Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 12



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Julio de 2017

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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

APERTURA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Señoras legisladoras y legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 23 legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.



En el caso de los del PRD, están afuera en la conferencia de prensa, pero ahí están, señora Presidenta.

Hay la asistencia, entonces, de 37 ciudadanas legisladoras y legisladores, señora Presidenta. Hay quórum.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

¿Con qué objeto, Diputado Vidal Llerenas?

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Con objeto de hacer del conocimiento de la Asamblea, la propuesta de nuestro grupo parlamentario para la agenda política.

Nosotros consideramos, tenemos aquí un documento, se lo hacemos llegar, de que el objeto de la agenda política de hoy tendrá que ser la discusión sobre el estado del Sistema Nacional Anticorrupción.

Nos parece que se hizo un esfuerzo importante de diseño institucional, que no ha correspondido a lo que está sucediendo en el sistema, con fallas que vienen del propio Congreso y que es un tema muy importante a discutir.

Entendemos que hay otra propuesta que tiene que ver con el G20, que no la compartimos, eso fue un acontecimiento que ya pasó, que ya no tiene mayor trascendencia. Y entonces reiteramos y proponemos al resto de los grupos parlamentarios que sea la situación del Sistema Nacional Anticorrupción el objeto de la agenda política de este día.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, le comparto que en la Mesa Directiva se quedó abierta la posibilidad de revisión por parte de los grupos parlamentarios integrados en esta Comisión Permanente, para efecto de la determinación del tema a tratar en la agenda política, por lo que le sugeriría se acercara con el resto de los compañeros coordinadores, a efecto de tomar una determinación al respecto y la hagan llegar a esta Mesa Directiva.

Gracias.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y un minutos del miércoles cinco de julio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la visita de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los días 5 y 6 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2017; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2016-2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su Informe Financiero y Actuarial 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con el que remite el Informe de evaluación sobre la situación operativa, programática, financiera, estructura organizacional, unidad de procesos y estructura contable de la CFE, correspondiente el ejercicio fiscal 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Informe de la Auditoría Externa de su matrícula; el Informe semestral específico sobre su ampliación, correspondiente al primer semestre de 2017; y el Informe de Matrícula en formato emitido por la DGESU/SES/SEP.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Durango, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del congreso del estado de Jalisco, los siguientes proyectos de Decreto:

•Por el que se reforman los artículos 121 y 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

•Por el que se reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

•Por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, el informe de su participación, conjuntamente con los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma y José de Jesús Santana García, en las reuniones de trabajo que sostuvieron en la República de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Esteban Albarrán Mendoza, el informe de su participación en la XXXIII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”; y en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, celebrados en Panamá, del 8 al 10 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, el informe de su visita de trabajo a Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de su visita de trabajo, conjuntamente con los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Patricia Leal Islas, Héctor Flores Ávalos, Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 26 al 28 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, y de los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo y Lorena Cuéllar Cisneros, en ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias “Empoderamiento de las Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de mayo de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Jorge Aréchiga Ávila, el informe de su participación de la “VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre de la Alianza del Pacífico”, realizadas en Cali, Colombia, los días 26 al 30 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, su informe de actividades 2016-2017 y su Programa Anual de Trabajo 2017-2018.- Quedaron de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del artista José Luis Cuevas.

(Iniciativas)

El Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas Hernández y del Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 7 y 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre propio y del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12,13, 222, 227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación local de Acuerdo con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

2. Por el que se solicita a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción un informe para conocer los avances dentro del Sistema Nacional Anticorrupción; y se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a considerar la pertinencia de invitar a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar y reforzar las acciones tendientes a la prevención y combate de los delitos de alto impacto en dicha entidad.

4. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Jalisco un informe sobre el estado que guarda la recomendación 21/2017, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad.

5. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a supervisar permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios de dicha entidad, en especial el de Topo Chico.

6. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar la revisión de su legislación penal local, con el objeto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la ejecución de actos que desemboquen en los delitos de lesiones y homicidio.

7. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la contratación y la prestación del servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre los resultados del programa "Por un Estado de México sin Pobreza", así como de las acciones que se han proyectado para el presente año.

11. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Chiapas a continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López.

12. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, continúen formulando estrategias e implementando acciones para prevenir y combatir los delitos de alto impacto en el país.

13. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de Héctor Casique Fernández y exhorta a la Fiscalía General del estado de Quintana Roo a continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.
14. Por el que se da por atendida la proposición relativa a los centros de readaptación social del país.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión. Sin discusión, los catorce dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiséis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de desarrollar y aplicar programas educativos con el objetivo de fomentar el aprendizaje sobre la importancia de los alimentos, combatir su desperdicio y fortalecer las acciones para garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.

2. Que exhorta a las autoridades de los tres poderes a adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, de manera especial, en los casos del orden familiar y atiendan a los principios en materia de derechos humanos de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.

3. Por el que la Comisión Permanente respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y los invita a continuar y fortalecer las acciones a favor de una solución pacífica a la situación política, social y económica en esa Nación.

4. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito a realizar acciones que permitan coadyuvar en el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; asimismo, analicen y apliquen acciones que permitan resolver las situaciones presupuestales de las universidades públicas.

5. Que exhorta a los gobiernos locales a adoptar las medidas de regulación necesarias sobre la operación y funcionamiento de los centros de convivencia familiar, con base a homologación de lineamientos que atiendan las circunstancias especiales de cada entidad federativa y se vele por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

6. Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento al Ejército Mexicano en la labor que realiza en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de apoyo y auxilio a la población ante los desastres naturales; asimismo, envía sus condolencias a las familias de los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel Totolopan, en el Estado de Guerrero, el pasado 10 de junio.

7. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas a continuar y fortalecer las medidas de ayuda humanitaria, asistencia médica, orientación y atención a las personas de nacionalidad guatemalteca que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de México y Guatemala, poniendo especial énfasis en niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

8. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes y a los gobiernos locales a continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio, con especial énfasis en menores de edad y centros escolares.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno de Chiapas un informe sobre la situación que guarda el Hospital General de Yajalón.

10. Que exhorta a las autoridades correspondientes del gobierno del estado de Chiapas a atender las necesidades del Programa Telebachillerato y brindar respuesta a la problemática del personal docente.
11. Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular el Mieloma Múltiple.

12. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar y fortalecer acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del virus coxsackie.

13. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a impulsar y fortalecer acciones de prevención de contagios y, en su caso, atención de la fiebre aftosa, con especial énfasis en menores de edad.

14. Por el que la Comisión Permanente externa su solidaridad con el gobierno y pueblo de la República de Portugal y envía sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en el municipio de Pedrógão Grande, el pasado 17 de junio.

15. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que se encuentre una solución adecuada a la situación política, social y económica en Venezuela.

16. Por el que se solicita al gobierno del estado de Chihuahua un informe sobre las denuncias de probable desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del propio estado; asimismo, le exhorta a adoptar las medidas necesarias para resolver las problemáticas que se presentan en dicha institución educativa.

17. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar impulsando las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano concluya el proceso respectivo y sea parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

18. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre su participación en el marco de las reuniones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con los gobiernos de los Estados Unidos de América, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras.

19. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes a continuar y fortalecer las acciones en la creación de entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad.

20. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las medidas para contrarrestar la deserción escolar, con especial énfasis entre la población de 15 a 24 años de edad que comprenden el nivel básico, medio superior y superior.

21. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para la actualización de los protocolos de atención en los casos de cáncer de mama y se determine la pertinencia de acceder a otro tipo de tratamientos.

22. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones realizadas para la atención del espectro autista y de los diagnósticos con los que cuenta sobre las causas que producen su padecimiento.

23. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre la aplicación y resultados de la Estrategia Somos Mexicanos.

24. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Jessica Esmeralda Cano Baas.

25. Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a analizar la viabilidad técnica y normativa para modificar las disposiciones que permitan a las personas que no cuentan con un documento de identificación oficial, ser beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud-Seguro Popular y ampliar la prestación de servicios para la atención médica de enfermedades crónico-degenerativas.

26. Por el que se dan por atendidas las proposiciones sobre: la detonación de un artefacto explosivo en Chapinero, Bogotá; la que exhortaba al IMSS a presentar la información relativa a la participación del testigo social en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017; y la que exhortaba a proceder a la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre sobre la protección de la maternidad.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona en relación con diversos dictámenes, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los veintiséis dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del sistema de tracción del segundo remolque que utilizan los llamados "tracto camiones de doble remolque”.

2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a instrumentar acciones para evitar la extinción del ajolote mexicano (Ambystomamexicanum).

3. Que exhorta a las autoridades de las 32 entidades federativas a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, con relación al tratamiento de aguas residuales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad, para garantizar un desarrollo integral sustentable.

4. Por el que se solicita a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas informe sobre la situación de contaminación de océanos y mares en el territorio nacional.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo considere planear, diseñar y coordinar una campaña para enriquecer la imagen turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de la conmemoración de los 400 años de su fundación.

6. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar el estado que guarda la Cuenca El Ahogado, ubicada en el estado de Jalisco.

7. Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a no establecer disposiciones legales y reglamentarias que limiten el libre tránsito de transporte con mercancías en el territorio nacional.

8. Que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno del estado de Querétaro a analizar la viabilidad de suscribir un convenio para incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y de San Juan del Río-Tequisquiapan, al territorio de la Megalópolis así como integrar al gobierno del estado de Querétaro a la Comisión.

9. Que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a considerar recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas, con el fin de atender los problemas de descomprensión que aquejan a pescadores y buzos.

10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la previsión de recursos para llevar a cabo la modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en el estado de Yucatán.

11. Que exhorta al gobierno del estado de Durango a solicitar la emisión de la declaratoria de emergencia del Fondo para la Atención de Emergencias para los municipios afectados en el estado de Durango, debido a los incendios forestales presentados en las últimas semanas.

12. Que exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC a fortalecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR).

13. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de carne, de Acuerdo con la NOM-030-ZOO-1995. Asimismo, fortalezca la industria local de productos porcinos por medio de políticas públicas adecuadas para enfrentar los retos derivados de la competencia internacional en el sector.

14. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe las acciones que se han realizado o se realizarán para impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos de tratamiento de aguas residuales, así como de aquéllas encaminadas a la reutilización del agua residual tratada.

15. Por el que se solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos informe sobre el impacto ambiental por explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación conocida como “fracking”.

16. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar el censo agropecuario 2017, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que el Congreso de la Unión respalda la solicitud presentada por la Cancillería mexicana y apoya la candidatura de Janet Murguía, al Premio Václav Havel de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Conejo de Europa.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar área natural protegida la “Sierra de Álvarez” en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna en San Luis Potosí.- Intervino la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia del PRI, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al dictamen. El dictamen fue aprobado, con la propuesta de modificación aceptada, en votación económica.

2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la promoción de la Zona Arqueológica Las Ventanas y la Ruta del Mezcal del estado de Zacatecas.- Intervino el Diputado Benjamín Medrano Quezada del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

3. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la situación que prevalece en la Cuenca del Río Cuautla en el estado de Morelos, ante la presencia de la planta termoeléctrica.- Intervinieron los legisladores: Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI; y Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen. El dictamen fue aprobado en votación económica.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Oaxaca un informe de las acciones emprendidas para la rehabilitación de carreteras, caminos y puentes, así como las medidas implementadas para garantizar la seguridad de los usuarios en dichas vías de comunicación, ante las afectaciones causadas por la tormenta “Beatriz” en la región del Istmo de Tehuantepec.- Intervino el Diputado Francisco Martínez Neri del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

5. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión Reguladora de Energía un informe sobre el proceso de subasta y asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos asociadas a la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta para los Sistemas de Rosarito y Guaymas.- Intervino el Diputado Miguel Ángel SalimAlle del PAN. El dictamen fue aprobado en votación económica.

6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al IMSS y al ISSSTE a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en lo relativo a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de seguridad social.- Intervinieron los legisladores: Senador Fernando Mayans Canabal del PRD; Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; y Senador Isidro Pedraza Chávez, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen. El dictamen fue aprobado, en sus términos, en votación nominal, por 22 votos a favor y 7 en contra.

7. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones pertinentes relativas a los presuntos cambios de uso de suelo efectuado en Michoacán.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Gerardo Sánchez García, se integraría al Diario de los Debates. Asimismo, informó que el Senador Gerardo Sánchez García hizo llegar propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al dictamen. El dictamen fue aprobado, con la propuesta de modificación aceptada, en votación económica.

8. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer la verificación de las condiciones laborales de los jornaleros en las 32 entidades federativas.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.
9. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales locales de las entidades federativas a vigilar el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.- Intervino la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

10. Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los municipios de México; y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren implementar sistemas de servicio profesional de carrera.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Diputado Alejandro González Murillo, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para establecer el formato para la entrega del reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por su labor en la homologación como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Hidalgo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 315 y adiciona un artículo 318 bis al Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Wendolin Toledo Aceves y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos tercero y séptimo del artículo 152 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir las corridas de toros.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 78, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la comercialización de mascotas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 336 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 994 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Federal de Cinematografía, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; y se expide la Ley del Banco de Fomento de la Industria Cinematográfica.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad a informar de las acciones que han tomado en materia de legalidad, certeza, transparencia en las licitaciones, compras, adquisiciones y transparencia y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría integral que comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA Medidores, S.A. de C.V. y Controles Medidores Especializados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar celeridad a las acciones para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados María Chávez García, Juan Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Virgilio Dante Caballero Pedraza y del Senador Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México acordar las medidas precautorias necesarias y las de aplicación inmediata para declarar como Áreas Naturales Protegidas a los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al FOVISSSTE a emprender las acciones necesarias para la regularización y la titulación de las 1,600 unidades condominales de la unidad habitacional FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a ampliar la difusión y disponibilidad de espacios dentro de la modalidad educativa de nivel medio superior, denominada PREPA en Línea-SEP, a efecto de atender de manera pertinente la demanda estudiantil en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Procurador General de la República, al Fiscal General de Justicia y al gobernador del estado de Sinaloa y al Secretario de la Defensa Nacional a informar en torno al asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de la demanda de amparo promovida en contra de la Comisión Reguladora de Energía y las disposiciones administrativas de carácter general en materia de generación distribuida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados incluir en su programa de trabajo anual un estudio de opinión aplicable a los ciudadanos donde se desarrollaron los procesos electorales ordinarios en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México con el fin de conocer el índice de confianza ciudadana ante el desarrollo de los procesos electorales antes, durante y después de las elecciones.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se invita a la Cámara de Diputados y de Senadores a celebrar un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que cada año se instale un módulo de atención en sus respectivos recintos, con motivo de la campaña “Septiembre Mes del Testamento”.- Se turnó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y al Comité Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales a redoblar los esfuerzos para avanzar en los procesos que faltan y se realicen las acciones pertinentes, orientadas a desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que restan por ser adquiridos dentro de la Zona Económica en Puerto Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis Manuel Hernández León, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a tomar medidas necesarias para llevar a cabo la instalación de estaciones de monitoreo permanentes de calidad del aire en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a informar sobre el estado que guardan las investigaciones que corresponden a los incidentes de violencia ocurridos en la sierra norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, el pasado 5 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar cuáles han sido sus acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia los Estados Unidos de América y Canadá.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los Acuerdos de paz con el gobierno de la República de Colombia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a cumplir con lo establecido por la Auditoría Superior de la Federación y rinda un informe sobre el estado que guarda la deuda pública de la entidad, así como de los mecanismos de prevención y control que está llevando a cabo para estabilizar el endeudamiento público estatal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar un programa de visitas permanentes de doctores, psicólogos y psiquiatras en las instituciones de educación básica en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el periodo vacacional de verano 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del barco turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de Antioquía, en la República de Colombia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a generar mecanismos extraordinarios en la investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos para asegurar garantías de independencia, así como permitir la intervención de un panel de expertos independientes que dé certeza al proceso de indagación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a elaborar los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete un área de exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados renuncia al uso de plásticos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de prevención y combate de la violencia hacia las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer una hoja de ruta con las líneas de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a implementar acciones para reducir las tarifas del peaje en las carreteras y autopistas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impedir la realización de cualquier actividad comercial o pesquera que afecte a las especies de flora y fauna en la Sonda de Campeche.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a eliminar la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros del personal de seguridad pública.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Guerrero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que realicen las adecuaciones necesarias en los términos de ese ordenamiento legal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Seguridad Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los programas que tengan en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas; asimismo, exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una comisión especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen por parte de la Procuraduría General de la República como a todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a sus homólogos de las 32 entidades federativas a coordinar acciones, mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en dichos establecimientos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas a ejercer mecanismo de libertad anticipada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a analizar posibles omisiones por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea 12 del Metro que representa un riesgo para los usuarios y además podrían constituir un daño al erario público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a informar sobre la adquisición de software y/o tecnologías que tengan como finalidad la intervención en las comunicaciones y la realización de actividades de espionaje.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a convocar a un período extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los nombramientos del Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de infraestructura de la paraestatal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a informar sobre la situación que guardan las instalaciones del tren ligero y de sus unidades a raíz de dos descarrilamientos, así como de los riesgos que enfrentan los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer públicas y remitir las estrategias y acciones de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de beneficiarios de los programas del desarrollo social de los tres órdenes de gobierno.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en virtud de una probable asignación irregular de obras a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A. de C.V.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, implementen estrategias de seguridad a favor de estudiantes y docentes, así como para el combate al narcomenudeo en las instalaciones universitarias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, a efecto de cuantificarlas e identificar sus potenciales y realidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a disponer las medidas necesarias de conservación y protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a la pesca ilegal con fines de comercialización de estas especies.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a ampliar los recorridos de sus agentes en los tramos carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Senadores y Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de expertos para brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de la República en las investigaciones sobre alegaciones de espionaje, a través del malware conocido como Pegasus contra diversos periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición, bajo el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar mecanismos, medidas y estrategias en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de homicidios dolosos que se han registrado en la entidad durante el presente año.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a regular los precios del cemento en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a auditar el origen, uso y destino de los recursos públicos que son utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas para reducir los altos índices delictivos registrados recientemente en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar diversas acciones respecto a las prácticas recurrentes por parte de las entidades bancarias condicionando los créditos al consumo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Sistema de Administración Tributaria a vigilar la correcta aplicación de los artículos 43 y 50 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a remitir un informe respecto al estado que guardan las investigaciones sobre los hechos suscitados en la carretera Morelia-Pátzcuaro el 21 de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Miguel Ángel González Salum, María Esther Camargo Félix, Montserrat Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia y Luis Alejandro Guevara Cobos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud del estado de Tamaulipas; de Salud Federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a tomar acciones inmediatas y necesarias a efecto de restablecer el suministro de medicinas y atención médica a los tamaulipecos, así como la protección a los derechos laborales de los trabajadores de la salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las dependencias responsables de la implementación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, realicen a la brevedad el análisis e incorporen en el Sistema los indicadores de propósito y componente de los programas presupuestarios que ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudad de México a reforzar las acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que cuentan con alguna discapacidad, con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren recursos para la creación de un fondo para “las zonas chinamperas de Xochimilco”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones conducentes para colocar la señalética pertinente e intensificar los trabajos de reparación y conservación de la Autopista Durango-Mazatlán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a colaborar para impulsar la aplicación de las medidas cautelares y garantizar su debido control, vigilancia y operación conforme lo ordenado en las leyes vigentes en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la región mixteca del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a prohibir el cobro de fotomultas que no son sancionadas por el incumplimiento de los límites de velocidad establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos económicos para la construcción y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar los estudios necesarios para determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos como fuentes de contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos y su desembocadura en el Golfo de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo al gran aumento de suicidios en adolescentes en el Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a investigar las irregularidades laborales en torno a los trabajadores de limpieza del Palacio Legislativo en San Lázaro.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Jalisco y al Fiscal General de la entidad a difundir las medidas implementadas para prevenir, atender y combatir el creciente índice de feminicidios en el estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a detener todo tipo de criminalización contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga y a establecer un diálogo inmediato para atender con efectividad sus demandas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a hacer públicos los estudios y justificaciones del proyecto de construcción de obra “322 SLT 1921 reducción de pérdidas de energía en distribución 3ª Fase” o proyecto “Diamante”, en el municipio de Ecatepec, Estado de México y detener las obras que lleva a cabo hasta obtener el aval y convencimiento de los vecinos afectados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión a atraer el caso del periodista Rubén Pat, víctima de tortura y amenazas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Salvador Adame Valdez, encontrado en el municipio Gabriel Zamora, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones legales que corresponda para sancionar a los responsables de las alteraciones y daños hechos por las obras constructivas de la Línea 4 del Mexibus.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incorporar en su ordenamiento jurídico electoral el concepto de “violencia política en razón de género”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de Gregorio Delgadillo Santos, Regidor suplente por el Partido Morena del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2017 y exhorta al gobernador de ese estado y al Fiscal General de Justicia del mismo a esclarecer este homicidio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la demarcación de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a formular y aprobar un nuevo programa de desarrollo urbano para esa delegación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo al impacto de actividad minera en los derechos humanos en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a contemplar en su plan de trabajo anual de auditoría 2017, la realización de una auditoría sobre los once millones 812 mil 110 pesos de recursos federales que fueron destinados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y de Jalisco a condicionar su decisión a la consulta con comunidades, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para que emprenda investigaciones sobre el proyecto de la Presa El Zapotillo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir y publicar las disposiciones referentes al sistema de puntos enmarcado en la Ley de Migración y su Reglamento.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información relativa a productos transgénicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretario de Salud a revisar y actualizar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de Ciencia y Tecnología a hacer públicas y remitir las estrategias y acciones de mejora que ha implementado del 2015 a la fecha.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar un programa de asistencia para el apostille de documentos de migrantes que hayan sido deportados durante la administración de Donald Trump.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las estrategias y acciones que ha emprendido para fortalecer las atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a acreditar las estrategias y acciones coordinadas que consideren implementar, a fin de establecer la prevención y control de la rabia humana y la que se presenta en los perros y gatos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la disminución, prevención y detección oportuna de la desnutrición infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la violencia feminicida en el Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a incluir en la investigación seguida en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, a toda su red de presunta complicidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para instruir a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades en torno a los sobreprecios y los retrasos en la conclusión de la obra "Túnel Emisor Oriente".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación que esclarezca el asesinato de Meztli Sarabia Reyna y que exhorta al gobierno del Estado de Puebla a cesar el hostigamiento a los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación a las diferencias salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la recuperación del poder adquisitivo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con el fin de conocer el panorama completo respecto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su apartado laboral, así como en las maneras que se buscará "modernizar" el mismo tomando como referencia estándares internacionales tales como el Convenio 98 de la OIT.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla y para condenar los ataques en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe respecto del anuncio del Presidente de Estados Unidos de América sobre la autorización del gobierno norteamericano para construir el oleoducto Nuevo Burgos y los permisos para los oleoductos de Burgos y Dos Laredos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y expida las reglas de carácter general relativas a los bonos de carbono.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de movilidad de las entidades federativas y de la Federación a implementar campañas de educación vial y respeto a los peatones y ciclistas orientada a los conductores de transporte público, así como a las empresas y transportistas de carga.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación para que por su conducto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, envíe información a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional respecto de las personas a las cuales les fueron intervenidas sus comunicaciones utilizando el software malicioso "PEGASUS", sin control de la autoridad judicial.- Se turnó a la Primera     Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Turismo un balance general sobre el Programa de Pueblos Mágicos; y a la Secretaría de Cultura sobre las facultades que tendrá con respecto a los Pueblos Mágicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a incrementar las medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos María Luisa García Andrade; y al titular de la Procuraduría General de la República para que continúe las investigaciones sobre el homicidio cometido en contra del escolta Enrique Villafaña Pedroza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud federal y del estado de Guerrero a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría Comunicaciones y Transportes con relación a una campaña de educación y difusión vial en materia de seguridad para las y los niños.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar una estrategia comunicacional y de concientización ciudadana para disminuir el uso diario de bolsas de plástico, que son lesivas a nuestro medio ambiente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cecilia Soto González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a aplicar el impuesto al servicio de hospedaje contratado bajo la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a asumir la responsabilidad de otorgarle a los enfermos de insuficiencia renal una atención especializada, profesional y oportuna.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a sus similares en las entidades federativas a fomentar y promover el uso de las bibliotecas, con la finalidad de convertirlas en espacios dinámicos, en los que se estimule creación literaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al combate y control de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades forestales en bosques del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar a la opinión pública sobre los avances en la cobertura de telefonía celular.- Se turnó a la Tercera          Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe sobre el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, a fin de homologarlo con la lista modelo de medicamentos esenciales de 2017, emitida por la Organización Mundial de la Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se extiende el más amplio reconocimiento por el septuagésimo quinto aniversario  de la fundación del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a implementar las medidas necesarias para la  protección de los derechos de los menores de edad, víctima y testigo de los hechos ocurridos en la Delegación Gustavo A. Madero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad a mejorar las condiciones de gobernabilidad en los centros de reinserción social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el maltrato infantil en México y solicita a la Procuraduría General de la Ciudad de México un informe sobre las investigaciones que se están realizando en el caso del niño de 5 años de edad, torturado y privado de la libertad en la Delegación Gustavo A. Madero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a declarar a los mercados y centrales de abasto de la entidad como patrimonio cultural intangible.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se convoca al sector empresarial a establecer una mesa de diálogo en el Senado de la República en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la prevención y asistencia en la temporada de lluvias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre los atrasos y sobrecostos de la obra del túnel emisor oriente, así como su impacto en las inundaciones que sufre la Ciudad de México y su zona conurbada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz y del Senador Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno de la Ciudad de México y de la Delegación de Cuajimalpa en relación al proyecto denominado "Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF".- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Conservación de los Suelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Trópicos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Cooperativas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico y la Reunión del G20 en Alemania.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la violencia feminicida en el país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles doce de julio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, con el que nos envían los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítanse dichos informes a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente punto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que comunica que durante el segundo trimestre de 2017 la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales no ha realizado ninguna contratación por honorarios.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase dicha información a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente punto.






INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Instituto Nacional de Migración, su segundo informe trimestral 2017, así como el acumulado de los avances financieros correspondientes a diversos programas de protección a migrantes.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios de diversas instituciones educativas del país, con los que remiten el primer informe semestral 2017, sus resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción I del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO








UNIVERSIDAD VERACRUZANA








EL COLEGIO DE SONORA








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA








UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS








UNIVERSIDAD DE SONORA



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanas y ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primero y segundo años de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el informe de sus actividades en la XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y compromisos rumbo al Pacto Global”, realizado los días 9 y 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá.








Dos, del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite los informes de sus participaciones en:

El Foro Agenda Migrante; una visión desde los connacionales, realizado los días 10 y 11 de febrero de 2017 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La visita de trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al gobierno federal a favor de los migrantes, realizada los días 17 y 18 de marzo del año en curso.



Y el Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado los días 1 y 2 de en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.








Una, de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 19 al 21 de junio de pasados, en Cancún, Quintana Roo.








Una, de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza y Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remiten el informe de su participación en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, celebrada en Tokio, Japón, del 11 al 13 de mayo del año en curso.








Una, del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, por la que informa de su reunión con la ciudadana Isabel Prieto, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación Altan Redes, el pasado 5 de julio de 2017.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió una comunicación del Diputado Matías Nazario Morales, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por el periodo comprendido del 14 de julio al 5 de agosto de 2017.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

“Único.- Se concede licencia al Diputado Matías Nazario Morales, para separarse de sus funciones legislativas del día 14 de julio al 5 de agosto del presente año.”

Está a discusión. Por no haber intervenciones y no haber quien haya solicitado el uso de la palabra, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Matías Nazario Morales, para separarse de sus funciones legislativas, del día 14 de julio al 5 de agosto del año en curso. Comuníquese a la Cámara de los Diputados.






INTERVENCIONES

Compañeras y compañeros legisladores, con profundo pesar les informo que el pasado 7 de julio falleció nuestra estimada amiga y compañera Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.

Los legisladores de todos los grupos parlamentarios que integramos esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, lamentamos este sensible fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a su familia y a todos sus compañeros Diputados y amigos.

Recordamos a una compañera cálida y profesional, quien se identificó por ser una firme defensora de las causas ciudadanas, además de ser una destacada especialista en asuntos de seguridad pública y participación ciudadana.

Destacada legisladora de la LVIII y LX Legislatura del Congreso Local de Guanajuato.

Fue una política muy respetada, apreciada y reconocida por la sociedad en ese estado de la República.

En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados participó de manera activa en las Comisiones de Seguridad Pública, de delitos cometidos por razones de género, Justicia y en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Les pido a todos los presentes…

El Diputado Miguel Ángel Salim Alle: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño del Diputado Miguel Ángel Salim.

El Diputado Miguel Ángel Salim Alle: (Desde su escaño) Para hacerle un reconocimiento a nuestra compañera Mayra Enríquez Vanderkam, compañera del Partido Acción Nacional, compañera de nuestro estado, de nuestra ciudad.

Falleció este 7 de julio, este viernes, en la Ciudad de León, Guanajuato.
Su esposo Beto Cifuentes, sus tres hijos están conmovidos. Nosotros estamos con ella.

Quiero decir que era Diputada, una luchadora incansable por los derechos de la mujer y por la igualdad de la mujer.

Mayra Enríquez, en León, Guanajuato, siempre se le va a extrañar, en la Cámara de Diputados siempre se le va a extrañar y, por supuesto, en esta Permanente.

Le agradezco, señora Presidenta, me haya dado la palabra para también sumarnos a este minuto de silencio.

Muchas gracias, para mi compañera Mayra Enríquez Vanderkam.

Gracias compañeros.

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño de la Diputada Maricela Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Nos sumamos a la pena por la muerte de nuestra compañera Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, integrante de la Comisión Especial de delitos cometidos en razones de género. Muy participativa de esta comisión, muy preocupada por los derechos de las mujeres, por su salud.

Decir que el cáncer de mama se lleva a las mujeres sin importar a qué se dediquen, y esto hace urgente que se atienda este tema del cáncer de mama.

La prevención y la atención permitirán que las mujeres tengamos una vida mucho más larga sin este tipo de enfermedades que afectan nuestro desarrollo.

Muy querida la Diputada Angélica.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño del Diputado Vidal Llerenas.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Bueno, para sumarnos y manifestar el dolor por la pérdida de la Diputada Mayra.

La verdad que fue una Diputada muy comprometida con los temas de transparencia. Yo tuve oportunidad de trabajar con ella en varios momentos, cuando hicimos la Ley de Fiscalización, y era muy impresionante cómo ver que alguien que, efectivamente, ya en ese momento tenía una condición de salud difícil, ponía tanto empeño en su trabajo, y de verdad que era muy comprometida.

Sí va a ser, yo sé que muchas veces, en estas circunstancias se dice lo mismo, pero en este caso sí es una pérdida importante para la Cámara de Diputados y la verdad una pérdida muy sentida para muchos de nosotros.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño de la Senadora Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) ¿Puedo pasar a la tribuna?

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Mayra Enríquez, que dejó el mundo en una etapa de plenitud y realización a sus 46 años, fue una mujer ejemplar, de aquellas que tuvieron que hacer camino al andar, porque en los tiempos que empezó su carrera política, casi todos los senderos estaban bloqueados para nosotras.

Si para quienes iniciamos carrera política durante los años 80’s, como ella, y acá en la Ciudad de México nosotras, el camino fue pesado, complejo y tuvimos que remar todo el tiempo contra la corriente, la Diputada Mayra Enríquez se vio enfrentada a otra multiplicidad de obstáculos al participar en mi tierra, Guanajuato, en las mismas épocas.

Todos estos obstáculos los derrotó y sólo de esa forma puede explicarse que se trate de una pionera. No se le puede llamar de otra manera si consideramos su labor para abrir el ayuntamiento de León a la participación de las mujeres.

Ella fue la primera secretaria del ayuntamiento y ocupó los cargos de representación más importantes a nivel local, estatal y nacional, pues fue Síndica, Regidora, Diputada Local en dos ocasiones y Diputada Federal.

Mayra Enríquez fue disciplinada y constante, una mujer muy preparada, que aunque se abocó a la vida política sin cambiar nunca su vocación, no descuidó en ningún momento su vertiente académica, orientada al estudio de la gestión en el ámbito local.

Y aunque se repita, hay que decir que Mayra fue también ejemplar en su lucha contra el cáncer, que la asoló en dos ocasiones, se reveló de la única forma en que eso puede hacerse: viviendo lo más plenamente posible, llevando hacia adelante todos sus proyectos, sensibilizando a quienes desconocieran las complejidades del cáncer y viviendo su amor de cerca, muy cerca de los suyos.

Por si eso no fuera suficiente, cumplió sus labores legislativas hasta el final, sin que eso obstara para sus tratamientos.

Mayra Enríquez es una de aquellas mujeres que una siente muy cerca, más allá de las distancias ideológicas y de lo que no nos hemos tratado cotidianamente y particularmente.

La sentimos cercana, como sentimos a todas, quienes trabajan sinceramente por sus comunidades, aquellas que abren espacios antes vetados para las mujeres, así como nos sentimos cercanas a todas las luchadoras infatigables, que no abandonan las misiones de su vida, ni siquiera en las condiciones más difíciles.

Doy mi más sentido pésame, a nombre del grupo parlamentario del PRD, a su esposo Alberto Cifuentes que fue mi compañero legislador, y a sus jóvenes hijos: Mayra, Isabela y Luis Alberto, que tendrán en la vida ejemplar de Mayra Enríquez una luz para que los guíe.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño de la Diputada Carolina Viggiano.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señora Presidenta.

A nombre del grupo parlamentario del PRI quiero expresar nuestras más sentidas condolencias; en primer lugar, a la familia de nuestra compañera Mayra Angélica Enríquez y, por supuesto, al grupo parlamentario de Acción Nacional, a la Cámara de Diputados que para nosotros significa una gran pérdida.

A todos nos consta, como lo han expresado aquí, que nuestra compañera fue siempre una compañera que actúo de manera solidaria, con humildad, siempre trabajando pese a sus condiciones disminuidas de salud, sabemos todos lo que ella luchó, personalmente siempre sentí una profunda empatía porque mi madre, incluso, es sobreviviente de cáncer de mama y sé perfectamente la lucha que ella tenía que librar.

Y efectivamente, como se ha expresado también aquí, muchas mujeres en este país que padecen cáncer de mama u otro tipo de cáncer siguen con sus obligaciones de madre, de profesionistas o cualquier otro rol que tengan que desempeñar.

Nuestra compañera fue de esas mujeres, como muchas otras mexicanas, que hasta el último momento trabajó y siempre sonreía para nosotras, y también se sumaba a las causas como la lucha contra el cáncer y también contra otros cánceres como la corrupción y a favor de la transparencia, entre otros temas.

Así que nuestra más sentida condolencia y nuestro amplio reconocimiento por que ella nos dejó un legado.

A todas y todos los miembros de ambas Cámaras nuestro más sentido pésame.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Viggiano Austria.

Se solicita a todos los presentes, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera y amiga Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

¡Descanse en paz nuestra compañera, Mayra Angélica Enríquez!






En el apartado de iniciativas, les informo que se autorizó la incorporación del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 y se adicionan los artículos 167 Bis, 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta iniciativa no fue inscrita debido a que no se entregó con la firma autógrafa como lo exige el Acuerdo para normar las sesiones de esta Asamblea. Una vez cubierto el requisito, se ha incluido en la agenda y en su momento se presentará en tribuna.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS 7 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario de PRI)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Las presiones ejercidas a los recursos naturales en los últimos años, están afectando los ecosistemas al mismo tiempo que aceleran y potencializan los efectos del cambio climático.

Esta problemática ambiental está ganando terreno, siendo evidente el acelerado proceso de desertificación que estamos experimentando en el país, con una fuerte tendencia hacia la extinción de los principales ecosistemas, fuente principal que ha contribuido a la recarga natural de las cuencas, microcuencas y acuíferos.

Cabe mencionar que los efectos de la implementación del programa de servicios ambientales hidrológicos impulsado por la Conafor, cuyo fin principal es la recarga natural de las cuencas hidrológicas, se ven mermadas ante la presencia recurrente de incendios forestales.

Datos de esta instancia dan cuenta del creciente número de incendios registrados en los últimos seis años en las 32 entidades de nuestro país, que tan sólo en 2016 se registraron 8 mil 599 incendios forestales, afectando una superficie de 261 mil 260.39 hectáreas.

Estas alarmantes cifras se ven reforzadas con las innumerables acciones de deforestación provocadas por la tala clandestina e irracional, y la actividad agrícola que utilizan técnicas de roza, tumba y quema, generando altas presiones hacia los recursos naturales.

Esta tendencia devastadora en los bosques y selvas del país, no sólo contribuyen al cambio climático global y a la pérdida de los ecosistemas, sino también a disminuir los procesos de recarga natural de los acuíferos y cuencas hidrológicas, ocasionando serios problemas de abasto de agua en los principales centros de población de todo el territorio nacional.

Ante ello, reconocemos que las dependencias del sector ambiental y forestal, como son la Semarnat, la Conafor, la Conagua y la Profepa, han enfocado sus acciones a revertir los efectos del cambio climático, pero, sin duda alguna, falta un mayor impulso para lograr procesos exitosos en beneficio de los recursos naturales que contribuyen a la captación natural de agua.

En este tenor, consideramos necesario adicionar el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales para establecer la obligación de Conagua, de diseñar, impulsar e instrumentar la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, privilegiando acciones en forma coordinada con las dependencias federales y estatales vinculadas a los sectores ambiental y forestal, en beneficio del sectorial social y económico del país.

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS 7 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa plantea adicionar el artículo 14 BIS 7 de la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de incluir de manera específica la estrategia de gestión de recarga de acuíferos en todo el país; planteamiento que se justifica a partir de los siguientes argumentos:

México ha suscrito compromisos por el medio ambiente, recientemente se sumó a los Acuerdos de París, y ha demostrado en los hechos, trabajar por el planeta, con una legislación de avanzada y con acciones concretas encaminadas a disminuir el calentamiento global, vale la pena seguir transitando por ese camino, haciendo las adecuaciones correspondientes a la normatividad nacional.

Las presiones ejercidas a los recursos naturales, están afectando los ecosistemas al mismo tiempo que aceleran y potencializan los efectos del cambio climático. La presencia cada vez más recurrente de los fenómenos hidrometeorológicos, está contribuyendo a la devastación de los bosques y selvas, los cuales contribuyen en gran medida a la generación de plagas e incendios forestales.

Esta problemática ambiental global, está ganando terreno, toda vez que resulta evidente el acelerado proceso de desertificación que estamos experimentando en el país, con una fuerte tendencia hacia la extinción de los principales ecosistemas que son la fuente principal que milenariamente ha contribuido a la recarga natural de las cuencas, micro cuencas y acuíferos.

Los efectos de la implementación del programa de servicios ambientales hidrológico impulsado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo fin principal es la recarga natural de las cuencas hidrológicas, se ven mermados ante la presencia cada vez más recurrente de los incendios forestales.

En tal sentido, de acuerdo a los datos de la CONAFOR, durante el 2010, se registraron en 32 entidades federativas: 6,125 incendios forestales, afectando una superficie de 114,723.38 hectáreas; en el 2011, se presentaron 12,113 incendios forestales, afectando una superficie de 956,404.80 hectáreas; en el 2012, se presentaron 7170 incendios forestales, afectando una superficie de 347,225.53 hectáreas; en el 2013 se registraron 10,406 incendios forestales, afectando una superficie de 413,215.95 hectáreas; en el 2014, se registraron 5,325 incendios forestales, afectando una superficie de 155, 533.52 hectáreas; en el 2015 se registraron 3,809 incendios forestales, afectando una superficie de 88,538.14hectáreas; en el 2016 se registraron 8,599 incendios forestales, afectando una superficie de 261,260.39 hectáreas.

Estas alarmantes cifras se ven reforzadas con las innumerables acciones de deforestación provocadas por la tala clandestina, la tala inmoderada e irracional, y la actividad agrícola en la que se utilizan técnicas de roza, tumba y quema. Todo ello está generando altas presiones hacia los recursos naturales.

Esa tendencia devastadora en los bosques y selvas del país, no solo contribuye al cambio climático global y a la pérdida de los ecosistemas, sino también a disminuir los procesos de recarga natural de los acuíferos y cuencas hidrológicas, lo cual está generando serios problemas de abasto de agua en los principales centros de población en todo el territorio nacional.

Ante esta problemática, las dependencias del sector ambiental y forestal, como son la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, han enfocado sus acciones a revertir los efectos del cambio climático, pero falta un mayor impulso para lograr procesos exitosos en beneficio de los recursos naturales, que contribuyen a la captación natural del agua.

Es por ello que esta iniciativa de reforma, plantea incluir en la Ley de Aguas Nacionales, y en el marco de la política hídrica nacional, la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, a efecto de que a través de la CONAGUA y de las demás dependencias del sector ambiental se implementen acciones permanentes para la recarga artificial de dichos acuíferos, contribuyendo con la sociedad y el medio ambiente a amortizar los efectos del cambio climático y a colaborar con el abasto de agua en zonas en las que actualmente ya no existe ese vital líquido.

En ese tenor, se plantea adicionar el artículo 14 BIS 7, en el que se incluya la obligación de la CONAGUA, de diseñar, impulsar e instrumentar la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, privilegiando acciones en forma coordinada con las dependencias federales y estatales vinculadas a los sectores ambiental y forestal, lo cual sin duda traerá importantes beneficios al sector social y económico del país, pasando de ser un Estado administrador del agua, a un Estado productor del agua. Para el control, seguimiento y evaluación de la referida estrategia se plantea crear un Comité permanente, integrado por los titulares de las referidas dependencias federales y estatales.

Por lo anteriormente expuesto propongo, el siguiente proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 14 BIS 7 de la LEY DE AGUAS NACIONALES, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS 7 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 14 BIS 7 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14 BIS 7. La Comisión, en coordinación con las dependencias federales y estatales de los sectores ambiental y forestal, diseñará, actualizará e implementará la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, mediante métodos de gestión hídrica que permitan introducir de manera artificial el agua en los acuíferos subterráneos, para los fines establecidos en esta Ley.

Para el seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, se instalará un comité permanente, integrado por los titulares de las dependencias federales de los sectores ambiental y forestal, que funcionará y sesionará de acuerdo a su reglamento interno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para los efectos del párrafo segundo del artículo 14 BIS 7 de esta Ley, el Comité permanente de seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, deberá quedar integrado a más tardar en treinta días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

TERCERO.- El Comité de seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, deberá diseñar la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir de su instalación.

CUARTO.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá considerarse una partida específica y suficiente para la implementación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Ruth Tiscareño. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar a nombre propio y de la Diputada Hortensia Aragón Castillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 123 constitucional y 3o. y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 3o. Y 42 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de la Diputada Hortensia Aragón Castillo)

La Diputada Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

La educación tiene una función social básica, amplía las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cierra brechas e impulsa la equidad.

En México, nuestra población tiene un promedio de 9.1 años de escolaridad, lo que es equivalente a un poco más de la secundaria.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que el umbral educativo necesario para revertir la tendencia de pobreza y garantizar con una alta probabilidad el acceso mínimo al bienestar a lo largo del ciclo de vida, es de por lo menos 12 años de estudios formales.

Debemos estar conscientes de que la educación media superior y superior es un enlace importantísimo entre las políticas educativas y el mercado laboral.

Está demostrado que la tasa de empleo aumenta con el nivel de estudios y además, quienes egresan del nivel medio superior reciben un salario 30 por ciento mayor respecto de quienes no lo cursaron; mientras que contar con una licenciatura o un grado equivalente implica ganar dos veces más que aquellos con educación media superior.

Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, sólo el 16 por ciento de la población adulta en México cuenta con estudios de educación superior y no sólo eso, apenas el 24 por ciento de nuestros jóvenes mayores de edad están inscritos en una escuela de educación superior pública o privada; un porcentaje sumamente bajo si se le compara con Australia, Islandia o Corea del Sur, donde es del 60 por ciento.

Además de la baja cobertura, el número de jóvenes que logra culminar sus estudios es bajo, apenas 8 de cada 100 alumnos que comienzan los estudios de universidad logran terminarlos.

¿Cuáles son las principales causas de deserción? La primera, desde luego, es la falta de interés y la segunda, es la imposibilidad de continuar debido a la situación económica precaria.

Si ahondamos un poco, veremos que esa falta de interés se debe en gran medida al desempleo y a la baja de remuneración económica del mercado laboral al que se enfrentan nuestra juventud. En verdad, esta situación es verdaderamente deprimente.

La Cepal ha señalado que los recursos invertidos en la educación logran un retorno social y privado más alto, ya que los años adicionales de educación se traducen en importantes ahorros de recursos públicos y privados en el abatimiento de los índices de pobreza y marginación; en la recomposición del entorno de bienestar social, en la reducción del subempleo, en la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre muchos otros efectos positivos.

Sin embargo, con la deserción escolar se propicia un efecto contrario, pues las fisuras sociales se amplían y la movilidad social se pierde, cuando quienes tienen menos posibilidades y recursos abandonan las aulas.

Por eso, para el grupo parlamentario de Acción Nacional es fundamental garantizar en México el derecho humano de acceso a la educación en todas sus vertientes, dentro de ellas, el acceso a la educación media superior y superior.

Cabe señalar, que hoy día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a través de universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los costos de la educación superior a través de becas, como el caso del Programa de Financiamiento a la Educación Superior de Nacional Financiera, o las becas de Pronabes, que tiene la Secretaría de Educación Pública.

En el primer caso, se tienen fondos para financiar hasta 12 mil estudiantes y en el segundo, se entrega un promedio anual de 260 mil becas anuales para la población de bajos ingresos.

No obstante estos esfuerzos, han sido insuficientes para el acceso y permanencia en la educación superior de los jóvenes mexicanos, por lo que resulta imprescindible analizar otras fuentes de financiamiento.

En este contexto, teniendo como objetivo la función social de la educación y las bondades derivadas de invertir recursos destinados a la educación media superior y superior, debemos considerar que a partir de este 2017, el Infonavit tendrá un sobrante de liquidez que, aproximadamente, equivale a 60 mil millones de pesos anuales, que deberán ser destinados a otro tipo de actividad.

Este excedente financiero se debe a la exitosa reestructuración llevada a cabo por el Infonavit, que no sólo permitió una importante reducción al rezago de vivienda de los derechohabientes, sino también el que sus planes financieros sean reajustados para poder disminuir la cantidad de créditos que se otorgarán en los próximos años.

Por ejemplo, en estos últimos seis años el Infonavit otorgó un promedio de 500 mil créditos anuales; sin embargo, de acuerdo con su propio plan financiero 2013-2017, a partir de este año el promedio podrá reducirse a 380 mil créditos anuales, y de éstos el 26 por ciento corresponderá a usos secundarios diversos en la compra de vivienda.

Lo anterior, hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera en favor de los mexicanos.

A nivel internacional, existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamiento de seguridad social, como vivienda, salud, educación superior y retiro.

Aprovechando la solidez financiera del instituto, esta propuesta de reforma a la Ley del Infonavit se basa en dar un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados y les permita tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

Esta propuesta de ley que hoy traigo a esta tribuna a nombre propio y suscrito también por la Diputada, mi amiga Hortensia Aragón, tiene principalmente dos aspectos:

Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su propia educación o la de su familia.

Y, segundo, que en virtud de las bajas calificaciones obtenidas por las instituciones de educación superior, se considere indispensable que estos créditos se otorguen únicamente para los programas reconocidos como de alta calidad por la propia SEP, medida especialmente en términos de la absorción del mercado laboral.

Con esta reforma se busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda, permitiendo que en los casos en que ya hubiese sido cubierta esa necesidad de vivienda, entonces pueda ser utilizada para financiar la educación de su familia, manteniendo, incluso, la posibilidad de continuar con los mismos derechos sobre la subcuenta en caso de que haya sido pagado el financiamiento educativo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La que suscribe, MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 3O Y 42 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a través de universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los costos de la educación superior a través de becas, como son el Programa de Financiamiento a la Educación Superior de Nacional Financiera y las becas Pronabes otorgadas por la Secretaría de Educación Pública (en adelante, SEP).

En el primer caso, se tienen fondos para financiar hasta 12 mil estudiantes y, en el segundo, se entrega un promedio anual de 260 mil becas anuales para la población de bajos ingresos. Estos esfuerzos han sido insuficientes para el acceso y permanencia en la educación superior de los jóvenes mexicanos, por lo que resulta imprescindible analizar otras fuentes de financiamiento.

A partir del año 2001 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante, Infonavit) inició una reestructuración financiera que permitió elevar sustancialmente el número de créditos hipotecarios otorgados en México llevando a cabo las siguientes acciones:

• Se fortalecieron los procesos de crédito;

• Se diversificaron las fuentes de ingreso del Instituto;

• Se rediseñó un modelo de cobranza;

• Se crearon alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y potenciar el monto de los financiamientos, y

• Se impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado que logró ofrecer soluciones habitacionales a bajo precio.

En la primera etapa de este proceso (2001-2006) el Infonavit alcanzó la meta de 2 millones de créditos, igualando lo realizado en los primeros 28 años de su operación. El 27.1por ciento de estos créditos se destinaron a la compra de vivienda económica.

Asimismo, con una creación de créditos más efectiva y una mejor cobranza se logró asegurar la viabilidad financiera del Instituto y, con ello, pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores; para el 2006, por ejemplo, se logró el objetivo de retribuir con un 4por ciento real.

En una segunda etapa (2007-2012) el Infonavit planteó el reto de trascender de simplemente otorgar un crédito, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la ortodoxia crediticia y la disciplina financiera.

De esta forma, se adecua la estructura organizacional para atender tres líneas estratégicas: Vivienda, Entorno y Comunidad.

Durante este sexenio se otorgaron aún más créditos que en el anterior, alcanzando un total de casi 3 millones de créditos, de los cuales el 34.3por ciento ciento están asociados a una vivienda sustentable.

El éxito financiero del Infonavit también se tradujo en una reducción importante del rezago de vivienda de sus derechohabientes, con lo cual los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de créditos que se necesitarán otorgar durante los próximos años. Si bien en los últimos seis años el Infonavit otorgó un promedio de aproximadamente 500 mil créditos anuales, este número empezará a disminuir a partir de 2017.

De acuerdo con el plan financiero 2013-2017, será a partir de 2017 cuando podría reducirse a un promedio de 380 mil créditos por año, de los cuales 26por ciento correspondería a usos secundarios. Con esto, la demanda de crédito será menor que la capacidad de otorgamiento, con lo cual se comenzarán a acumular excedentes de liquidez.

A partir de 2017, el Infonavit tendrá aproximadamente un sobrante de liquidez equivalente a 200 mil créditos hipotecarios (alrededor de 60 mil millones de pesos anuales) que deberían ser destinados a otra actividad. Lo anterior hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera a favor de los mexicanos.

A nivel internacional existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamientos de seguridad social como vivienda, salud, educación superior y retiro. Este es el caso del “Central Provident Fund” de Singapur que es reconocido por el fuerte impulso al financiamiento hipotecario en ese país como por la promoción del ahorro individual de la población. En dicho país el Fondo está basado en créditos a los que accede la población de acuerdo a su propio nivel de ahorro y es prácticamente la única fuente recursos para seguridad social. Adicionalmente, este esquema permite otorgar condiciones preferenciales a las personas de menores recursos económicos.

Desde su creación el Infonavit ha tenido el único objetivo de proveer vivienda a los trabajadores, por lo cual la Ley que lo crea está basada en este concepto. La destacada reestructura financiera de los últimos 10 años lo ha constituido como el detonador de financiamiento a nivel nacional tanto por los créditos otorgados por el instituto como por las alianzas con las entidades financieras privadas. De esta manera, ha contribuido sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien, siempre se necesitará financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que a partir de 2017 el Infonavit tendrá un sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie demandará.

Aprovechando la solidez financiera del Instituto la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit se basa en dar un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

La reforma tiene principalmente dos aspectos:

• Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su propia educación o la de sus familiares.

• Dadas la baja calificación que han obtenido las instituciones de educación superior se considera indispensable que estos créditos se otorguen únicamente para los programas reconocidos como de alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, medida especialmente en términos de absorción del mercado laboral.

Si bien todas las personas con acceso a Infonavit serían beneficiados por la reforma, se estima que se enfocaría principalmente a hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda, que principalmente son hogares con ingresos mayores a 14 salarios mínimos. Sin embargo, esto permitiría liberar los recursos disponibles de otros financiamientos como el de Nafin o becas de la SEP para alumnos con menores ingresos o que no estén afiliados a la seguridad social.

Tomando lo anterior en consideración, en este caso, la reforma busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen para financiar la educación de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que tienen sobre su subcuenta.
Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforma la fracción XII, párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 123. …

....

A. …

I a la XI. …

XII. …

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulara las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas o utilizar sus fondos para acceder a financiamiento para la educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior.

….

….

….

XIII a XXXI.- …

B. …

I a XIV.-…

Artículo Segundo.- Se Reforman las fracciones III y IV del artículo 3o; Se Adicionan una fracción V al artículo 3º, y una fracción VII al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto:

I a II.-…

III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores;

IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 Constitucional y el título cuarto, capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece, y

V. Establecer un sistema de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior para los trabajadores o sus familias.

Artículo 42.- …

I. a VI. …

VII. Al financiamiento de educación a nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior de los derechohabientes o sus familiares en carreras calificadas por la Secretaría de Educación Pública como de alta absorción laboral.

….

….

….

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscribe

Dip. Minerva Hernández Ramos.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Hernández Ramos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Apartado B del artículo 102 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de ustedes, compañeros legisladores.

Vengo a nombre del Partido de la Revolución Democrática, su grupo parlamentario, a presentar esta iniciativa de reforma al artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre todo tiene que ver con ampliar las facultades y el campo de acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ahora tenga un sector más en el que pueda incursionar y poder cumplir sus facultades, sobre todo hoy que hemos estados y cada vez más caminando en términos de la globalización y de la incorporación de México a otros sectores de comercio.

Entonces, dice: “la importancia de las empresas para el desarrollo social descansa en el potencial que presentan, que representan en la generación de inversión, empleo y crecimiento económico, su actividad tiene la capacidad de contribuir, por ejemplo, a que las personas alcancen un nivel de vida digno o a estrechar la brecha de desigualdad, así como la reducción de la pobreza a través de la expansión de las oportunidades políticas, económicas y sociales de las personas.

Las empresas pueden abonar en la realización de una amplia variedad de los derechos humanos; pero desafortunadamente también el efecto de la acción de las empresas puede afectar el ejercicio y goce de los derechos humanos”.

Por ello, la presente iniciativa recoge el análisis contenido en el informe del grupo de trabajo sobre la cuestión desde los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, de las Naciones Unidas.

En ese informe se señalan aspectos que en el caso de México pueden reforzarse respecto al tema de las empresas y los derechos humanos.

Basado en instrumentos de observancia internacional, como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, el informe recoge diversos casos que ejemplifican acciones empresariales que han puesto en riesgo el respeto a los derechos humanos.

Por ejemplo, en cuanto al derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas el informe observa procesos representativos, como el parque eólico en el estado de Oaxaca, vigente desde el 2015; el cultivo de soya transgénica en Campeche y Yucatán; y la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México, en 2012.

Asimismo, recoge casos graves de contaminación industrial entre los que figuran el desastre ecológico en el Río Sonora, el 6 de enero de 2014; y la preocupante situación de la contaminación que presenta el Río Santiago, desde 2002 en los estados de Sonora, uno; y Jalisco, respectivamente.

En ambos casos las consecuencias negativas al medio ambiente se han extendido repercusiones importantes en la salud de la población que directa o indirectamente se encuentra expuesta a la contaminación de los ríos.

Desde la perspectiva de los grupos específicos, los principales problemas se plantean en el ámbito de los derechos laborales, entre ellos destacan la precaria situación de los trabajadores con contratos temporales, el trabajo infantil; que más que trabajo sería explotación infantil; la inclusión de personas con discapacidad o la exclusión en las empresas porque luego nos las quieren admitir a las personas con discapacidad, y la discriminación por razones de género, acuérdense de los bancos que no admitían a mujeres embarazadas.

Al respecto del tema, los instrumentos emitidos por las Naciones Unidas se sostienen sobre tres pilares fundamentales:

1.- El deber del Estado de proteger los derechos humanos.

2.- La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

3.- La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

Por ello es importante mencionar que la responsabilidad de las empresas es independiente de la capacidad o voluntad de los estados de cumplir sus propias obligaciones en la materia.

Finalmente, no es desconocido que la acción de las empresas en contra de los derechos humanos u omisión en su acción, representa un aliciente para la permanencia de prácticas en los hechos que resulten en vulneración de los derechos humanos.

Los organismos constitucionales en materia de defensa de los derechos humanos juegan un papel de vital importancia en la prevención y mitigación de las consecuencias de actos dirigidos en contra de los mismos.

Por ello proponemos esta reforma en el artículo 102 Apartado B, primer párrafo para que la tarea que cumplen los organismos constitucionales de defensa de los derechos humanos se vea reforzada para conocer de estos casos en los que el actor sean las empresas.

Artículo 102, es la propuesta de modificación; Apartado A y el Apartado B.

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier persona jurídica o de derecho privado, ésta es la anexión, autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Las y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos en su origen se concibieron como un límite a la acción del Estado, con miras a garantizar la autonomía y libertad de las personas. Sin embargo, el concepto ha evolucionado al punto de que hoy en día encontramos acciones y obligaciones a cumplir por el Estado a efecto del desarrollo y ejercicio de estos derechos.

El papel que las empresas juegan en la sociedad cobra importancia basado en el potencial de las mismas para generar inversión, empleo y crecimiento económico, además del papel que pueden cumplir en la reducción de la pobreza. La actividad de éstas tiene la capacidad de ofrecer puestos de trabajo de calidad, correctamente remunerados, y con condiciones de seguridad social adecuadas, elementos todos, que contribuyen a un nivel de vida digno para las personas. En otras palabras, las empresas a través de la posibilidad de expandir las oportunidades políticas, económicas y sociales de las personas, abonan a la realización de una amplia variedad de derechos humanos.1

Sin embargo, el efecto de la acción de las empresas también puede darse en sentido contrario. Siempre existe la posibilidad de que las empresas no estén dispuestas a respetar los derechos humanos. Por ejemplo, podrían establecer salarios inferiores a los legales, representar graves problemas de salud o seguridad para sus trabajadores y comunidades cercanas, atentar contra la libertad sindical, discriminar a grupos vulnerables o ser cómplices de desplazamiento forzoso de comunidades indígenas.2

El tema de las empresas y los derechos humanos, comenzó a ganar importancia a partir de dos factores, por un lado, el crecimiento de la actividad económica transnacional, y por otro, los fallos en la capacidad de las instituciones políticas para hacer frente a sus impactos negativos.3 En ese sentido, el hecho de que las empresas transnacionales estén sujetas a leyes nacionales, y no a una norma global, representa un vacío en el que pueden tomar ventaja de contextos de debilidad institucional.4

A este respecto, el principal instrumento con que se cuenta para guiar la actuación de las empresas en un marco de respeto a los derechos humanos son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”,5 los cuales descansan en tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.6

En los últimos años, se han hecho señalamientos sobre los graves retos que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos. El informe del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, y Otras Empresas”, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el país adolece de altos niveles de violencia inseguridad e impunidad, que se ven agravados por la persistencia de los problemas de corrupción y la delincuencia organizada.7 En él se incluyen diversas recomendaciones derivadas de la observación y análisis del actuar de las empresas y su impacto en los derechos humanos en diversos campos.

Dado que una de las principales tareas del Estado respecto de los derechos humanos es la de protegerlos de las violaciones cometidas en su territorio, y toda vez que el informe del Grupo de trabaja mencionado, señala aspectos que en el caso de México pueden reforzarse  respecto del tema de las empresas y derechos humanos, es objetivo de esta iniciativa reforzar los órganos constitucionales defensores de los derechos humanos en los aspectos donde el mismo informe hace recomendaciones.

De acuerdo con los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos, además de la obligación de los Gobiernos de proteger eficazmente a los ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por las empresas, es responsabilidad de éstas respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad del Estado para cumplir sus propias obligaciones en la materia.8

Así, el respeto por parte de las empresas, significa que deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos y responder a las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos.9

• Derecho de consulta

Un tema recurrente en la información recibida por el grupo de trabajo, en donde se presentaron presuntas violaciones a derechos humanos vinculadas a la actuación de las empresas tiene que ver con la realización de consultas con personas y comunidades afectadas por grandes proyectos de desarrollo.

Entre los casos observados se encuentra el Proyecto de Parque Eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en el Estado de Oaxaca, en el que aunque el proceso de consulta se había ajustado a la normas internacionales y había sido legal, según la revisión del amparo interpuesto por las comunidades afectadas, aún sigue teniendo resistencia de un grupo de comunidades indígenas afectadas, quienes han denunciado actos de intimidación a sus dirigentes.

Además señalaron que el proceso de consulta estuvo viciado dado que ya se habían instalados parques eólicos en la región en proyectos que no guardan relación con el caso en cuestión, y en lo que no tuvo lugar ningún proceso de consulta previa.

Asimismo se observa un caso en el que autoridades federales concedieron autorización a una empresa para cultivar soja transgénica sin que mediara consulta a las comunidades mayas de Campeche y Yucatán que resultan afectadas.

En este caso entre otras afectaciones señaladas se encuentran la contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la deforestación, y las repercusiones del proyecto de apicultura tradicional. Respecto de este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los permisos y ordenó la realización de la debida consulta a las comunidades, decisión que quedó respaldada con la recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El proyecto de autopista Toluca-Naucalpan, también figuró entre los casos analizados por el Grupo de Trabajo, en el que existe la oposición de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, contra una orden de expropiación dictada en 2012, sin que se llevará a cabo ninguna consulta previa para la construcción de dicha autopista que atravesaría sus tierras ancestrales.

Frente a las denuncias de acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han opuesto al proyecto, en junio 2015, varios de ellos comenzaron a recibir protección del mecanismo nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos. Más adelante en septiembre del mismo año la evaluación de riesgos llegó a la conclusión de que los miembros de la comunidad estaban expuestos a un riesgo extraordinario derivado de las agresiones por parte de empleados de la empresa encargada de la construcción. A pesar de la existencia de una sentencia de juicio de amparo en al que se ordenaba la suspensión definitiva del proyecto, la empresa constructora haciendo caso omiso de ésta, continuó adelante con los trabajos de la autopista.

A los casos de agresión se suma el suscitado el 11 de abril de 2016, en el que la constructora junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades entre ellas la de uno de los líderes protegidos por el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.10

La importante atención mediática del incidente indujo al Gobierno estatal a detener la construcción e iniciar nuevas consultas con la comunidad con la mediación de la CNDH la cual emitió una recomendación (Número 56/2016)11 sobre la vulneración del derecho de consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas afectadas por la autopista Toluca-Naucalpan.

Sin embargo, el informe señala con preocupación que el 3 de marzo del 2017 una asamblea de la comunidad fue interrumpida por agentes armados de la policía estatal, por lo que instó al Gobierno estatal a que evite la repetición de hechos de ese tipo.

Cabe señalar que éste es el único caso señalado en el informe en el que una empresa no respondió a las solicitudes del Grupo de Trabajo para entrevistarse con representantes de la constructora Grupo Higa.

Las observaciones señalan que un rasgo característico de los casos presentados es la falta de diligencia debida en materia de derechos humanos en forma de la consulta previa a las comunidades afectadas, lo cual arrastra consecuencias como el conflicto social además de pérdidas para todas las partes involucradas.

Varias de las empresas con quienes se entrevistó el grupo de trabajo, destacaron que la consulta a las comunidades afectas no es responsabilidad suya sino competencia de las autoridades. Sin embargo como ya se mencionó con anterioridad, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con independencia de la capacidad o voluntad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Proceder con la diligencia debida y hacer frente a las consecuencias negativas para los derechos humanos que estén directamente vinculadas con sus actividades, productos y servicios, es parte de las obligaciones de las empresas.

Respecto del derecho de consulta, la CNDH formuló la recomendación 27/201612 en las que subraya que, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, las consultas deben ser previas a la autorización de un proyecto, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas. Aspectos que involucran a las empresas además de los gobiernos.

• Responsabilidad ambiental.

La responsabilidad de las empresas en torno al respeto de los derechos humanos en materia de medio ambiente toca importantes aspectos relacionados con casos específicos retomados en el informe del grupo de trabajo. Entre ellos se encuentran las consecuencias para los derechos humanos de la contaminación industrial.

El 6 de enero de 2014, derivado de una falla en la infraestructura de la Mina Buenavista del Cobre ocurrió el derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfato de cobre en el Río Sonora, lo que se ha registrado como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera.13 Este desastre afectó a 22, 000 personas de manera directa, con efectos en el ganado y los cultivos. Además afectó de manera indirecta a 250,000 personas de siete municipios situados a las orillas del río Sonora. A la empresa se le impuso una multa de 23 millones de pesos, derivado de que las autoridades en la materia detectaran 55 irregularidades en las actividades de la empresa.

Con relación al caso y a varios años de distancia, el titular de la Secretaría de Salud federal señaló que existe corresponsabilidad en los tres niveles de Gobierno ante la carente atención de salud que sufren los afectados por el hecho.14

Como parte de las medidas de remediación a que se comprometió Grupo México, se  encontró la instalación de 28 plantas de tratamiento de agua capaces de filtrar metales pesados, así como la construcción de una clínica para tratar a las personas cuya salud se vio afectada. Sin embargo, Grupo México sólo ha construido una de las plantas de tratamiento del agua, la cual no está en pleno funcionamiento, además, la construcción de la clínica nunca se llegó a completar, hecho que fue comprobado por el Grupo de Trabajo.15

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción en la demanda en contra de Grupo México derivado de una acción colectiva contra la minera que argumenta que el vertimiento de sustancias tóxicas al río, ha afectado gravemente no sólo a las localidades y poblaciones sonorenses, sino a todos los mexicanos. La resolución que emita la Primera Sala de la SCJN podrá sentar las bases de la interpretación de los requisitos de procedencia de las acciones colectivas en materia ambiental.16

Del mismo modo, el Río Santiago en el estado de Jalisco, se considera el más contaminado de México. Desde hace varios años más de 300 empresas de distintos sectores establecidas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto vierten sus residuos en el cauce del río. Aunque la zona situada entre los municipios de Juanacatlán y El Salto está considera como una de las más contaminadas, afectando a una población de 300,000 personas, se estima que la afectación puede incluir 7.5 millones más de personas que viven en la cuenca del río. Más de 1090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales han sido detectados en las aguas del río. Los médicos locales han advertido el aumento de diversos trastornos de la salud como leucemia, abortos espontáneos y anomalías congénitas.17

Quizás el hecho más representativo del grave problema de contaminación en el Río Santiago es la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha por envenenamiento con arsénico al caer en las aguas contaminadas. A nueve años del incidente sigue habiendo reclamos al gobierno del estado para atender la situación de contaminación.18

Grupos específicos.

En cuanto a cuestiones y grupos específicos, el Grupo de trabajo señaló que algunos de los principales problemas se planteaban en el ámbito de los derechos laborales. Entre ellos se encuentra la precaria situación de los trabajadores con contratos temporales, la falta de acceso a la seguridad social, los bajos salarios que no cubren la canasta básica de alimentos y por consiguiente no resultan suficientes para el sostenimiento de su familia o ellos mismos. Además se cuentan entre las preocupaciones las restricciones a la libertad de asociación de los trabajadores.19

Por otra parte, aun cuando el informe señala avances en políticas para enfrentar el problema, en México el trabajo infantil sigue siendo un tema de gran preocupación. Se estima que en nuestro país viven 3.6 millones de niños que trabajan, y la mayoría de ellos se encuentran en la pobreza y viven en situación de calle. La cifra resulta preocupante cuando hacemos notar que representa cerca del 50por ciento de los niños trabajadores de América Latina y el Caribe. Además por su exposición a riegos como las adicciones y la delincuencia, la esperanza de vida de estos niños se reduce a 25 años.20

Asimismo, otro de los retos con lo que se enfrenta México es la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Según las estadísticas, la participación de personas con discapacidad que participan en actividades económicas es del 39.1por ciento, inferior en 25.6por ciento a la de las personas sin discapacidad.

En cuanto a la discriminación por razones de género, se observa que la participación de las mujeres en la fuerza laborales es la más baja no sólo de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sino de toda América Latina. La diferencia salarial entre mujeres y hombres asciende al 18.3por ciento. Además la discriminación se refleja en el escaso número de mujeres que ocupan un puesto de responsabilidad en los sectores público y privado. En menos del 5por ciento de las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores,  hay mujeres que ocupen el puesto de la dirección general.21

El principio 13 de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, exige a las empresas respecto de la responsabilidad de respetar los derechos humanos:

a) Evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;

b) Tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.22

Por ello, la acción de las empresas en contra de los mismos u omisión en su acción, representa un aliciente para la permanencia de prácticas en los hechos que resulten en vulneración de los derechos humanos. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura.

Los organismos constitucionales en materia de defensa de los derechos humanos juegan un papel de vital importancia en la mitigación de los actos dirigidos en contra de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal, sin embargo su campo de acción se ve limitado según el artículo 102, apartado B, primer párrafo, a los actos provenientes de cualquier autoridad o servidor público. La intención de la presente iniciativa es, por tanto promover la reforma de estos organismos para incluir a las empresas dentro de los entes que pueden incurrir en actos contra los derechos humanos y darles facultades para conocer de quejas vinculados a ellas en la materia de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 102

A…

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier persona jurídica de derecho privado, autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el pleno de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben.

1 Isea Silva, Ricardo. Las Empresas y los Derechos Humanos. Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo. Universidad de Navarra. Septiembre 2011. Disponible en: 
http://www.iese.edu/es/files/cuaderno12_Final_tcm5-71129.pdf consultado el 10 de julio de 2017.

2 Ídem.

3 Ruggie, John. “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights”, en Innovations: Technology, Governance, Globalization, primavera 2008, vol. 3, núm. 2: 189- 212. Cambridge: MIT Press, 2008. En Isea Silva, Ricardo. Las Empresas y los Derechos Humanos. Op cit.

4 Isea Silva, Ricardo. Las Empresas y los Derechos Humanos. Op. cit.

5 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. 2011. Disponible en: 
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf consultado el 3 de julio de 2017.

6 Naciones Unidas. Derechos Humanos. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la interpretación. 2012. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf consultado el 10 de julio de 2017.

7 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Abril de 2017.

8 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. 2011. Disponible en: 
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf consultado el 3 de julio de 2017.

9 Ídem.

10 Dávila Israel. Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca. En La Jornada 13 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/13/estados/026n2est consultado el 7 de julio de 2017.

11 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 56 /2016 SOBRE EL CASO DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA “AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN”. 9 de diciembre de 2016. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_056.pdf consultado el 7 de julio de 2017.

12 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 21/2016. SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 11 de julio de 2016. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_027.pdf consultado el 7 de julio de 2017.

13 Redacción. La suprema Corte atrae demanda contra Grupo México por derrame de 2014. En Expansión 5 de julio de 2017. Disponible en: 
http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda
-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014 consultado el 5 de julio de 2017.

14 Gómez Lima, Cristina. Gobierno y Grupo México, responsables en caso río Sonora: Narro. En La Jornada en línea 22 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/22/gobierno-y-grupo
-mexico-responsables-en-caso-rio-sonora-narro consultado el 7 de julio de 2017.

15 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Op cit.

16 Redacción. SCJN atrae demanda contra Grupo México por contaminar ríos en Sonora.

17 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Op cit.

18 G. Partida, Juan Carlos. Exigen sanear el río Santiago, donde en 2008 un niño cayó y murió envenenado. En La Jornada 14 de febrero de 2017. Disponible
en: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/14/estados/027n1est consultado el 7 de julio de 2017.

19 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Op cit.

20 Moreno, Teresa. México, con 50por ciento de trabajo infantil en AL. En El Universal 12 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/12
/mexico-con-50-de-trabajo-infantil-en-al consultado el 7 de julio de 2017.

21 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Op cit.

22 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. 2011. Op cit.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señora Presidenta.

La falta de una política económica adecuada históricamente ha provocado un fenómeno migratorio en México, la búsqueda de mejores fuentes de trabajo y una mejor calidad de vida.

Esos son algunos de los principales motivos que impulsan a las personas a dejar sus lugares de origen para ir en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales.

Lamentablemente la mala situación económica no sólo se refleja en la expulsión de mano de obra, también en la dependencia de millones de familias a los recursos que reciben a través de la remesa.

Al grado de que México es la cuarta economía que más ingresos obtiene por este concepto, sólo detrás de India, China y Filipinas; tan solo en el 2016 el envío de dinero por parte de los migrantes a México representó un ingreso de 26 mil 970 millones de dólares.

En este sentido, una de las problemáticas que debe ser atendida con urgencia es precisamente la migración hacia los Estados Unidos de América. Para ello, es necesario realizar acciones determinantes.

En primer lugar, se deben generar oportunidades laborales en México para disminuir los flujos migratorios y la expulsión de trabajadores migrantes.

En segundo lugar, establecer acuerdos bilaterales para la protección de los derechos de los migrantes mexicanos que actualmente radican en aquel país.

Y el tercero, generar las condiciones necesarias para recibir a los miles de migrantes deportados cada año.

En este sentido, y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración, de enero al 21 de mayo de 2017 un total de 60 mil mexicanos han sido expulsados de los Estados Unidos.

Bajo este panorama el gobierno federal en coordinación con las entidades federativas emprendieron la estrategia “Somos Mexicanos”, la cual tiene por misión facilitar la reinserción social y económica de las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.

En el marco de este programa, y como una medida para ayudar a los mexicanos deportados y repatriados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria dieron a conocer una serie de facilidades en materia fiscal y aduanera para los connacionales que retornan a México.

Dichas acciones consisten en ingresar sin el pago de impuestos artículos electrodomésticos usados, traer las herramientas que utilizaban para el desarrollo de su oficio u ocupación con un valor de hasta 5 mil dólares, aumento de la franquicia a 1 mil dólares en artículos diferentes a los que trae en su equipaje y es acumulable por cada integrante de su familia, entre otras exenciones de impuestos.

De acuerdo a la información proporcionada por el SAT estas facilidades estarían vigentes por seis meses.

Actualmente la Ley Aduanera en su artículo 61 establece una serie de supuestos respecto a la exención de impuestos por mercancías que ingresen o salgan del territorio nacional.

De manera particular en su fracción VII de dicho precepto establece la exención de pago de impuestos para los menajes de casa pertenecientes a residentes permanentes y a nacionales repatriados o deportados que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero.

Así, como los instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales, y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que se cumpla con los plazos y las formalidades que señala el reglamento.

En dicho precepto, no quedan comprendidos la exención a las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o industriales ni los vehículos, y en este sentido, las acciones que el Servicio de Administración Tributaria anunció, están comprendidas en el reglamento de la ley, pero de manera temporal y frente a las adversas condiciones que enfrentan los migrantes deportados.

Es necesario ampliar el tipo de exenciones en el artículo 61 de su fracción VII.

En virtud de estas consideraciones la presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley Aduanera algunos de los supuestos que tanto en el reglamento de la ley como en el marco del programa “Somos Mexicanos” ha emprendido, y con ello garantizar las facilidades para los mexicanos repatriados o deportados.

Es insuficiente las medidas para estos ciudadanos mexicanos que están siendo deportados, porque muchos de ellos tenían montado su taller, tenían montado su pequeño negocio, tenían montado ya una infraestructura y que hoy se ven en la necesidad de regresar a nuestro país.

Lo menos que podemos hacer es darles las condiciones de certidumbre, certeza legal para que pronto puedan reincorporarse a la actividad y vida económica en su lugar de origen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso de la Diputada Presidenta.

A raíz de muchas cosas, de muchos acontecimientos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, y recientemente, claro, que tienen que ver con el espionaje de activistas sociales, ahora también de acuerdo de nuevo con el New York Times, incluso de las personas que vinieron de otros países a colaborar con la investigación de Ayotzinapa y que también fueron objeto de espionaje, pues quedan muchas dudas con respecto a cómo el gobierno mexicano adquirió estos equipos, cómo se utilizaron, cuántos tiros se compraron, cómo se supervisaron, etcétera. En general, hay dudas muy serias sobre todo el gasto de seguridad.

Yo mostré hace unas semanas aquí una partida, la Partida 33701, que es bastante extraña, porque todos los años se incrementa de 500 millones de pesos a más de 9 mil millones de pesos de manera sistemática, y cuando pedimos información, la única información que se proporciona es que es una partida de servicios de seguridad pública y de seguridad nacional.

Desconocemos el desglose de la misma, porque en nombre de la seguridad pública y de la seguridad nacional no se da ningún dato, cuando no debe ser así, debería haber, debería profundizarse en versiones públicas de lo que se adquirió con este dinero, de otra manera, tenemos 9 mil 500 millones de pesos que literalmente no sabemos en qué se gastó.

Esto vuelve a esta partida una eventual partida secreta, porque se puede hacer perfectamente mal uso de la misma, dado que no hay un desglose de cosas que perfectamente pudiéramos conocer.

En el contrato del tema de Pegasus, pues hay muchísimas dudas y hay también personas involucradas con funcionarios de este gobierno en empresas que ni siquiera sabemos en dónde están situadas, con domicilios falsos.

Creemos que esto debe terminar, hay varias maneras de hacerlo, una es que dentro del propio pleno del INAI se obligue a los funcionarios a dar versiones públicas en los temas de seguridad pública y de seguridad nacional.

Y una más y es lo que nosotros venimos a proponer en esta ocasión, es modificar el artículo 115 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que no se pueda invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, ya existen, se trata de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables.

Y un tercero, de que se trate de información relacionada con actos que ataquen o coloquen en riesgo el desarrollo de procesos democráticos o que alteren las condiciones democráticas para el ejercicio de los derechos, o que puedan comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el ejercicio arbitrario de funciones estatales, esto es fundamental para que la información sí sirva para conservar los valores democráticos en el país y nuestras instituciones democráticas.

Lo que está sucediendo hoy es que nuestras leyes no están permitiendo que algo tan serio como conocer quién espía y quién tiene una agenda contra periodistas y contra defensores de los derechos humanos que atenta contra nuestra democracia, no pueda ser conocida a detalle por las fallas de nuestro sistema de transparencia…

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, Diputado Vidal Llerenas.

Solicito a la Asamblea que por favor pongamos un poquito de atención para poder escuchar al orador.

Continúe.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Muchas gracias.

Insisto, así como ni las violaciones a los derechos humanos ni los actos de corrupción pueden ser objeto de que se reserve información, cuando el desarrollo de los procesos democráticos o de las libertades democráticas, como pedir cuentas al gobierno por caso de violación a derechos humanos, o como el ejercer el ejercicio periodístico estén en entredicho, no se pueda invocar el carácter reservado de la información.

Ése es un debate muy importante que se comienza a dar en la sociedad mexicana y que es claramente, no sólo un segundo paso en la agenda de transparencia, es también una exigencia, hoy, ante un serio problema de credibilidad que tiene el gobierno mexicano que no puede explicar qué hizo con los aparatos y con los servicios de espionaje que contrató y que claramente se usaron contra activistas, contra defensores de derechos humanos y contra periodistas.

Este Congreso debe tener un debate serio, un debate claro para que el carácter reservado no sea un pretexto para conservar y para proteger a las instituciones democráticas en México.

Gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado Federal VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. En los últimos años México ha transitado por un camino importante de reformas que han intentado ampliar las condiciones democráticas de nuestra sociedad, a través del fortalecimiento de marcos normativos y de la creación de instituciones encargadas de garantizar y salvaguardar el goce y ejercicio de ciertos derechos humanos en distintos ámbitos.

2. La transparencia y el acceso a la información pública representa uno de tales aspectos, pues de unos años hacia acá, nuestro país ha experimentado la posibilidad de contar con legislación más acorde con estándares internacionales y con el propio diseño de un Estado con aspiraciones de lograr una democracia sólida. Así, a partir de un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad civil fue que se dio origen a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que terminó por sentar las bases de un sistema capaz de garantizar que todas las personas podamos conocer la información en manos del gobierno y de sus autoridades.

3. Si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance importante en el aseguramiento de los derechos de acceso a la información pública, a la libertad de expresión y a la privacidad, entre otros, lo cierto es también que dicho marco normativo –por su propia naturaleza– representa un esquema que funciona a partir de principios generales, en la medida en que la determinación de los esquemas de protección específica de dichos derechos, muchas veces, requiere del análisis particular del caso en cuestión.

4. En este sentido, es cierto que, como principio rector, la Ley General de Acceso a la Información Pública plantea que toda la información debe mantenerse con el carácter de pública, de modo que las y los ciudadanos puedan conocer los documentos, archivos y demás datos relacionados con la función estatal. Sin embargo, dicha Ley también menciona la posibilidad de que las autoridades decreten la reserva de información cuando consideren que su divulgación puede comprometer intereses más relevantes.

5. La reserva de información opera como una excepción válida al principio de máxima publicidad de la información. Sin embargo, en tanto excepción la reserva debe articularse y operarse en el menor grado posible, pues su abuso podría derivar en la sustitución de ésta como regla general, lo que generaría un perjuicio para la sociedad y privaría del efecto útil a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, [las cuales] deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho9. Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos.1

7. En este sentido, no debe pasar desapercibido que actualmente nos encontramos frente a un contexto particularmente distinto al que caracterizaba a la democracia en años anteriores. Hoy en día, el avance tecnológico y el desarrollo de los medios digitales han traído consigo el despliegue de estrategias particulares y sofisticadas que pueden colocar en riesgo la viabilidad de ciertos procesos democráticos, o bien, el desarrollo libre de derechos civiles y políticos.

8. En escenarios cercanos al nuestro, por ejemplo, existen en este momento investigaciones en curso sobre la posible interferencia electrónica y digital de agentes externos en procesos democráticos de elección popular. En nuestro escenario nacional, en días recientes se ha dado a conocer información sobre la posible comisión de actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que colocan en riesgo la vigencia de las condiciones democráticas del Estado en la medida en que interfieren con los procesos de comunicación y divulgación de información de interés público.

9. En esta medida, las investigaciones relacionadas con posibles ataques o interferencias en procesos democráticos, o que alteren las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales esenciales para el despliegue de escenarios democráticos, sin duda constituye una información de interés público que debe mantenerse al alcance de la ciudadanía en la medida en que representa, precisamente, información relacionada con aspectos sensible de la vida diaria de las personas.

10. Sobre todo, el carácter público de dicha información debe mantenerse en dicha condición cuando existen condiciones o sospechas de que los ataques e interferencias a los procesos democráticos hayan podido provenir de agentes o instituciones del gobierno, pues ello implicaría la reproducción de esquemas de abuso de poder y arbitrariedad que todas las personas deberíamos tener derecho a conocer, a fin de ampliar el escrutinio ciudadano y exigir a las autoridades una explicación sobre los hechos ocurridos.

11. La propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé la existencia de algunos supuestos en los cuales cierto tipo de información, dada su relevancia y carácter de interés público, no puede considerarse ni clasificarse como reservada. Tal es el caso del artículo 115 que actualmente establece que ni la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, ni aquella vinculada con la posible comisión de actos de corrupción por parte de las autoridades, podrá considerarse como reservada.

12. Tal disposición, sin duda, representa un aspecto esencial en el proceso de fortalecimiento de las condiciones democráticas, pues suponen un auténtico límite al ejercicio del poder público, a la vez que funcionan como un mecanismo que combate la impunidad. Ello es así ya que tanto las violaciones graves a derechos humanos como los actos de corrupción son actividades en las que, dada su propia naturaleza, suelen intervenir agentes o autoridades estatales. De modo que la imposibilidad de reservar la información vinculada con tales actos implica que el gobierno no pueda esconder situaciones en las cuales suele participar como generador de afectaciones a derechos humanos o a situaciones de especial interés público.

13. Así lo ha desarrollado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.2
14. Es en esta misma tesitura en la que se inscribe la presente iniciativa. Es decir, en el aseguramiento de información que, dado su especial carácter y naturaleza, representa un aspecto de interés público por vincularse con procesos democráticos y con el ejercicio de derechos que hacen viables dichos procesos, sobre todo cuando en su comisión se sospecha de la participación de agentes estatales.

15. Por ello, se propone adicionar una fracción tercera al artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de modo que las autoridades no puedan decretar como reservada aquella información relacionada con actos que ataquen o arriesguen el desarrollo de procesos democráticos, o que alteren las condiciones democráticas del ejercicio de derechos, que puedan comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el ejercicio arbitrario de funciones estatales.

16. Dicha disposición podría incluir, por ejemplo, supuestos en los cuales puedan existir ataques cibernéticos o de cualquier otro tipo que puedan alterar el desarrollo de procesos electorales en nuestro país, o bien, supuestos como los que se han dado a conocer en los últimos días relacionados con el espionaje cometido en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.

17. Así, la iniciativa que se presenta intenta colmar posibles vacíos normativos y adelantarse a la atención de fenómenos que puedan colocar en riesgo el desarrollo de procesos democráticos, así como el goce y ejercicio de derechos fundamentales esenciales para su aseguramiento. Hoy en día nuestro país requiere de legislación capaz de brindar certeza jurídica a las y los ciudadanos, así como de normas capaces de defender las instituciones y procesos democráticos que hagan viable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA para quedar como sigue:

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad;

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, o

III. Se trate de información relacionada con actos que ataquen o coloquen en riesgo el desarrollo de procesos democráticos, o que alteren las condiciones democráticas para el ejercicio de derechos, que puedan comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el ejercicio arbitrario de funciones estatales.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Vidal Llerenas Morales.

1 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, Párrafo 91 y 92.

2 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192; y Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34. Véase también Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, Párrafo 83.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Llerenas Morales. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias. Buenas tardes.

La Banca mexicana es mediocre y abusiva. Mediocre por la cada vez peor calidad de sus servicios, y abusiva por todo lo que cobra por ellos.

Por eso la mayoría de los mexicanos vemos a la Banca como un mal necesario, algo necesario para recurrir al crédito, necesaria para cobrar sueldos, para pagar impuestos, para comprar cosas, a veces por disposición de la ley. Pero no deja de ser un servicio que nos mantiene constantemente insatisfechos, nada que ver la Banca de ahora con la Banca de antaño, que estaba en manos de verdaderos banqueros que si bien estaban lejanos de la perfección, por lo menos cumplían con sensatez su misión de ser comerciantes del dinero.

Vino después la expropiación bancaria en agosto de 1982, en manos del venal y frívolo Presidente José López Portillo, y la Banca quedó en manos de los políticos. ¡Imagínense ustedes!

Después vino la reprivatización, que si bien conceptualmente es explicable, puso la Banca en manos de especuladores y no de banqueros. De tal manera que tenemos un verdadero desastre y una perenne insatisfacción de los usuarios mexicanos, que los somos casi todos.

Con la intención de atenuar este abuso de la Banca y favorecer a los usuarios de ella, que somos cada vez más, en esta ocasión vengo a presentar con mucho orgullo una iniciativa que formuló mi coordinador Clemente Castañeda, y que se hace a nombre de toda la fracción de Movimiento Ciudadano, para modificar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Lo que se pretende es prohibir que los bancos vendan, compartan y hagan mal uso de la información personal y así evitar los abusos que hay en los cobros por adeudos o supuestos adeudos, incluso tratándose del acoso a personas que no tienen nada que ver con las instituciones. Creo que todos hemos sufrido por ello y creo que es momento de poner un alto.

Y también se pretende, con esta reforma, que los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, ésas modernas tiendas de raya, sean más claros e informen al usuario cuánto debe, cuánto debe pagar y cuándo podrá tener por fin liquidada su deuda.

Con esto pretendemos mejorar la situación y sentimos que es una sensata, necesaria y obligada reforma la que hoy proponemos.

Les agradezco su atención.

Buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Según un artículo de Forbes el crédito en México es exageradamente caro para todos, ricos y pobres por igual, la regulación es escasa y laxa, hay poca competencia y una moneda históricamente volátil. Los créditos no son un canal para aumentar los ingresos y por el contrario generan un esquema de mayor consumo y por lo tanto endeudamiento.1

En el mes de junio en 2016, los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) revelaron que al menos el 55 por ciento de los mexicanos pide créditos para cubrir sus necesidades económicas básicas.2Los datos revelan un círculo vicioso, demostrando que para muchos mexicanos las posibilidades de ahorrar son inexistentes con el actual salario mínimo, y se ven orillados a solicitar créditos que posteriormente no podrán pagar, nuevamente viéndose obligados a solicitar un nuevo crédito para pagar el anterior, y así sucesivamente.

La misma encuesta señalo las malas experiencias con instituciones financieras en el pasado, entre las principales razones por las cuales al menos 42.6 millones de adultos no desean recurrir a servicios financieros.3Lo anterior los hace presa fácil de préstamos inmediatos, tanto legales como ilegales (según la encuesta 60 por ciento de los mexicanos recurren a préstamos ilegales), los cuales acarrean altos niveles de interés y por lo tanto no ofrecen un alivio a la deuda y por el contrario aumenta su nivel de endeudamiento.

II. La educación financiera continúa siendo un problema entre la población mexicana, el mismo se ve agravado por la falta de claridad en las condiciones que las instituciones financieras. Según Erika Soto, gerente de Estudios Técnicos y Análisis de Principal Financial Group, la información y conceptos que representan las instituciones financieras sobre sus productos son muy complejos y el consumismo y la poca previsión del futuro relega el ahorro.4

El estudio “La deuda de tarjetas de crédito y la compra compulsiva” realizado en  la Universidad del Sureste de Indiana demostró que existe una correlación significativa entre mayor conocimiento financiero y menor gasto compulsivo a través de tarjetas.5Para el primer trimestre de 2016 el promedio de las deudas de tarjeta de crédito era de 137 mil pesos según Resuelve tu Deuda, empresa reparadora de adeudos6, cifra que es alarmante en un país como México que mantiene un salario mínimo bajo y donde el Buró de Entidades Financieras indicó que hay instituciones que aplican un Costo Anual Total (CAT) máximo de entre 95 por ciento y más de 113 por ciento, por lo que al sumar la deuda, los intereses, comisiones y cargos por los beneficios que ofrecen los bancos, los usuarios podrían pagar más del doble del préstamo original al término de un año.7

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Educación Financiera 2015 del INEGI, el 24 por ciento de las personas pagan el mínimo o menos de este y un porcentaje similar ha tenido problemas de retraso en los pagos una o varias veces en el último año. Cuando las deudas superan 40 o 50 por ciento del ingreso de una persona se tiende a descuidar necesidades básicas como educación, salud o alimentación.8

En este sentido las personas generalmente no tienen una idea clara de su nivel de endeudamiento, del plazo que podría tomar el liquidar sus deudas o del alto precio que están pagando por financiar sus gastos. Lo anterior, hace necesaria la existencia de un mecanismo que permita a los usuarios de tarjetas de crédito visualizar de forma clara su nivel de endeudamiento y el costo del mismo, esto como un medio para crear conciencia de la verdadera situación financiera del individuo, permitiéndole optar por decisiones financieras más acertadas.

III. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) más de 107 mil personas fueron víctimas de fraudes telefónicos o vía electrónica, los mismos se dispararon 20 por ciento en el último año. Dichos fraudes implicaron un daño económico de alrededor de 2,035 millones de pesos en el 2016, de los cuales solo fue posible recuperar un máximo del 12 por ciento del total del daño económico.9

En México existen un par de unidades de policías cibernéticos cuya labor reside en detectar y prevenir amenazas, entre ellas se encuentra la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Ciudad de México, la división científica y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal.  Sin embargo, no existe el marco jurídico adecuado para lidiar con esta amenaza de manera efectiva y coordinada.10

Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte expreso que “donde se dan más los fraudes es afuera de los bancos, donde no podemos proteger”, según su percepción se debe trabajar para hacer comprender a la gente que no deben dar información personal a nadie, ya que los bancos nunca solicitaran claves a sus clientes.11

Estos riesgos se agravan en la medida que los delincuentes cuentan con información parcial de los usuarios, de esta forma incrementando sus posibilidades de convencimiento y éxito en la sustracción de información que posteriormente les permita tener acceso a los recursos financieros de las víctimas. En este sentido el resguardo de la información se vuelve de vital importancia para resguardar el patrimonio y seguridad de los clientes de servicios financieros.

IV. Cabe mencionar que otro problema al que se enfrentan los usuarios de las instituciones financieras es la relación con los despachos de cobranza que al momento de cumplir con su función incurren en prácticas que se encuentran al margen de la ética profesional que deben seguir, violentando en sus múltiples formas los derechos de los ciudadanos.

Dichas prácticas se materializan en amenazas de privación de la libertad, llamadas telefónicas en horas no hábiles, solicitudes de pago de una deuda a menores de edad o adultos mayores, el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, cobrar una deuda finiquitada o una deuda que no es del usuario.

Asimismo, también envían cartas de embargos extra judiciales con la intención de infundir medio a un deudor, y que estas cartas son una amenaza concreta ya que, los usuarios no saben que un embargo se realiza por medio de un procedimiento mercantil o civil de acuerdo a la naturaleza de cómo se contrajo la deuda, debiéndose decretar por un juez en todos los casos.

Bien es cierto, que las instituciones financieras tienen el derecho de cobrar y recuperar dicho crédito o financiamiento otorgado, sin embargo, estas solapan los procedimientos que los despachos de cobranza realizan, a pesar de que sus gestiones no se apegan a los ordenamientos jurídicos existentes y trasgreden la privacidad de las personas.

V. Las múltiples formas en como las instituciones financieras han lucrado con los derechos de sus usuarios han tenido como consecuencia que la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su más reciente reporte de actualización del Buró de Entidades Financieras (BEF) para el primer trimestre del presente año, reflejó que tan solo en dicho periodo, se registraron 2,123,952 reclamaciones al Sistema Financiero Mexicano, superando la cifra total del año 2016 que fue de 1,882,086 reclamaciones.12

Cabe mencionar que los reclamos más frecuentes fueron:

• Posibles fraudes con 1,506,105.

• Posible robo de identidad con 19,004.

• Banca remota con 827,198.

• Comercio electrónico con 579,649.

• Banca móvil con 9,519.

• Movimientos Operativos de la Banca (MOB) con 554,855.

A su vez, en dicho reporte la Condusef señala que el estado con mayor índice de reclamación es la Ciudad de México con 839,540 reclamos y que los sectores que más quejas recibieron fueron los bancos con 1,258,455, seguido de los Burós de Crédito SIC´s con 75,739.

Resulta fundamental señalar que la Condusef a través del BEF también dio a conocer que algunas Instituciones con la finalidad de promover la educación financiera se sumaron a un proceso de difusión nacional, el cual se mide bajo la escala que consta de: la impresión de material educativo; replicar a sus clientes el boletín electrónico “Consejos para tu bolsillo”; publicar en su página web un banner vinculado al micrositio “Educa Tu Cartera”; tomar el “Taller de Formador de Formadores en Educación Financiera”; patrocinar el material promocional educativo y difundir la información financiera a sus empleados y colaboradores; para el primer trimestre del presente año 8 instituciones financieras ya llevan a cabo este programa y se presume que para el segundo trimestre de 2017 se sumen al menos 28 instituciones más, cifras que no son alentadoras.13

En Movimiento Ciudadano consideramos fundamental salvaguardar los derechos de los ciudadanos especialmente con las entidades financieras, por tal razón es necesario implementar los mecanismos necesarios que coadyuven a generar un equilibrio en la relación entre las entidades financieras, los despachos de cobranza y los usuarios deudores y quienes no lo sean, apoyando también a tener una educación financiera adecuada e informada, protegiendo así los datos de los usuarios y su integridad.

Por tal razón, proponemos lo siguiente:

• Salvaguardar la información de las bases de datos de los usuarios de los Servicios Financieros, prohibiendo compartirla o venderla ya sea en parte o en su totalidad.

• Los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su información cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de deudas ya saldadas o ajenas a estos.

• Con respecto a los estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se establece que:

• Estos deben de incluir de forma clara y visible información que especifique la cantidad de meses que el usuario necesitaría para cubrir su deuda por completo si tan solo se realiza el pago mínimo y no realizara cargos adicionales a la cuenta.

• Incluir un escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su totalidad en un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando tomando en cuenta que no se realizaran cargos adicionales, destacando a su vez, el ahorro que representaría el pago de bajo la modalidad.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 8. […]

[…]

[…]

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.

 

 

 

Sin correlativo.

 

 

 

 

 

[…]

Artículo 8. […]

[…]

[…]

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, compartir, vender o concesionar la misma, ya sea en parte o en su totalidad, de igual forma deben considerarse todas las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de igual forma se prohíbe enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.

Asimismo, los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su información cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de deudas ya saldadas o ajenas a estos. La Comisión Nacional determinará el procedimiento para investigar y verificar que dicha información no tiene relación con el usuario y el deudor.

[…]

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXIX. […]

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios, así como publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional;

 

XXXI. a XLIV. […]

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXIX. […]

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios y de aquellos que por información errónea se encuentren involucrados, así como publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional;

XXXI. a XLIV. […]

 

Artículo 59 Bis.- Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los elementos de que disponga.

[..]

Sin correlativo.

 

Artículo 59 Bis.- Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los elementos de que disponga.

[...]

Asimismo, las Instituciones Financieras deberán de abstenerse de utilizar la información de los usuarios, paras solicitar el pago de una deuda cuando este es ajeno a ella.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 13. Las Entidades deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para Cliente.

[…]

[…]

Las citadas disposiciones de carácter general, deberán considerar los aspectos siguientes:

I. a V […]

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un crédito en el historial crediticio, y

VII. Sin correlativo.

Artículo 13. Las Entidades deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para Cliente.

[…]

[…]

Las citadas disposiciones de carácter general, deberán considerar los aspectos siguientes:

I. a V […]

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un crédito en el historial crediticio;

VII. Tratándose de estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se deberá de incluir de forma clara y visible información que especifique la cantidad de meses que el usuario necesitaría para liquidar su deuda si el mismo realizase solamente el pago mínimo y no realizara cargos adicionales a la cuenta, también se deberá especificar el monto total que el usuario terminaría pagando bajo este esquema. De forma paralela deberá incluir un escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su totalidad en un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando considerando que no se realizarán cargos adicionales a la cuenta. Por último, se deberá destacar el ahorro que representaría el pago de bajo la modalidad de 36 meses. Lo anterior se calculará en base a la tasa de interés vigente al día de emisión del estado de cuenta, y

VIII. […]

Para ejemplificar la propuesta de adición de la fracción VII al artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se anexa el siguiente cuadro:

De no realizarse cargos adicionales a su tarjeta y pagando la cantidad de:

Usted liquidará su deuda en:

Y terminará pagando un total de:

Pago minino

# de meses

Saldo + intereses

Pago necesario para liquidar deuda en 36 meses

36 meses

Saldo + intereses

Ahorro entre ambos esquemas de pago.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma el cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto del artículo 8; la Fracción XXX del artículo 11 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 59 Bis de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 13 recorriéndose en su orden, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto del artículo 8; la Fracción XXX del artículo 11 y se adiciona un tercer párrafo al artículo     59 Bis, todos de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios  Financieros.

Artículo 8o.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades competentes y las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás registros que corresponda llevar a otras autoridades.

Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de comisiones que le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al público en general, por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere pertinente.

La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, compartir, vender o concesionar la misma, ya sea en parte o en su totalidad, de igual forma deben considerarse todas las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de igual forma se prohíbe enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.

Asimismo, los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su información cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de deudas ya saldadas o ajenas a estos. La Comisión Nacional determinará el procedimiento para investigar y verificar que dicha información no tiene relación con el usuario y el deudor.

Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a través de los medios que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las Instituciones Financieras.

Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley.

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXIX. […]

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios y de aquellos que por información errónea se encuentren involucrados, así como publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional;

XXXI. a XLIV. […]

Artículo 59 Bis.- Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los elementos de que disponga.

Cuando derivado de las reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros, la Comisión Nacional detecte deficiencia de alguna operación o servicio financiero, lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional supervisora correspondiente.

Asimismo, las Instituciones Financieras deberán de abstenerse de utilizar la información de los usuarios, paras solicitar el pago de una deuda cuando este es ajeno a ella.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 13 recorriéndose en su orden, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo 13. Las Entidades deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para Cliente.

Los Clientes podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas partes.

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación, deberán cumplir con los requisitos que para Entidades Financieras establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y para Entidades Comerciales, los que establezca la Procuraduría Federal del Consumidor, igualmente mediante disposiciones de carácter general.

Las citadas disposiciones de carácter general deberán considerar los aspectos siguientes:

I. a V […]

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un crédito en el historial crediticio;

VII. Tratándose de estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se deberá de incluir de forma clara y visible información que especifique la cantidad de meses que el usuario necesitaría para cubrir su deuda por completo si el mismo realizase solamente el pago mínimo y no realizara cargos adicionales a la cuenta, también se deberá especificar el monto total que el usuario terminaría pagando bajo este esquema. De forma paralela deberá incluir un escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su totalidad en un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando considerando que no se realizaran cargos adicionales a la cuenta. Por último, se deberá destacar el ahorro que representaría el pago de bajo la modalidad de 36 meses. Lo anterior se calculará en base a la tasa de interés vigente al día de emisión del estado de cuenta, y

VIII. […]

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

1 “Mexico´s Credit Card”, Forbes, (25-04-2012), traducción propia, recuperado de:
https://www.forbes.com/global/2012/0507/global-2000-12-grupo-elektra
-ricardo-salinas-pliego-mexico-credit-card.html

2 “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015”, INEGI y CNBV, (01-06-2016), recuperado de:
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusipor cientoC3por cientoB3n/Documents/
Encuestapor ciento20Nacionalpor ciento20depor ciento20IF/ENIFpor ciento202015.pdf

3 Ídem

4 “¿Por qué 7 de cada 10 mexicanos tienen problemas financieros?, El Financiero, (10-01-2017), recuperado de:
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/por-que-de-cada-10-
mexicanos-tienen-problemas-financieros.html

5 “Credit Card Debt and Compulsive Buying”, Indiana University Southeast, (14-05-2015), traducción propia, recuperado de:
https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/19921/Creditpor
ciento20Cardpor ciento20Debtpor ciento20andpor ciento20Compulsive
por ciento20Buying.pdf?sequence=1

6 “De $135,000, deuda promedio en tarjetas de crédito”, El Sol de México, (05-04-2016), recuperado de:
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/168105-de-135000
-deuda-promedio-en-tarjetas-de-credito

7 “Tarjetas de crédito clásicas más caras en México”, Publimetro, (13-03-2017), recuperado de:
https://www.publimetro.com.mx/mx/economia/2017/03/12/tarjetas-
credito-clasicas-mas-caras-mexico.html

8 “El camino hacia la salida de todas las deudas”, Expansión, (14-01-2017), recuperado de:
http://expansion.mx/dinero/2017/01/14/el-camino-hacia-la-salida-de-
todas-tus-deudas

9 “Vishing o fraudes telefónicos se dispara 20por ciento en México: Condusef”, Publimetro, (13-06-2017), recuperado de:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/13/vishing-
fraudes-telefonicos-se-dispara-20-mexico-condusef.html

10 “Ciberdelitos en México: apuntes sobre este delito que llego para quedarse”, El Universal, (15-09-2016), recuperado de:
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano
/2016/09/15/ciberdelitos-en-mexico-apuntes-sobre-este-delito

11 “Embaucar a los clientes, clave de robo de identidad”, Milenio, (21-11-2016), recuperado de:
http://www.milenio.com/negocios/robo-identidad-fraude-condusef
_0_851914817.html

12 Buró de Entidades Financieras (Actualización enero – marzo 2017), julio 2017, recuperado de:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237161/BEF_2017.pdf

13 Ídem.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por el Diputado Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

El Diputado Rafael Méndez Salas: Buenas tardes, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

La ciencia y la tecnología deben ser un motor de crecimiento económico, por tal motivo, en Nueva Alianza estamos comprometidos en realizar reformas que ayuden a mejorar las condiciones que coadyuven o fortalecer los recursos económicos.

Esta reforma es importante, porque sabemos que los recursos presupuestales que se le destinan a los diversos ramos de la Administración Pública Federal, son limitados.

Sólo por citar, el presupuesto que se le asignó para este ejercicio fiscal de 2017 al ramo de ciencia y tecnología, fue de casi 27 mil millones de pesos, lo que representa un 23 por ciento menos que en el ejercicio inmediato anterior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado que este año el presupuesto presentará algunos recortes al gasto, lo cual nos hace pensar en que debemos ser muy certeros en el gasto público.

Ante tal escenario debemos encontrar los caminos para eficientar más los recursos públicos y que estos sean de beneficio para los mexicanos.

Al saber cuáles son los rubros en que es más eficiente el gasto nos permite, como legisladores, saber qué debemos apoyar, fomentar, y en la medida de lo posible asignar mayores recursos.

El texto vigente a reformar señala que la información anual en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Secretario Ejecutivo del Consejo General podrá especificar los resultados y el impacto del gasto, lo cual lo deja a manera discrecional.

Por lo anterior, la reforma busca que sea obligatorio y no opcional el presentar los resultados del gasto en esta materia.

En ese sentido, hoy vengo a presentar una iniciativa que reforma la fracción II del artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objetivo de la reforma es que en el informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación, se haga obligatorio el presentar de manera específica los resultados del gasto en ciencia, tecnología e innovación destinados a apoyar el sector productivo.

Para nuestro partido, el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es de vital importancia para el crecimiento económico, el desarrollo social, el combate a la pobreza, ya que son un mecanismo que permitirá cerrar las brechas de desigualdad social, además de que hacen nuestra vida más eficiente y nos vuelven más productivos.

No es coincidencia que las economías más desarrolladas sean las que más inviertan en esto.

Según la revista Forbes, el país que más invierte en investigación y desarrollo es Israel con un 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto; China, con el 4 por ciento; Japón, con el 3.39 por ciento; Finlandia, con el 3.32 por ciento; Alemania, con el 2.94 por ciento; Estados Unidos, con el 2.81 por ciento, y para el caso de México, no llegamos ni al 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sabemos que nuestro país tiene múltiples demandas, las necesidades son interminables, por ello resulta más que pertinente esta reforma, que sólo busca conocer en dónde y cuáles son los impactos en materia de gasto en ciencia y tecnología.

En Nueva Alianza apostamos a un presente y un futuro en donde el desarrollo tecnológico camine de la mano de los mexicanos, y que con sus habilidades fortalezcan el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, RAFAEL MÉNDEZ SALAS, Diputado Federal miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la economía nacional e internacional se encuentra en un proceso de ajuste, de inestabilidad y volatilidad financiera, más aún se encuentra en una etapa de estancamiento y bajo crecimiento económico. Periódicamente, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ajustan a la baja las expectativas de crecimiento económico a nivel internacional, así como de las principales economías de mundo.

Además de los vaivenes internacionales que afectan a todas las economías del mundo, en nuestro contexto, un factor adicional que nos impacta de manera directa, a veces de manera positiva o negativa, es la dependencia que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU). La relación e integración económica, social, política, cultural y comercial con la Unión Americana tiene siglos y se seguía construyendo año con año.

Sin embargo, con la llegada a la presidencia de Donald Trump las expectativas de crecimiento económico se fueron a la baja. Según el FMI, México pasó de una estimación del 2.3 por ciento de crecimiento del PIB para 2017 a un 1.7 por ciento;1 en ese tenor coinciden otras instituciones financieras como el Banco de México, Citibanamex, Moody’s y JP Morgan,2 al pronosticar un bajo crecimiento económico en este año  para México.

Por otra parte, día con día la sociedad exige mayor información respecto a la ejecución de los recursos públicos. El gobierno federal destina una gran cantidad de recursos financieros con el objetivo de atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. El conocer cuál es el destino del gasto nos permite saber cuál es la eficiencia de los mismos, además de ser una demanda constate por parte de los mexicanos.

Para tales efectos, en términos generales el presupuesto para este año 2017 es de 4.8 billones de pesos,3 lo cual representó un recorte del 1.7 por ciento con relación al ejercicio inmediato anterior. Los recursos son limitados y las demandas sociales abundan en nuestro país. Por tal motivo, la eficiencia en el gasto debe ser contundente para coadyuvar a sanear los rezagos sociales, a eliminar la pobreza, generar empleo y, en términos generales, a fortalecer el bienestar de las familias mexicanas.

Año con año se destina aproximadamente el 75 por ciento de los recursos presupuestales al gasto programable, es decir, a aquellos programas que están enfocados a atender necesidades que demanda la sociedad en educación, salud, vivienda, seguridad, pensiones, medio ambiente, defensa nacional, turismo, apoyo al campo, impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la ciencia y tecnología, entre otros rubros.

Para el Ejercicio Fiscal 2017 el presupuesto destinado al Ramo 38 Ciencia y Tecnología fue de 26.9 mil millones de pesos4 que, en comparación con lo asignado en el ejercicio anterior de 34 mil millones pesos, representa una reducción del menos 23 por ciento en términos reales;5 dicha reducción se convierte en un problema que afecta el desarrollo en investigación en ciencia y tecnología.

La ciudadanía se pregunta ¿qué pasa con todo ese dinero que el gobierno gasta anualmente? o ¿cuáles son los beneficios de que se establezcan determinados programas? Sin duda, muchos de los resultados se ven cotidianamente, sin embargo, algunos otros parece que no alcanzan a ser percibidos de manera clara por parte de los mexicanos. La mejor forma de saber cuáles son los resultados en el destino y la ejecución de los recursos es la evaluación y la rendición de cuentas.

Actualmente existen instrumentos públicos y privados enfocados a la medición del funcionamiento de las políticas públicas que se ejercen a través de los diversos programas. Los entes públicos que se encargan de la medición de dichos programas son fundamentalmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

El SED es una herramienta para medir y valorar objetivamente el desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno Federal. “El SED es una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo; establece además los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados por estos programas. De esta manera, el SED contribuye a la instrumentación de una cultura organizacional de gestión para resultados”.6

Por su parte, el CONVEVAL “es la institución responsable de emitir los Lineamientos de Evaluación que deberán observar las dependencias y entidades responsables de operar los programas sociales a los que hace referencia el Decreto de Presupuesto  de Egresos de la Federación 2017,7 Asimismo, tiene a su cargo las evaluaciones de la política y programas de desarrollo social que pueden ser realizadas por la misma entidad o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, a través de los cuales podrá emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social.8

En las evaluaciones básicamente encontramos la descripción del programa; resumen de la Matriz de Indicadores de Resultados; resultados y hallazgos; avances y aspectos  de mejoras; población y cobertura; alineación al plan Nacional de Desarrollo y conclusiones y observaciones. Emiten recomendaciones del funcionamiento de los programas federales, sin embargo, no cuentan con un apartado de análisis de impacto, es decir, cuáles son los resultados en concreto de la aplicación de dichos recursos.

En Nueva Alianza consideramos que es necesario saber con exactitud en qué se traduce la ejecución de los recursos públicos. Ante las condiciones adversas por las que está atravesando la economía mexicana, es imperativo destinar de manera puntual la asignación de los recursos públicos, en aras de fortalecer el mercado interno.

ARGUMENTACIÓN

En Nueva Alianza estamos convencidos en que debemos encontrar los mecanismos idóneos para impulsar y fortalecer la economía mexicana. Sin lugar a dudas, como fracción liberal, respetamos las leyes del mercado y de la libre competencia; sin embargo, debemos aprovechar las áreas de oportunidad que nos ofrece nuestro marco normativo, nuestra soberanía nacional para consolidar nuestra economía interna y externa en el contexto de la globalización.

Para alcanzar un crecimiento y desarrollo económico debemos considerar los esfuerzos y recursos que destina el gobierno federal a través de las asignaciones presupuestales que se realizan a los diversos proyectos y programas. Es mandato constitucional que el Estado debe ser el rector de la economía mexicana:

Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de  trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”9

Así pues en un entorno de globalización económica y de libre mercado, continúa siendo responsabilidad del Estado la conducción de la economía nacional. En ese contexto y, ante las bajas expectativas de crecimiento económico para 2017, en Nueva Alianza consideramos que el momento es oportuno para revisar las acciones que se están realizando en materia económica que fomente el crecimiento y desarrollo de nuestro mercado interno y externo.

Ante las condiciones de inestabilidad y del incremento de los precios de los combustibles a nivel internacional, en enero de este año el Ejecutivo Federal anunció, como medida, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar,10suscrito entre el Gobierno federal, sindicatos y la mayoría de los sectores empresariales, con el objetivo de fortalecer la economía nacional.

El objetivo del Acuerdo es fortalecer la economía mexicana a través de los siguientes ejes:

• Proteger la Economía familiar

• Fomentar las inversiones y el empleo

• Preservar la estabilidad económica

• Preservar y Fortalecer la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho

• Seguimiento y Evaluación

En Nueva Alianza consideramos pertinente y confiamos en que sea permanente este acuerdo en beneficio de las familias mexicanas. Bajo ese contexto, desde el ámbito de nuestra competencia debemos legislar para fortalecer cualquier medida que se adopte y que apoye el mercado interno, el ingreso, el consumo y el empleo.

En Nueva Alianza apostamos por el desarrollo tecnológico como motor del crecimiento y desarrollo económico. En los tiempos actuales, la innovación en ciencia y tecnológica es el ramo que más ingresos genera a nivel mundial, toda vez que mejora los procesos productivos y eleva la competitividad de cualquier país.

En el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2014,11 en su apartado de Innovación en el Sector Producto en México, se señala a manera de diagnóstico cuáles han sido las variaciones en cuanto a las empresas que participan por tamaño y alcance nacional o internacional. También muestra que el sector manufacturero es uno de los más activos; sin embargo, el informe solo permite ver de manera parcial cuáles son, en específico, los bienes o servicios que tienen un mayor potencial de desarrollo, sobre todo aquellos que generan cadenas de valor.

El artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología señala que es facultad del Secretario Ejecutivo del Consejo General elaborar el Informe General Anual acerca del Estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México; asimismo, en su inciso C párrafo segundo, señala que:

“El informe anual procurará especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo.”

En este sentido, consideramos muy importante este párrafo toda vez que existe la posibilidad de saber de manera concreta cuáles son los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación, más aun, aquellos recursos que son destinados a apoyar el sector productivo.

En las actuales circunstancias económicas internas, la menor asignación de recursos presupuestales para 2017, y la inestabilidad comercial generada por el Presidente Trump, es necesario maximizar los recursos y saber qué programas, planes, proyectos, estrategias o recursos están teniendo un mejor efecto en la economía.

El saber qué acciones gubernamentales tienen más eficiencia en la economía nos dará una mayor claridad para observar hacia dónde podríamos destinar los recursos. Tal es caso plasmado en el párrafo segundo del inciso C de la Ley de Ciencia y Tecnología; empero, el primer renglón dice “procurará” que el informe anual especifique los resultados y el impacto del gasto en ciencia destinados a apoyar el sector productivo, y no lo hace imperativo.

En Nueva Alianza proponemos que sea “obligatorio” mencionar en el informe general del estado que guarda la ciencia y tecnología, cuál es el impacto de los recursos. El conocer cuáles son los sectores de la industria que tienen mayor eficiencia en el gasto nos permitirá diseñar una mejor política de gasto social que contribuya al crecimiento y desarrollo de la economía social.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del inciso C de la fracción II del artículo 10 Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Secretario Ejecutivo del Consejo General, tendrá las siguientes atribuciones:

I.

II…

• …

• …

• El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de evaluación del programa especial y los programas específicos prioritarios, incluyendo las evaluaciones realizadas respecto del impacto de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores productivos y de servicios.

El informe anual deberá especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo, con el objetivo de identificar los avances concretos en la instrumentación de las políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en el país.

ARTÍCULO TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Rafael Méndez Salas.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Méndez Salas. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

1 Visto en
http://www.animalpolitico.com/2017/01/fmi-recorta-estimacion-crecimiento
-mexico-2-6/ Enero 2017

2 Visto en
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-desploman-pronosticos-de-pib
-de-mexico-para-2017.html Enero 2017

3 Visto en www.shcp.gob.mx Enero 2016

4 Ídem

5 Dato calculado con base en el deflactor del PIB del orden del 3.3 por ciento, establecido en los Criterios Generales de Política Económica para 2017 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Septiembre 2016).

6 Visto en
http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-de-evaluacion
-del-desempeno-sed Enero 2017.

7 Visto en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016 Enero de 2017

8 Visto en
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Creacion-del-Coneval.aspx Enero de 2017.

9 Visto en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf Enero 2017.

10 Visto en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179399/Acuerdo_para_
el_Fortalecimiento_Econo_mico_y_la_Proteccio_n_de_la_Economi
_a_Familiar.pdfEnero 2016

11 Visto en
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-
general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general
-2014/1572-informe-general-2014/file Enero 2017






Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 y se adicionan los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 167 BIS Y 167 TER AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE DELITOS LESIVOS PARA LA ESTABILIDAD SOCIAL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Alejandro González Murillo: Buenas tardes. Gracias. Honorable Asamblea:

La seguridad pública, así como el acceso a la justicia, son dos asignaturas cuya efectiva vivencia determinan para la sociedad la mayor o menor estabilidad y cohesión social.

La vida, la libertad, la propiedad y el libre desarrollo de la personalidad son, entre otros, valores y derechos muy preciados para las personas, y cuya protección y vigencia son deberes del Estado mexicano.

Con la muy trascedente y muy necesaria reforma constitucional de 2008, que trajo consigo la transformación y recreación del sistema penal mexicano, se sentaron las bases para acercar la justicia penal al ciudadano y ofrecerle las mayores certezas sobre el respeto a los derechos humanos.

Los tres poderes y órdenes de gobierno tuvieron que cambiar su visión de la política criminal mexicana, para ello contaron con tiempos y estrategias graduales. De este modo se fue consolidando el entramado legal e institucional que el 18 de junio de 2016 entró en vigor en todo el país, y que hoy en día exige una mirada revisionista, autocrítica y con responsabilidad de Estado.

El éxito de un cambio de paradigma de tan gran calado al sistema penal mexicano, al igual que su diseño e implementación, depende en gran medida de nuestro grado de responsabilidad pública.

En tal sentido, queda claro que lo hecho y lo pendiente por hacerse por parte de los actores involucrados de cada uno de los Poderes de la Unión, así como las entidades federativas y municipios, merece un análisis serenos, despojado de agendas políticas de corto plazo y equilibrado, que permita corregir donde haya que corregir, y fortalecer lo que la razón, la realidad y el pulso ciudadano en cada caso nos indican.

El de la voz considera que el Sistema Penal Acusatorio debe seguir siendo una herramienta del Estado mexicano para recuperar la estabilidad social y quitarle el poder a la delincuencia organizada, a la que hay que combatir sin perder de vista el respeto por los derechos humanos.

En este orden de ideas es indispensable desincentivar conductas que lesionan y erosionan el tejido y estabilidad social.

Sabemos que es necesario, y que es un justo y urgente reclamo ciudadano. Dejemos de buscar los reflectores, no politicemos ni le demos más vuelta, sabemos la urgencia de este tema.

La iniciativa que hoy presento a su consideración y adhesión, parte de la convicción que el robo de hidrocarburos, así como la posesión, portación y comercio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas son delitos de muy alto impacto y lesividad social. Dichas conductas merecen ser consideradas como delitos graves, a fin de que la prisión preventiva oficiosa ponga a salvo a los ciudadanos y sustraiga a los delincuentes de la posibilidad de seguir delinquiendo.

La adición que hoy propongo a los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, responde a una exigencia impostergable de mantener y fortalecer la estabilidad, cohesión y viabilidad social.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado González Murillo. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

La verdadera derrota de la delincuencia organizada vendrá cuando se le ataque en su elemento fundamental, que son los recursos financieros que facilitan su actividad criminal.

Por tal motivo, una de las herramientas que el Estado mexicano ha dispuesto para atacar a las organizaciones criminales desde sus propias entrañas es el mecanismo procesal de la extinción de dominio. La extinción de dominio es el procedimiento mediante el cual el Estado se apropia de aquellos bienes que han sido objeto, instrumento o producto de un delito.

Está demostrado por las exitosas prácticas internacionales en la materia, que la extinción de dominio es un mecanismo eficaz para atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales.

Como parte integrante de los Poderes de la Unión, no podemos permitir que la delincuencia organizada siga socavando las bases morales de una convivencia civilizada entre las personas que habitan una comunidad.

En consecuencia, en el ánimo de ser más precisos en el desahogo de los procedimientos de extinción de dominio existentes en los juzgados de nuestro país, la presente iniciativa propone actualizar el concepto “cuerpo del delito” que establece la vigente Ley Federal de Extinción de Dominio, por el novedoso concepto en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio denominado “hecho que la ley señala como delito”.

Como ustedes saben, amigas y amigos, en la dogmática penal, en la Constitución Política de 1917, la dogmática señalaba en su artículo 16 constitucional al cuerpo del delito y era la guía conductora para poder encuadrar cuando alguien agredía alguna conducta delictiva que estaba así señalada en el Código Penal.

En 1993 la dogmática cambió por elementos de tipo penal, recordarán, quienes son abogados, quienes han litigado o quienes tienen conocimiento del derecho, que los elementos del tipo penal fue otra etapa de la dogmática jurídica penal en nuestro país.

Luego pasamos en 1998 a una dogmática mixta entre los elementos del tipo penal y el cuerpo del delito, y así hasta la gran reforma de 2008 que se creó el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Y a partir de la reforma de 2008 nuestra dogmática quedó como el hecho que la ley señala como delito, y hoy bajo esta dogmática con una perspectiva de derechos humanos, bajo la presunción de inocencia y con todo este encuadre que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio le da a la vía penal y, además, frente a la gran reforma de derechos humanos de 2001, hoy vivimos otra circunstancia, no se trata sólo de una armonización contra la Ley Federal de Extinción de Dominio, va mucho más allá porque tiene que ver con la manera de cómo el agente investigador integra sus expedientes, porque el concepto no es solamente armonización, como se los decía, implica un cambio de mentalidad y un mandato de ley obligatorio para que los derechos humanos de imputados y de víctimas sean respetados durante todo el proceso penal.

No omito mencionar que los bienes respecto de los cuales han sido declarados la extinción de dominio sirven para pagar la reparación del daño de las víctimas del delito, y esta es una de las bondades de la ley, además de ahí la importancia social y jurídica de que la extinción de dominio esté actualizada conforme a los nuevos criterios garantistas y de celeridad procesal que se caracteriza en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Compañeras y compañeros legisladores:

Desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrendamos nuestro firme compromiso con la fortaleza del Estado de derecho y sus instituciones que nos han permitido consolidar una paz social y atacar las estructuras criminales que dañan a los ciudadanos.

Como lo hemos mencionado, la delincuencia organizada será exterminada sí y sólo si logramos que el Estado mexicano cuente con herramientas eficaces para acortar los recursos financieros de las organizaciones criminales que les han permitido operar y delinquir con impunidad, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Por ello, compañeras y compañeros, la presente iniciativa tiene por objeto actualizar la institución de extinción de dominio de conformidad con los nuevos criterios garantistas del nuevo Sistema de Justicia Penal, así como agilizar los juicios de extinción de dominio cuyas sentencias permitirán atacar los recursos financieros de las organizaciones criminales en beneficio de las víctimas de los delitos y del Estado mexicano.

No termino sin antes poder aprovechar la ocasión para felicitar a las y a los legisladores abogados hoy en su día y a todos los abogados del país, Senador Romo, Carolina Viggiano, muchos y muchas más, Lisbeth, que son abogados y que contribuyen a este país a través de la ciencia jurídica, pero sobre todo con la sensibilidad de poder legislar y darnos el marco jurídico que este país requiere para la armonía y la convivencia social, a los abogados que litigan y abogadas a quienes están en la función pública, en este día felicitarles, pero también exhortar a la gran responsabilidad que tenemos las y los abogados de contribuir por un país más justo, equitativo y por un estado de derecho eficaz.

¡Muchas felicidades!

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La extinción de dominio es el mecanismo procesal de naturaleza jurisdiccional mediante el cual el Ministerio Público puede solicitar a través de la acción judicial correspondiente la apropiación de los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de una actividad ilícita.

Los bienes que pueden ser materia de un procedimiento de extinción de dominio son aquellos relacionados con los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito
.
La extinción de dominio tiene su fundamento legal en el artículo 22 Constitucional, mismo que contiene las reglas que la rigen a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y reformado el 27 de mayo de 2015, en las que se señala:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes”

El 29 de mayo de 2009, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con relación a la naturaleza jurídica de la extinción de dominio se establece desprendiéndose de la propia Ley que ésta tiene un carácter civil partiendo de los elementos que la misma marca en sus artículos 5 y 10 al señalar respectivamente que: la acción de extinción de dominio es de carácter real y contenido patrimonial y además se deja expresamente establecido que el procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal. Señalamiento con el cual coinciden diversos autores.

El ejercicio de la acción de acuerdo con el artículo 5 de la Ley en comento corresponde al Ministerio Público. En materia de prescripción de la acción, la Ley de Extinción de Dominio señala que a ésta, se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos que dan origen al ejercicio de la acción, observando los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal, excepto en el caso de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible. El artículo al que se hace alusión señala lo siguiente:

“Artículo 102.- Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán:

I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo;

II.- A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;

III.- Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y

IV.- Desde la cesación de la consumación en el delito permanente”

Tres son los sujetos que se establecen como partes en el procedimiento de extinción de dominio:

• El actor, que será el Ministerio Público;

• El demandado, que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales; y

• Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio.

Para concluir el apartado teórico-conceptual y retomando lo señalado por la Dra. Eloísa Quinteroen pocas palabras se resumen las características de la Extinción de Dominio:

“1) No es una pena;

2) El procedimiento no es de carácter penal;

3) La acción es patrimonial;

4) Dicha acción tiene por objeto el bien mismo y no el sujeto titular del bien; y

5) La extinción recae sobre la cosa, por lo que su naturaleza es real”

Por otra parte, de conformidad con la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el concepto “cuerpo de delito” necesario para acreditar la responsabilidad penal fue sustituido por el de “hecho que la ley señale como delito”, en plena consonancia con la introducción del Nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral.

De este modo, el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el concepto de “hecho que la ley señale como delito” como nuevo elemento de la dogmática penal para efectos del proceso penal al tenor de lo siguiente:

“Artículo 16. (…)

(…)

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión

(…)”

El anteriormente vigente Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 168, párrafo segundo, señalaba que por cuerpo del delito:

“Artículo 168. (…)

(…) se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera”.

Ahora bien, el concepto de “cuerpo del delito” quedo materialmente derogado con la plena entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral a nivel nacional, el 18 de junio de 2016, mediante Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aunado a ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en plena congruencia con la citada reforma constitucional, establece en su artículo 316, fracción III, que para el dictado del auto de vinculación proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:

1. Se haya formulado la imputación;

2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;

3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y

4. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
Por lo tanto, con la finalidad de armonizar nuestro sistema jurídico y particularmente, actualizar la Ley Federal de extinción de dominio, con respecto al Nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral, es necesario eliminar el concepto de “cuerpo del delito” por el de “hecho que la ley señale como delito”, en los siguientes términos:

Texto vigente

Texto de la iniciativa

LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

II. Cuerpo del delito.- Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, el cuerpo del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45, fracción III.

(…)

Artículo 10.- (…)

En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley

(…)

Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con:

I. El cuerpo del delito;

(…)

Artículo 33.

(…)
d. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito. En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para acreditar la existencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito, las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen.

Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público:

I. Acredite plenamente los elementos del cuerpo del delito por el que se ejerció la acción, de los señalados en el artículo 7 de esta ley;

(…)

Artículo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

II. Hecho que la ley señale como delito.- Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional, en relación con la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, el hecho que la ley señale como delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45, fracción III.

(…)

Artículo 10.- (…)

En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del hecho que la ley señale como delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley

(…)

Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con:

I. El hecho que la ley señale como delito;

(…)

Artículo 33.

(…)
d. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito. En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para acreditar la existencia del hecho que la ley señale como delito, las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen.

Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público:

I. Acredite plenamente los elementos del hecho que la ley señale como delito por el que se ejerció la acción, de los señalados en el artículo 7 de esta ley;

(…)

Artículo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia del hecho que la ley señale como delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, fracción II; 10, segundo párrafo; 32, fracción I; 33, inciso d); 45, fracción I; y 50, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

II. Hecho que la ley señale como delito.- Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional, en relación con la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, el hecho que la ley señale como delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45, fracción III.

(…)

Artículo 10.- (…)

En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del hecho que la ley señale como delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley

(…)

Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con:

I. El hecho que la ley señale como delito;

(…)

Artículo 33.

(…)

d. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito. En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para acreditar la existencia del hecho que la ley señale como delito, las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen.

Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público:

I. Acredite plenamente los elementos del hecho que la ley señale como delito por el que se ejerció la acción, de los señalados en el artículo 7 de esta ley;

(…)

Artículo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia del hecho que la ley señale como delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

Cfr. Eloísa Quintero, “Extinción de dominio ¿una herramienta contra la delincuencia organizada?”, INACIPE, disponible para consulta en:
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/memorias_inacipe/
memorias_eloisa_quintero/Extincionpor ciento20depor ciento
20dominiopor ciento20unapor ciento20herramientapor ciento
20contrapor ciento20lapor ciento20delincuenciapor ciento20organizada.php

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora de la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Luz Argelia Paniagua, para presentar a nombre propio y del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8o., 9o., 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 Y 95 DE LA LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL

(Presentada por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre propio y del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Muy buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta.

Nuestra Carta Magna, en el artículo 27 fracción XX señala que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica...”

Bajo este sustento legal, se instrumentaron diversos fondos de aseguramiento para el sector agropecuario y se expidió la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, esta ley tiene como objeto crear y regular la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, constituido por los Fondos de Aseguramiento y por sus Organismos Integradores, tanto nacional como estatales y locales, a cargo de Agroasemex, entidad de la Secretaría de Hacienda.

Los Fondos de Aseguramiento permiten la autogestión de empresas sociales y protegen el patrimonio de los socios, así como una mayor agilidad en la atención a siniestros y pago de indemnizaciones, además de posibilitar la reducción de costos de aseguramiento, mientras que los Organismos Integradores se constituyen sin fines de lucro para prestar a los Fondos de Aseguramiento servicios técnicos, legales, administrativos, financieros y de capacitación, entre otros.

Con un crecimiento sostenido por más de 20 años en el mercado asegurador, Agroasemex ha logrado constituirse como un exitoso esquema mutualista y solidario de protección y respaldo para los productores y fuentes financieras ante la ocurrencia de eventos climáticos y biológicos dañosos, tales como son: huracanes, falta o exceso de agua, heladas, altas o bajas temperaturas, granizo, plagas y enfermedades, muerte y accidentes de animales, entre otros siniestros.

No obstante, es posible afirmar que existen áreas de oportunidad para fortalecer la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, es decir, a los más de 290 Organismos Integradores en todo el país y a los más de 460 Fondos de Aseguramiento ubicados en las 32 entidades federativas del país.

En virtud de la problemática planteada de los servicios que otorga Agroasemex, se propone modificar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, con el fin de, primeramente, eliminar disposiciones que limitan el proceso de libre concurrencia y competencia económica para mejorar la eficiencia del funcionamiento del ramo de seguros agropecuarios.

Segundo. Establecer como obligación de Agroasemex el desarrollar, mantener actualizado y hacer público un sistema de información sobre los bienes asegurados y siniestralidad para que pueda ser consultada por todos los oferentes del Sistema de Seguros Agropecuarios.

Tercero. Evaluar el impacto y la mejora de la gestión de los Fondos de Aseguramiento y de los Organismos Integradores, con el objetivo de que exista eficiencia de los recursos públicos destinados a proteger la producción agropecuaria.

Cuarto. Precisar en las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento, a sus Organismos Integrados, la observancia de las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Quinto. Que se apoye de forma prioritaria a los productores que se encuentren en situación de mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad, a difundir los beneficios de esos seguros agropecuarios y a promover la constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento, principalmente en las zonas centro, sur y sureste del país.

Sexto. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los Fondos de Aseguramiento y de los Organismos Integradores, a fin de disminuir los costos administrativos y enfrentar de mejor forma los riegos y siniestros derivados por contingencias climáticas o de mercado.

Para Acción Nacional la importancia del campo es vital. Ya lo dijimos en nuestra Plataforma Electoral 2015-2018, es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo mexicano lleguen a quien realmente los necesita, evitando el uso indebido y el dispendio irresponsable de esos recursos.

Finalmente, es igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores también favorezcan de manera directa a los trabajadores del campo y a sus familias y contribuyan a reducir las enormes e indignantes desigualdades que existen en las regiones y localidades rurales del país.

Por nuestra parte, el Diputado Exaltación González y una servidora agradecemos su atención.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA y EXALTACIÓN GONZÁLEZ CECEÑA, Diputados Federales de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 Y 95 DE LA LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL, al tenor del siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Carta Magna en el artículo 27 fracción XX señala que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar, su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.

Bajo este sustento legal, se instrumentaron diversos fondos de aseguramiento para el sector agropecuario y se expidió la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (LFAAR). Esta Ley tiene como objeto crear y regular la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, constituido por los Fondos de Aseguramiento y por sus Organismos Integradores, tanto nacional como estatales y locales, a cargo de Agroasemex, entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los Fondos de Aseguramiento permiten la autogestión de empresas sociales y protegen el patrimonio de los socios, así como una mayor agilidad en la atención a siniestros y pago de indemnizaciones, además de posibilitar la reducción de costos de aseguramiento; mientras que los organismos integradores se constituyen sin fines de lucro, para prestar a los fondos de aseguramiento servicios técnicos, legales, administrativos, financieros y de capacitación, entre otros.

Con un crecimiento sostenido por más de 20 años en el mercado asegurador, Agroasemex ha logrado constituirse como un exitoso esquema mutualista y solidario de protección y respaldo para los productores y fuentes financieras ante la ocurrencia de eventos climáticos y biológicos dañosos, tales como huracanes, falta o exceso de agua, heladas, altas o bajas temperaturas, granizo, plagas y enfermedades, muerte y accidente de animales, entre otros siniestros.

No obstante, es posible afirmar que existen áreas de oportunidad para fortalecer la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, es decir a los más de 290 organismos integradores en todo el país y a los más de 460 Fondos de Aseguramiento ubicados en las 32 entidades federativas del país.

En 2014, Agroasemex otorgó 1,486 millones de pesos de subsidios a 306 de los 524 beneficiarios elegibles, lo cual significó que 291 Fondos de Aseguramiento y 15 Organismos Integradores contaran con recursos para complementar sus gastos de operación, capacitación y equipamiento informático, a fin de ofrecer a sus socios (productores del sector rural) una alternativa para obtener seguros a menor costo. Lo anterior permitió que los 291 fondos aseguraran 1´343,347.4 hectáreas, las cuales representaron el 60.5por ciento del total de la superficie protegida con seguros comerciales, en beneficio de los 4,307 productores asociados1.

El Tercer Informe de Gobierno establece que al mes de julio de 2015, se han asegurado 9.5 millones de hectáreas en 26 entidades federativas y 3.6 millones de unidades animal en 14 estados, mediante una inversión ejercida por 1,889.6 millones de pesos. Asimismo, se dio cobertura a 367,358 hectáreas con una inversión de 93.7 millones de pesos de AGROASEMEX. También se han cubierto 4.5 millones de unidades animal con una cobertura contratada en 2014 y que abarca hasta el 31 de  noviembre de 2015, con una inversión federal de 142.3 millones de pesos y 47.5 millones de pesos de aportación de los productores.

La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de 2014, identificó “que los fondos de aseguramiento y los organismos integradores tienen una limitada capacidad de operación y no cuentan con un esquema integral de manejo de riesgos, debido a que los fondos y organismos tienen limitadas capacidades técnicas, deficiencias en infraestructura, insuficientes recursos para su operación, reducida capacidad financiera para enfrentar pagos de siniestros e inadecuada dispersión de riesgos”.

Es así que Agroasemex se enfoca en dispersar subsidios sin contar con un seguimiento y mecanismos de control y mejora de la capacidad de operación y el manejo integral de un esquema de riesgos; lo que significa que no se sabe si los fondos y organismos integradores cuentan con la capacidad para apoyar a los productores agropecuarios en zonas de riesgo en caso de contingencias climáticas o de mercado.

Por lo cual, la Auditoría emitió una serie de observaciones y recomendaciones, a las cuales Agroasemex se comprometió realizar diversos programas y acciones a fin de mejorar el Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. No obstante, para el ejercicio fiscal de 2016, se fusionaron los programas S001 “Programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario”; S172 “Programa de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario”, y S199 “Programa de seguro para contingencias climatológicas”, en el nuevo programa S265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario”, de tal forma que algunas observaciones dejaron de ser vigentes, pero no por ello dejan de carecer de importancia, tales como:

• Cumplir con el criterio que dispone el artículo 75 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de acreditar que la población identificada en los registros de Agroasemex sea efectivamente la población potencial beneficiaria de los fondos de aseguramiento y no sólo la población objetiva (físicas o morales) que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Por ello, la Auditoría refiere que es necesario focalizar e identificar con precisión a la población potencial y objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio en el nuevo programa de aseguramiento agropecuario.

• Conformar un diagnóstico que permita determinar el grado de mejora de los fondos y organismos respecto de los subsidios entregados para su operación, capacitación y adquisición de equipamiento, a fin de proteger el patrimonio agrícola de sus productores asociados. Por lo que es importante establecer un mecanismo de control, supervisión y seguimiento que permita evaluar el impacto en la mejora de la gestión de los fondos y organismos integradores beneficiados para apoyar a los productores agropecuarios en zonas de riesgo en caso de contingencias climáticas o de mercado, respecto de los tipos de apoyo entregados, a fin de determinar la utilidad del uso de esos recursos públicos para definir en qué momento se deberían suspender los subsidios a aquellos fondos y organismos integradores que hubieran logrado la autosuficiencia económica de su operación. De ahí que es necesario fortalecer las acciones de capacitación a nivel regional, para que se capacite al personal de los fondos de aseguramiento sobre los requisitos de elegibilidad que se establezcan para cada componente.

• Identificar claramente las necesidades con que inician los fondos y organismos integradores al inicio del año, la priorización de necesidades, y el grado de mejora en la operación de sus productos y servicios entre los productores asociados, así como su mejora en la competencia del mercado entre los propios fondos y el sector privado, para atender las demandas de los productores. Por lo que sería relevante que la supervisión de las operaciones de los fondos a fin de ampliar la superficie asegurada por los fondos, y particularmente la acción de dictaminar las solicitudes y ministrar los apoyos, tanto de los fondos de aseguramiento como de los organismos integradores no sea por los mismos organismos, en respuesta al mandato de seguimiento de seguros y reaseguros, con base en la normativa de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la materia.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 y para 2014-2015, ya había observado la importancia para Agroasemex de contar con evaluaciones de impacto de sus programas a fin seguir contribuyendo de forma importante al financiamiento y capitalización en el medio rural con el seguro agropecuario, por lo que le recomendó incidir en generar mayores utilidades para focalizar mejor los apoyos, tanto para fortalecer a los organismos integradores que si lo requieren como para subsanar pérdidas causadas por eventos catastróficos, y el crear mecanismos que impidieran que los apoyos se convirtieran en permanentes, toda vez que se otorgan repetidamente recursos para aspectos de costos de administración y para fortalecer a los organismos integradores.

De tal forma que CONEVAL considera necesario estudiar si las prácticas para apoyar a los fondos y organismos integradores son las más adecuadas para su consolidación, actualizar la selección de beneficiarios para evitar incentivos perversos, contribuir a generar una cultura del seguro y lograr que Agroasemex juegue un doble papel como promotor y supervisor de los propios beneficiarios.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el Reporte sobre las Condiciones de Competencia del Sector Agroalimentario, publicado en diciembre de 2015, identificó algunas problemáticas similares que derivan en limitar el proceso de libre concurrencia y competencia económica, así como la eficiencia del funcionamiento del ramo de seguros agropecuarios.

Efectivamente, la COFECE refiere que “la demanda por seguros agropecuarios está pulverizada en muchas unidades de producción, es altamente heterogénea y tiene múltiples nichos, por lo que se dificulta la administración y se elevan los costos de operación del aseguramiento. Además, no hay una plataforma centralizada de información clave sobre los bienes asegurados y su siniestralidad que pueda ser consultada por todos los oferentes del sistema. La difusión de esta información, que actualmente sólo está en manos de las autoridades, eleva el costo de diseñar y ofrecer seguros agropecuarios técnicamente adecuados y comercialmente viables. El costo de obtener esta información puede representar una barrera de entrada al sector.”

Respecto a esta problemática, la COFECE recomienda establecer un buró de información para los seguros agropecuarios, con el fin de reunir y compartir información existente sobre siniestralidad, bien asegurado, variables meteorológicas, ubicación geo-referenciada de los beneficiarios y otra información relevante para los oferentes de seguros.

Asimismo, refiere que el artículo 8° de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural establece que el organismo integrador local o estatal, conformado por los propios fondos de aseguramiento establecidos, debe emitir un dictamen favorable para que pueda entrar un nuevo fondo al mercado; lo que implica que la ley faculta a personas morales dedicadas a la misma actividad a otorgar o no el dictamen favorable para la entrada de nuevos agentes económicos al mercado, lo cual puede generar conflictos de interés.

Otro aspecto que plantea es que la Ley impide a los socios formar parte de más de un fondo y establece como causal de exclusión de algún socio el realizar operaciones de seguros con otro fondo, lo que significa una restricción al libre acceso a diferentes fondos de aseguramiento, por lo que recomienda que la SHCP lleve a cabo el procedimiento de autorización de nuevos fondos de aseguramiento sin que intervengan los fondos establecidos a través de los organismos integradores locales, y que se eliminen las limitaciones que se imponen a los socios a sólo pertenecer a un fondo y a realizar operaciones de aseguramiento de forma obligatoria con el fondo al que estén integrados.

En general, se plantea que los fondos de aseguramiento no son supervisados por alguna autoridad gubernamental, son los organismos integradores de éstos los que reportan a la SHCP, por lo que no se considera que sea tan sano que no participe directamente una autoridad en la supervisión de operaciones de los fondos de aseguramiento de los organismos integradores.

La libre competencia de seguros es relevante, toda vez que como refiere la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas del Gobierno Federal, los Fondos de seguros corren el riesgo de sucumbir frente a la competencia, además de que en un mercado cautivo llevan a que los socios están obligados a consumir los servicios independientemente de la calidad con las que se les suministren, lo constituye una de las razones que explican la ausencia de innovación proactiva.

Los esquemas de las empresas privadas tienen agresivos planes de asociaciones e innovaciones de productos en el mercado asegurador, lo que obliga al Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural a cargo de Agroasemex a desarrollar estrategias para integrar redes de cooperación y capacitación a nivel regional y nacional, a contar con reglas y normas de operación más diferenciadas por región y por organización, para que entre más especializados sea el aseguramiento, se pueda lograr reducir aún más los riesgos que puedan tener los productores en sus actividades.

Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reconoce que en el país a pesar de que existen diferentes formas de aseguramiento agropecuario, aun se debe trabajar más en el desarrollo de productos adecuados para los productores más vulnerables; así como tener un mayor contacto con el consumidor para ver cuáles son los riesgos para ofrecerles un producto que sea pertinente2.

El Maestro Rodolfo de la Torre García, director de desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)3, refiere que aproximadamente 60por ciento de la población en zonas frutales se encuentra en situación de pobreza, lo cual significa que el aseguramiento está fuera de su alcance. Además, indica que por muchos años las condiciones económicas de esta población no han cambiado como para que puedan invertir adecuadamente en los seguros agropecuarios. “Para superar su condición de pobreza y que tengan una movilidad social, todos aquellos que están en esta situación requieren no sólo que haya aseguramiento accesible sino también crédito a un buen plazo, pues mientras exista esta pobreza rural, va a ser complicado que puedan moverse a una situación diferente … Agroasemex no están llegando a las zonas más rezagadas del país, por lo que hace falta una revaluación de la asignación del gasto público para apoyo a los agricultores, para que se concentre en los productores que se encuentran en las peores condiciones … Los recursos son capturados por organizaciones que saben negociar (...), pero no necesariamente corresponde a los agricultores de las peores condiciones”.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se diagnosticó que el campo es un sector estratégico debido a su incidencia sobre el desarrollo regional y la reducción de la pobreza; no obstante, presenta una gran vulnerabilidad a riesgos climáticos y sanitarios, lo cual afecta la calidad de la producción y su abasto, por lo que se requiere generar certidumbre en la actividad agroalimentaria con mecanismos de administración de riesgos, a fin de construir un nuevo enfoque del sector basado en la productividad, rentabilidad y competitividad, así como reducir las pérdidas materiales ocasionadas por esos fenómenos. Para atender la problemática identificada en el PND 2013-2018, se estableció el objetivo de “Construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” de la meta IV. “México Próspero”, y la estrategia de “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”.

En particular, la política pública de seguros agropecuarios pretende atender, en materia de aseguramiento, los problemas siguientes: el limitado desarrollo del sector agropecuario, en términos de instituciones no bancarias que oferten seguros en dicho sector, el promover el aseguramiento agropecuario con base en una administración de riesgos y apoyar a los actores e instituciones que ofrecen seguros para preservar el patrimonio de los productores agropecuarios, mediante la canalización de recursos para incentivar la participación del sector privado y de los fondos de aseguramiento, estos últimos serán apoyados con recursos del Gobierno Federal.

En virtud de la problemática planteada de los servicios que otorga Agroasemex se propone modificar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural con el fin de:

• Eliminar disposiciones que limitan el proceso de libre concurrencia y competencia económica para mejorar la eficiencia del funcionamiento del ramo de seguros agropecuarios, como resulta el que sea obligatorio que Organismos Integradores deban emitir un dictamen favorable aun cuando se trate de fondos de aseguramiento en el régimen de no afiliados o el que se limite a los socios a solo participar en un fondo (artículos 8, 9, 26, 46 y 48).

• Establecer como obligación de Agroasemex el desarrollar, mantener actualizado y hacer público un sistema de información sobre los bienes asegurados y su siniestralidad para que pueda ser consultada por todos los oferentes del sistema de seguros agropecuarios (artículo 36).

• Evaluar el impacto en la mejora de la gestión de los Fondos de Aseguramiento y de los Organismos Integradores, con el objetivo de que exista eficiencia de los recursos públicos destinados a proteger la producción agropecuaria (artículo 68 y 85).

• Precisar en las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a sus Organismos Integradores la observancia a las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a que se apoye de forma prioritaria a los productores que se encuentren en situación de mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad; a difundir los beneficios de estos seguros agropecuarios; y, a promover la constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento principalmente en la zonas centro, sur y sureste del país (artículo 93).

• Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los Fondos de Aseguramiento y de los Organismos Integradores a fin de disminuir los costos administrativos y enfrentar de mejor forma los riesgos y siniestros derivados por contingencias climáticas o de mercado (artículo 93 y 95).

Con estas propuestas, lograremos fortalecer el aseguramiento agropecuario como instrumento valioso para evitar que el productor pierda su capital a causa de eventos fortuitos, de tal forma que este proyecto de decreto tiene como propósito mejorar las actividades productivas primarias y el nivel de vida de la población dedicada a este sector.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, 9, 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 y 95 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, para quedar como sigue:

Artículo 8o. El registro para operar como Fondo de Aseguramiento será otorgado por la Secretaría, para lo cual se seguirá el procedimiento que a continuación se señala:

I. a II. …

III. Tratándose de aquellos Fondos de Aseguramiento que pretendan obtener registro y que opten por el régimen de no afiliados, podrán acudir directamente ante la Secretaría;

IV. a IX. …

Artículo 9o. La solicitud para la obtención del dictamen, deberá acompañarse de lo siguiente:

I. a IV. …

V. …

...

Artículo 26. Para ser socio de un Fondo de Aseguramiento se requiere:

I. a II. …

III. Derogado

IV. a V.

VI. Derogado

VII.

Artículo 36. En las operaciones de seguros, los Fondos de Aseguramiento deberán aplicar las coberturas, tarifas de cuotas, deducibles, sumas aseguradas, normas, participación a pérdidas, franquicias, Condiciones Generales y Especiales, y demás elementos y componentes relativos al aseguramiento, conforme a alguna de las dos siguientes opciones:

I. y II.

La determinación del costo de cuotas de aseguramiento deberá tomar en consideración los índices de siniestralidad de la zona en la que opere, así como la experiencia siniestral del mismo y de los socios. Con este propósito, Agroasemex desarrollará y mantendrá actualizado un sistema de Información sobre los bienes asegurados y su siniestralidad, variables meteorológicas, ubicación geo-referenciada de los beneficiarios, entre otra información relevante, el cual será público para consulta de todos los oferentes del sistema de seguros agropecuarios.

Artículo 46. Las solicitudes para obtener registro para operar como organismo integrador nacional, estatal o local, deberán presentarse ante la secretaría, acompañadas de la documentación e información que se señala en el artículo 48 de esta ley. Los registros que otorgue la secretaría serán por su propia naturaleza intransmisibles.

...

Artículo 48. Los organismos integradores al solicitar su registro ante la secretaría, deberán acompañar a su solicitud:

I a IV. ...

V. Derogado

...

Artículo 68. El Fondo de Aseguramiento no afiliado deberá celebrar un contrato de prestación de servicios de Seguimiento de Operaciones con el Organismo Integrador que elija o con el Organismo Integrador o entidad que le designe la Secretaría. En el caso de una entidad distinta de un Organismo Integrador, ésta no podrá ser la que le brinde el servicio de reaseguro al Fondo de Aseguramiento de que se trate.

...

El fondo de aseguramiento no afiliado tendrá todas las obligaciones de los fondos de aseguramiento afiliados inherentes al servicio previsto en este artículo incluyendo la de cubrir el costo de dicho servicio y contar con una auditoría externa especializada para el desempeño de sus operaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.

Artículo 85. La Secretaría tendrá además de las facultades que se le otorgan en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo.

Asimismo, los fondos de aseguramiento tendrán la obligación de contar con una auditoría externa especializada, que les permita el desempeño de sus operaciones de una forma sana y sustentable en el largo plazo, en apego al objeto social para el cual fueron creados, conforme a las disposiciones previstas en esta ley. Para tal efecto, podrá recurrir a Agroasemex o a una empresa que le brinde este servicio técnico calificado.

Artículo 93. Las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a sus Organismos Integradores, serán las que se definan en los programas de apoyo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación y se sujetarán a las reglas de operación que emitan las autoridades competentes de acuerdo con dicho Decreto, así como a las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estas acciones de fomento y apoyo, estarán referidas a promover apoyos al productor, prioritariamente a los que se encuentren en situación de mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad, que coadyuven a cubrir las primas del servicio de aseguramiento; a respaldar y fortalecer el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, dispuesto por esta Ley; a consolidar el funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento; a impulsar su capacitación; a difundir los beneficios y promover la constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento en el territorio nacional, principalmente en la zonas centro, sur y sureste del país; a desarrollar nuevos productos y coberturas de seguros; a fortalecer las estructuras técnicas de los Fondos de Aseguramiento; y en general, todas aquéllas que contribuyan a respaldar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a sus Organismos Integradores que ejerzan recursos públicos no deberán rebasar tres años consecutivos en que se otorgue apoyo para fortalecer las estructuras técnicas y el seguimiento de operaciones, a fin de que se incida en su sano y equilibrado desarrollo.

Artículo 95. Los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. a V. …

VI. Los términos para proporcionar capacitación técnica, operativa y financiera al interior de los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores sobre la materia objeto de este artículo, de tal forma que se garantice su  desarrollo y consolidación. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A los 180 días de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría y Agroasemex están obligadas a realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa.- Dip. Exaltación González Ceceña.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Paniagua Figueroa. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riesgo de la Cámara de Diputados.

1 Informe 2014 de la Auditoría Superior de la Federación.

2 El Economista, 25 de febrero de 2016.
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2016/02/25/debe-mejorar
-competencia-seguro-agropecuario-cofece

3 Ídem






Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el suyo propio, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 y los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones constitucionales, publicadas el 27 de enero de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 Y LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta.

Esta iniciativa de reforma tiene que ver con complementar incluso la discusión que dejamos pendiente la semana pasada, que no se quisieron sumar ustedes a un punto de Acuerdo para que la Secretaría del Trabajo y los demás organismos a la hora de valorar las cuentas para los jubilados, pues pudieran ser en los salarios mínimos indexados y que fuera más alta la contribución.

Esta problemática se va a seguir presentando, entonces queremos presentar nosotros una reforma en ese sentido al artículo 123 y a los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios para poder hacer que el salario, efectivamente, sea remunerador.

Entonces el compromiso de ustedes, el Partido de la Revolución Democrática ha tenido como una de sus principales banderas la dignificación del trabajo y el salario remunerador.

Por esta razón, nosotros en el Senado de la República hemos pugnado por la recuperación real del salario mínimo sin que lo anterior implique una reducción de las obligaciones y prestaciones en materia de seguridad social y de educación a través de becas y otros apoyos para la formación de recursos humanos.

Ahora bien, con la promulgación de la reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo, en enero de 2016, se prohibió utilizar el salario mínimo en nuestro país como índice, unidad base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

El propósito de esta modificación fue establecer las condiciones para recuperar el valor adquisitivo del salario mínimo y para que cumpla con el objetivo constitucional.

De esta manera, el 28 de enero de 2016, con fundamento en el artículo 26 de la Constitución y el Artículo Segundo Transitorio del Decreto, el Inegi dio a conocer el valor de la UMA, equivalente al valor del salario mínimo general diario de 73.04 pesos, vigente a partir del 1º de enero de 2016.

Un año más tarde esta medida impactó positivamente al registrarse en 2017 un incremento histórico en el valor diario del salario mínimo, con relación a su valor en 2016, al pasar a 80.04 pesos diarios.

Este mismo año, la UMA registró un aumento menor de 75.49 pesos, congruente con el objetivo de servir de unidad de cuenta para el cálculo de otras obligaciones o sanciones que se expresan en dinero.

Pese a este avance, existe un área que merece ser atendida de forma inmediata en la reforma de 2016.

Conforme a la interpretación gramatical y literal del texto de estos artículos, todas las menciones al salario mínimo deberán, asimismo, eliminarse y sustituirse por la UMA en las leyes federales y locales, así cualquier otra disposición jurídica, incluyendo las materias de seguridad social y educación.

Lo anterior, no obstante que las pensiones y demás beneficios de seguridad social tienen una estrecha relación con el salario y el trabajo, por ello la interpretación que se hace traerá afectaciones en los ingresos de los institutos de seguridad social, así como en la cuantía de las pensiones que correspondan a los trabajadores y personas adultas mayores; así como en la cuantía de las becas y otros apoyos de carácter económico que se otorguen a estudiantes del Sistema Educativo Nacional y de otras instituciones de educación superior e investigación científica.

Para ilustrar lo anterior, en materia de seguridad social, las obligaciones referidas a las cuotas y aportaciones de los sujetos obligados se han calculado sobre el salario base de cotización, expresando el número de veces el salario mínimo; pero a partir de 2018 se aplicará en UMA por tratarse de la base de cotización durante ese año.

Lo anterior provocará que, además de que se reciban pensiones más bajas, las mismas serán aún más bajas por estar basadas en UMA, que tiene un valor menor al salario.

Esta sustitución en materia de seguridad social resulta claramente contradictoria con las consideraciones vertidas por las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras al aprobar la reforma sobre desindexación del salario mínimo.

Al reconocer la reforma reconocimos la importancia de establecer las bases para promover la recuperación del salario mínimo en México a través de su desindexación como unidad de medida, al mismo tiempo que se salvaguarda la función del salario mínimo como referente en materia de seguridad social.

Nosotros en el PRD estamos plenamente de acuerdo con este último punto, por lo que la presente iniciativa tiene como propósito subsanar la mala interpretación de los textos normativos aprobados en la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo, por lo que se propone adicionar la fracción VI del Apartado A, del artículo 123, para establecer la salvedad de que el salario mínimo podrá ser utilizado como referencia para el pago de las obligaciones y prestaciones previstas en las leyes federales y locales cuando se trate de asuntos concernientes a la seguridad social y apoyos económicos para la formación y educación de las personas. De igual forma, se propone adicionar los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto de la misma tesitura.

Ahora que este error ha sido identificado, los legisladores tenemos la tarea de corregirlo antes, si no lo hacemos así se pondrá en peligro el bienestar de la población, pues los montos de pensiones y otros apoyos deberán ser menores por la ley al salario, la base mínima para establecer a las personas su beneficio.

Es cuanto, señora Presidenta, señores legisladores.

Iniciativa

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123, Y LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y BECAS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El Partido de la Revolución Democrática ha tenido como uno de sus principales banderas la dignificación del trabajo y del salario remunerador. En su Declaración de Principios establece:

La defensa y promoción del trabajo decente, productivo y socialmente útil, con un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.

Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género, nacionalidad, origen étnico, preferencia y orientación sexual. Los salarios deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de las personas y sus familias, en el orden material, social y cultural. Pugnamos enérgicamente por un incremento sostenido de los salarios para lograr que cumplan con su función de garantizar el bienestar y vida digna de todas y todos (…).

Así mismo el Partido se pronuncia por el respeto irrestricto a las pensiones de las y los jubilados y pensionados del país.1

No se trata únicamente de un mero principio, sino que, de diversas maneras, se ha hecho el esfuerzo por hacer realidad el mismo. A lo largo de últimas dos legislaturas, sus integrantes han presentado una gran cantidad de propuestas para atender esta necesidad, aunque la misma no ha logrado ser atendida a cabalidad. De esta manera, podemos hacer mención de las siguientes iniciativas:

1. El 11 de octubre de 2012, la senadora Dolores Padierna Luna y el senador Rabindranath Salazar, presentaron Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que: i) la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en colaboración con el INEGI determine la canasta básica alimentaria, cuya inflación anual sería el nuevo indicador para calcular los aumentos salariales, estableciendo como un dos por ciento adicional a dicha inflación; ii) se estableciera un solo salario mínimo en la República Mexicana; y iii) haya un aumento al salario mínimo anual, mayor al índice inflacionario de la Canasta básica alimentaria.

2. El 16 de julio de 2014, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presentó Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, con la cual: i) se crea la Unidad de Valor Impositivo que estandariza la base para calcular y determinar el monto de impuestos, contribuciones, multas y demás sanciones pecuniarias; ii) el Congreso de la Unión determinará cada año el monto líquido de la Unidad de Valor Impositivo; iii) el Presidente hará la propuesta de ajuste a la Unidad, con base en la inflación, lo cual debe ser aprobado por la Cámara de Diputados; iv) la Cámara de Diputados fijará anualmente los salarios mínimos nacionales; v) el Senado de la República tendrá a su cargo elegir a los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

3. Con fecha 11 de septiembre de 2014, el senador Armando Ríos Piter con Aval del GPPRD, presentó iniciativa con Proyecto de decreto por el que se expide Ley del Salario Mínimo General, Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto establecer los criterios económicos y sociales que garanticen la suficiencia del salario mínimo general, entre ellos: i) el Salario Mínimo General es la cantidad menor que debe percibir en efectivo toda persona por el trabajo que desempeñe en una jornada laboral y deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades reales de bienestar propio y de su familia, así como proveer a la educación de los hijos; ii) se contempla que el salario mínimo es la base para el cálculo de cotizaciones o prestaciones laborales y de seguridad social, así como incentivos fiscales; iii) los salarios mínimos se fijarán por la Comisión Nacional; iv) la actualización es en función de un porcentaje equivalente a por lo menos la variación del índice de precios de la canasta de bienestar que publique el CONEVAL en el periodo de ajuste; v) se establece la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano como unidad de referencia o base de cálculo para determinar montos de cobros, cuotas, prerrogativas, gastos, avalúos, indemnizaciones, multas, sanciones o cualquier otra obligación o supuesto legal, reglamentario o, en general, normativo. El monto inicial es de $77.29; vi) la Unidad de Cuenta se actualizará de modo anual por el INEGI, conforme al incremento en la inflación.

4. El 14 de octubre de 2014, el senador Benjamín Robles Montoya presentó Proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en referencia al cálculo del salario mínimo, con el cual se plantea que el cálculo del salario mínimo debe considerar las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por persona mínimos necesarios.

5. El 20 de octubre de 2015, la senadora Dolores Padierna Luna presentó Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del modelo para determinar y actualizar el salario mínimo, mediante el cual se propone que: i) los salarios mínimos generales en ningún caso podrán ser menores a lo equivalente a la línea de bienestar urbana, establecida por el CONEVAL; ii) los salarios mínimos se fijarán semestralmente por la Cámara de Diputados, previa audiencia de representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Se considerará un incremento mínimo de dos puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio anual de la Canasta Básica Alimentaria más la No Alimentaria, registrada por el CONEVAL; iii) desaparece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

6. Con fecha 9 de febrero de 2016, el Grupo Parlamentario presentó Proyecto de decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

7. El 22 de septiembre de 2016, el senador Luis Sánchez Jiménez presentó Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas fracciones del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el que propone: i) crear un Sistema Federal de Información Económica para los Salarios y el Reparto de Utilidades, cuyos datos serán de uso obligatorio; ii) que el salario mínimo se determinará en forma anual y podrá revisarse e incrementarse en cualquier momento, por el Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades (organismo público autónomo); iii) que el organismo realizará los estudios y diagnósticos económicos y sociales para determinar el salario mínimo.

La actividad del PRD no se ha limitado a la acción legislativa, sino que también ha recibido un impulso por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En este caso, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en agosto de 2014 presentó la Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal que contemplaba como uno de los elementos fundamentales, desindexar, a través de una Ley General de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano, que estableciera la unidad e indicara los casos en que se usa y la forma en que se determinará su ajuste. Asimismo, la propuesta del Jefe de Gobierno incluía fortalecer el mandato de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la creación de una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de la Política de Recuperación de los Salarios Mínimos. Un aspecto importante en esta propuesta fue lo relativo a las pensiones en donde afirmó:

(…) el salario mínimo (smn) entró en una tendencia de aguda y sistemática caída en términos reales a la medida en que las políticas del gobierno lo utilizaron crecientemente como instrumento para contener el gasto público. Esta pauta cobra fuerza como efecto colateral de la reforma constitucional de la seguridad social de 1989 ante la cual el gobierno responde agudizando la disminución del smn real para, con ello, recortar los montos en términos reales de las prestaciones de la seguridad social indizadas a éste: transferencias familiares, seguro de desempleo, pensiones y subsidios por enfermedad. (…) Desde entonces, gradualmente se extendió el uso del smn como unidad de cuenta o referencia a otras transacciones externas al mercado laboral, generalización que hacía que todo ajuste del smn trajera una serie de efectos, no sólo en el presupuesto fiscal, sino en múltiples ámbitos (…) 2

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que un nivel bajo de salario mínimo redunda en prestaciones futuras también bajas. Tal es el caso de las pensiones, lo que perpetúa el mismo círculo vicioso: trabajadores pobres hoy que se convertirán en adultos mayores aún más pobres.3

En razón de lo anterior, es posible señalar que el PRD, desde el Senado de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ha pugnado por la recuperación real del salario mínimo, sin que lo anterior implique una reducción de las obligaciones y prestaciones en materia de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades, como se propone en la presente iniciativa.

Reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo

Con la aprobación y expedición del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se prohibió utilizar el salario mínimo en nuestro país como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

El propósito de esta modificación fue establecer las condiciones para recuperar el valor adquisitivo del salario mínimo y para que cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Conforme este Decreto, en lugar del salario mínimo, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se instituye como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas estas leyes.

Además, la reforma constitucional estableció otras medidas para la operación de la UMA como unidad de medida, entre ellas: 1) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tendrá a su cargo calcular el valor actualizado de la UMA; 2) la obligación del Congreso de la Unión de emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la UMA; y, 3) que el valor inicial diario de la UMA sería equivalente al valor del salario mínimo diario al momento de la entrada en vigor del Decreto en comento, hasta la expedición de la ley reglamentaria para determinar su valor.
.
De esta manera, el 28 de enero de 2016, con fundamento en el artículo 26 de la Constitución y el artículo Segundo Transitorio del multicitado Decreto, el  INEGI dio a conocer el valor de la UMA, equivalente al valor del salario mínimo general diario de $73.04 pesos vigente a partir del 1° de enero de 2016.

Concepto

Valor en moneda nacional: 2016

Diario

Mensual

Anual

Salario Mínimo

$ 73.04

$ 2,220.42

$ 26,645.04

UMA

$ 73.04

$ 2,220.42

$ 26,645.04

El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; conforme la metodología establecida, el INEGI determinó la actualización del valor de la UMA en $75.49 pesos diarios, vigente a partir del mes de febrero de 2017. Cabe señalar que la fórmula establecida en la ley reglamentaria, considera como índice de actualización del valor de la UMA, la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) observada en mes de diciembre del año inmediato anterior.

Variación anual del valor de la UMA en moneda nacional: 2016-2017

 

Diario

Mensual

Anual

2016

$ 73.04

$ 2,220.42

$ 26,645.04

2017

$ 75.49

$ 2,294.90

$ 27,538.80

Por su parte, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) determinó establecer para el año 2017 el valor del salario mínimo en $80.04 diarios, con vigencia a partir del 1° de enero; es decir, un aumento de siete pesos diarios en relación al valor observado en el año anterior.

Como puede observarse, la medida de desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta, impactó positivamente al registrarse en 2017 un incremento histórico en el valor diario del salario mínimo, con relación a su valor en 2016. Para el mismo año, la UMA registró un aumento menor, congruente con el objetivo de servir de unidad de cuenta para el cálculo de otras obligaciones o sanciones que se expresan en dinero. En el cuadro siguiente se muestra el valor comparativo en moneda nacional del salario mínimo y de la UMA que rige para todo 2017.

Concepto

Valor en moneda nacional: 2017

Diario

Mensual

Anual

Salario Mínimo

$ 80.04

$ 2,433.22

$ 29,198.60

UMA

$ 75.49

$ 2,294.90

$ 27,538.80

Impacto de la aplicación de la UMA en materia de seguridad social
y becas para la formación de recursos humanos

Conforme el propósito fundamental de desvincular el salario mínimo de su función de unidad de cuenta para indizar el cálculo de obligaciones o sanciones expresadas en dinero previstas por el marco legal y demás disposiciones jurídicas en el país, y sustituir dicho salario por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del multicitado Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, del 27 de enero de 2016, se estableció lo siguiente:

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
Conforme la interpretación gramatical y literal del texto de estos artículos, todas las menciones al salario mínimo deberán, asimismo, eliminarse y sustituirse por la UMA en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México, así cualquier otra disposición jurídica, en materia de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades.

De esta manera, la aplicación de las disposiciones previstas por los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, traerá afectaciones en los ingresos de los institutos de seguridad social, así como en la cuantía de las pensiones contributivas que correspondan a los trabajadores asegurados; el monto de las pensiones no contributivas para personas adultas mayores, y en la cuantía de las becas y otros apoyos de carácter económico que se otorguen a estudiantes del sistema educativo nacional y de otras Instituciones de Educación Superior e Investigación científica.

Para ilustrar lo anterior, en materia de seguridad social, las obligaciones referidas a las cuotas y aportaciones de los sujetos obligados –trabajadores, patrones y gobierno federal–, así como la cuantía de las pensiones, jubilaciones, subsidios, indemnizaciones, retiros parciales de la cuenta individual por desempleo y matrimonio, históricamente se han calculado sobre el Salario (o Sueldo) Base de Cotización, expresado en número de veces el Salario Mínimo, con un límite inferior y un límite superior de dicho Salario Mínimo. Es decir, se utiliza la misma base tanto para el pago de cuotas y aportaciones como para el cálculo de las prestaciones económicas.

Ley del Seguro Social en su artículo 28 establece que los asegurados se inscribirán con el Salario Base de Cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el Salario Mínimo General que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el Salario Mínimo General del área geográfica respectiva. El Sueldo Básico de Cotización, hasta el límite superior expresando en número de veces el Salario Mínimo, es el que toma en cuenta el IMSS para el pago de las cuotas y aportaciones, así como para el cálculo de la cuantía de las pensiones y demás prestaciones económicas previstas por la ley.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en su artículo 17 establece que las cuotas y aportaciones establecidas para los distintos ramos de seguro, servicios y prestaciones, se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo. Conforme esta disposición, el Sueldo Básico así calculado, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo, es el que el Instituto toma en cuenta para determinar el monto de los beneficios de las pensiones y demás prestaciones en dinero establecidas por Ley del Instituto.

En el rubro de pensiones, las leyes del Seguro Social y del ISSSTE prevén el otorgamiento de pensiones de Riegos de Trabajo; Invalidez; en caso de muerte del trabajador o pensionado, de viudez, orfandad y ascendencia; y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). Los ramos de RCV se financian con los saldos acumulados en la cuenta individual del trabajador, en caso de resultar insuficientes, una vez satisfechos los requisitos, se deriva la pensión mínima garantizada por el gobierno federal (PMG).

Asimismo, se consideran las pensiones de la Ley del Seguro Social publicada en el día 12 de marzo de 1973 (Ley 73) por Riesgos de Trabajo (RT) e Invalidez, CEA, Vejez y Muerte (IVCM); esquema que es optativo para la “generación de transición”, es decir, para quienes cotizaron al amparo de la Ley 73 y que llegaren a pensionarse bajo la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social (Ley 97), así como sus familiares derechohabientes.

De igual manera, están consideradas las pensiones amparadas por el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de Ley del ISSSTE publicado el 31 de marzo de 2007, entre ellas, pensiones por Jubilación; Retiro por Edad y Tiempo de Servicios (RETS); Cesantía en Edad Avanzada (CEA); Invalidez y Muerte (viudez, orfandad y ascendencia).

En suma, al aplicarse las disposiciones de la reforma constitucional que mandatan sustituir el salario mínimo por la UMA de leyes federales, como lo son las leyes del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, las cuotas y aportaciones se calcularán con el Salario (Sueldo) Base de Cotización, con un límite inferior de un Salario Mínimo y un límite superior equivalente a 25 y 10 veces la UMA, respectivamente. Por lo que, estas mismas bases, deberán ser tomadas en cuenta por los Institutos para calcular la cuantía de las pensiones arriba descritas. Y, en el caso particular de las pensiones de la Ley 73 (IMSS), ya sea que su cuantía se calcule sobre el promedio de los últimos cinco años; o bien, las pensiones del Artículo Decimo Transitorio de la Ley del ISSSTE se determinen con el promedio del sueldo base del año inmediato anterior; ambos cálculos, habrán de considerar el límite inferior de un Salario Mínimo y el límite superior de 25 (IMSS) o 10 veces (ISSSTE) la Unidad de Medida y Actualización.

Las demás prestaciones económicas de seguridad social como las indemnizaciones, subsidios, ayudas para matrimonio y gastos funeral, asignaciones familiares y ayuda asistencial, y retiros por desempleo de la cuenta individual, con la sustitución del Salario Mínimo tendrán como referencia el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Es importante aclarar que las leyes del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE disponen que todas las pensiones se incrementen cada año, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (inflación) correspondiente al año calendario anterior. Es decir, para la actualización periódica de las pensiones el índice que se utiliza no es el Salario Mínimo ni el salario de los trabajadores en activo, sino INPC el (inflación). Por lo que, es este caso, al no aplicar la sustitución del INPC por la UMA, el incremento periódico del valor inicial de la pensión no sufre alteración alguna.

Por cuanto al rubro de servicios de salud de las instituciones de seguridad social, la Ley del Seguro Social establece que para cubrir las prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), les corresponde a los patrones aportar una cuota fija de 13.9por ciento de un Salario Mínimo y una cuota adicional del 6.0por ciento sobre el Salario Base de Cotización (SBC) a partir del excedente de tres veces el Salario Mínimo; en tanto que, al gobierno federal le corresponde cubrir al SEM (IMSS) y al Seguro de Salud (ISSSTE), respectivamente, una cuota fija de 13.9por ciento del Salario Mínimo actualizado periódicamente con la inflación (INPC). Las prestaciones en dinero del SEM si bien se encuentran ligadas al SBC, éste se expresa en número de veces el Salario Mínimo.

Por todo lo anterior, al aplicarse la sustitución del Salario Mínimo por la UMA en materia de seguridad social, los ingresos de los institutos caerán con relación a la masa salarial. Es decir, las contribuciones y las prestaciones se desvincularon de los salarios de cotización expresados en número de veces el Salario Mínimo por la UMA; excepto en el límite inferior de un Salario Mínimo, en virtud de que, constitucionalmente, los patrones no pueden pagar salarios a sus trabajadores por debajo de dicho salario mínimo.

El día 25 de enero de 2017 el H. Consejo Técnico del IMSS dio a conocer el Acuerdo por el que se implementa la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en materia de contribuciones de seguridad social, en concordancia con lo establecido en la reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo y de la Ley para Determinar el Valor de la UMA.

No esta por demás abundar que la sustitución del Salario Mínimo por la UMA en las leyes y programas estatales y de la Ciudad de México en materia de seguridad social, jubilaciones y jubilaciones; de protección social, y de becas educativas, también se verán afectadas en la proporción de la diferencia entre el valor de uno y otro índice.

Evidentemente, el mismo impacto negativo sufren las becas y apoyos que otorga el Sistema Educativo Nacional para cursar los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, como para cultura, deporte y docencia, si dejan de estar vinculadas al valor del salario mínimo y se indexan a la UMA.

Consideraciones del legislador en materia de seguridad social al aprobar
la desindexación del salario mínimo

Además de las afectaciones referidas en el apartado anterior en los ingresos de los institutos de seguridad social y el monto de las pensiones contributivas, así como en los montos de las pensiones no contributivas y demás prestaciones económicas o en especie; la sustitución del Salario Mínimo por la UMA en materia de seguridad social resulta contradictorio con las consideraciones vertidas por las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, respectivamente, al aprobar las reformas sobre desindexación del salario mínimo.

En las consideraciones de las dos Cámaras del Congreso de la Unión se reconoce, no sólo la importancia de establecer las bases para promover la recuperación del salario mínimo en México a través de su desindexación como unidad de medida, sino también la importancia de mantener, como salvedad, la vinculación de dicho salario mínimo en materia de seguridad social.

La Comisión de Puntos Constitucionales en las consideraciones del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo de fecha 9 de diciembre de 2014, relativas al análisis y evolución histórica del salario en México, afirma lo siguiente:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que a lo largo del siglo XXI México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación. Por lo que en casi todos los países con los que tenemos vinculación económica, el salario mínimo ha sido objeto de revisión a la alza y de políticas novedosas de recuperación. En contraste, México se mantiene como un caso atípico y excéntrico de inercia y congelamiento salarial.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de graves problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos y pensiones y jubilaciones precarias, entre otros.

Por su parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, en el dictamen a la Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización de fecha 15 de diciembre de 2016, precisaron en la consideración cuarta lo siguiente:

CUARTA.- Estas Comisiones Unidas precisamos que el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización.

Propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad social
y becas para la formación de recursos humanos

Estando plenamente de acuerdo con las anteriores consideraciones vertidas por el legislador en su momento procesal, la presente iniciativa tiene como propósito subsanar esta omisión de los textos normativos aprobados de la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo. A tal afecto, se propone:

Primero.- Reformar por adición la fracción VI, del Artículo 123 Constitucional, Apartado A) para establecer la salvedad de que el salario mínimo podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para el pago de las obligaciones y prestaciones previstas en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores.

Segundo.- En concordancia con la propuesta anterior, que se propone reformar por adición los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

Tercero.- Se propone un régimen transitorio del proyecto de Decreto a consideración, en el que, entre otros aspectos, se establece: I) la sustitución de todas las menciones a la Unidad de Medida y Actualización por la de Salario mínimo en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos en materia de seguridad social, protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades; ii) la obligación del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, así como de las Administraciones Públicas Federal, Estatales y de la Ciudad de México, deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos, y demás ordenamientos de su competencia, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias a la UMA como índice, base o referencia y sustituirlas por las relativas al salario mínimo; y, iii) las previsiones para llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para determinar el ajuste retroactivo a la cuantía de las obligaciones y prestaciones económicas que se hubieren determinado con anterioridad con el valor de la UMA; ajuste se calculará conforme el valor del salario mínimo observado en el periodo inmediato anterior y, determinando, que los costos que resulten serán cubiertos por cada uno de los sujetos obligados en los términos previstos en las leyes y ordenamientos correspondientes.

TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, con Aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en materia de seguridad social y becas para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades.
ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMA el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123.

...

A.  

...

...

...

I. a V.

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, salvo para el pago de las obligaciones y prestaciones previstas en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores.

VII. a XXXI.

B.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, para quedar como sigue:

Primero a Segundo.

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización; salvo lo dispuesto en el artículo 123, apartado A), fracción VI, de esta Constitución.

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización; salvo lo dispuesto en el artículo 123, apartado A), fracción VI, de esta Constitución.

Quinto a Noveno.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones a la Unidad de Medida y Actualización como índice, base o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y prestaciones previstas en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas al salario mínimo.

Tercero.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales y de la Ciudad de México, deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología en relación al otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo o ayuda económica para la formación de recursos humanos en sus diversas modalidades, y demás ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias a la Unidad de Medida y Actualización como índice, base o referencia y sustituirlas por las relativas al salario mínimo.

Cuarto.- Las instituciones, dependencias y entidades de seguridad social, de protección social, y de educación, ciencia y tecnología, de la Administración Pública Federal, Estatal y de la Ciudad de México, así como el gobierno federal y la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para determinar el ajuste retroactivo a la cuantía de las obligaciones y prestaciones en dinero o de carácter económico que se hubieren determinado con el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el periodo inmediato anterior a la entrada en vigor del presente Decreto. El mencionado ajuste se calculará conforme el valor del salario mínimo observado en el periodo inmediato anterior a la vigencia del presente Decreto; los costos que resulten serán cubiertos por cada uno de los sujetos obligados en los términos previstos en las leyes y ordenamientos correspondientes.

Quinto.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Isidro Pedraza Chávez
Fuentes consultadas:

Cámara de Diputados (2014). Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Gaceta de la Cámara de Diputados, No. 4172-IX: 9 de diciembre. México.
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141209-IX.pdf
Cámara de Senadores (2015). Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Gaceta del Senado, No. 63: 22 de octubre. México.
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos
/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
Conasami (2017). RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2017. Diario Oficial de la Federación: 19 de diciembre.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466000&fecha=19/12/2016
INEGI (2017). Unidad de Medida y Actualización (UMA). Consulta interactiva de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx
Poder Ejecutivo Federal (2016). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diario Oficial de la Federación: 27 de enero. México.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_226_27ene16.pdf
Poder Ejecutivo Federal (2016). DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Diario Oficial de la Federación: 30 de diciembre. México.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldvuma/LDVUMA_orig_30dic16.pdf

1 Partido de la Revolución Democrática, Declaración de Principios, p. 18,
http://www.prd.org.mx/portal/documentos/basicos/DECLARACION_PRINCIPIOS.pdf, consultado el 10 de julio de 2017.

2 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal , agosto de 2014, p. 25,
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/politica_de_recuperacion.pdf, consultado el 10 de julio de 2017.

3 Íbidem, p. 63.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






En el apartado de dictámenes, solicito a la Secretaría informe de los que se han retirado a petición de los grupos parlamentarios.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con los dictámenes       retirados:

De la Primera Comisión, el que extiende un reconocimiento a los ciudadanos que participaron en las elecciones del 4 de junio pasado.

De la Segunda Comisión, el que solicita un informe sobre presuntos actos de violencia de género.

De la Tercera Comisión, por el que se solicita información sobre las acciones realizadas para esclarecer los hechos respecto del albergue municipal para jornaleros agrícolas en la ciudad de Camargo, Chihuahua.

Y el que exhorta a dar máxima publicidad a los recursos destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas.

Estos son los dictámenes retirados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para la discusión de los dictámenes, dé cuenta la Secretaría con aquellos que no tienen reserva para discusión.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con las materias de 12 dictámenes de la Primera Comisión que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- El que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto del cambio de ruta anunciada, así como los estudios técnicos, de seguridad y de protección civil en relación con el tren interurbano México-Toluca.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- El que exhorta al gobierno de Oaxaca a dar celeridad a las investigaciones respecto de los incidentes de violencia ocurridos en la sierra norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe del 5 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- El que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a remitir un informe sobre las pruebas y criterios que se toman en consideración para determinar la permanencia de los miembros del personal de seguridad pública, en especial la valoración que se le otorga a la prueba poligráfica dentro del procedimiento.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- El que exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos a remitir un informe sobre la situación actual de los trenes e instalaciones del servicio del tren ligero; y exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a remitir un informe sobre la situación actual de las instalaciones y unidades de dicho transporte.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al narcomenudeo en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- El que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar la inclusión en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional a las personas pertenecientes a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexuales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados para la estancia de las hijas e hijos de la población femenina penitenciaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto del funcionamiento de los dispositivos con los que se realizan las fotomultas y los criterios para determinar su monto.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a renovar su sitio web.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la construcción de la Línea 7 del Metrobús.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhorta a impulsar la aplicación de las medidas cautelares y garantizar su debido control, vigilancia y operación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se informa a la Asamblea que en lo inherente a la Primera Comisión, se ha recibido el texto de presentación de los dictámenes por parte de la Senadora Graciela Ortiz González, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los 12 dictámenes correspondientes a la Primera Comisión, de los cuales no hay reserva alguna. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 24 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con la materia de los 24 dictámenes de la Segunda Comisión que no tienen reserva para su discusión.

1.- El que exhorta a los gobiernos y congresos locales a adoptar las medidas administrativas legislativas necesarias en materia de seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, ocurridos el 21 de junio de 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- El que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Hidalgo la información con la que cuenten sobre la probable presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- El que exhorta a las autoridades de procuración de justicia y órganos judiciales federales y locales a aplicar las disposiciones del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, asimismo, condena enérgicamente el feminicidio cometido contra “Alondra” y “Joana” y solicita a las autoridades competentes se investigue de acuerdo al protocolo mencionado y garanticen la seguridad de sus familias.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- El que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar acciones y formular recomendaciones para prevenir actos de racismo y discriminación, con motivo de los resultados presentados en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional; y se solicita un informe respecto a los propósitos y alcances de incorporar las variables de raza, color de piel y autodescripción en los contenidos de dicho documento.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de ampliar la disponibilidad de espacios dentro del Programa Prepa en Línea-SEP y ampliar la cobertura educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el proceso de integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social y las perspectivas del mismo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del hundimiento del Barco “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, en la República de Colombia; asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar impulsando la cooperación en materia de protección civil y seguridad de las personas en altamar entre las dos naciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- El que exhorta a los congresos locales a adoptar las medidas legislativas necesarias y armonizar los ordenamientos normativos correspondientes con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- El que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar y fortalecer las acciones de investigación de delitos sexuales relacionados con el fenómeno denominado grooming.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad y los actos de violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 22 de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, cuando ejercían su derecho a la libre asociación y manifestación de ideas de forma pacífica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que la Comisión Permanente comunica a la Universidad Nacional Autónoma de México la propuesta para que se considere la posibilidad de construir espacios que permitan atender la demanda educativa de nivel medio superior; asimismo, pueda implementar esquemas para que, ante la deserción escolar en los primeros meses o semestres, se ocupen los espacios por alumnos que hayan presentado el examen correspondiente y que en orden de prelación hayan obtenido una puntuación apta para cursar sus estudios en dicha institución académica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a analizar la viabilidad de realizar acciones para la atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en instituciones públicas de educación básica, que contemplen las visitas de personal de salud y la capacitación del personal docente y padres de familia para detectar posibles riesgos a la salud e integridad física de las y los estudiantes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- El que exhorta al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a impulsar y fortalecer las acciones de seguridad vial, con especial énfasis en menores de edad transportados en motocicleta.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- El que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a analizar la viabilidad de llevar a cabo las acciones de regulación, control y fomento sanitario de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de hemodiálisis.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- El que exhorta a la Secretaría de Cultura a impulsar y fortalecer la red de bibliotecas públicas, a través del fomento a la lectura y el acceso a la información en la sociedad del conocimiento.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- El que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a adoptar las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, dentro de las acciones de asesoría y apoyo a connacionales repatriados de los Estados Unidos de América, considere las medidas necesarias para que continúen implementando esquemas de apostille de documentos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- El que solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones de regulación, control y fomento sanitario, así como de vigilancia epidemiológica que lleva a cabo en el marco de la aplicación de la NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a impulsar y fortalecer las acciones para prevenir, atender y disminuir la desnutrición infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- El que solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los Estados de México y Yucatán un informe sobre la situación que guarda el proceso de construcción de infraestructura en salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Por el que se desecha la proposición que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevara a cabo las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a los gobiernos locales a realizar las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, para hacer la presentación de los dictámenes correspondientes a la Segunda Comisión, y a los cuales les ha dado previamente lectura la Secretaría.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Buenas tardes, compañeras y compañeros.

Son 24 los dictámenes que discutimos el día de ayer en la Segunda Comisión.

Yo quiero resaltar siete, que me parecen muy importantes.

En primer término, destacar el de feminicidios y la consideración que tenemos ante la creciente ola de estos asesinatos feminicidas en todas las regiones del país. Éste es un llamado para que todas las autoridades de manera rigurosa apliquen el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con la perspectiva de género para el denominado delito de feminicidio.

Es lamentable que se nieguen a reconocer este delito y los asesinatos contra las mujeres, catalogándolos exclusivamente como homicidios simples. Esto es una constante en todas las entidades de la República, que minimiza la violencia de la que son objeto las víctimas de feminicidio.

Esto solamente va generando una impunidad en el país, desde Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y hasta Yucatán, en todo el país está siendo omiso el garantizar la justicia con perspectiva género.

Decir que ésta ha sido una lucha que han dado las mujeres en el país y que las Diputadas, Diputados, Senadoras, hemos hecho a lo largo de este año un trabajo muy intenso para que nuestras leyes se modifiquen y den paso a estos protocolos y se atienda de manera urgente la situación de los feminicidios en el país.

De manera particular, en los puntos de Acuerdo que hemos analizado, hemos atendido el asesinato de Alondra, el de Joana, en el Estado de México, tenemos uno, es decir, ninguna sesión de las nueve que hemos tenido, este tema ha estado ausente.

Para la siguiente sesión tendremos el punto de Acuerdo del asesinato de Meztli, en Puebla. Y destacar este tema, porque también analizamos el asunto de Leslie, una chica que ha sido asesinada en la Ciudad Universitaria. Entonces, éste es uno de los siete puntos que a mí me parece que son fundamentales destacar de las discusiones que hemos dado.

Otro es el tema de las personas desplazadas en nuestro país, no las tenemos contabilizadas, no sabemos cómo el tema de la inseguridad, el narcotráfico, la violencia y los proyectos de desarrollo han incidido en las personas y esto a su vez cómo han sido expulsadas de sus comunidades enteras, de sus lugares de origen.

Por lo tanto, no conocemos la magnitud de este problema y uno de nuestros  puntos de Acuerdo hace un llamado urgente para que el Inegi realice un censo que contemple preguntas sobre este fenómeno.

También destacamos un tema que es fundamental y que tiene que ver con esta necesidad de dar a nuestras jóvenes oportunidades para que puedan tener acceso a la educación.

Y aquí se está proponiendo, en un punto de Acuerdo, fortalecer a la Universidad Nacional Autónoma de México para que pueda incrementarse su presupuesto y que esta casa de estudios pueda construir un mayor número de preparatorias y CCH.

A su vez, nuestro punto de Acuerdo también destaca la importancia de crear mecanismos para que los lugares que quedan vacantes por la deserción escolar, puedan ser abiertos a alumnos que han obtenido la puntuación necesaria para entrar a esta casa de estudio.

Asimismo, en este punto se plantea una cobertura al Sistema de Prepa en Línea de la SEP.

Otro punto de Acuerdo, el tercero, habla del fortalecimiento para que se realicen acciones contra la discriminación racial, y se trabaje, además, en este otro punto importante, la investigación sobre los delitos relacionados con el denominado grooming.

Esta es una forma de conducta o acciones que realiza un adulto, a través de las redes sociales en las que se ganan la confianza de menores de edad, y que una vez que se ha ganado la confianza de los menores de edad, se busca obtener de ellos imágenes o videos con contenidos sexuales. Esto es algo muy grave porque, no solamente es que se busque que los menores se fotografíen así mismo, hombres y mujeres, sino que con el paso del tiempo se logra tener contactos físicos y sexuales con los menores.

Entonces, este es un tema que ha sido poco estudiado, pero que con frecuencia está presente en nuestra sociedad.

Y también decir que hay otro tema que es muy importante, y que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos ante el aumento de la diabetes y las enfermedades crónico degenerativas.

Esto ha generado que las personas tengan cada vez más problemas de riñón, y esto se lleve a la petición de las hemodiálisis, que son muy caras, pero son muy necesarias para los pacientes con diabetes.

Esto ha generado que haya un boom en la apertura de negocios y de instituciones privadas para prestar este servicio, y se tiene poco control sobre ellas. Entonces, es un llamado a los sistemas sanitarios para que se haga una revisión, una contabilización y un seguimiento sobre la calidad de la prestación de los servicios.

En el ámbito de la salud, tenemos otro punto de Acuerdo, en el que se solicita a la Secretaría de Salud y a las homólogas de los Estados de México y de Yucatán, para que presenten informes sobre la situación que guardan diversas construcciones, se da infraestructura en materia de salud.

El punto número seis tiene que ver con otro de los temas importantes que le corresponden a nuestra Segunda Comisión, es la política exterior.

Aquí, pues, manifestamos nuestro beneplácito por la culminación del proceso de armisticio en Colombia, y se pronuncia esta Segunda Comisión porque se lleve a cabo el cumplimiento del proceso de paz que tiene el país de Colombia.

Y, finalmente, solicitamos un informe sobre los acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, donde participó el Presidente Enrique Peña Nieto y, pues es importante saber qué se trató en estas reuniones, que benefician, y cómo benefician o cómo perjudican a nuestro país.

Todos los  puntos de Acuerdo son importantes. A mí, como Presidenta de esta Segunda Comisión, me interesaba resaltar estos siete puntos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Maricela Contreras Julián.

Están a discusión los 24 dictámenes correspondientes a la Segunda Comisión.

Consulto a la Asamblea, si alguien desea reservar alguno de estos dictámenes.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de 10 dictámenes de la Tercera Comisión que contienen puntos de Acuerdo sobre los cuales no hay reservas para la discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.






El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con las materias de los 10 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión:

Los dictámenes son:

1.- El que solicita al gobierno del estado de Zacatecas, informe respecto de los avances del “Programa Estatal Hídrico, visión 2030 Zacatecas”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- El que solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre las acciones para prevenir y mitigar los efectos de las precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte de la República.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- El que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a publicar en su portal electrónico las acciones, estratégicas y/o programas instrumentados con los recursos destinados a partir del año 2015, para la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a continuar la habilitación de los hoteles de datos instalados y a considerar establecer una plataforma donde se pueda distinguir los puntos instalados, conectados y en transmisión del Programa “México Conectado”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- El que exhorta a garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de la compra de publicidad al conjunto de concesiones de radiodifusión de uso social comunitario e indígena.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos para evitar que se propaguen focos de infección por la emisión de gas CO2 y metano, en beneficio de los empleados del servicio de limpia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a evaluar la posibilidad de diseñar un programa de financiamiento estatal integral para los municipios para el saneamiento de sus finanzas públicas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- El que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a evaluar la pertinencia de autorizar y otorgar el uso de denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta al ayuntamiento de Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco, a robustecer las políticas para la conservación y protección de las áreas verdes de su municipio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las acciones de coordinación con las entidades federativas para que se establezcan tarifas y sistemas de cobro adecuados a los servicios que ofrecen los operadores municipales de aguas residuales, con el fin de que estén en posibilidad de ofrecer servicios de saneamiento suficiente, salubre, aceptable y asequible.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes que no tienen reserva para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los mismos. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se propone exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se intensifiquen las campañas para hacer del conocimiento general de la población la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, presentada en la sesión del 7 de junio en curso por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis realizado con relación a la proposición referida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario dado a la proposición objeto del presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del resolutivo que plantea.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de junio en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se intensifiquen las campañas para hacer del conocimiento general de la población la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se señala lo siguiente:

“En México, el derecho a la identidad está reconocido en la teoría del Derecho Civil, y desde el año 2014 en el art. 4º de la Constitución, sin embargo aún no es posible hacer una evaluación suficiente sobre sus efectos reales.”

“El menor tiene derecho a conocer la verdad sobre su origen, lo que le permite tener un nombre y una filiación, lo que le permitirá acceder a otros derechos tales como la salud y la educación.”

“En el caso de menores, la falta de registro de nacimiento los coloca en una situación de gran vulnerabilidad, porque les impide ejercer otras prerrogativas…”

“Las garantías del derecho a la identidad del menor son el registro de nacimiento y la expedición de la cédula de identidad, en cuanto a la primera se está trabajando en la armonización del Registro Civil y en cuanto a la segunda todavía falta mucho camino por recorrer en el sistema jurídico mexicano.”

“La negativa del registro de nacimiento afecta principalmente a niños y niñas de escasos recursos…, situación que aumenta su grado de vulnerabilidad…”

“Es una realidad que, por falta de conocimiento, en especial en las zonas de mayor índice de marginalidad, los padres no registran, en un tiempo razonable, a sus hijos por cuestiones culturales y por no saber de la gratuidad de la primera copia certificada.”

“Nos encontramos, una realidad que todavía existen personas que carecen de registros de acta de nacimiento, especialmente menores de edad, por ejemplo en los países de América Latina de acuerdo a un estudio realizado por la UNICEF, en el año 2001 18por ciento de niños menores de 5 años carecía de registro de nacimiento, mientras que para el año 2011 este porcentaje disminuyó a un 10por ciento, cifra que representa para esta región alrededor de 5.3 millones de niños no registrados…”

“En México, desde el año 2014 (LXII Legislatura) el derecho a la identidad se reconoce como un derecho fundamental…, mediante el cual se establece la facultad de que el Estado haga posible que se expida de forma gratuita por parte del Registro Civil la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento correspondiente.”

Por otro lado, la promovente señala la expedición, con base en la iniciativa preferente del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre cuyos propósitos se encuentra no sólo el reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, sino también establecer las políticas públicas para su vigencia efectiva.

Tras señalar lo previsto en el párrafo octavo del artículo 4º constitucional, la promovente expresa que “el derecho a la identidad, de indiscutible contenido propio de la persona natural o física, tiene indiscutiblemente otros impactos y proyecciones de gran trascendencia social…”

Adicionalmente, hace referencia a las previsiones de la Ley General de Población en materia de registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en nuestro país, así como de los nacionales mexicanos que residan en el extranjero. Hace mención tanto de las previsiones en torno al Registro Nacional de Población y al Registro Nacional de Ciudadanos, como a la Clave Única de Registro de Población y la Cédula de Identidad Ciudadana, para enfatizar el carácter individual con el que toda persona se incorpora a esos instrumentos. En ese sentido, afirma que “la finalidad del nombre, como atributo de la persona, es -precisamente- individualizar e identificar al sujeto (como) un derecho a la personalidad.”

Con base en el anterior señalamiento, la promovente recuerda que en la citada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce el derecho a la identidad de ese sector de nuestra población y, de manera particular a “ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, ya que se le expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente…,” así como otros derechos relacionados como son el derecho a la nacionalidad, el derecho a conocer su filiación y su origen y el derecho a preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del siguiente punto de Acuerdo:

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhortó al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades y a través de la Secretaría de Gobernación, intensifique las campañas de difusión dirigidas a la población en general sobre la gratuidad de la expedición de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento.

“Segundo. De la misma forma, se le exhorta para que dicho beneficio sea retroactivo para las niñas y niños nacidos antes de 2014 y que carezcan de dicho documento.”

III. CONSIDERACIONES

Primera. En términos de lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular la proposición con punto de Acuerdo. Y, a su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y resolver sobre la misma.

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen deseamos destacar las amplias coincidencias que tenemos con las consideraciones y planteamientos de la Diputada proponente. Sin demérito de las previsiones de los principales instrumentos relacionados con el reconocimiento universal de los derechos humanos a los que pertenece el Estado mexicano, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia del derecho de toda persona al nombre, a su identidad y a su nacionalidad, la evolución del orden jurídico interno de nuestro país marcó siempre un derrotero de auténtica convergencia con los principios que sustentaron la adopción de dichos instrumentos internacionales.

Por la tradición, primero libertaria y después liberal de nuestro país, la reivindicación de los derechos más elementales de las personas a su origen y filiación, así como en favor de la secularización de los actos relacionados con el estado civil de todo ser humano, llevaron a una postulación originaria del derecho de todo sujeto a su personalidad; en ello está implícito el derecho al nombre, el derecho a reivindicar su origen, el derecho a su identidad y el derecho a su nacionalidad.

En particular, el avance, la fortaleza y el triunfo de la corriente liberal en el México del siglo XIX condujo al surgimiento del Registro Civil como una institución al servicio de la población para garantizar el ejercicio de los derechos correspondientes al estado civil de las personas, muy destacadamente el nacimiento y sus componentes en materia de origen, filiación y nacionalidad.

Tercera. Con base en importantes avances en materia de otorgamiento gratuito del servicio del registro del nacimiento de personas y de la expedición, también gratuita, de la primera copia certificada del acta de nacimiento, que se había dado en el ámbito de los Estados de la Unión, con base en las propuestas que en su momento formularon la Senadora Ivonne Álvarez y el Senador Salvador López Brito, el Órgano Revisor de la Constitución determinó incorporar -como párrafo octavo del artículo 4º de Nuestra Ley Suprema- el derecho de toda persona a su identidad y a ser registrado de manera inmediata su nacimiento, así como la obligación estatal de garantizar el cumplimiento de esos derechos y el deber de toda autoridad competente de expedir sin costo alguno la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Se trata, desde luego, por lo que hace al derecho a la identidad y al registro inmediato del nacimiento, de señalamientos coincidentes con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos a las que se ha comprometido el Estado mexicano, con la consiguiente correlación de la vinculación para sus autoridades. Sin demérito de lo anterior, también es importante señalar que existe una aportación propia el compromiso del Estado mexicano con el derecho a la identidad, al asumirse constitucionalmente la obligación de expedir, sin costo alguno, a toda persona la primera copia certificada del registro de su nacimiento.

Con relación a esta última cuestión, es pertinente señalar que el Órgano Revisor de la Constitución no restringió la gratuidad al registro de los recién nacidos o al registro de las y los menores en el tiempo hipotético ideal que señale la legislación civil de cada entidad federativa, sino que lo estableció sin límite alguno al momento en el cual una persona acude a las oficinas del Registro Civil para solicitar el registro de su nacimiento y la expedición de la copia certificada del acta correspondiente.

En otras palabras, que si el registro del nacimiento de una persona es -en términos de la ley, extemporáneo-  podrá disfrutar de la previsión constitucional de la gratuidad tanto del servicio registral como de la expedición de la primera copia certificada del acta de su nacimiento.

En el sentido de lo expuesto, valoramos positivamente y nos solidarizamos con el planteamiento formulado por la Diputada Chavarrías Barajas para que se fórmule una respetuosa exhortación al Gobierno de la República, para que, a través de su dependencia competente, en este caso la Secretaría de Gobernación, despliegue la o las campañas de difusión pertinentes para qué en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad se conozca y ejerza el derecho de toda persona a acceder gratuitamente a los servicios del registro de nacimiento y de la expedición gratuita de la primera copia certificada de dicho registro.

Cuarta. Al valorar los distintos planteamientos de la proponente, tanto en el ámbito de lo previsto por la Constitución General de la República como en la ley General de Población y la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, estimamos procedente que esta H. Comisión Permanente resuelva positivamente el planteamiento que se ha formulado para solicitar a la Secretaría de Gobernación, en tanto dependencia a cargo de distintas responsabilidades en materia de población y de la coordinación del Gobierno Federal con los gobiernos de las entidades federativas con relación a actividades locales en materia del Registro Civil, se impulsen con la intensidad y profesionalismo necesarios las campañas de difusión dirigidas a la población en general sobre la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Quinta. En el contexto de lo señalado en la anterior consideración, deseamos también hace referencia específica al segundo resolutivo planteado por la promovente, en el sentido de exhortar a las autoridades de las entidades federativas para aplicar, en beneficio de todas las niñas y niños nacidos antes de 2014, la previsión constitucional de la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del acta del registro del nacimiento.

Al efecto, estimamos que dicho resolutivo resulta innecesario a la luz del propio texto del párrafo octavo del artículo 4º constitucional. Permítasenos dejar establecido nuestro criterio con la mayor claridad.

Entendemos la legítima preocupación de la promovente en el sentido de que quienes hubieren nacido con antelación al 17 de junio de 2014, es decir con anterioridad a la fecha en que se publicó en el en el Diario Oficial de la Federación la adición de dicho párrafo, disfruten del derecho consagrado en la Norma Suprema.

A la luz de la previsión que se adicionó a nuestra Ley Fundamental, se establece un derecho que no guarda relación en el tiempo con el momento en que hubiere nacido la persona. Si dicha persona, independientemente de la fecha de su nacimiento y, como ya se ilustró, tratándose incluso de mayores de edad cuyo nacimiento no hubiere sido registrado, acude a solicitar el servicio correspondiente, la norma constitucional establece-sin restricción alguna la obligatoria expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de registro de su nacimiento.

En tal virtud, no es necesario adoptar una previsión en el sentido de exhortar a la aplicación retroactiva de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 4º constitucional, pues la norma tiene implícita esa retroactividad en beneficio de toda persona que no hubiere recibido el servicio del registro de su nacimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca la campañas de difusión  dirigidas a la población en general, sobre la gratuidad de la expedición de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento, como elemento garante de los derechos a la identidad y la nacionalidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Diputada Ruth Noemí Tiscareño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

A diferencia de la gota de agua que pierde su identidad en el océano, el ser humano no pierde la suya cuando vive en sociedad.

La identidad es la única que nos hace, la única que da a cada persona personalidad y hace de ésta un individuo.

En suma, es el sentido único por el que todos tenemos un lugar en el mundo.

Toda persona tiene derecho a la identidad, es un derecho a la personalidad y, por tanto, a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, por lo que el Estado debe de garantizar que estos trámites no tengan costo alguno y expedir la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento; sin embargo, de acuerdo con un estudio de la UNICEF de 2011, existe un gran número de personas que carecen de actas de nacimiento de las que los menores de edad representan un 10 por ciento en los países de América Latina, alrededor de 5.3 millones de infantes no registrados.

En 2014 la LXII Legislatura aprobó el reconocimiento al derecho a la identidad como un derecho fundamental, gran aportación que refleja el compromiso del Estado mexicano con el derecho a la identidad, al establecer la obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento a todas las personas.

Adicionalmente, gracias al liderazgo de Enrique Peña Nieto, la misma legislatura aprobó la iniciativa preferente de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce y garantiza sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad.

Nuestra Constitución Política mandata en su artículo 4o. que toda persona tiene derecho a la identidad, a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento de manera precisa, señala que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primer copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento.

En el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales diversas disposiciones locales que imponen un cobro por el registro extemporáneo de menores ante el Registro Civil, así como la expedición de la primera copia certificada del Acta de Nacimiento.

Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Gobernación fortalezca las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del Acta de Nacimiento, garantizando así el derecho a la identidad de todos los mexicanos.

La identidad es la esencia de quienes somos, es la memoria viva que hace que un conjunto de experiencias, historias, pensamientos y anhelos es una persona única y singular, estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad garantizar que cada mexicano tenga la certeza de que su identidad está salvaguardada, pues como lo dijo Enrique Peña Nieto: “el derecho a la identidad es el primero de todos los derechos”.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Ruth Tiscareño.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.

Elevar a rango constitucional el derecho a la identidad, el Estado mexicano refrendó su compromiso histórico con las niñas y niños de nuestro país. Por ello, el dictamen que está a discusión es de gran relevancia, pues exhorta a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primer copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento, es de la mayor importancia.

El derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, sin duda, indispensable para que las niñas y niños puedan hacer efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales como: recibir alimentos, servicios de salud, educación de calidad y de sano esparcimiento.

Lo decía muy bien quien me antecedió en el uso de la palabra, la Diputada Ruth Tiscareño, que decía el Presidente Enrique Peña Nieto: “el derecho a la identidad es el primero de los derechos”.

Y con toda razón, porque si un niño o una niña no tiene Acta de Nacimiento está en la nada jurídica, no existe jurídicamente, luego entonces si no tiene un Acta de Nacimiento y está en la nada jurídica cómo va a inscribirse en la escuela, cómo va a hacer ejercicio pleno de sus derechos de salud, de educación, de recreación, de cultura, cómo va a ejercer a una familia, que la tiene, y a reclamar esas obligaciones y responsabilidades de vínculo paterno filial.

Por eso es muy importante esta difusión y este punto de Acuerdo, porque además cerca de un millón de niñas y niños en este país no tienen acta de nacimiento.

Imagínense la gran importancia del tema de lo que estamos hablando.

En sentido contrario, la ausencia de registro de nacimiento coloca a las niñas y niños de México en una marcada situación de vulnerabilidad, aspecto que se agrava todavía más cuando forman parte de sectores poblacionales de escasos recursos.

De acuerdo con la UNICEF, en 2015 en nuestro país, más de un millón 300 mil personas no tenían registro de nacimiento, de las cuales, el 60 por ciento son niñas y niños.

Sobre esta última consideración llama la atención que dicho fenómeno se concentra principalmente en niñas y niños de edades tempranas en zonas rurales de alta marginación y de situación en pobreza, así como de una mayor presencia en las zonas indígenas.

Lo anterior deja ver que el cobro de registro de nacimiento y expedición de la primera acta de nacimiento refuerzan la discriminación.

Por ello, celebramos que a finales del 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los cobros al registro de nacimiento asociado a la edad de las personas. Las multas para realizar registros extemporáneos, cobros por registro en hospitales y centros penitenciarios, así como los cargos por la inscripción de nacimiento de mexicanas y mexicanos ocurridos en el extranjero.

En consecuencia, coincidimos con la dictaminadora cuando indica que el objetivo del presente asunto es desplegar esta campaña de difusión para que en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad se conozca y se ejerza el derecho de toda persona a acceder gratuitamente a los servicios de registro de nacimiento y de la expedición gratuita de la primera copia certificada de registro.

El asunto que nos convoca emana del entramado legal y constitucional de nuestro país, donde dispone de que el Estado mexicano se compromete a expedir gratuitamente la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento.

También encuentra su fortaleza en instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, preservar la identidad, incluida la nacionalidad.

Yo termino haciendo una reflexión sobre lo trascendente que es lo que como legisladores hemos hecho en los últimos tiempos acompañando grandes reformas.

Junio de 2011, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que cambió el paradigma en este país.

12 de octubre de 2011, el interés superior de la niñez elevado a rango constitucional, y que a partir de ese momento las niñas y los niños entraron en un nuevo paradigma de protección y de atención en este país.

Todas las decisiones administrativas, jurisdiccionales y de política pública tienen que ejercerse al amparo del interés superior de la niñez. Primero los derechos de los niños y su garantía, y esto nos ha cambiado en el país.

La reforma constitucional del derecho a la identidad ha sido de gran trascendencia para la niñez en nuestro país, pero para todas las personas, porque un niño que no tiene ni siquiera existencia jurídica, un niño que no tiene derecho a la identidad y que está en la nada jurídica, en el limbo jurídico, jamás va a acceder a los derechos porque no existe.

La reforma de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma que envió el Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, como Ley Preferente, cambió a este país respecto a su visión de las niñas y los niños.

Pero ahí no acaba, tenemos que seguir armonizando el marco jurídico y tenemos que seguir avanzando, pero si un niño ni siquiera existe, cómo le vamos a garantizar sus derechos.

Por eso, en el grupo parlamentario votaremos a favor y les pedimos su voto en este sentido.

Es cuanto, señora Presidenta.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe sobre los resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el presente año. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión el dictamen. Para lo cual, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del PRI nos encontramos preocupados por la situación en Morelos sobre seguridad.

Como Senadora de este bello estado estoy comprometida en abonar en esfuerzos y sumar acciones para que este flagelo que nos azota pueda terminar.

En las últimas semanas se han registrado manifestaciones en contra de la inseguridad, estas expresiones no son nuevas ni son aisladas, dejando claro que las acciones que se han implementado en materia de seguridad no son suficientes.

Desde esta tribuna hemos llamado y hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales a que asuman su responsabilidad de salvaguardar la integridad, patrimonio y tranquilidad de la sociedad morelense.

Esta ola de inseguridad que vivimos se mantiene en todo el estado de forma permanente. Todos los días nos encontramos con alguna tragedia, alguna noticia de robos, decesos, lesiones, robos a escuelas, entre otros.

También, incluso violencia fuera de la casa de gobierno en una balacera; también los casos de violación sistemática a los derechos humanos como los vividos en las fosas clandestinas en los municipios de Tetelcingo, Cuautla, Jojutla y Xochitepec, donde fue claro el incumplimiento de protocolos de seguridad.

Por si fuera poco, la violencia de género, asimismo, ha golpeado también a la sociedad de Morelos, que aunque la alerta de género se levantó parcialmente, este tipo de violencia sigue siendo una realidad para todas las morelenses.

El reciente caso de una menor que fue encontrada en un vehículo asfixiada en Jiutepec, Morelos.

Y el Inegi publicó en el 2016, mediante lo recabado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que el 86 por ciento de la población de 18 años o más, manifiestan inseguridad en el estado, siendo los delitos más comunes la extorsión, el robo, el asalto en la calle o en el transporte público.

Datos del Semáforo Delictivo, durante el mes de abril de este año, señalan que en Morelos los delitos de homicidio y robo a casa habitación estuvieron por encima de la media nacional.

Es por eso que el día de hoy celebro este dictamen, ya que las familias morelenses merecen regresar a la paz con la que vivíamos anteriormente.

Con la información solicitada se podrá hacer un balance sobre lo que se ha alcanzado y en lo que se puede seguir trabajando.

Nuestro voto será a favor de este exhorto al gobierno del estado de Morelos, para que se presente un informe a esta soberanía en relación a los resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que se han implementado durante el presente año.

Por su atención, las y los morelenses se los agradecemos.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: En votación económica, consulto a la Asamblea si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a generar campañas que informen sobre los efectos nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que el cambio climático genera una amplia variedad de consecuencias para la salud humana.

Entre las principales problemáticas se encuentran las defunciones y enfermedades provocadas por desastres tales como la contaminación, inundaciones y sequías a nivel global.

La Organización Mundial de la Salud señala que 9 de cada 10 personas respira un aire insalubre.

La contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el orbe provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras.

En México mueren cerca de 9 mil 300 personas a causa de la contaminación del aire anualmente, de las cuales sólo en la Ciudad de México se producen 4 mil, en la Ciudad de México.

El estudio de la calidad del aire en América Latina, “Una Visión Panorámica” señala que nuestro país es el segundo lugar con mayor número de muertes por contaminación atmosférica de toda América Latina.

La Ciudad de México se encuentra entre las ciudades que más gases ozono acumulan en su atmósfera, con 55.2 y 59.4 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, nuestro país es firmante de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que en su objetivo número 13 insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, por lo que surge la necesidad de construir ciudades sostenibles.

El Acuerdo de París Contra el Cambio Climático, del cual también México es parte, insta a implementar medidas para reducir las emisiones de gases efecto-invernadero con el objetivo de frenar el calentamiento global.

En este sentido, uno de los objetivos que ha adoptado México en la materia es, reducir 25 por ciento de sus emisiones para el año 2030, y hasta 50 por ciento para el 2050.

De no tomar las medidas necesarias para el cuidado del medio ambiente, en el año 2050 la contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de muerte prematura, duplicando el número de muertes por esta causa.

Ante este escenario es fundamental la elaboración y difusión de campañas informativas a la población sobre las consecuencias de la contaminación del aire, así como las acciones que deben tomarse para el cuidado de su salud.

Por ello, estamos a favor de que se exhorte a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de que en el marco de sus atribuciones generen campañas que informen sobre los efectos nocivos generados por la mala calidad de la atmósfera, y la importancia que reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan.

Con acciones coordinadas, juntos lograremos un ambiente más sano, un ambiente que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Olvera Acevedo.

Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Diputada Carolina Viggiano Austria.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señora Presidenta.

Escribió el filósofo estadounidense George Holland: “que cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano”.

Por eso, preservar el ambiente es salvaguardar nuestra vida.

En las últimas décadas, la Ciudad de México ha padecido altos índices de contaminación ambiental, por lo que se han implementado programas como la No Circulación Vehicular y de Verificación Ambiental.

Tan sólo en 2016 se activó la fase 1 de contingencia en 10 ocasiones, cifra que contrasta con los años 2000, 2002, 2003 y 2005 durante los cuales se activó en una sola ocasión; así como con la contingencia ambiental declarada el pasado 16 de mayo por llegar a los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire, y que se mantuvo así durante seis días.

Además, de ser uno de los principales factores que dañan el medio ambiente, la contaminación del aire trae serias afectaciones a la salud, pues de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ésta provoca aproximadamente 7 millones de muertes prematuras en el mundo.

Además, según el Instituto Nacional de Salud Pública, en México mueren alrededor de   20 mil personas al año por causas ligadas a la contaminación del aire, lo que evidencia  la necesidad de informar a la sociedad sobre el impacto que genera este grave  problema.

Nuestra Ley Fundamental consagra en su artículo 4o. que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar.

Actualmente, la contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud de todos los mexicanos.

Subrayadamente, para los habitantes de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Para hacer frente a dicha problemática, el 3 de octubre de 2013 se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, órgano de coordinación encargado de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona que conforman las entidades federativas que he mencionado.

En el PRI votaremos a favor del presente dictamen para que dicha Comisión Ambiental genere campañas informativas destinadas a todos los ciudadanos, en las que destaque la importancia de atender puntualmente las indicaciones en los casos de contingencia ambiental.

Asimismo, para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe los avances de la verificación vehicular del transporte federal que circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Dijera John F. Kennedy: “nuestro vínculo común más básico es que todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos, y todos somos mortales”.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Viggiano Austria.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.   

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos al dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se remite a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, relativa a la eventual discusión de una reforma constitucional de segunda vuelta electoral. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores:

Como integrante de la Primera Comisión, he votado a favor de que este punto de Acuerdo haya sido traído aquí tal cual se ha dado cuenta de ello por la Secretaría.

Yo, en lo personal, estoy convencido de que constitucionalmente ya no hay tiempo para hacer reformas que impacten el sistema electoral mexicano, eso me parece que está muy claro, pero serán las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras las que habrán de decidir al respecto.

La motivación de la propuesta, y eso hay que entenderlo así, por eso quise hacer algunos comentarios, se justifica en el hecho de que ya ninguna candidatura, ni ningún partido político por su cuenta, o coalición de partidos, está ganando las elecciones por mayorías absolutas, son mayorías que se sitúan en los 30 por ciento y quién sabe qué vaya a pasar, según se avizora, viendo las encuestas de opinión pública en materia electoral, qué pueda suceder en el 2018.

Me parece que esto, al mismo tiempo, ha llevado a que se plantee que estos triunfos electorales, o los gobiernos que resultan de estos triunfos electorales, empiezan a ser señalados como de no suficiente legitimidad o de que ya no tienen la legitimidad popular suficiente, no estoy hablando de legalidad, sino de apoyo social popular.

Y entonces, en realidad, ello lleva a que se ponga en duda esta situación de legitimidad, y más si vemos los problemas de corrupción electoral que han sido señalados en los últimos procesos que hemos tenido, particularmente los del 4 de junio, pues entonces también no se agudiza un problema que debiéramos, a nuestro juicio, atender.

No creo, estoy convencido de que no hay condiciones, no hay tiempos, ya constitucionalmente estaríamos impedidos para ir a discutir una posible segunda vuelta electoral. Pero sí podemos legislar sobre los gobiernos de coalición, esos no impactan el sistema electoral, sino que impactarían en todo caso el sistema político a la hora de conformar gobiernos en acuerdo con los resultados mismos de las elecciones.

Es cierto que ya tenemos en la Constitución una figura que para el 2018, para el próximo titular del Ejecutivo, hombre o mujer que resulte, quedaría opcional la integración de un gobierno de coalición bajo ciertas consideraciones que se hicieran. Pero nosotros diríamos: “Más que opcional, debiéramos entrar con toda responsabilidad, las distintas fuerzas políticas del país, a discutir en qué condiciones podría y debiera hacerse obligatoria la posibilidad de gobiernos de coalición”.

No puedo dejar de expresar, de recordar, que ya están turnadas iniciativas, por cierto, para reglamentar en los estados, en las leyes electorales, en las constituciones y en las leyes electorales, hay iniciativas que se presentaron, hay incluso una minuta que turnó desde diciembre de 2014 la Cámara de Diputados al Senado de la República, y no se ha dictaminado. Tiene que ver con avanzar en esa perspectiva, hay distintas iniciativas también para reglamentar la posibilidad de integrar los gobiernos de coalición conforme a las disposiciones constitucionales que ya tenemos, están situadas principalmente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobernación y no se ha entrado al debate.

Yo creo que es tiempo de que podamos darle curso a todos estos debates, nos parece a nosotros que la responsabilidad política con el país, con la sociedad, con el electorado, nos estaría hablando de la importancia que el tema tiene y de que pudiéramos sentarnos a discutir para ver qué va a hacer, no solamente del próximo Presidente o Presidenta de la República, sino también en cada una de las entidades federativas. Y si hiciéramos esto podríamos tener un parteaguas general único que nos llevaría a ordenar lo que ya se ha empezado a hacer en algunos estados.

La propia Constitución de la Ciudad de México, recién aprobada, ya contempla a los gobiernos de coalición, pero habría que darle una suerte de columna vertebral general que ordenara los procesos en todas las entidades federativas.

Éstas son las reflexiones que yo quería compartir con ustedes.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Zambrano Grijalva.

Agotada la lista de oradores, perdón, sonido en el escaño de la Diputada Maricela Contreras Julián. ¿Con qué objeto Diputada?

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Sumándome a lo dicho por el Diputado Zambrano, quisiera también hacer hincapié en la urgencia de dictaminar en la Comisión de Igualdad, de la Cámara de Diputados, el dictamen de violencia política de género, que también contribuye a que tengamos mejores condiciones de gobernabilidad y de inclusión de las mujeres en los procesos políticos y electorales.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo quiero participar.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante Senador.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: De las figuras de segunda vuelta de gobiernos de coalición, sin duda que son instituciones que acreditan que una democracia se consolida, sin duda que sí, sólo que hay que establecer de manera muy clara, que cualquier reforma constitucional que se haga en este momento, es violatoria de la propia Constitución.

¡Cualquiera! ¡Eh!

Las motivaciones políticas de la segunda vuelta, que yo no voy a instalar aquí un debate sobre ellas, pero es obvio cuál es la posición de nosotros, y el tema de los gobiernos de coalición de los que hay, sí, una opinión muy fuerte en el ambiente político, también sería inconstitucional, porque ya hay una definición constitucional de gobierno de coalición, y lo que se haría es que fuera obligatoria, no potestativa.

Pero cuando deriva de un resultado electoral, automáticamente, un gobierno de coalición deriva de un resultado electoral, lo que se hace es afectar, violar el artículo 105 constitucional.

Así es que, nosotros, sí queremos que nuestra democracia se consolide con esas dos figuras. Solamente que hoy, hablar de ese tema y de hablar de un periodo extraordinario para ese tema, sin duda quedaría afectado. No podría aprobar un test constitucional esta propuesta.

Por lo demás, dejemos las cosas, ya la legalidad con la cual se va a desahogar el proceso electoral 2018, ya está definida, ya no hay forma de meterle más cosas. Ya estamos en el plazo dentro de los 90 días al arranque del año electoral.

Así es que, solamente para tener claridad, sí demuestran estas dos figuras una evolución del Sistema Político Constitucional, pero hoy, hoy, cualquiera de esas dos posibilidades que se plantean, serían violatorias del artículo 105 constitucional.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) ¿Me permite, señora Presidenta?

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño de la Senadora De la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Me parece importante este tema, por eso pedí el uso de la palabra.

Yo creo que no sería, no coincido en el tema de que sería violatoria. Creo que hay que definir muy bien el espacio.

Ya tenemos en la Constitución considerados a los gobiernos de coalición, y lo que nos hace falta es la parte reglamentaria, que no tiene que ver con los procesos electorales, que empiezan en septiembre, que es distinto el proceso electoral con las normas que ya tenemos, y esas no podemos modificarlas, porque la propia ley así lo ha determinado.

Sin embargo, sí considero que podemos avanzar en la ley adjetiva, en la ley que norme, en la ley reglamentaria, en lo que ya considera, porque es importante, y la gente lo demanda, además, porque hemos visto alianzas electorales, hemos visto coaliciones electorales y que han sido bien vistas por la ciudadanía, pero está pasando algo, que la ciudadanía está decepcionada.

Vemos alianzas o coaliciones electorales en tiempo de campaña sin una acción programática, sin una visión de gobierno, sin una razón que los lleve a construir una propuesta programática.

Y cuando llegan y ganan, y llega el gobierno, son gobiernos totalmente desorientados, porque ideológicamente, porque programáticamente, porque por perspectiva y visión de un proyecto, son totalmente contrarios.

Por eso son importantes los gobiernos de coalición, porque no se trata de ir a meter solamente votos a las urnas, se trata de darle a los ciudadanos ofertas serias, coaliciones, sí, electorales, pero sobre todo, coaliciones de gobierno que sostengan una visión programática, que fue inscrita y registrada, y que tenga mecanismo de obligación.

Por eso celebro esto, porque me parece que es algo que están demandando los ciudadanos, porque una cosa son los candidatos, una cosa son las campañas, y en la realidad vemos cosas desastrosas, gobiernos desastrosos que no pueden tener una visión y un proyecto para los ciudadanos.

Y también agregaría, que también nos hace falta algo que es fundamental, la Ley de Seguridad Interior. Me parece que es importante que le demos la seriedad que nos está demandando el país en estos dos temas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Queda registrada su participación en el Diario de los Debates, Senadora De la Torre.

Y agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos enseguida a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a brindar celeridad a las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

Este punto de Acuerdo es sumamente importante, porque ante la ausencia del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, actualmente lo único que tenemos es la PGR para que aplique las sanciones correspondientes a los servidores públicos o empresas que utilicen recursos públicos que incurran en actos de corrupción.

Este punto de Acuerdo está haciendo un exhorto a la PGR de todas las investigaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, y que derivado de la investigación se demuestra que hay servidores públicos que incurrieron en delitos con el erario público o contra el erario público.

Año con año, la Auditoría Superior de la Federación entrega un tomo con sendas auditorías, en su mayoría son investigaciones impecables, bien hechas, y siempre hemos reconocido y destacado el papel de la Auditorías Superior de la Federación, pero luego se convierte en la nada. Son tomos que nadie toma en cuenta, que no trascienden, a pesar de que están diciendo cosas extremadamente graves.

Ahora, si tomamos en cuenta las últimas cifras o las cifras que tenemos a la mano, son, dice el INAI: “Que al 11 de mayo pasado había 769 denuncias interpuestas ante la PGR por parte de la Auditoría Superior de la Federación”, y que sólo 19 denuncias fueron consignadas, es decir, sólo el 3.3 por ciento. Dicho de otra manera, hay una impunidad del 97 por ciento.

Es evidente que la lucha contra la corrupción no cuenta con un compromiso real, fehaciente de la Procuraduría General de la República, que es, hasta ahorita, la única instancia encargada de perseguir los delitos referentes a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Así que, por más que la auditoría haga su trabajo, si la PGR no quiere hacerse cargo de sus funciones, el daño que se le hace al país, al erario, a la democracia, es muy alto.

Se convierte, en los hechos, la PGR en cómplice de quienes saquean las arcas públicas y abonan al descrédito de nuestras instituciones.

Es por ello impostergable, como solicita este punto de Acuerdo, que se exhorte a la PGR para que a la brevedad entregue el informe del status que guardan todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos tres años y que se exhorte a la PGR para presentarlos ante esta Soberanía, ante la Comisión Permanente.

Si nombráramos el Fiscal Anticorrupción como un verdadero zar anticorrupción que combata de fondo la corrupción en México, no estaríamos haciendo este debate, pero va a llegar el día 19 de julio que entra en función el Sistema Nacional Anticorrupción y no tenemos un Fiscal Anticorrupción; no hemos nombrado a los Magistrados que van a la Sala Especializada y a la Sala Superior que van a combatir, a sancionar también los actos administrativos o irregularidades administrativas que así encuentren tanto la Auditoría como la Secretaría de la Función Pública.

Y tampoco la Cámara de Diputados ha podido nombrar algunos órganos internos de control que si uno de los avances más grandes del Sistema Nacional Anticorrupción es que ya no será la Secretaría de la Función Pública quien nombre a los titulares de los órganos internos de control, porque se convierten en juez y parte, ellas son las áreas ejecutoras del gasto y también ponen a sus auditores, no es lógico en una democracia.

Ahora la Cámara de Diputados es quien va a nombrar a estos titulares y nos parece un salto cualitativo muy importante, pero tampoco se nombran, no tenemos tampoco fecha para un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para que el día 19 de julio pueda entrar en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción, así que nacerá incompleto, nacerá sin piezas fundamentales que combatan la corrupción, nos esperaremos hasta el período ordinario o hasta que las fuerzas políticas aquí nos pongamos de acuerdo.

La Comisión Permanente requiere de una mayoría calificada, dos terceras partes, para poder convocar a un periodo extraordinario, nadie, ningún partido por sí sólo puede lograrlo, tampoco las coaliciones al interior de esta comisión lo permite, tiene que ser producto de un amplio acuerdo, entonces, tomamos este exhorto en dos sentidos:

Un exhorto a la PGR para que a la brevedad entregue el status de todas las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación a esa Procuraduría y nos diga cómo va el avance de cada uno de estos asuntos, porque desde 1998 a la fecha sólo 55 denuncias de la auditoría han sido tomadas en cuenta, ya no digo que tuvieron alguna sanción, alguna consignación, simplemente fueron tomadas en cuenta, el resto quedaron en total impunidad, luego entonces la PGR no sirve para combatir la corrupción, está en el día a día entre perseguir al crimen organizado, entre los crímenes de otro tipo, ya no les da para ver los actos de corrupción.

Por eso se consideró que en el Sistema Nacional Anticorrupción debe haber un fiscal o una fiscal, un zar anticorrupción que se dedique única y exclusivamente a combatir esos delitos, no lo tenemos, luego entonces hacemos también un exhorto, esto ya lo hago por mi cuenta, no lo dice el punto de Acuerdo, un exhorto a la Comisión Permanente para que a la brevedad y de consenso definamos la fecha para un periodo extraordinario para al menos elegir al Fiscal Anticorrupción, a los Magistrados y a los titulares de los órganos internos de control.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

Decir que este es un tema que hemos discutido mucho en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, y hemos coincido que el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación es una tarea sustantiva y que funciona como un control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos; sin embargo, nosotros vemos que la realidad no es alentadora y hacen que esa labor de la Auditoría Superior de la Federación se diluya.

En cada cuenta pública los resultados que arrojan hablan de las mismas malas prácticas que son presumibles de delitos, lo alarmante de esto es que se duplican, que se repiten estas malas prácticas en el ejercicio de los recursos y, bueno, en México el nivel de impunidad es del 99.7 por ciento de los delitos que se denuncian, incluidos los delitos de corrupción y desvío de recursos, lo que alientan a un mal manejo del gasto que no se castiga a los responsables y, bueno, esto sólo tiene un nombre y ese nombre es impunidad.

¿De qué sirve el trabajo de la auditoría al entregar año con año la Cuenta Pública y que se presenten las denuncias, si la PGR no hace nada?

Esto me lleva a concluir que vivimos una crisis institucional en México, el número de denuncias que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la Auditoría Superior de la Federación no corresponden con un compromiso real en contra de la impunidad y del abuso del poder.

Ya lo dijo la Senadora, son 19 años de la fiscalización y tan sólo existen 19 consignaciones de funcionarios públicos en contraste con las 741 denuncias presentadas por un monto de casi 42 mil millones de pesos, es decir, tenemos una sanción por año contra servidores que no son precisamente los de más alto rango, además esto hay que decirlo, sino que más bien son chivos expiatorios, recuerdo mucho de una frase que decía que: “había que agarrar a los peces gordos”, y los peces gordos nunca caen.

Esto es posible y también hay que decirlo porque hay una resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas, que evita las sanciones a los responsables y que niega la transparencia, lo peor del caso es que se solapan ilícitos y se pretende asumir en la normalidad conductas a todas luces contrarias a un Estado democrático.

En el grupo parlamentario del PRD no queremos gobernantes que se preocupen por obtener beneficios personales y privilegios a costa del erario público, hay que decirlo con todas sus letras, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre lo que existe en México, y podemos hablar concretamente sobre lo que pasa en los gobiernos de los estados, ahí tenemos muchos ejemplos, en el caso de Veracruz hay toda una serie de indicaciones y de alertas que presentó la auditoría, así como en Chihuahua, en Quintana Roo y, por supuesto, en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, que son el vivo ejemplo de prácticas corruptas.

Yo diría que México ya no aguanta más corrupción e impunidad, necesitamos limpiar esta cloaca y comenzar de nuevo, por ello el Sistema Nacional Anticorrupción, que le falta una de sus piezas claves, que es su fiscal, y que el Senado ha incumplido su obligación de nombrarlo por cuestiones de carácter político.

Esto es importante decirlo porque acaba de dimitir el Comité de Acompañamiento Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción porque el Senado de la República no ha nombrado al Fiscal Anticorrupción, lo cual resta credibilidad a estas instituciones, pero, sin duda, el punto de Acuerdo por el que votaremos a favor también habla de lo que la PGR tiene que hacer, del trámite que tiene que dar a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, y en este sentido es importante que si todas estas denuncias son constitutivas de algún delito, que se castigue a los culpables para que no haya más impunidad.

Entonces, reitero que votaremos a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a definir los formatos sobre la publicidad de la declaración patrimonial y de intereses. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

Bueno, propusimos que el tema de la agenda política fuera la situación del Sistema Nacional Anticorrupción, no se concedió eso, pero terminamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, pues porque justo es un tema de la mayor relevancia en la vida política nacional, en la vida pública nacional.

Y, por supuesto, que hay una situación en riesgo en varios sentidos en este momento.

Hubo una apuesta, hubo una promesa a esta nueva arquitectura que en realidad lo que hace es ampliar facultades de distintos órganos de control, crear mecanismos de coordinación, eso me parece correcto; sin embargo, lo que hay es poco interés de los actores del Congreso, del gobierno de la República, porque este sistema funcione.

Fue esta idea de, creemos un sistema, un diseño institucional, pero ningún diseño soporta que los actores no tengan compromiso con el tema.

El sistema está fallando porque desde el gobierno de la República, desde el PRI, no hay el compromiso de que este sistema funcione.

No lo hay desde que se pretende que el nuevo Fiscal General sea el Procurador General de la República. Un Procurador que además es Senador y que de ninguna forma tiene, pues las condiciones para ser un Fiscal General.

Eso ha atorado el tema de que ya en este momento se pueda tener un Fiscal Anticorrupción, entonces tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción al que no le hemos nombrado un Fiscal Anticorrupción y, por lo tanto, su principal brazo, es decir, la principal función, que es que se persigan de manera clara, de manera específica delitos relacionados con la corrupción, pues no se está cumpliendo de manera plena porque no hay un Fiscal que esté encargado de este trabajo.

Se hizo, como hace rato se mencionaba, que ahora los delitos administrativos graves no sean sancionados por las contralorías; los delitos administrativos graves serán sancionados por el Tribunal Fiscal y Administrativo.

Pero hay que ver la propuesta, nada más, que hizo el Presidente sobre los posibles Magistrados a este tribunal. Todos, uno puede, pues rastrear el origen política, hay claramente una repartición de cuotas entre el PRI y el Partido Acción Nacional en el tema de los Magistrados.

Esto ha ocasionado que el propio Comité Ciudadano, que es el que creamos para que vigilara el sistema, protestara por la manera que el Presidente designó a los Magistrados y recomendara al Senado o a la Comisión Permanente, porque tendríamos la facultad de hacerlo en todo caso, pues un nuevo mecanismo en el que no fuera el amiguismo, no fueran las cuotas, sino una revisión rigurosa de estos Magistrados que van a tener un enorme poder, porque van a ser los que sancionen los delitos graves que encuentre la Auditoría Superior de la Federación, o las distintas contralorías del país.

Y esto nos ha llevado a que el sistema esté en un momento, pues muy crítico.

Por ejemplo, el sistema no quiso entrarle al asunto de investigar la compra de sistemas de espionaje que fue mal utilizado por el gobierno. El sistema no está iniciando, como en todos los países del mundo, una investigación global en el tema de Odebrecht, en donde hay una empresa que de manera confesa realizó sobornos en México, los realizó en Pemex, y no estamos teniendo una investigación del sistema en el fondo.

Y lo que tenemos hoy, pues es muchísimas dudas de lo que pueda suceder.

En ese sentido, vamos a insistir en otros mecanismos como que los miembros del Consejo Ciudadano, que vigila el sistema, vengan a esta Soberanía, vengan a la Comisión Permanente y podamos discutir con ellos todos los detalles de este asunto. Ojalá nos acompañen en esta propuesta para que podamos tener una discusión más puntual y más seria sobre esto.

Por ejemplo, de lo que se comentaba hace un momento con los delitos penales que la auditoría ha dado vista a la PGR.

Bajo el nuevo sistema, la Auditoría Superior de la Federación tendrá que seleccionar los casos en donde haya mayor probabilidad de que se pueda acreditar un delito penal, y no simplemente se dará vista a la PGR, como pasaba en otras ocasiones, pues a mí me gustaría saber qué está sucediendo en este sentido, cuáles son los casos que la Auditoría Superior ha señalado como los importantes y cómo se dará seguimiento a esos casos.

Quisiéramos saber también cómo la Auditoría Superior de la Federación va a coordinarse con el resto de las auditorías superiores locales, pues para que mejoren su desempeño. Situaciones como las de Veracruz, como las de Chihuahua, como las de Quintana Roo se dieron porque no existe el control administrativo a nivel local.

Y si alguien tiene alguna duda, pues hay que ver lo que sucedió con los Diputados panistas de San Luis Potosí, en donde se acreditó que ellos estaban vendiendo la posibilidad de que la Auditoría Superior local solventaran las  irregularidades.

Ahí la Auditoría Superior de la Federación tendría que tener un mecanismo claro para transformar a las Auditorías Superiores locales porque parte de la responsabilidad que debimos, que es el auditar todas las participaciones federales y toda la deuda estatal sustentada en las participaciones le podría dar esa posibilidad porque básicamente la auditoría va a poder fiscalizar el 90, 95 por ciento del gasto público de los estados.

Ahí quedan muchísimas dudas, muchísimos temas y, por lo tanto, aunque no se quiso conceder en esta ocasión el gran tema legislativo en este momento, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la duda que queda de manera muy evidente, de que el Presidente de la República y el PRI no quieren que este sistema funcione de manera adecuada.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Agotada la lista de oradores…

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante, Senador

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Bien, pues estamos en un tema muy complejo, muy muy complejo, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya fecha de estar completo es el 19 de julio, 18 de julio, no el 19; el 19 de julio del año pasado fue la publicación, por tanto el 18 es cuando se cumple el año para poder tener implementado todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sí, al contenido de este exhorto, que seguramente aprobaremos para que se aprueben los formatos conforme a los cuales se harán las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; pero, al funcionamiento de las plataformas.

De las plataformas públicas que aprobamos en esas reformas para que funcionen, mediante esas plataformas públicas, por cierto de acceso limitado, no se llegó al pleno acceso para la información de la ciudadanía, pero en los términos de la ley.

Pero también hay que poner atención en los sistemas estatales anticorrupción, esos que ya deben de estar construidos también, que tiene que ver con haber generado siete leyes o reformas a leyes estatales, y cuando se ha hablado aquí de los asuntos de la auditoría y de las denuncias, conocer el avance de las denuncias presentadas por la auditoría; tenemos que ver el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

Hay un Sistema Nacional Anticorrupción, y funciona a través de las instituciones encargadas y con competencia en esta materia con un alto nivel de coordinación.

Esa es la definición del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero el Sistema Nacional de Fiscalización que es otro elemento del mismo sistema, es algo que tendríamos que revisar.

Algún día tuve el interés de preguntarle a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado si había información sobre la evolución de la construcción de los sistemas estatales anticorrupción y de los sistemas estatales de fiscalización.

Entonces, es un asunto que de verdad da para mucha construcción, aquí siempre ciframos el tema de Fiscal Anticorrupción como el centro.

Yo les diría una cosa, no hemos hecho nada para que un periodo extraordinario fuera un periodo exitoso; cualquier periodo extraordinario que se desahogue en el Congreso será un periodo extraordinario fracasado, porque elegir a un Fiscal Anticorrupción con el mismo marco legal lo lleva a tener las atribuciones hoy de la Ley Orgánica de la PGR, o si hubiera un acuerdo entre las bancadas mayoritarias de la minuta que sobre ley de la fiscalía general nos llegó desde la legislatura anterior y que, decidimos parar, porque las atribuciones al Fiscal Anticorrupción son limitadas; y porque tampoco en esa propuesta, en esa minuta de ley de la fiscalía general no se desarrolla el concepto, el concepto de la transformación de procuraduría a fiscalía general como órgano constitucional autónomo e independiente.

Así es que, periodo extraordinario, ¿para qué?

¿Para aprobar un Fiscal Anticorrupción que dura hasta el 30 de noviembre?

Para que veamos una negociación, una negociación entre fuerzas políticas en las que unos tengan el fiscal general, y otros tengan el Fiscal Anticorrupción.

Cuidado con todo eso. Nosotros opinábamos cuando arrancó el receso, que la Cámara de Senadores y de Diputados no podían irse de vacaciones.

Tendrían que preparar los dictámenes, provocar los acuerdos para que se aprobara el nuevo marco legal de la fiscalía general, y por tanto, ahí llevar el tema de la fiscalía anticorrupción.

Sí, va a haber un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, si impacta suficientes para ser completo, uno es el fiscal anticorrupción, pero la procuraduría, no fiscalía, hoy, tiene un asiento ahí con esta dirección de la instancia de la procuraduría para tratar asuntos de corrupción de funcionarios o servidores públicos.

¿Incorrecto?, incorrecto, sí.

Pero hay muchas más cosas, hay muchas más cosas; repito, sin nuevo marco legal, ni fiscal general ni fiscal anticorrupción, van a ser los funcionarios que asuman esta posición en el marco y en el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo otro, el tema de los Magistrados de las salas anticorrupción que son las salas de justicia administrativa, pues fue un acuerdo entre PRI-PAN lo que llegó a la Cámara de Senadores, fue un acuerdo entre gobierno y PAN.

Ahí vienen las cinco salas de tres integrantes, las salas especializadas regionales; ahí viene la terna de la sala especializada, son acuerdos entre el gobierno y el PAN, se lo repartieron y llegan acá.

¿Se ha procesado alguna comparecencia para que opinemos sobre la idoneidad de eso?

No, no se ha procesado.

Entonces, también un periodo extraordinario para ratificar a los 18 integrantes de esas cinco especializadas regionales y una tercera sección de la sala superior, por favor.

Es fracasado lo que hemos hecho.

Así es que, vamos a actuar con responsabilidad, vamos a limpiar esto, que es absolutamente necesario.

Yo no veo un periodo extraordinario, no lo veo; salvo después de la anulación de Coahuila, salvo después de la anulación de Coahuila; es un acuerdo entre PRI y PAN en el marco de la necesidad de que el PAN no tenga dos derrotas y que el PRI salve el Estado de México.

Cuando haya ese acuerdo habrá periodo extraordinario, porque los dos partidos del sistema quieren caminar juntos, caminar juntos rumbo al 2018.

Cuidado con todo eso, somos legisladores, nos dedicamos a la política y a la legislación, y no somos principiantes, y no nos chupamos el dedo.

Gracias, y aplaudan o no me aplaudan yo me siento muy bien diciendo lo anterior.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño de la Senadora Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Estamos realmente hablando para la sociedad, porque hay muchísimas quejas, hay muchas críticas al Poder Legislativo de nuestro comportamiento ante uno de los temas que más laceran a la sociedad mexicana.

Yo no sé de acuerdos cupulares, suelo no estar en ellos ni me invitan ni acceso, sólo quienes están ahí pueden saber qué hay, y qué pasó; yo no sé de acuerdos cupulares, pero sí conozco la ley que votamos.

Y, a veces se critica que se quiera hacer lo que ordena la ley que acabamos de votar y, al menos, hay que ser congruentes.

Primero, en dos ámbitos.

Uno, donde en el caso del PRD hemos presentado, en el periodo ordinario anterior una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución para darle autonomía a las dos fiscalías, tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como a la fiscalía anticorrupción, y que no sean dependientes ni del actual Procurador General de la República ni en el futuro fiscal general de la República, también para eliminar de una vez por todas el pase automático de PGR a fiscalía.

¿Quién puso ese transitorio en la reforma constitucional que establece el pase automático?

Pues quienes lo votamos.

Dicen que en los transitorios está el diablo, y yo lo creo.

Muchos no se dieron cuenta, pero ahí está el pase automático.

Luego viene la gran simulación, el propio Presidente de la República presenta una iniciativa para borrar, para eliminar el pase automático, con todo un escándalo mediático que parecía que de a de veras se iba a quitar el pase automático.

¿Y qué pasó? Que directo como llegó al Senado, la iniciativa se metió al archivo, y jamás se ha querido hablar de dicho tema.

Hemos insistido hasta el cansancio de que se le haga caso al Presidente de la República, bueno, ni los que son de su partido están de acuerdo.

Y, entonces, estamos en esas críticas correctas de la sociedad, y tenemos que reformar el artículo 102 para quitar de una vez por todas ese pase automático, para darle autonomía a las dos fiscalías, porque sólo así tendrán las facultades, los dientes, tendrán todo para poder atender el tema anticorrupción, de otra manera es mera simulación.

¿Pero qué sí votamos por unanimidad las dos Cámaras? Pues votamos un Fiscal Anticorrupción de transición, y es lo que estamos llamando, a respetar la ley que acabamos de votar, que se nombre el fiscal de transición.

¿Qué ventaja tendría? Ciertamente sería un fiscal de papel, no tendría los suficientes dientes, sería dependiente del actual Procurador General de la República.

¿Cuál sería la ventaja de tener ya ahorita ese fiscal? Bueno, que por ejemplo los delitos que actualmente tiene el Código Penal vigente, como el de espionaje, compañero de Morena, sí lo pueda perseguir, porque los nuevos delitos que tipificamos como delitos como tales, no van a entrar en vigor hasta que se nombre al fiscal, ésa es la otra ventaja.

Primero, actualmente hay un Código Penal vigente, ése Código Penal establece varios delitos, entre ellos el de espionaje y por eso no es correcto que no se le haya hecho caso a Jacqueline Peschard, creo fue la única que presentó el tema del Comité de Participación Ciudadana que pidió que no se entregaran cuentas sobre este delito.

¿Qué ventaja tendría que tuviéramos ahorita un Fiscal Anticorrupción? Bueno, que entrarían en vigor todos los demás delitos que están mejor configurados hacia hechos de corrupción. Ésa sería una gran ventaja, quedaría más claro para todos, en qué sí, en qué no, ahí está la participación de los privados que usan recursos públicos, ahí están legisladores que ocupan porcentajes de los presupuestos que aprueban, etcétera, etcétera.

Necesitamos, pues, primero respetar las leyes que aprobamos, y esas leyes que aprobamos del Sistema Nacional Anticorrupción, establecieron un transitorio que el día 19 de julio estaría nombrado completamente el Sistema Nacional Anticorrupción, no lo tenemos, hagámoslo. Quedan días, horas, pero si hay voluntad política se puede, eso lo ordenan las leyes que votamos, insisto, nacería al menos un sistema completo, con las facultades que le dimos al fiscal de transición.

Segundo. Hagamos también ahorita, si de verdad se quiere hace algo bueno, desde ahorita hagamos las reformas al artículo 102 constitucional, como es reforma constitucional, se va a las dos Cámaras, luego se va a los 17 estados de la República y eso lleva tiempo, para que llegado el momento en el periodo ordinario próximo, ya tengamos una mejor ley y podamos estar seguros que el actual Procurador General de la República no será el fiscal carnal.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes pertenecientes a Educación Nuevo Milenio, del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto de la Comisión Permanente!






Por último, pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a continuar instrumentando acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en nuestro país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Diputada Jasmine Bugarín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez: Buenas tardes. Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia.

Adoptar es un acto que crea consanguinidad, pues como escribiera Ángeles Mastretta: “La sangre se nos teje con las historias y los sueños de quien nos crece”.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el segundo lugar en América Latina en número de niños huérfanos, al sumar el 1.6 millones de casos. Muchos de ellos viven en casas-hogar, orfanatos, casas de cuna, internados e instituciones de asistencia social, que no son entornos ideales para su crecimiento, pues el internamiento no prevé los elementos suficientes para su desarrollo y además no es equiparable con el afecto y la educación que se da en un entorno familiar.

Integrar a un menor a una familia significa darle acceso a un ambiente armónico, protegido por el cariño que propicia su desarrollo integral y que brinda una estabilidad material y emocional, en suma, que lo dota de una infancia feliz.

Siendo cientos de miles los niños mexicanos que por diversas causas carecen de vínculos con sus familias biológicas, debemos facilitarles la oportunidad de formar parte de una nueva.

Por tanto, es indispensable agilizar los procedimientos y trámites para hacerlo, pues el tiempo que toma dicho proceso es un factor clave para lograr el éxito de la integración de estas nuevas familias.

Compañeras y compañeros legisladores: Es urgente actuar para que todos estos niños que viven lejos de la calidez de un hogar puedan vivir como deben, y sobre todo como se merecen. Debemos acortar el tiempo para adoptar.

La Convención sobre los Derechos del Niño mandata en su artículo 21: Los Estados Parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Actualmente dicha figura se encuentra regulada en el Código Civil Federal, en los Códigos Civiles locales y en los reglamentos de adopción de menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa.

A pesar de los esfuerzos realizados, es necesario fomentar en la sociedad la cultura de la adopción y hacer de los procedimientos para ello, instrumentos más eficaces y mucho más sencillos, con la finalidad de preservar en todo momento el interés superior del menor, garantizando su pleno desarrollo y su derecho a disfrutar de un núcleo familiar.

Votaremos a favor del presente dictamen, para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con los gobiernos locales, instrumenten acciones que fomenten una cultura de adopción y optimicen sus procedimientos.

Como representantes de la nación, debemos trabajar privilegiando el interés superior de la niñez, conscientes de que como dijera la escritora chilena Gabriela Mistral: “El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana, será tarde”.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Burgarín Rodríguez.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero hacer un ejercicio aquí, pedirle a cada uno de ustedes que levante la mano quién tiene hijas o hijos. Una gran mayoría.

Tienen la gran fortuna de haber tenido la posibilidad de crecer en un seno familiar integrado en amor, en confianza.

Y hoy queremos que todos estos niños que hay en México, precisamente puedan crecer también y tener ese derecho a la protección, al amor, a que puedan tener una mamá y un papá que puedan ver por ellos.

Este proceso que tiene que ver con los niños, más o menos 30 mil niños viven en alberges, en casas hogar o en orfanatorios públicos o privados, y se encuentran en espera de ser adoptados.

El 77 por ciento tiene entre 7 y 17 años. Los niños necesitan de una familia en la que puedan sentirse seguros, protegidos, de gozar de derechos fundamentales como alimentación, salud, educación, para que puedan alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad.

En nuestro país, los niveles de adopción son muy bajos. La escasa difusión que se le da al tema en los marcos regulatorios, muchas veces obstaculiza el proceso.

Quiero decirles que aproximadamente tarda de entre nueve a diez meses, o hasta dos años el poder tener un proceso de adaptación óptimo.

Otra de las razones es la edad de los niños, pues en México las familias mexicanas prefieren adoptar solamente a los pequeños menores de tres años.

Ante la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad esta cultura de la adaptación por medio de la cual se dan a conocer los múltiples beneficios de este gran acto jurídico.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como promotora de la protección y atención a favor de los grupos más vulnerables, en coordinación con los gobiernos locales, pueden instrumentar acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de la adopción.

Compañeras y compañeros legisladores: La adopción es la mejor solución a la difícil situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes al verse privados de una familia, además es el medio más eficaz a través del cual se les puede garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.

Es por eso que estamos haciendo este exhorto, y estaremos a favor de fomentar estas acciones que garanticen el pleno desarrollo de nuestros niños en México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados y Senadores:

Este es un punto de Acuerdo importante, porque el derecho a tener una familia es un derecho de las y los menores. El Estado y los adultos tenemos la obligación de proporcionar las posibilidades para que esto se cumpla, por lo tanto, creo que no cabe la discriminación, no caben las fobias, ni tampoco caben los prejuicios.

Es preferible que las niñas y los niños tengan una familia a que estén en casas-hogar o en orfanatos. Por lo mismo, es increíble que el sistema de adopciones en México sea tan burocrático.

Y, por ejemplo, en lo que va del año, en cinco años, a veces es mínimo el número de niñas y niños que son dados en adopción. Las trabas y los impedimentos para que las familias puedan adoptar, y quiero decirlo así en plural, las familias, porque a veces es una mujer sola la que decide ir a adoptar a una niña o a un niño; a veces es un hombre, a veces son las parejas. O sea, pensemos que en muchas ocasiones también las abuelas, los abuelos, los familiares hacen familia con estos menores.

Y entonces, esta facultad federal de la adopción tiene que flexibilizarse, porque es preferible que las niñas y los niños puedan contar con una familia.

Pero también hay que legislar otras formas de hacer familia, o como el caso de la gestión subrogada.

Las trabas en la adopción y las trabas en la reproducción asistida, dan paso a un mercado negro. Creo que si reconocemos que parte de las trabas que se tienen institucionales dan paso a que haya menores que sean vendidos o que sean desaparecidos y secuestrados, y que muchos de nuestros niños mexicanos están en el extranjero, pues, lo que necesitamos es flexibilizar.

Los datos, más o menos, en los últimos años no han variado tanto, y tenemos alrededor de 30 mil niñas y niños que viven en orfanatos. Pero también decir que la Red por los Derechos de la Infancia en México establece y tiene cálculos de que existen alrededor de 29 mil menores que no tienen cuidados familiares, y esto tiene que ver con que no reciben cuidados de una familia y tampoco reciben cuidados institucionales.

Y, por lo tanto pues, tenemos que ser muy vigilantes de casos de albergues que tienen en su custodia a niños, a menores y que se han dado casos terribles como el caso de las Casitas del Sur, en el Distrito Federal, son instancias que tienen a su resguardo a niñas y niños que no tienen hogar o que son huérfanos.

El caso de Mamá Rosa, en Michoacán, que en lugar de ser instancias que cuidan y protegen a los menores, pues, en estos espacios sufren abusos y maltratos.

Recientemente se está hablando de unas asociaciones religiosas, que son asociaciones civiles en Guanajuato, y que se ha requerido acción judicial por el maltrato que las niñas y los niños sufren, incluso, hay niños abandonados, pero también en este caso se han firmado documentos, que aunque no tienen ninguna validez, le quitan aparentemente la patria potestad a quienes van a dejar a sus niños allí.

Y hago este recuento de la parte difícil que los niños sufren en estas instituciones, y claro que nada es color de rosa, pero tenemos que reconocer los diferentes tipos de familias para que las niñas y los niños que sean solicitados en adopción, tengan, quienes así lo deciden, la posibilidad de que estos procedimientos sean facilitados, de que estos procedimientos sean mucho más fáciles y que la burocracia de la adopción se haga a un lado para que podamos dar paso a que las niñas, niños y adolescentes de este país puedan avanzar, y puedan tener un hogar.

Y concientizar que las adopciones se pueden hacer también, más allá de que sea una niña o un niño pequeño. Tenemos que fomentar que haya adopción de niñas y niños adolescentes, esto es fundamental, porque a veces los procesos son tan tardados que pasan cinco o seis años antes de que esta posibilidad se dé, y las niñas y los niños conforme van creciendo van perdiendo la posibilidad de tener una casa, de vivir en familia.

Es cuanto, y votaremos favor de este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






EXCITATIVA

Compañeros legisladores, a petición de los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, se remite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, la solicitud de excitativa respecto a la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida en esta Cámara el 11 de diciembre de 2014.

Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del PRD de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 214 numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, el artículo 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta Soberanía la presente excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue recibida y turnada por el Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Que hasta la fecha no se ha emitido el dictamen correspondiente,  venciéndose notoriamente el plazo señalado en los artículos 212, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República para emitirlo.

Que la minuta  objeto de la presente excitativa propone adicionar los párrafos sexto y séptimo a la fracción I, y un noveno párrafo a la fracción II, del artículo 116; el inciso q) y a la fracción V, Base Primera, y los incisos e) y f),recorriéndose las actuales en su orden a la fracción II, Base Segunda, Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  que tienen como objeto facultar a los titulares de los Ejecutivos locales a integrar gobiernos de coalición.

La disposición contenida en el artículo 116 constitucional, en la que señala que los poderes de los estados se organizaran conforme a la Constitución de cada uno de ellos, la reforma que se propone en la Minuta, establece que las Constituciones locales deberán establecer la facultad de los Gobernadores de los Estados de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los Partidos Políticos representados en las Legislaturas de los Estados.

Se instituye que dicho gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de las Legislaturas de los Estados. En el convenio se establecerán las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Que en las Constituciones locales se deberá establecer la facultad de las Legislaturas de los Estados de ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcionarios que integrarán el gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

Por otra parte con la reforma al artículo 122 constitucional, se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ratificar los nombramientos que el jefe de gobierno haga de los funcionarios que integren el gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública. Y respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal se le faculta para en cualquier momento, pueda optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Que con la presente reforma constitucional se pretende dotar de un instrumento eficaz de gobernabilidad al partido o coalición electoral que gane la elección de que se trate para Gobernador o Jefe de Gobierno, aun cuando no logre el 50 por ciento más uno del porcentaje de votación, cuente a posteriori, con un gobierno representativo que le permita tener un respaldo político suficiente para llevar a cabo su agenda de gobierno.

Que de aprobarse la presente reforma constitucional, los Estados de la República, estarían en condiciones de legislar en la materia dentro de sus órdenes jurídicos locales, en particular, en sus Constituciones Locales y reglamentar debidamente esta figura.

Por lo anteriormente fundado y motivado, los que abajo suscriben integrantes del grupo parlamentario del PRD sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- Se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para que dictaminen a la brevedad la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gobiernos de coalición.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Julio Saldaña Morán.






Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario de PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

En ese orden de ideas, la fracción II del dispositivo constitucional invocado, señala que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Este patrimonio se integra por los bienes, derechos y obligaciones, de que dispone el municipio para el cumplimiento de sus atribuciones y sobre los cuales ejerce administración y dominio a través de dos órganos: uno colegiado, el ayuntamiento, el cual tiene facultades de decisión y el otro unitario, que es el presidente municipal, a quien se le atribuyen funciones ejecutivas para dar cumplimiento a las decisiones del ayuntamiento; a través de los cuales, se satisface las necesidades esenciales de la población municipal.

Respecto al concepto de bienes integrantes del patrimonio municipal, es de destacar, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, el correspondiente a los bienes inmobiliarios.

En este caso, para cualquier afectación por parte del municipio, se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos. Esto es, una votación por mayoría calificada de los ediles, con la finalidad, entre otras, de evitar la venta innecesaria o dilapidadora de bienes municipales.

Ello, en virtud de que se han documentado casos en los que la verdadera intención de estas acciones corresponde a intereses particulares de especulación inmobiliaria, alejados el interés social que debe perseguir el patrimonio de los municipios.

Las legislaturas de los estados implementan algunos requisitos además de la votación de los Ayuntamientos para permitir alguna enajenación o afectación real al patrimonio inmobiliario, como lo es el objetivo de la satisfacción de un servicio público, pago de deuda y alguno de manera más que justificada procure el interés general.
Sin embargo, se insiste, no siempre ocurre así.

Cabe destacar, que una de las principales maneras en las que los municipios se hacen de propiedades inmuebles, es aquella que consiste en las “áreas de cesión”. Recordemos que toda acción urbanística es necesario que los urbanizadores aporten un porcentaje del terreno que se pretenda urbanizar, como una contraprestación al municipio para dotar de equipamiento de beneficio colectivo y espacio público a la comunidad.

De acuerdo a las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano en nuestro país, este tipo de predios estarán destinados a los fines públicos de la comunidad, tales como: Zonas escolares, deportivas, de salud, mercados y parques recreacionales.

En esta inercia, los gobiernos municipales comprometidos deben integrar programas de recuperación de espacios públicos en beneficio de sus habitantes, en la que incluyen, lejos de vender propiedad municipal, la adquisición de predios para compensar la falta de espacios públicos.

Lamentablemente existen autoridades que no comparten esta visión de espacio social y urbano, en la que contrario a la lógica pretenden enajenaciones del patrimonio municipal, adentrándose en el terreno de la especulación inmobiliaria, contrario a su objetivo natural, para lo cual, la necesidad de una aprobación por la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, no ha sido un impedimento.

Por ello, es necesario implementar medidas que permitan garantizar que en la afectación de propiedad municipal, se deba irrestrictamente anteponer siempre el interés general sobre el particular, como lo es, mediante mayores restricciones a través de la corresponsabilidad de las legislaturas locales.

Para lograr este propósito, es necesario modificar el inciso b) de la fracción II del invocado artículo 115 Constitucional, que solamente dispone la necesidad de una aprobación por mayoría calificada de los Ayuntamientos, para dar aquí la intervención de los Congresos Locales, también, mediante esa misma modalidad de votación aprobatoria.

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA COADYUVAR A EVITAR DILAPIDACIONES AL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. (…)

I. (…)

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) (…)

b) La obligación de los Ayuntamientos de someter a la aprobación de las legislaturas estatales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, cualquier afectación al patrimonio inmobiliario municipal, así como los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) al e) (…)

(…)

III. a la X. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

(Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT)

Quienes suscriben, LEGISLADORAS Y LEGISLADORES integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su informe Libertad de Expresión en Internet, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que “un sistema de vigilancia secreta puede debilitar o incluso destruir a la democracia bajo el pretexto de defenderla´”1.

La inquietud está plenamente justificada. En el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue2, se expresa:

“las preocupaciones relativas a la seguridad nacional y la actividad delictiva podrían justificar el uso excepcional de tecnologías de vigilancia de las comunicaciones. No obstante, las leyes nacionales que reglamentan qué constituiría la participación necesaria, legítima y proporcional del Estado en la vigilancia de las comunicaciones suelen ser insuficientes o inexistentes”.

Tanto la CIDH, por vía de la Relatoría, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por vía del Relator Especial, han reconocido que, en circunstancias excepcionales y bajo una regulación estricta, puede ser legítimo que un Estado recurra al uso de programas o sistemas de vigilancia sobre las comunicaciones privadas, esencialmente para el desarrollo de sus funciones de persecución delincuencial y preservación de la seguridad nacional ante amenazas terroristas, en ambos caso, ante riesgos reales y actuales y como medidas necesarias y proporcionadas.3

Pero, también ambas organizaciones reconocen que la vigilancia por vía de la intervención de comunicaciones en tiempos de gran avance tecnológico, particularmente de las tecnologías de la información y la comunicación, “puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión”.4

Los organismos internacionales consideran que la actividad de vigilancia estatal entra en directa contradicción con los derechos humanos a la libertad de opinión y expresión, a la vida privada, así como a la intimidad, mismos que guardan relaciones recíprocas. Como explica la CIDH, la violación de la privacidad de las comunicaciones puede producir una restricción directa al derecho a la libertad de expresión, cuando éste no puede ejercerse de manera anónima como consecuencia de la actividad de vigilancia. Además, la existencia de los programas de espionaje produce una limitación indirecta, al inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, las personas se vuelven cautelosas de lo que hacen y dicen, “se instala el temor y la inhibición como parte de la cultura política”.5

En su Informe, el Relator La Rue observa: “si es que las personas han de ejercer su derecho a la intimidad en el ámbito de las comunicaciones, deben estar en condiciones de garantizar que estas sean privadas, seguras y, si así lo desean, anónimas”6.

La conclusión no es menor, el uso indebido de las herramientas estatales de vigilancia sobre las comunicaciones privadas es patente en un gran número de naciones y su visualización es creciente. Los casos de descubrimiento de vigilancia estatal por razones políticas se multiplican y se incrementa también la denuncia pública de la compra gubernamental de instrumentos y tecnologías de intervención de comunicaciones, cuya adquisición, costos, forma operación, objetivos y resultados, que se mantienen en absoluta opacidad.

El informe del Relator Especial de la ONU da buena muestra:

“La vigilancia de los defensores de los derechos humanos en muchos países ha sido bien documentada. En estos casos, los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos denuncian que se vigilan sus llamadas telefónicas y sus correos electrónicos, y se rastrean sus movimientos. Los periodistas también son especialmente vulnerables a que se vigilen sus comunicaciones debido a su dependencia de la comunicación en línea.”7

Tal es el telón de fondo del reciente escándalo de espionaje político que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: compra de múltiples programas para la intervención telefónica y computacional a costos millonarios para la hacienda pública; uso indebido de esas herramientas para el espionaje de las actividades sensibles de periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados de causas sociales y opositores políticos, así como negación sistemática gubernamental en cuanto a la existencia de los hechos. Y todo lo anterior, bajo un absoluto halo de opacidad. Negación de la adquisición de los programas y tecnologías. Negación de su uso en México. Y negación, fundamentalmente, de su uso ilegítimo.

Opacidad que, por supuesto, violenta las leyes mexicanas relativas a la transparencia, al acceso a la información gubernamental y a la rendición de cuentas. Leyes recientemente expedidas en el contexto de un esquema lucha ciudadana por ejercer su derecho a vigilar al Estado, a conocer su operación, a exigir rendición de cuentas y a prevenir, identificar, responsabilizar y sancionar la corrupción. Es decir, leyes orientadas a democratizar el ejercicio del Poder y a evitar sus excesos, que en México se han vuelto un complejo fenómeno.

Un cúmulo de datos, documentos e investigaciones aportados a la opinión pública por organizaciones mexicanas e internacionales, especialmente la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social TIC, Artículo 19 y The Citizen Lab, así como investigaciones periodísticas aparecidas en importantes medios de comunicación, entre los que destacan los casos de Aristegui Noticias y The New York Times, han encabezado una seria denuncia social sobre el uso ilegítimo de herramientas para la intervención de comunicaciones y metadatos adquiridas y operadas en opacidad por distintas dependencias del gobierno federal y utilizadas de forma ilegítima en contra de ciudadanos críticos al gobierno.

Lo anterior constituye una fuerte llamada de atención para este órgano legislativo federal, mismo que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe emprender medidas legislativas y de control político para desentrañar la verdad sobre los hechos y, desde su ámbito competencial, tomar las acciones necesarias para corregirlos y garantizar su no repetición.  Todo ello, en el ámbito legislativo, se traduce en la revisión de las leyes aplicables a los hechos para la detección de fallas, insuficiencias o espacios para el fortalecimiento de la regulación sobre la materia.

Considerando esos hechos, resumidos en un primer instrumento legislativo que hemos puesto a la consideración del Congreso de la Unión, aportamos a la discusión de las cámaras algunas medidas para el fortalecimiento de la regulación legal existente en México para la operación controlada de la intervención de comunicaciones y el acceso a los metadatos. En esa primera iniciativa proponemos reformas orientadas a fortalecer los esquemas de: la determinación estricta del objeto legítimo de la acción de vigilancia; la solicitud ministerial, policial o de seguridad nacional; la autorización y seguimiento judiciales; el control parlamentario; la identificación de irregularidades y el deslinde de responsabilidades, así como, en su caso, la sanción administrativa y penal de éstas.

Esta segunda iniciativa es complementaria. Entendemos que la legislación mexicana contiene las reglas con las que el Estado debería transparentar la adquisición y operación de los equipos, programas y tecnologías destinados a la intervención de las comunicaciones privadas y el acceso a los metadatos. Nuestro objetivo, por tanto, no es regular, sino fortalecer la regulación existente, por vía de promover esquemas especiales de visualización de esas actividades de vigilancia estatal, de control ciudadano y de reparación en caso de que se cometan excesos y éstos generen daños.

En suma, queremos apretar las posibilidades de los órganos, organismos, dependencias y todo ente de poder público para mantener en opacidad, de forma legal o ilegal, la adquisición y operación de los instrumentos y tecnologías para la intervención de comunicaciones y el acceso a metadatos, así como incrementar la vigilancia que sobre ello deben ejercer los órganos de fiscalización y de control del propio Estado mexicano, así como la ciudadanía por vía de la transparencia.

Tras un minucioso análisis sobre las consecuencias de la vigilancia gubernamental de las comunicaciones en el ejercicio de los derechos humanos a la intimidad y a la libertad de opinión y expresión, así como los efectos de los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y su potencial para efecto de la violación de derechos humanos, el Relator El Relator La Rue subraya la necesidad de examinar las leyes nacionales que reglamentan estas prácticas de conformidad con las normas de derechos humanos y entre las Conclusiones y recomendaciones que ofrece a los estados para reforzar su regulación, destaca la segunda conclusión:

“79. Los Estados no pueden garantizar que las personas estén en condiciones de buscar y recibir información ni de expresarse a menos que respeten, protejan y promuevan su derecho a la intimidad. La intimidad y la libertad de expresión se relacionan entre sí y son mutuamente dependientes; la vulneración de una de estas puede ser tanto la causa como la consecuencia de la vulneración de la otra. Sin la legislación y las normas jurídicas suficientes que garanticen la intimidad, la seguridad y el anonimato de las comunicaciones, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los denunciantes de irregularidades, por ejemplo, no pueden estar seguros de que sus comunicaciones no serán objeto de control estatal.”8

Y destacan también, por ser enteramente aplicables a la materia de esta iniciativa, las recomendaciones contenidas en el punto C del apartado referido:

“C. Aumentar el acceso público a la información, la comprensión y el conocimiento de las amenazas a la intimidad

91. Los Estados deben ser completamente transparentes acerca del uso y el alcance de las técnicas y atribuciones de vigilancia de las comunicaciones. Deben publicar, como mínimo, información completa sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, y un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios y por investigación y propósito.

92. Los Estados deben proporcionar a los particulares información suficiente para permitirles comprender el alcance, la naturaleza y la aplicación de las leyes que permiten la vigilancia de las comunicaciones. Los Estados deben permitir a los proveedores de servicios publicar los procedimientos que aplican cuando abordan la vigilancia de las comunicaciones, seguir esos procedimientos y publicar registros de la vigilancia de las comunicaciones.

93. Los Estados deben establecer mecanismos de vigilancia independientes capaces de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones por el Estado.

94. Los Estados deben aumentar la conciencia pública sobre los usos de las nuevas tecnologías de comunicación para ayudar a las personas a evaluar, gestionar y mitigar los riesgos relativos a las comunicaciones y adoptar decisiones fundamentadas sobre estos.”9

Del mismo modo, en su Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, los relatores de la ONU y CIDH reafirman las recomendaciones contenidas en el informe del Relator Especial La Rue, y especifican que la información que los estados deben difundir, como mínimo, debe ser la relativa al “marco regulatorio de los programas de vigilancia; los órganos encargados para implementar y supervisar dichos programas; los procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance” 10.

Así mismo, consideran necesario permitir a los proveedores de servicios de telecomunicaciones informar a sus clientes respecto de los procedimientos que implementan como respuesta a solicitudes de vigilancia de entes del Estado y aportar, cuando menos, información agregada sobre el número y el alcance de las solicitudes que reciben11.

Por otro lado, consideran que todo Estado tiene la obligación de “divulgar ampliamente la información sobre programas ilegales de vigilancia de comunicaciones privadas”12, sin menoscabo del “derecho a la información personal de quienes habrían sido afectados”, y que deben adelantar “investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de este tipo de prácticas e informar oportunamente a quienes han podido ser víctima de las mismas”.13

Además de ello, los relatores agregan en su declaración conjunta una condición a respetar por los estados, que deriva en una protección de quienes desde el ejercicio informativo, crítico o ciudadano realicen revelaciones que evidencien actividades de vigilancia secreta del Estado, como en el caso mexicano. Al respecto, recomiendan:

“Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidas a sanciones ulteriores. En igual sentido, las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser protegidas por la ley. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información en materia de terrorismo y seguridad nacional. Los códigos de ética periodísticos resultan de utilidad para el logro de este propósito.”14

Incluso, sugieren que es menester la protección de los servidores públicos que, estando a cargo de información confidencial que evidencia la comisión de violaciones a los derechos humanos, la divulgan, es decir, los conocidos como “whistleblowers”.

Como hemos advertido, el objetivo de esta iniciativa no es regular, puesto que la regulación mexicana en materia de transparencia relacionada con las medidas de vigilancia de las comunicaciones privadas ya existe en ley y en normatividad.

Al respecto, la organización civil mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), desarrolló una investigación minuciosa cuyos resultados publicó en su informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”15. En éste, reseña los pormenores legales y normativos de dicha regulación. El resultado es considerado como un avance. Pero, en su apartado 4.4 Transparencia y vigilancia en la práctica, considera que “persiste una gran dificultad para obtener información respecto a la manera en la que las facultades de vigilancia están siendo utilizadas por las autoridades, así como información respecto de cuál es el papel que juega el poder judicial en su labor de supervisión y las empresas de telecomunicaciones como colaborador de la vigilancia.”16

Sus conclusiones son poco halagüeñas. Consideran que legislación mexicana ha expandido las facultades para la implementación gubernamental de medidas de vigilancia sin que se hayan impuesto los controles democráticos suficientes. Creen también que el marco legal está diseñado en forma deficiente, lo que puede ser deliberado, pues permite interpretaciones que derivan en la vigilancia estatal sin contrapesos institucionales.

Pero, lo que en mayor medida les preocupa, es que “a la dimensión legal se le opone la realidad concreta”, pues han podido documentar que “la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin control judicial”. Así mismo, “que un número importante de autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han adquirido millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera tener facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas”17.

Todo lo hasta aquí reseñado nos motiva a proponer a este Congreso las reformas legales contenidas en esta iniciativa. Tres son las premisas de las que partimos para continuar avanzando hacia una regulación adecuada de la vigilancia social sobre el uso gubernamental de los instrumentos para la intervención legítima de las comunicaciones privadas:

1. Transparentar la vigilancia.- Disponer formas para conocer y difundir cómo y para qué el Estado hace uso de la vigilancia; con qué frecuencia; para qué tipo de investigaciones; con qué métodos y tecnologías; cuál es su índice de efectividad, etc.

2. Vigilar al vigilante.- Establecer mecanismos independientes al gobierno para el control de sus actividades de vigilancia en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de información, acceso a los metadatos y la geolocalización de personas.

3. Reparar todo exceso.- Generar formas de reparación de los efectos generados por excesos en la vigilancia, aun cuando sea legítima, que incluya recursos para la oposición, investigación, restitución y reparación.

Con esos objetivos, esta iniciativa propone:

1. Proponemos modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer obligaciones de transparencia específicas para todos los sujetos obligados que participen en la solicitud, autorización o ejecución de actividades de vigilancia, sea la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, el acceso a metadatos o la localización geográfica de dispositivos, incluyendo a los particulares concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones y otros asociados a éstas.

Dichas obligaciones específicas consistirá en poner a disposición del público información relacionada con las actividades de vigilancia, entre otra:

a) El marco normativo aplicable;

b) Las funciones y facultades específicas de cada sujetos obligados puede ejercer en la materia;

c) La descripción de los procedimientos relativos a la selección de objetivos, autorización y revisión, así como uso, retención, eliminación y transferencia de datos;

d) Los indicadores de interés público o trascendencia social, que incluyan:

• El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante y señalando las que corresponden al periodo inmediato anterior al de actualización, el objeto de la investigación y su fundamento legal;

• El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional;

• El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo;

• El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus alcances, temporalidad y la naturaleza de los procedimientos;

• La naturaleza de los procedimientos de vigilancia, desagregando los relativos a intervención de comunicaciones privadas, a acceso a registro de comunicaciones y a localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación;

• El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos procedimientos;

• Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos;

• Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas;

• Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por naturaleza de la investigación y propósito.

• El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la denominación de las concesionarias de servicios de telecomunicaciones que colaboraron en dichos procedimientos, así como la versión pública de los acuerdos, contratos y convenios respectivos, y

• La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos procedimientos;

e) Información desagregada sobre la temporalidad y tipo de datos solicitados y obtenidos de los procedimientos concluidos, señalando a las concesionarias participantes;

f) Los objetivos permisibles en su aplicación, el umbral de sospecha requerido para ser sujeto a dichos procedimientos y los datos a recopilar;

g) Información sobre las instancias de denuncia ante intervenciones ilegales de comunicaciones privadas;

h) Información sobre los procedimientos o acciones de oposición a la medida de vigilancia, reparación del daño y atención a víctimas, y

i) Las demás que determinen los lineamientos generales aplicables.

2. Modificar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer un mecanismo de vigilancia sobre la adquisición y uso de instrumentos, programas y tecnologías para la intervención de las comunicaciones, la geolocalización y el acceso a los metadatos, que incluya un esquema de flujo oportuno de la información gubernamental sobre dichos procesos al seno del propio Sistema, incluyendo su remisión al Comité de Participación Ciudadana.

Para tales efectos, se dota al Comité Coordinador de facultades y obligaciones para instruir a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, la realización periódica de investigaciones y auditorías especiales respecto de los procedimientos relativos a los programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación.

Además, se obliga a los entes públicos que participen en los procedimientos de vigilancia a remitir al Comité Coordinador un informe semestral que contenga cuando menos la información relevante que se destaca en la Ley de Transparencia, específicamente respecto de los procedimientos efectivamente realizados.

Por otro lado, se faculta al Comité de Participación Ciudadana a conocer de dicha información y a proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la aplicación de programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que realicen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

3. Por último, se proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de la Policía Federal, para establecer al Juicio de Amparo como la vía idónea para que una persona que resulte afectada por cualquier medida de vigilancia que considere ilegítima pueda oponerse a su realización, solicitar su cesación, la destrucción de la información así recabada, su restitución en el goce pleno de sus derechos, así como la reparación en caso de cualquier daño ocasionado.

Será el juez competente el que valore si la medida de vigilancia resulta ilegítima, ya sea porque se ejecuta sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un objeto diverso a los legítimos. Es menester que toda persona cuente con la posibilidad de defenderse ante el ejercicio excesivo, ilegal, ilegítimo del poder que representa el espionaje por razones políticas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, de conformidad con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- SE ADICIONA un artículo 79 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 79 Bis. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las autoridades administrativas y jurisdiccionales que participen en los procedimientos relativos a programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación; así como las empresas concesionarias de telecomunicaciones y los proveedores de servicios o aplicaciones necesarios para tales efectos, deberán, en el ámbito de sus competencias y funciones, poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El marco normativo aplicable, incluyendo las disposiciones reglamentarias y administrativas internas de observancia general;

II. Las funciones y facultades específicas de cada uno de los sujetos obligados, así como sus lineamientos generales de actuación en dichos procedimientos;

III. La descripción de los procedimientos relativos a:

a) Selección de objetivos;

b) Autorización y revisión, y

c) Uso, retención, eliminación y transferencia de datos;

IV. Los indicadores de interés público o trascendencia social, incluyendo:

a) El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante y señalando las que corresponden al periodo inmediato anterior al de actualización, el objeto de la investigación y su fundamento legal;

b) El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional;

c) El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo;

d) El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus alcances, temporalidad y la naturaleza de los procedimientos;

e) La naturaleza de los procedimientos de vigilancia, desagregando los relativos a intervención de comunicaciones privadas, a acceso a registro de comunicaciones y a localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación;

f) El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos procedimientos;

g) Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos;

h) Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas;

i) Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por naturaleza de la investigación y propósito.

j) El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la denominación de las concesionarias de servicios de telecomunicaciones que colaboraron en dichos procedimientos, así como la versión pública de los acuerdos, contratos y convenios respectivos, y

k) La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos procedimientos;

V. Información desagregada sobre la temporalidad y tipo de datos solicitados y obtenidos de los procedimientos concluidos, señalando a las concesionarias participantes;

VI. Los objetivos permisibles en su aplicación, el umbral de sospecha requerido para ser sujeto a dichos procedimientos y los datos a recopilar;

VII. Información sobre las instancias de denuncia ante intervenciones ilegales de comunicaciones privadas;

VIII. Información sobre los procedimientos o acciones de oposición a la medida de vigilancia, reparación del daño y atención a víctimas, y

IX. Las demás que determinen los lineamientos generales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan una fracción XVIII al artículo 9, recorriendo en su numeración a la subsecuente, así como un inciso e) a la fracción VII del artículo 21, y se modifica la fracción XVII del artículo 9, todos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I. a XVI. (…)

XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción;

XVIII. Instruir a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, la realización periódica de investigaciones y auditorías especiales respecto de los procedimientos relativos a los programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, y emitir opinión sobre la necesidad de proceder conforme a lo dispuesto en la fracción IX de este artículo;

Los entes públicos que participen en dichos procedimientos remitirán un informe semestral que contenga cuando menos la siguiente información:

a) El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante, el objeto de la investigación y su fundamento legal;

b) El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional;

c) El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo;

d) El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus alcances, temporalidad y la naturaleza de los procedimientos;

e) La naturaleza de los procedimientos de vigilancia implementados, desagregando los relativos a intervención de comunicaciones privadas, a acceso a registro de comunicaciones, a localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, u otros conforme a las tecnologías disponibles;

f) El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos procedimientos;

g) Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos;

h) Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas;

i) Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por naturaleza de la investigación y propósito.

j) El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la denominación de las concesionarias de servicios de telecomunicaciones que colaboraron, así como los acuerdos, contratos y convenios respectivos, y

k) La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos procedimientos;

Las autoridades del sistema podrán requerir información a los Entes Públicos que participen en dichos procedimientos, así como a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y los proveedores de servicios o aplicaciones necesarios para tales efectos, y

XIX. Las demás señaladas por esta Ley.

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. (…)

VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:

a) a d) (…)

e) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la aplicación de programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que realicen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA el artículo 303 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 303 Bis. Oposición y reparación

Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en curso de alguna medida de vigilancia consistente en la intervención de sus comunicaciones privadas, la extracción de su información, su localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos que le conciernen conservados por concesionarios de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil, conforme lo establecen los artículos 291 y 303 de este Código, ya sea porque la medida se ejecuta sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá promover juicio de amparo, conforme lo establece la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El juez competente valorará la procedencia de la suspensión de la medida, conforme a las reglas dispuestas en la Ley de Amparo, considerando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para lograr la eficacia en la tutela de los derechos afectados.

La sentencia favorable al quejoso ordenará la cesación inmediata de la medida de que se trate, la destrucción de la información obtenida por la autoridad a través de ese medio, la reparación, así como el restablecimiento al estado que guardaban antes de la ejecución de la medida el dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento o cualquier otro sujeto a la medida, incluyendo aquellos que almacenan datos en plataformas o centros de remotos vinculados con éstos. El juez competente determinará en la resolución todas las medidas necesarias para lograr la restitución plena del derecho fundamental violado y para hacer efectiva su observancia.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales procedentes contra las autoridades y los particulares involucrados, en su caso.

Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución concluida de una de las medidas de vigilancia a que se refiere el primer párrafo de este artículo, por alguna de las razones señaladas, podrá promover juicio de amparo para efecto de obtener sentencia favorable con los efectos dispuestos en el párrafo anterior. En este caso, el plazo para la promoción será de un año, contado a partir de que cesó la medida de que se trate.

ARTÍCULO CUARTO.- SE ADICIONAN la SECCIÓN VI al CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO, con el artículo 49 Bis, a la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

SECCIÓN VI
DE LA OPOSICIÓN Y REPARACIÓN

Artículo 49 Bis.- Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en curso o concluida de la intervención de sus comunicaciones privadas, ya sea porque la medida fue ejecutada sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá promover juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 303 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo.

ARTÍCULO QUINTO.- SE ADICIONA un artículo 56, a la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 56.- Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en curso o concluida de la intervención de sus comunicaciones privadas, ya sea porque la medida fue ejecutada sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá promover juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 303 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben.

1 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión e Internet”, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF. 11/13, 31 diciembre 2013, punto 167. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_
04_08_internet_web.pdf

2 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, 17 de abril de 2013, A/HRC/23/40. Disponible en:
file:///E:/DocumentosSinUSB/Notas/GobEspi/DroIntnalVigilancia/
InfoRelatorEspLibertadExpresion-17abr2013.pdf

3 ONU. Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión y CIDH. Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, “Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión”, 21 de junio de 2013, puntos 3 y 9. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=927

4 Idem.

5 CIDH, Libertad de expresión e internet, Op. Cit., punto 150.

6 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 7.

7 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 14.

8 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 22.

9 Ibidem, pp. 23 y 24.

10 ONU y CIDH, Declaración conjunta sobre programas de vigilancia… Op. Cit., punto 12.

11 Ibidem, punto 13.

12 Al respecto, declara la CIDH que en la cuestión de los programas de vigilancia estatal, aplica el principio de máxima publicidad. (Libertad de Expresión e Internet, Op. Cit., punto 166).

13 Ibidem, punto 14.

14 Ibidem, punto 15.

15 México, Noviembre de 2016. Accesible en:
https://r3d.mx/wp-content/uploads/R3D-edovigilancia2016-FINAL.pdf

16 Ibidem, p. 33.

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Daniel Torres Cantú)

El suscrito, Diputado DANIEL TORRES CANTÚ, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

La evolución del sistema electoral mexicano hacia la transición democrática se ha dado esencialmente a través de las múltiples transformaciones a las normas e instituciones electorales, así como los cambios que se han suscitado en el sistema de representación, los cuales han resultado de la diversidad política que ha adquirido el país a lo largo de su historia política (Córdova, L. 2007. pág. 51).

Los procesos electorales en México han representado una larga y constante lucha por obtener un sistema electoral democrático consolidado, a partir del surgimiento de la primera ley electoral (después del movimiento revolucionario) se desencadenarían un sinfín de cambios al sistema de representación. Estos cambios, o mejor dicho reformas a la ley, nos han permitido obtener cada día mejores mecanismos de participación y nos han hecho avanzar en el camino de la democracia.

Hasta antes de las reformas de 1977, la Secretaria de Gobernación tenía grandes facultades sobre la ley electoral, sobre todo para conceder el registro a los nuevos partidos, facultad que parecía aprovechar para evitar la proliferación de nuevas opciones políticas. Sin lugar a dudas el régimen que se vivía en el país antes de 1977 estaba articulado en torno a la figura del Presidente de la Republica. Como respuesta a este contexto político se llevan a cabo las modificaciones constitucionales y legales ese mismo año, con la finalidad de que las minorías políticas pudieran contar con una presencia significativa en los órganos de representación política.

Los ejes de fundación de esta ley se basaron en la incorporación del mecanismo de elección proporcional para elegir una parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, con lo que se inaugura un sistema de elección mixto para la conformación del órgano legislativo. Esta reforma dio paso a que el sistema de partidos fuera más abierto y surgieran nuevas fuerzas políticas, obteniendo pluralidad política e ideológica. Así mismo los espacios de representación también fueron abiertos, recibiendo cada vez más a la oposición, incorporándola a la vida institucional y esta comenzó a hacerse presente en la Cámara de Diputados y en consecuencia obteniendo triunfos incluso a nivel municipal.

Ahora bien, la reforma constitucional de 1990, estribaba en el establecimiento de un sistema electoral que respondiera a la realidad política y al dinamismo en la emisión del sufragio. Antes del surgimiento de esta reforma, el contexto político del país se encontraba sumergido en una crisis de legitimidad, esto debido a que años atrás con la reforma de 1977, se abría la posibilidad para que la representación política no estuviera solo a cargo de un solo partido, y por ende, más partidos se pudieran registrar y participar en los cargos de representación popular.

Esta apertura de representación trajo consigo el crecimiento de la oposición en el país y con la reforma de 1986 se expandía el número de legisladores elegidos mediante el principio de representación proporcional, lo cual daba aún más la oportunidad de que otros partidos pudieran llegar a los cargos de elección popular.

Así, con esta apertura de representación se llegó a la celebración de las elecciones a cargo de la Comisión Federal Electoral, punto de partida para que la oposición tomara fuerza dentro del Congreso General.

En el 2013, el Poder Ejecutivo depositaria ante el Congreso de la Unión un proyecto llamado “Pacto por México”, este fue una serie de reformas en las cuales se hacían modificaciones a las reglas de varios sectores del país, de los más relevantes y más notorios hasta el día de hoy, el sector educativo, el sector energético y el sector electoral. El pacto por México se suscribió con la finalidad de profundizar el proceso de democratización del país.

La reforma efectuada en el año 2014 trajo consigo una serie de modificaciones para el sistema electoral y sus instituciones. Las nuevas reglas electorales se crearon para mejorar las prácticas y condiciones que garanticen y protejan la competencia con las mejores condiciones de equidad y la libre elección de los ciudadanos, sin lo cual no es posible la realización democrática.

II. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

A las instituciones se les puede distinguir por su eficiencia o ineficiencia, por la generación de incentivos o desincentivos, por ejemplo en el sistema electoral, la capacidad para generar un sistema de participación política y ciudadana que fortalezca la representación política en la sociedad. Un punto observable es que estas han tenido que ser reformadas y en su caso rediseñadas, para que cumplan mejor sus funciones. Nohlen nos dice que la Institucionalidad política influye en los recursos del gobierno democrático: poder, consenso, legitimidad, etc., y en las capacidades funcionales del sistema político (2008, pág. 99).

Parte de los cambios que podemos mencionar es el diseño o rediseño que puede hacérsele a una Institución, las instituciones en su implementación, operación y funcionamiento parten de un diseño. Por lo general este diseño corresponde al objetivo con el cual se funda la institución, pero tal parece que se puede modificar respondiendo al contexto que la sociedad demande. De esta manera, podríamos concluir que el rediseño institucional es una respuesta política que debe estar acorde al contexto político de un país, pues este (el contexto político) podría ser un factor por el cual podría resultar eficiente o no un diseño o en su defecto un rediseño institucional en determinado país.

Existe riesgo para un país cuando se exponen el diseño institucional a diversas reformas institucionales cuyos resultados no son de ninguna forma previsibles. En México nuestro sistema electoral ha tenido múltiples reformas, las cuales han ido transformando el diseño del proceso de elecciones, de comunicación política, de reglas del juego electoral, entre otras.

Hoy en día existe una problemática real de la cual no somos ajenos como representantes legítimos de la sociedad mexicana. De acuerdo con el Latinobarómetro, en 2010 sólo 27 por ciento de la población mexicana estaba satisfecha con nuestra democracia, y en la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) de 2012, sólo 6 de cada 10 mexicanos consideraban a la democracia como la mejor forma de gobierno posible. Existe un descrédito generalizado sobre la clase política y la calidad de la democracia en nuestro país.  

Como representantes reconocemos las demandas legítimas de la sociedad mexicana. Datos duros dan cuenta de esta realidad que aqueja y exige la ciudadanía. Por ejemplo, acorde a datos internacionales, el Poder Legislativo Mexicano es líder mundial en gasto de recursos públicos y burocracia, según se desprende del Primer Informe Parlamentario Mundial 2012 del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria, mediante el cual se analizó la información de 202 parlamentos de 190 países. A cada mexicano, el Congreso le cuesta cada año 10.2 dólares según el cálculo basado en información de 2011; año en el que ambas cámaras recibieron en total 1,116, 543, 848 dólares de recursos públicos, con un censo entonces de 109,610, 000 de mexicanos.

El costo a que nos hemos referido incluye el sueldo de los legisladores federales y de 7,257 empleados; lo que significa que hay 11.56 burócratas por cada Senador y Diputado Federal, casi tres veces el promedio mundial que es de 3.76 trabajadores y 241% más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 4.78. Del total de los 7,257 burócratas que laboran en el Congreso de la Unión, 5,221 corresponden a la Cámara baja y 2,036 al Senado.

Luego entonces, se vuelve plausible la posibilidad de un rediseño institucional que establezca la disminución de legisladores por el principio de representación proporcional en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, toda vez que su diseño robusto se ha convertido en una pesada carga para los ciudadanos.

III. DISEÑO INSTITUCIONAL Y
NORMATIVO ACTUAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

El Poder Legislativo Federal se deposita en el Congreso de la Unión, integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales.

Ahora bien, el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hace teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda tener menos de dos diputados de mayoría.

Para elegir a los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se han constituido cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país determinadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, los cuales en cada entidad federativa 2 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría. Para los efectos de los Senadores de mayoría relativa y representación proporcional deben registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. En primer término, la senaduría de primera minoría le es asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes son elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Esta Cámara de Senadores se renueva cada seis años por cada congresista propietario, quien tiene a su respectivo suplente. De igual manera ya se prevé la reelección para todos los congresistas federales (senadores y diputados). Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados Federales hasta por cuatro periodos consecutivos. En tal sentido, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Sentado lo anterior, la propuesta de reforma constitucional se estructura con base en las siguientes consideraciones.

IV. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Se propone el rediseño del esquema de distritos electorales uninominales y de representación proporcional en el Congreso de la Unión a través de la disminución de congresistas en ambas cámaras, ello además de mejorar el funcionamiento de las tareas legislativas, contribuirá y traerá un ahorro sustancioso del gasto público, así como facilitar y agilizar la labor parlamentaria en la construcción de acuerdos al contar con un órgano público más esbelto, recogiendo así las demandas de la sociedad mexicana.

Esta propuesta se ajusta perfectamente a la teoría del diseño institucional electoral, toda vez que se toma en consideración que tenemos un sistema de partidos competitivo, instituciones electorales que han aumentado la confianza del elector en los procesos electorales, incluso reconocimiento de parte de los organismos internacionales afirmando que la credibilidad y confianza del voto de parte del ciudadano. Por lo que esta propuesta ajusta la configuración normativa que hoy en día existe, eliminando 100 lugares de diputados federales.

Se propone establecer que serán 350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional, lo cual nos da un total de 400 Diputados Federales. El incremento de 50 diputados de mayoría relativa se considera a fin de crear 50 distritos más, ya que es necesario que existan más representantes elegidos directamente por la ciudadanía mexicana que puedan, desde el Congreso Federal, gestionar recursos en favor de sus comunidades, en virtud de que hoy en día hay diputados federales que por la extensión de su distrito les es imposible llevar mejoras a toda la comunidad que representan.

Si bien la propuesta va enfocada a aportar elementos para que este Congreso de la Unión trabaje acorde a los principios de austeridad, lo cierto es que dentro de las tareas legislativas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se nos confiere la potestad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso en el cual cada diputado de mayoría relativa propone la asignación de presupuesto para su entidad federativa, y en ese aspecto no es suficiente 300 diputados representando los 120 millones de mexicanos que viven dentro del país, por lo que, al realizar una redistritación federal compactando el rango de representación de cada legislador, hará más fácil la tarea de los congresistas para apoyar a sus representados sin que para el efecto se genere una carga presupuestal.

Ahora, en el caso de la Cámara de Senadores, el ajuste institucional y normativo proviene de una lógica muy clara: el principio de proporcionalidad en el esquema de una Cámara alta adoptado en 1996 en México, resulta contrario a la lógica del Senado norteamericano del cual encontró inspiración, resultando por demás incongruente en la configuración del sistema electoral nacional. 

Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente:

DECRETO

Único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 350 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 50 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas circunscripcionales  plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 350 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 50 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 50 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. … a VI. …

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

SE DEROGA

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir en los 60 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Daniel Torres Cantú.

Referencias
CÓRDOVA, L., (2007). Constitución, Democracia y Elecciones: La Reforma que viene. Universidad Nacional Autónoma de México.
NOHLEN, D., (2008). Sistemas electorales en su contexto. Instituto de investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México. México, D, F.
RESUMEN
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Se propone establecer que serán 350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional, lo cual nos da un total de 400 Diputados Federales.
• Eliminar los 32 Senadores plurinominales. 
El incremento de 50 diputados de mayoría relativa se considera a fin de crear 50 distritos más, ya que es necesario que existan más representantes elegidos directamente por la ciudadanía mexicana que puedan, desde el Congreso Federal, gestionar recursos en favor de sus comunidades, en virtud de que hoy en día hay diputados federales que por la extensión de su distrito les es imposible llevar mejoras a toda la comunidad que representan.
Si bien la propuesta va enfocada a aportar elementos para que este Congreso de la Unión trabaje acorde a los principios de austeridad, lo cierto es que dentro de las tareas legislativas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se confiere la potestad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso en el cual cada diputado de mayoría relativa propone la asignación de presupuesto para su entidad federativa, y en ese aspecto no es suficiente 300 diputados representando los 120 millones de mexicanos que viven dentro del país, por lo que, al realizar una redistritación federal compactando el rango de representación de cada legislador, hará más fácil la tarea de los congresistas para apoyar a sus representados sin que para el efecto se genere una carga presupuestal. 
En el caso de la Cámara de Senadores, el ajuste institucional y normativo proviene de una lógica muy clara: el principio de proporcionalidad en el esquema de una Cámara alta adoptado en 1996 en México, resulta contrario a la lógica del Senado norteamericano del cual encontró inspiración, resultando por demás incongruente en la configuración del sistema electoral nacional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 143 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 143 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la información del decimocuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante diciembre de 2016 se encontró que 74.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El referido ejercicio destaca que 82% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 74.2% en el transporte público, 68.3% en el banco y 67.1% en las calles que habitualmente usa.1

La encuesta también menciona que, durante el cuarto trimestre de 2016, la proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fueron: consumo de alcohol en las calles (66%), robos o asaltos (65.6%), vandalismo (51.4%), venta o consumo de drogas (42.3%), bandas violentas o pandillerismo (34.7%) y disparos frecuentes con armas (34%). De igual forma, señala que las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos con otros fueron la región Norte de la Ciudad de México (68.2%) y Mexicali (58.2%), mientras que las ciudades donde se obtuvieron los menores porcentajes de conflictos entre la población fueron Fresnillo (11.4%), Campeche (15.5%) y Coatzacoalcos (17%).

Asimismo, el 63.4% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que durante el cuarto trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 57.9% reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3% cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 35.5% cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

Aunado a lo anterior, el 74.6% de la población de 18 años y más manifestó como uno de los problemas más importantes en su ciudad la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera).

Los datos antes mencionados vienen a confirmar una verdad de a kilo: que la población se encuentra preocupada por la inseguridad y el entorno de violencia que le rodea, razón que nos obliga a los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, a revertir esta percepción que existe entre los mexicanos toda vez que la resolución de este problema es una atribución concurrente de primerísimo orden a la cual no podemos eludir si pretendemos mantener niveles aceptables de gobernabilidad que redunden en la tranquilidad de las personas, el flujo de inversiones, la creación de empleos y la generación de oportunidades para el desarrollo.

El Estado Mexicano ha creado instituciones y leyes tendientes a enfrentar de forma legítima a la delincuencia, las cuales han venido operando de forma transexenal y bajo la responsabilidad de gobiernos de diversa filiación partidista. Muestra de lo anterior lo es la instauración de la Policía Federal, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entrada en vigor de las leyes que rigen el funcionamiento de ambas entidades públicas.

La tarea que falta por realizar resulta sumamente compleja, pues ello implica la destrucción de redes de complicidades, la detención, juzgamiento y reclusión de los delincuentes, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, la dotación de equipos y el otorgamiento de prestaciones laborales dignas para los agentes de todo el país, pero, en primer término, imbuir entre la población la idea de que todo esto es posible, devolviendo así la esperanza en un futuro mejor.

La restauración de la paz pública todavía llevará tiempo, y es por eso que se vuelve indispensable formular propuestas que nos permitan arribar a un mejor estado de cosas, un escenario en el que la gente salga a la calle sin miedo y con la confianza de que su vida, integridad y patrimonio están exentos de los riesgos provocados por la criminalidad. Una condición indispensable para esto, insistimos, lo es el mejoramiento constante de las instituciones policiacas, pero no sólo a partir del aumento en su número de efectivos o de las condiciones en que éstos laboran, sino del aprovisionamiento de equipos modernos que les permitan prevenir y enfrentar a la delincuencia.

Este último aspecto requiere necesariamente de inversión en ciencia y tecnología, a fin de no depender de las innovaciones realizadas en otros países y así estar en condiciones de ofrecer productos y servicios que coloquen a nuestras fuerzas de seguridad a la vanguardia. De lo que estamos hablando es de cerrar el ciclo de dependencia que nos afecta en muchos ámbitos del conocimiento, pero que en este rubro resulta especialmente notable, toda vez que buena parte de los insumos para las policías son producidos en el extranjero, pese a que en nuestro país se cuenta con investigadores de primer nivel cuyas capacidades son reconocidas en todo el orbe.

Diversos indicadores dan cuenta de lo mucho que se necesita hacer para disminuir la brecha tecnológica que afecta a nuestro país. Por ejemplo, el Informe de la UNESCO sobre la Ciencia 2030 menciona que hasta 2011, en México había 46,100 investigadores, mientras que en los Estados Unidos 1,252,900, correspondiéndole a nuestro país un porcentaje del 0,6 de investigadores en el mundo, en tanto que a nuestros vecinos del norte un 17%.2

Otro dato que destaca el referido Informe es el número de publicaciones científicas. En 2014 hubo en nuestro país 11,147 y en los Estados Unidos 321,846. De esta forma, contribuimos con el 0,9 % del total mundial y la Unión Americana con el 25.3. Por si no bastara lo anterior, vale la pena señalar que el número de patentes mexicanas presentadas en 2013 a la Oficina Estatal de Patentes y Marcas de los Estados Unidos fue de 217, pero las norteamericanas alcanzaron el número de 139,139. De ese tamaño es nuestro atraso.

Consciente de lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que entre 2012 y 2015, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental se ha incrementado en 30 por ciento; pasando de representar el 0.43 por ciento del PIB, a 0.56. Añadió que el Sistema Nacional de Investigadores ha crecido prácticamente en un 26 por ciento, pasando de 18 mil 500 que había en 2012, a 23 mil 316 que hay en 2015 y apuntó que en el Programa de Cátedras de CONACyT para jóvenes investigadores, se han creado 800 plazas asignadas a 112 instituciones de investigación y que hasta hace dos años existían treinta y cuatro Parques Científicos Tecnológicos que fomentan la creación y mejora del conocimiento.3

Visto lo anterior, se considera trascendente fomentar la investigación científica y tecnológica, pero especialmente aplicada a seguridad pública, pues el conocimiento ofrece herramientas que pueden ser útiles para disminuir los índices delictivos, sancionar las conductas antisociales y ofrecerle paz a la población. Como consecuencia de esto, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establecieron un Fondo Sectorial para la Seguridad Pública, el cual tiene como objetivo apoyar y fomentar la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación; el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia de seguridad pública.

Dicho fondo, cuyas reglas de operación cuyas reglas de operación fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del CONACyT el 18 de diciembre de 2013, constituye un esfuerzo encomiable tendiente a superar los rezagos que nos afectan en el rubro tan sensible de la seguridad pública, pero que necesita ser protegido en contra de cualquier cambio o tentación transexenal que pudiera dar al traste con sus fines, sobre todo cuando existen en nuestro espectro político opciones políticas poco responsables que, disfrazadas de un falso progresismo, demeritan los esfuerzos hasta ahora desplegados para proteger a la población y sustentan su oferta política en un nebuloso combate a la pobreza que no es otra cosa que la generación de redes clientelares que perpetúan los ciclos de marginación.

Es por ello que proponemos la adición de un artículo 143 bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer que la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establecerán un fondo sectorial destinado a la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual e industrial, y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia de seguridad pública, el cual se constituirá y operará de conformidad con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, tal y como ocurre en la actualidad.

La idea de todo esto es hacer de la investigación en ciencia y tecnología aplicada al rubro de la seguridad una política que trascienda administraciones y visiones partidistas, un paradigma que permita la generación de recursos humanos y materiales que coadyuven en el restablecimiento de la paz interior y del prestigio de nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 143 bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 143 bis.- Con independencia de lo previsto en el artículo anterior, la Secretaría y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establecerán un fondo sectorial destinado a la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual e industrial, y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia de seguridad pública, el cual se constituirá y operará de conformidad con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_01.pdf

2 Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf

3 Consultado en
< http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-invertira-el-proximo-ano-
91-mil-650-millones-de- pesos-en-investigacion-ciencia-y-desarrollo
-tecnologico-en-el-pais-enrique-pena-nieto>, el 1º de julio de 2017 a las 19:34 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 15 SEXTUS DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario de PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PRIMER PÁRRAFO AL INCISO F) DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, Diputada Federal de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA UN PRIMER PÁRRAFO AL INCISO F) DE LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA al tenor del siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos dieciséis años México ha presentado avances en materia de transparencia y rendición de cuentas. Algunos de los más importantes se mencionan a continuación.

En el año 2000, con la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se establecieron nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación (en adelante, ASF). En 2002 con la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se creó el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En 2010, con la publicación -por vez primera- de un “Presupuesto Ciudadano” federal, práctica que ha continuado de forma anual y se ha extendido a otros documentos presupuestarios, como son la Cuenta Pública y el Informe de Revisión de la Cuenta Pública de la ASF. En 2011, la creación del portal de transparencia presupuestaria, a través del cual se hace pública información presupuestaria. En 2012, con la reforma de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la que se ampliaron las obligaciones en materia de transparencia presupuestaria a nivel local.

De manera más reciente, en 2014 la reforma constitucional del artículo sexto en materia de transparencia que otorga autonomía al ahora llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que incluyó nuevos sujetos obligados: partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. En 2015, con la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de observancia general en toda la República. En 2016, con la publicación de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emitida en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual se aumentaron y mejoraron las atribuciones de la ASF.

Sin duda ha habido logros en estos temas. Y la evidencia no nos deja mentir. Sin embargo, la construcción de mecanismos de gobernanza que permitan mejorar el ejercicio del gasto público en el país, requiere esfuerzos constantes. La experiencia nos ha demostrado que el esfuerzo por mejorar la toma de decisiones, no se puede basar en una sola variable. Un ejemplo de ello son los avances en materia de transparencia y acceso a la información. Actualmente podemos decir con mucha seguridad que la transparencia por sí misma, es necesaria pero no es suficiente por sí sola para mejorar las políticas y programas públicos. Se requiere de la articulación de herramientas, leyes, prácticas institucionales, voluntades y convicciones para generar resultados. El proceso es dinámico y es necesario seguir incluyendo y proponiendo innovaciones.

México ha avanzado en la agenda de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en cuanto al derecho a participar en los procesos presupuestarios existen muchas áreas de oportunidad para brindar certeza y transparencia a dichos procesos. De acuerdo con Juan Pablo Guerrero, Director de la Global Initiative for Fiscal Transparency (en adelante, GIFT)la participación pública es la posibilidad de diálogo directo entre autoridades y cualquier actor no-estatal, en alguna etapa del diseño o implementación de la política pública, con la condición de que este intercambio deje un registro público, una memoria1.

La participación pública es considerada una buena práctica a nivel internacional. Diversos actores, entre ellos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y gobiernos de países como Filipinas, Corea del Sur, Canadá, entre otros, apoyan esta visión2, 3. La participación pública es una herramienta más que permite enriquecer y mejorar la política pública, debido a que provee insumos valiosos e independientes.

El caso de Canadá es uno de los ejemplos en los cuales se basa e inspira esta iniciativa. En Canadá, en los años 1993-1994 la deuda pública creció y las finanzas públicas presentaban un escenario difícil. Fue en este momento cuando el Comité de Finanzas de la House of Commons inició un proceso deliberado de consulta sobre el presupuesto. Este proceso continúa realizándose en la actualidad y consiste en que el mencionado Comité abre espacios para la consulta al público, para brindar insumos y opiniones antes de la aprobación del presupuesto (consulta Pre-Presupuesto), así como espacios para obtener retroalimentación del público en temas específicos o en ciertas iniciativas. El Comité de Finanzas recibe opiniones en línea y testimonios presenciales de testigos y genera un reporte con recomendaciones basadas en esta pre-consulta.

De acuerdo con el estudio realizado por GIFT, titulado “Public Participation in Federal Fiscal Policy and Budget Processes in Canada4, la consulta sobre el presupuesto contribuye para aumentar la calidad y legitimidad del proceso presupuestario.

Actualmente, diversas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, gobiernos de los países, organismos internacionales y la GIFT, están generando evidencia de las diferentes prácticas que tienen los países para impulsar el derecho a participar, especialmente en el ciclo presupuestario. GIFT por ejemplo, ha elaborado un conjunto de diez principios para la participación pública en el mundo5. El tema se está trabajando y tomando con seriedad. México debe ahora moverse hacia la participación pública y ser ejemplo y pionero en implementar herramientas para continuar generando cambios positivos y sobre todo para seguir construyendo mejores políticas públicas en beneficio de la población.

La iniciativa que hoy se presenta toma en cuenta lo anterior y se refiere en particular a un elemento que puede contribuir a dotar de mayor evidencia, con sustento técnico, a la discusión del presupuesto de egresos. Proponemos abrir espacios formales en las comisiones del Congreso de la Unión para recibir propuestas y retroalimentación en tres momentos del ciclo presupuestario: 1) la presentación del documento de Pre-Criterios, 2) la presentación de la Estructura Programática, y 3) la discusión-aprobación del Presupuesto de Egresos.

Como parte del ciclo presupuestario, el Congreso de la Unión recibe documentos clave que presentan datos e información valiosa respecto al próximo paquete económico por venir. Por ejemplo, en los Pre-Criterios, el Ejecutivo presenta la estimación de variables macroeconómicas fundamentales como el crecimiento económico, el precio del petróleo y el tipo de cambio. También, en este documento se incluyen las estimaciones de los ingresos y gastos que se espera tener en el próximo presupuesto. Adicionalmente, se incluye una explicación de los recortes al gasto propuestos para el siguiente presupuesto, en caso de haberlos, como ha ocurrido en los dos últimos años.

Por otro lado, en la estructura programática, se presenta información relevante, en ésta el Ejecutivo detalla qué programas públicos van a continuar implementándose, cuáles se propone eliminar, crear o fusionar en el siguiente ejercicio fiscal.

Finalmente, el paquete económico que llega al congreso cada año, especifica el tamaño de la deuda pública, de los ingresos y del presupuesto asignado a cada dependencia del gobierno y cada programa presupuestario, entre otros muchos datos.

Consideramos que es necesario enriquecer el proceso presupuestario y el debate que acontece año con año. Una herramienta para continuar haciéndolo es propiciar espacios para la participación pública durante las fases claves del ciclo presupuestario. Es necesario que se generen oportunidades de retroalimentación sobre los documentos expuestos anteriormente. Estos documentos podrían enriquecerse en su análisis a través de facilitar la recepción de evidencia, investigaciones, y estudios serios sobre las finanzas públicas.

El objetivo de la presente iniciativa es justamente facilitar el acceso de evidencia y resultados documentados en los temas que se incluyen en en el proceso presupuestario para la consideración del Congreso de la Unión. Con ello, se dotará de mayores elementos para la toma de decisiones en dicho proceso. Adicionalmente, se abriría un espacio para aquellos que deseen participar y que tienen experiencia en el tema. El fin último de esta iniciativa es enriquecer, con productos derivados del análisis de diversas fuentes, el proceso de toma de decisiones respecto al presupuesto. También, se busca propiciar el debate legislativo. Lo anterior contribuirá además a darle mayor certidumbre a la discusión y aprobación del presupuesto.

Al formalizarse este proceso, el Congreso refrenda su compromiso en impulsar la participación pública y al mismo tiempo se le fortalece la transparencia.

Consideramos que es necesario seguir edificando un mejor proceso presupuestario, y una de las formas de hacerlo es enriquecer el debate legislativo en la materia, con reglas claras y con transparencia.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII, recorriéndose el párrafo primero vigente para quedar como segundo, del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 42-

I a VII. …

VIII. …

f) Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán promover la participación y consulta pública en el proceso a que se refiere la presente fracción. Las opiniones, recomendaciones e investigaciones, que se remitan deberán ser publicadas en la página de internet de dichas Comisiones. Asimismo, las Comisiones mencionadas podrán emitir opinión de la información derivada del proceso de participación pública y enviar recomendaciones a la Secretaria.

….

IX. …

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscribe

Dip. Minerva Hernández Ramos.

1 http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150729123.pdf.
Conversatorio sobre “Participación pública en el ciclo presupuestario del Estado México”. 7 Abril 2016. Relatoría.

2 http://www.fiscaltransparency.net/giftprinciples/
y http://www.fiscaltransparency.net/about/

3 https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf
y http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf y
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm

4 Page, Kevin, “Public Participation in Federal Fiscal Policy and Budget Processes in Canada”, April 2015. En este link:
http://www.fiscaltransparency.net/resources-all/.

5 http://www.fiscaltransparency.net/giftprinciples/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por el Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Diputado Federal FRANCISCO SARACHO NAVARRO, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN EL MISMO ORDEN, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día, los alcances generados por el contenido del artículo 1º de la Constitución Política, son de gran influencia y peso para seguir transformando nuestra legislación e instituciones, tanto a nivel federal, como a nivel local, estableciendo políticas públicas y criterios que permitirán proteger, promover y respetar los derechos humanos, en su respectivo ámbito competencial.

En ese sentido, tal coyuntura ha traído consigo diversos principios innovadores que contribuyen a esa defensa y consolidación de los derechos fundamentales en nuestro país.

Por tal motivo, es que se busca que dichos principios, entre ellos los de igualdad y de no discriminación, adopten el rol de ser criterios orientadores en la aplicación de la ley, además de ser los impulsores de la creación de una consciencia que permita tener una sociedad más incluyente y más tolerante, en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades y facilidades de acceder, sin restricción alguna, al ejercicio de los distintos tipos de derechos, independientemente de las circunstancias personales que tengan los individuos.

Debe señalarse que el Estado mexicano ha proscrito la discriminación en su Carta Magna, solo que desafortunadamente se sigue presentando en el día a día mediante diversas modalidades, tal como lo son las discapacidades físicas de las personas, situación que obedece a una falta de conciencia incluyente y a la existencia de patrones culturales negativos que se encuentran profundamente arraigados en la misma sociedad, propiciando que de manera inconsciente, no se tomen en cuenta las adversidades que las personas con discapacidad tienen que enfrentar ante la falta de condiciones, de instalaciones o de una estructura adecuada en los inmuebles o lugares públicos y privados, en el mobiliario urbano, o bien, la existencia de bienes y servicios que carecen de los elementos necesarios que permitan su uso por este tipo de personas.

Las discapacidades son variadas y de distintas clases, encontrándose entre ellas la ceguera o la pérdida total de la visión en ambos ojos, ya sea que su origen sea congénito, derivada de alguna enfermedad, por tener edad avanzada o por algún accidente, incluso también por las condiciones ambientales, como lo es la alta emisión de rayos UV; dicha incapacidad, es de las que mayor aislamiento propicia a las personas que la padecen, puesto que al haber perdido el 100% de su visión, desafortunadamente se ven privados de muchas circunstancias, bienes, servicios, o del acceso a diferentes tipos de instalaciones, incluso de sus derechos, por lo que dicha marginación o discriminación en la que son colocados, constituye una violación a la igualdad que debe prevalecer entre todas las personas, así como de otros de sus derechos humanos, independientemente de su condición física.

Debemos distinguir entre la pérdida de un gran porcentaje de visibilidad y la ceguera total, puesto que la primera al ser un mal degenerativo en uno o ambos ojos, mediante un tratamiento puede detenerse e incluso revertirse paulatinamente, y la segunda se refiere a un daño irreversible que una persona sufre en uno o ambos ojos, circunstancia que puede ocurrir por diversos factores, como ya se ha establecido, sin que el aspecto de la edad sea relevante para ello.

Por tal razón, debemos advertir la necesidad de crear en nuestra sociedad, una consciencia que permita abatir paulatinamente la discriminación a la que se ven expuestas las personas invidentes, lo cual constituye una gran labor, debido que son diversas las aristas que deben modificarse para que estas personas no se vean restringidas en el goce de sus derechos humanos, al integrarlos en nuestra cotidianidad.

El rezago que sufren las personas invidentes tiene matiz de tipo laboral, académico, deportivo e incluso cultural, lo cual impide su desarrollo como persona y la posibilidad de poder adentrarse en aquellas actividades a las que quisiera dedicarse como un proyecto de vida, en términos del libre desarrollo de la personalidad1, resultando muy desafortunado que este tipo de situaciones se presenten en esta época.

En México, según datos del INEGI en el 2010, se desprende que la ceguera en la población es de 1.5% y la deficiencia visual se incrementa hasta 7%, ubicándolas como la segunda discapacidad con mayor incidencia en el país con un 27.7% del total de personas que viven con capacidades diferentes, sin embargo, es necesario actualizar dicha información, puesto que no hay datos recientes que pudieron reflejar la realidad de la salud visual de los mexicanos en nuestros días.

Una de las obligaciones legales depositadas en la Secretaría de Cultura, se encuentra establecida en la fracción VII del artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, numeral que a la letra dice lo siguiente:

“La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a:

I a VI. …

VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles

VIII. …”

A pesar de la existencia de esa obligación conferida en la Secretaría de Cultura, no se ha logrado incluir de manera efectiva a las personas invidentes en actividades de carácter cultural e intelectual, como lo es la lectura en libros en sistema braille, por lo que es necesario que esta problemática, además de ser regulada en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como una forma de combatir la discriminación que afecta a las personas invidentes, también sea regulada en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, como una manera de fomentar e impulsar la lectura en personas invidentes desde la ley de la materia, mandatando la construcción de las condiciones necesarias para que ello sea posible, tal como lo señalan el segundo y tercer párrafo del artículo 1º constitucional:

“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”  

Por tal razón, es que resulta importante realizar ajustes a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, al ser el ordenamiento legal en la materia, puesto que al armonizarla con el contenido de la fracción VII del artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se consolidará y fortalecerá la obligación de las autoridades competentes para impulsar la inclusión de personas invidentes a la lectura, así como su acceso a los libros, mediante la edición de estos en el sistema braille.

El hecho de que las personas invidentes, por su sola condición física, vean restringido su acceso a la lectura, debido a la inexistencia de libros en sistema braille, constituye una vulneración a sus derechos fundamentales como la igualdad y su derecho a la cultura, lo cual es una conducta discriminatoria, tanto en disposiciones internas, como internacionales; al efecto es necesario observar el contenido de las fracciones XXII Ter y XXIV del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en las que se establece lo siguiente:

“Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

I a XXII Bis. …

XXII Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

XXIII. …

XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;

XXV a XXXIV. …”

En ese mismo sentido, el derecho que tienen todas las personas para acceder a la cultura, se encuentra tutelado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que nuestro país se adhirió el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año; dicho instrumento define a estos derechos como derechos de igualdad material por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna”.2   

Tal derecho se encuentra regulado en el artículo 15 de dicho instrumento internacional, mismo que a la letra dice lo siguiente:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el Presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.”

Por ello, es importante que las autoridades competentes, implementen todas las medidas y acciones necesarias que impulsen la inclusión de las personas invidentes en las actividades culturales e intelectuales, como lo es la lectura en libros editados en sistema braille, lo cual evitará que este tipo de personas sean marginadas por su sola condición física, además de que se les debe crear las condiciones para disfrutar de aquellos beneficios derivados de la lectura, lo que sin duda tendrá enormes beneficios, independientemente de la edad de la persona que lo realice.

Resulta necesario que las grandes editoriales, nacionales y extranjeras, queden involucradas y obligadas a contribuir en el abatimiento de esta problemática de manera permanente, ya que resulta común que durante los eventos denominados como “Ferias de Libros”, existan “stands” dedicados a la promoción y venta de libros en sistema braille, pero desafortunadamente una vez que concluyen dichos eventos, la promoción de ese tipo de libros se diluye, y peor aún, resulta muy complicado obtener algún ejemplar, aunado a la poca variedad de títulos disponibles en el mercado, en ese tipo de ediciones.

En ese sentido, el Gobierno Federal ha venido realizando esfuerzos para resolver dicha problemática en educación básica, ya que en el ciclo escolar de 2015, se entregaron más de 16 mil libros en sistema braille para primaria y 5 mil en secundaria, cuya edición fue realizada por la Comisión Nacional del Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), advirtiéndose la necesidad de que las grandes editoriales, tanto nacionales, como extranjeras, se sumen a dichos esfuerzos y participen en las medidas gubernamentales que se implementen para tal efecto, puesto que de esa forma podrían magnificarse los alcances y beneficiar a más personas que sean invidentes, ya que no solo habría acceso a libros de carácter académico, sino también de otros géneros.

Así, “la edición del libro de texto y otros materiales escolares en sistema Braille, forma parte del engranaje de la planta de producción del Conaliteg, cuyas siete máquinas perforan 90 mil hojas diarias en Braille, lo que coloca al país como el primer editor en América Latina de libros con estas características para educación básica, y el segundo a nivel mundial, detalla la Secretaría de Educación Pública en un comunicado”.3

Actualmente, la edición de los libros en braille se realiza mediante un software encargado de convertir un texto a braiile, mismo que se imprimirá en imprentas especializadas, problemática que se acentúa cuando nos percatamos que precisamente por esa falta de consideración social para los invidentes, en nuestro país no existe una escuela que profesionalice a las personas para conocer los procesos cognitivos de las personas invidentes, existiendo mayor sensibilidad al convierta textos a sistema braille, lo que contribuirá para ayudarles a comprender el mundo bajo dicha discapacidad; la edición de los libros debe ir más allá del sistema braille, para incorporar imágenes con textura y relieve. 4

Por tales razones, es que los esfuerzos que viene realizando el Gobierno deben ser complementados con la colaboración de las grandes editoriales nacionales y de aquellas internacionales que trabajen en nuestro país, con la idea de magnificar los alcances y beneficios sobre estas personas con discapacidad.

Tener el hábito de la lectura, trae consigo enormes beneficios para las personas que lo tienen, tales como el ejercitamiento mental, aumento del vocabulario y del nivel cultural, fomenta la creatividad y aprendizaje, fortalecimiento de la imaginación, existencia de una buena ortografía, desarrollo de la capacidad de análisis y crítica, capacidad para emitir juicios sobre los diferentes temas que puedan conocer, además de adoptar un régimen de disciplina.

En ese sentido, no debe pasarse por alto que las personas invidentes no pueden ser excluidas de este tipo de beneficios y del acceso a actividades culturales e intelectuales, por su sola condición, al contrario, en todo momento las autoridades competentes deberán tomar las medidas y las acciones necesarias que contribuyan a su inclusión en la lectura, instando a las diferentes editoriales para que se trabaje en la emisión de libros en sistema braille, tal como se propone en la presente iniciativa que propone ajustar la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, el cual es el ordenamiento legal de la materia y que actualmente es omiso sobre la problemática narrada, por lo que la intención es armonizar sus disposiciones con lo establecido en la fracción VII del artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y demás disposiciones relativas para promover la edición de libros en sistema braille.

Los alcances que tiene la propuesta presentada por el suscrito, corresponden al principio de progresividad de los derechos humanos, puesto que contribuirán a la consolidación y fortalecimiento de la inclusión de las personas invidentes al ejercicio de sus derechos fundamentales, a través de la lectura en libros editados en sistema braille, armonizando las disposiciones legales que combaten a la discriminación, con las que fomentan la lectura.

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3, recorriéndose el párrafo subsecuente en el mismo; se adiciona una fracción IV al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes en el mismo orden; se adiciona un segundo párrafo al artículo 8, todos los preceptos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3.

En todo momento se deberá hacer respetar los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución, con la finalidad de promover la edición de libros y otros materiales de lectura en sistema Braille, en beneficio de las personas invidentes, en términos de la fracción II del artículo 11 de esta Ley;

…”

ARTÍCULO 4. La presente Ley tiene por objeto:

I a III. …

IV. Fomentar la edición de libros y materiales de lectura en sistema Braille, con la finalidad de incluir a personas invidentes en este tipo de actividades, en términos de la fracción II del artículo 11 de esta Ley;   
V a IX. …

“ARTÍCULO 8. …

Se deberá impulsar la edición de libros y materiales de lectura en sistema Braille, con la finalidad de incluir a personas invidentes en este tipo de actividades, en términos de la fracción II del artículo 11 de esta Ley;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.

1 Novena Época, Registro 165822, Instancia Pleno, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s) Civil, Constitucional, Tesis P. LXVI/2009, Página 7… DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente…Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

2 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, México, Abril, 2012, páginas 5 y 6.

3 Consultado el 1º de junio de 2017 en
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/mexico-encabeza-la-edicion
-de-libros-en-braille-en-america-latina-328.html

4 Consultado el 1º de junio de 2017 en
http://www.milenio.com/cultura/Libros-braille-pocos-caros
_0_457154296.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada MIRIAM DENNIS IBARRA RANGEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA OTORGAR COMPETENCIA LEGISLATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, en términos de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención de Belem Do Para), define ese tipo de violencia como “cualquier acción o conducta, basada en [el] género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.1

Ese instrumento internacional, reconoce expresamente como derechos protegidos de las mujeres, los siguientes:2

1.- Derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que incluye, entre otras cosas:

a) Ser libre de toda forma de discriminación; y

b) Ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

2.- Derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos consagrados, los cuales comprenden, entre otros:

a) La vida;

b) Respeto a su integridad física, psíquica y moral;

c) La libertad y seguridad personales;

d) No ser sometida a torturas;

e) Respeto a la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f) La igualdad de protección ante la ley;

g) Acceso a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h) Libertad de asociación;

i) Libertad de profesar la religión y las creencias propias; y

j) Igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

La propia Convención de Belem Do Para, en su artículo 7 precisa que los Estados Partes convienen en llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:

1.- Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

2.- Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

3.- Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

4.- Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

5.- Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención de Belem Do Para.

Asimismo, los artículos 13 y 14 de la multicitada Convención de Belem Do Para, clarifican que su contenido no puede ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes o de otros instrumentos internacionales, que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

A lo anterior, se debe agregar que los artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW) señalan, entre otras cosas, lo siguiente:3

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a… b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto la práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;…f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer…”.

Articulo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Ahora bien, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer4 (en adelante Comité), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1 de la CEDAW5, emitió diversas Recomendaciones Generales relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, de las que se destaca, lo siguiente:6

-Nº 12 (8º período de sesiones, 1989): Recomienda que los Estados Partes que incluyan en sus informes periódicos al Comité información sobre:7

a) La legislación vigente para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, entre otras);

b) Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;

c) Servicios de apoyo a las mujeres, que sufren agresiones o malos tratos;

d) Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer, y sobre las mujeres víctimas de la violencia.

-Nº 19 (11º período de sesiones, 1992): En ésta, se recomienda que los Estados Partes:

a) Adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.

b) Velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad, precisándose que debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados y que es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.

c) Alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.

d) Establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.

e) Que entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren, entre otras, las siguientes:

Servicios de refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas;

Programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;

f) Que adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:

Medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

Medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer;

Medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.

-Nº 24 (20° período de sesiones, 1999): En el párrafo 29, se recomienda que los Estados Partes que ejecuten una estrategia nacional amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida, lo cual debe incluir, entre otras cosas, respuestas a la violencia contra la mujer.

Es importante mencionar, que en el examen realizado por el Comité sobre el noveno informe periódico presentado en 2016 por el Estado Mexicano en cumplimiento al artículo 18 de la CEDAW, se cita como uno de los avances legislativos, diversas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio, órdenes de protección, registro público de delitos cometidos contra las mujeres, protocolos con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, así como la investigación de los delitos de: Discriminación, sexuales, feminicidio, trata de personas y contra la libertad.8

Un precedente de gran relevancia en materia de violencia contra las mujeres, es la Sentencia González y otras vs. México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009 (caso de los campos algodoneros de Ciudad Juárez), que en su apartado 4.2.2 denominado “estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres” ubicado en su apartado de “medidas de satisfacción y garantías de no repetición” se precisa que el Estado Mexicano debe continuar

“…con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género”9.

En atención a lo expuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante Ley General), desde su expedición que data del 1º de febrero de 2007,10 ha sido reformada en diez ocasiones, nueve de las cuales se realizaron luego de emitirse la sentencia de los campos algodoneros de Ciudad Juárez.11

Y es que el objeto de esa Ley General,12 es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Incluso, al aprobarse la Ley General en cita, en el dictamen de fecha 26 de abril de 200613 emitido por las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Gobernación, así como de Justicia y Derechos Humanos, de esta Cámara de Diputados (que actuó como revisora), se reflexiona lo siguiente:

“…en casi todas las entidades federativas existen Institutos de las Mujeres que han desarrollado proyectos para afrontar el problema de la violencia de género contra las mujeres y apoyar a las víctimas, y en eso se han empeñado también las procuradurías y los sistemas de atención a la familia. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido magros e insuficientes resultados debido a que el problema es de tal complejidad y tiene tal magnitud en todo México, que requiere una respuesta integral diseñada a partir de una política nacional en la que participen todos los poderes y los tres órdenes de gobierno.

Respecto a la legislación mexicana, a pesar de los esfuerzos realizados para armonizar la legislación federal y local de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, hasta ahora las normas han tenido una aplicación deficiente y pocos efectos, tanto en términos de prevención general y particular, como en cuanto a la persecución de los ilícitos y la atención de víctimas. Por lo que aún no se tutela cabalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo anterior, es necesario el impulso de reformas jurídicas que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos y al mismo tiempo sancionar debidamente a quienes los transgreden, aún tratándose del propio Estado. Asimismo, en el marco de federalismo, se cree un sistema coordinado que aporte eficacia y transparencia a las acciones del Estado que permita garantizar de manera ordenada y eficaz el acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de violencia.

En tal virtud la creación de una Ley General contenida en los proyectos que nos ocupan obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico con perspectiva de género, que establezca las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres de este país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno; en los que se deben instrumentar las políticas públicas necesarias y dar concurrencia legislativa a las entidades federativas para tomar las acciones que corresponda”.

De lo trascrito se advierte que la intención de expedir la Ley General, fue uniformar las directrices en la materia, estableciendo la concurrencia que es deseable que tengan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo a la necesidad de contar con un ordenamiento con perspectiva de género, que brindara seguridad a todas las mujeres de nuestra País y que fuera de aplicación obligatoria para los tres órdenes de gobierno, lo cual es acorde a los instrumentos internacionales en cita.

No obstante, atendiendo a la naturaleza jurídica de las leyes generales definida por la Constitución Federal, la actual Ley General en materia de una vida libre de violencia de las mujeres, no cumple con los requisitos esenciales para que tenga esa aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno, tal como se explica a continuación:

Las leyes generales son las referidas en el Artículo 133 de la Constitución Federal e inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos del Estado Mexicano (Federal, Estatal y Municipal)14. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de las leyes generales se dimensiona en el propio texto constitucional pues son reconocidas -junto con la propia Constitución y los Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado- como parte de la “Ley Suprema de toda la Unión”.15

En este sentido, para que una ley general se pueda aplicar válidamente en los ámbitos federal, estatal y municipal, es necesario que exista una disposición constitucional que faculte al Congreso de la Unión para expedirla,16 con el propósito de repartir competencias en relación a facultades que la Carta Magna ha determinado como concurrentes, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan actuar respecto a una misma materia, apegándose a la forma y términos que fije el propio Congreso de la Unión al generar la plataforma normativa mínima de actuación.17 En consecuencia, las leyes generales pueden definirse como aquellas expedidas por el legislador federal en uso de una facultad reconocida expresamente por la Constitución, para regular materias que competa conocer de manera concurrente a autoridades de distintos ámbitos gubernamentales (federal, estatal o municipal) y que además, forman parte de la “Ley Suprema de la Unión”, por lo que deben prevalecer a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones o leyes locales.18

Por tanto, al no existir una cláusula en la Constitución Federal que faculte al Congreso de la Unión para legislar en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, la actual Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia realmente no es una “ley general” de aplicación obligatoria en los ámbitos estatal y municipal, sino un instrumento orientador respecto a las acciones que en la materia implementen las autoridades de esos órdenes de gobierno.

Así, en atención a lo dispuesto en la Convención de Belem Do Para, la CEDAW y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los campos algodoneros de Ciudad Juárez; para avanzar en la estandarización en el combate de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, mediante esta iniciativa propongo agregar una fracción al artículo 73 de la Constitución Federal para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres estableciendo la concurrencia que al respecto debe existir entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

De esta manera, se sentará la base constitucional indispensable, para que un ordenamiento como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sea de observancia obligatoria en los ámbitos estatal y municipal, y así el Estado Mexicano salvaguarde efectivamente los derechos de las mujeres.

Por lo expuesto, someto ante la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 73, fracciones XXIX-Z y XXX, asimismo se le adiciona una fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo73.- …

I.- a la XXIX-Y. …

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante;

XXX.- Para expedir la ley general que establezca los principios y bases para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la concurrencia en la materia entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y

XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel.

1 Convención adoptada en Belem do Para, Brasil, el 6 de septiembre de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos; ratificada por el Estado Mexicano el 12 de noviembre de 1998..

2 Véanse los artículos 3, 4 y 6 de la Convención de Belem Do Para.

3 Convención adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 18 de diciembre de 1979; ratificada por el Estado Mexicano el 23 de marzo de 1981.

4 El artículo 17, párrafos 1 y de la CEDAW, establece que “Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un [Comité] compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.- 2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales”.

5 Artículo 21, párrafo 1 de la CEDAW: “El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes”.

6 Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#top (consultado el 21 de junio de 2017)

7 Dichos informes, tienen sustento en el artículo 18 de la CEDAW, que entre otras cosas, señala “los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido…”

8 Consultado en la versión preliminar sin editar del “Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.- Noveno informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2016.- México”. Página 5.

9 El apartado 4.2.2 de la Sentencia, se integra por los párrafos 497 a 502, disponible en
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf (consultado el 26 de junio de 2017). También véase la tesis III.2o.P.83 P (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 2071 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, tomo III de septiembre de 2015, bajo el rubro “FEMINICIDIO. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA COMBATIRLO EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MÉXICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”.

10 El 1º de febrero de 2007, la Ley en cita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

11 La última de esas reformas fue publicada en el propio Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Disponible en
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamiento
Detalle.aspx?q=WVhKjmhCYz0ufl+8glULlOKRtBAaWggk3wJ
WIia8xCcZKV27nU7cDuXu6MXSHbZv
(consultado el 27 de junio de 2017).

12 Artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

13 Documento disponible en:
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo
Completo.aspx?q=WVhKjmhCYz0ufl+8glULlPEbiflZNnlLiOLVU0sK
Y8OaesuRlgN9BI4ejigfkeKQzR83jD3wfpsGwqz5/S+4dA==
(consultado el 16 de junio de 2017).

14 Artículo 133 de la Constitución Federal: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

15 Limón Magaña, Walter Yared. Restricciones a la función del legislador local en la armonización en materia electoral. Universidad de Durango, Campus Aguascalientes. Aguascalientes México. Octubre de 2015. Páginas 24 y 25.

16 Véase la tesis P. VII/2007 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV de abril de 2007 (número de registro 172739) bajo el rubro “LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”. También véase la tesis P. XLV/2004 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX de septiembre de 2004, número de registro 180682 y con el rubro “CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA”.

17 Véase la Jurisprudencia 142/2001 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1042 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de enero de 2002 (número de registro 187982) bajo el rubro “FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES”.

18 Op. Cit. Limón Magaña, Walter Yared. Página 25. Sobre la supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, también véase la jurisprudencia 80/2004 de la novena época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 264 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX de octubre de 2004 (número de registro 180240) bajo el rubro “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, Diputado Federal ALEJANDRO ARMENTA MIER, integrante del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El avance progresivo de la ciencia y las tecnologías ha supuesto una injerencia inusitada en la esfera privada de las personas, violándose por tanto el derecho humano a la privacidad.

En este sentido, en México la intervención de las comunicaciones de los particulares sin que medie una autorización judicial es un delito que se encuentra  claramente regulado en nuestra la legislación: el Código Penal Federal lo señala en el artículo 177; la Ley de la Policía Federal lo establece en el artículo 48;  la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo contempla en el artículo 11 bis 1); en el Código Nacional de Procedimientos Penales está prescrito en el artículo 25); y en la Ley de Seguridad Nacional en el artículo 33.

Sin embargo, con la finalidad de equilibrar el derecho humano a la privacidad con las necesidades del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos, desde nuestro máximo ordenamiento se ha establecido que es posible intervenir las comunicaciones privadas por parte de la autoridad, de manera legal, siempre que exista un pedimento ante un juez federal por parte del ministerio público y cuando se cumplan los requisitos y formalidades que la ley establece.

Así el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...



Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

…”

La vida privada o intimidad es un derecho humano que está incluido en la legislación mexicana y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), entre otros.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos a la letra reza: dice:

“ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”1

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

“ARTÍCULO 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques.”2

Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica:

“Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”3

A pesar de la protección internacional al derecho a la privacidad, la honra y que se establece la protección de la ley contra las injerencias arbitrarias, como la intervención de las comunicaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que  la vida privada no es un derecho absoluto, “sino que puede restringirse” en la medida en que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias.

“DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO. Al igual que otros derechos fundamentales, el derecho a la vida privada no es absoluto, sino que puede restringirse en la medida en que las injerencias en éste no sean abusivas o arbitrarias. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad pública, y prohíbe ese tipo de injerencias en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida privada de sus familias. Ahora bien, el Estado debe adoptar medidas positivas para impedir que la intimidad personal y familiar se vulnere por personas ajenas, pero no puede impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada que lo haga, so pretexto de proteger a la familia, pues en ese caso, ya no se está frente a la difusión de la información por parte de un tercero, que es ajeno a ésta, sino que se estaría limitando el derecho de una persona de divulgar la información que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir es que terceros difundan información de la vida privada ajena, sin consentimiento del titular; de ahí que si la injerencia en la vida privada de que se duele el tercero perjudicado, consiste en la difusión que hicieron otros miembros de su familia, sobre hechos que conciernen a la vida privada de ellas, y que involucran a éste, como causante de la afectación sufrida por ellas, entonces no puede considerarse que dicha difusión resulte arbitraria o abusiva, puesto que se realizó en ejercicio del legítimo derecho que les asiste de difundir información que les es propia, en la medida en que sea veraz, y que las expresiones utilizadas estén protegidas constitucionalmente, por no ser absolutamente vejatorias, esto es, ofensivas, oprobiosas o impertinentes, según el contexto.

Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.”4

No obstante, la Corte ha sido muy clara con respecto a la intervención de las comunicaciones privadas, que necesariamente requieren “autorización exclusiva de la autoridad judicial federal”. Conforme lo establece la jurisprudencia 115/2012 emitida por la Primera Sala de la SCJN.

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional; sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno.

Contradicción de tesis 194/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de octubre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce.”5

En éste orden de ideas, aun cuando desde 2012, la Corte ha reiterado que aún en investigaciones sobre delincuencia organizada, el Ministerio Público, solo puede tener acceso a la información telefónica con una orden judicial que así lo autorice, el problema surge cuando la intervención de comunicaciones se realiza de manera ilegal y por los propios agentes del Estado, que en teoría están obligados a respetar las normas constitucionales, convencionales y legales, afectando los derechos de activistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos o periodistas.

Aun cuando las intervenciones a las comunicaciones cometidas por el gobierno Mexicano no son algo nuevo, el 19 de junio de 2017 fue revelado por el prestigiado diario estadounidense The New York Times que activistas de organizaciones civiles y periodistas fueron víctimas de un malware israelí que habría permitido la intervención de sus teléfonos celulares, a través un programa informático que permiten la intercepción telefónica, desarrollado por la firma NSO Group, de origen israelí, empresa con sede al norte de Tel Aviv que no proporciona ningún tipo de información a la prensa6.

“Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno7.

Estos hechos ocasionaron que La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-DH) condenará los presuntos actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos –incluidos integrantes de sus familias–, que habrían sido perpetrados por dependencias de seguridad del Gobierno Federal, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-DH) en México señaló que:

“éstos y otros hechos denunciados meses atrás constituyen violaciones como injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional, las cuales deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas.”

‘‘Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas.

‘‘Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia. Este organismo agregó que el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas8.

Por separado, la organización PEN internacional condeno el espionaje y la vigilancia a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México, y señaló: 

PEN Internacional expresa su profunda preocupación por los casos de espionaje cibernético a los que se han visto sometidos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. En el reportaje publicado el 19 de junio de 2017 por el periódico The New York Times, y la investigación realizada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto (https://r3d.mx/gobiernoespia y https://citizenlab.org/2017/06/reckless-exploit-mexico-nso/ , publicado en junio de 2017) y apoyada por Artículo 19, R3D y Social TIC, y otras organizaciones no gubernamentales, se demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos y registrar información personal y de trabajo: “Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, se anota en el periódico estadounidense.9

Por su parte la CNDH solicitó medidas cautelares a distintas dependencias federales, ante los señalamientos de espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y en comunicado de prensa señaló: 

“• Se requirió a SEDENA, SEMAR, PGR y SEGOB implementar acciones para que en caso de poseer programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, se abstengan de emplearlo contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional

• Se solicitó también que, en caso de haberse obtenido información mediante este tipo de programas, se abstengan de utilizarla o difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias competentes

• A la PGR se le pidió que instruya al personal ministerial que conozca las denuncias presentadas por los ahora agraviados para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.10

Por otra parte, nuevamente el diario New York Times, en un reportaje divulgado el 10 de julio de 2017, ahonda sobre el espionaje político en México y señala que “Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa”11:

“De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que ha sido descargado inadvertidamente el software.

El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus.

No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.

“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox”.

Es decir, recursos gubernamentales se han utilizado para la compra de dispositivos para la intervención de comunicaciones, que de manera ilegal son usados en contra de la población civil y no para combatir el crimen. Lo cual, sin duda, constituye un delito.

El uso faccioso del aparato de inteligencia del Estado, que utiliza un órgano necesario que genera inteligencia con el propósito de ser utilizada en una investigación criminal, para un manejo político donde se transmuta el objeto de un trabajo de inteligencia puro, en un instrumento para hacer daño público en contra de una persona, como sujeto de descrédito, se convirtió en la herramienta predilecta utilizada como parte del espionaje político.

Que quede claro, no es lo mismo el uso de espionaje con fines de seguridad pública, interna o seguridad nacional, enmarcados dentro de los cauces legales para la obtención de inteligencia, donde la información es procesada y analizada para la toma de decisiones, que el espionaje político que busca resolver desavenencias mediante el temor.

Un ejemplo claro de ello se dio con Carmen Aristegui, la conductora de radio más crítica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien para tratar de inhibir le enviaron un sobre anónimo con un paquete de fotografías de su hijo. No es la única periodista a quien se ha tratado de inhibir en este sexenio, por el hecho de tener una visión y una opinión distinta a la del gobierno. Pero tampoco es el único sector al cual se ha amenazado12.

El espionaje político, que nunca ha dejado de estar presente en nuestro país, ha tomado nuevos bríos en la vida política nacional, con el objetivo de controlar la vida pública nacional. Esto NO lo permitiremos. La sociedad mexicana no lo toleraría. 

Cuando la información es obtenida de manera ilegal por los órganos de seguridad del estado y es utilizada con fines políticos, los instrumentos para la seguridad se desdibujan y pervierten. Eso es inaceptable en un México que busca establecerse como un Estado Constitucional de Derecho.

Lo que México necesita es tener instrumentos legales que sirvan para combatir al crimen y no desviaciones institucionales que espíen a los ciudadanos sin motivo legítimo alguno.

Por tanto, el motivo conductor de la presente iniciativa es llenar el vacío existente para castigar expresamente el espionaje político, es decir, aquel cometido por integrantes de corporaciones de seguridad del Estado en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.  Con ello se pretende subsanar aquellos vacíos legales que abren la puerta a la arbitrariedad y el abuso de autoridad por parte del poder público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 177 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Si quien comete la conducta descrita en el párrafo anterior es funcionario público, y valiéndose de ello  la  realizare, se le aumentará la pena en una tercera parte y será inhabilitado por un periodo de seis a doce años.

Si la víctima del delito señalado en el primer párrafo de éste artículo es periodista o defensor de los derechos humanos, conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las penas se incrementarán en una tercera parte.  

Si quien comete el delito es miembro de las instituciones de seguridad del estado a nivel federal, estatal o municipal, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena de prisión en una mitad y será inhabilitado por un periodo de nueve a quince años.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Alejandro Armenta Mier.

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtg4bf7_3UAhUi2oMKHRrnAi0
QFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Fdocuments
%2Fudhr%2F&usg=AFQjCNEbEvHMXOc44x2dDcpVZeO9nZ73XA

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmx56H8v3UAhVJ_4MKHWR
1D4gQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2
Ftratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg
=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT6ezh8_3UAhUG0IMKHfGiBlMQ
FggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessional
Interest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg

4 TESIS AISLADA XLIX/2014 (10ª)
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqyv7W-P3UAhVI04MKHTDEBH
UQFggMAQ&url=http%3A%2F%2F207.249.17.176%2FPrimera_Sala%
2FTesis_Aisladas%2FTESIS%2520AISLADAS%25202014_PRIMERA%
2520SALA.pdf&usg=AFQjCNFcSbC6ywkoYGUofzsP_3aLha9fJg

5 SCJN Tesis 1ª/J.115/2012 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Primera Sala, Libro XVII, Febrero 2013, Tomo 1, página 431. Jurisprudencia .(Constitucional).
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYr7aA9v3UAhVL7oMKHar1
CygQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2Fsjfsist%2FPaginas
%2FDetalleGeneralV2.aspx%3Fid%3D2002741%26Clase%3DDetalleTesis
BL&usg=AFQjCNEx3wLmG5SyLlA3T9V2fOFrClOVDQ 

6 The New York Times, Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families. June 19th 2017. https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html

7 Idem.

8 La Jornada: Condena ONU-DH presunto espionaje a periodistas y ONG. 23 jun. 2017
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio3oGGmP7UAhVK0YMKH
RFZB1cQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2
F2017%2F06%2F23%2Fpolitica%2F005n1pol&usg=AFQjCNGOoQb
TyAZzVDZJyvfaE3p_lJ7WyA

9 PEN Internacional condena el espionaje y la vigilancia a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México.
http://www.pen-international.org/newsitems/pen-internacional-condena-el-
espionaje-y-la-vigilancia-a-periodistas-defensores-de-derechos-humanos
-y-activistas-en-mexico-2/?lang=es

10 CNDH, Comunicado de Prensa DGC/203/17. 21 de junio de 2017
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_203.pdf

11 The New York Times, Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del
caso Ayotzinapa. 10 de julio 2017.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgrKPrP7UAhUn94MKHZFSAH
0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fes%2F2017
%2F07%2F10%2Fpegasus-giei-espionaje-ayotzinapa%2F&usg=AFQjC
NH5jJmMiJZ8t8ei8W1xaJ1BEhdF-w

12 Espionaje político, la discusión oculta. El Financiero

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9m9e0n_7UAhVn9YMKHaPqC
WgQFghKMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.elfinanciero.com.mx%2
Fopinion%2Fespionaje-politico-la-discusion-oculta.html&usg=AFQjCN
GS4zDkwY_7VpgdgMJeeZnfchyDPg






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena)

La que suscribe, Diputada MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo contemporáneo, tanto por s u nivel de inversión, colaboración para generar empleos, aporte de divisas, como por la contribución al desarrollo regional y nacional.

Las perspectivas para el turismo en las próximas dos décadas son muy favorables. Se estima que para 2020, el flujo de turistas internacionales en el mundo se ubicará en más de 1,560 millones de llegadas.

México hoy ocupa el octavo sitio a nivel mundial en recepción de turismo extranjero y el doceavo en captación de divisas. Actualmente, visitan el país 20 millones de turistas cada año, y los empleos generados en este sector de la economía suman 1.8 millones y pronto se llegarán a ingresos anuales por 10 mil millones de dólares.

Las organizaciones que conforman esta industria deben enfrentar con mayor frecuencia problemas complejos de oferta, demanda, competencia, financiamiento y globalización. Para seguir siendo competitivos y maximizar sus oportunidades en los entornos locales, regionales e internacionales, las empresas turísticas requieren de un cumplimiento puntual en lo que ofertan, producto de un total respeto al turista y guiado por buscar una satisfacción total del turista.

Según datos de la Secretaria de Turismo, al cierre de 2016, México fue visitado por 35 millones de turistas, que dejaron una derrama económica superior a los 19 mil 500 millones de dólares, lo cual lo ubica como el noveno país más visitado del mundo y con amplias posibilidades de en el futuro próximo de alcanzar el octavo.

El reto que se enfrenta en materia de turismo es seguir garantizando la seguridad en los principales destinos que se visitan y lograr la presencia de turistas a nuestro país de otras naciones, como pudieran ser las de Asia y Europa.

Tenemos que ser competitivos con lo que está sucediendo a nivel mundial en el ámbito turístico, sobre todo en las nuevas formas de generar recursos que reflejen equilibrios entre oferta y demanda. En la actualidad, los turistas ya no buscan solamente diversión, buscan tranquilidad, es decir tener la certeza de que lo que les ofrezcan sea lo que les proporcionen.

Y hoy en día varias empresas engañan a sus clientes, prometiéndoles paquetes turísticos que no son acorde a la realidad, y al momento de responder ante su cliente, se vuelven morosos al no cumplir lo pactado, eso es una incertidumbre tremenda porque si bien es cierto hay lineamientos y hasta multas para los prestadores de servicio que no cumplan con lo acordado, (Aquellos prestadores de servicios y negocios que incumplan con lo ofrecido, pueden hacerse acreedores de multas desde 488 pesos hasta de 4 millones 105 mil pesos) el procedimiento a veces es un poco tardado y si el vacacionista invirtió todo su capital para ese viaje, al tardar la reposición del mismo arruina sus vacaciones.

Es primordial cuidar al turismo, ya que es una de nuestras principales fuentes de ingreso como se mencionó, pero para eso tenemos que tener leyes claras, específicas pero puntuales.

Es ahí donde el planteamiento que proponemos es que la reposición de manera inmediata ya que si bien es cierto, dentro de la Ley General de Turismo en su articulado se encuentran las obligaciones de los prestadores de servicio y en específico en su Artículo 60 dice al calce:

Artículo 60. En caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de rembolsar, bonificar o compensar la suma correspondiente por el pago del servicio incumplido, o bien podrá prestar otro servicio de las mismas características o equivalencia al que hubiere incumplido, a elección del turista.

Como se observa, el prestador de servicios que incumpla lo pactado tendrá de dos opciones, regresar el pago o darle alternativa de otro servicio, sin embargo en la práctica esto no sucede de manera rápida, a veces los procedimientos son tardados y los prestadores de servicio se valen que el procedimiento no maneja una temporalidad, para alargar el pago hasta que el contratante se canse.

Por otro lado, la mayoría de los vacacionistas no son del lugar contratado, y a veces en ese momento solo cuentan para sus vacaciones con lo que se dio a la empresa prestadora de servicio turísticos, y al no cumplir lo pactado y retrasar la bonificación se quedan sin disfrutar las vacaciones.

Es por eso que al adicionar una temporalidad se da la oportunidad de resarcir lo incumplido por parte del prestador de servicio y por el otro lado el turista podrá disfrutar sus vacaciones de manera inmediata sin mediaciones ni malos entendidos.

En México la actividad turística se consolida como uno de los principales motores del crecimiento económico y la generación de empleo, es por eso que debemos cuidar y atender mejor a los turistas extranjeros y nacionales, es por eso que:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 60 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 60. En caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de rembolsar, bonificar o compensar la suma correspondiente por el pago del servicio incumplido de manera inmediata, o bien podrá prestar otro servicio de las mismas características o equivalencia al que hubiere incumplido de manera inmediata, a elección del turista.

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena)

La suscrita, Diputada MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, integrante del grupo parlamentario de MORENA de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,  y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente INICIATIVA QUE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema agrario es en México de vital importancia ya que del total de nuestro territorio, más de la mitad es ejido, razón por la cual el tema de designación ejidal es de suma importancia.

La parte de heredar un ejido es completamente diferente en cuanto al tema de herencia por tema civil, mientras que en el primero se designa solo a uno, en el segundo pueden ser varios, en los articulados 17 y 18 de la Ley Agraria, se dice como puede ser esta sucesión, con un listado presentado y depositado ante el Registro Agrario para transmitir los poderes ejidales o en su caso ser redactada ante notario público, así que cuando se fallezca se acude a la lista de sucesión y el qué este primero de la lista pasa a poseer los derechos ejidatarios.

Solo en el caso que el poseedor de estos derechos no haya realizado dicha lista, entonces se llevará a cabo lo que dice el artículo 18 donde dispone quienes serán los herederos:

1.- El o la cónyuge

2.- El o la concubina (o)

3.- Uno de los hijos del ejidatario

4.- Uno de sus ascendientes

5.- Cualquier otra persona que dependa económicamente del ejidatario fallecido

Es de realce comentar que en el caso de los hijos, se les darán 3 meses a los sucesores para que se pongan de acuerdo quién quedará como sucesor y en caso de que no puedan ponerse de acuerdo, los bienes ejidales serán rematados y repartido en partes iguales su utilidad.

Es de comentar que el orden es importante y que al prioridad es 1 y si no es ese,  pasa a número dos, y si no el tres y así sucesivamente.

Como se observa en la lista, en el punto 1 o 2,  la esposa/esposo o concubina/concubino son las únicas personas en esta calidad, sin embargo en el punto 3 ,4 ó 5 es variado.

En el punto 3 se habla de los hijos del ejidatario, y hacemos énfasis en que dice: uno de los hijos, en el lenguaje denotativo e incluyente es importante ampliarlo también en modo del término femenino, es decir, hijas, y recalco lo que dice la Real Academia Española:

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto.

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos.1

1.- http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas

Entonces hay que entender que el lenguaje escrito es importante ya que puede mostrar síntomas de machismo, la utilización de la escritura correcta no es insignificante; la escritura predispone de gran manera y sugiere imágenes mentales. Esta es una de las razones por las que muchos piensan que es importante evitar el sexismo dentro del lenguaje, porque si se habla en masculino es porque se piensa en masculino y se hace pensar en ese mismo género”. A esta forma de expresión se le denomina lenguaje sexista.

En materia de igualdad de género tenemos leyes, tratados, normas de todo tipo, presupuestos con perspectiva de género; Pero tenemos una cultura enfocada en el machismo, varada por intransigencias a perder cualquier espacio, paso necesario en el camino a reconocernos iguales en derechos.

Los prejuicios contra las mujeres existen aún y tienen resultados en todos los entornos de nuestra sociedad. Las mujeres son las más afectadas, las víctimas de leyes machistas que provoca que sus derechos humanos no sean respetados o simplemente ignorados.

Retomando el articulado de la Ley Agraria, en el 18 se pide por orden de prioridad los posibles “herederos” de los derechos agrarios del ejido, sin embargo en la tercera opción aparece la opción de “uno de los hijos”.

Entendiendo que la intención de esta iniciativa es homologar un lenguaje o en su caso incluir la denominación de igual manera que esta la palabra hijos, incluir la palabra hijas ya que el definir que puede ser mujer u hombre los posibles herederos se amplía la gama de derechos de la mujer ejidal, es por eso que:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma la fracción V del Artículo 18 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A una de las hijas o hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal.






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California a informar sobre el avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Fondo de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tiene como objetivo fortalecer el presupuesto de éstas últimas a través de la inversión en los siguientes rubros:

• Inversión de infraestructura física, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola y hasta un 3% del costo del programa o proyecto para gastos indirectos.

• Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de la deuda pública.

• Apoyo al saneamiento de pensiones.

• Modernización de registros públicos de la propiedad y de comercios locales; y modernización de los catastros.

• Modernización de los sistemas de recaudación locales.

• Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

• Sistemas de protección civil en las entidades federativas y la Ciudad de México.

• Apoyo a la educación pública.

• Destinar fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada en donde se combinan recursos públicos y privados.1

El gobierno del Estado de Baja California lejos de utilizar de forma adecuada los recursos, incurrió en diversas irregularidades relacionadas con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente a la Cuenta Pública 2016, mismas que  podrían constituir un daño al erario público.

Entre las anomalías detectadas por la ASF, podemos señalar las siguientes:

• El Gobierno del Estado de Baja California ejerció poco más de 303 millones de pesos sin que exista la documentación que justifique y soporte dicho gasto, motivo por el que la ASF, presume un posible daño a la Hacienda Pública por dicho monto.

• El Gobierno del Estado de Baja California destinó recursos del fondo a la modernización de los sistemas de recaudación locales y desarrollo de mecanismos impositivos, para la adquisición de una camioneta por más de 500 mil pesos lo cual está fuera de los objetivos del fondo. 

• Se efectuaron pagos por más de 4 millones 700 mil por el pago de trabajos para la construcción de un edificio de tres niveles para laboratorios y aulas didácticas del Colegio de Bachilleres Plantel “T, mismos que no se encuentran especificados en los contratos correspondientes, por lo cual se considera un probable daño a al erario público.2

La ASF considera que, el Gobierno del Estado de baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos, destino de los recursos y obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de 308 millones 980 mil pesos.

La ASF concluyó que el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas, ajustada a la normativa que regula su ejercicio.

El uso indebido de los recursos federales por parte de la administración de Francisco Vega de la Madrid, no es un hecho aislado, por el contrario, cabe recordar que en el año 2015, la ASF interpuso la denuncia 645  contra el gobierno de Baja California por simular el reintegro de montos exigidos por la ASF después de hallar irregularidades en las Cuentas Pública de 2014.

La administración estatal depositó 5 millones 5 millones de pesos por concepto de recuperaciones tras incumplir con el debido ejercicio presupuestal, pero canceló la transacción una vez que los auditores verificaron el cumplimiento de la observación.3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California para que, informe a esta Soberanía sobre el avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por casi 309 millones de pesos, que presuntamente podrían constituir un daño al erario público.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente.

1 Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

2 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0541, Auditoría Superior de la Federación,
< http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0541_a.pdf>
Consultado el 4 de julio de 2017.

3 “A Kiko Vega no le apuran denuncias de la ASF sobre desvíos”, La Jornada de Baja California,
<
http://jornadabc.mx/tijuana/25-10-2016/kiko-vega-no-le-apuran-denuncias-de
-la-asf-sobre-desvios> Consultado el 4 de julio de 2017.






De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe del estado que guardan las investigaciones de presuntas irregularidades en el desempeño del delegado del IMSS en el estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeida. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, y VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos  a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), A QUE REMITA UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO DEL DELEGADO DEL IMSS EN EL ESTADO DE SINALOA, ARIEL LEYVA ALMEIDA. Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año de 2016, el titular del IMSS Mikel Arriola Peñalosa, firmó con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tres acuerdos que tienen por objetivo reforzar la cooperación, la transparencia y las buenas prácticas en compras públicas, así como en la simplificación administrativa, con ello se busca dar seguimiento a la implementación de recomendaciones de la OCDE; analizar y evaluar las políticas de compras públicas en el IMSS y medir el impacto de las acciones de digitalización y simplificación de trámites.

En dicha firma, el Secretario General de la OCDE afirmó que “el Seguro Social es pionero en México por sus esfuerzos en la integridad y trasparencia en licitaciones y compras públicas..”.

Además de lo señalado, se dijo que los convenios firmados permitirían incrementar eficiencias en el manejo del gasto, con acciones de fortalecimiento financiero y de simplificación de trámites en el IMSS, combatiendo así, la colusión en los procedimientos de compras para el Instituto; y se acordó un estudio para analizar y evaluar las políticas, los sistemas, los procesos y las prácticas de compras públicas en el IMSS, con el objeto de identificar oportunidades para mejorar la eficiencia, la integridad y la rendición de cuentas.

Sin embargo, se tiene registro de la existencia de denuncias, en donde se señala que  los procedimientos no fueron debidamente observados por la Delegación del IMSS del Estado de Sinaloa, como es el caso de la licitación pública nacional para la adquisición de víveres en la que alguno de los participantes acusa que fue hecha indebidamente a la medida, para que resultara ganadora la empresa denominada “Select Produce de México”, como consta en denuncia que fue formalizada ante el Órgano Interno de Control del IMSS, en el área de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades. Asimismo hay denuncias que indican que el Delgado en Sinaloa ha asignado contratos en forma directa y discrecional, sin considerar el proceso de la licitación pública, adquiriendo desde equipo de cómputo, trabajos de obra civil y diversos artículos varios.

Para el tema en comento, y en apego al fundamento legal dictado en los articulos 139 y 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social resulta relevante remitirnos a la Sección Primera, de las Delegaciones, en donde se establece que:

Artículo 139. Las delegaciones del Instituto serán las directamente responsables de la operación de los servicios institucionales, excepto los encomendados a las Unidades Médicas de Alta Especialidad. Asimismo, establecerán la coordinación necesaria entre sus diferentes áreas, y proporcionarán a las unidades que las conforman los presupuestos y recursos necesarios para que éstas puedan cumplir de manera eficiente con las metas fijadas en los programas de trabajo.

Artículo 144. Son atribuciones del Delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes:

XXIII. Llevar a cabo los procedimientos de contratación que tengan por objeto la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como la terminación anticipada, o bien, la rescisión administrativa de los contratos suscritos dentro del ámbito de su competencia;

XXIV. Planear, programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones;

XXXV. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos dentro de su circunscripción territorial, con motivo de sus funciones, así como de aquéllas que causen un daño o perjuicio al patrimonio del mismo, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Llama la atención, que el Delegado Ariel Leyva Almeida, resulte en recurrentes denuncias y que sus colaboradores cercanos que han participado en la toma de decisiones en las licitaciones, hayan  sido sancionados o se encuentren en investigación, por parte del Órgano Interno de Control, por  ejemplo, el caso de Luis Alberto Aldaz Galaviz, que fue destituido, inhabilitado y multado por más de un millón de pesos por negligencia administrativa como Jefe de Abastecimientos, o el de Silverio Estrada Duarte, Jefe de Servicios administrativos, también sancionado por un mes, por negligencia administrativa, en el caso de estos dos funcionarios públicos, el expediente muestra que estaban siendo investigados dese hace tres años por múltiples denuncias a las que el Delegado no prestaba atención, cabe señalar que este funcionario público, ya cuenta con denuncias por el mal desempeño en su paso por las delegaciones de los Estados de Sonora y Tlaxcala.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que rinda un informe a esta Soberanía, del desempeño del Delgado del IMSS en el Estado de  Sinaloa y del estado que guardan las denuncias presentadas en contra del Delegado Ariel Leyva Almeyda en las distintas delegaciones estatales en las que se ha desempeñado.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Órgano Interno de Control a remitir un informe detallado sobre las denuncias que obran contra el Delegado del IMSS en el Estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeyda.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Titular de la Función Pública a fin de realice una auditoría integral y de desempeño de las diferentes licitaciones y asignaciones directas de obras y adquisiciones en las que ha intervenido el actual Delegado del IMSS en el Estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeyda.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta  de manera respetuosa al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a remitir los resultados del estudio acordado con la OCDE en el que se analizaría y evaluaría las políticas, los sistemas, los procesos y las prácticas de compras públicas en el IMSS.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.






Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de la luchadora social poblana Meztli Sarabia Reyna y se solicita al Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senador de la República a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8º, fracción II del Reglamento Interior del Senado de la República, presentamos la siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La indolencia e ineficacia gubernamental es también una forma de autoritarismo. Eso es lo que está padeciendo el estado de Puebla en varios rubros, el de inseguridad entre ellos.

Homicidios, robo con violencia, secuestros y extorsiones se han convertido en parte de la cotidianeidad de muchos municipios poblanos, sobre todo de la capital y su área metropolitana.

Esto impacta en la vida cotidiana de las personas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016, elaborada por el INEGI, en Puebla el 65% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguros.1

La incapacidad, la ineficacia y la impunidad alimentan la desconfianza ciudadana. Cuando una persona es víctima de un delito, lamentablemente no denuncia porque sabe que no va a pasar nada o porque es una pérdida de tiempo. Según un estudio de la Universidad de Las Américas de Puebla, la cifra negra de delitos cometidos pero que no llegan al conocimiento de la autoridad, es del 93.2%.2 Así de abismal es la desconfianza de los poblanos en sus autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Si a este contexto de ineficacia, incapacidad e impunidad se agrega el tratamiento autoritario a un problema social, lamentablemente la consecuencia son casos como el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, ocurrido el pasado 29 de junio en el Mercado Hidalgo, quien recibió dos disparos: uno en el abdomen y otro en la cabeza. En el mismo ataque resultó herido Pablo Alfredo Barrientos, quién también fue herido de bala en la cabeza  y se encuentra en una condición crítica.

La incapacidad de la Fiscalía estatal para remediar la impunidad que lacera a la sociedad poblana es muestra que no existen condiciones para que la investigación de este crimen sea atendido eficaz e imparcialmente para dar con los responsables materiales e intelectuales del mismo. Debe ser la Procuraduría General de la República la que atraiga la investigación del homicidio y consignar a sus perpetradores.

Deben garantizarse los derechos y la seguridad de los familiares de Meztil, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe otorgar las medidas cautelares para lograr con la mayor prontitud ese objetivo.

Condenamos el asesinato de Meztli Sarabia y expreso  mi solidaridad con su familia.

Este es un homicidio que se une a la cadena delictiva que se padece en el Estado de Puebla, es inadmisible la presencia de bandas criminales en la capital poblana y en todo el territorio de la entidad.

No hay que politizar esta tragedia, pero es necesario que las autoridades locales reconozcan que el problema  se le está yendo de las manos.

Percibimos incapacidad de respuesta del gobierno de Antonio Gali Fayad, su administración está obligada a esclarecer este hecho y todos los hechos delincuenciales que han agraviado a nuestro pueblo.

Renovar lo que no está funcionando en materia de seguridad pública, es su obligación, me refiero al desempeño de la Fiscalía General del estado y a la policía estatal.

Es urgente que el Gobernador Gali Fayad garantice las condiciones para que las poblanas y los poblanos se sientan seguros y  que puedan vivir en paz. El gobernador debe encargar a profesionales y a gente decente las tareas de seguridad pública en Puebla.

Por las anteriores consideraciones, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato de MEZTLI SARABIA REYNA y se pronuncia porque este crimen no quede impune.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República para que ejerza su facultad de atracción sobre la investigación del asesinato de MEZTLI SARABIA REYNA y asegurar que la indagatoria se realice con profesionalismo e independencia.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que otorgue las medidas cautelares que garanticen la seguridad de los familiares de Meztli Sarabia.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo de Puebla realice las acciones necesarias para acabar con los índices de criminalidad e impunidad que padece esa entidad federativa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. Miguel Barbosa Huerta.

1 Vid. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

2 Vid. http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_puebla.pdf






De los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año 2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, Diputados federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos tres años las emisiones globales de dióxido de carbono provenientes de la combustión de combustibles fósiles se han estancado después de décadas de un incremento constante. Lo anterior representa una buena noticia, debido a que las políticas e inversiones llevadas a cabo por los gobiernos y las empresas para mitigar el cambio climático están empezando a dar resultados.

Naciones como los Estados Unidos, China, India y Rusia han empezado a reemplazar la utilización de carbón en sus procesos industriales con fuentes de energía menos contaminantes como el gas natural y otras fuentes de energía renovables. En este sentido, existe un acuerdo unánime entre la comunidad internacional de que los riesgos de abandonar los acuerdos del cambio climático son demasiado costosos para ser ignorados.

Asimismo, la tecnología que nos ayudará a transitar de una economía de carbono a una sin carbono está siendo mejorada, lo anterior facilitará los objetivos planteados en las diversas cumbres sobre Cambio Climático.

A pesar de los esfuerzos realizados, aún existe un largo camino para descarbonizar la economía mundial, sobre todo si tomamos en cuenta que hace unos meses el presidente Donald Trump anunció que los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo de París cuando las cláusulas del tratado lo permitieran, esto ocurrirá en el año 2020.

Entonces el año 2020 será crucial, y es que amén del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París, hay otra razón que tiene que ver más con cuestiones físicas que con cuestiones políticas; en este sentido, según el Informe 2020: El Punto Clave del Clima, realizado por Carbon Tracker en Londres, el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam y la Universidad de Yale “si las emisiones siguen subiendo para el 2020, o incluso se quedan en el mismo nivel, cumplir con los objetivos de temperatura fijados en el Acuerdo de París será casi imposible.”

Y vaya que el impacto del aumento de la temperatura en nuestro planeta tendrá consecuencias devastadoras en el medio físico, biológico y social, por ejemplo, en la actualidad, con el aumento de un grado centígrado como consecuencia de la actividad humana, la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida están perdiendo su masa en tiempo récord, los arrecifes de coral están muriendo por el nivel de calor en las aguas de los océanos y ecosistemas enteros están empezando a colapsar.

Dichos cambios en nuestro medio ambiente, a su vez, tendrán un impacto sobre todo en la población más pobre y vulnerable, mucha gente sufrirá y estará en riesgo como consecuencia de las olas de calor, sequías, huracanes y el incremento inexorable del nivel del mar.

Sin embargo, la buena noticia es que todavía es posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en un plazo de tres años, sobre todo si cumplimos con 6 objetivos que un grupo de personalidades y expertos1 en el tema  han recomendado, entre éstos se encuentran: que las energías renovables deben representar al menos el 30% del suministro eléctrico mundial; el 15% de las ventas de automóviles nuevos deben ser de vehículos eléctricos; reducir considerablemente la deforestación; reducir a la mitad las emisiones de carbono en las industrias para 2050; propiciar la descarbonización total de todos los edificios; y que el sector financiero destine al menos un billón de dólares al año para las acciones contra el cambio climático.

El estudio referido menciona que si la humanidad se demora, las condiciones para lograr la prosperidad humana se verán seriamente obstaculizados, de la misma manera, se señala que se deben seguir tres pasos para adoptar los 6 objetivos anteriormente mencionados.

El primer paso consiste en utilizar la ciencia para guiar nuestras decisiones y establecer nuestros metas y objetivos, ya que las políticas y acciones deben estar basadas en evidencia científica robusta; asimismo, aquellos que detentan el poder político y monopolizan la toma de decisiones deben apoyar la ciencia y la evidencia científica, un buen ejemplo lo constituye el presidente francés, Emmanuel Macron, quien estableció la campaña “Make Our Planet Great Again”, la cual resalta la importancia de apoyar a los científicos en sus hallazgos y teorías para combatir el Cambio Climático.

El segundo paso pretende implementar rápidamente y sin dilación las soluciones existentes, por ejemplo, sin tiempo que perder, los países, deberían adoptar planes para lograr la producción de energía eléctrica renovable al 100 %.

El tercer paso se centra en no dejar de insistir en la importancia de combatir el cambio climático, los recientes sucesos políticos han desmoralizado a muchos entusiastas ambientalistas y a la población en general; por lo tanto, resulta crucial que las historias de éxito sean compartidas, experiencias de otros países y otros lugares que han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El 7 y 8 de julio de 2017 se llevará a cabo la Cumbre del G-20 en Hamburgo, en dicho evento estarán reunidos los 20 jefes de Estado más poderosos del mundo, por lo tanto, consideramos que es el lugar y evento adecuado para poner a discusión la adopción de los 6 objetivos para evitar el incremento de la temperatura para el año 2020, afrontando de manera seria y responsable los riesgos globales del Cambio Climático.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que considere la viabilidad de proponer la discusión de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año 2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio de 2017 en Hamburgo, Alemania.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 12 de julio de 2017.

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli   .- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.-Dip. Cándido Ochoa Rojas      .- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Christiana Figueres is vice-chair of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, and Convener of Mission 2020; Hans Joachim Schellnhuber is director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany; Gail Whiteman is director of the Pentland Centre for Sustainability in Business, Lancaster University, UK; Johan Rockström is executive director of the Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden; Anthony Hobley is chief executive of Carbon Tracker, London, UK; Stefan Rahmstorf is head of Earth system analysis at the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany.





De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a evitar que el ajuste de las finanzas públicas impacte en las condiciones de vida de sus ciudadanos. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Aviación. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, por GONZALO GUÍZAR VALLADARES, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

Las aerolíneas atraviesan por un momento de turbulencia ante las reformas a la Ley de Aviación Civil y Ley Federal de Protección al Consumidor, que a grandes rasgos establecen sanciones a las aerolíneas que incumplan con los horarios de vuelos, cancelaciones y equipaje,  por lo que estarán obligadas a pagar compensaciones a los usuarios, dichas reformas fueron avaladas por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Senadores el  pasado  27 de abril.  

Ahora es obligación de las aerolíneas, informar a los usuarios a través de medios electrónicos  y  el  área de abordar  las razones y  causas  que originen la demora del  vuelo entre otras.   

 Tales  adiciones a la ley  se dieron por las  múltiples denuncias  de los usuarios de este servicio  ya que, según fuentes oficiales durante los primeros meses del 2017, las quejas contra aerolíneas en el país aumentaron 42.6% con respecto al mismo periodo del 2016 según la PROFECO. Durante los dos primeros meses del año, 505 usuarios presentaron reclamos. El 30% de los reclamos se debieron a negativas para entregar el producto o servicio, y el 17% por negarse a cambios o devolución; en general, la mayoría de los inconvenientes están relacionados con equipaje, cancelación de vuelos y sobreventa.

Hay resultados de multas por parte de la PROFECO que ya suman aproximadamente 22.4 millones de pesos y fueron aplicadas al concluir una investigación iniciada en abril pasado por contravenir disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley de Aviación Civil (LAC) y su reglamento.

Cabe mencionar que no solo se  incurrió en abusos de tarifas y  retrasos de los vuelos  las aerolíneas, sino en actos de publicidad engañosa y así como en actos discriminación, cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y otras prácticas que vulneran los derechos de los pasajeros, todo esto informado por PROFECO también. Hay resultados que derivan en multas millonaria como el de Aeroméxico con  6.3 millones de pesos, e Interjet con 5.1  entre otras.

El gran esfuerzo de esta soberanía por legislar a favor de los consumidores de dichas empresas y salvaguardar sus derechos que durante años habían sido violentados de mañanera arbitraria y artera por las aerolíneas se vieron reflejados en la reforma publicada el  26 de Junio de 2017 en el  Diario Oficial  de la Federación donde se establecen las nuevas disposiciones y modificaciones de la Ley de Aeronáutica Civil (LAC). A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley las aerolíneas tendrán 90 días hábiles para adecuar sus procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones que finalmente derivan en un marco de legalidad que frenará de manera contundente acciones  de sobreventa de boletos, pérdida de equipaje  y demás  acciones  rapaces ya mencionadas.

Y es que, las aerolíneas no contaban  con  que las autoridades federales dotarían a los usuarios de una serie de derechos ahora, a un día de la entrada en vigor de dicha legislación, las aerolíneas han optado por el alza de costos de manera discreta y  paulatina.

El titular de la PROFECO Rafael Ochoa declara en redes sociales que, “Las líneas aéreas tienen libertad tarifaria, pero no hay justificación para un aumento”.

Esto solo nos muestra que las aerolíneas están buscando mecanismos de coerción que finalmente siguen lastimando el bolsillo de la ciudadanía. Es necesario  que las autoridades competentes vigilen que las leyes  se lleven a cabo incluyendo  además,  sanciones de aumento de precios desmedidos en la tarifas de los vuelos  ya que  finalmente a quien se  estará   perjudicando   es al  consumidor.

 Encuentro Social congruente con sus principios básicos en defensa de la economía con líneas de igualdad y equidad en el mercado, seguirá luchando para que cada ciudadano tenga la certeza que el marco legislativo consensado con racionalidad, responsabilidad y voluntad siempre derivará en paz y justicia social por lo que se somete a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo  Federal a través de las autoridades competentes a vigilar el cabal cumplimiento de las nuevas  disposiciones  establecidas en la Ley de Aviación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio de 2017, así como a la PROFECO a tomar las medidas pertinentes para sancionar los incrementos desmedidos en los costos de los vuelos de las diferentes aerolíneas que operan en el país.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Gonzalo Guízar Valladares.






De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, MARCELA TORRES PEIMBERT, VICTOR HERMOSILLO y CELADA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFO APPEL Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REDISEÑAR LA POLÍTICA COMERCIAL A TRAVÉS DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, LA REPÚBLICA DE LA INDIA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 6 de diciembre de 2016, los suscritos Senadores presentamos ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo mediante el cual acordamos exhortar al titular de la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con otros países como la República Popular de China, la República de la India y la República Federativa de Brasil; dada la importancia en que resulta esta petición, los senadores coincidimos nuevamente en insistir sobre mencionada solicitud.

Diversos medios de comunicación a lo largo de 8 meses se han dado a la tarea de informar las acciones a emprender por parte del gobierno norte americano, particularmente lo referente a que ya se evalúa la permanencia de los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró vigor en el año de 1994.

Cabe señalar que con plena claridad, el presidente Donald Trump señala que busca dar “vuelta atrás a décadas de política comercial conciliatoria” asimismo señala y mantiene su postura para que nuevos acuerdos sea negociados en favor de los intereses de los Estados Unidos de Norte América y de sus trabajadores.

Es importante recordar que durante la campaña electoral, el hoy presidente Trump, ofreció evaluar continuar con el tratado señalando que es uno de los peores que ha firmado los Estados Unidos.

En razón del presente documento legislativo, resulta importante señalar los cinco puntos que han sido expuestos por Donald Trump:

Renegociación o abandono del TLCAN.

1. Detener el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

2. Detener importaciones injustas.

3. Detener el comercio inequitativo.

4. Devolver los trabajos manufactureros y disminuir las regulaciones impositivas a los negocios.

En otros discursos el presidente Donald Trump ha realizado diversas declaraciones por las que podríamos crear una expectativa en adelante hacia el TLCAN1:

Empleos perdidos. Voy a cambiar nuestros acuerdos de comercio, pues EU ha perdido casi un tercio de su poder manufacturero desde 1997 y no voy a permitir que las compañías se vayan a otras ciudades sin que haya consecuencias. Me comprometo a que nunca firmaré ningún acuerdo comercial que perjudique a nuestros trabajadores. Voy a llegar a acuerdos individuales con distintos países”, dijo Trump en julio de 2016 al aceptar su candidatura por parte del Partido Republicano.

En julio de 2016, el empresario dijo que las empresas que trasladan sus empleos a México, con el objetivo de reducir costos de producción, deberán pagar un impuesto para poder vender sus productos en territorio estadounidense.

Durante su campaña atacó de forma directa a empresas como Ford Motor, a quien advirtió que de llegar a la Casa Blanca no permitiría la apertura de una nueva planta en México. Tras la victoria del republicano, la automotriz dijo que buscaría trabajar de forma conjunta con el mandatario electo estadounidense.

¿Fin del IVA a empresas de EU? El republicano también ha declarado que “México no juega parejo en lo que toca a comercio” con EU, debido a que las empresas estadounidenses pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% y asegura que las compañías mexicanas no tienen un gravamen similar en EU. Trump buscará que las firmas estadounidenses queden exentas del IVA.

El libre comercio conspira contra EU. “El régimen de libre comercio vigente a nivel mundial es usado por muchas naciones para ‘abusar’ de Estados Unidos.”

Las declaraciones de Donald Trump podrían afectar los siguientes temas del TLCAN:

PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES

Capítulo I Objetivos

Artículo 101. Establecimiento de la zona de libre comercio

Artículo 105. Extensión de las obligaciones

SEGUNDA PARTE COMERCIO DE BIENES

Capítulo III Trato nacional y acceso de bienes al mercado

Artículo 300. Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones

Sección A - Trato nacional

Artículo 301. Trato nacional

Sección B – Aranceles

Artículo 302. Eliminación arancelaria

Artículo 303. Restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de diferimiento de aranceles aduaneros

Artículo 304. Exención de aranceles aduaneros

Artículo 305. Importación temporal de bienes

Artículo 306. Importación libre de arancel aduanero para algunas muestras comerciales y materiales de publicidad impresos

Artículo 307. Bienes reimportados después de haber sido reparados o alterados

Artículo 308. Tasas arancelarias de nación más favorecida para determinados bienes

Sección C - Medidas no arancelarias

Artículo 309. Restricciones a la importación y a la exportación

Artículo 310. Derechos aduaneros

Artículo 311. Marcado de país de origen

Artículo 312. Vinos y licores destilados

Artículo 313. Productos distintivos

Artículo 314. Impuestos a la exportación

Artículo 315. Otras medidas sobre la exportación

Sección D - Consultas

Artículo 316. Consultas y Comité de Comercio de Bienes

Artículo 317. Dumping de terceros países

Sección E - Definiciones

Artículo 318. Definiciones

Anexos

Anexo 300 - A Comercio e inversión en el sector automotriz

Anexo 300 - B Bienes textiles y del vestido

Capítulo V Procedimientos aduaneros

Artículo 502. Obligaciones respecto a las importaciones

Artículo 503. Excepciones

Artículo 504. Obligaciones respecto a las exportaciones

Capítulo VI Energía y petroquímica básica

Artículo 603. Restricciones a la importación y a la exportación

Artículo 604. Impuestos a la exportación

Artículo 605. Otras medidas sobre la exportación

Capítulo VII Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias

Artículo 702. Obligaciones internacionales

TERCERA PARTE BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO

Capítulo IX Medidas relativas a normalización

Artículo 904. Principales derechos y obligaciones

Artículo 905. Uso de normas internacionales

CUARTA PARTE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO

Capítulo X Compras del sector público

Sección A - Ámbito de aplicación y trato nacional

Artículo 1003. Trato nacional y no discriminación

Artículo 1005. Denegación de beneficios

Artículo 1018. Excepciones

QUINTA PARTE INVERSION, SERVICIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS

Capítulo XI Inversión

Artículo 1102. Trato nacional

Artículo 1103. Trato de nación más favorecida

Artículo 1104. Nivel de trato

Artículo 1105. Nivel mínimo de trato

Artículo 1113. Denegación de beneficios

Capítulo XII Comercio transfronterizo de servicios

Artículo 1202. Trato nacional

Artículo 1203. Trato de nación más favorecida

Artículo 1211. Denegación de beneficios

Capítulo XIV Servicios financieros

Artículo 1405. Trato nacional

Artículo 1406. Trato de nación más favorecida

Artículo 1410. Excepciones

Artículo 1411. Transparencia

SEXTA PARTE PROPIEDAD INTELECTUAL

Capítulo XVII Propiedad intelectual

Artículo 1703. Trato nacional

Artículo 1704. Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia

Capítulo XX Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias

Artículo 2019. Incumplimiento - suspensión de beneficios

OCTAVA PARTE OTRAS DISPOSICIONES

Capítulo XXI Excepciones

Artículo 2103. Tributación

Artículo 2104. Balanza de pagos

Dicho lo anterior, estas declaraciones suponen una amenaza directa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la política comercial de nuestro país en general.

Si bien es cierto que el pueblo estadounidense saldría perdiendo en caso de por terminado el TLCAN, en estos momentos en que la incertidumbre continua, no podemos descartar nada, pues el daño para México sería mayúsculo, ya que cerca del 80 por ciento de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos.

Esto desnuda la política comercial mexicana, pero abre nuevas oportunidades. La desnuda, porque demuestra que no hemos tenido el empuje suficiente para abrirnos al resto del mundo. Así, México sigue sin contar con tratados de libre comercio con muchas de las economías más pujantes y grandes del mundo. No tenemos tratado con China que ya es la economía más grande del mundo (medida en PIB-PPA) con 21 millones de millones de dólares. Tampoco con la India, tercera economía, con un PIB-PPA de 8.6 millones de millones de dólares. Ambas creciendo a tasas de un 7 por ciento anual.

Lo mismo podemos decir de Brasil, la segunda economía del continente americano. Un mercado de 3.1 millones de millones de dólares y que, pese a sus problemas económicos actuales, representa una enorme oportunidad para importar y exportar.

Sin dudarlos, los senadores que suscribimos el presente documento legislativo, apostamos por diversificar nuestra economía, dando el poder a los emprendedores para que puedan comerciar libremente y sin trabas con todo el mundo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe pormenorizado a esta soberanía, sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a informar a esta soberanía cuales son los alcances hasta el momento de las negociaciones del TLCAN.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.

1 http://expansion.mx/economia/2016/11/15/3-razones-por-las-que
-donald-trump-menosprecia-al-tlcan





Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se cita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Comisión Permanente para informar sobre las denuncias de acoso, represión laboral y violaciones a los derechos de los trabajadores del instituto, así como otras problemáticas. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Recientemente denunciamos ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante diversa proposición con punto de Acuerdo, la grave situación de miles de trabajadores y ex trabajadores del IMSS, quienes desconocen el destino del dinero que aportan a sus cuentas individuales de Afores en el rubro de cesantía y vejez.

Se trata de un asunto de gravedad, pues no solamente se ha generado una situación de incertidumbre e indefensión para los trabajadores, sino que además no existe claridad del manejo y destino que se le está dando a dichos recursos y ninguna autoridad ha dado explicación de ello.

Teniendo en cuenta ese antecedente y preocupados por la serie de situaciones irregulares al seno del IMSS, que han venido siendo dadas a conocer por los propios trabajadores y ex trabajadores, la presente proposición tiene por objeto hacer eco de sus denuncias sobre el clima de hostigamiento, acoso laboral y violaciones a los derechos que desde las altas esferas del Instituto y de su sindicato, se han venido orquestando en contra de los trabajadores desde el año 2006, cuando Valdemar Fragoso Gutiérrez fue ungido como Secretario General del Sindicato Nacional del Seguro Social (SNTSS) sin ser trabajador del IMSS, ni médico y sin reunir otros requisitos estatutarios. La inconformidad de los trabajadores que se manifestaron en contra de su imposición y de su toma de nota anticipada como Secretario General por un período de 6 años, dio paso a la persecución y represión sindical, misma que se extendió incluso cuando abandonó el cargo por motivos de salud, dejando a cargo a Eduardo Barrera.

La llegada de Manuel Vallejo Barragán a la Secretaría General del sindicato en 2012 no representó un cambio. Los trabajadores disidentes impugnaron por vías legales su designación, tal y como consta en el expediente 272/2012 y sus acumulados 381/2012, 26 /2013 y 123/2014, hasta llegar al juicio de amparo 87/2015, en el que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, determinó la ilegalidad de la designación de Vallejo Barragán, del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS en su conjunto, del congreso y de la toma de nota. A pesar de ello, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  en la Ciudad de México, no acató dicha resolución y, por el contrario, emitió un nuevo laudo, en el que ratificó la toma de nota, el Congreso, la designación de Vallejo Barragán y el Comité Ejecutivo. A partir de entonces, según lo han denunciado los propios trabajadores, se recrudeció la persecución y hostigamiento.

Otra denuncia en contra de la dirigencia sindical, tiene que ver con la imposición de los Secretarios Generales de varias de las secciones sindicales que existen a nivel nacional, a través de prácticas fraudulentas y en franca violación al marco estatutario del propio sindicato. Tal es el caso de las siguientes secciones:

• Sección XXI (Aguascalientes) en 2011, en donde los trabajadores denuncian que tras el amplio triunfo del Ing. Filiberto Santillán con el voto de la base trabajadora, el Secretario General y la Comisión de Honor y Justicia impusieron a su candidato, Sergio Manuel Zertuche Romero en el congreso estatal y sancionaron a los trabajadores que habían ganado la elección.

• Sección XII (Coahuila) en 2012, donde los trabajadores denuncian que a pesar del triunfo de Salvador Medina, la dirigencia sindical impuso a Marcos Fuentes, sancionando además a la mitad de los 12,000 trabajadores de esa sección.

• Sección XXXII Noroeste (Ciudad de México) en 2014; actualmente se ventila un juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por la imposición e ilegalidad de Sergio Fragoso Gutiérrez,  hermano del ex Secretario General, Valdemar Fragoso Gutiérrez.

• Sección XXIX (Zacatecas) en 2016, en donde los trabajadores denuncian que a pesar del triunfo del Neurocirujano, Dr. Armando Rosales, el CEN y la Comisión de Honor y Justicia impusieron a Uswaldo Pineda Barrios y sancionaron arbitrariamente a la base trabajadora que participo con el Dr. Rosales.

• Sección XXII (Hidalgo) en febrero de este año, donde los trabajadores denuncian que a pesar del triunfo del Dr. Pablo Pacheco Hernández, Neurocirujano, el CEN y la Comisión de Honor y Justicia impusieron a Jaime Velázquez Zaleta y sancionaron a la base trabajadora que participó en la planilla ganadora.

Si bien lo hasta aquí descrito implica una serie de conflictos de carácter interno del SNTSS, los trabajadores denuncian que existe también una participación de las autoridades del IMSS en complicidad con el sindicato.

Esto es así, porque el SNTSS, a través de su Comisión de Honor y Justicia, sanciona a sus agremiados por faltas contra la disciplina sindical, con la suspensión de sus derechos sindicales por períodos que oscilan entre los 200; 400; 1,200; 2,500; 3,500 días y hasta indefinidamente, y una vez impuesta la sanción, notifica por escrito al Instituto para que dé cumplimiento a la sanción sindical y suspenda al trabajador.

En otras palabras, el Instituto ejecuta una sanción impuesta por el sindicato al trabajador, con motivo de un conflicto de carácter sindical, aun cuando el trabajador no haya cometido falta alguna en contra de la institución. Ello a la luz de las inconstitucionales cláusulas 61 “Suspensiones en el Trabajo por Disciplina Sindical” y 62 “Exclusión”, ambas del contrato colectivo de trabajo, que a la letra establecen:

Cláusula 61.- Suspensiones en el Trabajo por Disciplina Sindical

El Instituto se obliga a suspender en sus labores a los trabajadores, sin responsabilidad alguna para él, cuando así lo solicite el Sindicato. En todos los casos, el Instituto le notificará por escrito al trabajador y al Sindicato, los días que estará suspendido”.

Cláusula 62.- Exclusión

El Sindicato tiene derecho a pedir y obtener de acuerdo con el Artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, y el Instituto se obliga a efectuar la separación del trabajador, inmediatamente, cualquiera que sea el puesto que desempeñe, de los miembros que renuncien al Sindicato o que sean, de conformidad con sus Estatutos, expulsados del mismo. En estos casos, el Instituto no tendrá responsabilidad alguna para con el trabajador o los trabajadores afectados.

El Instituto deberá llevar a cabo la separación de los trabajadores afectados, dentro de un término máximo de diez días, contado dicho plazo a partir de la fecha en que se le entregue la petición por escrito en la que indique que el trabajador dejó de pertenecer al Sindicato, por renuncia o expulsión.

El Instituto no podrá juzgar o calificar en forma alguna, de cualquier actuación que derive de la soberanía del Sindicato, por lo que le bastará para cumplir con lo estipulado en esta cláusula, con recibir la comunicación de esta organización.

El Instituto no podrá contratar, para desempeñar un puesto de confianza, al trabajador que hubiere sido separado del servicio por la aplicación de esta cláusula de exclusión”.

Es aquí donde la dirección del IMSS violenta los derechos laborales, contractuales y constitucionales de los trabajadores en forma sistemática y en complicidad con el SNTSS, convirtiéndose en el brazo ejecutor de la represión del sindicato, ya que sin que los trabajadores y profesionales de la salud del IMSS hayan cometido ninguna violación o incidencia en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, su contrato colectivo de trabajo, sus profesiogramas o el Reglamento Interior de Trabajo, ni falta de probidad, negligencia, afectación al patrimonio del Instituto o queja de un derechohabiente, se les violenta el derecho a trabajar y ejercer su profesión y se les separa de sus derechos contractuales, afectando su ingreso y percepción económica y la de sus familias, se afecta su antigüedad, prestaciones, se les aplican descuentos indebidos en sus pagos quincenales, en el aguinaldo, en el fondo de ahorro, caja de ahorro, Afores, Infonavit, etc., todo ello con motivo de un asunto de carácter estrictamente sindical.

Es necesario puntualizar que, si bien la cláusula 62 pretende respaldarse en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, para justificar el despido de trabajadores por motivos sindicales, lo cierto es que desde 2001 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que considera que el artículo 395 transgrede el artículo 5° constitucional, que establece que sólo puede privarse a una persona de su trabajo lícito por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero, o por resolución gubernativa dictada en los términos que señale la ley. Así también, el Máximo Tribunal consideró que es contrario a los artículos 9° y 123 constitucionales, en razón de que vulnera la libertad de asociación.

La señalada jurisprudencia tiene como rubro: “CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN POR SEPARACIÓN. LOS ARTÍCULOS 395 Y 413 DE LA LEY FEDERAL DEL  TRABAJO QUE AUTORIZAN, RESPECTIVAMENTE, SU INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y EN LOS CONTRATOS-LEY,  SON VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 5°, 9° Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. A pesar de ello, el IMSS aplica la cláusula de exclusión, convirtiéndose así en un brazo represor del sindicato.

Por otro lado, en cuanto a las sanciones de suspensión temporal, es claro que el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo no permite interpretación alguna en el sentido de que el patrón tenga la obligación de suspender al trabajador a causa de una suspensión sindical. En esa tesitura, la cláusula 61 no sólo resulta inconstitucional, sino que además es un franco abuso que el IMSS no debió haber aceptado en la negociación del contrato colectivo.

Adicionalmente, los trabajadores señalan que la Dirección del IMSS, al ejecutar este tipo de sanciones arbitrarias, genera afectaciones directas a los derechohabientes, ya que se difieren la atención médica y procedimientos médico-quirúrgicos, pues no se hace la suplencia del trabajador separado de su puesto, difiriendo y/o reprogramando exámenes de laboratorio y gabinete, revaloración pre-anestésica del paciente programado a cirugía, poniendo en  riesgo la salud y la vida del paciente.

Así también, el Instituto, como brazo ejecutor del sindicato, está modificando jornadas de trabajo, descansos, centros de trabajo y horarios a los trabajadores señalados como “conflictivos”, separados de cargos sindicales, sancionados o reprimidos por el sindicato.

Un caso emblemático de la represión ejercida por el SNTSS a través del IMSS, es el de Martha Medina Gómez, trabajadora sindicalizada con categoría de Auxiliar de Enfermera General, con 26 años de antigüedad. El 15 de diciembre de 2016, acudieron a la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, Ecatepec, Estado de México, ocho personas que se presentaron como enviados por el Director del IMSS, a comunicarle que estaba despedida y que debería de abandonar el centro de trabajo inmediatamente, ya que a partir de ese momento dejaba de ser trabajadora del IMSS, sin mayor fundamento, motivación o sustento administrativo, contractual, queja o denuncia de algún derechohabiente; es decir, de manera unilateral, con abuso de autoridad, violando la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los más elementales derechos humanos.

Como el de Martha Medina Gómez, existen muchos otros casos denunciados por la disidencia sindical, entre ellos: Francisco Rodríguez Aguayo, Minerva Sánchez Lugo, Julio César García Martínez, Gustavo Hernández, Dr. Heriberto Rossete Martínez, Dra. Alfonsina Sánchez  Cruz, Oscar Eduardo Bonilla Aviña, Jesús Mendoza Cardona, Oscar Adrián Moreno Torres, María de los Ángeles Teresa Gurrola Bermejo, Pablo Herrera Portugal, Margarita del Rosario Hernández Rodríguez, Gonzalo Miguel Gómez Cadena, Hugo Javier Ávila Castañón, Dr. Luis Mateu, Dr. Onésimo Alfredo Ortega Torres, Lorna Sorayda Bárcenas Ramírez, Basilisa Fermina Malacara Muñíz, Martha Patricia Parra Gaxiola, Rafael Ricardo Ruiz Hernández, Dr. Joaquín Juárez Guzmán, Filiberto Santillán Solano.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante esta Soberanía para informar sobre las denuncias de acoso, represión laboral y violaciones a los derechos de trabajadores del Instituto, así como otras problemáticas al seno del IMSS.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNART-2002. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a considerar toda la información relacionada con la investigación de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El escenario de los derechos humanos en México enfrenta un contexto de considerables retos. El ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos, de la mano de la promoción de esquemas para la rendición de cuentas, constituyen actividades que en los últimos años han sido un blanco de riesgos y ataques que comprometen no sólo la integridad y la seguridad de las personas dedicadas a su ejercicio, sino también las posibilidades de desarrollo y fortalecimiento de estructuras democráticas sólidas en beneficio de la sociedad mexicana.

2. Si bien estos riesgos no son precisamente novedosos, lo cierto es que en el marco de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de participación social se han venido tecnificando y adaptando a las condiciones sociopolíticas de nuestro entorno contemporáneo. Así, por ejemplo, los discursos oficiales asociados a la necesidad de mantener condiciones de seguridad pública han mostrado no sólo una expansión considerable, sino también un giro discursivo que resulta especialmente peligroso para nuestra democracia en la medida que promueven una suplantación con otros esquemas como los de seguridad nacional. Ello provoca que hoy en día la existencia de cualquier posible riesgo represente una posible afectación a los intereses del Estado, lo que sirve de base para el despliegue de estrategias de excepción que, bajo condiciones de normalidad constitucional, representan acciones innecesarias y por tanto ilegales.

3. En los últimos días nuestro país ha sido testigo de la denuncia sobre el despliegue de una serie de acciones de intervención ilegal de comunicaciones y espionaje cometido en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que se traducen en un sofisticado proceso de seguimiento de actividades ciudadanas presuntamente cometido por autoridades federales. Esta nueva crisis en torno a la gestión del actual gobierno a cargo del Ejecutivo Federal ha llevado a la necesidad de iniciar una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, en acompañamiento de instituciones especializadas como el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos; la Unión Internacional de Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas; La Asociación Mundial de Operadores Móviles; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Técnica del Instituto Politécnico Nacional; del Ministerio de Justicia de Canadá y de algunos otros especialistas en la materia1.

4. Si bien el inicio de esta investigación marca un punto positivo en el combate a la impunidad y al posible esclarecimiento y determinación de los hechos denunciados, también resulta necesario que las autoridades adopten esquemas de garantía reforzada a fin de que la información derivada de dicha investigación se mantenga al alcance de la ciudadanía.  En esencia, los hechos denunciados se relacionan con información de interés público de gran relevancia para la sociedad mexicana en la medida en que suponen el posible ejercicio arbitrario de funciones estatales a cargo de autoridades federales, así como del manejo y destino de recursos públicos para la comisión de actos ilegales, lo cual sin duda representa un aspecto que debe ser conocido por la ciudadanía en general, a fin de que ésta pueda ejercer un escrutinio ciudadano y arribar a posibles conclusiones sobre los hechos acontecidos.

5. Así, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”2

6. En este sentido, no debe pasar desapercibido que, si bien la información relacionada con los hechos denunciados puede implicar la posible participación de autoridades de investigación policial o la utilización de tecnología vinculada con el aseguramiento de condiciones de seguridad, ello no implica que las diligencias y actuaciones que se realicen en el marco de la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República sean consideradas como información asociada a cuestiones de seguridad nacional o a diligencias desarrolladas en el marco de investigaciones en curso que ameriten ser reservadas.

7. Si bien es cierto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé como posibles causales de reserva que la información se vincule con investigaciones en curso o con cuestiones de seguridad nacional, también los es que dicho cuerpo normativo prevé la posibilidad de que incluso información vinculada con ambos supuestos se mantenga abierta a la ciudadanía en virtud de que se trata de información que guarda un especial interés público, por lo que de reservarse se estaría generando una mayor afectación a la ciudadanía.

8. En este contexto, se exhorta a que las autoridades tomen en cuenta que los hechos denunciados suponen señalamientos graves que, como ha sido señalado por especialistas, “permiten cuestionar nuevamente la solidez de las instituciones gubernamentales que “necesitan” violar derechos humanos para ocultar una crisis que transita en el marco de la impunidad y de una enorme corrupción”3.

9. A fin de evitar lo anterior, es importante que la Procuraduría General de la República en el marco de la investigación iniciada, y el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales –en el ejercicio de sus atribuciones y competencias–, tomen en consideración la necesidad de aplicar y hacer efectiva la prueba de interés público prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se abstengan de reservar cualquier posible o información o diligencia derivada de la investigación que se ha iniciado.

10. Únicamente la publicidad de la investigación y de las acciones adoptadas por las autoridades harán viable la efectividad del derecho a la verdad y permitirán contrarrestar las condiciones de impunidad que atraviesa el país marcadas por “la falta –en su conjunto– de actividades asociadas a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de cometer violaciones a derechos humanos”4, a la vez que impedirá que actos similares se repitan en futuro.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a que tomen en consideración la necesidad de aplicar y hacer efectiva la prueba de interés público prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se abstengan de reservar cualquier posible información o diligencia derivada de la investigación iniciada para la determinación de responsabilidades sobre el probable espionaje e intervención ilegal de comunicaciones cometido en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Vidal Llerenas Morales.

1 Procuraduría General de la República, Mensaje a medios del Titular de FEADLE Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, acompañado del Titular de SJAI y la Titular de SDHPDSC, Comunicado 1006/17, 26 de junio de 2017,
http://www.gob.mx/pgr/prensa/mensaje-a-medios-del-titular-de-feadle-
ricardo-sanchez-perez-del-pozo-acompanado-del-titular-de-sjai-y-la-titular-de?idiom=es

2 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192; y Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34. Véase también Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, Párrafo 83.

3 José Luis Caballero, #ANÁLISIS Espionaje estatal cuestiona la solidez de las instituciones, Universidad Iberoamericana,
http://www.ibero.mx/prensa/espionaje-periodistas-y-activistas-
cuestiona-la-solidez-de-las- instituciones

4 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C. núm. 101, párr. 271. Asimismo, véase Corte IDH. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C. núm. 63. párr. 226.






De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que algún representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados pueda formar parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; con fundamento en lo que dispone el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En un contexto de globalización, el avance de la ciencia, tecnología e innovación, posibilita a economías y sociedades como la mexicana, mejorar las condiciones de desarrollo, competitividad y crecimiento, por lo que es fundamental impulsar este sector importante en nuestro país, con gran prioridad y compromiso.

Con este mismo espíritu de mejora, la presente iniciativa busca fortalecer las opiniones de los diferentes actores del CTI, en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ha sido fortalecido por la ley general de la materia al incluir tres instancias de coordinación y consulta: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En lo que respecta al Foro Consultivo, de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT. En su fracción I establece que tendrá por objeto la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En su fracción V establece que su mesa directiva estará formada por 20 integrantes de los cuales 17 serán los titulares de organizaciones académicas y empresariales, de la UNAM, IPN, CINVESTAV, entre otras. Los otros tres integrantes, serán investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), representantes uno de ellos de las ciencias exactas o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería o tecnología.

Desde sus inicios, en 2002, el Foro Consultivo también ha colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo coordinado con las comisiones de Ciencia y Tecnología, y otras encargadas de temas como educación, competitividad, presupuesto y administración pública. Asesora a los Congresos estatales en la actualización de sus marcos normativos en la materia.

En este orden de ideas, existe la urgente necesidad de contar con la participación de un representante de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en la figura de algún integrante de la Junta Directiva de dicha Comisión.

De acuerdo al artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta Directiva estará conformada por el Presidente y los secretarios de la comisión o comité, siendo el Presidente su titular.

En el entendido que uno de los objetivos primordiales de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados es impulsar desde el ámbito legislativo los factores esenciales de los procesos de desarrollo económico y social en nuestro país, siendo necesario un mayor aporte de recursos a la ciencia y tecnología nacional.

En consecuencia, la incorporación de algún integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados generaría mayor certidumbre en la toma de decisiones que se tomen dentro del Foro consultivo en lo concerniente a ciencia, tecnología e innovación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública  (SEP), para que algún representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en la figura de cualquier integrante de la Junta Directiva de dicha Comisión, pueda formar parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 12 de julio de 2017.

Atentamente

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con respecto al uso de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, destinados a la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes sustanciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, del Estado de Derecho, una gestión eficaz y eficiente, y la credibilidad de las instituciones y los servidores públicos.

La fiscalización superior es un instrumento de primera relevancia que brinda elementos de gran utilidad para generar condiciones de bienestar y objetivos orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

En este sentido, el artículo 74, fracción VI constitucional, establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la Ley. 

El artículo 79 establece que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley”.

El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.1

Por último, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.2

En este contexto, es de destacar que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó observaciones al Gobierno de Estado de Michoacán por un monto de 1,388,721.6 miles de pesos, recursos federales transferidos por concepto de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).3

Dentro de las presuntas irregularidades señalas por la ASF, se verificó que el Gobierno del Estado de Michoacán recibió dicho monto, por concepto de recuperaciones de saneamiento financiero, sin que, a la fecha de la revisión, se presentara la documentación comprobatoria que ampare el ejercicio del gasto y registro en la aplicación de los recursos; de igual manera, no evidenció el impacto positivo en la disminución de la deuda registrado al 31 de diciembre de 2015 del gobierno estatal.

Se constató que del presupuesto original del FAFEF 2016 asignado al estado, al 31 de diciembre de 2016 se reportó como devengado 1,382,809 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no devegangados por 5,403.8 miles de pesos, cifra que representó el 0.4% de los recursos asignados; sin embargo, al 28 de febrero de 2017, la entidad devengó el 100% de los recursos. Adicionalmente, se generaron intereses por 508.8 miles de pesos que no fueron programados ni devengados.

Por otra parte, se menciona que la entidad dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), no obstante, no considera la evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  2016 y no acreditó que los recursos canalizados a través de dicho fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales.

A partir de estas consideraciones, se concluye que el Gobierno del Estado de Michoacán no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que impidió el cumplimiento de los objetivos establecidos en el FAFEF 2016.

En el ejercicio de los recursos, la entidad registró inobservancias a la normativa vigente, sobre todo, en materia de destino, que provocaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe que asciende a 1,388,721.6 miles de millones de pesos, cifra que representa el 100% de los recursos; por falta de documentario comprobatoria y por los intereses generados de los cuales la entidad no evidenció su aplicación y ejercicio.

Además, la entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Michaocán de Ocampo, establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan los Gobiernos Estatal y Municipales así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.4

Debido a estas facultades del gobierno estatal, se considera pertinente exhortar a la  Auditoría Superior de la Federación, envíe un  informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con respecto al uso de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) destinados a la entidad.

En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, con el objeto de recuperar la credibilidad en las instituciones y las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, así como garantizar la gobernabilidad democrática, en beneficio de todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Auditoría Superior de la Federación, envíe un  informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con respecto al uso de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) destinados a la entidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

3 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_1102_a.pdf

4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo33247.pdf






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a atender los principios constitucionales de derechos humanos, medio ambiente, y desarrollo sustentable en sus acciones jurídicas planteadas con relación al modelo de producción de Generación Limpia Distribuida. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ATENDER LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE, Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN SUS ACCIONES JURÍDICAS PLANTEADAS CON RELACIÓN AL MODELO DE PRODUCCIÓN DE GENERACIÓN LIMPIA DISTRIBUIDA. ASIMISMO SE SOLICITA AL MISMO TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A EMITIR UN INFORME AL TITULAR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EN EL QUE EXPONGA LAS AFECTACIONES QUE SE PUEDAN TENER CON EL MODELO ACTUAL DE CONTRATOS DE GENERACIÓN LIMPIA DISTRIBUIDA Y PROPONGA UN ESQUEMA DE REQUERIMIENTOS A CONSIDERAR BAJO LOS CUALES PUEDA OPERAR DE MANERA EFICIENTE LOS CONTRATOS SIN AFECTAR LOS ELEMENTOS PLANTEADOS EN LA REFORMA ENERGÉTICA y que a su vez remita una copia del informe a esta Soberanía.

CONSIDERACIONES

Un modelo de producción de energía electrica exitoso en varios países y que ha ayudado en la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovable es el denominado Generación Limpia Distribuida. En nuestro país, este modelo se encuentra definido en el Artículo 3, Fracción XX de la Ley de Transición Energética (LTE) como la “Generación de energía eléctrica que, en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica, cumple con las siguientes características:
a) Se realiza por un Generador Exento;

b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los términos de las Reglas del Mercado, y

c) Se realiza a partir de Energías Limpias.” 1

Con base en los dispuesto en la reforma energética y de lo señalado en las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica en su Artículo 11 fracción XVIII y el Manual de Interconexión para Generación Limpia Distribuida2, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden usar paneles solares para abastecer su consumo energético y la energía generada en excedente puede ser enviada a la red de distribución para hacer un balance al final del periodo de facturación. Una vez hecho este balance, el usuario únicamente tendrá que pagar la diferencia entre lo generado y lo consumido, y en caso de que haya una diferencia en favor del cliente, la CFE debe pagar por ella.

Sin embargo, la CFE considera que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no consideró que en los nuevos contratos de interconexión por generación distribuida la empresa entregaría a los usuarios energía que es muy costosa de producir a cambio de electricidad que en su momento tuvo un costo muy bajo provocando que esta diferencia vaya en contra de sus resultados financieros.

En virtud de lo anterior, la CFE inició un litigio de amparo en contra de la CRE ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el pasado 25 de abril del 2017, bajo el expediente 610/2017, con los argumentos de CFE se encuentra obligada a operar en contra del principio constitucional de procurar las mejores condiciones para el Estado al obligarla a comprar energía, además de considerar que por este método la CRE está otorgando un subsidio a los productores por generación distribuida sin que cuente con esa facultad conferida por la Ley de la Comisión Reguladora de Energía3.

La interpretación que hace la CRE “contraviene lo dispuesto por el artículo 53 de Ley de la Industria Eléctrica, toda vez que obliga a CFE (...) a adquirir energía eléctrica únicamente mediante subastas ante el Centro Nacional de Control de Energía, violando con ello el artículo 133 de la Constitución”4. La demanda también indica que la CRE viola el principio de subordinación jerárquica de las normas jurídicas, los artículos 89, fracción I, y 133 constitucionales, toda vez que viola la Ley de la Industria Eléctrica.

De manera adicional, la CFE argumenta que se está violando directamente al artículo 134 de la Constitución, el cual demanda que Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, ya que las reglas de la CRE obligan a reconocer la energía generada por los generadores distribuidos a precio de tarifa regulada, siendo que la tarifa regulada además de energía incluye otros elementos, como costos de transporte y de distribución y pagándola a un valor económico superior a su costo real.

Por otro lado, también resulta indispensable considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1°, párrafo tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, en el artículo 4°, párrafo 5, se reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mientras que en los artículos 25 y 26 se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, cuestiones que se cumplen a través de la generación por energía renovables tal como las contempladas por medio de la Generación Limpia Distribuida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que en todas las acciones jurídicas que se planteen con relación al modelo de producción de energía eléctrica denominado Generación Limpia Distribuida, se atiendan los principios contenidos en los artículos 1°, 4°, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano, así como que el desarrollo nacional sea integral y sustentable.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe al titular de la Comisión Reguladora de Energía en el que exponga las afectaciones que se puedan tener con el modelo actual de contratos de Generación Limpia Distribuida y proponga un esquema de requerimientos a considerar bajo los cuales pueda operar de manera eficiente los contratos de Generación Limpia Distribuida sin que se afecten los elementos planteados en la Reforma Energética y que a su vez remita una copia del informe a esta Soberanía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Diario Oficial de la Federación. 24 de diciembre de 2015. Disponible en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015

2 Comisión Reguladora de Energía. 4 de abril de 2017. Disponible en
http://www.gob.mx/cre/articulos/generacion-distribuida-102284

3 Diario Oficial de la Federación. 28 de noviembre de 2008. “Ley de la Comisión Reguladora de Energía”, disponible en
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridico
Global/Leyes/134_lcre.pdf

4 Diario Oficial de la Federación. 11 de agosto de 2014. DECRETO por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&
fecha=11/08/2014






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht y sus filiales. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, DAVID MONREAL ÁVILA y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El 19 de febrero de 2010, Pemex Gas y Petroquímica Básica celebró un contrato para el suministro de 66,000 barriles por día de etano al complejo Etileno XXI, ubicado en Nanchital, Veracruz, para la producción etileno y polietileno. El proyecto Etileno XXI es desarrollado y propiedad de un consorcio cuyo accionista mayoritario es Braskem, filial de la empresa brasileña ODEBRECHT.

El contrato tiene una vigencia de 20 años, y según el informe anual de Petróleos Mexicanos la fecha de inicio de operaciones comerciales del proyecto fue el 18 de marzo de 2016. Al 31 de diciembre de 2016 se concluyeron las obras de construcción del ducto para transportar el etano desde Tabasco a Coatzacoalcos, Veracruz. Al cierre de 2016 se habían suministrado, de acuerdo con el propio informe, 562.8 metros cúbicos de etano equivalentes a $1,426 millones de dólares1.

El proyecto de Etileno XXI tiene como objetivo satisfacer la demanda interna de productos petroquímicos, sustituyendo importaciones con productos nacionales. De acuerdo con información de Pemex Gas y Petroquímica Básica se estima que el proyecto cubra aproximadamente un 40% de las importaciones totales de polietilenos2.   

Como es de conocimiento público, desde finales del año pasado, la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York divulgó información de la investigación sobre una red de sobornos que implementó ODEBRECHT en diversos países de Latinoamérica. Las empresas ODEBRECHT y Braskem se declararon culpables de violar las normas contra sobornos en el exterior de Estados Unidos3

De acuerdo con la información divulgada por la Corte de Brooklyn, fue precisamente entre los años 2010 y 2014 que ODEBRECHT pagó alrededor de $10.5 millones en sobornos a empleados públicos mexicanos para la asignación de contratos público4.

Como consecuencia de la revelación de la red de corrupción de ODEBRECHT y Braskem, en diversos países del mundo se están llevando a cabo investigaciones y se han suspendido las contrataciones en las que están involucradas estas empresas5. Mientras esto sucede en otros países del mundo, en nuestro país se han iniciado investigaciones sobre los sobornos en contrataciones entre Petróleos Mexicanos y las empresas, sin que haya información clara sobre los avances ni los involucrados en los actos de corrupción.

En medio de las investigaciones Petróleos Mexicanos hizo públicos algunos de los contratos en los que están involucradas las empresas ODEBRECHT y Braskem, tras diversas solicitudes de información y la presión mediática por el escándalo internacional de corrupción. Entre los contratos publicados se encuentra el de suministro de etano para el proyecto de Etileno XXI.

Durante una entrevista para el Financiero-Bloomberg publicada el pasado 21 de junio, el Director General de PEMEX, señaló que de los cuatro contratos que se tenían con ODEBRECHT, uno se encontraba vigente, sin embargo, sostuvo que ya se había comenzado el proceso de rescisión del contrato6. A pesar de la declaración del Director General de PEMEX, en el sitio de internet de la empresa productiva del Estado no aparece información sobre el inicio del proceso de rescisión del contrato, tampoco se ha informado a la Bolsa Mexicana de Valores donde típicamente se anuncian acciones de esta naturaleza.

La realidad es que no existe información clara sobre la gestión de los contratos que se han celebrado entre PEMEX y ODEBRECHT y sus filiales. A pesar de la importancia que tiene para la industria el proyecto de Etileno XXI, no se ha informado sobre el estado que guarda el contrato de suministro de etano, y en caso de haber iniciado el proceso para su rescisión, las medidas adoptadas para evitar que se afecte la industria.

La corrupción y los sobornos para la obtención se los contratos por parte de Odebrecht afectan el patrimonio nacional. Pemex es una empresa del Estado cuyos recursos están ligados a la riqueza nacional, por lo que las ganancias ilegales que genera un contrato asignado por vía de la corrupción afecta directamente a la nación, por lo que no puede tolerarse que estos contratos se sigan ejecutando.

Si el Estado Mexicano y PEMEX como una empresa estatal, tienen una verdadera política de cero tolerancia a la corrupción deben encontrar la vía para rescindir toda relación comercial con Odebrecht y sus filiales. En este caso no se trata de rumores o presunciones sino de confesiones ante tribunales de los Estados Unidos de que la relación entre PEMEX y Odebrecht se forjó por medio de sobornos. Mantener los contratos en este contexto significa admitir la corrupción como política pública. 

El combate a la corrupción y a los sobornos es fundamental para asegurar que la industria energética nacional cumpla su función de apuntalar el desarrollo del país, sin lugar a que unos cuantos se beneficien de manera ilegal de los recursos y el patrimonio nacional.

Por otro lado, debe asegurarse que la industria nacional cuente con los recursos necesarios y se generen los insumos suficientes y confiables para el desarrollo de las actividades industriales. En el caso de etileno y polietileno son insumos necesarios para la elaboración de productos plásticos.

Por lo anterior, Petróleos Mexicanos debe informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el proyecto de Etileno XXI, así como el contrato de suministro de etano que celebró PEMEX con Braskem-IDESA, y en caso de que no se hayan tomado las medidas conducentes, se inicien de inmediato las acciones para sancionar a las empresa y sus directivos por los actos de corrupción, así como a los funcionarios de Petróleos Mexicanos involucrados. También deben rescindirse los contratos por la corrupción confesa que se dio alrededor de la relación entre PEMEX y Odebrecht. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solcito a esta Soberanía acordar procedentes el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos remitir un informe pormenorizado de la situación que guardan los contratos que haya celebrado con Odebrecht, Braskem o cualquiera de las empresas filiales de éstas, en el que se detalle el estado de avance y las acciones implementadas para combatir la corrupción sobre dichos contratos. Asimismo, se solicita que PEMEX rescinda de manera inmediata los contratos vigentes con Odebrecht y sus filiales, derivado de las confesiones de sobornos y corrupción para la obtención de dichos contratos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 12 de julio de 2017.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 Véase:
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_748140_2016_1.pdf

2 Véase:
http://www.gas.pemex.com.mx/NR/rdonlyres/93B0547C-ECE3-4DE3
-B38B-0371CF84AA30/0/Etileno_XXIOctubre.pdf

3 Véase:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/odebrecht-y-braskem-se
-declaran-culpables-en-eu-por-corrupcion.html

4 Véase:
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download

5 Véase:
http://expansion.mx/empresas/2017/01/03/ecuador-ordena-suspender
-contratos-con-brasilena-odebrecht?internal_source=PLAYLIST

6 Véase: Minuto 24:20
https://www.youtube.com/watch?v=6VnG16ZpXmY






De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos y establecer mecanismos para respaldar a los deportistas con discapacidad. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a valorar la posibilidad de incluir en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a los Presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y Senadores. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, del grupo