públicas del país para otorgar la educación a cambio del pago de dichas cuotas o su equivalente en especie.

El texto actual del artículo 6 de la Ley General de Educación establece lo siguiente:

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Claramente, el texto del artículo anterior reitera lo establecido en el art. 3 constitucional: la educación es gratuita. Y prohíbe el pago de contraprestaciones. Sin embargo, define que las donaciones o cuotas voluntarias no son contraprestaciones, y por lo tanto, queda establecida la permisión de solicitar a los estudiantes dichas donaciones o cuotas.

Esto en la práctica, al momento de abrir los periodos de inscripciones y preinscripciones a los niveles de educación básica, media y media superior, ha llevado a autoridades educativas a condicionar los registros de ingreso de los estudiantes a las diferentes escuelas, siempre y cuando se realice el pago o la cobertura de "cuotas voluntarias" o "donaciones" por el monto equivalente. Aún más, en ventanillas escolares son exigidas como parte del trámite de inscripción, así como para cualquier trámite de constancias, certificados y otros servicios escolares.

Esta práctica de exigir cuotas en las escuelas públicas es bien conocida en la sociedad y el carácter de obligatorias también. Todo esto rompe el principio de gratuidad establecido en la constitución.

La pobreza de las familias de México, ha impedido que sus hijos continúen estudiando o permanezcan en la escuela y esto se relaciona precisamente con la falta de gratuidad en la educación. Un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de septiembre del 2016, apunta que cuatro millones cien mil niños y adolescentes, de entre tres y diecisiete años de edad, no van a la escuela. Lo cual se podría ver empeorado ya que adicionalmente, más de 600 mil están en riesgo de abandonar las aulas. El mismo reporte señala que en nuestro país el 57% de los niños no terminan la educación media superior. El representante de ese organismo internacional en México, Christian Skoog, apuntó que las causas pueden estar en la precariedad con que viven dichos niños y explica que "el análisis de las barreras económicas del lado de la demanda indica que las familias pobres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación. Esta situación se agrava más en las familias jornaleras migrantes. En comunidades rurales, los costos de traslado, vestimenta, útiles escolares, alimentación, entre otros, rebasan la capacidad económica de los padres para proveerlos" [Ref. 4].

De lo anterior podemos concluir que es necesario que el Estado mexicano realice un esfuerzo adicional por asegurar que el costo de la educación no sea pasado a las familias de los niños que van a la escuela a través de cuotas o donaciones. Es urgente que las aportaciones económicas en forma de cuotas o donaciones sean estrictamente voluntarias y que dichos pagos en la escuela no sean condición para ingresar o permanecer en el plantel escolar, ni existan costos adicionales por trámites de documentos o examinaciones.

Debe refrendarse con toda claridad lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IV, donde dice que la educación es gratuita y que por lo tanto el acceso a la que imparta el estado a través de sus instituciones educativas del nivel básico y media superior, no debe causar ningún pago o contraprestación a los educandos o sus tutores.

Lo anterior se garantizará si a la redacción del tercer párrafo del artículo 6 de la Ley General de Educación se le agrega la prohibición del uso de las donaciones o cuotas voluntarias como condición para inscribir, enseñar, permitir el acceso a la escuela, presentar exámenes, o entregar documentación a los estudiantes. Dicho agregado se propone quede de la siguiente forma:
Art. 6. …

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, enseñanza, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna ni a la aportación de donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación o al sostenimiento de la escuela que se trate.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del Artículo 6 de la Ley General de Educación

Artículo 6o.- …

...

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, enseñanza, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna ni a la aportación de donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación o al sostenimiento de la escuela que se trate.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Cuitláhuac García Jiménez.

Referencias

1. Bialostosky B., Sara. "Laicidad en el Artículo 3 º Constitucional, Resultado de un
Ensangrentado Proceso Histórico", ediciones de la Comisión Organizadora de Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2010, UNAM.
2. Evolución Jurídica del Artículo 3 Constitucional En Relación a la Gratuidad de la Educación Superior. Reportes de Investigación, Serie V, Servicios de Investigación y Análisis, Biblioteca de la Cámara de Diputados, septiembre 2000.
3. Andere M., Eduardo. Banco Mundial vs. McKinsey & Company. Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2005. ITAM.
4. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-millones-de-ninos-no-asisten-a-la-escuela-unicef.html

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Nahle. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al Club de Mujeres Profesionales y de Negocios, licenciada "María Lavalle Urbina" del Estado de México, invitadas por el Senador Fernando Mayans Canabal.

Es para nosotros motivo de gran agrado para esta Comisión Permanente, su presencia en este recinto parlamentario.

¡Bienvenidas!






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, para presentar a nombre del Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de comisiones de dictamen.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora Presidenta.

Decía Porfirio Díaz que: “cuando un general o un político se estaba moviendo y haciendo ruido, había que darle honores, medallas, nombramientos, distinciones para que se aplacara”.

Pues bien, esta costumbre sigue, feneció el porfirismo en 1911, pero esos modos y esas formas han persistido en nuestro medio. En realidad no son formas porfiristas, son formas de la política en general. Hago referencia a esto, porque la Cámara de Diputados y aquí en el Senado hay un exceso de comisiones.

Comisiones que se inventan, que se crean, muchas veces para dar espacio y dar nombramientos, honores y solemnidades a Diputados y Senadores que necesitan distinguirse, necesitan esos símbolos de poder; también para dar plazas de secretarios o de auxiliares, de tal manera que con el correr del tiempo hay una profusión de comisiones ordinarias especiales que no hacen más que entorpecer el trabajo del Poder Legislativo federal y demeritar el prestigio de esta noble institución.

Traigo a la mano dos ejemplos: uno de ellos de la Cámara de Diputados, allí soy miembro de una comisión especial, no digo el nombre porque no pretendo exhibir a nadie. Una comisión que se instaló con mucha fanfarria, con mucha solemnidad, pero que no ha sesionado una sola vez, a pesar de que nos dieron un programa de sesiones que abarcaba los tres años.

Y aquí, en el Senado, amigos, y lo digo con respeto a los Senadores, el otro día que andaba yo extraviado en este laberíntico y disfuncional edificio, me topé con la puerta de una comisión que me dejó pasmado, Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Qué onda, de qué se trata?

Creo que este tipo de cosas desprestigian al Poder Legislativo y, por lo tanto, presento una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y formulada por mi compañero Jorge Álvarez Maynez para que se reduzcan comisiones y para que nuestro Poder Legislativo sea esbelto y, por lo tanto, más ágil.

Gracias, buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL NÚMERO DE COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México vivió la totalidad del siglo pasado gobernado bajo un sistema presidencialista y autoritario en el cual, pese a que lo establecía la Constitución, no existió una efectiva división de poderes. El Poder Legislativo y el Judicial no representaban contrapesos reales al Poder Ejecutivo, pues, en los hechos, se encontraban subordinados a éste.

En ese sentido, las comisiones que integraban al Poder Legislativo en aquel entonces, resultaban poco importantes en la práctica. El constitucionalista Diego Valadés escribía al respecto en 1978: “...entre nosotros las comisiones carecen de un peso específico relevante en el proceso legislativo y aún en el proceso político de control que ejerce el Congreso sobre el Poder Ejecutivo”1.

Sin embargo, conforme México ha ido transitando hacia un régimen más democrático y plural, el Congreso de la Unión ha adquirido un papel protagónico en la vida pública, convirtiéndose en el espacio natural para el debate y la negociación entre las distintas fuerzas políticas, así como un contrapeso al Poder Ejecutivo. Hoy en día, las comisiones ordinarias juegan un rol primordial en el Poder Legislativo mexicano, ya que “tienen el poder de que las iniciativas continúen, o no, su trayecto en el proceso legislativo mediante la aprobación, rechazo o estancamiento de las mismas.”2

Luisa Béjar Algazi señala que: “En 1999, se aprobó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), con el fin de reconocer la nueva pluralidad política y construir las bases de un Congreso sólido y profesional, después del presidencialismo. Desde entonces, dicha ley es el plano que guía y orienta las labores legislativas, pero también es responsable de ciertas debilidades.”3 Una de esas debilidades es la falta de criterios para la división del trabajo -es decir, del análisis, estudio y discusión de iniciativas con proyectos de reforma o de Ley-, que implica una desorganización en la creación de comisiones ordinarias y especiales, que conlleva al excesivo número de éstas, sin una clara eficiente división del trabajo.

El diseño institucional del Poder Legislativo en nuestro país establece un sistema bicameral conformado por una Cámara de Diputados, compuesta por 500 miembros y una Cámara de Senadores, con 128 parlamentarios. Ambas Cámaras cuentan con un sistema de comisiones ordinarias cuya función principal es analizar y dictaminar las iniciativas presentadas.

Los artículos 39 y 85 de la LOCGEUM establecen que las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, contarán con el número de comisiones ordinarias y especiales “que requieran para el cumplimiento de sus funciones”. Ese margen de discrecionalidad que se les otorga a las Cámaras en cuanto al número de comisiones con el que podrán contar, ha provocado un crecimiento excesivo del sistema de comisiones, lo cual tiene como consecuencias una erogación de recursos económicos cada vez mayor, la ineficiencia en la distribución del trabajo legislativo y un margen de acción cada vez más reducido para algunas comisiones.

En su Reporte Legislativo, la consultora Integralia señala que “con frecuencia, el surgimiento de más comisiones ocurre como un fenómeno de clientelismo legislativo: dar cargos y estructuras burocráticas a legisladores para su promoción política personal con cargo al erario y a la eficiencia del trabajo legislativo.”4

Actualmente, la Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias y 44 especiales. Durante 2016, fueron destinados 16 millones de pesos para las presidencias de sus comisiones ordinarias5. Por su parte, la Cámara de Senadores cuenta con 64 comisiones ordinarias y 17 especiales. Durante el periodo enero-junio del 2014, a los grupos parlamentarios del Senado, se les asignaron por comisiones y apoyo legislativo un total de 322 millones 248,000 pesos6. Además, el Congreso cuenta con 5 comisiones bicamerales: de Seguridad Nacional; del Canal de Televisión del Congreso de la Unión; del Sistema de Bibliotecas; en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y la de Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. Es decir, un total de 184 comisiones, muchas de ellas ineficientes e inoperantes.

El exceso de comisiones, de ninguna manera se ve reflejado en la productividad de las Cámaras. Hasta agosto de 2016, habiendo transcurrido el primer año de la LXIII Legislatura, se presentaron 632 iniciativas en la Cámara de Senadores, de las cuales sólo se aprobó el 2.9% y quedaron en calidad de pendientes el 94.6%; en el caso de la Cámara de Diputados se presentaron 1,674 iniciativas, la tasa de aprobación fue de apenas el 5.4% y el 77.6% quedaron rezagadas7. Como señala Integralia, “La multiplicación de las comisiones entorpece el trabajo legislativo, duplica funciones y con frecuencia genera lentitud en el proceso de dictaminación porque una iniciativa es enviada para su estudio a varias comisiones cuya materia se traslapa.”8

En ambas Cámaras, se han constituido comisiones especiales para tratar temas extremadamente específicos, cuya agenda bien podría ser atendida por las comisiones ordinarias. Ejemplos de ello en el Senado, son la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral Pacífico y la Comisión Especial para el diagnóstico y reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Cámara de Diputados existen la Comisión Especial de Citricultura, la Comisión Especial de la Industria del Cacao y la Comisión Especial de la Industria Vinícola y Berries.

Por otra parte, existe una gran disparidad en el número de asuntos que conoce cada comisión, lo cual perjudica el correcto funcionamiento de las Cámaras. Para agosto de 2016, a las comisiones de Asuntos Frontera Norte, Desarrollo Municipal y Distrito Federal, de la Cámara de Diputados no les había sido turnada una sola iniciativa, mientras que las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público, y Puntos Constitucionales, tuvieron 190 y 228 iniciativas turnadas, respectivamente.9

En el mismo periodo de tiempo, en el Senado de la República, las comisiones que más iniciativas recibieron fueron Estudios Legislativos, con 257; Estudios Legislativos Segunda, 202; y Estudios Legislativos Primera, 153; Justicia, 103; y, Puntos Constitucionales, con 102. Caso contrario fue el de las comisiones de Autosuficiencia Alimentaria, Ciencia y Tecnología, Contra la Trata de Personas y Federalismo, que recibieron sólo una iniciativa y no la dictaminaron. A 13 comisiones no se les había turnado un solo asunto hasta ese momento.10

De la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 1999 a la fecha, el número de comisiones ordinarias ha aumentado más del doble.

En dicho ordenamiento, se establecieron originalmente 22 comisiones ordinarias para la Cámara de Diputados y 29 para la de Senadores. A partir del año 2000, el número de comisiones comenzó a evolucionar de forma notable11:

Legislatura

Comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados

Comisiones ordinarias del Senado

LVIII (2000-2003)

40

48

LIX (2003-2006)

43

51

LX (2006-2009)

44

57

LXI (2009-2012)

44

59

LXII (2012-2015)

56

64

LXIII (2015-2018)

56

64

Haciendo un ejercicio de política comparada, el excesivo número de comisiones en nuestro Poder Legislativo excede por mucho los estándares internacionales. De acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial 2012, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial, el promedio de comisiones en las Cámaras bajas fue de 17.52. Nuestra Cámara de Diputados superó por mucho ese promedio y, de hecho, es la tercera cámara baja con más comisiones en el mundo, con 56 órganos, sólo por debajo de Nigeria (84) y Filipinas (58). Por su parte, el Senado de la República es la Cámara alta con más comisiones a nivel internacional: 64, por encima de Nigeria (57) y Pakistán (42), no obstante que el promedio de comisiones en las Cámaras altas fue de 16.5212.

La presente iniciativa busca reducir el número de comisiones, tanto ordinarias como especiales, de nuestras Cámaras. El fin que se persigue con la propuesta es, por una parte, disminuir los gastos que conlleva la existencia de un gran número de comisiones. Por otra parte, se considera necesario disminuir la burocracia al interior de las Cámaras, para que el funcionamiento de las mismas se vuelva más eficiente y ágil. La experiencia nos está demostrando que tener muchas comisiones no se traduce en un mayor número de iniciativas dictaminadas, y que muchas de las comisiones realmente no laboran ni cumplen con las obligaciones que la propia ley les establece.

Se propone que el número de comisiones ordinarias de las Cámaras, así como las materias de su competencia, sean determinados de acuerdo a las necesidades y funciones del propio Poder Legislativo, para el mejor despacho de los asuntos, así como para tratar temas que por su trascendencia lo ameriten.

De esa manera, las comisiones ordinarias de ambas cámaras, que actualmente suman 120, pasarían a ser 62. Además, se establece que el número de comisiones especiales no podrá ser mayor al de comisiones ordinarias.

La consolidación de un régimen verdaderamente democrático, requiere que todas sus instituciones funcionen de la mejor manera posible. Entre más eficiente sea nuestro Congreso, mayor será su contribución al ejercicio del poder en nuestro país y al equilibrio entre los tres poderes.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL NÚMERO DE COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el numeral 2 del artículo 39, el numeral 1 del artículo 85, el numeral 1 del artículo 90 y el numeral 1 del artículo 95, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. …

2. La Cámara de Diputados contará con comisiones ordinarias y especiales para el cumplimiento de sus funciones. El número de las comisiones especiales en ningún caso podrá exceder al de las comisiones ordinarias.

Las comisiones ordinarias serán:

I. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

II. Asuntos Indígenas;

III. Atención a Grupos Vulnerables;

IV. Ciencia y Tecnología;

V. Comunicaciones y Transportes;

VI. Cultura;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

X. Desarrollo Municipal;

XI. Desarrollo Social;

XII. Economía;

XIII. Educación Pública;

XIV. Energía;

XV. Equidad y Género;

XVI. Gobernación;

XVII. Hacienda y Crédito Público;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXI. Puntos Constitucionales;

XXII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXIII. Relaciones Exteriores;

XXIV. Salud;

XXV. Seguridad Pública;

XXVI. Trabajo;

XXVII. Transparencia y Anticorrupción;

XXVIII. Turismo.

A las mencionadas comisiones, se sumarán las previstas en el artículo 40 de la presente Ley.

3. ...

Artículo 85.

1. La Cámara de Senadores contará con comisiones ordinarias y especiales para el cumplimiento de sus funciones. El número de las comisiones especiales en ningún caso podrá exceder al de las comisiones ordinarias.

2. …

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

II. Asuntos Indígenas;

III. Atención a Grupos Vulnerables;

IV. Ciencia y Tecnología;

V. Comunicaciones y Transportes;

VI. Cultura;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

X. Desarrollo Social;

XI. Economía;

XII. Educación Pública;

XIII. Energía;

XIV. Equidad y Género;

XV. Estudios Legislativos;

XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XVII. Gobernación;

XVIII. Hacienda y Crédito Público;

XIX. Justicia;

XX. Marina;

XXI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXII. Puntos Constitucionales;

XXIII. Relaciones Exteriores;

XXIV. Salud y Seguridad Social;

XXV. Seguridad Pública;

XXVI. Trabajo;

XXVII. Transparencia y Anticorrupción;

XXVIII. Turismo.

A las mencionadas comisiones, se sumarán las previstas en los artículos 99, 101 y 102 de la presente Ley.

Artículo 95.

1. La Cámara podrá subdividir las comisiones en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar, previo al inicio del siguiente período ordinario de sesiones, su organización interna de acuerdo con el presente Decreto, y los asuntos ya presentados en ambas Cámaras, deberán ser returnados a las comisiones ordinarias que se establecen en el presente Decreto, de acuerdo a la competencia de cada una.

Salón de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Jorge Álvarez Maynez.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

1 VALADÉS, Diego, El Poder Legislativo mexicano, Acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/726/19.pdf

2 RENDÓN ARIAS, Iliana, Las prácticas parlamentarias en las comisiones ordinarias del Congreso mexicano durante la LXII legislatura, Flacso México, Disponible en:
http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.2014_eje3_rendon.pdf

3 CORTEZ SALINAS Josafat, Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en comisiones, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532010000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

4 Reporte Legislativo Número Siete (septiembre 2015 – agosto 2016), Integralia, Disponible en:
http://integralia.com.mx/content/publicaciones/026/Reporte%20Legislativo%20Siete.pdf

5 Congreso, saturado por comisiones que reciben recursos, El Economista, Disponible en:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/26/congreso-saturado-comisiones-que-reciben-recursos

6 Íbid.

7 Exceso de comisiones y resultados paupérrimos en el Congreso, The Huffington Post, Disponible en:
http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/03/exceso-de-comisiones-y-resultados-pauperrimos-en-el-congreso_a_21490970/

8 Íbid.

9 Íbid.

10 Íbid.

11 Íbid.

12 Informe Parlamentario Mundial 2012, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Disponible en: http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-s.pdf






Tiene el uso de la palabra el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 constitucional, adiciona el Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma Código Penal Federal, en materia de combate al robo de vehículos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y REFORMA EL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Gracias, señora Presidenta, muy amable.

La iniciativa que hoy presentamos, es parte de un esfuerzo propositivo e integral para mejorar las condiciones de seguridad en el país, especialmente en aquellas entidades federativas que durante el último año, los últimos meses, han experimentado patrones atípicos de ciertos indicadores relacionados con ésto.

De acuerdo con el análisis de los reportes mensuales sobre delitos de alto impacto que presenta el Observatorio Nacional Ciudadano, así como en su más reciente estudio intitulado “Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016”, se logran distinguir crecimientos importantes en el robo a casa habitación, en la extorsión, en el robo a negocio, robo a transeúnte y el secuestro, además del robo a vehículo, que es el que en esta ocasión nos tiene aquí en esta tribuna.

Respecto a esta última variable, de acuerdo con dicha fuente, en 2016 se registraron 161 mil 567 averiguaciones previas y carpetas de investigación por robo a vehículo. En términos relativos lo anterior equivale a una tasa de 132 averiguaciones por cada 100 mil personas. En relación con el año 2015, tan solo este delito aumentó 2.3 en términos absolutos.

Este comportamiento se vuelve atípico en entidades federativas o ciudades que en otrora eran tradicionalmente tranquilas, como el caso del estado de Querétaro, donde yo provengo y de donde, por cierto, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno del estado para revisar las políticas públicas en materia de prevención de delitos, sobre todo delitos denominados de alto impacto.

Por eso el día de hoy presento una reforma para tratar de devolver la tranquilidad a las familias de nuestro país.

Pongámonos en los zapatos de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han hecho un gran esfuerzo para tener un vehículo, que no se convierta en un lujo, sino que se convierta en una necesidad.

El objetivo central de esta propuesta y de otras que hemos presentado, gira en torno a eso, a la recuperación de la tranquilidad de la calles y en los hogares de nuestro país.

Tenemos la intención de aportar siempre en la construcción de una agenda, de hacer planteamientos propositivos, no solamente presentar diagnósticos, no solamente desde un punto de vista de partirizar el tema de seguridad en nuestro país.

El Código Penal Federal, en su artículo 367 reconoce cuál es la definición del delito de robo, que es el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Asimismo, el artículo 377 establece sanciones en función de cuantía. La mayor pena consta de 4 a 10 años de prisión, así como una multa entre 180 y 500 veces la Unidad de Medida correspondiente. Lo que significa, en pocas palabras, que el valor de lo robado para ser sancionado supere los 40 mil pesos aproximadamente, esto, por supuesto, favorece, fortalece este tipo de acciones.

Para el caso de tentativa de robo, cuando no fuera posible determinar su monto, se aplicarán de tres días a dos años de prisión como lo indica el artículo 371; o bien, cuando fuera cometido por dos o más sujetos la pena aplicable será de cinco a 15 años de prisión y hasta mil días de multa.

Si el robo, que ese es un punto que me parece muy importante, si el robo se ejecutara con violencia, a la pena que corresponde por el robo simple se agregarán de seis meses a cinco años.

Ahora bien, y los fines de la presente iniciativa, el Código Penal Federal reconoce en el primer párrafo que el delito de robo a vehículo lo sancione en los siguientes términos:

Aquí en esta parte, se señala sobre el objeto del robo, sobre el objeto de lo robado, también se habla sobre sanciones cuando la autoridad, que debería de participar para prevenir, es cuando la autoridad participa y se hace cómplice, incluso.

Entonces, además se establece la norma para inhibir el usufructo del delito, señalado como una de las razones de la prevalencia del mismo.

En pocas palabras, amigas, amigos Diputados, señores Senadores, el propósito es establecer un marco jurídico que garantice a nuestro país, al patrimonio de las familias una pena mucho más agravada de lo que hoy establece nuestro marco jurídico penal.

No podemos seguir siendo omisos, tolerar que muchas de las familias se vean afectadas en su patrimonio, se vean afectadas, también desde el punto de vista psicológico, cuando son ultrajados en persona, en presencia de los agraviados. Cuando el delito se realiza en presencia de las personas suele ser, esto es importante, suele ser violento, física o psicológicamente, por cierto, ambos reconocidos por la ley en comento.

Es decir, se trata de un delito que bajo ciertas condiciones viene comúnmente acompañado de agravantes reconocidos en la ley, por lo que no puede ser un robo simple.

Finalmente, al robo de vehículo, también debemos agregar la existencia de otro ilícito con las similares repercusiones sociales, que aquí es un punto que yo llamo la atención, porque finalmente es el robo de autopartes.

Y otra modalidad, que también está establecida en la iniciativa que presento, es lo que algunos delincuentes han venido cometiendo, que es abrir los vehículos de manera violenta y, finalmente, perjudican a muchas familias mexicanas.

En resumen, señores legisladores, podemos reafirmar dos cosas: Uno. El delito de robo a vehículo no está disminuyendo e inclusive, en algunos casos, se ha incrementado notablemente.

Dos. La delincuencia evade la violencia en la comisión del delito, principalmente por la simple razón que procura actuar en ausencia de los propietarios de automotores.

La respuesta es obvia, ¿por qué sigue habiendo estos delitos? Es porque en caso de ser capturados sin agravantes considerados en la ley durante la comisión del delito, es porque pueden llevar sus procesos en libertad, e inclusive estar así en condiciones de impugnar cualquier medida cautelar de acuerdo con el propio Código Penal Federal.

Entonces, compañeras y compañeros, la propuesta que hoy dejo en esta Asamblea es exactamente el agravar las penas, revisar todo el entorno del robo a vehículo que ha venido siendo un flagelo para muchas familias de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Cabrera Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de indemnización por despido.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta, Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada oriunda del estado libre y soberano de Sinaloa.

Vengo a presentar iniciativa de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de mi compañera Senadora Patricia Leal, del estado libre y soberano de Puebla, compañera y paisana; del Senador Manuel Bartlett Díaz, exgobernador de ese estado.

Como sabemos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es el ordenamiento reglamentario del Apartado B del artículo 123 constitucional, y en esta legislación se establecen, entre otros temas, los derechos y obligaciones que nacen de la relación laboral entre los trabajadores y el Estado mexicano.

Entre las obligaciones de los titulares de dependencias de la Administración Pública Federal, se encuentra la establecida en la fracción IV del numeral 43 del mismo ordenamiento, que dispone indemnizar por separación injustificada, cuando los trabajadores hayan optado por ella. Para que dicha indemnización sea efectiva, es necesario agotar un procedimiento jurisdiccional llevado ante tribunales laborales, los cuales son responsables de cuantificar y establecer, en el laudo correspondiente, el monto de la misma, en la cual se incorpora el concepto de salarios caídos que se refiere a aquellos sueldos que se dejan de percibir y que se van generando durante todo el tiempo que dura el juicio hasta su conclusión.

Desafortunadamente, los procedimientos laborales tendientes a concluir con la entrega de la indemnización a que se refiere, han sido viciados por prácticas dilatorias de mala fe, encaminadas a extenderlos con el fin de obtener una condena al pago de salarios caídos mayor a lo que en justicia correspondería. Esto es, se busca obtener un lucro que no corresponde a la naturaleza de la compensación.

En fecha reciente, se reformó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se estableció un monto máximo de indemnización derivada por separación injustificada en cuanto al concepto de salarios caídos.

En consecuencia, la presente iniciativa pretende armonizar el contenido del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de uniformar los criterios relativos al pago a que se hace referencia.

Los beneficios de esta adición son diversos: En primera, se busca inhibir que los involucrados en los procedimientos jurisdiccionales procuren su extensión de mala fe con la intención de obtener el pago de grandes cantidades que no corresponden al derecho del individuo separado, sino a la pretensión de obtener un lucro indebidamente y, por otra parte, tiene la intención de velar por los recursos públicos que el Estado es responsable de administrar, conforme a los principios establecidos en el primer párrafo del artículo 134 de nuestra Constitución federal.

Los derechos a una indemnización de los Trabajadores al Servicio del Estado deben ser respetados, pero dicho derecho debe ser congruente con lo que corresponde a cualquier trabajador en general conforme a la Ley Federal del Trabajo, vigilando el cuidado de los recursos del erario público, pagando lo justo a quien tiene derecho.

Es importante hacer énfasis en que los trabajadores tienen derecho a una indemnización justa, pero también debe cuidarse el buen manejo de los recursos del erario que es de donde se obtienen los recursos para pagar dichas indemnizaciones.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Daniel Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, en materia de espacios para exhibición de cine nacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señora Presidenta.

Las películas mexicanas sufren de escasa exhibición en las salas de cine, aunado a la falta de equidad en la distribución de los ingresos para producirlas, no incentiva la inversión en esta industria ya que del ingreso en taquilla, el exhibidor se queda con un monto que oscila entre el 50 y el 60 por ciento, el distribuidor con el 30 por ciento correspondiente a la recuperación de gastos más comisiones y el productor recibe, en el mejor de los casos, sólo un 10 por ciento.

Estos problemas, reparto inequitativo de las ganancias, dificultades de recuperación en la inversión y la baja cuota del 10 por ciento del tiempo total de exhibición, porcentaje establecido en la Ley Federal de Cinematografía para la proyección de películas nacionales en salas de cine comercial, han impedido que se consolide el crecimiento de nuestro cine; sin embargo, el cine mexicano cuenta con un gran potencial para hacer una expresión cultural rentable.

Es importante mencionar que no se puede penetrar en un mercado cuya distribución dominan las empresas trasnacionales que privilegian las 13 productoras extranjeras, las que se ven beneficiadas por las disposiciones legales decretadas por el propio Estado y que determinan la oferta cinematográfica.

Y, por otro, no se nace con el gusto, este se forma y crea y recrea, dependiendo de la oferta cultural a la que se puede tener acceso y disfrute, y en la que se forma y reafirma la identidad cultural.

Aunque la exhibición de películas mexicanas no ha sido copiosa, su público es fiel y asiste a verlas. De acuerdo a la información publicada en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014, “La dictadura perfecta”, fue la película mexicana con mayor impacto en salas comerciales con 4.2 millones de asistentes; ocho películas mexicanas superaron el millón de asistentes y, en general, las películas mexicanas tuvieron 24 millones de espectadores en las salas, sólo con el 10 por ciento de la cuota que la ley vigente establece.

Con los datos anteriores, entonces, si se están realizando más películas nacionales y el público va a verlas, ¿por qué no establecer una política cultural congruente y consistente para el cine nacional?

Las películas mexicanas se han visto afectadas de manera negativa por una legislación no favorable, que frena de la competencia a la producción fílmica nacional al reservar únicamente el 10 por ciento del tiempo total de exhibición para la proyección de películas nacionales en las salas.

Es por ello que proponemos incentivar la producción de las películas nacionales a un 30 por ciento del espacio de exhibición en los cines, en un mercado donde la distribución y la exhibición en los cines comerciales la dominan empresas trasnacionales que privilegian las producciones extranjeras, son beneficiadas por esa disposición en la ley que en este caso específico no incentiva el cine nacional.

Creemos que es imperiosa la necesidad de una política cultural congruente y consistente con el desarrollo de la cinematografía mexicana. Las películas mexicanas deben mantenerse en las salas de cine mientras el índice de ocupación sea superior al promedio de asistentes, así ayudamos a las producciones nacionales para que el exhibidor cubra sus gastos y la película tenga la posibilidad de recuperar sus gastos de publicidad y de inversión.

Con esta medida, al superarse la asistencia promedio en las salas, es decir, el índice mínimo de asistencia, las películas nacionales continuarán exhibiéndose durante más tiempo, con lo que se lograría un verdadero apoyo al cine mexicano, que es lo que requiere esta industria.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Martínez Neri. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.






Pasamos a la discusión de 11 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta de sus materias.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 11 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

Que exhorta a informar sobre el avance para dar plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a realizar una investigación en relación a la promoción extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo León.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente condena el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a informar sobre las medidas implementadas para reducir los índices delictivos registrados recientemente en el estado de Quintana Roo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente condena el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el estado de Puebla.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en Zacatecas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a llevar a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en el Cereso de Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el transporte público.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a los hechos suscitados el 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se informa a la Asamblea que se recibió el texto de presentación de los dictámenes por parte de la Senadora Graciela Ortiz González, quien preside la Primera Comisión, mismo que se integra en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los dictámenes. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 19 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta de sus materias.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 19 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

Que exhorta a impulsar y fortalecer medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación inicial y continua, además del desarrollo profesional docente en el marco de las evaluaciones educativas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de Armas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre los acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 celebrada los días 7 y 8 de junio pasados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a continuar con los trámites respectivos a efecto de establecer el proceso normativo correspondiente y emitir las reglas relativas al sistema de puntos previsto en el artículo 57 de la Ley de Migración.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre los programas denominados Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre el estado que guarda el abasto de medicamentos respecto a su homologación con la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente extiende su más amplio reconocimiento al Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el septuagésimo quinto aniversario de su fundación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el caso de maltrato infantil cometido en contra del niño “A.N” en la delegación Gustavo A. Madero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso en la ciudad de Cali, Colombia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita al Instituto Politécnico Nacional un informe sobre las presuntas irregularidades en el sistema de calificaciones en dicha institución educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre el estado que guardan las negociaciones respecto al Acuerdo de Complementación Económica entre México y Brasil, tras la reciente celebración de la sexta ronda de negociaciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a considerar a comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a continuar y fortalecer las acciones de apoyo a deportistas con discapacidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a servir un día a la semana comidas sin carne y huevo en las escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia social.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre las medidas adoptadas para la atención y protección de connacionales repatriados con motivo de las recientes políticas migratorias de los Estados Unidos de América, así como de los denominados dreamers.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a continuar con la atención de la problemática en la denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre las acciones y resultados de los programas denominados Actívate y Ponte al 100.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a analizar la viabilidad de las propuestas para la recuperación del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar, a nombre de la Segunda Comisión, los dictámenes a los cuales se les ha dado lectura.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

A nombre de la Presidenta de la Segunda Comisión, la Diputada Maricela Contreras Julián, presentamos un resumen de lo que fue nuestra sesión número 10, el día de ayer, de la Segunda Comisión.

Revisamos 26 dictámenes, los cuales fueron aprobados de 42 asuntos muy interesantes, que como aquí se ha dado lectura, tiene que ver con el tema migratorio de niñas, niños y adolescentes.

El tema de Anthony, que dio un revuelo muy importante sobre el maltrato de un chiquito que había sido abandonado por su familia.

Pero debo de resaltar dos temas que se pusieron en la mesa, lo que tiene que ver con el Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio, que se pide se revise, porque ahora resulta que Estado Unidos nos está poniendo condicionantes de más, cuando ya le aclaramos que no pierde con el Tratado de Libre Comercio.

Y un tema más, la visita de John Kelly, que causó también un debate muy interesante sobre el tema éste de la visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Por lo que concierne a esta Segunda Comisión, hemos podido abatir enormemente el rezago legislativo y vamos al día, atendiendo todos y cada uno de los casos que corresponden a esta comisión que tienen que ver con Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 23 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no existen reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta de sus materias.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 23 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe la situación que afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar los programas de apoyo financiero y tecnológico en el sector azucarero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe las acciones realizadas ante el encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris”, el 16 de julio de 2016 en el Parque Nacional Arrecifes en Puerto Morelos, Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una Manifestación de Impacto Regulatorio ex post, a efecto de corroborar la eficacia y eficiencia de la NOM-194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos un informe de las causas que generaron el incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe las razones del ajuste a la plantilla laboral, así como las repercusiones de esta medida.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar y hacer públicas las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del Estado de México a reforzar la estrategia de seguridad en el transporte público y a fortalecer los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del Pacífico mexicano en riesgo de extinción.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a actualizar los parámetros y límites que caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales industriales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, así como las secretarías del mismo ramo del gobierno de la República y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que consideren generar un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre el impacto de la importación de productos de consumo básico.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos un análisis del incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a fortalecer el apoyo a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus espacios de vivienda cuenten con las mejores condiciones de infraestructura.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe los criterios para autorizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, en torno a las restricciones específicas a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición por la que se solicita un análisis de la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición relativa a la eliminación de parquímetros colocados en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a reforzar los mecanismos de supervisión y regulación ante estrategias de competencia desleal y monopólica.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los dictámenes. Consulto a la Asamblea si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a continuar con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Amigos de los medios de comunicación.

Dijera el científico francés Louis Pasteur, en el siglo XIX que: “La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso”.

Hoy más que nunca esta máxima está vigente en un mundo globalizado e interconectado que yace en constante movimiento y en una sociedad global, donde el conocimiento es dinámico e incesante, un país que no innova queda a merced de otros. Por eso asegurar el desarrollo del avance científico de nuestra nación, significa vaticinar con muy buena fortuna un futuro próspero.

Las naciones que han alcanzado altos niveles de calidad de vida para sus ciudadanos han demostrado que la prosperidad está relacionada con la capacidad de innovación en las cadenas productivas, respaldada por un creciente desarrollo tecnológico y capital humano científico.

En México, el presupuesto del Ramo 38 es estratégico, ya que materializa muchas de las políticas en materia de ciencia y tecnología, entre ellas, las becas del posgrado del Conacyt, sin embargo, el posgrado asignado a la ciencia y la tecnología es casi la mitad de lo que diversos organismos internacionales han establecido como necesario para el efectivo desarrollo tecnológico y científico.

Lo anterior ha conllevado a que diversas instituciones inscritas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad recorten el número de becas que eran otorgadas anualmente para estudiantes de posgrado de excelencia, lo que afecta a la política de fomento a la ciencia, tecnología e innovación.

La Ley de Ciencia y Tecnología señala en su artículo 42 que: la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con el Conacyt establecerán los mecanismos necesarios para impulsar los estudios de posgrado, poniendo especial interés en incrementar su calidad; formar y consolidar grupos académicos de investigación, así como fomentar la investigación científica básica en todas las áreas del conocimiento y desarrollo tecnológico.

Votaremos a favor del presente dictamen para que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y el Conacyt continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país.

Asimismo, los Diputados federales analizamos la posibilidad de incrementar los recursos destinados en esta materia asegurando mayores oportunidades para los mexicanos.

Compañeros y compañeras legisladoras, les pido un voto de confianza a favor del progreso científico de nuestra nación, nos corresponde votar convencidos.

Como dijera el científico estadounidense Bill Nye: “La ciencia es la clave para nuestro futuro…”.

Es cuanto, señora Presidente.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Tiscareño Agoitia.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar o reforzar acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en nuestro país. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy lo que requiere nuestra gran nación, México, es precisamente recobrar nuestros valores a través de una cultura cívica, rendición de cuentas, transparencia, ética en la política y todo aquello que es relevante para las y los mexicanos en poder tener mejores condiciones de vida a través de este gran esfuerzo que es la cultura cívica.

El presente dictamen tiene como propósito reflexionar el tema de la cultura cívica en nuestro país, así como los retos y desafíos en la construcción de una cultura democrática.

Una dimensión fundamental es la cultura de la legalidad, democracia que implica la comprensión diaria y aceptación por parte de los ciudadanos, de las instituciones, procedimientos y leyes que hacen posible el acceso pacífico y competido.

A las instituciones que hoy en día es muy importante que tengamos que fortalecerlas en todo el ámbito administrativo, en el ámbito también de que los ciudadanos puedan ser partícipes a través de sus opiniones sobre el buen trabajo y desempeño de las instituciones y, de lo contrario, pues que así se lo demanden.

Pero también una cultura de la legalidad democrática comprende una cultura de los derechos humanos, en donde los ciudadanos se encuentren habituados a sujetar sus acciones en un práctico regulatorio y derecho que les corresponde todos los días.

En el sentido más amplio quiero referirles, compañeros, algunas de las encuestas que se han realizado sobre la Encuesta Nacional de Cultura, Política y Prácticas Ciudadanas:

8 de cada 10 ciudadanos perciben la política como un tema complicado o muy complicado.

76 por ciento de los ciudadanos eligieron a la televisión como el medio de comunicación al cual acuden con mayor frecuencia para enterarse de lo que pasa en la política.

6 de cada 10 ciudadanos ven a la democracia como la forma de gobierno que más prefieren.

65 por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la  política.

4 de cada 10 ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno.

Un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada necesarios a los partidos políticos.

8 de cada 10 ciudadanos está de acuerdo, o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que se cuenta para decidir el gobierno que más le conviene.

Como podemos observar, la población en nuestro país presenta un bajo índice de educación encaminada a la cultura de la participación en la vida democrática del país, motivo por el cual resulta de vital importancia que los congresos locales de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, implementen los mecanismos necesarios para llevar a cabo acciones tendientes al desarrollo de una cultura cívica real, que ayude a sentar las bases para un mejor desarrollo de la vida democrática de nuestra gran nación.

Por otro lado, es importante mencionar que el Instituto Nacional Electoral propone una estrategia de desarrollo a nivel nacional para la promoción, aplicación y observancia de la cultura cívica. Dichas estrategia es planteada en un periodo entre los años venideros, entre 2017 y 2023, motivo por el cual resultará importante el poder ayudar al Instituto Electoral en las entidades también federativas.

Es importante realizar un gran esfuerzo particularmente en este tema de cultura cívica, incluso en los niños, quienes se dan cuenta en las elecciones van y también hacen los votos de niños, donde hablan sobre educación, sobre cultura, sobre todo aquello que hoy les interesa a los niños, sobre integración familiar, etcétera, este es un gran ejercicio que se está llevando a cabo con la primera infancia.

De ahí la pertinencia y la trascendencia del presente dictamen por el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con los gobiernos locales realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en nuestro país, en las que se incluyan, sobre todo, las campañas de difusión y de concientización.

Por tales razones, los invito, compañeras y compañeros, a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Para el mismo tema, tiene el uso de la voz la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con su permiso, señora Presidenta.

Afirmaba Platón hace más de 2000 años: “El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”.

La cultura cívica es el conjunto de pautas y valores que nos permiten vivir en sociedad; es decir, las reglas compartidas que hacen de individuos ciudadanos.

La enseñanza del civismo a través de los libros de texto permitió difundir eficientemente el conocimiento acerca de la forma de gobierno y de las instituciones mexicanas, así como de los principios del derecho y de las leyes que rigen a nuestro país.

Lamentablemente, desde el 2002, en los libros de Ciencias Sociales se retiraron permanentemente los temas de civismo y de ética modificando los contenidos y eliminando la información acerca de estas disciplinas.

Algunas de las consecuencias de esta ausencia formativa pueden observarse en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas realizada por la Secretaría de Gobernación y que hemos escuchado los datos estadísticos mencionados por la Senadora.

El nuevo modelo educativo es resultado del trabajo conjunto de académicos, organizaciones civiles, autoridades, maestros, alumnos, padres de familia, pone a México en la ruta correcta para tener mejores docentes, mejores escuelas y mejores contenidos educativos en beneficio no solamente de unos cuantos, esto es, compañeras y compañeros, en beneficio de todos los mexicanos y en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje.

Sensibles ante la realidad actual, uno de los cinco ejes de dicho modelo contempla precisamente la creación de planes de estudio en los que se comprenda, como punto clave, la formación cívica y ética. Aunque es un logro fundamental, en este eje es necesario seguir trabajando para promover la cultura cívica a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

El artículo 3o. de nuestra Constitución consagra: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos…”.

Solicitamos el voto a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y la Secretaría de Gobernación realicen acciones para promover y fomentar la cultura cívica haciendo de nuestro México un mejor país.

Escribió acertadamente Jorge Luis Borges que: “Nadie es patria, todos lo somos”.

Por eso a nosotros, representantes de la nación, corresponde asegurar que se siga promoviendo la cultura cívica y la cultura ética, herramienta que hace de la enseñanza patriotismo y de la instrucción civilidad.

Promovamos la cultura cívica y el amor a la patria, orgullo de todos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Pinete Vargas.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeras y compañeros legisladores, para la sesión de este día, la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios acordamos realizar un debate pactado en el tema y en el rubro de agenda política, con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para establecer el tema y normar el debate, suscribimos un Acuerdo que pondremos a su consideración, para lo cual solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al Acuerdo.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo para normar el debate pactado de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, las intervenciones para este debate se apegarán a los términos del Acuerdo aprobado.






Solicito a los legisladores que, en su momento, hagan uso de la tribuna, respetar el tiempo marcado por el Acuerdo para permitir la suficiencia de la discusión.

Iniciaremos el debate con la intervención de un representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar el tema, por un máximo de cinco minutos.

Posteriormente habrá una ronda de los grupos parlamentarios en orden progresivo, por un máximo de cuatro minutos en tribuna para cada uno.

Las intervenciones para rectificación de hechos o para alusiones personales, serán por un máximo de tres minutos cada una.

AGENDA POLÍTICA

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias a la Presidencia. Honorable Asamblea:

Vale repasar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la reforma al artículo 113 de nuestra Constitución, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones, todas, del Estado mexicano para prevenir, sancionar y, por supuesto, erradicar este tipo de prácticas.

Con la reforma constitucional de 2015, que va asociada también a la reforma constitucional de 2014, en donde se prevé la figura de las dos fiscalías especializadas, impulsamos el trabajo bajo la figura de un gobierno abierto y una coordinación interinstitucional.

Este sistema que atenderá la problemática de todas sus aristas, con todas sus expresiones es, por supuesto, una tarea de las más relevantes.

Incrementamos las facultades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación, creamos un nuevo mecanismo para atender las faltas administrativas graves y leves, y modificamos los tipos penales en la materia para hacer más eficiente la persecución de los delitos.

El sistema adopta un modelo de gobernanza en el cual un grupo de ciudadanos integran el Comité de Participación Ciudadana y el órgano de gobierno de éste.

Las tecnologías de la información y la comunicación se erigen como una herramienta fundamental para el correcto funcionamiento.

También elevamos a rango constitucional la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y por vía jurisdiccional creamos la figura de Magistrados Anticorrupción.

Esta reforma sin precedentes es el principio de una concepción del servicio público en México, es la imagen del compromiso que refrendamos todos para tocar una de las más graves problemáticas del país. Su instrumentación no es una tarea en la que los legisladores del PRI hayamos escatimado esfuerzo alguno.

La labor, por supuesto, no ha sido sencilla para nadie y ha representado un reto de grandes magnitudes, requiere de la creación, de la armonización de distintos ordenamientos legales, tanto a nivel federal como a nivel local, para que las instituciones puedan cumplir con las funciones que les han sido encomendadas con toda eficacia.

Por ello es necesario señalar los avances que el Poder Legislativo Federal ha tenido en la materia, como es el caso de la aprobación de las siete leyes reglamentarias.

Actualmente se encuentra en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización.

Se nombró al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, y existen importantes avances en lo que se refiere a la Plataforma Digital Nacional.

Vale recordar que el Presidente del Grupo de Participación Ciudadana es quien preside también el sistema, a través del órgano coordinador.

Hoy 19 de julio el sistema entra en funciones, pero uno de los grandes pendientes lo representa la falta de armonización en las entidades federativas para su efectiva instrumentación.

Vale mencionar que a la fecha son cinco las entidades que lo han instrumentado y aprobado es: Nayarit, Querétaro, Sonora, Chiapas, Puebla. Jalisco ya también lo implementó ayer.

Nosotros desde el inicio de la actual administración federal trabajamos intensamente por consolidar este nuevo paradigma de la función pública, pero es obvio que falta mucho por trabajar.

Respetable Asamblea, no podemos permitir ni pasar por alto que este tema se convierta en un ajuste de intercambios, ni mucho menos de intereses.

México vive un proceso difícil y complejo, los ciudadanos cada vez están más escépticos de los actos del gobierno y de nuestras instituciones, entre ellas nosotros los Senadores. Instituciones que frecuentemente se ven debilitadas por la falta de confianza hacia nuestra tarea política.

No podemos permitir que otras fuerzas políticas utilicen esta reforma para atender agendas particulares, esto no es asunto de cuotas.

Los legisladores del PRI estamos comprometidos por reanudar, en cuanto sea posible, la discusión sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y sobre la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Vale recordar, estimadas compañeras y compañeros, que la designación del Fiscal Anticorrupción, conforme a la reforma política que lo previó en el 2014, esta figura requiere de la votación de dos tercios de los Senadores presentes, por lo tanto, pues es una tarea que nos compete a todos.

De esto somos responsables 128 legisladores y todos los partidos políticos.

Si no participan todos, es obvio que no podremos alcanzar la votación mínima requerida.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Enrique Burgos García.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

El Diputado Alejandro González Murillo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

Hoy entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con ello, en estricto sentido, se esperaba la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

No fue así, por el contrario, hoy los principales espacios noticiosos, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales, denuncian la falta de acuerdos que ha generado la parálisis parlamentaria para elegir al Fiscal Anticorrupción y a los 18 Magistrados que integran las salas especializadas en materia de corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El nombramiento del fiscal no admite pretextos. Desde febrero de 2014 inició el proceso para su nombramiento. Se tuvo tiempo y recursos de sobra para auscultar y elegir los mejores perfiles, eso explica la renuncia del Comité Ciudadano de Acompañamiento para el nombramiento del fiscal.

El optimismo que algunos actores políticos han externado en el sentido de que la Procuraduría General de la República puede cumplir momentáneamente con las funciones delegadas a la Fiscalía Especial resulta, por decir lo menos, ingenuo y contradictorio.

Con el retraso en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción no sólo se violenta la ley, sino que se debilita la operación y funcionamiento de dicho sistema.

Sólo por mencionar las reformas penales en materia de corrupción, esas que permitirán castigar más severamente los actos de corrupción sólo entrarán en vigor hasta en tanto no sea nombrado el Fiscal Anticorrupción.

Quienes están a cargo del nombramiento, tienen el compromiso y la obligación de dotar a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción de una efectiva autoridad ministerial y judicial, no hacerlo sólo debilita la futura operación del mismo.

La designación del Fiscal Independiente e intachable es necesaria y no admite mayor demora, los perfiles ahí están, existen, sólo falta la voluntad. Dejemos atrás los intereses políticos.

Del mismo modo, la elección pronta de los 18 Magistrados que integrarán las cinco salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe ser hecha a la mayor brevedad posible para dotar a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción de un cuerpo jurisdiccional especializado e independiente, encargado de castigar los actos de corrupción que lastiman tanto a los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, la democracia moderna a la que aspiramos y construimos todos los días exige combate a la corrupción, máxima transparencia y justicia como vivencia.

De nosotros, la ciudad exige y, con mayor o menor racionalidad, espera que seamos capaces de ponernos de acuerdo y sacar adelante los grandes temas de la agenda nacional.

Debemos ser claros y reconocer que el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos hemos dado como nación, se sustenta sobre los bases de una institución  ministerial especializada en el combate a la corrupción y en su independencia plena y comprobable.

No dotar de este importantísimo instrumento a nuestro sistema, lo hace vulnerable y lo pone en grave riesgo para su funcionamiento y permanencia.

El día de hoy que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos todavía, como Legislativo, grandes pendientes con la sociedad en materia de combate a la corrupción.

El anhelo de justicia, entonces, debe permear el ánimo de la sociedad y estar recogido por todos sus representantes de manera legítima.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado González Murillo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Hace poco más de un año los legisladores aprobamos una de las reformas más trascedentes de nuestro tiempo.

El día de hoy entra en vigor el marco normativo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y el cual se construyó sobre la base de lo que establece el artículo 113 constitucional.

Con la creación de este sistema se busca poner fin a un complejo fenómeno social, político y económico que ha afectado a México por demasiado tiempo.

El concepto de corrupción es muy amplio y parece que nos hubiéramos acostumbrado a palabras como: soborno, fraude, conflicto de intereses y otras formas de desviación de recursos por parte de servidores públicos o particulares.

En Nueva Alianza no nos queremos acostumbrar a esas palabras, buscamos erradicarlas, para eso es preciso que exista voluntad política sin importar los colores partidistas.

Ante la amenaza externa debemos hacer un frente común que se llama México, y por eso todas las fuerzas políticas debemos estar en la misma tónica del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ese es el llamado que hacemos en Nueva Alianza, unidad contra la corrupción para que el sistema dé frutos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Méndez Salas.

Para fijar el posicionamiento sobre este tema, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, compañeras y compañeros.

Debo confesarles que soy escéptico del Sistema Nacional Anticorrupción, no creo en él, como no creo en la mayoría de los mexicanos, de entrada porque no hacía falta su creación, ya desde antes había leyes que sancionaban el peculado, el abuso de confianza, el tráfico de influencias, el cohecho y no pasaba nada.

De tal manera, que el problema no es la creación de nuevas leyes e instituciones para resolver el grave problema de la corrupción, el problema es que no se aplican esas leyes; el problema, y lo he dicho muchas veces, es que tenemos una escasísima cultura de legalidad y un débil estado de derecho. De tal manera que no creo en ese sistema, soy escéptico.

Hoy sobran ejemplos para empezar a dar muestras de que sí se pretende aplicar, está el caso de los gobernadores que han saqueado a México, de los Duarte, del malo y el peor; de Yarrington, ese monstruoso gobernador que acabó con mi estado de origen, Tamaulipas; y sus sucesores, Eugenio Hernández y Torre Cantú; de Rodrigo Medina, en Nuevo León.

A nivel federal está el caso de Lozoya Austin, que saqueó Pemex; el caso de Ruiz Esparza, que ha creado grandes socavones en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y muchos más.

De tal manera que la única manera de crear confianza y darle esperanza a los mexicanos es empezando a aplicar las leyes que ya tenemos y que sancionan eso, y no andar con discursos y anuncios y solemnidades creando nuevos sistemas anticorrupción que finalmente no despiertan más que suspicacias.

De tal manera que no me queda otra cosa que decir que la única forma de tener resultados es metiendo la gente a la cárcel, provocando que regrese el dinero y sólo así convertiremos la desesperanza de los mexicanos en esperanza y certidumbre en certeza.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario de Morena, tiene el uso de la voz la Diputada Norma Rocío Nahle García.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta.

En Morena hemos sostenido que la corrupción es el principal problema de México, que para superarlo se requiere un nuevo orden político en el que impere el estado de derecho, que la corrupción ya no es un conjunto de prácticas aisladas e inconexas entre sí, sino un ejercicio sistemático y sistémico de abuso de poder.

Y aquí podemos seguir hablando y seguir dando ejemplos, como ya mencionó el Diputado Macedonio, pero sin duda que el país se nos está yendo de las manos, se le está yendo al Presidente de la República.

Y el 26 de junio de 2016 Andrés Manuel López Obrador le hizo un llamado muy atento que quiero aquí refrendarlo. Decirle al Presidente de la República que tome las riendas del país, que vaya enfilando a lo que va a entregar su sucesión en forma ordenada, en paz. Para ello, los secretarios que tiene no le sirven, Secretario de Comunicaciones y Transportes, hablamos del asunto de Pemex y de todas las Secretarías, tiene que limpiar la casa para hacer una transición en paz, adecuada, en orden.

Esta semana fue muy escandalosa con el ex gobernador Duarte, la próxima semana va a ser más, todos los días estamos viviendo escándalos nacionales donde la corrupción, el show mediático.

Yo no puedo creer que el Procurador, que es una persona preparada, que tiene un currículum impresionante en derecho penal, no pueda sostener el caso del gobernador Duarte, que fue y pidió a Guatemala la extradición para un hecho, y que cuando viene aquí todo lo demás lo deja afuera porque ya pidió la extradición nada más para un delito, y ese delito no lo puede sostener, entonces, es impresionante.

Y hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, estamos hablando de que no se han puesto de acuerdo aquí el PAN y el PRI para ver quién va a ser el fiscal y quiénes van a ser los magistrados, y lo mismo, y lo mismo cuando tenemos un país que a diario se nos va de las manos y el principal problema es la corrupción.

El llamado que hace Morena atentamente es al Presidente de la República, es al Ejecutivo: "tome las riendas, dé la cara, limpie la casa para que entregue y entregue bien".

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Nahle García.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Sofía González Torres, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, señora Presidenta y amiga.

Primero que nada me gustaría hacer énfasis en que el Poder Legislativo es un poder plural, es un poder en el que no solamente se escuchan a dos partidos, se escuchan, por lo menos en la Cámara de Diputados, a más de cuatro.

Dentro de este Senado la ahora tercera fuerza política también es escuchada y esa tercera fuerza política también es el PT.

El acuerdo y la voluntad política no se hace entre dos partidos, el acuerdo y la voluntad política se hace con absolutamente todas las fuerzas.

Es importante decir eso en este recinto y es importante decirlo a las cámaras del Canal del Congreso donde todos los ciudadanos nos ven.

Ahora vamos a hablar un poco de qué se están perdiendo los ciudadanos por esta falta de voluntad política, por la oposición, la mayoría que es la oposición aquí en el Senado de la República, porque es la realidad, en el Senado de la República la mayoría, quien representa la mayoría son los partidos de oposición.

¿De qué se están perdiendo los ciudadanos? Se están perdiendo de tener un Comité de Participación Ciudadana, se están perdiendo de que los incluyamos dentro de esta plática y dentro de esta lucha importantísima para nuestro país que es en contra de la corrupción, se están perdiendo de que puedan ellos mismos denunciar cada acto de cada funcionario público de corrupción.

Estos actos, por ejemplo, pueden tener medidas cautelares, estas medidas cautelares pueden ser desde la suspensión de un cargo, exhibir los documentos originales en caso de que se traten de alterar estos documentos, multas; también van a haber sanciones como la destitución del cargo, la inhabilitación temporal para ocupar cargos y también decirlo, para los particulares la inhabilitación para que puedan participar en licitaciones hasta por 20 años.

Este nuevo sistema constituye un parteaguas para la lucha en contra de la corrupción y el abuso del poder que se representa en todos los gobiernos y en todos los niveles, pero en absolutamente todos los gobiernos, eso es importante.

La principal tarea es atajar este complejo fenómeno que ha dañado tanto a nuestra democracia y ha dañado tanto a las instituciones y, sobre todo, también el nombre de cada una de las personas que estamos aquí presentes y de nuestros cargos.

Dentro de estos beneficios que trae este sistema, es la creación de un comité coordinador que combata a la corrupción, el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para la ampliación, además también la ampliación de 3 a 7 años de la participación de la prescripción de faltas administrativas graves, haciendo una justicia de alcance transexenal.

Esto quiere decir que no solamente se va a castigar a las personas de este gobierno, sino el castigo va a seguir por los siguientes sexenios. Esto también es muy importante.

Se crea además el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que impone las sanciones a los servidores públicos, también a los particulares, y además el Senado de la República va a poder ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública.

También por otro lado, como bien sabemos, está la declaración patrimonial y de intereses que tienen que presentar los servidores públicos a cada una de las autoridades competentes.

Insisto, nosotros como PRI y como Verde, hemos estado insistiendo en el nombramiento de este fiscal, tenemos que darles ésto a los ciudadanos, los ciudadanos fueron los primeros que levantaron la voz, los ciudadanos fueron los que pidieron ésto, los ciudadanos pidieron este sistema, vamos a brindarles este sistema que ellos pidieron.

Compañeras y compañeros, tenemos un compromiso firme e inquebrantable con la legalidad y la gobernabilidad del combate frontal a la corrupción. Vamos a apoyar de forma conjunta y con toda la firmeza, la puesta en marcha de este nuevo sistema.

Vamos a darles una razón a los ciudadanos para volver a confiar en nosotros y para poder volver a confiar en las instituciones, porque las instituciones son de ellos.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada González Torres.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Qué celebramos en este día? ¿Un Sistema Nacional Anticorrupción que se pone en marcha de manera coja, sin todos los elementos que las leyes que aprobamos contienen?

Toda una historia, también, desde que arrancó la LXII Legislatura con la propuesta de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no prosperó y que después surgió todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

A ver, no hay Fiscal Anticorrupción, y han dicho que la ausencia del Fiscal Anticorrupción no afecta el funcionamiento del sistema.

Bueno, sí afecta, porque los tipos penales que aprobamos para este tema no entran en vigor, es decir, no hay delitos de los que establece el Código Penal Federal y disposiciones de las leyes, como delitos formales que entren en vigor hasta que no haya Fiscal Anticorrupción, artículo primero del régimen transitorio del Código Penal Federal, pues sí afecta.

La otra, no hay tribunales de justicia administrativa que puedan imponer sanciones en esta materia. No hay, bueno, hay un tribunal que funciona pero no tiene atribuciones al respecto, simple y sencillamente nadie puede ser juzgado ante autoridad que no es competente, y ninguna autoridad que hoy está funcionando tiene competencia para imponer sanciones sobre responsabilidades administrativas.

Sí, es una falta del Senado, es una falta del Poder Ejecutivo que se vincula mucho con este asunto.

En cuanto a poder, otorgar la línea política legislativa para que se pudiera haber aprobado acá, todo se detuvo por un conflicto electoral entre fuerzas políticas, una negociación que vamos a ver ahora que se anule Coahuila, si se destraba y puede avanzar este asunto.

Hay que rechazar las propuestas, las ternas que envió el Ejecutivo sobre magistrados electorales, hay que reponer esas propuestas, ya que no llegó a tiempo la ratificación por parte del Senado, que se devuelvan, que se devuelvan las propuestas, que el Ejecutivo que es quien tiene atribuciones para enviarlas, integre unas nuevas propuestas con la participación de la sociedad civil.

Hoy las atribuciones de los poderes públicos ya no pueden desahogarse, asumirse, sin la participación de la sociedad civil, ya no, las atribuciones que corresponden al Senado tienen que ser desde la opinión de la sociedad civil. Las del Ejecutivo, lo mismo, no puede ser de otra forma.

No hay un nuevo marco legal para que se pueda aprobar y que sea exitosa la elección de un Fiscal Anticorrupción, no la hay, cualquiera que sea va a ser con el marco legal existente, una Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no una Ley General de la Fiscalía de la Nación, no lo es.

En esta propuesta, la que nos llegó en la Legislatura pasada de la Cámara de Diputados, no se desarrolla el concepto de lo que es Fiscalía Autónoma como un órgano constitucional, que tiene autonomía y tiene independencia; no se desarrolla, ni hay atribuciones plenas para que el Fiscal Anticorrupción pueda desempeñar su función en este sentido.

Pero faltan otras cosas también. Falta la plataforma digital nacional, falta la plataforma, falta que se complete el tema de los sistemas estatales anticorrupción.

Aquí traigo una lista de todo lo que falta en cada estado, y en cada estado el sistema estatal anticorrupción está incompleto, en algunos ni siquiera la reforma constitucional se ha dado, en otros ya se dio y no están las leyes aprobadas, y cuando están las leyes aprobadas no hay nombramientos designados, ésa es la realidad que tenemos en este Sistema Nacional Anticorrupción incompleto y que, sobre todo, se está integrando por titulares que están controlados por el poder público.

Ya vieron el diferendo, cuando Jacqueline Peschard trató de hacer un exhorto al Ejecutivo por el tema de espionaje y que todos los demás integrantes del comité directivo del sistema dijeron: "No, no podemos tocar al titular del Ejecutivo".

Lo mismo está pasando en los estados donde los señores feudales, que son los gobernadores, tienen alineados a los nombramientos que van a integrar el sistema, es la realidad que tenemos, es de verdad un asunto patético, pero es la realidad.

Gracias y buenas tardes.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores presentes.

El día de hoy, efectivamente, que por mandato del 113 constitucional debía ponerse de manera completa en marcha, en ejecución el Sistema Nacional Anticorrupción y que debería ser, por lo tanto, un día histórico, de festejo, de alegría, de satisfacción, porque estamos avanzando en el sentido de combatir el peor cáncer, la peor lacra que tenemos en nuestro país en el quehacer público: la corrupción.

Resulta que es al contrario, motivo de preocupación y de indignación, porque a pesar de las expectativas que como aquí se ha dicho y que se ha anunciado, de todo lo que contiene el Sistema Nacional Anticorrupción, de todos los esfuerzos legislativos que se hicieron, no los suficientes por cierto, hemos llegado con un sistema nacional incompleto, y no queramos ocultar la importancia de lo que falta.

A nosotros nos llama la atención que se diga, incluso por compañeros legisladores, que "puede funcionar bien, no hay ningún problema, sin fiscal, sin magistrados".

¿En verdad se cree que así puede funcionar, además de todo lo que aquí ya se ha dicho, puede funcionar un sistema sin cabeza, sin magistrados que aborden el conjunto de los temas de corrupción para enjuiciarlos adecuadamente? Hagamos eco de lo que la gente allá afuera, la sociedad civil, organizaciones muy representativas de amplios sectores de nuestro México están diciendo y reclamando.

No ocultemos el hecho, hay que entrar, por lo tanto, con urgencia a que todo lo que falta lo hagamos pronto, y para eso se requiere voluntad política, disposición para lograr acuerdos y, por lo tanto, compromiso con el país para combatir el cáncer de la corrupción, para que se pongan de acuerdo en el Senado, nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas en quién debe de ser el fiscal; en cancelar, por lo tanto, también el pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General, a la cabeza de la misma; en lograr la autonomía plena de la Fiscalía Anticorrupción, que no dependa orgánicamente del Procurador General de la República; y hay que hacer una profunda autocrítica en relación con estos asuntos pendientes.

El PRD ha manifestado, sus grupos parlamentarios y particularmente en el Senado de la República, su plena disposición a entrar siquiera a un periodo extraordinario, a que le entremos, pues a que nos sentemos y en cuanto tengamos listo un acuerdo, un dictamen, no tener que esperar a un ordinario, o por lo menos trabajemos para que iniciando el periodo ordinario en septiembre, podamos tener ya completo el sistema en lo que le corresponde al ámbito de las Cámaras Federales, al Senado de la República.

Porque se ha dicho que, efectivamente, ya faltan 3 o 4 o 5 entidades que no han llegado todavía a hacer las reformas correspondientes, algunos ni siquiera reforma constitucional, pero habría que ver si los estados que ya hicieron su tarea, lo hicieron con la calidad debida, tomando en cuenta lo que la sociedad nos está reclamando.

Y también decía que es no sólo de preocupación, sino de indignación el que lleguemos a una situación de ese tipo, porque hoy, casos emblemáticos que ya se han mencionado aquí, algunos de ellos como el de Duarte, pareciera que la carpeta de investigación que se integró por la Procuraduría General de la República para solicitar la extradición se hizo mal, o por lo menos en la audiencia pública de hace unas horas, simple y sencillamente los vapuleo el acusado, ridiculizó a los ministerios públicos y así todavía se quiere pase automático de un procurador a la Fiscalía o de qué manera se quiere tener al Fiscal Anticorrupción, si no se resuelve adecuadamente esto, es mejor que en lugar de estar pensando en pase automático, esté pensando en hacer maletas para dejar esa responsabilidad tan importante, el actual Procurador General de la República.

¿O qué quieren ocultar? Nos preguntamos, ¿qué quieren ocultar?

No quieren dar con la cadena de distribución del dinero que se desvió ilícitamente del erario público de Veracruz. No quieren que se conozca la verdad completa.

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno general de la República?

¿Hasta dónde llegó?

¿Por qué esas torpezas que se hacen desde la Procuraduría General de la República para ocultar o tapar a quién?

Y lo mismo tiene que revisarse en sus responsabilidades específicas, lo que ha pasado con el Paso Express México-Acapulco, a la altura de Cuernavaca, porque ahí hay responsabilidades.

Y estos caso emblemáticos son los que uno se pregunta, de veras, los vamos a entrar a combatir, desde las instituciones públicas, con un sistema anticorrupción sin cabeza, sin magistrados, definitivamente no nos engañemos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Zambrano Grijalva.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Los temas del país no se han resuelto y la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a cada circunstancia.

Hoy, a un año de la promulgación de las leyes principales secundarias de anticorrupción, tenemos mucho que reflexionar, mucho que aprender y mucho qué corregir.
Hace 44 años, don Jesús Reyes Heroles reflexionaba con las siguientes palabras, y son muy vigentes, sobre la fuerza de la política.

"Sin reservas mentales de ninguna especie invitamos a confiar plenamente en la fuerza de la política para que no medre la política de la fuerza".

"La fuerza de la política, que es persuasión y no imposición, que es convencer y no vencer, que es demandarnos el deber de la convivencia antes de demandárselo a quienes no piensan como nosotros".

"La fuerza de la política, que es respeto a la sociedad en que se vive y respeta a la dignidad moral de quienes la integran; que es, sobre todas las cosas, un imperativo ético".

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En 2013, hicimos una reforma política constitucional.

En 2014, en noviembre, fue el Partido Acción Nacional el primero que propuso el diseño de un Sistema Nacional Anticorrupción.

En 2015, se aprobó por todas las fuerzas políticas.

En 2016, las siete leyes reglamentarias.

Hoy, a un año, tenemos pendientes qué atender, tenemos un comité coordinador con siete sillas, y las siete están instaladas desde la primera semana de abril, la dirigen a propuesta de grupos políticos como el PAN, el Comité de Participación Ciudadana, está la Auditoría Superior de la Federación, está la Fiscalía Especializada Anticorrupción, no, y de eso haré un comentario, y sí está la Procuraduría de la República, está la Secretaria de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el Instituto de Acceso a la Información y al Tribunal Federal de Justicia.

Pues hoy la discusión está equivocadamente enfocada en la Fiscalía Especial Anticorrupción, y digo que está mal enfocada porque hoy lo que tenemos que hacer son tres tareas: primero, fortalecer el sistema nacional; segundo, fortalecer los sistemas locales; y tercero, corregir los pendientes que dejamos en el camino.

Para qué queremos un Fiscal Especializado Anticorrupción, cuyo mandato termina el 30 de noviembre, que no tiene dientes, no tiene mandíbula y no tiene músculo, y tiene cinco impedimentos, no puede nombrar a sus propios agentes del Ministerio Público; segundo, no puede investigar a la PGR por actos de corrupción; tercero, no puede nombrar a los titulares de áreas administrativas; cuarto, no pueden nombrar a los peritos; y quinto, no tiene los recursos.

¿Para qué queremos eso para que el gobierno se lave las manos y se lave la cara, sea gobierno nacional o gobiernos locales? La respuesta es no, no podemos tener una Fiscalía subordinada, sin margen de maniobra, sin presupuesto y sin el personal de confianza.

Así las cosas, pues hoy es el tiempo de la política, y en el tiempo de la política se requiere voluntad absolutamente de todas las personas.

Aquí están varios de los legisladores del Senado, porque este tema está principalmente en el Senado, y quiero hacer un exhorto muy respetuoso a los coordinadores: don Manuel Bartlett, a doña Dolores Padierna, a don Emilio Gamboa, a don Carlos Puente y a don Fernando Herrera, porque hoy tenemos un buen cuerpo pero está desarmado, sin voluntad política no vamos a avanzar.

Y en esta perspectiva, el reto que quiero dejar es lo siguiente: los ciudadanos exigen resultados y más resultados.

Quiero plantear el reto al gobierno federal, a los gobiernos locales y a todas las fuerzas políticas para que hagamos tres temas en particular.

Primero, hay que cambiar el artículo 102 de la Constitución, hay que quitar el pase automático y el mandato de nueve años, sería escandaloso tener a un Fiscal General con ese mandato.

Junto con esto, hay que acotar el periodo y hay que tener los contrapesos republicanos institucionales, y junto con el cambio del artículo 102 constitucional hay que hacer la Ley General de la Fiscalía, pero una Ley General que dé la autonomía a quien corresponde, la independencia a las fiscalías especializadas, la de Derechos Humanos, la de Delitos Electorales, la de Asuntos Internos y, por supuesto, que también la Anticorrupción y con los contrapesos republicanos.

Primera tarea, ¿quieren periodo extraordinario? Bienvenido, nos vemos en el extraordinario con dictámenes, pero siempre y cuando cambiemos el articulo 102 constitucional a fondo y con amplitud.

Segundo, hay que hacer una propuesta de un Sistema de Procuración de Justicia que integre la parte de investigación, la parte del Ministerio Público y la parte de los poderes judiciales.

Y tercero, hay que hacer otras leyes de nueva generación, falta la Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones, la de Extinción de Dominio, la de Financiamiento de Partidos Políticos; veamos el tema del fuero y veamos el tema de los archivos, entre otros.

¿Nosotros estamos a favor de un periodo extraordinario? Claro, pero con dictámenes.

Y hago el reto al gobierno nacional y a todas las fuerzas políticas que trabajemos.

El mismo don Jesús Reyes Heroles reflexionaba en alguna ocasión, y termino invocando a una persona que dio su vida, su talento y su visión por México: "hay dos tipos de políticos: los que explican y los que resuelven".

Vamos a trabajar.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Romero Hicks.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

Cuando la descalificación se normaliza, pues nos descalificamos nosotros, se vuelve así como un deporte descalificar.

Y yo les quiero decir que no estoy de acuerdo, porque sería echar a la basura más de 30 meses de trabajo.

Yo no he visto en tantas iniciativas constitucionales, en tantas reformas que hemos tenido, una participación más activa de la sociedad civil y de la iniciativa privada, porque ustedes recordarán que la 3 de 3 de los particulares tuvo que tener enmienda.

Pero yo cuando escucho aquí, no sé qué siento, como que tristeza o es como si hemos venido de paso por aquí.

Es verdad que por Decreto no se corrige a la corrupción, eso sí tienen toda la razón. Si así fuera, la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, pues ya hubiera parado toda la porquería que hay, pero hay porquería por todos lados.

Es un Estado en donde todos tenemos que participar, y empezamos en el 12.

Barbosa, ponme atención, yo siempre te pongo.

En el 12 empezamos con esto, ¿y por qué no habían empezado antes, oiga, si este rollo, pues olía muy mal? Es pregunta.

Fuimos gobierno nosotros y luego dejamos de serlo, ¿qué les pasó?

A poco el grado de purificación es cuando el PRI no gobierna, cuando se equivocan es cuando el PRI gobierna, y cuando tú revisas todo lo que tiene que ver con esto estás hablando de un sistema, porque luego a la sociedad le vendimos, porque somos nosotros, nos descalificamos, nos picamos lo ojos, y así, que era una 3 de 3 nada más, y no es una 3 de 3, son más de siete leyes: justicia administrativa, responsabilidad, son un montón de leyes que se tocaron, pero también muchos estados han entrado en esta dinámica.

Que la corrupción es lo que más pide la sociedad que paremos, sí, sí es, pero hágase la voluntad, pues en los bueyes de mi compadre, ¿no?

Pues yo no he visto que algún grupo parlamentario de aquí no tenga algún grado, alguna salpicada en el tema de corrupción.

Ahorita quise hacer una listita, y pues nada más encontré gobernadores del PRI procesados, y era la apuesta, que el Presidente Enrique Peña Nieto no podía empezar por su casa, ya empezó por su casa y queremos ver las otras casas, queremos ver limpias las otras casas, que también están salpicadas.

Que si el proceso, que si acá, que si allá. Miren, por eso la sociedad nos repudia, por esto, por la corrupción y también porque somos muy quedadores de bien, con discursos a modo, y el discurso a modo es solamente señalar.

Aquí hay una lista enorme de todo lo que se ha hecho en el tema anticorrupción, hay estadísticas, cómo nos fuimos, cómo se tomó la Cámara, cómo ha ido y venido; y hoy en vez de venir a decir aquí que nos vamos a poner de acuerdo los 128, pues porque es bien a gusto decir que es el PRI, ya se les volvió así una cantaletita, pero yo les digo que nosotros no somos mayoría, somos 128 Senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos encantan las cuotas.

¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18? ¡No, te tocan más a ti y no sé qué! Digan la verdad, eso también es corrupción.

Mentir también es corrupción, venir a decirle a la gente lo que quieren ustedes en aras del 2018, pues también es corrupción, digamos la verdad.

Y sí estoy de acuerdo de limpiar la casa, mega estoy de acuerdo, porque hace años que la casa se está ensuciando, pero muchos años.

Y los que han venido a decir aquí que tienen toda la palabra completa en el tema de legalidad y que son incorruptibles, resulta que recogen todo lo corrupto que se tira de otros partidos, pero además de eso tenemos que revisar a fondo esa limpieza de la que hablan.

Por eso hoy sí hay que celebrar, Barbosa, es Día de la Secretaria, es Día de la Secretaria y juegan un papel determinante, mis respetos para esas mujeres que guardan tantos secretos.
No, mi hijo, yo te iba a decir de un partido, pero para atinarle, pues no.

Es Día de la Secretaria, pero es día de ponernos de acuerdo.

Un fiscal, 18 magistrados, 128 Senadores, dejen de seguir endosando, la gente es muy inteligente y sabe que el efecto dilatorio sí le sirve al PRI, pero le sirve a toda la clase política.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Para hechos, tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Qué importante discurso, Senadora, y qué claridosa, porque cada uno dice aquí cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo.

Ojalá de esa misma manera nos pusiéramos de acuerdo para sacar los temas, Senador Barbosa.

La gente está harta absolutamente de la corrupción, y aún más, nos volvemos cínicos porque vemos muestras de corrupción y de enriquecimientos raros y no pasa nada, hay una absoluta impunidad.

Yo tengo que sumarme al hecho de pedir la voluntad política para hacer lo que toca, tiene que ser así, pero, y tenía razón Alejandro González Murillo cuando dice: "cuántos años y no nos podemos poner de acuerdo", qué razón tienes, Alex.

Tendría que haber una lucha frontal contra todo, pero también hay una cosa que usted dijo, yo sí creo que hay que celebrar, más allá de las secretarias y sus secretos, lo que hemos avanzado también, y también hay que no celebrar el hecho de la falta de acuerdo que ha habido.

Pero decía usted algo muy importante, problemas hay en las casas de todos colores, no nos olvidemos. Ahora resulta que solo en unas, hay problemas en muchas de las casas y todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para ver cuándo sí y cuándo no.

Porque nos estamos olvidando, también, que lo que nos hace honestos no son las leyes, son los valores que cada uno tiene, y tendríamos que estar trabajando con los miembros de cada partido para exigirles en sus responsabilidades administrativas que cumplan bien.

Ahora resulta que pensamos, como bien lo decía, que un decreto va a ser a todo mundo honesto y decente; no, tenemos que trabajar también con nuestra gente.

Decía don Manuel Gómez Morín: "las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas, no tenemos otras y tampoco hay mejores".

Lo más importante, más que una ley de 3 de 3, yo siempre he dicho que es una ley 1 de 1, que aprendamos a ser honestos.

La ley 1 de 1 es ser decentes, eso es lo que nos exige la gente, más allá del color del partido, porque hartos de la corrupción e impunidad estamos todos.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Tiene el uso de la palabra, para hechos, el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta.

Yo creo que le damos muchas vueltas a este tema, ya pasamos de limpiar las casas de cada quien, a decir que la responsabilidad es de los 128 Senadores, a aceptar que es una responsabilidad del Congreso.

Pero eso es mentira, porque no vamos a lo que es central y definitivo, con todo respeto a esta señora Senadora que es una gran Senadora, y yo la conozco desde hace muchos años.

Miren, el problema es que Peña Nieto no quiere que esto prospere. Eso es todo.

Lo demás es hacernos guajes. Peña Nieto inició su periodo con un anuncio de una lucha contra la corrupción, con otro esquema o lo que fuera, y estamos por terminar el periodo y todavía no se logra.

Esto es como el sistema educativo, con todo respeto, por aquí se trató. El sistema educativo, la gran reforma educativa es para ya cuando se vayan, el modelo educativo lo hicieron para el 2018.

Bueno, no puede haber más desvergüenza en el gobierno, que mandar toda esa faramalla de la reforma educativa que ordenó la OCDE, una organización internacional privatizadora.

Y después de todo este rollo, después de que Nuño salga todos los días, ahora lo están señalando, la reforma educativa es para 2018.

Entonces, cómo podemos hablar de seriedad de un gobierno que hace esas farsas.

La reforma educativa del 2018, y no habrá reforma anticorrupción, no la quiere Peña Nieto.

¿Por qué no la quiere Peña Nieto? Pues ya lo sabemos todos, porque hay que barrer desde ahí hasta abajo. La corrupción en este país empieza arriba.

El sistema es corrupto desde arriba, desde la Presidencia de la República, por eso estamos como estamos, ahí empieza todo, desde la Casa Blanca, y por eso no va a haber sistema anticorrupción, y no somos los 128, que no nos estén echando la culpa, y no digan, Burgos por ahí que acaba de decir, no permitiremos que otras fuerzas, bueno, lo dijo muy suavecito, como es Burgos, "otras fuerzas se apoderen de la corrupción".

No, no, no otras fuerzas, no van a tener sistema anticorrupción, porque no quiere Peña Nieto.

¿Por qué no tenemos un Fiscal Anticorrupción, si hubo, quién sabe cuántos que se inscribieron y les dijeron que no?

Nadie quiere, porque tendría que empezar por meter a Peña Nieto a la cárcel, y no pueden. Es la verdad, no le demos vueltas.

Peña Nieto empezó con ese rollo y va a terminar como Nuño, en el 2018, el próximo presidente.

Eso es lo que pasa, no empecemos, nada.

El Senado dice usted, el Senado de la República, el Legislativo, no, es el Presidente Peña Nieto, no quiere Sistema Anticorrupción.

Escucho al PAN, tiene razón, no sirve para nada ese fiscal, para nada, tener un fiscal en contra de los delitos electorales, y en cuanto le pegó al Verde, por cierto, ahí que estaba en la Subsecretaría de Gobernación, le dieron una regañada que lo callaron, ¿se acuerdan?, porque depende del Procurador, y en eso tiene razón el PAN, no puede ser que el Fiscal Anticorrupción dependa del Procurador.

Pero, con todo respeto, ¿verdad?, no se engañen, ni engañen al pueblo de México, con toda y la dictadura de los medios que hacen creer cosas que no existen.

El que no quiere es Peña Nieto, porque la corrupción es todo el gobierno de la República, la corrupción es lo que nos está ahogando a todos.

Y hay fuerzas políticas, mi querido amigo, y ellos sí saben, y son los que van a barrer desde arriba para abajo, aunque no les guste.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Para hechos, tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Creo que vamos llegando a un acuerdo, yo tomaría la palabra del Senador, de tener todos voluntad política para concluir lo antes posible este tema.

Este tema pasa por reformar el artículo 102 constitucional, quitar el pase automático para darle autonomía a la fiscalía y darle mayor fortaleza.

Desde luego, posteriormente vendrían los nombramientos, y para los nombramientos también hay que reponer el procedimiento.

El Presidente de la República está obligado a dar una explicación, una fundamentación de las propuestas que hizo sobre cada uno de los magistrados y magistradas; y también se tiene que reponer el procedimiento para el Fiscal Anticorrupción.

Este tema atraviesa muchas cosas, por ejemplo, quién puso en un transitorio, quién aprobó que un transitorio en esta reforma que dice que todos los delitos anticorrupción no serán vigentes hasta que se nombre el Fiscal Anticorrupción.

Eso a pesar de que el Código Penal, en materia de combate a la corrupción, entró en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Hace un año se publicó este Código y no hay delitos, que bueno.

¿A qué delitos nos referimos? Al ejercicio ilícito del servicio público, al abuso de autoridad, a la desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito, y, además, son sujetos de delitos tanto servidores públicos como personas, personas físicas y personas morales, también fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, organizaciones y sociedades. Quien maneje recursos públicos.

Todo ello es muy importante, se hizo un esfuerzo muy significativo, pero luego en los transitorios se ponen las trampas para que no entre en vigor todo este paquete.

Vuelvo a preguntar, ¿quién puso este transitorio?

Quiero decirlo muy claramente, nunca se discutió en comisiones, nunca se discutió en ninguna mesa abierta convocada en el Senado, eso fue de los duendes que se meten a la mera hora, y tal vez por eso, porque meter un duende que no se discutió en ningún lado, y que aparezca como transitorio se llama abuso de funciones, que es un delito y que estaría completamente ahora tipificado.

Yo termino diciendo que es verdaderamente una pena que no pueda arrancar el día de hoy completo el Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente por los no nombramientos multicitados, sino también porque solo cinco entidades de la República avanzaron con la armonización de sus leyes y con los nombramientos correspondientes.

No solamente somos los legisladores de acá, el problema está por todas partes.

Y yo termino diciendo que el día de hoy también aparece un punto de Acuerdo de nuestra parte, invitando a que esta Comisión Permanente invite al Congreso de la Unión, a la Organización "Vamos por Más", para que trabajemos de manera conjunta con estas organizaciones en toda la reformulación del Sistema Nacional Anticorrupción, para que sea un sistema fuerte, para que haya una Fiscalía Anticorrupción que sí sirva y para ello tenemos que explorar vías que están proponiendo también estas personalidades de "Vamos por Más", ellos están de acuerdo con lo que hemos planteado aquí de manera reiterada, de modificar el artículo 102 constitucional y hacer una serie de reposición a los nombramientos multicitados.

Por último diría, me sumo a lo que decía el Diputado Zambrano, de verdad es inaceptable este ridículo que hizo ayer, el lunes, la PGR en la audiencia que se tuvo para el tema Duarte.

No, no es aceptable que la PGR no haya podido armar, configurar, integrar adecuadamente la carpeta de investigación. Si le cuesta trabajo hacerla, bastaba con abrir las decenas de denuncias penales que interpuso en contra del gobierno la Auditoría Superior de la Federación, una instancia que ha probado con documentos y con testimonios suficientes el ejercicio indebido y el desvío de millones de recursos públicos en detrimento de la sociedad veracruzana. Bastaba con eso para que la Procuraduría General de la República no hiciera el ridículo.

Y también habría que lanzar una pregunta al Procurador: ¿Por qué se fueron por la vía de la extradición, que solamente se ajusta a un delito, y no por la deportación inmediata? Porque, de haber ido por la deportación, estuviera fincado ahí la responsabilidad sobre los periodistas asesinados, dentro y fuera de Veracruz, que fueron críticos de Duarte; ahí estuvieran las decenas de personas desaparecidas bajo su gobierno por la operación de grupos parapoliciales del Secretario de Seguridad Pública de Duarte, etcétera, etcétera, etcétera.

El tema Duarte es muy grave, y el Sistema Anticorrupción, que ya tipifica estos delitos, por eso comencé por eso, no se le van a aplicar, porque no se hizo la deportación y porque no ha entrado en vigor el catálogo de delitos anticorrupción, por un duende que, de última hora, lo hizo aparecer en un transitorio.

Gracias.

La Presidente Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna.

Informo a la Asamblea que queda registrada la participación del Senador Miguel Barbosa Huerta, la Senadora Laura Rojas y la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Una vez que hayan concluido las participaciones de ellos, procederemos a consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
Adelante, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí se requiere la voluntad política de las fuerzas con representación en las Cámaras, sí se requiere.

Se requiere que los congresos, las Cámaras del Congreso sean autónomas, sean independientes, sean efectivas instituciones del control sobre los otros dos poderes.

Esta es la división de poderes, es el equilibrio de poderes, no hemos alcanzado ese nivel de desarrollo y de madurez, eso hay que decirlo y hay que aceptarlo.

No hay Cámaras autónomas ni independientes, desafortunadamente no las hay, y es algo que hay que aceptar.

Faltan muchas cosas para poder consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién pensaba que el día 19 de julio iba a haber un sistema consolidado? ¡Faltan muchas cosas!

Aquí traigo una lista de todo lo que falta, de todo lo que falta. Lo que falta al Sistema Nacional ¡Eh!

Lo que le falta a los sistemas estatales, aquí no terminaríamos de hacer la referencia de lo que en cada estado falta, desde reforma constitucional, leyes, nombramientos y todas las plataformas, códigos de ética, formatos, todo lo demás. Ese es el nivel en el que estamos.

Pero, a ver, ¿cómo se integra el órgano máximo del Sistema Nacional Anticorrupción, como para ver si efectivamente va a ser un órgano que tenga autonomía y que tenga independencia?

Se integra por quien preside el Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard en este caso, por este año, por cierto.

Por el responsable, el titular, el Auditor Superior de la Federación. ¿Autónomo o independiente? O ¿No autónomo y dependiente?

Por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Hoy ese asiento lo nombra el Procurador General de la República. ¿Autónomo o independiente? O ¿No autónomo y dependiente?

Por la Secretaría de la Función Pública. Una servidora pública que queremos mucho aquí en el Senado, pero que de verdad tiene niveles de controles del poder muy férreos, muy férreos y muy limitante.

Por quien presida el Consejo de la Judicatura Federal mediante un representante. ¿Quién? Hoy es un Consejero, integrante del Consejo de la Judicatura. ¿Autónomo o independiente? O ¿No autónomo y dependiente?

Por quien presida el Instituto Nacional de Transparencia. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre la autonomía de ese Instituto de Transparencia.

Y por quien presida el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esa es la realidad que tenemos, desde el órgano máximo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Desafortunadamente, con esa integración, nunca habrá Sistema Nacional Anticorrupción.

Gracias.
La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Dejemos de echarnos culpas, no es para eso para lo que los ciudadanos nos pagan, sino para dar resultados.

Y miren, yo creo que lo primero que hay que reconocer en este debate es a nosotros mismos, porque entre todos nosotros hemos construido lo que ha sido la apuesta institucional más ambiciosa en toda la historia de México para combatir el problema más crítico que tenemos en este país.

Eso es lo primero que quiero decir, y reconocer que lo hemos construido juntos, y que dejemos de echarnos culpas que no abonan a nada.

Sin embargo, también hay que decir y reconocer, que a un año de la promulgación de las siete leyes que dieron forma y procesos al Sistema Nacional Anticorrupción, es normal y deseable que en este lapso de tiempo hayan surgidos nuevas reflexiones en torno al mismo.

Y yo creo que, entonces, a un año, hay que hacer un balance integral sobre el status del propio sistema para poder tomar decisiones y actuar eficazmente para lo que sigue.

En este balance reconocemos, como lo han dicho todos aquí, pues, la falta del cumplimiento en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y la falta en el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Lo que sí hay que dejar claro de cara a la ciudadanía son las razones de fondo del por qué de ese retraso, y tiene que ver, precisamente, con esas reflexiones posteriores que surgieron a raíz, precisamente, de los dos intentos de nombrar al Fiscal Anticorrupción y que ya lo ha comentado anteriormente el Senador Romero Hicks.

Sin embargo, yo quiero ahondar en este punto, y voy a retomar en este punto lo que los propios candidatos, en su momento, los que aspiraron y participaron en este proceso para ser nombrados Fiscal Anticorrupción dijeron, prácticamente todos los que se presentaron dijeron: "Que tenía que haber reformas a la Ley General de la Fiscalía, o en su caso, a la Ley de la PGR, que es la que está vigente actualmente, para fortalecer al Fiscal General.

Y voy a citar solamente a uno de ellos. César Chávez explicó:

"Primero. Si bien el nombramiento proviene del Senado, el señor Presidente de la República goza de una facultad para objetar el nombramiento y el Procurador General tiene una facultad de libre remoción sobre el Fiscal Anticorrupción.

Segundo. En el acuerdo emitido por el Procurador General, hace tres años, definió que todo el modelo de operación de la Fiscalía Anticorrupción sería bajo las mismas reglas, estructura, recursos, con lo que ha venido haciendo durante años la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Servidores Públicos, la cual históricamente ha presentado resultados ínfimos, en promedio diez autos de formal prisión por año, ninguno de ellos por enriquecimiento ilícito y sólo tres en el periodo 2006-2010 por cohecho, es decir, la novedad del diseño es que habrá un fiscal nombrado por el Senado pero llegará a operar en una estructura que ha aprobado históricamente su ineficacia".

Cierro la cita de César Chávez, pero todos los demás, y lo pueden revisar en las comparecencias que están grabadas, dijeron lo mismo, por eso es que ahora el PAN ha priorizado la reforma que le dé verdaderamente fuerza, autonomía e independencia al Fiscal Anticorrupción por encima del nombramiento.

¿Por qué? Porque si dejamos a un Fiscal Anticorrupción, como está la ley ahora, eso sí debilitaría el sistema. Esa es la razón.

En cuanto al tema de los magistrados, bueno, la razón por la que no se han nombrado fue simplemente porque el Presidente de la República envió las propuestas en la última semana previa al cierre del periodo y solamente el Senado tiene facultades para nombrar.

En este tema, el PAN está comprometido a sacarlo inmediatamente empecemos el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Quiero, finalmente, y por supuesto bajo las reglas de parlamento abierto que siempre hemos impulsado en todos los nombramientos.

Quiero concluir haciendo una referencia a la iniciativa "Vamos por Más", con quienes hemos coincido prácticamente en todos esos planteamientos. El PAN ha sido un partido que ha estado planteando básicamente lo mismo desde hace muchos meses en este tema, pero en el ánimo de hacer un balance integral, quiero también hacer un llamado tanto a las fuerzas políticas en el Senado como la iniciativa "Vamos por Más", a que además de impulsar la agenda legislativa, dependientes de la que ya hemos hablado, también trabajen con el resto de temas pendientes de las otras piezas del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Plataforma del Digital del Sistema Nacional, los formatos de la publicación de las declaraciones 3 de 3, el desarrollo de indicadores que permitan vislumbrar, es decir, toda la parte de política pública nacional, así que bienvenida a la sociedad civil, pero creo que también tienen que darle seguimiento a la implementación del sistema y de las leyes, no sólo en lo que tiene que ver con el Congreso, sino con lo que tiene que ver con el resto del sistema.

Quiero concluir haciendo un llamado a que reafirmemos todo nuestro compromiso con el Sistema Nacional Anticorrupción, los grupos parlamentarios hagan una agenda de trabajo para poder cumplir con estos requisitos que nos pide la sociedad, pero cumplirlo bien, cumplirlo de una manera eficaz que realmente sirva, y eso pasa, como ya se ha dicho, por reformar el artículo 102 constitucional, por hacer una Ley General de la Fiscalía que le dé realmente fortaleza a las dos Fiscalías, la FEPADE y la Anticorrupción, y por presentar un tercer paquete de reformas con todo lo que ya se ha comentado, obra pública, fuero, etcétera.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

A continuación, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta.

Hoy tenemos que hablar de lo que todos hemos aportado.

Tenemos que reconocer que hoy queremos tener mejores condiciones de vida para las y los mexicanos, todo a través de la transparencia, de la anticorrupción, a través de servidores públicos íntegros, honestos, hemos aprobado siete leyes anticorrupción.

De esas siete leyes anticorrupción, cuatro leyes sustantivas en su parte de objetivos principales establece que el servidor público debe de ser íntegro, honesto, profesional, una serie de valores que, yo me pregunto, ¿por qué los legisladores tenemos que poner en la ley una serie de valores inherentes al ser humano?, ¿por qué hay que obligar al servidor público?, ¿por qué hay que obligar a los ciudadanos a que sean personas honestas e íntegras?

Los esfuerzos han sido muchos, nuestro Presidente Enrique Peña Nieto ha dado muestra de ello, ha sido promotor de iniciativas y de leyes que aquí tenemos que reconocer que ha hecho, el fortalecer las funciones del Fiscal Anticorrupción, la expedición de la Ley de la Fiscalía, dándole facultades, dándole fuerzas específicas a este Fiscal, pongámonos de acuerdo, ya es necesario que podamos tener a este Fiscal, reconozcamos que hemos dado grandes pasos.

Hoy la ciudadanía nos está demandando actitud, voluntad, valores, integridad, yo creo que aquí hay grandes hombres y mujeres con una gran trayectoria en la cual podemos en esta suma de resultados darle a nuestro país lo que requiere, un país con gran potencial en todos los sentidos.

Esta corrupción y este fenómeno nos aqueja a todos, y todos en el ámbito de nuestra competencia somos responsables de dar nuestras mejores actitudes y trabajo. Este fenómeno es muy complejo, vemos que hay pérdidas económicas para el país, que se reduce nuestra competitividad frente a otras naciones del mundo, hagamos, entonces, un frente y un combate común, no desacreditaciones de unos contra otros, porque si a eso vamos, yo les puedo decir que en el gobierno de mi estado no nos ha ido nada bien, en el estado de Morelos, cuando han quitado la revocación de mandato, cuando han quitado la participación ciudadana, cosas que hoy nos hemos lamentado profundamente porque son derechos de cuarta generación.

Muestra de este compromiso, hemos visto la aprobación de diversas modificaciones constitucionales, leyes y reglamentos para generar un rendimiento jurídico institucional, esta creación por primera vez del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿A poco sí necesitamos que nos estén vigilando?

¿Necesitamos estas instituciones de transparencia y de anticorrupción para hacer bien las cosas que nos corresponden a cada uno de las y los mexicanos?

Hemos creado y modificado un gran conjunto de leyes, decía, y hoy hablábamos aquí también de la cultura cívica, y hoy hablábamos de la importancia que es la cultura de la legalidad, pero sobre todo esta cultura de los valores éticos, valores morales, valores que podamos nosotros salir de frente con las y los ciudadanos.

Ahora nos involucra a los servidores públicos y también a los particulares a que hagan su mejor esfuerzo en la rendición de cuentas, establecer mecanismos de actuación, así como acciones coordinadas entre actores para inhibir y prevenir todo este tipo de delitos que lastiman a nuestro país.

Esa entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción sí hay que celebrarla, porque es un gran paso, ahora démosle la fortaleza, la confianza, la vigilancia y la evaluación de que pueda funcionar, como es el espíritu del legislador, combatiendo precisamente la corrupción.

Finalizo, este tema es un tema que el problema está en todos lados, pero qué mejor que empecemos por nuestra casa.
Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Con base en el acuerdo quinto y transcurrido el tiempo pactado para el desarrollo de este debate, se pregunta a la Asamblea si se encuentra lo suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, suficientemente discutido y concluye con esto el debate político.






Proceda la Secretaría a dar conocimiento de las proposiciones de puntos de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta de las proposiciones que solicitaron turnar de manera directa a comisiones los diferentes compañeros legisladores.

Una, del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes presente su renuncia a dicho cargo, que se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Sexto del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, como de urgnete y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, presente su renuncia, con efecto inmediato y carácter irrevocable, a dicho cargo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Sen. Miguel Barbosa Huerta.






Una, de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares e insta al gobierno federal a suscribirlo y enviarlo al Senado de la República, que se turna a la Segunda Comisión.








Y una, de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a dar cumplimiento a las recomendaciones de política pública y fortalecimiento institucional, que se turna a la Primera Comisión.



Son todas las proposiciones, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.






Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La restricción de derechos a las mujeres de nuestro país no es un fenómeno nuevo, sino que encuentra sus raíces en costumbres profundas que traen como resultado la marginación de éstas en todos los ámbitos de la vida del país.

Hablamos de un sistema de creencias enraizado de forma tal que, pese a la existencia de numerosas leyes que procuran la igualdad de géneros, aún es posible percibir la existencia de numerosos espacios que permanecen, sino vedados, por lo menos sumamente acotados para las mujeres.

La discriminación no es un destino inevitable para las mujeres mexicanas. La nuestra, al igual que muchas otras sociedades ha dado pasos decididos hacia el reconocimiento de los derechos de toda la población y en ese empeño se encuentra la actual administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien, valga la pena señalarlo, es el primer titular del Ejecutivo Federal que incluye como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de éste se derivan estrategias transversales de género tendientes a procurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Sabemos de sobra que la distancia entre los enunciados contenidos en los programas gubernamentales y la realidad suele ser amplia, toda vez que no resulta sencillo aterrizar en la vida cotidiana las intenciones contenidas en éstos, máxime cuando ello implica cambios conductuales profundos entre la población y la adopción de nuevos valores sustentados en principios tales como la democracia, la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, objetivo harto difícil en una sociedad machista como la mexicana. Es por esto que reconocemos la dificultad para hacer de la equidad de género una parte de nuestra vida cotidiana, pero sin que esto implique dejarnos vencer por las inercias y los atavismos.

Una forma de procurar la igualdad a la que aspiramos consiste en fortalecer la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, a fin de hacerlas partícipes de la conducción del país. Muestra de ello lo es la reforma del artículo 41 constitucional a través de la cual se impuso a los partidos políticos la obligación de garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Gracias a esta enmienda, de los 128 miembros que integran la Cámara de Senadores, para la legislatura LXII fueron electas 44 mujeres y 84 hombres. En el caso de la Cámara de Diputados, la actual legislatura inició con 212 mujeres como legisladoras, lo que significa un 42.4% respecto del total de representantes populares.

Resulta encomiable que en Poder Legislativo se empiece a reflejar el peso específico que tienen las mujeres dentro del panorama político nacional, pues son ellas las que conforman la mayoría del padrón electoral con más de 44 millones de nombres inscritos, tres más que en el caso de los varones1 y también quienes más ejercen su derecho al sufragio, pues en 2015, la participación femenina (50.89%) superó en prácticamente 8 puntos porcentuales la masculina (42.95%).2

Así como en el Legislativo ya se refleja la intención de hacer realidad la equidad de género bien vale la pena reflexionar sobre la forma en que se puede abordar este mismo tema en el ámbito del Poder Judicial, un espacio importantísimo de decisión del Estado Mexicano sobre el que muchas veces omitimos adentrarnos, pese a que tiene como función principalísima la defensa e interpretación de la Constitución.

La respuesta a esta inquietud nos la da el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resaltó en su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 la necesidad de mejorar el acceso al trabajo de las mujeres, para lo cual es fundamental establecer condiciones jurídicas y materiales que impidan la existencia de desventajas y de actos discriminatorios que atentan contra la dignidad humana. Por su parte, el Acuerdo General de Administración 3/2016, del 24 de noviembre de 2016, en su artículo 44 establece como atribuciones de la Unidad General de la Igualdad de Género ser la instancia encargada de promover la institucionalización de la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales de la Suprema Corte; de aportar herramientas teóricas y prácticas para transversalizar la perspectiva de género en la vida institucional, tanto en su aparato administrativo como en la carrera judicial; de proponer el diseño y desarrollo de estrategias para promover la generación de ambientes laborales libres de violencia y discriminación; de construir redes de colaboración y sinergia con diferentes actores clave por su incidencia y participación en los procesos de impartición de justicia; así como de promover y coadyuvar en la instrumentación de políticas, intercambios académicos, estrategias de divulgación, supervisión y evaluación en materia de igualdad de género.3

Otro avance importante en esta materia lo es la reforma aprobada en 2013 al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se dispone que el Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

Mientras tanto, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha creado la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, la cual tiene como atribución contribuir a la construcción de una cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, partiendo de un enfoque de la perspectiva de los derechos humanos, con especial énfasis en el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, a través de la realización de actividades de difusión y formación, mediante las cuales se dan a conocer los derechos que por igual pueden ejercer hombres y mujeres, así como de los mecanismos existentes para hacerlos efectivos, destacando los avances legislativos y los que derivan de la actividad jurisprudencial y jurisdiccional del propio tribunal, de otras instituciones del Estado Mexicano y de Organismos Internacionales.4

Los avances antes relatados contribuyen a hacer la equidad de género una política institucionalizada en el Poder Judicial, lo cual resulta sumamente encomiable, sin embargo, creemos que aún falta por incluir el tema de la paridad en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como ya existe en otros órganos del Estado, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, según lo mandata el artículo 6º de nuestra Carta Magna.

Esto significaría un reconocimiento a la afortunada incursión de las mujeres en el campo de las ciencias del derecho, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el año pasado de cada 100 abogados mexicanos, 62 eran hombres y 38 mujeres.5

La propuesta aquí contenida significa igualmente un reconocimiento a las estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, entre las cuales se contienen promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político, a través de la promoción y aplicación de medidas y acciones a favor de la paridad en los cargos del Poder Judicial.

Para una mejor compresión de la presente iniciativa se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se procurará la paridad de género.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se procurará la paridad de género.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

 

1 Fuente:
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/

2 Fuente: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ine/2016/estcen_parciu_elfed15.pdf

3 Consultado en <https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero >

4 Fuente: http://portales.te.gob.mx/genero/que_hacemos

5 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/abogado2016_0.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO OPERADOR DEL FONDO DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ARTISTAS CREADORES Y GESTORES CULTURALES

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para lo cual presento la siguiente:

CONSIDERACIONES

¿Qué son los valores en nuestra sociedad actual? y ¿por qué se han ido perdiendo con el paso del tiempo en las nuevas generaciones?

“La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Este vocablo alude a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos mediante su comportamiento realizarse como mejores personas; es decir son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Los valores posibilitan la determinación de nuestras prioridades, y ayudan a encaminar la vida del ser humano a una autorrealización; estas creencias permiten elegir al hombre entre una situación u otra, o entre una cosa u otra”.1

Para el objeto de este estudio consideraremos los dos tipos:

1) “Valores éticos: Los valores éticos son guías de comportamientos que regulan la conducta de un individuo. En primer lugar, la ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es moral, realiza un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social.

• Los valores éticos más relevantes son: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano con experiencia en el entorno familiar, social, escolar e inclusive medios de comunicación.

• Los valores éticos demuestra la personalidad del individuo, una imagen positiva o negativa del propio, como consecuencia de su conducta, se puede apreciar sus convicciones, sentimientos e intereses que posee, por ejemplo: el individuo que lucha por la justicia, por la libertad, considerados como valores positivos, refleja una persona justa, de lo contrario, se observa un ser humano apático ante este valor y con cierto apoyo ante las injusticias.

• Los valores éticos permiten regular la conducta del individuo para lograr el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad.

• Es de destacar, que los valores éticos pueden ser relativos en virtud del punto de vista que posee cada persona, ya que por ejemplo para un individuo llegar puntual al trabajo como sinónimo de responsabilidad para otro no es ético o no es de relevancia, existen individuos que no respetan los diferentes puntos de vista, para algunos es una actitud no ética como para otros es sinónimo de defender su punto de vista y, así como estos ejemplos pueden existir muchos.

• Por otro lado, los valores éticos pueden ser absolutos, en virtud de que es visto como un hábito o costumbre practicado por toda la sociedad. Una vez con la aclaración de que consiste y que son los valores éticos, el ser humano vive en un constante juicio ético, esto es, razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más acertada en un momento determinado, en función a las normas y valores impuestos por la sociedad. Cuando el individuo se encuentra frente a un juicio ético es importante comprender el problema ético, buscar la mejor solución que no perjudique a otros individuos y reflexionar porque fue la mejor solución ante esa situación”.2

2) “Los Valores morales:

• Como valores morales se conoce el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto.

• Como tal, los valores morales son introducidos desde la temprana infancia por los padres o las figuras de autoridad, para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los maestros o profesores. Muchos de ellos también vienen determinados por la religión que practicamos y otros tantos están tan arraigados en nuestras sociedades que su violación puede conducir, incluso, a sanciones legales.

• Valores morales son, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad y la generosidad, entre otros.

• Existen, asimismo, ciertas escalas jerárquicas entre los valores morales que, en medio de un conflicto, nos obligan a priorizar unos sobre otros. Por ejemplo, la lealtad es fundamental en una amistad, pero si un amigo ha cometido un delito y la policía nos interroga, lo correcto sería que privilegiáramos el valor de la honestidad por encima de nuestra lealtad.

• Del mismo modo, en determinadas situaciones podemos alternar entre uno y otro valor. Por ejemplo, si estamos muy felices festejando una fecha importante, con música a todo volumen, nuestros vecinos, durante un periodo de tiempo, comprenderán que deben poner en práctica la tolerancia, pero si nos excedemos en la duración de la celebración, y a la una de la madrugada aún mantenemos el volumen al máximo, entonces nuestros vecinos tendrán todo el derecho de exigirnos el respeto a su sueño.

• Los valores morales son fundamentales para lograr un clima de armonía y de convivencia en las sociedades, en este sentido, pueden ser regulados por la sociedad misma, a través de sanciones sociales, de orden privado, o mediante penas o castigos contemplados en el código jurídico del país”.3

Desde el año 2014, el programa integral de Formación Cívica y Ética para primarias de la SEP, coincidió en que ha sido poco el tiempo que se le dedica a la formación de valores ciudadanos, motivo por el cual en las aulas escolares, se han ido perdiendo con el paso de los años el objetivo de esta materia, por lo que no se han logrado los objetivos de eliminar el bullying y el maltrato entre compañeros, sin tomar en cuenta la importancia de la formación cívica y ética en niños y niñas para el sostenimiento de la democracia como régimen político y en la adopción de una formación de vida, en donde se trata de llevar a cabo la construcción autónoma de criterios de acción moral, en donde se reconozca a los niños como personas que pueden incidir en la transformación de su entorno.4

Motivo de lo anterior, se enuncian a continuación, los principales factores, indispensables para la formación de valores y aptitudes dentro de las aulas de la educación mexicana:

• “Difundir los conocimientos básicos dentro del aula, para mejorar la formación de los nuevos ciudadanos.

• La responsabilidad, debe ser compartida entre alumnos, maestros y padres de familia.

• La influencia de la escuela en este campo es muy importante y que es posible mejorarla radicalmente si los profesores cuentan con las herramientas indispensables para intervenir explícitamente en la formación cívica y ética de sus alumnos.

• Considerando lo anterior los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los niños y niñas los valores, implica un compromiso personal.

• Es necesario dar el ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y los vivan. Por tanto la enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos.

• Una de las principales funciones de la escuela es la formación de valores, por lo tanto, los maestros influyen de manera especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de sus alumnos. Para ello, es necesario reconocer que nadie da lo que no tiene, es decir, que ningún profesor enseñará un valor que ni él mismo profesa o se encuentra en su persona

• La escuela, deberá fomentar un clima de respeto, afecto y estimulo que propicie el crecimiento humano de todos los alumnos, y convertirse en una verdadera comunidad.

• Por otra parte los padres de familia, deberán estar pendientes de los medios de comunicación que ven sus hijos; por tanto la Influencia de los medios de comunicación, que se han convertido en un referente para el actuar cotidiano de alumnas y alumnos; la televisión, el internet y otros medios de comunicación social, ejercen especial influencia en los jóvenes y niños, que fijan su atención en modelos que están lejos de su realidad y, a menudo, les inculcan ciertos comportamientos negativos”.5

Por lo anteriormente expuesto, considero importante reformular la participación de los gobiernos locales, estatales y federal en el ámbito de sus atribuciones a fomentar y retomar las clases de educación cívica y ética dentro de las aulas estudiantiles en al menos el nivel básico escolar, y avivar así entre nuestros futuros ciudadanos los principales valores como: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano, por ello es importante la labor coordinada entre la escuela, sociedad de maestros y familia.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO XIV, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso XIV, recorriendo los subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIII…

XIV.- Desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de la materia de educación cívica y ética, dentro de las aulas escolares, promoviendo la participación de la sociedad de padres y maestros.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.


1 Valores. http://conceptodefinicion.de/valores/

2 Valores éticos: https://www.significados.com/valores-eticos/


3 Valores morales: https://www.significados.com/valores-morales/

4 EF, Educación Futura. La SEP fortalecerá la enseñanza de Cívica y ética. http://www.educacionfutura.org/la-sep-fortalecera-la-ensenanza-de-civica-y-etica/


5 La importancia de fomentar valores en la educación primaria, http://educchio.blogspot.mx/2012/06/la-importancia-de-fomentar-valores-en.html





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, para lo cual presento la siguiente:

CONSIDERACIONES

“Un incendio forestal es un fuego de gran magnitud que se propaga sin control en algún terreno forestal, es decir, conformado básicamente por árboles. A diferencia de otros tipos de incendios, se extiende con suma rapidez a través de amplias áreas, cambia de dirección súbitamente y puede sortear obstáculos grandes como ríos y carreteras. Los incendios forestales tienen un gran poder destructivo. Es como si tuvieran vida propia ya que pueden avanzar a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora, incendiando y consumiendo todo lo que encuentran a su frente”.1

Estos, pueden ocurrir en cualquier momento, pues depende de las condiciones meteorológicas, (temperatura, viento, etc.) y las actividades humanas (uso del fuego); en nuestro país, tenemos dos temporadas de incendios forestales: en las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, misma que inicia en enero y concluye en junio, y la segunda temporada se registra en el noroeste del país, inicia en mayo y termina en septiembre.2

“En nuestro territorio, se han registrado 3 mil 941 incendios forestales en 31 estados del país, que han afectado una superficie de 122 mil hectáreas, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Las entidades de la República con un mayor número de siniestros de este tipo son:

• “Estado de México,

• Michoacán,

• Ciudad de México,

• Puebla,

• Jalisco e

• Hidalgo”.3

De las cuales, 94 por ciento corresponde a hierba y arbustos y el restante 6% a terrenos arbolados. El subgerente de conservación y restauración de la Conafor, Jaime Serrato, mencionó que la mayoría de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos.4

De acuerdo con la Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) existen tres tipos de incendios determinados por la naturaleza de los combustibles presentes:

• “Los incendios superficiales, son los más comunes en México. El fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos; como pastizales, ramas, arbustos o pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se encuentran desde la superficie del suelo y hasta 1.5 metros de altura.

• Los incendios de copa o aéreos, (menos del 8%) consumen la totalidad de la vegetación, son peligrosos y muy difíciles de controlar.

• Los incendios subterráneos, inician de forma superficial, bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de los combustibles. Por lo general, no producen llama y emiten poco humo. Aunque no son muy comunes (menos de 2%), cuando se presentan son peligrosos y difíciles de controlar”.5

Asimismo, la CENAPRED, menciona que nueve de cada diez incendios forestales en el país son causados por seres humanos, y sólo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos, como descargas eléctricas o erupciones volcánicas. Las causas principales de estos eventos son las siguientes:

• “Accidentales: Relacionados con accidentes automovilísticos, ferroviarios, aéreos y con ruptura de líneas eléctricas.
• Negligencias: Las quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras actividades productivas dentro de las áreas forestales.

• Intencionales: Se refiere a las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios, entre otros.

• Naturales: Caída de rayos o erupciones volcánicas”.6

Sin embargo existen factores de riesgo que podríamos evitar como lo son: el no tirar colillas de cigarro en bosques o en las orillas de las carreteras, así como evitar realizar fogatas en zonas en donde el terreno es boscoso.

La presente iniciativa radica en la grave problemática que existe en la sociedad de nuestro país, ya que existe un gran número de incendios forestales provocados intencionalmente, lo que pone en riesgo no sólo a la fauna y flora de nuestro ecosistema, sino también a la gente que vive cerca de estos, por ello es que propongo se maximicen las penas en contra de las personas que pretendan crear incendios de forma intencional, poniendo en riesgo la vida de las diversas especies que habitan en los bosques, así como la de nuestros ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y por el equivalente de quinientos a cinco mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a IV. …

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Incendio forestal. http://www.geoenciclopedia.com/incendio-forestal/

2 CENAPRED, Incendios forestales. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/115.pdf

3 Incendios forestales afectan 3.9 mil hectáreas en 2017, Conafor
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158720

4 Incendios forestales afectan 3.9 mil hectáreas en 2017, Conafor
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158720

5 CENAPRED, Incendios forestales. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/115.pdf

6 CENAPRED, Incendios forestales. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/115.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2o.- A, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático es uno de los temas que ha ido adquiriendo importancia a nivel mundial, pues los países han experimentado altas de temperatura, sequía que se extiende por un periodo mayor a lo estimado, glaciares que se están derritiendo y lluvias torrenciales que en su conjunto han causado serios daños a la humanidad.

El problema climático surgió hace siglo y medio, causado principalmente por los países desarrollados e industrializados, responsables de la producción y aumento de volúmenes de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, principalmente por dióxido de carbono, metano y óxido-nitroso, que causa que los rayos del Sol queden atrapados en la atmósfera del Planeta, provocando el aumento de temperatura.

Este problema, obligó a los países desarrollados e industrializados a reunirse para que mediante la celebración de cumbres mundiales, adoptaran responsabilidades y acuerdos Institucionales sobre el clima, siendo el acuerdo más resiente el denominado “Acuerdo de París”, que es un acuerdo dentro del marco de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global.

Sobre la materia, México firmó por primera vez compromisos en 1992, en la Cumbre de la Tierra de río de Janeiro, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y posteriormente en 1998, firmó el Protocolo de Kioto, el cual ratifico en el 2000.

Bajo ese marco legal, nuestro País comenzó a adoptar medidas para mitigar el cambio climático como la expedición de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

La Ley General de Cambio Climático estableció disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, para lo cual creo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y ordenó la formulación de la “Política Nacional de Cambio Climático”, que comprenden las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Asimismo, la Ley estableció atribuciones a la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con el fin de que contribuyeran con los objetivos y metas establecidas en la Ley.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión de Cambio Climático, de esta H. Cámara de Diputados, el 60% de los Estados del País, es decir 18 de las 31 Entidades Federativas más la Ciudad de México, no cuentan con programas de cambio climático, pese a la urgencia de establecer medidas para frenar este fenómeno y asumir responsablemente los compromisos que México tiene internacionalmente en el rubro.

La mayoría de los Estados no han instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de Gases de Efecto Invernadero y políticas de adaptación y mitigación, que, conforme a la Ley General de Cambio Climático, están obligados a hacerlo.

Los Estados que han presentado avances en los programas de acción climática son: Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán.

De los Estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche, no se tiene registro de programas de acción climática de dichas entidades.

La Ley General de Cambio Climático, fue publicada en el Diario de la Federación el 6 de junio de 2012, por lo que a la fecha han transcurrido 5 años, en los que la mayoría de los Estados integrantes de la Federación no han mostrado interés sobre el tema de cambio climático y más aún no existe disposición legal alguna que obligue a los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales a elaborar e incluir en sus presupuesto de egresos, una partida presupuestal que les permita contar con los recursos necesarios para cumplir con las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático, les confiere, por ello la suscrita ya presentó una iniciativa que además de proponer reformar disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, propone adicionar una fracción a los artículos 8o y 9o, de la Ley General de Cambio Climático, para establecer expresamente la obligación a cargo de los Estados y Municipios, de elaborar e integrar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal destinada al cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático, les confiere.

Lo anterior, es de suma importancias, pues incluso el “Acuerdo de Paris”, reconoce a la financiación como elemento necesario para el tratamiento adecuado de los programas y proyectos en materia de cambio climático. 4

Es por ello la suscrita tomando en consideración que la gasolina es uno de los combustibles fósiles causantes de los GEI y de que el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, establece una cuota a la Gasolina mayor o igual a 92 octanos y de que los artículos 4o-A, fracción I y 9o, de la Ley de Coordinación Fiscal, permiten que los recursos que los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales, obtengan de acuerdo con la fracción II, del artículo 2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, puedan utilizarse como garantía y fuente de pago de obligaciones contraídas por los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales, la suscrita propone a esta soberanía que con los recursos a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales, garanticen con un 20%, la partida presupuestal que elaboren e incluyan en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático, les atribuye.

Por lo expuesto y fundado, por estimarse su viabilidad, someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo final al artículo 2o.A, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.A- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:

I. Gasolina menor a 92 octanos 38.00 centavos por litro.

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 46.37 centavos por litro.

III. Diésel 31.54 centavos por litro.

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera gasolinas o diésel, un monto equivalente al impuesto establecido en este artículo, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado.

Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado.

Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en sustitución de las declaraciones informativas a que se refiere esta Ley, los contribuyentes presentarán a más tardar el último día hábil de cada mes la información correspondiente a los litros de las gasolinas y diésel enajenados por los que se haya causado el impuesto por cada expendio autorizado o establecimiento del contribuyente, en cada una de las entidades federativas durante el mes inmediato anterior; tratándose de enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diésel, la información se presentará de acuerdo a la entidad federativa en la que se ubique el punto de entrega convenido con cada distribuidor.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución que corresponda a las entidades federativas durante los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior al mes en que los contribuyentes hayan realizado el pago.

Con los recursos a que se refiere la fracción II, de este artículo, los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales, garantizarán con un 20%, la partida presupuestal que elaboren e incluyan en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático, les atribuye, observando lo dispuesto en los artículos 4o-A, fracción I y 9o, de la Ley de Coordinación Fiscal.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Elva Lidia Valles Olvera.

Notas

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Paris_(2015).- Consultado el 22 de junio de 2017.
Acuerdos mundiales sobre el medio ambiente. http://misvideosfotos.blogspot.mx/2009/10/acuerdos-mundiales-sobre-el-medio.html. Consultado el 1 de junio de 2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada. Consultado el 1 de junio de 2017
Acuerdos Internacionales sobre actuación en materia climática. Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
5- Naciones Unidas. «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático». Consultado el 1 de junio de 2017.
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html.- Naciones Unidas. Cambio climático.

Ley General de Cambio Climático.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país firma y ratifica la mayoría o todos los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, incluso se tuvo que realizar una reforma constitucional por la presión de diversos organismos internacionales por el tan conocido “Caso Rosendo Radilla”, que entro en vigor en el 2011, donde cambia los términos garantías individuales por derechos humanos dándole mayor preponderancia y reconociendo estos derechos en nuestra norma suprema.

Los derechos humanos son universales y progresivos, aplicables a todos los seres humanos, incluso a los que les fueron privados de su libertad, es decir a reos, internos o presos en un centro penitenciario. Tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia constitucional.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.1

Es decir, tanto la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, jerárquicamente no están uno encima de otro, sino que al momento de interpretación se deben acudir a ambos y que subsista el principio de progresividad.

Existe una situación de suma importancia que versa sobre los internos en centros penitenciarios y su derecho de guardia y custodia sobre sus hijos menores de edad. Si bien la reciente y publicada Ley Nacional de Ejecución Penal regula sobre este tema y acertado a la vez, falla al momento de aplicar el derecho humano de igualdad, al solo otorgarle en su artículo 10 Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario” y el artículo 36 Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos”, un gran número de beneficios que solo son aplicables para este género femenino, excluyendo al masculino; negándole su lazo de paternidad.

Si bien el legislador consideró que la mujer tiene por naturaleza mejor derecho sobre el cuidado de sus hijos que un varón, consideró que es erróneo hasta cierto punto este pensamiento, ya que en pleno siglo XXI por ejemplo, donde la adopción de parejas del mismo sexo existen en varios países y me enfoco solamente entre varones que adoptan a menores de edad en sus primeros meses o años de nacimiento y la maternidad y lactancia no es un factor de impedimento, porque existen otras formas de poder suplantar estos. Entonces porque negarle la guardia y custodia al hombre-varón que haya sido privado de su libertad sobre el cuidado de su hijos.

Existe una gran violación al principio de igualdad que la misma Ley Nacional de Ejecución Penal establece:

“Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario

El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios:

(…)

Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.2

Incluso las recientes “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” o mejor conocidas como “Reglas Mandela”, en la que México suscribe, establecen que:

“Regla 29

1. Toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o padre en el establecimiento penitenciario se basará en el interés superior del niño. Cuando los niños puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán disposiciones para:

a) facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su madre o padre;

b) proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas.

2. Los niños que vivan en el establecimiento penitenciario con su madre o padre nunca serán tratados como reclusos”.3

En las Reglas Mandela ya viene establecido una igualdad entre ambos géneros para que sus hijos puedan quedarse con ellos y que en todo momento haya servicios especiales para facilitar dicha estancia, velando en todo momento el principio del interés superior del menor.

De esta forma se estará dando una igualdad como lo establece la misma ley e incluso nuestra carta magna y no se caería en el error de una supuesta discriminación por la falta de precisión por parte del legislador para la estancia de los hijos de los reos en los centros penitenciarios. Si bien el principal fin de las penas privativas de libertad dentro, es lograr la reinserción social del reo, hay que brindar en todo momento el respeto y el hacer valer sus derechos humanos, para que cumpla con el objetivo del centro penitenciario.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona la fracción XI del párrafo segundo del artículo 9, recorriendo las subsecuentes de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI del párrafo segundo del artículo 9, recorriendo las subsecuentes de la Ley Nacional de Ejecución Penal:

Capítulo II
Derechos y Obligaciones de las personas

Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:

I. a X. (…)

XI. Tanto hombres como mujeres pueden conservar la guardia y custodia de los hijos menores de edad, conforme a los Tratados Internacionales y normas aplicables.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Tesis Jurisprudencial, exp. 29/2015, SCJN.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=tratados%2520internacionales&Dominio=
Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=70&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionada
s=6,1,2,50,7&ID=2008935&Hit=7&IDs=2014099,2013442,2013564,2011238,2009868,2009303,2008935,2008032,2008053,200,
7717,2007672,2007427,2007533,2007239,2006224,2006171,2005946,2006053,2005551,2005400&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
&Referencia=&Tema=


2 Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016.

3 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 2015.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años México ha sido uno de los países con índices más bajos en cuanto a recaudación de impuestos, esto reflejado en el estudio “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe”, donde México ocupó la décima posición, con un nivel de recaudación del 19.5 por ciento.

Aunque la evasión fiscal no es un fenómeno propio de los países en vías de desarrollo, si es una de las principales causas  que frena el financiamiento del gasto público que a su vez se traduce en la ejecución eficiente de las funciones del Estado.

La Constitución Política señala como una obligación de los ciudadanos, contribuir al  gasto público a través del pago de impuestos, de manera proporcional a mayor cantidad de ingresos un ciudadano debe tributar más.

El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, dentro de las cuales se incorporó al Artículo 108 la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial y de intereses a los servidores públicos que enuncia el primer párrafo del mismo Artículo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, define como declarante al  servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, por lo tanto la reforma  de mayo del 2015 deja pendiente enunciar la obligatoriedad de la declaración fiscal.

Actualmente el formato para la declaración patrimonial solicita que el apartado de “ingresos anuales” este acompañado de la copia de la declaración del ISR o la constancia de percepciones y descuentos, lo cual genera la posibilidad que el declarante sin haber presentado su declaración fiscal pueda presentar su declaración patrimonial, esto genera que los servidores públicos no necesariamente cumplan en su totalidad con sus declaraciones, de ahí la importancia de que la Carta Magna, también enuncie la declaración fiscal como obligatoria.

México puede enfrentarse a los retos globales con una mejor recaudación tributaria efectiva, la presente iniciativa abona a  los mecanismos legales que contribuyan a la disminución de la evasión fiscal y abone a la correcta aplicación de las medidas en el combate a la corrupción.

Por lo expuesto, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Único: Se reforma el párrafo quinto del Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades…

(…)

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración fiscal, patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3° de nuestra Carta Magna1 determina que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, junto con los particulares que, también, podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, ambos impulsos educativos conforman el Sistema Educativo Nacional.

El Sistema Educativo Nacional está conformado por 35´745,871 alumnos. De los cuales 30´621,529 integran la Educación Básica, y 4´682,336 la Educación Media Superior. De éstos 27´198,267 están inscritos en escuelas públicas; y 3´423,262 educandos en escuelas privadas. En lo que respecta a Educación Superior suman 3´419,391. De los cuales 2´372,637 se encuentran inscritos en escuelas públicas, y 1´046,754 en Universidades privadas.2

Uno de los retos que enfrenta la Educación Superior en México, que es propósito de esta Iniciativa analizar y proponer un cambio, es la exigencia de ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más desprotegidos por lo que en un acto de equidad en la Ley General de Educación y en los acuerdos derivados de ella, se especifican los términos para que las escuelas de educación superior otorguen apoyos económicos.

Respecto a la contribución de los particulares en este esfuerzo conjunto nacional, se explica en el artículo 57 de la Ley de Educación, que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán, conforme a su fracción III, proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado.

Con base en lo anterior, se emitió el acuerdo 2793, por parte de la SEP, “Por el que se establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior”,  en éste se regula el número de becas a otorgar por parte de los particulares, siendo el cinco por ciento, del total de alumnos inscritos en planes de estudio con reconocimiento, que por concepto de inscripciones y colegiaturas se paguen durante cada ciclo escolar. Las becas consistirán en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y de colegiaturas que haya establecido el particular.

Respecto a las instituciones públicas, en los artículo 9° y 33, fracción VIII, de la Ley General de Educación se establece que el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la Educación Superior, por lo que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos4.

En este contexto, se pronunció el Acuerdo número 16/12/155 por el que se emiten “las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2016”, en este se consideran una serie de apoyos económicos para estudiantes del Sistema Educativo Nacional de escasos recursos. Respecto a los educandos que cursan la educación superior oficial, constan los apoyos en: Becas de Excelencia, Movilidad, Servicio Social, Vinculación y de Titulación, entre otros incentivos. Para los fines de esta iniciativa se hace hincapié en esta última, ésta beca se otorga a alumnos que hayan concluido sus estudios en alguna institución pública de educación superior pública del país y deban realizar su tesis de grado o cualquier otro trabajo escrito profesional que los lleve a la titulación. Los montos totales de la beca se cubren conforme a la disponibilidad presupuestal del Programa del año fiscal en curso, así como a los criterios y procedimientos para selección y asignación de la beca. La cobertura del programa es a nivel nacional de aplicación en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

De lo anteriormente explicado, se determina que la Ley General de Educación y el acuerdo 279 que norma a los particulares que imparten educación superior, exceptúan otorgar a éstos estímulos que sufraguen los pagos totales por concepto de obtención de cédula y título profesional o cualquier otra actividad que lleve a la titulación a aquellos estudiantes que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente, a diferencia esto último de la Beca o apoyo para la titulación, enmarcado en el Acuerdo 16/12/15 implementado por la Secretaría de Educación Pública en las Universidades Públicas.

Por lo antes expuesto, el espíritu de esta Iniciativa con proyecto de Decreto es proponer que las escuelas particulares que imparten educación superior otorguen estímulos de financiamiento para que aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se les sufraguen los costos para la obtención de título y de la cédula profesional.
Razonando que si el alumno que concluyó sus estudios favorablemente ya pagó inscripción, reinscripciones y colegiaturas, mismas que cada año escolar fueron en aumento, no es justo que cuando concluya sus estudios pague una vez más por un trámite tan costoso como lo es el de la obtención del título y cédula profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo debido a que las empresas solicitantes exigen título profesional y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada, por el  hecho de carecer de este documento no se le otorga la oportunidad de empleo.

Necesitamos hacer un cambio, propósito de esta iniciativa, que beneficie a los jóvenes egresados de las escuelas particulares, debido a que muchas veces esta situación frena oportunidades de empleo o el espíritu de emprendimiento del egresado por carecer de estos documentos que representan la culminación y certificación de sus estudios y esfuerzo y que, finalmente, ya ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera adicionar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta

Ley General de Educación

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I.II…

III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

SIN CORRELATIVO

 

 

 

IV. V.

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. II.…

III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

Sufragar los gastos totales para la obtención del título y cédula profesional de aquellos estudiantes de educación superior que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente.

IV. V.

En consecuencia de lo expresado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación; para quedar como sigue:

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. II…

III.- Sufragar los gastos totales para la obtención del título y cédula profesional de aquellos estudiantes de educación superior que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente.

IV. V.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Educación Pública, expedirá la modificación en la reglamentación correspondiente para la aplicación de esta norma.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.

2 Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, ciclo 2013-2014, véase http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html

3 Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 205, véase
http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO%20279%20rvoe.pdf,  10 de julio de 2000.

4 En el artículo 1° de la Ley de Educación, se especifica que la función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

5 Secretaría de Educación Pública, véase
http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Conocenos/Reglamentacion/RAcad/ProNalBecas_2016.pdf?ver=2016-01-19-124027-707






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 25 Y 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3° de nuestra Carta Magna1 determina que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

La gratuidad plasmada en el artículo 3° de nuestra Carta Magna al responsabilizar al Estado de la educación pública, laica y gratuita, fue cuestionada a finales de la última década del Siglo XX, lo que trajo consigo el impulso al establecimiento de pagos por inscripción y/o colegiaturas para los estudiantes de las instituciones públicas, o bien su incremento paulatino en aquellas que ya contaban con estos mecanismos con el fin de financiar el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES).

La tendencia mundial hacia una mayor participación en los costos de la educación superior por parte de los estudiantes y sus familias es una realidad a la cual no ha escapado nuestro país. De tal manera que muchas IES públicas han diversificado sus ingresos financieros al cobrar cuotas de inscripción, colegiaturas y servicios varios.2

La otra postura sostiene que dado el nivel de ingresos relativamente alto de los jóvenes que asisten a la universidad, mantener la gratuidad de los servicios educativos constituía un subsidio injustificado, que en los hechos transfiere ingresos hacia los sectores más pudientes…más aun, la propia crisis de financiamiento hacia la educación superior, que metió en un serio rezago a las instituciones públicas para permitir fortalecer su desarrollo en la generación de proyectos de muy diversa índole, permitió que los defensores de esta posición sostuvieran la necesidad de que los estudiantes contribuyeran económicamente con el pago de inscripción, colegiatura y servicios varios.3

Estas medidas adoptadas por algunas Universidades Públicas han traído como consecuencia que estudiantes universitarios de bajos recursos económicos abandonen sus estudios al carecer de medios; y los más afortunados, si bien les va, concluyen sus estudios para encontrarse con que tienen que pagar el costo por la expedición del Título profesional4 para ejercer su profesión, tergiversando con ello el espíritu de nuestra Carta Magna, en su artículo tercero, en donde se estipula claramente que la educación debe ser gratuita5.

Por tanto, las autoridades educativas no pueden exigir a sus educandos, ningún tipo de cobro o contraprestación por los servicios educativos que se impartan en las instituciones oficiales ya que el Estado no sólo debe permitir el fácil y libre acceso de todos los individuos al sistema público de enseñanza, sino que debe garantizar su gratuidad, destinando los fondos suficientes para impartir una educación de calidad.

Al respecto, Bazdresch menciona “…que la fracción VII, (ahora IV) del artículo 3º constitucional previene que la educación que imparta el Estado será gratuita, sin distinguir por razón de la calidad, es decir, comprende la de todos los tipos y grados, inclusive los profesionales… así facilita el cumplimiento de la obligación de recibir la educación primaria, a que se refiere el párrafo inmediato anterior y al mismo tiempo contribuye grandemente a impartir los demás grados de la enseñanza, que por su elevado costo no podrían pretender los individuos de nuestras clases asalariadas y campesinas...”6

Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta Soberanía, tiene como propósito fundamental ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más desprotegidos. Además, constituye la continuidad de la que presenté el pasado período de la LXIII Legislatura, en la cual se propuso adicionar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación. Por tanto, en esta Iniciativa me referiré a que la expedición y registro de los Títulos profesionales, sean exentos de pago alguno por parte de los egresados de las Escuelas Públicas de Educación Superior. Debido a que si el alumno ya pagó cuotas de diversa índole por cursar una carrera profesional, tenga que pagar ahora una cantidad elevada por la expedición del Título. Ya que resulta injusto que las Universidades Públicas, cobren cantidades elevadas para la obtención de este documento.

En la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, Instituciones de Educación Superior públicas catalogadas como unas de las mejores en la impartición de educación superior según el Ranking 20157, el costo que se paga es tan sólo por el puro trámite, es decir, por el registro de Título y la expedición de la Cédula Profesional ante la Secretaría de Educación Pública8, lo que refreja discrepancia respecto a los costos con otras instituciones públicas.

Por lo antes expuesto, el propósito de esta Iniciativa con proyecto de Decreto es proponer que las escuelas públicas que imparten educación superior es que aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se les sufraguen los costos totales para la obtención de título, haciendo válido con ello el espíritu de las garantías constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. Si bien, el alumno ya concluyó sus estudios favorablemente, no es justo que pague una cuota costosa por el trámite para la obtención del Título profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo, debido a que las empresas convocantes de un puesto a ocupar, exigen Título profesional y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada,  por el  hecho de carecer de este documento no se le otorga la oportunidad de empleo. Existe entonces, un círculo vicioso en donde el egresado no tiene trabajo por carecer de Título profesional; y no tiene Título Profesional porque no tiene trabajo que le ayude a generar ingresos para solventar los gastos para su obtención.

Por ello necesitamos hacer un cambio, propósito de esta iniciativa, que se beneficie a los jóvenes egresados de las escuelas públicas, debido a que muchas veces esta situación frena oportunidades de empleo o el espíritu de emprendimiento del egresado por carecer de estos documentos que representan la culminación y certificación de sus estudios y esfuerzo con que finalmente, ya ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera reformar y adicionar el primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación, a efecto de que el Estado continúe extendiendo y ampliando su apoyo hacia los sectores estudiantiles menos favorecidos social y económicamente egresados de las Universidades públicas, para pagar en su totalidad los trámites por expedición y registro del Título profesional.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

Ley General de Educación

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

 

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

 

(… párrafo 3)

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, incluyendo la expedición de título y cédula profesional. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos, cuyo registro y expedición serán gratuitos a aquellas personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

(… párrafo 3)

En consecuencia de lo expresado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación; para quedar como sigue:

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, incluyendo la expedición de título y cédula profesional. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos, cuyo registro y expedición serán gratuitos a aquellas personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

(… párrafo 3)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Educación Pública, expedirá la modificación en la reglamentación correspondiente para la aplicación de esta norma.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas.

 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.

2 Garay De, Adrián, “La Gratuidad de los Servicios Educativos para los Estudiantes”, Revista de la Educación Superior en Línea. Num. 117, UAM-Azcapotzalco.

3 Ídem, Garay De, Adrián.

4 Según el artículo 1° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.

5 …En torno al cobro de cuotas que las universidades públicas hacen a sus alumnos, problema que subsiste, desde nuestra particular opinión, hasta nuestros días, pues existen dos corrientes del pensamiento que difieren sobre el alcance de la garantías constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra carta magna, en donde algunos estudiosos nos señalan que este alcance únicamente llega a la educación primaria y secundaria, y otros, argumentan que este cobro es violatorio de nuestra Ley fundamental, en razón de que la protección constitucional sí alcanza también al servicio público de educación superior que imparten estas instituciones. Sánchez Aceves, J. Arturo, Dr., en Las Cuotas que las Universidades Públicas Cobran a sus Alumnos, Revista electrónica de Derecho, Letras Jurídicas,  ISSN 1870-2155, Número 3, Universidad de Guadalajara, p. 14, consúltese
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Iniciativas%20LXIII/INICIATIVA%20CON%20PROYECTO%20DE%20DECRETO%20POR%20EL%20
QUE%20SE%20ADICIONA%20UN%20SEGUNDO%20P%C3%81RRAFO%20A%20LA%20FRACCI%C3%93N%20III%20%20DEL%20
ART%C3%8DCULO%2057%20DE %20LA%20LEY%20GENERAL%20DE%20EDUCACI%C3%93N/ASA2006.pdf

6 Bazdresch, Luis. “Garantías Constitucionales”, 3ª edición, Ed. Trillas, México, 1986, pág. 109, citado por Sánchez Aceves, J. Arturo; Op. Cit, pág. 1.

7 El Economista, “Las mejores Universidades de México | Ranking 2015”, véase
http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-2015

8 Secretaría de Educación Pública, Requisitos Nivel Licenciatura para Mexicanos con Estudios en México, remítase a Costo del servicio por Registro de título y la Expedición de la Cédula Profesional, consúltese http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Nivel_Licenciatura






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a comparecer y rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, MARCELA TORRES PEIMBERT Y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (ISSSTE) A QUE COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS LICITACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN TODAS LAS INSTALACIONES DE ESA INSTITUCIÓN.

CONSIDERACIONES

El 24 de agosto de 2016 los suscritos Senadores presentamos ante el Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo con carácter de urgente resolución mediante el cual solicitamos se exhortara al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE para que rindiera un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de dicha institución.

Dicho documento legislativo fue turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana mismo que a la fecha, a casi un año, se encuentra pendiente de ser dictaminado.

Este documento toma relevancia nuevamente derivado una publicación periodística que ocupo primera plana del periódico Reforma y que fue replicada en diversos medios a nivel nacional bajo el título “Exhiben transas al licitar ISSSTE” en diversos diarios de circulación, en dicha publicación se señala que “dos empresas fueron descalificadas de una licitación por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 600 millones de pesos. El convenio, señala la nota periodística, era para realizar tareas de limpieza en oficinas del Instituto. En acusaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa litigios que siguen en curso, Fejastec y Ficot revelaron que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las Secretarías del Trabajo y la Función Pública…”

Además, señalaron a Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López, dirigente de una asociación sindical que pertenece a la sección 15 de la CTM, liderada por el priista Carlos Aceves del Olmo, como vinculado a empresas que acaparan los servicios de limpieza en los Gobiernos federal, de la CDMX y en la Cámara de Diputados, entre otras instituciones y entidades.

La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar documentos falsos para sacarlas de la licitación y favorecer a la empresa Imagen de Inmuebles, en participación conjunta con P&C Limpieza…

Al final de la nota, se apunta que, “El escándalo llegó al Congreso de la Unión, en donde la Comisión Permanente exhortó al director del ISSSTE, José Reyes Baeza, a que rindiera un informe de la licitación LA-019GYN005-2015, actualmente en vigor.

Los anteriores señalamientos, fueron atajados el mismo día de la publicación de la nota periodística por el Instituto, mediante un boletín para informar precisar que:

“ a).- es inexacto que el Instituto haya recibido algún exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto al tema.

b).- Sabemos extraoficialmente de una propuesta de Punto de Acuerdo que promovió el Senador Juan Carlos Romero Hicks y otros cinco senadores de Acción Nacional y que fue turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la que reiteramos no ha emergido el dictamen consecuente.

c).- A pesar de ello, el pasado mes de marzo, el ISSSTE propició un acercamiento con el Senador Romero y se elaboraron tarjetas informativas del procedimiento cuestionado por un par de empresas representadas por la directiva de CANACOPE, Ciudad de México.

d).- El procesos licitatorio data de junio de 2015 y habiendo detectado irregularidades en la documentación, el Órgano interno de Control, sancionó económicamente e inhabilito a tres empresas entre las que se encuentran FICOT y FEJASEC y ordeno la reposición del fallo.

e).- El fallo de diciembre de 2015, obedeció al sistema de acumulación de puntos y en ese sentido se realizó para garantizar la calidad en la prestación de los servicios, FICOT y FEJASTEC, no presentaron propuesta económica en virtud que ya habían sido descalificados.

f).- No responde a la realidad tampoco, las diferencias de propuestas económicas que se manejan en la nota.

g).- hemos reiterado que acataremos la decisión de los órganos competentes en las vías legales previstas, en este caso de la SFP (Secretaría de la Función Pública), comprometidos con la transparencia y el uso y destino de los recursos públicos, sin demérito de la calidad de los servicios que se presten en nuestra derechohabiencia. Por lo anterior, lamentamos que se incorporen en el manejo de la información elementos que dejan presumir conflictos de otra índole, alejados de los parámetros que la norma aplicable prescribe.” Concluye el comunicado.

Dicho lo anterior, nos permitimos entrar en materia para sustentar este documento legislativo; primeramente, resulta de gran importancia señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 134 que, “los recursos económicos de que se disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

En ese orden de ideas, el párrafo tercero del referido artículo establece que, “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen, se adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto púbicamente ,a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En alcance a lo narrado, es de notar que con frecuencia en los medios de comunicación se han realizado señalamientos derivados de la falta de transparencia en las licitaciones públicas de diversas instituciones pero particularmente hoy se hace referencia especial a la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en donde se presume existen problemas de corrupción en sus procesos, así como en el manejo de los recursos públicos.

La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), elaboró un análisis, el cual fue publicado en enero de 2016 denominado, “Mejorando la Contratación Pública en el ISSSTE para Obtener Mejores Resultados”. Pese a las recomendaciones que el propio organismo internacional le hizo al ISSSTE para optimizar sus recursos en la contratación de los servicios que requiere, se presume, persisten vicios de amañamiento, simulación, contubernio o corrupción, que además de afectar el servicio a los usuarios, lesiona gravemente a las empresas que participan en los concursos de licitación que esta institución realiza.

Como muestra de lo anterior tenemos la licitación No. LA-019GYN005-N113-2015, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, planteado para 3 años y con la contratación de 3 mil trabajadores, cuyas Bases se publicaron en COMPRANET, el día 29 de junio de 2015 y cuyo proceso de asignación se concretó el pasado 24 de diciembre, del 2016 teniendo diversos señalamientos de irregularidades y denuncias que fueron documentadas en diversas notas periodísticas, sin que hasta la fecha se hayan aclarado.

Esta licitación de inicio en sus bases de convocatoria pedía que las empresas solicitantes deberían de tener supervisores de limpieza con grado académico de licenciatura, ya de entrada este requerimiento, absurdo y no justificado, daba que pensar de un proceso turbio, amañado o como un “traje a la medida, para quienes ya había pasado por el sastre”, en fin, aun así, se registraron varias empresas para participar en esta licitación.

La información publicada, señala como responsables del mal manejo del proceso de esta licitación, a funcionarios que estuvieron a cargo de ella; ya sea para favorecer o afectar a las empresas que participaron en el proceso, en donde se presume que pudieron dar origen al cobro de comisiones ilícitas por sus acciones, lo cual hicieron aprovechándose de la ausencia del titular, luego del fallecimiento del entonces director, Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, la gravedad de los actos fraudulentos fue del conocimiento del actual director, José Reyes Baeza Terrazas, quien tomó el cargo del Instituto el 27 de agosto del 2015.

Dichas publicaciones señalan que las irregularidades para la asignación de contratos, alcanzó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes, al parecer en contubernio, con los funcionarios del ISSSTE y a través de la emisión de oficios legalmente inexistentes de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS), descalificaban arbitrariamente a los licitantes. Al parecer con el propósito de excluir a las empresas que no estaban arregladas con los funcionarios favorecidos. En esta licitación estuvieron directamente involucrados en el proceso, su desarrollo y conclusión, entre otros el entonces encargado del despacho del Director General fallecido, de nombre Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, el director de administración del ISSSTE Juan Nazario Ahuatzin Ponce, la Sub directora de recursos materiales Adriana Saucedo Saucedo y la Lic. Aquilina Pérez Sánchez, entonces Subdelegada Federal del Trabajo en el Distrito Federal, así como funcionarios del Órgano Interno de Control en el ISSSTE y el Titular Francisco Gómez Milla .

Aunque esta licitación en principio fue cancelada, y se supone pretendían hacer una asignación directa, después por resolución de una inconformidad interpuesta en contra de la cancelación, se ordenó la reposición del fallo, la cual se concretó, “convenientemente” el día 24 de diciembre del año 2015, fecha en la que adjudicaron el contrato por un monto de $ 671,549,855.00 pesos a la empresa ,” IMAGEN DE INMUEBLES ,S.A. de C .V. en participación conjunta con P&C LIMPIEZA, S.A. DE C. V., que había concluido en el último lugar en precio, misma que no cumplía con los requisitos de la Convocatoria, no tenía experiencia en limpieza hospitalaria, y que ofertó (y está cobrando) $ 154 millones 662 mil 022 pesos, arriba de la propuesta económica más baja que fue de $516,888,000.00 millones de pesos y que contaba con experiencia en la prestación de estos servicios, ofertada durante el proceso de licitación.

De las 10 empresas que participaron, rechazaron a 5 y las otras 4 obtuvieron una calificación baja y parcial en los puntos y porcentajes.

Resulta inexplicable que la empresa adjudicada que fue la que ofertó el precio más alto de las 10 propuestas presentadas, haya sido favorecida con un contrato de más de seiscientos millones de pesos, sin experiencia previa alguna en este tipo de servicios. Pareciera que tuvo mayor peso el hecho de que las empresas ganadoras tienen relación con el líder sindical de la sección 15 de la CTM y que se dice acaparan los contratos de limpieza en varias dependencias y entidades del gobierno federal y del gobierno de la CDMX.

No se puede permitir que un servicio especializado y tan delicado como lo es la limpieza de nuestros hospitales públicos quede en manos de personal sin capacitación; los riesgos sanitarios podrían inclusive causar el deceso de algunas personas o contraer enfermedades graves, por el mal manejo de los desechos.

Derivado de este proceso irregular de contratación, varias empresas se inconformaron, algunas de ellas resultaron sancionadas bajo argumentos falsos, el órgano interno de control en el ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública tiene constancia de ello.

El manejo discrecional en la licitación, llevo a la descalificación de las Empresas FEJASTEC, S.A, y FICOT, S.A. bajo el argumento de que presentaron un documento falso, lo que llevó a no solamente descalificarlas, sino al extremo de acusarlas de presentar documentos falsos, por lo cual fueron inhabilitadas, por dos años medio y una multa por más de un millón de pesos.

Las empresas afectadas alegan que no obstante que demostraron que los oficios presentado, no eran falsos y que fueron obtenidos en la Secretaría correspondiente, lo cuál que obraba en expedientes, se dio una “misteriosa” desaparición de los expedientes en sus archivos, y así todos los argumentos fueron desechados, lo que ha ocasionado, pérdidas de empleos, y daños económicos que han puesto a punto de la quiebra a las empresas referidas.

Aunque tenemos evidencias que las empresas que participaron y perdieron la licitación, presentaron demandas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quejas ante el Órgano interno de control del ISSSTE, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo Titular es Patricia I. Pedrero Iduarte , así como denuncias en la Secretaría de Función Pública, tal parece que sus quejas y alegatos no prosperaron , ya que en su mayoría, fueron considerados improcedentes, no obstante que estaban fundados y motivados, o aún no se resuelven, dilatando su resolución, en pocas palabras, no han tenido acceso a la justicia pronta y expedita a la que tienen derecho.

De lo anteriormente señalado en el cuerpo del presente texto legislativo, parece indicar y sospechar que las propuestas desechadas, las bajas puntuaciones y las sanciones impuestas a los participantes en este proceso, son parte de un entramado que justifica la asignación del contrato a una empresa para obtener el resultado deseado, mismo que de manera legal, no se podría haber obtenido.

A pesar de haberse publicado una serie de informaciones en diversos medios de información que apuntaban a irregularidades en la asignación de la licitación, José Reyes Baeza Terrazas no corrigió, ni atendió los reclamos. Incluso, a las reiteradas solicitudes de audiencia solicitadas por los directivos de FEJASTEC SA DE CV y FICOT SA DE CV, no fueron atendidas.

Pese a las denuncias realizadas por FEJASTEC y FICOT, no se conoce que exista procedimiento del OIC de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para investigar las acciones ilegales establecido por el personal de la Subdelegación de la Secretaría de Trabajo que sustituyeron las funciones de la Dirección de Inspecciones y la emisión de oficios de cumplimiento y no cumplimiento de las NOMS, durante los años del 2013, 2014 y gran parte del 2015 lo cual, configura un delito.

Es de suponerse la existencia de una red de corrupción entre funcionarios públicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el ISSSTE, la indiferencia de la Secretaría de la Función Pública y líderes sindicales del gremio de los servicios de limpieza, que se valieron de trámites e influencias para competir de manera desleal y bajo procedimientos ilícitos.

Finalmente es conveniente señalar que hace algunos días hubo una nota en un diario que hacía referencia a este asunto, este punto de acuerdo se presentó el día 26 de agosto del 2016 , la Comisión permanente en ese entonces no tuvo tiempo de dictaminarlo y lo envío a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en donde a la fecha se encuentra sin ser dictaminado, el ISSSTE emitió un boletín en referencia al mismo, en ese boletín comentan que lamentan “que se incorporen en el manejo de la información, elementos que dejan presumir conflictos de otra índole, alejados de los parámetro que la norma aplicable prescribe”, en virtud de lo confuso críptico del mensaje, el señor Baeza debe acudir a explicar a qué se refiere y también a dar una explicación de un proceso licitatorio que fue al parecer todo, menos apegado a la legalidad.

Así por lo anteriormente fundado y motivado bajo el contexto de señalamientos por falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que comparezca y rinda un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en los hospitales, oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades médicas, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Escuela de Dietética y Nutrición en la Ciudad de México y su zona Metropolitana de esa institución y rescinda el contrato derivado de la licitación No.019GYN005-N113­-2015,actualmente en vigor.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para que rinda un informe a esta soberanía de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en la Secretaría del trabajo y Previsión Social, sobre este caso en particular de la licitación referida.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que rinda a esta soberanía un informe sobre la actuación de sus funcionarios en relación con la emisión de los oficios de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en particular, sobre la Lic. Aquilina Pérez Sánchez.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública a que investigue y audite el desempeño de los Titulares de los órganos internos de control del ISSSTE y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este asunto.

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública a que remita a esta soberanía un informe fundado y motivado en el cual se detallen las razones por las cuales el Órgano Interno de Control sanciono económicamente e inhabilitó a las empresas FEJASTEC, FICOT y Mantenimiento ROC S.A. de C.V. durante el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.






De los Senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a las Legislaturas locales de Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas correspondientes a fin de crear el marco legal de los Sistemas Locales Anticorrupción. Se turna a la Primera Comisión.

Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, desde su constitución como Nación independiente, la corrupción de los funcionarios ha dañado la imagen de las instituciones públicas y la credibilidad de los ciudadanos en los gobernantes.

Se trata de un fenómeno multifacético, cuyas consecuencias repercuten en todos los ámbitos de manera severa; disminuye los ingresos públicos, los cuales pueden ir destinados a bienes y servicios esenciales del país, tales como salud, educación, vivienda y bienestar social; asimismo, reduce los niveles de crecimiento económico y empleo en el sector privado y público, lo que agrava la pobreza y la desigualdad social, dañando también los procesos de inversión económica.

Afrontar este problema en todos los niveles de gobierno, más que una moda discursiva, es una tarea urgente y necesaria. Se debe perseguir la corrupción cometida por cualquier persona sin importar que sea servidor público o particular, así como toda conducta vinculada con hechos de corrupción en perjuicio del patrimonio del Estado.

Como parte del reclamo social contra actos deshonestos de quienes entienden el servicio público como el sendero más corto a la riqueza y un trampolín para servirse de la sociedad y no servir a ella, es que cobró fuerza el diseño institucional del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, el cual encontró sustento legal, en una serie de adiciones, reformas y derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la modificación y expedición de reglamentos secundarios, que en conjunto, obligaron a la federación y a la entidades federativas, a armonizar el marco legal con la finalidad de tener herramientas instituciones y jurídicas capaces de enfrentar al cáncer de la corrupción.

Basta recordar que el 27 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. En el artículo segundo transitorio de dicho Decreto, señala que el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, deberá aprobar las leyes generales que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, de igual forma debía expedir la ley general que distribuyera competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.

El artículo cuarto transitorio del multicitado decreto, estableció que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, deben, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere segundo transitorio.

Como parte de este proceso legislativo, el 18 de julio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron una serie de decretos que cumplían y complementaban el mandato constitucional antes señalado, a saber:

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción;

• Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal;

• Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y

• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Particularmente en este último Decreto, en el artículo segundo transitorio, se estableció que dentro del año siguiente a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

A pasado un año, se ha cumplido el plazo, y parece que esta responsabilidad, pese a la importancia del tema, fue un llamado a misa para las autoridades locales. Al día de hoy, son siete entidades que no han cumplido a tiempo con la creación de las leyes de sus Sistemas Locales Anticorrupción, éstas son: Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.1

En el caso de Chihuahua y Veracruz, no se han aprobado aún las reformas constitucionales que dan paso a la creación de las leyes para el funcionamiento del Sistema local Anticorrupción. Por su parte, Baja California, Colima, Jalisco, Tabasco y Tlaxcala, no cuentan con la ley local en materia de Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y del Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de ya haber reformado su Constitución.2

Esto sin considerar que tal y como lo han señalado diversos especialistas en la materia u organizaciones de la sociedad civil que han participado como observadores en la configuración del Sistema Anticorrupción, llevar las reformas legales al plazo límite, implica que las legislaturas de los estados no aplicaron normas de Parlamento Abierto e impusieron procedimientos contrarios a los establecidos en la Ley marco.

Por eso, es necesario que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a los gobiernos estatales y a las Legislaturas locales de Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, a que en el ámbito de sus respectivas competencias y en pleno cumplimiento a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, realicen las reformas constitucionales, expidan las leyes y hagan las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de crear el marco legal de los Sistemas Locales Anticorrupción.

Apremia que en el país impere la vocación de servicio público, esto es, el compromiso donde el funcionario tenga la disposición de servir a la colectividad y no servirse de ésta, para lo cual, hay que generar códigos y actitudes de comportamiento en el campo donde despliega su labor, los cuales deben estar marcados por una gama de valores que orienten la función como: la vocación de servicio, la honestidad, la responsabilidad, la pulcritud, el decoro y la transparencia.

Derivado de lo anterior, someten a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas a los gobiernos estatales y a las Legislaturas locales de Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, a que en el ámbito de sus respectivas competencias y en pleno cumplimiento a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, realicen las reformas constitucionales estatales, y hagan las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de crear el marco legal de los Sistemas Locales Anticorrupción.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. David Monreal Ávila.

1 Martínez, Martha. “Incumplen estados con Anticorrupción”, REFORMA, 17 de julio de 2017. [Consultado el de julio de 2017]. Disponible en:http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=
1163859&md5=2bd0ffc1ce5096a307404f8e7a837d74&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5= c04b7ec6ca65affe997aac51be19ab25

2 Ibídem.






Del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y estatales a garantizar los derechos culturales y territoriales, así como la seguridad del pueblo wixárika. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN DE CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES Y TERRITORIALES, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PUEBLO WIXÁRIKA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La comunidad wixárika integrada por pueblos indígenas asentados principalmente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas ha padecido a lo largo de la historia de nuestro país, y particularmente en los últimos lustros, una grave escalada de violencia y hostigamiento debido a que son poseedores de una gran cantidad de territorios enclavados en la Sierra Madre Occidental, mismos que son objeto de continuas invasiones ilegales, debido tanto a las riquezas naturales que contienen como a su ubicación estratégica en el territorio nacional.

Actualmente, la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, del municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrenta alrededor de 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoriada el 22 de septiembre del año pasado, lograron recuperar 184 hectáreas de las 10 mil que están conflicto.

Desde hace varios años, estas tierras han sido ocupadas por ganaderos nayaritas, que a pesar de las resoluciones judiciales, se han negado sistemáticamente a desalojarlas. Esta resistencia ha generado un ambiente de tensión entre la comunidad indígena wixárika y los ganaderos, al punto en que la comunidad indígena, en el marco de sus acciones de resistencia, llegó a bloquear caminos y retener por algunas horas a varias personas, con la finalidad de promover la apertura del expediente de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya función es intervenir en estos conflictos, mediando entre las partes y en su caso aportando una compensación económica a los afectados.

La puesta en marcha de estos programas federales resultan primordiales, ya que la ejecución de la primer sentencia sobre este litigio generó severos conflictos en la zona, ya que mediante ella se recuperaron los Bola Negra y Piedra Bola, mismos que se ubican en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, que además de considerarse una de las zonas ganaderas más importantes de la entidad, está siendo actualmente ocupado por ganaderos de la región, lo que ha llevado a que no cumpla dicha sentencia y a que no se avance en el resto de juicios pendientes.

En efecto, el Tribunal Unitario Agrario 46, en donde se resuelve el litigio por el conflicto en torno a las 10,000 hectáreas del pueblo wixárika, tiene 25 juicios pendientes por dictaminar, y 15 juicios resueltos por 3,000 hectáreas, de los cuales sólo ha sido ejecutado el relativo a los predios de Bola Negra y Piedra Bola por 184 hectáreas, quedando aún 14 por ejecutar.

Es debido a la situación de conflicto que se describe anteriormente, que constituye un deber primordial de esta Soberanía exhortar a todas las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se brinde seguridad y certeza jurídica a las sentencias correspondientes, de forma que la comunidad wixárika no vea cancelada la vía institucional como método para resolver este conflicto histórico.

En este contexto, la tensión entre la comunidad indígena wixárika y los ganaderos en posesión ilegal de territorio indígena, ha ido creciendo a partir de la única restitución que en cumplimiento de sentencia del Tribunal Agrario se ha materializado, mientras las autoridades estatales no han sido capaces de garantizar la seguridad pública en la región y la integridad de los habitantes.

Lamentablemente el sábado 20 de mayo de 2017 dos líderes indígenas y protagonistas de la defensa legal y restitución de tierras fueron cobardemente asesinados:

Asesinan al líder huichol Miguel Vázquez y a su hermano en Jalisco1

Personas con armas asesinaron el sábado pasado al líder comunal huichol Miguel Vázquez, ex presidente del comisariado de los bienes comunales en San Sebastián Teponahuaxtlán y defensor de las tierras ancestrales huicholas, y a su hermano Agustín Vázquez Torres. Los crímenes ocurrieron en la Delegación de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños.

“De las primeras indagatorias, se desprende que los agresores pertenecen a una célula delictiva que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas”, indicó la Fiscalía de Jalisco, en un comunicado.

“Las primeras diligencias señalan que el hombre de 30 años fue baleado por varios sujetos quienes se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Tacoma. El herido fue trasladado al centro de salud, donde pereció. Al sitio arribó su hermano, de 40 años, quien fue victimado a tiros por los agresores de su consanguíneo, cuando salía de dicho sanatorio”, agregó.

Los trágicos asesinatos de los hermanos Vázquez Torres se inscriben por lo tanto en un patrón de indiferencia e indolencia sistemática del Estado en sus tres niveles de gobierno, ante la escalada de violencia y los atentados a los derechos humanos padecidos por la comunidad wixárika.

II. Sensibles y conscientes de la tensión que se vive en dicha región, el pasado 14 de febrero de 2017, los Diputados de Movimiento Ciudadano presentamos ante el pleno de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, mismo que fue aprobado, exhortando tanto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como a los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Nayarit, en los siguientes términos:

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad ponga en operación el Programa de Atención de Conflictos en el Medio Rural, a efecto de buscar la suscripción de un Convenio de Finiquito, que ponga fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras.

SEGUNDO. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas, que se encuentran en disputa por los predios Bola Negra y Piedra Bola, ubicados en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.2

Sin embargo, hasta la fecha presente no se ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades federales y estatales a las que se dirigió el exhorto de urgente u obvia resolución, lo que deja en evidencia la idiferencia y la falta de responsabilidad con que éstas se han conducido en un tema tan sensible.

Esta omisión, en efecto, no puede desvincularse de las trágicas muertes de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad indígena Wixárika, reconocidos por su activa promoción de los derechos indígenas y defensa legal de sus tierras.

Ante los hechos anteriores, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresó su solidaridad con el pueblo wixárika presentando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 30 de mayo, un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales de primer nivel, para que, en coordinación con las autoridades del Estado de Jalisco y Nayarit, emprendan las acciones que corresponden a sus facultades para la restitución de la paz pública y el Estado de derecho en la región habitada por la comunidad Wixárika, así como para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas. Este punto de acuerdo fue aprobado el día 14 de junio, en el siguiente tenor:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato de los defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres y exhorta respetuosamente a las autoridades competentes realicen una investigación para esclarecer el caso, dar con los responsables y respondan ante la justicia. Asimismo, exhorta a los gobiernos constitucionales de los Estados de Jalisco y Nayarit para que, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas para garantizar la seguridad de las personas derivado del conflicto de posesión de tierras en la comunidad Wixárika.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones que ha realizado en torno al conflicto de posesión y restitución de tierras en la comunidad Wixárika.3

Al igual que el primer punto de acuerdo mencionado, éste no ha tenido respuesta de parte de las autoridades involucradas, quedando pendiente de manera notable las garantías de seguridad y certidumbre de la comunidad wixárika, que hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad y exposición a la violencia, además de no contar con certeza para que se puedan resolver y ejecutar los juicios agrarios pendientes para la restitución de sus tierras.

III. El asesinato de los hermanos Vázquez Torres es la última y más grave expresión de una escalada de violencia sobre la que hemos alertado insistentemente, por lo que consideramos que estamos ante una gravísima falta del Estado como garante de la seguridad más elemental de la ciudadanía, así como ante una grave ausencia de los poderes ejecutivos de Jalisco y Nayarit para dar certeza jurídica y seguridad a los habitantes.

Es importante destacar que el 28 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), emitió la Recomendación 31/17, dirigida a las y los regidores del Ayuntamiento de Bolaños, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Fiscal Regional del Estado, al Secretario de Desarrollo Social del Estado, al Subsecretario de Asuntos del Interior, al Director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, al Presidente Municipal de Mezquitic, a la LXI legislatura del Congreso del Estado, a los presidentes municipales que resulte necesario, y a las autoridades tradicionales de las comunidades wixáritari de Tuxpan y San Sebastián Teponahuaxtlán, por la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica por indebido cumplimiento de la función pública.

En dicha Recomendación la CEDHJ señala que la seguridad pública en dicha región no ha sido garantizada ni por las autoridades estatales ni por las municipales:

«En estas comunidades no se ha logrado garantizar la seguridad pública, ni con la presencia de policías del Estado, ya que hasta antes de este hecho acudían esporádicamente sin lograr brindar la seguridad integral que el pueblo requiere. Lo anterior tiene relevancia en el caso del asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ya que de inicio nos encontramos en una comunidad wixárika, que aun siendo de las más cercanas a cabeceras municipales, se encuentra indefensa ante las amenazas de grupos al margen de la ley. Esta Comisión estima que la capacidad de fuerza de seguridad pública del municipio de Bolaños es insuficiente para atender las necesidades de su amplio territorio. En este caso, el Gobierno del Estado debe actuar de forma solidaria considerando que ya tenía conocimiento de la situación de inseguridad en la zona, y si bien ya había iniciado acciones para atender esa demanda social, no se alcanzaron a concretar las garantías suficientes para evitar hechos como los aquí documentados.4»

Asimismo, el Ombudsman jalisciense determinó que los asesinatos de los hermanos Vázquez Torres, acreditados por él mismo como promotores y defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas, constituyeron un «hecho victimizante» que no puede ser excusado en la presencia de supuestos grupos ilegales en la zona, «ya que, como se ha mencionado, el deber de garantizar la seguridad pública es una obligación del Estado»:

«…esta defensoría concluye que se está ante un hecho victimizante, al tratarse de una actuación omisa, imprudente e irregular cometida en agravio no sólo de los deudos de las dos víctimas directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las comunidades wixaritari, por lo que en la reparación integral del daño deberán tener en cuenta a ese conjunto de víctimas indirectas, ya que este hecho ha generado sufrimiento y preocupación en las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, considerando que todos tienen en común el amor y las acciones de defensa de la tierra y que fueron precisamente acciones de defensa de Tatei Yurienaka (madre tierra) las que se identifican como las directamente relacionadas con el ataque a Miguel.5»

Finalmente, entre otras instancias, la CEDHJ recomendó a la Fiscalía Regional del Estado, para que:

«Instruya a los agentes del Ministerio Público responsables de investigar el homicidio de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, que realicen las diligencias necesarias para acceder a la verdad y se juzgue y sancione a los responsables. Su actuación debe estar orientada bajo los principios de máxima diligencia, con un enfoque diferencial y especializado desde la perspectiva de un pueblo indígena, debiendo aplicar al efecto el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas”. Se hace énfasis particular en tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de criminalización y agotar como primera línea de investigación el trabajo que ambos realizaban como promotores de derechos y defensores de su comunidad.6»

Hoy, la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán exige, con razón, el cumplimiento de las sentencias que les restituyen sus tierras y el avance en la resolución del resto de juicios, que se encuentran detenidos por la situación de violencia e incertidumbre, y exigen también que existan garantías de seguridad para que se puedan ejecutar estas sentencias sin violencia y sin represalias, y se puedan restituir cabalmente su derechos sobre el territorio.

Sin embargo, dado el historial de omisiones e indolencia del Gobierno del Estado Jalisco hacia las comunidades wixáritari, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, consideramos urgente y necesario que esta Soberanía eleve su voz en defensa de los pueblos indígenas de Jalisco, para que no sólo sean atendidas a cabalidad las recomendaciones de la CEDHJ, sino también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano asegure finalmente la restitución de tierras a las comunidades, y para que las instancias competentes del Gobierno Federal, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, garanticen la seguridad de las comunidades wixaritari y reestablezcan el Estado de derecho para la pronta resolución ejecución de las sentencias de restitución de sus tierras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, emprenda de manera urgente las acciones que sean necesarias para garantizar la seguridad y el Estado de derecho en torno a los juicios agrarios que sostiene la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, con el objetivo de asegurar la integridad física de los miembros de esta comunidad y generar condiciones de certidumbre para la resolución y ejecución de las sentencias de restitución de tierras.

SEGUNDO. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a que acelere la investigación por los homicidios de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, y haga públicas las acciones emprendidas para garantizar la protección de sus familiares y los integrantes de la comunidad.

Igualmente, se le exhorta a que a que atienda totalmente las recomendaciones que le corresponden, derivadas de la Recomendación 21/17 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a que agote a cabalidad la línea de investigación establecida en la misma y a que deslinde a la brevedad las responsabilidades correspondientes.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad realice las acciones necesarias para asegurar la restitución de tierras a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en los términos de las sentencias dictadas por el Tribunal Unitario Agrario 56. Así mismo, se le exhorta a contemplar en su proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, los recursos financieros necesarios para ejecutar los 14 juicios resueltos que le restituyen al pueblo wixárika alrededor de 3,000 hectáreas y los 25 juicios pendientes de dictaminar que les restituyen alrededor de 7,000 hectáreas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

4 « Síntesis de la Recomendación 31/17», CEDHJ, 28 de junio de 2017,
http://cedhj.org.mx/boletines/2017/Bolet%C3%ADn%2087-17.pdf

5 Ídem.

6 Ídem.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con  punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a incrementar las campañas informativas a la ciudadanía sobre el consumo de los productos milagro y las consecuencias que tienen en la salud de las personas. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a enviar un informe respecto de las causas del mal desempeño de esa entidad en la Olimpiada Nacional 2017. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud Estatal de Sinaloa a informar sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el Anexo 30. Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, destinado al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el diseño de la propuesta del presupuesto que se ejercerá el próximo año, considere la importancia de favorecer los gastos destinados a infraestructura, que permita terminar obras ya iniciadas en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje en los hogares y plantas de tratamiento de aguas residuales para reinsertar el agua al medio ambiente con la mejor calidad posible. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A QUE EN EL DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO QUE SE EJERCERÁ EL PRÓXIMO AÑO, CONSIDEREN LA IMPORTANCIA DE FAVORECER LOS GASTOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA TERMINAR OBRAS YA INICIADAS EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN LOS HOGARES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA REINSERTAR EL AGUA AL MEDIO AMBIENTE CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dos de los retos generacionales más importantes que marca la agenda pública mexicana son revertir la desigualdad social y asegurar un manejo de nuestros recursos naturales más responsable, justo y en beneficio de la nación. Estos, se conjugan de manera indignante cuando contrastamos las condiciones en que la naturaleza ha distribuido el agua en nuestro territorio, frente a los saldos pendientes que marca el desarrollo de infraestructura para que su distribución alcance a cada hogar del país.

El saldo de dicha comparación, marca un déficit indiscutible que en Chiapas profundiza la indignante desigualdad social que prevalece en el país. Ello, debido a que nacionalmente “el 50 % del escurrimiento anual total se concentra en los ríos más caudalosos ubicados en el sureste del país, cuya región hidrológica comprende sólo el 20 % de la superficie total del territorio”1.

En consecuencia, la región hidrológico administrativa número 11, integrada por Chiapas y Tabasco, concentra los mayores registros de agua y precipitación pluvial del país2 pero Chiapas tiene una de las poblaciones con menos acceso a agua potable y entubada en todo el país, con menos infraestructura de drenaje y con menos posibilidades de reinsertar de manera responsable las aguas residuales al medio ambiente.

En este sentido, el sistema de Estadísticas CENSALES a escalas GEOELECTORALES del IFE e INEGI con referencia al censo de población y vivienda 2016, indica que sólo el 33.33% de las viviendas particulares habitadas en Chiapas cuentan con servicios completos de agua entubada; el 41.67% de este tipo de viviendas cuenta parcialmente con servicios de agua; el 16.66% cuenta con servicios intermitentes, deficientes o sin cobertura total de agua entubada, y el 8.33% de las familias chiapanecas no cuentan con este tipo de servicios. Aunado a estas cifras, debe agregarse el dato sobre los hogares que además de no contar con agua en sus domicilios, las fuentes en las que se abastecen de este preciado líquido comunidades enteras, no alcanzan los estándares mínimos de potabilidad impactando en la salud de miles de mexicanas y mexicanos que habitan en la región más rica en recursos hidrológicos del país.

Por otra parte, también existe en el país, específicamente en el estado de Chiapas, un saldo negativo en cuanto a la disponibilidad de servicios de drenaje y mecanismos ambientalmente responsables que permitan disminuir los riesgos sanitarios de las comunidades y reintegrar el agua al medio ambiente en las mejores condiciones posibles, mediante plantas de tratamiento de aguas residuales.

Así, en el estado de Chiapas, la información que arroja el sistema de Estadísticas CENSALES a escalas GEOELECTORALES del IFE e INEGI con referencia al censo de población y vivienda 2016, indica que sólo el 50% de las viviendas particulares habitadas en Chiapas cuentan con servicios completos de drenaje; el 16.67% de este tipo de viviendas cuenta parcialmente con servicios de drenaje; el 25% cuenta con servicios intermitentes, deficientes o sin cobertura total de agua entubada, y el 8.33% de las familias chiapanecas no cuentan con este tipo de servicios.

Ante la situación, la sociedad chiapaneca, gobiernos municipales, el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno de la república han realizado esfuerzos para intentar mejorar la condición de vida de miles de personas, tanto en disponibilidad de agua potable en los hogares como en el establecimiento de servicios de drenaje y la construcción de plantas de tratamiento.

Sin embargo, en ocasiones, la falta de sensibilidad en las oficinas encargadas de dar seguimiento y continuidad a las obras de infraestructura hidrológica, que para estos efectos requieren de varias etapas, se retrasan en las acciones de coordinación y toma de decisiones orientadas a terminar los trabajos iniciados y garantizar la disposición de agua potable, en los hogares mexicanos y la reintegración del agua utilizada en las mejores condiciones medioambientales posibles. Estas situaciones, llegan a prolongar durante años la consecución de los objetivos y, en ocasiones, haciendo inútil la reanudación de las construcciones, debido a factores externos que con el tiempo causan daños en lo que se avanzó pero no se terminó.

Un ejemplo de este tipo de dinámicas se encuentra en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde se concluyó la primera etapa de construcción de la infraestructura hidrológica requerida por sus habitantes pero no se tiene certidumbre sobre el comienzo de la segunda etapa que contempla contar con drenaje y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Por lo anterior, resulta necesario hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entre sus consideraciones durante la integración de la propuesta del presupuesto que se ejercerá en 2018, considere la importancia de cerrar ciclos de obra hidrológica que permitan el acceso a agua potable y drenaje en los hogares, así como la posibilidad de reinsertar el agua al medio ambiente con mayor responsabilidad y mejor calidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, a que en el diseño de la propuesta del presupuesto que se ejercerá el próximo año, consideren la importancia de favorecer los gastos destinados a infraestructura que permita terminar obras ya iniciadas en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje en los hogares y plantas de tratamiento de aguas residuales para reinsertar el agua al medio ambiente con la mejor calidad posible. Tal y como ejemplifica la necesidad descrita para la culminación de la segunda etapa de construcción de infraestructura hidrológica en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Elena Orantes López.

1 Amelia Reyes Martínez y María Luisa Quintero Soto, Problemática del agua en los distritos de riego por bombeo del estado de Sonora, Revista Digital Universitaria, 10 de agosto de 2009, vol.10, No.8 Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art51/int51-1.htm

2 Informe: Situación de los recursos Hidricos 2, publicada por la CONAGUA y disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para remitir a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado  de la República y de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas del congreso del estado de Michoacán, la declaración del Congreso Indígena de ese estado para que las peticiones ahí emitidas sean atendidas. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Chiapas a redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones  de la infraestructura educativa en el estado de Chiapas. Se turna a la Segunda  Comisión.

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A REDOBLAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. DE IGUAL MANERA, AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE EN LOS AVANCES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO, INFORMEN SI ESTÁ PREVISTA LA ATENCIÓN DE MEJORAS A LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS QUE, COMO EN EL CASO DEL PLANTEL 243 DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CARECEN DE SERVICIOS BÁSICOS. Asimismo para que en caso de no tener prevista atención alguna en este rubro, se considere tenerla, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

En el estado de Chiapas, todos los mexicanos tenemos una deuda histórica emanada de la desigualdad social y las carencias económicas que prevalecen, a pesar de la riqueza que representa al país en cuanto a recursos naturales. Ello, ha impactado en el desarrollo del capital humano, generando uno de los retos más alarmantes que tiene México, al considerar los altos porcentajes de la población chiapaneca que se encuentra al margen de los servicios públicos que deben brindar las instituciones de la República.

En este sentido, la educación es uno de los rubros más afectados por dicha realidad y se refleja en los escases de recintos adecuados para impartir clases, la falta de herramientas para educar, los bajos salarios de los profesores y condiciones adversas para que los alumnos no tengan que abandonar sus estudios para ir a trabajar.

En consecuencia, podemos observar como la tasa de terminación de estudios, baja en casi una cuarta parte de la primaria (90 al 100%) a la secundaria (77.8% a 82.3%), disminuyendo drásticamente al llegar a la educación media superior en la que la tasa de terminación es del 50% de acuerdo con datos del gobierno federal. Así, mientras que hay una matrícula de primaria que ronda los 780 mil estudiantes, en secundaria se reduce a 312 mil y en las instituciones de educación media superior se atiende a alrededor de 231 mil 362 personas1.

Por todo lo anterior, el fortalecimiento de las condiciones e infraestructura en la que cientos de miles de chiapanecos y chiapanecas intentan construir un futuro, a través del estudio, debe ser una de las prioridades más importantes en el país. Ello, debido a que la deserción o la falta de una educación de calidad impacta a todas las áreas de la economía nacional y local y repercute en todos los espacios de la vida social de nuestra nación.

En atención a esta prioridad, el Estado Mexicano ha desarrollado diversos intentos por fortalecer cada una de las etapas y brindar a la juventud mexicana posibilidades para forjarse un futuro. Entre estos esfuerzos podemos encontrar al sistema de colegios de bachilleres.

En este orden de ideas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, organismo público descentralizado, se creó mediante el decreto de julio de 1978 para brindar estudios de bachillerato a quienes desean terminar o iniciar su formación en educación media superior, ofreciendo modalidades escolarizadas y no escolarizadas que contribuyan en el proyecto de vida de miles de chiapanecos.

Desde su fundación, esta instancia de educación media superior ha pretendido operarse con “una estructura administrativa especial, en forma descentralizada y paralela a las instituciones oficiales”2 logrando que hoy tenga presencia en 104 municipios chiapanecos, a través de 331 planteles3.

Desafortunadamente, problemas administrativos de diversa índole han propiciado que el desarrollo de nuestras instancias escolares, incluso en el sistema de bachilleres, tenga crecimientos y apoyos desiguales de manera tal que existe un contraste inaceptable entre seis planteles que han obtenido certificaciones, cuatro que están en vías de obtenerlas y el resto de los planteles. Entre estos últimos, existen casos tan dramáticos como el que vive la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres, plantel 243. Este plantel, por ejemplo, se ubica en el ejido Ángel Albino Corzo (antes Guadalupe), municipio de Copainalá, al noroeste del estado de Chiapas, carece de luz, drenaje, agua entubada y se encuentra en un terreno de difícil acceso por lo menos en 500 metros a la redonda.

Si bien es deseable lograr el reconocimientos y certificaciones, lo más prioritario debe ser mantener un estándar mínimo de calidad y condiciones en las instalaciones que permitan mejorar los niveles, disminuir la deserción y ampliar la oferta educativa. Sin embargo, en las condiciones descritas resulta imposible aspirar seriamente a esas tres metas.
En consecuencia, esta propuesta pretende exhortar al Gobierno de la República y al Gobierno de Chiapas a redoblar los esfuerzos por generar condiciones aceptables en la infraestructura educativa y llevar a cabo los mecanismos correspondientes para que espacios educativos como el plantel 243 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, sean considerados para realizar mejoras en infraestructura educativa.

Por lo anterior proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República y al Gobierno del Estado de Chiapas a redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en el estado de Chiapas.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas para que en los avances del ejercicio del presupuesto programado, informen si está prevista la atención de mejoras a los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas que, como en el caso del plantel 243 del municipio de Copainalá, carecen de servicios básicos. Asimismo para que en caso de no tener prevista atención alguna en este rubro, se considere tenerla.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Elena Orantes López.

1 Estadística del sistema educativo Chiapas Ciclo 2015-2016, publicada por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_07CHIS.pdf

2 Véase el decreto número 133 del 31 de julio de 1978, emitido por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, disponible en:
http://docs.wixstatic.com/ugd/99568a_d25f6ab9e8124d198c657cca96687df1.pdf






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar, en un plazo de dos meses, un plan de trabajo que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-024-AMBT-2013) se implemente de manera adecuada por la ciudadanía. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS FACULTADES, PRESENTE A ESTA SOBERANÍA, EN UN PLAZO DE DOS MESES, UN PLAN DE TRABAJO QUE DETALLE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES QUE PUDIERAN APLICARSE PARA QUE LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (NADF-024-AMBT-2013), se implemente de manera adecuada por la ciudadanía, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ciudad de México (CDMX) es una de las más pobladas del mundo, con cerca de 10 millones de habitantes, a los cuales se suman alrededor de 11 millones de su área conurbada. Esta inmensa población no sólo consume una gran cantidad de productos sino que requiere de una amplia variedad de servicios que incluyen una avanzada infraestructura urbana así como nuevos comercios e industrias. Dicha situación deriva en un incremento progresivo en la generación de residuos sólidos.

Si consideramos el volumen de residuos sólidos generado, la CDMX se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional, después del Estado de México1. Diariamente en la ciudad se generan 12,843 toneladas de residuos, lo que equivale a 1.5 kg por persona al día2. El 30% de los residuos corresponden a envolturas, envases y empaques, botellas, bolsas, cajas, papel y cartón. Todos estos materiales tienen el potencial de ser reciclados; sin embargo, generalmente se desechan mezclándolos con el resto de los residuos convirtiéndose así en basura. La escala del problema y su complejo manejo hacen de la correcta disposición de los residuos para su reutilización y reciclaje uno de los principales problemas de la CDMX. Para resolver este problema es necesario que las autoridades y la ciudadanía trabajen en conjunto. Desde la participación social es necesario que se revisen los patrones de consumo. La rapidez con la que se mueve la sociedad de consumo incentiva la acumulación y la generación de productos con una vida cada vez más corta. En este contexto de hiperconsumismo, las decisiones personales de consumo y de manejo de los residuos toman una especial relevancia por el efecto tienen al sumarse a las del resto de la comunidad urbana.

Como parte de las acciones ciudadanas antes mencionadas, la separación de residuos resulta un tema central en el ciclo del consumo y desecho. Por ejemplo, uno de los mitos en torno a la separación de los residuos sólidos desde el hogar, es que el camión recolector los revuelve al recibirlos. Hace unos años, probablemente era una situación común; sin embargo, ahora las estaciones de transferencia, que son los lugares donde los camiones entregan los desechos, no los reciben si no están separados, por lo que la ayuda de separación es muy valiosa.

Por otro lado, el papel de las autoridades es establecer mecanismos para darle un correcto destino a los residuos. El portal electrónico de la autoridad ambiental de la CDMX indica que existen dos posibles destinos para la basura correctamente separada. El primero es la creación de composta a partir de las 1,487 toneladas de residuos orgánicos que se recolectan en la ciudad. Este proceso se lleva a cabo en ocho plantas de composta (Bordo Poniente, San Juan de Aragón, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (2) y Xochimilco). De manera conjunta, estas plantas recibieron 506,577 toneladas en el 2015, provenientes de estaciones de transferencia, mercados, áreas verdes, podas y pastos. El segundo destino se refiere a los residuos inorgánicos. Estos se destinan a plantas de selección donde se pueden aprovechar plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, fierro, cobre y periódico, entre otros. Actualmente la CDMX cuenta con dos plantas de selección, ubicadas en San Juan de Aragón y Santa Catarina en la que se recibe un total de 3,573 toneladas de residuos sólidos al día. De esta cantidad, sólo se recupera el 5% (182 toneladas/de residuos por/día). El resto de los residuos sólidos, si no fueron separados adecuadamente, se convertirán en basura, perdiendo toda posibilidad de ser reutilizados terminando en rellenos sanitarios o, en el peor de los casos, a cielo abierto contaminando el aire, el suelo y el agua3.

En los últimos años, la CDMX ha realizado diversos esfuerzos normativos para incentivar la separación de los residuos por parte de la ciudadanía. Antes del 2004, la separación de residuos sólidos era nula. Fue a partir de ese año que se creó la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, al hacerlo obligatorio para los ciudadanos la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, no se obtuvo gran resultado en la recolección de residuos, por lo que en 2010 se creó una estrategia de recolección por tipo. A pesar de los esfuerzos sólo en algunas demarcaciones se obtuvo un nivel de eficiencia, logrando apropiadamente que el 50% de los residuos se separaran adecuadamente.

Este año, el Gobierno de la Ciudad de México presenta la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. Dicha norma tiene como objeto establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México. La Norma NADF-024-AMBT-2013, cuya vigencia inició el 8 de julio de 2017, establece que las violaciones a dicha Norma serán sancionadas en los términos de lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables; sin embargo, no establece de manera explícita la forma en que la autoridad se encargará de incentivar o sancionar las acciones de la ciudadanía encaminadas a separar de manera efectiva los residuos.

El pasado lunes 9 de julio en entrevista para el noticiero conducido por Denise Maerker, Atando Cabos de Grupo Radio Fórmula, el titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomianski Aguilar, afirmó que “no se están generando sanciones ni una ruta de obligatoriedad” respecto al cumplimiento de la Norma y lo cual sería estudiado por medio de las evaluaciones mensuales4. Si bien se puede entender que la efectiva aplicación de la Norma dependerá de la generación de conciencia, cultura y civismo de los habitantes de la Ciudad de México, también se deben contemplar metas y no solo contar de manera indefinida con evaluaciones mensuales. Un ejemplo exitoso de un sistema de incentivos y sanciones en pro de la separación de residuos que ilustra la necesidad de contar dichos mecanismos bajo la nueva norma, es el del Departamento de Inspección y Concientización del Ayuntamiento de Aguascalientes. Dicho departamento se encarga de: sensibilizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de limpia y aseo público, así como de imponer las sanciones correspondientes ante su incumplimiento. Diariamente esta área realiza 360 diálogos individuales de concientización y levanta 15 infracciones.

Otra forma en la que el H. Ayuntamiento de Aguascalientes ha logrado la participación efectiva de la ciudadanía en su campaña de reciclaje es por medio del programa Acción Amigable. Éste programa contempla centros de acopio para materiales reciclables en donde la población puede hacer efectivo su intercambio por productos de la canasta básica, la donación y el depósito de dinero equivalente al valor de los materiales entregados5. Este programa aumentó la cantidad de residuos reciclados en más de 400 toneladas durante el 2015 tan sólo en Aguascalientes, haciéndolo acreedor al premio “Escoba de Platino” 2016, que previamente había ganado en los en los años 2010, 2012 y 20146.

Por este motivo, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar a las autoridades correspondientes a presentar a esta Soberanía un Plan de Trabajo que detalle la aplicación gradual de un sistema de incentivos y sanciones que coadyuven a la aplicación de la norma tanto en el caso de particulares como de grandes generadores de residuos.

Por lo anterior, se somete a consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que en ámbito de sus facultades a presentar a esta Soberanía, en un plazo de dos meses, un Plan de Trabajo que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 SEDEMA. Inventario de Residuos Sólidos CDMX-2015 (2015:11).
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html. Consultado en línea.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Atando Cabos. 10 de julio de 2017. Entrevista a Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Grupo Radio Fórmula. Podcast disponible en: https://mx.ivoox.com/es/programa-completo-atando-cabos-10-07-2017-audios-mp3_rf_19724358_1.html

5 H. Ayuntamiento de Aguascalientes. 2017. “Reconoce Municipio de Aguascalientes Participación Ciudadana en Acciones a Favor del Reciclaje y Separación de Residuos”. Boletín No. 380. Disponible en: http://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=5285

6 Huerta, Alejandra. 17 de junio de 2016. “Gana Aguascalientes Escoba de Platino por su sistema de limpia y aseo público”. La Jornada Aguascalientes disponible en: http://www.lja.mx/2016/06/gana-aguascalientes-escoba-de-platino-por-su-sistema-de-limpia-y-aseo-publico/

 






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar los protocolos y acciones que permitan erradicar la incidencia de hechos delictivos en las instalaciones del Metro. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir a la Cámara de Diputados y al Senado de la República un informe respecto a los presuntos operativos cibernéticos denunciados en el informe “Troops, Trolls and Troublemakers: a Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” de Samantha Bradshaw, investigadora del proyecto de investigación de propaganda computacional de Oxford. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una campaña mediática que alerte a los viajeros a vacunarse previo a sus viajes y así prevenir futuras enfermedades. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

CONSIDERACIONES

En México, la prevención en el campo de la salud para los viajeros internacionales es pieza fundamental en el control sanitario de las fronteras, haciendo que la vacunación sea el mecanismo más efectivo para disminuir los riesgos de posibles contagios a la hora de salir al extranjero. Sin embargo, en nuestro país "la cultura de la prevención en salud en los viajeros es inexistente, dijo hoy a Efe Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la clínica de atención preventiva del viajero (CAPV) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.1

“La Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) es una Unidad Mixta de Servicio, Investigación y Docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes”.2

Cuya misión es:

• Desarrollar un estado de conciencia en los Viajeros para que prevengan posibles adversidades que puedan afectar su estado de salud antes, durante y después de su viaje.

• Facilitar el acceso de la información derivada del trabajo en docencia e investigación científica de la Facultad de Medicina.3

En nuestro país, como en otros en vías de desarrollo, las personas que viajan solo se preocupan por su salud cuando los países a los que desean viajar, exigen alguna vacuna para ingresar en su territorio. Y es que derivado de las recientes epidemias de sarampión, ébola y zika se ha incrementado la necesidad de que los viajeros busquen soporte sanitario previo a un viaje, motivo por el cuál, la CAPV, que cuenta con sedes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el campus de la UNAM ubicado en el sur de la capital, trabaja para dar a conocer los riesgos que puede enfrentar un viajero en materia de salud.4

La CAPV, menciona que aproximadamente el 98 % de su operación se centra en prevenir y reducir los riesgos de salud, abordando a los viajeros y tratándolos antes de que se enfermen, puesto que los males más comunes están ligados al itinerario del viaje. Actualmente, "La clínica está atendiendo a entre 2.000 y 3.000 viajeros por año, pero por lo menos al AICM llegan unos 40 millones de viajeros anualmente, entonces ni siquiera es el 1 % de la población".5

"Es importante tener un plan de prevención para reducir los problemas de salud", aseguró Díaz Ramírez, quien resaltó la necesidad de que los viajeros acudan por iniciativa propia a una revisión médica antes de emprender su recorrido.6

En virtud de lo anterior, solicito se realice una campaña mediática que alerte a los viajeros a vacunarse previo a sus viajes y así prevenir futuras enfermedades, esto en virtud, de que muchos pasajeros o viajan enfermos o desconocen los peligros que existen en otros países, ejemplo de ello, lo encontramos con la sola picadura de un insecto, que trajo consigo a nuestro país la enfermedad del Zika, por ello, es necesario fomentar a todos nuestros viajeros a una revisión previa a sus viajes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, A EFECTO DE EMITIR UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA QUE ALERTE A LOS VIAJEROS A VACUNARSE PREVIO A SUS VIAJES Y ASÍ PREVENIR FUTURAS ENFERMEDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de emitir una campaña mediática que alerte a los viajeros a vacunarse previo a sus viajes y así prevenir futuras enfermedades, a cargo de la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus políticas públicas en los centros penitenciarios para garantizar la seguridad, vigilancia y control de los internos. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla, los centros penitenciarios de la entidad presentan una serie de irregularidades como hacinamiento, venta de drogas e incumplimiento con los reglamentos de operación, en su conjunto estas anomalías vulneran los derechos humanos y afectan la garantía de trato digno de los internos.

En las penitenciarías de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, los espacios son insuficientes e insalubres, faltan medidas de prevención de riesgos y los medicamentos son insuficientes, asimismo, no existe acompañamiento psicológico y la alimentación carece de un valor nutricional.
Entre las cárceles que presentan sobrepoblación, destaca la distrital de Tepeaca la cual está catalogada como la más sobrepoblada del país con un 521%, es decir, las instalaciones están diseñadas para albergar a 46 personas pero aloja a más de 286 reclusos, también está la de San Pedro Cholula con una sobrepoblación de 329.9% y Atlixco con más del 266%.

El estado de Puebla está dentro de las entidades con el mayor porcentaje de sobrepoblación carcelaria ya que su infraestructura puede alojar a poco más de 6 mil personas, sin embargo tiene a más de 8 mil 357 internos. Los centros que presentan este desafío son los de Izúcar de Matamoros que presenta una sobrepoblación de 136.84%, le sigue el de Huejotzingo con 116.22%, Acatlán de Osorio con 70.69% y el de la capital con 69.72%1.

Uno de los sectores más afectados por la sobrepoblación, es el sector femenino, particularmente las que son madres, ya que no se atienden las necesidades de los infantes especialmente las que se relacionan con su salud, educación, alimentación y esparcimiento.

Además de estas irregularidades, se han documentado otras como las que a continuación se describen:

• En el Cereso de San Miguel, se identificó la operación de una red de corrupción que permitía la venta de narcóticos y la extorción desde las instalaciones, contexto que es agravado por los altos niveles de hacinamiento los cuales no garantizan una estancia digna y segura.2

Se ha exhibido el constante uso de celulares dentro del penal que son utilizados para extorsionar, amenazar o amedrentar a la población, incluso se informó de que se pedían cuotas a los internos para financiar la campaña electoral del Ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, esto a cambio de mantener el control del negocio de la droga al interior de la cárcel.3

Aunado a lo anterior, se ha evidenciado la venta de alcohol a reos y custodios que pueden pagarlos, y quienes presuntamente sufragan una cuota para no ser reportados y después sancionados.

• En el reclusorio de Ciudad Serdán, se ha denunciado la trata de personas, favores a cambio de dinero por parte de los guardias y múltiples abusos contra los internos. Las vejaciones son permanentes pero sobre sale que en el mes de enero de 2016, al menos 24 internas provenientes de los Ceresos de San Miguel y de Cholula fueron recibidas con maltratos físicos y humillaciones.4

También es de conocimiento público la realización de fiestas al interior del Centro, principalmente para celebrar los cumpleaños de internos con bandas musicales y comida especial, lo cual de acuerdo con los reglamentos constituye una falta grave a la operación de estos espacios.

• El Centro de Reinserción de Atlixco, presenta deterioro y poca adaptabilidad a las necesidades de un centro penitenciario, esto se debe a que fue construido en el siglo XVI y no ha sido objeto de una ampliación o construcción adecuada por lo que es un espacio inseguro para el confinamiento de reos del sistema penitenciario.

Bajo estas condiciones de estancia, el porcentaje de reclusos que logran una reinserción social es baja, debido a que no existen programas estatales que permitan una efectiva incorporación laboral y familiar, ya que aunque logran su libertad, continúan con problemas de rechazo social.

Bajo este panorama poco alentador, los integrantes del grupo parlamentario del PRI consideramos determinante que se fortalezcan las medidas que garanticen mejores estadios de seguridad y control de los internos, también nos pronunciamos para que las autoridades amplíen sus programas de readaptación y reinserción para la efectiva incorporación social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, fortalezca sus políticas públicas en los centros penitenciarios, para garantizar la seguridad, vigilancia y control de los internos, esto ante el aumento de denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, venta de estupefacientes, sobrepoblación y extorciones.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente.

1 Patricia Méndez. (2017). En Puebla, 3 de los 10 penales más saturados del país. 11/07/2017, de E-consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-04-11/seguridad/en-puebla-3-de-los-10-penales-mas-saturados-del-pais


2 Edmundo Velázquez. (2017). Por corrupto, corren al director de Ceresos en Puebla e inician limpia en las cárceles. 11/07/2017, de Periodico Central Sitio web: http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/3512-rueda-la-cabeza-del-director-de-ceresos-e-inician-limpia-en-penales-de-puebla

3 Edmundo Velázquez. (2017). Un narco tuitea a Moreno Valle desde prisión en Puebla; me piden dinero para su campaña 2018, dice. 11/07/2017, de Sinembargo Sitio web: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102692

4 Edmundo Velázquez. (2017). Denuncian trata de personas en la cárcel de Ciudad Serdán. 11/07/2017, de Periódico Central Sitio web: http://periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/4653-denuncian-trata-de-personas-en-la-carcel-de-ciudad-serdan






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el 7 de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República dicho instrumento internacional para su ratificación. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EL SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS Y EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR Y REMITIR AL SENADO DE LA REPÚBLICA DICHO INSTRUMENTO INTERNACIONAL PARA SU RATIFICACIÓN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

Las armas nucleares han sido categorizadas a nivel internacional como “armas de destrucción masiva” dado a que, con el uso de un arma de este tipo, se pueden hacer daños humanitarios y medioambientales muy importantes.

Su único uso bélico fue durante la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945. Sin embargo, las armas nucleares se han multiplicado; actualmente, se considera que existen 26 mil armas de este tipo y hasta hoy día se han llevado 2 mil ensayos nucleares por parte de diferentes países.

Dentro de los esfuerzos de Naciones Unidas por erradicar el uso de este tipo de armamento, se creó en 1952 a través de la resolución 502 (VI), la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, quien comenzó sus actividades bajo la tutela del Consejo de Seguridad.

En 1978, en el primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre desarme, se generó una nueva Comisión de Desarme como órgano subsidiario de la Asamblea, integrada por Estados-Miembros de las Naciones Unidas, para que este pudiera examinar y elaborar recomendaciones con respecto a desarme. En este sentido, cada año se presenta un informe a la Asamblea General, trabajando actualmente dos temas por año incluyendo uno sobre desarme nuclear.

Los documentos producidos por Naciones Unidas con respecto a desarme nuclear han sido los siguientes: Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (2005), Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera , en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, conocido también como Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares y el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE), que se firmó en 1996 pero que todavía no ha entrado en vigor.

El pasado 7 de julio de 2017, se aprobó en las Naciones Unidas un tratado que prohíbe el desarrollo, las pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Las negociaciones, que empezaron en marzo, estuvieron a cargo de la Conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir esas armas y alcanzar su eventual eliminación total, convocada por la Asamblea General. Dentro de las negociaciones para la creación del tratado, participaron las delegaciones de Austria, Brasil, México, Sudáfrica, Suecia, Irlanda y Nueva Zelanda.

El tratado se abrirá a la firma a partir del 20 de septiembre de 2017 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y entrará en vigor 90 días después de que 50 naciones lo ratifiquen.

Cabe señalar que los países que no participaron de las negociaciones de este tratado fueron los nueve con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel.

En el caso de Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu, Secretaria General del Alto Comisionado para Asuntos de Desarme, estableció que este nuevo tratado busca “prevenir una mayor catástrofe en tiempos de conflicto” y que ayudará a “calmar tensiones, con el fin de establecer un espacio para el diálogo y dará una mayor confianza entre naciones”. De igual forma, el actual Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció este nuevo tratado como el primer instrumento unificador, legal y multilateral con respecto al desarme nuclear.
En el caso de nuestro país, existe una larga trayectoria con respecto al desarme nuclear. Primero, México se encuentra comprometido con velar por la paz y seguridad internacional, así como la solución pacífica de controversias, siguiendo sus principios de política exterior. Asimismo, nuestro país suscribió el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968 y alentado el Tratado de Tlatelolco en 1967, que determino una primera zona libre de armas nucleares reconocida ante Naciones Unidas.

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que tuvo lugar el viernes siete de julio del año en curso, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el cual prohíbe la producción, posesión, uso y transferencia de armas nucleares para los Estados firmantes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República, a la brevedad, dicho instrumento internacional, para los efectos del artículo 76, fracción I, párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer acción penal contra los responsables de desvíos de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 179, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1. El 18 de abril del 2017 se publicó en la Gaceta Parlamentaria1 de la Cámara de Diputados el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que ejerza acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), presentado por la que suscribe y diputadas y diputados todos integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo a la Comisión de Justicia para su dictamen.

2. Mediante oficio de fecha 20 de abril de 2017 dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva firmado por la que suscribe, solicité la ampliación de turno para que también emitiera dictamen la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

3. El 31 de mayo de 2017, la Mesa Directiva informó que un total de 363 proposiciones que no fueron dictaminadas dentro del periodo en que fueron presentadas se tienen por desechadas2, entre ellas, la proposición con Punto de Acuerdo referida en el numeral 1.

CONSIDERACIONES

1. Las diputadas y los diputados miembros de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, consideramos que la materia objeto de la proposición con Punto de Acuerdo señalada en el numeral 1 de los antecedentes no ha sido agotada, toda vez que no se ha presentado ante las autoridades a ningún responsable de los cuantiosos desvíos de recursos de la SEDESOL, por lo que sigue vigente la necesidad del exhorto a la Procuraduría General de la República.

2. En reunión de la Comisión Especial referida celebrada el 23 de marzo de 2017 a la que asistieron funcionarios de primer nivel Auditoría Superior de la Federación, se expuso el desvió de recursos públicos equivalente a 3,175 millones de pesos, en las Cuentas Públicas de 2012 a 2015, desvíos que se hacen a través de sofisticadas triangulaciones entre empresas e Instituciones de educación superior.3

3. Esta situación había sido ya señalada en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, que la ASF entregó a esta Soberanía en el mes de febrero de 2017. En ese documento, se señala que las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos.4

4. Las contrataciones realizadas entre las dependencias y entidades del sector gubernamental (incluidas las instituciones de educación superior), en las que un ente público funge como proveedor y otro como comprador, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional relativo a lograr las mejores condiciones de compra para el Estado, y al requisito de que el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente, por lo menos, el 51% del monto total del contrato.5 Sin embargo, en el Informe General referido, la Auditoría Superior de la Federación señaló que:

Un importante número de universidades públicas han fungido como proveedores en este tipo de adjudicaciones, [pero] las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que actúan como área contratante no realizan una investigación de mercado que garantice las mejores condiciones, por lo que, en muchos casos, se incurre en un costo mayor que el que se hubiera obtenido a través de un proceso de licitación.

[Además], algunas universidades públicas no acreditaron que contaban, de manera anticipada, con los recursos humanos, materiales y técnicos para desempeñar su rol de proveedor.

La ASF ha detectado que la totalidad de universidades contratadas bajo este esquema, recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49% en la Ley, lo cual contribuyó a encarecer los costos y a abrir espacios para prácticas irregulares.

En numerosos casos, inclusive, no existió evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.

Este tipo de contrataciones se ha convertido en una práctica indebida, con la finalidad de evadir los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas y que sigue siendo tolerada por las autoridades.6

5. La Auditoría Superior de la Federación no tiene la facultad de sancionar a los entes públicos que incurren en prácticas tan perjudiciales para la sociedad mexicana, por lo cual, debe remitir sus hallazgos a los Órganos Internos de Control de las dependencias y, en su caso, hacer las denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República.

6. Mediante oficio UAJ/236/2017 de fecha 3 de abril de 2017, la ASF informó a la Comisión Especial que me honro en presidir que correspondiente a la Cuenta Pública de 20013, se habían presentado ante la Procuraduría General de la República 6 denuncias penales por un monto de más de 866 millones de pesos desviados de diversos contratos entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las Universidades Autónomas de los estados de México y Morelos. Estas denuncias se encontraban, y aún lo están, en “proceso de integración del expediente por parte del Ministerio Público”, no obstante que fueron presentadas hace 21 meses, en octubre de 2015.

7. Al 30 de junio de 2017, la ASF informa que ha presentado un total de 9 denuncias penales que tienen que ver con el desvío de recursos de la SEDESOL en contratos con instituciones de educación superior, hallazgos correspondientes a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, como se muestra en el siguiente cuadro:


Denuncias Penales Presentadas por la ASF
Cuentas Públicas 2013-2014
(Fecha de corte: 30 de Junio de 2017)

No.

Cuenta Pública

Auditoría

Entidad Fiscalizada

Presentada

1

2013

246

SEDESOL

16/10/2015

2

2013

269

SEDESOL

20/10/2015

3

2013

246

SEDESOL

20/10/2015

4

2013

269

SEDESOL

20/10/2015

5

2013

269

SEDESOL

20/10/2015

6

2013

269

SEDESOL

20/10/2015

7

2014

1665

SEDESOL

04/04/2017

8

2014

1665

SEDESOL

09/05/2017

9

2014

1665

SEDESOL

11/05/2017

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.

8. Así mismo, la ASF también informó en el oficio mencionado en el numeral 6 de estas consideraciones, que envió dos escritos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el primero de ellos el 17 de febrero de 2016 por lo que corresponde a las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, y el segundo con fecha 10 de febrero de 2017 por lo que corresponde a la Cuenta Pública de 2015. Así mismo, la ASF notificó 15 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2013, tres a la Cuenta Pública de 2014 y seis a la Cuenta Pública de 2016.

9. A lo argumentado en la proposición con Punto de Acuerdo señalada en el numeral 1 de los antecedentes, debemos agregar que el 29 de marzo de 2017 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República responder a un particular acerca de las denuncias que la ASF ha presentado ante esa Institución de procuración de justicia por el desvío de recursos públicos y presuntos hechos ilícitos cometidos en detrimento del erario. En el mismo sentido, el 10 de mayo de 2017 el INAI ordenó a la ASF hacer pública la información sobre las denuncias penales que ha presentado ante la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción y afectaciones al erario público.

10. Si bien las dos órdenes del INAI mencionadas en el numeral anterior están en línea con el espíritu del presente Punto de Acuerdo, no sustituyen el exhorto que es preciso hacer a la Procuraduría General de la República para que sin más dilación ejercite acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos objeto de las denuncias presentadas. Que la información de las denuncias se haga pública es algo que celebramos, pero ya es tiempo que esas denuncias lleven ante la justicia a los responsables. Esto último es a lo que se debe exhortar a la Procuraduría General de la República.

Integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

La Procuraduría General de la República ha tenido tiempo más que suficiente para ejercer acción penal7 contra los presuntos responsables de los cuantiosos desvíos de recursos públicos mencionados, tomando en cuenta que la ASF entregó a esa Procuraduría expedientes con documentación que demuestran fehacientemente la comisión del ilícito referido, por lo cual no se justifican más dilaciones para llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia. La sociedad mexicana está harta del binomio corrupción-impunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presento ante esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que, sin más dilación, ejerza acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, delito que ha sido fehacientemente documentado por la Auditoría Superior de la Federación y cuyas denuncias correspondientes se presentaron en el mes de octubre de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4761-XI, martes 18 de abril de 2017.

2 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4790, miércoles 31 de mayo de 2017.

3 Auditoría Superior de la Federación “Informe General. Cuenta Pública 2015”, Febrero de 2017, pp. 73.

4 Ídem.

5 Artículo 4° del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6 Auditoría Superior de la Federación “Informe General. Cuenta Pública 2015”, Febrero de 2017, pp. 74.

7 El ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y le solicita que se avoque el conocimiento de un asunto en particular; la acción penal pasa durante el proceso, por tres etapas bien diferenciadas que son: investigación o averiguación previa, persecución y acusación. (Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991, Pág. 144. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 348/91. José Ortiz Collazo. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel.)






De los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana y la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación investigar y tomar medidas necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de personas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputados Federales, RAFAEL YERENA ZAMBRANO Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, y la suscrita Diputada Federal GEORGINA ZAPATA LUCERO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto de privacidad se encuentra vinculado al de la intimidad que es un derecho garantizado en los principales instrumentos interamericanos y universales de derechos humanos cuya dimensión presenta retos que exigen un balance entre el derecho a la intimidad del individuo y los avances en el mundo de las Tecnologías de la Información. Así lo han reconocido los países de las américas, cuya tendencia muestra la incorporación del derecho a la protección de datos personales en sus ordenamientos constitucionales y el desarrollo de normativa especial en esta materia.1

Por datos personales en las relaciones laborales se entiende todo tipo de información relacionada con un trabajador identificado o identificable. El tratamiento incluye el acopio, la conservación, la combinación, la comunicación o cualquier otra forma de utilización de datos personales.2

En la actualidad, existen nuevas formas de recolección y procesamiento de datos que comportan nuevos riesgos para los trabajadores.3 Una muy común es aquella que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales que llevan a cabo las empresas reclutadoras de personal y por supuesto las llamadas sociedades de información.

En el primer caso las agencias colocadoras requieren a las personas que aspiran a obtener un puesto de trabajo sus datos personales, en donde por medio del aviso de privacidad proporcionado a los candidatos estos firman y consienten la transferencia de su información a las empresas que pretenden contratar personal para determinados puestos.

En el segundo caso, las sociedades de información, que se ostentan como compañías de consultoría para el reclutamiento de personal, ofrecen el servicio de información completa sobre empleos, demandas laborales, antecedentes judiciales de trabajadores.

Es precisamente en este caso de las consultorías de información sobre historial laboral, en donde ocurren prácticas que consideramos ilegales, ya que el tratamiento de la información aún y con el consentimiento de la persona, puede originar actos discriminatorios en su perjuicio.

El mejor ejemplo de ello es cuando una persona desempleada recurre a una agencia colocadora, o directamente concurre a cierta empresa para solicitar trabajo en las vacantes ofrecidas. De primera facie, el encargado de entrevistar a la persona recopilará la información de los datos personales aspirante, y entre esta información puede presentarse el historial laboral, en donde se le solicitará a la persona que busca obtener el puesto su consentimiento mediante el aviso de privacidad, a fin de que la información proporcionada pueda ser transmitida a otras personas, ya sean físicas o morales, con el objeto de contrastar los datos laborales, incluyendo a las consultoras que se han mencionado anteriormente.

En este tratamiento, se puede apreciar que la información recopilada por la empresa que presta sus servicios de información fue proporcionada por un tercero, ya sea por las empresas colocadoras o por aquellas en donde el aspirante acudió para poder obtener el empleo y que bajo el amparo del consentimiento otorgado en el aviso de privacidad, por lo que las empresas consultoras ofrecen esta información cobrando ciertas cantidades con el objeto de “blindar a las empresas de contratar personal “boletinado”.

Las bases de datos de las empresas de consultoras de este tipo constituyen de facto verdaderas listas negras en las que figuran los nombres de personas que han tenido problemas en sus empleos anteriores, y no solo eso, sino que también se da la situación que dentro de la información almacenada, figuran los nombres de personas que han entablado una demanda laboral, lo cual es factible toda vez que dicha información se publica en los boletines laborales que emiten las Juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Cabe destacar que el fin de las publicaciones de los boletines laborales, es notificar a las partes sobre los acuerdos que recaen en los juicios laborales, más no el de poner a disposición la información para que sea tratada con fines de lucro como sucede en las consultorías que ofrecen esta información a las empresas y sobretodo que dicha información incide en la decisión sobre la contratación de personal.

Afortunadamente la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133, señala que está prohibido a los patrones o a sus representantes emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a contratar a dar ocupación.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se ha pronunciado sobre la protección de los datos personales de los trabajadores que se encuentren librando un litigio laboral mediante el recurso de revisión RPD497/2014 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se resolvió el derecho que le asistía a un trabajador de oponerse a la aparición de su nombre en el boletín judicial.

En la sesión del Pleno del INAI del 20 de agosto de 20144 en donde se resolvió dicho asunto, destacan las siguientes intervenciones de los comisionados:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, mencionó que “en este sentido, a la luz de la realidad de las personas que se encuentran sin empleo, el hecho de que alguna de ellas, en su calidad de trabajador, haya tenido la necesidad de accionar judicialmente una demanda en defensa de sus derechos e intereses laborales, resulta total y absolutamente atendible la solicitud del ceso en el tratamiento de Datos Personales de trabajadores que han formado parte de un litigio de esta naturaleza cuando la finalidad de la publicidad de esos datos es un medio como el Boletín Laboral Electrónico y la finalidad en ellos ha concluido. Lo anterior es así ya que el solo ejercicio de un derecho inalienable los estigmatiza a tal punto de impedirles obtener trabajo que dignifique su vida y permita satisfacer sus necesidades más elementales, lo que implica un claro ejemplo de discriminación”.

Oscar Mauricio Guerra Ford expuso “seguramente con los buscadores tan potentes que hay, pues se encontraban estas listas negras como se les ha denominado, y muchas veces esto impedía o dificultaba el acceso al mercado laboral de personas que habían tenido estos procesos… entonces creo que el recurso está perfectamente resuelto porque garantizar este derecho al olvido que debe de tener cualquier persona y más, así como el acceso a la información permite la defensa de otros derechos, también la protección de los datos personales y su posible, como es el caso del derecho al olvido cuando esto se considera pertinente, pues también defiende otros derechos como puede ser el derecho a un trabajo, y a un trabajo digno que está constitucionalmente planteado en nuestro país y en muchos países.”

Por su parte Patricia Kurkzyn indicó que “solamente quisiera puntualizar así con todas las letras, se trata de proteger que los trabajadores vayan a las listas negras, listas negras que continúan en nuestro país lamentablemente. Despachos de abogados o que se dicen abogados o que lamentablemente son un claro ejemplo de la falta de ética profesional que hacen bases de datos de los trabajadores que han sido despedidos o que simplemente demandaron y que por algún motivo recurrieron a las autoridades laborales y que han obtenido laudos que los favorecen, son mismos que no vuelven a ser contratados en otros lugares.”

En este orden, si bien es cierto que las empresas están en todo el derecho de poder reclutar a los mejores perfiles, no menos cierto es que la información que tiene que ver sobre todo con las demandas laborales, comporta una información innecesaria para la ocupación del puesto, ya que no tiene que ver con las aptitudes y capacidades para desempeñar el trabajo, y por lo tanto el trabajador tiene derecho al olvido sobre sus conflictos suscitados en sus empleos anteriores.

El ejercer el derecho de acceso a la justicia, no debe ser causa de exclusión para acceder al trabajo decente, y ante el tratamiento viciado que realizan las compañías consultoras que ofrecen la información de personas que han demandado a sus patrones, es importante y urgente que las autoridades competentes tomen cartas en este delicado asunto, puesto que atenta contra el derecho de acceso al trabajo y a la protección de datos personales.

En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se sostiene que es un ente competente para poder intervenir en la investigación y en su caso sancionar estas prácticas, ya de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 40, fracción primera se establece lo siguiente:

Artículo 40. - A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

Por su parte, el INAI puede realizar verificaciones de oficio de acuerdo al artículo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que establece lo siguiente:

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley.

Por lo que respecta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también puede proceder de oficio en estos casos, ya que el resultado que genera el tratamiento de la información de los trabajadores, sobre todo en los casos que hayan demandado a su patrón o empresa, es el de la discriminación, en razón de que muchas empresas prefieren no contratar a las personas que tienen antecedentes con procesos laborales antes las juntas, lo cual exhibe una discriminación injustificada por haber ejercido un derecho tan fundamental como es el de acceso a la justicia. La intervención de oficio está fundamentada en el artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 46.- El Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte; también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine.

Así pues, consideramos que con estas prácticas llevadas a cabo por empresas que ofrecen servicios como “consultoras”, se comete una grave violación a los derechos humanos de los trabajadores, pues la discriminación que se genera alarmante ya que miles de personas no pueden acceder a un nuevo empleo por haber demandado a sus patrones.

Esto también va contra la protección de los datos personales consagrado en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los datos de los trabajadores deben ser tratados rigurosamente con apego a la normas, y el hecho de que la ley establezca el principio de máxima publicidad en los procesos judiciales y laborales, no debe manejarse como la causa de licitud en el manejo de la información, ya que es evidente el perjuicio que causa a las personas a la hora de buscar una nueva fuente de empleo.

Sostenemos que el tratamiento de datos personales no debería conducir a una discriminación ilícita en materia de empleo u ocupación y catalogamos la práctica que realizan las empresas que funcionan como un buró laboral como ilícita, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 133. Así mismo no se puede permitir que el ejercicio del derecho tan fundamental como es el de acceso a la justicia, sea una condición desfavorable para poder integrarse a un nuevo empleo, y visto desde la óptica de los derechos humanos, queda de manifiesta la interdependencia que existe entre el derecho al trabajo con el derecho a la vida, en virtud que el trabajo en un medio para que las personas alcancen a cubrir sus necesidades para su subsistencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que investiguen y tomen medidas necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Rafael Yerena Zambrano.- Dip. Georgina Zapata Lucero.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

 

 






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que irrumpieron, lesionando a legisladores y funcionarios; además se congratula por la salida de Leopoldo López de la prisión de Ramo Verde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó prisión domiciliaria y manifiesta su preocupación por la detención arbitraria de 431 ciudadanos venezolanos que permanecen privados de su libertad. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA EL ARTERO ATAQUE A LA SEDE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR PARTE DE GRUPOS VIOLENTOS QUE IRRUMPIERON LESIONANDO A LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS; ADEMÁS SE CONGRATULA POR LA SALIDA DE LEOPOLDO LÓPEZ DE LA PRISIÓN DE RAMO VERDE POR UNA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE LE OTORGÓ PRISIÓN DOMICILIARIA Y MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE 431 CIUDADANOS VENEZOLANOS QUE PERMANECEN PRIVADOS DE SU LIBERTAD, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría opositora, fue irrumpida por la fuerza el día 5 de julio de 2017, por parte de decenas de supuestos partidarios del gobierno de Nicolás Maduro, dejando un saldo de al menos 12 heridos; dicho acto de violencia fue llevado a cabo durante la sesión especial para conmemorar el “Día de la Independencia”, en la cual se encontraban diputados, invitados especiales, periodistas y empleados, a los que les fue impedida la salida durante 9 horas a manos de los grupos favorables al gobierno del presidente venezolano, a través de agresiones con palos y tubos, especialmente contra los legisladores que se encontraban en el recinto.

Se destacó que el Presidente del Parlamento, Julio Borges, atribuyó que la incursión de “colectivos”, y grupos civiles oficialistas fue el resultado de grupos armados por el gobierno en contra de la oposición.

Asimismo la comunidad internacional ha condenado de manera enérgica la violenta irrupción de grupos chavistas en la Asamblea Nacional Venezolana, entre ellos los cuatro países fundadores del Mercosur expresaron un comunicado conjunto con su “más categórico rechazo” por el incidente, y exhortaron al Gobierno de Venezuela a “poner fin inmediatamente a todo discurso y acciones que incentiven una mayor polarización”; por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tanaji, solicitó que se llevaran a cabo inmediatamente elecciones en el país venezolano, mientras que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, calificó los ataques como “inconstitucionales e ilegales”.

Por otro lado, el día 7 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela tomo la decisión de otorgar una “medida humanitaria” al dirigente opositor, Leopoldo López, al resolver como medida sustitutiva para el cumplimiento de su pena “casa por cárcel”; López fue detenido hace 3 años y 5 meses al ser acusado de instigar las protestas en 2014 que dejaron 43 muertos.

Dicha resolución fue el resultado de un proceso de diálogo del TSJ, junto con la Defensoría, siguiendo de acuerdo a información revelada por el mismo gobierno venezolano, la dinámica del funcionamiento del sistema judicial venezolano, donde la Defensoría tiene parte al hacer recomendaciones sobre circunstancias similares con dirigentes políticos y ciudadanos “presos”, las cuales se han estado trabajando en coordinación de ambos organismos gubernamentales entre los años 2015, 2016 y parte del 2017, con el propósito de conceder casa por cárcel, libertades condicionales o plenas; siendo que se han otorgado aproximadamente unas 30 medidas similares a la otorgada a Leopoldo López, de acuerdo a datos revelados por la administración venezolana.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro declaró apoyar la decisión del TSJ, no dejando de atribuir la responsabilidad del arresto de Leopoldo López, a la Fiscal Luisa Ortega, quien, según declaraciones del mandatario, solicitó 30 años de cárcel al opositor, consiguiendo que la Fiscalía General de la República determinara su pena actual; sin embargo proclamó tener la esperanza de que la medida de la Comisión de la Verdad y Justicia y Paz y del TSJ sea entendida, y que “el señor López, después de casi 4 años de cárcel en Ramo Verde, lance un mensaje de rectificación y de paz, ya que el país quiere paz”.

Medios, ciudadanos y líderes opositores simpatizantes a nivel mundial, han considerado la determinación del TSJ como una “oportunidad de reconciliación nacional y una salida democrática a la crisis del país”, como lo es el caso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; sin embargo se ha remarcado la necesidad de resolver la existencia de presos políticos en Venezuela, tal como lo ha demostrado el actual “símbolo de la denuncia de la oposición y de organismos de derechos humanos”, Leopoldo López, al haberse negado, de acuerdo a declaraciones emitidas por su esposa en junio de 2017, a negociar su libertad, puesto que exigía la libertad de todos los presos políticos, los cuales de acuerdo a la ONG “Foro Penal Venezolano suman más de 400 de acuerdo”, así como la libertad de toda Venezuela.

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que irrumpieron lesionando a legisladores y funcionarios, ocurrido el pasado cinco de julio del año en curso, al tiempo que hace votos para el cese de la violencia en ese hermano país sudamericano.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la salida de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, quien le otorgó prisión domiciliaria; al mismo tiempo, manifiesta su preocupación por la detención arbitraria de 431 ciudadanos venezolanos que permanecen privados de su libertad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.<






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Secretaría de Salud a tomar diferentes medidas de atención, esclarecimiento, solución y protección a los ciudadanos del estado de Quintana Roo, en torno al otorgamiento inverosímil del título de concesión otorgado a la empresa AGUAKÁN S.A. de C.V. Se turna a la Tercera Comisión.

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El agua es el recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida y en forma particular el abastecimiento de este recurso a través de la infraestructura hidráulica forma parte trascendental para el desarrollo de asentamientos humanos modernos.

Recientemente el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y las Autoridades Municipales avalaron la concesión del servicio de agua potable en el Municipio de Solidaridad a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., filial de la empresa Aguakán S.A. de C.V. para los próximos 36 años y se generó una extensión anticipada en la concesión del mismo servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, donde esta empresa opera desde el año 1993.

Es importante señalar que la concesión otorgada a Aguakán S.A. de C.V. para brindar servicios de abastecimiento de agua a las Ciudades de Cancún e Isla Mujeres vencía en el año 2023, sin embargo de forma acelerada los ayuntamientos autorizaron la prórroga prospectada para el año 2053.

La privatización de los servicios de abastecimiento hidráulico, se extendió hacia el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde el cabildo avaló en sesión; la entrega de la concesión a la empresa filial de Aguakán prospectada de forma homologada hasta el año 2053 al igual que en los Municipios donde se aprobó la prórroga.

El Estado Mexicano debe responsabilizarse sobre la calidad del agua potable que brinda esta empresa del sector privado hacia la ciudadanía quintanarroense y garantizar a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que se brinden servicios óptimos y cobros justos a la ciudadanía, ya que Aguakán S.A. de C.V. se encuentra en el listado de las empresas con mayor número de quejas frente a la PROFECO.

La Empresa de Aguakán S.A. de C.V. tendría bajo su responsabilidad el abastecimiento del agua a 2 de los principales polos turísticos del país como son; Cancún y Playa del Carmen. Esta razón, fortalece los argumentos para que las instituciones mexicanas pongan especial énfasis en esta privatización de los servicios hidráulicos.

Ante esta nueva concesión que se le otorga a este consorcio privado es necesario que el Consejo Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se reúna para designar un equipo de transición donde participen los legisladores de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad para esclarecer y transparentar ante la ciudadanía el contexto general de estas concesiones.

Es importante señalar que la concesión original otorgada en 1993 no ha cumplido las metas prospectadas en materia técnica, las cuales consistían en elevar la eficiencia del servicio.

De igual forma, la concesión a Agukán han incumplido los objetivos de inversión en infraestructura hidráulica ya que por el contrario, es el Gobierno Estatal y Federal quienes han destinado recursos públicos para invertir en infraestructura que se ha concesionado a un este intermediario privado que no genera ningún beneficio para la sociedad de Quintana Roo y por el contrario ha brindado servicios deficientes y costosos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) para que a través de su Consejo Consultivo y a la dirección local de la CONAGUA en Quintana Roo formen un equipo de transición que emita un informe detallado sobre el estado que guarda la infraestructura hidráulica en el Municipio de Solidaridad recientemente concesionado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) para que exhiba a esta soberanía la versión pública del título de concesión otorgado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. filial de la empresa AGUAKÁN S.A. de C.V.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una evaluación a la Empresa de AGUAKÁN S.A. de C.V. y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes, con el objetivo de que mejore su servicio.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que brinde un informe sobre la calidad del agua potable en el Estado de Quintana Roo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.






De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a transparentar la información relativa a los boletos otorgados para el concierto 90’s Pop Tour, a la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio del sexenio del presidente Peña, con la puesta en marcha -apoyada por los grupos parlamentario que conforman el Pacto por México- de la Reforma Educativa, el país se ha visto envuelto en una crisis educativa sin precedentes: El Estado, a través del imperium de la ley intenta imponer una nueva estructura en las relaciones laborales de los docentes disfrazándola de una “Reforma Educativa” que no plantea un cambio sustancial en la metodología de enseñanza; y que no materializa en mejores condiciones de infraestructura y en el proceso de enseñanza aprendizaje, dónde los únicos que se ven afectados por este nuevo esquema son las y los estudiantes mexicanos.

Las estadísticas son contundentes. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México los salarios de los maestros varían ampliamente dependiendo del nivel de estudios, el número de años de experiencia y el nivel de certificación:

“A pesar de haber aumentado en un 13% en el 2005, el sueldo reglamentario anual de los docentes de preescolar y primaria con calificación típica y con 15 años de experiencia fue de 28,300 dólares estadounidenses en el 2014, muy por debajo del promedio de la OCDE (39,200 dólares estadounidenses) para la preescolar y (42,700 dólares estadounidenses) para primaria.

El gasto en educación en México sigue siendo bajo en términos absolutos, pero corresponde a una relativamente alta proporción del PIB y el gasto público total del país.

En el 2013, desde la primaria hasta la educación superior, México dedicó 3,400 dólares por estudiante, muy por debajo del promedio de la OCDE de 10,500 dólares. Lo cual también es inferior a otros países de América Latina de los que se cuenta con información, Brasil (4,300 dólares) y Chile (5,100dólares).”1

Atendiendo a las estadísticas que ubican a México, como uno de los países miembros de la OCDE que invierte menos en educación (considerando los salarios de los maestros y el gasto en educación por alumno), el pasado 09 de julio, el dirigente de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Felipe Antúnez Luna, “regaló boletos” a los agremiados de esa sección para asistir al concierto denominado 90’s Pop Tour, en la Arena Ciudad de México.

Diversos medios nacionales2 dieron a conocer que previo al comienzo del concierto, fue proyectado un video del dirigente de la Sección 11, afirmando que el SNTE se encuentra en una negociación permanente con la Secretaría de Educación Pública para buscar mejoras para los maestros, bajo esta premisa, se dio a conocer que los boletos otorgados a los agremiados fueron resultado de esa constante negociación.

Cabe destacar que el líder sindical, estuvo presente en el evento, sentado a nivel de cancha con un representante de la SEP y otro del dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre.

Al término del concierto, se llevó a cabo la rifa de un automóvil compacto por medio de una tómbola en la que se metieron los boletos que fueron entregados a la entrada únicamente a las mujeres para que los metieran en urnas.

Sin duda alguna, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se encuentra a favor de la reivindicación y dignificación de los derechos laborales de las maestras y maestros, por lo que el acceso a la cultura y a la recreación debe ser una de las prioridades por la que los dirigentes sindicales y las propias autoridades deben invertir; sin embargo, este acto discrecional de asignación de recursos apunta hacia una campaña política financiada con recursos públicos entre la SNTE y la SEP.

Al respecto, y atendiendo a las sueldos precarios y a las condiciones deplorables que se encuentran las instalaciones de la mayoría de los planteles de educación del país, además que de acuerdo con los lineamientos emitidos por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, en materia de austeridad, resulta necesario que la Secretaría de Educación Pública, en el ejercicio de un nuevo modelo de gobernanza cercano a la ciudadanía, transparente y basado en la rendición de cuentas, dé a conocer el monto autorizado para adquirir los boletos del llamado 90´s Pop Tour; además que explique a todas y todos los Mexicanos, la justificación del por qué invertir en este tipo de actividades de recreación organizados por empresas privadas y no en actividades culturales y de recreación organizados por el propio gobierno federal o en temas de capacitación a los docentes, mejora de los salarios y en infraestructura de calidad para las escuelas.

Por lo anterior, solicito la sensibilidad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el fin de aprobar el siguiente punto petitorio:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Morales, bajo el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas, haga público y justifique el monto asignado a la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la adquisición de los boletos 90´s Pop Tour.

Dado en la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 OCDE, Panorama de la Educación, 2016; https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

2 López Israel, SEP paga a maestros concierto de los 90, 10 de julio de 2017https://www.forbes.com.mx/sep-paga-snte-concierto-los-90/






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y emprender acciones respecto a los inmuebles que se encuentran en riesgo de derrumbe en la capital del país. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México, como casi todo el país, se encuentra por estos días en medio de la temporada de lluvias, lo que ha provocado daños y pérdidas económicas a instalaciones públicas, privadas, viviendas, automóviles y a millones de capitalinos.

Es un lugar común y casi una justificación de las autoridades de la Ciudad de México y porque no reconocerlo de otras entidades, afirmar que se trata de “lluvias atípicas” o de fenómenos meteorológicos que no ocurrían desde hace una “década” o un “siglo” para justificar la falta de previsión e incluso tratar de explicar tragedias que cobran vidas o que terminan con el patrimonio de familias.

Asimismo se recurre a otras frases o lugares comunes como “encharcamientos” para referirse a grandes inundaciones como las ocurridas el pasado 28 de junio, cuando se registraron fuertes lluvias que afectaron estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, inundación de casas y avenidas, desbordamiento de ríos, daños a vehículos y caída de árboles.

En este contexto y como parte de estas lluvias ocurridas el pasado 28 de junio, es necesario destacar un caso que si bien fue aislado, han sido recurrentes cuando ocurren este tipo de fenómenos meteorológicos.

Se trata de la caída o colapso del inmueble que se ubicaba en la calle de Donceles número 32, esquina con Ignacio Allende, frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), delegación Cuauhtémoc, en el Centro Histórico.

La directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta, argumentó que el derrumbe de este edificio se debió “a las fuertes lluvias que sufrimos en la Ciudad de México, principalmente en esta área de la ciudad. Tenemos una caída de un edificio que lleva más o menos un mes desocupado, pero con unas condiciones de alto riesgo, desde hace ya algunos años, cuya situación estaba notificada al dueño, por las autoridades”.

Afortunadamente el edificio se encontraba desocupado y el vigilante del mismo logró salir a tiempo antes de que colapsara.

Sin embargo, el estado de este tipo de inmuebles no es un caso aislado en la capital del país y sobre todo en la delegación Cuauhtémoc. Autoridades de dicha demarcación reconocieron en junio del 2015 que la misma alberga la mayor cantidad de casas y edificios viejos de toda la ciudad, algunos hasta con 150 años o más, situación que representa un alto riesgo para la población de este lugar, sobre todo en aquellos casos en que los inmuebles no reciben el mantenimiento requerido.

Viejas vecindades, marquesinas de cines y teatros a punto de caer, edificios sin ningún tipo de señalamientos o reforzamientos en sus estructuras y que están dañados en sus estructuras, son la constante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también en otras colonias y barrios, lo cual es un peligro constante no sólo para quienes lo habitan, sino para las personas que transitan cerca de esos inmuebles.

En julio del 2015 Julio del 2015, Alejandro Fernández, ex delegado en Cuauhtémoc, reconoció que 500 inmuebles en esa demarcación se encontraban en riesgo de colapsar y de ellos al menos un centenar se encontraban en el Centro Histórico, muchos de ellos con problemas estructurales desde los terremotos de 1985.

De acuerdo con el Conaculta, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco en 1987, cuenta con cerca de 1,500 edificios, entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos históricos o artísticos. Ello en 668 manzanas y una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados.

Especialistas y arquitectos estiman que al menos la mitad de esos inmuebles tienen algún riesgo estructural alto o de vulnerabilidad. Además del Centro Histórico se advierte que los edificios más antiguos susceptibles de riesgos se encuentran principalmente en las colonias Roma, Guerrero, Tabacalera, Juárez, Morelos, Peralvillo, La Merced y el Barrio de La Lagunilla.

Algunos de estos inmuebles se encuentran abandonados como son viejos cines, teatros. Otros aún están habitados, principalmente vecindades y edificios en litigio o en proceso de expropiación. Otros más son baldíos con alguna parte de construcciones en riesgo de derrumbe que incluso están habilitados como estacionamientos.

En 2014 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino detectó 68 de esos inmuebles y para 2015 se sumaron 35 inmuebles más.

Sin embargo, desde esa fecha dicha instancia, que forma parte de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, no ha informado la situación de dichos inmuebles, ni tampoco actualizado las cifras, lo cual es grave dada la sismicidad de la capital del país y las recientes lluvias que pueden haber afectado la estructura de edificios antiguos.

Dicho instituto, que es organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene entre otras atribuciones “vigilar la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las edificaciones existentes que pudieran llegar a representar un riesgo mayor a sus ocupantes, mediante la elaboración de dictámenes estructurales”.

Ante esta situación es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México informe sobre estos inmuebles que están en riesgo de colapsar por su antigüedad y daños estructurales, pero sobre todo que se emprenda un programa de reforzamiento o apuntalamiento de los mismos para evitar derrumbamientos y tragedias que pueden acelerarse por el reblandecimiento de los cimientos y estructura.

Por estos argumentos propongo a esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía sobre el número de inmuebles que se tienen ubicados como de alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el Centro Histórico y en otras colonias de la capital del país.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Obras, informar a esta Soberanía sobre las acciones realizadas en el último año respecto a la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las edificaciones existentes que pudieran llegar a representar un riesgo mayor a sus ocupantes.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno de la Ciudad de México el emprender un programa de reforzamiento o apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de colapsarse, así como una campaña de información y concientización a los ciudadanos que viven en dichos edificios o en zonas aledañas, además de emprender acciones que permitan acceder a los mismos a una vivienda digna.

Ciudad de México, el 19 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre del G20 donde los líderes representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron su compromiso con el combate al cambio climático y el libre comercio. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA CELEBRACIÓN DE LA XII CUMBRE DEL G20 DONDE LOS LÍDERES REPRESENTADOS, A EXCEPCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RATIFICARON SU COMPROMISO CON EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL LIBRE COMERCIO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En un mundo globalizado, es de suma importancia la participación de los Estados en los organismos multilaterales que tienen por objeto las mejores causas en pro del bienestar de los pueblos. Entre los foros internacionales multilaterales en los que participa nuestro país se encuentra el Grupo de los 20 países industrializados, conocido como G20, creado en 1999, a raíz de la crisis financiera asiática, con el fin de enfrentarla.

El G20 está compuesto por los miembros del “Grupo de los Ocho” (G8), de las economías más industrializadas del planeta que son Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Rusia y Japón. Además de Arabia Saudita y Australia, así como los nueve países con economías emergentes: Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía; y la Unión Europea. Cabe señalar que los integrantes del G20 concentran el 85 por ciento de la economía mundial.

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA CELEBRACIÓN DE LA XII CUMBRE DEL G20 DONDE LOS LÍDERES REPRESENTADOS, A EXCEPCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RATIFICARON SU COMPROMISO CON EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL LIBRE COMERCIO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En un mundo globalizado, es de suma importancia la participación de los Estados en los organismos multilaterales que tienen por objeto las mejores causas en pro del bienestar de los pueblos. Entre los foros internacionales multilaterales en los que participa nuestro país se encuentra el Grupo de los 20 países industrializados, conocido como G20, creado en 1999, a raíz de la crisis financiera asiática, con el fin de enfrentarla.

El G20 está compuesto por los miembros del “Grupo de los Ocho” (G8), de las economías más industrializadas del planeta que son Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Rusia y Japón. Además de Arabia Saudita y Australia, así como los nueve países con economías emergentes: Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía; y la Unión Europea. Cabe señalar que los integrantes del G20 concentran el 85 por ciento de la economía mundial.

En 2008, tras la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos de América, los países integrantes del G20 se reunieron, a nivel de Jefes de Estado, en Washington D.C., para abordar dicha situación y evitar una depresión mundial. Desde esa fecha, se reúnen anualmente los Jefes de Estado para analizar los temas más relevantes de la agenda global, las cumbres celebradas son las siguientes:

Cumbre No.

Fecha

Presidente

Ciudad

País

Primera

14 al 15 de noviembre de 2008

George W. Bush

Washington D.C.

Estados Unidos de América

Segunda

2 de abril de 2009

Gordon Brown

Londres

Reino Unido

Tercera

24 y 25 de septiembre de 2009

Barack Obama

Pittsburgh

Estados Unidos de América

Cuarta

26 y 27 de junio de 2010

Stephen Harper

Toronto

Canadá

Quinta

11 y 12 de noviembre de 2010

Lee Myung-bak

Seúl

Corea del Sur

Sexta

3 y 4 de noviembre de 2011

Nicolás Sarkozy

Cannes

Francia

Séptima

18 y 19 de junio de 2012

Felipe Calderón

Los Cabos

México

Octava

5 y 6 de septiembre de 2013

Vladimir Putin

San Petersburgo

Rusia

Novena

15 y 16 de noviembre de 2014

Tony Abbott

Brisbane

Australia

Décima

15 y 16 de noviembre de 2015

Recep Tayyip Erdogan

Serik

Turquía

Decimoprimera

4 y 5 de septiembre de 2016

Xi Jinping

Hangzhou

China

La Presidencia es rotativa geográficamente y quien la asume es el anfitrión de la Cumbre de Jefes de Estado. Previo a la cumbre, se reúnen Ministros de Finanzas, Gobernadores de los Bancos Centrales, entre otros actores, definen los temas a tratar.

La XII Cumbre del G20 se realizó los días 7 y 8 de julio del año en curso, con la Presidencia de Ángela Merkel en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en la que se abordaron diversos temas, entre los que se destacan dos: cambio climático y el libre comercio.

En una rueda de prensa en Hamburgo tras el final de la Cumbre, Emmanuel Macron, Presidente de Francia, afirmó que "no hay Acuerdo de París a la carta, o hay acuerdo o no lo hay", en alusión a las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de renegociar el pacto global para reducir las emisiones de carbono.

Macrón subrayó que "el próximo 12 de diciembre, dos años después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, reuniré una nueva cumbre para adoptar nuevas acciones por el clima, principalmente sobre el plano financiero".

El nuevo Presidente de Francia señaló que el texto final ha permitido evitar cualquier marcha atrás en la lucha contra el calentamiento global.

En conjunto, los países del G20 rechazaron renegociar el Acuerdo de París, como reclamaba Donald Trump, al considerar que el histórico acuerdo sellado en 2015 en la capital francesa es "irreversible". No obstante, en aras de complacer al presidente estadounidense, los 19 accedieron a incluir en la declaración final una frase en la que reconoce la voluntad de Washington de ayudar y trabajar junto con otros países "en la utilización de carburantes fósiles más limpios y eficientes".

Esta formulación generó controversia entre los integrantes del G20, dado que, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, es necesario poner fin al empleo las energías fósiles.

Fuentes cercanas a negociación indicaron que esta concesión a Washington constituye simplemente una "exposición de hechos", que "para nada" compromete al resto de integrantes del G20 a ceder a los deseos de Trump. Según precisaron estas mismas fuentes, la idea era que, en el comunicado final, además de figurar la postura de los 19, también se refiriese la de Estados Unidos.

A pesar de que no se logró cerrar un pacto común y se puso de manifiesto el aislamiento de Estados Unidos a escala global, las organizaciones ambientalistas celebraron que países como Turquía o Arabia Saudí, se mantuviesen firmes en la defensa del clima y no se alinearan a los deseos de Estados Unidos

Con el respaldo unánime al libre comercio y el apoyo al Acuerdo de París de todos los miembros, excepto Estados Unidos, Ángela Merkel cerró la cumbre abogando por la unidad para afrontar los desafíos globales. No obstante, aprovechó el foro para nuevamente reiterar que Europa debe asumir su futuro "con sus propias manos" y no depender de otros, en alusión al reciente cambio de postura de la mandataria hacia Estados Unidos, de cara a los desacuerdos sobre sus posturas en comercio, el cambio climático, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la celebración de la XII Cumbre del G20, llevada a cabo en la ciudad de Hamburgo, República Federal de Alemania, los días 7 y 8 de julio del año en curso, donde los líderes de los países representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron su compromiso con el combate al cambio climático y el libre comercio para hacer frente a los retos económicos globales y contribuir a la prosperidad y el bienestar de todos los pueblos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas a fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la temporada vacacional de verano. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA A LA SEGOB Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A FORTALECER LA ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CIUDADANOS Y TURISTAS EN LA TEMPORADA VACACIONAL DE VERANO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad biológica en el mundo. Su variada vegetación, con bosques y selvas dan origen a una flora y fauna única que son uno de los mayores atractivos de la región. En el estado Chiapaneco hay una gran diversidad étnica, los grupos indígenas han conservado sus lenguajes y folklor. El mestizaje en el estado ha provocado una diversidad única en cuanto a tradiciones, artesanía y fiestas. Su cultura, gastronomía, arqueología y su magnífica biodiversidad hacen de Chiapas un lugar imperdible para el turismo nacional e internacional.

El colorido de sus trajes típicos es tan variado como el territorio chiapaneco, una gran cantidad de figuras mitológicas son bordados en sus ropas, representando el origen de la cultura Maya chiapaneca. Así mismo, Chiapas cuenta con aproximadamente diez zonas arqueológicas con una arquitectura e historia impresionante; Palenque es, sin duda, un imperdible en la visita a Chiapas, pues es una de las zonas arqueológicas más enigmáticas de la cultura Maya y considerada como la zona Arqueológica más visitada de México.

En 2016, se registró un crecimiento del 8 por ciento en afluencia turística y un 10 por ciento en derrama económica, lo que significa que fue un año benéfico para Chiapas, pues el turismo dejó una derrama económica de aproximadamente 18 mil millones de pesos. Y de enero a diciembre del 2016, se recibieron a 5 millones 616 mil 972 visitantes en el estado.

Aunado a lo anterior, las zonas arqueológicas registraron 988 mil visitantes que llegaron principalmente por vía aérea, es decir que las principales terminales aéreas reportaron la llegada de un millón 599 mil pasajeros. Y refiriéndonos a la infraestructura portuaria, arribaron a Puerto Chiapas 20 cruceros con 43 mil personas a bordo, de las cuales 27 mil realizaron recorridos por los diversos atractivos turísticos de la región, generando una derrama económica de un millón 771 mil dólares.

Las estadísticas para este 2017, apuntan un crecimiento del sector turístico del 10 por ciento, pues en Chiapas, el turismo es considerado como la actividad principal de fuente de ingreso, esto lo coloca en el lugar nueve de sitios turísticos más visitados a nivel nacional.

Chiapas cuenta con gran diversidad de hospedaje, transportación y oferta gastronómica, lo cual se muestra con sus 983 hoteles entre las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, Tonalá, Comitán de Domínguez y Chiapa de Corzo. Como parte del turismo cuenta con mil 413 restaurantes, 176 agencias de viajes, 15 arrendadoras de autos y 45 transportadoras turísticas.

Los principales atractivos turísticos con los que cuenta el estado son: el impresionante Cañón del Sumidero en Chiapa de Corzo, el legendario pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, las Lagunas de Montebello, la ruta del café y muchos destinos más, que hacen de Chiapas un destino con diversidad turística.

Como se menciona anteriormente el turismo es un factor muy importante para la economía y el desarrollo de Chiapas, es por esa razón que el turismo debe ser cuidado y recibido de la mejor manera para darles la mejor experiencia posible, lamentablemente el 4 de abril, un grupo de 28 turistas alemanes fueron asaltados mientras se trasladaban a bordo de un autobús a la zona de Palenque y se tienen más registros de robos a turistas, con esto se provoca una mala percepción al visitante y se llevan con ellos la experiencia contraria a la que esperan.

Chiapas cuenta con atractivos turísticos para todos los gustos y es un destino turístico obligado para los amantes de la naturaleza y el folklor mexicano, que debe ser potenciado a su máximo. Por ello es necesario garantizar la seguridad de los turistas, para que se lleven una buena imagen de nuestro estado y, en el caso de los turistas internacionales, también una buena imagen de nuestro país.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Chiapas, para que en el marco de sus atribuciones impulsen de manera conjunta y coordinada políticas públicas necesarias para fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas que visiten el estado en la temporada vacacional de verano.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas a hacer públicas y remitir las estrategias y prácticas que emprende para garantizar el abasto de medicamentos de forma suficiente y con calidad. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es innegable que la salud para todo ser humano es vital y su protección es reconocida como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1.

El Gobierno Federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182, expuso la necesidad de avanzar hacia la garantía del acceso efectivo a servicios de salud de calidad, consolidando la regulación de los procesos y establecimientos de atención médica.

En el Programa Sectorial de Salud 2013-20183, se plantea el avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

Es así, como el ejecutivo federal se comprometió con los mexicanos y en ese sentido, con los tamaulipecos para emprender acciones que mejoren las prestaciones médicas y que están sean proporcionadas calidad.

Pese a lo anterior, en mi estado Tamaulipas, los servicios médicos son de baja calidad y la población, hoy en día, levanta la voz por la carencia de medicamentos, los cuales son insuficientes para que les cure y así, vivir con dignidad y calidad de vida.

A ellos, se les han unido médicos y enfermeras que afirman que el abasto de medicamentos es una situación grave.

Para nadie debe ser extraño que la población tenga miedo de enfermar ya que en la situación económica en la que se encuentran muchos tamaulipecos, el adquirir medicamentos es una situación que merma sus finanzas personales, donde vivir ya es un asunto suntuoso.

La administración del actual gobernador del Estado de Tamaulipas identificó en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)4, que hasta el 2015, el 84.9% de la población tenía derecho a servicios de salud, destacando que el 39.3% contaban con seguro popular y el 47.3 al contaban con cobertura del IMSS.

En ese mismo PED, se destacó la importancia de garantizar el acceso universal a servicios de calidad propiciando el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles y se desarrolló la línea de acción 2.4.1 cuyo objetivo se centra en mejorar la atención y prevención de los problemas de salubridad más importantes y establecer un sistema de salud moderno, con tecnologías de vanguardia y una cultura de la calidad.

Para lograrlo, se planteó la estrategia encaminada en consolidar un sistema de salud con un enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, participativo y solidario, que garantice la cobertura universal con altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de salud y con suficiencia en el abastecimiento de material, equipo y medicamentos.

Sin embargo, la propia Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, reconoció el pasado 4 de julio del presente año, que “aún existen grandes brechas que se vienen arrastrando y ha sido imposible cerrarlas, sobre todo en el abasto de medicamentos y el acceso a servicios especializados”5 y continúo diciendo que “ante ello fue indispensable efectuar un proceso de licitación para la dispensación de medicamentos a fin de mantener el control, optimizar el presupuesto y erradicar viejas prácticas en la compra de medicinas y material de curación, que lesionaban a los tamaulipecos, al disponer de recursos que estaban destinados para otros fines”5.

Según la Secretaria Molina, a un mes de entrada del programa de abasto de medicamentos sólo se ha cubierto la atención del 79.5%, sin que se conociera mayores datos.

En ese contexto, la Federación, a través de participaciones federales, asiste al estado de Tamaulipas con Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con Recursos Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y con PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud.

La evolución presupuestal de estos recursos, bajo una tendencia general ha ido incrementándose, sin embargo no fue posible conocer la evolución del 2014 al 2016, ya que el Gobierno de Tamaulipas no reportó información plenamente identificable en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública6 de esos años.

Lo que sí se pudo conocer son los resultados de fiscalización a los recursos federales transferidos relacionados con la salud que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)7 de los ejercicios 2014 y 2016; en el 2015, sólo se auditaron los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

A continuación se muestra información relevante de su evolución presupuestal:

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Evolución Presupuestal
Cifras en miles de pesos


Año

Presupuesto Asignado

Compra de medicamentos

Porcentaje vs Presupuesto Asignado

2014

2,401,072.4

39,040.9

1.6

2015

2,506,030.5

75,186.7

3.0

2016

2,756,278.7

35,182.5

1.2

Como se aprecia, los recursos destinados para el estado en este fondo se han incrementado con el paso de los años; no obstante, el porcentaje de recursos destinados a medicamentos es pequeño, lo que representaría que a cada uno de los 3,441,6988 habitantes de Tamaulipas les correspondieran 11.34, 21.84 y 10.22 pesos, respectivamente por año para atender su necesidad de medicamentos.

La ASF identificó debilidad en el control interno y atención a riesgos en el Fondo en comento; esto es, que el Fondo es susceptible de mejorar la forma en que se realizan las actividades, recayendo la responsabilidad de mejora en los servidores públicos que lo operan.

Asimismo, remarcó que puede fortalecerse la forma en que se reporta a la SHCP los avances y logros del programa.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA

Evolución Presupuestal
Cifras en miles de pesos


Año

Presupuesto Asignado

Compra de medicamentos

Porcentaje vs Presupuesto Asignado

2014

1,087,918.3

282,411.8

26.0

2015*

 

 

 

2016

1,026,625.0

289,035.10

28.1

* No fue auditado

El control interno fue medio, y en la revisión del 2016, se destacaron las observaciones siguientes:

• Se adquirieron medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado por 3,1246 miles de pesos y compraron 604 servicios de diagnóstico de terapia pulpar y radiografía periapical por 331.1 miles de pesos en los contratos núms. 069/2015 y 072/2016, sin estar amparados en los mismos.

• Asimismo, se presentó un subejercicio de 22,063.7 miles de pesos e incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular.

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD

Evolución Presupuestal
Cifras en miles de pesos


Año

Presupuesto Asignado

Compra de medicamentos

Porcentaje vs Presupuesto Asignado

2014

60,944.6

14,828.6

24.3%

2015*

 

 

 

2016

86,063.3

25,047.4

29.1%

* No fue auditado

La debilidad del control interno fue recurrente y en el 2016, la ASF determinó que 32,337.6 miles de pesos fueron desviados a actividades ajenas a este programa. Es importante destacar que se emitieron procedimientos sancionatorios en contra de servidores públicos que operaron los 3 programas federales relacionados con la Salud en el Estado de Tamaulipas; no obstante no existe manera de cotejar si fueron procedentes las sanciones.

Por lo anteriormente expuesto y a modo de conclusión, se puede afirmar que el abasto de medicamentos en los tres programas de recursos federales destinados a la Salud de los tamaulipecos no es suficiente y se identificaron situaciones que pueden ser mejoradas pero que se desconoce su seguimiento y atención para evitar la recurrencia.

Por ello, es conveniente exhortar respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas, para que de acuerdo con sus atribuciones, haga públicas y remita a esta soberanía las estrategias y prácticas que emprende para garantizar el abasto de medicamentos de forma suficiente y con calidad, acredite el fortalecimiento del control interno y de identificación de riesgos para fortalecer el uso y destino de los recursos federales transferidos para brindar salud a los tamaulipecos y remita los avances presupuestales de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con Recursos Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud y permita conocer lo ejercido y pagado en compra de medicamentos, lo anterior a fin que se proteja la salud de los Tamaulipecos.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas, para que de acuerdo con sus atribuciones, haga públicas y remita a esta soberanía las estrategias y prácticas que emprende para garantizar el abasto de medicamentos de forma suficiente y con calidad, acredite el fortalecimiento del control interno y de identificación de riesgos para fortalecer el uso y destino de los recursos federales transferidos para brindar salud a los tamaulipecos y remita los avances presupuestales al 30 de junio de 2017 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de los Recursos Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y de los recibidos en PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud y se permita conocer lo ejercido y pagado en compra de medicamentos, a fin que se garantice a los tamaulipecos su derecho constitucional a la salud.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, remita a esta soberanía las respuestas que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas de la revisiones números 16-A-28000-02-1596, 16-A-28000-02-1598 y 16-A-28000-02-1589 de tipo Financiera y de Cumplimiento, denominadas Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, respectivamente, a fin de tener elementos suficientes que permitan conocer las acciones de mejora en cuanto al uso y destino de los recursos, de prevención a la corrupción y conductas clientelares, así como de sanciones y recuperaciones de recursos públicos que se originen de la atención a las mismas por parte del Gobierno de Tamaulipas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 7 de julio de 2017.
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465, consultado el 7 de julio de 2017.
3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf, consultado el 7 de julio de 2017.
4 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED) - Tamaulipas, disponible en http://www.plantam.mx/, consultado el 7 de julio de 2017.
5 Alcanzará Tamaulipas en breve Cobertura Universal y abasto de medicinas – boletín de prensa del 4 de julio de 2017 de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, disponible en
http://www.tamaulipas.gob.mx/salud/2017/07/alcanzara-tamaulipas-en-breve-cobertura-universal-y-abasto-de-medicinas/, consultado el 7 de julio de 2017.
6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP al 1er trimestre de 2017, disponible en
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, consultado el 7 de julio de 2017.
7 Informes del Resultado de la Fiscalización Superior, disponibles en
http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria, consultados el 7 de julio de 2017.
8 Cuéntame, Información Entidad – Habitantes Tamaulipas del INEGI, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Tam/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=28, consultado el 7 de julio de 2017.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de gobierno de la Ciudad de México a que sea descartada cualquier pretensión de demolición del “Velódromo Olímpico Agustín Melgar”, y en su lugar se fortalezcan las acciones encaminadas a su adecuada conservación y mejoría, a fin de preservarlo como Centro de Competencia, Desarrollo Físico y Esparcimiento Público para el Ciclismo de Pista, entre otras disciplinas. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEA DESCARTADA CUALQUIER PRETENSIÓN DE DEMOLICIÓN DEL “VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR”, Y EN SU LUGAR, SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A SU ADECUADA CONSERVACIÓN Y MEJORÍA, A FIN DE PRESERVARLO COMO CENTRO DE COMPETENCIA, DESARROLLO FÍSICO Y ESPARCIMIENTO PÚBLICO PARA EL CICLISMO DE PISTA, ENTRE OTRAS DISCIPLINAS; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Velódromo Olímpico Agustín Melgar forma parte de las construcciones deportivas planeadas para los Juegos Olímpicos México 1968. Es una instalación usada principalmente para eventos de ciclismo y velódromo, ubicada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, al oriente de la Ciudad de México.

Cubre una superficie de 5.2 hectáreas y fue creado por el Arquitecto Herbert Schurmann, con una capacidad para 6,800 espectadores. Fue inaugurado el 30 de septiembre de 1968.

Desde entonces ha sido testigo de la construcción de toda una historia deportiva, siendo sede de la imposición de 30 de las 52 marcas mundiales en el ciclismo de pista que se habían impuesto hasta el año 2000, además del rompimiento de muchas otras.

Por mencionar algunos:

• La francesa Jeannie Longo rompió tres veces el record femenil de la hora y el más reciente en 2003 por la neerlandesa Leontien Van Moorsel.

• El alemán Mike Malchov logró imposición de marca en la prueba del kilómetro en el Mundial Juvenil de 1980.

• El ciclista belga Eddie Merckx superó el record mundial de la hora en 1972.

• El colombiano Emilio “Chochise” Rodríguez impuso la marca mundial de la hora para aficionados en 1970.

• El mexicano Radamés Treviño con el record mundial de la hora en 1969.

No por nada es una instalación protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pues en base a los breves antecedentes mencionados, como escenario de los juegos de México 68 y sede catedral de récords mundiales. Forma parte de los seis escenarios de los Juegos Olímpicos de 1968 que se encuentran contemplados en la Relación de Inmuebles con Valor Artístico por este instituto.

A la fecha, el velódromo sigue cumpliendo su cometido. Ahí concurren corredores amateurs y profesionales para ejercitarse, con un doble cometido, tanto como sitio de convivencia como de desarrollo físico. Además de ser el espacio público para ciclistas, cuenta con tres canchas que se usan para futbol, tochito y futbol americano, funciona como escuela de ciclismo de pista en dos turnos para pedalistas de todas las edades, además de recibir competencias de manera periódica.

Lamentablemente ha sido contemplado para ser demolido y en su lugar edificar el Estadio y nueva sede el equipo “Cruz Azul” de futbol, de acuerdo a declaraciones públicas del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En sus manifestaciones señala que al estarse contemplando esta opción, se está ya tramitando una resolución ante el INBA para dar cauce al propósito.

Sin embargo, las reacciones sociales, principalmente por la comunidad ciclista y hasta por los propios vecinos de esta histórica sede olímpica, no se han hecho esperar.

La oposición rotunda a un acto que se ha considerado como un atentado al patrimonio cultural y deportivo de los mexicanos. Un sentir al que considero le asiste la razón y lejos de pensar en su demolición, acentuar las acciones de mantenimiento y de mejoras.

A fecha más reciente, el Jefe de Gobierno señaló que no pretende generar confrontación por el asunto, por lo que al parecer se buscará una nueva sede para el susodicho estadio.

Lo importante es que ni por ese no por otro motivo sea demolido el emblemático Velódromo Agustín Melgar, sede histórica de Juegos Olímpicos de 1968 y actual sede pública de ciclistas y otras disciplinas.

Por ello, no obstante que se piense en desistir del proyecto de demolición y edificación de un estadio, es necesario dar un giro a este tipo de intenciones y en su lugar, proteger y mejorar el velódromo; máxime que, como ya se dijo, se encuentra en trámite una resolución que lo retire de protección ante el INBA.

Por ello, que la atenta propuesta que me permito realizar a esta honorable Asamblea, sea pecisamente la contenida en los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta Respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que respecto al “Velódromo Olímpico Agustín Melgar”, ubicado en esta Ciudad Capital…

A).- Se presente formal desistimiento de cualquier solicitud ante el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) tendiente a retirarlo de la Relación de Inmuebles con Valor Artístico como sede histórica de los Juegos Olímpicos de 1968 y testigo palpable de innumerables récords mundiales; y

B).- Se descarte cualquier pretensión de demolición, ya por causa de la anunciada edificación de un nuevo estadio de futbol, como de cualquier otra; y en su lugar, se fortalezcan las acciones encaminadas a su adecuada conservación y mejoría, a fin de preservarlo como centro de competencia, desarrollo físico y esparcimiento público para el ciclismo de pista, entre otras disciplinas.

Dado en la Ciudad de México; en la Comisión Permanente,
el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a implementar una estrategia integral para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y EL COMBATE A CONDUCTAS DELICTIVAS conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En el primer semestre de este año han aumentado los índices de inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Por lo que respecta al robo a pasajeros se registró en los primeros meses un total de 599 asaltos con y sin violencia, según lo informa la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esto es alarmante debido a que refleja un incremento estimado del 62.33 por ciento en relación a los primeros seis meses del año 2016. Durante el año 2016 se iniciaron 738 averiguaciones previas por el robo a usuarios dentro de las instalaciones del Metro.

En este año, en el mes de mayo se registraron 170 casos; en abril 150; en marzo 109; en febrero 102 y en enero 68 casos. Aunado a ello, según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que en los primeros cinco meses del año se presentaron 4 mil 399 denuncias de por robo de teléfonos móviles.

Asimismo, señaló dicha comisión que las estaciones en donde se comente con más frecuencia dicho delito son: Bellas Artes, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Tacuba, Pantitlán, Zócalo, Indios Verdes y Constitución de 1917.

Solo por mencionar un ejemplo.

Señalar que el robo no es el único peligro que sufren los usuarios del STC Metro, debido a que el pasado 28 de junio del presente año, dos usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro denunciaron ser acosadas por un sujeto vestido de mujer, de acuerdo a las declaraciones se indicó que sufrieron tocamientos y ataque verbal. Cifras revelan que el 65 por ciento de las mujeres usuarias del Metro han sufrido de acoso. Se estima que durante el año 2016, las denuncias por casos de violencia sexual aumentaron un 56.7 por ciento, las estaciones que presentaron mayor número de casos de agresiones contra mujeres son Hidalgo, Centro Médico, Pantitlán, Pino Suárez, Salto del Agua, Puebla, Ciudad Azteca, Observatorio, Zócalo, Atlalilco, Ciudad Deportiva, Chabacano y San Lázaro. La mayor parte de los casos ocurren en horarios considerados como “horas picos”, siendo la mayoría cometidos dentro del vagón, al ascenso y descenso, en escaleras, torniquetes, andenes y pasillos del Metro.

Dentro del trabajo que ha implementado el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, para hacer frente a dicha problemática es la identificación por medio de las cámaras de vigilancia de “grupos delictivos” que operan dentro del organismo. Este trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, ha permitido identificar el modo de operar de estas bandas delictivas, lo que ha llevado a desmantelar a algunas de ellas.

De acuerdo con el Director General del Metro, ya se han desarticulado tres “bandas” que contaban con más de 10 integrantes, deteniendo a los responsables y a sus cómplices y se han localizado las pertenencias para entregárselas a sus dueños quienes realizaron las denuncias correspondientes, lo que ha reflejado en el aumento de los mismos. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes ya que las cifras de incidencia delictiva se han elevado.

Es importante señalar que el modo de operar de los ladrones consiste en que grupos regularmente de tres personas, aprovechan los momentos con mayor afluencia para rodear a las posibles víctimas y a través de empujones maniobran para despojar a la persona de sus pertenencias, estas pasan de inmediato a manos de un cómplice quien se aleja del lugar.
Del mismo modo, Hiram Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que durante el año 2016 se incrementaron entre 18 y 20 por ciento las detenciones por robo y agresiones sexuales dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro lo que se traduce en más de mil 600 detenciones por la comisión de estos delitos.

En lo que respecta al año 2017, de acuerdo con informes estadísticos de la incidencia delictiva en la Capital, elaborado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México comparado con el periodo anterior, el primer bimestre de 2017 ha representado un aumento de 132 por ciento. Durante enero y febrero de 2016 fueron denunciados ante la Procuraduría capitalina 73 casos de robos, sin embargo en el mismo periodo pero de 2017 se registraron 170.

Por lo anteriormente señalado resulta imperante la necesidad de hacer frente a dicha problemática en la que se ve inmersa particularmente el sistema de Transporte Colectivo Metro que transporta ya que es el medio principal de transporte para 5.5 millones de personas diariamente, ante este importante número de usuarios preocupa que vaya en aumento el índice delictivo dentro de las instalaciones. Desde el legislativo exigimos que uno de los medios más utilizados sea también de los más seguros.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que conforme al artículo 7 de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal las políticas de movilidad que deberá implementar la Administración Pública del Distrito Federal deberán atender siempre y en todo momento los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, innovación tecnológica, y muy importante, calidad.

III.- Que conforme al artículo 80 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal el servicio de trasporte deberá de prestarse en las mejores condiciones de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.

IV.- Que de conformidad con el artículo 122, base segunda, fracción II, inciso E, le corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública.

V.- Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; el desarrollo de políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de infracciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se implemente una estrategia integral para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se realicen las labores de investigación pertinente para lograr la detención, consignación y desmantelamiento de las bandas delictivas que operan en las instalaciones e inmediaciones de las estaciones del STC Metro.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscriben

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República realizar una investigación frente a los hechos de corrupción del Congreso del estado de San Luis Potosí. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador Independiente de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF Y A LA PGR REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN FRENTE A LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las causas de la crisis de nuestro sistema de partidos es, sin duda, su adicción a los recursos del erario público obtenidos ya sea por financiamiento en procesos electorales o por desvío de recursos públicos, una vez que llegan a la administración pública. El escándalo del Congreso de San Luis Potosí es otro caso más de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios.

En la última década el fenómeno del endeudamiento de estados y municipios, junto con el crecimiento endémico de la corrupción en el manejo de los recursos públicos, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Congreso de la Unión. La Ley de Disciplina Financiera para las Entidades y Municipios fue creada para contener el crecimiento y los riesgos inherentes para entidades federativas, que dependen sus finanzas públicas en su mayoría de los recursos de la federación.

Dentro de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se incorporó como un elemento del Estado mexicano la participación ciudadana y fiscalización de los recursos públicos para impulsar una ambiciosa reingeniería institucional, esto con el propósito de revalorar el papel de los servidores públicos en el manejo de los recursos de los contribuyentes, bajo los principios de probidad, honradez y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En el año 2013, en el marco de la discusión de la reforma constitucional para regular y transparentar la deuda de los estados y municipios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos advirtió de los riesgos del sobreendeudamiento y falta de transparencia de la contratación en los estados de Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. El caso del Estado de Tabasco, el Gobernador, Arturo Núñez, hizo público un desfalco a la hacienda pública estatal estimado, hasta el momento, por un monto de 27 mil 200 millones de pesos, en los siguientes rubros: 1 mil 900 millones de pesos de programas federales que no se sabe dónde se ejercieron; 17 mil 717 millones de deuda pública, sin documentación que sustente; otros 2 mil 300 millones de adeudos a acreedores y proveedores, y un déficit presupuestal de 5 mil millones de pesos. Recordemos que Tabasco registró en un año electoral el mayor crecimiento de la deuda a nivel nacional al pasar de 2 mil 900 a 4 mil 823 millones de pesos, un incremento de 66% en tan solo un año. En el caso de Zacatecas, el crecimiento de su deuda fue de una gran magnitud: pasó de 477 millones al cierre de 2009, a poco más de 8 mil 254 millones de pesos al cierre de la Cuenta Pública de 2012, lo que significa incremento de 1630% en tan sólo tres años.

La situación continúa agravándose frente a la caída del coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones (Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)), ante la ausencia de la representación del gobierno estatal en el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones Federales y la presión de gastos de educación y salud.

En el caso del municipio de Acapulco en Guerrero, la administración de tres años de Añorve amplió de 396.4 a 1 mil 561.8 mdp la deuda, sin que se vea una sola obra pública que refleje una inversión de esa magnitud en beneficio del puerto, de su población o en beneficio de la promoción turística. Cabe destacar que no sólo no hay evidencia del gasto excesivo en esta administración sino que además el pasivo total del ayuntamiento ascendió a 2 mil 142.8 millones de pesos al final de su administración.

A cuatro años de la reforma constitucional y la publicación de las leyes reglamentarias de la Ley de Disciplina Financiera, y a un año de la publicación de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, nuevamente enfrentamos otro caso de corrupción que se suma a los escándalos de las administraciones de los gobierno de Chihuahua y de Veracruz: el 12 de junio de 2017 el diario “El Pulso de San Luis” hizo público un video donde 4 diputados locales y el Auditor Superior del Estado de San Luis están involucrados en un esquema de corrupción para extorsionar alcaldes municipales mediante los informes de la Cuenta Pública. Se les exige un porcentaje a los alcaldes a cambio de eliminar las irregularidades registradas en la gestión de 2016.

La renuncia al cargo de auditor de San Luis Potosí ocurre en medio de un escándalo de corrupción protagonizado por el Diputado Enrique Flores Flores, quien fue grabado mientras ofrecía a alcaldes la posibilidad de limpiar el historial de la deuda de su administración a cambio de 10% del monto, adicionalmente a los diputados involucrados del PAN, PRI y PRD solicitaron licencia, el diputado del PVEM no ve motivos para irse. El video muestra al Diputado Enrique Flores Flores (PAN) ofrecer a un alcalde “ayuda para limpiar” la deuda municipal a cambio del 10% del monto blanqueado, alrededor de 4 millones de pesos. La “limpieza” se obtendría al hacer desaparecer las observaciones de la Auditoria estatal. Un tercer diputado implicado en el escandalo fue Óscar Bautista Villegas (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia encargada de resolver las siete solicitudes por destitución de cargo contra el Auditor.

Los medios de comunicación informaron que, aparentemente, este tipo de irregularidades que involucras más de un municipio, era llevada a cabo por varios miembros del Congreso y la oficina de del Auditor del Estado. Los cuatro legisladores locales involucrados como organizadores de la extorsión son: Óscar Bautista Villegas (PRI), José Guadalupe Sánchez Torres (PRD), Manuel Barrera Guillén (PVEM) y Enrique Flores Flores (PAN). El Titular de la Auditoria Superior del Estados de San Luis Potosí, José de Jesús Martínez Loredo, renunció la noche del jueves 15 de junio en medio de un escándalo de corrupción que implica a su oficina y a miembros del Congreso Local. En el oficio entregado al Congreso Local señaló que “…su renuncia era definitiva, irrevocable y por razones estrictamente de salud”.

En medio de este escándalo, el Lic. Manuel Abraham Reinhardt Guerrero también renunció como Coordinador Especial de la Auditoría. Supuestamente, él fungía como enlace entre los diputados y la oficina del Auditor en los arreglos ilegales de las deuda municipales. En este caso, hablamos de un red de corrupción que no respetó color e ideología, y exige una investigación a profundidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la de Justicia de San Luis Potosí, en el caso del blanqueamiento de Cuentas Públicas a municipios, particularmente por la administración del Ramo 28 y 33 que hicieron los municipios potosinos.

 La fiscalización de los municipios potosinos debe hacerse desde la ASF y, una vez instalado el Sistema Anticorrupción, se haga lo propio, que finalmente es el fin primordial de este nuevo órgano.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 6°, 14° fracción I, inciso a) y 59° de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que establece lo siguiente:

Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control”.

Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

l. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;”.

Artículo 59.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción 1, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación”.1

Asimismo, a pesar de que no se cuenta con el Fiscal Anticorrupción, es necesario empezar activar los mecanismos de investigación del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que solicito que la Comisión Permanente apruebe de manera urgente tres peticiones, con el objeto de mandar un mensaje del Congreso de la Unión para reinstalar el Estado de Derecho contra la impunidad que los medios de comunicación han puesto a la luz pública:

• La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión debe solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realizar inmediatamente una investigación sobre el desvío de recursos públicos en el Congreso de San Luis Potosí y las administraciones municipales de sus recursos de origen federal, y particularmente, de los ramos 28 y 32, así como fincar responsabilidades sobre funcionarios públicos y legisladores locales ante la Procuraduría General de la República por actos de corrupción en el proceso de fiscalización y ejercicio de los recursos públicos de la entidad.

• Debemos solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar una investigación al Congreso de San Luis Potosí y a las administraciones municipales para determinar la existencia de manipulación en el registro y contratación de cualquier tipo de deuda pública, de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, y sus disposiciones reglamentarias.

• Finalmente: Derivado de la reforma constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, el Congreso debe ejercer sus facultades de investigación a través de la Comisión Bicameral competente del seguimiento de la deuda pública de los estados y municipios, iniciar en coordinación con la Procuraduría General de la República una investigación de los hechos de corrupción del Congreso de San Luis Potosí y sus administraciones municipales, para fincar responsabilidades sobre la red de corrupción denunciada por los medios de comunicación relacionados con la fiscalización y manejo de la deuda pública, y remitir a la brevedad un informe de los avances de la investigación.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de urgente resolución la siguiente proposición con:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar inmediatamente una investigación sobre el desvío de recursos públicos en el Congreso de San Luis Potosí y las administraciones municipales de dicho estado sus recursos de origen federal, y particularmente, de los ramos 28 y 32, así como fincar responsabilidades sobre funcionarios públicos y legisladores locales ante la Procuraduría General de la República por actos de corrupción en el proceso de fiscalización y ejercicio de los recursos públicos de la entidad.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar una investigación al Congreso de San Luis Potosí y a las administraciones municipales para determinar la existencia de manipulación en el registro y contratación de cualquier tipo de deuda pública, de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, y sus disposiciones reglamentarias.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la intervención de la Comisión Bicameral competente del seguimiento de la deuda pública de los estados y municipios, iniciar en coordinación con la Procuraduría General de la República una investigación de los hechos de corrupción del Congreso de San Luis Potosí y sus administraciones municipales, para fincar responsabilidades sobre la red de corrupción denunciada por los medios de comunicación relacionados con la fiscalización y manejo de la deuda pública. Asimismo, se solicita a la Comisión Bicameral remita un informe en un plazo no mayor de 30 días hábiles a las Cámaras del Congreso de la Unión de los avances de la investigación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.

1 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160616-V.pdf






De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de León, Guanajuato, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2017. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ integrante del grupo parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos meses, hemos conocido de los elevados hechos de violencia, inseguridad y de homicidios dolosos que se registran en el estado de Guanajuato.

El 24 de agosto de 2016, la Comisión Permanente aprobó, a propuesta de quien suscribe el presente punto de Acuerdo, un exhorto al gobierno del estado de Guanajuato para solicitarle la implementación de acciones adicionales de coordinación con las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia de seguridad pública, con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva.1

Sin embargo, las autoridades estatales continúan implementando el Proyecto Escudo de seguridad que no ha dado resultados en la entidad y que hoy tiene a los guanajuatenses con más dudas que beneficios.

El municipio de León por su importancia geográfica y actividad económica es uno de los más afectados por estos hechos de violencia que no cesan.

De acuerdo al estudio realizado por México Evalúa, el municipio de León es el segundo más letal de 50 municipios más importantes del país.2

Las acciones en seguridad implica el ejercicio de recursos que no han sido eficientes ni transparentes en la entidad y por lo visto, tampoco lo han sido los que ejerce el municipio.

En el último Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación revisó los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), aportados por la Federación durante 2016 al municipio de León, Guanajuato, por un monto de $103, 687,300 pesos.3

De estos, la muestra de recursos examinada fue de $79, 736,600 pesos, monto que representó el 76.9% de los recursos transferidos.

Al respecto, se observa que:

1. El municipio de León, Guanajuato, no entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo, en tiempo y forma, la totalidad de los anexos del acta de cierre del ejercicio fiscal 2016, como son la acreditación de la aplicación de los recursos de la coparticipación, los comprobantes del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no devengados, así como la cancelación de las cuentas bancarias (FORTASEG 2016 y Coparticipación).

2. Sobre el destino y ejercicio de los recursos el municipio de León, Guanajuato, no devengó al 31 de diciembre de 2016 recursos del FORTASEG por 8,132.7 miles de pesos, más los intereses generados por 1,728.8 miles de pesos dando un total de 9,861.5 miles de pesos, los cuales a la fecha de la revisión se encuentran en la cuenta, por lo que no fueron reintegrados a la TESOFE, en los plazos y términos que establecen las disposiciones aplicables.

Ante esta situación, la Auditoría Superior de la Federación consideró, en el Pliego de Observaciones 16-D-11020-02-0961-06-001, la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de $9, 861,538.55 pesos, además de los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber reintegrado los recursos no devengados al 31 de diciembre del 2016.

Por otra parte, la Auditoría Superior señaló que el municipio de León, Guanajuato, no incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTASEG 2016 en su Cuenta Pública local.

En materia de adquisiciones, la Auditoría Superior de la Federación constató que:

1. En la adquisición de 14 motocicletas equipadas como patrullas, por un monto de $1,750,000 pesos, se asignó por adjudicación directa, superando con ello los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, aunado a que el dictamen que fue presentado no justificó, fundamentó y tampoco motivó dicha acción.

2. Asimismo, en la auditoría se hace referencia que se realizó una visita de inspección física en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal con el propósito de verificar las adquisiciones de uniformes para los elementos policiales de la Secretaria de Seguridad Pública que consiste en 336 camisolas; 336 pantalones y 336 kepi, por 426.8 miles de pesos, con recursos de FORTASEG 2016, amparadas en el contrato correspondiente, y se constató que a la fecha de la revisión no se había efectuado aún la entrega del vestuario convenido con el proveedor, pagados con recursos del FORTASEG 2016.

Por lo que en el Pliego de Observaciones 16-D-11020-02-0961-06-002, la Auditoría Superior de la Federación considera que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de $426,787.20 pesos, más los intereses generados hasta su reintegro en la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos de bienes que no fueron entregados.

Finalmente, también se constató que el municipio de León, Guanajuato, no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Formatos Avance Financiero correspondientes al primero y cuarto trimestre sobre los recursos del FORTASEG 2016; además de que tampoco difundió en los medios locales del municipio el formato Avance Financiero y el formato Gestión de proyectos; aunado a que constató que los informes carecen de calidad y congruencia.

En el estado de Guanajuato y en particular la sociedad leonesa está resintiendo la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad.

Se requiere de elementos policiales mejor capacitados; y que estos recursos se gasten en la profesionalización y en equipamiento de una forma mucho más proporcional.

Por ello el presente punto de Acuerdo está orientado a pedir a las autoridades municipales a que realicen en este 2017 una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Lo anterior debido a que la Auditoría Superior de la Federación concluyó que “el municipio de León, Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, con base a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron en su totalidad sus objetivos y metas.

Esto implica que no se realicen adjudicaciones directas de contratos en donde no está permitido, práctica recurrente por el Gobierno del estado de Guanajuato quien ha puesto el mal ejemplo en reiteradas ocasiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al municipio de León, Guanajuato, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017.

SEGUNDO.- Asimismo, para que el Municipio de León, Guanajuato, a la brevedad solvente los Pliegos de observaciones 16-D-11020-02-0961-06-001 y 16-D-11020-02-0961-06-002, correspondientes al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392683_20160629_1467212628.pdf

2 http://mexicoevalua.org/2017/06/12/como-van-los-50-municipios-mas-letales-del-pais/

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0961_a.pdf






De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y Rosa Adriana Díaz Lizama y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a una reunión de trabajo al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que exponga de manera detallada el contenido del informe enviado a esta Soberanía sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, en donde reporta un superávit en sus finanzas tras sufrir años de crisis económica. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Sen. MA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Sen. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Sen. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Sen. FERNANDO HERRERA ÁVILA, Sen. ERNESTO CORDERO ARROYO, Sen. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, Sen. DANIEL ÁVILA RUIZ, Sen. JUAN CARLOS ROMERO HICKS y Sen. FERNANDO TORRES GRACIANO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE EXPONGA DE MANERA DETALLADA, EL CONTENIDO DEL INFORME ENVIADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RIESGOS DEL INSTITUTO, EN DONDE REPORTA UN SUPERÁVIT EN SUS FINANZAS TRAS SUFRIR AÑOS DE CRISIS ECONÓMICA. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, remitió a esta Soberanía, el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2016-2017.

En un artículo de opinión, publicado1 en el diario “El Universal” el 4 de julio de 2017, Mikel Arriola dice que “el Presidente Peña Nieto rescató al IMSS de la quiebra” y que todos los días trabajan para mejorar sus finanzas.

Asegura Arriola en su artículo, que durante años se escuchó de la crisis financiera en la que se encontraba el IMSS, provocada por una inercia de gasto sin planeación y sin control e ingresos insuficientes para hacerle frente. Dice que en los últimos años, se ha logrado que la diferencia entre ingresos recaudados mediante cuotas obrero patronales y los gastos de atención a la población, sea cada vez más pequeña.

Afirma que desde que asumió la Dirección General del IMSS y por instrucciones de Peña Nieto, enfocó sus esfuerzos para lograr resultados en 3 ejes:

1.- Continuar con el fortalecimiento financiero del Instituto.

2.- Mantener y acelerar los procesos de simplificación de trámites.

3.- Mejorar la calidad y calidez de los servicios médicos.

Es necesario que el superávit que se reporta en el informe, sea percibido por los derechohabientes del IMSS y que se refleje en mejor atención médico, abasto de medicamentos, y mejor equipo e infraestructura hospitalaria.

No basta un artículo publicado en un periódico para que con eso se solucione el problema de fondo del Seguro Social.

El discurso dista mucho de la realidad; para muestra, algunos botones:

1.- En la Clínica 33 de la ciudad de Chihuahua, diversos derechohabientes manifestaron2 en las redes sociales su malestar por la falla en el elevador. Aseguran que los camilleros se negaron a ayudar a subir a una mujer de 80 años de edad.

2.- Diversas clínicas de la ciudad de Monclova, Coahuila, desde el 23 de junio de 20173, presentan problemas con el aire acondicionado, por lo que los pacientes y trabajadores sufren de molestias considerables por las altas temperaturas.

Al 7 de julio de 20174, el problema persististe en la Clínica 7 de Monclova, por lo que los trabajadores expresaron que laboran bajo protesta, Las áreas más afectadas son: ginecología y traumatología.

3.- Los trabajadores de la Clínica de Campo del IMSS en Bochil, Chiapas, el 4 de julio de 20175, tomaron las instalaciones en demando capital humano, medicamentos y material quirúrgico. Los manifestantes, son médicos y enfermeras, quienes expresaron que el nosocomio se encuentra en el abandono, pues carecen de personal y de insumos. Explicaron que la clínica atiende a pacientes de más de ocho municipios, por lo que es indispensable el abastecimiento de medicamentos y material de curación y más trabajadores para hacerle frente a la demanda.

4.- En una nota publicada el 7 de julio de 2017, se da cuenta que en Tuxtla Gutiérrez, Chipas, se está solicitando6 la intervención de autoridades de Salud en ese municipio, debido que en las semanas recientes han ocurrido muchas muertes a causa de una enfermedad, cuyo origen no ha sido detectado.

En el escrito dirigido al presidente Peña Nieto y al gobernador Velasco Coello, se dice que presuntamente se trata de brotes de tifoidea con infecciones intestinales y urinarias que están causando la muerte de niños, jóvenes y adultos, en promedio de dos personas diarias. Se asegura que ni en el Centro de Salud ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuentan con medicamentos y médicos especialistas para estudios y diagnósticos.

No se pueden ignorar los casos señalados en los párrafos precedentes, que son dados a conocer por los propios derechohabientes y población afectada que no cuenta con recursos para una atención médica particular. Estamos seguros que esos son solo algunos casos de deficiencias en el IMSS, y falta conocer aquellos casos que no se reportan en los medios de comunicación, es decir, la cifra negra.

No debemos permitir que mientras en la realidad, los derechohabientes del IMSS padecen serias deficiencias para lograr atención médica, el Director General asegure que el Instituto fue salvado por Peña Nieto y por él y que tienen un superávit en sus finanzas y que de manera petulante, fue difundido en un artículo publicado en el periódico “El Universal”.

Por lo antes expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a una reunión de trabajo al Director General del Instituto Mexicano del Seguros Social para que exponga de manera detallada, el contenido del informe enviado a esta Soberanía sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, en donde reporta un superávit en sus finanzas tras sufrir años de crisis económica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Fernando Torres Graciano.

2 http://tiempo.com.mx/noticia/86060-molestias_por_falla_en_elevador_de_la_clinica_33_del_imss/1

3 http://periodicoeltiempo.mx/monclova/infierno-en-el-imss/

4 http://periodicoeltiempo.mx/monclova/infierno-en-clinica-7-trabajan-bajo-protesta/

5 http://www.nvinoticias.com/nota/63252/toman-trabajadores-clinica-del-imss-en-bochil

6 http://www.cuartopoder.mx/preocupapresuntobrotedetifoidea-208770.html

1 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/mikel-arriola/nacion/2017/07/4/informe-sobre-la-
situacion-financiera-y






Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación gire instrucciones al Instituto Nacional de Migración, a fin de otorgar todas las facilidades a los mexicanos deportados de los Estados Unidos de América para brindar una identificación oficial de carácter temporal que les  permita facilitar su reinserción social en territorio nacional. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Miguel Barbosa Huerta y del Diputado Vidal Llerenas Morales, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que explique la situación que guarda el denominado Paso Express en la autopista México-Cuernavaca, con motivo de la tragedia acontecida en días pasados que cobró la vida de dos personas. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y de las Diputadas Emma Margarita Alemán Olvera y Claudia Sánchez Juárez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de la República a ordenar la ejecución inmediata de una auditoría técnica e independiente, que deslinde las responsabilidades penales, políticas y administrativas de los servidores públicos y de las empresas constructoras implicados en el derrumbe del Paso Express Cuernavaca, ocurrido el pasado 12 de julio del año en curso, así como el cese inmediato del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de los demás servidores públicos involucrados que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución y entrega de la obra mencionada. Se turna a la Tercera Comisión.

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA Y CLAUDIA SÁNCHEZ JUÁREZ, Diputados Federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El paso exprés de Cuernavaca durante el proceso constructivo y después de su inauguración, fue considerado por las autoridades estatales y federales, como una de las obras públicas más relevantes del período 2012 – 2018; ejemplo de la ingeniería y prototipo de las carreteras modernas; equiparable a las mejores del mundo; baste ver para comprobarlo, las declaraciones publicadas desde día 5 de abril del año en curso, fecha en la que puesta en marcha por el titular del Ejecutivo Federal.

No obstante, desde esta tribuna legislativa, como representante popular del distrito electoral 01 de Cuernavaca, señalé junto con otras voces de compañeros de esta LXIII Legislatura, las innumerables desgracias ocurridas durante el proceso constructivo, que por cierto, siempre fueron ignoradas por las constructoras, solapadas desde el nivel central del gobierno.

Las más de 80 muertes ocurridas por la deficiente señalética y la ausencia permanente de la policía federal de caminos; las cuantiosos e innumerables perdidas económicas derivadas de los mismos accidentes de transito; las evidentes deficiencias por drenajes que aún descargan sobre la carpeta en la colonia Acapatzingo; la carencia de carriles de incorporación y desaceleración en diversos tramos; así como el daño ecológico producido al parque Chapultepec cuya contaminación con aguas negras obligo a secar el lago, fueron insuficientes para amonestar siquiera a los constructores.

Tendría que ocurrir una desgracia mayor como la ocurrida el día 12 de julio del año en curso, cuando de plano la carretera se partió y originó un socavón tan grande, como la negligencia criminal de los constructores y tan monumental como la omisión de la autoridad, para que todos nos diéramos cuenta que en por 14.5 kilómetros de carretera nos cobraran a los mexicanos más de mil millones de pesos en sobreprecio, respecto al monto original con el cual se licitó a favor de empresas que a todas luces son de las consentidas de este régimen.

Ahora el Gobierno de Morelos, voz en cuello y en cadena nacional, publica lo que siempre calló, durante 7 veces dice haber advertido del grave riesgo que corría haber tapado el cause natural del agua, y el haber omitido cambiar los tubos de drenaje que tenía más de cuarenta años de vigencia, como el mismo Secretario de Comunicaciones lo dijo desde el primer día del accidente.

Después del niño ahogado, es decir hasta que se desgajo la carretera, el Municipio de Cuernavaca se dio cuenta que podía ordenar que el tráfico vehicular se suspendiera absolutamente sobre ambos carriles, pero durante todo el tiempo fue comparsa y disfrutó de las mieles de la inauguración, al lado de esas autoridades que ahora solo aciertan a lanzarse culpas mutuas.

Definitivamente una falla técnica tan grave no puede quedar impune, desde luego, que la salida de un delegado omiso e indolente es insuficiente, se requieren medidas de gran calado que hagan mella en la corrupción y deshonestidad con la que se conducen los responsables de las obras públicas en México.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes debe primero satisfacer a plenitud las observaciones que la Auditoria Superior de la Federación de este Poder Legislativo le finco en los resultados de la revisión del año 2015, documento que puso en evidencia desde entonces fallas técnicas y abusos al erario público.

Enseguida el Titular del Poder Ejecutivo, además de separar de sus cargos a los funcionarios responsables política, penal y administrativamente, debe ordenar una investigación técnica independiente, realizada por profesionales que no estén involucrados ni cuestionados, que incluya la zona de desastre, así como los demás puntos de riesgo que han sido denunciados por autoridades y ciudadanos; que nos permita a este Poder Legislativo y a la sociedad, contar con elementos suficientes, nos den en primer lugar, la seguridad para volver a transitar por esta carretera; segundo que defina las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno y de los servidores públicos involucrados.

Compañeras y compañeros Legisladores,

Para un hecho tan grave como lamentable, no basta un Usted disculpe, ni siquiera una jugosa indemnización para los deudos de los dos morelenses caídos y fallecidos en el socavón, se requiere además una investigación que no deje lugar a dudas, pues de lo contrario las autoridades caerán en el hoyo más profundo de la ineficiencia y la corrupción.

Solicito atentamente a los integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que en ejercicio de sus atribuciones, formulen el siguiente llamado al titular del poder ejecutivo, y aprueben la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Poder Legislativo del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la República, a ordenar la ejecución inmediata de una auditoría técnica e independiente, que deslinde las responsabilidades penales, políticas y administrativas de los servidores públicos y de las empresas constructoras, implicados en el derrumbe del paso exprés Cuernavaca, ocurrido el pasado 12 de julio del año en curso, así como el cese inmediato del Titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, así como de los demás servidores públicos involucrados que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución y entrega de la obra mencionada.

Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.- Dip. Emma Margarita Alemán Olvera.- Dip. Claudia Sánchez Juárez.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el quer Duarte de Ochoa, y a que en las subsecuentes audiencias a celebrar en dicho caso, sean los titulares de las subprocuradurías de investigación de delincuencia organizada y de delitos federales, quienes participen por parte de la PGR. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por la cual se EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A GARANTIZAR UN ÓPTIMO DESEMPEÑO EN EL PROCESO PENAL INSTRUIDO EN CONTRA DEL EXGOBERNADOR DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE DE OCHOA, Y A QUE EN LAS SUBSECUENTES AUDIENCIAS A CELEBRAR EN DICHO CASO, SEAN LOS TITULARES DE LAS SUBPROCURADURÍAS DE INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE DELITOS FEDERALES, QUIENES PARTICIPEN POR PARTE DE LA PGR; ASÍ COMO PARA QUE SE INFORME RESPECTO DE LAS ACCIONES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS QUE SE HAN REALIZADO RESPECTO DE LOS BIENES RELACIONADOS CON LAS CONDUCTAS ILÍCITAS DEL CITADO CASO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. De acuerdo con información publicada por la Auditoría Superior de la Federación el 4 de noviembre de 2016 en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, dicho órgano comprobó irregularidades por 35 mil millones de pesos sólo en el manejo de transferencias federales a Veracruz, la cifra más alta determinada en la historia de la auditoría, que inició funciones en 2000.

Como parte de las acciones para combatir dichas faltas, dicha institución presentó 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por 9 mil 500 millones que el gobierno estatal simuló reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Tales anomalías correspondían a los primeros cuatro años de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El grueso de las denuncias penales contra el gobierno de Duarte de Ochoa presentadas por la Auditoría Superior de la Federación se presentaron a partir de 2015, cuando se contó con información suficiente sobre la simulación de reintegros para armar los expedientes.

En esa ocasión el Auditor Superior refirió que el modo de operar de Duarte era el siguiente: ante las observaciones de la ASF por gasto ejercido sin comprobación suficiente, la Secretaría de Finanzas depositaba los fondos en cuentas de banco para solventar la investigación, pero al día siguiente se retiraban y desapareció el dinero. Sostuvo que dicha práctica se realizó de 2012 a 2016.

II. El 24 de agosto de 2016, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez declaró a medios de comunicación que se estaba realizando una auditoría a 34 empresas fachada y un grupo de servidores públicos del Estado de Veracruz, cuyas operaciones ascendían a 640 millones de pesos. Días después, el siete de septiembre, Núñez señaló que el SAT indagaba el presunto desvío de tres mil trescientos millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a 31 empresas fantasma.

III. No obstante de haber contado con información basta y suficiente derivada del régimen de prevención de lavado de dinero, desde los años 2012, 2013 y subsecuentes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue sospechosamente omisa en presentar las denuncias correspondientes a operaciones con recursos de procedencia ilícita realizadas por Javier Duarte y su grupo de operadores patrimoniales y financieros, en el que, según ha trascendido, participaba de manera activa la Señora Karime Macias, cónyuge del propio Duarte.

IV. Derivado del conjunto de omisiones por parte de las autoridades encargadas de prevenir y combatir delitos financieros, lavado de dinero y los inherentes a la corrupción galopante que no obstante sí se pudieron documentar profusamente por diversos medios de comunicación, el Ex Gobernador Duarte desarrolló una estratagema en virtud de la cual, después de haber solicitado licencia, y contando con la colaboración del gobernador sustituto, Flavino Ríos, se fugó del país.

V. Después de haberlo localizado y de haber optado por un innecesario proceso de extradición, -en virtud de que jurídicamente procedía la expulsión tal y como las autoridades mexicanas actúan rutinariamente con ciudadanos norteamericanos que son buscados por aquel país, sin que dicha acción de orden migratorio arriesge el debido proceso- la Procuraduría General de la República pudo contar con tres meses adicionales para preparar el caso a presentar en las audiencias correspondientes al proceso acusatorio oral correspondiente.

VI. Se ha hecho público por parte de comunicadores que estuvieron presentes en la audiencia inicial celebrada el pasado lunes 17 de julio en el juzgado 17 del sistema oral en el Reclusorio Norte, que las autoridades de la PGR al momento de realizar la imputación no pudieron, al decir del juzgador “cuadrar lo números”, y que hubo momentos en que al solicitar aclaraciones en la imputación, el propio Javier Duarte realizó preguntas que no pudieron ser contestadas de manera clara y contundente por parte de los fiscales de la PGR. Como resultado de lo anterior, según fue público en la audiencia, solo se pudo imputar por lavado correspondiente a 38 millones de pesos, que comparado con las cifras anteriores es una cantidad muy mínima. Lo anterior, no obstante que la sufiencia de elementos probatorios que se pudieron tiener incluso años atrás por parte de la UIF y su correcta diseminación a la PGR y como resultado de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, del órgano fiscalizador estatal y del propio SAT.

VII. A quien promueve esta proposición nos preocupa sobremanera que las autoridades encargadas de la acusación en este caso fundamental y paradigmático para el combate a la corrupción, hayan empezado de manera errática, poco clara y contundente, ya que dichas deficiencias abren el riesgo de que estemos ante un fracaso en la judicialización del caso, de una correcta y EXHAUSTIVA prosecución penal en contra de todos los responsables, de los cuales el más visible, pero no el único es Javier Duarte y ante una imposibilidad de desarrollar los mecanismos de recuperación de activos sustraídos para devolverlos a las familias más pobres de Veracruz.

VIII. Mucho se ha ha discutido recientemente sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Se ha insistido en que ha fallado la capacitación y el entrenamiento de los operadores de las autoridades. Sabemos que la continuación de la audiencia inicial, que será crucial puesto que en ella se discutirá la Vinculación a Proceso de Javier Duarte de Ochoa. En la representación del PAN en esta Comisión Permanente consideramos que la rendición de cuentas en este y los subsecuentes procesos es fundamental para recuperar la confianza. Por eso consideramos INDISPENSABLE que en la continuación de audiencia y en las sucesivas audiencias orales sustantivas quienes participen y tomen la palabra por parte de la fiscalía sean los titulares de las subprocuradurías que han encabezado las investigaciones y que son la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES. Por eso, y a efecto de garantizar que se actuará a prueba de errores en estas diligencias trascendentes, es que exhortamos a la PGR a que sean dichos SUBPROCURADORES los que atiendan las audiencias y argumenten en las mismas los datos de prueba y demás razonamientos necesarios para que se haga justicia.

 Por lo anterior, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comsión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a garantizar un óptimo desempeño en el proceso penal instruido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a que en las subsecuentes audiencias a celebrar en dicho caso, sean los titulares de las subprocuradurías de investigación de delincuencia organizada y de delitos federales, quienes participen por parte de la PGR;

SEGUNDO.- Se solicita a la PGR, informe respecto de las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se han realizado respecto de los bienes relacionados con las conductas ilícitas del citado caso.

Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora, a efecto de garantizar la seguridad de las mismas y el cese de la violencia en su contra, toda vez que se ha incrementado de manera exponencial el número de feminicidios en lo que va de 2017. Se turna a la Segunda Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra las mujeres es un asunto que trasciende al ámbito privado, pues tiene serias repercusiones en la sociedad; es un problema de violación a los derechos humanos por el simple hecho de ser mujer, y también es un problema económico, de salud y de desarrollo integral de las mujeres.

La violencia contra las mujeres se puede manifestar de diferentes formas: física, sexual, psicológica, emocional, económica. En nuestro país, el 47% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja o ex pareja, y debe considerarse que el abuso sexual dentro de la pareja es una cifra extremadamente negra, pues se calcula que los casos que se denuncian son menos del 10%.

Además, una de cada cinco mujeres ha sufrido algún tipo de discriminación laboral en el último año. El riesgo a contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual incrementa en casos de violencia doméstica, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual son tres veces más propensas a cometer suicidio o a intentarlo.

La repercusión de este tipo de violencia también trasciende a la víctima, pues suele tener repercusiones en los hijos; los niños que son testigos de violencia familiar tienen mayor riesgo de adicción al consumo de sustancias psicotrópicas, además de que existe más probabilidad de que los hijos repliquen ese comportamiento violento.

Por lo que hace a los feminicidios, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que del año 2000 al 2015 se cometieron 28,710 asesinatos violentos contra mujeres, es decir, cinco diarios, y cada año la cifra ha ido en aumento, pues mientras en 2000 se cometieron 1,284 de estos homicidios, en 2015 fueron 2,383.

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), un patrón íntimamente relacionado con el feminicidio es la desaparición de niñas y adolescentes, entre 11 y 18 años, pues continuamente estas desaparecen para posteriormente ser encontrados sus cuerpos sin vida, lo que hace compleja la posibilidad de acceder a la justicia para los familiares de las víctimas.

En el caso del estado de Sonora, resulta preocupante el incremento en el número de feminicidios que se han suscitado en los meses recientes. De acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, este estado ha registrado hasta el 10 de julio de este 2017, 34 feminicidios, de ellos 18 en Cajeme, la mayoría mediante el uso de armas de grueso calibre. De modo que en medio año el número de feminicidios cometidos en este municipio casi duplicaron a los cometidos en 2016, cuando se suscitaron 10. En suma, desde que se solicitó la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado, se han suscitado más de un centenar de feminicidios.

En efecto, el 25 de abril de 2015 la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C., presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género con las Mujeres para el municipio de Cajeme, Sonora.

El 15 de junio de 2015, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acordó admitir la solicitud presentada. El 24 de junio de 2015, se conformó y se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo que se abocó al análisis de la solicitud; en el plazo de 30 días, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este grupo de trabajo entregó a la Secretaría de Gobernación el informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Sonora.

El 9 de noviembre de 2015, la Secretaría de Gobernación notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El 1º. de diciembre de 2016, la gobernadora del estado aceptó la propuestas formuladas por el grupo de trabajo en su informe, por lo cual se le concedió un plazo de seis meses para su implementación. El 1º. de junio de 2016, el gobierno del estado de Sonora remitió a la Conavim la información sobre la implementación de las propuestas, la cual fue entregada a los integrantes del grupo de trabajo. El 26 de agosto de 2016, se notificó a la Secretaría de Gobernación el dictamen correspondiente.

El dictamen determinó que, si bien el gobierno del estado de Sonora había mostrado voluntad política y avances en la implementación de las propuestas emitidas a partir del informe, resultaba necesario evaluar en los siguientes seis meses las acciones que habría de ejecutar el gobierno estatal para determinar sobre la procedencia o improcedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género. De modo que el gobierno estatal tendría que adoptar las medidas necesarias para impulsar políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres.

Ahora bien, toda vez que ha transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, y en virtud de que en los últimos meses no se ha registrado una disminución en la comisión de hechos que atentan contra la integridad de las mujeres en el estado de Sonora, y en particular en el municipio de Cajeme, sino que de hecho prácticamente se ha duplicado el número de feminicidios cometidos en lo que va de este 2017, en comparación con los cometidos durante todo el año 2016, resulta inconcuso que no se debe postergar más la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género con las Mujeres en el referido municipio.

Lo anterior es así, porque más allá de que el gobierno del Estado de Sonora hubiere implementado medidas a partir del informe recaído a la solicitud declaratoria de Alerta de Violencia de Género con las Mujeres para el municipio de Cajeme, Sonora, de abril de 2015, es irrefutable que tales medidas han sido insuficientes para solucionar el problema, y por el contrario, el problema se ha incrementado.

Siendo así, es dable afirmar que para dar una solución inmediata al grave problema de los feminicidios en el municipio de Cajeme, Sonora, no basta con la actuación del gobierno del Estado, pues, como ya se ha señalado, ha resultado insuficiente; sino que es necesario la colaboración y coordinación de los tres ámbitos de gobierno, de modo que se lleven a cabo acciones interinstitucionales para que, a partir de las condiciones específicas en que se ha suscitado este problema en el municipio, se implementen políticas que pongan fin a este lamentable fenómeno que ha atentado contra la vida de decenas de mujeres y que pone en riesgo la dignidad y los derechos humanos de las mujeres sonorenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que a la brevedad emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Municipio de Cajeme, Sonora, a efecto de garantizar la seguridad de las mismas y el cese de la violencia en su contra, toda vez que se ha incrementado de manera exponencial el número de feminicidios en lo que va de 2017.

Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente.






De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar las acciones necesarias que permitan la publicación del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación y su ejecución y cumplimiento inmediatos. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo décimo tercero del acuerdo parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura; somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre de 2014, existe la obligación de elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), como la herramienta de planeación estratégica que articula las acciones de gobierno de forma sistemática y coordinada para transformar la realidad de las niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 141, 142 y séptimo transitorio se establece la obligación de realizar y aprobar el PRONAPINNA dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección.

En las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México realizadas por el Comité de los Derechos del Niño señala en el párrafo número 101.

“El Comité recomienda al Estado parte que:

I. Garantice que el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Programas de Protección Locales a nivel estatal y municipal sean implementados en tiempo, que incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su adopción efectiva. La opinión de niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso”.

Mediante petición de información con folio 400081417 turnada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); se solicitó el contenido del documento denominado Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 toda vez que de una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación no se encontró referencia alguna a su contenido ni su publicación, en respuesta a dicha solicitud, la Secretaría Ejecutiva informó lo siguiente con fecha 03 de abril de 2017 mediante oficio SEGOB/SIPINNA/SE/CIE/DSNPI/027/2017:

 “…Actualmente se está finalizando la etapa de los refrendos. Es por ello que aún no es posible localizar el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 en el Diario Oficial de la Federación.”

Lo anterior implica el incumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dado que han pasado más de ciento ochenta días naturales desde que se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Protección (02 de diciembre de 2015). De igual forma, se hace evidente que no se están llevando a cabo acciones de manera articulada con el Plan Nacional, que es la herramienta estratégica que debería coordinar dichas acciones.

En la práctica; hay la falta de coordinación de quienes integran el Sistema Nacional de Protección Integral en la implementación de las líneas de acción y las acciones destinadas a llevar a la realidad los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, incluida la niñez migrante y refugiada.

La publicación y ejecución del tan mencionado PRONAPINNA, impactará positivamente en la consecución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular para que los derechos a la libertad y protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugio que se encuentran en detención migratoria se restituyan.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que realice las acciones necesarias que permitan la publicación del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) en el Diario Oficial de la Federación; y su ejecución y cumplimiento inmediatos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Alejandra Gutiérrez Campos.

 

1 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, párrafo 10 (CRC/C/MEX/CO/4-5).
https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf






Del Diputado Armando Rivera Castillejos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a aclarar el destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el componente de PROAGRO Productivo. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal ARMANDO RIVERA CASTILLEJOS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A FIN DE QUE ACLARE EL DESTINO OTORGADO A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, PRINCIPALMENTE EN EL COMPONENTE DE PROAGRO PRODUCTIVO, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Antecedentes

El “PROAGRO Productivo”, anteriormente conocido como PROCAMPO, surgió en 1993 como apoyo compensatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual trajo desventajas competitivas para productores nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios; dicho apoyo consistió en el pago por hectárea o fracción de la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles.

A partir de entonces, la SAGARPA encaminó sus esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y el incremento de la productividad del país, por lo que en su estructura programática para 2014 incluyó el “PROCAMPO Productivo” en el Programa de Fomento a la Agricultura, y formalizó su transición al “PROAGRO Productivo”, cuya diferencia esencial radica en que en este último los incentivos deben vincularse con el mejoramiento de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) el destino de los incentivos recibidos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y con las condiciones regionales, en los conceptos siguientes:

- Compra de fertilizantes;
- Compra de semillas mejoradas;
- Productos de control fitosanitario;
- Mano de obra (jornales);
- Yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas;
- Garantías para el acceso al crédito; y
- Pago de servicios y adquisición de combustibles.

En 2016, el “PROAGRO Productivo” fue operado por la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, como Unidad Responsable, y por las 33 delegaciones de la SAGARPA, por medio de sus 192 distritos de Desarrollo Rural (DDR) y por sus 713 centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), como instancias ejecutoras.1

II.- Resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento

La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la auditoría No. 16-0-08100-02-0288, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, en el Componente PROAGRO Productivo, realmente se hayan ejercido y registrado conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas.

En este sentido y derivado de dicha fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación emitió el pasado 29 de mayo de 2017, el Dictamen correspondiente el cual demostró la falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, arrojando los siguientes resultados:

1.- Se efectuaron pagos en demasía por 47,424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían;

2.- Se pagaron apoyos por 4,637.3 miles de pesos a personas que fallecieron con anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos sin demostrar que se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los asuntos relacionados con el componente, situaciones que contravienen la normativa aplicable al componente;

3.- En la base de datos se reportó que 25,064 beneficiarios no acreditaron la vinculación del incentivo por 79,498.1 miles de pesos;

4.- En la delegación estatal de la SAGARPA en el Estado de Puebla se identificaron tres predios que recibieron apoyos por 58.4 miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles de pesos que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber sido sembrado;

5.- Un beneficiario no presentó la vinculación del incentivo por 16.0 miles de pesos y,

6.- No se cuenta con el expediente que acreditara la elegibilidad de un beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos.

Conforme a los resultados de la auditoría llevada a cabo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, se acredita una desafortunada e injustificable falta de control en el otorgamiento y en el seguimiento de los apoyos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el Componente de PROAGRO Productivo.

En este sentido y toda vez que es necesario conocer realmente cuál fue el destino que se le concedió a los recursos otorgados a dicho Programa y a dicho Componente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consiente de la necesidad y la pertinencia de llevar a cabo un ejercicio libre de transparencia y rendición de cuentas, estima necesario llevar a cabo el exhorto contenido en el cuerpo de la presente proposición con punto de acuerdo.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que aclare el destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el Componente de PROAGRO Productivo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Armando Rivera Castillejos.

1 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_DE_a.pdf






De la Diputada Leticia Amparano Gámez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad, de conformidad con el inciso C del artículo 13 y el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Segunda Comisión.

La Diputada Federal LETICIA AMPARANO GÁMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXIII LEGISLATURA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, LLEVE A CABO DE MANERA URGENTE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA CAUSADOS POR LAS ADICCIONES EN MENORES DE EDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C DEL ARTICULO 13 Y 184 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México enfrenta serios retos estructurales en materia social y de salud pública, que en buena medida determinarán el futuro de las relaciones sociales y de las políticas, así como de las prioridades que deberán asumirse desde los tres órdenes de gobierno: la obesidad y el sobrepeso; la diabetes y las cardiopatías; y el uso y abuso de sustancias adictivas.

Sobre el último tema, la última Encuesta Nacional sobre las Adicciones (ENA 2011) presenta cifras preocupantes que muestran que el consumo de las drogas ilícitas continua en ascenso, mientras que el uso y abuso de las llamadas “drogas lícitas” como el alcohol y el tabaco, no sólo creció, sino que además se reduce la edad de inicio en el consumo y adicción a las mismas.

Los datos de la ENA registran que el consumo de alcohol se incrementó en la población en general 10% a nivel nacional, con respecto a la encuesta de 2008; al haber pasado de una incidencia de 61.3% a 71.3%, para 2011. Desagregando la información por género, las cifras arrojan que de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol, aumentó en los hombres de 8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8 por ciento, lo cual significa que un porcentaje elevado de nuestra población presenta problemas de alcoholismo. Si esto es preocupante, las siguientes cifras resultan más alarmantes.

Los datos nacionales en hogares de la ENA sobre el consumo de alcohol en menores, nos revelan que casi la mitad de quienes tienen entre 15 y 19 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida; hecho realmente preocupante porque, de acuerdo con la ley, ningún establecimiento tiene permitido vender bebidas con alcohol o cigarros a menores de edad.

En la población adolescente, se encontró que el consumo de alcohol aumentó significativamente, no solo en el número de jóvenes que se iniciaron en el consumo, sino entre los que consumen con frecuencia: el consumo del último mes, creció de 11.5% a17.4% en varones y de 2.7% a 11.6%, en mujeres entre 2002 a 2011. En este mismo lapso el número de menores que ya son dependientes al alcohol se duplicó pasando de 2.1% a 4.1%, en el caso de las menores adolescentes se triplicó de 0.6% a 2%).

Los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE), muestran que entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, 7.6% de los varones y 5.8 de las mujeres consumen drogas ilícitas con frecuencia, es decir consumo en los últimos 30 días; mientras que los que han consumido alguna droga alguna vez en la vida alcanza 18.6% en los hombres y 15.9% en mujeres.

Lamentablemente no sólo aumenta el número de menores que se inician en el consumo, un porcentaje de estos, está pasando del consumo experimental al consumo regular; por ejemplo el consumo en el último año, alcanza a 13.2% de los hombres y a 11.2% de las mujeres; 9.0% en hombres y 8.7% en mujeres que cursan secundaria y 20.2% y 15.2% respectivamente de los que cursan bachillerato.

Lamentablemente se registra el consumo entre niños de 11 y 12 años que cursan el 5º y 6º grado de primaria, entre los cuales, poco más de tres de cada 100 están consumiendo alguna droga.

Al menos 5.5 de nuestros estudiantes de secundaria y bachillerato, requieren de un apoyo terapéutico (como consejo breve) y que el 1.3% requiere un tratamiento más especializado, principalmente los varones 7.7%, en comparación con las mujeres 5.9%. Uno de cada 10 estudiantes de bachillerato necesita ayuda.

Los datos epidemiológicos no sólo muestran un notable crecimiento en las cifras de consumo, también en el impacto que tiene en la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad. Este impacto afecta especialmente en menores de edad, ya que en la medida que es mayor el número de estos que consumen a edades cada vez más tempranas, se presenta un número creciente de menores con dependencia. Situación que se hace compleja dado que las instituciones de salud no cuentan con los recursos, ni están preparadas para enfrentar este fenómeno emergente.

El consumo de drogas, alcohol y tabaco, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas se asocia con el pobre rendimiento y el fracaso escolar, el desarrollo de trastornos emocionales, y de la conducta alimentaria; hechos de violencia como el acoso escolar, experiencias de abuso sexual y embarazo, así como intento suicida y problemas de conducta y actos antisociales, entre otros.

Las expectativas resultan preocupantes, la dinámica cultural del mundo global se relaciona con el aumento de problemáticas psicosociales en nuestros adolescentes y a ello debemos sumar a las limitaciones de las familias y las escuelas para apoyar el desarrollo psicosocial de nuestros menores.

Se estima que el aumento en las cifras de consumo se mantendrá como resultado de la aceptación social, que de manera creciente están teniendo los menores hacia las drogas; cada vez disminuye la percepción de riesgo que tienen hacia estas. Por ejemplo hacia la mariguana, 30% de nuestros menores considera que no es peligroso su consumo. Entre los consumidores la percepción de riesgo disminuye a más de la mitad en el caso de la mariguana y en un 22% aproximadamente para las otras sustancias.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, muestra la relación que tiene el consumo con actos antisociales especialmente en menores de edad. En las instancias de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley, se registra que el 24.3% de estos cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo (72.1%) fue el delito más cometido por los menores. De los menores infractores entrevistados, el 68.1% refirieron consumir habitualmente drogas y la mariguana fue la sustancia más reportada (35.0%), seguida del alcohol (29.8%) y el tabaco (27.3%).

Los grupos de ayuda mutua y los centros especializados de tratamiento reportan un incremento en la demanda de atención para menores con problemas de consumo, incluso desde los 10 años y que no reciben atención porque los servicios disponibles estas diseñados para atender a personas de mayor edad. No se disponen de modelos ni espacios para el tratamiento en régimen de internamiento y los centros especializados para la atención de menores con problemas de consumo son prácticamente inexistentes.

Por lo antes expuesto, el motivo de este punto de acuerdo pretende hacer patente a las autoridades de salud la urgente necesidad de implementar políticas públicas a fin de reforzar la detección y tratamiento en menores de edad, así como los programas de prevención de adicciones para evitar por un lado que los menores se inicie el consumo de drogas legales como tabaco y alcohol e ilegales, y por otro fortalecer las capacidades de la Federación y de las entidades federativas para atender al número creciente de menores de edad que ya padecen estos problemas

Por lo antes mencionado, como Diputada Federal y Presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas solicita de manera respetuosa, al Ejecutivo Federal trabajar en conjunto para armar un andamiaje estructural y planes pilotos a nivel federal, para poder controlar y prevenir las adicciones en los niños y jóvenes.

En esta tesitura, pongo a consideración estas cinco líneas de acción en que puede intervenir tanto la Federación como las Entidades Federativas para atender el problema de las adicciones en menores de edad.

1. Que se fortalezcan las medidas de vigilancia epidemiológica de las adicciones para determinar el impacto de problema en menores de edad a través del Observatorio Mexicanos en Alcohol Tabaco y Otras Drogas (OMEXTAD).

2. Que se destine un porcentaje de las camas en los centros gubernamentales de tratamiento de adicciones para atender a menores con problemas de adicciones.

3. Que un porcentaje de los recursos que se destinan para apoyar a los centros de tratamiento de adicciones con modalidad de tratamiento residencial, se etiqueten para atender a menores de edad con problemas de adicciones.

4. Que las instituciones gubernamentales que atienden problemas de adicciones fortalezcas sus modelos y herramientas terapéuticas para la atención de los menores con problemas de adicciones y sus familias; y,

5. Que se fortalezcan los acuerdos de coordinación entre el sector salud y las instituciones de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley con problemas de adicciones para fortalecer las acciones de tratamiento

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas, para que, en coordinación con la Comisión Nacional Contra las Adicciones, lleve a cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad, de conformidad con el inciso C del Articulo 13 y 184 Bis de la Ley General de Salud.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Leticia Amparano Gámez.






De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar las acciones que resulten necesarias, a efecto de que en el municipio de Ensenada, Baja California, se realice la construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.

“La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo. Constituye un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además se le ha reconocido como un insumo esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático”.1

En nuestro país la protección de la salud es un derecho que se encuentra contemplado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los medios del Estado para poder garantizar a la ciudadanía el derecho a la protección de la salud es a través de la Seguridad Social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de acuerdo con el artículo 2º de la Ley del Seguro Social.

En nuestro país, la Encuesta Intercensal 20152 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que las instituciones de seguridad social se encargan de dar protección en salud al 40.6% de la población nacional, de los cuales el 39.2% por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 7.7% mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Respecto al IMSS datos del propio instituto señalan que al mes de mayo del 2017 el número de trabajadores asegurados a dicha institución es de 19.04 millones3, en donde los 7 estados con mayor número de trabajadores asegurados son la Ciudad de México con 3.31 millones, Jalisco con 1.66 millones, Nuevo León con 1.53 millones, Estado de México con 1.50 millones, Guanajuato con 958.6 mil, Chihuahua con 857.6 mil y Baja California con 825.2 mil trabajadores asegurados al IMSS.

De los siete estados con mayor número de trabajadores asegurados al IMSS, los 5 primeros (CDMX, Jalisco, Nuevo León, Edomex y Guanajuato) cuentan con Unidades para la atención médica de primer, segundo y tercer nivel y solo Chihuahua y Baja California no cuentan con unidades médicas para la atención especializada de tercer nivel.

Respecto al estado de Baja California el número de derechohabientes adscritos al IMSS del 2008 a mayo del 2017 creció de 1, 413,392 a 2, 043,131 derechohabientes, aumento que representa poco más del 30%. Solo en el Municipio de Ensenada se reportaban 256,505 afiliados, 40, 872 derechohabientes más respecto al año 2011.

Dicho aumento se debe a que el estado de Baja California es una de las tres entidades que al igual que Guanajuato y Sinaloa tienen un incremento en la tasa de empleo igual o superior al 7 por ciento4 de acuerdo con datos del IMSS.

Sin embargo el aumento en el número de derechohabientes al IMSS en la entidad, no ha sido en proporción con el aumento en el número Instalaciones médicas del Régimen Ordinario del instituto.

Cabe señalar que las instalaciones médicas del Régimen Ordinario del IMSS están organizadas en 3 niveles de atención originadas por la magnitud y complejidad de las necesidades de salud de la población derechohabiente. Donde el primer nivel atiende principalmente servicios preventivos y de Medicina Familiar; el segundo brinda acciones y servicios de Atención Ambulatoria Especializada, Hospitalización y de Urgencias, y el tercer nivel atiende las enfermedades de mayor complejidad, que necesitan equipos e instalaciones especializadas.

En tal sentido al término de diciembre del 2008 el estado de Baja California contaba con 28 unidades médicas de primer nivel donde 30 correspondían a Unidades de Medicina Familiar y 4 a Unidades Auxiliares5.

Actualmente el Estado de Baja California cuenta con 34 unidades médicas de primer nivel donde 30 corresponden a Unidades de Medicina Familiar y 4 a Unidades Auxiliares.6

Respecto a unidades médicas de segundo nivel al término del 2016 se cuentan con 8 Hospitales y una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) autónoma, mismo número de unidades médicas que se tenía hace casi 10 años.

En cuanto a unidades médicas de tercer nivel el estado de Baja California no cuenta con ninguna unidad, cuestión preocupante, dado que si un derechohabiente requiere atención con equipos e instalaciones especializadas por alguna enfermedad de mayor complejidad, está no puede ser brindada dentro de la entidad.

De lo anterior podemos observar que al día de hoy solo se han construido 2 unidades médicas de primer nivel más para un incremento de 629, 739 derechohabientes.

Es importante señalar que derivado del incremento de derechohabientes al IMSS, donde tan solo en el Municipio de Ensenada hubo un aumento en los últimos 7 años de más de 40 mil derechohabientes a dicho instituto, la delegación estatal del IMSS en Baja California había anunciado la construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel en el Municipio de Ensenada con una inversión de 250 millones de pesos7, ello con el objetivo de que la población derechohabiente de dicho Municipio evitara trasladarse a otras ciudades y esperar largos periodos para ser atendidos.

Para la construcción de dicho hospital el 11 de marzo del 2015 el cabildo del H. Ayuntamiento de Ensenada, aprobó la donación de un terreno con una superficie de poco más de 34 mil metros cuadrados.

A pesar de la urgencia de contar una nueva unidad médica en el Municipio de Ensenada, y que el último hospital que se construyó en el Municipio se realizó hace más de 24 años, el IMSS no realizo las gestiones necesarias para consolidar tan valioso proyecto.

Resulta indispensable que el IMSS proteja y garantice el acceso a la salud a la población derechohabiente del estado de Baja California, mediante la creación de más unidades médicas que sean benéficas para la calidad de vida de las personas.

Derivado de lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar las acciones que resulten necesarias, a efecto de que en el Municipio de Ensenada, Baja California, se realice la construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel, y los recursos necesarios para tal efecto se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

La construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel en el Municipio de Ensenada, Baja California, es prioritaria para garantizar los aspectos más amplios de la seguridad social y salud de más de doscientas cincuenta mil personas que se beneficiarían por ser afiliados del IMSS en dicho Municipio.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar las acciones que resulten necesarias, a efecto de que en el Municipio de Ensenada, Baja California, se realice la construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel, y los recursos necesarios para tal efecto se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

1 Frenk, Julio. Gómez Dantés, Octavio. Para entender el sistema de salud. Nostra Ediciones. México-España. 2008. Página 15.

2 Encuesta Intercensal 2105 del INEGI, disponible en la página web.-
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/; consultada el día 5-07-17.

3 http://datos.imss.gob.mx/

4 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201505/030

5 Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2008-2009; disponible en la página web.- http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-anteriores; consultada el día 7-07-17.

6 Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2015-2016; disponible en la página web.- http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informe-2015-2016; consultada el día 7-07-17.

7 Anuncia IMSS construcción de hospital de segundo nivel en Ensenada; Uniradio informa recuperado de http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/322455/anuncia-imss-construccion-de-hospital-de-segundo-nivel-en-ensenada.html.






De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a considerar en la implementación de las Zonas Económicas Especiales al estado de Tlaxcala. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO Y EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES AL ESTADO DE TLAXCALA, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (en adelante LFZEE), establece en su artículo 1, que tiene por objeto regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

2. Por su parte el artículo 6 de la LFZEE dispone sendos requisitos de procedencia o viabilidad para llevar a cabo el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales, entre los cuales se encuentra el ubicarse entre los diez Estados con mayor incidencia de pobreza extrema; establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva; prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta que, a la fecha de la emisión del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Tomando en cuenta lo anterior y tratándose de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, pudiese existir una limitante en cuanto al hecho de que el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (en adelante Estado de Tlaxcala) no se ubique dentro de las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por lo que de manera paralela a esta proposición con punto de acuerdo, se está presentando una iniciativa con proyecto de Decreto con la finalidad de reformar la LFZEE a fin de poder contemplar un mayor número de entidades federativas que puedan ser consideradas en el establecimiento de dichas Zonas, en razón de la pertinencia o necesidad de impulsar el crecimiento económico en diversas regiones del país.

3. No debemos de olvidar ni de pasar por alto, que el Estado de Tlaxcala, aún y cuando no se encuentre dentro de las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, podrá apoyar de forma importante al crecimiento económico regional y nacional, así como a la materialización de una Zona Económica Especial, ya que dicho Estado, en términos de la normativa aplicable, cuenta con áreas geográficas que representan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración, entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotransporte y potencial de conectividad hacia otros mercados, por lo cual es un candidato idóneo para poder formalizar y llevar a cabo una Zona Económica Especial del país.

4. Por su parte, el Reglamento de la LFZEE dispone en su artículo 7, entre otras cosas, que corresponde a la Autoridad Federal, en los términos dispuestos en la Ley y en dicho Reglamento, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Implementar la política para el establecimiento y desarrollo de Zonas;

II. Coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de Zonas, y

III. Dictaminar las propuestas para el establecimiento, ampliación o modificación de las Zonas, así como someter los Dictámenes a la aprobación de la Comisión Intersecretarial;

Es por lo anterior, que el llamado o el presente exhorto, se realiza precisamente al Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP).

5. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicó un artículo denominado “Seguimiento a la instrumentación de las Zonas Económicas Especiales”, en el cual, en el apartado de comentarios finales, dispone que existe consenso en gobierno federal, estatal y municipal en cuanto a la instrumentación de la política pública de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), mientras la SHCP ya tiene un órgano desconcentrado exprofeso para el desarrollo de las ZEE que es la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, los gobiernos estatales en conjunto con los municipales, han enviado las respectivas Cartas de Intención al titular de la Autoridad Federal, para que sus municipios sean considerados como ZEE.

Además, se han comenzado los trabajos junto con organismos empresariales y académicos de los territorios, para hacer las evaluaciones estratégicas respectivas. También, ya se tienen establecidos los incentivos fiscales y aduaneros que se ofrecerán a los inversionistas en las ZEE de Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.

Por lo tanto, en la política pública de las ZEE es necesaria la vigilancia de la correcta aplicación del marco jurídico que las crea (nacional y local) y la intervención de los diversos sectores de la población (público, privado y social) en las distintas etapas del proceso de la instrumentación de aquellas.

Sólo así se logrará el objetivo de alcanzar un desarrollo equilibrado en las distintas regiones del país, propiciando mayor bienestar para todas las personas y la disminución de la brecha de desigualdad presente en el territorio nacional.1

6. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales, en la que fue definida la operación de estas regiones económicas para 2017 y 2018.

En su carácter de presidente de la Comisión, el responsable de las finanzas públicas del país convocó a las 13 secretarías de Estado y a dos organismos del Gobierno de la República que participan en este esquema, a sumarse a un esfuerzo integral de política pública para la puesta en marcha de las ZEE.

“En México, las Zonas Económicas Especiales serán un motor de crecimiento económico acelerado en zonas focalizadas, contribuirán a impulsar un desarrollo sostenido, sostenible e incluyente local y regional para alcanzar un desarrollo nacional equilibrado y sólido”, afirmó el Secretario de Hacienda.

En el encuentro, Meade Kuribreña instruyó al Jefe de la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Especiales (en adelante, AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, a trabajar con todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto para concretar las acciones que permitan que en 2018 inicie la operación de las primeras ZEE.

Por su parte, Gutiérrez Candiani informó que como resultado del diálogo, la colaboración y la coordinación interinstitucional, se concretó la firma de ocho cartas de intención para la declaratoria de las Zonas Económicas.2

7. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (en adelante CIZEEs), en la cual se aprobaron los dictámenes de las zonas económicas especiales de los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Oaxaca. Estos documentos técnicos establecen que cada una de las ZEEs propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente.3

8. Como ha quedado debidamente establecido en la presente proposición con punto de acuerdo, es necesario llevar a cabo todas las medidas, procedimientos o actos que tengan como finalidad el impulso del crecimiento regional y nacional, dentro los cuales se puede contemplar el presente exhorto o petición a fin de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión pueda asumir una postura institucional respecto a un asunto no legislativo.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, proceda a considerar en la implementación de las Zonas Económicas Especiales al Estado de Tlaxcala.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscribe

Dip. Minerva Hernández Ramos.

1 Gómez Macfarland, Carla Angélica (2017), “Seguimiento a la instrumentación de las Zonas Económicas Especiales”, Mirada Legislativa, No. 124. Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 34p.

2 http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-015-ante-los-desafios-globales-las-zonas-economicas-
especiales-adquieren-mayor-relevancia-para-el-desarrollo-meade-kuribrena

3 http://www.gob.mx/zee/articulos/aprobacion-de-dictamenes-para-5-zonas-economicas-durante-la-2a-sesion-
ordinaria-de-la-comision-intersecretarial-de-zee?idiom=es






De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a promover en el recinto y con los diversos grupos parlamentarios, la reducción del uso de agua embotellada. Se turna a la Cámara de Diputados.








De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y celebra la labor que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores para impulsar y encabezar la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la promoción de la paz entre los estados. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente, México ha sido gran promotor del desarme nuclear y la no proliferación de armas. Este año se cumplieron 50 años fuera firmado en la Ciudad de México, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.

Su participación en el conocido Tratado de Tlatelolco se vio manifestada en la promoción de la primera zona libre de armas nucleares en un territorio densamente poblado (América Latina y el Caribe) a través de la negociación y adopción del mismo.

El tratado entró en vigor en abril de 1969. Gracias a esto, se creó el Organismo para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), con sede en la Ciudad de México, con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en dicho documento.

Ha sido firmado y ratificado por 33 Estados Miembros de la región de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Este instrumento jurídico contiene dos Protocolos Adicionales. El Protocolo Adicional II está dirigido a los Estados poseedores de armas nucleares, quienes se comprometen a no usar armas nucleares ni amenazar con usarlas contra ninguno de los países de América Latina y el Caribe. Este protocolo ha sido firmado y ratificado por China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia.

Como parte de ese histórico compromiso, el 7 de julio de 2014, la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con el Centro de Estudios James Martin para la No Proliferación y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), inauguraron la primera Escuela de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación, con el objetivo de generar un espacio académico que subraye la importancia del desarme nuclear y sus conceptos teóricos, tecnológicos y políticos, al tiempo que permita formar nuevos cuadros de expertos a nivel mundial, que impulsen la causa del desarme y coadyuven a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la educación sobre el desarme nuclear y la no proliferación.

De la misma forma, en la reunión que se llevó a cabo el 17 de febrero del presente año para celebrar el 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis Videgaray Caso, reafirmó ante los cancilleres latinoamericanos el compromiso mexicano de seguir promoviendo la paz y señaló que nuestro país participaría activamente en la negociación de un nuevo tratado de prohibición de armamento en la ONU.

En este sentido dicho compromiso tuvo frutos el pasado 7 de julio, con la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la sede de las Naciones Unidas, el cual prohíbe la producción, posesión, uso y transferencia de armas nucleares para los Estados que eventualmente decidan adherirse al mismo.1

Con lo que refrendamos el compromiso diplomático de México en favor del desarme y la no proliferación nuclear. Asimismo, se refuerza el marco jurídico establecido mediante el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 1968, y el Tratado de Tlatelolco, que estableció en 1967 la primera Zona Libre de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.2

Además, desde que se crearon las armas nucleares a mediados del siglo XX, se trata de la primera vez que se adopta un instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe este armamento a nivel global. El proyecto de Tratado fue adoptado con el voto favorable de 122 países, incluido México, de los 129 Estados que participaron en la Conferencia de la ONU para negociar este instrumento.3

Este trabajo por parte del Estado Mexicano es emblemático: Enviar un mensaje político claro y rotundo de lo inhumano que es el uso de las armas nucleares, el cual dará visibilidad a los desastres y consecuencias humanitarias del armamento nuclear.4

Además consolida a nuestro país como promotor de la paz mundial, siendo uno de los pocos países que cuestionan las consecuencias y efectos negativos que tendría una guerra nuclear.

Derivado de lo anterior se vislumbra la responsabilidad que el Estado Mexicano sigue cumpliendo y teniendo con la promoción de la paz entre los Estados.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y celebra la labor que ha tenido la Secretaria de Relaciones Exteriores para impulsar y encabezar la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la promoción de la paz entre los Estados.

Salón de seiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 https://www.nytimes.com/es/2017/07/10/onu-tratado-armas-nucleares-ratificacion/?action=click&contentCollection=Americas&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article

2 https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-se-congratula-por-la-adopcion-en-naciones-unidas-del-tratado-sobre-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares

3 Ibídem.

4 http://themexicantimes.mx/un-logro-hacia-el-desarme-nuclear-1/






Del Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía a ajustar la política de precios máximos de las gasolinas a favor de la economía familiar. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Diputado Federal ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A AJUSTAR LA POLÍTICA DE PRECIOS MÁXIMOS DE LAS GASOLINAS A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los componentes más importantes de la Reforma Energética fue sin duda la liberalización de las gasolinas, nuestro país transitó de un esquema de precios fijos a uno de precios máximos para posteriormente liberar completamente los precios a las condiciones de mercado. En este año con la política de precios máximos llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el país se dividió en un total de 90 regiones (7 en frontera y 83 al interior) que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de PEMEX.

Los precios máximos regionales se determinan mediante una fórmula establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CRE bajo los componentes siguientes:

• Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional, el precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos.

• Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.

• Otros conceptos, como los impuestos aplicables (IEPS, IVA) así como el margen comercial para las estaciones de servicio.

Bajo esta nueva fórmula el 1º de Enero de 2017 los incrementos de las gasolinas fueron alrededor de 14% en el precio de la magna; 20% para la premium y de 16% para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.

Desde que la CRE comenzó con la publicación de los precios de referencia diarios en febrero de este año, el precio promedio de la gasolinas en las diferentes regiones no han sufrido cambios significantes a la baja, a pesar de que el tipo de cambio si ha disminuido. Así, de acuerdo con diversos medios de comunicación (Reforma, Milenio, Radio Red) en febrero el precio de la gasolina magna fue 15.96, para la premium 17.76 y 17.03 para el diésel, mientras que la cotización interbancaria para la paridad precio-dólar fue 20.42 pesos; para finales de marzo el precio de la gasolina magna disminuyó solo 8 centavos al ubicarse en 15.88 pesos por litro mientras que el dólar se ubicó en 19.14 pesos, es decir un 1.28 pesos a la baja (-6.2%). Al cierre del mes de Junio el precio de la gasolina magna subió nuevamente para ubicarse en 16.22 pesos por litro y la premium en 17.97, mientras que el dólar se ubicó en 18.02 pesos; ante ello es que muchos mexicanos se preguntan porque baja el dólar y la gasolina sigue cara.

En enero pasado los precios de los combustibles aumentaron 25% en promedio lo que disparó a la inflación que hoy alcanza poco más del 5% la tasa más alta de al menos seis años y se adelanta podría cerrar el año en niveles cercanos al 6%, afectando seriamente la economía de los mexicanos. La otra variable que menciona la SHCP como factor del precio final de las gasolinas, es el tipo de cambio y este ha bajado; en diciembre el dólar costaba 21 pesos, hoy 18 pesos, y a pesar de que en febrero el precio de referencia de la gasolina bajó de 8.65 pesos a 7.65 pesos en marzo, al consumidor el precio final de la gasolinas apenas bajo unos centavos.

La realidad es que precio del costo del litro de gasolina en las refinerías de Texas, más el IEPS son las dos variables que más afectan el precio al público y estas dos son usadas por la Secretaría de Hacienda para manejar de manera discrecional los precios, pues el objetivo de las autoridades en materia energética es mantener los precios de las gasolinas utilizando una fórmula que meramente recaudatoria. No debemos olvidar que en marzo de 2016, la CRE autorizó a Pemex incluir dentro del costo de transporte por ducto, los costos asociados a “las pérdidas operativas no técnicas”, es decir el robo de combustibles, por lo que desde entonces este ilícito lo pagan los consumidores.

Ante las condiciones antes descritas y el impacto negativo que estas medidas generan en la economía diaria de los ciudadanos mexicanos, es que se presenta el siguiente Punto de Acuerdo con el objetivo de exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones consideren la viabilidad de ajustar la política de precios máximos a favor de la economía familiar de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el ámbito de sus atribuciones realicen los ajustes necesarios a la fórmula de precios máximos de las gasolinas con la finalidad de disminuir el precio pagado por los consumidores y el impacto negativo en la economía familiar de los mexicanos.

Dado en la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Dip. Fed. Ariel Enrique Corona Rodríguez.






De las Diputadas Luz Argelia Paniagua Figueroa y Ximena Tamariz García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de apoyos económicos. Se turna a la Tercera Comisión.

Las que suscriben, LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA y XIMENA TAMARIZ GARCÍA, Diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario que Establece los Criterios Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la Conformación del Orden del Día y los Debates que se Realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo bien a someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor siguiente:

CONSIDERACIONES

El programa de Pensión para Adultos Mayores, otorga apoyos económicos y de protección social a las personas adultas de 65 años en adelante, recibiendo una cantidad de 1,160 pesos bimensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

La Pensión para Adultos Mayores, cuenta con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de las personas a las que se está apoyando, mediante la promoción de los Derechos Humanos, el desarrollo personal en beneficio de este sector de la población.

Los programas federales, tanto de SEDESOL, como de las otras secretarías, tienen como objetivo principal contribuir al buen desarrollo de la calidad de vida de las familias mexicanas, y garantizar que éstos programas se lleven a cabo ordenadamente y respetando las reglas. La violación de éstas, más allá de dañar la efectividad de los programas, lastiman la dignidad tanto de los beneficiarios como de toda la sociedad mexicana.

Según medios periodísticos locales, en la entrega del apoyo bimestral de mil 160 pesos, que se recibió en el mes de junio del presente, los adultos mayores tuvieron que acudir a distintos centros a los ya acostumbrados, haciendo traslados en taxi con un costo de entre 300 y 400 pesos, casi la mitad de lo que reciben como apoyo.

Para la entrega del apoyo bimestral, las personas de la tercera edad tuvieron que esperar bajo un calor sofocante, por más de 6 horas para recibirlo.1

Según medios periodísticos locales el caos en la entrega de los apoyos de 65 y más, no ha terminado.2 El 06 de julio del presente, se estuvieron entregando ahora en las oficinas del INAPAM, donde solo había presente una mujer atendiendo a los adultos mayores, logrando filas de más de 4 horas de espera. De igual forma, está el caso de Don Andrés Hernández Hernández, de Fomerrey 25, que lleva todo el año sin recibir el apoyo, a otros adultos de la tercera edad los mandaron a distintos centros de los que ya están acostumbrados.

A pesar de las dificultades y falta de organización para recibir el apoyo de 65 y más, para colmo, las oficinas de la Delegación SEDESOL Nuevo León, no cuentan con accesos inclusivos para las personas de la tercera edad, dificultando aún más la entrega de éste.3

El pasado 19 de agosto del 2016, con datos del Subdelegado de Desarrollo Social en Nuevo León, 23 mil 298 adultos de todas las regiones del Estado de Nuevo León, no recibieron el apoyo mensual de la Pensión para Adultos Mayores como normalmente lo reciben, teniendo que trasladarse desde municipios rurales a la Ciudad de Monterrey, y hacer fila en la Delegación SEDESOL de Nuevo León, en algunos casos hasta de 8 horas, para recibir dicho apoyo económico. Los hechos anteriormente descritos, van en contra de los objetivos del Programa así como del trato digno que merecen recibir los adultos mayores. 4

Según medios periodísticos locales los recursos no fueron depositados en las cuentas bancarias en la fecha indicada.

El Partido Acción Nacional, está a favor del desarrollo social del país y de la ejecución de programas que favorezcan el alcance a oportunidades para todos los mexicanos. Las condiciones en las que hoy viven 50 millones de mexicanos, obliga al gobierno a actuar de manera organizada, comprometida, generosa y subsidiaria para superar la pobreza que afecta a tantas familias.

Con el fin de garantizar la correcta aplicación de los programas federales, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los apoyos económicos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 19 de julio de 2017.

Suscriben

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa.- Dip. Ximena Tamariz García.

1 El Norte. 22 de junio del 2017 - Sufren calor, filas y trabas beneficiarios de "65 y más", en: http://refor.ma/Qd-baeXRa

2 El Norte, 06 de julio del 2017 – Llevan al INAPAM desorden de 65 y Más, en: http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1154669&md5=
77402fd3d3beb8c66e30f4e627f7312d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e3b0b8f17aa2b82ca5f3321196fa0552

3 El Norte, 11 de julio – Complican acceso a adultos mayors en SEDESOL Federal, en:
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1159093&md5=a6ac0464aba4f83184689b4fe28d592d&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=01a0b6e3565501dae4fd53a25d194a6f

4http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documento/Impresa.aspx?id=6134443|InfodexTextos&tit=&text=
65+y+mas&url=https://hemerotecalibre.elnorte.com/20160820/interactiva/NLOC20160820-001.JPG






Del Senador Ernesto Cordero Arroyo y de diversos legisladores de los grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión del representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trata sobre la solución de controversias. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se invita a los integrantes de la iniciativa ciudadana #Vamospormas a establecer mesas de trabajo en donde se puedan conocer y exponer sus propuestas sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, compartir ideas y analizar la operatividad del sistema así como sus deficiencias. Se turna a la Cámara de Senadores.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FIN DE QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA INVITE A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA INICIATIVA CIUDADANA #VAMOSPORMAS PARA ESTABLECER MESAS DE TRABAJO EN DONDE SE PUEDAN CONOCER Y EXPONER SUS PROPUESTAS SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, COMPARTIR IDEAS Y ANALIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ASÍ COMO SUS DEFICIENCIAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace apenas 2 semanas, al interior de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, propuse emitir un “Extrañamiento Público” al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ante la negativa de esa instancia colectiva por adoptar y promover un acuerdo propuesto por el Comité de Participación Ciudadana de ese mismo Sistema, que iba encaminado a la solicitud de información al titular del Ejecutivo Federal y a diversas instancias de la Administración Pública Federal sobre la operación y manejo del software “Pegasus” así como con el manejo y la protección de los datos que se hubieren desprendido del uso de ese sistema.

Atendiendo a las denuncias públicas que han hecho organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación e instancias internacionales, el Comité de Participación Ciudadana tuvo a bien presentar dicha solicitud, con la única finalidad de que este SNA pudiera allegarse de la mayor cantidad de información posible para precisamente poder realizar las tareas que le han sido conferidas por mandato Constitucional.

Sin embargo, dicha solicitud fue arbitrariamente rechazada por la mayoría de quienes integran el Comité Coordinador quienes utilizando argumentos limitados y restringidos negaron la solicitud de información “porque no había una determinación de la existencia de un delito relacionado con actos de corrupción”.

Lamentablemente, los propios integrantes del SNA y del Comité Coordinador, desconocen que el SNA no sólo se creó para analizar las conductas “delictivas” típicas calificadas en el Código Penal Federal y que desde luego son competencia exclusiva de investigación de la Procuraduría General de la República, sino que también fue creado para observar las conductas de carácter administrativo que pudieran estar relacionadas con hechos de corrupción, actos administrativos cuya investigación no depende de una determinación ministerial como en el caso de la investigación de delitos, sino que únicamente depende de la recolección de información, la sistematización de la misma y el encuadre de posibles actos de corrupción que recaen en la esfera netamente administrativa.

Esta negativa es el primer acto de ese órgano colegiado que va en contra del combate a la corrupción y que demuestra que no le importan las exigencias sociales sobre transparencia y rendición de cuentas, y que tampoco le importan las voces sociales que a través del Comité de Participación Ciudadana se están expresando.

En estas semanas hemos visto también como se ha orquestado desde algunos medios de comunicación, una ataque frontal y una serie de críticas sin sustento a las y los integrantes de este importante Comité de Participación Ciudadana y al proceso para su nombramiento, con la clara intención de mermar la fuerza de la única instancia legitimada al interior del Sistema Nacional Anticorrupción.

El día de ayer se dio a conocer el movimiento #Vamospormas, conformada por una coalición de empresas, grupos empresariales, académicos y académicas, activistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de lucha por la democracia, periodistas y ciudadanos y ciudadanas interesadas en seguir trabajando para fortalecer y en su caso reformar el SNA a partir de las deficiencias y los retos que se nos han puesto enfrente y que necesitan ser atendidos de manera inmediata en esta Legislatura.

La iniciativa ciudadana #Vamospormas ha asumido una importante agenda legislativa que desde una perspectiva ciudadana y de la academia, podría fortalecer el funcionamiento, los procesos de selección y los resultados de todo el sistema en su conjunto.

Ante esta nueva iniciativa amplia respaldada por miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, este Senado de la República tiene la obligación de invitarlos, de escucharlos, de conocer sus propuestas y de procesar las que en el Congreso de la Unión estimemos como valiosas de manera urgente para evitar que este importante Sistema se vaya desgastando o sea cuestionado apenas en su nacimiento.

Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República invita a las y los integrantes de la Iniciativa Ciudadana #Vamospormas para establecer mesas de trabajo en donde se puedan conocer y exponer sus propuestas sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, compartir ideas y analizar la operatividad del Sistema así como sus deficiencias.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






De la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos lamentables ocurridos a causa de la construcción conocida como “Paso Express Tlahuica” en el estado de Morelos. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 12 de julio fuimos testigos de una terrible tragedia que se suscitó en la flamante autopista “Paso Express” de Cuernavaca, en el estado de Morelos como consecuencia de la formación de un socavón muy profundo en el que cayó un automóvil y perdieron la vida las dos personas que iban a bordo mientras circulaban en ese tramo carretero.

La tragedia en el “Paso Express” de Cuernavaca es el resultado de una serie de errores y de irregularidades que se cometieron desde la licitación del contrato de la obra hasta que se concluyó la construcción.

El dictamen que emitió la Auditoría Superior de la Federación el 16 de diciembre de 2016 contiene 14 observaciones que demuestran que la obra tiene fallas importantes de origen.

En las conclusiones del dictamen de la de la Auditoría de Inversiones Físicas Número 15-0-09100-04-0380-DE realizada por la Auditoría Superior de la Federación al “Paso Express” de Cuernavaca, en el estado de Morelos se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, incumplió la Ley debido a las siguientes causas:

“1.- No se cercioró del cumplimiento en la entrega de la póliza así como de la diferencia del importe considerado en los costos indirectos por 1,596.4 miles de pesos ya que el costo de la misma fue por 208.9 miles de pesos y no de 1,805.3 miles de pesos considerados en los costos indirectos.

2.- Se autorizaron pagos por 257,698.4 miles de pesos sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios.

3.- Se pagó un monto de 328.9 miles de pesos sin verificar que existían diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados.

4.- Se pagó un importe de 2,026.6 miles de pesos, sin que la contratista cumpliera con el alcance del precio unitario que ofertó en su propuesta.

5.- Se pagó un importe de 733.1 miles de pesos de forma injustificada ya que la contratista no incluyó en sus indirectos la renta y el montaje de andamios destinados a una extensión del puente peatonal.

6.- Rendimientos financieros generados por un importe de 31,875.0 miles de pesos por obra pagada antes de que se concluyera.

7.- Se instruyó a la contratista modificaciones al proyecto original, sin contar con la aprobación y autorización de las áreas responsables de su realización.

8.- Se autorizó un pago de 268.5 miles de pesos, sin que se acreditara la autorización de la Secretaría de la Función Pública para que la bitácora de obra se llevara de manera convencional y no por medios remotos de comunicación electrónica.

9.- Se pagó un importe de 286.9 miles de pesos en un concepto de servicios sin que se acreditara su realización.

10.- Se pagaron a la coordinación de proyectos y a la supervisora 7,561.4 miles de pesos, sin que se cumplieran con los términos de referencia y las especificaciones particulares establecidas en los contratos de servicios relacionados con la obra pública.”

Con todas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación queda claro cuáles son los vicios de origen que tiene la obra y también queda claro que la justificación esgrimida desde un primer momento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la formación del socavón es absurda porque se trata de una especie de deslinde como se muestra a continuación:

“De acuerdo con el análisis previo, la afectación al tramo carretero, que obligó al cierre del cuerpo A (sentido Cuernavaca-México) del libramiento de Cuernavaca, fue ocasionada por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana. La alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no forma parte de los trabajos realizados para la construcción del Paso Express de Cuernavaca.”

Además, durante el transcurso de las referidas obras, y por la incapacidad técnica de los constructores se han realizado diferentes minutas de trabajo con el Delegado en Morelos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y diferentes Autoridades, en donde se la ha comentado al Delegado los riesgos que se pueden ocasionar y que han ocasionado la mala planeación y dicho Delegado se ha comprometido en atender tales solicitudes y al mismo tiempo reparar el daño patrimonial de las familias afectadas sin que hasta el momento se cumplan los acuerdos, toda vez que siguen ocurriendo lamentables accidentes, nadie debe estar por encima de la ley y por supuesto no podemos permitir que la SCT sea omisa y continúe solapando a empresas como “ALDESA” que evidentemente no cumplieron con lo establecido en los plazos y tiempos marcados, afectando principalmente a las familias de Cuernavaca y de todo el Estado de Morelos.

Por todo lo anterior, exhorto a esta Comisión Permanente a emprender la creación de una Comisión Especial Plural que, dé Seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la construcción del Paso Express, misma que también investigue la ejecución de los recursos federales y dé seguimiento al cumplimiento de las observaciones emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Exhorto también de manera respetuosa al gobierno federal a impulsar las acciones conducentes y el diálogo y la participación de todos los interesados y afectados para resolver la problemática que día a día enfrentan las familias morelenses a consecuencia de dichas obras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena los hechos lamentables ocurridos por la mala planeación de la construcción conocida como “Paso Express Tlahuica” en el estado de Morelos, expresa sus condolencias por lo decesos ocurridos y condena la indolencia de Autoridad Federal ante tales circunstancias.

SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos coadyuvar con las personas afectadas en las investigaciones correspondientes.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Delegado en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Director General de Caminos y Puentes Federales a sostener una reunión pública ante la comisión correspondiente de la Comisión Permanente para que detallen los hechos ocurridos y las acciones implementadas.

CUARTO. La Comisión Permanente integrará un Grupo de Trabajo Plural de Legisladores que dé seguimiento a las investigaciones que emprendan las autoridades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Suscribe

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ACUERDE CONVOCAR A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA DESAHOGAR EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El 10 de febrero de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, en el cual se establece que el Senado nombrará, por dos terceras partes al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción y que el titular de la Fiscalía durará en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. El 12 de marzo de 2014, el Procurador General de la República emite el Acuerdo A/011/14, por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y se señala que el propio Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que la Cámara de Senadores realice el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción.

TERCERO. El 19 de noviembre de 2014, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República expide el Acuerdo por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. La Convocatoria se hace a las Universidades públicas y privadas, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no gubernamentales, demás organismos interesados y ciudadanos, a que sus presenten candidaturas.

CUARTO. El 4 de diciembre de 2014, las Juntas Directivas de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; emitieron el Acuerdo por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

QUINTO. El 8 de diciembre de 2014, una vez agotadas las comparecencias, las y los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia remitieron a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la lista de las y los 33 comparecientes, considerándolos como idóneos para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción.

SEXTO. El 25 de octubre de 2016 el Pleno del Senado de la República aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que dio por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que dio inicio con la Convocatoria del 19 de noviembre de 2014, en razón de que este órgano de gobierno no alcanzó el consenso necesario para proponer al Pleno el nombramiento del Titular de la referida Fiscalía dejando a salvo los derechos de los ciudadanos que participaron en la Convocatoria descrita en el resolutivo anterior, a efecto de que, si así lo desean, participen en el próximo procedimiento de selección.

Dicho acuerdo emitía nuevamente una Convocatoria Pública dirigida a Universidades públicas y privadas, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no gubernamentales, demás organismos interesados y ciudadanos en general, a que presenten candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, de la Procuraduría General de la República, es decir, que mediante este acto se reponía el procedimiento para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, sin embargo, los plazos contenidos en esta convocatoria se han ampliado hasta en cinco ocasiones.

SÉPTIMO. El 9 de marzo de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, relativo a la metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en el cual se estableció integrar un Comité de Acompañamiento compuesto por ciudadanos de reconocida trayectoria académica en la materia de Anticorrupción a propuestas por las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado al Senado de la República en el proceso de dictaminación relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, como en procesos de selección de candidatos para ocupar cargos públicos relacionados con la materia.

OCTAVO. Una vez desahogado este nuevo procedimiento, el 20 de marzo de 2017, el Comité de Acompañamiento Ciudadano emitió un reporte en el cual recomienda que una vez realizadas las evaluaciones de las puntuaciones obtenidas por las y los aspirantes al cargo, cuatro personas (César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo1) conjugan la experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y de liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión requeridas para desempeñarse en la función de Fiscal Anticorrupción.

NOVENO. Ante la eventual entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se conforma por un Comité Coordinador integrado por: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del INAI; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, la ausencia del Fiscal anticorrupción ha sido cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil ante la falta de voluntad política de todos los Grupos Parlamentarios.

Es importante que este Senado de la República cumpla de una vez con un mandato constitucional de hace más de tres años, que impide entre otras cosas que el Fiscal anticorrupción se integre al sistema Nacional Anticorrupción y no entren en vigor los delitos previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal denominado “delitos por hechos de corrupción”2, el cual establece que estos tipos penales entran en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Seguir posponiendo su designación es una mala señal y hace incongruente a este Senado que al haber aprobado leyes que garantizan el funcionamiento de todo un Sistema Nacional Anticorrupción hace nugatoria su efectividad al dejar acéfala una institución fundamental del propio Sistema.
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerde convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para desahogar el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de julio de 2017.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 La enumeración hecha por el Comité es en orden alfabético.

2 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016






De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para solicitar la intervención de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, así como la Auditoría Superior de la Federación con relación al socavón que se abrió en el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputada MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO y Diputado OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Paso Exprés en la México-Cuernavaca, es una ampliación de cuatro a ocho y de hasta 10 carriles de la autopista México-Cuernavaca. Son poco más de 14 kilómetros que van desde antes de la salida a la Paloma de la Paz, hasta la salida sur conocida como El Polvorín.

El 24 de noviembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció la adjudicación de la obra al consorcio Construcciones Aldesem, de la española Aldesa, y Epccor Construcción de capital mexicano.

La obra fue inaugurada el 5 de abril por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Morelos Graco Ramírez con un costo de 2 mil 213 millones de pesos. El contrato se otorgó por un monto de mil 45 millones 857 mil pesos, pero debió duplicarse al término de la obra, hasta alcanzar una inversión de 2 mil 213 millones de pesos.

Además, al principio establecía 730 días naturales para terminar la obra, a partir del 29 de noviembre de 2014 y “a más tardar” el 28 de noviembre de 2016, abarcando los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, la obra fue inaugurada hasta el 5 de abril de este año, 128 días después del plazo establecido y sin concluir.

El miércoles 12 de julio en la mañana, se abrió un socavón de ocho metros de diámetro sobre los carriles del Paso Exprés con dirección sur a norte, donde cayó un automóvil en el que viajaban dos personas, las cuales perdieron la vida.

Al caer en el agujero, piedras y tierra cayeron sobre el vehículo, imposibilitando a los pasajeros salir. Dentro del vehículo se produjeron llamadas de teléfono pidiendo ayuda a sus familiares y compañeros de trabajo. Mientras el auto aún se encontraba dentro del hoyo, se registraron varios derrumbes.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes y un comunicado de la dependencia, informaron ese día que las posibles causas del incidente fueron por el reblandecimiento de la tierra que sostenía esa parte de la vía, después de que las fuertes lluvias de los últimos días y la acumulación de basura obstruyeran el drenaje del lugar.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que se destituyó a José Luis Alarcón, ante un informe de la auditoría interna que señala que no se actuó a tiempo.

“En un informe de la auditoría interna explica que no hubo atención inmediata de la dependencia en Morelos ante las denuncias sobre las deficiencias de la obra y el entonces titular no los reportó, a pesar de que fue notificado mediante un escrito de los habitantes, fechado el 3 de marzo”.

El Órgano de Control Interno de la SCT dio inicio a la investigación y revisión de los antecedentes en la contratación de obra pública, así como los estudios sobre mecánica de suelos y las especificaciones técnicas para la construcción del tramo que se hundió.

El consorcio Aldesem y Epccor, ganador de la licitación de la obra del Paso Exprés, tenía algunas observaciones serias de incumplimiento y aún así se le asignó el contrato. Por ejemplo, en la parte de la propuesta técnica, se le observó el hecho que “de las 13 obras presentadas en los últimos 5 años para acreditar, el cumplimiento de contratos; 8 no cumplen con lo solicitado”, mientras que de las otras cinco, sólo una acredita, pues tres son convenios que forman parte de un solo contrato y dos “tienen incongruencias”.

Cabe recordar que el gobierno federal adjudicó el 7 de febrero del presente, la construcción de la torre de control de tráfico aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al consorcio integrado por la española Aldesa y la mexicana Jaguar Ingenieros. De acuerdo con lo sucedido en el fallo, la propuesta de las empresas fue de mil 242 millones 171 mil 349 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta fue la segunda más baja dentro de las siete que se presentaron. Mientras que en marzo de 2016, la SCT dio a conocer el fallo de la licitación pública internacional para la construcción de talleres y cocheras para la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en Zona Metropolitana de Guadalajara, que se adjudicó a la empresa Construcciones Aldesem, en participación conjunta con las empresas Ingeniería y Servicios ADM y COALVI, con una oferta por 599 millones 229 mil 187.38 pesos.

Por su parte, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, en la construcción del Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Los contratistas de la obra fueron: Grupo Construcciones Aldesem, S. A. de C. V., y Proacon México, S. A. de C. V. COCONAL, S.A.P.I. de C.V., Construcciones Urales, S. A. de C. V., Consorcio R&G, S. A. de C.V., Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V.

La ASF determinó pago de gastos financieros por un importe de 694.9 miles de pesos; 4,452.0 miles de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios; 16,895.5 miles de pesos por obra no ejecutada y 7,178.9 miles de pesos sin verificar que los tableros y equipos cumplieran con lo pactado contractualmente.

Se determinaron recuperaciones por 10,731.5 miles de pesos, de los cuales 4,645.4 miles de pesos fueron operados y 6,086.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 23,135.2 miles de pesos por aclarar.

Cabe mencionar que la construcción del viaducto Conexión Interlomas-nueva autopista Naucalpan-Toluca; la construcción de dos túneles gemelos y la construcción de un puente metálico para dar funcionalidad e interconexión a los túneles, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. En la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, efectuó pagos indebidos de 23,552.2 miles de pesos por la incorrecta integración de los precios extraordinarios.

Dicha obra fue adjudicada mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 22 de agosto de 2012, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de la SCT, a las empresas Grupo Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., y Proacon México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 466,369.8 miles de pesos y un plazo de 840 días naturales, comprendidos del 3 de septiembre de 2012 al 21 de diciembre de 2014.

Es importante mencionar que el presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), Rafael Hernández Soriano (PRD), pidió detener la licitación de la adjudicación a la empresa Aldesa, para desarrollar la torre de control de tráfico aéreo de la nueva terminal aérea.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones, hagan público un informe sobre la situación a seguir con relación al socavón que se abrió en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que coadyuve con el control de las licitaciones que se concesionan a particulares en las obras públicas.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que informe sobre el estado que guarda el socavón que se abrió en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, y explique el proceso de la adjudicación de la obra al consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción, así como las serie de denuncias que no se atendieron para evitar la tragedia donde perdieron la vida dos personas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 19 de julio de 2017.

Suscriben

Dip. María Cristina Teresa García Bravo.- Dip. Omar Ortega Álvarez.

Fuentes:
ASF (2017), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, Grupo Funcional Desarrollo Económico, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México,
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_DE_a.pdf
El Economista ¿Qué ha pasado con el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca? Carretera México-Cuernavaca, Ruy Alonso Rebolledo, Julio 14, 2017, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/14/que-ha-pasado-socavon-paso-expres-cuernavaca
Destituyen a delegado de SCT, Carretera México-Cuernavaca, Salvador Corona y Rolando Ramos, Julio 13, 2017, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/13/destituyen-delegado-sct
Proceso, “El Paso de la muerte” de Cuernavaca, entre el socavón y más de 100 víctimas fatales, Jaime Luis Brito, 15 de julio de 2017, http://www.proceso.com.mx/495050/paso-la-muerte-cuernavaca-socavon-100-victimas-fatales






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a los hechos ocurridos en el “Paso Express” que derivaron en la muerte de dos personas el pasado 12 de julio y que fueron originadas por las presuntas negligencias y omisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas constructoras. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política