Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 10



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Junio de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum correspondiente.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 26 ciudadanas y ciudadanos legisladores. Procedemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, se tiene un registro de 37 legisladoras y legisladores que han pasado asistencia en esta sesión. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del día miércoles 28 de junio de 2017, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles veintiuno de junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles catorce de junio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del Maestro Paulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-marzo de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el informe final de la visita oficial a México del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas por dicho grupo de trabajo.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el informe final y síntesis ejecutiva del Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014”.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2016 al 15 de mayo de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Guanajuato, proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora María Lorena Marín Moreno, su informe de labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Tereso Medina Ramírez, su informe de actividades del período del 18 de febrero de 2016 al 28 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el informe de su participación, conjuntamente con los Senadores Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en Cancún, Quintana Roo.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputado Armando Luna Canales, a nombre propio y de los Diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, que establece el formato de las deliberaciones para el debate pactado sobre el espionaje telefónico.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los bodegueros de la Central de Abasto, fortalezca los programas de seguridad existentes y refuerce las estrategias de prevención y combate al delito en la misma.

2. Que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a rendir un informe respecto del estado que guardan las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a reforzar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes en dicha entidad, especialmente en aquellas regiones en las que se han incrementado los índices delincuenciales.

4. Que exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Campeche y Sonora, en cuyos respectivos Códigos Penales se contempla el matrimonio entre el ofensor y la víctima como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a analizar y revisar la viabilidad de efectuar las modificaciones a su legislación en la materia, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y adolescentes.

5. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable.

6. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender mediante la aplicación de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, Zacatecas, afectados por la lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017 y a los municipios afectados por la tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca.

7. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a remitir un informe respecto de los avances del Programa de Credencialización en el Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencial para votar con fotografía.

8. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a conducirse bajo las normas y principios previstos por la normatividad aplicable, en los procesos de licitación.

9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Poder Judicial de dicha entidad a informar las acciones realizadas para la adecuada implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

10. Por el que se determina que han quedado atendidas diversas proposiciones relativas a la adopción de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad en el país.

11. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la seguridad pública en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

12. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en el municipio de Tijuana.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión.Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintitrés dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del centenario de su natalicio.

2. Que exhorta a las dependencias competentes del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa.

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social información sobre el estatus que guarda el procedimiento para la adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos.

4. Que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a remitir un informe sobre el proceso y las acciones que han llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que se incorpore lo referente a los resultados del proceso de consultas formales con la iniciativa privada.

5. Que exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a coadyuvar en la atención de la problemática de la Universidad Intercultural de Chiapas.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones que lleva a cabo en 2017 para garantizar el acceso del derecho a la salud de las personas, la calidad en la prestación de los servicios y las medidas adoptadas para fomentar la regulación de los servicios médicos privados.

7. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención de la artritis reumatoide como enfermedad crónica no transmisible.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de llevar a cabo una campaña informativa sobre el lupus eritematoso sistémico; y exhorta a considerar la viabilidad técnica y normativa para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular dicha enfermedad.

9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer infantil.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que lleva a cabo para dar atención a las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto al Programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

11. Por el que se solicita al Instituto Tamaulipeco del Deporte un informe sobre los programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 y, de ser el caso, dé cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información respecto a los mismos.

12. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio. Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y envía sus condolencias a las familias de las víctimas.

13. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a realizar campañas de información sobre los riesgos a la salud derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos, como pantallas, celulares, tabletas y la exposición prolongada a luces artificiales.

14. Que exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a continuar y fortalecer las acciones para garantizar el trabajo que desempeña el personal de salud, en especial, en zonas que presentan problemática de inseguridad.

15. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su desaprobación con los actos de reventa que se presentan en los espectáculos deportivos, de manera particular en el partido de final de fútbol mexicano entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado domingo 28 de mayo y solicita a las autoridades del municipio de Zapopan que realicen una investigación para que se sancionen dichas conductas.

16. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América y su participación en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica realizada en Miami, los días 14 a 16 de junio.

17. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Valeria “N”; asimismo, exhorta a las autoridades competentes del gobierno del Estado de México a continuar con la investigación y, en su caso, sancionar a los responsables de la difusión de imágenes de Valeria “N”, víctima de feminicidio en el municipio de Nezahualcóyotl.

18. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, así como al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del Alzheimer y otro tipo de demencias.

19. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los gobiernos locales un informe sobre las acciones adoptadas y resultados obtenidos derivados de las medidas para prevenir y erradicar la discriminación, así como la violencia en los centros escolares, a partir de la aplicación del Programa Nacional de Convivencia Social; asimismo, solicita al gobierno de Nuevo León un informe sobre las medidas adoptadas tras los lamentables sucesos de violencia en centros escolares  ocurridos en la ciudad de Monterrey los pasados días 18 de enero, 10 y 24 de mayo.

20. Que exhorta al Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa a analizar la posibilidad de destinar recursos del Programa "Escuelas al Cien", de acuerdo a la capacidad financiera, en la creación de infraestructura de arco y techumbre para el mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas en las diferentes escuelas del estado.

21. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes a que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los Estados  Unidos de América, se considere lo referente al comercio de armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país.

22. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano a niñas y adolescentes.

23. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a dar seguimiento al cumplimiento de las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintitrés dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a seguir impulsando una red de playas incluyentes en el país que permitan el acceso pleno al derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos en condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad.

2. Por el que se solicita a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales un informe sobre el presupuesto y los beneficios que implican para el Istmo de Tehuantepec ser considerado zona económica especial y cómo se incentivarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guarda la averiguación previa referente al crédito otorgado por BANOBRAS a la empresa Rotary Drillrigs International S.A. de C.V.

4. Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a analizar la pertinencia de modificar la fracción VII del anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de incluir todos los cruces fronterizos del país.

5. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre el proceso de emisión de placas y engomados para la circulación de vehículos que realizan en diferentes estados del país las organizaciones Unión Campesina Democrática y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social información sobre los resultados relativos al ejercicio y aplicación de recursos del Programa de Empleo Temporal en el estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2016 y el correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

7. Por el que se solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje información sobre el estado que guardan los expedientes relativos a las mesas de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por ejecutar, derivados de litigios laborales con las empresas Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. de C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, S.A. de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.

8. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar la posibilidad de aplicar recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato en el municipio de Santiago Astata, del estado de Oaxaca, ante las afectaciones que sufrieron los productores de sal por el paso de la tormenta tropical “Adrián”.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información respecto de los impuestos ambientales recaudados según la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer la promoción de los procesos y mecanismos de acceso al Programa PROGAN a productores apícolas, así como agilizar los procesos y acciones para mantener la sanidad de las colmenas y reducir las pérdidas por plagas o enfermedades.

11. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad de México a considerar la viabilidad de desarrollar diseños, propuestas, planes o proyectos para la instalación de pozos de absorción para la captación de agua pluvial para áreas urbanas y/o referir la existencia de algún proyecto, con el fin de coadyuvar a impulsar este aditamento, su desarrollo o su inclusión en planes de ciudades.

12. Que exhorta a verificar que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil acerca del equipaje que pueden transportar sus usuarios; y a evaluar la pertinencia de realizar las adecuaciones necesarias en los procedimientos, a fin de agilizar las revisiones migratorias, de seguridad y aduanales en los aeropuertos internacionales del país a personas y equipaje.

13. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los esfuerzos en la investigación exhaustiva que se está efectuando sobre la explosión e incendio ocurrido el 15 de marzo de 2017 en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato.

14. Que exhorta al gobierno de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a redoblar esfuerzos en la creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura climáticamente inteligente y ganadería ambientalmente responsable.

15. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas un informe de las posibles afectaciones a las Áreas Naturales Protegidas del Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña, la Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica y el Parque Nacional Arrecifes, a raíz de los megaproyectos realizados en las zonas.

16. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la pertinencia de implementar una estrategia para el cultivo de agave a fin evitar el desabasto o la sobreproducción, en la que se tome en cuenta la opinión de los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

(Agenda Política)

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con el acuerdo aprobado, dio paso al debate pactado para referirse al presunto espionaje gubernamental realizado en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares.- Por los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco del PES; Diputada Karina Sánchez Ruiz de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Diputada Lía Limón García del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Senadora Graciela Ortiz González del PRI. Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Benjamín Robles Montoya del PT; Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Diputada Claudia Sánchez Juárez del PAN; Diputado Federico Döring Casar del PAN; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del PRI. El      asunto se consideró suficientemente discutido.

(Dictamen a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en el estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar la xenofobia y discriminación racial.- Intervino la Diputada Maricela Contreras Julián del PRD, quien entregó una adición de un considerando al dictamen, mismo que se integró. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 21 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 10 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 267 al Código Penal Federal y se reforma el artículo 1916 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo y onceavo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados María Elena Orantes López y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el artículo 3, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el artículo 37, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II “Convenio Bilateral de Sustitución Trabajador por Trabajador” y el artículo 34 bis a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado “Tabla de Enfermedades”, de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 5 y reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 9 y una fracción IV al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 22 fracciones I y III segundo párrafo, y VI incisos d), e) y f) y la fracción XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 127 Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvia Carrillo Puerto.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 54 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 a 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto RuffoAppel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo a lo establecido al artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales del país a informar sobre las acciones que desarrollan para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que actualmente se generen en sus respectivos territorios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la República para que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la empresa brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la participación de servidores públicos mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar mejoras al proceso de evaluación de los docentes, facilitando una oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones educativas con su desempeño.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del estado de Baja California, a implementar las medidas necesarias por el problema de inseguridad en el estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efectuar campañas informativas tendientes a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor de 30 días, informe el estado que guardan los avances físico-financieros de todos los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto a la situación del comercio exterior de nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por la posible participación en delitos relacionados con hechos de corrupción durante la administración del ex gobernador del estado de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las gestiones necesarias para declarar a la Piedra de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo turístico sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir una alerta y/o campaña mediática dentro de las aulas escolares, a efecto de disminuir el alto índice de menores de edad susceptibles al suicidio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría General de la República a reforzar las acciones en aras de construir una política pública sostenible y exitosa que asegure la eliminación efectiva del trabajo infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales industriales, en virtud de que han quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a aceptar y dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 23/2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para atender y solventar la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas “Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Mario Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Quintana Roo a coordinar sus acciones a fin de continuar y terminar el Centro de Justicia para la Mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a las Secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público a detener los despidos de trabajadores de la industria petrolera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación de Jalisco a emitir una alerta ante el brote de piojos existente en el estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema Nacional DIF a reforzar las acciones en aras de construir una estrategia integral exitosa contra la problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2017, fortalezca e impulse campañas informativas y de concientización sobre la importancia de donar sangre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático y exhorta a ese país a reconsiderar su decisión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de Seguridad Energía y Medio Ambiente a rendir un informe respecto del incendio ocurrido el pasado 14 de junio de 2017 en las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Dirección de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a elaborar un informe que explique el accidente ocurrido en la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz Oaxaca, el pasado 14 de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos aquellos argumentos y criterios técnicos que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como requisito obligatorio en la NOM-194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad, considerado un dispositivo de seguridad esencial en los vehículos nuevos que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por derrapes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar el número, destino y el costo de los vuelos realizados en helicópteros oficiales por parte del gobernador José Antonio Gali Fayad y del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas durante su sexenio, ante el aumento de denuncias por falta de transparencia, posibles sobrecostos, desvíos de recursos públicos y malversación de fondos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristáin Navarrete, Manuel Cárdenas Fonseca, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a incorporar diversas especies de corales en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como a informar el estado actual del proyecto de norma oficial mexicana que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los arrecifes rocosos y coralinos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas a investigar de manera pronta, completa e imparcial los asesinatos perpetrados contra menores de edad en la entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar la creación de instituciones de atención para las personas de la tercera edad, públicas y gratuitas con el fin de mejorar su calidad de vida.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a realizar y hacer públicas las investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la migración emprendidas por el Instituto Nacional de Migración derivadas de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación según la revisión denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de Cumplimiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícola y ganadero afectados por los fenómenos de sequía y desertificación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a iniciar procedimiento de juicio político en contra del gobernador Rubén Moreira Valdés y los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, así como declarar la nulidad de la elección a gobernador del estado de Coahuila ante las graves violaciones cometidas durante el proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a dar seguimiento a la situación de las 700 personas desplazadas desde Guatemala a Campeche y Tabasco y solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a atender de manera individual a las personas desplazadas, para identificar oportunamente a aquellas que requieran de protección internacional o apoyo humanitario en tanto se regulariza la situación en su comunidad de origen.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-especificaciones de seguridad”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para la conservación, preservación y restauración del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los jefes delegacionales de Iztapalapa e Iztacalco y del presidente municipal de Nezahualcóyotl lleven a cabo las acciones que permitan mejorar la movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar medidas de seguridad en todo el transporte público de dicha entidad, así como medidas estrictas para regularizar a los conductores de las unidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la impunidad y juzgar con perspectiva de género la violencia feminicida en el estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a revisar los casos de tortura en la entidad y a esclarecer el asesinato de Héctor Casique Férnandez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de seguridad pública ante el incremento sostenido de delitos del fuero común, para garantizar la integridad física y proteger el patrimonio de los habitantes y las personas que visitan la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre el impacto ambiental y las obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas verdes derivados de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a iniciar una investigación sobre el financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional, mediante el presunto desvío de recursos públicos, en la que analice la cancelación de su registro como partido político.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, al Presidente Municipal de Atotonilco el Alto y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a desarrollar e implementar políticas eficaces para la conservación de las áreas verdes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que se detallen los costos, inversión, evaluación de impacto ambiental y estudio técnico en el que se justificó la construcción de la Línea 7 del Metrobús, debido a presuntas irregularidades y omisiones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a al Gobierno Federal a cumplir con lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorguen el 1% de su presupuesto de comunicación social a las concesiones de radiodifusión de uso social comunitario o indígena.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a instrumentar estrategias y operativos en materia de seguridad pública, encaminados a combatir el incremento en la incidencia de los delitos de homicidio y robo con violencia en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía de Coahuila a hacer las diligencias necesarias para encontrar a los responsables de las agresiones en contra de periodistas ocurridos durante la jornada electoral el pasado 4 de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de la Función Pública a investigar a las empresas IUSAy Controles y Medidores Especializados por prácticas monopólicas cometidas en licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a asegurar el cumplimiento del libre y seguro ejercicio del periodismo, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión que atraiga los casos de Rubén Santos Hernández, camarógrafo de MegaNoticias y Ricardo Jonás Soto Contreras, reportero de Tv Azteca Veracruz agredidos por su actividad periodística.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a llevar a cabo una investigación en relación a los recursos públicos utilizados para financiar los viajes en vuelos privados y comerciales por parte del gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, que presuntamente podrían significar un daño al erario público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la eficacia en la respuesta del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión a investigar el hostigamiento en contra del periodista Ezequiel Flores Contreras en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa a reforzar las acciones institucionales para prevenir alteraciones al uso de suelo aprobado, por parte de inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados monumentos con valor artístico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar la creación de una unidad de igualdad de género en su estructura a fin de dar cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión a realizar la investigación correspondiente para sancionar a quienes resulten responsables de las agresiones cometidas en contra de los periodistas Alejandro Paz y Julio Cesar Trujillo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que instruya o recomiende al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas A.C. analizar el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. y, en su caso, otorgar la declaratoria de idoneidad correspondiente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a implementar las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y sin ningún tipo de represión e intimidación del periodismo en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar campañas en medios de comunicación, a fin de promover la venta y el consumo de arroz morelense y a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y consume en nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal a implementar los programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para asegurar una mayor inclusión en los cuerpos colegiados del Sistema Nacional de Investigadores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a proporcionar un informe sobre los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de alerta de violencia de género que se han implementado en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan la asistencia y permanencia escolar, como un medio para la erradicación del trabajo infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas de México y expresa sus condolencias al Ejército Mexicano y a los familiares de los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel Totolopan en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Maní, Yucatán, en el programa “Pueblos Mágicos”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a autorizar y otorgar el uso de la denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros extraordinarios, dotar del apoyo institucional por parte del Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y los consulados para la solución de la creciente migración de centroamericanos deportados en el municipio de Tijuana, Baja California.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos estatales y a las autoridades de las entidades federativas impulsar iniciativas en materia de seguridad vial y sillas de retención infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a la situación actual del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a investigar y, en su caso, realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del Órgano de Fiscalización Superior de ese estado y servidores públicos subalternos de dicho órgano por los actos de comisión u omisión opuestos a la labor fiscalizadora y en perjuicio del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Elías Octavio Íñiguez Mejía y Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública a elaborar recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Jorge Álvarez Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, María Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural e independiente que investigue las violaciones graves a derechos humanos cometidos por el Gobierno Federal, en contra de activistas defensores de derechos humanos y periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo a fin de crear una comisión externa para investigar y recabar información respecto a la información vertida por el diario New York Times referente a que periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido espiados por un software Israelí adquirido por el gobierno mexicano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se convoca a la creación de una comisión especial bicamaral para la investigación sobre los presuntos actos de espionaje realizados por el Gobierno Federal sobre periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República información relativa a la intervención de comunicaciones a particulares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo relativo a las denuncias de espionaje público a periodistas, defensores de derechos humanos y a sus familias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información acerca de las actividades de espionaje que fueron denunciadas ante instancias internacionales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a atender la crisis hospitalaria que vive el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la aplicación de los recursos correspondientes al programa de telebachillerato para saldar las deudas salariales y regularizar la situación laboral de los profesores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular de la FEPADE para rendir un informe del proceso electoral del pasado 4 de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a revisar la permanencia de la Ministerio Público Verónica Torres, por su evidente falta de capacitación para atender un caso de persona con discapacidad auditiva.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios correspondientes encaminados a declarar al Cerro de Amalucan como área natural protegida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para la eliminación de la violencia obstétrica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, presente un informe pormenorizado sobre los avances en la investigación respecto a presuntos actos de espionaje.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California a realizar una investigación exhaustiva por un presunto enriquecimiento ilícito por parte del gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una investigación objetiva y transparente en relación a los cadáveres encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer y supervisar permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios a cargo de la entidad, en especial el de Topo Chico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo a la realización de presuntas acciones fraudulentas con motivo de la organización de fiestas y viajes de graduación, principalmente en los meses de junio y julio de cada año.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento público a los niños y jóvenes deportistas del estado de Jalisco que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional en nuestro país, al haber obtenido el primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esta justa deportiva.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia y del Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, así como a los ayuntamientos y alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, al gobierno de la República y a la CONAPESCA a generar un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán en el estado de Hidalgo, con el propósito de detonar la pesca deportiva.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para recomendar al Fiscal General del estado de Oaxaca que ejerza sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a coadyuvar en la investigación, aclaración y esclarecimiento de los hechos en la probable violación de los derechos humanos de una menor indígena obligada a contraer nupcias en contra de su voluntad por parte de autoridades municipales de Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla de Guerrero y personal de la Oficialía del Registro Civil estatal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe sobre el espionaje llevado a cabo por el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas y otros personajes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los legisladores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico Döring Casar y Vidal Llerenas Morales, con punto de acuerdo relativo a los actos de espionaje cometidos en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Unidad de Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presente un análisis de la evolución del endeudamiento sub-nacional, identificando variaciones absolutas, porcentuales y como proporción de los ingresos propios de cada entidad federativa en el periodo 2016 a la fecha.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Yaqui, residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora, respetando la resolución de suspensión de la obra del Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los legisladores Maricela Contreras Julián, Dolores Padierna Luna, Francisco Martínez Neri, Isidro Pedraza Chávez y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia porque los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América encuentren mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas y manifiesta su deseo de colaboración para lograr ese objetivo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federales y a las Secretarías de Seguridad Pública de los estados a instalar una mesa de trabajo para atender los problemas de sobrepoblación y autogobierno en los centros de readaptación social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanos y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía un análisis de la evolución del índice nacional de precios al consumidor.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar acciones para garantizar los derechos de las personas transexuales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora a conducir con respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza pública.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a los despidos anunciados de personas trabajadoras en la empresa productiva del estado, así como las causas en el aumento de plazas de alto nivel.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Antonio Estefan Garfias y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y comparecer ante la Comisión Permanente sobre la instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad industrial de los bienes e instalaciones, así como del personal en la refinería ingeniero Antonio Dovalí Jaime, derivado de las explosiones y detonaciones acontecidas desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca a los titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y empresarios para analizar el incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Karen Hurtado Arana, Maricela Contreras Julián y Francisco Martínez Neri, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los presidentes municipales de Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco de Díaz Covarrubias, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán de Mariano Escobedo y Valle de Chalco Solidaridad a presentar un informe que contenga los avances en la implementación de las medidas contenidas en la declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá, Colombia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público un informe desagregado de la evolución del endeudamiento federal, incluyendo todos sus componentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a sus recomendaciones en materia tarifaria.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar los derechos humanos y que, como víctimas, tienen los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a convocar a los concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la localidad de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar e informar de las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a dar cumplimiento a la Recomendación 20/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a evitar limitar de los beneficios de la vacunación universal a los no derechohabientes de esas instituciones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y de las 32 entidades federativas a solidarizarse con las familias de trabajadores jornaleros en la mejoría y renovación de la infraestructura de las viviendas y los albergues, para que se hospeden en condiciones dignas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a presentar un informe del seguimiento y evaluación realizado por la institución, en los cinco años de la presente administración federal, conforme a lo establecido en el artículo Segundo de la Ley de esta comisión, respecto de las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el anexo “Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas” del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer públicas las políticas públicas y acciones que seguirá, con relación al empleo de los migrantes, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la norma sobre etiquetados al frente de los productos, para enfrentar la epidemia de obesidad, así como fortalecer los criterios establecidos para otorgar el sello nutrimental, privilegiando en todo momento la salud de la población.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán a emitir el Reglamento de la Ley de Protección Civil de su estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar acerca del cumplimiento del artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcotráfico, suscrito con los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar operativos permanentes en el transporte público del Estado de México, con el fin de detectar irregularidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la atención de los daños ambientales derivados del incendio ocurrido el pasado 16 de junio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina y a intensificar las acciones de inspección y vigilancia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional a comparecer para que informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software y hardware adquirido a la empresa NSOGroup relacionado con el sistema “Pegasus”.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Viudas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Dravet.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Yoga.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Volkswagen Sedán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la situación política en Venezuela y a la postura del gobierno de México en el 47º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiocho de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 5 al 9 de julio de 2017 para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte, a celebrarse en la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha Cumbre, atenderá la invitación que le hace el Presidente de la República Francesa, para celebrar una reunión de trabajo el jueves 6 de julio, en la capital francesa.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio suscrito por el entonces Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, con el que se remite su “Informe de Gestión: Enero 2014-Junio 2017”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de dicho informe a las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.


















De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que se remite los informes de sus participaciones en:

El Foro Anual de la OCDE 2017 y en reuniones bilaterales con autoridades francesas, celebrados en París, Francia, del 6 al 10 de junio del presente año.



Y en reuniones bilaterales con autoridades suizas, realizadas en Berna, Suiza, del 12 al 15 de junio del año en curso.








Y del Diputado Leonardo Amador Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 29 de junio de 2017.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados la reincorporación del Diputado Amador Rodríguez.

Pasamos al siguiente asunto.






MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió una iniciativa ciudadana que contiene PROYECTO DE LEY GENERAL PARA REGULAR LOS DIVERSOS USOS DE LA CANNABIS, que nos hace llegar el ciudadano Sergio Leyva Ramírez, en representación de los promotores de la misma.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Cámara de Senadores para el trámite correspondiente.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de julio de 2017.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto para el mes de julio de 2017. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido en el mes de mayo de 2017.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del Informe.






Compañeros legisladores, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción formal de propuestas de adición o modificación, relativas a dictámenes que son discutidos durante las sesiones plenarias.

El Acuerdo está publicado en la Gaceta electrónica y se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría le dé lectura.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión. No habiendo oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de estudiantes del quinto grado de primaria de la Escuela Berta Von Glümer, que acuden a la sesión de la Comisión Permanente, invitados por el Senador Humberto Fernández Fuentes, y a sus profesores Frida López y el profesor Aarón Bautista.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Compañeros legisladores, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva, junto con los grupos parlamentarios, acordaron que en la sesión de este día se realizara un debate pactado para abordar el tema relativo a la publicación del Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Para normar el debate, en la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo que establece el formato de las deliberaciones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión. No habiendo oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo para normar el debate pactado en esta sesión. Quienes estén por al afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, las intervenciones para este debate se apegarán a los términos del Acuerdo que ha sido aprobado por esta Asamblea por unanimidad.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Diputada Minerva Hernández Ramos, para presentar a nombre de la Diputada María Luisa Sánchez Meza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58, 82 Y 88 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre de la Diputada María Luisa Sánchez Meza, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente. Apreciados compañeros legisladores:

A nombre de la Diputada María Luisa Sánchez, y propio, comentarles que en Acción Nacional creemos firmemente que se deben fortalecer las haciendas públicas municipales, que son las que atienden en lo inmediato las demandas de los servicios de los ciudadanos y que no cuentan con la capacidad técnica y operativa para responder a contingencias que ponen en peligro la integridad y la vida de sus habitantes.

Por sus características geológicas y topográficas, México resulta ser un país que requiere de manera urgente contar con un Sistema Nacional de Protección Civil más eficaz y preparado para atender cualquier emergencia. Se han hecho grandes esfuerzos por fortalecer esta labor que salvaguarde a la ciudadanía ante cualquier riesgo o desastre, es una realidad que existen entidades federativas y municipios cuyas comunidades son vulnerables a una catástrofe pero que no cuentan con los recursos para la prevención, ni mucho menos para hacer frente a las situaciones de desastre una vez que ocurren.

La Ley General de Protección Civil define las emergencias como una anormalidad que amenaza o daña a la sociedad debido a un agente perturbador; también establece que un desastre se refiere a aquellos resultados que arrojan uno o más agentes perturbadores externos, sean de origen natural o humano, afectando una zona determinada, más allá de su capacidad de respuesta.

Es pertinente hacer énfasis en la incapacidad financiera de la mayoría de los municipios de este país que pese a ser vulnerables, no cuenta con recursos, capacitación, ni equipamiento en caso de siniestro. Pero hay que decir que la distribución de los recursos para el Sistema Nacional de Protección Civil para la Federación, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, no es la más adecuada.

Tenemos el caso del municipio de Cuernavaca, que en octubre de 2016 declaró la Dirección de Protección Civil prácticamente incapacitada para realizar acciones inherentes a la protección civil, desamparando a sus habitantes frente a cualquier contingencia: desde la revisión de construcciones, negocios o zonas habitacionales.

Asimismo municipios de Baja California han padecido los estragos de desastres naturales, mismos que los obligaron a implementar protocolos y acciones emergentes. Sin embargo, esto no sucedió sino hasta que hubo pérdidas humanas y daños cuantiosos en infraestructura.

En abril de 2010, en Baja California registró un sismo de más de 7 grados en la escala de Richter que dejó como saldo personas fallecidas, heridos y una pérdida millonaria en infraestructura, la suspensión de servicios y daños en el sector agropecuario y comercial.

El mismo Tlaxcala, mi entidad, ha enfrentado contingencias derivadas de la pirotecnia, entre otras, y se han colocado a los municipios en una difícil situación por falta de solvencia económica.

Sólo hasta que se hizo la declaratoria de emergencia por parte de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, es que se puede acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Existe la solicitud, emanada de los trabajos realizados por la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura, de que todos los ayuntamientos reciban por lo menos un 5 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, con el objetivo de que sean utilizadas específicamente para fines preventivos e informativos en materia de protección civil, pues una población preparada minimiza riesgos de pérdidas humanas y daños considerablemente.

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil, que hoy presentamos mi compañera María Luisa y su servidora, pretende la atención previa antes de que ocurra un desastre, especialmente en aquellos municipios con zonas de alto riesgo detectadas y que no cuentan con solvencia económica para tareas de prevención, supervisión o capacitación del personal.

Con ello se estaría abriendo la oportunidad de acceso a recursos para los municipios que demuestren su insuficiencia económica para el equipamiento y adiestramiento de sus áreas de protección civil, se estarían salvando vidas, protegiendo la infraestructura de las comunidades, los bienes públicos así como garantizando la continuidad de los servicios básicos para el bienestar social.

En caso de que así fuere, el gobierno federal estaría facultado para intervenir oportunamente con recursos destinados para tal fin, sin la obligatoriedad de que el siniestro o el desastre ya hubieran sucedido.

Prevenir, compañeras y compañeros legisladores, es salvar vidas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, DIPUTADA MARÍA LUISA SÁNCHEZ MEZA, a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 58, 82 Y 88 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por sus características geológicas y topográficas, México resulta ser un país que requiere de manera urgente contar con un Sistema Nacional de Protección Civil cada vez más eficaz, preparado para cualquier contingencia. Se han hecho grandes esfuerzos por reforzar esta área que salvaguarde a la ciudadanía ante cualquier riesgo o desastre, sin embargo es una realidad que existen entidades federativas o municipios cuyas comunidades son vulnerables a una catástrofe pero no cuentan con los recursos en sus arcas para la prevención, mucho menos poder hacer frente a las mismas una vez ocurridas.

De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2 fracción XVIII, las emergencias se definen como una anormalidad que amenaza o daña a la sociedad debido a un agente perturbador; por otro lado, también establece que un desastre se refiere a aquellos resultados que arrojan uno o más agentes perturbadores externos, sean de origen natural o humano, afectando así a una zona determinada, más allá de su capacidad de respuesta.1

Si bien dentro del marco normativo encontramos que los desastres pueden ser de origen natural, llámese un sismo, desplazamiento de tierra, fenómenos meteorológicos, entre otros, y de origen humano, como alguna falla en la infraestructura o asentamientos irregulares en zonas no adecuadas para ello, también es pertinente hacer énfasis a la incapacidad financiera de municipios que pese a ser vulnerables, no cuentan con recursos, capacitación ni equipamiento en caso de siniestro.

Ejemplos sobran de entidades federativas y municipios que al no contar con el presupuesto necesario, se declaran imposibilitados para responder en caso de una contingencia. De igual forma, la repartición de los recursos para el Sistema Nacional de Protección Civil para la Federación, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales ha sido relegada.

Tenemos el caso del municipio de Cuernavaca, Morelos, que en octubre del 2016 y en el marco de los trabajos para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017, declaró a la Dirección de Protección Civil incapacitada para realizar acciones inherentes a la Protección Civil, desamparando a sus habitantes frente a cualquier contingencia: desde la revisión de construcciones, negocios y zonas habitacionales, hasta el área de Bomberos. Únicamente contaban con los recursos para cubrir la nómina y gastos mínimos para operación, no así para programas de prevención, supervisión, mucho menos para actuar en caso de un siniestro.2

En su historia reciente, municipios de Baja California han padecido los estragos de desastres naturales, mismos que lo obligaron a implementar protocolos y acciones emergentes; sin embargo, esto no sucedió sino hasta que hubo pérdidas humanas y daños cuantiosos en cuanto a infraestructura.

Si bien el primer evento que obligó a replantear las prioridades en cuanto a Protección Civil a nivel nacional se registró con el terremoto de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter del 19 de septiembre del 1985 en la Ciudad de México, para Tijuana, Baja California este despertar no sucedió sino hasta las precipitaciones de 1993 con el fenómeno meteorológico "El Niño".3

Se estima que hubo más de 110 personas fallecidas a causa de los deslaves, inundaciones o arrastrados por la corriente. Se evidenció la ausencia de infraestructura pluvial y deficiencias en la planeación urbana, mismas que se atendieron pero no fue suficiente. El recurso era escaso.

Este no fue el único caso de emergencia por desastre nacional de alto alcance en Baja California. El 4 de abril de 2010, se registró un sismo de 7.2 grados de magnitud en la escala de Richter que dejó como saldo dos personas fallecidas, 233 heridos y una pérdida millonaria cuantiosa en cuanto a infraestructura pública y privada, la suspensión de servicios, así como daños en el sector agropecuario y comercial. Aunque los alcances de este movimiento telúrico se extendieron por varios municipios de Baja California y el sur de California, en Estados Unidos, el principal afectado fue la capital del estado, Mexicali.

Sólo hasta que se hizo la declaratoria de emergencia por parte de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil,4 se pudo acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Con estos desastres naturales como antecedente y recalcando la importancia de invertir en la prevención, en el estado fronterizo se están tomando cartas en el asunto que como Cámara de Diputados se deben de atender.

Existe la solicitud, emanada de los trabajos realizados por la Comisión de Protección Civil de la 63 Legislatura, de que todos los ayuntamientos reciban por lo menos un 5 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y que esta cantidad sea utilizada específicamente para fines preventivos e informativos, ya que al contar con una población preparada, los riesgos de pérdidas humanas y daños se minimizan considerablemente.5

Sin embargo, una vez más, este dinero únicamente puede utilizarse después del siniestro, lo cual resulta contradictorio al espíritu original de la propuesta, que busca dotar de herramientas a los municipios y estados, previo a una contingencia; que al momento de un desastre natural o incluso provocado por el error humano, la comunidad sepa cómo actuar y el personal designado para atenderlo, desde el área de Protección Civil hasta el Cuerpo de Bomberos (que en muchos organigramas dependen uno del otro), cuenten con personal capacitado, equipamiento e incluso hasta los insumos primarios como unidades o gasolina, para desempeñar su labor cabalmente y siempre salvaguardando la integridad de la población, su patrimonio y los bienes públicos.

El Plan Nacional de Desarrollo que promovió el Ejecutivo Federal para el 2013-2018, contempla la Protección Civil dentro de sus prioridades, dadas las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, los fenómenos naturales, los efectos del cambio climático, así como otros factores humanos como los asentamientos irregulares y el incorrecto ordenamiento territorial,6 e incluso en este documento, expedido por el Ejecutivo Federal, reconoce que se necesita fortalecer acciones de prevención, entre ellas, el aseguramiento financiero ante desastres.

Pese a estar estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo, misma que se engloba en las estrategias del Objetivo 1.6. "Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno de desastres naturales o humanos" que a la letra señala la instrucción de "Fortalecer los instrumentos financieros de gestión de riesgo, privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y desastre", la prevención no figura como una prioridad para la hora de la asignación de recursos en los Presupuestos de Egresos de la Federación, tal es el caso del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2017.7

Presupuesto de Egresos para la Federación - Protección Civil

 

2015

2016

2017

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

$240,030,704

$206,661,955

$222,097,196

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

$6,008,472,100

$8.035,987,256

$6,215,346,263

Fondo de Prevención de Desastres Naturales

$346,587,453

$358,718,014

$179,359,007

Una vez más observamos que mientras se busca asegurar el recurso financiero para actuar en caso de contingencia, el área preventiva queda rezagado y como mencionamos líneas atrás, hay poblaciones que no cuentan con partidas presupuestales para poder cumplir lo que mandatan sus legislaciones en materia de Protección Civil, mucho menos programas de supervisión y prevención.

El caso de la Ciudad de México resulta interesante para su estudio a lo largo del tiempo; en el año de 2012 el en aquel entonces presidente de la Comisión de Protección Civil, diputado del Partido Acción Nacional Guillermo Huerta Ling, declaró que aunque contaban con una nueva Ley del Sistema de Protección Civil y los instrumentos para enfrentar un desastre natural como un sismo de magnitud, los programas de capacitación eran inoperantes dado que no se contaban con los recursos suficientes para la operación de dichas herramientas.8

Si bien se cuenta con un Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Capitalidad, que este año tuvo una asignación de $2, 450, 000, 000, ambos solo pueden ser dirigidos a los estados y municipios cuando hay una declaratoria de emergencia a posteriori a la contingencia. Es decir, que nuevamente la cultura de la prevención que tanto se ha pregonado por los tres órdenes de gobierno queda de lado pues con tales reglas de operación no se puede preparar eficazmente a una población antes de que el siniestro suceda.

La urgencia de que se atiendan estos aspectos no es reciente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el documento "Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México 2013", explica que aunque México ha mejorado notoriamente en su capacidad de respuesta ante desastres naturales e incluso es ejemplo a nivel internacional, la prevención y rendición de cuentas es aún una asignatura pendiente.9

Y es que de acuerdo a información del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), de 1999 a 2012, México destinó 106,000 millones de pesos para la atención a desastres, mientras que para tareas de prevención sólo se erogaron mil 670 millones de pesos.

Esta iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil tiene como objeto atender este punto: la atención antes de un desastre, especialmente en aquellos municipios con zonas de alto riesgo detectadas y que no cuentan con solvencia económica para tareas de prevención, supervisión o capacitación del personal.

Con ello se estaría abriendo una oportunidad de acceso a recursos a los municipios que demuestren su incapacidad económica para el equipamiento y adiestramiento de su departamento de Protección Civil, con lo que se estarían salvando vidas, protegiendo la infraestructura de una comunidad o población, los bienes públicos así como garantizando la continuidad de los servicios básicos para el bienestar social.

En caso de que así lo fuere, el Gobierno Federal estará facultado para intervenir oportunamente con recursos destinados para tal fin, sin la obligatoriedad de que el siniestro o desastre, ya sea de índole natural o por error humano, ya haya sucedido, quedando de tal forma:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

 I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

 II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

 I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

 II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y

III. Para el caso de las entidades federativas y municipales en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y la Ciudad de México, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Asimismo, deberán reportar la situación financiera de las áreas de Protección Civil de sus municipios, a efecto de detectar cuáles estarían incapacitadas para realizar labores de prevención, supervisión, así como responder en caso de un evento de alto riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y el del Distrito Federal, buscarán y propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y la Ciudad de México, buscarán y propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.

En caso de que un municipio o entidad federativa se declare incapacitado para operar ante una eventualidad de alto riesgo, siniestro o desastre en el área de Protección Civil, el Gobierno Federal intervendrá económicamente para evitar una contingencia que ponga en peligro a la población vulnerable; en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley.

Derivado de lo anterior, y en virtud de la importancia que tiene el proteger a los residentes de municipios que cuentan con alto grado de vulnerabilidad y que, debido a la falta de recursos en sus arcas, no cuentan con equipamiento o personal asignada al área de Protección Civil para hacer frente previamente o después de ocurrida alguna eventualidad de alto riesgo, siniestro o desastre, es que se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 58, 82 Y 88 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ÚNICO: Se modifica el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil:

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y

III. Para el caso de las entidades federativas y municipales en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno de la Ciudad de México, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Asimismo, deberán reportar la situación financiera en la que se encuentran las áreas de Protección Civil de sus municipios, a efecto de detectar cuáles estarían incapacitadas para realizar labores de prevención, supervisión, así como responder en caso de un evento de alto riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y la Ciudad de México, buscarán y propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.

En caso de que un municipio o entidad federativa se declare incapacitado para operar ante una eventualidad de alto riesgo, siniestro o desastre en el área de Protección Civil, el Gobierno Federal intervendrá económicamente para evitar una contingencia que ponga en peligro a la población vulnerable; en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley.

Artículos Transitorios

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Dip. María Luisa Sánchez Meza.

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
"Ley General de Protección Civil", http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf

2 Zona Centro Noticias, "Le faltan recursos a la Dirección de Protección Civil municipal para operar",
http://www.zonacentronoticias.com/2016/10/le-faltan-recursos-a-la-
direccion-de-proteccion-civil-municipal-para-operar/

3 El Universal, "Tragedias de 1993: lección para construir red de canales pluviales"
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/59771.html

4 Diario Oficial de la Federación, "Declaratoria de Emergencia por el sismo ocurrido el día 4 de abril de 2010, en el municipio de Mexicali en el Estado de Baja California",
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5138987&fecha=13/04/2010

5 UniMexicali.com, "Buscan mayores recursos para Protección Civil", http://pnd.gob.mx/
http://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/473121/buscan-mayores-recursos-para-proteccion-civil.html

6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, http://pnd.gob.mx/

7 Diario Oficial de la Federación, "Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016

8 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, "Faltan recursos para cumplir con Ley de Protección Civil",
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-faltan-recursos-cumplir-con-ley-proteccion-civil--10301.html

9 El Universal, "México debe invertir más en prevención de desastres: OCDE"
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/929090.html

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Minerva Hernández Ramos. Túrnese a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

En México los vehículos de carga con doble remolque causan en el país más de 1600 accidentes al año.

Según la Organización de las Naciones Unidas, México es el séptimo país en accidentes viales con 500 mil, de esos accidentes 28 mil son derivados de los dobles remolques.

Es de destacarse que, de acuerdo con el programa de transporte fronterizo no se permite el acceso a Estados Unidos y a Canadá de este tipo de unidades de doble remolque, y sólo se le permite a unidades con un máximo de 23 toneladas.

Es importante actuar antes del inicio de la temporada vacacional, en la que se incrementa el flujo vehicular y los riesgos para las familias, así como para los usuarios de la red de carreteras, pues es sabido que en ese periodo se incrementan los decesos a consecuencia de la falta de regulación de los tráileres de doble remolque.

No podemos permanecer pasivos ni esperar a que este año nuevamente tengamos accidentes que causen la muerte de inocentes.

Cabe mencionar que ya se han presentado varias iniciativas de los distintos grupos parlamentarios proponiendo la prohibición absoluta a la circulación de los dobles remolques, pero dichas iniciativas no han prosperado. La presente iniciativa no pretende prohibir sino regular la circulación de los dobles remolques para llegar a un acuerdo viable y que al menos reduzcan los factores de riesgo.

Es forzoso delimitar el tránsito de los vehículos de doble remolque, por lo menos en los días de alto flujo en las carreteras. De esta manera se busca disminuir la tasa de accidentes y con ello la pérdida de más vidas.

La iniciativa propone agregar dos párrafos al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer: “la circulación de autotransportes de carga de doble remolque, que excedan 13 metros de largo o 38 toneladas de peso total sólo se podrán realizar mediante permisos específicos expedidos por la Secretaría.

La Secretaría no podrá autorizar su circulación durante los días y rutas de flujo vehicular superior al promedio mensual observado el año inmediato anterior”.

Los convoco, pues...

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un segundo.

Perdón, Diputado Neri, deme un segundo.

Les pido a la Asamblea, a los Diputados, a los Senadores, que sean tan amables de ocupar sus escaños.

Está presentando una iniciativa, que no es menor, el Diputado Martínez Neri.

Les pido, por favor, poner atención y guardar silencio a los asesores.

Adelante, Diputado Martínez Neri.

El Diputado Francisco Martínez Neri: Gracias, señor Presidente.

Los convoco a apoyar esta iniciativa y demostrar la sensibilidad del Congreso para evitar que en este año nuevamente seamos testigos de muertes que son prevenibles.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad se han incrementado los accidentes a causa de los tráileres de doble remolque. El Instituto Mexicano del Transporte señala que los camiones más representativos para el movimiento de carga en los últimos 17 años de estudio, son los camiones unitarios de dos y tres ejes (C2 y C3), los tracto camiones de tres ejes, semirremolques de dos o tres ejes (T3-S2 y T3-S3), los camiones doblemente articulados con semirremolque de dos ejes y remolque de cuatro ejes (T3-S2-R4); estos últimos representaron 98 por ciento total registrado.

En México los vehículos de carga con doble remolque causan en el país más de mil 600 accidentes al año.

De acuerdo con Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram). “no es posible que por darle preferencia a lo económico estemos sacrificando vidas todos los días. La vida es primero que cualquier utilidad”.1

México es el único país que permite circular con doble remolque triplicando el peso y excediendo las dimensiones de los vehículos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es el séptimo país en accidentes viales con 500 mil, de esos accidentes 28 mil son derivados de los dobles remolques.

Es de destacarse que de acuerdo con el programa de transporte transfronterizo no se permite el acceso a Estados Unidos y Canadá de este tipo de unidades de doble remolque, y sólo se permiten unidades con un máximo de 23 toneladas.

Es importante hacer referencia a algunos accidentes lamentables que han ocurrido. Por ejemplo el 13 de abril del año en curso, sucedió un accidente en donde un tráiler de doble remolque en exceso de velocidad sobre la autopista México-Toluca envistió un autobús donde viajaban estudiantes y profesores de la UNAM que salieron de práctica, dejando un saldo de seis muertos y 33 heridos.

El caso más reciente fue el Jueves Santo del año en curso, en la autopista Siglo XXI, entre Guerrero y Michoacán, donde una pipa de doble se impactó contra un autobús de pasajeros, lo que provocó la muerte, de 26 personas.

Es importante actuar antes del inicio de la temporada vacacional, en la que se incrementa el flujo vehicular y los riesgos para las familias, así como los usuarios de la red de carretera, pues es sabido que en este periodo se incrementan los decesos a consecuencia de la falta de regulación de los tráileres de doble remolque.

Argumentos

Es de suma importancia solucionar este grave problema, ya que están expuestas miles de vidas.

Cabe mencionar que ya se han presentado varias iniciativas de los distintos grupos parlamentarios proponiendo la prohibición absoluta a la circulación de los dobles remolques, pero dichas iniciativas no prosperaron. La presente iniciativa no pretende prohibir sino regular la circulación de los dobles remolques para llegar a un acuerdo viable y que al menos reduzca los factores de riesgo.

Se reconoce que el uso de estos vehículos es económicamente necesario para la transportación de víveres, pero ello es un factor de riesgo al coincidir con los días y rutas en los que se incrementa el flujo vehicular.

Por lo tanto es forzoso delimitar su tránsito, para ello se propone prohibir la  circulación de vehículos de doble remolque únicamente los días de alto flujo en las carreteras. De esta manera se busca disminuir la tasa de accidentes y con ello la perdida de más vidas.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la ley vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 50. …

 

 

 

 

 

 

 

La circulación de autotransportes de carga de doble remolque, que excedan 13 metros de largo o 38 toneladas de peso total sólo se podrá realizar mediante permisos específicos expedidos por la Secretaría.

La Secretaría no podrá autorizar su circulación durante los días y rutas de flujo vehicular superior al promedio mensual observado el año inmediato anterior.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 50. …

La circulación de autotransportes de carga de doble remolque, que excedan 13 metros de largo o 38 toneladas de peso total sólo se podrá realizar mediante permisos específicos expedidos por la Secretaría.

La Secretaría no podrá autorizar su circulación durante los días y rutas de flujo vehicular superior al promedio mensual observado el año inmediato anterior.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo de 90 días naturales para que la Secretaría actualice la normatividad aplicable, establezca el procedimiento en que se notificará a los particulares y los criterios para establecer los días y rutas de flujo superior al promedio mensual observado en el año inmediato anterior.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Suscribe

Dip. Francisco Martínez Neri.

1 Información obtenida de http://www.sinembargo.mx/21-10-2016/3106102

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Francisco Martínez Neri. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Jericó Abramo Masso: Compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros de la Mesa Directiva.

Esta iniciativa que hoy traigo a consideración de ustedes, busca algo que la niñez completa, que nuestra sociedad en general y en todo el mundo nos está exigiendo a sus legisladores.

Esta iniciativa, este proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 9 y una fracción IV al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, busca la prohibición absoluta de las bolsas de polietileno.

La bolsa de polietileno genera una basura de casi 280 millones de toneladas cada año en el mundo. Esta bolsa va a dar a los arroyos, a los ríos, a los mares, a las costas, a los bosques y contamina gravemente nuestro medio ambiente.

Desde 1961 la bolsa de polietileno, que es una mezcla entre petróleo y gas natural, ha venido a solucionar la vida de los supermercados, de las tiendas de conveniencia y soluciona la vida diaria de muchas personas. Desgraciadamente tenemos que generar incentivos para que aquellas empresas que hoy generan empleos por crear bolsa también sean responsables y se comprometan con el medio ambiente.

Por eso, esta iniciativa incluye que ya no se permita en los centros comerciales, en todas las zonas de distribución de tiendas de comercio en el país, la bolsa de polietileno que no sea degradable.

Estamos haciendo la obligación para que la bolsa de polietileno sea 100 por ciento biodegradable y que haya un transitorio que le permita durante un año a estas empresas transitar entre la tecnología actual hacia la tecnología más moderna  para que ellos puedan seguir creciendo, pero con una responsabilidad ambiental muy real.

Por eso, amigas y amigos, quiero decirles que países como Irlanda, Argentina, Australia, Inglaterra, China, España, Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Senegal y Colombia ya cuentan con una legislación específica en la materia.

¿Qué nos falta a México para poderlo hacer? Unirnos, amigas y amigos legisladores, y votar esta propuesta de iniciativa en la comisión para que podamos estar en septiembre esto aprobándolo en el Pleno y que pueda ser una ley que ya esté dando resultados como un país de vanguardia.

Al bajar el número de basura de polietileno en el mundo vamos a ayudar a disminuir el calentamiento global, vamos a generar una cultura en la niñez, vamos a dejar de ver millones de muertes de animales en el mundo.

Más de un millón de animales mueren cada año entre aves, delfines, atunes y muchas otras especies porque se amarran, se enganchan con productos derivados del polietileno que no son degradables. Al hacerlos biodegradables damos un gran paso a cuidar el medio ambiente.

También damos la opción para que en estos centros comerciales sustituyan estas bolsas, porque todas deberán ser 100 por ciento biodegradables o, si no, de cartón, de yute o de tela, motivando el mercado textil, el del cartón y el de telares.

Le va a permitir a la zona sur del país, a la zona centro y a la zona norte crear nuevos conceptos de negocio que les permita generar empleos mejor remunerados y que garanticen empresas socialmente responsables.

Esta propuesta que hacemos en el grupo parlamentario del PRI, que es una propuesta de un servidor y que estamos trabajando con varios partidos aquí representados, les pido la escuchen y les pido la tomen en cuenta, compañeras y compañeros legisladores, para que pueda ser discutida, discernida y aprobada a la brevedad para seguir contribuyendo a un medio ambiente más sano, porque el mundo tiene memoria, el mundo no nos va a dar un día más si no hacemos las cosas bien.

Estos calores que estamos viviendo, estos graves incrementos de temperatura tienen una consecuencia y se llama cambio climático; y se llama volteemos a ver una legislación de avanzada que nos permita transformar a México en un país muy amigable con el medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, YERICÓ ABRAMO MASSO, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9 Y UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 100, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano está consagrado en nuestra Carta Magna,1 en el quinto párrafo del artículo 4o., que establece:

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley."

Para dar sustento a lo establecido por nuestra Constitución en lo referente a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional, el 8 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos entrando en vigor el 6 de enero de 2004. Asimismo, el 30 de noviembre de 2006 se publicó el Reglamento de esta Ley, entrando en vigor el 30 de diciembre de ese dicho año.

La legislación aprobada en los años citados, constituye el marco jurídico en la materia, bajo los principios de la prevención de la generación, la valorización y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos peligrosos.

Con la aplicación de esta ley se contribuye a garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable en el manejo de los residuos.

En la exposición de motivos de la MINUTA DE PROYECTO DE LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS2 aprobada por los diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión se sostenía que:

[…] Ante la amenaza que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, tenemos la obligación de revisar las políticas y la legislación en la materia, buscando afinar los instrumentos de gestión y manejo de residuos. La situación respecto a la generación de los residuos ha cambiado en nuestro país en la medida que los procesos de industrialización y de apertura comercial, así como los cambios en los patrones de producción y de consumo han incidido en la cantidad y composición de los residuos sólidos.

Como se puede desprender del anterior párrafo, muchos de los problemas que se pretendían solucionar con la aprobación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos aún siguen vigentes.

Como muestra de ello, se encuentra el problema generado por el uso indiscriminado de bolsas de plástico que se utilizan para envolver y transportar muchos de los productos que consumimos, particularmente en las tiendas de autoservicio y en general en todos aquellos espacios en los que se realicen actos comerciales.

El plástico es un producto que contiene un alto rango de material sintético y semisintético extremadamente maleable y moldeable hecho con polímeros de compuestos orgánicos.

Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta. En 2009 la USITC reportó que sólo en Estados Unidos se usan anualmente 102 billones de bolsas de plástico.3

En el artículo publicado por "El Financiero" se señala que en el mundo se tiran a la basura 280 millones de toneladas de plástico al año y que ahora su uso implica más de cuatro mil bolsas por persona por año.

La utilización de este tipo de material aumentó porque es fácil y barato de fabricar y porque dura mucho tiempo. Son precisamente estas ventajas las que lo convierten en un precursor de la contaminación, ya que debido a su bajo precio la gente se deshace de él y su amplia duración le permite mantenerse por largo tiempo en el ambiente.

Entre los daños causados por este tipo de material, sobresalen los causados de manera general al ambiente al contaminar las aguas, los suelos agrícolas y los sitios turísticos. Asimismo, es causante de problemas de salud que se generan tanto para los humanos como para los animales, al proporcionar lugares de cría para los mosquitos trasmisores de diversas enfermedades.

Adicionalmente, podemos ver el efecto catastrófico en tiempos de lluvias en las zonas urbanas que cuentan con sistemas de drenaje y en otros lugares genera verdaderas represas que provocan inundaciones de devastadores efectos en las personas que allí viven.

Por otra parte, se destaca como ejemplo de lo anterior, que a la contaminación por concepto de plástico se atribuyen más de un millón de muertes de aves marinas y unos 100.000 mamíferos y tortugas marinas cada año4 y por este mismo motivo se pone en peligro de extinción diversas especies de aves marinas.

De acuerdo con el sitio del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas5 los países que han tomado un plan de acción para erradicar el uso de bolsas plásticas son los siguientes:

Irlanda: Desde el año 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La medida causó efecto de inmediato: el consumo de bolsas cayó en un 90% y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado.

Argentina: En este país, existe una amplia diversidad de normas medioambientales, de distinto nivel. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas sólo se encuentra prohibido en la legislación provincial de las siguientes provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

Australia: No existe en este país una legislación nacional, si no que la prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de normativas estaduales, vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del sur, el territorio del norte y el territorio de la capital australiana

México: No existe una ley federal que establezca la prohibición nacional del uso de bolsas plásticas no biodegradables, pero si hay disposiciones estatales, en el Distrito Federal de la Ciudad de México se prohibió las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de Residuos Sólidos del 2003.

Inglaterra: El 14 de septiembre de 2013, el Viceprimer Ministro, Nick  Clegg, anunció en Inglaterra la imposición de una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas plásticas desechables, que entraría en vigor en 2015. La recaudación proveniente de esta tasa, que sólo se aplicará a los supermercados y grandes tiendas, se destinará a obras de caridad.

China: Desde el 1o. de junio de 2008, dos meses antes de iniciarse los Juegos Olímpicos de Verano en Beijing, se dictó en China una regulación nacional prohibiendo a las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 milímetros de espesor.

España: El Gobierno español aprobó en marzo del 2011 un anteproyecto de una ley de residuos, que pretende reducir paulatinamente el consumo de bolsas de un solo uso hasta suprimirlas definitivamente en 2018.

Estados Unidos de América (EE.UU.): En los Estados Unidos de América (EE.UU.) no existe aún una legislación federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia regulada actualmente sólo a través de normas de nivel estatal o local como por ejemplo Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito de Columbia y California.

Francia: Finalmente, con fecha del 26 de mayo de 2015, fue aprobada la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados franceses.

Alemania: En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por las bolsas de plástico que se les entrega. En los supermercados habitualmente se cobra alrededor de 10 a 15 centavos de euro por cada bolsa.

Senegal: En Senegal entra en vigor una ley adoptada en abril pasado por el Parlamento senegalés destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del país, la nueva ley prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas bolsas en todo el territorio nacional, ya que en los últimos años se habían convertido en un gran problema debido a su extendido uso.

Adicionalmente a la información anterior, en Latinoamérica, en Colombia, el año anterior con el fin de generar un cambio en el consumo de bolsas de plástico llevaron a cabo la campaña "Reembólsale al Planeta". Cabe destacar que desde 2016 se expidió una resolución que entró en vigor en diciembre pasado, mediante la cual se sacaba de circulación las bolsas que midieran menos de 30x30. Con esa medida, se ha logrado que en este año se redujera en un 27% el consumo de bolsas.6

Es de destacar el avance de Colombia en la regulación del uso de las bolsas de plástico, que para el primero de julio de este año pondrá en vigor el impuesto a las bolsas plásticas. Dicho gravamen pretende desestimular el uso de éstas y reducir los impactos ambientales.

México tiene la oportunidad de tomar acciones legislativas para contribuir, no sólo al mejoramiento del medio ambiente nacional, sino al ambiente mundial.

En tiempos recientes ha habido una toma de conciencia marginal en lo referente al uso de las bolsas de plástico, sin embargo, de forma lamentable sigue representando un grave problema para nuestro ambiente.

Es por ello que a través de esta iniciativa se propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial, y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales, con lo que se prevé que de manera directa se promoverá el consumo de bolsas elaboradas con materiales biodegradables y otros materiales como papel, tela y maya entre otros.

Adicionalmente a esta prohibición, estamos convencidos de que es necesario acompañar a dicha propuesta, con un programa efectivo de concientización a la población y a los fabricantes para la sustitución de bolsas de plástico no degradable por aquellas fabricadas con materiales biodegradables o de otros materiales como el yute, tela o papel.

En virtud de todo lo anterior, y conscientes de la labor legislativa como parte del Estado mexicano para coadyuvar a garantizar el derecho a un ambiente sano, para el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano, es que acudo a esta Tribuna para presentar iniciativa mediante la cual se propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico utilizadas en la envoltura y el transporte de nuestros productos de consumo así como la entrega de bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Tribuna la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9 Y UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 100, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS:

Artículo Único. Se adicionan la fracción XXI al artículo 9 recorriéndose la subsecuente y una fracción IV al artículo 100, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XX. …

XXI. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. ...

IV. La entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Jericó Abramo Masso.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, consultada el 22 de abril de 2017en el sitio:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

2 Cámara de Diputados LVIII Legislatura, Gaceta Parlamentaria No. 888 de fecha 27 de noviembre de 2001.

3 El Financiero, artículo "Contaminación por el plástico" consultado el 22 de abril en el sitio:
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-el-plastico.html.

4 Revista Mar y Arte, articulo "El problema del plástico", Consultado el 22 de abril en el sitio:
http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/

5 Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, artículo ¿Qué países prohíben el uso de bolsas de plástico? Consultado el 24 de abril en el sitio:
https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-de-bolsas-de-plastico/.

6 Caracol, radio, nota periodística "Desde el 1 de julio a pagar impuesto por el uso de bolsas plásticas" consultado el 17 de mayo de 2017 en el sitio:
http://caracol.com.co/radio/2017/05/03/economia/1493811910_601635.html.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jericó Abramo Masso. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Emilio Salazar Farías, para presentar a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 153 Y 154 A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Primero que nada, señor Presidente, agradezco muchísimo el que llames al orden a la Asamblea, toda vez que parece que venimos a presentar las iniciativas solamente para el Canal del Congreso y no para los miembros de la Comisión Permanente, que no están en sus curules o no están tomando atención a cada uno de los compañeros que aquí han pasado, como Minerva, como Felipe o como Jericó, a quien alguien decía que nunca está presente, y yo siempre lo veo presente y participando.

¿Qué queremos nosotros presentar? Queremos presentar iniciativas relativas a varias leyes, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

¿Qué pretendemos regular? Primero, los jóvenes tienen efectos muy nocivos por el consumo del alcohol y empiezan a una edad muy temprana.

Estamos proponiendo que la edad para iniciar y para que sea legal el consumo del alcohol sea a los 21 y no a los 18 años, pero, sobre todo, reforzar también todos los instrumentos que vigilan y supervisan que no se le venda alcohol a menores. Eso es fundamental.

¿Por qué lo hacemos? Porque en las últimas fechas, y ha pasado en los últimos años, hemos visto excesos en el consumo del alcohol que generan situaciones de violencia.

Pero, para complementar esto, como algunos de los que, señor Presidente, yo sigo escuchando mucho ruido y les pediría ahí orden, por favor, porque son 32 gentes que están presentes de acuerdo a la lista de asistencia, habemos como 50 acá, de las cuales veo como 35 fuera de lo que estamos haciendo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Diputado Salazar, con gusto.

Por favor, señores Senadores, señores Diputados, si atendemos al orador que está presentando, además, más de una iniciativa de sumo interés.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias.

Y, bueno, qué necesitamos, que además es cierto que en el país la violencia en algunos lugares hace necesario el que algunas de las personas tengan escoltas, pero hay que regular el uso de las escoltas, hay que capacitarlos, para lo cual hay que modificar la Ley de Seguridad Pública, que sean capacitados y regular su marco de acción. Pero aquellos agentes de seguridad, porque no me gusta decirles guaruras, como se les dice vulgarmente, deberían también tener el marco de protección de la Ley Federal del Trabajo para que no sean corridos de sus propios empleos si no hacen algunas actividades ilícitas que les pidan sus patrones.

Hay que reforzar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que tengan ellos el marco de protección necesario y puedan realizar su trabajo con seguridad.

Por último, creo también que es importantísimo que castiguemos a quien le dé instrucciones a los elementos de seguridad para lastimar a alguien o para realizar acciones ilícitas.

Hay que modificar el artículo 297, 308 del Código Penal Federal porque quien cause lesiones, quien cause daños no solamente él debe ser castigado, sino quien le da instrucciones.

En este país estamos hartos de la prepotencia que generan las grandes diferencias sociales, regulemos eso para que pueda ser diferente, y podemos dar mucho el ejemplo, siendo nosotros mismos lo humilde que requerimos para escuchar a cada uno de los compañeros que presentan sus iniciativas porque todas son importantes y no me canso de insistir en ello.

Por favor, creo que le haríamos un gran favor de nuevo al honor que representa ser Diputado y Senador haciendo el trabajo como debe ser, nos lo exige la gente, la gente nos ha dejado en una escala mucho menor, porque a veces nosotros mismos no nos damos la importancia, el papel y la seriedad que requiere este trabajo.

Señores, es cuanto.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

(Presentada por el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 220 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Emilio Salazar. Ha presentado cuatro iniciativas, y vamos a dar los siguientes turnos:

A la primera, el proyecto que adiciona la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se turna a las Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

La segunda, el proyecto que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

La tercera, el proyecto que reforma el Código Penal Federal, se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Y la cuarta iniciativa, el proyecto que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señor Presidente.

Y a lo que dice el Diputado Emilio que sí escuchamos su intervención, y ahí permítame estar en desacuerdo con eso de los 21 años. Sería un incremento brutal en el crimen en el sentido, pero bueno.

Nos permitimos presentar una iniciativa, y que evidentemente está relacionada con los acontecimientos que hemos visto en los últimos días en el tema del espionaje. En donde no solamente hay una evidencia muy clara de que periodistas, activistas fueron espiados por un software que solamente puede comprar el gobierno, sino que el Presidente de la República dice que lo espían y quiere, además, criminalizar a los que dicen que el gobierno los espía.

Creo que pues no solamente hasta el Presidente lo espían, pues creo que sí estamos en un problema y necesitamos revisar toda la legislación que tiene que ver con datos.

Una de ellas, que no es el caso de hoy, pero tendría que ver con cómo clasificamos como reservada toda información que tenga que ver con seguridad pública o nacional cuando no completamente tendrá que ser reservada, es un tema que crece adelante y que también presentaremos iniciativas al respecto.

En este caso queremos cambiar los artículos, adicionar un artículo 189 Bis y reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones.

Este es un tema muy polémico cuando se aprobó la reforma en Telecom.

¿Por qué? Porque se establece la obligación a las compañías de telecomunicaciones de guardar información para que una autoridad competente se las pueda pedir y las pueda proporcionar.

Antes de esto hubo una serie de amparos colectivos, hubo protestas importantes por considerarse que es una ley que no cumple con los controles necesarios para este tipo de procedimientos.

Por eso nosotros proponemos establecer un artículo bis que, primero, establezca controles mediante juzgados de control federal para que esta información pueda ser solicitada y sea el mecanismo mediante el cual se realice el control judicial.

Segundo, establecer una serie de requisitos en cuanto a la motivación, la justificación, el tipo de comunicación que se va a intervenir, la dedicación temporal de la medida, de tal forma que no puedan ser intervenidas las comunicaciones de una persona todo el tiempo, y de manera muy importante también quiénes pueden pedir la información, porque una falla muy grave de la Ley de Telecomunicaciones es que no establece con precisión cuáles son las autoridades competentes, tendrá que ser la Procuraduría General de la República, la procuraduría de las entidades, el comisionado general de la Policía Federal y el Director del Cisen.

Y, como decía, pues básicamente que sí sean los juzgados de control federal los que puedan establecer esta solicitud.

Nos parece muy importante establecer una regulación clara para que los datos de las personas solamente puedan ser utilizados por la autoridad con un control judicial pertinente. De otra manera, ni se cumple la idea de poder combatir la delincuencia por esa medida, y sí se violan los derechos humanos de las personas.

Lo que estamos viendo en estos días y que es la consecuencia de este escándalo que hay de espionaje en el país, es que las agencias de seguridad del país, con una gran cantidad de recursos, como lo demostramos en la sesión pasada, con partidas presupuestales que no rinden cuentas y que son tautológicas en el sentido que son partidas de seguridad ejercidas por instituciones de seguridad, pues dan lugar a que se puedan tomar los datos de las personas de manera discrecional por parte de la autoridad y como también se ha visto, esto pone en riesgo la democracia, el estado de derecho en México, porque son periodistas, son defensores de los derechos humanos, y como hoy día el Senador Manuel Bartlett, hace rato, pues también Diputados y Senadores; es decir, es necesario que haya una investigación en estos recintos para verificar si se está espiando también a los políticos.

Ojalá podamos tomar en serio esta discusión y poder adecuar la Ley Federal de Telecomunicaciones para que el espíritu de la misma, que es que la autoridad pueda contar con datos fidedignos, sea acompañada de mecanismos judiciales de control precisos para que no pueda haber un abuso en esta tarea.

Gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado Federal VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El 8 de julio del año 2014, se aprobó el“Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del mismo y que entró en vigor un mes después.

2. Dicho Decreto establece en sus artículos 189 y 190 la posibilidad de que autoridades de seguridad y procuración de justicia soliciten a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles, quienes estarán obligados a cumplir los mandamientos y requerimientos realizados por las autoridades.

3. Las disposiciones señaladas han sido objeto de un intenso escrutinio por distintos órganos de gobierno y la sociedad civil en la medida en que pueden comprometer el goce y ejercicio de ciertos derechos humanos, como el de presunción de inocencia, seguridad jurídica, privacidad, vida privada y la garantía respecto a la no intervención ilegal de comunicaciones privadas.

4. Así, si bien el artículo 16 de la Constitución General establece la posibilidad de que las autoridades federales intervengan y restrinjan comunicaciones privadas, ello debe ocurrir estrictamente sobre la base de la observancia y cumplimiento de ciertas garantías, de las cuales adolecen los artículos anteriormente señalados. 

5. Es decir, es cierto que bajo los desarrollos recientes en la doctrina constitucional puede decirse que ningún derecho fundamental puede representar un principio absoluto, por lo cual el goce y ejercicio de tales prerrogativas puede ser objeto de restricciones.  Sin embargo, las excepciones que el marco normativo establezca para el goce y ejercicio de tales derechos deben encontrar un límite constitucional y democrático, por lo que no pueden establecerse de manera abusiva o arbitraria, sino que por el contrario deben ser capaces de superar un umbral de proporcionalidad que justifique su operación.

6. De esta manera, la redacción actual de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones colocan en riesgo diversos derechos humanos asociados a la presunción de inocencia y la privacidad de las personas, en la medida en que no incorporan de manera clara algunos parámetros y garantías que las autoridades deben observar para efectuar una restricción a derechos humanos, tal como lo señala el artículo 16 de nuestra Constitución.

7. Por ejemplo, el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto, sino que éste puede ser restringido, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, a saber: que la restricción debe esté prevista en ley, que persiga un fin legítimo, que sea idónea, necesaria y proporcional.1

8. En el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es claro que se actualiza la existencia de una restricción a derechos fundamentales, en la medida en que establece la posibilidad de que las autoridades en materia de seguridad, en acompañamiento de los concesionarios en materia de telecomunicaciones, obtengan e intervengan datos relacionados con la comunicación de las personas para localizar en tiempo real un dispositivo móvil en operación, o bien para lograr su identificación y conocer su contenido en el marco de una posible investigación.

9. Pese a la existencia de dicha restricción, de lo que se trata es conocer si su operación cumple con los requisitos señalados por la doctrina constitucional, y constantemente utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos instrumentos internacionales. Así, puede señalarse que la restricción prevista no cumple con el criterio de legalidad, ya que como lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “las condiciones y circunstancias generales conforme a las cuales se autoriza una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley”.2

10. De esta manera no basta con que la medida se encuentre en una ley sino que en el marco de un estado constitucional, el concepto de legalidad debe ser entendido como la existencia de un régimen que garantice eficazmente la aplicación y el control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos3 y que detalle de manera clara los elementos que indiquen cuándo puede ser adoptada la medida, quién puede solicitarla y llevarla a cabo, así como el procedimiento a seguir, entre otros elementos.4

11. De esta manera, la medida señalada carece de este tipo de garantías en la medida en que: a) no establece una limitación temporal al actuar de las autoridades; b) no establece un grado de vinculación, responsabilidad o culpabilidad respecto de las personas que pueden ser sujetas a la vigilancia o de la necesidad de adoptar la medida; c) no contempla la participación de autoridades judiciales en la autorización, control y cancelación de la medida, entre otros aspectos.

12. En cuanto al elemento de idoneidad, si bien es cierto que la medida señalada puede resultar adecuada para satisfacer ciertos fines constitucionalmente relevantes, como el combate al narcotráfico o la delincuencia organizada, así como el aseguramiento de los derechos de víctimas del delito o violaciones a derechos humanos, también lo es que el éxito o efectividad de su idoneidad depende de que dicha medida sea utilizada sobre los cánones autorizados por la Constitución, de modo que no sea empleada como un instrumento de espionaje, persecución e injerencia en la vida privada por su inexacta e ilegal regulación.

13. La inadecuada utilización de este tipo de herramientas no sólo pueden representar un obstáculo para el aseguramiento del principio de presunción de inocencia en materia penal en la medida en que anticipan, sin ninguna clase de control judicial, la posibilidad de interferir con derechos humanos; sino que también puede sentar las bases para el desarrollo de técnicas de intervención ilegal de comunicaciones a cargo del gobierno que se traducen en mecanismos de censura indirecta o restricciones sutiles al flujo informativo y de ideas que trastocan libertades fundamentales para el ejercicio democrático en la medida en que representan acciones ilegales y encubiertas para interferir con la expresión de ideas a través del desarrollo de esquemas de intimidación en contra de sus titulares, lo que puede traer como consecuencia la reproducción de escenarios inhibidores de la libertad de expresión, o lo que algunos organismos especializados han denominado como “chilling effect”.5

14. Ahora bien, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no existe una condición de similitud entre la localización geográfica en tiempo real con la intervención de comunicaciones privadas.6 Sin embargo, tal criterio no parece ajustarse a las necesidades actuales de nuestro entorno democrático, sobre todo cuando tal como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la garantía en torno a la inviolabilidad de las comunicaciones “puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido […] como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones.7

15. Aunado a ello, no debe pasar desapercibido el criterio establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos quien ha señalado que “la naturaleza y la lógica del sistema de vigilancia secreta, como lo es la geolocalización, debe llevarse a cabo sin que el individuo conozca la medida impuesta en su contra. Sin embargo, toda vez que por la especial característica de sigilo de la medida restrictiva, el individuo inevitablemente estará impedido de buscar tutela judicial efectiva y de ser parte en recurso de revisión alguno en contra de la medida de restricción impuesta, es fundamental que el procedimiento de geolocalización establezca garantías adecuadas y efectivas que controlen la idoneidad de la medida en el caso concreto, buscando salvaguardar los derechos del individuo en el contexto de una sociedad democrática”.8

16. Por todo ello, la intervención de comunicaciones privadas, así como la localización en tiempo real de dispositivos móviles requieren de una valoración similar en torno a su operación y utilización por parte de las autoridades, pues a través de su implementación no solamente se pueden obtener datos asociados a las investigaciones criminales en curso, sino también –como lo ha señalado la juez Sotomayor de la Corte Suprema de Estados Unidos– es posible que las autoridades obtengan información “precisa y amplia sobre los movimientos públicos de una persona, lo cual refleja una gran cantidad de detalles sobre sus asociaciones políticas, profesionales, familiares, religiosas y sexuales”.9

17. Por tanto, el objetivo de la presente iniciativa es el de reforzar las garantías y salvaguardas que deben ser observadas por las autoridades mexicanas en aquellos casos en los cuales se requiera intervenir comunicaciones privadas o bien, localizar geográficamente en tiempo real un dispositivo móvil. Dicho reforzamiento pasa, necesariamente, por: a) la generación de esquemas reforzados de justificación de la medida; b) la intervención y control de autoridades judiciales y c) la determinación temporal para la intervención y tramitación de la medida referida.

18. Así, el proyecto que se somete a consideración de esta asamblea busca que la Ley Federal de Telecomunicaciones señale reglas claras y detalladas en relación con la aplicación restrictiva de las comunicaciones o cualesquiera datos que intervengan en el proceso comunicativo, de modo que sea capaz de ofrecer certidumbre jurídica a las y los gobernados y cumpla con lo establecido por el artículo 16 constitucional.

19. De esta manera, las modificaciones propuestas buscan establecer con claridad y precisión el tipo de intervención que se hará, los sujetos participantes en la misma, así como la temporalidad de la misma. De igual forma, buscan establecer con claridad qué autoridades específicamente son las únicas autorizadas para solicitar dichas intervención o localización, y si la persona o dispositivo a localizar será directamente investigada en el marco de un proceso criminal o como resultado de alguna otra circunstancia necesaria que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de las personas.

20. Con ello se pretende subsanar aquellos vacíos legales que abrían la puerta a la arbitrariedad y posible abuso de autoridad por parte del poder público. Conocer estos datos permitirá saber con precisión qué autoridades pueden ser responsables de cometer actos contrarios a la ley, y con ello se garantiza la vigencia de principios esenciales del debido proceso como la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

21. Un aspecto relevante de la presente iniciativa es la propuesta que hace en torno a la participación de las autoridades judiciales para la autorización y control de posibles intervenciones a comunicaciones privadas o a la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles. Ello es así ya que, en el marco de un estado constitucional, los contrapesos entre los poderes que integran la estructura estatal resultan fundamentales para garantizar equilibrios que permitan proteger los derechos humanos de las y los gobernados.

22. Por ello, siguiendo lo señalado por el artículo 16 de la Constitución General, la presente iniciativa propone que sean los Juzgados Federales de Control las autoridades encargadas de autorizar una posible intervención de comunicaciones privadas o la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público”,10 por lo que una medida relevante para alcanzar dicho fin se traduce en el establecimiento de una limitación a cargo del Poder Legislativo que establezca en ley algún régimen de control con el fin de prevenir las decisiones abusivas o arbitrarias del poder, otorgando a los tribunales judiciales intervención en el proceso a efecto de asegurar la protección de los derechos humanos.

23. Únicamente la intervención judicial de autoridades federales permitirá determinar en cada caso en cuestión si las medidas solicitadas por las autoridades de seguridad y procuración de justicia resultan fundada, motivada y justificada en atención a los requisitos de la idoneidad, necesidad y, sobre todo, proporcionalidad de la restricción en el caso concreto.

24. Por último, no pasa desapercibido para este legislador que en muchas ocasiones este tipo de medidas deben ser operadas con particular expedites y diligencia a fin de procurar la salvaguarda de fines e intereses constitucionalmente relevantes. Sin embargo, la expedites de una medida no pueda justificar un actuar ilegal y arbitrario por parte del poder público que legitime medidas desproporcionadas y contrarias a otro tipo de intereses que resultan también constitucionalmente protegidos.

25. Por ello, tomando en consideración que la legislación mexicana contempla algunas otras disposiciones en la materia que resultan similares a lo planteado por la Ley Federal de Telecomunicaciones,11 es que se propone que cualquier solicitud de intervención de comunicaciones privadas o localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles sea atendida y resuelta por las autoridades federales judiciales de control en un plazo que no podrá exceder de seis horas contadas a partir del momento en el que sea recibida la solicitud por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 189 BIS Y    SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Para quedar como sigue:

TÍTULO OCTAVO
De la Colaboración con la Justicia

Capítulo Único
De las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de las autoridades competentes en los términos establecidos por los ordenamientos legales aplicables.

Con el objetivo de facilitar la investigación y persecución de ciertas actividades ilícitas relevantes, o para salvaguardar la vida e integridad de las personas en casos de extrema urgencia, las autoridades de seguridad y procuración de justicia señaladas en la presente ley podrán solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil; la intervención de comunicaciones privadas o de cualesquiera datos de tráfico o elementos que intervengan en el proceso comunicativo, siempre que para tal efecto medie previa autorización emitida por una autoridad judicial federal que determine la necesidad y proporcionalidad de dicho requerimiento.

Los requerimientos que formulen las autoridades de seguridad y procuración de justicia ante los Juzgados de Control Federales para la localización geográfica en tiempo real; la intervención o restricción de comunicaciones privadas o de cualesquiera datos de tráfico o elementos que intervengan en el proceso comunicativo deberán contar, al menos, con los siguientes requisitos:

I. La fundamentación y motivación de la solicitud;

II. La justificación de una causa probable o necesidad que amerite la intervención, identificación, localización o restricción solicitada. Dentro de esta justificación, la autoridad deberá señalar las razones por las cuales la solicitud planteada representan la medida menos lesiva o la única medida para hacer frente a la situación que se pretende atender;

III. La persona o personas a las que estará dirigida la solicitud planteada;

IV. El tipo de comunicación o cualesquiera datos de tráfico o elementos que intervengan en el proceso comunicativo a intervenir o localizar; y

V. La delimitación temporal de la medida solicitada o el periodo de intervención requerido, que deberá ser proporcional a los fines perseguidos y mismo que no podrá exceder de un plazo de 6 meses.

Los Juzgados de Control Federales deberán atender las solicitudes de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que hayan sido recibidas. Durante la vigencia de la medida autorizada, los Juzgados de Control Federales tendrán la facultad de verificar que las acciones se realicen conforme a lo autorizado en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables.

Artículo 189 Bis. Únicamente las autoridades de seguridad y procuración de justicia señaladas a continuación podrán solicitar a las autoridades judiciales federales las autorizaciones respectivas a fin de recibir la información correspondiente por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos:

I. El Procurador General de la República;

II. Los Procuradores de Justicia de las entidades federativas;

III. El Comisionado General de la Policía Federal;

IV. El Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia referidas podrán designar a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos y autorizaciones que se soliciten ante la autoridad judicial federal, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos establecidos por la Constitución, esta ley y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.

El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 Bis de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna;

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

A) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

B) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

C) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

D) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

E) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

F) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

G) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

H) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la resolución judicial que aturice dicha solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 bis de esta Ley, en cumplimiento de las garantías previstas por la Constitución y este ordenamiento, los cuales deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del presente artículo.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 60 días naturales, el Instituto deberá realizar las acciones de armonización y compatibilización de los ordenamientos secundarios y reglamentarios aplicables con las disposiciones señaladas en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Dip. Vidal Llerenas Morales.

1 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. párr. 129

2 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op. cit. párr. 130

3 Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. párr. 24.

4 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op cit. párr. 131.

5 ECHR, Case of Goodwin v. The United Kingdom, 27 March 1996, Application no. 17488/90, Judgment, Strasbourg, § 39. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 132-133.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 964/2015, 4 de mayo de 2016, Ministro Ponente Alberto Pérez Dayán, del cual derivó la Tesis: 2a. XLV/2016 (10a.), LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL. EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 5 de agosto de 2016.

7 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op cit. párr. 114

8 Case Klass and others v Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights (Series A, NO 28) (1979-80) 2 EHRR 214, 6 September 1978. Párr 55.

9 Corte Suprema de Estados Unidos, U.S. v Jones 10 U.S. 1259 (2011), J. Sotomayor concurring.

10 Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. Párr. 22

11 Al respecto véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, artículo 241.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Senador Esteban Albarrán Mendoza, para presentar a nombre de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Esteban Albarrán Mendoza, a nombre de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, en nuestro país comenzamos un cambio de paradigma en el reconocimiento y protección de los derechos inherentes a la población.

Paulatinamente hemos fortalecido nuestro entramado normativo e institucional, observando en todo momento el bienestar y pleno desarrollo de las personas.

En este tenor acudo a la máxima tribuna a presentar la iniciativa de nuestra compañera Senadora Carmen Dorantes Martínez, con la que se reforma el párrafo 8 del artículo 4o. constitucional, el objetivo es robustecer y garantizar, de manera efectiva, el derecho humano a la identidad de género, reconociéndolo explícitamente en nuestra Constitución.

Esta preocupación surge con la plena convicción de que la sociedad mexicana ha cambiado y con ello los preceptos normativos deben también hacerlo, proceso en el que la Constitución, como norma suprema, debe seguir siendo ese acuerdo entre los mexicanos que mantenga su carácter social y de avanzada.

Si bien es cierto que este derecho está implícito en las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por México, y los mismos incluyen derechos que reconocen el derecho a la dignidad humana, previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución, también es que resulta necesario avanzar en su pleno respeto.

Con los cambios propuestos, se atiende la naturaleza humana y la dignidad de las personas que, como se refiere en la iniciativa, además implica el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

El derecho humano a la intimidad, reconoce el ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, el cual, le garantiza poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, sus pensamientos o sentimientos. Lo anterior implica que la persona tiene plena disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar en su intimidad, e incluso, su propia identidad sexual y de género, como aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada, forman parte de este ámbito propio y reservado de lo íntimo, que si se desea puede mantenerse fuera del conocimiento público.

El derecho humano a la identidad, entre otras cuestiones, también implica que toda persona tiene derecho a ser él mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los otros, la forma en que un individuo se visualiza y se proyecta ante la sociedad, y por ello se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En síntesis, no sólo consta el aspecto morfológico, sino también de sentimientos y convicciones profundos sobre la pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer.

En este orden de ideas, la autodeterminación sexual trasciende en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo; de ahí que se proponga que la protección constitucional incluya la libre decisión de la sexualidad.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos a favor del pleno desarrollo y bienestar de la población, y estamos convencidos también de que desde el Congreso de la Unión debemos generar las condiciones que hagan asequibles panoramas de dicha naturaleza.

Es por ello que acudo a esta máxima tribuna, a nombre de mi compañera Carmen Dorantes, para presentar esta iniciativa con la que se reforma el párrafo 8 del artículo 4o. constitucional, para que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento, así como de aquella nueva Acta de Nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa a la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, 60, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 8, DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona a la salud, mismo que se ratifica en los documentos internacionales suscritos por nuestro país, y el cual, busca prevenir y tratar una enfermedad, pero que va más allá de sólo el estado físico, para abarcar tanto  aspectos internos como externos, esto es, también se debe ocupar del buen estado mental y emocional del individuo, comprendiéndose un derecho fundamental más, que es el derecho a la integridad física y psicológica.

Con esto, se atiende la naturaleza humana y la dignidad de las personas, que además implica el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

El derecho a la intimidad, reconoce el ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, el cual, le garantiza poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, sus pensamientos o sentimientos. Esto quiere decir que la persona tiene plena disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad, e incluso, su identidad sexual y de género, como aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada, forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que si se desea puede mantenerse fuera del conocimiento público.

Por su parte, el derecho a la propia imagen, se refiere a la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás. Es ubicado por la doctrina dentro del derecho a la intimidad, como derecho personalísimo perteneciente al ámbito propio del ser humano, alejado de la injerencia de personas extrañas.

Así, tal como ha sido reconocido en diversos razonamientos jurisprudenciales, como los expresados en relación a la resolución del amparo directo civil 6/2008 sobre rectificación de acta por cambio de sexo, puede comprenderse el derecho a la identidad personal como el "derecho que tiene toda persona a ser sí mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los otros; la forma en que un individuo se visualiza y se proyecta en la sociedad; y por ello, se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad".

Ahí mismo, se señaló que cada individuo también se proyecta desde su perspectiva sexual, pero no sólo en cuanto a su orientación sexual, sino en la manera que él se percibe, de acuerdo a su psique, emociones o sentimientos.

En este sentido se comprende que la identidad no sólo consta del aspecto morfológico, sino también de sentimientos y convicciones profundos de sobre la pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer.

Este arreglo de cada persona sobre si mismo, es base para la proyección de su vida, ya que la sexualidad es elemento esencial de la persona humana y de su psique.

La autodeterminación sexual, trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo; de ahí que la protección constitucional incluya la libre decisión de la sexualidad.

Así, la identidad personal comprende la sexual, y es a partir de ella que la sociedad identifica a cada individuo, diferenciándolo a través de elementos, como el nombre, sexo, filiación, edad, calidades personales, atributos intelectuales o físicos, etcétera, o bien, de la conjunción de todos estos.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el género es un constructo social de la colectividad, por el que se asignan funciones, comportamientos y atributos considerados como apropiados para los hombres y para las mujeres. Es un concepto dinámico, cambiante conforme lo hacen las sociedades.

Por su parte, la identidad sexo-genérica, representa a la vivencia íntima, personal y única de ser hombre o mujer y de pertenecer al género masculino o femenino.

A su vez, la orientación sexual, es definida por la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) como la atracción sexual, emocional y afectiva hacia otras personas.

El ejercicio pleno del derecho a la identidad, ha tenido sus dificultades, principalmente para los sectores de población transgénero y transexual.

La población transexual, a través de tratamiento hormonal y biomédico, logra transformar y empatar la expresión de su identidad de género con su condición biológica, con la reasignación sexo-genérica a través de técnicas quirúrgicas como la vaginoplastia o la faloplastía que permiten a las personas un cambio permanente en su sexo biológico de nacimiento.

Por su parte, la población transgénero, cambia sus rasgos corporales y algunas de sus características sexuales mediante implantes y tratamientos hormonales.

Y es precisamente el derecho a la identidad, incluida la de género, el que sigue teniendo alta incidencia en materia de discriminación y vulneración a los mismos.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el discurso biomédico sobre la sexualidad, definió a la identidad trans como enfermedad o “trastorno de identidad sexual” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana, APA, en 1980).

Y a pesar de las muchas muchas de esta comunidad y de los avances científicos, tecnológicos y sociales, dicha denominación solo fue cambiada en 2013 por “disforia de género”.

En los hechos, cientos de personas trans siguen sufriendo discriminación, violencia, daño físico o pierden la vida por esta condición.

De acuerdo con el Observatorio de Personas Tran Asesinadas, cada 3 días un trans es asesinado en el mundo.

Según diversas fuentes internacionales, sobre todo de organizaciones activistas, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en estadísticas de crímenes de odio por trans y homofobia.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, arrojó que 44% de los encuestados no estaría dispuesto a que en su casa viviera un gay o una lesbiana. Porcentaje que ascendía a 50.2% en el caso de adolescentes entre 12 y 17.

Según datos de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, el 71.2% de las personas transexuales y 74.7% de las personas transgénero han sido discriminadas en la Ciudad de México.

Es por todas estas consideraciones que la presente iniciativa busca generar un avance más en el camino de la igualdad entre mexicanos y la no discriminación por ningún motivo.

Buscamos tener el apoyo de ustedes amigas y amigos legisladores para que el derecho humano a la identidad de género sea reconocido explícitamente en nuestra carta magna, en el artículo 4 constitucional, porque tenemos la firme convicción de que nuestra sociedad ha cambiado y que los preceptos normativos deben cambiar también, pero más aún, consideramos que la Constitución como norma suprema debe seguir siendo ese acuerdo entre los mexicanos que mantenga su carácter social y de avanzada, con el que dio al mundo una muestra de las grandezas que caracterizan al pueblo mexicano, somos garantistas.

Si bien, este derecho personalísimo, está implícito en las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por México, y los mismos, incluyen derechos que reconocen el derecho a la dignidad humana, previsto en el artículo 1, de nuestra Constitución, es necesario avanzar en su pleno respeto.

Si aprobamos esta reforma, estaríamos haciendo eco de los justos reclamos a través de los movimientos que en las últimas décadas, han surgido en México y que tienen un marco global.

Lo mismo ocurrió con movimientos como el indigenista, los movimientos feministas, la lucha por la integración racial y muchos otros.

Actualmente no existen tratados internacionales que protejan específicamente los derechos de las personas trans. La mayoría de los tratados no señalan ni la orientación sexual ni la identidad de género, todo ello se enmarca en el respeto a los derechos humanos.

En el caso de México, tal vez el primer avance y más concreto sea la reciente modificación en el código civil local que reconoció la posibilidad de que el Registro Civil expida una nueva acta de nacimiento como producto de un cambio de género.

Artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a:

I.- a VIII.

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

Aun falta mucho por hacer en cuanto al reconocimiento de estos derechos, la creación de instituciones y políticas públicas que atiendan a este sector de la población, que por ser víctima de discriminación, exclusión y violencia, tiene características de vulnerabilidad.

En el ámbito del derecho comparado existen países que reconocen los derechos de la comunidad trans entre ellos, Suecia y Alemania, con leyes para el cambio jurídico de sexo, como consecuencia de una intervención quirúrgica; Italia procede a la rectificación de la atribución del sexo; y el Reino Unido, permite solicitar el reconocimiento de género, sujetándolo a diversos requisitos, garantizando el derecho a la confidencialidad sobre su cambio de género ante cualquier persona o institución.  Otros países son Holanda, España y Argentina.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el mero cambio de los documentos de identificación y la adecuación del nombre, no permite vivir a los transexuales de acuerdo con la identidad que les es propia y sufren continuas humillaciones y discordancias en el trato que se les da, por haberse cambiado el género de forma irreversible, al no obtener todos los derechos del género adoptado y al tener que revelar en múltiples actos de su vida un sexo al que ya no pertenecen.

Por todas estas consideraciones, me permito someter a su consideración la presente:

Reforma al párrafo 8 del artículo 4 constitucional.

Único. - Se reforma el párrafo 8, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como de aquella nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes de referencia:
CRÓNICA DEL AMPARO DIRECTO CIVIL 6/2008 TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. RECTIFICACIÓN DE ACTA POR CAMBIO DE SEXO
El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. Dante núm. 14, col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590, México, DF. Conapred 2008

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Albarrán Mendoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Me sumo al mismo tema que trajo el Diputado Jericó. Hay que llamarnos, en todo caso, a trabajar en conferencia este importante tema, ya que lo planteamos, tanto Senadores como Diputados, es el tema del siglo XXI, que será el cuidado del planeta y sus posibilidades de sobrevivencia y continuidad.

Hace tiempo que hemos debido plantearnos una forma de civilización que permita también romper la falsa dicotomía entre sociedad y naturaleza, y facilite el buen vivir.

Una forma de desarrollo sustentable, la única forma de desarrollo posible, porque es la única cuyo fin no será la destrucción de los ecosistemas y la puesta en cuestión de la viabilidad de las formas de vida.

Tal parece que no nos hemos encaminado todavía en esa dirección. Enfrentamos recurrentes crisis de contaminación del agua, del aire, del suelo, y en general, la pérdida de diversos hábitats.

Las leyes y políticas públicas en la materia deben ser multidimensionales y considerar cada etapa de los ciclos productivos, desde el manejo de materias primas, las formas de su procesamiento y comercialización, hasta el consumo. Cada uno de los eslabones reviste una importancia particular, pero todas ellas se anudan en el consumo.

Desde el consumo pueden definirse muchas pautas de producción, dado que se trata de una de las actividades más vinculadas a la vida cotidiana.

Nuestra forma de consumir ha contribuido, cada vez más, al seguimiento de senderos insostenibles de vida, esto indica el incremento de residuos sólidos urbanos producidos por las casas, los comercios, las actividades públicas y privadas.

Según información del Inegi, no sólo ha dejado de incrementarse la producción de este tipo de residuos entre 2000 y 2013, año en que se produjeron más de 43 toneladas de estos residuos, eso indica un incremento que trae aparejado el crecimiento de la población y también que este tipo de residuos es claramente poco sustentable o no es sustentable.

Se ha repetido hasta el cansancio que una botella de PET puede tardar cientos de años en descomponerse, como muchos de los plásticos, pero nuestras pautas de consumo siguen siendo las mismas y se estima que una familia en México consume alrededor de 650 bolsas de plástico cada año, mismas que después desecha.

Cada compra en tiendas de abarrotes, supermercados, centros comerciales, implica la utilización de bolsas o botellas de plástico, lo que ha derivado en un sinfín de problemas, como las 8 millones de toneladas anuales de plásticos que llegan a los mares y los océanos.

Según el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, una isla de 100 millones de toneladas de plásticos de cerca del tamaño del estado de Chihuahua flota en el Pacífico norte, el problema lejos de reducir su dimensión la incrementa, en una década se ha incrementado en un 50 por ciento la producción de plásticos.

De la producción de este tipo de materiales, el 40 por ciento son envases de todo tipo, en su mayoría de un solo uso.

Otro producto similar, con sus consecuencias, es el unicel o poliestireno expandido.

Según datos de la Asociación Nacional de Industrias de Plásticos y de la Industria Química, el consumo anual de este producto del unicel en México, asciende a 125 mil toneladas, de las cuales 25 por ciento las destina a la industria alimenticia y más del 75 por ciento en la industria de la construcción y el embalaje.

El cambio que se requiere es ineludible y tiene que ver con la reducción del uso de plásticos, pero para ser sustituidos por bolsas y envases reutilizables, esto tiene que ir mucho más allá, no puede dejarse esta decisión a la voluntad de los individuos, además que la producción de materiales reutilizables, con frecuencia es obstaculizado desde dinámicas productivas sólo pendientes de lucro, y nadie está estorbando la ganancia de nadie, se requiere que la ganancia de uso de plásticos simplemente sea sustituida por otro tipo de materiales.

Es muy importante decir, por ejemplo, que la ingeniería de materiales ha avanzado y se tiene que fomentar su uso y su desarrollo.

El doctor Alfredo Maciel desarrolla en la UNAM, por ejemplo, el uso de la espuma biodegradable que puede sustituir al unicel, pero nadie está atendiendo al doctor Alfredo Maciel para que se atienda su llamado a dejar de usar el unicel y se sustituya por el material que él está produciendo en la UNAM.

Esta es una transición que debe acicatearse, debemos pasar del plástico a materiales biodegradables.

Algunos países, como Francia, ya han puesto en marcha políticas de este tipo en sus supermercados, ya no se entregan bolsas de plástico, sino solamente de papel, en otros países las cobran y en otros tantos, como Marruecos, están prohibidas.

Nosotros tenemos que caminar por el desarrollo sustentable y proponemos un cambio a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para que se incluya la sustitución del uso de plásticos por materiales biodegradables y todo esto se ajuste a una nueva reglamentación de este tipo de materiales.

Es cuanto.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






El Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ha presentado una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT)








En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna al Senador Ernesto Cordero Arroyo, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy buenas tardes a todos.

En ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión Permanente recibió del Ejecutivo Federal la propuesta de ratificación del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, así como fiscalizar el efectivo cumplimiento de los contribuyentes con respecto a las disposiciones tributarias, es una institución clave para el desarrollo económico del país.

Una de sus unidades administrativas es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, cuyas facultades son: realizar actos de fiscalización, determinar los impuestos federales, ordenar y practicar embargos precautorios o aseguramientos e intercambiar información con las distintas autoridades fiscales.

Para dirigir esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal se requiere un servidor público plenamente capacitado y que acredite probidad y cuente con la experiencia y profesionalismo necesarios para el desempeño de tan importante función en beneficio de la Hacienda Pública.

La Tercera Comisión ha realizado un exhaustivo análisis del expediente del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén, y hemos obtenido evidencia de que el ciudadano propuesto cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto, en virtud de que su trayectoria ha estado encaminada al servicio público.

En el ámbito profesional, cuenta con más de 19 años de experiencia en la Administración Pública Federal, ha trabajado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el Instituto Federal Electoral, en la Secretaría de Energía, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ha sido contralor en cuatro Secretarías de Estado y de nueve organismos desconcentrados. Es importante señalar que suma 10 años de experiencia en temas fiscales y ejerciendo facultades de fiscalización, aportando una visión transformadora.

Ha fomentado la coordinación institucional para la determinación y consecución de objetivos comunes y ha logrado importantes mejoras en los procesos sustantivos de las dependencias en las que ha participado.

En lo que respecta al ámbito académico, es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y se encuentra cursando la Maestría en Seguridad Nacional, que imparte la Secretaría de Marina. Ha participado en diversos foros y tiene diversas publicaciones.

Después de valorar su conducta personal y laboral, así como su experiencia profesional, conocimiento en la materia, vocación y probidad, consideramos que es apto para desempeñarse como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, con responsabilidad y dedicación en beneficio de nuestro país.

El voto a favor de la ratificación del ciudadano Arturo Téllez fue unánime en la Tercera Comisión.

Es así que la Tercera Comisión remite a este Pleno, para su votación, la ratificación del nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Ernesto Cordero.

Se encuentra a discusión. ¿Alguien desea hacer uso de la tribuna? De lo contrario, ábrase por favor el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador don Manuel Bartlett Díaz. Es motivo de agrado para la Comisión Permanente contar con su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!



La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 33 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén, por lo que solicito a las legisladoras y a los legisladores Senador Ernesto Cordero, Senador Marco Antonio Olvera, Diputada Minerva Hernández, Diputado Emilio Enríque Salazar, Diputado Vidal Llerenas, Diputado Macedonio Tamez, Diputado José Alfredo Ferreiro y al Senador Esteban Albarrán Mendoza, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de protesta.

(La comisión cumple)

Muchas gracias.

Todos de pie, por favor.

(Todos de pie)

Ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Téllez!

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Paulo Arturo Téllez cuando desee retirarse del salón de sesiones.






PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Compañeros legisladores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cinco dictámenes, uno de la Segunda Comisión y cuatro de la Tercera Comisión, que se recibieron una vez cubiertos los requisitos de firmas aprobatorias.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los mismos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Informo a la Asamblea las materias de los dictámenes:

Uno, de la Segunda Comisión, que exhorta a la Cofepris a analizar la viabilidad de realizar la Norma Oficial Mexicana sobre el valor nutricional que coadyuve a reducir los riesgos del sobrepeso y la obesidad.

De la Tercera Comisión, tenemos los siguientes:

1.- Por el que se solicita un informe del estado que guarda el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

2.- Que exhorta a identificar los puntos críticos en la red de colisión entre autos y fauna silvestre, y que, a su vez, en dichos puntos consideren la implementación de diversas estrategias.

3.- Por el que se solicita un informe sobre los alcances de los acuerdos del pasado 6 de junio con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, que suspenden la imposición de cuotas compensatorias a la exportación de azúcar mexicana a ese país.

4.- Por el que se desecha la proposición que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en lo relativo a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de seguridad social.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a la agenda de hoy los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Los anteriores dictámenes se consultarán para saber si existen oradores interesados en su discusión, o si se pondrán a consideración sin debate en el momento procesal correspondiente. Los dictámenes están disponibles en sus escaños para su conocimiento.

Hago del conocimiento de esta Asamblea que el dictamen de la Tercera Comisión, con un exhorto al Ejecutivo Federal a declarar área natural protegida a la “Sierra de Álvarez” en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna en San Luis Potosí, a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se difiere para su discusión en la siguiente sesión.

Pasamos a la discusión de 15 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no existe reserva para discusión.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta de las materias de los 15 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- El que se exhorta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a establecer un protocolo nacional homologado para la investigación policial ante casos que involucren orientación sexual o la identidad de género.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados la solicitud para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en materia de violencia política en razón de género.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se turna el punto de Acuerdo en torno al procedimiento de ratificación de los nombramientos de los Magistrados en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- El que exhorta a las autoridades competentes de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán a considerar la emisión del Reglamento de la Ley de Protección Civil de su entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que exhorta a la Secretaría de Finanzas del estado de Nayarit a remitir un informe respecto de la situación económica en la que se encuentra la Universidad Autónoma de dicho estado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se solicita un informe sobre el criterio por el que se determinó no aplicar el requisito de la edad mínima para desempeñar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Aguascalientes a remitir un informe respecto del estado que guardan las investigaciones sobre los hechos suscitados el 9 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- El que exhorta a establecer lineamientos para que todas las unidades de transporte público cuenten con un seguro perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- El que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y a los gobiernos municipales de la entidad a reforzar las acciones de vigilancia y control en el manejo de fuegos pirotécnicos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones que permitan mejorar la movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- El que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a transparentar la información relacionada a los vuelos privados y comerciales que el gobernador ha realizado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- El que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y al Instituto de Verificación Administrativa a reforzar las acciones institucionales para prevenir las violaciones al uso de suelo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhorta a publicar el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública ante el incremento de los delitos del fuero común en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la instrumentación de estrategias y operativos en materia de seguridad pública encaminados a combatir el incremento en la incidencia de los delitos de homicidio y robo con violencia en el estado de Michoacán.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los dictámenes.

Se consulta a la Asamblea si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica, consulto a la Asamblea si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.

Sonido en el escaño del Diputado Martínez Neri, ¿con qué objeto, Diputado?

El Diputado Francisco Martínez Neri: (Desde su escaño) Para referirme muy brevemente al hecho de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados comparte el contenido del Acuerdo respecto de violencia de género y, desde luego, nos comprometemos.

Y hablo en mi calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política para poder procesar, para poder…

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, Diputado Neri, hay mucho ruido en la Asamblea, y no se puede percibir bien cuál es su solicitud, si me permite volver a repetir, por favor.

El Diputado Francisco Martínez Neri: (Desde su escaño) Sí, simplemente para compartir el contenido del punto de Acuerdo relacionado con violencia política en contra de las mujeres, desde luego que en mi calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados promoveremos el periodo extraordinario para tratar este tema.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Queda registrada su participación, Diputado.






Pasamos a la discusión de 35 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo sobre los cuales no existen reservas para discusión.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de los 35 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- El que solicita elaborar un estudio científico de las bebidas adicionadas con cafeína para determinar los efectos en la salud de sus consumidores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- El que solicita un informe sobre los casos de colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal de nominado SDVP PCD INNN en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a retomar la investigación y procesar judicialmente a los responsables de haber experimentado con pacientes de hidrocefalia sin que éstos hayan dado su autorización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así́ como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada con fecha 30 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a retomar la investigación y procesar judicialmente a los responsables de haber experimentado con pacientes de hidrocefalia sin que éstos hayan dado su autorización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1092 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La promovente refiere que el día 2 de marzo de 2017 la Red Solidaria Década contra la Impunidad dio a conocer la condición física que guardan Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles. Estas dos personas recibieron indebidamente un implante cerebral en fase experimental para tratar la hidrocefalia que padecen.

Asimismo, refiere que el implante con que se trató a 500 pacientes fue diseñado y patentado por el médico cirujano Julio Everardo Sotelo Morales de acuerdo a diversos datos que aporta y destaca que se trata de un nuevo sistema de derivación ventrículo-peritoneal (SDVP PCD INNN), que está diseñado para permitir un flujo constante que drene aproximadamente la cantidad de LCR [líquido cefalorraquídeo], que diariamente se produce tomando en cuenta cuatro variables: producción del LCR, presión ventricular, efecto de la gravedad y cantidad de absorción del LCR en el espacio subaracnoideo. El sistema consta de un catéter ventricular de silastic de 2 mm de diámetro interno con punta de teflón, un conector en L y el catéter peritoneal de tygón con una (sic) área seccional interna de 0.126 mm (sic).

En ese documento se detalla que entre 1995 y 1996 se usó este dispositivo en 25 pacientes, quienes formaron parte de un experimento en el que se comparó el desempeño del SDVP PCD INNN con el sistema de diafragma convencional para el tratamiento de la hidrocefalia. No obstante, a este proyecto de investigación —con idéntico método y resultados similares— hace referencia a un artículo previo, que se remitió en diciembre de 1993 y se publicó en 1995. Por tanto, puede afirmarse que al menos desde inicios de 1993 comenzó la experimentación con este dispositivo. Parte de la trayectoria de investigación de Julio Sotelo Morales se ha dedicado a comparar su dispositivo de flujo continuo con otros aparatos aprobados para el tratamiento de hidrocefalia. En todos los artículos en los que se alude al uso del SDVP PDC INNN se califican positivamente los resultados del uso del mismo. 

Igualmente, la proponente considera que, no obstante los beneficios que atribuye el Dr. Julio Sotelo Morales a su dispositivo, desde hace varios años diversos pacientes a los que se les implantó el SDVP PCD INNN se han quejado por problemas y complicaciones inherentes al mismo, a tal punto que existen ya varias averiguaciones previas relacionadas con su uso.

En 2004 médicos residentes instalaron el SDVP PCD INNN a la paciente Yolanda Guerrero Caballero debido a hidrocefalia. A pesar de evidenciar durante más de dos años la inutilidad del dispositivo, el personal médico adscrito al INNN determinó mantener este tratamiento experimental y fue hasta mayo de 2007 que se le instaló una válvula de derivación clínicamente aprobada como reemplazo del SDVP PCD INNN. Por la tardanza con la que el personal del INNN realizó el cambio, Yolanda Guerrero Caballero padece secuelas físicas que la han incapacitado para realizar actividades básicas cotidianas. Por tanto, la paciente presentó una denuncia ante la PGR, quien asignó a la averiguación previa respectiva el folio AP/PGR/DF/SPE-XXVII/5151/08-09. Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público de la Federación solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico un dictamen médico respecto la atención que recibió Yolanda Guerrero Caballero en el INNN. 

En 2006 se colocó el SDVP PCD INNN a la paciente María de Lourdes Walkup Mentado, quien también padeció secuelas posteriores a la instalación del dispositivo que patentó Julio Sotelo Morales. Por este motivo, la paciente presentó una denuncia ante la PGR en 2009 por negligencia contra médicos del INNN y la institución, por la que se inició la averiguación previa AP/PGR/ MOR/CV/144/272009. Debido a la denuncia, el titular del Órgano Interno de Control del INNNMVS solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico emitir un dictamen. Este órgano señaló en enero de 2010 diversas irregularidades en el tratamiento a la paciente Walkup Mentado, que coinciden con las detalladas en el dictamen médico para el caso de la paciente Guerrero Caballero: parte de su tratamiento —incluyendo la intervención quirúrgica en la que se le implantó el SDVP PCD INNN— no lo hizo personal médico adscrito al hospital sino médicos residentes, se instaló un dispositivo no registrado ni aprobado para su uso por parte de la Secretaría de Salud y no se notificó a la paciente Walkup Mentado que se le instalaría un objeto experimental.

En diciembre de 2006 se diagnosticó a Alberto Gutiérrez Robles hidrocefalia en el INNN, por lo que se le instaló el SDVP PCD INNN. Al igual que en el caso de los pacientes cuyos casos se han descrito arriba, no se le informó debidamente que el instrumento que recibiría era de carácter experimental ni se le dijo que no había sido aprobado para su uso por las autoridades sanitarias.

La ASF emprendió la auditoría de desempeño 06-1-12NCK-07-140 al INNN; en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2006 se cita el uso del instrumento que Sotelo Morales patentó y con el cual se dio tratamiento a pacientes con hidrocefalia. Se concluyó que la implantación del SDVP PCD INNN no se hizo conforme lo señalado en la Ley General de Salud; se afirma que el INNN no tenía autorización de la Secretaría de Salud para usar el dispositivo patentado por el Dr. Sotelo Morales.

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, a retomar la investigación y procesar judicialmente a los que resulten responsables de haber experimentado con pacientes de hidrocefalia, al colocar el sistema de derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN, patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, sin que los pacientes hayan dado su autorización, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud a atender oportunamente a los pacientes afectados por el uso del sistema de derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN, así como a vigilar el posterior otorgamiento de los servicios de salud que llegaren a requerir para atender las posibles secuelas que puedan manifestar.

TERCERO.- La Comisión Permanente solicita al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, que asista, atienda y garantice el derecho a la reparación integral del daño a quienes han resultado afectados por el implante del sistema de derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN. ”

III. CONSIDERACIONES

1.  Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición, coincidimos en la necesidad de fortalecer las acciones de protección de los derechos de los pacientes y garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental.

2. Por lo que hace a los temas abordados en el asunto de mérito, se destaca que la hidrocefalia es una acumulación de líquido dentro del cráneo, que lleva a que se presente hinchazón del cerebro. La hidrocefalia se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea el cerebro, el cual se denomina líquido cefalorraquídeo o LCR. Este rodea al cerebro y la médula espinal, y ayuda a amortiguar al primero. El líquido cefalorraquídeo normalmente circula a través del cerebro y la médula espinal y se absorbe en el torrente sanguíneo. Los niveles de LCR en el cerebro pueden elevarse cuando se bloquea el flujo de LCR, este no logra absorberse apropiadamente en la sangre; y/o el cerebro produce demasiada cantidad de dicho liquido. Demasiado LRC ejerce presión sobre el cerebro, lo cual lo empuja hacia arriba contra el cráneo y daña el tejido cerebral.                                                       

3. La hidrocefalia se presenta con mayor frecuencia en niños. Pero otro tipo, llamada hidrocefalia nomotensiva puede ocurrir en adultos y en ancianos. La hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia crónica del adulto (HCA) es una entidad poco conocida, que se manifiesta en sus formas completas por un cuadro de  demencia progresiva, alteraciones de la marcha e incontinencia de esfínteres.

4. Sin tratamiento, hasta 6 de cada 10 personas con hidrocefalia morirán. Las que sobreviven tienen grados diferentes de discapacidades intelectuales, físicas y neurológicas. Sin embargo, el pronóstico depende de la causa; el mejor de ellos lo tiene la hidrocefalia que no se debe a una infección. Las personas con hidrocefalia causada por tumores usualmente tienen un pronóstico desalentador. El tratamiento tiene como objetivo reducir o prevenir el daño cerebral a través del mejoramiento del flujo del líquido LCR. Este varia en función de las condiciones, que van desde la cirugía para eliminar la obstrucción, derivación dentro del cerebro para redireccionar el flujo del LCR, antibióticos si hay signos de infección, ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo y extirpación o cauterización de las partes del cerebro que producen LCR.                                                                            

5. La dictaminadotra destaca que el Instituto Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez” tiene como una de las tareas principales la investigación del Sistema Nervioso. El hecho de contar con un hospital formador de médicos y técnicos especialistas lo convierte también en un gran laboratorio de investigación y enseñanza para tratar las enfermedades nerviosas de los mexicanos, que cuenta con un área en la que se realizan registros electroencefalográficos con electrodos en el cerebro de animales y de humanos. Se trata de una de las contadas instituciones en el mundo que se dedica de manera exclusiva a la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrales, desde sus bases moleculares hasta sus componentes sociales. Es una institución líder en nuestro país, con gran reconocimiento internacional, lo que representa una oportunidad única para diseñar programas, guías de atención y estrategias para los padecimientos neurológicos, neuroquirúrgicos y neuropsiquiátricos en México.

6. En ese sentido en el artículo titulado “Análisis preliminar de un nuevo sistema de derivación para el tratamiento de la hidrocefalia”,investigación firmada por los doctores Miguel Ángel López-González, Antonio Benita-Bordes, Mario Izurrieta Ulloa y Julio Sotelo-Morales, se describen los experimentos llevados a cabo en el Instituto Nacional de Neorología para tratar la hidrocefalia. Los experimentos implicaban comparar la eficacia de un nuevo sistema de derivación ventriculoperitoneal (NSDVP) de flujo constante de líquido cefalorraquídeo (LCR), con el valvular convencional que funciona en base a diferencias de presión para el tratamiento de la hidrocefalia. De enero de 1995 a diciembre de 1996, se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y controlado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Cincuenta y ocho pacientes con hidrocefalia fueron separados en dos grupos de acuerdo con el sistema de derivación utilizado. Para evaluar su evolución, se utilizaron como principales parámetros las manifestaciones clínicas prequirúrgicas, estudios de neuroimagen y evolución clínica hasta julio de 1997. La evolución global de ambos sistemas resultó similar, de la misma manera que lo fue en los sistemas funcionantes y disfuncionantes. Se concluye en dicho estudio que los resultados preliminares apoyan la idea de que un sistema de flujo continuo constituye una alternativa viable en el manejo de la hidrocefalia.

7. Al respecto el artículo 100 de la Ley General de Salud especifica que para la investigación en seres humanos se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud.

En ese mismo sentido, en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, vigente desde el 23 de diciembre de 1986, se precisa en su artículo 20 que se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.

Asimismo, el artículo 21 especifica que para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos:

“I. La justificación y los objetivos de la investigación;

II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales;

III. Las molestias o los riesgos esperados;

IV. Los beneficios que puedan observarse;

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto;

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto;

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y tratamiento;

VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad;

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando;

X. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría derecho, por parte de la institución de atención a la salud, en el caso de daños que la ameriten, directamente causados por la investigación, y

XI. Que si existen gastos adicionales, éstos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación.”

En el artículo 22 se abunda que el consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos:

“I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada en el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la Secretaría;

II.- Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la institución de atención a la salud;

III.- Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos tengan con el sujeto de investigación;

IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe, y

V. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o de su representante legal.”

Adicionalmente, el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, especifica que toda investigación relativa a las actividades científicas tendientes al estudio de materiales, injertos, trasplantes, prótesis, procedimientos físicos, químicos y quirúrgicos y otros métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en seres humanos; deberán contar con la autorización de la Secretaría de Salud.

8. De los datos que aporta la promovente, se desprende el interés de la dictaminadora por allegarse de mayores elementos de análisis por parte de la autoridad responsable de emitirla, por lo que propone solicitar a la Secretaría de Salud para que remita a esta Soberanía un informe sobre los casos de colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

9. De igual forma, en función que es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar los derechos que las víctimas y en su caso, realizar la reparación integral del daño tanto para quienes han buscado la atención de las instituciones públicas y privadas para el restablecimiento de la salud, la dictaminadora propone exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, de ser el caso, proporcione el apoyo necesario a las personas que pudieran resultar afectadas por el implante de dicho sistema sin su consentimiento.

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

ACUERDO

Único.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita a la Secretaría de Salud para que remita a esta Soberanía un informe sobre los casos de colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. Asimismo, exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, de ser el caso, proporcione el apoyo necesario a las personas que pudieran resultar afectadas por el implante de dicho sistema sin su consentimiento.

Dado en la sala de juntas de la Segunda Comisión, el 13 de junio de 2017.

SEGUNDA COMISIÓN.






3.- El que solicita un informe sobre el suministro de insulina entre el 2013 y 2016 en el estado de Guanajuato.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social y al gobierno del estado de Oaxaca por su labor en el fomento de la partería tradicional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- El que exhorta a fortalecer las acciones de prevención y atención de las enfermedades relacionadas con la salud mental, con énfasis en la depresión.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- El que se solicita un informe sobre las valoraciones y argumentos que sustentaron la elección de Joel Hernández García para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que exhorta a fortalecer e impulsar campañas de información sobre la importancia de donar sangre, en el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre 2017”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- El que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno del Estado de México un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en el marco del Convenio suscrito con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- El que solicita un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la aplicación del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- El que remite a la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados la solicitud para realizar un diagnóstico sobre las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus instalaciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- El que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a continuar y fortalecer las campañas de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar y fortalecer la promoción de la participación de niñas y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- El que exhorta a fortalecer las acciones que permitan prevenir y erradicar el trabajo infantil, poniendo énfasis en los campos agrícolas que ocupan jornaleros migrantes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- El que solicita iniciar el análisis de la Recomendación número 23/2017, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- El que exhorta al gobierno de Quintana Roo a realizar las gestiones necesarias que lleven a la conclusión y operación del Centro de Justicia para las Mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América encuentren mecanismos que continúen los esfuerzos hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- El que exhorta a los congresos locales a adoptar las medidas legislativas que consideren para dar cumplimiento al principio constitucional de no discriminación por preferencia sexual.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- El que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad y, en su caso, realizar las acciones necesarias para el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- El que exhorta al gobierno de Yucatán a continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



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20.- El que solicita un informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas por las diversas autoridades de los gobiernos estatales y municipales donde se haya realizado la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado perpetrado el pasado 17 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- El que exhorta a continuar y fortalecer las acciones de vacunación universal a las personas que lo requieran en sus instituciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- El que solicita un informe sobre las políticas, programas y acciones dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, contenidas en el anexo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- El que exhorta a asignar recursos adicionales para la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico de las bibliotecas “Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- El que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y fortalecer las acciones para atender el brote de pediculosis.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- El que exhorta a impulsar y fortalecer las acciones necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes en riesgo de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras el ejercicio de sus derechos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- El que exhorta a impulsar la creación de casas-hogar, albergues o residencias de día que ofrezcan servicios gratuitos para las personas adultas mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- El que exhorta a crear la Unidad de Igualdad de Género dentro de su estructura orgánica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- El que exhorta a continuar y fortalecer las acciones de prevención y erradicación de la violencia obstétrica en las instituciones de salud a su cargo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








30.- El que exhorta a asignar recursos adicionales al Instituto Nacional de Migración.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








31.- El que exhorta al gobierno de Oaxaca a esclarecer las conductas de diversas autoridades que obligaron a participar en la celebración del matrimonio civil de una mujer indígena en el municipio de Santa Lucía Monteverde.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








32.- El que exhorta a realizar un estudio para determinar qué bebidas se consideran alimentos y, en su caso, proponer la adopción de acciones normativas, de fomento sanitario y demás que considere necesarias.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








33.- Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento público a las niñas, niños y jóvenes deportistas del estado de Jalisco que participaron en la emisión 2017 de la Olimpiada Nacional y obtuvieron el primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esa justa deportiva.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








34.- El que da por atendida la proposición que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la impunidad y juzgar con perspectiva de género la violencia feminicida en el estado.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








35.- El que exhorta a la Cofepris a analizar la viabilidad de revisar la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA1-2010 y adoptar las acciones necesarias en cuanto a las etiquetas de los productos respecto al valor nutricional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los 35 dictámenes a los cuales ha dado lectura la Secretaría, mismos que están a discusión.

Consulto si alguien en la Asamblea desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de manifestarlo de la misma manera.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de la Comisión Permanente, de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz. Es motivo de agrado para esta Comisión Permanente su presencia en este recinto.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Pasamos a la discusión de 34 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de los 34 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- El que exhorta a informar sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3, en el estado de Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- El que exhorta a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco, en el estado de Hidalgo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- El que solicita un informe sobre las sanciones administrativas y penales impuestas contra servidores públicos que por acción u omisión provocaron la suspensión en el servicio de 11 estaciones de la Línea 12 del Metro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- El que exhorta a ejecutar un programa de inspección a las tiendas que comercializan mascotas, con el objeto de vigilar que su compra-venta se lleve a cabo con estricto apego a la legislación en materia de trato digno.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- El que exhorta a realizar una mesa de diálogo con la empresa Altos Hornos de México, AHMSA, y los trabajadores sindicalizados de dicha empresa, con el fin de revalorar el cierre de la misma.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- El que exhorta a considerar la implementación de medidas de seguridad adicionales a las tarjetas de crédito y débito.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- El que solicita un informe sobre la calidad e inocuidad del arroz que se consume en México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar el cumplimiento de exención del pago de los impuestos al comercio exterior.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- El que exhorta a realizar las acciones necesarias para que las obras de la Supercarretera Durango-Mazatlán, sean concluidas en el tiempo y forma contratados.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- El que exhorta a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituir o, en caso contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- El que exhorta a analizar la pertinencia de poner en marcha estímulos que permitan la permanencia de la industria manufacturera y maquiladora del país, a efecto de fortalecer la productividad y desarrollo de las entidades.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- El que solicita a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, informen sobre las investigaciones iniciadas que se realicen con las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- El que exhorta a evaluar la pertinencia de incluir la tendencia del incremento del saldo de la deuda pública en los años recientes de cada una de las entidades federativas, en la publicación del Sistema de Alertas, programada para el mes de junio de 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- El que exhorta a garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación y utilizar la deuda pública como instrumento de financiamiento de inversión productiva.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se solicita un informe sobre el estado que guarda la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- El que solicita un informe sobre el cumplimiento de las metas propuestas, una vez aprobadas las reformas estructurales, impulsadas por esta administración.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, informe el estado que guarda el proceso de Licitación número IFT-4.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- El que solicita a las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza informen sobre los espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados a particulares.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- El que exhorta a establecer como veda permanente el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de California, hasta que la población de la Vaquita Marina no se vea en peligro de extinción.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- El que solicita un informe sobre la situación económica, finanzas públicas, montos y pagos de deuda pública interna y externa del periodo correspondiente del 1 de diciembre de 2012 al primer trimestre de 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- El que exhorta a fortalecer el proceso de análisis relacionado con la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, escuchando las aportaciones y comentarios de los diversos sectores de la economía nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- El que exhorta a fortalecer las medidas tendientes a mantener el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, aún frente a restricciones presupuestales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- El que exhorta a implementar programas de pérdida y desperdicio cero alimentos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- El que solicita un informe sobre las acciones y medidas para subsanar las deficiencias que se han presentado en las diversas líneas del Metro, particularmente en la Línea 12.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- El que solicita un informe sobre el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrifico de animales para consumo humano del país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- El que solicita información sobre el estado que guarda la ejecución de las indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron las tierras comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción de la presa “Cerro del Oro”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- El que solicita un informe sobre las medidas que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de la ley, reglamentos y normas en materia de seguridad e higiene, en los centros de trabajo en los destinos turísticos del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- El que solicita un informe sobre el estado que guarda la liberación de recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 127 municipios del estado de Oaxaca, declarados en emergencia por el paso de la tormenta “Beatriz”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- El que solicita un informe sobre las estrategias para mejorar el saneamiento del agua de las playas en nuestro país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








30.- El que solicita un informe sobre la situación de los precios de las gasolinas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








31.- El que exhorta al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a informar la metodología para la elección de las licitaciones del programa paraderos con todo a la empresa Zero Edificaciones, S.A. de C.V.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








32.- El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a informar sobre las acciones que desarrollen para la actualización de la normatividad para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








33.- Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








34.- Que exhorta a identificar los puntos críticos en la red de colisión entre autos y fauna silvestre.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los 34 dictámenes correspondientes a la Tercera Comisión, de los cuales ha dado cuenta la Secretaría.

Se pregunta a las y los legisladores si alguien desea reservar alguno de estos dictámenes. No habiendo reserva alguna ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos al capítulo de Agenda Política. Conforme al Acuerdo aprobado hace unos momentos, daremos paso al debate pactado sobre la publicación del Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Iniciaremos el debate con los representantes de los grupos parlamentarios, en orden progresivo, por un máximo de cuatro minutos en tribuna para cada uno. Las intervenciones para rectificación de hechos o para alusiones personales serán por un máximo de tres minutos cada una.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cuatro minutos.

AGENDA POLÍTICA

El Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea: Señoras y señores legisladores:

La publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el cual se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

Para Encuentro Social, es una ocasión que da luz al país, se trata de la culminación de un esfuerzo legislativo de gran calado por parte del Estado mexicano, vía el Poder Legislativo Federal para poner a México al día y a la vanguardia por cuanto a los instrumentos normativos de protección a la persona humana, al armonizar la legislación doméstica con los tratados internacionales en la materia.

Se cumple así un pendiente legislativo que la sociedad demandaba de quienes somos sus representantes populares de tiempo atrás.

El resultado final no hubiera sido posible sin el acompañamiento del representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, así como por integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos estatales y no gubernamentales abocados a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Si bien la ley es perfectible, podemos decir sin temor a equivocarnos que tiene el incontrovertible mérito de existir.

Los ajustes posteriores que haya por hacerle, ya sea para dilucidar la suerte que habrán de correr en los peritajes independientes o la participación de la sociedad civil y la academia en el desarrollo del Programa Nacional para Prevención y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el protocolo homologado para la investigación y persecución del delito de tortura tendrá su tiempo, su espacio, el cabildeo necesario, pero sobre la base de una realidad en una simple y muy justa aspiración social.

La trascendencia de esta legislación que compromete a todos los servidores públicos para hacer garantes de su cumplimiento es indiscutible y no se le puede regatear reconocimiento a su proceso legislativo, así como a sus actores involucrados.

Los derechos humanos, así como su defensa y promoción a final del día no pueden ser considerados como patrimonio ni mérito político exclusivo de ningún actor e instituto ni espectro político, la dignidad de la persona humana no es de nadie, porque es de todos.
Compañeras y compañeros legisladores, en tanto somos parte del Estado, que no exista agenda política ni electoral que merezca más nuestra atención y cuidado que la legislación que proteja a los derechos humanos, su aplicación ejecutiva y su vigilancia jurisdiccional.

Si nos preguntan por este luminoso avance legislativo, diremos con orgullo, fue el Estado, el orden jurídico nacional, en la materia debe pasar de ser un derecho vigente a un derecho viviente, un México que proteja por igual los derechos de todas las personas y de sus familias es posible, hagámoslo nosotros.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Ferreiro Velazco.

Para fijar el posicionamiento en torno a este tema, tiene el uso de la palabra la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cuatro minutos.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: “El hombre sano no tortura a otros, por lo general es el torturado el que se convierte en torturador”. Carl Jung.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La tortura es un acto despreciable que vulnera la integridad y la dignidad humana, además de violentar los derechos fundamentales de los individuos.

La naturaleza de este tipo de prácticas no se puede justificar bajo ningún argumento; sin embargo, desde tiempos inmemorables la tortura ha estado tan arraigada en la práctica, dícese del llamado Tribunal de la Santa Inquisición, que continúa vulnerando la dignidad humana.

En Nueva Alianza estamos firmemente comprometidos a impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todas las y los ciudadanos.

Nuestra convicción es proteger los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

Por ello, en su momento, desde la Cámara de Diputados como desde la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, y hoy aquí, en el Senado, apoyamos la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y el día de hoy celebramos su publicación en el Diario Oficial de la Federación

El espíritu de la ley es proteger los derechos de las personas que son víctimas de estas acciones, al tipificar el delito e incluir mecanismos para prevenirlo, investigarlo, juzgarlo y sancionarlo.

Asimismo, es un ordenamiento acorde con las disposiciones internacionales en materia, pero sobre todo, garante de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos.

Si bien su expedición representa grandes avances en temas de justicia y derechos humanos, no significa por sí misma que vaya a acabar con esa realidad tan dolorosa que nos lastima como sociedad y nos indigna como seres humanos.

Por ello, el reto consiste en que la ley en comento no quede en letra muerta, sino que cumpla con las expectativas de su creación, aplique los instrumentos con los que cuenta y logre que la tortura desaparezca de las prácticas cotidianas, además de abatir la impunidad.

Sabemos que nos falta un largo camino por recorrer para terminar con este flagelo de nuestra sociedad que tanto ha dañado a las y los mexicanos. Hoy las y los legisladores estamos contribuyendo con herramientas jurídicas que permitan esos cambios y ya le tocará en su caso al Poder Judicial llevarlos a la práctica.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Sánchez Ruiz.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, compañeros.

No voy a redundar en cuanto a este tema de tortura en un país en donde sobran las palabras y faltan los hechos. Pero sí les quiero compartir dos reflexiones.

En primer lugar, que ¡qué bueno que se publicó esta ley!, pero no es suficiente.

Acuérdense que en este país hay una bajísima cultura de la legalidad y un pobre estado de derecho.

De tal manera que no es posible enderezar y componer este país, en particular, en temas como la tortura, con la sola expedición de leyes, es preciso exigir su cumplimiento.

De tal manera que vaya esta expresión de celebración en cuanto a la publicación de la nueva norma, que por cierto, tiene un nombre demasiado largo, pero a la vez la exigencia de que se tome en serio y se cumpla a cabalidad.

Y el segundo comentario, compañeros, es en el sentido de que hay formas de tortura que no están registradas en la ley.

¿Qué, no es tortura, pregunto yo, la que ejerce aquel funcionario que no da la base a sus empleados, sino que cada vez les renueva un contrato, sometiéndolos a un trato cruel, inhumano y degradante, alimentado el sufrimiento cada vez que se va a vencer ese contrato laboral?

¿Qué, no es tortura la que comete aquel mal funcionario que somete los programas de ayuda social a condicionamientos políticos y hace sufrir a la gente pobre que depende de ellos?

¿Qué, no es tortura la que provoca aquel funcionario que espía a los ciudadanos y con ello les infunde temor e inseguridad en cuanto a su bienestar personal y de sus familiares?

De tal manera que el tema es mucho más amplio que el reflejado en esta ley, y el problema es mucho más profundo que la sola expedición de una nueva normatividad.

De tal manera que al tiempo que me uno a ustedes en el aplauso de esa nueva norma, exhorto a los encargados de cumplirla a que lo hagan con celeridad, con sensatez y con efectividad.

Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

Creo que la iniciativa, y finalmente la ley contra la tortura tuvo un final feliz, porque se pudieron tomar en cuenta consideraciones de amplios grupos de la sociedad civil.

El problema, claro está, en volver a tener una ley garantista y que esta ley no se aplique, y esto puede tener que ver porque no entendamos primero cuál es el origen del problema.

El origen del incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la guerra contra las drogas y todos estos años de enorme presencia militar en todo el país.

Antes de la guerra contra las drogas, según las encuestas en prisiones, más o menos 15 por ciento de las personas decían haber sido torturadas. Después de la guerra, alrededor de 50 por ciento.

Es decir, hay un incremento claro, evidente y lógico entre la violencia, entre la guerra contra las drogas y la tortura como un elemento esencial en el actuar de las policías y de los militares en México.

El segundo problema que claramente se relaciona con la tortura, y esto también lo establecen los números, es el arraigo. Más o menos el 50 por ciento de las personas que fueron arraigadas dicen haber sufrido tortura, y 40 por ciento en el caso de las no arraigadas.

Es decir, este momento en el que una persona pasa como arraigada, es decir, que todavía no tiene un procedimiento claro en su contra por parte de un juez, es el momento en donde más se realiza la práctica de la tortura, es decir, difícilmente se va a reducir la tortura como práctica, si el arraigo sigue siendo la regla de lo que sucede en México.

Y tercero, también, las organizaciones encuentran que es la detención el momento cumbre en donde la tortura se puede dar.

Se ha propuesto, por ejemplo, procedimientos y catálogos para conocer con precisión cuando una persona es detenida y en custodia de quién está.

Actualmente una persona se detiene y pueden pasar horas, pueden pasar días sin que nadie tenga un registro claro de lo que sucede con esta persona, y ahí también es el momento donde se realiza la tortura.

Si pudiéramos tener la obligatoriedad de que en todos los casos, en el caso de una detención se diera aviso a una autoridad y hubiera un catálogo claro, un registro preciso de las personas que están detenidas, habría muchísimo menos espacio para la tortura.

Y, finalmente, esto tiene que ver con la poca información, la poca claridad con la que se hace la investigación en México, la poca claridad con la que actúa el Poder Judicial y que esto se refleja en toda esta discusión absurda que tenemos, en el que se pretende poner la culpa al nuevo Sistema Penal Acusatorio, de que supuestamente, personas peligrosas salgan de la cárcel, cuando es la incapacidad de quien investiga, de quien procesa, de quien juzga, la que no puede hacer este trabajo.

De hecho vivimos en México una suerte de esquizofrenia, en donde por un lado proponemos leyes garantistas, como ésta, contra la tortura, y por otro lado está a la discusión una Ley de Seguridad Interior que claramente quiere violar derechos de las personas.

Insisto, ojalá esta ley garantista no se quede en letra muerta, y también seamos capaces de distinguir y de combatir con precisión las causas reales de la tortura en México.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, tiene el uso de la palabra la Diputada Lia Limón García.

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señora Presidenta.

El pasado 26 de junio del año en curso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En lo sucesivo le llamaré Ley General de Tortura.

Esta ley que hoy es una realidad en nuestro Sistema Jurídico Mexicano, es producto de una iniciativa presentada e impulsada por el Presidente Peña Nieto, y ampliamente discutida en el Congreso, recogiendo en ambas Cámaras opiniones importantes, tanto de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU, como de organizaciones de la sociedad civil; es decir, es el resultado de un amplio diálogo para llegar a consensos productivos que hoy nos permiten tener una ley, que, hay que decir, es una ley de vanguardia a nivel internacional.

Esta ley, también hay que decirlo, constituye una respuesta a diversas recomendaciones que se han hecho en la materia, tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre ellas destacan el segundo examen periódico universal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, realizado en 2013, donde ésta fue claramente una de las recomendaciones que se hizo al Estado mexicano y que hoy podemos dar por cumplida.

Es una respuesta a quejas registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a recomendaciones de esta instancia, y sí hay que decir, en efecto, en los últimos años ha habido un incremento en la tortura, como aquí se mencionaba, en la última década sí hay un aumento, se han recibido, del 2010, hasta finales de 2013, se recibieron más de 7 mil quejas por tortura y otros malos tratos; hay que decir que esto no sólo es por la violencia que existe en distintas zonas del país, sino también porque se ha aumentado la denuncia sobre la tortura, denuncia que antes no había, y hoy se denuncian muchos más casos.

Y espero que a raíz de la ley se denuncien y se puedan sancionar y tengamos más sentencias sobre el tema.

También hay varias observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, recientes, de noviembre de 2012, donde, entre otras cosas, mencionaba la ONU, con preocupación, que sólo había en ese entonces seis sentencias por tortura en ese periodo, de 2005 al 2012; y a cambio de eso había 143 sentencias por abuso de autoridad; 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones.

Es decir, esto reflejaba que el tipo penal no permitía que se sancionaran distintos casos por tortura y entonces había muy pocas sanciones por estos casos y, generalmente, este tipo de violaciones a derechos humanos se tipificaban y se sancionaban de otro modo.
Hoy, con la ley que ya entró en vigor, se permitirá que se le llame a las cosas por su nombre; es decir, que los delitos en materia de tortura sean sancionados como delitos de tortura.

Sí es, sin duda alguna, un avance importante en distintos aspectos, de entrada esta ley cumple con los más altos estándares internacionales, además en la tipificación de las conductas se incluyen otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, no sólo el acto de tortura; se agravan las penas cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables; se incluye a los particulares como sujetos activos del delito cuando éstos participen.

Se establece que no es excluyente del delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones del superior jerárquico que disponga, autorice o aliente la comisión de este delito y, además, se incluye el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico que permitirá sancionar a éste.

Y se establece, además, la imprescriptibilidad de este delito y una serie de disposiciones necesarias para realizar los registros adecuados que den certeza.

Se crea el Registro Nacional del Delito de Tortura y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y en este mecanismo, la CNDH tiene una amplia participación, pues estará adscrita a esta instancia, que tiene autonomía constitucional.

Y, por último, quiero decir que hay varios retos importantes; es decir, coincido con quienes han señalado aquí que éste es el primer paso, pero su implementación implica enormes retos, y quiero mencionar un par de ellos.

Será necesaria la corresponsabilidad y la adecuada coordinación de los distintos órdenes de gobierno.

Se requerirá del esfuerzo y voluntad de las entidades federativas para echar a andar las instituciones que en el ámbito de sus competencias les corresponda, por ejemplo, la creación de unidades o fiscalías especializadas en la investigación de la tortura.

La capacitación será fundamental tanto para los que integran la trilogía de investigación, ministerios públicos, policías y peritos, como para jueces y magistrados que conozcan de estos casos.

También la adecuada adopción del Protocolo de Estambul, tanto para los estándares de investigación como para la realización de los dictámenes periciales, implica un reto no menor.

Confiamos en que al mejorar el sistema de investigación y persecución de delitos aumentarán el número de sentencias y se reducirá la impunidad y, por supuesto, se avanzará en la atención y reparación del daño integral a las víctimas.

También en el ámbito federal existen retos importantes, la creación del registro nacional y del mecanismo son dos de estos importantes retos.

Ahora, me parece que toca poner el ojo en cómo se camine en la implementación de esta ley, y en la atención a las víctimas de estos delitos.

Nuestro nuevo sistema de justicia penal pone a la persona en el centro del mismo y coloca a las víctimas como el actor central de atención.

Esta ley es congruente con ello y espero que en la implementación de esta ley, así suceda, que se trabaje en la atención y en la reparación integral de las víctimas, y en la sanción a los responsables.

Por ello, en el Partido Verde Ecologista de México, nos congratulamos de la publicación de esta ley y nos sumamos para trabajar en los esfuerzos que vienen en la implementación de la misma.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Limón García.

Para fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Primero, ubicar el contexto en el cual esta legislatura aprobó una ley especial sobre tortura.

Hay que recordar que en 2008 se hizo una reforma constitucional muy importante, la del sistema adversarial, es una ley que provocó el desarrollo de un conjunto de otras leyes y reformas a leyes vigentes.

Si esa reforma de 2008 se concatena con la de 2011, sobre derechos humanos, es la gran reforma sobre derechos humanos, el cambio de paradigma, como se ha calificado por los juristas y por los parlamentarios. Si esas dos reformas se concatenan, el desprendimiento natural es que nuestra legislación se ajustará a los parámetros internacionales en todas las materias y, sobre todo, en los asuntos sobre tortura.

Tuvimos que hacer reformas al artículo 73, a su fracción XXI, para establecer la competencia de las Cámaras del Congreso, para emitir una ley general sobre tortura.

El producto es el resultado de un esfuerzo enorme de los grupos parlamentarios.

Acá, en el Senado, costó mucho trabajo, mucho trabajo, mucho tiempo y mucho trabajo, poder acordar, entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo Federal, la Comisión de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, fue un trabajo de un esfuerzo técnico y político muy importante, muy profundo, muy profundo.

La Cámara de Diputados, cuando recibió el producto legislativo, la minuta que le enviamos de la Cámara de Senadores, hizo lo propio, hizo sus adiciones, hubo un ajuste político entre ambas Cámaras, pero, finalmente, acordamos aprobar aquí, en el Senado, todas las modificaciones que en la Cámara de Diputados se habían llevado a cabo.

¿Por qué resultó necesario?

Pues porque se han vuelto más visible los casos de tortura, así de sencillo. Están a punto de caerse muchas de las causas en el procesamiento de responsables en el caso Ayotzinapa.

¿Por qué razón?

Porque a pesar de ser responsables, muchas de las confesiones, está probado que fueron tomadas a través de la tortura.

La tortura se volvió una constante a todos los niveles de la investigación criminal. Desde los presuntos responsables de delitos menores sufrían tortura; las detenciones, ejecuciones de órdenes de aprehensión eran con calentadita o sin calentadita, así costaban ¡eh!

En la mayoría de los procesos aún se ejerce presión que puede equivaler a tortura, la incomunicación de las detenciones y de los detenidos, en las detenciones de los detenidos, son actos de tortura.

Vamos a ver si esta ley es capaz de modificar.

Las leyes se aprueban con dos propósitos posibles:

Regular la conducta existente o crear una nueva conducta. Y aquí lo que tiene que hacer, es que se tiene que crear una nueva conducta y una cultura de respeto a la ley por parte de la autoridad.

Debemos de reconocer que como sociedad tenemos que avanzar; que es un asunto en el ejercicio del poder, sí, es un asunto en el ejercicio del poder, pero un asunto dominado por la condición humana, de quienes tienen atribuciones de coacción, quienes tienen la atribución para llevar a cabo hechos o acciones de investigación.

Así es que celebramos que se haya publicado el Decreto en esta materia, y ojalá y no tengamos estos temas, que son legislativos, sí, pero de agenda política, no, Presidente, Mesa Directiva, porque tal parece que no hay temas que debatir.

Hay que festejar estos temas, sí, y todos, nadie puede dejar de reconocer lo importante que es. Pero hay muchos otros espacios para hacerlo, y no quitarle a las instituciones del Congreso mexicano el derecho a debatir la agenda política, eso hay que también defenderlo entre nosotros, los que nos consideramos parlamentarios.

Gracias, buenas tardes.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de la Comisión Permanente, de una sociedad civil del Estado de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario!

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

La sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y otras formas a diversas disposiciones legales son mandatos de una reforma constitucional de 2015, que facultó al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales que establezcan los tipos penales y sus sanciones en esa materia.

Tuvieron que pasar dos años desde esa reforma para que se aprobara una Ley General contra la Tortura.

Este tiempo, aunque excesivo, permitió generar un amplio debate entre la sociedad civil, especialistas, organismos internacionales y nacionales, legisladoras y legisladores, así como representantes del gobierno federal.

La erradicación de la tortura ha sido uno de los desafíos más urgentes en el respeto a los derechos humanos de todas las sociedades.

En México fue una bandera de las izquierdas, y en particular del PRD; los familiares de los detenidos, los defensores de derechos humanos y una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas de la izquierda, fuimos quienes denunciamos y combatimos la infamia de la tortura y la violencia ilegítima que ejercieron por décadas diversos servidores públicos en contra de la población.

Para dimensionar el tamaño y la generalización del agravio debemos recordar que tan sólo en 2016, el entonces Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, Juan Méndez, señaló que en México la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, entre ellos la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, amenazas de muerte y tortura psicológica.

La ley general en vigor permitirá contar con un instrumento normativo adecuado que deslegitima y prohíbe de forma absoluta la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De esta forma no será válida ninguna declaración o prueba cuyo origen esté relacionado con acto de tortura, abuso o trato cruel o inhumano.

Asimismo, la ley señala una serie de sanciones considerando diversos grados de autoría para las autoridades que por acción u omisión participen en actos de tortura.

También es un avance relevante y el delito de tortura que tiene el carácter de imprescriptible. Así quedó señalado en el artículo 8º de la ley que textualmente señala:

“Artículo 8º. El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga jurídicamente para el delito de tortura son imprescriptibles”.

Otro aspecto positivo es la reparación del daño a las víctimas del delito de tortura, establecido en los artículos 92 y 93 en donde queda claro que las entidades y la Federación son responsables de asegurar a la víctima del delito de tortura la reparación del daño causado, como también lo señalan la Ley General de Víctimas y la propia Constitución en el artículo 20.

Señoras y señores legisladores, los retos que tiene la aplicación de la ley vigente son, efectivamente, como aquí se ha dicho, enormes; la impunidad en materia de tortura es gigantesca, nada menos que el 99.66 por ciento.

De acuerdo al informe de seguimiento sobre México, del Relator Especial sobre Tortura de 2017, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR, sólo obtuvo 19 órdenes de aprehensión respecto de 4,715 expedientes.

Desde el PRD vemos con agrado que finalmente las víctimas de esta infamia no estén indefensas y llamamos a mantenernos en alerta para vigilar la correcta aplicación de la ley, y especialmente para que nunca más se acepte una prueba obtenida bajo tortura, y nunca más se tolere esta práctica inhumana.

Finalmente, hago un reconocimiento a nuestros compañeros en el Senado, destacadamente a la Senadora Angélica de la Peña y a todos quienes promovieron esta importantísima legislación.

¡Nunca más la tortura en México!

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Martínez Neri.

Para fijar el posicionamiento sobre este tema, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

Como bien se ha señalado ya por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el motivo que nos congrega en este debate parlamentario, tiene que ver con que el pasado 26 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Nuestra Constitución prohíbe, en su artículo 22, cualquier trato de tortura definida en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, como todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas o instigación suya con su conocimiento o aquiescencia.

El uso de la tortura es una práctica violatoria a los derechos humanos. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2006 a diciembre de 2015 se recibieron 4,400 quejas sobre trato cruel o degradante en 2012, según la encuesta del CIDE, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención; y el 34.6 por ciento declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Otra cifra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que, de 2000 a 2017, se presentaron 417 quejas en materia de tortura, y en lo que va del año, 56.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este lapso de tiempo, ha emitido un total de 100 recomendaciones.

Datos aportados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, mencionan que para 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite por el delito de tortura, sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015. De tal manera, que era imperante, era necesario contar con una legislación adecuada, que clarificara este tipo penal para perfeccionar su investigación y sanción.

La tortura es un fenómeno que se ha diseminado en la región latinoamericana, y de acuerdo con lo señalado por el mismo Relator de las Naciones Unidas, ha sido señalado como una práctica generalizada en nuestro país.

En ese sentido, era imprescindible y necesario reconocer la gravedad de este lamentable fenómeno, y avanzar hacia la construcción de una legislación, como la que ha sido ya promulgada, que pudiera generar el fortalecimiento y la construcción de instituciones sólidas, responsables de impartir justicia y que permitan erradicar esta terrible práctica.

La publicación de esta ley es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal, eficaz, que pueda sentar las bases de la erradicación de la tortura en México.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se planteó con el objetivo de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y se establecieron elementos muy importantes como la creación de una Ley General y no Federal de aplicación en todos los órdenes de gobierno con una distribución de competencias y el establecimiento de formas de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes, los tipos penales de aplicación general, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones que son de oficio y son imprescriptibles.

La creación de reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como medidas específicas de atención, ayuda, asistencia y protección a las víctimas.

Las políticas públicas se regirán por principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado y no revictimización, perspectiva de género, transparencia, acceso a la información pública y prohibición absoluta de tortura.

Se prevé la creación de fiscalías especiales con plena autonomía técnica y operativa. Deberá crearse un Registro Nacional sobre las Denuncias de Tortura, se establecen criterios de prevención, así como de formación, actualización, capacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos.

Se establece un Programa Nacional Diagnóstico de Causas, Estrategias de Combate, líneas de acción e indicadores de medición.

El espíritu de esta ley es proteger a los derechos de aquellos que son víctimas de este delito, y establecer medidas concretas para su investigación y sanción.

Es importante señalar que México ha iniciado un largo camino hacia la consolidación de nuevas instituciones en materias de justicia y seguridad, donde el principio rector sea el respeto a los derechos humanos.

Este camino nos debe llevar a contar con un sistema de justicia, que efectivamente permita el acceso a la justicia, y que las instituciones de seguridad y procuración de justicia deben transformarse de lleno para privilegiar la investigación científica en su indagatoria criminal, y desterrar de una vez y para siempre estas terribles prácticas, como la tortura.

México debe ser un país que avance justamente a esta consolidación de un estado democrático de derecho, en donde prácticas como la tortura sean desterradas para siempre.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

La verdad me siento muy contenta de que finalmente tengamos esta ley. Duramos bastante tiempo.

Yo quiero, desde aquí, hacerle un reconocimiento a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña. Yo en esa comisión estoy como Secretaria junto con compañeras de Acción Nacional, en un tiempo Adriana, Marcela, Mariana, Pilar, y hubo una gran discusión porque se decía que la legislación que teníamos no obedecía a la realidad que vivimos. Pero la tortura ha sido un tema desde la Constitución de 1917, en su artículo 22. Luego volvió a hacer un tema en la reforma en materia de derechos humanos en el 2011.

Hubo una serie de iniciativas que se presentaron, pero creo que la enviada el 14 de diciembre del 2015, por el Presidente Enrique Peña Nieto, es una reforma muy completa.

No solamente hay que reconocer, porque yo de repente escucho y digo: “Creo que no están metidos en el debate, en la investigación y en la discusión”. ¡No! Esta legislación es un instrumento muy avanzado, es un instrumento, una legislación que pone a México dentro de los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura.

Hubo muchos foros, trajimos al Relator, hicimos temas de mucho trabajo, tan es así que este dictamen que aprobamos en la Cámara de Senadores se fue a la Cámara de Diputados, y los Diputados también tuvieron una participación muy activa, porque la tortura es una práctica que no puede admitirse bajo ninguna circunstancia.

Hoy podemos decir con mucha claridad que esta ley, y yo me traje un cartón que saca Amnistía Internacional, muy interesante, de cómo México se pone en otro nivel, su definición de tortura cambió totalmente, pero además no es una ley solamente y escueta, tocamos el Código Penal Federal, tocamos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradición Internacional, no es cualquier cosa lo que estamos promulgando.

A mí me parece que si la agenda política se fija sobre este tema, tiene una alta importancia.

Pero además hay dos elementos que tenemos que subrayar: uno, que la penalidad ha aumentado, pero que hoy tiene una relación y una coordinación con los estados, no es una legislación dedicada a la administración pública federal, a los servidores públicos federales, sino que tiene una connotación muy importante a nivel estatal.

Y hay un dato también muy interesante, que tiene que ver con la participación de los particulares, que la legislación anterior no la tenía, y tenemos que celebrarlo, no denostar, o sea, yo escuchó que México y digo, qué pasará, no conocen, no debaten, no entran a la parte sustantiva de una legislación tan importante para este país, y que es verdad, se exacerbó la tortura, producto también que los delitos han alcanzado un grado exponencial.

Pero hoy tenemos una legislación a la medida de lo que la sociedad está exigiendo, que las autoridades, particulares y los estados tienen que responder.

Yo estoy muy contenta de haber participado activamente y de tener una legislación en este momento tan completa: cuatro leyes, nuevas penas, coordinación con los estados, entran los particulares con una penalidad y multas distintas, una nueva realidad.

Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se han anotado oradores para rectificación de hechos: el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, el Diputado Vidal Llerenas Morales, la Senadora Mariana Gómez del Campo y el Diputado Benjamín Medrano Quezada.

Iniciamos con el primero en la lista, el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, señora Presidenta.

No me ande cambiando de partido, si ya de por sí nos traen de la gamarra algunos, entonces, bien.

Compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de la Presidencia.

Con la publicación de esta ley es indiscutible que se salda una deuda que se tenía con la sociedad mexicana, con muchos miles de mujeres y de hombres que padecieron directamente o a través de las familias de sus seres queridos, que muchos pasaron por etapas siniestras a las que ya no queremos regresar.

Por ello no puedo dejar de reconocer la importancia de este evento, de esta publicación y de manera muy especial a quienes en el Senado, como aquí se mencionaron, a la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Diva Hadamira Gastélum y a la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros que jugaron un papel muy militante en este sentido.

Desde luego, también el acompañamiento que se tuvo para la configuración de esta ley por parte de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todo ello tiene un altísimo valor para poder lograr el resultado que finalmente se tiene contenido en esta ley.

Por supuesto que tiene un alto valor político también porque estamos queriendo erradicar una cultura que se arraigó durante mucho tiempo, durante décadas en nuestro país y que establece, efectivamente, disposiciones como aquí ya se ha establecido, disposiciones para los tres órdenes de gobierno en distintas áreas para erradicar esta deleznable práctica del quehacer público, prevenirla y sancionarla.

Desde luego el mérito o el contenido fundamental es el hecho de que pone en el centro de la misma a las personas, a su dignidad, sus derechos.

Y por supuesto que, por ello mismo coincido, con quienes aquí han planteado que el reto ahora principal es aplicar la ley, que no le tiemble la mano a quienes tengan que aplicarla para dejar caer todo el peso de la ley contra quienes la violan.

Por ello los agentes del Estado, diría yo, en todos sus órdenes de gobierno deben ser ejemplos de sobriedad y equidad en su actuar, de honradez en su comportamiento y pulcritud en sus investigaciones, esa es la única manera en la que las instituciones del Estado mexicano podrán recuperar la confianza ciudadana, la confianza que se ha perdido, y solamente así predicando con el ejemplo vamos a poder crear una nueva cultura que es justamente la de evitar que estas prácticas deleznables se lleguen a instalar y que puedan ser parte de este presente y de este futuro que tenemos en lo inmediato para que nadie, así sea quien esté al frente de los destinos del país, se atreva a quererla practicar.

Felicidades a quienes hicieron esto posible.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Zambrano Grijalva.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señora Presidenta.

Primero para sumarme al reconocimiento a la Senadora De la Peña por su participación en este esfuerzo e insistir en el tema de que necesitamos una vez aprobada esta ley, sí encontrar una ruta de vigilancia, de evaluación y de seguimiento al tema.

Mi preocupación aquí es decir que se aprueba efectivamente una pieza de legislación que va a ayudar a tipificar mejor, que va a ayudar a combatir mejor el fenómeno que garantiza derechos a los ciudadanos, pero al mismo tiempo pensar que los delitos o que los problemas en México se pueden resolver incrementando las penas en el derecho penal, se pueden resolver con más militarización, se pueden resolver con más violencia; es decir, aquí hay fundamentalmente un problema muy grave en la sociedad mexicana que es un enorme incremento de la violencia que, además, no la estamos combatiendo con acciones de inteligencia, con acciones policiacas, sino con mayor militarización y con figuras, insisto, como el arraigo y sin tener una mejor investigación y un mejor proceso judicial. Si eso no lo podemos resolver la tortura seguirá siendo un problema.

Si como en el caso de Tlatlaya se sigue demostrando que es solamente mediante la tortura como se están obteniendo las declaraciones de los testigos en estos crímenes, seguirá siendo la tortura el mecanismo que van a seguir empleando los militares, los policías y quien hace investigación.

Creo que aquí tenemos que partir del reconocimiento de la crisis humanitaria que vive México en materia de seguridad y de la incapacidad que existe del gobierno de la República y del gobierno de los estados de combatirla y si no partimos de ese reconocimiento y de esa premisa, y si no avanzamos en temas como eliminar el arraigo, cómo identificar a los detenidos, como cambiar las dinámicas en las cárceles, creo que esta ley será letra muerta y una vez más una ley garantista, una ley que pretende apoyar los derechos de las personas, no tendrá efecto en la sociedad.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Reconocer el trabajo de la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; también a la Presidenta de la Comisión de Justicia, la Senadora Pilar Ortega por este trabajo tan intenso que hicieron para poder tener hoy una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Yo quiero señalar algunos datos de Amnistía Internacional que nos dicen que hay al menos 141 países en los cuales se reportan muchos casos sobre maltrato, países como Corea del Norte, Siria o México en donde las torturas y secuestros están a la orden del día y los métodos son cada vez más brutales y no podemos hacer oídos sordos.

Esto contribuye a que, desafortunadamente, nuestro país sea considerado como el segundo país más violento del mundo, solamente superado por Siria, según las conclusiones del Informe Anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres.

El Relator Especial de la ONU habló sobre tortura y ratificó que en México primero es generalizada, agregó también que es alarmante que se utilice la violencia sexual por parte de las autoridades para obtener información o confesiones.

Nuestro país, yo soy una convencida de que debe hacer mayores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la vida cotidiana.

Es increíble, a veces, que ya nos acostumbramos a escuchar este tipo de noticias y, en algunas ocasiones, deja de sorprenderles a muchos gobiernos a nivel local, a nivel federal y a nivel municipal.

Hay datos, también, de la Procuraduría General de la República, entre 2012 y 2016 se registraron poco más de 10 mil carpetas de investigación por tortura, pero sólo 22 casos fueron resueltos y consignados ante un juez.

Ahora con esta publicación de la ley, y qué bueno que se toque el tema en esta Comisión Permanente, se espera que además de prohibir la tortura, se cuente con mecanismos para su registro, prevención y esto permitirá conocer la situación a nivel nacional en relación a esta grave violación de derechos humanos, ya que señala la elaboración de un diagnóstico como parte del Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradates.

Una de las preocupaciones para Acción Nacional que genera a raíz de la situación que enfrenta el país, es que realmente funcione la aplicación de la ley, que haga frente a la impunidad de las violaciones graves a derechos humanos, y para todo esto será crucial el seguimiento que le demos desde el Poder Legislativo y trabajar también en la obtención de cifras reales y un análisis serio sobre esta práctica.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto de la Comisión Permanente!

Tiene el uso de la palabra el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señora Presidenta. Y con el permiso de los enormes tribunos que han antecedido mi participación.

Sólo quiero decirles que a nombre del Partido Revolucionario Institucional celebro la entrada en vigor de esta ley que va a prevenir e investigar, además de sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se ha publicado hace dos días en el Diario Oficial de la Federación.

La tortura hoy en día es una práctica que no tiene cabida en ningún régimen democrático, ni en nuestras instituciones de procuración de justicia.

Quisiera comentar lo que Ernesto Sábato describe muy bien, cuando se refiere a la tortura: “La tortura es un mal absoluto, no relativo; no existen torturas malas o beneficiosas”, este terrible crimen de la humanidad lastima a las personas.

Nos corresponde, entonces, garantizar los derechos humanos para que sean una realidad, porque estos harán una mejor persona de todos nosotros y además una gran nación, un gran país y un mejor mundo para vivir, como lo dijera Martin Luther King.

Hoy, compañeros y compañeras legisladores, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que aprobamos los Diputados y Senadores en esta Legislatura.

Me permito recordar entre algunas cosas para quienes nos ven a través del Canal del Congreso ¿para qué va a servir? Primero, prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de tortura, trato, pena cruel, inhumana o degradante, define la base de los estándares internacionales, los tipos penales y determina las sanciones, previniendo medidas cautelares.

Prevé, además, que la investigación y persecución de la tortura sean imprescriptibles, esto es, que existan por siempre.

Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas, que hoy en día no tienen, para que investiguen los delitos relacionados con la tortura, así como regula el mecanismo nacional de prevención, como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo, ante todo, de autonomía presupuestaria, que es la parte fundamental para que estas instituciones puedan funcionar.

En pocas palabras, prevé a un Estado mexicano con un ordenamiento jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como otros tratos crueles e inhumanos.

Será eficaz para las autoridades, útil para la justicia, pero sobre todo, amigas y amigos, benéfica para las personas. Esta ley que aprobamos ya ha sido reconocida por varias instancias.

Quiero comentar por un lado, que la Asociación de Psiquiatría Mundial menciona que esta ley está en el ranking de las tres mejores a nivel global. Amnistía Internacional, que se ha comentado, habla o reconoce sobre una ley con un avance que obliga a las autoridades a investigar de manera adecuada el delito.

Y por último, el Alto Comisionado de la ONU en México afirma que representa un instrumento fundamental para los mexicanos y, sobre todo, para el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Hoy reconozco la altura del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de su grupo parlamentario, pero sobre todo de los que hoy reconocemos que en México, si bien es cierto, existe esta cultura de la tortura, hoy trataremos de erradicarla firmemente, con la ley que hemos aprobado, con esa ley que ha sido publicada.

Así que desde aquí el reconocimiento para el Estado mexicano que hoy en día se preocupa por tener mejores leyes.

Enhorabuena para todas y todos los que participaron en la elaboración de esto que, sin duda, será algo que beneficie a todos los mexicanos.

Muchas gracias, por su atención, muy buenas tardes.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Medrano Quezada.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lia Limón García, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Lia Limón García: Sólo quiero agregar un par de cosas a lo que aquí se ha comentado.

Primero, hablar sobre la importancia del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. La ley obliga a que se cree un Registro Nacional donde se incorpore la información sobre todos los casos de tortura.

A mí me parece que éste es uno de los elementos fundamentales de la ley y quiero decir por qué.

Porque cuando se les solicita información a las entidades federativas, a muchas de las entidades federativas sobre casos de tortura, ni siquiera tienen una base de datos, y eso impide que se tenga una base de datos a nivel nacional.

Y me parece que sí es muy importante, no sólo para poder dar cuentas en el ámbito internacional, sino también para saber en dónde estamos y cómo vamos caminando; es decir, la única manera de medir los avances es tener claridad sobre dónde estamos, y hoy esa claridad no se puede tener porque, si bien, hay una serie de denuncias y demás, no hay un registro y creo que es uno de los temas centrales sobre los cuales debemos dar seguimiento desde el Congreso de la Unión.

Mencionaba ya aquí algún Diputado que será muy importante el seguimiento que demos desde nuestra función, y a mí me parece que éste es uno de los temas centrales a los que debiésemos dar seguimiento.

El otro tema que quiero destacar es el de la capacitación. En mi anterior participación mencioné que la capacitación es uno de los grandes retos de esta ley, y lo digo porque incluso muchos de los casos de tortura que se cometen por la falta de capacitación en capacidades de investigación, es decir, se comete porque muchas veces es la única manera de obtener información, porque nuestros peritos y nuestros ministerios públicos no están capacitados para obtener información de otras distintas maneras y por eso, la capacitación no sólo es un reto en cuanto a capacitar a quienes implementan esta ley sobre la ley, sino desarrollar mayores herramientas de investigación por parte de nuestros peritos y por parte de los ministerios públicos, a fin de que la tortura no siga siendo o no sea un medio recurrente.

Me parece que esto es indispensable. Estoy convencida de que la imprescriptibilidad será un elemento importante que ayude a que haya menos casos que se queden impunes.

Y también creo que al ser una ley general permitirá una mayor coordinación porque en esta ley están claras las facultades de la Federación, pero también las facultades y las obligaciones de las entidades federativas, y eso obliga a que cada una de las instancias camine hacia donde tiene que caminar porque sólo el esfuerzo conjunto y coordinado es lo que nos va a llevar al éxito en la implementación de esta ley.

Yo me sumo a la propuesta de que busquemos la manera de dar seguimiento a los avances de cómo se vaya implementando esta ley, porque eso es lo que dará hacia el futuro buenos resultados en el tema de combate y erradicación de la tortura.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Limón García.

Agotada la lista de oradores, pasamos ahora al capítulo de discusión de dictámenes de la Tercera Comisión.






El primero de ellos es un exhorto para implementar políticas y acciones de movilidad que promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Jericó Abramo Masso: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

“La sustentabilidad implica vida”.

Dijo el científico estadounidense Norbert Wiener que hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él.

Por eso es nuestra obligación actuar con responsabilidad y sensibilidad para lograrlo; con responsabilidad consciente de que nos corresponde mitigar nuestro paso y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar plenamente de lo que para nosotros es cotidiano; con sensibilidad, pues por más que nuestra sociedad prospere ésta no podrá existir si acabamos con el medio ambiente.

México está en riesgo y es preocupante el acelerado aumento de vehículos motorizados para uso particular en nuestro país, privilegiándolos por encima del transporte público o de otros medios alternativos de movilidad.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana 2004-2015: en el 2012 la cantidad de vehículos casi se duplicó respecto al año 2000, alcanzando hasta 35 millones de unidades.

Este incremento ha derivado en diversos problemas principalmente elevando los niveles de contaminación que, a su vez, provocan diversas enfermedades respiratorias, así como la reducción de la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades y el daño a la sustentabilidad de todo nuestro entorno.

Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México cada año mueren 14 mil 700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire.

Tan sólo en el Valle de México el uso de los automóviles genera hasta el 60 por ciento de la contaminación y es también el principal problema de movilidad.

Debido al crecimiento poblacional, que coincide con el de los vehículos motorizados, es urgente y necesario adoptar e implementar medidas que nos permitan promover ciudades sustentables.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de octubre, tiene como objetivo generar un nuevo modelo urbano que haga frente a los retos de nuestras ciudades y metrópolis, permitiendo que los ciudadanos disfruten de las ciudades donde viven.

En el artículo 73 de dicho ordenamiento se señala que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y de otros equipos de movilidad no motorizados, entre muchos propósitos.

Votaremos a favor de este presente dictamen para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno implementen políticas públicas y acciones de movilidad que promueven entre la ciudadanía la adopción clara de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y la prevención de accidentes para todos.

Compañeros legisladores, debemos de estar conscientes de que el desarrollo humano y la protección del medio ambiente no son medidas excluyentes y no tienen colores partidistas, sobre todo el futuro del primero que nos implica a todas las personas depender, en gran medida, del destino que todos podemos construir para México.

Vayamos por un México con movilidad, por un México sustentable donde todos podemos hacer a diario muchas cosas para cambiar a una historia de un medio ambiente sano.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, por el que se exhorta a divulgar los estudios y poner a disposición de los ciudadanos la información relativa al impacto que puede tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con su permiso, señora Presidenta.

Dijera el científico francés Jacques Cousteau: “Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”. Por eso cuidar de la primera es asegurar de la segunda.

El agua es uno de los recursos naturales más abundantes del planeta, pero la disponibilidad de consumo para el hombre apenas alcanza el 0.62 por ciento, ya que más del 97 por ciento es agua salada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha estimado que alrededor del 40 por ciento de la población mundial sufre por carencia de agua y los pronósticos para el 20, 25 vaticinan que 1,800 millones de personas vivirán en regiones con escasez de este vital recurso.

En México la disponibilidad del agua es altamente contrastante, mientras que la región del sureste recibe alrededor del 70 por ciento de lluvias y concentra escasamente el 24 por ciento de la población; el norte y el altiplano reciben el 9 por ciento del agua de lluvia, y concentran a más del 75 por ciento de la población, generando una fuerte escasez de este recurso.

Ante esta situación resulta que se generan medidas para aprovechar los recursos hídricos mediante sistemas de captación de agua pluvial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Al respecto, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 considera que dadas las condiciones ambientales y de explotación que imperan en algunas zonas del país, es necesario ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas tales como la cosecha de agua de lluvia en techos de viviendas a través de sistemas sencillos de captación y almacenamiento, con el propósito primordial del uso doméstico.

Con base al artículo 14 Bis de la Ley de Aguas Nacionales corresponde al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua investigar, desarrollar, adaptar y transferir tecnología a fin de contribuir al aprovechamiento sustentable de la misma.

Votaremos a favor del presente dictamen para que las autoridades competentes informen sobre los beneficios de instalar sistemas de captación de agua pluvial. Asimismo, para que la Comisión Nacional del Agua difunda la forma en que se ha promovido la cosecha de agua de lluvia para uso doméstico a nivel nacional.

Cuidar el agua es una responsabilidad compartida que tenemos todos, por eso promover e informar acerca de su aprovechamiento sostenible, es contribuir a generar una cultura que permita que todos tengamos acceso a este vital líquido.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Pinete Vargas.

Agotada la lista de oradores, ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, por el que se solicita al Ejecutivo Federal promover convenios con los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte aéreo y a permisionarios del servicio de autotransporte de pasajeros para que brinden descuentos en sus tarifas a las personas con discapacidad. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Jasmine Bugarín Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez: Muchas gracias, con su venia, señora Presidenta.

Si hablamos de incluir a las personas con discapacidad, bien lo dijo el sociólogo estadounidense Dashen Stones: que insistir en que una organización sea inclusiva, es progreso.

Pues sólo garantizando a todos el derecho a acceder a las mismas oportunidades se puede propiciar el desarrollo para la sociedad entera y este compromiso con un México incluyente, ya lo ha dicho nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los tres órdenes de gobierno y los sectores públicos y privados tienen la obligación de generar condiciones de igualdad y de oportunidades para la población con discapacidad.

Por eso, su administración ha logrado lanzar el sistema para la inclusión de personas con discapacidad en beneficio de 7.6 millones de mexicanos e integrar en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, el eje de inclusión del deporte para dichas personas, entre otras cosas.

Por otro lado, los Diputados priístas de la LXIII Legislatura aprobamos facultar a la Secretaría de Turismo para diseñar, aplicar y fomentar una política nacional en materia de turismo accesible para que todas las personas disfruten en igualdad de condiciones de los servicios turísticos.

Compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza en su artículo 1o. que queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidad.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar el acceso de cualquier persona al transporte y a otros servicios e instalaciones de uso común.

Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 19 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá la suscripción de convenios con los concesionarios del transporte público, a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios.

Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueva convenios con los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte aéreo, así como los permisionarios del servicio de autotransporte de pasajeros a fin de que brinden descuentos en sus tarifas a dichas personas de conformidad con la legislación mexicana.

Votemos por un México incluyente, construyamos el México incluyente que todos soñamos, aquél en que las libertades y las oportunidades lleguen al hogar de todos los mexicanos.

Compañeros, los invito a que no solamente las personas que contamos con algún familiar con una discapacidad entendamos y apoyemos este dictamen.

Los invito a que todos lo votemos en unanimidad.

Debemos seguir trabajando para acercarnos al ideal que planteó Jim Abbott, que la discapacidad no define a nadie.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Bugarín Rodríguez.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias para alinear sus planes y programas de trabajo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen. Se encuentra inscrita la Senadora Diva Gastélum Bajo y nos ha enviado su intervención, valga la redundancia, en relación con este tema, por lo que se insertará en el Diario de los Debates.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Y no habiendo ninguna otra participación, solicito a la Secretaría, en votación económica, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, por el que se solicita un informe sobre los alcances de los Acuerdos del pasado 6 de junio con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América que suspenden la imposición de cuotas compensatorias a la exportación de azúcar mexicana a ese país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría le dé lectura.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Este asunto es de fundamental importancia, más a la luz de las negociaciones que está teniendo el gobierno y los empresarios en una renegociación del Tratado de Libre Comercio.

En relación al acuerdo azucarero, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer el contenido de este Acuerdo sobre la exportación de azúcar que celebró con el gobierno de Estados Unidos.

Este acuerdo es preliminar, ya que falta su ratificación por el Senado y por el Congreso de los Estados Unidos, será muy desfavorable lamentablemente para México ya que implica reducir la exportación de azúcar refinada y compensar esa reducción con exportación de azúcar cruda.

Con esta medida se condena a México a ser exportador de materias primas y limita su posibilidad de exportar productos con mayor valor agregado.

Hasta antes del acuerdo, el Secretario de Economía, del total de azúcar que México exportaba a Estados Unidos, el 53 por ciento es azúcar refinada, con el acuerdo, el porcentaje se reduce a 30. Además, México aceptó aplicar un precio mínimo a las exportaciones con lo que se limita la posibilidad de poner precios competitivos, según lo adopte el mercado.

Con estas medidas, el precio de la azúcar cruda pasa de 22.25 a 23 centavos de dólar por cada libra y la azúcar refinada pasa de 26 a 28 centavos por libra, la pérdida, por ende, es muy importante para la industria cañera mexicana.

Estados Unidos, para presionar a México, ha argumentado que los precios a los que México vende son inferiores a los costos de producción, lo cual es verdaderamente absurdo, y además Estados Unidos nunca ha comprobado sus dichos, dice que los precios están subestimados, que el gobierno entrega subsidios a los productores cañeros, pues será a unos poquitos, pero no a la industria cañera en su conjunto.

El azúcar refinada que no se exporte a Estados Unidos va a tener que venderse en el mercado interno, lo que provocará una sobreoferta de los precios, lo cual va a presionar a la baja a los precios con enormes perjuicios para los productores, y en especial para los cañeros.

Los cañeros van a tener de dos: Venderla más barata, es decir, malbaratarla; o bien, bajar la producción para evitar la sobreoferta, pero eso también afecta porque implicaría, además, de menos ingresos, provocaría despidos de personal.

No hay que descartar la posibilidad de que en la redacción final del acuerdo, Estados Unidos endurezca todavía más su posición, como lo ha dejado ver el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, al decir que la industria azucarera estadounidense no apoyará este nuevo acuerdo.

Por donde se analice el acuerdo aceptado por Ildefonso Guajardo, es desfavorable para México y muy benéfico para Estados Unidos. La razón que esgrimió el Secretario de Economía para aceptar este acuerdo, es que de no haberlo hecho se corría el riesgo de que Estados Unidos aplicaran aranceles u otras barreras no arancelarias con perjuicios mayores.

Esto muestra a México con una preocupante debilidad para negociar ante Estados Unidos, aunque en varias ocasiones Guajardo ha dicho que cualquier negociación será para privilegiar los intereses del país.

Con este acuerdo azucarero se demuestra que está dispuesto a ceder en todos los casos que considere Estados Unidos, que le ocasionaría mayores perjuicios, o sea, que buscarán los acuerdos que signifiquen el menor daño, y no los que signifiquen mayores beneficios. México podía tener otras cartas de negociación en el caso de la azúcar.

Destaca el caso de la fructuosa que México importa de Estados Unidos y es un producto que compite con el azúcar.

Hay evidencias de que Estados Unidos, en efecto, subsidia la producción de fructuosa a través de apoyos a los productores de maíz.

¿Por qué en la negociación no se vinculó el tema de la fructuosa con el azúcar? Por lo menos para evidenciar que se tiene una estrategia correcta de negociación.

Otra posibilidad hubiera sido llevar el azúcar a los tribunales y hacer valer la firma que plasmó Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio y en el acuerdo particular para la compra de azúcar refinada.

Otra opción es buscar otros países compradores de nuestra azúcar, pero nuestro gobierno sólo ve un solo país, el mundo se le cierra y se circunscribe a Estados Unidos.

No está negociando en otros países la posible compra de nuestra azúcar con precios que le beneficien al país.

En síntesis, el acuerdo Guajardo beneficia a Estados Unidos y perjudica a México. Es una demostración de debilidad.

No se sabe negociar con Estados Unidos, cede a las presiones con mucha facilidad y ello pone en evidencia que la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio, los Estados Unidos van a tratar a México como rival, no como socio. Ellos van a privilegiar los intereses de Estados Unidos por encima de los acuerdos firmados, y nuestro gobierno carece de una estrategia de negociación eficaz que defienda y haga valer los intereses de nuestro país.

Se ratifica que la visión de Estados Unidos es proteccionista y contraria a los principios de libertad comercial, a los que se aferra México de todas maneras, y esto sirva de ejemplo, el azúcar, para ver el resto de la temática comercial que tenemos en puerta.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeras y compañeros legisladores, daremos turno a las proposiciones del Senador Carlos Alberto Puente Salas, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta del mismo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las proposiciones del Senador Puente Salas y sus correspondientes turnos.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Una, con punto de Acuerdo por el que se realiza un reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica por los resultados obtenidos en la reciente investigación sobre prácticas monopólicas entre Administradoras de Fondos para el Retiro.

El Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  SE REALIZA UN RECONOCIMEINTO A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA RECIENTE INVESTIGACIÓN SOBRE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ENTRE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO; Y SE SOLICITA A SU TITULAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA COMPARTIR LECCIONES APRENDIDAS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es un órgano autónomo encargado de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados. Fue creada en junio de 2013, mediante la reforma al artículo 28 constitucional. Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica y su estatuto orgánico, la estructura de la COFECE está compuesta por el Pleno, la Presidencia, la Secretaría Técnica, la Autoridad Investigadora y la Contraloría Interna.

Con fundamento en la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2014, corresponde a la COFECE garantizar la competencia y libre concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones prohibidas, regular los insumos esenciales y las barreras a la competencia, así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución, tratados y las leyes.1

La COFECE, como autoridad, es una pieza de suma relevancia en el sistema de pesos y contrapesos en el mercado, su labor contribuye a detonar el empleo, potenciar el crecimiento de la economía, y lograr hacer de la competencia un instrumento para el desarrollo del país.2

Una de las facultades más importantes de la COFECE es la investigación sobre prácticas monopólicas. Con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Competencia Económica, las investigaciones de prácticas monopólicas y concentraciones iniciarán de oficio, por denuncia de cualquier persona, o a solicitud con carácter preferente del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía o la PROFECO.

" Desahogo de la investigación:

- De conformidad con el artículo 71 de la Ley, para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva.

- El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo y no podrá ser inferior a 30 ni exceder de 120 días hábiles. Este periodo podrá ser ampliado por la Autoridad Investigadora cuando existan causas que lo justifiquen, hasta en cuatro ocasiones por un máximo de 120 días cada una.

- La Autoridad Investigadora puede ordenar la acumulación de expedientes que se encuentren relacionados por razón de la materia y podrá, además, ordenar la apertura de nuevas investigaciones por hechos diversos y autónomos a los inicialmente investigados, en términos del artículo 72 de la Ley.

- Conforme al artículo 73 y 74 de la Ley, la Autoridad Investigadora puede requerir a cualquier persona informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones señalando el carácter con el cual se realiza el requerimiento (denunciado o tercero coadyuvante) y pedir a cualquier autoridad que le preste auxilio para cumplir con sus atribuciones y la aplicación de la Ley.

El plazo para que las personas y Autoridades Públicas atiendan los requerimientos de la COFECE es de 10 días hábiles, el cual puede ampliarse por un periodo igual.

- El titular de la Autoridad Investigadora podrá ordenar visitas de verificación a fin de obtener datos y documentos que se relacionen con la investigación, las cuales deberán sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 75 de la Ley.

• Conclusión de la investigación

El artículo 78 establece que dentro de los 60 días siguientes a que concluya la investigación, la Autoridad Investigadora deberá presentar al Pleno un dictamen en el que proponga cualquiera de las siguientes opciones:

a) Iniciar el procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del agente económico investigado. En este caso, el Pleno ordenará al órgano encargado de la instrucción que se emplace a los probables responsables, con lo que se dará inicio a dicho procedimiento.

b) Cerrar el expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el procedimiento en forma de juicio. En este caso, el Pleno podrá decretar el cierre del expediente u ordenar el inicio del procedimiento seguido en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados."3

De conformidad con el código de ética y conducta elaborado por la COFECE, con base en el cuarto objetivo del Plan Estratégico 2014-2017, la institución busca la excelencia, reconocida por su apego a la legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo.4

El pasado mes de mayo la COFECE concluyó una importante investigación que por más de dos años se enfocó a la obtención de información respecto a conductas ilegales que atentaban contra la libre competencia, por parte de las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP. Al concluir que las investigadas realizaron prácticas monopólicas la COFECE determinó una multa de $1, 100 millones para las responsables.

La labor de la COFECE en esta importante investigación, ha cumplido con el código de ética y conducta que se ha definido, y a poco más de cuatro años de su creación y redefinición del marco normativo en materia de competencia económica, ha dado valiosos resultados. De la labor realizada por la COFECE, mucho se puede aprender por parte de otras autoridades investigadoras así como por nosotros, legisladores, sobre las disposiciones que debieran replicarse en otros ordenamientos y que dan los instrumentos necesarios para investigar y sancionar a los responsables.

Por lo anteriormente expúesto, considero pertinente un reconocimiento a la labor de la COFECE y solicitar que su titular comparta, en una reunión de trabajo con legisladores, las experiencias aprendidas en la reciente investigación sobre prácticas monopólicas por parte de las afores Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP.

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica por los resultados obtenidos en la reciente investigación sobre prácticas monopólicas realizadas por las AFORES Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios Prieto,  asistir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para compartir experiencias y lecciones aprendidas en la reciente investigación sobre prácticas monopólicas por parte de las AFORES Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Artículo 12, fracción II de la Ley Federal de Competencia Económica. Disponible en
http://www.cofece.mx/cofece/ingles/images/cofece/slider/aRT_CARRUSEL/
DOF_Ley_Federal_de_Competencia_Economica.pdf [Consulta realizada el 25 de junio, 2017].

2 Portal de la Comisión Federal de Competencia Económica. Disponible
en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos
[Consulta realizada el 24 de junio, 2017].

3 Portal oficial de la COFECE. Disponible en
http://www.cofece.mx/cofece/ingles/images/banners/NLFCE/Investigacion.pdf
[Consulta realizada el 25 de junio, 2017].

4 https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/1/CodigoEtica_ConductaCOFECE.pdf






Y otra, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a comparecer ante la Comisión Permanente para informar sobre las medidas implementadas en materia de traspasos de Afores y el impacto sobre el rendimiento de los fondos durante este procedimiento.

El Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, COMPAREZCA ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRASPASOS DE AFORES Y EL IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DURANTE ESTE PROCEDIMIENTO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a la administración de cuentas individuales y canalizan los recursos de las subcuentas que las integran, y administran las sociedades de inversión.1 Entre sus obligaciones, se encuentra realizar todas las gestiones que sean necesarias, para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades que administren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores.2

Las AFORES se encargan de administrar los recursos que los ahorradores destinan para su pensión, por lo que su deber es cuidar el futuro y los recursos que permitirán una vida digna al trabajador en su retiro, después de toda una vida de esfuerzo y sacrificio.

En febrero de 2015 la Comisión de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación sobre cuatro administradoras, por existir indicios de operaciones ilegales. En mayo de 2017, la COFECE concluyó la investigación y determinó fuertes sanciones económicas para Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP, a quienes se les impulso una multa de $1, 100 millones por prácticas monopólicas. Se determinó que entre noviembre del 2012 y junio del 2014, 11 directores generales y de operaciones de las afores sancionadas, acordaron reducir el traspaso de cuentas entre ellas, para disminuir la competencia. Cabe mencionar que esto se aleja mucho de tener como pioridad el interés de los trabajadores.

El traspaso es el proceso mediante el cual un trabajador tramita el cambio de los recursos que conforman su fondo para el retiro, de una AFORE a otra. Conforme al artículo 74 Ter de la LSAR, los trabajadores tienen el derecho a cambiar su cuenta individual de una administradora a otra. Para poder realizarlo, debe transcurrir un año calendario contado a partir de su registro o de la última ocasión en que se haya ejercitado este derecho.

Mediante circular de CONSAR, en enero de 2015, se incrementaron los requisitos para el proceso de traspaso. La AFORE que recibirá los recursos por el cambio, debe integrar un expediente electrónico que contenga solicitud, contrato e información sobre los rendimientos de la administradora, deben ser firmados por el trabajador titular de los recursos, quien deberá anexar documentos de identificación.

Las medidas se tomaron a fin de garantizar que el trabajador, titular de los recursos, sea quien efectivamente solicita el cambio, así como para evitar los traspasos masivos. Sin embargo, estas acciones, en un escenario como el actual, ponen en duda si se protege al trabajador o se limita un derecho.

Ante la sanción impuesta por la COFECE a las AFORES que incurrieron en malas practicas, la CONSAR emitió un boletín mencionando que estas acciones no tuvieron una afectación en el ahorro de los trabajadores porque se limitaron al ámbito comercial. No obstante, es necesario datos cuantitativos que fundamenten esta afirmación. Si las cuatro AFORES sancionadas ofrecieron el mismo rendimiento y éste fue el más alto durante el periodo investigado, tal vez no existió afectación, pero si se limitó la decisión de traspaso a otra AFORE que ofrecía un beneficio mayor, no cabe duda que el ahorrador tuvo perjuicios en el monto de su ahorro. Cabe preguntar ¿existe afectación para el trabajador y su ahorro al limitar un derecho consagrado en ley?

Adicionalmente, las sanciones impuestas, y desde luego, las conductas ilegales en que las cuatro AFORES referidas incurrieron, reduce la confianza. Cómo justificar al ahorrador que ha perdido la confianza en ellas, que no puede llevarse inmediatamente, los ahorros para su vejez, a otra AFORE, y que incluso, tendrá que esperar un año antes de poder decidir sobre los recursos generados con el trabajo de toda su vida.

Por lo anteriormente expúesto, es necesario que la CONSAR, a través de su titular, acudan ante la Comisión Permanente para aclarar esta situación, explicar los resultados de las medidas implementadas en materia de traspasos y responder ¿porqué no afecta al ahorro de los trabajadores los convenios ilegales entre las afores sancionadas?, ¿retener los traspasos afecta el ahorro de los trabajadores?, ¿hay perdidas (impacto negativo) en los recursos del trabajador si tiene que esperar un año para cambiar a una AFORE que genere mayor rendimiento?

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro, Carlos Ramírez Fuentes, para el Retiro, asista a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, con el objeto de informar sobre las medidas implementadas en materia de traspasos y el impacto sobre el rendimiento de los fondos, durante este procedimiento.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, enviar en un plazo no mayor de 30 días naturales, un reporte que sustente sus conclusiones sobre que las actividades ilegales identificadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, por parte de las AFORES sancionadas, no afectan los recursos de los trabajadores.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Primer párrafo del artículo 18 LSAR. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf

2 Segundo párrafo del artículo 18 LSAR. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf

(Intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas)



Ambas se turnan a la Tercera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señora Presidenta, yo quisiera que le diera lectura al punto de Acuerdo, y a qué comisiones va.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con mucho gusto, permítame.






Damos turno también al punto de Acuerdo del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados informen a las respectivas Cámaras sobre los equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia con los que cuentan o han contado.

Su turno es a las Juntas de Coordinación Política y a las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, los artículos 171 y siguientes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PARA QUE LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS MESAS DIRECTIVA, TANTO DE LA CÁMARA DE SENADORES COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, INFORMEN A LAS RESPECTIVAS CÁMARAS SOBRE LOS EQUIPOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD EINTELIGENCIA CON LOS QUE CUENTAN O HAN CONTADO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 19 de junio de este año el periódico “The New York Times” reveló el informe de Citizen Lab sobre el espionaje a activistas y defensores de derechos humanos en México, actividad ilícita que es realizada por el gobierno mexicano a través de instrumentos diversos como el software Pegasus. Según The New York Times, los personajes espiados por el gobierno de Peña Nieto son periodistas, defensores de derechos humanos, abogados de víctimas y opositores al actual gobierno.

Otro instrumento para el espionaje en México es la recolección de datos en los servicios de telecomunicaciones que realiza el gobierno mexicano solapado por el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente. Esa norma obliga a las empresas de telecomunicaciones a resguardar metadatos e información que realizan los habitantes del país hasta por 24 meses. Y, aunque el último párrafo de la norma señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que las autoridades competentes pueden tener acceso a ellas con autorización judicial, lo cierto es que las empresas de telecomunicaciones que operan en México tienen acceso a todas las conversaciones e información que transita por sus redes y que el gobierno mexicano la tiene a su disposición.

El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión atenta contra la democracia, vulnera los derechos humanos a la privacidad e intimidad de las personas. Ante las consecuencias de esa norma y la manera en que se aplica, propondremos próximamente una iniciativa para su derogación.

Los metadatos son un diario digital de nuestra vida cotidiana que permite conocer lo que hacemos todos los habitantes del país con acceso a un aparato telefónico o a cualquier equipo de telecomunicaciones. Se ha sabido que distintas autoridades han tenido acceso a información de los ciudadanos de esos metadatos sin autorización judicial. Por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Se sabe que los operadores de telecomunicaciones, han recibido 18,062 requerimientos de datos, la mayoría provenientes de autoridades sin autorización judicial, y los operadores entregaron la información un 93% de las veces.

La mayor parte de las solicitudes fueron hechas a América Móvil, 9 de cada 10, y que esta empresa en más del 90% entrega la información sin respetar datos personales ni los derechos a la privacidad y a la intimidad de las personas.

En otros países de nuestro entorno el espionaje es investigado y sancionado.

Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá está siendo investigado por el espionaje e intercepción telefónica de más de 150 personas durante su mandato, la mayoría de ellos opositores. El político panameño por espionaje y corrupción fue detenido.

En estas circunstancias, el poder legislativo es una instancia sensible al espionaje, porque desde el poder ejecutivo y los poderes fácticos se pretende socavar la independencia y libertad de los legisladores. El legislador del gobierno o de la oposición, debe de gozar de libertad para desempeñar su función como representante de la nación. Aun al interior de los grupos parlamentarios el legislador debe tener autonomía personal y estar protegido en sus pensamientos y en sus decisiones personales y colectivas, en su procesamiento, no estar al descubierto en sus reflexiones para poder ser presionado por intereses externos.

Desde una visión democrática y de pleno respeto al Estado Constitucional de Derecho, el legislador debe actuar con independencia y libertad, sin influencia que pueda  atentar en contra de cada uno, pero también sin ligas que condicionen su actuar a favor de cada uno de otros intereses. La Constitución mexicana en su artículo 51 señala que el diputado representa a la nación y el artículo 61 de la misma establece la inviolabilidad de las opiniones del legislador sobre las que no puede ser reconvenido por nadie y mucho menos espiado en la formación de sus convicciones sobre los asuntos que se deliberan en el pleno o en las comisiones.

La libre discusión es la base de la función constitucional del legislativo para legislar, criticar, controlar al ejecutivo y definirse, en síntesis, frente a intereses externos sin presión alguna.

En el Código Penal Federal –artículos 127 a 129- se establecen distintos tipos penales relativos al espionaje y sus sanciones. No se trata de delitos menores. Los tipos correspondientes al espionaje se encuentran previstos en el título de los delitos contra la seguridad de nación. Igualmente, el artículo 166 bis del Código Penal Federal establece los tipos penales y las sanciones cuando se viola la correspondencia privada de las personas a través de las telecomunicaciones. Las sanciones aumentan cuando son cometidas por servidores públicos e implican la inhabilitación de los funcionarios.

Por lo anterior, los legisladores tenemos el derecho indiscutible de conocer lo siguiente:

1. ¿Si existen en las Cámaras del Congreso de la Unión equipos y software de espionaje a los legisladores y a sus equipos de apoyo?

2. ¿Qué equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia existen en las Cámaras del Congreso de la Unión?

3. ¿Qué empresas realizan tareas de vigilancia y seguridad en las Cámaras del Congreso de la Unión?

4. ¿Bajo qué modalidad se adjudicaron los contratos y quienes son los contratistas?

5. ¿Quiénes son los accionistas, propietarios y administradores de esas empresas?

6. ¿Si existen controles de confianza a los elementos de los cuerpos de seguridad de las Cámaras?

7. ¿Cuál es la cadena de mando de las instancias de vigilancia en las Cámaras y a quiénes reportan sus actividades?

8. ¿A quién le rinden cuentas las instancias de seguridad y vigilancia de las Cámaras?

9. ¿En dónde se resguardan los informes e investigaciones de las instancias de vigilancia interna de las Cámaras, fundamentalmente las relacionadas con las telecomunicaciones?

10. Esta información debe ser analizada por los legisladores, senadores y diputados, para conocer, apreciar y acordar las medidas para evitar cualquier tipo de espionaje que atente contra nuestra libertad, recordamos que el Congreso son los senadores y los diputados; no son instancias ajenas a su concepto.

Toda la información anterior la requerimos con fundamento en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución que señala: “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar”.

De acuerdo al artículo 6 de nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el derecho a la información. Los mexicanos exigimos plena información sobre la vigilancia, la seguridad y el espionaje en las Cámaras del Congreso.

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Para que las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directiva, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, informen a las respectivas Cámaras sobre los equipos de vigilancia, seguridad, inteligencia y espionaje con los que cuentan o han contado.

Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.






EXCITATIVA

Les informo que a petición de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, se emite atenta excitativa a la Tercera Comisión a fin de que presente el dictamen que corresponda en relación con el punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones emprendidas para cumplir con las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas con el funcionamiento de la planta catalítica de la refinería Antonio M. Amor.



La Secretaría de Servicios Parlamentaria recibirá los avisos que hagan.

Senador Burgos García, ¿con qué objeto?

Sonido en el escaño del Senador.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Con el propósito de solicitar que el Acuerdo se amplíe para que la Primera Comisión pueda participar con opinión.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En atención a su moción, hacemos una rectificación de turno y se va a las Juntas de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de las Cámaras de Senadoras y Cámara de Diputados, sobre el punto de Acuerdo presentado por el Senador Bartlett Díaz.






La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS FINALES AL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o. Y 9o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral  1, fracción I y 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS FINALES AL INCISO D), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2O, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, Y ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 8º Y 9º, DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con investigaciones científicas, el cambio climático es un fenómeno que se originó por el aumento de la temperatura en el planeta, causado por el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, principalmente por la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, así como la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola, que originaron la producción y aumento de volúmenes de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, principalmente por dióxido de carbono, metano y óxido-nitroso, causando que los rayos del Sol queden atrapados en la atmósfera del Planeta, provocando con ello un aumento de temperatura.

Con el transcurso del tiempo este fenómeno se convirtió en un problema grave para la humanidad, lo que obligo a los países desarrollados e industrializados, responsables en su mayor parte en la producción del GEI, a que asumieran compromisos para mitigar el sobrecalentamiento global mediante la celebración de cumbres mundiales y acuerdos Institucionales sobre el clima.

La alerta del cambio climático se declaró por primera vez a finales de la década de los setenta, con el establecimiento del Programa Mundial de Investigación Atmosférica.

Fue en el año de 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, donde se tomaron las primeras decisiones políticas sobre el cambio climático, siendo en Ginebra, Suiza en el año de 1979, donde se celebró la primera conferencia mundial sobre el clima, en la que se reconoció al cambio climático como un problema grave e hizo pública una declaración en la que llamó a los gobiernos del mundo a "prever y prevenir potenciales alteraciones del clima causados por la actividad humana que pudieran amenazar el bienestar de la humanidad", otorgando el aval a los planes para establecer un programa llamado "Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Asociaciones Científicas" 1 de ahí que en los años de los ochentas, se llevaran a cabo una serie de conferencias y congresos internacionales para concientizar la problemática.

En el año de 1988, se celebró la Conferencia de Toronto, catalogada como la primera reunión de alto nivel, por la discusión de científicos y políticos sobre un plan de acción para combatir el cambio climático y por el compromiso que asumieron los países industrializados para reducir voluntariamente las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2005. En el primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental, publicado en 1990, se concluyó en que era necesario reducir del 60 al 80% en las emisiones de CO2 hacia el final del siglo XXI, por lo que los integrantes de la convención adoptaron importantes compromisos para alcanzar el propósito. 1

En 1992, la Organización de Naciones Unidas, organizo la Cumbre de Río de Janeiro, en la que participaron 172 países, 108 Jefes de Estado y 2,400 representantes, en ella se declararon un conjunto de principios en los que se definieron los derechos civiles y obligaciones de los Estados para lograr el progreso y bienestar de la humanidad y la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en todos los tipos de bosques.

El 9 de mayo de 1992, se adoptó en la Ciudad de Nueva York, la "Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" (CMNUCC), que entro en vigor el 21 de marzo de 1994.

La Convención es un documento marco que se modifica y se desarrolla con el tiempo con el fin de mejorar las medidas adoptadas sobre el calentamiento atmosférico y el cambio climático.

La primera adición que se hizo a la Convención Marco fue el Tratado de Kioto, en el cual se introdujeron objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados.

El segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto comenzó el 1 de enero de 2013, para finalizar en 2020, participaron 38 países desarrollados, incluida la Unión Europea y sus 28 Estados miembros. A este segundo periodo se le aplicó la enmienda de Doha, en donde los países participantes se comprometieron a reducir las emisiones en un 18% como mínimo con respecto a los niveles de 1990, sin embargo, debido a que Estados Unidos no firmó este protocolo, que Canadá se retiró antes del final del primer periodo de compromisos y que Rusia, Japón y Nueva Zelanda, no participaron en el segundo periodo de compromisos, el porcentaje de reducciones se aplicó aproximadamente al 14% de las emisiones mundiales. 2

A este protocolo se sumaron más de 70 países desarrollados y en desarrollo, quienes asumieron varios compromisos no vinculantes de reducción o limitación de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El nuevo acuerdo mundial "La Conferencia sobre el Cambio Climático de París", se celebró del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, en la Ciudad de París, en donde los gobiernos acordaron mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC,, para lo cual los países presentaron planes generales de acción y acordaron comunicarse cada cinco años sus contribuciones para fijar objetivos más ambiciosos e informarse unos a otros y a la sociedad sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos para garantizar la transparencia y la supervisión, acordando también la UE y otros países desarrollados, en seguir financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a los países en vías de desarrollo tanto a reducir sus emisiones como a aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

México firmó por primera vez compromisos en 1992, en la Cumbre de la Tierra de río de Janeiro, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y posteriormente en 1998, firmó el Protocolo de Kioto, el cual ratifico en el 2000.

Es así como nuestro País comenzó a adoptar medidas para mitigar el cambio climático como el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y la expedición de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.

La Ley es de gran relevancia para nuestro País, pues estableció el marco normativo para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, sus disposiciones tienen por objeto:

a) Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

b) Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático;

c) Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

d) Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

e) Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

La Ley creo instituciones para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos y metas, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que coordinará proyectos y estudios de investigación científica en este sector; la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático.

Asimismo, la Ley estableció a la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal, hoy Ciudad de México y Municipios, atribuciones y metas específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, y adopto un plan ambicioso para colaborar con las metas globales establecidas en instrumentos internacionales, pues estableció que el país asumía la meta de reducir al año 2020, un 30% de emisiones con respecto a la línea de base; así como un 50% de reducción de emisiones al 2050, en relación con las emitidas en el año 2000, metas que podrían alcanzarse siempre que el régimen internacional dispusiera de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países desarrollados, hacia países en desarrollo como México.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión de Cambio Climático, de esta Cámara de Diputados, el 60% de los Estados del País, es decir 18 de las 31 Entidades Federativas más la Ciudad de México, no cuentan con programas de cambio climático, pese a la urgencia de establecer medidas para frenar este fenómeno y asumir responsablemente los compromisos que México tiene internacionalmente en el rubro.

La mayoría de los Estados no han instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de Gases de Efecto Invernadero y políticas de adaptación y mitigación, que, conforme a la Ley General de Cambio Climático, están obligados a hacerlo.

Los Estados que han presentado avances en los programas de acción climática son: Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán.

De los Estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche, no se tiene registro de programas de acción climática de dichas entidades.

La salud de nuestro país sigue siendo afectada por la contaminación pues de acuerdo con las cifras manejadas por las investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, 5,065 personas mueren al año por enfermedades relacionadas con la contaminación, 6 lo cual no debería ocurrir tomando en cuenta que nuestro País cuenta con el marco jurídico que protege la vida, la salud y el medio ambiente, así como con infraestructura e instituciones que atienden estas tareas.

Con el fin de contribuir a que los Estados, Municipios y la Ciudad de México, cuenten con los recursos económicos necesarios y cumplan en tiempo y forma  con las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático les atribuye, así como para que exista una coordinación y un control sobre el destino de los recursos entre la Federación y los Estados y la Ciudad de México, la  suscrita acude a esta soberanía a proponer que los Estados y Municipios, la Ciudad de México y demarcaciones territoriales que hayan celebrado convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, conforme lo dispuesto por el artículo 1o, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los Estados y Municipios y Demarcaciones Territoriales, que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que reciban recursos derivados de las cuotas señaladas en el inciso D), fracción I, del artículo 2o, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, o que reciban cantidades resultantes de los porcentajes señalados en los incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 28, de esta Ley del Impuesto Especial antes señalada, destinen parte de los recursos que reciben a una partida presupuestal que elaboraran e incluirán en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, para la ejecución de las atribuciones que les son conferidas en la Ley General de Cambio Climático, debiendo informar de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos destinados al fin y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez informe al Congreso de la Unión y/o a la Comisión Permanente cuando este en receso, a través de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,  sobre el entero del destino y aplicación de dichos recursos.

Manifiesto a esta Soberanía que esta propuesta, además de lo expuesto con anterioridad, se sustenta en la Iniciativa de Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de fecha 1 de septiembre de 2015, firmada por el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4358-C, el 8 de septiembre de 2015, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

En la exposición de motivos en el inciso B, denominado "B Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", numeral 1, denominado "Gasolinas y diésel", el Presidente de la República expreso que " Además, con el esquema propuesto de cuota fija se fortalece los compromisos de México con el cuidado y protección del medio ambiente y de la salud de los mexicanos, ya que los impuestos a combustibles cuentan con lo que se denomina un "doble dividendo social", es decir, permiten recaudar a partir de bienes cuyo consumo genera externalidades negativas, tales como contaminación del aire, congestión vehicular, efectos ambientales globales, entre otros, y de esta forma, la política tributaria coadyuvaría al desarrollo sustentable del país". 3

Por último, con el propósito de que exista una concordancia con la propuesta de reforma que se plantea a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se propone adicionar a los artículos 8o y 9o, de la Ley General de Cambio Climático, una fracción y recorrer en ambos casos,  las fracciones subsecuentes, en donde se precisa con claridad que los Estados, Municipios y la Ciudad de México, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General invocada,  tendrán la obligación de formular en sus presupuestos anuales, una partida presupuestal para destinarse al cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático les encomienda, partida que se conformará entre otros y de ser aprobado, con los recursos planteados en la reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Por lo expuesto y fundado, por estimarse su viabilidad, someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.  Se adiciona dos párrafos finales al inciso D), de la fracción I, del artículo 2o, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) …

B)

C) ...:

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles                                          Cuota Unidad de medida

a. Gasolina menor a 92 octanos                           4.30 pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos                3.64 pesos por litro.

c. Diésel                                                                4.73 pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles                                    3.64 pesos por litro.

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

Los Estados, Municipios, Ciudad de México o Demarcaciones Territoriales que hayan celebrado convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, conforme lo dispuesto por el artículo 1o, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los Estados y Municipios y Demarcaciones Territoriales, que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que reciban recursos derivados de las cuotas señaladas en este inciso o cantidades resultantes  de  los  porcentajes  señalados en los incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 28, de esta Ley, destinaran una parte de los recursos que reciban conforme a este inciso, a una partida presupuestal que elaboraran e incluirán en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, para la ejecución de las atribuciones que les son conferidas en la Ley General de Cambio Climático.

Los Estados, Municipios, Ciudad de México o Demarcaciones Territoriales, informaran de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las partidas presupuestales destinadas para tal efecto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente en los recesos del Congreso, a través de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,  sobre el entero de recursos, destino y aplicación.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción III, del artículo 8o, recorriéndose las subsecuentes y se adiciona la fracción III, del artículo 9o, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. a II. …

III.  Elaborar e incorporar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal destinada al cumplimiento de las atribuciones establecidas en este artículo y en la Ley;

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:

I a II. …

III. Elaborar e incorporar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal destinada al cumplimiento de las atribuciones establecidas en este artículo y en la Ley;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1.- Acuerdos mundiales sobre el medio ambiente.
http://misvideosfotos.blogspot.mx/2009/10/acuerdos-mundiales-sobre-el-medio.html. Consultado el 5 de mayo de 2017
2.- Acuerdos Internacionales sobre actuación en materia climática. Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea.
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/

3.- Gaceta Parlamentaria número 4358-C, martes 8 de septiembre de 2015
4.- https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada.  Consultado el 13 de abril de 2017
5- Naciones Unidas. «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático». Consultado el 13 de abril de 2017.
6.- imco.org.mx/calculadora-aire- Instituto Mexicano para la Competitividad A.C..Consultado el 8 de mayo de 2017.7.-
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html.-
Naciones Unidas. Cambio climático.
8.- Ley General de Cambio Climático.
9.- Diario Oficial de la Federación 18 de noviembre de 2015

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Elva Lidia Valles Olvera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la vida, visto más allá de su complejidad teórica, es un pilar fundamental y cimiento que da origen y estabilidad a otros derechos. Su protección se ha procurado desde diversos ámbitos, ya que siendo inherente al ser humano como derecho natural, esta prerrogativa ha sido recogida por instrumentos internacionales, Constituciones y demás normas encargadas de garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

Cuando se habla de un derecho de tal magnitud, es obligado aseverar que aunado a su exigibilidad erga omnes, le es propio a todo ser humano sin distinción alguna, es decir, en un primer momento se entiende que es igual de válida y protegida la vida tanto del varón como de la mujer. Lo anterior se afirma en razón a que históricamente se ha tratado de forma injusta a la mujer, al grado de no considerársele como igual en determinados contextos, menoscabando gravemente sus derechos.

En este sentido, Silverio Tapia refiriéndose a los derechos humanos de la mujer, dice que "la marcada desigualdad que ha existido entre hombres y mujeres, básicamente en el ejercicio de sus derechos, ha tratado de ser justificada a lo largo de la historia, para ello se han invocado múltiples causas atribuidas, en su conjunto, a las diferencias naturales, a los patrones de conducta sustentados en la tradición y en la pluralidad de costumbres y culturas".1 La desigualdad entre géneros es un obstáculo que se ha superado paulatinamente, no obstante, problemas como la discriminación han intensificado los distintos tipos de violencia que existen contra la mujer. A pesar de los avances ideológicos, hoy podría erguirse como impensable la prevalencia de comportamientos violentos e irracionales contra la mujer, pero la realidad es frustrante.

El comportamiento más atroz e irracional contra la mujer es el feminicidio, hecho que más allá de su definición legal, es considerada como "la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión".2

Al analizar las cifras sobre violencia contra las mujeres se debe partir del entendimiento que dichas cifras reflejan sólo el porcentaje mínimo de los hechos de violencia de género En muchos países estos hechos no son reportados en su totalidad por el temor a represalias; por la inexistencia de un acceso eficiente de las víctimas de violencia de género a mecanismos judiciales o de otra naturaleza para prevenir y/o sancionar la violencia y por la existencia de una discriminación estructural que facilita ataques en contra de las mujeres, al obstaculizar la prevención e investigación de los hechos.3

La violencia y la discriminación contra la mujer son problemáticas que día con día viven miles de víctimas, situación que se creería impensable en un sistema que ha adoptado una infinidad de instrumentos protectores de derechos humanos y adecuado su normatividad para ese fin. La protección a la persona tiene sus orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,4 instrumento que representa un verdadero acto de organización internacional, pues tuvo como finalidad primordial que sus principios fueran observados por el mayor número posible de Estados. En cuanto a la protección de la mujer, este instrumento resulta ser el principal referente, pues establece el reconocimiento de la libertad e igualdad en dignidad y derechos, el principio de no discriminación, el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la persona, así como la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Otro aspecto interesante en esta Declaración, es que establece el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica, para posteriormente enunciar la igualdad ante la ley sin distinción alguna. Asimismo, en armonía con los demás principios, establece que la persona tiene derecho a un recurso para combatir violaciones a sus derechos fundamentales, cuestión que en el caso de la mujer, le asiste para hacer exigible el respeto a sus derechos humanos.

Para fortalecer los principios instituidos en la Declaración referida, más adelante se dio paso a la adopción de dos importantes instrumentos de naturaleza vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6. Estos Pactos en su conjunto hicieron énfasis en la no discriminación ni distinción alguna (incluida la que se hace por razón de sexo), retoman la importancia de que los Estados garanticen un recurso efectivo en caso de violentar el goce de derechos y libertades de la persona, incluyendo además, la no exención de las personas que violenten esos derechos en ejercicio de sus funciones oficiales.

Asimismo, el primer Pacto no omite enunciar la igualdad entre hombres y mujeres, establece con certeza que es inaceptable privar de la vida a otro de forma arbitraria, protegiendo así el máximo valor. Retoma el principio de igualdad ante la ley sin distinción alguna, es decir, que los Estados Parte se comprometen a prohibir toda clase de discriminación. En lo particular, el segundo Pacto reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, cuestión que para el caso de la mujer, se traduce en que es inaceptable toda conducta que menoscabe su estado de bienestar.

Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas tiene un instrumento que específicamente se encargó de reconocer explícitamente los derechos humanos de la mujer, prohibiendo en su contenido toda clase de discriminación por razones de sexo. Se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer7 (CEDAW por sus siglas en ingles), la cual a grandes rasgos "busca modificar los   patrones de conducta, tanto de hombres como de mujeres, para eliminar las prácticas y conductas basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los dos sexos".8

La importancia de la CEDAW radica también en que se dedica a definir la expresión "violencia contra la mujer", establece que los Estados deben condenar toda clase de discriminación. Asimismo, deben asegurar el desarrollo de la mujer, con la finalidad primordial de que pueda ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre, así como acelerar la igualdad de facto, lográndose esto con la supresión de las normas desiguales una vez alcanzada la igualdad de oportunidad y trato.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es la excepción, pues dentro de su marco protector se encuentra uno de los instrumentos más importantes en la materia: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer9 (Convención "Belem do Pará"). Este instrumento resulta ser la base para la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Su importancia también radica en que se ha establecido que los Estados pueden incurrir en violaciones a los derechos de las mujeres si no toman medidas de carácter legislativo u omiten ejecutar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

En este sentido, la Convención en comento también establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer en su primer artículo, siendo "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Por lo anterior, se dio un avance significativo, pues aunado al reconocimiento prima facie del derecho a la vida, empieza a visualizar que la muerte como producto de la violencia de género es un extremo que debe evitarse en todo momento.

Como es posible notar, posterior a la exposición de los principales instrumentos internacionales protectores de derechos humanos, la mujer tiene una protección muy amplia, y se ha obligado a los Estados a que actúen en pro de sus derechos, pues tienen el deber de atender diversas medidas para materializarlos. Sin embargo, si bien algunas directrices han sido contempladas en la legislación nacional, hay retos pendientes, pues persiste una cultura de indiferencia ante actos que menoscaban flagrantemente los derechos de la mujer, y peor aún, estas actitudes son práctica común de las autoridades.

México se ha caracterizado por cooperar en el consenso de distintos instrumentos internacionales, a pesar de ello el contexto real por el que atraviesa el país, más que por voluntad, lo ha obligado a tomar medidas conducentes, las cuales siguen un proceso de transición hacia una verdadera justicia pronta completa y expedita, específicamente en materia de feminicidios.

En principio, la propia Constitución Federal es la que protege los derechos humanos, estableciendo que se reconocen a todas las personas sin distinción alguna, tanto los contenidos en ese ordenamiento como los establecidos en los Tratados Internacionales en los que el país es parte. Asimismo, instituye el principio pro persona, el cual implica básicamente que las autoridades tienen la obligación de interpretar esos derechos humanos procurando la protección más amplia a la persona.

La norma fundamental retoma derechos como la no discriminación, la igualdad, el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona, los cuales a todas luces implican una protección a la mujer a fin de que esta no se vea violentada en su esfera de derechos. Además, la Carta Magna establece una serie de garantías judiciales, que en el caso de cualquier tipo de violencia contra la mujer, es oportuno inferir que le asisten y protegen como víctima, aunado al ejercicio de su derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla.

Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normatividad de observancia en toda la República Mexicana, está sustentada en los principios constitucionales de igualdad entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad. Esta Ley contiene definiciones torales para entender la importancia de los derechos humanos de la mujer, pues en específico interesan temas como la violencia institucional y la violencia feminicida, problemas que enmarcan una terrible realidad.

Una vez que se entendió a la violencia feminicida como el extremo de la violencia de género, cabe apuntar que fue hasta el año 2012 cuando en el país se tipifico el feminicidio en el Código Penal Federal, reforma que marcó el rumbo y la perspectiva para atender una problemática tan grave como la privación de la vida por razones de género. El tipo penal consta de dos hipótesis, la primera es general y sanciona la conducta de privar de la vida a la mujer, bajo condiciones específicas, tales como la concurrencia de una razón de género. La segunda, que es objeto de la presente iniciativa, contempla la responsabilidad de los servidores públicos por una incorrecta actuación en la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio.

Sobre la primera hipótesis vale la pena decir que el Código Penal Federal, le otorga una naturaleza diferente al feminicidio respecto del homicidio, pues el primero tiene la característica de ser un delito complejo, es decir, se encarga de proteger un conjunto de bienes jurídicos (la vida, la dignidad, acceso a una vida libre de violencia); por tanto, se trata de un delito altamente lesivo para la sociedad. Asimismo, este delito no se agota, como en el caso del homicidio, con la sola privación de la vida, sino que además se ha establecido la concurrencia de alguna razón de género, pues este elemento puede determinar que la conducta desplegada por el sujeto activo fue motivada por al menos una de las circunstancias enumeradas mediante fracciones en la redacción del tipo penal.

Sin profundizar en el estudio de lo anterior, es momento de centrarse en lo dispuesto por la segunda hipótesis, la cual quedó establecida con la finalidad de reprochar a todo servidor público las acciones que obstaculicen la correcta procuración o administración de justicia al tratarse de un caso de feminicidio. La normatividad penal, al igual que otros ordenamientos como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obligan en el fondo a los servidores públicos a conducirse bajo diversos principios legales, aunado a que en todo momento deben velar, por mandato constitucional, por la protección de los derechos humanos y el respeto a sus garantías judiciales.

En concreto, el último párrafo del artículo en comento responsabiliza "al servidor público que retarse o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia", entendiendo que la acción de retardar implica que el servidor público hace una cosa después del tiempo debido, lo deja para más tarde de lo normal, y el verbo entorpecer implica dificultar, obstaculizar el desarrollo normal de un proceso, haciendo que se pierda la agilidad y la eficacia.

Parecería impensable que pese a la constante capacitación para que Agentes del Ministerio Publico y jueces actúen adecuadamente frente a los casos concretos, incluidos aquellos en que sea necesaria la perspectiva de género, violenten y falten gravemente a la protección de los derechos humanos; sin embargo, con frecuencia se dan casos en que principios rectores como la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, quedan inertes en la norma.

Esta situación pone en duda, en el caso del Poder Judicial, la efectividad de las acciones encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, pues de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones con el objetivo de garantizar, tanto a las mujeres como a los hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, velando que así también lo hagan los órganos a su cargo.

Por lo que hace a la procuración, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta debe especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos en: derechos humanos y género, la aplicación de perspectiva de género en las averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios. Asimismo, alude a que deben erradicarse los estereotipos sobre el rol social de las mujeres, una práctica común que prevalece en gran parte del sistema; también mandata que los programas y cursos permanentes se encaminen a la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

Como es posible inferir, el marco jurídico nacional no es omiso en señalar las características de una procuración y administración de justicia correcta, no obstante prevalecen vicios que constantemente desembocan en violaciones a los derechos de la mujer. Se condena enérgicamente la existencia de actos atroces que atentan contra la integridad física y psicológica, la vida y la seguridad de la mujer, pero también es altamente reprochable que no sean perseguidos ni sancionados con la perspectiva correcta por aquellos que tiene la obligación de hacerlo.

De acuerdo con datos nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,10 entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. Asimismo, se estima que de 2013 a 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001 a 2006 era de 3.5. Estas cifras reflejan una lamentable tendencia sobre decesos de mujeres en México, pues gran parte de estas se han dado por la privación arbitraria de la vida, situación coincidente con los altos índices de violencia feminicidio registrada en el país.

En este sentido, una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), tras la solicitud de información realizada a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, sobre el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, pidiendo se especificara la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras, revelo que "de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento".11 Esta aseveración es la temida realidad a la que se enfrenta el país, las mujeres además de ser víctimas de una violencia generalizada y creciente, los ofendidos o familiares deben lidiar con la impunidad y el desdén de las autoridades, una situación que evidentemente es violatoria de sus derechos humanos y obstaculiza la consolidación del Estado de Derecho.

Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa se plantea que sean aumentadas las sanciones para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio: para ello se propone un aumento en la penalidad por la comisión de este delito, la cual pasaría de seis a doce años (se aumentan tres y cuatro años respectivamente); asimismo, se plantea que la sanción pecuniaria oscile entre los dos mil y tres mil días multa (se aumentan mil quinientos días al mínimo y al máximo) y que el periodo de destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos sea de ocho a quince años (se aumentan cinco años al mínimo y al máximo).

Lo anterior se propone toda vez que a diferencia de la figura básica contenida en la fracción VII del artículo 225 del Código sustantivo (Delito cometido contra la administración de justicia), que establece las mismas sanciones que se contemplan en la hipótesis vigente, objeto de la presente iniciativa, es un hecho que los daños por la conducta contenida en el último párrafo del artículo a reformar, trascienden a graves violaciones a los derechos humanos de la víctima del feminicidio y los ofendidos, debilitando también la ya desgastada confianza de la sociedad en los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia en el país.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. a VII. …

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de dos mil a tres mil días multa, además será destituido e inhabilitado de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. a VII. …



Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. a VII. …



Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de dos mil a tres mil días multa, además será destituido e inhabilitado de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase en Cameras Selva, Claudia C. (coord.), Eliminación de la violencia contra la mujer, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2005, p. 33.

2 Citado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), Panamá, documento disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf

3 Cantón, Santiago, 2013, "La evolución del sistema interamericano de derechos humanos en la protección de los derechos humanos de las mujeres en las Américas", en Alcoceba, Amparo y Quispe, Florabel (coords.), Feminicidio: El fin de la impunidad, Valencia, Tirant lo Blanch.

4 Adoptada como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en Paris.

5 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996; México se adhiere al Pacto el 24 de marzo de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1981.

6 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, México se adhiere al Pacto el 23 de marzo de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

7 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1976, entró en vigor en septiembre de 1981, tras ser ratificada por diversos países. Suscrita por México el 17 de julio de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

8 Rodríguez Huera, Gabriela, "La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)" (Fascículo 6), texto que forma parte de la Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (Obra Completa),  México, Comisión Nacional de  los Derechos Humanos, 2015, p.17.

9 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, Suscrita por México en 1995, ratificada el 12 de noviembre de 1998 y publicado el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)", Aguascalientes, Ags., 23 de noviembre de 2016, consultado el 16/06/2017 [en línea], disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf

11 Duran, Valeria, Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consultado el 16/06/2017 [en línea], información disponible en:
http://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/index.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), d la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La naturaleza generosa de nuestro país ha permitido la vasta creación de bebidas alcohólicas cuya manufactura refleja las condiciones geográficas y meteorológicas de cada zona productora, pero también la idiosincrasia de los productores y consumidores. La tradición etílica en nuestro país también es fruto de la resistencia, pues supo sobrevivir en condiciones de adversidad tales como las restricciones formuladas desde la metrópoli española, la pérdida de buena parte de nuestro territorio tras la guerra con los Estados Unidos de 1846 a 1848 y los cambios que han operado en los sistemas de producción y el gusto de los mexicanos.

La cultura de consumo de alcohol debe ser reconocida como una de las más ricas de mundo, pues a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestro país es posible producir con calidad bebidas de las más variadas características. Así, mientras que en la Europa meridional se producen vinos y otros derivados de la uva, en la septentrional se fabrican otra clase de productos como la cerveza, el vodka o el whiskey, entre otras, pero no todas ellas en un solo país con los mismos márgenes de calidad, esto debido a las condiciones del clima que no permiten el cultivo simultáneo de aquellos granos de los cuales se obtienen las bebidas. En España, Italia, Portugal y Francia se producen excelentes vinos y brandis, en el Reino Unido se fabrican cervezas y whiskeys extraordinarios y en Europa oriental el vodka. Alemania sería un caso singular, pues en dicha nación es posible la producción de caldos y cervezas de gran sabor.

Visto desde esta perspectiva, México es un país excepcional, pues a lo largo de nuestro territorio es posible hallar aguardientes derivados de cactáceas, el maíz, la uva o la caña de azúcar, así como bebidas ancestrales como el tesgüino y el pulque o de adopción relativamente reciente, como la cerveza. Tequila, bacanora, sotol, aguardiente, charanda, parras, vino de mesa y mezcal son algunos de las denominaciones que dan fama a nuestra tradición etílica, ingresos a nuestros productores y divisas para el desarrollo nacional y regional.

El reconocimiento social y el consumo de cada bebida varía de región en región y consumidor en consumidor. Mientras entre las clases más acomodadas se empieza a arraigar el aprecio por el vino nacional y la cerveza artesanal, entre ciertas comunidades pervive el gusto por el pulque, los aguardientes y el tesgüino. Son precisamente los derivados del agave los que más arraigo han adquirido durante los últimos años entre los consumidores de México y el mundo, convirtiéndose el tequila y el mezcal en las bebidas de exportación más emblemáticas.

De una búsqueda realizada en páginas electrónicas encontramos que el mezcal se obtiene de la destilación de una planta llamada maguey o agave. El nombre de esta bebida le habría sido otorgado desde hace al menos 400 años a las bebidas obtenidas de la destilación de los mostos fermentados de las piñas o cabezas cocidas de maguey o agave. Entre 28 y 39 especies de agave han sido empleadas tradicionalmente para elaborar mezcal en por lo menos 26 estados de la República y, existen, por tanto, gran cantidad de mezcales según la especie o combinación de especies y los instrumentos y procesos de elaboración, que cambian de una región a otra: tequila, bacanora, raicilla, minero, de pechuga, tobalá, tuche y tuxca. Las diferencias en los procesos están dadas por los recipientes usados para la fermentación, la destilación y el reposo (barro, madera, troncos, cueros, vidrio, roca y cobre) y los aditivos (carne, frutas, insectos y especias), de acuerdo con cada tradición. 1

El estado que ha cobrado mayor fama por su producción mezcalera lo es Oaxaca, pero ello no obsta para reconocer que en otras entidades se produce esta misma bebida bajo márgenes de calidad muy altos que en nada desmerecen frente a las originarias de dicha entidad sureña. Tal es el caso de San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

En el caso de esta última entidad, y tal como ya lo mencionamos en otra oportunidad ante esta misma tribuna,2 la producción se centra en su región sureste, la cual comprende siete municipios caracterizados por un clima semiárido que imprime un alto riesgo para la agricultura de granos básicos y forrajes. En Pinos y Villa Hidalgo la producción de agave mezcalero es de las pocas actividades productivas que se adaptan a las condiciones prevalecientes y, dado que esta bebida tiene denominación de origen, entonces su elaboración se presenta como una opción para que los habitantes de la región también puedan mejorar su nivel de ingreso.3

También existen en el estado antiguos cascos de haciendas en donde aún se produce mezcal, tanto de forma artesanal como industrial. Tal es el caso de La Pendencia y Trinidad del Norte, las cuales se han convertido en atractivos turísticos que tienen posibilidades de posicionarse durante los próximos años.

Ahora bien, debemos reconocer que las regiones donde se produce mezcal comparten características físicas que las vuelven poco aptas para la siembra de cereales y leguminosas. Hablamos de zonas áridas con climas calurosos extremos, escasas precipitaciones pluviales y pocas fuentes de extracción hídrica, lo que significa la prevalencia de condiciones muy duras para la sobrevivencia de sus habitantes.

Tal y como lo afirmamos en el punto de acuerdo a que ya hemos hecho referencia, la producción mezcalera constituye una oportunidad formidable para potenciar el desarrollo de aquellos municipios en donde se produce este aguardiente. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, municipios mezcaleros como Jalpa y Teúl tenían hasta el año 2014 un alto grado de intensidad migratoria,4 problemática que debe resolverse con la creación de oportunidades, para así lograr que la gente se arraigue a sus lugares de origen. Derivado de lo anterior, resulta plausible buscar la manera de apoyar a los productores para que estos, a su vez, ayuden a detonar el progreso en sus comunidades.

Una forma de lograr lo anterior consiste en reducir las cargas administrativas que corren a cargo de los fabricantes de mezcal, pues ello puede ayudarles a reducir sus costos, pero también para hacer más ágil la comercialización de la bebida. Es decir, de lo que se trata es de que se dedique más a lo suyo, que es la fabricación, y menos al agotamiento de trámites burocráticos.

Ahora bien, un beneficio de esta naturaleza, aunque deseable para la generalidad de los productores, creemos que debe ser aplicado preferentemente a favor de los pequeños fabricantes, ya que es a ellos a quienes dicha clase de gastos les produce una mayor merma, dado que su margen de ganancia e infraestructura no son tan sólidos. Nuestra reflexión parte del principio de que debe tratarse de forma igual a los iguales, y desigual a los desiguales.

Es por ello que se propone la reforma al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de establecer que los pequeños productores de mezcal quedarán relevados de cumplir las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII y XIII de ese mismo artículo, referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para destilación, producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de mezcal no sea mayor a 100,000 litros.

Creemos que una modificación como la aquí propuesta no desvirtúa la naturaleza de la contribución de mérito, ni mucho menos fomenta el vicio entre nuestros compatriotas, ya que no reduce la carga fiscal, sino que fomenta el crecimiento de los pequeños productores, quienes así podrán dedicarse a lo que es verdaderamente les corresponde, que es la fabricación de mezcal, provocando con ello condiciones igualitarias de competencia.

Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTICULO 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H); 2o.-A y 2o.-C de esta Ley.

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones con el público en general, en el comprobante fiscal que expidan no trasladarán expresamente y por separado el impuesto establecido en esta Ley, salvo que el adquirente sea contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con el impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, se deberán ofrecer los bienes gravados por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F), G) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.


Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en los meses de enero y julio de cada año.

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes fiscales que se expidan se deberá especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

III. Presentar las declaraciones e informes previstos en esta Ley, en los términos que al efecto se establezcan en el Código Fiscal de la Federación. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Los productores e importadores de cigarros, deberán registrar ante las autoridades fiscales, dentro del primer mes de cada año, la lista de precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, clasificados por marca y presentación, señalando los precios al mayorista, detallista y el precio sugerido de venta al público.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades fiscales cuando exista alguna modificación en los precios, debiendo presentar a las citadas autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que esto ocurra, la lista de precios de venta que estará vigente a partir del momento de la modificación.

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada.

 

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal.

Para los casos de vinos de mesa de hasta 14° GL podrán adherir el marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y del propio envase.

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo de cada año, la información que corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así como de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que los bienes se consumen en el lugar en el que se hace la entrega material del producto, de acuerdo con el comprobante fiscal.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que presten los servicios a que se refiere el inciso A) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, la separación en su contabilidad y registros, de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta ajena.

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

 

Los contribuyentes que tengan uno o varios establecimientos ubicados en una entidad federativa diferente al de la matriz, deberán presentar la información a que se refiere el párrafo anterior por las operaciones que correspondan a dichos establecimientos para su consumo final.

La información a que se refiere esta fracción y la fracción VI de este artículo, será la base para la determinación de las participaciones a que se refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribuyente.

 

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

La obligación a que se refiere esta fracción no será aplicable a los productores de vinos de mesa.

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

XII. Los fabricantes, productores y envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, deberán reportar en el mes de enero de cada año, al Servicio de Administración Tributaria, las características de los equipos que utilizarán para la producción, destilación, envasamiento y almacenaje de dichos bienes, así como de los contenedores para el almacenaje de dichos bienes cuando no se trate de equipo.

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia la fecha de inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento, con quince días de anticipación al mismo, acompañando la información sobre las existencias de producto en ese momento. Igualmente, deberán reportar la fecha en que finalice el proceso, dentro de los quince días siguientes a la conclusión del mismo, acompañando la información sobre el volumen fabricado, producido o envasado.

 

En el caso de que se adquieran o se incorporen nuevos equipos de destilación o envasamiento, se modifiquen los instalados o se enajenen los reportados por el contribuyente, se deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a que esto ocurra.

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

 

Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir con la obligación a que se refiere esta fracción en los meses de enero y julio de cada año.

 

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, los fabricantes, productores, envasadores e importadores, de bebidas alcohólicas, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y precintos, según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta Ley y disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan.

XV. Los productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas estarán obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre inmediato anterior.
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción o terceros con ellos  relacionados, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, con motivo de la solicitud de marbetes o precintos que realicen, la información o       documentación que sea necesaria para constatar el uso adecuado de los marbetes o precintos que les hayan sido entregados.

XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se refiere el numeral 3 del inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a llevar un control volumétrico de producción y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe que contenga el número de litros producidos de conformidad con el citado control, del trimestre inmediato anterior a la fecha en que se informa.

 

XVII. Proporcionar la información que del impuesto especial sobre producción y servicios se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

 

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia esta Ley, que enajenen al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se        enajenen, deberán destruir los envases que las contenían, inmediatamente después de que se haya agotado su contenido.

XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

XX. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en el que manifiesten el total de litros de cerveza enajenados y la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en el que manifiesten el total de litros de cerveza importados en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, así como la capacidad en litros del total de los envases de cerveza exportados en cada uno de los meses del citado ejercicio inmediato anterior.

XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza enajenados y de la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada mes. Los importadores de cerveza que apliquen la disminución antes mencionada estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza importados en cada mes y de la capacidad en litros del total de envases de cerveza exportados en cada mes.

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener clasificaciones por presentación, capacidad medida en litros y separar los litros de cerveza por los que deba pagarse el impuesto conforme a la tasa prevista en el artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, de aquellos por los que deba pagarse la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de la misma, así como la demás información que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán llevar una cuenta de control que adicionarán con las exportaciones de envases de cerveza recolectados y se disminuirá con las importaciones de cerveza por las que se haya aplicado el citado monto. La referida cuenta de control deberá estar clasificada por las distintas presentaciones de los envases, señalando su capacidad medida en litros.

Cuando los contribuyentes no cumplan con los registros establecidos en esta fracción, dichos registros sean falsos o no se cuente con la documentación soporte de los mismos, no se tendrá derecho a la disminución prevista en el artículo 2o.-C de esta Ley.

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, así como registrar, almacenar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referido código.

Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán cumplir con lo siguiente:

a) Imprimir el código de seguridad con las características técnicas y de seguridad que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

b) Imprimir el código de seguridad en la línea de producción de las cajetillas de cigarros o antes de la importación a territorio nacional de las mismas, utilizando los mecanismos o sistemas que cumplan las características técnicas y de seguridad que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

c) Registrar y almacenar la información contenida en el código de seguridad, así como la información de la impresión del mismo en las cajetillas de cigarros, generada por los mecanismos o sistemas de impresión del referido código, en los términos que determine el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

d) Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los registros que se realicen conforme al inciso anterior, en los términos que determine dicho órgano desconcentrado, mediante reglas de carácter general.

e) Instrumentar las demás características técnicas y de seguridad que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

La impresión del código de seguridad, así como el registro, almacenamiento y el proporcionar la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referido código, se deberá realizar a través de los proveedores de servicios de impresión de códigos de seguridad previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Cuando los proveedores autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad incumplan con alguna de las obligaciones que deriven de la autorización, o bien cuando no atiendan a lo señalado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado podrá revocar las autorizaciones correspondientes.

El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, la información o la documentación a que se refieren los párrafos primero y segundo de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, proveedores, clientes, operaciones y mecanismos que estime necesaria, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo momento verificaciones en los locales, establecimientos o domicilios de los mismos, a efecto de constatar el cumplimiento de las obligaciones a que se encuentran afectos.

 

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que permitan constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos primero, segundo y cuarto de esta fracción y en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, deberán permitir a las autoridades fiscales la realización de las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, o bien, cuando no atiendan lo señalado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado impondrá las sanciones que procedan, conforme al Código Fiscal de la Federación.

XXIII. Los importadores de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, para los efectos de pagar el impuesto en la importación, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, el número de litros de bebidas saborizadas con azucares añadidos que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. Las especificaciones no podrán ser menores a las que el importador manifieste en la enajenación que de dichos bienes haga en el mercado nacional.

ARTICULO 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H); 2o.-A y 2o.-C de esta Ley.

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones con el público en general, en el comprobante fiscal que expidan no trasladarán expresamente y por separado el impuesto establecido en esta Ley, salvo que el adquirente sea contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con el impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, se deberán ofrecer los bienes gravados por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F), G) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en los meses de enero y julio de cada año.

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes fiscales que se expidan se deberá especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

III. Presentar las declaraciones e informes previstos en esta Ley, en los términos que al efecto se establezcan en el Código Fiscal de la Federación. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Los productores e importadores de cigarros, deberán registrar ante las autoridades fiscales, dentro del primer mes de cada año, la lista de precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, clasificados por marca y presentación, señalando los precios al mayorista, detallista y el precio sugerido de venta al público.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades fiscales cuando exista alguna modificación en los precios, debiendo presentar a las citadas autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que esto ocurra, la lista de precios de venta que estará vigente a partir del momento de la modificación.

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada.

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal.

Para los casos de vinos de mesa de hasta 14° GL podrán adherir el marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y del propio envase.

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo de cada año, la información que corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así como de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que los bienes se consumen en el lugar en el que se hace la entrega material del producto, de acuerdo con el comprobante fiscal.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que presten los servicios a que se refiere el inciso A) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, la separación en su contabilidad y registros, de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta ajena.

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

Los contribuyentes que tengan uno o varios establecimientos ubicados en una entidad federativa diferente al de la matriz, deberán presentar la información a que se refiere el párrafo anterior por las operaciones que correspondan a dichos establecimientos para su consumo final.

La información a que se refiere esta fracción y la fracción VI de este artículo, será la base para la determinación de las participaciones a que se refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribuyente.

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

La obligación a que se refiere esta fracción no será aplicable a los productores de vinos de mesa.

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XII. Los fabricantes, productores y envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, deberán reportar en el mes de enero de cada año, al Servicio de Administración Tributaria, las características de los equipos que utilizarán para la producción, destilación, envasamiento y almacenaje de dichos bienes, así como de los contenedores para el almacenaje de dichos bienes cuando no se trate de equipo.

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia la fecha de inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento, con quince días de anticipación al mismo, acompañando la información sobre las existencias de producto en ese momento. Igualmente, deberán reportar la fecha en que finalice el proceso, dentro de los quince días siguientes a la conclusión del mismo, acompañando la información sobre el volumen fabricado, producido o envasado.

En el caso de que se adquieran o se incorporen nuevos equipos de destilación o envasamiento, se modifiquen los instalados o se enajenen los reportados por el contribuyente, se deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a que esto ocurra.

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir con la obligación a que se refiere esta fracción en los meses de enero y julio de cada año.

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, los fabricantes, productores, envasadores e importadores, de bebidas alcohólicas, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y precintos, según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta Ley y disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan.

XV. Los productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas estarán obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre inmediato anterior.
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción o terceros con ellos relacionados, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, con motivo de la solicitud de marbetes o precintos que realicen, la información o      documentación que sea necesaria para constatar el uso adecuado de los marbetes o precintos que les hayan sido entregados.

XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se refiere el numeral 3 del inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a llevar un control volumétrico de producción y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe que contenga el número de litros producidos de conformidad con el citado control, del trimestre inmediato anterior a la fecha en que se informa.

XVII. Proporcionar la información que del impuesto especial sobre producción y servicios se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia esta Ley, que enajenen al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se        enajenen, deberán destruir los envases que las contenían, inmediatamente después de que se haya agotado su contenido.

XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XX. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en el que manifiesten el total de litros de cerveza enajenados y la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en el que manifiesten el total de litros de cerveza importados en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, así como la capacidad en litros del total de los envases de cerveza exportados en cada uno de los meses del citado ejercicio inmediato anterior.

XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza enajenados y de la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada mes. Los importadores de cerveza que apliquen la disminución antes mencionada estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza importados en cada mes y de la capacidad en litros del total de envases de cerveza exportados en cada mes.

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener clasificaciones por presentación, capacidad medida en litros y separar los litros de cerveza por los que deba pagarse el impuesto conforme a la tasa prevista en el artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, de aquellos por los que deba pagarse la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de la misma, así como la demás información que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán llevar una cuenta de control que adicionarán con las exportaciones de envases de cerveza recolectados y se disminuirá con las importaciones de cerveza por las que se haya aplicado el citado monto. La referida cuenta de control deberá estar clasificada por las distintas presentaciones de los envases, señalando su capacidad medida en litros.

Cuando los contribuyentes no cumplan con los registros establecidos en esta fracción, dichos registros sean falsos o no se cuente con la documentación soporte de los mismos, no se tendrá derecho a la disminución prevista en el artículo 2o.-C de esta Ley.

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, así como registrar, almacenar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referido código.

Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán cumplir con lo siguiente:

a) Imprimir el código de seguridad con las características técnicas y de seguridad que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

b) Imprimir el código de seguridad en la línea de producción de las cajetillas de cigarros o antes de la importación a territorio nacional de las mismas, utilizando los mecanismos o sistemas que cumplan las características técnicas y de seguridad que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

c) Registrar y almacenar la información contenida en el código de seguridad, así como la información de la impresión del mismo en las cajetillas de cigarros, generada por los mecanismos o sistemas de impresión del referido código, en los términos que determine el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

d) Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los registros que se realicen conforme al inciso anterior, en los términos que determine dicho órgano desconcentrado, mediante reglas de carácter general.

e) Instrumentar las demás características técnicas y de seguridad que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

La impresión del código de seguridad, así como el registro, almacenamiento y el proporcionar la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referido código, se deberá realizar a través de los proveedores de servicios de impresión de códigos de seguridad previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Cuando los proveedores autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad incumplan con alguna de las obligaciones que deriven de la autorización, o bien cuando no atiendan a lo señalado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado podrá revocar las autorizaciones correspondientes.

El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, la información o la documentación a que se refieren los párrafos primero y segundo de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, proveedores, clientes, operaciones y mecanismos que estime necesaria, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo momento verificaciones en los locales, establecimientos o domicilios de los mismos, a efecto de constatar el cumplimiento de las obligaciones a que se encuentran afectos.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que permitan constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos primero, segundo y cuarto de esta fracción y en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, deberán permitir a las autoridades fiscales la realización de las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, o bien, cuando no atiendan lo señalado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado impondrá las sanciones que procedan, conforme al Código Fiscal de la Federación.

XXIII. Los importadores de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, para los efectos de pagar el impuesto en la importación, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, el número de litros de bebidas saborizadas con azucares añadidos que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. Las especificaciones no podrán ser menores a las que el importador manifieste en la enajenación que de dichos bienes haga en el mercado nacional.

“Los pequeños productores de mezcal, quedarán relevados de cumplir las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII y XIII de este artículo, referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para destilación, producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de mezcal no sea mayor a 100,000 litros.”

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 19. ...

I. … a “XXIII. ...

“Los pequeños productores de mezcal, quedarán relevados de cumplir las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII y XIII de este artículo, referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para destilación, producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de mezcal no sea mayor a 100,000 litros.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: http://www.todomezcal.com/historia.htm

2 Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Turismo a promover como atractivo turístico la ruta del mezcal del estado de Zacatecas, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente del 30 de mayo de 2017.

3 Consultado en < https://drive.google.com/file/d/0Bxhq0kGgCsA7eWJOTGNjLWdwTVU/edit>, el 26 de mayo de 2017 a las 14:12 horas.

4 Consultado en
< http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_
2000-2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_
migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf>, el 25 de mayo de 2017 a las 18:13 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 Y ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por los integrantes del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad la globalización, supone un importante cambio en la dinámica laboral, cultural, social y política de las personas, imponiendo la necesidad de una mayor movilidad entre los países e incluso entre las regiones que conforman una nación, por lo que los sistemas de transporte aéreo se han convertido en una herramienta que permite que las personas y los bienes se desplacen con mayor velocidad, seguridad y eficiencia. Incluso aún, con las restricciones impuestas a la seguridad en el transporte de pasajeros por las aerolíneas, derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la demanda de este tipo de servicios ha ido en aumento constante.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes1 al año de 2014, se tenían registradas 2,153 aeronaves con matrícula de uso comercial y 6,888 con matrícula particular, en 76 aeropuertos a nivel nacional, 12 de ellos con cabotaje internacional, en el año de 2013, se atendieron 93'786,863 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, en 1'700,249 operaciones aéreas, destacando el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que en el año de 2013, atendió un poco más de 31 millones de pasajeros, estas cifras revelan la dimensión de una industria creciente, que responde a las necesidades de la globalización y el flujo de personas que demanda este proceso.

Sin embargo, las personas con discapacidad, no tienen actualmente las condiciones necesarias y suficientes para acceder a los servicios de transporte aéreo con equidad, independencia, autonomía, accesibilidad; por lo que cuando requieren utilizar dichos servicios encuentran prácticas y omisiones que los discriminan.

Derivado de ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013, la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo.2La cual establece criterios y responsabilidades para los prestadores de servicios y autoridades que permitirían a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a dichos servicios e instalaciones relativas. Más, hoy día aún persisten prácticas discriminatorias y excluyentes que impiden o limitan el acceso a las personas con discapacidad, por lo que es el interés de la Iniciativa incorporar en la Ley General de Aviación Civil, el principio de accesibilidad como una condición necesaria y suficiente para el acceso a los servicios e instalaciones, pero igualmente como un derecho exigible, donde las autoridades tengan la responsabilidad de velar por su estricta aplicación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su Artículo 1º, señala la prohibición de cualquier forma de discriminación, particularmente y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, la discapacidad no será motivo alguno para discriminar, incluso de manera omisa, a las personas.

Más aún, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), es puntual al describir la ausencia de accesibilidad en el entorno y la negación a la solicitud de ajustes razonables, como formas de discriminación hacia las personas, en particular las que tienen discapacidad.

De igual forma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en su artículo 9 y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16, señalan a la accesibilidad como un derecho, el cual debe asumirse como una condición previa para que las personas puedan acceder a todos los derechos enmarcados en la Ley y los Tratados Internacionales, de los que el Estado sea parte, recordando la supremacía legal que observan en la Unión, los últimos mencionados, de acuerdo al texto del Artículo 133 Constitucional.

Sea entonces que de acuerdo a lo anteriormente señalado que se considera:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º3, refiere las siguientes responsabilidades a las autoridades competentes, de acuerdo a lo expresado en sus párrafos primero, tercero y quinto que se citan a continuación:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

[]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del texto de su artículo 9 obliga a los Estados Parte a reconocer y eliminar progresivamente las barreras que impiden o limitan el acceso de las personas con discapacidad a su entorno, de forma particular y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, aquellas barreras referentes al transporte y uso de instalaciones públicas o de carácter público, de acuerdo al texto siguiente:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

[]

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

[…]

Que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entidad responsable de la evaluación sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en los Estados Parte, refirió lo siguiente de acuerdo al artículo 9:

Accesibilidad (artículo 9)4

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención. .

20. El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad;

(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;

(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;

(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y

(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación clarifica que la ausencia de accesibilidad y la negación del derecho a solicitar ajustes razonables se consideran formas de discriminación, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 9 párrafo primero, fracciones XXII Bis y Ter5.

Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden)

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: …

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad, extendido este concepto de la siguiente forma, en su artículo 196 que establece la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo al siguiente texto:

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

[…]

La Observación General No. 2, sobre el artículo 97,  de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un texto particularmente enriquecedor, cuya lectura a efectos de comprender el alcance y los términos de la accesibilidad, resulta pertinente para apropiarse debidamente de ellos y no consentirla como una acción de beneficio particular a un sector de la sociedad, que puede resultar sobre costeable en términos económicos.

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.

25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.

Sin embargo, la visión que actualmente impera en la sociedad y sobre todo en los prestadores de servicios, es que la accesibilidad es incosteable, que las personas con discapacidad no representan un mercado atractivo y que por ende las modificaciones a las instalaciones, además de la capacitación permanente de las plantillas laborales entre otras acciones, no representan más que un aumento en los costos de operación

Además, existen prácticas que ponen por encima los intereses comerciales a los requerimientos de las personas, un caso particular es la asignación de los primeros asientos de las aeronaves comerciales, cuya disposición física permite que las personas con discapacidad, en particular las que tienen una limitada movilidad, puedan viajar con seguridad y dignidad; sin embargo, diversas aerolíneas tienen precios diferenciados con mucho mayor coste para las primeras filas de asientos, este hecho en particular supone una forma de discriminación para las personas con discapacidad, puesto que se debe considerar el ingreso a un asiento con mayor espacio y fácil acceso, como una solicitud de ajustes razonables, puesto que no sitúa una carga desproporcionada, debido a que la persona con discapacidad cuando compra su pasaje lo hace en igualdad de condiciones y sólo requiere de un mayor espacio para ingresar y viajar con seguridad y dignidad en la aeronave.

Adicionalmente, quien suscribe el día 30 de marzo del año en curso, presentó una Iniciativa8, ante el Pleno del Senado de la República, que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la intención de hacer de la accesibilidad un principio rector en la relación entre proveedores de bienes y servicios y consumidores, de forma particular cuando los segundos sean personas con discapacidad. De tal forma que la autoridad responsable vigile y realice las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas, que en materia de accesibilidad se dispongan, de forma que supervise aquellas relaciones donde las personas con discapacidad no pueden acceder de forma igualitaria y digna a bienes y servicios, tales como el transporte aéreo, de la cual se cita lo siguiente:

El papel del Estado, representado a efectos de la Ley, se atribuye a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, quien en orden del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de las fracciones XXII, Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación citadas con anterioridad en la Exposición de Motivos (sic), es quien debe ejercer la acción legal necesaria para asegurar la accesibilidad como un derecho previo a una relación comercial y la protección del derecho a solicitar ajustes razonables, como una acción inmediata que permita acceder en igualdad de condiciones y con el mayor respeto a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, a un producto o servicio que ofrezcan los proveedores.

En este orden es que se propone ante el Pleno del Senado de la República reformar la Ley de Aviación Civil, al tenor de la siguiente tabla comparativa:

Ley de Aviación Civil

Iniciativa

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento o ayuda técnica, así como animales de asistencia presentando un certificado que lo avale, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

(Sin Correlativo)

Artículo 50 Bis.- De manera enunciativa y no limitativa, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a:

I. Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios de transporte aéreo.

II. Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les permitan ingresar y viajar con seguridad y dignidad.

III. Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones aeroportuarias en servicios de interconexión

IV. Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e independencia sean consideradas equipaje de mano.

V. Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; recibiendo la información necesaria para su traslado.

Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor accesibilidad posible en todos sus procesos, incluyendo el acceso a la información en formatos accesibles principalmente la Lengua Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de traslado y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida que así lo requieran. Para lo cual dispondrán de un programa permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las personas con discapacidad y sus derechos como pasajeros.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 50 y se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Aviación Civil, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento o ayuda técnica, así como animales de asistencia presentando un certificado que lo avale, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados

Artículo 50 Bis.- De manera enunciativa y no limitativa, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a:

I. Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios de transporte aéreo.

II. Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les permitan ingresar y viajar con seguridad y dignidad.

III. Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones aeroportuarias en servicios de interconexión

IV. Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e independencia sean consideradas equipaje de mano.

V. Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; recibiendo la información necesaria para su traslado.

Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor accesibilidad posible en todos sus procesos, incluyendo el acceso a la información en formatos accesibles principalmente la Lengua Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de traslado y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida que así lo requieran. Para lo cual dispondrán de un programa permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las personas con discapacidad y sus derechos como pasajeros.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1•Datos•Disponibles•en:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2014.pdf

2 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF:10- 06-2011, disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

4 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, disponible en:
http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico

5 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado: 23-06-2014, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf

6 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; DOF: 30-05-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

7 Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 "Accesibilidad", de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Disponible en:
http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf

8 Disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/asun_3511816_20170330_1490889074.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una aplicación es un programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico, diseñado para el beneficio del usuario final,1 cuyo uso se ha vuelto cotidiano, a tal grado, que resultan útiles para proveernos de información, establecer relaciones, desarrollar actividades lúdicas y adquirir bienes y servicios, entre muchas otras posibilidades.

De acuerdo con Barzanallana, las aplicaciones "interactivas poco a poco han revolucionado la forma de utilizar internet, aumentando el contenido de las páginas con texto estático (texto que no evoluciona, sino que permanecen como es) a un contenido rico e interactivo, por lo tanto, escalable." 2 El profesor de la Universidad de Murcia refiere que tales herramientas no son nuevas, sino que surgieron desde hace casi treinta años, mucho antes de que se popularizara el uso de internet, pero que el desarrollo de estas se aceleró a partir de la década pasada, con la creación de sitios como MySpace, YouTube, Facebook y Twitter, así como con la aparición de los teléfonos inteligentes.

El éxito de estos instrumentos informáticos es tal, que para 2012 Youtube ofrecía cerca de 4,000 millones de videos al día, mientras que Twitter procesó cerca de 340 millones de "tweets" diariamente ese mismo año, lo que equivalía a cerca de 4,000 mensajes de estos por segundo. Facebook, por su parte, con sus más de 900 millones de usuarios en 2012, llegó a ser el segundo sitio más visitado en el planeta y tuvo la mayor cantidad de fotos compartidas por los usuarios con un total de casi 500,000 millones subidas a la plataforma.

En el caso de nuestro país, hasta el año 2015 había 107.8 millones de líneas móviles, así como 79 millones de personas que para conectarse al internet recurrían al uso de tabletas o celulares, valiéndose para ello de redes WiFi, las cuales cada vez son más comunes en lugares públicos como centros comerciales, parques, cafeterías o escuelas. Este incremento obedece a la reducción de los precios de los dispositivos móviles, así como a la aparición de equipos asequibles de gama baja con posibilidades de plena de plena conectividad.3 Visto así, el mercado nacional de las telecomunicaciones ofrece posibilidades amplias de desarrollo para el uso de aplicaciones.

El uso de las aplicaciones ha crecido aceleradamente en México, ya que nuestro país ocupa el segundo lugar en América Latina en la creación de tales herramientas, sólo después de Brasil, y su crecimiento está impulsado por el incremento en la penetración de smartphones y dispositivos móviles, así como por la necesidad de empresas, dependencias de gobierno y organizaciones por entrar a la movilidad, a través de sus propias apps. El tamaño de este negocio se traducía hasta hace tres años en ingresos que rondaban los 400 millones de dólares, el doble de lo que facturó en 2013, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI). De acuerdo con dicho organismo, en nuestro país se descargaban hasta hace dos años 60 mil aplicaciones al día y en promedio un usuario tenía 20 apps instaladas en sus teléfonos móviles, de las cuales, cuatro eran de paga y se estimaba que el 90 por ciento de los dueños de smartphones consultaba sus aplicaciones diariamente.4

Al espectacular crecimiento del mercado de las aplicaciones no debe sustraerse el sector público, sino que deben desarrollarse estos instrumentos a fin de acercar servicios a la población, dotarla de información útil para su vida diaria, proveerla de datos en casos de emergencia y tenerla al tanto sobre la gestión gubernamental. A partir de una visión de este tipo, las aplicaciones se pueden volver un instrumento que ayude a forjar ciudadanía y a consolidar nuestra democracia.

Un rubro que presenta mayores posibilidades de crecimiento lo es el transporte público urbano, un sector que, debemos reconocerlo, padece notorias deficiencias en muchas de las ciudades de nuestro país, sea que se hable de unidades viejas, conductores desprovistos de vocación de servicio, rutas mal diseñadas, itinerarios imprevisibles, carencia de unidades adaptadas a personas vulnerables, congestionamientos viales, tarifas exorbitantes, infracciones a los reglamentos de tránsito, monopolios, violencia de género o existencia de organizaciones clientelares.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018, en nuestro país actualmente existen 32 ciudades con más de 500 mil habitantes; pero sólo el 22% de éstas cuentan con sistemas de transporte público masivos modernos. En materia de movilidad urbana y suburbana de pasajeros, refiere dicho instrumento de planeación, México se ha caracterizado por la alta congestión y emisiones de carbono en aumento, causados por el uso excesivo de automóviles y la presencia de sistemas de transporte público de baja calidad. Todo esto impulsado por un patrón de desarrollo urbano disperso, de baja densidad y sin usos de suelo mixtos. Por ello, refiere dicho instrumento de planeación, "resulta imperativo promover el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte urbano eficientes y sustentables, tales como sistemas de autobús rápido BRT, autobuses articulados, trenes ligeros, metros y sistemas de transporte no motorizado."

Como consecuencia de lo anterior, en el programa se establecen diversas líneas de acción tendientes a optimizar el desplazamiento urbano, a saber:

• Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, de bicicletas y de racionalización del uso del automóvil;

• Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una planeación integral de la movilidad urbana sustentable;

• Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular del transporte público, y

• Promover la instalación de sistemas de video-vigilancia en el transporte público para identificar a agresores de mujeres y niñas.

No sólo compartimos las inquietudes expresadas en el multicitado programa, sino que creemos que, en tanto legisladores, debemos emitir propuestas tendientes al mejoramiento del transporte urbano en el país y para ello proponemos la adopción de aplicaciones por parte de los tres niveles de gobierno, una solución sencilla que nos ofrece la tecnología para mejorar este servicio público, cuyo uso, como referimos con anterioridad, ya es sumamente popular, a tal grado que resulta inconcebible que se pueda comprar un café y una galleta con uno de estos instrumentos, pero no un boleto en el metro, el tren ligero, el autobús o los taxis.

En este último caso, ya existen aplicaciones que se utilizan para ofrecer el servicio de taxi, cuyo pago puede ser mediante tarjeta de crédito o efectivo, según lo decida el cliente o lo permita la plataforma. Sin embargo, creemos que una opción de esta naturaleza debe ofrecer también rutas, horarios, mapas, características de las unidades, consejos de seguridad, datos sobre las empresas o incluir obligaciones de transparencia y protección de datos personales.

El uso de las aplicaciones en el transporte público no es una entelequia, sino que ya se aplica en diversas ciudades del mundo como Madrid, Nueva York, Roma, Londres, Beijing, San Pablo y Santiago de Chile. Incluso, en ciudades mexicanas como la capital de la República existen aplicaciones como Ecobici, Carrot o Econduce que son de utilidad para conocer las estaciones donde se pueden conseguir bicicletas, motocicletas eléctricas o autos en renta.

La idea de todo esto sería, en principio, permitir a los usuarios acceder al transporte sin necesidad de cargar efectivo, evitando así las aglomeraciones en las taquillas, sobre todo en las horas pico, mejorando de esta manera el acceso a los vehículos y estaciones, lo que generaría también reducciones en el gasto corriente de permisionarios, concesionarios y empresas públicas. Esto también permitiría mayores niveles de seguridad en el transporte, pues permitiría conocer, en caso de alguna contingencia, la identidad de las personas que ingresaron a las instalaciones o a las unidades.

Toda vez que el transporte urbano es una facultad conferida a los estados y municipios, las posibilidades de intervención de la Federación en este rubro son limitadas, por lo que se propone una modificación al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueva a través del Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados con el autotransporte urbano de pasajeros, es decir, no se trata de una imposición violatoria del Pacto Federal o del Municipio Libre, sino que se trata de una actividad de fomento conferida a un organismo técnico especializado dedicado a la investigación en materia de movilidad.

Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTICULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, con la intervención que las leyes otorgan a la Secretaría de Marina respecto al transporte por agua, así como de las comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del país;

I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal;
II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos;

III.- (DEROGADA)

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;

V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;

VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación;

VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario;

IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas;

X.- (DEROGADA)

XI.- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales;

XII.- Fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIII.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes;

XIV.- Regular, promover y organizar la marina mercante;

XV.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas;

XVI.- Regular las comunicaciones y transportes por agua;

XVII.- Participar con la Secretaría de Marina en la aplicación de las medidas en materia de seguridad y protección marítima;

XVIII.- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado;

XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;

XX.- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios;

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;
XXIII.- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género;

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;

XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes, y

XXVII.- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.

ARTICULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, con la intervención que las leyes otorgan a la Secretaría de Marina respecto al transporte por agua, así como de las comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del país;

I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal;
II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos;

III.- (DEROGADA)

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;

V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;

VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación;

VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario;

IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas;

X.- (DEROGADA)

XI.- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales;

XII.- Fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIII.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes;

XIV.- Regular, promover y organizar la marina mercante;

XV.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas;

XVI.- Regular las comunicaciones y transportes por agua;

XVII.- Participar con la Secretaría de Marina en la aplicación de las medidas en materia de seguridad y protección marítima;

XVIII.- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado;

XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;

XX.- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios;

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;
XXIII.- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género;

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;

XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes;

XXVII.– Promover a través del Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados con el autotransporte urbano de pasajeros, y

XXVIII.- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

"ARTICULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"I.- … a "XXV. - …

"XXVI. - Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes;

"XXVII.– Promover a través del Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados con el autotransporte urbano de pasajeros, y

"XXVIII.- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/aplicacion

2 Consultado en
http://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/INFORMATICA/Historia-desarrollo-
aplicaciones-web.html, el 13 de junio de 2017 a las 18:27 horas.

3 Consultado en , el 13 de junio de 2017 a las 18:55 horas.

4 Consultado en
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/10-firmas-que-lideran-el-desarrollo-de-las-
aplicaciones-moviles-en-mexico.html, el 13 de junio de 2017 a las 19:21 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada Federal  en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I. BIS. AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Salud, guarda congruencia y uniformidad en cada uno de sus capítulos, sin embargo, es menester darle mayor precisión a cada uno de sus artículos, como es el caso, del artículo 2º, donde se establecen las finalidades del derecho a la protección de la salud.

Con la reforma realizada en 2013, se estipuló en el artículo 1º Bis, que se entiende por salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; también se estableció en la fracción I, del artículo 2º, que el bienestar físico y mental tenía como finalidad contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Como se puede apreciar, se definió qué debe entenderse por salud, y se enunciaron tres categorías de bienestar:

1. Bienestar físico.

2. Bienestar mental.

3. Bienestar social.

Las dos primeras categorías quedaron incluidas en la fracción primera del artículo segundo, y en la fracción segunda debió haber quedado, por técnica legislativa, enunciada la tercer categoría: bienestar social; empero, no fue así, por ello es necesario realizar la reforma para adicionar una nueva fracción  estableciendo claramente la definición de la tercer categoría.

De esta forma, el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad:

II. El bienestar social, para favorecer la calidad de vida de las personas.

Que es como quedaría la reforma planteada, dando congruencia, sentido y secuencia a las finalidades del derecho a la protección a la salud.

Ahora bien, debemos apuntar, que los factores para la calidad tienen que ver, con una existencia tranquila y un estado de satisfacción.

La vertiente del bienestar social, tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestra interacción con los demás; el derecho a la salud por ello incluye, el tiempo para disfrutar con la familia, los amigos y la comunidad; cultivar los afectos y contar con una red de amigos genera un nivel de vida más armónico y más saludable.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. …

I. Bis. Sin correlativo.

 

II. a VII. …

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. …

I. Bis. El bienestar social, para favorecer la calidad de vida de las personas.

II. a VII. …

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el propósito de darle sentido y congruencia a la norma, es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona la fracción I. Bis. al artículo 2° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. …

I. Bis. El bienestar social, para favorecer la calidad de vida de las personas.

II. a VII. …

TRANSITORIO.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.






Las proposiciones que cumplieron su agenda de inscripción se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instruir a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas de protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del acero. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar diversos contratos para la adquisición de medidores de luz, otorgados al grupo IUSA y sus empresas subsidiarias, así como a la empresa Controles y Medidores Especializados, durante las gestiones de Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar e informar sobre la presunta existencia de una red de corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 12 de junio pasado, se dio a conocer mediante un video, la existencia de una presunta red de corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde parece indicar, se extorsiona a algunos presidentes municipales cuyas gestiones financieras se encuentran sujetas a fiscalización.

En el referido video se aprecia al diputado local Enrique Alejandro Flores Flores del Partido Acción Nacional explicándole tal vez a uno de los ediles afectados, que debía entregar un porcentaje, que oscilaría entre un 10 y un 20% respecto del monto observado durante la fiscalización, a cambio de que fueran eliminadas las irregularidades registradas en su gestión de 2016, so pena de recibir sanciones tales como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en caso de no entregar las cantidades exigidas.

De acuerdo con la grabación en comento, de las cantidades entregadas con motivo de la extorsión también serían partícipes algunos servidores públicos adscritos al ente fiscalizador estatal, pero no sólo eso, sino que en caso de no ser pagada la extorsión las inhabilitaciones serían impuestas, aun en el supuesto de que no se hubiera “clavado un peso”.

Aunado a lo anterior, el alcalde del municipio de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, quien presuntamente es la persona sujeta a extorsión en el video, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal en contra del diputado Flores Flores y quien o quienes resulten responsables de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y los que resulten. En el texto de la denuncia el munícipe señala que el legislador le exigió dinero asegurándole que él y otros diputados locales tienen el poder para que la Auditoría no le hiciera observaciones acerca de las finanzas del ayuntamiento que preside.

Los hechos dados a conocer mediante el video de referencia han indignado sobremanera a la sociedad potosina. Líderes de opinión, miembros de la iniciativa privada y legisladores federales han manifestado su desacuerdo con las prácticas reveladas y han exigido el cese inmediato de éstas, así como el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones en caso de que sea comprobada la comisión de algún ilícito. Por su parte, el Partido Acción Nacional ha expresado su intención de expulsar de sus filas a Flores Flores, en virtud de que con su conducta ha manchado la imagen de dicho instituto político. 

Las escenas contenidas en el citado video resultan a todas luces condenables y es por ello que requerimos atentamente la intervención de la Procuraduría General de la República, a efecto de que atraiga las investigaciones correspondientes y esclarezca los hechos, contribuyendo con esto a limpiar la imagen del Poder Legislativo del Estado en particular y la del servicio público en general.

La competencia de la Auditoría Superior de la Federación, se desprende de los artículos 79, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 50, 51 y Quinto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, a partir de los cuales, la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, la realizará la Auditoría Superior de la Federación, auditando de manera directa las participaciones federales de los municipios. 

Lo anterior se afirma, toda vez que las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 se podrán fiscalizar de manera directa en 2017 por la Auditoría Superior de la Federación ya que con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Fiscalización, dicho ente puede llevar a cabo de manera directa las auditorías que correspondan, independientemente de los convenios que hubiere celebrado con las entidades fiscalizadoras locales cuando una entidad local de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos contenidos en dicho dispositivo, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos.

La gravedad del asunto amerita que se requiera de la Auditoría Superior de la Federación un informe pormenorizado acerca de las revisiones y observaciones que haya realizado en las participaciones federales de los municipios de San Luis Potosí durante el periodo que sea coincidente con la vigencia de la LXI Legislatura, que es aquella en la que se están desempeñando los probables integrantes de la red de extorsión en comento. 

Desterrar la corrupción es una tarea que nos debe involucrar a todos; la erradicación de este fenómeno implica una violación de ordenamientos jurídicos, implica desvío de recursos y significa para la sociedad, un hecho repugnante e indignante, que debe ser sancionado. La mejor forma para acabar con la corrupción es la transparencia, la rendición de cuentas, y la exigencia de que se castigue a quienes se apartan del cumplimento de la ley.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a efecto de que investigue sobre la existencia de una red de corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que brinde un informe pormenorizado sobre las auditorías practicadas a los municipios del Estado de San Luis Potosí y a que, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, que presuntamente involucran a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, realice directamente las auditorías que le competen sobre las participaciones federales a los municipios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a definir el mieloma múltiple como enfermedad de gastos catastróficos e incluir este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la disponibilidad de agua en el acuífero 3218 Cedros en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2007-2009. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar una estrategia integral para combatir el incremento de secuestros en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titula de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas, a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los últimos años, el envejecimiento de la población se ha convertido en un elemento central que ha motivado el diseño de nuevas políticas y programas para que los adultos mayores de 60 años tengan una mejor calidad de vida.

En México, cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) destacan que existen poco más de 10 millones de mexicanos de 60 años y más, y de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030, el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones.

Una de las políticas sociales más importantes centrada en la atención de las personas adultas es el afiliar y entregarles credenciales que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura. Todas las personas adultas mayores pueden solicitar su credencial del Inapam para obtener los beneficios que esa institución les otorga. Tan sólo en el año 2013, se solicitaron y entregaron 1,182,060 credenciales de afiliación y se firmaron 582 convenios de concertación y 326 de colaboración en toda la República Mexicana.

Además, en la Ciudad de México, las personas pueden viajar de manera gratuita en medios de transporte como metro, trolebús, tren ligero o de camiones de la Red de Transporte para Pasajeros (RTP).

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFEPA) ha establecido que los descuentos de pasajeros en las líneas de autobuses del país son obligatorios. Entre ellos, el 50 por ciento para los adultos mayores, el cual no debe ser exclusivo en período de vacaciones, sino que dicho sector puede solicitarlo todo el año.1

Para obtener dicho beneficio, las personas mayores de 60 años tienen que presentar una credencial que acredite su edad. Los descuentos para los adultos mayores se encuentran normados en el Acuerdo por el que se autoriza la tarifa especial para ancianos afiliados al Instituto Nacional de la Senectud (Insen), actualmente Inapam, el cual está limitado a dos lugares por vehículo en corridas regulares.

No obstante, en ocasiones los permisionarios se niegan a otorgar ese beneficio a pesar de que se trata de una disposición gubernamental. Ha aumentado el número de beneficiarios de las tarjetas Inapam que reportan que en autobuses locales y regionales no se les hace válido el descuento al que tienen derecho. En algunas entidades, ese descuento no es respetado sobre todo en corridas locales, pero si en viajes de entidad a entidad.

Las personas de la tercera edad también han manifiestado su inconformidad ante el trato por parte de los vendedores de boletos o conductores que les exigen su credencial que los avala como tal, para que se les aplique el descuento, pese a que su condición es notoria. En muchas ocasiones, los ingresos económicos son insuficientes para cubrir los gastos de transporte, ya que se destina a otros gastos primordiales como la alimentación o en la compra de medicamentos o cuidados para la salud. 

La Profeco manifestó que en caso de que el consumidor cumpla con el requisito ya mencionado para obtener un descuento y aun así se le niegue con el argumento de que ya no hay disponibilidad, puede solicitar que le muestren en el sistema para verificar si efectivamente estos ya han sido asignados.

Es necesario que los empresarios de autotransportes respeten ese derecho ya que en ocasiones las unidades hacen sus recorridos sin llegar a su capacidad y sería preferible que lleven pasajeros, aun a una baja tarifa, ya que consumen la misma cantidad de combustible. Se trata de una medida también en la que se deben considerar los ingresos económicos que afectan el bolsillo de este sector vulnerable en nuestro país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, aplicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social, el principal problema percibido por cuatro de cada diez personas adultas mayores es la dificultad para encontrar trabajo, seguido por problemáticas como la falta de salud y la discriminación e intolerancia. Además, seis de cada diez personas adultas mayores, señala que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades. Sólo dos de cada diez expresó que sus ingresos son suficientes.

Lo anterior nos muestra que el envejecimiento de la población mexicana representa un reto importante, en el presente y a futuro. Es recomendable, en consecuencia, trabajar en políticas de sensibilización y de prevención que permitan a los adultos mayores del país vivir con dignidad y bienestar y  mejorar su participación social, los servicios de salud y la capacidad de las personas mayores.

Es indispensable también mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad, que su respeto sea garantizado y específicamente, su descuento del 50 por ciento, es por ello que resulta necesario el fortalecimiento de las acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, fortalezcan las acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 Instituto Nacional de las Mujeres, Situación de las personas adultas en México, en línea [Disponible en:]
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf





De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la detonación de un artefacto explosivo en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ , Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR LA DETONACIÓN DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde su origen a mediados de la década de 1960, las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros han cometido atrocidades sistemáticas contra civiles, que incluyen el reclutamiento de niños, secuestros y delitos generalizados de violencia sexual.

Así, hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas, establecida por el gobierno, había registrado las siguientes cifras: casi 8 millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268 mil víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor de 46 mil víctimas de desaparición forzada; al menos 30 mil casos de toma de rehenes; más de 10 mil víctimas de tortura; y aproximadamente 10 mil 800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos y contra civiles siendo las minas antipersonales y ataques explosivos los más recurrentes. Las últimas cifras ligadas a este grupo guerrillero, fueron manifestadas por el Director de la Fundación Paz y Reconciliación de la República de Colombia, Ariel Ávila, quien compartió tener un registro de 23 ataques con explosivos en los años 2015-2017, relacionados a disputas personales y extorsiones.

Entre 2003 y 2006, se constató que organizaciones paramilitares que han tenido estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos que participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves errores, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos; los cuales continuaron cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual.

Con el propósito de poner fin a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases para la paz, el Gobierno de Colombia y las FARC-Ejército del Pueblo iniciaron en agosto de 2012 el proceso exploratorio de los puntos que conformarían la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; el cual estaría encaminado a definir reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demandara, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Dicho Acuerdo Político Nacional, fue ratificado por el Congreso de Colombia el 30 de noviembre de 2016, acción que suponía el marcar oficialmente el fin del conflicto armado entre el gobierno y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de un proceso de desmovilización y desarme de 6 meses de duración; no obstante, hubo un aumento de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunado a que se documentó que al concluir el año 2016, aún no se había iniciado un proceso de paz con el segundo mayor grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pasado 17 de junio de 2017, en uno de los centros más exclusivos de la capital del país, el Centro Comercial Andino,se llevó a cabo un atentado en el baño de mujeres, el cual tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de 3 civiles de las cuales una era ciudadana francesa de 23 años recién llegada de Cuba y quien trabajaba para una ONG vinculada con reinsertados; cabe destacar que fue parte del Comité de recepción del ex presidente François Hollande cuando este visitó uno de los campamentos ocupados por la FARC.

Expertos en seguridad y conflictos armados, a pesar de desconocer al responsable del ataque civil, consideran que el atentado fue una forma de acudir al terror y hacer un llamado al Gobierno, con el objetivo de presionarlo o simplemente desestabilizar el próximo cierre de la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión condena el atentado terrorista ocurrido en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, en la República de Colombia, al tiempo que envía sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 28 de junio de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los alcances y límites que ha obtenido el Programa "Somos Mexicanos". Se turna a la Segunda Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 6 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores implementaron la estrategia "Somos Mexicanos". Esta iniciativa funciona a través del Instituto Nacional de Migración en sus 32 delegaciones federativas y se formó con el objetivo de brindar a los mexicanos que regresan al país voluntaria e involuntariamente, principalmente de los Estados Unidos de América, una atención integral a través de un modelo interinstitucional y sincrónico que contribuyan en el corto plazo a su incorporación social.

Dentro de la normatividad que lo fundamenta, es viable destacar el artículo 2° de la Ley de Migración, el cual establece los principios que sustentan a la política migratoria del Estado de mexicano, y que a letra refiere en su décimo cuarto párrafo que una de esas directrices es:

Artículo 2°.- […]Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional[…]

Por incorporación social de los connacionales repatriados, se comprende toda acción que posibilita a las personas a participar en la sociedad, garantizándoles un nivel mínimo de calidad de vida y de bienestar social. Todos los mecanismos que se emplean por parte de las dependencias gubernamentales para la reincorporación a la sociedad de los repatriados y los cambios que se implementan para favorecerla significan una oportunidad para el fortalecimiento de la colectividad.

La estrategia "Somos Mexicanos", tiene como objetivo facilitar la inserción social y económica de los mexicanos repatriados, con el fin de lograr que su retorno sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales de derechos humanos. Es importante mencionar que a partir de 2009, el flujo migratorio entre México y los Estados Unidos de América se modificó drásticamente, alcanzando una tasa neta igual a cero; es decir, el número de mexicanos que regresan al país es prácticamente igual al número de personas que deciden emigrar.1

En 2016 se registró una tasa de emigración de 36.2 personas por cada 10 mil habitantes, registrándose la mayor salida de mexicanos al extranjero desde 2010.2 Siendo la principal causa la búsqueda de un mejor empleo que eleve la calidad de vida y considerando que hoy se tiene una tasa neta igual a cero, entonces se está formando un problema, el cual debe atenderse; el número de mexicanos que regresan es muy alto, su mayoría de forma involuntaria, y probablemente no encontraran en México empleo ni los sueldos que percibían en los Estados Unidos de América, que en promedio oscilan entre 12 a 25 dólares por hora.

Bajo la administración del Presidente Donald Trump, las políticas antinmigrantes se han radicalizado, su objetivo es la deportación de más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos con el estatus de migrante. Estas políticas han tomado fuerza dentro del territorio norteamericano y se han implementado por las autoridades federales, provocando que los connacionales estén en condiciones vulnerables.

"En lo que va del año el Instituto Nacional de Migración (INM) ha recibido a 50 mil mexicanos residentes en EU".3 Por tal motivo, es indispensable saber qué medidas productivas se están llevando a cabo para evitar la emigración, pues la mayoría de las veces se atribuye a la falta de oportunidades laborales que hay en el país.

Tanto el Gobierno Federal como los de las entidades federativas, deben atender con seriedad y responsabilidad las causas de la migración, tales como la falta de empleos; crecimiento de la  pobreza, marginación y desigualdad. Bajo la dinámica de la estrategia "Somos Mexicanos" se deben contemplar puestos de trabajo desglosados por estado y municipio, y precisar si tendrán la calidad de eventuales o permanentes.

De igual manera se debe conocer la planeación que el programa "Somos Mexicanos" implementará en las 32 entidades federativas para la llegada de connacionales y las acciones inter-secretariales para mejorar su reincorporación social y económica.

Datos del Instituto Nacional de Migración muestran que el 80 por ciento de los connacionales que son repatriados hablan inglés y cuentan con habilidades para ser personas económicamente activas. Se debe aprovechar la experiencia migratoria de las personas que regresan al país, en la medida en que han adquirido nuevas competencias y habilidades.

Esta experiencia no está siendo utilizada por los diferentes programas impulsados para la atención integral de los migrantes, pues solo por mencionar algunos datos: el 18 por ciento de los migrantes repatriados están empleados en actividades formales, el resto tiene empleos en actividades informales o se encuentran desempleados.4 Es necesario conocer las dinámicas que empleara la estrategia "Somos Mexicanos" para lograr captar de manera adecuada las habilidades de los migrantes que regresan al país voluntaria o involuntariamente, fortaleciendo el desarrollo del país.

Un gran porcentaje de los migrantes repatriados se introducen en actividades diferentes a las que realizaban en los Estados Unidos de América, en dicho país ocupaban puestos laborales en áreas relacionadas con la construcción (17 por ciento), esparcimiento (16 por ciento), y manufacturas (14.3 por ciento); mientras que en México se concentra en actividades del sector primario (40.3 por ciento).5

El retorno de los connacionales representa un reto para la estrategia "Somos Mexicanos", la iniciativa debe hacerse acompañar de dinámicas que garanticen por un lado, la reinserción económica y social, y por el otro, el aprovechamiento de las habilidades, vínculos y capital adquirido por los connacionales. La mayoría de los repatriados se encuentran en edad laboral y muchos de ellos cuentan con un capital económico, el cual podría ser utilizado como inversión productiva en proyectos impulsados por el Gobierno Federal a través de sus diferentes programas.

Los connacionales repatriados han aportado al crecimiento tanto de México como de Estados Unidos de América. Por tal razón, ante la coyuntura se deben crear esquemas de planeación de retorno, voluntario e involuntario, donde se midan y construyan perfiles de habilidades y certifiquen conocimientos y experiencias que adquirieron los migrantes, para conectarlos con la demanda laboral, académica o social del país, aprovechando su capital y potencial humano.

Es de repercusión nacional atender a todos los mexicanos, con la reducción de puntos vulnerables la población migrante retornada logrará su reincorporación social y económica en el país, lo cual se traducirá en el fortalecimiento y desarrollo de la nación. Existe la necesidad de instaurar y reforzar las políticas públicas que atiendan a este sector que enfrenta la problemática de volver a iniciar una vida en un lugar y  la dificultad de encontrar las herramientas necesarias, cuestión que causa detrimento a su desarrollo pleno e integral.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre los alcances y límites que ha obtenido el programa "Somos Mexicanos" en la consecución de la reincorporación social y económica de los connacionales repatriados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 28 de junio de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 "Somos Mexicanos", un programa para un regreso a México digno, productivo y benéfico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Blog de Gobernación, México, julio de 2016, [consultado: 22 de mayo de 2017], disponible en:
http://www.gob.mx/sre/articulos/somos-mexicanos-un-programa-para-un-
regreso-a-mexico-digno-productivo-y-benefico

2 Thamara Martínez. "Entre 2015 y 2016, la mayor emigración de mexicanos en 5 años", El Financiero, enero 2017, [consultado: 22 de mayo de 2017],disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/entre-2015-y-2016-la-mayor-
emigracion-de-mexicanos-en-anos.html

3 Carolina Rivera. "Suman 50 mil repatriados en la era Trump", Milenio.com, México, mayo 2017, [consultado: 23 de mayo de 2017],disponible en:
http://www.milenio.com/politica/50_mil-repatriados-deportados-donald_
trump-milenio_0_956904316.html

4 Li Ng, Juan José y Alfredo Salgado Torres. "Migrantes mexicanos de retorno e informalidad", Fundación BBVA Bancomer, [consultado: 24 de mayo de 2017],disponible en:
http://www.migracion-ue-alc.eu/documents/proyecto_piloto_mexico/Informe
_proyectopiloto_Mexico.pdf

5 Ibíd.






De la Diputada Lia Limón García, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a aclarar las denuncias sobre desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del estado, así como restablecer el orden y dirección en dicha institución. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la producción y conservación del maguey. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta hoy en día la población mundial, debido a las pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos y los ecosistemas.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México se encuentra dentro del grupo de naciones que alberga el 70 por ciento de la diversidad ecológica del planeta, lo que se traduce en cientos de especies de flora y fauna que solo se pueden encontrar en esta región del planeta1

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), señala que más del 50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en el territorio nacional, son endémicas2.

En nuestro país, existe una gran diversidad de plantas en las zonas áridas y semiáridas, de las cuales se encuentran los agaves o magueyes, considerados especies clave por su abundancia como la cantidad de recursos que proporcionan a otros organismos.

Asimismo, dicha Comisión menciona que los agaves han tenido una gran importancia económica y cultural para numerosos pueblos indígenas y mestizos, que los han aprovechado durante siglos como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, fibras duras extraídas de las hojas (ixtle), abono, construcción de viviendas y elaboración de implementos agrícolas, entre otros usos. Se han constituido históricamente, como símbolos de gran importancia en la cultura mexicana.

En el Foro Internacional de Producción Aprovechamiento y Comercialización del Nopal, Tuna y Maguey para la Sustentabilidad del Campo, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 30 de marzo se afirmó que nuestro territorio es líder mundial en las cosechas de estos insumos3.

Desde las culturas prehispánicas se conocían los beneficios del maguey del cual se obtenían alimentos, fibras textiles, agujas con las que tejían costales y elaboraban su vestimenta y productos asociados, como insectos comestibles que se alojan en la propia planta, por lo que se considera una fuente con importantes beneficios ecológicos, sociales y económicos.

De acuerdo con el Centro Público de investigación que sirve con dedicación e integridad al sector agroindustrial (CIATEJ), en México, aproximadamente 558 municipios se dedican a la producción de Agave. La cadena de valor representa una fuente importante de desarrollo regional para los productores (pequeños y grandes), además que comparten aspectos étnicos, culturales, sociales, económicos, ambientales y productivos4.

Asimismo, el sector productivo de Agave es un importante motor económico particularmente en la elaboración de mezcal y tequila. Tan solo el valor de las exportaciones de Mezcal se incrementó en el periodo de 2012 a 2015 en un 322 por ciento anual.

El maguey se utiliza principalmente para la producción de tequila, mezcal, pulque y para la obtención de larvas, éstas últimas son muy apreciadas en la gastronomía nacional.

El maguey pulquero ha sido utilizado desde la época prehispánica y forma parte de nuestra identidad, cultura, tradiciones y, junto con varios de sus derivados, es ícono del país; sin embargo, su importancia trasciende en el ámbito agrícola y reside en un sinfín de usos, no limitados a la actividad humana, por lo que de no preservarse se corre el riesgo de extinguirse.

En la industria se cultiva con diferentes fines, que van desde la producción de aguamiel y mezcal, hasta la medicina pero es el sector alimentario quien supone amenazar su existencia, ya que constituye un ingrediente clave en la preparación de muchos platillos, situación que da lugar a la explotación desmedida y clandestina para obtener las hojas de la planta que sirve para la cocción de mixiotes, sin considerar una mínima medida de precaución que evite dañar al maguey o incluso matarlo en su proceso.

Asimismo, las fibras que se extraen son utilizadas para elaborar hilos con las que se tejen costales, morrales y cordeles, entre otros, y sus espinas se ocupan aun como clavos o agujas.

Esta problemática se ha venido agravando con el tiempo y a causa de la nula intervención de las autoridades ha dado lugar a la desaparición paulatina de los agaves, derivando en cifras alarmantes que podrían evolucionar al punto de extinguirlos por completo.

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. (SOMAS), este tipo de agave no solo es amenazado por ser un ingrediente para los platillos culinarios, sino desde años ha sido un problema por falta de políticas, atención de las autoridades y la carencia general de cualquier tipo de protección, que han dado lugar a que esta situación se agrave5.

La revista Salud Pública y Nutrición 2011 "Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey", señala que desde mediados del siglo XX, se empezó a gestar su desaparición debido a la desmedida explotación, inadecuadas plantaciones, la preferencia por el uso de fibras sintéticas y la pérdida del valor del pulque que fue sustituido por la cerveza y aceleró aún más las campañas de desprestigio hacia el maguey, lo que propició que los campesinos dejarán este cultivo a gran escala por la escases de demanda6.

En 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a está en "peligro de extinción", y a pesar de esto, lejos de controlar o disminuir la situación, sigue creciendo y poniendo en riesgo cada vez más la vida del maguey.

Cabe señalar que los agaves florecen solo una vez y mueren, además de que son cultivables después de un largo periodo que comprende entre 10 y 12 años en promedio.

Las comunidades rurales frecuentemente reportan pérdidas al ser víctimas de personas que hurtan la corteza del maguey y abandonan la planta, propiciando la muerte del vegetal y el desaprovechamiento de los demás recursos que pudo proveer, dando lugar a pérdidas considerables, tanto económicas como cronológicas en los tiempos de cultivo.

No obstante, en los últimos años la producción de maguey ha decrecido y la demanda de diversos productos derivados del mismo ha ido en aumento, lo cual trae como consecuencia el riesgo de desaparecer en poco tiempo si no se toman las medidas de manejo y aprovechamiento pertinentes.

Ante este panorama, resulta necesario que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas para concientizar a los productores de diversificar y preservar el cultivo del maguey a efecto de promover su uso racional y sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la producción y conservación del maguey.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1https://www.un.org/ruleoflaw/es/?s=M%C3%A9xico+est%C3%A1+
dentro+de l+grupo+de+naciones+que+alberga+el+70+por+ciento+de+la+diversidad+ecol%C3%B3gica

2 http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%
20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf

3http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines
/2017/Marzo/30/3372-Mexico-lider-mundial-en-produccion-de-nopal-tuna-y-maguey

4 http://ciatej.mx/agave-mexico-tematica-socioeconomica/

5 http://www.somas.org.mx/site/volumen6.html

6 file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/(31)_glafiro_alanis-el_uso_de
_magueyes_nl%20(1).pdf






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre los avances en las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 19 DE JUNIO DE 2016 EN NOCHIXTLÁN, OAXACA conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 19 de junio del año 2016, tuvo lugar un operativo en Asunción Nochixtlán, cuya finalidad era recuperar la libre circulación en las vías federales autopista 135-D y carretera federal 190, lo anterior derivado de bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantuvo por todo el Estado de Oaxaca, provocando una parálisis de más de 30 días. Dicho operativo antes mencionado derivó en un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal de Oaxaca con maestros de la CNTE, dando como resultado ocho muertos y más de un centenar de heridos.

En su momento, las autoridades  otorgaron apoyos a familiares de fallecidos y heridos; se realizaron brigadas de salud en la comunidad, programas sociales y un reconocimiento  por la actuación de las autoridades. Asimismo es importante recordar que el 22 junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la entonces “Comisión de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016”, en el que se establecieron que sus actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”. Con la elaboración y entrega del “Informe de la Comisión de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016” a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que se dio cumplimiento al  mandato.

El trabajo desarrollado por la Comisión partió de una agenda en la que contempló extender 15 peticiones formales de información, consultas de material periodístico, fotográfico y de video, así como documentos emitidos por diversas instancias y la obtención de testimonios. Además, se celebraron 10 reuniones con dependencias, organismos y víctimas, así como visitas al lugar de los hechos (Nochixtlán, Oaxaca) para obtener la mayor cantidad de información posible.

Un elemento fundamental en la construcción de dicho informe fue la “Línea del Tiempo” que se elaboró tras una minuciosa labor de análisis de cada uno de los informes recabados, así como la información obtenida en las reuniones de trabajo y el diálogo con integrantes de la comunidad de Nochixtlán y testigos, misma que permitió detectar la coincidencia de los elementos narrativos, así como los hechos con necesidad de esclarecimiento.

Es importante señalar que dicho informe implicó más de 180 horas de análisis, diálogo y discusión. Actuando siempre con total transparencia, por lo que la gran mayoría de las reuniones o encuentros celebrados fueron públicos, los cuales pudieron ser seguidos por los ciudadanos a través del Canal del Congreso. Todo esto con la finalidad  de qué hechos como los ocurridos no quedasen impunes.

Aunado a ello, el pasado 4 de octubre de 2016 se instaló en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión “la Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016” presidida por el diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la fecha, la Comisión ha entablado diversas reuniones de trabajo con titulares de dependencias gubernamentales para conocer los avances de la investigación, como es el caso del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, asimismo como con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

A un año de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, aún hacen falta acciones que permitan esclarecer de manera objetiva  la verdad de lo que lamentablemente pasó en ese día. Asimismo, recordar que la labor que desempeñan las autoridades federales, mismos que debe redoblar esfuerzos en las investigaciones de las carpetas de investigación y reconocer que a pesar de las dificultades que se les han presentado para visitar e ingresar Nochixtlán, continúan las diligencias para que los hechos no queden impunes en donde murieron ocho personas y varias resultaron heridas. Se debe buscar a toda costa que se castigue a quienes resulten responsables y que verdaderamente haya justicia, se debe resarcir el daño causado en la medida de lo posible. En especial que la tarea vaya más allá, y se atiendan las demandas de la comunidad de Nochixtlán.

CONSIDERANDOS

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. De igual forma, establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

3. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho organismo cuenta con la facultad de conocer las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos y, en su caso, de emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

4. Que conforme a la  fracción VIII del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos”, en dicho caso emitir una Recomendación General.

5. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, establece que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal. Asimismo, practicar  las  diligencias  necesarias  para  la  acreditación  del  cuerpo  del  delito  y  la  probable responsabilidad  del  indiciado  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  Código  Federal  de  Procedimientos Penales,  en  coordinación  con  sus  auxiliares  y  otras  autoridades  de  los  tres  órdenes  de  gobierno, de conformidad  con  las  disposiciones  aplicables,  los  protocolos  de  actuación  que  se  establezcan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que remita un informe acerca de las dificultades que se ha presentado en la realización de las diligencias y que no le han permitido concluir con las investigaciones para  esclarecer los hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca; además de hacerse un llamado para arribar cuanto antes a la finalización de las indagatorias y al esclarecimiento de dichas actuaciones.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una Recomendación General sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, a fin de que se conozcan las responsabilidades de servidores públicos, así como de las actuaciones de la población civil en dicho caso, con el propósito de salvaguardar los derechos humanos de ambas partes y que sirva para que hechos tan lamentables no se repitan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a proponer la realización de un diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDE EXHORTAR A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE PROPONGA  A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO SEGÚN SUS HERRAMIENTAS DISPONIBLES, CON RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS; A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) Y A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, EN COADYUVANCIA, FORMEN PARTE DE LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO PROPUESTO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El tema de la corrupción en México es el principal tema de agenda política y ciudadana. No hay día que pase sin que la palabra sea una recurrencia en los medios, en el sentir de los ciudadanos, en los análisis, en los informes de instituciones concentradas en ello. Es triste reconocer que la palabra se asocia naturalmente a nuestro país. Y que los esfuerzos encaminados a ello son esfuerzos que aún son débiles. Habrá legislación pero no se cumple y aún presenta protección a ciertos estratos del Estado. Es cierto que somos testigos de detenciones inéditas cuyo ejemplo no está frenando el proceso de corrupción en crecimiento. Eso se demuestra en los índices de medición mundial. Por ejemplo Transparencia Internacional percibe un México más corrupto. El país cae 28 sitios en índice de Transparencia Internacional y dan un contundente mensaje al sistema legislativo: Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción.

Hace poco recibimos el LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, de Daniel Vázquez, (Coord.), Luz Cardona y Horacio Ortiz. De ese documento es absolutamente rescatable el capítulo que define la corrupción y lo transcribo para efectos de argumentación, se trata de un esfuerzo importantísimo por lograr establecer un concepto, y ese es su valor : EL MARCO TEÓRICO DEL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN 2.1.¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN? Captura o cooptación estatal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, donación en campañas electorales, malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, puerta giratoria, clientelismo, nepotismo, compra de votos, todas estas son actividades que en la literatura se relacionan con alguna idea de corrupción.

Si bien cada una de ellas supone relaciones, actividades y consecuencias distintas –por ello es tan difícil hacer una sola definición de corrupción-, mantienen un aire de familia que funciona como intuición y que es esencialmente normativo: hubo algo mal hecho, hay una acción reprochable. Para un análisis empírico, necesitamos algo más que una intuición moral. Sin una definición razonablemente precisa es difícil marcar una línea entre una práctica burocrática flexible y una práctica corrupta (Hatti, Hoadley y Heimann, 2010) y es también complicado observar específicamente la acción corrupta.

Existen múltiples discusiones sobre cómo definir a la corrupción (Garzón, 2003; Rabotnikof, 2003; Mény, 2003; Malem, 1997 y 2003; Hatti, Hoadley y Heimann, 2010; Adler-Lomnitz, 2006). Hay conceptos más amplios y otros más estrechos. Uno de los conceptos más generales y más utilizados es el propuesto por el Banco Mundial, que fue retomado por Transparencia Internacional y popularizado a partir del uso de esta organización: la corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. En esta concepción, el poder puede ser tanto público como privado, tanto político como económico, por lo que no se requiere que haya un servidor público en la relación de corrupción, puede haber corrupción entre particulares en el mercado o entre un equipo y un árbitro para arreglar un juego de futbol. Además, no se requiere una relación de intercambio, basta con que exista el abuso del poder para beneficio propio para que la corrupción se presente, como en la malversación de fondos o en las partidas secretas. Para esta definición, la corrupción supone la apropiación de lo público para fines privados, es decir, la pérdida de “publicidad” del gobierno.

Figuras como el conflicto de intereses o negociaciones incompatibles, las donaciones en campañas electorales y la cooptación o captura estatal caben muy bien en esta definición. Incluso aquella captura que no necesariamente se realiza por medio del pago de un soborno, sino por la sola influencia política sobre los gobiernos. Aquí, las empresas y otros grandes actores tienen una gran capacidad para incidir sobre las reglas del juego sin necesidad de acudir a sobornos.

Esto supone la sobrerrepresentación de pocos intereses y la exclusión de muchos. Bajemos un poco el nivel de generalidad de la definición de corrupción. Pensemos en una que conceptualice a la corrupción como una relación de intercambio contrario a una norma (jurídica, moral o social) para obtener una ventaja. Un ejemplo es la forma en que Roemer la define: “la corrupción puede envolver promesas, amenazas o ambas; puede ser iniciada por un servidor público o un cliente interesado; puede darse con actos de omisión o comisión; puede generarse con servicios lícitos o ilícitos; puede estar dentro o fuera de una organización pública” (Roemer, 2003: 246). Un primer aspecto de este tipo de definiciones es que ya se piensa a la corrupción en términos de intercambio, en términos relacionales.

En este tipo de definiciones, la malversación de fondos, la desviación de fondos a cuentas privadas que terminen en el enriquecimiento ilícito del servidor público ya no calificarían como actos corruptos (puesto que no hay una relación de intercambio), sino como actos meramente criminales. Asimismo, la captura estatal que no provenga de un intercambio o interacción específico tampoco sería considerado un acto de corrupción: sería simplemente la disputa ideológica propia de la democracia. Por ejemplo, el lobby –en la medida que no haya un intercambio específico- no sería considerado corrupción, pero los donativos en las campañas podrían incluirse a partir de una línea tenue y borrosa sobre lo que es y lo que no es corrupción. Bajemos un peldaño más en el nivel de generalización del concepto de corrupción. Mantengamos la idea de relación de intercambio pero limitémosla ahora sólo a aquellas relaciones entre un órgano público y otro privado para obtener una ventaja. El principal punto de diferencia con la definición anterior es que aquí ya no se calificaría como corrupción el intercambio realizado en el mercado (control del mercado mediante arreglos entre empresas) o en otros espacios sociales (arreglo de partidos de futbol). Para que la corrupción se presente, se requiere que esté involucrado un ente público. Aquí estaría la propuesta de conceptualización que hace Mény: la corrupción puede ser definida como “un intercambio clandestino entre dos mercados: por una parte el mercado político o administrativo y, por la otra, el mercado económico y social. Este intercambio es oculto porque viola las normas públicas, legales y éticas, y también porque sacrifica el interés general en aras de intereses privados.” (2003: 125). Un aspecto a subrayar en este nivel es que si bien concretiza con respecto a los sujetos que integran la relación, se mantiene abierta la posibilidad de que lo que se transgreda no sea necesariamente una ley, sino cualquier norma incluyendo las normas éticas.

El último nivel de concreción lo ocupan aquellas conceptualizaciones que mantienen la idea relacional de la corrupción –la corrupción como intercambio-, mantienen la necesidad de que al menos uno de los actores sea un servidor público, pero establecen la necesidad de que se violente una ley. No basta que se transgreda una expectativa moral del puesto, es necesario que haya la ruptura del orden positivo. Probablemente esta diferencia abonaría en la distinción entre la corrupción y la incompetencia o mala administración. Por ejemplo, de acuerdo con Bacio (2008), para poder determinar cuándo la corrupción es violatoria a derechos humanos, se necesita una definición legal de corrupción, él propone: “the illegal abuse of entrusted power for private gain” (Bacio, 2008: 6). En esta línea, los actos considerados corruptos son muy claros: aquellos que están tipificados en las leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo: apropiación de bienes públicos para fines privados; soborno entendido como dádiva a agentes públicos a cambio de un favor; la extorsión, que supone la misma dádiva pero a iniciativa del agente público; el tráfico de influencias; el uso abusivo de información privilegiada; el enriquecimiento ilícito; por mencionar algunos (Zalaquet, 2007; Bacio, 2008).

En cambio, algunos otros actos que suelen ser considerados corrupción pero que no siempre se encuentran en las leyes quedarían fuera de este tipo de definiciones, por ejemplo: la puerta giratoria (un regulador estatal deja su cargo público y es contratado por la empresa que regulaba); el clientelismo. Hasta aquí los distintos conceptos de corrupción, de la forma más general de comprenderla, hasta definiciones más específicas. Una conclusión relevante de esta sección es que no hay una corrupción o la corrupción, sino distintas acciones que tienen cierto aire de familia. Cuando se piensa en la elaboración de diagnósticos para generar políticas públicas anticorrupción, el punto relevante de la discusión conceptual está en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de corrupción es la que queremos combatir? ¿la cooptación estatal, las redes informales de intercambio, las negociaciones incompatibles y la puerta giratoria, los sobornos o las extorsiones? No sólo debemos definir qué tipo de corrupción queremos combatir, para emprender cualquier análisis-diagnóstico y medida anticorrupción también debemos aclarar qué nivel de corrupción queremos atacar.

El documento citado es digno de leer y releer porque señala campos críticos y formas de actuar en el combate a la corrupción. Y esa batalla la define como demasiado complicada porque “Difícilmente los gobiernos admitirán ser controlados (O’Donnell, 2001). Es relevante tener clara esta perspectiva realista del control en la lucha contra la corrupción, ya que nos ayuda a establecer un presupuesto: la relación entre los organismos de accountability y el gobierno es tensa. Aceptando que estamos frente a una relación política tensa, el control efectivo conlleva dos aspectos: que el órgano controlador tenga la competencia legal y la capacidad necesaria (problema jurídico y de diseño institucional), pero también que cuente con el poder político suficiente para ejercer el control (problema fáctico a partir de quiénes son los titulares de cada órgano y qué nivel de desgaste político existe).

Vemos que estamos cuesta arriba en esta sugerencia de trabajo.

Este es un ejemplo demoledor de la corrupción estudiada como un proceso en los estados, un estudio valiosísimo para los siguientes gobiernos y el siguiente gobierno federal que se habrá de comprometer en este tema de alta prioridad para una gobernabilidad medianamente aceptable.

2.- Estamos frente a la aprobación del último presupuesto federal; estamos en la antesala de un proceso de administración que concluye. Estamos frente al último tramo de esta generación del poder ejecutivo, de servir al mandato de ser un contrapeso. Ya poco se podrá hacer frente al inmenso glaciar de corrupción sobre el que se asientan muchos procesos de la administración pública; pero podemos dejar un trabajo que servirá para la continuidad de la lucha contra la corrupción.

Ante ello se sugiere, se propone generar un documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México elaborado por una instancia competente y que posea información pertinente de los procesos de corrupción insertados en la administración pública. Es un trabajo que se merece la ciudadanía, es un trabajo que se merece publicar y desarrollar. El trabajo que se presentó más arriba sólo menciona un flujo de toda la dinámica gubernamental, pero se necesita un diagnóstico general de cómo se detecta la corrupción desde una perspectiva privilegiada como es la de la Auditoría Superior de la Federación y como dice el texto citado “Hay que pensar cualquier política contra la corrupción precisamente como una red de agencias, una red de interacciones (….) Esta red de agencias se verá complementada con órganos como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública; aunque debieran también de considerar órganos que, si bien no son parte del sistema, serán relevante en su funcionamiento como las recomendaciones y capacidad de denuncia de la CNDH o del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) e, incluso, la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.- Esta propuesta es  muy ambiciosa y recoge observaciones y rutas pertinentes. Queda al juicio de la Sesión Permanente darle vida a esta propuesta. Resta casi un año de trabajos de las legislaturas. Sería un legado de honor dejar a las siguientes un diagnóstico ya elaborado para actuar en áreas detectadas por ese diagnóstico que se solicitará con recomendaciones y sugerencias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La sesión permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a las siguientes instancias: a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que proponga a la Auditoría Superior de la Federación, la realización de un diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México según sus herramientas disponibles, con recomendaciones y sugerencias; a la Secretaría de la Función Pública; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coadyuvancia, formen parte de la redacción del documento diagnóstico propuesto. Este documento sería entregado a la siguiente administración federal para lo que ella considere en sus acciones ejecutivas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 32 congresos estatales a adecuar sus legislaciones penales a efecto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes mandaten a escoltas o personal de seguridad que se encargan de la protección personal de funcionarios públicos y particulares, la ejecución de actos cuyos resultados desemboquen en los delitos de lesiones y homicidio. Se turna a la Primera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas necesarias para prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus “coxsackie”, que afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población a nivel mundial y es uno de los componentes primordiales del capital humano que contribuye a mejorar la calidad de vida.

Actualmente, las personas padecen diferentes tipos de enfermedades, como las infecciones, las cuales son comunes especialmente en niños pequeños y se pueden propagar a través de la saliva que se transmite al estornudar y toser.

Estas infecciones también se pueden transmitir a través del contacto con las heces de una persona, y las infecciones son más frecuentes durante el verano y a principios del otoño.

Una de las infecciones más comunes en esta época es el Virus Coxsackie perteneciente a la familia del enterovirus, que se adquiere por vía oral y provoca fiebre aftosa misma que se caracteriza por apariciones de ampollas en las manos, pies y boca, presentando náuseas, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Esta infección se observa con más frecuencia en bebés y niños menores de 10 años.

El contagio se presenta en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías y las escuelas, sobre todo en el nivel preescolar. Dicho virus se pueden contagiar por lo general a través del contacto con manos sucias o superficies contaminadas con heces, donde pueden vivir por varios días.

En las zonas tropicales, las infecciones se producen durante todo el año, pero en climas más fríos los brotes del virus Coxsackie ocurren más a menudo en verano y otoño.

Diversos medios periodísticos señalan que en la Ciudad de México esencialmente en el Sur, algunas escuelas han presentado varios casos del virus, siendo un padecimiento altamente contagioso principalmente en la temporada de calor1.

Las pediatras del Hospital Juárez de México, mencionan que el problema principal que puede ocasionar esta enfermedad es la deshidratación, debido a que aparecen ampollas en la boca de los niños teniendo dificultades para comer y beber agua2.

De acuerdo con el portal herlthychildren.org., se trata de una infección provocada por un entevirus que puede ocasionar el miocarditis (infección del musculo del corazón), o meningitis (infección del revestimiento del cerebro), cuyos síntomas son dolores de pecho y una frecuencia cardíaca irregular3.

Las medidas de prevención es lavar frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente después de cambiar pañales; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos; evitar contacto cercano como dar besos y abrazos, o compartir vasos o cubiertos con las personas que cuentan con esta enfermedad.

La Secretaría de Salud recomienda que para combatir esta infección entre la niñez es necesario llevar a cabo el siguiente tratamiento: Administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor; para las lesiones se pueden usar sustancias como el polvo coloide; alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos; evitar la ingesta de jugos que le provoquen dolor; y llevar de inmediato al pequeño a revisión y no auto medicarlo, así como notificar de la situación en los lugares donde asiste el infante para que se tomen medidas preventivas4.

Ante este panorama, resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud de la Capital del país, instrumente las medidas necesarias para atender y prevenir el contagio del Virus Coxsackie en las escuelas de educación básica.

Asimismo, para prevenir e identificar los signos y síntomas del virus Coxsackie en el territorio nacional, es pertinente que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Eduación Pública, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, tomen las medidas necesarias para evitar el contagio masivo del virus de coxsackie, conocido también como la enfermedad de manos, pies y boca, en las escuelas de educación básica del país.

La salud es un elemento sustancial para la protección y bienestar social de las y los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Ley Fundamental. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Salud de la Capital del país y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implemente las medidas necesarias para prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus coxsackie, que afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años.

Segundo.- La Comisión Permanenete del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Eduación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, tomen las medidas necesarias para prevenir, atender y evitar el contagio del virus coxsackie, conocido también como la enfermedad de manos, pies y boca en las escuelas de educación básica del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061

2 http://www.mimorelia.com/cual-es-el-virus-de-coxsackie-que-afecta-a-los-ninos/

3 https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/hand_foot_mouth/fact_sheet.htm

4 http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover una estrategia conjunta con el gobierno de la República de Panamá y la República Federativa de Brasil para impulsar la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS, SE PROMUEVA UNA ESTRATEGIA CONJUNTA CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, PARA IMPULSAR LA SUSPENSIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS HASTA QUE GARANTICE EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU TERRITORIO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Las elecciones de diciembre de 2015, que le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a diversos partidos políticos de la oposición con 112 escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, el Tribunal Supremo desincorporó a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. La Asamblea Nacional de la República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a la Asamblea en desacato, por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del Parlamento venezolano separó a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades.

Pese a haber aceptado la derrota del chavismo en dichas elecciones, Nicolás Maduro ha emprendido una campaña de hostilidad contra la Asamblea Nacional dirigida desde todos los otros poderes que mantiene secuestrados; una de las mayores ofensivas fue a finales de marzo en la que el Tribunal Superior de Justicia desconoció al Parlamento en plena violación de la voluntad democráticas expresada por los venezolanos en las urnas. Además, la autoridad electoral suspendió el proceso electoral regional por mandato de Maduro.

El pasado 1 de mayo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene por objeto desconocer y disolver a la Asamblea Nacional democráticamente electa; Maduro calificó de “chavista” a la Constituyente y afirmó que estaría conformada por 500 integrantes de los cuales “aproximadamente 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera”.

Desde hace unas semanas, el pueblo venezolano ha emprendido una serie de manifestaciones multitudinarias en las que elementos de la Guardia Nacional Bolivariana ha disparado contra jóvenes, adultos mayores, discapacitados y madres con niños en brazos. El saldo al momento tras 80 días de manifestaciones son 75 personas fallecidas.

En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos, a iniciativa de México, impulsó una serie de acciones para abordar la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha arremetido contra la organización y anunció el 27 de abril su salida del organismo internacional, procedimiento que tardará 24 meses.

Lamentablemente, los esfuerzos diplomáticos de países latinoamericanos y caribeños para llegar a una resolución de consenso en el seno de la OEA, durante su 47 Asamblea General celebrada en México, no alcanzaron los 23 votos necesarios para su aprobación la cual expresaba su profunda preocupación por la situación política económica y social en Venezuela y denunciaba la creciente violencia y polarización entre el Gobierno y la oposición.

En ese sentido, es necesario que el tema sea abordado por el Consejo de Derechos Humanos para incrementar la presión internacional sobre el régimen autoritario de Venezuela; por lo que se propone que México promueva una estrategia conjunta con la República de Panamá y la República Federativa de Brasil, países miembros del Consejo, para solicitar la suspensión de Venezuela de dicho organismo multilateral hasta que cesen las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en ese país.

CONSIDERACIONES

I. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

II. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

III. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

IV. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1 numeral 1, señala que:

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos.

V. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:

Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos;

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través del Representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, se promueva una estrategia conjunta con el gobierno de la República de Panamá y la República Federativa de Brasil, para impulsar la suspensión de la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a respetar la libertad de expresión en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A FIN DE QUE RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ENTIDAD, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Intento de ley mordaza.

El día de ayer el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León amenazó con denuncias penales en contra de diversos medios de comunicación. El señor Gobernador manifestó que giró instrucciones al procurador de justicia del Estado para que valore la viabilidad de perseguir por la vía penal al diario El Norte así como a los medios de comunicación Televisa, Televisión Azteca y Milenio. El motivo de su instrucción radica en que el funcionario considera que los medios de comunicación propalan mentiras, respecto de su administración, lo cual atribuye a que dejó de gastar en publicidad del gobierno del estado.

Al dar a conocer la instrucción anterior, el gobernador neoleonés incurrió en agresiones al llegar al tildar al diario El Norte de " mentiroso". También, en lugar de crear condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa, el gobernador no sólo deterioró el nivel de seguridad de ese medio de comunicación en particular sino que puso en riesgo a todo su personal y por extensión a las y los periodistas de la entidad al proclamar lo siguiente: " es tiempo ya que alguien les ponga el alto". Si se toma en cuenta que de acuerdo investigaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de diversas organizaciones de periodistas como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. FAPERMEX, entre otros, han detectado que los ataques provienen no solamente de la delincuencia sino en gran medida y también con gravedad de parte de servidores públicos. La denostación del gobernador de Nuevo León al periódico El Norte es un incentivo para que servidores públicos de menor nivel, por quedar bien con el mandatario, incurran en mayores y numerosas agresiones en contra de dicho medio de comunicación.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León dio muestras de que no entiende el derecho fundamental a la libertad de expresión. Dirigiéndose al reportero de El Norte aseguró " no te voy a decir nada " Y basó su exclusión en esta falsa apreciación: " porque tengo el derecho de decidir a quien le puedo dar la información y a quien no".1

Con su errada actitud el gobernador pone en mayor riesgo a las y los periodistas así como a los medios de comunicación, de que corran la misma suerte que los comunicadores siguientes:

Marco Aurelio Martínez Tijerina, director del noticiero Contrapunto en la emisora local XERN 950 AM, conductor del Informativo 800 en la radiodifusora XEDD y corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y W Radio, asesinado en julio de 2010.

Raúl Régulo Garza Quirino, reportero del periódico local "La última Palabra", asesinado en enero de 2012.

Marlenne Valdez Gracia, reportera para el diario Última Palabra asesinada en agosto de 2014 en el municipio de Benito Juárez.

Trascendencia de la libertad de expresión.

Como se ha manifestado reiteradas veces por parte de diversos legisladores emanados de la totalidad de las fuerzas políticas en la Cámara de Senadores, la libertad de expresión es el pilar no sólo del conjunto de libertades civiles sino también de la vida democrática en México. Cualquier ataque a un periodista o medio de comunicación afecta directamente a la libertad de expresión y, en consecuencia, demerita la calidad de la democracia en nuestro país. Uno de los factores que alimentan la impunidad que permite asesinatos, desapariciones y extorsiones a las y los periodistas de la República radica precisamente en la deficiente concepción que algunos servidores públicos tienen del contenido, naturaleza jurídica y alcances de la libertad de expresión. Cuando la ignorancia sobre este derecho fundamental hace presa de funcionarios de elección popular, la violación del derecho humano a la libertad de expresión produce efectos devastadores. En efecto, la libertad de expresión va de la mano del derecho a la información. El principio de interdependencia de los derechos humanos se traduce en la unidad casi indisoluble entre la libertad de expresión y el derecho a la información. La negativa del gobernador de Nuevo León a dar información el diario El Norte no es más que una violación abierta y palmaria del derecho a la información en primera instancia y de la libertad de expresión también. Al pretender castigar a un medio de comunicación que cuestiona su conducta administrativa y política, el gobernador en realidad a quien causa un daño es al pueblo de Nuevo León ya que se ve privado de informarse a través de los medios de comunicación.

Recientemente el gobierno de la República expresó su beneplácito para la próxima visita de los Relatores de la libertad de expresión tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la visita " en sitio " anterior de dichos representantes de organismos internacionales protectores de derechos humanos, destacaron en su reporte final entregado al gobierno de México, que persiste la tendencia de los gobiernos en particular estatales y municipales de tratar de acallar la crítica a través del uso selectivo de la propaganda oficial en los medios de comunicación. Seguramente a raíz de la visión distorsionada del gobernador de Nuevo León y la nueva agresión al pretender excluir de ruedas de prensa y todo tipo de información al diario El Norte, los relatores en su próxima visita a nuestro país incluirán en su agenda de verificación un encuentro no sólo con el diario El Norte sino con las y los periodistas y demás medios de comunicación en Nuevo León.

Son siete los periodistas que han sido privados de la vida en lo que va del 2017. Este año muestra una tendencia de ser de los peores períodos para las y los periodistas y la libertad de expresión. La impunidad se extiende sigilosa pero efectivamente a lo largo y ancho de la República. Los conflictos innecesarios por parte de servidores públicos de elección popular con los medios de comunicación no hacen más que fortalecer las condiciones que propician la impunidad. ¿Cómo va el procurador de justicia de Nuevo León a participar en la protección de las y los periodistas en riesgo en colaboración con el Mecanismo de protección a personas defensores de derechos humanos y medios de comunicación, si recibe la consigna expresa de su superior jerárquico de avasallar y acallar a la prensa? Es urgente que el gobernante aludido deje de anteponer su visión personal en torno a la relación con periodistas y medios de comunicación y se sujete a la observancia del Bloque de Derechos Fundamentales aprobado en la Constitución General de la República y que entró en vigor al publicarse el decreto de reforma el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

En una línea de congruencia con las reformas que ha llevado a cabo el H. Congreso de la Unión, muchas de ellas impulsadas por la Cámara de Senadores, tales como la descriminalización de los delitos de calumnia en el Código Penal Federal, la expedición del ordenamiento que contiene el mecanismo de protección a periodistas y personas diferentes de defensoras de derechos humanos así como las reformas en materia penal para que sea la Procuraduría General de la República la que tenga competencia para atraer las investigaciones por hechos conexos en agravio de periodistas, corresponde al Senado requerir al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León para que deje de usar la publicidad oficial como condicionante de los contenidos de los medios de comunicación, en particular cuando se muestran críticos respecto de su gobierno.

De la necesidad de eficacia de la Libertad de Expresión.

De conformidad con la nueva preceptiva en materia de derechos humanos, el gobernador no sólo debe abstenerse de intentar imponer sus criterios de comunicación social a los medios de comunicación. También está obligado a promover, respetar, proteger y, lo más importante, garantizar el ejercicio del derecho la libertad de expresión en la entidad que gobierna. Por igual debe prevenir las violaciones a derechos humanos e investigarlas de inmediato, en lugar de ser él mismo quien pisotea los derechos fundamentales. Finalmente, el gobierno del estado de Nuevo León, a través de su titular, está llamado por efecto del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a brindar a las y los periodistas así como a todo aquel que preste sus servicios en un medio de comunicación la protección más amplia que las leyes del país, las particulares del estado y toda la construcción reglamentaria de Nuevo León permita.

El gobernador de Nuevo León debe hacer un examen de conciencia, para lo cual ha de ser requerido por esta Cámara de Senadores, a efecto de dejar atrás la actitud beligerante con los medios de comunicación que le incomodan e irritan y pasar a una nueva etapa presidida por la primacía de los principios de indivisibilidad, universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos en las que los comunicadores puedan desarrollar sin cortapisas ni presiones su labor informativa en beneficio de la sociedad del estado de Nuevo León. El retorno a la normalidad jurídica y democrática por parte del gobierno de Nuevo León implica también otorgar la garantía de no repetición de actos claramente contradictorios de los valores democráticos, las libertades civiles y los derechos humanos en Nuevo León.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con toda atención, a efecto de que cese de inmediato el hostigamiento en contra del diario El Norte, los medios de comunicación Televisa, TV Azteca y Milenio y, en su lugar, honre el derecho a la información de los habitantes de la entidad sin excluir a dichos medios de la difusión de la información oficial y sin hacer uso de la publicidad gubernamental con el propósito de coartar la libertad de expresión.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la nota "Se pone bronco contra los medios", consultada el 27 de junio del año en curso en el vínculo siguiente:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/27/se-pone-
bronco-contra-los-medios





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a revisar presuntas irregularidades en los trabajos de remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo de la Delegación Cuauhtémoc, en virtud de las denuncias que han presentado los vecinos por mala calidad de las obras. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La actual administración delegacional en Cuauhtémoc, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, lejos de distinguirse por una administración eficaz y transparente que dé respuesta a las problemáticas de una de las delegaciones más complejas de la Ciudad de México, se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción, principalmente relacionados con la proliferación de construcciones que violan el uso de suelo y atentan contra el patrimonio cultural de la delegación, así como diversas irregularidades en la asignación y la calidad de las obras públicas que se realizan en la delegación.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.1

En otra investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acreditó diversas irregularidades relacionadas con la asignación de obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían constituir un daño al erario público, por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos otorgados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.2

Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos:

• Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos con presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que Ricardo Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación de obras en la Ciudad de México.

• Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones de pesos entre el 22 y 24 de diciembre de 2015.

• Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les fueron asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los contratos obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas.

• La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras no se utilizaron los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.

En días recientes, vecinos de la Colonia Hipódromo, denunciaron que a pesar de las costosas obras que se realizaron en la Calle Reynosa, aún persisten los problemas de inundaciones.3

Las calles Reynosa y Cholula no son vialidades principales, por lo que los vecinos consideran como injustificado el gasto en concreto hidráulico para rehabilitar dichas calles, por lo que presumen que dicho gasto se hizo para beneficiar a alguna constructora.

En este sentido, los vecinos han exigido que se resuelva el problema de inundaciones que se presentan cada año en la Colonia Hipódromo, de igual forma, consideran que es necesario que se investigue y se dé a conocer a la opinión pública la justificación de la repavimentación con concreto hidráulico y la renivelación del drenaje sobre las calles de Cholula y Reynosa, así como los términos de referencia de la licitación y la adjudicación de la obra.4

La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.5 

Entre sus atribuciones se encuentra la de realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.6

Además, la ASCM tiene la atribución de promover ante los órganos de control interno y/o la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México la responsabilidades en contra de los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública de la Ciudad de México, o al patrimonio de los sujetos de fiscalización.7

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia. Consideramos que resulta apremiante, que en la asignación de contratos por parte de la delegación Cuauhtémoc, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable a fin de evitar un probable daño al erario público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de la Auditoría Superior, revise presuntas irregularidades en los trabajos de remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo en la Delegación Cuauhtémoc, en virtud de las denuncias que han presentado los vecinos por la mala calidad de las obras; y para que en su caso, promuevan las acciones que conforme a derecho procedan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, <
https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> Consultado el 19 de junio de 2017.

2 Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/
Consultado el 19 de junio de 2017.

3 Alemán Ricardo,"Un fiasco, la pavimentación "de primer mundo" que hizo Monreal en la Hipódromo",
http://laotraopinion.com.mx/articulo/un-fiasco-la-pavimentacion-de-primer-
mundo-que-hizo-monreal-en-la-hipodromo Consultado el 20 de junio de 2017.

4 Ibìd.

5 Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

6 Artículo 8, Ibíd.

7 Artículo 43, Ibíd.






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades fiscales aplicables a la generación de energía de fuentes renovables, con el propósito de promover el incremento de inversiones en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación energética. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A DIFUNDIR LAS FACILIDADES FISCALES APLICABLES A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONES EN ENERGÍAS LIMPIAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y A LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, se ha buscado el desarrollo de la sustentabilidad energética con el fin de incluir al medio ambiente como uno de los elementos de competencia que contribuyan al desarrollo económico y social de la población.

De ahí que exista un claro compromiso de prever el incremento gradual de la participación de las Energías Renovables en la Industria Eléctrica, para cumplir con las metas establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones.

México está comprometido con el cumplimiento de las metas de mitigación establecidas en la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) que señala que el sector eléctrico debe transformarse para que al 2024 un máximo de 65% de la electricidad provenga de combustibles fósiles. Esta meta se ratifica en la Ley General de Cambio Climático que estipula que el 35% de la generación eléctrica provenga de energías limpias para ese mismo año.

Hoy en día estas metas se fortalecen en las nuevas leyes que instan a una mejor planeación de la expansión de la generación de electricidad considerando una incorporación acelerada de energías limpias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como es el caso de la Ley de Transición Energética y de algunos instrumentos económicos y beneficios fiscales como la deducción al 100% de la maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes renovables establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Cabe mencionar que dicho estímulo fiscal se adicionó por primera vez a la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de diciembre de 2004, y que posteriormente se conservó en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2013.

Al respecto, se considera que este beneficio de la deducción al 100% para la maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes renovables, es de suma importancia dado que promover este tipo de inversiones genera efectos positivos directos e indirectos para la economía y la sociedad.

Aunado a lo anterior, el fomento de las energías renovables ayuda a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo que contribuye a la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, lo que genera un impacto positivo en materia de seguridad energética en el país. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía, plasmados en el Documento “Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030”, en México, al cierre de 2015 la capacidad instalada de generación mediante energías renovables se incrementó 6.6% respecto al periodo 2014, llegando a los 17,140.4 MW, lo cual representó el 25.2% de la capacidad de generación total. La mayor parte de la capacidad en operación renovable continúa siendo hidroeléctrica, que en suma con la energía eólica representan el 80% de la capacidad instalada en energías limpias.

Como se puede observar, existe un avance en la capacidad instalada en energías limpias, sin embargo, aún falta un alto porcentaje para alcanzar la meta de transición energética, por lo que se considera necesario que se difundan las facilidades fiscales vigentes aplicables a la generación de energía proveniente de fuentes renovables a efecto de fomentar las inversiones del sector privado en este sector.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe relativo a la aplicación del beneficio de la deducción al 100% para la maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes renovables establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir de su entrada en vigor.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades fiscales aplicables a la generación de energía de fuentes renovables con el propósito de promover el incremento de inversiones en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación energética.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato del periodista michoacano  Salvador Adame Pardo y se solicita al Procurador General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión que ejerzan su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senador de la República a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8º, fracción II del Reglamento Interior del Senado de la República, presentamos la siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Pardo y se pronuncia porque este crimen que enluta nuevamente al gremio periodístico no quede impune.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para que ejerzan su facultad de atracción sobre la investigación del asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Pardo y asegurar que la indagatoria se realice con profesionalismo, independencia y respetando los derechos de los familiares del señor Adame Pardo.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de junio de 2017.

Suscribe

Sen. Miguel Barbosa Huerta.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que presenta. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A mediados del mes de junio del año en curso, se hizo del domino público que en el estado de Morelos se tiene registro y evidencia de múltiples obras que a tan sólo uno, dos o tres años de ser construidas, restauradas o remodeladas se encuentran notablemente deterioradas, con fracturas, hundidas, dañadas o abandonadas.

Aunque el Gobierno de la entidad ha manifestado que no se trata de obras de mala calidad, sino que dichas características son consecuencia del paso del tiempo o la comisión de actos vandálicos, especialistas coinciden en que el tiempo de duración de las obras afectadas debería ser superior.

Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En términos del artículo 15 de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos1, la planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se deben sujetar a los objetivos y prioridades de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, Programas de Ordenamiento Ecológico, territorial, sectoriales, institucionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos anuales de egresos del Estado o Municipios; y las disposiciones legales y reglamentarias del Estado o Municipios.

El artículo 26 del ordenamiento jurídico en comento dispone que en el estado de Morelos, los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por regla general se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública y privilegiando las mejores condiciones posibles. Los elementos referidos, en complemento a otros dispuestos en la propia Ley, así como en la legislación estatal y federal aplicable, están encaminados esencialmente a garantizar que las obras que se construyen, remodelan o restauran deriven en beneficios para la población, situación que no ocurre en el caso que motiva el presente asunto.

Como ya se ha señalado, en días recientes diversos medios de comunicación han documentado una serie de casos en los que queda de manifiesto el inadecuado estado en el que se encuentran obras en callejones, avenidas, plazas y parques de Morelos que en su momento fueron anunciadas como las grandes construcciones y que representaron importantes costos2.

Para comprender la magnitud del asunto, es oportuno hacer mención de algunos de los casos referidos. En principio tenemos el relativo al Parque de los Patrios de la Estación, el cual fue inaugurado en abril de 2015 y que actualmente muestra un evidente deterioro y abandono. Los trabajos respectivos representaron una inversión de 9 millones de pesos, con los que se colocaron juegos infantiles, gimnasio al aire libre, comedores, áreas verdes, de lectura y deportivas, donde los vecinos indican que el mantenimiento y limpieza es mínimo o nulo.

En una situación similar se encuentra la Plaza de Armas de Cuernavaca, la cual fue reinaugurada en septiembre del año 2016 después de llevar a cabo una inversión de 49 millones de pesos. En este caso, las reparaciones básicamente consistieron en la colocación de piso, remodelación de jardineras, limpieza, alineación de escaleras y cambio del asta bandera.

Además se retiraron puestos de periódicos, se cambió la vegetación ornamental, se rehabilitaron varios árboles y se plantaron nuevos ejemplares, asimismo, se colocó una guía en el parámetro de la Plaza para brindar apoyo a las personas con débiles visuales y ciegas, guía que no resistió el paso de los peatones por lo que tuvo que ser despegada en varios tramos; y las señales de metal con información escrita en sistema Braille fueron desprendidas.

Con una inversión de casi 7 millones de pesos, en 2014 fueron rehabilitados los callejones de Correos y El Cubo, en el Centro Histórico de Cuernavaca. En este caso, las remodelaciones consistieron en la colocación de piso recinto negro, liso y rayado, aplicación de pintura vinílica, mantenimiento, reparación y limpieza de superficie de cancelería de puertas y ventanas, instalación eléctrica subterránea y luminarias en el piso, así como sustitución de cabinas telefónicas, reposición de tomas domiciliarias y descargas sanitarias, suministro y colocación de vegetación.

A tres años de las reparaciones en comento, en ambos callejones se observa que el piso de recinto negro está roto en varias escaleras, además el material muestra hundimientos en ciertas zonas, y algunas lámparas que fueron instaladas están rotas o fundidas, o bien, llenas agua, basura y lodo. Por lo que respecta a las tapas de los registros de servicios públicos, como energía eléctrica o agua potable, también están rotas, fracturadas y en algunos casos, amarradas con alambre.

Un fenómeno similar se observa en la Calle Ricardo Linares también, obra que fue entregada en diciembre de 2014 y que representó un costo de casi 11 millones de pesos. Entre otras cuestiones, en el proyecto señalado se anunció la instalación de elementos que brindan seguridad al peatón (como esferas de color negro) y que facilitan el tránsito de automovilistas; además, se construyeron tomas de agua potable y descargas sanitarias domiciliarias.

A pesar de que su construcción fue concluida hace menos de tres años, actualmente la obra muestra mayor deterioro, prueba de ello es que algunas de las zonas de la vialidad y el piso están rotas o hundidas; y las tapas de los registros de servicios públicos están hundidas, cuarteadas, rotas o bien, han desaparecido. Además, algunas esferas han sido desprendidas y el piso también está roto y hundido.

A partir de las consideraciones vertidas, es crucial llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto a presuntas irregularidades sobre los costos, planeación y licitaciones relacionadas con la construcción, restauración o remodelación de las obras públicas realizadas en la actual administración en Morelos, en especial si tenemos en cuenta que continúan las remodelaciones de otros espacios.

Especialistas indican que el deterioro, mal estado o abandono de diversas obras en el estado de Morelos obedece a múltiples factores, tales como una mala planeación, contratación de funcionarios sin experiencia o bien, la contratación de empresas foráneas que no cumplen con lo dispuesto en la legislación estatal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Contraloría y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que presentan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LOBRAPUBEM.pdf

2 https://lasillarota.com/estados/las-obras-que-no-duran-en-morelos/155585






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador a definir y aprobar, respectivamente, los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, procurando el espíritu de las reformas anticorrupción, así como a firmar convenios de colaboración con los organismos internacionales para la cooperación en la definición de los formatos de las declaraciones mencionadas. Se turna a la Primera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a ampliar las investigaciones contra el ex secretario de salud y diversos servidores públicos de la dependencia que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Garantizar un sistema de salud accesible, de calidad y universal, es una prioridad para el Estado mexicano, debido a que la salud representa un pilar indispensable para el desarrollo, crecimiento y progreso.

Lamentablemente, esto no sucedió durante la gestión como gobernador del estado de Oaxaca de Gabino Cué Monteagudo, ya que se documentó que durante este periodo la entidad se posicionó en los primeros lugares de muertes infantiles, partos fortuitos, desnutrición y muertes maternas.

Este contexto, vulneró la protección y ejercicio de uno de los derechos fundamentales como es el de la salud.

Entre las principales problemáticas e irregularidades identificadas durante la administración de Gabino Cué Monteagudo en el estado de Oaxaca, destacan las siguientes:

• Presuntos desvíos de recursos públicos y malversación de fondos. La Auditoría Superior de la Federación, identificó desfalcos aproximados en 2 mil millones de pesos, por lo que el ex-secretario de salud, German Tenorio Vasconcelos, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos; actualmente enfrenta un proceso jurídico por el ilícito de abuso de autoridad de manera generalizada1.

• Obras inconclusas y mal planeadas, entre ellas están los hospitales de Tlaxiaco, San Agustín Loxicha y Santiago Llano Grande, en donde no existen áreas adecuadas para la consulta médica, urgencias, salas de espera y área de informes. Se ha documentado que más de 175 obras están inconclusas, de ellas, más de 75 son prioritarias debido a la población que atienden y el lugar geográfico en el que se ubican.

• La ampliación del hospital "General Pilar Sánchez Villavicencio" en Huajuaoan de León no se inició y no se concluyeron los trabajos en el hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez Fuentes" y en el Hospital Básico Comunitario de Acatlán de Pérez Figueroa en Tuxtepec.

• En esta misma situación están el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, el  Hospital de la Mujer, el Hospital Materno Infantil de Tlacolula y ampliación del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia2.

• Malos servicios y falta de atención oportuna y de calidad, debido a ello, diversas mujeres hicieron labor de parto en las inmediaciones de los nosocomios de Huajuapan de León, Jalapa de Díaz y San José Manialtepec, situación que se sumó a la falta de material para intervenciones quirúrgicas como gasas, vendas y analgésicos.3

• Condiciones inadecuadas de trabajo y problemas sindicales, entre ellos, descuentos injustificados, falta de la dotación de uniformes y cancelación de los fondos de vivienda. Por esta situación durante la pasada administración se dieron paros de labores indefinidos en las clínicas, casas de salud y hospitales.4

• Obras realizadas con materiales de baja calidad, por esta situación, de acuerdo con diversas denuncias públicas el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, presenta deterioro prematuro, aunado a lo anterior, en el sector de salud se dieron posibles sobrecostos en las licitaciones y adjudicaciones en la compra de uniformes, medicamentos y equipos médicos.

• Acciones reportadas como terminadas pero que no fueron ejecutadas, peor aún, se ha reportado la falsificación de documentos o emisión de documentación oficial en la que se reporta la dotación de infraestructura sanitaria, sin que exista certeza de su realización.

• Inadecuado control en los medicamentos y tratamientos para atender enfermedades transmitidas por vector como dengue y paludismo, asimismo, se documentó un deficiente seguimiento a padecimientos virales como el sarampión, influenza y rubeola.

Ante la gravedad de los asuntos expuestos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convenidos de la necesidad de ampliar las investigaciones para identificar, sancionar y prevenir acciones que contravengan a garantizar condiciones para el óptimo desarrollo y bienestar de las personas.  

Las problemáticas señaladas, dejan de manifiesto áreas de oportunidad en el sistema de salud pública del estado de Oaxaca, situaciones a las que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es indiferente, por el contrario, busca coadyuvar en garantizar y promover condiciones adecuadas para el acceso a servicios de calidad, de ahí la relevancia del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, en el marco de sus atribuciones, amplíe las investigaciones contra el Ex-Secretario de Salud y diversos servidores públicos de la dependencia, que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, amplíe sus investigaciones y en su caso, establezca las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan, contra los servidores públicos de la administración 2011-2016 que, por acción u omisión, presuntamente participaron en desvíos de recursos económicos, materiales y humanos en la Secretaría de Salud que generaron problemas en la prestación de los servicios médicos e impidieron el abasto oportuno de medicamentos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 Óscar Redríguez. (2016). El periodismo necesita inversión. Comparte este artículo utilizando los íconos que aparecen en la página. La reproducción de este contenido sin autorización previa está prohibida. 20/06/2017, de Milenio Sitio web:
http://m.milenio.com/estados/Inhabilitan_hasta_por_10_anos_al_ex_
secretario_de_Salud_de_Oaxaca_0_730727260.html

2 Ismael García. (2016). Se va Gabino Cué y deja en Oaxaca obras a medias. 20/06/2017, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/30/se-va-
gabino-cue-y-deja-en-oaxaca-obras-medias

3 Ismael García. (2017). Denuncian dos partos en la calle en comunidad de Oaxaca. 20/06/2017, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/29/denuncian-
dos-partos-en-la-calle-en-comunidad-de-oaxaca

4 La Jornada. (2016). Respeto a derechos laborales, clamor durante 4 movilizaciones en Oaxaca. 20/06/2017. Sitio web:
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/02/estados/025n1est






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a rendir un informe sobre los recursos materiales y financieros necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta temprana para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en dicho estado. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia implementada en la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia, en sus diferentes manifestaciones. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se presenta en todos los ámbitos y por parte de diferentes agresores, que van desde la pareja y familiares hasta desconocidos, representa un problema público que se ha venido extendiendo con características y matices diversos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en espacios públicos y privados1.

Puede vivirse de manera cotidiana u ocasionalmente en el trabajo, escuelas, centros deportivos, centros comerciales, transporte público, calles, hospitales, lugares de recreación y, por supuesto, en el propio hogar.

Las mujeres viven distintas formas de discriminación y acoso sexual que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades ante la sociedad. Basta señalar la serie de estereotipos y prácticas sexistas que las desvalorizan y denigran su condición de mujer pero, ante todo, como ser humano.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el acoso sexual es una conducta no deseada en cualquier lugar que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Este tipo de acoso puede presentarse de distintas maneras como chantajes, es decir, cuando se condiciona a la víctima con la consecución o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que una de cada 10 mujeres  ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Destaca que el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual, cifra que alcanza 70 por ciento en algunos países2.

Finalmente, el Banco Mundial (BM) apunta que las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayores riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos y malaria, entre otros.

Guanajuato no es ajeno a esta grave problemática, la cual afecta a un sector importante de las mujeres en la entidad. En efecto, se trata de uno de los grandes pendientes de la actual administración gubernamental, encabezada por Miguel Márquez Márquez.

Es preciso apuntar que dentro de las agendas de la ciudadanía planteadas en el Programa de Gobierno 2012-2018, en donde se establecen los principales temas de preocupación de la sociedad, destaca entre otros ejes, el de los grupos prioritarios, es decir, el interés de atender durante el presente gobierno las problemáticas que enfrentan las personas con capacidades diferentes, los niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes e indígenas.3 

Pese a las buenas intenciones planteadas desde el inicio de la gestión del actual gobernador en la materia, los desafíos son mayúsculos: las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones.

Los cifras disponibles provenientes de distintas fuentes, coinciden en lo fundamental en el incremento sostenido de la violencia contra las mujeres durante los últimos años.

De acuerdo con diversos medios, durante la glosa del pasado informe de gobierno estatal en el Congreso, se señaló que se han presentado 4,917 denuncias de violencia y la primera causa es la violencia intrafamiliar, seguida por violación, abuso sexual, corrupción de menores, estupro4.

Por otra parte, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, de enero a junio de 2016, León presentó 814 caos de violencia de género, convirtiéndose en el municipio con más casos; seguido de Irapuato con 291; Celaya, con 256; Guanajuato capital con 208, y Salamanca con 85 registros.

La mayoria de las denuncias obedecieron a casos de violencia psicológica con 781; por violencia física 478; violencia sexual con 325 casos; 23 por violencia económica y 20 por feminicidios en dicho semestre.5

Según  la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas, en su Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, publicado en marzo de 2016, más del 90 por ciento de los delitos sexuales que cuentan con una averiguación previa en Guanajuato, no llegan a tribunales y el 99% de las víctimas que denuncian no reciben atención. De igual manera, se señala que entre enero de 2010 y junio de 2015, se realizaron 7 mil 818 averiguaciones previas por delitos sexuales, pero el Poder Judicial dice contar en ese periodo con 746 expedientes. 6

Durante 2016 se registraron 102 homicidios contra las mujeres y de ellos 24 fueron tipificados como feminicidios. Se trata de una cifra histórica que guarda relación con el incremento sostenido de homicidios y la violencia generalizada que persiste y se ha incrementado sistemáticamente en la mayoría de los municipios de la entidad, incluso en aquellos que históricamente se han caracterizado por su tranquilidad y seguridad de los habitantes. 

Por último, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) tiene identificados 16 de casos de presunto abuso sexual en escuelas de la entidad, los cuales habrían sido cometidos por maestros, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de los cuales únicamente ocho fueron cesados.7

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objeto, como lo plantea el artículo 1, establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8

En concordacia con la Ley Suprema, el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estados de Guanajuato, tiene como propósito medular establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo la coordinación entre las autoridades.9

En síntesis, pese al importante marco jurídico que existe en la materia, los datos sobre la violencia contra las mujeres en la entidad permiten concluir que demanda mayor atención de las autoridades.

A partir de estas consideraciones, es necesario que el Gobierno del Estado de Guanajuato informe sobre la estrategia implementada para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en la entidad, ya que se trata de una condición de primer orden para acceder a mejores oportunidades, mejorar su calidad de vida, elevar su nivel de desarrollo e incoporarse de manera plena a la vida económica, política y social.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la estrategia implementada en la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia en sus diferentes manifestaciones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 http://www.unwomen.org/es, consultado el 07 de marzo de 2017.

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/, consultado el 07 de marzo de 2017.

3 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

4 http://periodicocorreo.com.mx/no-cesa-violencia-la-mujer/

5 http://rompeviento.tv/?p=19756

6http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%
C3%8C%C2%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%83%C2%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf

7http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/02/15/seguridad/
casos-de-abuso-sexual-en-escuela-de-guanajuato

8 http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf

9http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_
de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_P.O._29_DIC_2015.pdf






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a convocar a sesión de trabajo a sus integrantes para informar a la Comisión Permanente sobre las causas por las que no se han realizado las sesiones bimestrales; a publicar su Reglamento de Operación, así como atender a la brevedad las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS A CONVOCAR A SESIÓN DE TRABAJO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE HAN REALIZADO LAS SESIONES BIMESTRALES, A PUBLICAR SU REGLAMENTO DE OPERACIÓN, ASÍ COMO A ATENDER A LA BREVEDAD LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud en las Américas1 y se estima que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica2. Hay efectos de la contaminación del aire sobre la salud a corto y largo plazo, siendo la exposición a largo plazo y de larga duración la más significativa para la salud pública.

La mayoría de las muertes atribuibles a la contaminación atmosférica en la población general están relacionadas con las enfermedades no transmisibles; el 36% de las muertes por cáncer de pulmón, el 35% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación atmosférica.3

Tal como mencioné en el Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta el mes pasado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión relativo a la contaminación atmosférica4, la OMS reportaba 20,771 muertes atribuibles a la contaminación del aire en el 2012 en México5. Análogamente se encontraron resultados similares en un reporte presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración del Centro Mario Molina.

Ambas instituciones reportaron que al menos 20,000 muertes al año pudieron haber sido prevenidas si se hubieran cumplidos los valores guía de la OMS y 8 mil en caso de cumplirse lo especificado por las normas oficiales mexicanas6. Al hacer un desgloce de las muertes atribuibles a la contaminación ambiental se encontró que para la Ciudad de México se podrían salvar 9 mil vidas anualmente con los límites máximos recomendados por la OMS y al menos 2 mil en caso de seguir lo que marcan nuestras propias normas7.

Con el afán de dar atención de manera continua a estos temas y darle seguimiento periódico a la problemática recurrente de contaminación en la megalópolis, el inciso A de la Cláusula Sexta del Convenio de Coordinación por el que se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) contempló las sesiones ordinarias por lo menos de manera bimestral8.

Para que estas sesiones tengan validez deberán estar presentes la mayoría de los integrantes del Órgano de Gobierno de la CAMe, integrado por los gobernadores de los estados integrantes y el titular de SEMARNAT. Sin embargo, no existe registro de que estas reuniones bimestrales se estén llevando a cabo debidamente de manera periódica llevando a generar un resago en la atención de un problema tan crítico como ha sido la contaminación atmosférica de la megalópolis.

En la Cláusula Novena se menciona la conformación de un Comité Científico Asesor que estará integrado por miembros de la comunidad académica, científica y tecnológica, y cuya función será "la formulación de opiniones y propuestas respecto de las políticas, programas, proyectos y acciones ambientales".

En virtud de lo anterior, el 2 de junio del 2016 se emitió un documento por parte del Comité Científico Asesor conteniendo propuestas de actuación para mejorar la calidad del aire y la protección de la salud mediante poco más de 150 líneas de acción priorizadas en función de la inmediatez de su impacto9, así como consideraciones generales relativas a la viabilidad potencial a nivel político, económico y técnico de las mismas. Dicho documento con propuestas de expertos de la academia y asociaciones civiles no ha sido considerado y sus propuestas no han sido debídamente desarrolladas ocasionando que este año sigamos teniendo los mismos problemas ambientales que el año previo.

Por otra parte, en la Cláusula Tercera inciso J se establece que se deberá expedir un Reglamento de Operación el cual fijaría las facultades del Órgano de Gobierno (Cláusula Séptima, inciso F), del Coordinador Ejecutivo de la CAMe (Cláusula Octava, inciso I), así como determinar el número de integrantes del Comité Científico Asesor y el periodo de su encargo (Cláusula Novena). Según la Claúsula Décima Cuarta, dicho Reglamento debió ser emitido en el periódo de los tres meses posteriores de la firma del Convenio; sin embargo, no se ha emitido o hecho público por lo se presenta un incumplimiento a una de las cláusulas que da certidumbre y atribuciones a los integrantes de la CAMe.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a convocar a sesión de trabajo a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como a informar a esta Soberanía sobre las causas por las que no se han realizado las sesiones bimestrales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis tomar las acciones necesarias para publicar su Reglamento de Operación.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a atender a la brevedad las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor mediante el documento llamado "Propuesta de Actuación Inmediata para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis".

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Prüss-Ustün, J Wolf et al. (2016). "Preventing disease through healthy environments". Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1

2 Organización Mundial de la Salud. (2016). "Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease". Consultado en:

3 Organización Panamericana de la Salud. (Junio 2017). "Contaminación del Aire Ambiental". Publicado en el sitio web: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918
%3A2017-ambient-air-pollution&catid=2619%3Aenvironmental-health&Itemid=42247&lang=es

4 Gaceta del Senado: LXIII/2SPR-9/71753 disponible en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71753

5 Organización de las Naciones Unidas, "Burden of disease, Data by country". Consultado el 20 de junio en: http://apps.who.int/gho/data/node.main.156?lang=en#

6 Instituto Nacional de Salud Pública. (2016). "Muertes atribuidas a la contaminación del aire en México". Consultado el 20 de junio de 2017 en:
https://www.insp.mx/images/stories/infografias/Images/160627_contaminacion
-aire-salud-muertes.jpg

7 Ibídem.

8 Diario Oficial de la Federación. (3 de octubre de 2013). Convenio de Coordinació por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013

9 Comité Científico Asesor. (2 de junio de 2016). "Propuesta de actuación inmediata para el mejoramiento de la calidad del aire en la megalópolis". Disponible en: http://masterctsmexico.com/Medios/CARTA.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Querétaro a implementar o, en su caso, fortalecer sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tradicionalmente, Querétaro se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas con los mejores comportamientos respecto a temas delictivos, no obstante, en la presente administración estatal los índices delictivos han incrementado de manera sostenida en detrimento de la seguridad, confianza y tranquilidad de la población.

El Observatorio Nacional Ciudadano ha manifestado que en los últimos dos años, entidades como Querétaro registran una violencia creciente que se traduce en mayor comisión de delitos, situación que ya ha sido planteada al Gobernador de la entidad, sin que exista una respuesta efectiva hasta el momento.

El organismo indica que actualmente Querétaro ocupa los primeros cinco lugares en el país en relación a la comisión de delitos patrimoniales, además de que ya que es la segunda entidad donde se recibe un mayor número de denuncias en robo de vehículo, la tercera en robo a comercio, la cuarta en violaciones y la quinta en robo a casa habitación1.

El panorama no es reciente, basta mencionar que a finales de febrero de 2017, al contrastar las cifras del Semáforo Delictivo 2015 y 2016, se apreciaba un aumento considerable en la comisión de delitos de alto impacto (entre ellos robo a casa-habitación y robo a negocio). Sobre el particular, el director de dicha organización manifestó que: “A pesar de que sigue siendo uno de los estados con menores tasas de homicidios pues se les están complicando las cosas (…) y ya francamente pues 2016 marca una tendencia muy muy negativa y a buscar escusas”2.

Otro aspecto a destacar es que al comparar la incidencia delictiva registrada durante diciembre de 2016 y diciembre de 2015, el delito de extorsión presentó un 83% de incremento3. Por si esto no fuera suficiente, en el mismo periodo, conductas antijurídicas como robo a casa y robo a negocio, respectivamente registraron un incremento de 56% y 83% en relación a la media.

Aunado a lo anterior, a finales de mayo del año en curso, el mismo presidente de Semáforo Delictivo señaló que el estado de Querétaro ocupaba el primer lugar en la lista nacional respecto al delito de lesiones dolosas, precisando que con 53 incidentes por cada 100 mil habitantes, superando a estados como Tabasco, Guanajuato y Durango.

Por lo que respecta al robo de vehículos, el estado de Querétaro se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional al registrar hasta el mes de marzo, 470 casos y un incremento del 30%. En relación a este ilícito, un factor que agrava su comisión, es que dicha conducta constituye un delito de alto impacto que, entre otras cuestiones, implica la presencia del crimen organizado y hechos de corrupción por parte de autoridades estatales y municipales.

El incremento de la incidencia delictiva y la ausencia o insuficientes estrategias en materia de seguridad pública en el estado de Querétaro, no han pasado desapercibidas por la población, prueba de ello es que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, en el estado de Querétaro, mientras en 2015 la percepción de inseguridad era de 50.7%, para 2016 asciende a 62.1%4.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta fundamental que sin mayor dilación se lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la protección de la integridad, patrimonio y certeza jurídica de la población, es ahí donde radica la motivación y pertinencia de la presente proposición con punto de acuerdo.

Sobre el particular, lo primero que debemos advertir es que, conforme al artículo 13 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, en la entidad son consideradas como autoridades en materia de seguridad las que a continuación se refieren: el Gobernador, el Consejo Estatal de Seguridad, el Secretario de Gobierno y el Fiscal General, entre otras.

Para ponderar la trascendencia del presente asunto, cabe destacar que con base a lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una de las principales funciones de los gobiernos de las entidades federativas que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, cuestiones indispensables para garantizar la tranquilidad, bienestar e integridad de la población.

En complemento a lo referido, el artículo 2 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro señala que la seguridad pública tiene como finalidades las de salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas; y preservar el orden público y la paz social, ambas cruciales e indispensables para hacer asequibles escenarios de pleno desarrollo individual y colectivo. 

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que el gobierno del estado de Querétaro a través de las instancias correspondientes, implemente o en su caso, fortalezca sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año.

Es oportuno hacer énfasis en que el incremento de la incidencia delictiva, además de derivar en afectaciones a la esfera jurídica de la víctima y su familia, también trasgreden de manera sustantiva y en algunos casos, irreparable en la paz, el orden público y al Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Querétaro, para que en el marco de sus funciones y a través de las instancias correspondientes, implemente o en su caso, fortalezca sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 http://plazadearmas.com.mx/crece-inseguridad-en-queretaro-onc/

2 http://plazadearmas.com.mx/queretaro-deteriorado-inseguridad-roel/

3 http://queretaro.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

4http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares
/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre que se encuentra en el río “Mololoa”, ubicado en esa entidad. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California a llevar a cabo una revisión a presuntas irregularidades por parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los principios fundamentales en el ejercicio de los recursos públicos, es que éstos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sentido contrario a estos principios, el alcalde del municipio de Tijuana se ha distinguido por distintas irregularidades en la adquisición de servicios que podrían constituir un daño al erario público. El más reciente caso se presentó en la Adjudicación Directa a Grupo Turbofin, por un contrato de casi 80 millones de pesos,  para la renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 tractocamiones.1

En la adquisición de bienes, servicios o arrendamiento bajo el procedimiento de Adjudicación Directa se tendrá que obtener por lo menos tres cotizaciones.2 La excepción a este requisito se podrá presentar cuando:

• La imposibilidad de celebrar un Concurso Público porque no se presentaron tres o más proveedores.

• Se requiera un bien con características o patente propia.

• Servicios profesionales especializados.

• Servicios de agua y suministro de energía.

• Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente como consecuencia de fenómenos naturales.

• Ex Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desierta.

• Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.

• Las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen a través de contrataciones con campesinos o grupos urbanos marginados.

• Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución.

• Se trate de equipos especializados y/o para el sistema de seguridad pública del municipio, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico.

• Se trate de la adquisición de armamento, bienes servicios y equipamiento destinados exclusivamente al sistema de seguridad pública y al equipamiento los cuerpos de seguridad pública municipal.3

El argumento del presidente municipal para la Adjudicación Directa de la renta de camiones recolectores de basura, fue el de una presunta emergencia en la prestación de servicios de limpia, por la falta de unidades.

La renta mensual de cada uno de los 40 camiones recolectores de desechos sólidos es de 93 mil pesos y la de los 12 tractocamiones  de transferencia es de 179 mil pesos, por unidad, lo que significa que mensualmente el municipio erogará 5.8 millones de pesos, lo que significa un incremento de 1.6 millones más caro de lo que un estudio realizado por el municipio había estimado en un estudio y en el que se contemplaba la adquisición de 60 unidades.4

A más de 2 meses de haberse firmado el contrato y de entregarse un anticipo de más de 20 millones, Grupo Turbofin solo ha entregado 7 camiones a pesar de que con dicho pago se podrían comprar por lo menos 8, es decir, el gobierno está financiando a la empresa. Además, será hasta el mes de agosto cuando se haga la entrega total de los 52 vehículos, lo cual deja sin sustento el argumento de una supuesta emergencia.5

Distintos regidores del municipio  han señalado que no existe un decreto formal de emergencia, por lo cual no existe sustento legal para la Adjudicación Directa de los convenios de arrendamiento con Grupo Turbofin, motivo por el que han presentado diversas inconformidades.6

Cuestionan la opacidad del proceso y que dicha decisión no haya sido consultada con el Cabildo. La administración municipal, lejos de brindar la información necesaria que coadyuve a conocer las condiciones bajo las que se presentó la Adjudicación, ha decidido clasificar la información como reservada, por un período de seis meses.7

Esto a pesar de que el municipio tiene la obligación de publicar en sus portales de internet los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa.8 En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener cuando menos la información relativa a los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda.

Para los legisladores del PRI, es urgente que se lleve a cabo una investigación a fin de que determine si la Adjudicación Directa a la empresa Turbofin se apegó a la norma aplicable en la materia; y para que en su caso se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta al Congreso del Estado de Baja California para que a través del Órgano de Fiscalización Superior, lleve a cabo una revisión a presuntas irregularidades por parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin; y para que, en su caso inicie las acciones que conforme a derecho procedan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente.

1 "Pagará Tijuana 79 millones de pesos por renta de camiones de basura: JMG" La Jornada de Baja California, Consultado el 19 de junio de 2017.

2 Fracción II del Artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana.

3 Ibíd. Artículo 34.

4 "Gastélum financió a Turbofin compra de camiones de basura", Zeta,
http://zetatijuana.com/2017/05/29/gastelum-financio-a-turbofin-compra-de-camiones-de-basura/
 Consultado el 19 de junio de 2017.

5 Ibìd..

6 "Pagará Tijuana 79 millones de pesos por renta de camiones de basura: JMG" La Jornada de Baja California, Consultado el 19 de junio de 2017.

7 "Ayuntamiento de Tijuana reserva información sobre renta de camiones de limpia", La jornada, Consultado el 19 de junio de 2017.

8 Fracción IV, Inciso  n) del Artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.






Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, Senador de la República integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Santo Tomás, Ajusco es un pueblo de la Delegación Tlalpan, ubicado al sur de la Ciudad de México, en el kilómetro 6 de la carretera México-Ajusco, cuenta con una altitud cercana a los 3,000 metros sobre el nivel del mar.

La zona del Ajusco es conocida popularmente como uno de los pulmones de la Ciudad de México, sin embargo, la desatención de las comunidades que se encuentran asentadas en dicha zona ha generado una degradación constante del entorno ambiental de la misma.

El crecimiento de la mancha urbana y la sobreexplotación de los recursos maderables del Ajusco, representan los principales problemas de tal comunidad y de los que derivan otros como la presencia de residuos sólidos no degradables, deficiencia en el sistema de transporte público y la falta de ordenamiento territorial.

En este sentido, la contaminación por emisiones de hidrocarburos mantiene una situación alarmante en la zona del Ajusco, ya que, su vegetación se ve amenazada debido a contaminantes como el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, entre otros.

Otra problemática que requiere de urgente atención es la presencia de aserraderos clandestinos que se abastecen de distintas especies de árboles por tala clandestina que ha terminado con varias hectáreas de la flora en comunidades como Santo Tomás y San Miguel, ubicadas en el Ajusco.

En los últimos meses se ha presentado un aumento en los niveles de contaminación debido al cambio climático y a los aumentos constantes de temperaturas, además se agravan las actividades irregulares de los pobladores y la ausencia de la autoridad en la observancia de las regulaciones correspondientes a la materia. Ante la problemática mundial actual sobre el cambio climático y la degradación ambiental, es urgente aportar al mantenimiento de los escasos territorios que nos ayudan a mitigar sus efectos.

Se considera que es tarea de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México implementar acciones que involucren a los habitantes de la zona para conseguir una mejora sustancial en las condiciones óptimas para el mantenimiento y sostenibilidad de la comunidad, en donde se complemente la convivencia y actividad humana con la flora y fauna silvestre.

Entre estas tareas, se puede destacar la planeación de sistemas de tratamiento de residuos, campañas de información para la población sobre la problemática a la que se enfrentan, reordenamiento de los asentamientos humanos, sanciones efectivas a las actividades ilícitas como la provocación de incendios y los daños ambientales por tala ilegal y afectación a la fauna silvestre.

La concreción de ciudades y comunidades sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y la gestión de la vida de ecosistemas terrestres representan los objetivos 11, 13 y 15 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a los que como representantes populares y como ciudadanos responsables nos debemos apegar para que podamos concretar tales metas planteadas en pro del medio ambiente y el bienestar de todo ser humano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar el fallo judicial para suspender las obras de la Línea 7 del Metrobús y a diversas instituciones remitir informes sobre impacto ambiental y daños al patrimonio histórico y cultural. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales de enero de este 2017 iniciaron las obras para la construcción de la Línea 7 del Metrobús que se prevé circule de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos, cubriendo una longitud de 15 kilómetros, con 30 estaciones y una extensión hacia Santa Fe, que beneficiaría a 110 mil personas por día.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México informó del inicio de las obras  en Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, de lo que se pretende sea un carril confinado sobre Paseo de la Reforma, donde por cierto circulan, aún sin el Metrobús, autobuses turísticos de dos pisos, taxis, automóviles particulares y bicicletas.

La obra avanzó a pesar las protestas y llamados de organismos ambientalistas, especialistas, organizaciones vecinales, de comerciantes e incluso de los propios legisladores federales y locales hacia el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sobre los daños provocados a ésta zona de la capital, el derribo de árboles e incluso daños a monumentos históricos en Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró en ese momento que durante la ejecución de los trabajos se contaría con el seguimiento en campo por parte de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con la finalidad de hacer el salvamento arqueológico del corredor.

Incluso el pasado 8 de junio autoridades de la Ciudad de México presentaron una autorización emitida por la coordinación nacional de Monumentos Históricos del INAH para la habilitación del carril confinado de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma.

En la primera semana de junio la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dio a conocer que la construcción de la Línea 7 del Metrobús tenía un avance global es del 40 por ciento y reiteró que la misma se apegaba “a la normatividad local y federal”.

Diversos senadores como quien suscribe este punto de acuerdo y otros como la senadora Mariana Gómez del Campo, nos pronunciamos a favor de que el Gobierno de la Ciudad de México escuchara a vecinos, comerciantes y especialistas que advertían daños ecológicos, por el derribo de más de 500 árboles, pero también por eventuales afectaciones a monumentos  históricos que se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma, así como daños a aparatos eléctricos y electrónicos por variaciones en el voltaje, sin contar el tema del ruido y la contaminación, ya que las obras no se detuvieron aún con contingencias ambientales.

Frente a esos pronunciamientos no hubo ninguna respuesta de gobierno capitalino. La obra avanzó e incluso se advirtió que el término de la misma podría tener fines electorales para favorecer al Jefe de Gobierno.

Por ello, es destacable la decisión del Juez Octavo en Materia Administrativa,  Fernando Silva García, quien ordenó el pasado 12 de junio la suspensión  total de la construcción de la Línea 7 del sistema de transporte público Metrobús.

Ello luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la avenida Paseo de la Reforma está catalogada como monumento histórico.

Cabe destacar que el INAH presentó al citado juez la argumentación de que toda la vialidad de Paseo de la Reforma es un monumento protegido por la ley, lo cual está previsto en el Artículo 36, fracción I de la Ley Federal Monumentos y Zonas Arqueológicas.

El juez fue notificado por el INAH de que Paseo de Reforma es monumento histórico por determinación de ley, por lo cual solo es factible llevar a cabo obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación en dicha vía, y que el Bosque de Chapultepec en su Primera Sección fue declarado monumento histórico el 9 de febrero de 1931.

Sin embargo, es preocupante el discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del pasado 14   junio, quien advirtió que la construcción de la Línea 7 del Metrobús no se detendrá.

“Si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar, que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el beneficio de la gente, además lo voy a hacer yo, el que lo va a ser, soy yo”.

Es claro, que con este discurso Mancera  busca polarizar un conflicto legal, incluso argumentando que el fallo del juez es una “amenaza” lo cual nos remite a escenarios del pasado reciente donde también un gobernante capitalino desafió una orden judicial para detener una obra en Santa Fe.

Por otra parte, es necesario que a la par de la decisión del citado juez respecto a la viabilidad de esta obra del Metrobús, se conozca por parte del INAH y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) las posibles afectaciones por la construcción, los estudios de impacto ambiental y quiénes fueron los encargados de realizarlos y certificarlos.

Sobre el mismo tema hasta ahora no se conocen detalles del proyecto respecto al tamaño de los carriles que obviamente se modificarán con la construcción del carril confinado para el Metrobús en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la SCT una “Vía primaria” es un espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de emergencia.

Se define “Carril” como cada una de las fajas de circulación en que puede estar dividida la superficie de rodadura con anchura suficiente para la circulación de vehículos en fila.

De acuerdo a normas internacionales cada “Carril” en vías primarias, como lo es Paseo de la Reforma y otras como Insurgentes, donde por cierto con la construcción del Metrobús no se cumplen estos parámetros, debe ser un  ancho normalizado de carril de circulación vehicular de  3.65 m. Puede haber una ligera variación en torno a la  velocidad y el tipo de vía.

Es obvio que en Paseo de la Reforma será prácticamente imposible cumplir con estas características, porque en algunos tramos, como ya ocurre en Insurgentes, el carril confinado del Metrobús provocará que el ancho de los otros dos carriles que quedaran para el resto de los vehículos midan incluso menos de tres metros de ancho.

Sumado a ello, no se ha informado por parte del Gobierno de la Ciudad de México que ocurrirá con los microbuses y peseros que tienen su base en Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional. Rutas que conectan a cientos de miles de pasajeros que viven en el estado de México y que obviamente no podrán operar una vez que entre en funcionamiento el Metrobús.

Ante esta situación propongo al Honorable Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar y no polemizar, ni polarizar socialmente la decisión del Juez Octavo en Materia Administrativa que ordenó el pasado 12 de junio la suspensión  total de la construcción de la Línea 7 del sistema de transporte público Metrobús.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar a esta Soberanía un informe sobre las medidas que tendrán los carriles restantes para los vehículos particulares que circulen en Paseo de la Reforma y si dichas medidas corresponden con las normas internacionales en materia de vialidad.

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentar un informe sobre lo que ocurrirá con los paraderos y rutas actuales de microbuses y autobuses que se encuentran en Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional, las cuales conectan a miles de pasajeros con colonias del estado de México, el Metro Toreo y otras zonas de la capital del país.

CUATRO: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informar a esta Soberanía sobre los estudios de posibles afectaciones al patrimonio cultural e histórico de Paseo de la Reforma por las obras de la Línea 7 del Metrobús.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informar a esta Soberanía sobre la tala de árboles en Paseo de la Reforma por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y sí existen estudios de impacto ambiental para la misma.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar el procedimiento conducente para ampliar la denominación de origen tequila en los municipios del estado de Guanajuato. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo décimo tercero del acuerdo parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura; somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tequila es la bebida más distintiva de nuestro país. En los últimos años el tequila ha experimentado un crecimiento sin igual dándole trabajo a miles de familias e identidad a las regiones que lo producen. 

La industria tequilera genera más de 70,000 empleos directos y una integración vertical  con el campo mexicano. La Denominación de Origen Tequila (DOT) comprende 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacán con 30 municipios.

El tequila 100% de agave ha aumentado considerablemente sus demanda dejando atrás a otras categorías, en el 2016 se produjeron  144 millones de litros superando los  109 millones de litros en todo el 2015. Sumando las categorías, las exportaciones el año pasado fueron de más de 197 millones de litros.

Los cambios en hábitos de consumo del tequila y el hecho de que la planta cuenta con muchas más propiedades han ocasionado un incremento en el valor de planta. Este tipo de  agavácea hace un año valía alrededor de tres pesos el kilogramo. Hoy está en cerca de 12.5 pesos el kilogramo.

Este fenómeno hace muy atractivo que en otras zonas con características similares respecto a donde se produce actualmente el Agave Tequilana Weber variedad azul se quiera producir, y de esta  manera se beneficien miles de familias y empresas productoras de tequila, pero hoy están al margen de la Denominación de Origen Tequila (DOT).

Es importante destacar que algunas empresas han resistido la presión de incrementar sus precios, pero a principios de este año han tenido que incrementar sus precios entre  10 y 12% de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Tequila.

Es por ello que el gobierno del estado de Guanajuato,  tiene que llevar a cabo acciones encaminadas para ampliar la denominación de origen a otros municipios,  siguiendo las acciones como se ha hecho en otros Estados de la República Mexicana.

En este tenor, la Secretaría de Economía es la autoridad competente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, competente para emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen y autorizar su uso, así como tramitar y en su caso otorgar registros de marca; entre otras atribuciones y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) es el pilar en la protección de la Denominación de Origen Tequila en México y el mundo,  para ampliar el territorio que comprende la denominación de origen tequila, para que incluya los municipios de Guanajuato, Irapuato,  León, Moroleón, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San Felipe, Silao de la Victoria, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria, todos del estado de Guanajuato.

Estos municipios cumplen con las motivaciones y criterios que en su momento sirvieron para sustentar la ampliación del territorio a otras regiones:

a) Los industriales del Estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en el Estado de Guanajuato.

b) Los agaves cultivados en la zona del Estado de Guanajuato cuya ampliación se solicita, cumplen con los requisitos de calidad establecidos por la norma (NOM) expedida por esta Secretaría.1

c) Las inversiones que se han realizado en esa región son cuantiosas y permiten prever un desarrollo considerable con la consecuente generación de empleo y aprovechamiento de recursos naturales.

d) La protección que otorga la denominación de origen debe cubrir a todos los grupos que intervienen en la extracción, producción y elaboración del tequila.

e) Es necesario contar con un mayor volumen de materia prima para producir tequila y así poder satisfacer la demanda creciente de este producto, especialmente en el extranjero y evitar el uso de azúcares distintos al del agave en su elaboración.

Esto con el fin superior para que las familias guanajuatenses puedan beneficiarse de la siembra del Agave Tequilana Weber Variedad Azul; y de este modo lograr que diecinueve municipios del Estado de Guanajuato, ostenten la Denominación de Origen Tequila (DOT).

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, de oficio, lleve a cabo el procedimiento correspondiente a fin de incluir a los municipios de Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San Felipe, Silao de la Victoria, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria todos del Estado de Guanajuato, dentro del listado de municipios que comprende el territorio de origen señalado en la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, publicada el 13 de octubre de 1977 en el diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Alejandra Gutiérrez Campos.

1 Véase. Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, BEBIDAS ALCOHOLICAS-TEQUILA-
ESPECIFICACIONES. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012





De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en la población de niñas y niños en las escuelas de todo el país. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD ESTATALES IMPLEMENTE ACCIONES PREVENTIVAS PARA MITIGAR EL CONTAGIO DE LA FIEBRE AFTOSA HUMANA EN LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ESCUELAS DE TODO EL PAÍS, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diversas escuelas de la Ciudad de México, se han presentado casos de la enfermedad denominada fiebre aftosa humana, ocasionada por un virus altamente contagioso denominado virus Coxsackie, también conocida como la enfermedad de "la mano, el pie y la boca", que se presenta principalmente en menores de entre los 6 meses a los cinco años de edad.

De acuerdo a diversas notas periodísticas publicados en medios de comunicación en nuestro país, se han reportado casos de contagio de dicha enfermedad en cuatro menores de edad en una escuela de jardín de niños de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas1, y por otra parte, en algunas escuelas del sur de la Ciudad de México también se han presentado diversos casos de menores de edad infectados por el señalado virus Coxsackie.2

El virus se transmite a través de la saliva, por lo que su contagio se propaga de manera rápida y masiva. El cuadro de síntomas que se presentan una vez que la persona se contagia son, entre otros, los siguientes: fiebre, cuerpo cortado, puntos rojos en manos, pies y boca, falta de apetito, sarpullido cutáneo y dolores intensos de cabeza.

Particularmente, la fiebre que provoca este virus es altamente peligrosa, conocida como Fiebre Aftosa humana. Actualmente, no existen vacunas para los coxsackievirus. El virus que ocasionado la fiebre aftosa se propaga particularmente cuando hace calor, normalmente en el verano o a principios del otoño.

Para prevenir el contagio de esta enfermedad los expertos recomienda mantener una higiene continua en manos y cara, así como, evitarse tocar ojos, nariz y boca.

El virus de Coxsackie, es un agente patógeno perteneciente a la familia de Enterovirus. Su descubrimiento es reciente y debe su nombre a su detección en laboratorios ubicados en la ciudad de Coxsackie, Nueva York. El virus genera una enfermedad infecciosa frecuente en lactantes y niños. Según los reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, los síntomas frecuentes son "fiebre, úlceras dolorosas en la boca y un exantema vesiculoso en las manos y los pies"3.

Lo más frecuente es que esté causada por coxsackievirus A16, que suelen ocasionar una enfermedad leve y autolimitada con escasas complicaciones. Asimismo, puede ser causada por enterovirus, entre ellos el (EV-71), que se ha asociado a complicaciones graves, a veces mortales, en algunos grupos.

De acuerdo a la información oficial de la Organización Mundial de la Salud4, la Fiebre Aftosa Humana es ocasionada por los virus A-16 y por el virus EV-71, mismos que pueden ocasionar la muerte, al tenor de las siguientes consideraciones:

"La fiebre aftosa humana, también conocida como exantema vírico de manos, pies y boca, es común en varios países del sureste de Asia. El epidemiólogo de la OMS en Phnom Penh, Nima Asgari, aseveró que la "fiebre aftosa humana se propaga con el contacto directo con mucosidad, saliva o heces de una persona contagiada". Los síntomas de la afección se manifiestan con fiebre, úlceras dolorosas en la boca y erupción con ampollas en las manos, pies y nalgas. El EV-71, una combinación de otros organismos causantes de enfermedades, es un virus que puede causar parálisis, edema cerebral y la muerte"

Desde el año 2010, se han presentado reportes en todo el mundo de contagios epidémicos con dicha enfermedad principalmente en menores de edad. Por ejemplo, en julio de 2012, se estima que un contagio masivo de dicha enfermedad provocó la muerte de 52 menores de edad en Camboya, de acuerdo a las cifras oficiales de la propia Organización Mundial de la Salud.5

Como enfermedad viral que tiene que seguir su curso; muchos médicos no recetan medicamentos, a menos que la infección sea severa. Los medicamentos que auxilian para controlar la enfermedad son los reductores de fiebre y el paracetamol. También los médicos recomiendan el reposo absoluto y los baños tibios de la persona infectada para aminorar el dolor.

Entre las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud para prevenir el contagio de la enfermedad se encuentran: "Medidas básicas como el lavado de manos; utilizar cubiertos individuales; evitar saludar de beso; y estornudar con el codo del antebrazo"6.

No obstante lo anterior, ante la ola de recientes contagios en diversos puntos del país y con la finalidad de evitar una epidemia a nivel nacional, es necesario que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, implementen acciones preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en los menores de edad.

Es en razón de lo antes expuesto, es que someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que dentro de sus atribuciones, en coordinación con las Secretarías de Salud estatales implemente acciones preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en la población de niñas y niños en las escuelas de todo el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Nota "Ataca virus en kínder y suspenden clases. Es común entre niños, explica Salud" disponible en:
https://www.elmanana.com/atacavirusenkinderysuspendenclaseses
comunentreninosexplicasalud-3802926.html

2 Cfr. Nota "En qué consiste el virus coxsaquie y cómo se contagia?" disponible en:
https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061

3 Cfr. Disponible en: http://www.who.int/csr/don/2012_07_09/es/

4 Cfr. Reporte disponible en:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiebre-aftosa-posible-enfermedad-
que-cobra-vidas-ninos-camboyanos/

5 Ibidem.

6 Cfr. Recomendaciones disponibles en:
http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa condolencias al gobierno de la hermana República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en el municipio de Pedrógao Grande en el centro de ese país. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS AL GOBIERNO DE LA HERMANA REPÚBLICA DE PORTUGAL Y A LOS FAMILIARES DE LOS PERSONAS FALLECIDAS EN EL INCENDIO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE PEDRÓGAO GRANDE EN EL CENTRO DE PORTUGAL, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado sábado, el municipio de Pedrógão Grande en la República de Portugal, tuvo la desgracia de que un rayo provocado por una tormenta eléctrica pegara en un árbol seco en la zona boscosa de ese país y que este se incendiara propagándose con asombrosa rapidez un incendio forestal sin precedentes en ese país1.

La carretera nacional 236 fue envuelta por un incendio forestal, lo que impidió a quienes circulaban por esa vía poder salir de las llamas por estar rodeados por estas y sin tener una posibilidad de escape.

Hasta el momento se tienen reportadas 64 personas fallecidas y 135 personas heridas.

Algunas de las víctimas mortales fueron localizadas al interior de los que fueron sus vehículos, y otras a las orillas de la carretera, mismas que se presume intentaron escapar a pie sin lograrlo.

El fuego que se ha extendido con tanta rapidez y sin explicación alguna, ha conmocionado a la hermana República de Portugal por ser una tragedia de proporciones inmensurables, declarando incluso el Primer Ministro Antonio Costa “Se trata de la peor tragedia de nuestras vidas2.

La Unión Europea, a propósito de este desastre natural que ha cobrado más de medio centenar de víctimas, ha activado el “Mecanismo Comunitario de Protección Civil”, mismo que coordina la asistencia a Estados Miembros para los casos de emergencia como es el que en este momento sufre la República de Portugal, destacando que en este momento ya existe apoyo por parte de las naciones de Francia, España e Italia, quienes han contribuido con aviones y personal brigadista para colaborar en las labores de extinción del fuego3

Las primeras notas de quienes consiguieron entrar en la zona devastada hablan de escenas dantescas, con cadáveres dentro de los automóviles completamente calcinados.

Muchas viviendas igualmente fueron alcanzadas y reducidas a cenizas y toda vez que algunos poblados quedaron incomunicados y cercados por las llamas, no puede descartarse que el número de víctimas mortales crezca.

Las historias de supervivencia comienzan a fluir y es así como se ha venido informando lo que pasó en los momentos del incendio.

Algunos aldeanos al percatarse del incendio pretendieron evacuar el lugar en sus vehículos, sin embargo lejos de lograrlo se adentraron en el centro del incendio encontrándose con paredes de fuego que acabaron con sus vidas.

De las primeras personas rescatadas, María do Céu Silva, ha sido considerada como una heroína dentro de la tragedia al haber utilizado el tanque de agua de su casa para ayudar a algunos residentes de Nodeirinho, poblado cercano a la autopista IC8 que igualmente se vio afectada por el incendio.

La imposibilidad de sacar con rapidez a su madre discapacitada y subirla en su vehículo, motivó que por instinto de supervivencia y ayudada por su hijo, metieran a su madre dentro del tinaco de agua, así mismo a otras familias, esta acción le salvó la vida a su familia y vecinos de la comunidad, siendo rescatados 12 personas gracias a este hecho4.

Lamentablemente el incendio continúa y los elementos que se encuentran tratando de apagarlo no han podido entrar a algunas zonas afectadas.

Para nuestra hermana República de Portugal este desastre es el que puede considerarse como la tragedia más grande sufrida en ese país.

Las cifras respecto de las hectáreas consumidas por el fuego aún no pueden ser precisadas porque el fuego lamentablemente continúa.

En razón de lo anterior, presento a esta alta Soberanía para su aprobación de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, presenta sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en el municipio de Pedrógão Grande en el centro de Portugal, el pasado 17 de junio del presente año.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Cristina Diaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

1 http://www.elespanol.com/mundo/20170618/224728073_0.html

2 http://www.elespanol.com/mundo/20170618/224728073_0_224757524_1.html

3 https://actualidad.rt.com/actualidad/241676-devastador-incendio-portugal-vista-dron

4 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40330202






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela enfrenta una terrible crisis económica, política y social. El pasado 29 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo, a través del cual, adoptó las competencias del parlamento, dejándolo sin atribuciones. Ante este hecho, la Asamblea Nacional declaró un "golpe de Estado" por parte de los poderes ejecutivo y judicial.

Además, el Estado Venezolano enfrenta una severa crisis económica que se ha agudizado desde que el Presidente Nicolás Maduro asumiera el cargo de titular del ejecutivo. Desde 2014, los precios del petróleo han presentado una fuerte caída, lo cual, ha tenido fuertes repercusiones en la economía de ese país puesto que el 96% de sus divisas proviene precisamente de la exportación de hidrocarburos. 1

Asimismo, Venezuela ha tenido que disminuir enormemente sus importaciones, razón por la cual se ha desencadenado una crisis de escasez de todo tipo de productos. La falta de insumos mantiene a la industria doméstica parada. En 2016, la economía retrocedió 11,3%. A ello se suma, el registro de inflación más alto del mundo, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será de 1.600% en 2017.2

A lo ya planteado, se suma una preocupante crisis social que tiene que ver con el creciente número de violaciones a los Derechos Humanos por parte de policías y fuerzas armadas de ese país, así como ajusticiamientos y allanamientos ilegales. Las movilizaciones opositoras se intensificaron después de que el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 1° de mayo. Desde entonces, el saldo de las protestas ha sido de 65 personas muertas y más de 10,000 lesionadas.

En junio de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una Sesión Extraordinaria para que se discutiera el primer informe sobre la situación política, social y económica que enfrenta Venezuela. Ninguna medida fue llevada a cabo debido a que, en esa ocasión los Estados miembro no tomaron ninguna decisión.

El pasado lunes 19 de junio, en el marco de la cumbre de la OEA en Cancún, que tenía como objetivo sancionar la convocatoria de la Asamblea constituyente, la delegación diplomática de Venezuela liderada por la canciller Delcy Rodríguez decidieron abandonar la reunión, reafirmando su decisión respecto de seguir siendo integrante de la OEA.

Con se frenan de manera tajante todo tipo de negociación diplomática con la Organización de los Estados Americanos.   

Asimismo, la esperanza de que fuese adoptada una resolución, liderada por México principalmente, así como por otros países como Argentina y Perú, que buscaba que se estableciera un diálogo entre el régimen y la oposición en Venezuela, la cual se vio diluida luego de que no se alcanzaran los 23 votos necesarios para ser aprobada.

Antes de abandonar el diálogo, la canciller venezolana criticó el papel del Secretario General, Luis Amargo a quien llamó "instigador de la violencia". De la misma manera, acusó a la diplomacia mexicana de "infantil", y expresó que los países que "no se han plegado", entre ellos Nicaragua, Cuba o Ecuador y algunos caribeños, "Cuiden y vigilen su institucionalidad para que no se produzca una grave violación a la soberanía como la que pretenden con Venezuela".3

Bajo este tipo de señalamientos y acusaciones, el canciller mexicano Luis Videgaray en apego al marco de la Organización de Estados Americanos pidió actuar y señaló que "se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia "en Venezuela.

Tal situación, pone en evidencia la poca disposición por parte del gobierno venezolano para llevar a cabo un diálogo que conduzca a una pronta solución a la crisis múltiple, política, económica y social, que está enfrentado y perjudica severamente los derechos humanos de la población venezolana.

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión mantiene su respaldo a la postura adoptada por el Gobierno Mexicano y otros países sobre la actual situación política, social y económica de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Sede de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 s/a, "Cinco claves para entender la crisis política en Venezuela", [en línea], El Universal, 1 de abril de 2017, Dirección URL:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-
claves-para-entender-la-crisis-politica-en-venezuela,
[consulta: 1 de abril de 2017]. 

2 Sally Palomino, "La odisea de las venezolanas que llegan a Colombia para dar a luz", [en línea], El País, 13 de marzo de 2017, Dirección URL:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/colombia/
1489408482_202543.html, [consulta: 1 de abril de 2017].

3 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/19/mexico/1497887192_385318.html​






De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos locales a brindar un reconocimiento anual a los municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Diputada ELOÍSA CHAVARRÍAS BARAJAS perteneciente al grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58,  y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los jardines y parques constituyen espacios necesarios para la vida citadina. En ellos se concede un remanso  de paz y recreación a las cansadas sociedades de la urbe. Frente a la contaminación atmosférica, los parques son opciones necesarias, espacios de relajamiento y ejercicio. La contaminación por supuesto hace daño a las plantas, y el tráfico automovilístico ocasiona múltiples perjuicios a la vegetación y a la fauna que ahí preservamos.

Los parques trasladan a la urbe el antagonismo campo versus ciudad.

La deforestación también ataca a las ciudades y así es claro que en la actualidad estamos en proceso de perder parques y jardines, huertos y camellones. A pesar de que, en el interior de la ciudad, la normatividad exige preservar una superficie para este propósito, el acoso urbanístico despoja a los ciudadanos  de esos espacios de oxigenación y convivencia.

Como bienes compartidos, los parques se han convertido en espacios o bienes públicos, y se hace necesario articular estrategias de defensa de lo verde frente al impulso que despoja  esas áreas que son de todos.

El parque público, en la vida moderna, es un espacio que hace posible la convivencia de todos los ciudadanos, de modo que representa un territorio donde se hace efectiva la idea de igualdad, porque en sus senderos pueden pasearse tanto el pudiente  como el menesteroso, el oriundo y el extranjero.

Desde el urbanismo hasta los estudios biológicos, se han reconocido la importancia que los parques urbanos y jardines públicos tienen para mejorar la calidad de vida de la población. Son espacios abiertos que permiten la convivencia social y ofrecen servicios ambientales como captación de Bióxido de Carbono, áreas de infiltración de agua a mantos acuíferos, barreras contra las inundaciones, reguladores de temperatura.

Es sin duda un ejemplo de gestión pública también en materia medioambiental. No podemos olvidar que la mayoría de la población humana vive en las ciudades o en núcleos urbanos, donde trabaja y se desarrolla en continuo contacto con otros individuos, en las calles, en sus hogares o en cualquier espacio público donde haya cabida para la distensión, la comunicación y el disfrute de las experiencias urbanas.

Serán los Espacios Públicos Urbanos los mejores sitios donde se establezca esa relación directa entre el espacio y las personas.

En nuestras Zonas Metropolitanas  han vivido de espaldas a la naturaleza que en su origen las vio nacer, los árboles y parques han sido poco a poco sustituidos por pavimento o por grandes avenidas que seccionan la ciudad.

Pensar en naturaleza significa pensar fuera de la ciudad, de ahí la importancia de recuperar el contacto directo de los ciudadanos con los elementos naturales de su entorno, como primera instancia, y paralelamente recuperar, conservar y gestionar las comunidades biológicas que ancestralmente hicieron de las ciudades lugares agradables para el hombre.

El afán del hombre por la búsqueda del contacto con la naturaleza ha estado reflejado en sus comportamientos cada vez más sensibles hacia temas ambientales, tales como la contaminación y la degradación de los espacios naturales. Esto ha llevado a replantear la importancia y los servicios que los espacios verdes públicos prestan a la sociedad. Las ciudades han empezado a desarrollar sus Agendas, buscando un equilibrio sostenible entre crecimiento y desarrollo, donde aspectos sociales, económicos y ambientales tienen que entrelazarse para conseguir tal finalidad. Será aquí donde los Espacios Naturales Urbanos empiezan a cobrar su mayor importancia. La recuperación de la ciudad para los ciudadanos, con actuaciones como la reducción de los automóviles, la peatonalización de los Centros Históricos y la creación de grandes zonas verdes han redefinido las ciudades como espacios residenciales atractivos para que el hombre se pueda desarrollar en todo su potencial. Pero este hecho necesita de estudios multi e interdisciplinarios donde tanto las bases ecológicas como también las formas de conducta social vayan cogidas de la mano, y donde el contacto con la naturaleza en el transcurso de la vida urbana tengan un único objetivo: el aumento de la calidad de vida.” *

*http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2004_05priego_tcm7-53039.pdf.

Las ciudades más importantes del mundo se distinguen, también, por sus bellos y grandes parques. En nuestras cabeceras municipales, siempre se distingue algún bello jardín orgullo del lugar.

Es tiempo de desarrollar un mejor aprovechamiento y expansión de nuestros parques y jardines. El reconocimiento por parte de la Secretaria del Medio ambiente será un extraordinario estímulos para nuestras Ciudades, Municipios y Zonas Metropolitanas, pues entrara en la agenda de las prioridades.

También creará un sentido de responsabilidad compartida. Sin duda el sano desarrollo de parques y jardines brinda una magnífica oportunidad científica pues este proceso, bien elaborado, otorga oportunidades a profesionales del medio ambiente a seleccionar los árboles y plantas de ornato en armonía con el medio ambiente local.

Es muy lamentable la cantidad de estos espacios públicos en los que se sembraron árboles que afectaron el desarrollo de otras especies vegetales y animales.

Reiteramos que los Parques y jardines presentan un adecuado lugar de reunión y esparcimiento para las familias siendo además un lugar para ejercer las virtudes cívicas de convivencia, respeto al ambiente e higiene.

La intención del nombramiento  estimulará a nuestros centros urbanos a  favorecer el desarrollo de parques y jardines como una política pública.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos locales para que otorguen anualmente un reconocimiento a los municipios y zonas metropolitanas  que se distingan por la conservación  de parques y jardines.

Segundo. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los municipios del país para que fortalezcan sus acciones para acrecentar y mejorar sus parques y jardines

Senado de las República, sede de la Comisión Permanente, el 28 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas.






De la Senadora Marcela Guerra Castillo y del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones de la administración pública federal a realizar acciones de conservación de la vaquita marina. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a Petróleos Mexicanos a actualizar sus plataformas digitales con objeto de transparentar en su portal de internet los detalles de las importaciones de petrolíferos, especificando el país de origen, la cantidad y el costo de cada operación. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a separar de su cargo al Secretario General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en tanto se deslinda su responsabilidad en relación con los presuntos actos constitutivos de violencia contra su cónyuge. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 17 de junio de este año, la cónyuge del secretario general de gobierno del estado de Veracruz, de la cual omito su nombre para salvaguardar su integridad, publicó en una cuenta personal de una conocida red social, imágenes donde aparece con golpes en el rostro, titulando dichas imágenes como “golpes y maltratos”.

En dicha publicación, aparece ella en dos fotografías, una de frente y otra de perfil, ambas con evidencia de haber sufrido golpes en el rostro. La señora muestra hematoma en el pómulo izquierdo y hemorragia subconjuntival en el ojo derecho.

Hemos dicho hasta el cansancio que “cuando nos golpean a una nos golpean a todas”, sin embargo, esa frase más que una idea retórica, es un llamado para que no permitamos más la violencia, no permitamos más los maltratos ni los abusos que históricamente las mujeres hemos padecido.

Los feminicidios tienen precisamente un contexto como el que se expresa en este tipo de conductas. Violencia física recurrente que puede llegar al homicidio en muchas de las ocasiones.

En el caso al que nos referimos en este punto de acuerdo, debemos señalar que la presunta víctima es cónyuge del secretario general de gobierno del estado de Veracruz, y ue tenemosconocimiento que ésta no es la primera ocasión que presenta denuncia por este tipo de agresiones, perpetradas por esta persona que, además de contar con el poder y la influencia política para encubrir este tipo de actos, tiene la idea de que puede golpear brutalmente a una mujer y que no habrá consecuencias, lo cual constituye un grave error.

Una conducta delictiva y un acto como éste, no deben ni pueden quedar impunes, máxime cuando quien lo realiza forma parte de ese escudo que, en teoría, debe proteger a las mujeres. 

Este hecho es sumamente grave, pues al ser una entidad con declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida activada, debería ser la autoridad la primera en proteger a las mujeres de ese tipo de conductas delictivas, por lo que dejar que una persona que ha agredido a una mujer físicamente continúe su labor como servidor público, es sumamente irresponsable.

Lo ocurrido en este caso, refleja muy bien lo que p