Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 9



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Junio de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:47 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Señoras legisladoras y legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 30 legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, se tiene el registro de 37 legisladores que han pasado asistencia personalmente ante la Secretaría. Tenemos quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de junio de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del miércoles catorce de junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles siete de junio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia para participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual tendrá lugar en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2016.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Armando Neyra Chávez, su Informe de actividades legislativas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales del año 2017, su informe de las actividades realizadas en el período del 17 de mayo al 4 de junio del año en curso y presenta las conclusiones respectivas. Asimismo, remite las proposiciones que le fueron turnadas.- Quedó de enterado. La Mesa Directiva informó que las proposiciones que se remitieron a dicha comisión se tienen por concluidas y se enviarán a la Primera Comisión, sólo para conocimiento. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria archivar los puntos de acuerdo. Para referirse al Informe intervinieron los legisladores: Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Diputada Martha Hilda González Calderón del PRI; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

 

Se recibió de la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en lo relativo al establecimiento de la mayoría de edad para contraer matrimonio.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que realiza excitativa a comisiones del Senado de la República para que dictaminen la minuta que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, en materia de registro público de personas condenadas por comisión de delitos sexuales para la protección de la niñez.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

El Diputado Yericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo al artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y reforma la denominación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

 

La Diputada Lía Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una nueva fracción VI al artículo 1, adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, adiciona una nueva fracción XXIX al artículo 7 y modifica los artículos 9 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley sobre la Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a reforzar las acciones pertinentes para detectar, prevenir y combatir el contrabando de armas.

2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, realice una campaña que informe sobre la correcta separación de basura y difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la norma ambiental que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México.

3. Que exhorta al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII Legislatura a que en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030 se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas de valor ambiental y se establezca el plan de manejo de cada una de las barrancas que cuentan con dicha declaratoria.

4. Por el que se solicita al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la información relativa a la situación que guarda el procedimiento de declaración de procedencia instaurado por la Sección Instructora de ese órgano legislativo con relación al Presidente Municipal de Fortín de las Flores.

5. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del director de la clínica Hospital Mazatlán del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa.

6. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe sobre los resultados de la implementación del Programa Escudo para la seguridad en dicha entidad.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración y administración de justicia que garantice el estado de derecho.

8. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención de desastres y realizar programas de alerta informativa, de prevención de riesgos y protección a la población durante la temporada de lluvias y huracanes 2017, especialmente en aquellas entidades que representan una mayor incidencia de este tipo de fenómenos naturales.

9. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en donde no existan estrategias específicas, a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos, a través de intensas campañas de información y concientización.

10. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

11. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Yucatán a continuar realizando las investigaciones sobre el presunto fraude cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE” en agravio de familias yucatecas y, de ser el caso, se ejerza la acción de la justicia en contra de quienes resulten responsables y se procure una pronta reparación del daño a las víctimas.

12. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

13. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhortaba a diversos congresos locales a realizar las adecuaciones normativas y expedir las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

14. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición en torno a la definición y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario nacional.

Sin discusión, los catorce dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, el Programa de Especialidades Médicas para los Servicios Rurales de Salud del IMSS-PROSPERA y el Programa Eficiencia Terapéutica; asimismo, solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.

2. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de los defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres y exhorta a las autoridades competentes a realizar una investigación para esclarecer el caso; asimismo, exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit a adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las personas derivado del conflicto de posesión de tierras en la comunidad Wixárika.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer las acciones en materia de prestación de servicio de agua entubada a las viviendas, así como la difusión de los beneficios de utilizar sanitarios secos, plantas de tratamiento y demás técnicas para un manejo sustentable del agua.

4. Que exhorta a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a realizar acciones que atiendan la problemática ambiental derivada de la acumulación de metales pesados en la presa La Zacatecana y poblaciones aledañas.

5. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar y fortalecer las acciones en materia de erradicación del trabajo infantil en la zona de campo de dicha entidad.

6. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la viabilidad de incorporar las modalidades presencial y a distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión en servicio.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio.

8. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, el 26 de mayo de 2017.

9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la factibilidad de la impartición, en su caso, de talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y superior.

10. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas de difusión sobre los riesgos a la salud por el consumo de sal, con la finalidad de prevenir enfermedades como la hipertensión.

11. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la posibilidad de realizar un homenaje póstumo al artista Felipe Ehremberg en el Palacio de Bellas Artes.
12. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, los temas de seguridad sean considerados como prioridad entre las naciones.

13. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior en el estado de Guerrero.

14. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer de piel.

15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención, detección y, en su caso, tratamiento del padecimiento denominado pinzamiento de cadera.

16. Por el que se dan por atendidas las proposiciones sobre alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra en torno a la Ley SB4.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión.Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre los subsidios y beneficios en las tarifas del servicio básico de electricidad en todo el país, particularmente en sus zonas cálidas.

2. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el ejercicio presupuestal del Programa México Conectado, durante el primer trimestre de 2017.

3. Por el que se solicita a las entidades federativas integradas en la Comisión Ambiental de la Megalópolis un informe sobre los avances y resultados que hasta la fecha tengan registrados en la implementación de las nuevas medidas de verificación vehicular vigentes a partir del 1 de julio de 2016, incluyendo las medidas para garantizar la correcta operación de los “verificentros”.

4. Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Cultura a fortalecer las medidas de seguridad en las zonas arqueológicas del estado de Yucatán; asimismo, a encontrar una solución a la situación de ambulantaje en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

5. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre las acciones y medidas emprendidas para optimizar el buen funcionamiento de las aduanas del país, particularmente las que se ubican en la frontera norte; asimismo, información sobre los resultados de las evaluaciones que la Administración General de Evaluación haya realizado al personal de la Administración de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

6. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información que detalle los criterios con los cuales autorizó las cancelaciones fiscales a diversos contribuyentes durante el período de enero de 2013 a diciembre de 2016.

7. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a fortalecer los planes y programas con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria del cacao y el chocolate en México, con una visión integral de corto, mediano y largo plazo.

8. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre las acciones de inspección a los autobuses de pasajeros y de turismo para verificar que cumplen con la normatividad vigente.

9. Que exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a fortalecer las políticas públicas que garanticen una alimentación adecuada a niñas, niños y jóvenes.

10. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del municipio de Zimapán a verificar el riesgo sanitario del arroyo de la barranca de San Francisco para que, de ser el caso, tome las medidas necesarias que garanticen la salud plena de los habitantes de la zona.

11. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Instituto Nacional de Pesca a cerciorarse de que los estudios geofísicos por medio de la técnica o método sísmico que se están llevando a cabo en aguas marinas de jurisdicción nacional, no estén causando daño a la biodiversidad, con especial atención en las especies en categoría de riesgo, y/o a las pesquerías.

12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas precautorias para hacer frente a la temporada de sequía en el territorio nacional, debido a que está adquiriendo rasgos atípicos.

13. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016, que explique las ampliaciones y reasignaciones realizadas en el presupuesto ejercido en 2016, así como la información detallada sobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de gasto.

14. Que exhorta al Ejecutivo Federal a designar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en beneficio de los consumidores y sus derechos.

15. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a activar la declaratoria de emergencia para los municipios afectados por el incendio en el Bosque de la Primavera.

Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los congresos y gobiernos de las entidades federativas a realizar las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en concordancia con lo establecido en la legislación general vigente.- Intervinieron los legisladores: Diputada Gloria Himelda Félix Niebla del PRI; Diputada Karla Karina Osuna Carranco del PAN; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Senador Benjamín Robles Montoya del PT; y Diputada Maricela Contreras Julián del PAN. El dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Gobierno Federal, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.- Intervino el Diputado Federico Döring Casar del PAN. El dictamen fue aprobado en votación       económica.

3. Por el que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México; así como para proporcionar atención y reparación integral a las víctimas de este delito.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI; Diputada Maricela Contreras Julián del PRD; y Diputada Lía Limón García del PVEM. El dictamen fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe.- Intervinieron los legisladores: Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea aceptó integrar la propuesta; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. El dictamen fue aprobado con la propuesta de modificación aceptada en votación económica.

(Proposiciones)

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega, a nombre de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del estado de Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades en la elección de gobernador de dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos destinados por el gobierno del estado a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Marina un informe sobre los acuerdos que suscriben con sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se sostendrá en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, poner en marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la banca social y emitir una reglamentación específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Campeche, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sonora, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, ante la incapacidad y las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Comunicación)

Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 15 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los artículos 5, 21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 37 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se modifican los artículos 9 y 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de Decreto por el que se reforman el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción I Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adiciona el artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 49, 56 y 86 de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración a instruir a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre el desglose en los gastos de las dependencias de la administración pública centralizada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lía Limón García, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a retomar el control y reestablecer el estado de derecho en la cárcel estatal, denominada Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ante los hechos ocurridos en este centro el pasado 6 de junio, donde fallecieron 7 personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los municipios de México; asimismo, exhorta a los gobiernos locales en las entidades federativas a implementar sistemas de servicio profesional de carrera que coadyuven a resolver el problema.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir al sector lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a revisar las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando E. Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el proceso de solventación de observaciones relativo al Centro SCT-Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que lleve a cabo el censo agropecuario 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del estado de Hidalgo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector azucarero y a buscar alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin de evitar que los productores nacionales tengan consecuencias negativas con las nuevas condiciones establecidas en comercialización de este producto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional de Agua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre el impacto ambiental por explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación conocida como fracking.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar campañas de concientización y tomar las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir los problemas visuales derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos como pantallas, celulares, tabletas y la exposición prolongada a luces artificiales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a diseñar una estrategia para proteger al gremio médico y garantizar las condiciones necesarias para ejercer su profesión, a fin de evitar que prevalezcan los actos de violencia en todo el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un informe del estatus que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos tres años.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar si cuentan con programas fijos para prever y atender la salud mental, respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la población.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe sobre los avances del “Programa Estatal Hídrico, Visión 2030 Zacatecas”, así como de los cambios o actualizaciones que haya hecho a las perspectivas, objetivos y estrategias del mismo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Querétaro a suscribir un convenio que permita incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y a la zona metropolitana de San Juan del Río-Tequisquiapan al territorio de la Megalópolis y al Ejecutivo de este último integrarse a la Comisión Ambiental de la Megalópolis.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe de los resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el presente año, a fin de combatir e inhibir los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar sobre las medidas de protección que se están tomando para salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los periodistas en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a coordinar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno las acciones necesarias para la definición e implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con especial enfoque en los menores de edad, atendiendo sus derechos humanos y favoreciendo el contexto de desarrollo nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas a ejecutar las acciones necesarias en materia laboral, educativa, de seguridad pública y de procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro país, de acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección a la infancia suscritas por México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre los evidentes actos de reventa abusiva de boletaje ocurridos para ingresar al partido de final de fútbol entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el 28 de mayo del año en curso, en Zapopan, Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones a familiares y excolaboradores del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que respondan de todos los delitos que se le imputan y no evadan la acción de la justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a ordenar a los órganos desconcentrados del Instituto la realización de recuentos totales de votos en la elección de gobernador del 4 de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al ISSSTE y al IMSS, así como a los titulares del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Mexicano de la Juventud, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Instituto Nacional de Geriatría, a diseñar e implementar medidas y programas para la prevención y diagnóstico temprano del Alzheimer y otro tipo de demencias, particularmente a favor de la población menor de 60 años.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y de la Diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar acciones para el rescate financiero de las universidades públicas estatales del país, con énfasis en la Universidad Autónoma del estado de Morelos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones en materia de tratamiento de aguas residuales municipales y no municipales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a solicitar una opinión técnica acerca del presunto caso de corrupción en el estado de San Luis Potosí, en donde diputados del congreso local habrían participado en una presunta red de extorsión a presidentes municipales cuyas cuentas de 2016 presentan irregularidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de carne de acuerdo con la NOM-030-ZOO-1995.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a regular la actuación de los centros de convivencia familiar, con la finalidad de que implementen metodologías unificadas y exitosas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se convoca a un período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en materia de violencia política en razón de género.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer un programa eficaz de verificación de las condiciones mecánicas de los camiones “doble remolque” que circulan por la red de carreteras del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a solicitar la declaratoria de emergencia del Fondo para la Atención de Emergencias en dicho estado, debido a los incendios forestales presentados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modernizar la carretera Tizimín-Río Lagartos en el estado de Yucatán; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar de recursos económicos para el mismo fin.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a atender el problema de descompresión que afecta a pescadores de Yucatán, mediante la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Patricia García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a la accesibilidad de personas discapacitadas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación a efecto de informar las medidas y acciones específicas que está adoptando para hacer frente al incremento de la violencia en el territorio nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a las autoridades educativas de los 32 gobiernos de las entidades federativas a dar cuenta de los resultados de los indicadores sobre el avance en la aplicación de los métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia en las escuelas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los recursos que fueron entregados para mejorar la calidad del aire en la Megalópolis.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a informar la situación que guarda la obra Paraderos con Todo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación a agilizar la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, con el propósito de atender los desastres ocasionados por la tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Ángel Salim Alie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión Reguladora de Energía a informar el monto total de la subasta y asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos asociadas a la etapa 1.1 de la temporada abierta para los sistemas de Rosarito y Guaymas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a transparentar en su sitio de internet el trabajo realizado por las legisladoras, legisladores y comisiones, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los organismos públicos locales a defender su autonomía frente a posibles injerencias de los poderes públicos locales, a propósito de los comicios que se celebrarán el próximo año.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión integrar en el período extraordinario la discusión de la segunda vuelta.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre la integración de la investigación respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Palmarito, en el estado de Puebla, a fin de garantizar el debido proceso e impartición de justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Economía para que explique la firma del acuerdo azucarero entre México y los Estados Unidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Valencia Guzmán y Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública estatal a investigar la difusión de imágenes en diversos medios de comunicación de la niña víctima de abuso sexual encontrada en una combi en el municipio de Nezahualcóyotl.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para crear una comisión especial de seguimiento a las irregularidades del proceso electoral en el Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la detención en Panamá del exgobernador Roberto Borge.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas y a los congresos locales a expedir la legislación correspondiente en materia de protección a periodistas, así como excluir de sus códigos penales los delitos en materia de injuria, difamación y calumnia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, investiguen los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos de los normalistas, en los conflictos suscitados el pasado viernes 9 de junio en la ciudad de Aguascalientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los estados de la República a considerar como delito grave el abuso sexual infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones y argumentos que sustentan la candidatura de Joel Hernández García para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Xavier Nava Palacios y de la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación con la transparencia en la aplicación de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario sobre Minería y sobre la operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional sustentable de Estados y Municipios Mineros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a velar por el interés superior de la niñez en los casos en que se alegue la existencia del síndrome de alienación parental.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la enfermedad del Lupus Eritematoso Sistémico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México en relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a verificar y, en su caso, establecer que todas las unidades de transporte público cuenten con un seguro perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Colima y al Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa a evaluar la pertinencia de emplear un porcentaje de los recursos del Programa "Escuelas al Cien" en la creación de infraestructura de arco y techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas en las diferentes escuelas de estado beneficiadas por el programa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América la atención al problema de la venta ilegal de armas de fuego que ingresan a nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asignar asigne más elementos e implementar una estrategia integral de seguridad pública a fin de prevenir y disminuir los delitos cometidos en la delegación Cuauhtémoc.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud un informe de los efectos secundarios en la salud de niñas y adolescentes, derivados de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, así como de los costos-beneficios para combatir este tipo cáncer.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar y hacer del conocimiento público las medidas arancelarias y ambientales que se implementarán a la luz del rechazo del acuerdo de París, por los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a informar el alcance de la Resolución Número 179/2017, relacionada con el robo de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habilite los hoteles de datos en el país y se realice una plataforma para los avances y resultados del Programa México Conectado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía que viene ocurriendo en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a coordinarse para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de adicciones en el ámbito escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Delia Guerrero Coronado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ampliar por 24 meses el plazo previsto para tramitar las solicitudes y documentos para la donación y regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de jubilados y pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las instituciones federales, organismos de control directo y empresas productivas del Estado a cesar de otorgar liquidaciones indebidas a sus altos funcionarios y dirigentes, en observación de la legalidad establecida y del principio de austeridad en el manejo de los recursos públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez y de la Diputada María Chávez García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir los riesgos ambientales y de salud derivados de la violación a la ley sobre el manejo integral de los residuos sólidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la FEADLE a realizar las diligencias necesarias para encontrar al responsable de la agresión del periodista Carlos Barrios, ocurrida en Playa del Carmen, Quintana Roo, y a la Secretaría General de gobierno de ese estado a asegurar la integridad y seguridad del periodista.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a contratar el 1% del gasto autorizado en comunicación social en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en compra de publicidad a radios comunitarias e indígenas, conforme lo establecido en el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a elaborar un plan para la reestructuración de la política ambiental en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a dar máxima publicidad a los recursos que han sido destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado del 2010 a 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a hacer públicos los resultados del Convenio con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad celebrado el 12 de septiembre de 2016, a fin de que dé máxima publicidad a las acciones en favor de la inclusión de la población mexiquense con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implementar acciones con las entidades federativas que favorezcan la coordinación con los municipios del país, a fin de que la infraestructura de tratamiento de aguas residuales se mantenga en operación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar y hacer públicas las investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la protección al medio ambiente emprendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los incendios en el cerro Tepopote y Bosque de la Primavera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo estatal de Chihuahua a esclarecer lo sucedido con los 80 jornaleros agrícolas indígenas de la región de Baborigame, Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar acciones pertinentes para proteger el medio ambiente y la salud pública potencialmente en riesgo, a causa del robo de hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y a los gobiernos municipales de la entidad a realizar la regulación oportuna en materia de distribución, producción y uso de los fuegos pirotécnicos para garantizar la seguridad de los usuarios, distribuidores y productores de pirotecnia.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Remesas Familiares.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Padre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Ramírez "El Nigromante".- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la relación México-Alemania.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al acuerdo comercial azucarero entre México y Estados Unidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinte minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiuno de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el nombramiento expedido a favor del Maestro Pablo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Tercera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-marzo de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que nos envía la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de mayo de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe final de la visita oficial a México del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas por dicho grupo de trabajo.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el informe final y síntesis ejecutiva del Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2016 al 15 de mayo de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió del Congreso del estado de Guanajuato, un oficio con el que remite PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora María Lorena Marín Moreno, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de labores correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, del Senador Tereso Medina Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades del periodo del 18 de febrero de 2016 al 28 de febrero de 2017.








Una, de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con los Senadores Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo del año en curso, en Cancún, Quintana Roo.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que propone modificaciones en la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. El Acuerdo está publicado en la Gaceta electrónica y se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha quedado aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Armando Luna Canales, para presentar a nombre propio y de diversos Diputados, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de evasión de reclusorios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y UN PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el Diputado Armando Luna Canales, a nombre propio y de los Diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos)

El Diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros, buenas tardes.

En 1975 Michel Foucault decía en entrevista con Ferdinando Oceana: “que tenemos vergüenza de nuestras prisiones”. Esta frase, esta reflexión, creo que aplica perfectamente a algunos de los centros penitenciarios de nuestro país.

Algunos de estos centros, y lo vemos reiteradamente en las noticias, tienen problemas de autogobierno, otros tienen problemas de evasiones, otros tienen problemas de la vida interna, otros recientemente nos enteramos que hasta manifestaciones, ya no son motines, ahora son mítines dentro de los Ceresos. Pero lo importante de ésto, es que las prisiones, y México no es la excepción, muestran una de las peores caras de las comunidades, una de las peores caras de la sociedad.

Les decía que esta noticia si nos remitimos únicamente a la última semana, podemos percatarnos perfectamente que lo que es un patrón ya reiterado de problemas y conflictos dentro del sistema penitenciario en nuestro país, especialmente ubicado en algunos de los centros que reflejan las peores calificaciones y las peores evaluaciones en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria que emite cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es un diagnóstico que evalúa los centros de reclusión del país, bajo una perspectiva integral, señalando un conjunto de indicadores que permiten dar cuenta de las principales deficiencias, así como de los principales logros que hay dentro de cada uno de los centros de reclusión. Asimismo, detecta diversas oportunidades que con algunas políticas públicas y algunas acciones concretas pueden dar un mejor sistema de reinserción.

Les decía, que este diagnóstico, la semana pasada también escuchamos aquí, en la correspondencia que llegó la última versión al Congreso de la Unión. Lo que les pudiera decir, es que éste tiene un ranking, y en este ranking vemos que los estados que están en los mejores lugares lo han estado en los últimos años.

Los estados que están en los lugares intermedios, lo han estado de la misma manera en los últimos ejercicios, y los que ocupan los últimos lugares lo han estado también en las últimas ediciones.

Esto, lo que refleja, y si vemos el contenido de dichas observaciones, que cada una de estas observaciones es reiterar lo que se observa un año, se observa de la manera permanente en los periodos subsecuentes. Esto implica, sencillamente, que no se está tomando en cuenta el diagnóstico. Que los estados y las autoridades penitenciarias están dejando de lado la oportunidad de una mejora permanente y una mejora específica en cada uno de estos rubros.

Sin embargo, quienes estamos presentando esta iniciativa hemos detectado, con bastante preocupación, que los señalamientos y las observaciones que formula cada año la CNDH en el diagnóstico son raramente atendidos, y que las deficiencias y las calificaciones, en su mayoría reprobatorias, siguen persistiendo a lo largo de los años, lo cual refleja que las observaciones no son atendidas por las autoridades penitenciarias, o son atendidas de manera parcial.

En este sentido, la propuesta de reforma que presentamos busca dar mayor fuerza al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, al mismo tiempo que generaremos con ésto mejoras en la implementación de estas observaciones.

Para lograr lo anterior, proponemos una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de establecer una obligación a cargo de las autoridades penitenciarias y las demás autoridades relativas con la implementación para hacer un Programa de Cumplimiento y Atención al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la CNDH.

Con lo anterior garantizaremos la implementación de estas medidas y de diversas políticas públicas para atender las evaluaciones contenidas en dicho diagnóstico para erradicar las malas condiciones de estancia e internamiento en las que se han evidenciado, no sólo un problema de seguridad y de estancia, sino también violaciones a los derechos humanos de los internos.

Igualmente se plantea incluir una atribución adicional para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evaluar no sólo la situación de los centros, sino el Programa, que para corregir estas observaciones se realicen año con año, hacerlas de esta manera corresponsable en el desarrollo del cumplimiento de las observaciones.

Por lo expuesto, quienes suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos de que si la autoridad penitenciaria da cumplimiento cabal a las evaluaciones y a las observaciones realizadas por la CNDH en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, dicha situación se reflejará en la mejora sustancial del sistema penitenciario, así como en la prevención de acontecimientos lamentables como los que hemos visto en distintos lugares de nuestro país.

Así, la CNDH ha emitido señales claras de una ruta para mejorar el sistema penitenciario del país.

Creemos que con esta propuesta vamos a obligar a las autoridades responsables del sistema penitenciario a que lleven este diagnóstico a constituirse en una mejora del sistema.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, ARMANDO LUNA CANALES y SARA LATIFE RUÍZ CHÁVEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; SOFÍA GONZÁLEZ TORRES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y, ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 56, 94, 170 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente iniciativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La presente propuesta busca maximizar el papel protector de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Sistema Penitenciario nacional, dotando a ese organismo de nuevas facultades que le permitan coadyuvar con la mejora del Sistema Penitenciario. Lo anterior en un ánimo de recíproca cooperación con las autoridades penitenciarias y las demás corresponsables de los Centros Penitenciarios, mediante el establecimiento de obligaciones que contribuyan a que las últimas den seguimiento e implementen (a cabalidad) las observaciones y evaluaciones formuladas por la CNDH en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que realiza, año tras año, con relación a dicho sistema.

Sobre la CNDH, el Sistema Penitenciario y algunas recomendaciones internacionales.

Sin lugar a dudas, la CNDH es la principal institución nacional en la labor de promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos. Esa trascendental función la ha sabido asumir con firmeza y determinación, particularmente, en tiempos recientes en los que los derechos humanos se encuentran en un clima de tensa fricción, dando cuenta de ello los crecientes índices de confianza ciudadana en la institución. Como es del conocimiento público, la CNDH se ha pronunciado sobre paradigmáticos casos condenando, en diversas ocasiones, tanto los hechos u omisiones de autoridades y presentado múltiples recomendaciones a fin de evitar que vuelvan a repetirse y que se garantice a todas las víctimas una reparación integral. Aunado a ello, la CNDH ha hecho empleo de su facultad para investigar graves violaciones a los derechos humanos, ha presentado informes especiales sobre temas de gran relevancia y ha contribuido a la difusión de los derechos humanos mediante múltiples acciones dirigidas a una mayor concientización sobre el tema.

Lo anterior, constituyen algunos ejemplos que dan muestra de que esa institución nacional ha tomado en serio su función protectora de los derechos humanos. Sin embargo, ello no debe de ser entendido como un punto de arribo o de satisfacción, sino antes bien, como parte del camino, la guía o el parámetro sobre el cual es necesario continuar, a fin de que los derechos humanos de todas y todos puedan efectivamente concretarse, para lo cual todavía faltan acciones por hacer.

Uno de los aspectos en los que es necesario seguir trabajando es el relativo al cabal cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios.

Como se sabe, las personas que compurgan una pena o, que por motivo de un proceso penal se encuentran privadas de su libertad, en muchos casos padecen condiciones inadecuadas de vida. Diversas instancias de orden nacional e internacional han dado cuenta de las críticas condiciones de hacinamiento, de salud, de trato y, en general, de vida que se viven en los mismos, lo cual repercute en detrimento de lo previsto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe todo maltrato durante la detención o en las prisiones y, respecto del cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Estado debe castigar a todos aquellos servidores públicos que cometan actos de maltrato contra los detenidos.

Por otra parte, durante la Segunda Evaluación de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llevado a cabo en Ginebra Suiza en octubre de 2013, al Estado mexicano le fueron formuladas diversas recomendaciones en la materia, las cuales fueron aceptadas por nuestro país, éstas son:

Recomendación

País

Respuesta

148.65 Seguir esforzándose por mejorar las condiciones de las prisiones. Aplicar una política penal y penitenciaria integral basada en los derechos, así como políticas destinadas a erradicar la violencia en las prisiones.

Egipto

Irán

Aceptada

148.80 Adoptar soluciones integradoras a nivel estatal y local que incluyan en el ámbito local a los agentes del orden, el poder judicial, las organizaciones comunitarias, y las escuelas; poner coto a la tolerancia y la impunidad en relación con la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y encontrar soluciones que abarquen la situación de las mujeres en las cárceles.

Nueva Zelandia

Aceptada

148.164 Examinar y evaluar cómo se garantizan en las cárceles los derechos de las personas con discapacidad, incluida la discapacidad mental, y establecer un programa de formación integral para el personal encargado de hacer cumplir la ley y el personal penitenciario con objeto de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en los centros de detención, incluidas las personas con discapacidad mental

Nueva Zelandia

Aceptada

Posteriormente, en el año 2014 y derivado de su visita de Misión a México, el Sr. Juan E. Méndez, entonces  Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Sistema de Naciones Unidas, recomendó a nuestro país: “Atender urgentemente las necesidades médicas y asistenciales de quienes están detenidos en el sistema penitenciario y en hospitales psiquiátricos, a fin de garantizar su vida digna y acceso a tratamientos adecuados a su condición”.1

Lo anterior, luego de que el referido Relator constató que, en diversos centros de detención del país existen serios problemas dehacinamiento; limitado acceso a oportunidades recreativas, laborales o educativas de los internos; prolongados periodos de los internos sin salir de sus celdas; carencia de servicios básicos como agua, luz o ventilación; condiciones sanitarias inhumanas; prevalencia de procedimientos arbitrarios para la aplicación de sanciones; falta de distinción entre las personas internadas, es decir, entre condenados y personas sujetas a un proceso penal, entre otras.2

Problemática detectada y objetivo de la iniciativa.

La presente iniciativa busca complementar la reforma al artículo 18 constitucional, publicada en junio de 2011, mediante la cual se incorporó como base del sistema penitenciario el respeto a los derechos humanos y que colocó, en lo más alto del ordenamiento jurídico nacional, la previsión relativa a que el sistema penitenciario tiene como base o eje rector a la dignidad humana y, por consiguiente, el respeto a los derechos fundamentales.

Adicionalmente, busca complementar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, mediante la cual se incluyó dentro de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) como facultad de esa institución, la referente a supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden

Así, la fracción XII del artículo 6 de la LCNDH dispone:

Artículo 6.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I a XI...

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.

De laXIIIa laXVI…

Como se ve, con la facultad citada se busca conocer de primera mano, y por vía de uno de los organismos con mayor calidad moral del país, la situación que guardan los centros penitenciarios, en aras de identificar los puntos débiles y las fortalezas de estos últimos.

No obstante (y ello constituye la preocupación central de nuestra propuesta de modificación normativa), el marco legal existente resulta limitativo en cuanto a lo que la CNDH puede hacer en la materia. Como se ha visto, la facultad de la CNDH se limita a la elaboración de un diagnóstico anual, pero no va más allá de aquello.

Esta limitación incide no sólo impidiendo a la CNDH cumplir con su mandato de maximización de los derechos, un mandato dispuesto por el artículo 1º Constitucional, sino también para todos los sujetos a los que se dirige su informe, pues pudiendo hacer mucho más la CNDH, se le limita a un mero papel de compilador de información.

En ese orden de ideas, se considera que las evaluaciones y conclusiones derivadas del mencionado diagnóstico carecen de efectos prácticos, porque si bien es cierto que se pueden identificar posibles debilidades que deben trabajarse para superarlas, también es cierto que las evaluaciones y conclusiones, por sí mismas, no determinan directrices para su materialización o cumplimiento.

Contenido del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).

Como se ha indicado, la CNDH elabora, año trás año, un Diagnóstico Nacional de Supervición Penitenciaria. Mediante dicho instrumento la Comisión Nacional observa el grado de respeto de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en estado de reclusión a través de la evaluación que realiza a los centros de reclusión del país, verificando así, las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas.

Como señala la CNDH3, el Diagnóstico “... se lleva a cabo a través de visitas consistentes en recorridos de supervisión a cada uno de los centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican los instrumentos de supervisión y se realizan entrevistas directas al titular del Centro, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia; y fundamentalmente, a los internos, lo anterior siempre considerando el enfoque de respeto a los derechos humanos de los mismos.” En ese sentido, los derechos se clasifican con base en los siguientes rubros:

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO (capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos en caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del responsable del Centro, prevención y atención de incidentes violentos, de tortura y/o maltrato).

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA (existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene, así como la alimentación).

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD (normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario).

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO(integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, clasificación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, beneficios de libertad anticipada y vinculación del interno con la sociedad).

V. GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS (mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, e internos con adicciones)”.

Respecto a los anteriores rubroslos mismos “se subdividen en temas, indicadores y subindicadores, los cuales se han calificado en una escala del 0 al 10, representando las condiciones mínimas que deben existir en un Centro, con base en nuestra Constitución, leyes secundarias, tratados y estándares internacionales, que contienen referencias sobre el tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de internamiento, a efecto de procurar una estancia digna y segura para procurar su reinserción social.”

Ahora bien, como se puede apreciar, en dicho diagnóstico la CNDH da cuenta de la situación imperante en materia de respeto y observancia de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario mexicano, verificando las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas. Asimismo, como se señala en dicho documento, el mismo es realizado bajo una perspectiva integral que permite identificar los logros y puntos de oportunidad en el cumplimiento de los fines y estándares nacionales e internacionales en la materia.

Adicionalmente, para la elaboración de dicho Diagnóstico, la CNDH trabaja sobre una muestra conformada por centros penitenciarios estatales (locales) del país, incluyendo los varoniles, mixtos y femeniles de las entidades federativas. Igualmente, visita los centros penitenciarios federales e inspecciona las prisiones militares.

Ahora bien, pese a que cada año, en el referido Diagnóstico, la CNDH esboza una serie de indicadores que permiten dar cuenta de las principales deficiencias, así como de los logros y puntos de oportunidad detectados en los centros penitenciarios visitados, vemos con preocupación que los señalamientos y las observaciones formuladas por esa institución (sobre todo en lo que hace a las deficiencias) siguen persistiendo a lo largo de los años.

Para ilustrar lo anterior, a continuación se hace mención de la calificación otorgada en el DNSP4 a las entidades federativas5 durante los últimos cinco instrumentos elaborados por la CNDH al respecto:

ESTADO

2011

2012

2013

2014

2015

Aguascalientes

8.47

8.07

7.89

7.57

7.75

Baja California

6.56

6.28

6.75

7.23

7.42

Baja California Sur

6.61

6.03

6.01

5.49

5.47

Campeche

6.36

5.51

5.96

5.57

5.93

Chiapas

6.36

6.04

6.19

6.0

5.27

Chihuahua

7.08

7.04

6.31

6.77

7.38

Coahuila

5.21

6.01

5.17

6.30

7.20

Colima

6.65

7.01

6.74

6.55

5.92

Distrito Federal

5.99

5.91

5.98

6.55

6.84

Durango

6.63

6.21

6.44

6.40

6.14

Estado de México

5.89

5.60

5.98

6.01

6.73

Guanajuato

7.89

7.75

7.54

7.59

8.02

Guerrero

5.13

5.92

4.80

5.01

4.99

Hidalgo

6.37

5.76

5.44

5.37

5.01

Jalisco

7.54

7.22

7.00

6.67

6.90

Michoacán

6.77

6.47

6.42

5.88

6.21

Morelos

6.44

6.23

5.91

5.49

6.34

Nayarit

4.57

4.70

4.10

3.97

4.11

Nuevo León

5.77

5.81

5.39

5.20

5.66

Oaxaca

5.15

5.17

5.10

5.09

5.63

Puebla

6.99

6.81

6.84

6.84

6.74

Querétaro

7.79

7.49

7.41

7.34

7.12

Quintana Roo

5.44

4.89

4.04

3.66

4.43

San Luis Potosí

6.84

6.59

6.60

6.12

6.51

Sinaloa

6.14

6.14

5.83

5.28

5.65

Sonora

6.79

6.75

5.93

6.34

6.37

Tabasco

4.86

5.70

5.08

4.89

5.06

Tamaulipas

5.88

5.67

5.37

5.14

5.29

Tlaxcala

7.80

7.32

7.62

7.37

7.34

Veracruz

6.60

7.00

7.19

6.93

6.82

Yucatán

6.13

6.31

5.80

6.0

6.37

Zacatecas

6.51

5.70

6.47

6.04

6.38

Promedio

6.41

6.28

6.10

6.02

6.21

Como puede apreciarse de las evaluaciones realizadas por la CNDH en el DNSP durante los últimos cinco años, existen ligeras variaciones en las calificaciones otorgadas a los centros penitenciarios de las entidades federativas con relación a sus sistemas penitenciarios. Igualmente, puede observarse una constante (y mínima variación) en los resultados obtenidos por distintas entidades, lo cual lleva a la conclusión de que, pese a que la CNDH les viene indicando año trás año cuales son los puntos que deben reforzar y trabajar, las autoridades penitenciarias (y principalmente las que obtienen resultados reprobatorios) no implementan las políticas públicas y las acciones suficientes para mejorar sus sistemas penitenciarios. Lo anterior evidencia que gran parte de las autoridades penitenciarias hacen caso omiso de las evaluaciones aportadas por la CNDH en el DNSP.

En ese tenor, la preocupación que se plantea en esta iniciativa es reflejo de un claro problema nacional, pues no debe perderse de vista que, en la mayor parte de los casos, las autoridades penitenciarias que son evaluadas no cumplen con las observaciones que les son formuladas o lo hacen de manera parcial. Lo anterior, ya sea por una cuestión de desidia, ignorancia o simplmente una franca oposición al respeto de los derechos humanos.

Otras reformas que han fortalecido a la CNDH.

Por otra parte, si bien es cierto que el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos tiene su sustento en la buena fe, la confianza y la credibilidad pública del ombudsman, también es un hecho que una tendencia creciente en el orden jurídico mexicano ha sido la de dotar a la institución protectora de dichos derechos de instrumentos legales que le permitan garantizar el cumplimiento de sus resoluciones (particularmente en lo que atañe a sus recomendaciones).

Para ilustrar lo anterior, pueden citarse las reformas constitucionales y legales efectuadas, en junio de 2011 y junio de 2012 respectivamente, entre las que se instauró la obligación para que los servidores públicos respondan a las recomendaciones de la CNDH y, en caso de no cumplirlas o aceptarlas, deban fundar y motivar su negativa, pudiendo ser citados por el Senado, la Comisión Permanente, o la autoridad legislativa (local) correspondiente, a fin de que expliquen el motivo de su negativa.

Adicionalmente, en la legislación secundaria6 , se adicionó un artículo 73 Bis a la LCNDH, el cual establece como causa de responsabilidad de los servidores públicos, la reiteración de conducta(s) que haya(n) sido materia de una recomendación previa, aún cuando esta última hubiese sido rechazada o no cumplida por parte de la misma autoridad. En tales supuestos, se concede a la CNDH la facultad de denunciar ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda la reiteración de tales conductas.

En complemento a lo anterior, se aprobó la adición de las fracciones XIX-A y XIX-B al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer, como obligaciones de todo servidor público, la relativa a responder las recomendaciones que les presente el organismo defensor de derechos humanos correspondiente (ya sea que se trate de la CNDH o una Comisión Estatal), así como la correspondiente a atender los llamados de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, para comparecer ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos.

Con la inclusión de lo anterior, puede apreciarse que el incumplimiento de dichas obligaciones actualiza una causal de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos omisos.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando las autoridades penitenciarias, y las demás competentes, no dan cumplimiento a las evaluaciones y temas señalados por la CNDH en el DNSP? ¿La omisión en la atención de los puntos señalados por la CNDH en dicho diagnostico no sería equiparable al incumplimiento de una recomendación dirigida a las autoridades penitenciarias?.

La respuesta a la primer interrogante puede obtenerse de la revisión de los distintos DNSP elaborados por la CNDH. Como se señaló en un principio, quienes presentamos esta iniciativa hemos constatado que la CNDH, año trás año, reitera a las autoridades penitenciarias múltiples temas en los que es necesario que focalicen su atención a fin de garantizar el cumplimiento cabal de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Asimismo, como también se indicó, el hecho de que los centros penitenciarios de los distintos órdenes de gobierno obtengan calificaciones que varían muy poco con el paso de los años, o que inclusive en varios casos disminuyan, refleja la poca o nula atención que dichas autoridades prestan a las evaluaciones reportadas por la CNDH en el DNSP. Ahora bien, por lo que hace a la segunda interrogante referida en el párrafo anterior, es importante mencionar que si bien el DNSP formalmente no cuenta con el carácter de una recomendación, en la práxis dicho documento es elaborado con el rigor y la profundidad con los que la CNDH elabora una recomendación y mediante sus resultados se constatan acciones u omisiones que configuran violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

En ese sentido, quienes suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que sí las autoridades penitenciarias dan cumplimiento cabal a las evaluaciones realizadas por la CNDH en el DNSP, dicha situación repercutirá en una mejora sustancial del sistema penitenciario, así como en la prevención de acontecimientos lamentables como los ocurridos en distintos centros penitenciarios del país (y respecto de los cuales la CNDH ya había emitido señales de alerta en anteriores DNSP).

Bajo esa tesitura y a efecto de garantizar el cumplimiento de las evaluaciones y las observaciones formuladas en el DNSP, se propone reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), así como la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH), a fin de establecer como una obligación a cargo de las autoridades penitenciarias y las demás corresponsables que sean señaladas por la CNDH en el DNSP, la relativa a que implementen de manera coordinada y anual, un Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la CNDH. Lo anterior, a fin de garantizar la implementación de medidas y políticas públicas que atiendan las evaluaciones contenidas en dicho diagnóstico y erradicar así las condiciones de estancia e internamiento (de las personas procesadas y sentenciadas) en las que se evidencien la falta de respeto y observancia a sus derechos humanos.

Igualmente, para fortalecer y complementar la enmienda anterior, se plantea incluir una atribución adicional a la CNDH, consistente en que dicha institución evaluará el referido Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elaborarán las autoridades penitenciarias (federales y locales) y demás autoridades corresponsables competentes en materia7 . Lo anterior a fin de que la CNDH dé seguimiento a la implementación de las medidas y políticas públicas que las autoridades penitenciarias, y demás corresponsables, desarrollen para el cumplimiento de las evaluaciones contenidas en el DNSP y, sí pese a la elaboración del Programa de Cumplimiento propuesto, dichas autoridades persisten en su actitud de no cumplimentarlo, o, inclusive, fuerán reticentes elaborarlo, la CNDH podrá proceder en terminos de lo previsto por la ley, es decir, emitiendo una recomendación; citandolas a comparecer ante el órgano legislativo correspondiente (de ser el caso); denunciando ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda la reiteración de tales conductas; o lo que, en su caso, sea procedente.

Con lo anterior se busca dar un paso más para garantizar el cumplimiento eficaz de las evaluaciones realizadas en el DNSP, y como en su momento se planteó con las reformas vinculadas a la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, ahora sea plantea dotar mayores previsiones legales que coadyuven para tal fin.

Estamos ciertos que la reforma propuesta coadyuvará a cumplimentar el postulado constitucional que establece que los derechos humanos son la base de la organización del sistema penitenciario, ya que la presente iniciativa pretende optimizar la tutela que la CNDH realiza ya respecto a las personas que se encuentran en los centros penitenciarios del país, ya que tanto la CNDH, como las autoridades penitenciarias y corresponsables, podrán llevar a mejor término las evaluaciones y observaciones para la protección a los derechos humanos formuladas en el DNSP.

Bajo ese orden de ideas, debemos partir de la base del México fuerteal que todos aspiramos, el México del respeto a los derechos humanos en el cual el Sistema Penitenciario no sea una excepción.

Por todas las consideraciones antes expuestas,  y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 56, 94, 170 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Primero. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. Coordinación interinstitucional

...

...

...

...

...

La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables deberán elaborar de manera coordinada y anual, un Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior a fin de garantizar la implementación de medidas y políticas públicas que atiendan las evaluaciones de dicho diagnóstico, y que permitan erradicar las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en las que se evidencien la falta de respeto y observancia a sus derechos humanos.

Segundo.Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I a XI

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.

La Comisión evaluará cada año el Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elaborarán anualmente las dependencias federales y locales competentes en la materia, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, a efecto de dar seguimiento a la implementación de las medidas y políticas públicas que las autoridades penitenciarias y demás competentes, deberán desarrollar conforme a las evaluaciones contenidas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

XIII XVI…”

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Armando Luna Canales.- Dip. Sara Latife Ruiz Chávez.- Dip. Emma Margarita Alemán Olvera.- Dip. Waldo Fernández González.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.

1 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. A/HRC/28/68/Add.3. Prr. 88.

2 Idem.

3 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Presentación, p. 1.

4 Ídem, p. 9.

5 Cabe precisar que en los centros penitenciarios donde se presentan las más bajas calificaciones son, precisamente, aquellos a cargo de las autoridades locales. Véase Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, pp. 391- 393 y pp. 463- 464.

6 Reforma publicada en el DOF el 15 de junio de 2012.

7 Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone en su artículo 3, fracción I, que se entiende por “Autoridad Penitenciaria: A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario”. Igualmente, el mismo precepto, en su fracción II, establece que se consideran “Autoridades Corresponsables: A las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en el cumplimiento de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones”.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Luna Canales. Túrnese a la Comisión de Justica de la Cámara de Diputados.

La Diputada Lia Limón García: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor, en el escaño de la Diputada Limón García, ¿con qué objeto?

La Diputada Lia Limón García: (Desde su escaño) Con el objeto de pedirle al Diputado Armando Luna, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Lía Limón.

Diputado Luna Canales.

El Diputado Armando Luna Canales: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Servicios Parlamentarios recoge la firma.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulos por creación de centros de acceso educativo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Permanente.

Vengo a presentar un proyecto de iniciativa de reformas, en donde se propone adicionar un capítulo XII a la Ley de Impuesto sobre la Renta, y que tiene que ver, efectivamente, con estímulos fiscales a empresas que establezcan centros educativos.

Como ustedes saben, la reforma integral en materia de educación media superior aprobada en 2012, estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de la educación media superior, cuyo objetivo principal es impactar de manera positiva en el aumento de la cobertura y reducción del abandono escolar. Si bien la matrícula en este nivel educativo se ha incrementado de manera considerable, aún es importante la cantidad de jóvenes entre 15 y 19 años que se encuentran fuera de la escuela o bien una vez inscritos, una vez matriculados abandonan la educación media superior. La oferta actual de educación media superior está compuesta por poco más de 15 escuelas y se organiza en tres grandes modelos: Bachillerato general, con 72 por ciento de planteles; bachillerato tecnológico, con 19 por ciento, y profesional técnico, con 9 por ciento. Conjuntamente atienden a 4.3 millones de jóvenes, mientras que una de cada tres escuelas es de sostenimiento privado.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en 2014 nuestro país tenía una de las proporciones más bajas de estudiantes de 15 a 19 años de edad matriculados en el Sistema Educativo Nacional, es decir, un 56.6 por ciento en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 84.3 por ciento. Y a su vez los datos de la OCDE, de este estudio, establece que México cuenta con una media de escolaridad de 9 años, esto es 5 años por debajo del promedio de los países que conforman esta Organización.

De igual manera, el referido estudio pone de manifiesto que un factor que puede influir en la interrupción de los estudios son los embarazos tempranos. En ese tenor, se señala que para los jóvenes con menor nivel de ingreso, la segunda razón para abandonar la escuela es el embarazo, así como también el tener un hijo. En ese sentido, la Encuesta Nacional de Deserción a la Educación Media Superior, señala que la principal razón del abandono para el 4.7 por ciento de los jóvenes que dejaron la escuela, estuvo relacionada con estas circunstancias. A su vez, después de ésta, pues está la falta de recursos económicos, que es la segunda razón más mencionada.

Datos obtenidos en el informe 2017 del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, destacan que la deserción escolar a nivel medio superior se presenta principalmente en el primer año. La información al cierre del ciclo escolar 2013-2014, muestra que el total de alumnos matriculados, es decir, el 23.8 por ciento abandonó la escuela durante el primer año, para el segundo año el porcentaje disminuye al 10.8 por ciento, y en el tercero es de 6.6 por ciento.

Este informe señala que los motivos de abandono: en el 36 por ciento de los casos, es por motivos económicos; en el 29 por ciento de los casos, por cuestiones escolares o educativas; el 23 por ciento por causas personales o de índole familiar y sólo el 1 por ciento por diversas causas distintas a estas que he mencionado.

El fenómeno no disminuye a nivel de educación superior ya que de acuerdo con la OCDE, de los países miembros, México comparte con Turquía el primer lugar en abandono de estudios a nivel universitario. Sólo el 38 por ciento de los jóvenes que cursan una licenciatura o ingeniería logran terminarla y graduarse.

La Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior y Superior de 2011, reveló que la deserción universitaria es multifactorial, destacando entre los factores más frecuentes: problemas económicos, familiares, de salud, maternidad, entre otros.

Es así que lo que proponemos el día de hoy es buscar herramientas, mecanismos que sean suficientes, que sean herramientas y acciones afirmativas a favor de la conclusión de la educación de jóvenes y adolescentes. Para ello, establecer medidas para que los jóvenes que están ya en el mercado laboral formal puedan acceder a la consecución de sus estudios, y esto se traduce y puede ser una herramienta exitosa que ya algunas entidades federativas, pocas, la han adoptado, es establecer centros de acceso educativo en los espacios laborales, los cuales consisten en aulas de acompañamiento, guía e instrucción, a través de convenios suscritos con universidades, con instituciones públicas o privadas que tienen mecanismos de educación a distancia.

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental fomentar que los jóvenes que por diversas causas abandonan sus estudios y se tienen ya que incluir en el mercado laboral, puedan concluir los estudios que dejaron truncos a través de la creación de incentivos fiscales para aquellas empresas que en conjunto con instituciones educativas realicen convenios de colaboración a efecto de implementar centros de acceso educativo al interior de sus instalaciones de trabajo.

Para concluir, la propuesta que presento hoy ante este Pleno, consiste en adicionar un Capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que sean acreedores al estímulo fiscal los patrones que en colaboración con instituciones de educación media superior y superior realicen convenios a fin de implementar en sus instalaciones centros de acceso educativo virtuales y, con ello, favorecer que estos puedan terminar sus estudios y, además, que este incentivo se aumente si quienes cursan esos estudios son mujeres, jefas de familia que por esa razón hayan abandonado sus estudios porque ésta es una de las razones fundamentales por las que muchas niñas y adolescentes ven truncada su vida profesional.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, legisladora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la H. Comisión Permanente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un derecho humano fundamental que hace posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país; está demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad y, en definitiva, con el fortalecimiento de la cohesión social.

Sin embargo, en nuestro país persisten condiciones estructurales que representan importantes retos  para que el Estado mexicano garantice de manera efectiva el derecho a la educación. Uno de los problemas fundamentales de la educación radica en  los casos de jóvenes que abandonan la escuela a nivel medio superior.

La Reforma Integral de Educación Media Superior, aprobada en 2012 estableció la obligatoriedad de la Educación Media Superior, cuyo objetivo principal es impactar de manera positiva en el aumento de la cobertura y reducción  del abandono escolar. Si bien la matricula en este nivel educativo se ha incrementado de manera considerable, aun es importante la cantidad de joven de 15 a 19 años que se encuentra fuera de la escuela o bien que una vez matriculados abandonan la Educación Media Superior. La oferta actual de educación media superior está compuesta por poco más de 15 mil escuelas y se organiza en tres grandes modelos: bachillerato general, con 72% de los planteles; bachillerato tecnológico, con 19%, y profesional técnico, con 9%. Conjuntamente atienden a 4.3 millones de jóvenes. Mientras que una de cada tres escuelas es de sostenimiento privado.1

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2014 nuestro país tenía una de las proporciones más bajas de estudiantes de 15 a 19 años de edad matriculados en el Sistema Educativo Nacional  es decir un 56.6 %, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, 84.3%; a sus vez de los datos que la OCDE establece México cuenta con una media de escolaridad de 9 años, esto es 5 años por debajo del promedio de los países de la Organización.

De igual manera, el referido estudio pone de manifiesto que un factor que puede influir en la interrupción de los estudios son los embarazos tempranos. En ese tenor, se señala que para los jóvenes con menor nivel de ingreso, la segunda razón para abandonar la escuela es el embarazo, así como también tener un hijo. En ese sentido, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS), señala que la principal razón de abandono para el 4.7% de los jóvenes que dejaron la escuela estuvo relacionada con embarazarse o tener un hijo. A su vez, después de la falta de dinero, es la segunda razón más mencionada.

Datos obtenidos del Informe 2017 “La Educación Obligatoria en México”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destacan que la deserción escolar a nivel medio superior se presenta, principalmente, en el primer año. La información al cierre del ciclo escolar 2013-2014 muestra que del total de alumnos matriculados, el 23.8% abandonó la escuela durante el primer año, para el segundo año el porcentaje fue del 10.8%; mientras que para el último año el porcentaje fue del el 6.6%.

Asimismo, este informe señala que las razones del abandono que reportan los jóvenes se agrupan de la siguiente manera:

• 36.4 % por motivos económicos 

• 29.5% por cuestiones escolares o educativas 

• 23.1% por razones personales  

• 1.1% por otras causas.  

El fenómeno no disminuye a nivel de educación Superior ya que de acuerdo con la OCDE,  de los países miembros, México comparte con Turquía el primer lugar en abandono de estudios a nivel universitario. Asimismo solo el 38% de los jóvenes que cursan una licenciatura o ingeniería logran graduarse.

La última Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior y Superior realizada en 2011, revela que la deserción universitaria es multifactorial, destacando entre los factores más frecuentes: problemas económicos, familiares, de salud, maternidad y laborales. 

En este sentido, es fundamental generar estrategias que potencien las habilidades de los jóvenes que por diversas circunstancias han abandonado sus estudios de Educación Media Superior y Superior y que se han incorporado a la vida laboral. Asimismo  es necesario diseñar nuevas formas de cooperación que tengan en cuenta los modelos y estrategias que tiendan a transformar de forma rápida la actual situación educativa, social y económica de los jóvenes de México. De igual manera, es preciso formular proyectos de largo alcance que sean significativos para nuestros jóvenes  y que sirvan de estímulo para el compromiso de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

Es así que  una serie de ciudades y regiones han puesto en marcha una serie de acciones que han permitido generar programas académicos mediante modelos educativos innovadores y flexibles, los cuales consisten en crear plataformas virtuales de aprendizaje apoyadas en  tecnologías avanzadas de la información y comunicación, potencializando su cobertura e incremento de la oferta educativa con redes de colaboración empresarial, educativa y gubernamental.

Una de las principales acciones ha sido la de instalar Centros de Acceso Educativo en los espacios laborales los cuales consisten en aulas virtuales con acompañamiento, guía e instrucción completamente en línea por expertos en las distintas áreas académicas, con la finalidad de que los trabajadores concluyan estudios de Bachillerato y Nivel Superior.

Dadas las circunstancias actuales, es un hecho que se necesitan crear nuevas formas de acceso a la educación de los jóvenes de México, la experiencia nacional nos ha mostrado  que los incentivos fiscales bien direccionados son un instrumento efectivo para impulsar la inversión.

Por ello es que la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental fomentar que los jóvenes que por diversas causas abandonaron su estudios de Educación Media Superior o Superior, pueden concluirlos a la par que combinan su actividades laborales, a través de la creación de Incentivos Fiscales para aquellas empresas que en conjunto con Instituciones Educativas realicen convenios de colaboración a efecto  de implementar centros de acceso educativo al interior de sus instalaciones de trabajo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el Presente Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Capítulo XII de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los términos siguientes:

ARTICULO UNICO: Se adiciona un Capitulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

CAPITULO XII
DEL ESTIMULO FISCAL PARA EL FOMENTO A LOS CENTROS DE ACCESO EDUCATIVO

Artículo 205. Serán acreedores a un estímulo fiscal los patrones que en colaboración con Instituciones de Educación Media Superior y Superior realicen convenios a fin de implementar al interior de sus instalaciones de trabajo Centros de Acceso Educativo.

Artículo 206. El estímulo fiscal referido en el artículo anterior será el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a los trabajadores que se encuentren cursando estudios de Educación Media Superior y Superior en los Centros de Acceso Educativo.

Para los casos de madres solas o solteras, el estímulo referido será el equivalente al 30 por ciento del salario efectivamente pagado a las trabajadoras que se encuentren cursando estudios de Educación Media Superior y Superior en los Centros de Acceso Educativo.

Artículo 207. El estímulo Fiscal a que se refiere el artículo 205 de esta Ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

1 http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra a la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4o. constitucional, en materia de matrimonio igualitario.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

Hablo en esta tribuna de un tema de derechos, de libertades y, principalmente, de un tema de amor.

El principio de igualdad y no discriminación debiera ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra.

Están muy equivocados si piensan que los derechos se deben someter a consulta, eso no es una postura de una persona demócrata, más bien es una señal de conservadurismo. También se equivocan cuando por miedos electorales se niegan a reconocer derechos y ocultan esa homofobia que llevan dentro.

Es muy sencillo, compañeras y compañeros: Amor es amor. Amor entre personas, entre humanos con iguales derechos y libertades, con sentimientos, son sueños compartidos, con muchos pasos por andar juntos y construir caminos comunes.

Amor es compartir logros, aliento y esfuerzos, ser apoyo mutuo y tener al lado a esa persona que es nuestra compañera de vida.

Así de simple y de sencillo, pero hay una negación a la realidad, en muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual es un crimen donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o una traición a la propia cultura. Ni más ni menos que la más burda expresión de discriminación, ignorancia y falta de respeto como seres humanos.

En diez países se impone una multa por ser homosexual; en 42 naciones se castiga de 3 a 14 años de prisión; en 14 más puede haber cadena perpetua y en 13 existe la pena de muerte.

En nuestro país las cosas no andan nada bien, no se castiga con cárcel o se multa, aquí se fomenta el odio, se les asesina y se niegan sus derechos.

El Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia reveló que en los últimos 20 años se han registrado 1,218 homicidios por homofobia, ocupando así México la segunda posición mundial sólo después de Brasil.

Las y los legisladores trabajamos para todas las personas con independencia de su preferencia sexual, nuestro papel es utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer derechos y no limitarlos; el matrimonio es más allá de la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación, eso es discriminación y consta de un pasado que niega los derechos y que niega nuestra realidad, sólo en un país como México se tiene que tramitar un amparo para poder casarse con la persona que uno ama y elige. Debemos tener madurez como sociedad y, sobre todo, como Poder Legislativo para respetar la libertad de elección y no escatimar derechos.

El Partido de la Revolución Democrática es el único, así con esas letras, el único instituto político que abiertamente se ha manifestado por legislar los matrimonios igualitarios, donde gobernamos les ponemos el ejemplo, los demás tienen miedo y con cinismo todavía dicen estar comprometidos con los derechos humanos.

Retomamos la propuesta que hace un año formuló el Presidente Enrique Peña Nieto para terminar con la burda prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y que, por cierto, la mayoría de su partido le dio la espalda en la Cámara de Diputados.

Buscamos reconocer el matrimonio igualitario en la Constitución, porque amor es amor, no hacerlo es fomentar el odio y no debemos compartirlo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

ARGUMENTOS

El principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional.

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como "delitos de sodomía", "crímenes contra la naturaleza humana" o "actos antinaturales". Existe una telaraña de leyes y prácticas que niegan la igualdad: en Malasia, por ejemplo, la "relación carnal contra el orden natural" es castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en el año 2000 a nueve varones jóvenes a prisión y penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por "conducta sexual desviada".

La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En nuestro país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado por por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera:

• La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

• En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

• En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

• Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

• En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no dejan de ser actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que daña sus derechos y libertades fundamentales.

Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda personas, en nuestro ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine por orientación sexual.

En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema y que ha abonado en la argumentación sobre la construcción del derecho a decidir de las personas y al reconocimiento de la diversidad de la integración de las familias en nuestro país producto de la propia dinámica social.

Al respecto, es preciso mencionar la Sentencia emitida sobre la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el Procurador General de la República en contra de las reformas que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para modificar la definición de matrimonio y avanzar en un matrimonio igualitario, sin distinción de género; las argumentos utilizados en dicho criterio de la Corte los exponemos a continuación:

Sobre la diversidad de las familias

“234. En cuanto al segundo aspecto, lo que se consagra constitucionalmente es la protección de la familia -su organización y desarrollo-, dejando al legislador ordinario garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección constitucional a la familia, como esgrime el accionante.

235. Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, dentro de un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar. Al respecto, adquiere relevancia que el propio Código Civil, en su artículo 338, dispone que: “La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, formando el núcleo primario de la familia (…)”.

Cambio del concepto de familia conforme a la realidad social

“238. Por consiguiente, si conforme al artículo 4° constitucional, el legislador ordinario, a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época (datos que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

239. De este modo, fenómenos sociales como la incorporación, cada vez más activa, de la mujer al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de divorcios y, por ende, de nuevas nupcias, que ha dado origen a familias que se integran con hijos de matrimonios o de uniones anteriores e, inclusive, con hijos en común de los nuevos cónyuges; el aumento, en ese tenor, en el número de madres y/o padres solteros; las uniones libres o de hecho; la reproducción asistida; la disminución, en algunos países, de la tasa de natalidad; la migración y la economía, entre muchos otros factores, han originado que la organización tradicional de la familia haya cambiado.”

Dinámica social en la transformación del concepto de familia

“243. Efectivamente, en cuanto a la dinámica de las relaciones sociales, sobre todo, en las últimas décadas (a partir de los setentas), se advierten transformaciones sociales relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia. Así, existen muchas personas que deciden vivir una vida en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen contraer matrimonio (uniones libres o de hecho), evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras, ya mencionadas, del concubinato o las sociedades de convivencia. También existen matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; otros que, por razones biológicas, no pueden tenerlos y que, en algunos casos, recurren a los avances médicos para lograrlo, mediante la utilización, por ejemplo, de donaciones de esperma y/o de óvulos, aunque no en todos los casos la ciencia ofrezca soluciones adecuadas; unos más que, aun cuando no tienen impedimento para procrear, optan por la adopción; otros tantos que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera.”

Libre desarrollo de la personalidad

251. En efecto, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

263. Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008 1° , esta Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual.”

Concepto de matrimonio desvinculado de la función de procrear y libertad para hacerlo

273. Pretender, como hace el Procurador, que dicha desigualdad encuentra razonabilidad en la conservación de la familia, como núcleo de la sociedad, argumentación que considera, entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “amenaza” u “oposición” a dicha estructura, tampoco puede admitirse por este Tribunal Constitucional, en tanto refiere una afectación inexistente, pues, como ya mencionamos, en primer lugar, la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer; en segundo lugar, este último también ha evolucionado de forma tal que se ha desvinculado la unión en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando, incluso, al extremo de que, aun teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no es producto de la unión sexual de ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; en tercer lugar, las uniones entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una “familia”; por último, no se advierte de qué manera podría limitar o restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la formación de una familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera, su finalidad, como afirma el accionante.”

Libertad de procrear

“274. La decisión de procrear no depende de la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.”

En congruencia con esa resolución y derivado de la resolución de diversos amparos promovidos, el 12 de junio del 2015 mediante una tesis jurisprudencial determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último sea la procreación; dicho criterio se establece en la siguiente tesis:

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)
Primera Sala
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 536
Jurisprudencia (Constitucional, Civil)

“MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

Un criterio que se suma a este actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, donde de manera unánime el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que una parte del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional, pues atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, pues a se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Por esos motivos, la propuesta que sometemos a consideración busca plasmar en la Constitución esta realidad y poner el ejemplo sobre la manera de legislar con base al principio constitucional de igualdad y no discriminación, además de que el Poder Legislativo, muestra su responsabilidad de contribuir a los principios y valores de la Constitución se hagan efectivos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido realizando.

De esa manera, se propone retomar la propuesta que en su momento formuló el Presidente de la República y reformaba el primer párrafo del artículo 4o constitucional para establecer que toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Con ello se da pauta para que en los Congresos locales y el Federal se legisle en la materia con base a una definición de matrimonio para establecerla como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, la cual debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige; además de quitar la referencia a que su propósito es la perpetuación de la especie que, en muchos casos, da cabida a lo que se le conoce como débito conyugal y es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias.

Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad tiene una sinergia, es cambiante y que esa realidad nos dice que mujeres y hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y no debe sujetarnos a criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos.  Afirmar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la Diversidad Sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.

FUNDAMENTO LEGAL

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos Locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente Decreto, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.

1 “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7) y “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. Página 7).

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede la palabra al Diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar a nombre de la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de riesgos de trabajo.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

Primero, pedirle a la Diputada Contreras si me permite adherirme a su propuesta, que ya la habíamos presentado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Un momentito, entonces. La Diputada Limón también. Servicios Parlamentarios si recoge la firma de la Diputada Limón y del Diputado Llerenas.

Ahora sí, Diputado Vidal Llerenas, adelante.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: El motivo de esta iniciativa que presento a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, es realmente un tema que me parece fundamental.

Hay en este momento alrededor de 100 mil juicios de amparo que han presentado servidores públicos o ex servidores públicos jubilados de la administración pública federal, maestros la mayor parte de los mismos, que tiene que ver con las modificaciones que tuvo lugar la Ley del ISSSTE en el año 2007.

La mayoría de estos juicios han sido ganados, la Corte ya tiene sentencias firmes contra distintos cambios en la Ley del ISSSTE que restringen en la opinión de la propia Corte los derechos de los trabajadores en distintos sentidos.

Ya hubo un cambio para dar marcha atrás y para poder rectificar el artículo 25 en el mes de noviembre de 2015, pero quedan cuando menos cuatro artículos de esta norma que de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que deben ser reformados para acatar lo que la Corte ya determinó.

Uno es el artículo 60 que establece distintas restricciones para el reconocimiento de enfermedad cuando no se informa por escrito, la ley establece que se tiene que informar por escrito, cuando no se hace así no se le reconoce al trabajador este derecho por parte de la ley cuando la Corte ha determinado que esto no es legal, no es constitucional, no está en la exposición de motivos y esto genera pérdida de derechos y que en algunos casos el trabajador no reciba la compensación que requiere por estos casos.

En segundo es el artículo 136, que en caso de pensión o viudez también limita los derechos, en algunos, por ejemplo, en algunos supuestos los limita al hecho de que se compruebe que el cónyuge, la cónyuge tuvo hijos con el pensionado, y otros supuestos que limitan la posibilidad de que una persona pueda recibir una pensión, esto también la Corte lo ha determinado como no constitucional y no solamente, las personas que han ganado el juicio pueden recibir este derecho.

El artículo 251 establece un plazo de diez años para la perfección del derecho a recibir los ahorros de la cuenta individual. Esto también es inconstitucional porque en ningún lado, primero, se establece dónde inicia ese derecho; y segundo, es un derecho que tiene una persona, que tiene un trabajador en sí mismo, no puede ser limitado, también la Corte lo ha establecido, también se han ganado los juicios, pero es algo que tiene que ser modificado en la ley para que el trabajador pueda cumplir o pueda hacerle cumplir de manera efectiva el derecho.

Y, finalmente, se reforma el artículo 4, en la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio para eliminar el plazo mínimo para ejercer el derecho a recibir lo que corresponde al último sueldo devengado por el trabajador. Ésto tiene que ver también con cuál es el sueldo que se va a establecer para que el trabajador reciba la pensión. Bajo la normatividad actual se tiende a tomar un sueldo que no es el que corresponde al que recibió el trabajador durante el año y entonces la pensión es menor.

Creo que esta es una reforma que se tiene que tomar con gran seriedad para responder, para que este Poder Legislativo retome lo que la Corte ha establecido como derechos de los trabajadores y, sobre todo, pues para dar respuesta a cientos de miles de trabajadores del Estado mexicano, insisto, maestros, personas que dieron la vida por los estudiantes de este país, por construir este país y que hoy tienen una ley que restringe sus derechos y que no pueden hacer cumplir sus pensiones de manera adecuada.

Ojalá este sea un tema fundamental de este Congreso, y ojalá los derechos de los trabajadores, pues se vuelvan a recuperar, ellos vuelvan a tenerlos una vez que se reforme una Ley del ISSSTE que fue contraria a esta misión.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal, NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los Artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 31 de marzo de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que impuso negativas condiciones a cumplir para el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social a las y los trabajadores al servicio del Estado, en contravención al principio “pro operario” que en algún momento caracterizó al Derecho Laboral Mexicano.

Derivado de lo anterior, fueron interpuestos cerca de 100 mil juicios de amparo que representaron el descontento de aproximadamente 700 mil personas inconformes con las nuevas políticas laborales, cifra que impuso un récord de atención para el sistema jurisdiccional mexicano, tanto que obligó a la creación de dos juzgados de distrito auxiliares.

En primera instancia, la protesta fue liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; sin embargo, las inconformidades permearon en diversos sectores laborales; como el de académicos de universidades, jueces, magistrados, trabajadores administrativos, técnicos; y en general, las y los servidores públicos de la mayor parte de las dependencias del país, quienes ocurrieron ante las instancias legales a efecto de reivindicar sus derechos laborales.

Entre las principales quejas al nuevo ordenamiento, resaltó su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferenciada para el otorgamiento de la pensión por jubilación, la privatización de las pensiones y la suspensión de los servicios médicos por el incumplimiento de las obligaciones administrativas de las dependencias.

La entrada en vigor de la ley representó molestia para un gran número de trabajadoras y trabajadores que realizaron diversos foros para informar sobre lo perjudicial de la Ley, al mismo tiempo que llevaron a cabo movilizaciones sociales a lo largo del país, lo que, en cierta medida, motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiera atraer el caso.

Derivado del análisis sobre la constitucionalidad de la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por medio de múltiples Tesis Jurisprudenciales en materia Constitucional y Laboral, que los Artículos 25, segundo y tercer párrafo, 60 último párrafo, 136, 251 y Décimo Transitorio, fracción IV, fueron redactados por el Congreso de la Unión, en contravención a los principios rectores del derecho social consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual debía concederse, para aquellos efectos, el amparo y la protección de la justicia federal a las personas impetrantes.

Lo anterior representó una victoria únicamente para las y los trabajadores que interpusieron el amparo, puesto que, como se sabe, “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado”;en atención al principio de la relatividad de la sentencia proclamado por la fracción II del Artículo 107 de la Constitución y por el Artículo 73 de la Ley de Amparo.

Lo anterior implica que a pesar de que los Artículos han sido decretados inconstitucionales, en tanto no sean abrogados o modificados, deberán ser aplicados a las personas que no se ampararon y a las personas que comenzaron a prestar sus servicios con posterioridad ala entrada en vigor de la Ley.

En atención a dicha circunstancia, el 12 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el Artículo 25 de la Ley del Instituto, mismo que reivindicara sólo una de las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Corte; sin que a la fecha, se haya dado atención a las demás.

Para ello, se estima prudente reproducir el contenido de los Artículos declarados inconstitucionales, con relación a las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

Artículo 60.- Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis JurisprudencialP./J. 146/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. EL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL LIBERAR A LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DE TODA RESPONSABILIDAD EN TORNO A UN ACCIDENTE POR RIESGO DE TRABAJO POR LA FALTA DEL AVISO RESPECTIVO, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

El indicado precepto legal establece, entre otras cosas, que las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los 3 días siguientes al de su conocimiento, de los accidentes por riesgos de trabajo, en términos del reglamento y demás disposiciones aplicables, así como que el trabajador o sus familiares también podrán dar ese aviso. De igual manera dispone que el trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo y, en su último párrafo, que en el caso de que éste no hubiere sido notificado en los términos de ley, no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá como tal. De lo anterior se advierte, que el dar el aviso constituye una obligación de la dependencia o entidad en la que labora el trabajador, que al no llevarse a cabo se traducirá en un perjuicio para éste, implicando que ante la falta de cumplimiento de una obligación a cargo del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes. Así, es claro que el último párrafo del artículo 60 de la ley del Instituto, transgrede la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que labora, el trabajador tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo correspondientes, restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el referido artículo constitucional, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el aviso correspondiente también puedan darlo el trabajador y sus familiares, ya que para éstos, a diferencia de las dependencias y entidades, constituye un derecho que no puede traducirse en una afectación ante su no ejercicio.

Como se advierte, el último párrafo del Artículo 60 de la Ley del Instituto transgrede la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, al condicionar el ejercicio de un derecho al cumplimiento de las responsabilidades inherentes a las dependencias gubernamentales.

La disposición carece de sentido y sustento lógico y jurídico, ya que no pueden disminuirse los derechos sociales de las y los trabajadores, argumentando el incumplimiento de obligaciones que no le son atribuibles, por ende, exigibles.

Artículo 136.-No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:

I.Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II.Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y

III.Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 150/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte,el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez.En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley,debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

Como se advierte, el Artículo 136 de la Ley del Instituto transgrede la garantía de igualdad jurídica establecida en el Artículo 1º de la Constitución, con relación a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XI del Apartado B del Artículo 123 de la propia Constitución; y con relación a lo dispuesto por los Artículos 129 y 131 de la Ley del Instituto; al proveer un trato diferenciado al cónyuge supérstite, atendiendo a circunstancias que de ninguna manera le pueden ser imputables, como el momento del fallecimiento de su cónyuge.

Artículo 251.-El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 158/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha cuenta individual; sin embargo,el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir "de que sean exigibles", contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible.

Como se advierte, el Artículo 251 de la Ley del Instituto transgrede el derecho social consagrado en la fracción XI del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, al privar a las y los trabajadores de disponer de su patrimonio en el momento que así lo consideren oportuno, a pesar de que el Artículo 248 de la Ley del Instituto, estipula que el derecho a la pensión es imprescriptible, generando contradicción entre dos Artículos del mismo ordenamiento.

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, seles aplicarán las siguientes modalidades:

I.aIII.

IV.Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo;

V....

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 127/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOBRE EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

El artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece las reglas para el otorgamiento y pago de pensiones de los trabajadores afiliados al referido instituto de seguridad social que no opten por migrar al sistema de cuentas individuales y, de manera particular su fracción IV, establece el salario base para su cálculo, señalando para tal efecto, como regla general, que las pensiones se calcularán con el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior inmediato a la fecha de la baja del trabajador condicionado a que éste hubiera permanecido en el puesto y nivel los últimos tres años inmediatos anteriores a su baja, señalándose que en caso contrario, la pensión se calculará con el sueldo inmediato anterior a dicho puesto sin importar la antigüedad en el mismo. Ahora bien,esa condición es inconstitucional porque la justificación de política administrativa que invocó el legislador carece de razonabilidad, habida cuenta que se propicia una reducción en la cuantía de la pensión, lo que es contrario al fin esencial de la jubilación, consistente en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba un renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio.

Como se advierte, la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto trasgrede los principios elementales de la seguridad social, en su aplicación conlleva una contradicción al objetivo del otorgamiento de una pensión por jubilación, puesto que implica la reducción del monto pensionario a recibir, sólo por el hecho de que la o el trabajador no haya prestado sus servicios en el mismo puesto durante tres años.

Derivado de las transcripciones anteriores, se estima conveniente modificar los Artículos de la Ley del Instituto, que desde 2008 fueron declarados inconstitucionales. Para dar aún mayor sustento a la propuesta, me permito exponer las siguientes consideraciones:

• Aplicabilidad de Preceptos Declarados Inconstitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la Tesis Jurisprudencial P./J. 191/2008, se refirió a los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de los multicitados artículos, con relación a las personas que solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, a saber:

ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 25, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS, 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, 136, 251 Y DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

La declaratoria de inconstitucionalidad de los citados preceptos legales, así como del décimo transitorio, fracción IV,en la porción normativa que precisa "siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo", conlleva para las autoridades responsables el deber de no aplicarlos a los quejosos hasta en tanto no sean abrogados o reformados, así como a aplicar las disposiciones relativas al sistema de pensiones que aquellos elijan conforme a la interpretación que de las mismas realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando a partir de dicha interpretación se haya declarado su constitucionalidad. Para los efectos antes precisados, las autoridades responsables deberán dictar las medidas que sean necesarias a efecto de que todas las autoridades que con motivo de sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, tengan conocimiento del alcance de sus efectos y de las personas amparadas por el mismo.

Derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad y la concesión del amparo, se prohíbe que los citados Artículos le sean aplicados a las y los quejosos que obtuvieron el amparo, lo cual, a contrario sensu, implica que tales Artículos, a pesar de haber sido declarados inconstitucionales, le serán aplicados a las personas que no se ampararon, lo que representa la violación sistemática de sus Derechos Humanos.

• Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa.

Uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional es el de la supremacía de la Constitución, que consiste en la cualidad de fungir como la norma jurídica superior que da validez y unidad al orden jurídico nacional; así la Constitución es la fuente última de validez de un ordenamiento, de tal suerte que para que una norma jurídica sea válida, requiere encontrar su fundamento de validez en la Constitución.1

La omisión legislativa en materia constitucional significa no hacer aquello a lose estaba constitucionalmente obligado. Las omisiones derivan del incumplimiento de mandatos constitucionales concretos que vinculan al legislador a la adopción de medidas legislativas de concreción constitucional.

Podrá hablarse también de la existencia de una omisión legislativa inconstitucional cuando, existiendo la norma legislativa, sus carencias sean tales que la convierten en inútil respecto del mandato contemplado por la Constitución.2

En apoyo a lo anterior, sirve la Tesis Jurisprudencial P./J. 11/2016, provista por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que a la letra dispone:

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.

En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la  realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.

Los órganos legislativos, en el desarrollo de sus funciones, pueden incurrir en diversos tipos de omisiones; una de ellas puede presentarse cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial, o como ocurre en este caso, en contravención a los principios rectores contemplados en la Constitución.

• Jurisprudencia como Fuente del Derecho.

La jurisprudencia no sólo es fuente de derecho, es la expresión viva del pasado, del presente y de futuro posible del derecho. Independientemente del sistema, lo reconozca la ley expresamente o no, hay consenso sobre la importancia de la jurisprudencia y de que en la realidad se comporta como una auténtica fuente de Derecho.

A la jurisprudencia se le reconocen diversas características positivas:

1. Tiene una importancia trascendental supliendo las deficiencias de una determinada legislación, integrando, completando, esclareciendo normas insuficientes o notoriamente precarias, dando un sentido exacto a los textos;

2. Puede ser modificada por la dinámica judicial sin necesidad de reformas legislativas;

3. Le da autoridad a los principios en ausencia del texto legal;

4. Neutraliza textos legales peligrosos; e

5. Inspira nuevas leyes o reformas de las existentes.

Es usual que las decisiones de los tribunales inspiren al Poder Legislativo a promulgar o modificar leyes.3

En conclusión, derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad provista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Tesis Jurisprudenciales invocadas, se considera necesaria la adecuación legal que corrija las omisiones legislativas que desde 2008, han causado perjuicio al ejercicio de los Derechos Humanos de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

ÚNICO.- Se reforman los Artículos 60 y Décimo Transitorio, fracción IV; y se derogan los Artículos 136 y 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 136. (Se deroga).

Artículo 251. (Se deroga).

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

I. a III. ...

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador;

V. y VI. ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín.

1 DICCIONARIO Jurídico Mexicano.

2 ÁVALOS Díaz, Sofía Verónica. La Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa: Su Tutela en el Derecho Mexicano.P. 1-5.

3 VAN Der Laat Echeverría Bernardo. La Jurisprudencia como Fuente del Derecho.P. 9.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.






Se concede la palabra al Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, para presentar a nombre del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de espionaje.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señor Presidente.

“Prudencia política es la virtud de someter todo quehacer político a las reglas de la ética universal y del derecho”.

Es sólo para todos en la actual administración federal, fue imprudente en este asunto del espionaje que nos ha traído estos días los medios de comunicación, ya recibirá esta administración y sus ejecutores una sanción social, una sanción ética que seguramente cargará la conciencia de algunos, quedará registrada en la historia y, seguramente, también se verá, eso espero, la sanción política reflejada en las urnas. Sin embargo, no es suficiente, hace falta algo más contundente de orden jurídico para animar a los gobernantes, de cualquier partido, a que se comporten dentro de la ética y dentro del derecho.

Es por eso que esta tarde vengo con mucho gusto a presentar una iniciativa de reformas, a nombre del coordinador de mi fracción, Clemente Castañeda, para modificar el Código Penal Federal y especificar con más claridad a los actores del delito, de invasión de comunicaciones privadas, señalándose con contundencia a los particulares, a los servidores públicos y a los superiores jerárquicos de estos servidores con mayores penas que incluyen cárcel, penas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Sentimos que con este aumento de las penas no vamos a resolver el problema, no siempre es la solución, pero sí damos un marco jurídico más contundente para ayudar a que nuestro país en el cumplimiento de la ética universal en la política, la práctica de la prudencia política sea la regla y no la excepción como hasta ahora.

Es cuanto tengo que decir.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Desde la irrupción en la vida pública de las nuevas tecnologías de la información, la tentación autoritaria sobre la intervención de la utilización privada de las mismas no ha dejado de crecer, sobre todo a merced de que los sistemas jurídicos nacionales deben adaptar sus legislaciones para sancionar nuevos y cada vez más sofisticados mecanismos de intrusión en el privacidad de las personas.

Así, hemos visto como en diversas naciones alrededor del globo, autoridades de los más altos niveles se han visto implicadas en espionaje gubernamental hacia sus adversarios políticos institucionales o hacia quienes consideran sus opositores políticos, siendo blanco de estos ataques principalmente las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas y los activistas sociales.

Desgraciadamente nuestro país no ha sido de ninguna manera ajeno a estas prácticas, sino que algunas de sus autoridades han recurrido a ella extensamente y desde lustros atrás, siendo tal vez uno de los casos más escandalosos en la historia reciente de México, el que revelaron conjuntamente The New York TimesAristegui NoticiasR3DArtículo 19 Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, este lunes 19 de junio.

El reportaje que da a conocer el caso, titulado ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México1, dibuja un panorama desolador para un país que se encuentra inmerso en una «grave crisis de derechos humanos» según los principales organismos internacionales en la materia, ya que señala la existencia de un sofisticado sistema para espiar a quienes desde la sociedad civil luchan precisamente para remediar esta crisis:

«Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.»

El caso anterior es además indicativo de que este atentado contra los derechos y la privacidad de las personas provino directamente del Estado Mexicano o de grupos corruptos enquistados en el mismo, ya que según el reportaje, es muy improbable que este tipo de tecnología hubiese sido operada por células del crimen organizado:

«…NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.»

Además de la escandalosa violación a la privacidad de las personas, persiste la    legítima sospecha por parte de la sociedad civil, sobre las razones que hubieren llevado al Gobierno de la República, a espiar desde sus principales agencias a quienes precisamente debería proteger dada la delicadeza de su trabajo en un país con tan altos índices de homicidios y agresiones periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como sobre si esas razones no serían precisamente contrarias a los intereses de quienes se espía desde dichas agencias, como señala en el reportaje Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, una de las personas que ha sido víctima de este espionaje:

«“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.»

A la indignación que entre la sociedad civil despierta el mero hecho del espionaje gubernamental, debemos añadir que estas prácticas gubernamentales no han escatimado recursos públicos a la hora de cometer lo que presuntamente son actos constitutivos de delitos, ya que los ya señalados 80 millones de dólares fueron gastados de la siguiente manera:

«La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.»

A la luz de hechos anteriores, resulta de primera importancia preguntarse por qué un Gobierno que erogó 80 millones de dólares en espiar a defensores de derechos humanos y periodistas al mismo tiempo no destinó recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante este 2017,2 uno de los más violentos en este rubro, y debemos preguntarnos también cuántas víctimas se habrían podido evitar, destinando más recursos para proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos de nuestro país, en lugar de espiarlos.

II. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento compartimos la profunda indignación ciudadana que ha despertado el espionaje que denuncian conjuntamente algunos de los principales medios de comunicación y organización civiles del mundo y nuestro país, y es por ello que presentamos ante esta Soberanía la presente iniciativa de Ley que sanciona el espionaje realizado por parte de servidores públicos contra particulares, así como a sus superiores jerárquicos.

En dicho sentido, esta iniciativa reforma adiciona el artículo 177 Bis al Código Penal Federal para que los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas reciban penas de hasta 20 años de prisión, mil días de multa e inhabilitación permanente, y sus superiores jerárquicos penas de hasta 10 años de prisión, seiscientos días de multa, e inhabilitación de tres a nueve años.

Igualmente, para sancionar el espionaje con cualquier fin o razón realizado por particulares o por servidores públicos mediante la intromisión en los teléfonos inteligentes o en cualquier sistema informático, la presente iniciativa contempla reformar los artículos 211 Bis y 211 Bis 1, para penar igualmente con hasta 20 años de prisión, mil días multa e inhabilitación permanente a la persona o servidor público que incurra en esta violación a los derechos humanos, y con hasta 10 años, seiscientos días de multa e inhabilitación de tres a nueve años a su superior jerárquico.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano esperamos que esta iniciativa contribuya a inhibir y eliminar por completo esta vergonzosa práctica gubernamental de la vida pública de nuestro país, y que las distintas fuerzas políticas que integramos esta Soberanía nos comprometamos para dotar al pueblo de México de los más óptimos instrumentos jurídicos contra el espionaje gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma el Código Penal Federal

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el título del Capítulo II del Título Quinto, se reforma el artículo 177, se adiciona el artículo 177 Bis, se reforma el título del Capítulo II del Título Noveno, y se reforman los artículos 211 Bis y 211 Bis 1, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo II

Violación de comunicaciones privadas

Artículo 177.- Al particular que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 177 Bis.- Al servidor público que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de diez a veinte años de prisión, de quinientos a mil días multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El superior jerárquico del servidor público que cometa este ílicito bajo su inmediata autoridad y control efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Capítulo II

Acceso ilícito a dispositivos, sistemas o equipos de informática

Artículo 211 Bis.- […]

Si el responsable es un servidor público se le impondrán penas de diez a veinte años de prisión, de quinientos a mil días multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El superior jerárquico del servidor público que cometa este ilícito bajo su inmediata autoridad y control efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

211 bis 1.- Al particular que sin autorización o mandato de autoridad judicial competente, acceda, conozca, modifique, manipule, destruya, provoque su pérdida o copie información contenida en sistemas o equipos de informática, se le impondrán penas de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

A quien sin autorización o mandato de autoridad judicial competente, propicie, ordene, facilite o ejecute la instalación de programas informáticos que permitan el acceso encubierto, indebido o autorizado de manera engañosa, a contenidos privados, información almacenada en sistemas, equipos de informática o dispositivos propiedad de particulares, se le impondrán penas de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil días multa. El superior jerárquico del servidor público que cometa los ilícitos descritos en el presente artículo, bajo su inmediata autoridad y control efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Al servidor público que sin autorizacion o mandato de autoridad judicial competente, acceda, conozca, modifique, manipule, destruya, provoque su pérdida o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de particulares, se le impondrán penas de diez a veinte años de prisión, de quinientos a mil días multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El superior jerárquico del servidor público que cometa este ilícito bajo su inmediata autoridad y control efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

 

Sede de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. JoséClemente Castañeda Hoeflich.

1 « ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México», The New York Times, 19 de junio de 2017, https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

2 « Presupuesto para mecanismo de protección a periodistas en 2017: cero pesos», Aristegui Noticias, 24 de marzo•de•2017, http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Macedonio Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, en materia de pensión por viudez.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La seguridad social ha sido una pieza clave en el sistema jurídico mexicano, el cual, en su génesis histórico, dio cuenta a la efervescencia de los sectores populares que demandan una actuación progresista del Estado mexicano, así como la consolidación de un derecho social que pugnará por el reconocimiento, el acceso y la protección de derechos económicos que garantizan los mínimos vitales. El devenir histórico de la seguridad social en nuestro país, es evidencia del avance democrático de nuestras instituciones jurídicas y políticas; pero aún más importante, ha coadyuvado en la concientización de un Estado basado en una igualdad sustantiva.

Uno de los conceptos más importantes que comprende el modelo de seguridad social en nuestro país, es el relacionado al sustento económico de los trabajadores y de sus familias, posterior al ciclo de trabajo del asegurado. Garantizar la percepción de una cantidad pecuniaria que cubra más allá del mínimo vital, atiende al fundamento de justicia y de la seguridad social, las cuales se sustentan bajo los principios de universalidad, integridad, solidaridad, unidad, igualdad de beneficios y progresividad.

La pensión, como figura jurídica que se desprende de la seguridad social, tiene el objeto de garantizar el pago de una cantidad económica al trabajador o, en su caso, a su familia, cuando por cuestión de enfermedad, invalidez o muerte el asegurado no pueda continuar con su vida laboral. La Ley del Seguro Social establece las modalidades y los requisitos mediante los cuales se regulan las pensiones a los asegurados.

Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los asegurados son una función social y también consiste en cumplimentar los derechos y prerrogativas que adquirió el asegurado por el pago de semanas de cotización, como lo señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social; sin embargo, la pensión de viudez establecida en el artículo 130 de dicha ley, no se encuentra redactada conforme a los principios rectores de la seguridad social, además acusa un retroceso en la lucha de derecho que, históricamente, ha sido llevada a cabo por los sectores populares.

Las condiciones que establece el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, son las siguientes:

Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez; a falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir pensión.

La diferencia que establece la Ley del Seguro Social, se inscribe en una discriminación activa, negando derechos y atribuyendo obligaciones extraordinarias sin fundamento jurídico material en cuanto a las mismas condiciones reales, materiales y biológicas. Se concibe en el plano de lo ideológicamente construido, y no en lo que es evidentemente objetivo; toda vez que las condiciones y necesidades para obtener una pensión por viudez son las mismas, independientemente del sexo de que se trate.

Ante esta conceptualización, es evidente que la disposición normativa que estipula la pensión por viudez, atiende a una representación social cegada por los roles y estereotipos de género violentando la jerarquía normativa y el principio a la igualdad y a la no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al integrar y armonizar las normas secundarias conforme al control de constitucionalidad es una tarea fundamental para el legislativo, y es muestra sucinta de las transformaciones democráticas por las que ha atravesado el Estado mexicano. En este orden de ideas, es menester reformar las disposiciones normativas relativas a la pensión por viudez, a efecto de que dicho concepto jurídico sea congruente con los principios jurídicos de la seguridad social y con los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 64; la fracción III del artículo 84; y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

“Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restarán los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo.

Fracción II. A la viuda, viudo, concubina o concubinario de la persona asegurada se le otorgará una pensión equivalente a 40 por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponde a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida”.

“Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

Fracción III. Al cónyuge de la persona asegurada o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias relaciones de concubinato ninguna de éstas tendrá derecho a la protección”.

Y, finalmente, artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la persona que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona asegurada o pensionado por invalidez tenía varias relaciones de concubinato, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir pensión.

Esto pues, en síntesis, es una adecuación de las normas reglamentarias para establecer una igualdad en el género en el caso de las pensiones, en el caso de las jubilaciones por viudez.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La seguridad social ha sido una pieza clave en el sistema jurídico mexicano, el cual, en su génesis histórico, dio cuenta a la efervescencia de los sectores populares que demandaban una actuación progresista por parte del Estado mexicano, así como la consolidación de un derecho social que pugnará por el reconocimiento, el acceso y la protección de derechos económicos que garantizarán los mínimos vitales. El devenir histórico de la seguridad social en nuestro país, es evidencia del avance democrático de nuestras instituciones jurídicas y políticas; pero aún más importante, ha coadyuvado en la concretización de un Estado basado en la igualdad sustantiva.

La pugna del sector obrero y de las clases más desfavorecidas han instado a cambios estructurales en el Estado mexicano, que den cuenta de una sociedad equitativa, democrática e igualitaria. Bajo estas premisas sociales fue concebido el derecho laboral mexicano, el cual, de forma pionera, estableció uno de los catálogos de derechos laborales más avanzados de su tiempo, introduciendo figuras jurídicas que se volverían un modelo a seguir para la protección de los derechos humanos laborales.

La positivización de la seguridad social comprende un “conjunto de disposiciones legales, políticas e instituciones que propenden por la prevención, reparación y rehabilitación de los riesgos o contingencias que pueden afectar a las personas y a sus familias durante y después de su vida laboral.”1 Bajo esta tesitura se circunscribió el marco normativo de nuestro país, estableciendo rubros concretos que protegen al trabajador y a su familia.

Uno de los conceptos más importantes que comprende el modelo de seguridad social en nuestro país, es el relacionado al sustento económico de los trabajadores y de sus familias, posterior al ciclo de trabajo activo del asegurado. Garantizar la percepción de una cantidad pecuniaria que cubra más allá de los mínimos vitales, atiende al fundamento de la justicia y de la seguridad social, las cuales se sustentan bajo los principios de universalidad, integridad, solidaridad, unidad, igualdad de beneficios y progresividad.2

La pensión, como figura jurídica que se desprende de la seguridad social, tiene el objeto de garantizar el pago de una cantidad económica al trabajador o, en su caso, a su familia, cuando por cuestión de enfermedad, invalidez o muerte, el asegurado no pueda continuar con su vida laboral. La Ley Seguro Social establece las modalidades y los requisitos mediante los cuales se regulan las pensiones a los asegurados o beneficiarios, quienes representan estadísticamente el sistema de seguridad social más grande del país.

De igual manera, el derecho a recibir una pensión, así como los demás conceptos contenidos en el catálogo de derechos de seguridad social, han sido positivizados en Instrumentos Internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 establece:

Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, asimismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. El Estado está obligado a satisfacer estos derechos sociales con su mayor esfuerzo, de manera progresiva… (El resaltado es propio)

La pensión tiene por objeto repercutir en el nivel de vida de las personas, permitiéndoles acceder a una vida digna, la cual debe ser comprendida bajo los principios jurídicos que ostenta la justicia y la seguridad social. Por ello, establecer el pago de una pensión como derecho inherente a la vida laboral, tiene plena concordancia en el seno familiar. Garantizar el pago de una pensión no solo se limita en relación al asegurado, por el contrario, este derecho trasciende al ámbito familiar; convirtiéndose de esta forma en una norma jurídica que protege económicamente a la familia del asegurado aún después de su muerte, como lo manifiestan las categorías jurídicas de la pensión por viudez, orfandad o ascendencia, establecidas en el inciso d), fracción II, del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

La protección a los intereses del trabajador, y del ser humano, trasciende más allá de su vida o de su corporeidad. El derecho laboral reconoce el esfuerzo de las personas que ingresaron a la dinámica laboral, exaltando su capacidad de agencia social y política, al obtener los recursos pecuniarios para costear las necesidades económicas de la vida cotidiana de su familia. Tras la vida laboral activa, e incluso posterior al fallecimiento del trabajador, nuestro sistema de seguridad social reconoce el compromiso histórico de garantizar el acceso a pensión que ayude a costear los gastos no solo del trabajador o asegurado, sino también de sus familiares o beneficiarios.

Nuestro sistema normativo en seguridad social en un principio reconoce los lineamientos internacionales referentes a la pensión por viudez, orfandad o para los ascendientes del asegurado, a efecto de garantizar una pensión proporcional a sus beneficiarios. Este tipo de modalidad en el pago de pensión a los familiares o beneficiarios del asegurado, tiene por objeto cumplimentar un derecho adquirido al ser dado de alta en el sistema del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y cumplir con los requisitos legales correspondientes al pago de una cantidad específica de semanas de cotización.

Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los asegurados son una función social y también consisten en cumplimentar los derechos y prerrogativas que adquirió el asegurado por el pago de semanas de cotización, como lo señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, la pensión de viudez establecida en el artículo 130 de dicha Ley, no se encuentra redactada conforme a los principios rectores de la seguridad social; además, acusa un retroceso a la lucha de derechos que, históricamente, ha sido llevada a cabo por los sectores populares.

Las condiciones que establece el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, son las siguientes:

Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. (El resaltado es propio).

La norma reconoce el derecho a la pensión por viudez; sin embargo, realiza una distinción genérica sin necesidad sustancial que, por el contrario, limita a los beneficiarios varones a gozar de una pensión, sin argumentos jurídicos de fondo. En la actualidad, las políticas públicas deben estar orientadas conforme al enfoque y perspectiva de género en aquellas situaciones en las cuales exista una distribución asimétrica de derechos o, en su caso, una omisión de la realidad social que socaba el desarrollo de las personas en cuanto a su sexo biológico. Sin embargo, la aplicación equitativa de políticas públicas conforme a la teoría de género debe ser entendida en relación a las desigualdades materiales y sociales que ocasionen distintos grados de desigualdad.

Entendiendo las razones por las cuales se realiza de forma jurídica y política una distinción de género en la literalidad de la normatividad, es preciso evidenciar aquellos casos que, lejos de aplicar un enfoque de género en la política pública a efecto de concretizar condiciones equitativas, constituyen argumentos ideológicos para la consolidación de estereotipos y roles de género socialmente construidos en un entorno patriarcal. Los efectos nocivos que contiene una sociedad y una normatividad construida bajo los efectos de los roles sexistas y hetereonormativos, no solo implica un perjuicio a las mujeres, tambié pueden expresar limitaciones a los derechos de los hombres, debido a la compresión ideologizada de los derechos en relación a las construcciones sociales que históricamente han marcado asignaciones especificas a hombres y mujeres.

En ese sentido, la formulación literal del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, así como de otras disposiciones normativas, evidencian: en un primer lugar, la asimilación de roles y estereotipos que no tienen sustento legal alguno; y, en segundo lugar, la limitación u obstaculización para el acceso a un derecho. Enmarca una carga extra para los beneficiarios masculinos, consistente en la dependencia económica, cuestión que no se encuentra prevista en caso contrario, es decir, cuando el beneficiario es la mujer en su calidad de cónyuge o concubina del asegurado finado. De esta forma, la normatividad establece cargas diferenciadas para el acceso a un derecho, pese a que los requisitos para la obtención de la pensión por viudez son los mismos para el asegurado, indistintamente del sexo de su beneficiario.

La diferenciación que establece la Ley del Seguro Social se inscribe en una discriminación activa, negando derechos y atribuyendo obligaciones extraordinarias sin fundamento jurídico material en cuanto a las mismas condiciones reales, materiales y biológicas. Se concibe en el plano de lo ideológicamente construido, y no en lo que es evidentemente objetivo; toda vez que las condiciones y necesidades para obtener una pensión por viudez son las mismas, independientemente del sexo del que se trate.

El basamento de los roles y estereotipos de género radica en la configuración sociocultural del antagonismo de los sexos biológicos. Consisten en estructuras sociales construidas a partir de creencias, valores y directrices que convencionalmente establecen cómo deben ser los hombres y las mujeres, más allá de fundamentos racionales o científicos.3 Determinan las prácticas, los discursos y las representaciones que se atribuyen a los hombres y a las mujeres4, constituyendo sesgos ideológicos que coaccionan las prácticas de las personas. Los estereotipos de género han limitado el desarrollo social y político de los pueblos, segregando y coartando la proyección individual y colectiva de las sociedades, y se configuran en detrimento al reconocimiento y acceso a los derechos humanos de mujeres y hombres.

Ante esta conceptualización, es evidente que la disposición normativa que estipula la pensión por viudez, atiende a una representación social sesgada por los roles y estereotipos de género; violentando la jerarquía normativa y el principio a la igualdad y la no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la distinción genérica establecida en la pensión por viudez, violenta los principios jurídicos de universalidad e igualdad de beneficios, los cuales dan fundamento a la seguridad social. Determinar que el hombre beneficiario deba depender económicamente de la asegurada fallecida, cuando esta disposición normativa no opera en caso contrario, no solo se sintetiza en una discriminación activa hacía el beneficiario varón, sino que hace nugatorio el derecho al pago de pensión por viudez cuando el único beneficiario es hombre, pese a que la asegurada haya cumplido cabalmente con el pago de las semanas cotizadas requeridas para ello. Mantener esta distinción y atribución de obligaciones extras, atenta contra el legado histórico de las luchas populares que buscaban el reconocimiento y protección de derechos sociales, siendo anacrónico al desarrollo social y legislativo en materia de género en el que actualmente se encuentra el Estado mexicano.

En concordancia a lo anterior, la función jurisdiccional representada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que determinan la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Los principales argumentos vertidos por el máximo tribunal del país giran en torno a las mismas razones que ya se han expresado: la violación a la jerarquía normativa establecida en el derecho a la igualdad y la no discriminación sostenida en la jurisprudencial por contradicción de tesis 2a./J. 132/20095 y en el derecho a la tutela social de la familia sostenido en la tesis aislada 2a. VII/2009.6

Asimismo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, mediante comunicado de prensa oficial con clave numérica 081/2017, manifestó que las normas establecidas para el otorgamiento de la pensión por viudez, en lo que respecta a beneficiarios masculinos, “reproducen estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres salgan de los roles tradicionales que se les han impuesto y discriminan directamente a los varones, sin que ello encuentre justificación.”7 De igual manera, el comunicado continúa manifestando que, fijar obligaciones extras a los hombres beneficiarios a una pensión por viudez, consistiría en omitir que este derecho es gestado por el pago de semanas cotizadas por parte de las personas aseguradas al Instituto Mexicano del Seguros Social, motivo por el cual, se negaría el objeto mismo del régimen de pensiones y el acceso a una prerrogativa jurídica que tiene por objeto garantizar la subsistencia de los beneficiarios del asegurado fallecido.

Integrar y armonizar las normas secundarias conforme al control de constitucionalidad es una tarea fundamental para el legislativo, y es muestra sucinta de las trasformaciones democráticas por las que ha atravesado el Estado mexicano. En este orden de ideas, es menester reformar las disposiciones normativas relativas al pensión por viudez, a efecto de que dicho concepto jurídico sea congruente con los principios jurídicos de la seguridad social y con los derechos humanos consagrados a rango constitucional.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforman la fracción II del artículo 64; la fracción III del artículo 84; y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios.

I. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado.

II. A la viuda, viudo, concubina o concubinario de la persona asegurada se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. a VI

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. y II…

III. Al cónyuge de la persona asegurada o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias relaciones de concubinato ninguna de estas tendrá derecho a la protección.

IV. a IX…

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta del cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la persona que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones en concubinato, ninguna de ellas tendrá el derecho a recibir pensión.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cortizo Franco, Rut y Crujeira Pérez, Beatriz, “Análisis de los estereotipos de género en las acciones de alumnos y alumnas de secundaria durante la resolución de una terea sobre densidad y disoluciones”, en Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Universidad de Cádiz, Vol. 13, número 3, 2016.
García Maldonado, Octavio, Teoría y práctica de la seguridad social, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2003.
La Carta Americana sobre los Derecho Humanas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ley del Seguro Social.
Rodríguez Mesa, Rafael, Estudios sobre seguridad social, Editorial Ibáñez, Barranquilla, 2013.
Tesis 2a./J. 132/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009.
Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 470.
Velandia Morales, Andrea, “Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión”, en Universitas Psychologica, vol. 13, número 2.
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4525

1 Rodríguez Mesa, Rafael, Estudios sobre seguridad social, Editorial Ibáñez, Barranquilla, 2013, p. 37.

2 Ibid, p. 41.

3 Velandia Morales, Andrea, “Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión”, en Universitas Psychologica, vol. 13 número 2, p. 518.

4 Cortizo Franco, Rut y Crujeira Pérez, Beatriz, “Análisis de los estereotipos de género en las acciones de alumnos y alumnas de secundaria durante la resolución de una terea sobre densidad y disoluciones”, en Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Universidad de Cádiz, Vol. 13, número 3, 2016, p. 589.

5 Véase, Tesis 2a./J. 132/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009, p. 643.

6 Véase, Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero Véase, Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 470.de 2009, p. 470.

7 Consúltese en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4525

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Romo Medina. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Denle volumen en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre, por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Preguntarle al Senador Romo, si aceptaría suscribir su iniciativa. Además, cada vez festejando como nuestros compañeros son más progresistas, y que además se presenta muy bien a los ciudadanos con estas iniciativas con perspectiva de género. Felicidades Senador.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, también se adhiere la Senadora Diva Gastélum Bajo, y un grupo de Diputadas. Senador Romo, quieren suscribirla, y por favor Servicios Parlamentarios recoja las firmas de la iniciativa. Ha quedado turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, en materia de ingreso mínimo vital.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hoy vengo con un tema importante que espero le puedan prestar atención.

Muchas de nuestras demandas que hemos tratado de encabezar y de representar tienen que ver con esto, que se pueda materializar en la Constitución, que tiene que ver con el reconocimiento al mínimo vital, y ahorita explicaré el alcance de esta pretensión que estamos presentando el día de hoy como Partido de la Revolución Democrática y que a nombre de este grupo, me toca hacer la presentación el día de hoy.

A partir del reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución de 1917, reconocida como el primer texto de su especie que reconoce estos derechos. El desarrollo constitucional mexicano se ha enriquecido con diversas normas que buscan extender estos beneficios a todas las personas. Entre ellas, en nuestro ordenamiento constitucional, destaca especialmente la introducción en el texto del artículo 25 del mandato de redistribución de la riqueza. La presente iniciativa se inscribe precisamente en esa tradición, siguiendo el camino de los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales que se han presentado en otras latitudes del mundo, que han llevado como propósito extender los alcances de los derechos sociales.

Se pretende apelar a la obligación del Estado que tiene de garantizar el goce de derechos a todas y todos con el objetivo de alcanzar un nivel de vida digno.

El objetivo particular que se pretende alcanzar es el de garantizar la existencia de mecanismos que permitan habilitar a las personas para que puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos que les otorga el orden constitucional.

Una condición indispensable para ello es que las personas tengan la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas.

En este sentido, el orden constitucional debe reconocer que para lograr este objetivo, se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan desarrollar sus vidas. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan propiciar la igualdad en la sociedad.

El conjunto de estos requerimientos esenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social, que busca la igualdad de oportunidades y que propicia el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número de personas.

En un estado de derecho basado en la solidaridad. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. Es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de la comunidad a fin de que las relaciones económicas puedan desarrollarse con libertad.

Existen dos maneras para garantizar un derecho: la creación de maquinaria institucional para su materialización y la provisión de bienes y servicios para su satisfacción.

El mínimo vital se presenta como un eje que articula lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales, poniendo en el centro del modelo el concepto de dignidad de la persona.

En el reciente proceso Constituyente que se dio para la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se encontraron presentes todas las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, tuvo lugar la discusión respecto del tema que nos ocupa en la presente iniciativa.

Finalmente en su artículo 9, Apartado A, numeral 2 quedó establecido que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna.

El concepto de mínimo vital se inserta en la construcción de un país solidario. Vida digna implica que las necesidades esenciales de nuestra existencia se encuentran cubiertas y que permiten atender y reducir progresivamente la brecha de desigualdad en nuestro país. Al plantear el derecho de toda persona a un mínimo vital, se aboga por la mejora continua de los niveles de vida, hasta erradicar de forma definitiva las condiciones de pobreza y pobreza extrema. Se refiere a promover un desarrollo sustentable y una distribución justa de la riqueza, significa una mejora en el ingreso de las familias, grupos sociales o comunidades, es hacer por el logro de la igualdad sustantiva. Se aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos de hecho y de derecho que impiden el acceso del mayor número de personas a las mejores oportunidades.

El artículo 25 de la Constitución contiene las bases económicas sobre las que se sustenta el modelo constitucional mexicano, ahí se reconoce la existencia de un sistema económico en el que concurren los sectores público, privado y social, pero también se establece la obligación fundamental del Estado mexicano de ejercer la rectoría en el desarrollo nacional. En tales condiciones, lo que aquí se plantea es fijar el mandato expreso para que el Estado mexicano para garantice a todas las personas las bases mínimas para su subsistencia y para habilitarlas para el goce de sus derechos constitucionales. Se trata de un mandato solidario dentro de la mejor tradición del constitucionalismo mexicano cuyo desarrollo controlará en forma decidida a atender a las personas más desfavorecidas.

Con el planteamiento de un mínimo vital para todas las personas no sólo se contribuye al cumplimiento de la obligación del Estado que tiene de garantizar los derechos humanos, sino que además se refuerza la protección, promoción y respeto de los mismos. Se concreta además la interdependencia de los derechos que guardan relación directa entre sí, si bien la escala de cumplimiento de este derecho al mínimo vital deberá ser paulatina y progresiva, beneficiando, en primer lugar, a quienes más lo necesiten, nuestra sociedad podrá llamarse a sí misma solidaria cuando alcancemos la universalidad del ejercicio de los derechos.

Propuesta de reforma, para terminar.

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Entonces ahí dice el agregado: “Se garantiza a cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales.

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros legisladores.

Iniciativa

Las y los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE PROPONE ADICIONAR EL DERECHO SOCIAL A CONTAR CON UN MINIMO VITAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de 1917 se reconoce como el primer texto de su especie que reconoce derechos sociales a las personas. A partir de este reconocimiento, el desarrollo constitucional mexicano se ha enriquecido con diversas normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a todas las personas. Nuestra reciente historia constitucional da cuenta de muchas de estas acciones. Entre ellas destaca especialmente la introducción del mandato de resdistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 de nuestro texto constitucional. La presente iniciativa se inscribe precisamente en esta tradición. Sin embargo, en esta ocasión, la fuente de inspiración son los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales que se han presentado en otras latitutdes con el objeto de extender los alcances de los derechos sociales. El objetivo que se pretende alcanzar es garantizar la existencia de mecanismos que permita habilitar a las personas para que puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos que les otorga el orden constitucional.

Una condición indispensable para que las personas puedan gozar de los derechos y libertades que les otorga el orden constitucional mexicano es que tengan capacidad para satisfacer sus necesidades básicas.

En ese sentido, un orden constitucional comprometido con los derechos debe necesariamente reconocer que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan desarrollar sus vidas. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan propiciar igualdad en la sociedad.1

El conjunto de estos requerimientos escenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social, que busca la  igualdad de oportunidades y que propicia el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas.2

EL ESTADO SOCIAL Y EL MÍNIMO VITAL

El Estado social de Derecho está basado en la solidaridad. En este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta fundamental. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal.3 Para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de la comunidad.

Estos derechos sociales pueden constituirse como principios que sirven como directriz a las autoridades, para que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso, y al mismo tiempo, como un mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales.4

Entre los derechos sociales, el derecho a contar con un mínimo vital se ha construido a partir de la interpretación sistemática de diversas Constituciones (España, Colombia, Alemania, entre otras). Así el mínimo vital se presenta como un eje que articula lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales. En el centro del modelo aparece el concepto de dignidad de la persona.5 Este modelo también se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contiene un doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital y esta doble referencia será una constante en otros textos. Por un lado, se reconoce el derecho del trabajador a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (artículo 23.3). Y, por otro lado, el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25.1).6

La concepción del Estado social de derecho hace referencia a un “sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona adentro de la sociedad sin privaciones irracionales”.7 Estos derechos sociales se basan en el principio de igualdad. Tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad.8

Desde la perspectiva de los tribunales, el concepto de mínimo vital en un Estado social de derecho sirve para proteger a personas frente a un perjuicio irremediable causado por la falta de atención a un derecho social.9 Así, el mínimo vital, se instituye como un recurso del cual echa mano la jurisdicción para subsanar una situación de injusticia o para socorrer a una persona indefensa frente a la desidia y la indolencia del Estado, y en ocasiones de los particulares.10

Desde un punto de vista operativo, el derecho a un mínimo vital puede referirse a la posibilidad de que las personas puedan disponer libremente de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades más perentorias. Para articular este ejercicio, el derecho al mínimo vital hace a un lado a aquellos segmentos de la población que tienen recursos suficientes para su subsistencia y se concentra en quienes no tienen los medios necesarios. De esta manera, una política diseñada para garantizar el mínimo vital se debe enfocar en proporcionar complementos al salario de los trabajadores que así lo requieran o bien una cantidad periódica a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo remunerado.11
Objeto

El establecimiento constitucional del mínimo vital no pretende que todas las personas sean iguales. Se aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a las mejores oportunidades.12 Se trata de asegurar –con alguna racionalidad y capacidad de universalización- esferas de protección del mínimo vital, tal y como ocurre con otros derechos fundamentales.13

El mínimo vital supone un derecho constitucional fundamental a la vida no entendido como mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las facultades de las que puede gozar la persona humana.14

El derecho al mínimo vital es la garantía de un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna. En la mayoría de las sentencias la Cortes Colombianas no se refiere al mínimo vital como un derecho sino como las condiciones materiales en sí mismas, garantizadas a su vez por otros derechos, que pueden ser prestacionales o fundamentales.15

El derecho al mínimo vital se ha recibido en México por la vía jurisprudencial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido al mínimo vital como “un derecho innominado ya que no se ha reconocido expresamente en el derecho internacional ni en los textos constitucionales; se ha desarrollado principalmente desde la jurisprudencia y la doctrina”.16 El desarrollo jurisprudencial de la SCJN lo identifica “como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales”, que se conforma para la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, “forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera)”.17

En cuanto sus alcances, la SCJN ha sostenido que el mínimo vital abarca un “conjunto de medidas estatales que permiten respetar la dignidad humana; no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para una existencia libre y digna”.18 De ahí se despreden “…la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital […] de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona”.19

A partir de la recepción jurisprudencial del mínimo vital, el Estado Mexicano adquiere la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Para ello, es indispensable fijar el mandato de garantía y establecer las bases opertivas sobre las que se sustenten las políticas públicas diseñadas para garantizar el mínimo vital.

El artículo 25 de la Constitución contiene las bases económicas sobre las que se sustenta el modelo constitucional mexicano. Ahí se reconoce la existencia de un sistema económico en el que concurren los sectores público, privado y social. Pero también se establece la obligación fundamental del Estado Mexicano de ejercer la rectoría del desarrollo nacional. Y uno de los objetivos del desarrollo nacional es lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. La presente iniciativa busca complementar este pasaje constitucional mediante la introducción de un mandato expreso en el sentido de reconocer que el punto de partida indispensable para la consecución del mandato de igualdad sustantiva contenido en el texto constitucional es el derecho al mínimo vital. En tales condiciones, lo que aquí se plantea es fijar el mandato expreso para el Estado Mexicano para garantizar a todas las personas las bases mínimas para su subsistencia y para habilitarlas para el goce de sus derechos constitucionales. Se trata de un mandato solidario dentro de la mejor tradición del constitucionalismo mexicano cuyo desarrollo contribuirá en forma decidida a atender a las personas más desfavorecidas.

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo vigente:

Propuesta de reforma:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se garantiza a cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales.

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSY SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL TEXTO DEL REFERIDO PRECEPTO.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se garantiza a cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales.

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigencia al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 21 de junio 2017.

Suscriben.

FUENTES
Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios constitucionales, España, 2007.
Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010.
Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Ed. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002.
Carmona, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006.
Magaña Martínez, María Salome y Sosa, Yolanda, “Patrimonio familiar, un derecho al mínimo vital como garantía social”, Inventio, Año 12, número 27, Ed. Universidad Autónoma del Estadio de  Morelos, México, 2016.
Marín-Barnuevo Fao, D., La protección del mínimo existencial en el ámbito del IRPF, Ed.Colex, Madrid, 1996.
Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho”, Provincia, número especial, 2006.
Quesada, Jimena, Europa social y democrática de derecho, Ed. Dykinson, España, 1997.
Rawls, John, A theory of justice, Cambridge, USA, 1971.
Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012
Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987.
Villar Borda, Luis, “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista Derecho del Estado, núm. 20, diciembre de 2007.

Recursos electrónicos
Gomes Canotilho, J. J., “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales”, pp. 249-250. http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico?IDR=15&IDN=1226&IDA=35267 Consultado el 7 de junio del 2017.
Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.630. Recurso electrónico consultado:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

Jurisprudencia citada
Alemania
SSTC 134/1989 y 140/1989.
BverfGE 1, 97 y BverfGE 40, 121.
BVerfGe 82, 60.

Brasil
STA 175, Rel. Min. Gildar Mendes, enjuiciada el 17.03.2010.

Colombia
SU-111/92.
T-426-92.
T-011/98.
T-283-98.

México
"Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.
"Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.

1 Rawls, John, A theory of justice, Cambridge, USA, 1971, p.4.

2 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987, p.146.

3 Vanossi, Jorge Reinaldo, pp.345 y 400.

4 Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 24 y 44.

5 Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.630. Recurso electrónico consultado: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

6 Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.182. Los artículos 7 y 11 del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales así lo reconocen también.

7 Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012, pp.141-158.

8 Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho”, .Provincia, número especial, 2006, pp.189-218

9 SU-111/92.

10 Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p. 17.

11 Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.184.

12 Vanossi, Jorge Reinaldo, p.403.

13 Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.623. Recurso electrónico consultado: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

14 T-283-98.

15 Arango, Rodolfo, “Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital”, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p. 12.

16 "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.

17 "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.

18 "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.

19 "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Isidro Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva acordamos que en la sesión de este día se realizara un debate pactado para abordar el tema relativo al espionaje telefónico.

Para normar el debate, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo junto con los grupos parlamentarios, por lo tanto solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo para que sea sometido a la Asamblea.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al Acuerdo.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo para normar el debate pactado de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha sido aprobado el Acuerdo que estipula los términos del debate pactado.






El siguiente asunto del Orden del Día es la discusión de dictámenes. Iniciaremos con los que no tienen reserva para su debate, posteriormente en la discusión de los reservados de la Segunda Comisión.

En consecuencia, pasamos a la discusión de 12 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 12 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión. Los dictámenes son:

1.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México fortalezca los programas de seguridad existentes y reforzar las estrategias de prevención y combate al delito en la Central de Abasto.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México a llevar a cabo acciones contundentes que permitan abatir los elevados índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 7 de junio de 2017, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo acciones contundentes con la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México que permita abatir los elevados índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central.

Con fecha 8 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1408.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La senadora autora de la proposición con punto de acuerdo, manifiesta su preocupación en el escrito inicial, por las diversas problemáticas que han aquejado por años a la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), las cuales se han ido incrementando y recrudecido en los últimos meses, afectando a locatarios y consumidores que se encuentran en una grave situación de inseguridad dentro de sus instalaciones y en la periferia de dicho centro de abasto.

Lo anterior manifestando que, todos los días se reporta al menos un asalto por la madrugada, cuando se registra la mayor afluencia de clientes. Cabe mencionar que la mayor parte de las operaciones realizadas en la Central son en efectivo, lo que convierte a los clientes y comerciantes en blancos vulnerables para ser víctimas de la delincuencia.

Expresa también que, el crimen organizado se encuentra presente en esta franja comercial y se ha convertido en una zona roja,  ya que de acuerdo a la información proporcionada por los mismos usuarios y locatarios, en las instalaciones de la CEDA, grupos de personas ejercen el tráfico de drogas entre la venta de alimentos y productos básicos, así como la prostitución de hombres y mujeres, además de los ya mencionados asaltos.

En este sentido la autora de la propuesta señala que, es de suma importancia prevenir y disminuir los actos delictivos en dicha zona comercial; asimismo,  considera necesario promover operaciones y estrategias que permitan abatir los elevados índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central, para garantizar la seguridad de los usuarios y locatarios.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que a través del Coordinador y Administrador General de la Central de Abasto de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Pública, diseñen e implementen programas que abatan los índices de delincuencia en la Central de Abasto.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial de la Ciudad de México para que a través de los procesos de análisis estadístico y georeferenciación de información criminológica se logre identificar a las personas, grupos, organizaciones y modos de operación delictiva que ocurren en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, remita un informe detallado sobre los índices de delitos que ocurren al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, en el que se incluya el tipo de delito y el número de carpetas de investigación que han sido determinadas como no ejercicio de la acción penal, del año 2012 a la fecha.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, y coincide con la preocupación de la proponente razón por la cual realiza las siguientes observaciones:

El tema de la seguridad pública está en el centro del debate de la sociedad desde hace mucho tiempo; en el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes. La seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo1. La  vigencia  del  Estado  de  Derecho  depende, fundamentalmente,  de  la  confianza  de  la  ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley.

Al efecto, esta Comisión dictaminadora, encontró en su investigación que la Central de Abasto es el mayor centro de distribución  de alimentos del país y recibe aproximadamente 300 mil vehículos por día; se encuentra ubicada en la delegación Iztapalapa, y de acuerdo con la información proporcionada por usuarios y locatarios de la misma Central, en su interior se ha notado crecientemente la realización de delitos como los asaltos, secuestros, extorsiones, entre otros.

El Gobierno de la Ciudad de México reconoce el asunto de seguridad en la Central de Abasto como tema prioritario, y ante ello con el objetivo de prevenir el delito, garantizar la movilidad y la estancia segura de los clientes y usuarios que acuden diariamente, se han realizado diversos operativos entre los cuales destacan “Candado CEDA” que consiste en la revisión de vehículos en las salidas de este centro de abasto; “Puertas Cerradas”, en naves y pasillos de los sectores Abarrotes y Víveres, así como Frutas y Legumbres para la revisión de chapas, cortinas, candados de bodegas y locales, para verificar que permanezcan cerrados.

El operativo “Presencia”, con recorridos en cuatrimotos por naves y pasillos, andenes de carga y descarga, cabeceras y vialidades de todos los sectores con el objetivo de supervisar y reforzar la seguridad; paralelamente se reforzó el Programa “Blindaje y Reacción” que se realiza diariamente para inhibir el delito y preservar la seguridad de la comunidad.

Cabe mencionar que, una parte importante para que las acciones realizadas sean efectivas, es la vigilancia por medio de cámaras ubicadas en diferentes puntos estratégicos, dichas cámaras tienen la capacidad para grabar hasta 60 días, y esto permite contar con una mayor información para la identificación de los delincuentes que operan en dicha Central. Asimismo, cualquier persona puede comunicarse gratuitamente al número 01800 000 2332 (CEDA) para la atención de emergencias, protección civil y asistencia médica, las 24 horas del día.2

Por otra parte, autoridades de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, han realizado diversos operativos de seguridad, en los cuales, elementos del cuerpo policiaco  han recorrido la totalidad de los sectores de este centro mayorista, con la finalidad de ofrecer mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios.

En dichos operativos, el personal organizado en células ha recorrido las naves y pasillos de los sectores Abarrotes y Víveres, Frutas y Legumbres, con la utilización de equipo sonoro y unidades, y a pie el sector Flores y Hortalizas. Además de los andenes de carga y descarga, y vialidades, respetando los protocolos de actuación policial y los derechos humanos para garantizar la integridad de los usuarios de la CEDA.

También es del conocimiento que en la Central de Abasto de la Ciudad de México está instalada una Estación de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX que complementa los esfuerzos de las autoridades del centro mayorista más grande de México y eje articulador de la política de abasto social en la Ciudad de México, para preservar la seguridad de clientes y usuarios que llegan cada día.

No obstante, ante la incidencia delictiva que actualmente aqueja a locatarios y usuarios en la Central, es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México siga trabajando a través de las instituciones para prevenir y disminuir los actos delictivos, con el objetivo es que el centro de abasto popular más importante del país tenga más afluencia de clientes, grandes y pequeños compradores, que sientan seguros en el interior y la periferia dentro del centro de abasto3 . Ello, con la finalidad de que se atienden las medidas preventivas en las instalaciones y la periferia de la Central de Abasto, para reducir al máximo los niveles de inseguridad, además de impulsar el desarrollo de las actividades comerciales.

Así, esta Primera Comisión, considera necesario que las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad de la Ciudad de México, atiendan de manera pronta y conjunta la problemática existente de inseguridad al interior y en la periferia de la Central de Abasto de la Ciudad de México, mediante la implementación de programas que abatan los índices de delincuencia, y generen bienestar, tranquilidad y seguridad para  los usuarios de la CEDA.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con los bodegueros  de la Central de Abasto, a través del Administrador General de la misma, fortalezca los programas de seguridad existentes y refuerce las estrategias de prevención y combate al delito en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 https://archivos.jurídicas.mx/www/bjv/libros/1/419/12.pdf

2•http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/nuevo-megaoperativo-de-seguridad-en-la-central-de-abasto-de-la-cdmx

3•http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/nombran-coordinador-y-administrador-general-de-la-central-de-abasto-de-la-ciudad-de-mexico






2.- Por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas a rendir un informe respecto del estado que guardan las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a reforzar las acciones para garantizar la seguridad de los habitantes en la entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a diversos congresos estatales a analizar y revisar la viabilidad de efectuar las modificaciones a su legislación en materia de estupro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a los congresos estatales a mantener actualizados sus sitios de Internet con la información que debe hacerse pública conforme a la ley en la materia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a atender mediante la aplicación de los recursos del Fonden, diversos municipios de Zacatecas y de Oaxaca afectados por las lluvias.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta se remita un informe respecto de los avances del Programa de Credencialización en el Extranjero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a los gobiernos estatales a conducirse bajo las normas y principios previstos por la normatividad aplicable, en los procesos de licitación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar las acciones realizadas para la adecuada implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se determina que han quedado atendidas diversas proposiciones relativas a la adopción de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la seguridad pública en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta al gobierno de Baja California a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en el municipio de Tijuana.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar los 12 dictámenes a los cuales ha dado lectura la Secretaria.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente.

Vamos a presentar en esta sesión de la Comisión Permanente, la discusión y espero la aprobación de 17 dictámenes de la Primera Comisión, tres de ellos aprobados en la quinta reunión ordinaria, y 14 los validamos el día de ayer en la sexta reunión ordinaria.

Son dictámenes que contemplan diversos temas que expresan las preocupaciones y las inquietudes de los legisladores que fueron proponentes en cada uno de ellos.

Me permito señalar solamente algunos de los exhortos emitidos, sin pretender agotar su totalidad por respeto al tiempo de quienes integramos esta comisión.

En principio, hay un exhorto a las entidades federativas para que armonicen sus legislaciones locales de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tomando en consideración al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dada la relevancia que este tema tiene para los ciudadanos.

Hay un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para fortalecer programas de seguridad existentes, para reforzar estrategias de prevención y combate al delito en la Central de Abasto, que ha sido una preocupación de quienes realizan sus actividades comerciales en este centro.

Hay un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca la campaña de difusión dirigida a la población en general, sobre la gratuidad de la expedición de la primera copia certificada del registro de nacimiento.

Y en cuanto a los dictámenes aprobados en la sexta reunión de la Primera Comisión, hay algunos como un exhorto a la Comisión de Medio Ambiente de la Megalópolis, para generar campañas informativas que den a conocer al ciudadano los efectos nocivos generados por la mala calidad de la atmósfera, a la vez para que se coordinen acciones para combatir la acumulación de contaminantes durante los días de contingencia y, en el mismo sentido, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, para que informe el avance en la verificación vehicular del transporte federal que circula por el Valle de México y que puede contribuir a esta mala calidad del aire.

Al gobierno de Veracruz, para que refuerce las acciones necesarias para garantizar la seguridad de sus habitantes en coordinación con el gobierno federal.

Al gobierno de Tamaulipas, para que rinda un informe sobre lo acontecido el 6 de junio en el penal de Ciudad de Victoria.

Hay otro importante exhorto al gobierno y al Poder Judicial de la Ciudad de México, para informen sobre las acciones para el adecuado establecimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la recomendación 2/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

A los estados de Baja California, Campeche y Sonora, para que contemplen el matrimonio entre ofensor y víctima como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, se les exhorta a revisar la posibilidad de efectuar modificaciones a su legislación en la materia.

Hay otro de suma importancia que es para las entidades federativas, para que se conduzcan bajo las normas y principios previstos por la normatividad aplicable en los procesos de licitación, con el fin de que se actúe con apego a la legalidad y se eviten conflictos de intereses que lesionen el patrimonio de los habitantes de las entidades federativas.

Dada la relevancia para la vida democrática que tienen nuestros connacionales que radican o que viven en otros países, se exhorta al Instituto Nacional Electoral a fin de que rinda un informe del avance del Programa de Credencialización en el Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencia para votar con fotografía.

Se exhorta también a la Secretaría de Gobernación a que se provean de manera ágil los recursos del Fonden, para varios municipios de Zacatecas y Oaxaca, entre otros, que fueron bastante afectados por la lluvia y el granizo de días pasados.

Y finalmente, un exhorto al gobierno de Morales para que presente un informe de los resultados de las estrategias operativas y medidas en materia de seguridad pública que se ha establecido este año.

Estos son, entre otros, los temas que estamos sometiendo a su consideración, solicitándoles, de manera específica, su valiosa aportación para que sean aprobados.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Hay acuerdo parlamentario en estos que no tienen reserva, pero no puedo obviar el trámite. Se encuentran a discusión. No habiendo oradores para el uso de la tribuna, preguntaría si alguien desea hacer alguna reserva.

No habiendo tampoco reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 12 dictámenes que se han presentado.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Han sido aprobados los 12 dictámenes de la Primera Comisión. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 23 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 23 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión. Los dictámenes son:

1.- Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del centenario de su natalicio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre Ciberdelincuencia, su protocolo adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita información sobre el estatus que guarda el procedimiento para la adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a emitir un informe sobre el proceso y las acciones que han llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que se incorpore lo referente a los resultados del proceso de consultas formales con la iniciativa privada.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a coadyuvar en la atención de la problemática de la Universidad Intercultural de Chiapas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para garantizar el acceso del derecho a la salud de las personas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención de la artritis reumatoide como enfermedad crónica no transmisible.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a analizar la posibilidad de llevar a cabo una campaña informativa sobre el Lupus Eritematoso Sistémico.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones para dar atención a las recomendaciones respecto al Programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se solicita un informe sobre los programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más energética condena por el atentado terrorista perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se exhorta a realizar campañas de información sobre los riesgos a la salud derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones para garantizar el trabajo que desempeña el personal de salud, en especial, en zonas que presentan problemáticas de inseguridad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su desaprobación con los actos de reventa que se presentan en los espectáculos deportivos, de manera particular en el partido de final de fútbol mexicano entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado 28 de mayo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se solicita un informe sobre los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América y su participación en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica realizada en Miami, los días 14, 15 y 16 de junio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Valeria “N”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del Alzheimer y otro tipo de demencias.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones adoptadas y resultados obtenidos derivados de las medidas para prevenir y erradicar la discriminación, así como la violencia en centros escolares.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Por el que se exhorta al Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa a analizar la posibilidad de destinar recursos del Programa “Escuelas al Cien”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se exhorta a que en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, se considere lo referente al comercio de armas de fuego que, ilegalmente, ingresan a nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Por el que se solicita un informe sobre la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano a niñas y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a dar seguimiento al cumplimiento de las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se han presentado 23 dictámenes.

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Maricela Contreras Julián, para presentar dichos dictámenes de la Segunda Comisión, por el tiempo que requiera Diputada.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

De la Segunda Comisión, estamos presentando 30 dictámenes que abarcan 35 asuntos de puntos de Acuerdo presentados por los diferentes grupos parlamentarios, se aprobarán excepto los que han sido reservados, destaco el ánimo de construir consensos, analizar y discutir cada uno de los temas por parte de las y los legisladores que integramos esta comisión.

Aprobamos, por ejemplo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, y esto abarca varios puntos de Acuerdo que están relacionados con el Tratado de Libre Comercio, el primero es solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía que informen del proceso y las acciones que han llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además se solicita la integración de un grupo de trabajo que acompañe al proceso de renegociación del TLCAN con integrantes de este Congreso de la Unión, cosa que nos pareció sumamente importante porque también es un asunto del Congreso de la Unión. También resulta de vital importancia esto para defender los intereses de la nación.

Que el interés fundamental fue solicitar a las dependencias del gobierno federal un informe sobre los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América y su participación en el Marco de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica que se realizó la semana pasada en Miami.

De igual forma se hace un atento llamado para que la agenda de negociaciones bilaterales considere un punto que es relevante y que tiene que ver con el comercio de armas de fuego que ilegalmente entran a nuestro país y ahondan un clima de violencia e inseguridad en el que vivimos.

Coincidimos también en condenar energéticamente el feminicidio cometido contra Valeria, en el municipio de Nezahualcóyotl, y hacer un llamado enérgico a las autoridades del Estado de México para que se sancione a los responsables de la difusión de las imágenes del cuerpo de la niña. En esto hemos coincidido por unanimidad, nos parece muy grave que en este y en otros caso de asesinatos se difundan estas imágenes, fue un manejo burdo e insensible que no debe quedar impune y, entonces, este llamado al Estado de México a garantizar el castigo y las sanciones a quienes hacen el manejo y filtran las imágenes en este caso.

Tenemos un gran rubro de dictámenes en materia de salud donde proponemos que se lleven acciones de prevención y atención en temas que son muy importantes: la artritis, otro es el Alzheimer, la depresión, el cáncer infantil y el lupus, enfatizamos la necesidad de reforzar acciones que garanticen el trabajo que desempeña el personal de salud, en especial en las zonas donde hay problemáticas de inseguridad, este es un reclamo, además, que se ha hecho en diferentes partes de la República y consideramos que al hacer este llamado estamos atendiendo peticiones que muchos profesionales de la salud hacen para desempeñar en condiciones de seguridad su actividad.

Solicitamos información sobre el Programa Nacional de Convivencia Social para evaluar sus resultados y prevenir hechos de violencia en los centros escolares.

Además, requerimos datos sobre el cumplimiento de objetivos en la aplicación de la vacuna del virus de papiloma humano en niñas y adolescentes.

Un tema también de gran relevancia es el exhorto que formulamos a las autoridades de los tres poderes para que, en el ámbito de sus competencias, adopten medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

Pusimos énfasis en los casos de orden familiar, pues consideramos que ninguna postura o ideología debe de estar por encima de los derechos de las niñas y los niños, yo diría aquí, a veces los adultos decimos que tenemos derecho a nuestros hijos, y es exactamente al revés, el derecho de tener una familia y de ver a sus padres es de las niñas y de los niños.

Un tema de vital importancia es el llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se realicen acciones que permitan resolver las situaciones presupuestarias de las universidades públicas y se garantice la prestación de los servicios; este punto de Acuerdo quedó así en general con la particularidad que la promovente hablaba de la situación particular de la universidad del estado de Morelos.

Finalmente, coincidimos en refrendar los principios normativos de política exterior contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucional para exhortar al gobierno mexicano a cumplirlos en sus actuaciones.

Hacemos patente nuestro compromiso para contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y formulamos una invitación para lograr una solución pacífica a la situación de ese país con pleno respeto a su soberanía.

Estos son algunos de los dictámenes que consideramos de mayor relevancia y por lo que pedimos su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Maricela Contreras, que ha presentado los 23 dictámenes a nombre de la Segunda Comisión.

Se encuentra a discusión. ¿Preguntaría si hay alguna reserva?

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, han sido aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 17 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy cuenta con las materias de 17 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión. Los dictámenes con punto de Acuerdo son:

1.- Por el que se exhorta a seguir impulsando una red de playas incluyentes en el país que permitan el acceso pleno al derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos en condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita un informe sobre el presupuesto y los beneficios que implican para el Istmo de Tehuantepec ser considerados zona económica especial y cómo se incentivarán los Puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guarda la averiguación previa referente al crédito otorgado por BANOBRAS a la empresa Rotary Drillrigs International S.A. de C.V.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a analizar la pertinencia de modificar la fracción VII del anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de incluir todos los cruces fronterizos del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre el proceso de emisión de placas y engomados para la circulación de vehículos que realizan en diferentes estados del país las organizaciones Unión Campesina Democrática y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social información sobre los resultados relativos al ejercicio y aplicación de recursos del Programa de Empleo Temporal en el estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2016 y el correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje información sobre el estado que guardan los expedientes relativos a las mesas de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por ejecutar, derivados de litigios laborales con las empresas Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. de C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, S.A. de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a evaluar la posibilidad de aplicar recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato en el municipio de Santiago Astata, del estado de Oaxaca, ante las afectaciones que sufrieron los productores de sal por el paso de la tormenta tropical “Adrián”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información respecto de los impuestos ambientales recaudados según la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se exhorta a fortalecer la promoción de los procesos y mecanismos de acceso al Programa PROGAN a productores apícolas, así como agilizar los procesos y acciones para mantener la sanidad de las colmenas y reducir las pérdidas por plagas o enfermedades.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad de México a considerar la viabilidad de desarrollar diseños, propuestas, planes o proyectos para la instalación de pozos de absorción para la captación de agua pluvial para áreas urbanas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta a verificar que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil acerca del equipaje que pueden transportar sus usuarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se exhorta a fortalecer los esfuerzos en la investigación sobre la explosión e incendio ocurrido el 15 de marzo de 2017 en las instalaciones de Pemex en Salamanca, Guanajuato.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta a redoblar esfuerzos en la creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura climáticamente inteligente y ganadería ambientalmente responsable.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se solicita un informe de las posibles afectaciones a diversas regiones de Áreas Naturales Protegidas en razón de la construcción de los megaproyectos que se realizan en las correspondientes zonas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se exhorta a implementar una estrategia para el cultivo de agave a fin evitar el desabasto o la sobreproducción, en la que se tome en cuenta la opinión de los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Muchas gracias. Se ha dado cuenta de estos 16 dictámenes que se han dado lectura.

Se encuentra a discusión, y consultaría si hay alguna reserva.

Por favor, denle volumen a la Diputada Maricela Contreras en su escaño, por favor.

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Por favor, señor Presidente, quiero reservar el dictamen 3.17

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Cuál, perdón, Diputada?

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) 3.17, el que exhorta a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituir o, en su caso, de contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias, cuya materia específica sea la familia, por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, Diputada. Claro que sí.

Bueno, entonces informa la Asamblea que este dictamen se reserva, es el que en el orden del día teníamos como número 5, por el que se exhorta a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituir o fortalecer las comisiones ordinarias, cuya materia específica sea la familia.

Por lo tanto, no son 17 dictámenes, son 16 dictámenes los que vamos a someter a votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 16 dictámenes que se han hecho mención.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Han sido aprobados los 16 dictámenes de la Tercera Comisión. Comuníquense.






Conforme al Acuerdo aprobado hace unos momentos, daremos paso al debate pactado sobre espionaje telefónico.

Iniciaremos el debate con los representantes de los grupos parlamentarios, en orden progresivo, por un máximo de cuatro minutos en tribuna para cada uno. Las intervenciones para rectificaciones de hechos o para alusiones personales serán por un máximo de tres minutos cada una.

AGENDA POLÍTICA

Se concede el uso de la tribuna al Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, hasta por cuatro minutos.

El Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea:

En Encuentro Social tenemos claro que cualquier intromisión en la vida privada, incluso íntima, de las personas, por sólo dignidad humana sin importar a lo que se dediquen o si tienen o no alguna investidura pública es reprensible y merece un esclarecimiento profundo y pleno.

De la misma manera, no tenemos duda que resulta injustificable que periodistas y gente del gremio sea perseguida, amenazada, incluso asesinada.

En la misma lógica, como integrantes del Estado mexicano, debemos que tener la suficiente altura de miras, serenidad y análisis para comprender la realidad, y nuestro modo específico de entenderla, pronunciarnos con la responsabilidad republicana que nos ha sido conferida.

En tal sentido, no debemos perder de vista el hecho que el enemigo en común que tenemos, Estado y sociedad, y en el caso específico del medio periodístico, es el crimen organizado, al que tenemos que seguir enfrentando con toda la fuerza para recuperar nuestra paz pública.

A todas y todos los presentes nos indigna la lucha contra la delincuencia organizada y que ha estado amenazando a nuestra democracia, y es por eso que debemos sumarnos a luchar para combatir este flagelo que ha azotado a la sociedad.

Si a ello le sumamos el no respaldo y la inacción de gobiernos locales o líderes políticos cuando no a la convivencia en el agravio hacia la sociedad, a una mayor inhabilidad para combatir a este flagelo.

En paralelo a este tema, lo publicado en días recientes por “The New York Times”, triplicado por la prensa nacional respecto al presunto espionaje hacia periodistas y miembros de organismos de la sociedad civil, ciertamente es un asunto que merece ser investigado, dirimido y resuelto con la mayor transparencia para bien de todos.

Llama la atención, sin embargo, que algunos medios, que más profundamente difundieron la nota olvidaron la precisión rigurosa y profesional que hace “The New York Times” en su propio reportaje, lo que cito textualmente: “Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software “Pegasus” no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo”, termina la cita.

Compañeros y compañeras legisladoras: Como parte del Estado e integrantes de uno de los tres poderes del gobierno, somos corresponsables de la cosa pública, en este orden de ideas, nuestra visión debe rebasar la consigna que reza: “fue el Estado”. Desde el orden constitucional, legal e institucional encontrar respuestas a las interrogantes y justas demandas de la sociedad.

En Encuentro Social decimos: “Sí, que se investigue, que se transparenten las pesquisas, que se persiga todo cuanto pueda amenazar la libre expresión, la libertad de prensa. A pesar de cualquier consideración, el trabajo de la sociedad civil, de los periodistas y, en general, de la vida privada de las personas”.

Pero es importante que utilicemos nuestras instituciones, vigilemos que se aplique la ley y que se respeten los derechos humanos.

Y es así como en México pasaremos de las leyes y de los dichos a implementar que el Estado mexicano, que somos todos, que todo mundo estamos construyendo, en verdad prevalezca y que aquella persona que infrinja la ley sea sancionada con todo el rigor de la ley, sea quien sea.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Alfredo Ferreiro Velazco.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Karina Sánchez Ruiz.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”, Voltaire.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Defender las libertades de los individuos es una responsabilidad para los que aquí nos encontramos el día de hoy en representación de nuestra ciudadanía.

Aquí, como en todo el mundo, el presunto espionaje que se ha denunciado por parte de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos constituye un hecho por demás preocupante, pues de ser ciertas las denuncias, no solamente se violentarían los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, sino que se atentaría contra las libertades de los individuos y se pondría en riesgo nuestra democracia.

Por ello, resulta imperativo que se llegue al fondo de los hechos con estricto apego a la legalidad, pero también con estricto respeto a nuestras instituciones, pues en un asunto tan complejo es necesario salvaguardar el estado de derecho en aras de garantizar la gobernabilidad y la paz social.

La sociedad merece respuestas claras y expeditas que no dejen lugar a dudas y que permitan a todos y cada una de las y los mexicanos contar con la seguridad del ejercicio de sus libertades.

Para Nueva Alianza, salvaguardar el estado de derecho y garantizar asimismo las libertades fundamentales de las y los ciudadanos es un imperativo que no es negociable.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Karina Sánchez Ruiz.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El Diputado Macedonio Salomón  Tamez Guajardo: Muchos mexicanos estamos conscientes de la mediocridad y venalidad de la actual administración federal, pero nunca pensamos que llegara a este grado de degradación moral como el espiar a sus ciudadanos, y en particular, tratándose de ciudadanos que son hombres y mujeres de bien, que investigan la verdad para publicarla, que buscan luchar por los derechos fundamentales del hombre, que buscan combatir la corrupción; es algo verdaderamente intolerable.

Hace tiempo que estamos muchos conscientes de que este mundo contemporáneo, complejo, sobrepoblado, tiene un debate entre la seguridad pública y la invasión de la privacidad en aras de esta seguridad pública.

A veces es aceptable, es comprensible, pero tiene que estar legislado y eventualmente autorizado por un juez; si ven, ya estamos viendo que es una realidad del mundo que George Orwell describió en su novela en 1984, en donde un hermano mayor los vigila a todos; este hermano mayor debe estar dentro de la ley y la ética, cosa que no está sucediendo en México.

Es por eso que esta tarde me uno a las voces que condenan esta intromisión en las comunicaciones privadas de los mexicanos, es una vergüenza, da la impresión que este régimen mediocre quiere cerrar con un broche de ignominia, ¡imagínense nada más!, de tal manera que al tiempo que me uno a las voces que condenan estas conductas, también demando una investigación y que se llegue a las últimas consecuencias jurídicas.

Ya hay una condena política, ya hay un señalamiento moral, es preciso ahora aplicar las leyes vigentes para que haya sanciones y haya ejemplaridad, y la gente que vendrá después a los gobiernos no se vea en la tentación de caer en lo mismo.

Estamos, en mi fracción, demandando que se cree una comisión investigadora, sería pertinente, pero sobre todo, que se aplique la ley vigente, que las autoridades competentes hagan lo suyo, y que se satisfaga esta profunda, y espero, que no irreparable, ofensa que se ha hecho a los mexicanos.

Es cuanto tengo que decir, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

Ayer tuvimos en la Cámara de Diputados, a éste, que es el economista más prominente del mundo, que es Dani Rodrik, lo recibimos en el aeropuerto, y lo primero que nos dijo, ¿es cierto que en México espían como en Turquía? Él es turco.

Parece muy sólida la información que tenía ayer “The New York Times”, y que llama muchísimo la atención.

Esa es la noticia de México hoy en día en los principales círculos del mundo, hay plena certeza de que el gobierno mexicano espía a los activistas políticos.

Y lo creen, porque lo publica el principal diario del mundo, que es “The New York Times”, que es un diario que encuentra evidencia de que el software con el que se espió a estas personas, sólo lo compran los gobiernos, y que lo compró el gobierno mexicano, de eso hay plena evidencia.

Y es muy extraño el tipo de personas que tienen ese software, entre ellas, la principal periodista de este país, que es Carmen Aristegui, y los principales activistas que estuvieron involucrados en el tema de combate a la corrupción.

El gobierno de la República, en su enorme irresponsabilidad, no nombró a un fiscal independiente o a una comisión en la que estuvieran los propios activistas para investigar si alguien dentro del gobierno de la República o dentro de algún gobierno, espía a los activistas sociales.

Eso es lo que un gobierno democrático hubiera hecho, por eso sí parecemos Turquía, porque no tenemos instituciones independientes que puedan hacer una investigación clara.

Si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión. Así de claro.

No importa la enorme tradición que hay en este país, de las políticas y del uso de los cuerpos policiales para investigar con fines políticos.

Es simplemente inaceptable que se pueda comprar este tipo de equipamiento y se pueda espiar a las personas. Y la obligación es que haya un fiscal independiente con credibilidad y que en esa investigación estén las personas que fueron espiadas para determinar si una persona es responsable.

Ese software se compró en la administración pasada, y también en la actual. Y lo peor es que conocemos poco, muy poco de esto.

Hemos insistido hasta el cansancio, que existe una partida dentro de este presupuesto del país, que los Diputados todos los años aprobamos con cero pesos, es la partida 33/011. Todos los años, desde el 2014 se ha pasado en esa partida de cero pesos a más de 9 mil millones de pesos.

Es la partida 33/70, se llama “Seguridad Pública Nacional”, todos los años, de cero a 9,500; uno pregunta detalles de la partida, y nos dicen: No, esa es seguridad pública y es seguridad nacional.

Es decir, se compra ese material con dinero que ni siquiera aprobamos, ni siquiera fiscalizamos los encargados de aprobar y de fiscalizar el gasto público en México.

Hay completa mano ancha para hacer mal uso de los recursos destinados a seguridad pública en este país a nivel local y a nivel nacional, se trata de recursos que nadie evalúa; se trata de recursos que evidentemente no están teniendo resultados.

Hoy Alejandro Hope da a conocer que de mayo del año pasado, a mayo de este año, hay un incremento de más de 6 mil personas por homicidio. Es decir, nos dedicamos a espiar a los activistas y nos dedicamos a dejar que el crimen organizado siga matando a las personas en este país. Y ahí están las iniciativas de seguridad nacional que en varias de sus versiones sí facilitan que se pueda espiar a las personas.

¡Qué bueno que ya no se van a aprobar!, ¡qué bueno que han muerto!, ¡qué bueno que se ha recuperado la razón, y ya no se van a discutir esas iniciativas!, y lo que tenemos que discutir es cómo vamos a vigilar al gobierno para que no abuse de los recursos y de las posibilidades de espiar a las personas en este país.

No nos podemos ir de esta sesión sin acordar un procedimiento independiente en el que participen los activistas para investigar el espionaje a las personas en México, y para castigar a los funcionarios públicos que hayan hecho mal uso de este tipo de instrumentos, todo lo demás será demagogia, y todo lo demás será seguir permitiendo la irresponsabilidad de este gobierno, que a nivel mundial nos tiene así, como Turquía, como un simple país autoritario.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Vidal Llerenas Morales.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Lia Limón García.

La Diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia.

Cualquier tipo de invasión ilegal a la privacidad de las personas, por supuesto que es condenable, más aún cuando dicha afectación se dirige a periodistas y activistas, pues ello, sin duda alguna, vulnera la libertad de expresión que es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Por supuesto que nos sumamos a quienes piden que la Procuraduría General de la República investigue estos hechos. Es muy importante deslindar responsabilidades y censurar a los responsables.

Los periodistas y activistas que han denunciado tienen toda nuestra solidaridad. Ésta es nuestra postura, y también ha sido la postura del gobierno federal, que públicamente ha reprobado el espionaje.

Ayer, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, tuvimos una reunión con el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez, porque hay que decir que es él el que tiene las facultades para investigar, es decir, las facultades de investigación de este tipo de delitos están en esa Fiscalía, entonces no podemos pensar en inventar fiscalías cuando no tienen facultades y los actos de autoridad sólo se pueden ejercer por quienes están facultados para ello.

Bueno, justamente, en la reunión que tuvimos con el Fiscal, nos informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y que habrá de llevar a cabo todas las diligencias periciales referentes a la identificación del Malware, que es el virus que infecta a los teléfonos, y la identificación de quienes producen este tipo de equipos y a quienes se los venden.

También es importante decir que el mismo Fiscal mencionó que para ello, la coadyuvancia de las víctimas en las investigaciones será fundamental.

Y para quienes no conocen el perfil del propio Fiscal, es un Fiscal que viene de la sociedad civil, es decir, así como hoy trabaja en el sector público, en otros momentos de su vida ha trabajado en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil.

Y también el mismo Fiscal dijo que tiene todo el compromiso de esclarecer estos hechos y de que se sancione a los responsables, y de seguir dando las garantías para que los periodistas y activistas continúen su labor.

Es importante señalar que el propio Fiscal trabajó antes en el mecanismo de protección a defensores y periodistas, y por eso mismo entiende la importancia de avanzar en esto, porque entiende que la confianza que tengan los periodistas y los activistas en el propio mecanismo hará que el mecanismo siga funcionando como lo ha hecho hasta hoy.

La PGR ha anunciado un trabajo de investigación que llevará a cabo, analizando desde los números telefónicos afectados, la identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de equipos que hubieran remitido los mensajes, así como el análisis pericial de los equipos telefónicos afectados para identificar aplicaciones maliciosas.

También quiero dejar claro que lo que se ha denunciado es una supuesta intervención ilegal de comunicaciones por parte de entidades gubernamentales. Pero el mismo reportaje “The New York Times”, refiere expresamente que no hay pruebas de que el gobierno federal haya participado en esto.

Justamente, incluso uno de los que escribió el artículo, rechazó que tenga pruebas de que el gobierno federal sea responsable del espionaje.

Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas, muchos de los dichos que aquí se han vertido, parten del supuesto de que esto es cierto, cuando aún no se ha probado.

Yo lo único que quiero dejar aquí en la mesa es, si el principio de presunción de inocencia se viola, aquí nosotros tenemos la responsabilidad de no estar con demagogias y esperarnos a que estos hechos sean investigados, partiendo de principios fundamentales establecidos en nuestra propia Constitución, como el de la presunción de inocencia.

Las condenas y conclusiones anticipadas violan este principio y me parece que los legisladores debemos de ser responsables. Estas acusaciones tan graves no se pueden hacer a la ligera, mucho menos juicios de condenas de cuestiones que no están probadas.

Asimismo hay que recordar…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Diputada, por favor.

La Diputada Lia Limón García: Que no se puede partir de una sola hipótesis, se tienen que analizar las diversas hipótesis que se consideren.

Y por último, me parece importante señalar que espionajes, lamentablemente, es decir, llamadas que se han dado a conocer de políticos con privados, o de políticos entre ellos, se han dado a conocer en muchos momentos. Y lamentablemente en esos casos no hemos tenido nosotros la seriedad de asumir que esto se investigue.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por favor, Diputada, concluya.

La Diputada Lia Limón García: Y es importante decir. Ésos también son casos de espionaje, ésos también son casos de espionaje que se deben de reprobar.

La responsabilidad de acabar con los casos de espionaje que se dan en nuestro país es de todos, es también el de no difundir aquellos casos que se dan al margen de la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Lia Limón.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo quiero de verdad mostrar mi indignación, mi rechazo, mi repudio a que en nuestro país se continúe con esta práctica de espiar a los adversarios del sistema.

La práctica de espiar ha sido permanente a lo largo de la historia política de nuestro país.

Espían desde el gobierno de la República, no en sólo éste, en otros gobiernos lo han hecho. Espían desde los gobiernos estatales. Vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron adquiridos y están trabajando en México.

No solamente los tres indicados, sino los que fueron adquiridos por gobiernos estatales. Y aquí podría hacerle una apuesta a los apostadores.

No se va a salvar el gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Puebla, el gobierno de Veracruz y muchos otros gobiernos.

Hacen vigilancia y espionaje político a sus adversarios, y eso es parte de una circunstancia, de una cotidianeidad que se vuelve la normalidad. Hoy no podemos admitir que esto continúe.

Se tienen que poner en práctica las vías institucionales para poder conocer la verdad. Ojalá y el Congreso de la Unión y esta Comisión Permanente adquiriéramos, asumiéramos las atribuciones y facultades constitucionales para formar una comisión auténtica, de alto nivel, para investigar estos hechos.

Ojalá y esta Comisión Permanente aprobara la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Cisen y de la Procuraduría.

No hay confianza de la investigación que pueda llevar a cabo el titular, este Fiscal Especializado para perseguir delitos en contra de la libertad de expresión. ¡No, no la hay, no la hay!

Por eso pedimos una investigación independiente, una investigación a cargo de personalidades, mujeres y hombres de alto prestigio, respetados, independientes, autónomos.

Por eso queremos que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se reúna para estos propósitos.

Por eso queremos que los mismos titulares comparezcan ante la Comisión Permanente.

Este tipo de casos hacen que en otras democracias, llamadas democracias, el gobierno se caiga.

Aquí apuestan a que se olvide, a que se mediatice. Aquí a eso apuestan.

La respuesta del gobierno federal, esa respuesta secundaria.

¡No!, queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno, frente a estos hechos.

¿Por qué no? ¿Es intocable?

Es tan pequeño el asunto de vigilar a los adversarios del sistema, no garantizar la libertad de expresión, sino espiar a los periodistas, espiar a los líderes sociales, espiar a los defensores de derechos humanos.

La vigilancia política a los adversarios del sistema, es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis.

Así es que les pido mucha dignidad, no poca dignidad, mucha dignidad para que asumamos, asumamos desde el Congreso de la Unión el papel que debemos de desarrollar.

Estamos en presencia de un poder en descomposición.

Estamos en presencia de un poder que no tiene controles.

Estamos en presencia de una realidad deformada, que quieren que sea la normalidad política.

Seamos diferentes, asumamos nuestra posición, asumamos que el gobierno debe de cuidar al poder, el poder al Estado y el Estado al pueblo, esa es la regla secuencial para que las cosas funcionen.

Así es que no permitamos, individuémonos, reprochemos, hagamos de ésta una excepción en las cosas que ocurren de la deformación del poder.

¡No se rían, por favor!

Si son asesores, y vienen acompañando a su Diputado, por lo menos no se rían.

¿De acuerdo?

¡Respeten al recinto!

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

La publicación reciente del reportaje “The New York Times” sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar abogados, activistas y periodistas críticos en México, refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema.

Un gobierno democrático puede realizar espionajes de esta naturaleza, siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales que funden y motiven la extrema necesidad de intervenir las comunicaciones privadas; siempre y cuando se sustente en una investigación que amerite usar este tipo de métodos para hacerse llegar información. Es decir, el espionaje se usa con controles judiciales y hacia personas sospechosas de haber cometido algún crimen.

¿Acaso las defensoras y defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas críticos, representan una amenaza para la seguridad nacional?

Según la investigación de Citizen Lab y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group, la mayoría de sus clientes son gobiernos, entre los que se encuentra el gobierno mexicano, quien a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la PGR, el Cisen, han sido clientes de esta empresa desde 2013.

En un reportaje publicado por el periódico “The New York Times”, en el mes de septiembre de 2016, se refirió, que según los documentos internos de la empresa, detallan en contratos millonarios en Europa y contratos multimillonarios en México.

El gobierno pagó al Grupo NSO más de 15 millones de dólares para tres proyectos, según lo registró la propia empresa en su correo electrónico con fecha 2013, al cual tuvo acceso el medio estadounidense que hizo el reportaje.

La investigación realizada por organizaciones, como Artículo 19, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social y Citizen Lab, es muy contundente. Se ha tratado de infectar las comunicaciones privadas a través de un sistema dirigido contra abogados del Centro “Miguel Agustín Pro”.

De la periodista Carmen Aristegui y su hijo, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de la “Casa Blanca” de Peña Nieto.

Contra Carlos Loret de Mola, conductor de “Televisa”, por su investigación en el caso Tanhuato.

También se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Así como de los activistas y académicos Juan Pardinas y Alejandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad, quienes recibieron, al menos, cuatro mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles.

Samir Daccach, portavoz del grupo empresarial, declaró al propio periódico neoyorquino: “Que la venta de este tipo de tecnología quedó registrada sólo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar a grupos terroristas o a grupos criminales”. Por lo que nos surgen muchas dudas respecto de la forma en que el software Pegasus está siendo operado en México.

Atendamos dos escenarios y veamos la gravedad de cada uno de ellos:

El primer escenario es que el gobierno federal adquiere ese servicio millonario en dólares con nuestros impuestos y recursos. Estos recursos los dedica a espiar periodistas, activistas y defensores, ello resulta sumamente grave.

Pero igualmente grave resulta el segundo escenario, ya que si creemos las declaraciones del Presidente o del Secretario de Gobernación, que el gobierno federal no espía, estaríamos ante un escenario totalmente de vulneración de la seguridad nacional del país, en donde un equipo y un software comprado por el gobierno con recursos públicos es usado por otras personas o grupos para espiar a defensores, activistas y periodistas.

Es decir, en cualquiera de los dos escenarios el gobierno federal es el responsable directo de este esquema de espionaje, pues ya sea por acción o por omisión sólo ellos han adquirido este sistema con NSO Group, quien ha señalado que los ha vendido al gobierno federal.

Tenemos, por las prisas, que decir, que estamos ante una crisis de Estado, pues esta investigación ha colocado en jaque a las propias instituciones nacionales encargadas de la prevención y de la investigación de actos criminales, pues ha evidenciado que ante una red de espionaje de este tamaño y poder, ninguna instancia nacional es capaz de resolver o atender seriamente las denuncias presentadas por quienes han visto vulnerados sus derechos.

Esperemos que esto sirva de ejemplo a aquellos que quieren discutir o aprobar una ley de seguridad interior como la que hemos conocido.

Por ésta y varias otras razones, que por el tiempo, en otra intervención diré, por el momento la responsabilidad institucional no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial, en donde señalan que no hay pruebas para acusar al gobierno federal de esta utilización perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado civilizado.

Es urgente que los titulares de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, de la Secretaría de la Defensa Nacional, comparezcan ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos de operaciones del sistema Pegasus, adquirido a la empresa NSO Group.

De no comparecer de inmediato y aclarar todas estas operaciones…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Tendrían que renunciar a sus cargos para permitir que ellos mismos sean investigados por una instancia independiente.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, me resulta increíble que tenga que aparecer esta nota en un medio internacional para que podamos dar el debate en esta Comisión Permanente, para que podamos dar el debate en nuestro país.

Lo que estamos viendo es una regresión antidemocrática, una regresión autoritaria, volvemos al México de los 60’s, el que utilizaba el aparato del Estado en contra de los ciudadanos, ese que espiaba y desaparecía, que pareciera en estos momentos no alarmarnos.

El espionaje en este sexenio no es un tema nuevo, hay que recordar el caso de los hermanos Monreal, ¡qué bueno que se evitó el atentado!, pero eso reveló que estaban espiando a legisladores y, sin embargo, no pasó nada.

El Presidente Peña Nieto se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde los Estados Unidos de América hacia diversos mandatarios, incluido el mismo Presidente Peña Nieto, la Presidenta Bachelet, doña Dilma Rousseff, Angela Merkel y, bueno, en esa misma época, mientras el Presidente de México se indignaba, en nuestro país se espiaban periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil, curiosamente muchos de ellos han alzado la voz en contra de la corrupción en diferentes momentos.

Este software debiera ser utilizado para espiar terroristas y criminales, es lo que todos estaríamos pensando, desafortunadamente no es así, se está espiando a la sociedad civil, insisto, a periodistas y a defensores de derechos humanos, muchos de ellos no compartiendo las ideas, no compartiendo toda la corrupción, o más bien, denunciando toda la corrupción de las diferentes autoridades.

Hace unos días Loret de Mola nos decía que si se toleraba el espionaje, ¿que venía después? la intimidación, la violencia, el acoso, los asesinatos y desafortunadamente vemos, después de todo esto, que el gobierno federal no está dando la cara, no hemos escuchado al Presidente Peña Nieto decir nada, yo creo que lo menos que merecemos es una declaración, que nos diga qué es lo que está pasando, a quién se va a investigar, lo que sí sabemos es que son tres agencias las que adquirieron este software, que es la PGR, el Cisen y la Sedena, necesitamos información y, sobre todo, una explicación.

Estamos viviendo en el peor momento en nuestro país para ejercer el periodismo, estamos viviendo en un México de asesinatos, de desaparecidos y lo que hace el gobierno ante esto es espiar, en lugar de estar viendo de qué manera se evitan muchos de estos asesinatos y, por otro lado, se esclarecen los asesinatos de Javier Valdez, de Cecilio Pineda, de Miroslava Breach, de Filiberto Álvarez, de Maximino Rodríguez, entre muchos otros.

Yo quiero compartirles, compañeros, que cada persona espiada nos está costando 77 mil dólares, estamos hablando de un millón 424 mil 500 pesos.

Si pensamos en los 88 intentos de infección, estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos, es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya una respuesta contundente del gobierno federal, no haya culpables hasta el momento.

Y por eso, aquí hacemos segunda a lo que se ha dicho en esta máxima tribuna, queremos escuchar una declaración, por lo menos, del Presidente Peña Nieto y que vengan aquí a comparecer a la Comisión Permanente, no a una comisión en específico, a la Comisión Permanente, el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa y el Procurador General de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

No cabe duda que el 2018 ya está aquí.

No cabe duda que ya estamos en otra agenda.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hace una enérgica condena a lo que está sucediendo en relación a la supuesta invasión a la privacidad de periodistas, activistas y de todos aquellos que en algún momento dado de la historia de este país, han sufrido una invasión a su privacidad.

Es inadmisible que se permita en un Estado democrático que estos hechos sucedan y, por supuesto, que en esta condena también le hacemos el planteamiento al gobierno mexicano para que se investigue con detenimiento el supuesto espionaje que se ha estado dando.

México goza actualmente, y no lo podemos negar, de libertad de expresión, los medios de difusión, por fortuna, tienen la libertad para decir todo aquello que consideran debe de recibir el ciudadano mexicano para que forme opinión con base a los hechos que se le plantean.

Y esta libertad de expresión y esta libertad que tienen los activistas para llevar a cabo su actividad no puede de ninguna manera ser coartada por intereses oscuros que buscan vulnerar ese derecho humano.

En esa búsqueda de respetar los derechos humanos, el PRI estará siempre atento a velar por esos intereses.

Es, por supuesto, importante proteger la actividad de los periodistas, proteger la actividad de los periodistas para que esta actividad se dé en plena libertad y puedan seguirse respetando los derechos humanos a cabalidad; pero tenemos que distinguir lo que es el respeto a esos derechos humanos, de lo que es el oportunismo político.

Y seamos muy claros, sin duda alguna el espionaje no es nuevo, el propio, lo cual no quiere decir, y quiero dejarlo muy claro, que sea una actividad que pueda ser tolerada.

El propio periódico “The New York Times” dice dos o tres cosas que yo quisiera resaltar: la primera es que desde 2011, al menos, dice “The New York Times”, tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, que es a la que le atribuyen el espionaje.

En 2012, por ejemplo, se hizo público un audio en el que se acusaba a un ex aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, de aprovechar por un secretario de gobierno, de Sonora, por cierto, que se conminaba a empleados del gobierno estatal a apoyar al precandidato, a un precandidato presidencial de ese partido.

La propia aspirante, mujer, de ese partido, a la candidatura, que a la postre resultó ser candidata, se quejó del espionaje que desde Los Pinos se instrumentaba en contra de ella.

El PRI, el PRI hizo presentación de denuncias, interpuso denuncias para denunciar el espionaje al que estaban siendo sometidos activistas, empresarios, políticos, periodistas, en alguno de los estados que gobierna ese partido, y se ha hecho del conocimiento público que a través de virus informáticos y un software adquirido a la empresa Hacking Time durante el 2013, el gobierno de Puebla espió a diversos académicos y líderes sociales.

Sin duda alguna, ésta es una práctica que debe ser desterrada, y desterrada con la disposición y voluntad política de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas y, por supuesto, que el propio gobierno debe de atender.

Es un tema delicado, es un tema que puede afectar el transitar de la vida democrática del país que mucho nos ha costado construir a todas las fuerzas políticas y que, por supuesto, debemos hoy defender con la mayor de las voluntades.

Hay un comentario del propio periodista que escribe en la nota, en la que rechaza, rechaza que tenga pruebas de que el gobierno sea responsable del espionaje; pero dice de la manera más poco ética que se pueda dar, dice: “pero todos creen que es el gobierno”.

No, si de creencias está lleno el mundo, creemos muchísimas cosas, pero lo que necesitamos son pruebas contundentes de que este espionaje obedece a qué instancia, a qué grupo, a qué interés y qué es lo que busca en el país.

Yo rechazo, verdaderamente indignada, que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho, es indignante y a todos nos debiera de llamar la atención.

Permítame, concluyo, señor Presidente.

A todos nos debiera de llamar la atención el interés que subyace en que un medio internacional esté haciendo este tipo de acusaciones.

Por eso yo quiero reconocer, y lo reconoce el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en este momento en el que estamos nosotros discutiendo este tema tan delicado, que en este momento en que todas las fuerzas políticas estamos subrayando nuestra solidaridad con quienes se sienten agraviados por este delito, la Procuraduría General de la República haya iniciado ya la investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Empieza ya la Procuraduría General de la República y le solicitamos, desde aquí, respetuosamente, que se lleven a cabo estas investigaciones con todo rigor científico, con toda exhaustividad, con toda pulcritud para que quede muy claro a qué intereses obedecen estos espionajes; para que esta tribuna sea motivo de defensa de los intereses de los mexicanos; para que esta tribuna sea el medio en el que articulemos políticas de protección a los derechos humanos y garanticemos su cumplimiento; para que esta tribuna no sea el foro donde el 18 se discuta, el 18 llegará, y en el 18 nos veremos las caras todas las fuerzas políticas.

Hoy tenemos que preocuparnos…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Senadora, por favor.

La Senadora Graciela Ortiz González: Hoy tenemos que preocuparnos por los periodistas y por los activistas que sienten que han sido vulnerados sus derechos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Tengo registrados a diferentes oradores para hechos.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, hasta por tres minutos.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Parece ser que en este país la capacidad de asombro no tiene límites, estamos asombrados por este espionaje, para el cual no hacen falta pruebas documentales, basta con la intuición, basta con las presunciones, las leyes señalan presunciones.

Lo que sorprende es que todavía haya gente que defienda este espionaje con artilugios de la palabra.

Creo que no se vale, creo que México necesita un desagravio, lo demando a nombre de los representados que están aquí presentes a través de nosotros, y exijo que se aplique con toda la ley.

Pero, además, tenemos que enaltecer la actividad política, no es posible continuar con espionaje, no es posible intercambiar condenas, de tal manera que además de la exigencia de la aplicación de la ley, hagamos todos un voto personal para comportarnos, como dije hace un momento, con prudencia política dentro de lo que serían las normas jurídicas y las normas de la ética universal.

Es cuanto tengo que decir.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Macedonio Tamez.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Bueno, antes que nada, es interesante cómo The New York Times tiene un nuevo detractor, ya no sólo Donald Trump, ahora el PRI.

Trump y el PRI se unen en detractar al principal diario del mundo, y enorme garante de la libertad de expresión en la muy difícil circunstancia que están viviendo en los Estados Unidos.

Esta es la muestra de cómo año con año existe una cantidad de recursos que no se aprueban en la Cámara de Diputados y que se gastan en una partida que nadie revisa. Este país tiene una nueva partida secreta, es la número 33701, se llama “Gastos de seguridad pública y nacional”.

Yo he pedido más de 30 veces detalles sobre la partida. Me he dado a la tarea, primero, de pedir el analítico del presupuesto porque esto no está en el presupuesto como se presenta, hay que pedir el analítico y comparar año con año qué pasa con esta partida.

Es una partida que pasa, como ustedes pueden ver, cada año de 500 millones de pesos a alrededor de 9 mil millones de pesos.

Si uno ve la descripción de la partida, dice: “operativos, material de comunicación, armamento, etcétera”, y básicamente la gasta la Secretaría de Gobernación.

Por lo tanto, pienso que este tipo de equipos o los compró el Cisen, o los compró la Comisión Nacional de Seguridad, y los compró sin autorización del Congreso en una partida que no se detalla y que no se audita.

Es decir, el gobierno nos puede espiar porque puede comprar con muchísimo dinero este tipo de material sin autorización y sin revisión del Congreso.

Y, en ese sentido, pues sí somos Turquía; y, en ese sentido, pues The New York Times nos ve ahí como país de cuarta, pues porque no somos un país capaz de demostrar que podemos vigilar a nuestras propias instituciones.

El día que podamos controlar el gasto en seguridad pública, pues podemos saber qué institución de gobierno fue la encargada y la que tiene. Y por eso la única exigencia viable es que haya una investigación independiente.

Yo sé que el Fiscal de periodistas no ha servido para nada, por eso no es bueno darle esta responsabilidad porque no se ha logrado meter a la cárcel a nadie que haya atacado a ningún periodista.

Estoy de acuerdo en la incompetencia de ese tipo de figura, pero hagamos una figura en la que los propios activistas participen. Y ojo, no fueron sólo periodistas, la mayoría son activistas que han cuestionado al Ejército que “by the way” compró también este tipo de material; son el Centro Prodh, el propio Carlos Loret, estuvo en el caso de Tanhuato, y son otros activistas que han estado en casos en donde se han denunciado abusos muy serios.

Entonces si no tomamos con seriedad, si no investigamos, si no ponemos en el gobierno la responsabilidad de que dé explicaciones del caso, lo que vamos a seguir teniendo son dos cosas, un montón de dinero gastado en seguridad pública, que no sabemos en qué y que no lo discutimos cada año, cuando aprobamos el presupuesto, y vamos a seguir enturbiando la política en México.

Ya quedó claro cómo el gobierno puede intervenir en las elecciones en el Estado de México, comprando votos, y ahora, queda claro, que también puede intervenir en cómo los activistas y los periodistas actúan, espiándolos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Emilio Salazar.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

Tiene razón mi compañero cuando dice que le molesta una sonrisa, porque a mí también me molesta mucho cuando estoy aquí hablando, y está el chacoteo de los celulares, el chacoteo de los grupitos, preparar mantas y cosas; sin embargo debo reconocer que si hay un Diputado serio, a quien respeto siempre, es el compañero Jericó Abramo que siempre está presente.

Nadie, absolutamente puede estar de acuerdo en que se espíe a alguien si no es de manera legal.

¿A quién se puede espiar de manera legal?

A los delincuentes que se están investigando a través de una orden judicial; cualquier otra cosa es ilegal, y lo condenamos.

Expreso mi solidaridad para cada uno de los que han sido hackeados y espiados.

Yo me despierto con Loret, viéndolo, por supuesto; admiro y respeto el trabajo de Carmen Aristegui, eso sí les gusta, ¿verdad?, y ahí si se pueden reír. Respeto el trabajo de Carmen Aristegui, y aunque no piense como ella, estoy obligado a respetar su trabajo; respeto el trabajo de Juan Pardinas, más allá de que cada uno pueda tener métodos diferentes.

Pero el gobierno también lo respeta, y también está empeñado en hacer las investigaciones que deba hacer para quien hizo este tipo de actividades ilegales.

Pareciera que nos olvidamos que hay hackers, pareciera que nos olvidamos que todos han espiado.

¿Qué video y qué audio nos conviene?

El que políticamente nos gusta, y aquí no nos importa si es ilegal o no, porque yo recuerdo varios casos de todos los partidos que han subido audios y videos para acusar a uno y a otro, y entonces sí los festinamos, si es mío, aunque venga también de manera ilegal; vamos a condenar a todos, a todos aquellos, es más, a veces hasta le decimos, grábalo para que yo sepa lo que dijo, grábalo para que yo lo suba.

Señores, el primer compromiso con la legalidad es de nosotros mismos, y eso es lo que venimos aquí a decir, de parte del Verde.

Respetamos el derecho que tiene todo mundo a su vida privada, nos solidarizamos con los medios de comunicación, y condenamos absolutamente cualquier acto ilegal.

Pero sabemos que el gobierno está en lo mismo, sabemos que la Procuraduría llegará hasta el final de lo que debe ser.

Me encanta la Comisión Permanente, pero aquí somos buenos para todo, todo lo criticamos, todo lo arreglamos, y todo lo solucionamos, cuando lo que debe de haber acá es un debate político serio, hechos objetivos y claros, y sobre todo establecer un camino de solución que es lo que el pueblo nos exige.

Los que hemos ido a las elecciones así lo hemos prometido, y eso venimos a hacer.

Señores, es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Emilio Salazar.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

Todos lo sabemos, aquí no hay que darle tanta vuelta al tema.

El espionaje ha sido algo común, es un común denominador en este país, no solamente del gobierno de Peña Nieto, todos los gobiernos anteriores lo han hecho.

Por eso estoy de acuerdo con algunos actores políticos que de repente dicen, de qué se sorprenden, y esa no es la sorpresa, no importa inclusive el color partidista del gobierno, y me refiero a los gobiernos estatales que son también quienes como aquí ya se ha planteado en esta tribuna, les gusta el tema del espionaje, lo hacen de la vida cotidiana inclusive.

¿Ya se nos olvidaron acaso los audios, los videos que salen en campaña para denostar al opositor?, dice aquí mi querida compañera Graciela Ortiz que ya se nos adelantaron los tiempos; pues muchos de los videos, de los audios que yo he visto circular en redes sociales vienen, precisamente, no hay que ser un genio para conocerlo, desde el PRI gobierno denostando a los opositores.

Aquí la diferencia, ¿no sé si me quiera hacer una pregunta el Senador?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No hay diálogos, siga por favor, Senador.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Yo lo que ahora estoy queriendo reflexionar con ustedes es que la gran diferencia entre todo esto que sabemos, es que hoy han salido pruebas a relucir.

Lamentablemente otra vez desde el exterior, investigaciones de periodistas nacionales, que evidentemente han sido afectados, ya salieron a dar sus puntos de vista.

¿Qué es lo que estamos esperando?

Nosotros creemos que hoy, y cuando hablo de nosotros, hablo de los Senadores del PT; de este bloque que tenemos con Morena; del bloque PT-Morena, nosotros decimos que ahora, pues ya que hay pruebas, hay que ir en contra de quien sabemos ha comprado y adquirido esos programas y esos aparatos; porque ya llegaron a límites inimaginables.

¿Quién va a caer?

Porque en otras naciones, esto sólo implicaría este sólo hecho que alguien debiese caer.

Yo diría que debe caer el Presidente de la República, Peña Nieto, él es el responsable; yo digo que debe caer el Secretario de Gobernación; estamos pidiendo en puntos de Acuerdo su comparecencia, porque necesitamos que alguien caiga, porque si no, otra vez será este país el país de la impunidad ante pruebas contundentes.

No es que nos sorprenda, yo lo decía ayer a alguien, todos aquí hemos sido objeto, precisamente del espionaje, pero ahora hay pruebas contundentes, y no basta con que haya una agenda pactada para un debate, lo que necesitamos es que caigan los responsables, y quién va a ser, si no otro que Peña Nieto, que el Secretario de Gobernación, que quienes están al frente de las instituciones de seguridad que supuestamente deben proteger al pueblo, y que ahora todos los instrumentos que tienen a su mano, los están utilizando para buscar cómo, adelantándose a los tiempos políticos, pues ir destrozando a los opositores.

Pero, ¿saben qué? Para quienes somos oposición, ese tipo de actos nos fortalecen.

Decía hace un rato nuestra compañera Mariana Gómez, del PAN, tanto la PGR, el Cisen, como la Sedena han adquirido esa información, y eso es cierto, pero creo que hay más, ya circulan en algunos medios de comunicación en los estados de la República, necesitamos responsables, no un debate que pretenda hacer que el tema se pierda en una sesión de la Comisión Permanente.

Ya lo sabíamos, ahora tenemos pruebas, hay que deslindar responsabilidades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Jesús Zambrano Grijalva.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Es indiscutible que estamos ante una situación muy delicada, los hechos que se han denunciado como probables actos constitutivos de delito son de una enorme gravedad, muy delicados para la democracia mexicana, hay que asumirlo así.

Y aquí no hay que partir, por cierto, de lo que aquí se llegó a decir de la presunción de inocencia, porque éste es un derecho para los individuos en lo personal, no para las instituciones, está mal aplicado el precepto, el principio de derecho nuestro.

Y las violaciones que se señalan en este reportaje rebasan, por cierto, la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, porque se señala también que estarían involucrados otros personajes defensores de diversos derechos. Y por ello también la necesidad de que la Procuraduría General de la República, y no sólo la Fiscalía, debe tomar cartas en el asunto.

Hay múltiples indicios y sospechas que han sido señalados por parte de este tipo de personalidades, de que han sido o están siendo espiados, ya se mencionó aquí lo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, R3D, Artículo 19, SocialTIC, entre otros.

Y si esto es así, entonces estamos ante una clara violación a preceptos constitucionales y también una buena cantidad de preceptos de carácter legal que tienen que ver con las intervenciones telefónicas de carácter ilegal.

Por cierto, hay que decir que el reportero del New York Times, yo lo escuché en la mañana en una entrevista que dio un medio televisivo nacional, dice: “No tengo pruebas para decir que es el gobierno”. Pero si el gobierno salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que están haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos, los artefactos que el gobierno adquirió, según se ha reconocido.

Y por ello el gobierno mismo debe transparentar sin dilaciones ni pretextos, los contratos que tiene con estas empresas, NSO Group distribuidora y empresas similares de espionaje. Que también se tomen medidas inmediatas y que se den garantías de resguardarle la información obtenida ilegalmente, de ser el caso, efectivamente de que esto ha sucedido.

Que la CNDH que ya ha tomado medidas precautorias anunciadas el día de hoy, también pueda tener la capacidad de atraer el caso para hacer una investigación de hechos graves violatorios de derechos, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, párrafo último de este mismo artículo.

Desde luego que la investigación que haga la PGR debiera ser acompañada de visores independientes para que tenga la suficiente credibilidad.

El propio Poder Judicial a su vez debiera informar abierta y claramente si ya ha autorizado intervenciones telefónicas o no a estos personajes que ya han sido señalados.

Entonces, hay que asumir, regresar a lo que aquí, qué bueno que se comparte en general como principio básico de que las instituciones para proveer de información y de inteligencia, dotar de inteligencia al Estado mexicano es para proteger los derechos de la sociedad, de los ciudadanos especialmente, para proteger al Estado o nación y no para ir en contra de sus derechos.

Y por ello, nosotros vamos a estar muy pendientes, nos preocupa muchísimo, hay que decirlo, no puedo dejar de decirlo en esta parte final, que algunos preceptos, nos preocupa en general lo de la pretensión de sacar adelante lo de la Ley de Seguridad Interior, pero algunos preceptos que contiene también la propia iniciativa que se pretende sacar adelante contempla, precisamente, todo esto que tiene que ver con ampliación de las facultades de los órganos del Estado mexicano para intervenir en asuntos de seguridad interior, refuerzan nuestra oposición, refuerza nuestras dudas y nuestras preocupaciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Diputado, por favor.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Por el bien de la nación, es necesario que esto se aclare, y que caigan quienes caigan, como responsables que puedan resultar de una investigación y de una aclaración de los hechos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jesús     Zambrano.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Claudia Sánchez Juárez.

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: Señoras y señores legisladores:

En un estado de derecho no puede tener cabida la más mínima expresión de violación a los derechos humanos. Resulta imprescindible que el gobierno federal aclare de forma precisa su papel en este asunto.

Y como alguien que me antecedió en la palabra quiere hechos contundentes, pues entonces hagamos un ejercicio de memoria. Y esto lamentablemente en nuestro país no es novedoso.

Quiero hacerles un relato, compañeras y compañeros legisladores.

El 13 de junio de 2008 el entonces Senador Manlio Fabio Beltrones presentó una denuncia por espionaje ante la PGR.

Sigamos haciendo memoria. Y quiero citar que en 2009 la PGR informó que había dado con los presuntos responsables del espionaje al entonces Senador, y entre ellos se encontraba un ex funcionario del Cisen, de nombre Luis Miguel Dena Escalera, quien según la propia investigación de la PGR, este personaje no sólo tenía vínculos de amistad, sino también profesionales con el entonces procurador mexiquense ¿quién creen ustedes? Alfonso Navarrete Prida, hoy titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, miembro siempre del primer círculo del titular del Ejecutivo Federal, de Enrique Peña Nieto.

Ahondando en lo anterior, el semanario Proceso del 20 de febrero de 2010 destacó los nombres de algunos personajes espiados por Dena Escalera, entre ellos Juan Camilo Mouriño, que en paz descanse; Manlio Fabio Beltrones, Humberto Moreira, Santiago Creel, Alejandro Encinas, Joaquín López Dóriga, en fin, muchos más.

Y siguiendo con este ejercicio de memoria, el 14 de junio de 2012 el periódico 24 Horas publicó una declaración del entonces coordinador de campaña del PRI, Luis Videgaray, quien reconoció que el gobierno del Estado de México pagó cerca de 2 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, propiedad de Luis Miguel Dena, y aquí está el periódico, por si lo quieren consultar, el periódico 24 Horas, de junio 14 de 2012, trae declaración del hoy Canciller.

Es particularmente preocupante para el Partido Acción Nacional que se den estas prácticas, y que no se nos haga costumbre, señoras y señores, porque aquí sólo citamos algunos de los personajes públicos de la vida de este país, pero afuera hay ciudadanos espiados, hay activistas sociales espiados y, por supuesto, hay informadores espiados, y eso a todas luces es contra los derechos humanos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Claudia Sánchez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring.

El Diputado Federico Döring Casar: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Ha venido a esta tribuna a decir, el PRI, que condena los hechos, pero después descalifica la labor periodística, y tergiversa la información, y eso es una mentira absoluta, porque quienes han sufrido las vejaciones y las intervenciones por parte de quien ha hecho mal uso de este software, son quienes señalan al gobierno de la República, no el periodista, y no señala el texto que se cree que es el gobierno federal, sino que las víctimas de estos atropellos señalan al gobierno como el responsable, primera cosa que hay que aclarar.

Y ciertamente podrá haber casos de espionaje telefónico y de otras intervenciones en el pasado, pero lo que hace este hecho inédito, son los hechos, y esos no los puede desvirtuar el PRI, diga lo que diga el PRI, diga lo que diga el gobierno, no pueden tapar el sol con un dedo.

Jamás los activistas o los periodistas habían sufrido estas intervenciones y amedrentamiento por parte de quien lo está intentando.

Como bien decía mi amigo el Diputado Jesús Zambrano, si en serio no es el gobierno de la República, si en serio no es el PRI, a pesar de los antecedentes que ha citado ya la Diputada Claudia Sánchez, entonces es culpable por omisión.

Si no es culpable por omisión y por espionaje, es por inepto, porque no ha encontrado a los que lo están haciendo.

En el propio texto The New York Times, señala Rafael Cabrera, que fue a dar cuenta a la residencia oficial de Los Pinos.

Que hace muchos años que Rafael Cabrera fue y dijo: “Aquí está mi teléfono, y aquí un peritaje que está intervenido”. ¡Gobierno de la República, haz algo!

¿Y qué creen que pasó? ¡Nada! ¿Qué ha pasado por parte del Presidente de la República?

No está consternado, no le agravia.

Dicen los priístas que la política, y en política la forma es fondo, es una vergüenza para México que la postura pseudo oficial del gobierno sea en un boletín, sin hoja membretada, sin un responsable.

Que el Presidente de la República no le merezca la atención el tema para fincar él mismo una postura, como bien lo decía el Senador Miguel Barbosa.

Lo mínimo que merece la opinión pública, es que el Presidente Peña Nieto, si dice que está en contra de eso, lo haga público, que gire una instrucción, que se comprometa.

Ya aquí hay un antecedente que se ha citado de cómo en un caso anterior, cuando se dio el espionaje, hubo 13 órdenes de aprehensión, y aquel que fue responsable del mal uso de haber vendido el hardware y el software indebidamente, es prófugo de la justicia mexicana.

Si ustedes no logran llevar ante la justicia a quienes ustedes dicen que lo hicieron, desde las esferas particulares, estarán en la historia marcados como que ustedes lo hicieron, o encuentran a los que lo hicieron o la historia los va a juzgar por omisión y por complicidad, porque todo mundo le señala, no señala a los partidos políticos, no vengan aquí a mentir, en una antesala electoral, señalan a aquellos que se dicen abusados; señalan a aquellos que se sienten hostigados, señalan a aquellos cuyos celulares están amedrentados.

No es el New York Times, no es el periodista, no es el PAN, son las víctimas de estos hechos, y de los hechos no dicen nada, quienes sospechan que es el gobierno federal.

Y su incapacidad y su silencio los condena como PRI y como gobierno federal.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Döring.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Larios.

Les pido a los siguientes oradores respetar el tiempo, estamos por concluir el tiempo pactado, por favor.

Adelante, Senador Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Creo que hay una expresión del orador anterior que vale la pena rescatar de inicio: “En este país no pasa nada”.

Un hecho de esta envergadura, denunciado en un medio internacional de muchísimo prestigio, merece solamente una respuesta: No hay pruebas.

Cuando en el mismo reportaje se menciona que hay tres entidades del gobierno federal que dependen del Ejecutivo que adquirieron ese software, porque habría que distinguir entre el espionaje de grabación a través de scanner o de cualquier otro método, y el uso de un software que permita incrustarse en los aparatos de comunicación y espiar, y ese es el caso, este no está tan difundido porque cuesta mucho más dinero.

Ciertamente han habido muchos casos de espionaje en el país, pero este, no queda duda, es un espionaje desde el poder, o fue la PGR o fue el Cisen o fue la Secretaría de la Defensa Nacional, son los tres que adquirieron este software, que queda claramente especificado, que incluso se adquiere un compromiso de no utilizarlo más que para la persecución e investigación de actos de terrorismo o de alta delincuencia.

¡No pasa nada!

Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua, y otra hacia el PRI en Quintana Roo, y en este país no pasa nada.

Y eso es precisamente lo más importante, no podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo esto significaría, con independencia de la autoridad investigadora, iniciar una investigación, incluso contra el propio Presidente de la República, y aquí solamente merece un boletín, como ya se dijo: No hay pruebas.

Yo creo que tendríamos que exigir todos a la Procuraduría, que incluso utilice las herramientas que tiene, esta herramienta en particular, el software para investigar quiénes son los que determinaron este espionaje y este acoso a personas que se han manifestado por actos de corrupción del gobierno, que no necesariamente son periodistas.

Y que tenga el valor de comparecer, a nombre del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, y establecer con periodicidad informes de cómo van las investigaciones de un asunto que es verdaderamente delicado.

Si la apuesta es a que los mexicanos nos acostumbremos a que se vale todo desde el poder, a que se vale gastar recursos sin gente en un proceso electoral de manera ilegal, a desviar recursos hacia el PRI, y a espiar y a investigar a todos los que se oponen al gobierno, si la apuesta es a que nos acostumbramos los mexicanos, entonces, lo que van a orillar es que lleguemos a otros tipos de respuesta.

Tiene que asumir un compromiso en su comparecencia, que se solicita al Secretario de Gobernación, de un periodo específico mensual, quizás, de informar los avances de esta investigación.

De otra manera, es simplemente simulación y es simplemente el mandar el mensaje que están dispuestos a todo para seguir con esta actitud.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Héctor Larios.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: La deliberación y el debate enriquece las conclusiones, las propuestas.

Aquí podemos encontrar ya diferentes formas de encontrar la verdad: Una auditoría de desempeño que realice la Auditoría Superior de la Federación a estas dependencias de las que se dice adquirieron ese software.

Y una auditoría a las finanzas de los estados, pasando por las reglas esas del federalismo para que los controles de las auditorías superiores del Estado mantengan la información, por los estados que van a aparecer, que también adquirieron esta herramienta tecnológica.

Que un gobierno adquiera esta herramienta tecnológica, es válido, tiene que perseguir delitos, tiene que investigar delitos: el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos graves como el secuestro, y sin duda, los asuntos de seguridad nacional.

Pero que estas herramientas tecnológicas se utilicen para el espionaje de ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos, es inaceptable que continúe esta práctica.

Por eso reitero, reitero: no admitiremos que esto se oculte, que esto se minimice. Tiene que salir el Presidente Peña a dar una posición de su gobierno para este tipo de asuntos, y todos deberíamos de estar de acuerdo con eso, todos tenemos que estar de acuerdo con eso.

Aquí deberíamos de estar hablando de salidas institucionales, no de encubrir o tratar de encubrir una verdad que todos conocen: pruebas, siempre pruebas, sí, son necesarias en todo debido proceso, siempre son necesarias.

Pero un gobierno opaco, un gobierno que no tiene mecanismos de transparencia. ¿En dónde están las pruebas, señoras y señores?

Así es que, para nosotros es la gran oportunidad para que el Estado mexicano adquiera esa función de responsable, de conductor de la vida social.

Es muy importante, queremos escuchar al Presidente de la República.

Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias, pero queremos escuchar al Presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables.

No permitamos que esto se achique, que esto se oculte, que solamente sea el tema de esta Comisión Permanente, en este debate pequeño, en este debate controlado.

Hagamos de esto un asunto de Estado, un asunto de Estado, y que esa práctica política de los gobiernos de abuso de poder, de haber convertido al poder en violador de derechos humanos, no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Hugo Cabrera.

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros de esta Asamblea:

No cabe duda que cerrar, ser el último tiene sus ventajas y sus desventajas.

Aquí hemos escuchado una serie de cosas, una serie de planteamientos, y particularmente me llama la atención esa muy escasa memoria que tienen nuestros compañeros de Acción Nacional cuando han señalado sobre el espionaje, y ya se nos olvidó las declaraciones de la ex candidata a presidenta de la República, y últimamente ex candidato a gobernadora del Estado de México, cuando acusaba a Alejandra de la Sota de estarla espiando.

Ya se nos olvidó ese capítulo en donde esa conversación chabacana entre el ex Presidente Vicente Fox y el ex Presidente Fidel Castro fue espiada, y no fue espiada precisamente con algún celular, ahí están los ejemplos claros, y qué decir del ex gobernador de Puebla que ha sido todo un caso y que está perfectamente documentado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, señor Diputado, perdón que lo interrumpa.

¿Con qué objeto, Diputada?

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: (Desde su escaño) Quiero hacerle una pregunta al orador.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No hay pregunta, usted conoce el Acuerdo, Diputada, no hay preguntas al orador, ese fue el Acuerdo que aprobó la Asamblea por unanimidad.

Adelante.

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Ya se nos olvidó, las intervenciones de Genaro García Luna y de algunos otros personajes del pasado reciente.

Desde esta tribuna los priístas rechazamos categóricamente cualquier tipo de espionaje, cualquier tipo que vaya en contra de la intimidad de los mexicanos, por supuesto que lo rechazamos, el espionaje es soez, es criminal y eso lo declaramos perfectamente.

Para aquellos que han señalado que el gobierno de la República ha sido omiso, se equivocan, desde ayer el gobierno de la República ha sido muy claro, refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad y a la protección de datos de las personas.

Exhortó a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas a que presenten sus denuncias ante la Procuraduría General de la República.

El Estado mexicano es el primer interesado en que se esclarezca lo ocurrido y que eventualmente se castigue a los responsables.

Por eso también me llama la atención que desde esta tribuna hemos escuchado en juicios sumarísimos, en una actitud de Ministerio Público y de juez, señalar que ya hay culpables, que ya hay culpables. Eso me parece que estamos totalmente fuera de lugar violentando las atribuciones de este órgano, violentando cualquier equilibrio de nuestro orden constitucional, es por eso que debemos tener claro que las especulaciones no son hechos, y que en periodismo las aseveraciones son un acto irresponsable.

Hoy muchos mexicanos, y me cuento entre ellos, escuchamos al periodista del New York Times, y entre las cosas que señaló, que llaman poderosamente la atención, fue el hecho de decir: “no tengo pruebas para decir que fue el gobierno”, como si no supiéramos, estimados Diputados, Senadores, que hoy aquellas naciones que se consideran invulnerables han sido vulnerables en sus sistemas de información política y, además, ha señalado el periodista en comento, que no tiene pruebas y que, además, dicen que el gobierno es el responsable. Con qué ligereza se tratan los temas.

Le pido respeto, señor Diputado.

Compañeros legisladores.

Los priístas condenamos todo tipo de espionaje.

El gobierno federal ya tiene los elementos y está comprometido a que la PGR investigue a los posibles proveedores de la tecnología utilizada, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ya abrió una carpeta de investigación, además, se llevará a cabo un riguroso análisis de los números telefónicos desde donde se han llevado a cabo tales espionajes.

Para concluir, estimado Presidente, Soberanía aquí presente, la privacidad, estamos convencidos, es la condición para vivir en libertad, pero también no tengo duda de que esta publicación forma parte de esa estrategia para socavar a las instituciones.

Sí aquellos que quieren mandarlas al Diablo, aquellos que hablan de transparencia, como aquellos contratos de la Delegación Cuauhtémoc, del delegado que poco transparente ha sido en sus acciones, a eso me refiero.

Y por eso creo que el 2018, señoras y señores, se gana con proyectos, se gana con votos, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedece a otro tipo de intereses.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Hugo Cabrera.

Me voy a permitir leer la lista de oradores que tengo registrados, conforme al quinto transitorio.

Denle volumen en el escaño de la Diputada, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para recordarle al Diputado Hugo Cabrera que la citada licenciada Alejandra Sota, hoy trabaja en el gobierno del Estado de México, su titular es Eruviel Ávila.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada, no es procedente.

Tengo registrados al Senador Isidro Pedraza, a la Diputada Maricela Contreras, a la Senadora Graciela Ortiz, al Diputado Emilio Salazar y a la Senadora Laura Rojas.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido. Si no lo está, ésta es la lista de oradores. Adelante, por favor.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Hay mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en el estado de Texas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Secretario. Se encuentra a discusión.

Me ha solicitado el uso de la tribuna la Diputada Maricela Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

Este dictamen merece especial atención dado que se refiere a la defensa de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestros orígenes, se trata de no aceptar la sumisión y no permitir que se nos humille sin ton ni son por el hecho de ser latinos y de color y, sobre todo, mexicanas y mexicanos.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas antiinmigrantes adoptadas se han profundizado de manera muy preocupante, se han encargado de fomentar campañas de odio contra los extranjeros a través de la emisión de distintas órdenes ejecutivas y memorándums.

Las personas más afectadas son connacionales, de origen latino o musulmán, colocando estigmas y prejuicios en cada ser humano, dando un trato de cosas.

Estas disposiciones han estado acompañadas de una agresiva estrategia mediática que busca asociar la migración con la criminalidad, propiciando odio y miedo hacia las personas indocumentadas.

Lo anterior ha acrecentado el racismo y la xenofobia con manifestaciones como el evento penoso que se suscitó en la Universidad de Texas, lo que se traduce en una vulneración a la dignidad de los connacionales mexicanos.

La nueva retórica oficial está conduciendo a una preocupante realidad para las y los migrantes en Estados Unidos, pues cualquier persona en aquella nación, sea ciudadano, residente legal, permanente, turista o persona sin documentos, puede ser detenido y cuestionado sobre su estado migratorio.

Esa visión es lo que hizo posible que se aprobara y promulgara la ley estatal de Texas que prohíbe a las ciudades santuario y autoriza a policías detener a cualquier persona y preguntar sobre su status migratorio. Es una ley racista que fomenta odio y discriminación.

En la nueva realidad política de Estados Unidos está generando un clima de ansiedad e incertidumbre entre los migrantes, particularmente en la comunidad mexicana que habita esa nación.

No podemos quedarnos callados frente a ello, por eso celebramos que se pueda aprobar este proyecto de dictamen y manifestamos nuestro rechazo a las expresiones de xenofobia contra connacionales, personas latinas y de color.

Expresamos nuestra solidaridad con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y con nuestros hermanos latinos.

Es una cuestión de dignidad y estaremos con mucha atención para defenderla contra cualquier ataque racista.

Para finalizar, propongo a esta Soberanía adicionar a los considerandos del proyecto de dictamen un párrafo que destaca la presentación de diversas proposiciones con punto de Acuerdo de grupos parlamentarios en el mismo sentido.

De manera particular, la propuesta de la Senadora Marcela Guerra, que se suma a esta condena y rechazo enérgico a la Ley Antiinmigrante SB4 del estado de Texas.

Es cuanto.

Y le entrego al Presidente la consideración en el numeral nueve de la exposición de motivos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se incorpora a la exposición de motivos. Ya no tengo oradores registrados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.






COMUNICACIÓN

Informo a la Asamblea que hemos recibido en la Mesa Directiva una comunicación que suscribe el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir de este día 21 de junio. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.








Les informo ahora que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO PARA CONTRIBUIR AL ENRIQUECIMIENTO Y ATRACTIVO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DEL CICLISMO, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el turismo representa el 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. Está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales.

Por lo que respecta a nuestro país, la industria turística constituye una de las más importantes fuentes de ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.

Existen innumerables razones para que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos; en las que se invoca que:

• México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el mundo. Posee 32 destinos declarados así por la UNESCO. Tiene más de 45 mil sitios arqueológicos y los mitos e historia del mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.

• La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO.

• Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

• México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo, la FIL de Guadalajara.

• México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial.

• Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos.

• Cuenta con increíbles y paradisiacos destinos de playa.

Sin duda, razones más que suficientes para que nuestro país constituya uno de los principales destinos turísticos en todo el mundo. Sin embargo, siempre podemos dar más e incorporar nuevas formas de llevar al turista al disfrute máximo de nuestro atractivos.

Una forma muy elocuente y que se ha comenzado a explorar y explotar, es aquella que tiene que ver con la conjugación de los destinos turísticos de nuestro país, con el disfrute de visitarlos en bicicleta. Esto, como un modelo de doble finalidad, pues por una parte fomentamos e impulsamos el turismo y por otra, los medios  sustentables y no motorizados de transporte.

Se dice que para conocer un lugar, es necesario caminarlo, pero que mejor que hacerlo en bicicleta, pues además de permitir las mismas posibilidades de expectación, ofrece el gozo de rodar inmerso en espacios llenos de belleza, historia, cultura y folclor, como lo es nuestro país.

Esto, será sin duda, un elemento de seducción adicional para propios y extraños, que debe ser potenciado en nuestra actividad turística.

Un ejemplo muy significativo ha sido el proyecto “Teotihuacán en Bici”, operado por una empresa de turismo de aventura y que consiste en visitas guiadas precisamente en bicicleta, para fomentar el turismo de aventura, cultural y eco-arqueológico en la zona del Valle de Teotihuacán, a través del fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y preservar y conservar el medio ambiente.

Se caracteriza por ofrecer a los turistas nacionales e internacionales, experiencias increíbles a través de sus recorridos, lo que permitiría a su vez un reconocimiento internacional a nuestro país con este modelo de turismo recreativo sustentable. Y esto estimados legisladores, es una de las acepciones más explotables en nuestro país, como un destino turístico rico en cultura, arquitectura y belleza natural, y en esa virtud, es lo que se hace necesario para dar un nuevo toque a nuestros atractivos turísticos.

De una manera en la que, como una opción más de atracción, converjan la magia de nuestros destinos turísticos con el encanto de recorrerlos mediante el fomento del ciclismo.

En apoyo a la presente iniciativa, es de comentar además, que esta idea ha sido replicada en otros lugares, como es el caso de los municipios de Guadalajara y Zapopan en el estado de Jalisco. Aquí, en marzo de 2015 se inició un proyecto de recorridos ciclistas turísticos como pare de una iniciativa ciudadana denominada “Rueda Verde”.

Se trata de una Red Estatal de Paseos Ciclistas Turísticos y Culturales, que pretenden ampliarse a los más municipios posibles del interior del Estado con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta y hacer a través de este medio, recorridos que den a conocer los lugares de relevancia histórica y cultural. En el caso de Guadalajara, se contempló un itinerario con paradas en lugares como Plaza Fundadores, Instituto Cultural Cabañas, La Minerva, Puente Atirantado, Arcos del Milenio, Niños Héroes y Chapultepec. En cada punto se da una referencia del lugar y comentarios.

Otro ejemplo, es este mismo concepto de vivir la ciudad en bicicleta con fines turísticos, como el desarrollado en la Ciudad de México, también por una empresa privada que ofrece recorridos en bicicleta por la ciudad, con paseos por Reforma y el Centro Histórico, el Bosque de Chapultepec y los callejones de Coyoacán. De acuerdo al sitio web de esta empresa, en cada espacio urbano, el guía de “cicloturistas” ofrece una explicación, desentraña la historia y remota al paseante a la época original del espacio visitado.

Ello, aunado al turismo de naturaleza, que también se ha visto sustancialmente fortalecido con actividades de ciclismo de montaña, de una manera en la que el ecoturismo conjuntado con el ciclismo han dado excelentes resultados, por ello, una opción de fomento y enriquecimiento de las opciones turísticas de verdad invaluable.

Así como el uso de la bicicleta se ha posicionado como un modelo saludable, sustentable, económico y eficaz en la movilidad urbana, extender su fomento a las actividades turísticas de nuestro país, también lograría “aderezar” sus contenidos, como ya se dijo, tanto a través del ciclismo urbano en sitios culturales e históricos de gran relevancia, como en el turismo ecológico y de aventura. Siendo esta la pretensión de la iniciativa que me permito proponer a su honorable consideración: Contribuir a la atracción de nuestros destinos turísticos con la promoción del ciclismo.

Para ello, se sugiere la adición de una fracción al artículo 10 de la Ley General de Turismo, con la finalidad de que esta opción sea contemplada institucional e invariablemente por las entidades federativas del país y sus municipios, de acuerdo a las particularidades en la materia.

Sugerencia en virtud, de que esta legislación es la conducente para establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México.

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO PARA CONTRIBUIR AL ENRIQUECIMIENTO Y ATRACTIVO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DEL CICLISMO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 10 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a la XV. (…)

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio,

XVII. Promover en coordinación con los Estados, el desarrollo de programas de turismo que contemplen a su vez el fomento a la movilidad no motorizada como una opción de atracción turística, a través de recorridos de destinos turísticos en bicicleta y las actividades propias del ciclismo urbano y de naturaleza; y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 267 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del grupo parlamentario de PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES)

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concatenada a los diversos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Últimamente, hemos escuchado diversas voces que hablan sobre la seguridad en las carreteras y el deterioro que los grandes camiones provocan en ellas.

La estructura vial de nuestro país, no está diseñada para cargar grandes pesos ni para soportar constantes eventos de saturación vehicular. El ancho de los carriles no permite, sobre todo en las curvas, que quienes se trasladan con varios ejes puedan maniobrar adecuadamente.

El diseño, construcción y mantenimiento de nuestras carreteras no es el óptimo. Una serie de accidentes mortales se han sucedido por esta causa, sobre todo con el autotransporte.

No hay que ser experto para entender, que para evitar el daño a pavimentos y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por la red carretera nacional, depende en mucho el peso, volumen y dimensión de las cargas contenidas en los camiones.

Así mismo, la accesibilidad de un punto a otro, es determinante en el desarrollo de las grandes urbes.

El propósito fundamental de la propuesta de reforma, posee un espíritu eminentemente social, porque busca disminuir el impacto de los daños causados a la infraestructura vial del país y tiene como objetivo esencial mejorar los niveles de seguridad, tanto en la vida como en los bienes de las personas que transitan en los caminos y carreteras de jurisdicción federal, a lo largo y ancho de México; al igual que disminuir los niveles de contaminación existentes.

En estos momentos, en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra analizando la implementación de carriles BUS VAO, es decir, vialidades exclusivas para transporte de alta ocupación, con la intención de ser congruentes con los derechos de movilidad y accesibilidad; debemos preguntarnos si es adecuado con dichos principios, así como, con los derechos a la seguridad y a un medio ambiente apropiado, el permitir que sigan transitando en nuestras carreteras transportes de doble remolque.

Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, anualmente se suceden alrededor de 500 accidentes en las carreteras federales, sufriendo pérdidas en promedio de $650 000.00 pesos por incidente, sin contar los gastos ocasionados a la unidad. Sin embargo, según estudios de Asociaciones Civiles, nos indican que son alrededor de 1200 accidentes anuales donde se ven involucrados camiones de doble remolque, provocando la muerte de casi mil personas al año.

El 3% del impacto ambiental y de gases contaminantes lo emiten los camiones de doble remolque, tal como lo ha dado a conocer el Gobierno de la Ciudad de México.

El portal TRANSPORTE.MX publica el 10 de noviembre de 2016:

Imperan una serie de irregularidades, como que los pesados camiones transportan el doble de la carga permitida, gracias al escaso control y vigilancia por parte de las autoridades para inspeccionar peso, dimensión y documentación. Así como, para revisar las habilidades y las competencias de los conductores para operar estos vehículos.

El asunto es grave, debido a su longitud y peso, los doblemente articulados requieren de una pericia especial en lo relativo al frenado. La distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo desde que accionamos el freno hasta su detención total, mientras que a un auto le toma un segundo realizar esta maniobra, a un camión de doble eje le lleva 7 segundos, si multiplicamos la velocidad, el peso y la densidad, tenemos una escena desastrosa frente a nosotros.

Además de accidentes, también ocasionan tránsito y caos vial pues circulan en horarios que se establecieron en 2005, por demás rebasados y obsoletos; generan contaminación, con sus ya sabidos daños a la salud; y desgaste prematuro en la superficie de rodamiento, que provoca vibraciones y hundimientos por su excesivo tonelaje, fracturando incluso la red hidráulica de nuestra ciudad…

Los defensores de los fulles, insisten en que su prohibición afectaría la economía de los mexicanos al ocasionar desabasto de productos básicos, esto no es cierto, dichos productos se trasladan en camiones de máximo 30 toneladas. Lo que transporta un doble remolque son cervezas, comida chatarra, automóviles y algunos productos de la construcción, a menos que los antes mencionados sean parte de la canasta básicos, no estamos frente a una situación de emergencia.

Se ha dicho, además, que esto incrementaría los precios de los productos, tampoco es cierto, ya que el ahorro de usar estos camiones es un beneficio exclusivo para las empresas.”

Por otra parte, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, documento básico que gobierna el comercio con los Estados Unidos y Canadá.

El Estado de Texas, es la puerta de entrada de los camiones de carga mexicanos, hacia Estados Unidos y Canadá.

En Texas, se permite como límite superior un peso bruto vehicular (PBV) de 36,320 kilogramos (80,000 libras) en carretera, sin embargo, el Estado proporciona un permiso anual de tolerancia de sobrepeso, al que denominan “Annual Overweight Tolerance Permit” (permiso 2060), el cual permite operar con un 5% de tolerancia en PBV; es decir, alrededor de 40 toneladas en total.

El ancho máximo de un vehículo circulando en Texas es limitado a 2.59 metros (8.5 pies), y la máxima altura es de 4.27 metros (14 pies).

Texas permite que el largo máximo de un semirremolque sencillo sea de 17.98 metros (59 pies) en todas las carreteras. El Estado no regula posiciones de perno rey, como se hace en otros Estados como California y Minnesota. No hay restricciones para la longitud global de una combinación tractor-semirremolque. En el caso de una combinación tractor-semirremolque-remolque, tampoco hay restricciones con respecto a la longitud global, pero los remolques utilizados en la combinación no deben exceder una longitud de 8.69 metros (28.5 pies) cada uno.

La longitud de un camión unitario no debe exceder de 13.7 metros (45 pies). La longitud de las combinaciones camión-remolque no debe exceder de 19.81 metros (65 pies).

El artículo planteado para ser reformado actualmente reza:

“Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.”

En ese sentido, siguiendo el estándar establecido por nuestro socio comercial, siendo congruentes con las políticas públicas instauradas en el sector que nos ocupa, propongo reformar la ley y señalar como límite superior un peso bruto vehicular (PBV) de 39 952 kilogramos, una longitud máxima de 19.81 metros y un ancho no mayor a 2.59 metros.

Tal disposición, vendrá a coadyuvar en la mejora de la seguridad en las principales autopistas del país, comprimiendo la tasa de accidentes y garantizando la integridad de los usuarios.

Según estudios elaborados por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2015, concluyen que en los países donde se ha restringido o negado el uso de los dobles remolques, las carreteras tienen una duración de 30 a 35 años; mientras que en México hay que repararlas cada 10 años, con los gastos que ello conlleva. Por lo que, la circulación de estos vehículos genera gastos equivalentes al 70% u 80% del presupuesto destinado al mantenimiento de la red carretera nacional.

La Norma Oficial Mexicana 012 es obsoleta y no otorga seguridad ni al chofer ni a los terceros que transitan por las carreteras en México. Permite 75.5 toneladas de peso, lo que es una burla y una bomba de tiempo, un largo de hasta 31 metros y redujo la velocidad a 80 kilómetros por hora, pero no establece medio idóneo para no permitir que el autotransporte rebase esos límites.

Estoy cierta de que existen varias iniciativas presentadas por compañeros miembros de las diversas fracciones parlamentarias, preocupados por el mismo tema; que igualmente en el Senado hay inquietud. Llegó el momento de conjuntarlas y legislar a favor del bienestar de millones de mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, atento a las facultades contenidas en el artículo 73 fracción XVII de nuestra Carta Magna, se somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, adicionándole dos párrafos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 50. El…

La…

Tratándose…

Queda prohibida la circulación por la red carretera federal, de vehículos que excedan un ancho de dos metros con cincuenta y nueve centímetros, una altura de cuatro metros con veintisiete centímetros, un largo de diecinueve metros con ochenta y nueve centímetros y, treinta y nueve mil novecientos cincuenta y dos kilogramos de peso bruto vehicular.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo ninguna circunstancia, podrá otorgar permiso de carga a vehículos de motor que traspasen las dimensiones señaladas en el párrafo que antecede.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada por los Diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS DÉCIMO Y ONCEAVO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO PRIMERO Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A FIN DE REDUCIR A CUATRO AÑOS EL PERIODO PRESIDENCIAL, GUBERNATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy más que nunca, vivimos de manera tangible la inconformidad de los mexicanos provocada por la mediocridad del gobierno, un gobierno totalmente desgastado por cada uno de sus tropiezos: desde el fallido “Pacto por México”, su falta de carácter ante Donald Trump, hasta el último “gasolinazo”, lo que ha sumido a nuestro país en una de las peores crisis: corrupción en todos los niveles de gobierno, inseguridad, inestabilidad económica, instituciones carentes de credibilidad y poco eficientes, desempleo, discriminación, violación a los derechos humanos, tráfico de influencias, simulación, políticas públicas deficientes, etcétera.

Como consecuencia, el actual gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, tiene los niveles más bajos de aprobación en la historia de nuestro país y también en el ámbito internacional. En junio de 2015 en una consulta realizada por la casa encuestadora Consulta Mitofsky, se publicó un ranking de los niveles de Aprobación de Mandatarios de América y el Mundo. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, apareció en el lugar 12 de 21 mandatarios evaluados de América, con una aprobación del 39%, por debajo de mandatarios de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras.1

En el ámbito nacional, Grupo Reforma ha realizado de forma periódica, un total de 13 encuestas para medir la aprobación de Enrique Peña Nieto y su gobierno. En la 12ª. evaluación al Presidente, realizada en noviembre de 2016, se obtuvo que el 73% de los ciudadanos desaprueba la forma en como está haciendo su trabajo y sólo el 24% lo aprueba; respecto a su calificación Enrique Peña Nieto se encuentra reprobado tanto por los ciudadanos como por los líderes, con un 4.1 y 3.0, respectivamente.2

A pesar que a finales del año pasado la aprobación del Presidente parecía haber llegado a su punto más bajo, el “gasolinazo” trajo consigo un mayor declive, en la 13ª. Evaluación al Presidente, sólo el 12% de los ciudadanos aprueban la forma de trabajo de Peña Nieto, mientras que el 86% lo desaprueba.3

Las mayores preocupaciones de los mexicanos que se destacan a través de las mismas encuestas son la corrupción, cuya percepción ha aumentado con el actual gobierno; la inseguridad, tema que a finales del año pasado era la principal preocupación y la economía que a partir de inicios de año es el principal problema que enfrenta el país.

Es importante destacar que la desaprobación de Enrique Peña Nieto es un fenómeno que surgió desde los primeros años de su mandato y sólo ha ido in crescendo. Resulta inconcebible que los ciudadanos, a pesar que a la mitad del sexenio, tengan la certeza que el gobierno no va a mejorar en lo absoluto, deban soportar tres años más de una gobernanza incapaz e ineficiente. Es necesario cuestionar el sistema presidencial que hasta el momento se mantiene y se modifique.

Nuestro sistema presidencial está basado en el orden constitucional y las facultades metaconstitucionales4, consecuentemente tiene elementos autoritarios que representan un obstáculo para lograr la consolidación democrática. Las etapas del sistema presidencial mexicano a partir de la Independencia, de acuerdo con Diego Valadés5, han sido las siguientes: el despotismo, liderazgo republicano, la dictadura y el caudillismo constitucional. Uno de los elementos centrales del Sistema Presidencial es la duración del periodo en el poder, en la Constitución de 1917 se estableció de cuatro años, sin embargo a partir de la reforma de 1927 se instituyó un periodo de seis años.6

De acuerdo con un análisis presentado por el académico Diego Valadés las razones esenciales por las que hace noventa años se decidió establecer un periodo de seis años son las siguientes: evitar la agitación política, es decir, garantizar la paz; compensar la falta de preparación de los aspirantes a gobernar, y dejar que los presidentes tuvieran el tiempo para cumplir con su programa.7

El mismo autor emite los argumentos por los que ya no tienen validez las razones mencionadas, en relación a garantizar la paz señala que, “Los ciudadanos de hoy ya no están prestos a empuñar las armas por discrepancias políticas como en la etapa revolucionaria […]”.8

Respecto a la que refiere a preparar a los presidentes, hoy en día sería una aberración al sistema si los aspirantes carecieran de preparación para gobernar y pretendieran aprender bajo el principio pedagógico de “aprender haciendo”.9

Referente a que los presidentes cuenten con el tiempo suficiente para cumplir con el programa personal, el Dr. Diego Valadés argumenta que, “En una autocracia el caudillo es el programa; pero en una democracia se supone que el programa lo apoya la ciudadanía a través del partido por el que vota”10, si se afirma en que el presidente deba cumplir con su programa “equivale a negar la posibilidad de que los partidos se conviertan en los articuladores de las acciones políticas colectivas”11.

Es importante resaltar que nuestro sistema continúa estancado en el caudillismo en cuyo caso, seis años tampoco son suficientes. Un claro ejemplo es la reciente Reforma Educativa, anunciada con bombo y platillo, sin embargo los probables resultados serán visibles dentro de 20 años.

Está demostrado que un periodo sexenal, más allá de propiciar condiciones competitivas, endurece la vida política del país debido a que se genera un instinto de tomarlo todo: “el gobierno completo queda en manos del presidente y de su grupo”12, por lo que si su plan de gobierno fracasa a la mitad del sexenio y no rectifica, el país tendrá que esperar seis años para poder cambiar el rumbo

El comportamiento del Gobierno Federal, se refleja en cada una de las entidades federativas, donde persisten los cacicazgos y el gobernador es una figura omnipotente. No hace falta más que mencionar algunos casos emblemáticos que cimbraron al país este sexenio: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, entre otros.

De acuerdo con el Democracy Index 2016 realizado por The Economist, México se encuentra clasificado como “flewed democracy” o democracia defectuosa con un margen de calificación de 6.0 – 6.99.13 Resulta imperativo tomar acciones para combatir y erradicar el caudillismo actual y transitar a un Sistema Presidencial Democrático.

Por eso proponemos la reducción del periodo del poder ejecutivo tanto a nivel federal como estatal a cuatro años. Actualmente, sólo dos países de Latinoamérica mantienen un periodo presidencial de 6 años, México y Venezuela, el resto de los países han optado por una duración de 4 o 5 años14, característica de los sistemas parlamentarios.

Se debe romper con la idea que la naturaleza plebiscitaria de los procesos electorales sigue siendo argumento para legitimar los gobiernos y elemento para que tengan éxito en su gestión. La reducción del periodo presidencial promoverá que se cree una vía para que la legitimidad plebiscitaria y la naturaleza plural del congreso se conjuguen para crear consensos.

Lo anterior se garantizará debido a que se empatarían las elecciones de la Cámara de Diputados y las Legislaturas de los Estados, con la elección de Presidente de la República y Gobernadores, respectivamente. La inquietud política que surgirá con motivo de llevar a cabo elecciones más próximas entre sí, “se vería compensada por dos hechos importantes: evitar una elección intermedia para el congreso, y disminuir el grado de virulencia entre los contendientes.”15

Durante la reforma política en 2005 en Chile, donde también debatieron el tema, se pronunciaron argumentos a favor de la reducción del periodo, entre ellos el senador Boeninger señaló que “un periodo presidencial breve redunda en una mayor participación ciudadana y en el fomento de la renovación del liderazgo”16 mientras que los “períodos largos suele producir un desgaste en el gobierno”.17

Con base en el Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la Elección de Diputados Federales de 2015 realizado por el Instituto Nacional Electoral, se tienen antecedentes que la participación ciudadana aumenta cuando se trata de renovar el poder ejecutivo.18

Por su parte el senador chileno Viera-Gallo durante el debate  expresó que la reducción del periodo promueve a que se generen políticas de Estado, “la reducción del período presidencial no atenta contra la continuidad de las políticas públicas, al contrario, ayuda a que estas se conviertan en políticas de Estado.”19

Los mexicanos necesitamos que se garantice un verdadero desarrollo sin importar el partido ganador, es decir, necesitamos políticas de Estado y no de gobierno como se ha venido instaurando, debido a que con cada cambio en el poder se aplica un programa de carácter personal. Tal como lo expresa el Dr. Diego Valadés  “[…] la visión de gobierno hace pensar sólo en el ejercicio del poder […]”.20

La reducción del periodo del poder ejecutivo tanto a nivel federal como estatal a cuatro años, es una reforma constitucional importante, es un paso a la consolidación democrática de México, porque abrirá la oportunidad de instaurar la visión de Estado que “obliga a pensar en la estabilidad de las instituciones […]”.21

En la actualidad los fenómenos sociales y políticos tienen un ritmo que podemos calificar de vertiginoso, lo que “lleva a que lo que no se hace en cuatro años tampoco se hará en seis […]  no es necesario asignar al Presidente de la República más que cuatro años para llevar a cabo su programa de gobierno sino de Estado.”22

Cumplir con un programa de Estado obligará a quien ocupe el Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como estatal, incluyendo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a conformar un gabinete de expertos en la materia y no improvisaciones como hasta la fecha.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A FIN DE REDUCIR A CUATRO AÑOS EL PERÍODO PRESIDENCIAL Y DE GUBERNATURAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 83, el quinto párrafo del artículo 84, la fracción II, del artículo 116, y la fracción III, del Apartado A, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él cuatro años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. [...].

[...].

[...].

[...].

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

[...].

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de cuatros años.

[...].

[...].

[...].

a) [...].

b) [...].

II.  [...]  IX.

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. [...].

II. [...].

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de cuatro años.

[...].

[...].

IV. [...] XI.

B. [...].

C. [...].

D. [...].

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 12, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 12.

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada cuatro años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

2. [...].

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán homologar la normativa en la Entidades Federativas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 Ranking. Aprobación de Mandatarios América y el Mundo. Consulta Mitofsky. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-
ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-mundo

2 Encuesta REFORMA: 12ª. Evaluación al Presidente, Grupo Reforma. Disponible en:
http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/encuestas/enc_12a_epn/#continuar

3 Grupo Reforma, Encuesta REFORMA: 12ª. Evaluación al Presidente. Disponible en:
http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/encuestas/enc_13a_epn/#continuar

4 Valadés, Diego, Problemas y perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano, pág.445. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2748/27.pdf

5 Ibidem. pp 430-438. 

6 Ibidem. pág. 447 

7 Ibidem. pág. 448

8 Ibidem. pág. 449

9 Idem.

10 Idem.

11 Idem.

12 Ibidem. pág. 450

13 The Economist, Democracy Index 2016, disponible en: http://www.eiu.com/topic/democracy-index

14 Diversas fuentes afirman que sólo México y Venezuela tienen periodos presidenciales de seis años. Entre ellos: Beca, Pablo Juan, La Duración del Período Presidencial: Análisis Histórico y Comparado, pág. 56, disponible en: http://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/248/RDD_0718-
1167_03_2008_9_art3.pdf?sequence=1; también Valadés, Diego, Problemas y perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano, pág.451. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2748/27.pdf

15 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451

16 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 54

17 Idem.

18 Instituto Nacional Electoral, Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la Elección de Diputados Federales de 2015, pp. 7 - 12, disponible en
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.ex201606-29in_01P11-00.pdf

19 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 55

20 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451

21 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451

22 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 55






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES)

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concatenada a los diversos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, hemos visto y vivido una transformación y modernización de nuestra legislación a pasos agigantados; sin embargo, en esa reforma parece que olvidamos las bases y pilares del derecho positivo mexicano.

Ante esta situación, ha llegado el momento que tanto la ciencia jurídica y quienes dictamos el derecho hagamos frente a esa problemática, a través de definiciones claras y específicas, sin trastocar el esquema de los derechos humanos; por el contrario, basándonos en ellos.

Últimamente, hemos escuchado voces en el sentido que debe “abrirse” el mercado de transporte de pasajeros, para no restringir la libre competencia ni excluir a potenciales competidores.

Erróneamente, se basan única y exclusivamente en el diverso 28 de nuestra Carta Magna, dejando de lado el derecho humano a una vida libre de contaminación, el derecho humano a la movilidad y el derecho de la colectividad que se encuentra por encima de cualquier derecho particular.

Si bien es cierto en junio de 2013 se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y que la misma emite una recomendación en el sentido de que se considere una prestación de servicio de taxi “abierto”, también es cierto que dicha resolución no toma en consideración que el servicio de autotransporte es PUBLICO; por lo tanto, no es de aplicarse ni de tomarse en consideración el artículo 28 Constitucional referido y debe partirse de principios distintos.

Los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la creación de la primer Ley que declara que el TRANSPORTE ES PUBLICO, en 1951; han sido para determinar que no se violenta la libertad de trabajo, puesto que el particular no se encuentra obligado a dedicarse única y exclusivamente a esa labor, pues puede realizar de forma simultanea cualquier otra, ya sea conexa o ajena a la explotación del servicio público de transporte.

Igualmente, que conforme a sus preceptos legales, se está previniendo que sólo mediante la intervención del Estado pueden garantizarse al público las máximas condiciones posibles de eficiencia, seguridad, orden, regularidad y economía en el ejercicio de la actividad de los particulares empresarios del mencionado servicio; y finalmente, que sólo mediante autorización expresa del propio Estado, puede ser desempeñada la actividad de que se trata; por lo cual debe estimarse que el aludido servicio de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler, queda definido, sin género de duda, como caso típico de actividades que constituyen tal clase de servicio público encomendado a particulares, según las disposiciones de las leyes en cuanto a requisitos que estos deban cumplir y en cuanto a condiciones a las que debe someterse la autoridad para el otorgamiento de autorizaciones y permisos; en el concepto de que por lo que atañe a la empresa particular que se dedique a tal actividad, ésta se desempeñara, una vez autorizada, de acuerdo con sus peculiares reglas técnicas y científicas y de acuerdo con las normas jurídicas que de manera general regulan la actividad correspondiente.

A mayor abundamiento, la normatividad vigente no vulnera el principio anti monopolio, ya que se trata de un servicio público, que además no violenta la libre competitividad, puesto que no faculta a determinados permisionarios para que lleven a cabo la actividad ni prohíbe hacerlo a otros, por lo que todos se encuentran sujetos al mismo régimen, se encuentran en igualdad de condiciones, y todo aquel que reúna las condiciones de ley, puede obtener el permiso correspondiente.

Tratándose de un servicio público de transporte de pasajeros, corresponde primordialmente al Estado la atribución de dar satisfacción a esa necesidad social, pudiendo otorgar a determinados particulares concesión o permiso para que colaboren y lleven a cabo el servicio de que se trata.

Por ello, dichas concesiones no pueden ser parte integrante del patrimonio exclusivo de una persona, en forma tal que jamás puedan ser afectadas por el poder público, puesto que es potestad soberana del Estado el permitir a los particulares la explotación del referido servicio y, evidentemente, de condicionarlo al cumplimiento de todos aquellos requisitos que demande el interés general.

Finalmente, cabe decir que en la Ley actual, no se establece una concentración del servicio de transporte de pasajeros en pocas personas; pues todos aquellos particulares que pretendan concurrir a realizar dicha actividad, están en posibilidad de solicitar sus respectivos permisos siempre y cuando satisfagan los requisitos que la propia normatividad señala, precisamente en el artículo 47 que pretendo reformar.

Una vez entendido que el servicio de transporte de taxi es público, y que por tanto, solo puede ser prestado por los particulares cuando cubren los requisitos para que les sea otorgada una concesión o permiso por parte del Estado; atendiendo a principios de seguridad, movilidad y de medio ambiental amigable, me permito señalar porque debemos continuar respetando que el servicio de transporte sea público y oponernos, a que se permita que de un simple contrato privado, alguien pueda transportar a una persona o mercancías de un lugar a otro, a cambio de un precio.

Por cuestiones de seguridad, la autoridad correspondiente cuenta con un listado de los automóviles que circulan como medio de transporte, nombre del permisionario, seguro de daños contra terceros, examen médico de los choferes, revisión mecánica de las unidades, parque vehicular para la no saturación. Lo que no puede asegurarse en caso de un simple convenio entre particulares, ya que no existe una supervisión por parte de autoridad alguna.

Por otra parte, no podemos pasar por alto, que las diversas Entidades Federativas que conforman nuestra gran Nación, han autorizado LEYES DE MOVILIDAD.

En términos generales, se entiende por movilidad, el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. Por lo tanto, los desplazamientos que se realizan dentro de una ciudad, se refieren a la movilidad urbana.

Dichos desplazamientos se llevan a cabo a través de diversos medios o sistemas de transporte, automóvil, transporte público, a pie, en motocicleta o bicicleta.

La finalidad de los mismos es, salvar la distancia que nos separa de los lugares a donde nos dirigimos, ya sea para satisfacer nuestros deseos o necesidades.

Señala la Ing. Ana Luisa Flechas Camacho, en su ensayo intitulado MOVILIDAD Y TRANSPORTE: UN ENFOQUE TERRITORIAL; “El concepto de MOVILIDAD, hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las mercancías, en una ciudad o región.

En general, los desplazamientos de las personas y de las mercancías se han tornado cada vez más difíciles de realizar y de solucionar por parte de las administraciones locales, y todo parece indicar que el fenómeno seguirá creciendo en el futuro.

En estas condiciones, se requieren esfuerzos innovadores que superen y complementen medidas como las enfocadas a ampliar las infraestructuras, regular el estacionamiento, cambiar la actitud de los usuarios, promover un mayor uso de medios alternativos, etc.”

Es decir, según la organización denominada ECOLOGISTAS EN ACCION: “facilitan la accesibilidad a determinados lugares.

Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de transporte persigue la movilidad.

Con este razonamiento lo que pretendemos es romper con la lógica habitual que equipara movilidad con accesibilidad. La confusión de ambos términos es la base de una fórmula muy aceptada: a mayor movilidad mayor accesibilidad. Bajo esta simplificación se justifica y se ha justificado la aplicación de medidas y políticas que sin mejorar la accesibilidad –y a menudo empeorándola– han incidido en los problemas de movilidad. (Como aumentar el número de taxis en las ciudades).

La accesibilidad así entendida no sólo se facilita o consigue mediante el transporte. Hay otros factores, cómo la distribución de los servicios o el desarrollo urbano, que influyen poderosamente sobre ella.

Si el objetivo que quiere garantizarse es el de disponer de accesibilidad a los bienes o servicios, no vale simplemente con ofrecer muchos medios de transporte que alcancen distancias cada vez mayores. Hay que cuestionarse también el espacio físico en el que se desenvuelven los habitantes y sus deseos y necesidades.

Es fundamental ampliar el ámbito de acción y reflexión del transporte al desarrollo urbanístico, a la prestación de servicios y al modelo de ciudad”.

Por tanto, para que la movilidad cumpla con su objetivo, que es la accesibilidad, no es válido argumentar que el servicio de transporte en taxi deba ser abierto. Es decir, no solo se trata de otorgarle una mayor oferta al usuario, sino de permitirle acceder de forma rápida, segura, confiable y a través de un transporte amigable con el medio ambiente, a su destino.

Debemos considerar la infraestructura vial existente, para que esta sea accesible y NO saturada. “Abrir” el transporte estanca y no permite la adecuada orientación del desarrollo regional y urbano, e incluso puede modificar de manera irreversible un ecosistema.

Al “abrir” el transporte de taxis, se incrementaría el parque vehicular de forma anárquica. El rebosamiento de vehículos traería el daño constante de las carreteras y reduciría los espacios de los transeúntes, mayor número de accidentes en las carreteras, ruido, congestionamiento vial, requerimiento de mayores espacios de estacionamiento, emisiones al aire y degradación del medio ambiente.

Por tanto, la solución que se está generando en las grandes ciudades, es el transporte masivo amigable con el medio ambiente, pues desplaza cantidades considerables de personas en corto tiempo; para lo cual, en iniciativa por separado, ya he presentado proyecto de ley del fondo de transporte sustentable.

Hemos de ir hacia la mejora del servicio de transporte y optimizar la infraestructura existente. La experiencia de los sistemas de transporte masivo moderno y amigable con el medio ambiente, en los países donde han sido implementados, han mostrado favorables e importantes repercusiones demográficas, sociales y culturales, relacionadas con la planificación urbana y el fomento de las actividades económicas.

En ese tenor, al establecerse en la ley que se pretende reformar, que para prestar el servicio de transporte se requiere de un permiso o concesión, es para no saturar el parque vehicular y no causar todas las molestias a las que se han hecho referencia.

Como se ha señalado, existe una relación directa entre la cantidad de taxis autorizados y la contaminación ambiental, que redunda en la emisión de gases que esos vehículos lanzan al aire y provocan que la atmosfera contenga substancias extrañas a su composición en concentraciones suficientes para producir efectos nocivos en el hombre, los animales y la vegetación en general.

En los Estados Unidos de Norteamérica, desde la administración del Presidente Bill Clinton, los problemas sociales, económicos y medioambientales, se atienden y resuelven en conjunto.

Dentro de sus políticas públicas se privilegian los siguientes puntos:

• Asegurar que cada persona se beneficie de un ambiente saludable.

• Garantizar equidad y oportunidad para el bienestar económico, social y ambiental.

• Proteger y restaurar los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones,

• Invocar a la gente para trabajar conjuntamente a fin de crear comunidades saludables.

• Procurar la estabilización de la población.

• Liderar en el desarrollo y aplicación de políticas de desarrollo sostenible,

• Asegurar el acceso a la educación formal y al aprendizaje posterior, para proporcionar a los ciudadanos un nivel de comprensión de los conceptos involucrados en desarrollo sostenible y prepararlos para un trabajo pleno de significado y para una alta calidad de vida.

Lo que podemos extraer de este conjunto de objetivos, es que el país más poderoso de la tierra, luego de un largo período de uso intensivo de sus recursos naturales y de otros países, luego de haber producido la más severa contaminación de sus aguas, tierras, aire, flora y fauna, torna su mirada hacia el desarrollo sostenible, asumiendo que a partir de ahora se debe ir a un desarrollo social, económico y ambiental armonioso.

Por tanto, ante ese ejemplo, en nuestro país debemos de hacer lo mismo.

Según el INEGI, el 70% de la población mexicana vive en centros urbanos; en todos ellos, se presentan problemas de pobreza y de degradación del medio ambiente.

Desgraciadamente, en las grandes urbes, los pobres se encuentran más expuestos a los peligros ambientales y sanitarios, provocados en gran medida, por la gran cantidad de automóviles existentes.

Jorge E. Hardoy, dice que el futuro adecuado de las ciudades es el de “ciudades sostenibles”, que comprende el componente de sostenibilidad ecológica o impacto de las actividades urbanas en el `capital ambiental´; vale decir, la capacidad natural de los respectivos ecosistemas para absorber los desechos que generan las actividades humanas; y el componente de desarrollo, relativo a la “performance” de cada ciudad y sus instituciones en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, es decir: acceso a vivienda adecuada y ambiente saludable, participación en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, vigencia de los derechos y cumplimiento de obligaciones, alternativas de elección y acceso a una calidad de vida adecuada.

Se trata pues, de crear sistemas urbanos óptimos, en los que el transporte juega un papel preponderante y no podemos permitir que se legisle a la ligera en ese rubro.

En consecuencia, debemos responder a las necesidades de la gente, a través de planteamientos de transporte que impulsen un desarrollo económico y social sustentable y sostenido, no solo de ocurrencias o de buenas intenciones. Debemos de impulsar leyes acordes con lo anterior.

Por ende, la norma jurídica que nos ocupa, debe armonizarse con el sistema jurídico mexicano, con los principios de movilidad, accesibilidad y medio ambiente.

Así las cosas, tenemos que en éste mundo globalizado, la tecnología se encuentra cada vez más viable; por lo que es una herramienta innovadora que ayuda a que sea más eficiente el sistema de transporte, sobre todo del taxi.

La tecnología no para de ofrecer soluciones al sector transporte, por eso hoy día existen sistemas de posicionamiento global, radioteléfonos, celulares, servicios satelitales, internet y plataformas digitales.

Con ellos, se puede contactar directamente al taxista más cercano, trazar la ruta, hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, seguir la ruta paso a paso; es decir, se tiene información desde el primer eslabón de la cadena hasta la entrega final del producto.

Incluso, hay sistemas que ofrecen pruebas de alcoholemia y autentificaciones biométricas a los conductores.

Actualmente, hemos visto una serie de plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte, sin embargo, no se encuentran regulados y ellos SÍ se han convertido en una competencia desleal para quienes cuentan con un permiso o concesión otorgada por el ejecutivo federal; dado que no reúnen ningún requisito de los previstos en la Ley ni pagan ningún derecho.

Es decir, trasladan personas o mercancías de un punto a otro a cambio de un precio que generalmente es pagado mediante tarjeta de crédito o débito, sin contar con un permiso o concesión; argumentando que se trata de una relación comercial, de un contrato privado de prestación de servicios.

Como ya ha quedado más que de manifiesto y para no ser repetitiva, la prestación de dicho servicio sólo puede ser otorgada por el Estado o por concesionario o permisionario debidamente autorizado.

En corolario, quien no cuente con autorización estatal, se encuentra prestando un servicio de forma ilegal y debe ser retirado por la autoridad correspondiente.

Por otra parte, no podemos ser ajenos a esos instrumentos que ofrecen tanto la tecnología y la modernidad, por lo que, debe adecuarse la normatividad vigente y considerar tales herramientas.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, actualmente reza:

“Artículo 46.- Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte de pasajeros se clasificará de conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo.

Artículo 47.- Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate. La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.

Se propone agregar un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que claramente se disponga que los concesionarios y permisionarios pueden hacer uso de cualquier herramienta tecnológica que permita prestar un servicio más eficiente, rápido y adecuado; incluyendo cobros con cualquier tipo de pago legal.

Así mismo, para estar en posibilidad de saber el impacto que tendrá el parque vehicular que pueda llegar a ser autorizado, tanto en carreteras, puentes y caminos, al igual que en la accesibilidad y movilidad de las personas y mercancías, así como en el medio ambiente; se propone agregar un párrafo al artículo 47 de la normatividad en cita, para que se incluyen esos factores en la opinión que deben emitir los administradores portuarios y de aeropuertos.

Sustentan nuestra Iniciativa, las siguientes tesis que norman criterio:

AUTOMOVILES DE ALQUILER, SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN.

La Ley de 29 de diciembre de 1951 que declara servicio público el transporte de pasajeros en automóviles de alquiler, reclamada por lo que a sus artículos 2o. y 3o., no es violatoria de las disposiciones constitucionales relativas a monopolios (artículo 28 constitucional), toda vez que legisla primordialmente en el establecimiento de normas a que debe sujetarse la prestación, organización y desempeño de un servicio público, por lo cual no puede reclamarse atribuyéndole ser violatoria del artículo 4o. Constitucional, por el concepto de que obstruye la libertad de trabajo en el ramo, cuando en su artículo 3o., establece que: "El Departamento del Distrito Federal, cuando lo exijan las necesidades del transporte de que se trata, previo estudio de los datos que proporcione la Secretaría de Economía Nacional, los llevados a cabo por sus Oficinas Técnicas y oyendo la opinión de las organizaciones de permisionarios y trabajadores del transporte de pasajeros en automóviles de alquiler, sin itinerario fijo, legalmente registradas, resolverá sobre la conveniencia o no de autorizar nuevos permisos, con el fin de que se garantice la continuidad y permanencia de ese servicio público, de tal manera que quedan satisfechos los intereses sociales y se evitan competencias desleales o ruinosas". La imputación de inconstitucionalidad es infundada contra dicha ley, ya que la facultad decisoria que el anterior precepto otorga al Departamento del Distrito Federal, está dirigida a garantizar a la sociedad que el servicio público de transporte satisfaga los intereses de ella y se le preste de modo continuo y permanente, de donde el referido artículo 3o. de la Ley de 29 de diciembre de 1951 si es respetuoso del artículo 4o. Constitucional, pues éste al prevenir que la libertad de trabajo pueda vedarse mediante resolución gubernativa "dictada en los términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad", implícitamente faculta a las autoridades respectivas a emitir leyes, como la de que se trata por lo que atañe a su artículo 3o. analizado, que defendiendo los derechos de la sociedad sean el fundamento de la correspondiente solución gubernativa a que el mismo artículo 4o. constitucional se refiere.

Amparo en revisión 5553/55. Dolores Rodríguez y Coags. 20 de agosto de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.

PASAJEROS, TRANSPORTE DE (SERVICIOS PUBLICOS).

El servicio de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler encaja dentro de la correcta interpretación doctrinaria de servicio público, ya que reúne los siguientes requisitos: que el Estado mediante preceptos legales, ha demostrado su interés por el establecimiento, regulación y control del citado servicio; que conforme a sus preceptos legales, se está previniendo que sólo mediante la intervención del Estado pueden garantizarse al público las máximas condiciones posibles de eficiencia, seguridad, orden, regularidad y economía en el ejercicio de la actividad de los particulares empresarios del mencionado servicio; y finalmente, que sólo mediante autorización expresa del propio Estado, puede ser desempeñada la actividad de que se trata; por lo cual debe estimarse que el aludido servicio de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler, queda definido, sin género de duda, como caso típico de actividades que constituyen tal clase de servicio público encomendado a particulares, según las disposiciones de las leyes en cuanto a requisitos que estos deban cumplir y en cuanto a condiciones a las que debe someterse la autoridad para el otorgamiento de autorizaciones y permisos; en el concepto de que por lo que atañe a la empresa particular que se dedique a tal actividad, ésta se desempeñara, una vez autorizada, de acuerdo con sus peculiares reglas técnicas y científicas y de acuerdo con las normas jurídicas que de manera general regulan la actividad correspondiente.

Amparo administrativo en revisión 7783/51. Martínez Roberto y coagraviados. 8 de abril de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

TRÁNSITO, LEY DEL SERVICIO DE, DEL ESTADO DE JALISCO. DECRETO 5949, QUE REFORMA SUS ARTÍCULOS 53 Y 54.CONSTITUCIONALIDAD.-

Es inexacto que por virtud de este decreto se quebrante el principio de igualdad consagrado por el artículo 1o. constitucional, ya que el mandato abstracto, general e impersonal que contienen los artículos 53, que se reforma, y 78 bis del decreto de que se trata, obliga en la misma forma a todos y cada uno de los permisionarios de ruta y de sitio del Estado de Jalisco, que al momento de entrar en vigor aquel ordenamiento no hubiesen enajenado sus respectivos permisos o no hubiesen solicitado la autorización del Ejecutivo Estatal, para ese efecto. Así pues, el decreto reclamado no establece distinción alguna entre aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias, pues no faculta a determinados permisionarios para que lleven a cabo la enajenación ni prohíbe hacerlo a otros; por lo que, si están sujetos a idéntico régimen, no puede conceptuarse violada la citada garantía de igualdad. Por otra parte, el mismo decreto no coarta la libertad de trabajo que consagra el artículo 4o. de la Ley Fundamental, puesto que el particular puede en cualquier momento desempeñar cualquier labor, bien sea conexa o ajena a la explotación del servicio público de transporte de pasajeros. Tratándose de un servicio público como lo es el de transporte de pasajeros, corresponde al Estado primordialmente la atribución de dar satisfacción a esa que es una necesidad social, pudiendo otorgar a determinados particulares la concesión para que, colaborando con él, lleven a cabo el servicio de que se trata. Tales concesiones no pueden ser parte integrante del patrimonio exclusivo de una persona, en forma tal que jamás puedan ser afectadas por el poder público, puesto que es potestad soberana del Estado el permitir a los particulares la explotación del referido servicio y, evidentemente, de condicionarlo al cumplimiento de todos aquellos requisitos y condiciones que demande el interés general. En ese orden de ideas, ni por virtud del decreto reclamado se le está obligando a que ineludiblemente realice la actividad comercial que ha venido desarrollando al amparo de su permiso de sitio, pues puede en cualquier momento renunciar a él, ni tampoco el legislador está obstaculizando su libertad para dedicarse a la industria o trabajo que mejor acomode a sus intereses. La prohibición de enajenar el multicitado permiso no implica más que un requisito o una condición que en concepto del poder público es necesario para la mejor satisfacción de la necesidad social consistente en el transporte de pasajeros. Además, cabe decir que el decreto impugnado no adolece del vicio de retroactividad, porque siendo un ordenamiento cuya naturaleza intrínseca es la creación o la modificación de situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, rige para el futuro, pues en el momento en que a un particular le fue otorgado el permiso de sitio para explotar el servicio público de transporte de pasajeros, no adquirió más derecho que a realizar dicha explotación con todos los beneficios económicos que de allí se derivan; pero la facultad de enajenar establecida por los artículos 54 y 55 de la ley anterior, lisa y llanamente puede conceptuarse como una expectativa de derecho que jamás ingresó a su dominio ni formó parte de su patrimonio, y por lo tanto puede ser afectada por un ordenamiento posterior. Finalmente, cabe decir que en el multicitado decreto no se establece una concentración del servicio de transporte de pasajeros en pocas personas; pues todos aquellos particulares que pretendan concurrir a realizar dicha actividad, están en posibilidad de solicitar sus respectivos permisos siempre y cuando satisfagan los requisitos que la propia ley señala. Además, el decreto no modificó la situación existente con anterioridad, en cuanto al número de permisionarios encargados de explotar el servicio de autotransportes de pasajeros; en términos de la propia ley, previo el estudio de las necesidades sociales, podrá ser aumentado el número de vehículos que presten tal servicio y, por lo que se refiere a todos aquellos permisos que quedarán vacantes por las causas que la propia ley prevé, podrán ser otorgados a quienes de acuerdo con la misma lo soliciten, una vez que se satisfagan los mencionados requisitos.

Amparo en revisión 4672/54.-Rosario de Anda Medina.-11 de abril de 1969.-Veintiún votos.- Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 4 Primera Parte, página 123, Pleno.

TRANSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LEY DE. NO VIOLA EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.

La Ley de Tránsito del Estado de Baja California no propicia la formación de un monopolio, porque en sus artículos 78, 80, 81, 82 y 85 no se contienen disposiciones que tiendan a favorecer a una persona o grupo de personas determinadas para que presten de manera exclusiva el servicio público de transporte y en cambio que impidan a otras la prestación del mismo servicio. Las disposiciones contenidas en esos preceptos legales únicamente tienden a garantizar a la sociedad la prestación del servicio público de transporte en condiciones de orden, seguridad, eficacia y economía.

Amparo en revisión 4895/71. Francisco Aguirre Pinedo. 27 de noviembre de 1973. Unanimidad de quince votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "TRANSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO VIOLA EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL LA LEY DE.".

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo Único. Se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 46.- Atendiendo…

Los concesionarios o permisionarios de éste tipo de transporte, podrán ser titulares de derechos de propiedad intelectual de aplicación móvil o plataforma digital, o contar con licencia para su uso o franquicia; o podrán afiliarse a alguno de los anteriores con la finalidad de aprovechar o administrar una aplicación móvil o plataforma digital en términos de la normatividad correspondiente; cuyo servicio les auxilie en la gestión de la oferta, contratación y pago de los servicios de transporte que les han sido autorizados, vinculándose a través de dicha aplicación con sus usuarios.

Artículo 47.- Los...

Al...

La...

Dicha opinión deberá contener como mínimo, dictamen pormenorizado sobre el impacto que tendrá en el área el permiso a ser otorgado, según el parque vehicular existente, tanto de saturación como de desgaste de carreteras, puentes y caminos; así como de accesibilidad y movilidad tanto de vehículos, personas y mercancías; al igual que el impacto en el medio ambiente.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 7, 10, 13, 14 Y 16 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

(Presentada por los Diputados María Elena Orantes López y José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano)

Quienes suscribimos, Diputada MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ y Diputado JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado FRANCISCO MARTÍNEZ NERI de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la Diputado KATHIA MARÍA BOLIO PINELO de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 7, 10, 13, 14 Y 16 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asumir el compromiso de buscar entender y apoyar la legítima aspiración de construir un México más incluyente y justo para millones de personas que viven, directa e indirectamente, alguna condición del espectro autista, nos exige aprender a escuchar los problemas a los que se enfrentan las madres y los padres de nuestros niños, niñas y adolescentes con estas características; saber valorar los retos de vida que se presentan a estas personas desde acciones cotidianas como intentar interactuar socialmente o el aparentemente simple y natural acto de ingerir alimentos; nos requiere reconocer y sentir las injusticias que viven las personas con condiciones del espectro autista y sus familias, ante servidores públicos insensibles, una sociedad llena de prejuicios y sistemas económicos indignantemente inequitativos.

Todas estas dificultades, vigentes en nuestro país, reafirman actos de violencia simbólica y explicita contra millares de seres humanos. Con ello, se victimiza a millones de mexicanos y mexicanas a quienes se excluye de acceder a servicios y derechos básicos que les permitirían integrarse a los distintos espacios de la vida social o desarrollar una vida independiente, en un ambiente de respeto que haga viable alcanzar sus distintas potencialidades. Esta lamentable realidad, propicia que las desventajas que las personas con autismo enfrentan para desarrollarse en habilidades como el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, dañen con severidad sus procesos de integración social.

Como consecuencia de esta injusta realidad de segregación contra personas que presentan condiciones permanentes que obstaculizan su integración social y comunicación, derivadas del autismo, en México nos privamos del aporte que las personas con diagnóstico de condición del espectro autista dan a la nación con su esfuerzo, en algunos casos con las capacidades extraordinarias que presentan y en su totalidad con el ejemplo para enfrentar las adversidades de la vida.

Así, en el contexto de desatención que predomina en nuestras instituciones públicas y privadas, algunas organizaciones calculan que aproximadamente el 25% de los niños con condiciones del espectro autista empezarán a hablar y a comunicarse a los 2 o 3 años de edad, mientras que el restante 75% mejorará pero siempre necesitara el apoyo de un adulto. Todo ello, impactando a más de 40 mil familias cada año, debido a que las desventajas socioeconómicas tienden a profundizarse por los costos de cuidado; a que la unidad familiar es proclive a erosionarse por la dificultad para aceptar la situación que necesariamente modifica dinámicas y en algunos casos roles familiares; a que la falta de oportunidades para financiar tratamientos; a que la planeación nutrimental específica que puede mejorar la salud y estabilizar el comportamiento de la persona con autismo esta poco difundida, y a que el costo en tiempo, estabilidad emocional y recursos para materializar el derecho a la educación es alto y muchas veces insostenible.

En consecuencia, las personas con este reto de vida, además de verse obligadas a salvar una desventaja para estructurar la comunicación, se ven agredidas por una serie de mitos e ideas falsas sobre su condición, pues la ignorancia y el prejuicio les han atribuido comportamientos violentos y estereotipados sobre sus capacidades y modo de interacción. De este modo, la gente en nuestro país por lo general piensa que estas personas viven “encerradas en su mundo”, cuando somos nosotros los que vivimos aislados en la ignorancia y la violencia con que lastimamos sus derechos a través de expresiones, acciones y actitudes.

Es increíble que hoy tengamos que estar recordándole a la sociedad que las personas con espectro autista no son insensibles al rechazo o el dolor, simplemente lo expresan de otra manera. Por ello, debemos concientizar a nuestra población para que entienda definitivamente que las personas con características del espectro autista sienten, sufren y luchan como cualquier otro ser humano, la diferencia está en la capacidad de expresar sus emociones y pensamientos.

Las repercusiones de la situación de desventaja en que constantemente recae la población con este tipo de diagnósticos y las consecuencias de nuestras debilidades institucionales y de capital humano en la materia, tienen un impacto aún no definido que por lo menos puede abarcar cuatro áreas de oportunidad que son:

Primero: La falta de profesionales de la salud aptos y capacitados para el diagnóstico de autismo y otros trastornos del neurodesarrollo como son los paidopsiquiatras, pediatras en neurodesarrollo, neurólogos y otros especialistas en desarrollo neurológico. Ello limita las posibilidades de un registro adecuado de diagnósticos y nos mantiene ajenos a la información confiable sobre la población que debe ser apoyada con programas, servicios y atención. Derivado de esta situación, las acciones de gobierno y el desarrollo de nuestras instituciones se basa en estimaciones muy bajas, situación que nos permiten pensar en que una gran cantidad de personas que tienen este tipo de condiciones, se ven forzadas a pelear en solitario contra una gran cantidad de adversidades. Ello, al no haber tenido la atención necesaria, ni oportuna por no contar con un diagnóstico adecuado.

Para entender un poco la relevancia de este primer punto debe recordarse que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a partir de la información que aportan los países, fiable o no, el producto de uno de cada 160 nacimientos, tiene alguna característica del espectro autista. En contraste, autoridades estadounidenses, afirman que la prevalencia es distinta en cada país y que en el caso de nuestro vecino del norte, es de una persona entre cada 65 nacimientos y de acuerdo con estudios del hospital Juan N. Navarro, en nuestro país la prevalencia es en uno de cada 68 nacimientos. Ello indica una deficiencia grave para medir las dimensiones del problema y evidencia una necesidad mucho mayor a la reconocida por nuestras autoridades y presupuestada por nuestras instituciones.

Segundo: La falta de programas, capital humano e infraestructura necesaria para atender a personas con trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el autismo, así como para apoyar a sus familias desde etapas tempranas que pueden ser desde recién nacidos y lactantes. Esta desventaja, deteriora considerablemente las posibilidades de disminuir los impactos negativos de la condición.
Tercero: La falta de apoyos de sociedad civil y gobierno para orientar el cuidado y atención a personas con esta condición y generar contextos en los que los padres y, especialmente las madres solteras, no se vean obligados a optar entre trabajar o atender a sus hijos, generando en la mayoría de los casos el pronunciamiento de desventajas sociales y violencia económica.

Cuarto: A pesar de que a nivel mundial no se ha encontrado la explicación de este tipo de condiciones, ni existe una correlación clara y científicamente aceptada entre las posibles causales del incremento en la incidencia de personas con estas características. Hoy, se pueden encontrar áreas de oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud, en aspectos que han mostrado correlaciones muy débiles con esta y otras condiciones de desarrollo neurológico como pueden ser aspectos genéticos; factores prenatales como diabetes gestacional e hipertensión por nombrar algunos; perinatales como un trabajo de parto prolongado, expulsivo prolongado, ruptura prematura de membranas; problemas postnatales como prematurez, asfixia; hipertensión durante el embarazo, entre otras que inciden en trastornos del neurodesarrollo. El hecho es que hasta lo que se sabe, puede tener un origen multifactorial pero mientras nuestras instituciones y especialistas no se coordinen, no podremos atajar este y otros retos en materia de salud.

Entre las consecuencias directas de estas cuatro consideraciones, está la posibilidad de que una cantidad desconocida de la población de nuestro país no ha alcanzado su potencial, ni lo alcanzará, debido a que no ha sido diagnosticada, no recibe el tratamiento o no lo recibió a tiempo. Además, diagnosticados o no, el impacto social de que las madres tengan que dejar de trabajar porque no pueden apoyar a sus hijos o de tener hijos con problemáticas acentuadas por la falta de tratamiento adecuado, deteriora el nivel de vida de nuestra gente.

Ante esta realidad que muchos hemos sentido, ante la necesidad de apoyar a quienes lidian con estas problemáticas y a quienes han impulsado los apoyos a personas con condiciones del espectro autista desde hace décadas, estamos quienes desde nuestras trincheras queremos sumarnos a conocer más esta situación y coadyuvar, en la medida de lo posible en el mejoramiento de nuestro marco normativo y de las condiciones de vida de millones de personas implicadas, directa o indirectamente, con retos derivados del autismo.

Las áreas descritas, no son las únicas y a lo largo de consultas con académicos, padres de familia, especialistas y la realización de un foro fue posible recoger diversas ideas y observaciones sobre aspectos institucionales y sociales por mejorar que nutrieron la propuesta que se ofrece en esta iniciativa.

Con este ánimo, las proposiciones planteadas en este documento tienen el objetivo de coadyuvar en el desarrollo institucional de nuestro país, desde el Poder Legislativo, pero sin colores, ni ideologías, con la simple intención de ayudar a las niñas y niños con estas condiciones, a las madres trabajadoras, a los padres abnegados, a las familias mexicanas y a nuestra sociedad para aceptar y facilitar la integración de personas con condiciones del espectro autista y aprender de ellos y su esfuerzo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 7, 10, 13, 14 Y 16 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para quedar como sigue:

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de Ciudad de México, con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y fomentarán su difusión.

Artículo 7. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán, respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias, acciones y seguimiento de las mismas, orientadas a las mejorar la calidad de vida de las personas que presentan alguna condición del espectro autista y a apoyar al padre, madre o tutor, así como las respectivas previsiones presupuestarias.

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I.….

II.….

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud elaborada por un neurólogo, paidopsiquiatra, pediatra con especialidad en neurodesarrollo o psicólogo con preparación académica comprobable y más de 3 años de experiencia en diagnóstico y atención a personas con esta condición;

IV….

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación, mismas que tendrán que ser realizadas por especialistas en psiquiatría infantil y neuropedriatria.

VI. a VIII….

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente.

Será obligación de las instituciones públicas y privadas de educación regular matricular a niñas, niños y adolescentes con la condición del espectro autista que así lo soliciten y capacitar a los docentes, con el objetivo de proporcionarles una educación de calidad y una plena inclusión.

X  a  XXII. ….

Artículo 13. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal:

I. a VI. ….

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Neurología y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán invitados permanentes de la Comisión.

….

….

….

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la Secretaría quien deberá promover la difusión de los programas en materia de autismo y de los derechos consignados en la presente ley.

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. a   IV. ….

V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de atención de las personas con la condición del espectro autista;

VI. Promover la difusión de los programas y del trabajo realizado con respecto a la atención a personas con la condición de autismo en los tres ámbitos de gobierno, y

VII. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 16. La Secretaría coordinará a los Institutos Nacionales de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y demás organismos y órganos del sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones:

I. a III

IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda, de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, hospitalización, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el servicio de hospitalización;

V. a VII.….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para la entrada en vigor del presente decreto, se considerarán a las Alcaldías de la Ciudad de México hasta que sean electas sus autoridades en 2018, mientras tanto, en su lugar estarán contempladas las jefaturas de las 16 demarcaciones territoriales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. María Elena Orantes López.- Dip. Kathia María Bolio López Pinelo.- Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace catorce años el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un diagnóstico sobre la situación de esta clase de prerrogativas en México. Se trató de un documento amplísimo que abarcó diversos ámbitos como la seguridad pública, el sistema de justicia y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros muchos.

Con relación al servicio de defensoría de oficio, el diagnóstico reportó lo siguiente:

“En general, en las entidades federativas las defensorías funcionan de manera muy deficiente. Cuentan con muy poco personal, extraordinariamente mal pagado y con excesivas cargas de trabajo. Es un hecho de conocimiento público que muchas veces los abogados de oficio se presentan solamente a firmar las diligencias a las que ni siquiera han asistido, su actuación no constituye una verdadera defensa del procesado o procesada, sino una formalidad que se debe cumplir, pero sin ningún contenido real. En raras ocasiones interponen algún recurso y se limitan a hacer lo mínimo. Se puede afirmar que la mayoría de la gente pobre que se ve obligada a recurrir a la defensoría de oficio, no tiene defensa en un juicio penal…”

A pesar de los años transcurridos, las afirmaciones contenidas en el referido documento conservan su vigencia, dado que no es mucho lo que se ha avanzado en este rubro del sistema de justicia mexicano. Hablamos de defensores mal pagados y peor reconocidos socialmente, de oficinas lúgubres y mal equipadas, presupuestos insuficientes, carencia de personal auxiliar y cargas de trabajo excesivas. Nos referimos a espacios públicos en los que lo que menos importa es la defensa de los más necesitados y donde sólo se cumple de manera formal con un requisito constitucional, pero no con un imperativo humanitario.

La situación existente nos ubica todavía muy lejos del ideal de Ponciano Arriaga quien, al proponer en 1847 la institución de los Procuradores de los Pobres en  San Luis  Potosí,  logró  la  creación  de  una  entidad  encargada  de  “ocuparse

exclusivamente (sic) de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltrato o tropelía que contra ellos se cometieren…”1

Las carencias de que hablamos constituyen una franca transgresión a los derechos humanos reconocidos en diversas convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, tales como, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos el cual establece en su artículo 8, numeral 2, que toda persona inculpada de delito tiene derecho durante los procesos penales a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con éste.

De igual forma, estamos ante una transgresión a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población.

Ahora bien, ¿de qué tamaño es el problema al que nos estamos refiriendo? Tan sólo por citar el caso de la ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 10/2014,2 en la cual se consignan el siguiente panorama:

• El número de servidores públicos no guarda relación con el número de personas que pueden necesitar su intervención durante el proceso penal;

• Los defensores de oficio asignados al área penal no cuentan con personal especializado y de apoyo suficiente, ni espacios propios y dignos para brindar sus servicios;

• Sólo en contados casos se forman expedientes y los datos se asientan en libros de control, los cuales no están foliados y no se da cuenta de la fecha de inicio y cierre;

• El 60% de las personas cambia a su defensor de oficio porque no hizo lo suficiente para defenderlo; el 53% refirió que el abogado de oficio no hizo nada para defender al acusado, y el 60% mencionó que su abogado no lo asesoraba antes de las audiencias;

• En la mayoría de los casos, la defensa se ejerce sin dar explicaciones a la persona procesada o a su familia, lo que provoca cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos penales;

• Quienes se desempeñan como defensores públicos padecen un desconocimiento generalizado sobre los avances tecnológicos que se materializa en una desventaja procesal;

• No se analizan debidamente los casos, no se establece una estrategia de defensa, no se ofrecen los elementos probatorios idóneos o no se formulan los recursos adecuados para la defensa de los usuarios de los servicios de la defensoría.

Dicho panorama, lejos de ser excepcional, constituye una constante en diversas entidades federativas, toda vez que, hay que reconocerlo, para muchos gobernantes resulta poco rentable políticamente asignar recursos para la defensa de los imputados cuando existe entre la opinión pública un deseo de justicia rayano en la venganza en contra de quienes cometen cualquier clase de ilícitos, lo que ha llevado en no pocos casos hasta la realización de linchamientos.

Injusto sería decir que nada se ha hecho al respecto, y una muestra de lo anterior lo es todo lo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, dependencia adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, la cual se ha destacado por la seriedad de su servicio civil de carrera, la dignidad de sus espacios y emolumentos y su capacidad para reconocer y proveer a los defensores de todos los elementos necesarios para la realización de su grave encomienda. Empero, tal esfuerzo se distingue por su soledad pues, insistimos, son muchas las entidades en donde todo esto no pasa de ser una entelequia.

Ahora bien, la situación de postración a que se encuentran sometidas las defensorías públicas también se explica a partir de la dependencia orgánica que tienen respecto de los poderes de las entidades federativas, sea que se encuentren supeditadas al Ejecutivo o al judicial, toda vez que en ambos casos los fines de estos no son compatibles con los de una adecuada defensa, sea porque uno prefiere mostrar dureza frente a los delincuentes, o porque los juzgadores ven al defensor adscrito a su juzgado como un empelado más, cosa totalmente ajena a los fines para los cuales fue instituida la defensoría pública.

En este sentido, cobra importancia la idea de otorgar independencia a la defensoría púbica, tal y como ya ocurre en otros estados federales, como, por ejemplo, Brasil, en donde los abogados obtuvieron para sí mismos el beneficio de la autonomía frente a los otros poderes públicos para así desarrollar adecuadamente su labor, libres de las presiones de las autoridades investigadoras o de los jueces que se niegan a ser controvertidos a causa de sus malas decisiones.

El modelo de autonomía que se propone es respetuoso de la autonomía de las entidades que componen el pacto federal, toda vez que deja a los Estados en libertad de elegir por éste, lo que hace que no se parta de la generalización de los vicios que atacan a la defensoría, sino que permite que cada uno haga las adaptaciones que considere pertinentes, a partir de los logros y retos que se presenten en cada caso en particular.

La revalorización de la defensoría pública resulta impostergable y trascendente, dada la reciente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, en el que los abogados, tanto fiscales como defensores, quedan expuestos al escrutinio público y sin margen para la improvisación, tal y como ocurría con el modelo inquisitivo vigente hasta 2016.

Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

 


Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, el cual será brindado de forma preferente por organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17.-

“…

“…

“...

“…

“…

“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, el cual será brindado de forma preferente por organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

“…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3187/17.pdf>, el 9 de junio de 2017 a las 19:50 horas.

2 Consultado en <http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/10/reco_1410.pdf>, el 9 de junio de 2017 a las 20:13 horas






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA CAMBIAR DE DENOMINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES A SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, E INCLUIR UN LENGUAJE NEUTRAL Y NO SEXISTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El lenguaje es un reflejo de las concepciones con las que se construye la realidad. Buena parte de los estudios lingüísticos y la filosofía del lenguaje en el siglo XX constató que la percepción de diversos fenómenos sociales tiene gran carga lingüística. Esta manera de aproximarse a los acontecimientos constituyó el llamado “giro lingüístico” y ha tenido repercusiones en las ciencias, el arte y las humanidades.

El análisis del lenguaje ha indicado que el pensamiento se ajusta a lo que conoce mediante las palabras. Esto se traduce en la máxima del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Por esa razón aquello que no se nombra no se conoce, y en consecuencia no existe Dentro de los estudios feministas y el deconstructivismo, se ha asegurado que la construcción del lenguaje está en función de los sesgos de dominación y hegemonía. En particular, una de las estructuras de dominación con mayor presencia es el machismo. Muestra de ello es el idioma español que está lleno de referencias androcentristas, como denominar las generalizaciones en género masculino. Así, la palabra “todos”, en el inconsciente colectivo hace referencia tanto a hombres como a mujeres.

La Real Academia de la Lengua Española ha explicado este fenómeno de la siguiente manera:

En los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: El hombre es el único animal racional; El gato es un buen animal de compañía. Consecuentemente, los nombres apelativos masculinos, cuando se emplean en plural, pueden incluir en su designación a seres de uno y otro sexo: Los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales; En mi barrio hay muchos gatos (de la referencia no quedan excluidas ni las mujeres prehistóricas ni las gatas). Así, con la expresión los alumnos podemos referirnos a un colectivo formado exclusivamente por alumnos varones, pero también a un colectivo mixto, formado por chicos y chicas. A pesar de ello, en los últimos tiempos, por razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la costumbre de hacer explícita en estos casos la alusión a ambos sexos: «Decidió luchar ella, y ayudar a sus compañeros y compañeras» (Excélsior [Méx.] 5.9.96). Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva; así pues, en el ejemplo citado pudo -y debió- decirse, simplemente, ayudar a sus compañeros. Solo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros: La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo progresivamente; En las actividades deportivas deberán participar por igual alumnos y alumnas. Por otra parte, el afán por evitar esa supuesta discriminación lingüística, unido al deseo de mitigar la pesadez en la expresión provocada por tales repeticiones, ha suscitado la creación de soluciones artificiosas que contravienen las normas de la gramática: las y los ciudadanos.1

Pero dicha explicación es insuficiente para poder dar cuenta de la gran complejidad que tiene el lenguaje. Al respecto es importante la reflexión siguiente:

[…] el sector masculino ha asumido como un derecho incuestionable el asumirse como el único referente y el único modelo de la ciencia, el único sujeto de derecho en las leyes, el único sujeto pensante capacitado para tomar las decisiones de un gobierno, y el único al que valía la pena reconocerle su obra, y, por tanto, el único que merecía ser nombrado, práctica que aún se percibe como “lo correcto” o “lo normal”. En suma, cada una de estas prácticas, en lo privado y en lo público, han contribuido a que la población masculina se adjudique la condición de ser el representante de la humanidad.2

De las manifestaciones machistas en el lenguaje se encuentra el androcentrismo de las profesiones de prestigio. Existen algunas actividades que tienen gran prestigio social como la medicina o la construcción, por ello, en el campo de la salud se nombran médico o doctor a quienes ejercen esta profesión sin importar si es hombre o mujer. Y, por otra parte, la actividad de la enfermería se caracteriza por predominar las enfermeras e invisibilizar el trabajo masculino en esta área, ya que no tiene tanta relevancia en la sociedad. Ejemplo de ello es el día de la enfermera, conmemorado cada 6 de enero, y que hasta hace poco se le ha denominado “día de la enfermera y el enfermero”.

En el ámbito de las ciencias, las mujeres históricamente han tenido una participación muy baja. Las actividades intelectuales han gozado de gran prestigio social, y quienes representan a estas disciplinas son hombres. En contrapartida, las mujeres han tenido diversas barreras, incluso jurídicas, para acceder a la educación y a las ciencias. La marginación de las mujeres en la ciencia se ve, incluso, en la poca resonancia de sus atribuciones.

En los premios Nobel, que sirven para reconocer las contribuciones a distintos campos del conocimiento desde 1901, sólo cuarenta y ocho mujeres han obtenido el galardón, en contraste con 822 hombres. Pero si se restan trece de la categoría de literatura y dieciséis ganadoras del premio Nobel de la paz, se reducen drásticamente los premios en las áreas científicas. Sólo once en fisiología o medicina, cuatro en química, dos en física y una en economía.3

En México la tendencia es similar. Los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, entregados desde 1961, han condecorado a 37 mujeres, frente a 179 hombres.

El Premio Nacional de las Ciencias y Artes, que es el máximo galardón del gobierno mexicano, y es entregado desde 1945, sólo ha reconocido a dos mujeres en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales: Linda Silvia Torres Castilleja, en 2007, y Estela Susana Lizano Soberón en 2012, mientras que, en la categoría de Tecnología y Diseño, se ha otorgado el reconocimiento a las tres mujeres siguientes: María Mayra de la Torre Martínez en 1988, María Luisa Ortega Delgado en 1996, y María de los Ángeles Valdés Ramírez en 2008.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Investigadores es un programa que aglutina a todas las personas dedicadas a la investigación del país. Su propósito es promover la actividad creativa y aumentar la calidad de sus trabajos. En 2014 había 21,358 integrantes del SNI, de los cuales 65% eran hombres y 35% mujeres. Esta baja presencia denota los retos para la inclusión de las mujeres en la ciencia.4

En razón de lo anterior, es necesario fortalecer la investigación en el país y promover la inclusión de más mujeres. Una de las maneras de eliminar las barreras socioculturales de la participación de las mujeres en la ciencia es reivindicar su papel y evitar los estereotipos en las instituciones.

La presente iniciativa tiene como finalidad principal modificar el nombre del Sistema Nacional de Investigadores por el Sistema Nacional de Investigación. Esta adecuación no sólo es gramatical, sino que constituye un cambio de concepción en la ciencia y tecnología en el país. Al cambiar el nombre se reconoce que el Sistema promueve la actividad que hacen las personas, distinto a encumbrar a un sector de la población.

El objetivo secundario es cambiar las referencias hacia los investigadores a personal de investigación para incluir un lenguaje neutral y no sexista que tenga como finalidad reconocer las labores de las investigadoras. En suma, esta iniciativa no se limita a cambiar denominaciones, sino que es parte de la reivindicación simbólica de la lucha de las mujeres.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que sea turnada la presente proposición con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 2 fracción I, 4 fracción XIV, 12 fracciones V y XVIII, 21 fracción II inciso b, 22, 24 fracción V, 25 segundo párrafo de la fracción V, 30, 35 tercer párrafo de la fracción VI, 36 fracción II y párrafo segundo de la fracción V, 43, 45, 50 fracción IV, 51, 52, 56 fracciones I, X, XVII y XVIII, 64, 67 y 69 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de personas dedicadas a la investigación y desarrollo de tecnología para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos;

Artículo 4.

I. a XIII.

XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de las personas dedicadas a la investigación o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje especializado.

Artículo 12.

I. a IV.

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de personas dedicadas a la investigación y tecnología;

VI. a XVII.

XVIII. Se fomentará la promoción y fortalecimiento de centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación para niños, niñas y jóvenes;

XIX. a XX.

Artículo 21.

I.

II.

a)

b) Formación e incorporación de personas dedicadas a la investigación, tecnología, así como profesionales de alto nivel,

c) a g)

III. a V.

Artículo 22.

Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las nuevas plazas para personal de investigación y la nueva infraestructura para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su presentación y aprobación por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo General.

Artículo 24.

I. a IV.

V. El objeto de cada fondo invariablemente será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para: actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y modernización tecnológica; el registro nacional o internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen; la vinculación de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servicios; la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigación o centros de investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a quienes se dedican a la investigación y tecnología, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

Artículo 25.

I. a V.

Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una comisión de evaluación en la que participarán investigadores e investigadoras del ámbito científico, así como personas dedicadas al desarrollo de la tecnología del sector correspondiente designados de común acuerdo entre la entidad y el CONACyT.

Artículo 30.

El CONACyT promoverá la conformación y el funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Dicha Red tendrá por objeto definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigación y fomentar la movilidad entre éstos; proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento.

Artículo 35.

I. a VI. 

Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una comisión de evaluación en la que participarán personas representantes del sector científico y tecnológico preferentemente de la entidad correspondiente designados de común acuerdo entre la entidad y el CONACyT.

VII.

Artículo 36.

I.

II. Estará integrado por personas dedicadas al desarrollo de la ciencia y tecnología, del sector empresarial y por representantes de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, de manera voluntaria y honorífica;

III. a IV.

V.

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título personal, serán personas dedicadas a la investigación, representantes uno de ellos de las ciencias exactas o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería o tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres años y serán seleccionados por los propios miembros del Sistema Nacional de Investigación, a través de convocatoria que expidan conjuntamente el CONACyT y el Foro Consultivo, la que cuidará se logre un adecuado equilibrio regional.

VI. a VIII.

Artículo 43.

Con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de investigación asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza. Las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que su personal académico y de investigación participen en actividades de enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, investigación o aplicación innovadora del conocimiento.

Artículo 45.

Los estímulos y reconocimientos que el Gobierno Federal otorgue al personal académico por su labor de investigación científica y tecnológica, también propiciarán y reconocerán la labor docente de quienes los reciban.

Artículo 50.

I. a III.

IV. El objeto del fondo será financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados, la generación de propiedad intelectual y de inversión asociada para su potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, el otorgamiento de incentivos extraordinarios al personal de investigación que participen en los proyectos, y otros propósitos directamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación aprobados. Asimismo, podrá financiarse la contratación de personal por tiempo determinado para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación, siempre que no se regularice dicha contratación posteriormente. En ningún caso los recursos podrán afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad. Los bienes adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con recursos de los fondos formarán parte del patrimonio del propio centro. La contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo a los recursos autogenerados de los fondos, será conforme a las reglas de operación de dichos fondos; a los criterios, procedimientos y mecanismos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de los centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso, estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

V. a VI.

Artículo 51.

Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de educación, Centros y entidades, así como del personal académico, de investigación y especializado adscrito a la institución, Centro o entidad, que participen en la parte sustantiva del proyecto.



Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar al personal académico, de investigación y especializado que los haya generado hasta 70% de las regalías que se generen.

Artículo 52.

El personal de investigación de todos los centros públicos de investigación, tendrán entre sus funciones la de impartir educación superior en uno o más de sus tipos o niveles.

Artículo 56.

I. Aprobar y evaluar los programas, agenda y proyectos académicos, de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a propuesta del director o su equivalente y del personal de investigación del propio centro;

II. a IX.

X. Establecer el sistema de profesionalización del personal de investigación con criterios de estabilidad y carrera en la investigación, dentro de los recursos previstos en el presupuesto;

XI. a XVI.

XVII. Establecer las bases y criterios generales que deberá observar el personal de investigación que concluya su empleo, cargo o comisión en los Centros, para el eventual uso y aprovechamiento de la información que éstos hubiesen conocido o generado durante o con motivo de su desempeño como personal de los Centros, en los casos en que una vez separados de los Centros, decidan colaborar en forma inmediata con otra dependencia o entidad, pública o privada.

XVIII. Definir la información que corresponda al centro público de investigación y que debe considerarse de carácter confidencial para efectos de apropiación, así como las bases y mecanismos para su uso, disposición, protección y resguardo por parte del personal de investigación, y

XIX.

Artículo 64.

El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, personas dedicadas a la enseñanza, la academia, la investigación, la ciencia, tecnología y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales.

Artículo 67.

El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales a los educandos, personas dedicadas a la enseñanza, la academia, la investigación, la ciencia, tecnología y población en general.

Artículo 69.

El personal académico, de investigación, tecnólogo, y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el CONACyT.

SEGUNDO. Se reforman los artículos 2 fracciones II, VIII, XI, XIX, XX, XXV y XXVIII inciso C, 5, 6 fracción IV, 9 fracción IX, 13 fracción III de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.

I. …

II. Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de grupos de investigación en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta, sociales, biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías;

III. a VII.

VIII. La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigación, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna.

IX. a X.

XI.

Para ello, el CONACyT deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre el personal de investigación del país y las organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación del sector educativo en materia de cultura científica y tecnológica;

XII. a XVIII.

XIX. Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los centros públicos de investigación;

XX. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos;

XXI. a XXIV.

XXV. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados por las personas dedicadas a la investigación, tanto nacionales como extranjeras que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación;

XXVI. a XXVII.

XXVIII.

A. a B.

C. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

D. a E.

XXIX. a XXX.

ARTÍCULO 5.

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a un miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos integrantes del Sistema Nacional de Investigación en funciones, preferentemente de los dos niveles superiores y a dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACyT. Cada miembro propietario contará con un suplente.



ARTÍCULO 6.

I. a III. …

IV. Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigación que para tal efecto le presente el Director General;

V. a XVIII. …

ARTÍCULO 9.

I. a VIII.

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigación, las cuales establecerán sus objetivos, funciones y forma de organización;

X. a XVII.

ARTÍCULO 13.

I. a II.

III. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban ayuda del CONACyT, serán materia de regulación específica en los contratos que al efecto se celebren, los que incluirán las reglas y los porcentajes para la participación de regalías que correspondan a las partes, en los que se protegerán y promoverán los intereses del país, los del CONACyT, del personal de investigación y, en caso de que los hubiere, de otros aportantes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá tres meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias que se ajusten a este decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 “Género”, Diccionario Panhispánico de Dudas, Disponible en: http://lema.rae.es/dpd/?key=g%C3%A9nero

2 Guichard Bello, Claudia, Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente, México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2015, pp. 57 y 58.

3 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html

4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación, 2014, p. 58.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para lo cual presento la siguiente:

CONSIDERACIONES

El bullying es un problema social en nuestro país; y se le define como:

Una conducta violenta entre dos menores de edad y se genera principalmente en escuelas. Cuando un individuo es sometido a maltratos físicos, psicológicos o verbales por largos periodos, estos tienden a aumentar la agresividad del acosador y causan en el afectado una grave disminución de la autoestima y una sensación de terror. Esto, a su vez, orilla al menor a aislarse de sus compañeros, volviéndose blanco de más conductas agresivas que derivan incluso, por una u otra circunstancia, en la muerte. En los últimos dos años el término bullying se ha utilizado como sinónimo de acoso o maltrato escolar y ha cobrado mayor importancia en la sociedad.1

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país, ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, es decir, que afecta a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. 2

“La Secretaría de Salud estima que actualmente, más del 59 por ciento de los suicidios podrían ser ocasionados por el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente en entidades como:

• Estado de México,

• Jalisco,

• Ciudad de México,

• Veracruz,

• Guanajuato,

• Chihuahua,

• Nuevo León,

• Puebla y

• Tabasco”.3

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que al menos un 92 por ciento de las niñas, niños y adolescentes, que fueron encuestados en todo el país por esta organización, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros.4 Para la Unicef el acoso laboral, se define como:

“Tipo de violencia en que evolucionan las agresiones de los menores, recalcando que su finalidad es hacer dañar física o moralmente, generar sumisión, intimidación y aislar a las víctimas. De lo que se ha observado del maltrato escolar, es que las constantes agresiones empiezan principalmente en la escuela, lugar donde los niños pasan más tiempo juntos, aunque en otras ocasiones la violencia es ejercida por los vecinos de su vivienda, cuyo principal problema crece, irónicamente, por el desarrollo tecnológico, tan es así que en la actualidad las distancias se reducen gracias al internet, por lo que los ataques se han trasladado a las redes sociales o a los mensajes por celular”.5

Es por esto, que frente a este panorama, es fundamental establecer estrategias que atenúen el fenómeno de violencia escolar en nuestro país, esto, con la finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que ha tomado fuerza y que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones de los derechos humanos, situación que los pone en riesgo.

Otro de las problemáticas que encontramos en nuestra actualidad, es el acoso cibernético o también denominado ciberbullying.

El ciberbullying o ciber acoso:

“Es el uso de los medios telemáticos (internet, telefonía móvil y videojuegos online, principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí del acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni casos donde personas adultas intervienen. Para ser considerado como tal tiene que haber menores de edad en ambos extremos del ataque; si hay algún adulto, entonces estamos ante otro tipo de violencia”.6

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:

- Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones.

- Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares.

- Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales…

- Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.

- Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos…

- Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su intimidad.

- Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima.

- Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso.

- Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de completo agobio.7

Lo anterior, sustenta que el suicidio entre menores de edad (de entre 5 y 13 años, principalmente), se ha incrementado no sólo en el ámbito escolar, sino que ahora los menores son humillados y maltratados a través de las redes sociales.

Por ello, solicito que sean las autoridades educativas de los tres niveles: federal, locales y municipales, quienes trabajen en equipo, dentro del ámbito de sus atribuciones, y promueva campañas educativas tendientes a la disminución del acoso escolar dentro de las aulas; no podemos permitir que nuestros niños sigan con ideas tendientes al suicidio por factores externos o ajenos a un ambiente pertinente en el seno de su hogar, escuela o entre sus compañeros.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO VIII, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso VIII, recorriendo los subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I a VII…

VIII.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar campañas educativas tendientes a la disminución del acoso escolar dentro de las aulas.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

2 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

3 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

4 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

5 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

6 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf

7  El ciberbullying. http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y EL ARTÍCULO 37, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y EL ARTÍCULO 37, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DEL EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El silencio administrativo opera en el caso de inactividad por falta de resolución en los procedimientos administrativos, por parte de la administración pública. En sentido estricto sólo se da el silencio administrativo en los casos de procedimientos iniciados a instancia del interesado o por su solicitud, en los que la administración pública tiene que responder a la petición del particular.

El silencio de la Administración frente a una petición puede ser:

1. Positivo o Estimatorio, denominado también como afirmativa ficta

2. Negativo o Desestimatorio, denominada también como negativa ficta

La teoría procesal administrativa1 establece que se configura el silencio positivo o estimatorio, cuando después de transcurrido el plazo para que la autoridad emita una resolución administrativa, generalmente de 3 meses, sino hay notificación por parte de la administración, se entenderá estimada por silencio positivo, a excepción de los supuestos en los que normas con rango de ley establezcan lo contrario.

La estimación por silencio administrativo se considera como “un acto presunto de la administración y finalizador del procedimiento”.2

De conformidad con la fracción XV, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el silencio negativo o desestimatorio se dará:

1. Las que se configuren por negativa ficta en la materia administrativa competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

2. Por el transcurso del plazo que señale el Código Fiscal de la Federación,

3. Por el transcurso del plazo que señale la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, o,

4. Las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

En ambos casos, tanto en la afirmativa como en la negativa ficta, el silencio administrativo se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho o solicitando el certificado acreditativo del silencio ante el órgano competente para resolver. Este certificado ha de emitirse en el plazo de 15 días desde su solicitud, si la Administración no lo emite el interesado se verá obligado a recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que condene a la Administración a entregar tal certificado.3

II. Negativa ficta

En sentido estricto, la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, la cual será en sentido negativo de la petición o instancia formulada por escrito, por persona interesada, cuando la autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado período.4

El objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente, de suerte que no sea indefinida la conducta de abstención asumida por la misma, sino que al transcurrir cierto tiempo desde la fecha de presentación de la solicitud, petición o instancia, el legislador ha considerado que esa actitud pasiva del órgano hace presumir que su decisión es en sentido negativo para el peticionario

De la atenta lectura de los artículos 37, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación; fracción XV, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprende que cualquier petición formulada a la autoridad administrativa, incluida la fiscal, que no sea contestada en un plazo de tres meses se considerará resuelta de forma negativa y, por ende, que al ser esta materia del conocimiento exclusivo del citado tribunal podrá impugnarse ante él, es indudable que la falta de contestación en el lapso indicado a la solicitud formulada, configura una negativa ficta que causa agravio al contribuyente, de manera que éste podrá acudir, en defensa de sus intereses, ante el citado órgano jurisdiccional administrativo.

Además, a través de la impugnación de esa negativa ficta por el interesado, se podrá obligar a la autoridad a que en la contestación dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en que sustente aquélla, esto es, si bien es cierto que la facultad de la autoridad hacendaria para cancelar o no aquellos actos es discrecional, también lo es que dicha atribución no es arbitraria, por lo que está sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación aludidos; de lo contrario, se llegaría al extremo de dejar en estado de indefensión al particular por el simple hecho de considerar que la autoridad fiscal responsable goza de facultades discrecionales, de manera que ésta debe emitir una resolución en donde se haga del conocimiento del gobernado las causas por las cuales deniega la petición hecha en la solicitud relativa y fundar la facultad discrecional que tenga para no hacerlo.5

III. Justificación de la negativa ficta por la afirmativa ficta en las disposiciones legales de derecho administrativo

Como se ha explicado previamente, la negativa ficta sirve para justificar en sentido negativo el silencio administrativo de la autoridad. Ahora bien, el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, transita necesariamente por eliminar las herramientas que pueden ser utilizadas por la autoridad de manera arbitraria para justificar su ineficiencia y, con ello, generar incertidumbre en los ciudadanos.

Por ejemplo, en opinión del Mtro. Fauzi Hamdan Amad, “el mejor antídoto contra la corrupción es muy simple, tan simple que ha pasado desapercibido”, señala el abogado que dicho antídoto es reformar, “la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con el propósito de que al tener lugar el silencio administrativo, esto es de no responder la autoridad en un plazo determinado (tres meses) opere siempre la afirmativa ficta”.6

La reforma propuesta tendrá el objetivo esencial de brindar certeza jurídica a los ciudadanos en las resoluciones administrativas de la autoridad, que con ello se verá obligada a agilizar sus resoluciones dentro del plazo de tres meses. Con ello se hace efectivo en materia administrativa, el principio de interpretación constitucional pro persona, en los términos del segundo párrafo del Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, es decir, se expande la eficacia de los derechos humanos de los ciudadanos en materia administrativa.

Aunado a lo anterior, en el marco de la Opinión Consultiva 5/85 en que el juez Rodolfo Piza Escalante articuló lo que parece ser la primera definición del principio pro persona, antes conocido como principio pro homine. En continuidad con esta línea de pensamiento, el juez Piza Escalante volvió a pronunciarse respecto del entonces principio pro homine un año después, en el marco de la Opinión Consultiva 7/86, que interpretó el contenido de los artículos 1.1., 2, y 14.1 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos.

En ese fallo, el juez Piza afirmó que:

“el criterio fundamental es el que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. Ese criterio fundamental –principio pro homine del derecho de los derechos humanos–, conduce a la conclusión de que su exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, y su condicionamiento la excepción, de manera que si, en los términos en que está definido por la Convención el derecho de rectificación o respuesta, podría ser aplicado aun a falta de las referidas condiciones que establezca la ley’, es un derecho exigible per se”7

Dicho derecho de rectificación o respuesta, a la luz de las referidas disposiciones de la Convención Americana, debe ser entendido como el derecho fundamental a la réplica en nuestro marco jurídico. De manera análoga cabe interpretar dicho criterio en materia administrativa del siguiente modo, a falta de disposición administrativa establecida en ley la afirmativa ficta debe operar automáticamente como un aplicación directa de la interpretación pro persona del derecho fundamental, el obtener una respuesta inmediata por parte de la autoridad.

Como menciona el Mtro. Hamdan Amad, la corrupción “disminuiría significativamente, sin embargo, en caso de que ocurra que un servidor público no responda lo solicitado por el particular y deje pasar el plazo, para que tenga lugar la afirmativa ficta, sería suficiente para que ese servidor público sea destituido de su cargo”8.

Para una mayor comprensión de la reforma, anexamos un cuadro comparativo de la iniciativa:

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Iniciativa

Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.


En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido afirmativo.

Código Fiscal de la Federación

Iniciativa

Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte…

Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió afirmativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte…

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Iniciativa

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I – XIV…

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;…

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I – XIV…

XV. Las que se configuren por afirmativa o negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva o negativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;…

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Senado la República, la siguiente:

PROPUESTA DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido afirmativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 37, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió afirmativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte…

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I – XIV…

XV. Las que se configuren por afirmativa o negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones  aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva o negativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Consultado el 15 de mayo de 2017 en: http://www.rydabogados.com/que-es-el-silencio-administrativo/

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Cfr. Díez, M. M., El acto administrativo, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1956 disponible en: http://mexico.leyderecho.org/negativa-ficta/

5 Cfr. Tesis 2a./J. 81/2001, NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 72, Segunda Sala; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 350.
Consultado en: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/921/921823.pdf

6 http://habitatmx.com/2017/05/03/camino-por-andar-2/

7 Consultado el 15 de mayo de 2017 en:
http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf

8 http://habitatmx.com/2017/05/03/camino-por-andar-2/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II “CONVENIO BILATERAL DE SUSTITUCIÓN TRABAJADOR POR TRABAJADOR” Y EL ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La fuerza laboral es indispensable para la producción de una sociedad y así generar riqueza para la nación. Desde la constitución de 1917, se reconoció el derecho al trabajo establecido en el artículo 123 junto con el artículo 27 que se refiere al derecho agrario, que fue un auge tanto dogmático como práctico a nivel internacional, siendo la primera en la historia por reconocer estas garantías.

En la actualidad el conocimiento humano va evolucionado y ya no se le conocen como garantías sino como derechos humanos dándole mayor peso, que por el simple hecho de ser humanos gozamos de estos.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de dos terceras partes del total de la población (68.5%), esto es, 35.2 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.4 millones (22.2%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millones (4.9%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.3 millones (4.4%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo”.1 (INEGI, 2016.)

Es decir, que el 22.2 % más el 4.4% dan un 26.6% de trabajadores que son remunerados y subordinados; todos ellos en principio deberían de contar con los derechos y prerrogativas que establece la Ley Federal del Trabajo.

Según la encuesta publicada, 6.6 millones de mujeres y hombres (12.9% del total) trabajan en el sector primario: minería, agricultura, ganadería, entre otros rubros, 13 millones (25.3%) en el secundario o industrial y 31.5 millones (61.3%) están en el terciario o de los servicios.2

Nuestro país cuenta con una gran fuerza laboral y sin entrar en discrepancias que no son materia de esta iniciativa, los trabajadores son la pieza fundamental para el desarrollo de la sociedad. “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, menciona que México tiene una de las fuerzas laborales más trabajadoras pero tiene la productividad más baja”.3 (OCDE, 2017).

El ausentismo laboral puede ser una de las causas influyentes de la baja productividad laboral, así como las excesivas cargas de trabajo. “En México la tasa promedio de ausentismo como porcentaje de los días laborales totales fue de 7.3%, superior a la de China de 6.7%, pero menor que la de Estados Unidos de 8.1 por ciento y Europa, de 11.7%, según el reporte Ausentismo Global 2014, presentado este martes por la firma especializada en administración de la fuerza laboral Kronos. Las ausencias de empleados se definieron como tiempo libre (no asistió) con goce de sueldo ofrecidos por empleados de tiempo completo en 2013, incluyendo la vacaciones y el tiempo libre personal, las ausencias por enfermedad y otras ausencias como las relativas a periodos de luto por fallecimiento de familiares o por atender asuntos de hijos y responsabilidades cívicas”.4

Aunque la Ley Federal del Trabajo establezca en su artículo 47, fracción X:

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

I. a IX. (…)

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada;5

Es decir, que el trabajador puede ausentarse máximo tres días injustificadamente para que no corra peligro de ser despedido sin responsabilidad del patrón. El ausentismo laboral cuesta y mucho a las empresas y en muchas ocasiones el mismo empleador niega a su trabajador a que se ausente ya sea por causas de fuerza mayor o personales, y si llegase a faltar injustificadamente, se le descuenta parte de su salario más sus estímulos económicos (si es que los tiene), algo perjudicial para el trabajador. Y además en ocasiones el mismo trabajador no le es suficiente con ausentarse un solo día laboral sino más, lo que genera más improductividad.

Lo que en realidad importa a la empresa es que exista productividad y que no haya ausencia laboral, para no que no se incumplan con las obligaciones para generar ganancias a esta.

Por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su sindicato, hace ya muchos años ha puesto en práctica el “Convenio trabajador por trabajador”, el cual tiene por objetivo disminuir los índices  del ausentismo programado y no programado, sobrecargas de trabajo, evitando así faltas injustificadas y no perder estímulos económicos como el de asistencia y puntualidad.

Este convenio trabajador por trabajador, es un convenio bilateral celebrado entre un trabajador que se le denominará “trabajador sustituto” y por otra parte un trabajador que se le denominará “trabajador sustituido” y entre sus cláusulas deberán ser entre trabajadores de base o sustitutos, que pertenezcan a la misma categoría contractual, acordar el pago para que el trabajador sustituto ofrezca sus servicios y otros requisitos para que se pueda llevar acabo. Será aplicable solamente para trabajadores de base, ya que los trabajadores de confianza se rigen bajo otros estatutos laborales.

Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el instituto con más afiliados a la seguridad social en toda la República Mexicana, es también una de las entidades paraestatales más importantes e influyentes en el sector económico y laboral. En ningún momento afectaría al patrón ya que este convenio será únicamente para trabajadores y entre ellos mismos acordarían el pago, sin que el patrón tenga que desembolsar alguna cantidad monetaria. Por lo que si se toma como ejemplo este convenio trabajador por trabajador en la Ley Federal del Trabajo, se podrá disminuir la improductividad y beneficiar tanto al patrón como al trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona el Capítulo II “Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador” y el artículo 34 Bis, recorriendo los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo.

ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo II Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador” y el artículo 34 Bis, recorriendo los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

TÍTULO SEGUNDO

Relaciones individuales de Trabajo

Artículo 20 a 34.- (…)

CAPÍTULO II

Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador

Artículo 34 Bis.- Este convenio bilateral será celebrado entre un trabajador  que se le denominará trabajador sustituto y por otra parte un trabajador que se le denominará trabajador sustituido, y será aplicable siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, como mínimo:

I. Sean trabajadores de base;

II. No exceda tres días que se generen en un mes calendario;

III. Los trabajadores deberán ser de la misma categoría contractual;

IV. Los trabajadores deberán pertenecer a turnos diferentes;

VI. Ambos trabajadores deberán de pertenecer a la misma institución y área laboral; y

V. Los trabajadores acordarán el pago convenido para realizar este convenio.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1ro de septiembre de 2018 siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 La izquierda Diario México, ¿Cuántos son asalariados en México, según el INEGI?, 12/agosto/2016. http://www.laizquierdadiario.mx/Cuantos-son-los-asalariados-en-Mexico-segun-el-Inegi

2 Ídem.

3 Israel Rodríguez, Fuerza Laboral en México, de baja productividad: OCDE, La Jornada, 10/enero/2017. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/10/fuerza-laboral-en-mexico-de-baja-productividad-ocde

4 Ixel Gónzalez, Ausentismo laboral cuesta 7.3 a empresas en México durante 2014, El Financiero, 24/02/2014. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ausentismo-laboral-cuesta-a-empresas-en-mexico-durante-2014.html

5 Ley Federal del Trabajo, 2015.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 513 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 4 BIS AL CAPÍTULO DENOMINADO TABLA DE ENFERMEDADES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La Fibrosis Pulmonar es una enfermedad muy frecuente, produce una sequedad, endurecimiento y una restricción del pulmón, que hace que el pulmón no se pueda expandir de manera progresiva para tomar oxígeno, el cual conduce a una insuficiencia respiratoria”.1

Loa alarmante de esta enfermedad es que es irreversible y aun no se encuentra un tratamiento eficaz para poder disminuir los síntomas y evitar que se sigan desarrollando.

Una vez que se diagnostica la enfermedad las personas tienen un tiempo de vida limitado entre dos y cuatro años de vida, aproximadamente 5,000 millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad pulmonar grave y muchos pacientes pierden la vida cada año y lo más lamentable es que en la actualidad, se está diagnosticando en personas muy jóvenes.

“De acuerdo a un estudio realizado por la doctora Molina, especialista en el tema, entre un dos y un cinco por ciento esta enfermedad puede desarrollarse por genética, aunque aún no son exactas las causas del porque se desarrolla la Fibrosis Pulmonar, también otro de los factores que pueden influir son el tabaco, ya que las sustancias que contiene son toxicas y pueden provocar ciertas enfermedades en los pulmones como el cáncer”2

Los médicos expertos opinan que el desarrollo de esta enfermedad pueden ser el resultado de otros trastornos pulmonares que pudieron haber tenido con anterioridad las personas, la enfermedad puede desencadenar lesión en los tejidos pulmonares, e infecciones.

Algunas de los síntomas son:

• Problemas al respirar

• Malestares en el pecho

• Tos seca

• Pérdida del apetito

• Pérdida de peso

• Cansancio

• Pérdida de peso sin razón aparente

Cabe recalcar que no hay una edad en específico para que las personas puedan padecer esta enfermedad, la fibrosis pulmonar puede afectar a niños de entre 7 y 8 años de edad, como también a personas mayores que se encuentran en los sesenta y setenta años de edad.

“Existen pruebas que se pueden realizar para diagnosticar esta patología, uno de ellos es la espirometría, el cual consiste un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado "espirómetro" para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración para ver si todo está en la normalidad, en otros casos se pueden hacer radiografías de los pulmones para ver sus tamaños y complexión en el que se encuentran, así mismo también se realizan tomografías de alta resolución con la finalidad de verificar si los pulmones no tienen alguna inflamación o perdida de tamaño, es importante que para todos estos estudios se cuenten con neumólogos expertos en el tema para que se puede diagnosticar de la manera más rápida y eficaz posible”.3

Así mismo el neumólogo no es el único especialista que debe evaluar la enfermedad, también es necesario contar con la opinión de un radiólogo experto para que evalué todos los estudios y pruebas que se realicen, y así poder comenzar con un tratamiento, teniendo un diagnóstico preciso.

Es importante identificar rápido una fibrosis pulmonar y ofrecer algún tratamiento, como descartar otras causas de fibrosis pulmonar y evitar el contacto con las personas que lo padecen, así como también con los que están provocando esta enfermedad.

Hay muchos agentes causantes de fibrosis pulmonar que también llevan a la muerte del paciente como son: productos de limpieza, sustancias que se inhalan, como por ejemplo el polvo que sueltan algunas, provocando estas el padecimiento.

Sin embargo hay una posibilidad de que las personas tengan la certeza de vivir muchos más años, lo que es optar por el trasplante, considerando que a pesar de que el sector salud ha fomentado en las personas la donación de órganos, hoy en día todavía es muy difícil de encontrar donadores, es ahí el duelo en el que se presentan las personas, de esperar a que haya un donante apto que cumple con todos los requisitos, lamentablemente hay muchas personas que no son pacientes con las donaciones y prefieren lanzarse por la borda del desahucio, perdiendo todo interés de salvar su vida.

Por ello es de suma importancia,  integrar dentro de la Ley Federal del Trabajo, a la Tabla de enfermedades, la Fibrosis Pulmonar, tomando en cuenta todas sus especies y clasificaciones, ya que día con día, las personas están propensas a adquirir esta enfermedad, considero que a esta enfermedad , se le debe de tomar la importancia que requiere, así mismo, se estima necesario, trabajar en el fortalecimiento de campañas de información, prevención y promoción, para la detección oportuna de esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado Tabla de enfermedades, de la Ley Federal del Trabajo.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado Tabla de enfermedades, de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral

Numeral 1 a 4 (…)

Numeral 4 Bis.- Fibrosis Pulmonar: Afecciones debidas a la inhalación de humo de tabaco y contaminantes ambientales.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/fibrosis-pulmonar-idiopatica.html

2 http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/enfermedades-raras/entrevista-maria-molina-experta-en-fibrosis-
pulmonar-idiopatica

3 https://lasaludi.info/fibrosis-pulmonar-esperanza-de-vida.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 5 Y REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9 Y UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Diputado Yericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, YERICÓ ABRAMO MASSO, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9 Y UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 100, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano está consagrado en nuestra Carta Magna1, en el quinto párrafo del artículo 4o., que establece:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Para dar sustento a lo establecido por nuestra Constitución en lo referente a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional, el 8 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos entrando en vigor el 6 de enero de 2004. Asimismo, el 30 de noviembre de 2006 se publicó el Reglamento de esta Ley, entrando en vigor el 30 de diciembre de ese dicho año.

La legislación aprobada en los años citados, constituye el marco jurídico en la materia, bajo los principios de la prevención de la generación, la valorización y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos peligrosos.

Con la aplicación de esta ley se contribuye a garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable en el manejo de los residuos.

En la exposición de motivos de la MINUTA DE PROYECTO DE LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS2 aprobada por los diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión se sostenía que:

[…] Ante la amenaza que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, tenemos la obligación de revisar las políticas y la legislación en la materia, buscando afinar los instrumentos de gestión y manejo de residuos. La situación respecto a la generación de los residuos ha cambiado en nuestro país en la medida que los procesos de industrialización y de apertura comercial, así como los cambios en los patrones de producción y de consumo han incidido en la cantidad y composición de los residuos sólidos.

Como se puede desprender del anterior párrafo, muchos de los problemas que se pretendían solucionar con la aprobación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos aún siguen vigentes.

Como muestra de ello, se encuentra el problema generado por el uso indiscriminado de bolsas de plástico que se utilizan para envolver y transportar muchos de los productos que consumimos, particularmente en las tiendas de autoservicio y en general en todos aquellos espacios en los que se realicen actos comerciales.

El plástico es un producto que contiene un alto rango de material sintético y semisintético extremadamente maleable y moldeable hecho con polímeros de compuestos orgánicos.

Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta. En 2009 la USITC reportó que sólo en Estados Unidos se usan anualmente 102 billones de bolsas de plástico.3

En el artículo publicado por “El Financiero” se señala que en el mundo se tiran a la basura 280 millones de toneladas de plástico al año y que ahora su uso implica más de cuatro mil bolsas por persona por año.

La utilización de este tipo de material aumentó porque es fácil y barato de fabricar y porque dura mucho tiempo. Son precisamente estas ventajas las que lo convierten en un precursor de la contaminación, ya que debido a su bajo precio la gente se deshace de él y su amplia duración le permite mantenerse por largo tiempo en el ambiente.

Entre los daños causados por este tipo de material, sobresalen los causados de manera general al ambiente al contaminar las aguas, los suelos agrícolas y los sitios turísticos. Asimismo, es causante de problemas de salud que se generan tanto para los humanos como para los animales, al proporcionar lugares de cría para los mosquitos trasmisores de diversas enfermedades.

Adicionalmente, podemos ver el efecto catastrófico en tiempos de lluvias en las zonas urbanas que cuentan con sistemas de drenaje y en otros lugares genera verdaderas represas que provocan inundaciones de devastadores efectos en las personas que allí viven.

Por otra parte, se destaca como ejemplo de lo anterior, que a la contaminación por concepto de plástico se atribuyen más de un millón de muertes de aves marinas y unos 100.000 mamíferos y tortugas marinas cada año4 y por este mismo motivo se pone en peligro de extinción diversas especies de aves marinas.

De acuerdo con el sitio del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas5 los países que han tomado un plan de acción para erradicar el uso de bolsas plásticas son los siguientes:

Irlanda: Desde el año 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La medida causó efecto de inmediato: el consumo de bolsas cayó en un 90%y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado.

Argentina: En este país, existe una amplia diversidad de normas medioambientales, de distinto nivel. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas sólo se encuentra prohibido en la legislación provincial de las siguientes provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

Australia: No existe en este país una legislación nacional, si no que la prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de normativas estaduales, vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del sur, el territorio del norte y el territorio de la capital australiana

México: No existe una ley federal que establezca la prohibición nacional del uso de bolsas plásticas no biodegradables, pero si hay disposiciones estatales, en el Distrito Federal de la Ciudad de México se prohibió las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de Residuos Sólidos del 2003.

Inglaterra: El 14 de septiembre de 2013, el Viceprimer Ministro, Nick Clegg, anunció en Inglaterra la imposición de una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas plásticas desechables, que entraría en vigor en 2015. La recaudación proveniente de esta tasa, que sólo se aplicará a los supermercados y grandes tiendas, se destinará a obras de caridad.

China: Desde el 1o. de junio de 2008, dos meses antes de iniciarse los Juegos Olímpicos de Verano en Beijing, se dictó en China una regulación nacional prohibiendo a las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 milímetros de espesor

España: El Gobierno español aprobó en marzo del 2011 un anteproyecto de una ley de residuos, que pretende reducir paulatinamente el consumo de bolsas de un solo uso hasta suprimirlas definitivamente en 2018.

Estados Unidos de América (EE.UU.): En los Estados Unidos de América (EE.UU.) no existe aún una legislación federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia regulada actualmente sólo a través de normas de nivel estatal o local como por ejemplo Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito de Columbia y California.

Francia: Finalmente, con fecha del 26 de mayo de 2015, fue aprobada la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados franceses.

Alemania: En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por las bolsas de plástico que se les entrega. En los supermercados habitualmente se cobra alrededor de 10 a 15 centavos de euro por cada bolsa.

Senegal: En Senegal entra en vigor una ley adoptada en abril pasado por el Parlamento senegalés destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del país, la nueva ley prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas bolsas en todo el territorio nacional, ya que en los últimos años se habían convertido en un gran problema debido a su extendido uso.

Adicionalmente a la información anterior, en Latinoamérica, en Colombia, el año anterior con el fin de generar un cambio en el consumo de bolsas de plástico llevaron a cabo la campaña “Reembólsale al Planeta”. Cabe destacar que desde 2016 se expidió una resolución que entró en vigor en diciembre pasado, mediante la cual se sacaba de circulación las bolsas que midieran menos de 30x30. Con esa medida, se ha logrado que en este año se redujera en un 27% el consumo de bolsas. 6

Es de destacar el avance de Colombia en la regulación del uso de las bolsas de plástico, que para el primero de julio de este año pondrá en vigor el impuesto a las bolsas plásticas. Dicho gravamen pretende desestimular el uso de éstas y reducir los impactos ambientales.

México tiene la oportunidad de tomar acciones legislativas para contribuir, no sólo al mejoramiento del medio ambiente nacional, sino al ambiente mundial.

En tiempos recientes ha habido una toma de conciencia marginal en lo referente al uso de las bolsas de plástico, sin embargo, de forma lamentable sigue representando un grave problema para nuestro ambiente.

Es por ello que a través de esta iniciativa se propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial, y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales, con lo que se prevé que de manera directa se promoverá el consumo de bolsas elaboradas con materiales biodegradables y otros materiales como papel, tela y maya entre otros.

Adicionalmente a esta prohibición, estamos convencidos de que es necesario acompañar a dicha propuesta, con un programa efectivo de concientización a la población y a los fabricantes para la sustitución de bolsas de plástico no degradable por aquellas fabricadas con materiales biodegradables o de otros materiales como el yute, tela o papel.

En virtud de todo lo anterior, y conscientes de la labor legislativa como parte del Estado mexicano para coadyuvar a garantizar el derecho a un ambiente sano, para el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano, es que acudo a esta Tribuna para presentar iniciativa mediante la cual se propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico utilizadas en la envoltura y el transporte de nuestros productos de consumo así como la entrega de bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Tribuna la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la fracción XXI al artículo 9 y una fracción IV al artículo 100, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:

Artículo Único. Se adicionan la fracción XXI al artículo 9 recorriéndose la subsecuente y una fracción IV al artículo 100, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XX. …

XXI. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. ...

IV. La entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Yericó Abramo Masso.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, consultada el 22 de abril de 2017en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

2 Cámara de Diputados LVIII Legislatura, Gaceta Parlamentaria No. 888 de fecha 27 de noviembre de 2001.

3 El Financiero, artículo “Contaminación por el plástico” consultado el 22 de abril en el sitio: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-el-plastico.html.

4 Revista Mar y Arte, articulo “El problema del plástico”, , Consultado el 22 de abril en el sitio: http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/

5 Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, artículo ¿Qué países prohíben el uso de bolsas de plástico? Consultado el 24 de abril en el sitio: https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-de-bolsas-de-plastico/.

6 Caracol, radio, nota periodística “Desde el 1 de julio a pagar impuesto por el uso de bolsas plásticas” consultado el 17 de mayo de 2017 en el sitio:
http://caracol.com.co/radio/2017/05/03/economia/1493811910_601635.html.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 20, 22 FRACCIONES I, III SEGUNDO PÁRRAFO, Y VI INCISOS D), E) Y F), Y LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR  PÚBLICO

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 127 TER A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 127 TER A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, afirma que “el objetivo más ambicioso que puede tener una política pública es modificar las conductas individuales y los hábitos colectivos. Los seres humanos somos animales de costumbres. A veces, de tanto repetirse, acabamos por confundir esos hábitos y rutinas con nuestros derechos ciudadanos. Si por años estacioné mi coche en la calle sin que existieran los parquímetros, puedo asumir que el intento de cobrarme 8 pesos la hora por dejar mi vehículo estacionado en el pavimento es una forma de expropiación o abuso de autoridad.”1

El también ex corresponsal de la cadena CNN y doctor en política pública escribió el 12 de marzo del año en curso en su columna semanal publicada en el diario Reforma lo siguiente:

“… basta con subirse al segundo piso del Periférico en la Ciudad de México y así comprobar que el riesgo de sanción es un gran incentivo a hacer las cosas de manera distinta. En la azotea de esta autopista, los coches con placas de la CDMX mantienen mágicamente los límites de velocidad. Súbitamente, tod@s l@s chilang@s somos como suizos y respetamos rigurosamente los límites de velocidad. Desde hace años, un radar conectado a una cámara y asociado a una base de datos con las placas de los carros detona esta transmutación conductual.

“A lo largo de varios sexenios, sucesivos gobiernos federales han fracasado en el objetivo de construir una base de datos con un registro nacional de vehículos. Por esta omisión, propia de un país bananero, los coches con placas de otras entidades pueden circular a altas velocidades por el Periférico sin ser candidatos a una multa.”

La columna de Pardinas constituye una radiografía de las costumbres de los automovilistas en la capital del país y la forma en que éstas pueden ser transformadas… para bien. Su dicho también resulta verosímil por cuanto hace a la inexistencia de una base de datos nacional que permita dar seguimiento a las infracciones cometidas por los automovilistas y a las consecuencias que ello acarrea, pues, como bien señala, la ausencia de ésta genera transgresiones que quedan en la impunidad.

Sin embargo, el retrato que hace Pardinas no resulta exclusivo de los habitantes de la ciudad de México, sino que encaja perfectamente con el perfil de buena parte de nuestra población, para la cual el cumplimiento de las normas de tránsito resulta algo indigno de ser observado, un estorbo que en muchas ocasiones impide llegar con prontitud al destino o hacer alarde de prepotencia mientras se está al volante. Hablamos de jóvenes que manejan autos deportivos de lujo a exceso de velocidad, de personas conduciendo camionetas sin respetar señales viales, de transportistas que lanzan amenazantes sus unidades en contra de quien tenga la mala suerte de interponerse en su camino, de choferes que hacen del claxon una extensión de su mano y del traslado de usuarios una ruleta rusa, de miles, tal vez millones de personas que no deberían conducir un automotor, sea por su probada incapacidad o notoria violencia.

Este mal nos aqueja de manera democrática a todos mexicanos, pues no perdona clase social, género, edad o nivel cultural, y para padecerlo sólo se necesita conducir un auto. Se trata de una enfermedad social para cuya cura existen dos medicinas de eficacia probada: la educación y la sanción, ambas igual de útiles, pero la primera más tardada que la otra en demostrar sus resultados.

Sancionar las conductas antisociales de los automovilistas no es una cuestión de moda o baladí, ya que en ello va implícita la prevención de accidentes que pueden resultar en lesiones severas o la muerte para los involucrados, pero también en la construcción de ciudadanía a través de la implantación del respeto a la ley en la conciencia de la población.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2014, se registraron 378,240 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas del país. El 1.1% de éstos correspondieron a accidentes fatales, registrándose 4,708  víctimas mortales. El 33.9% de las víctimas mortales se registró en la intersección de vialidades; en tanto que el día de la semana que presenta mayor incidencia fue el domingo con el 22.9% de víctimas. El horario con el mayor porcentaje de personas fallecidas es entre las 18:00 y las 20:59 horas y representa el 18.7%. Por otra parte, el 43.5% de las víctimas mortales corresponde a los conductores de los vehículos involucrados.2

Con relación a las víctimas por entidad federativa, el INEGI estableció que, durante el 2014 se identificó a los estados de Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua, como los de mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Por otra parte, el índice de víctimas mortales en accidentes de tránsito en zonas urbanas, mostró que los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Michoacán registran el mayor índice con 10.1, 9.9, 8.7 y 8.3 muertes en accidentes viales por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Pese a la incidencia dada a conocer, el organismo autónomo señala que, de acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, México se ubica por debajo de la media entre los países de América Latina y el Caribe, con 14.1 y 13.7 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes en los años 2009 y 2013, respectivamente.

Aunado a lo anterior, en enero de 2015 la organización México Unido contra la Delincuencia dio a conocer el Primer Índice de Cultura de la Legalidad, a través del cual se demostró que existe poca receptividad de parte de los mexicanos para modificar conductas como usar el cinturón de seguridad, ceder el lugar a una persona con discapacidad y dar mordidas. Dicho estudio otorgó una calificación nacional de 5.5 puntos, sobre 10, respecto de la receptividad para que las personas modifiquen conductas que difieren de una cultura de la legalidad.3

En vista de que las infracciones viales causan heridas y muertes, así como un daño a la convivencia entre los mexicanos, se vuelve necesario implementar medidas que ayuden a corregir esta clase de ilícitos. Si bien es cierto en todos los reglamentos de tránsito del país están contempladas diversas prohibiciones que ameritan sanciones a los automovilistas, lo cierto es que, como bien señala Pardinas, no existe una base de datos que permita el intercambio de información entre las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, a efecto de impedir que tales transgresiones queden impunes o que deriven en sanciones mucho más graves como pudieran ser la cancelación de las licencias de manejo y la consiguiente prohibición de ponerse frente a un volante, evitando con ello desaguisados que pueden resultar en daños mucho muy graves.

Es por esto que se propone la adición de una Sección Sexta al Capítulo Único del Título Séptimo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer un Registro Nacional de Infracciones de Tránsito, cuya alimentación, actualización y funcionamiento correrá a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios, el cual incluirá, por lo menos: i) los datos que permitan la identificación del infractor y del vehículo involucrado; ii) las sanciones impuestas, y iii) los medios de defensa interpuestos en contra de las sanciones y el sentido de las resoluciones que hubieren sido emitidas.

En los artículos transitorios se establece que el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A efecto de dar tiempo suficiente para establecer las reglas que permitan la operación del registro que se propone, dando así seguridad jurídica a la población, se contempla que las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los titulares de los Ejecutivos estatales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los ayuntamientos tendrán un año a partir de la entrada en vigor del respectivo Decreto, para emitir las disposiciones legales y reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución del mismo en su respectivo ámbito de facultades.

Sabedores de que la implementación de una medida como la que planteamos constituye una tarea descomunal que exigirá la colaboración de los tres niveles de gobierno, a través principalmente del constante intercambio de información y del uso de     tecnología, se propone que el Registro Nacional de Infracciones de Tránsito deberá estar operando, a más tardar, cinco años después de la entrada en vigor del presente   Decreto.

En virtud de que el diseño e implementación de un registro de proporciones descomunales como el que aquí se establece constituye una tarea que requiere de certeza en la aplicación de recursos públicos, se propone que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán establecer en los respectivos presupuestos de egresos las partidas suficientes para la ejecución del Decreto que al efecto sea emitido.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 127 ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

“SECCIÓN SEXTA

“Del Registro Nacional de Infracciones de Tránsito

“Artículo 127 ter.- Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Infracciones de Tránsito, el cual incluirá, por lo menos:

“I. Los datos que permitan la identificación del infractor y del vehículo  involucrado;

“II. Las sanciones impuestas, y

“III. Los medios de defensa interpuestos en contra de las sanciones y el sentido de las resoluciones que hubieren sido emitidas.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los titulares de los Ejecutivos estatales, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los ayuntamientos tendrán un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones legales y reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución del mismo en su respectivo ámbito de facultades.

TERCERO.- El Registro Nacional de Infracciones de Tránsito deberá estar operando, a más tardar, cinco años después de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán establecer en los respectivos presupuestos de egresos las partidas suficientes para la ejecución del presente Decreto.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en < http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx>, el 17 de junio de 2017 a las 18:01 horas.

2 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf, consultada el 17 de junio de 2017 a las 18:35 horas.

3 Fuente: http://www.culturadelalegalidad.org.mx/%C3%8Dndice-Cultura-de-la-Legalidad-c1205i0.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, y el suscrito, Diputado RAFAEL YERENA ZAMBRANO, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres en nuestro país continúa perpetuando la deuda del estado en mejorar las condiciones de marginación y exclusión que impiden un desarrollo integral.

Distintas instituciones dan cuenta de un panorama poco alentador para los siguientes años, no obstantes los avances legislativos y los recursos económicos que se siguen invirtiendo.

Así tenemos que en México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.

En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.

Consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos, pues día a día surgen en los hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en principio deberían hacer cumplir la ley.

El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente.

Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la sociedad.

Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia.
Por otro lado falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios o procesos para que los responsables sean realmente sancionados.

El comité de CEDAW (Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los procedimientos para que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala que: “El acceso de las mujeres a la justicia entendido como “el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales” se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y otras (caso “Campo Algodonero”), lo que en efecto pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa.

Lo que particular persigue esta iniciativa es generar mecanismo legales que posbiliten el acceso a la justicia para las mujeres adicionando la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132.

Por otra parte hay que considerar que por el Principio de Igualdad Procesal es que consideramos necesario incorporar en la propuesta la posibilidad de que el permiso sea extensivo a hombres y mujeres.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS, AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DECRETO

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX Bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. (...)

I. a IX. (...)

IX Bis. Conceder a las y los trabajadores el tiempo necesario para acudir a diligencias ministeriales, judiciales o análogas cuando sean requeridos, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;

X. a XXVIII. (...)

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.- Dip. Rafael Yerena Zambrano.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE HERMILA GALINDO ACOSTA

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Reconocer a las mujeres en los procesos históricos en que se han desarrollado las sociedades es una asignatura pendiente.

La historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo de las bélicas [...] Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas o bien de contramodelo para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos hacer.1

En este sentido, considero fundamental contar la historia de Hermila Galindo Acosta. Mujer excepcional que entendió, antes que nadie, que nuestro país necesitaba un cambio profundo que incorporara, en nuestro sistema jurídico y en la realidad social y política, a las mujeres como personas sujetas plenas de derechos.

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso feminista de México, realizado en Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia “La mujer del porvenir”, la cual encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes.

Hermila afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y al reconocimiento de sus derechos sexuales.

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna, medio que promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres, en un contexto de justicia.

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores.

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los postulados de la Constitución.

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Antes y durante los debates del Constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político-electorales.

Antes se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria particular de Venustiano Carranza.

Venustiano, sabiendo de su gran capacidad política, la nombró su representante en Cuba y Colombia, donde Galindo se hizo cargo de difundir la doctrina internacional del gobierno, haciendo gala de su excelente oratoria.

Cuando Carranza ascendió al poder, Galindo tuvo la oportunidad de presentar una propuesta para que la nueva Carta Magna incluyera los derechos políticos de las mujeres por los que había luchado y propuesto en otros congresos y foros en todo el país. Sin embargo el voto femenino no estuvo en la agenda de los constituyentes, lo que constituyó un desengaño para Hermila Galindo, quien confiaba en que la revolución garantizaría los derechos políticos de las mujeres.

La desilusión de Galindo tuvo también como antecedente la promesa de Venustiano Carranza de restablecer la igualdad entre las y los mexicanos y la efectividad en el pleno goce de sus derechos ante la ley, sin embargo no incluyó a las mujeres.

Pero pese a esta decepción, en 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral.

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 y 1930, y abrió la puerta para que muchas de las mujeres que hoy estamos aquí en este espacio de representación popular, hayamos contendido en clima de mucho mayor tolerancia y apertura, ya que ella y otras mujeres de esta época, como Elvia Carillo, construyeron los cimientos, hace 100 años, de lo que hoy conocemos como paridad de género en la ley electoral.

Quiero manifestar que Hermila Galindo fue reconocida en múltiples ocasiones por distintas instituciones, derivado principalmente por su amor a este país, por su amor a sus semejantes y por amor sororal a las mujeres.

En 1952 fue nombrada la primera mujer congresista en el gobierno de Ruiz Cortines. También, el 7 de febrero de 1940, Hermila Galindo recibió la condecoración al Mérito Revolucionario, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la unificación de Veteranos de la Revolución por los servicios prestados al movimiento durante el primero y segundo períodos: Comprendidos del 19 de noviembre de 1910 al 15 de mayo de 1911 y del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914.

Hay que decir que con sus logros en el ámbito de la política, Hermila consiguió mostrar de manera pública que las mujeres podían y debían ser elegidas para ocupar puestos públicos. Antes impensable en ese tiempo pues se les atribuía, incluso todavía hoy en muchos espacios, características como la bondad, la sumisión, la entrega y la disposición, las cuales las situaron, principalmente, como especialistas en el cuidado y atención de las hijas e hijos, confinadas solamente al espacio doméstico.

El papel estratégico y la trascendencia política, social y cultural de Hermila, radica en la apertura de espacios que se creían exclusivamente masculinos para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas, comprometidas con la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la inclusión de estos en la Constitución Política Mexicana.

Galindo concibió México como un espacio plural, incluyente y democrático donde la participación y voz de las mujeres debía ser, en estricta justicia, incorporada.

El 13 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió la reforma de los artículos 34 y 115, fracción I, constitucionales. Por el primero, se otorgó plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana. Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953.

Hermila Galindo, la primera progresista, vio culminada su lucha por el voto de las mexicanas en la Constitución, en 1953.

Hermila Galindo Acosta murió a los 58 años de edad, el 18 de agosto de 1954, en la Ciudad de México, un año después de la aprobación del derecho al voto de las mujeres. El pueblo de Lerdo y el gobierno le hicieron justicia y develaron un busto en la Plazuela Juárez de Lerdo, evento llevado a cabo dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Rosario Topete Galindo, hija de la desaparecida Hermila Galindo, dijo: “Luchó por la mujer; murió como vivió: Con sus ideales, con sus anhelos y sus ambiciones, pegada a la máquina de escribir”.

Por último, deseo señalar que Hermila fue una pionera del movimiento feminista en México, luchadora social, oradora por excelencia, maestra y periodista que durante su vida encontró en la defensa de los derechos de las mujeres el aliciente que condujo su vida y su trayectoria política.

Murió, y a pesar de que ninguna calle, parque o lugar público lleva su nombre, salvo Lerdo, cada vez que una mujer emite su voto, se le rinde un sublime homenaje a su lucha.

Fue una mujer adelantada a su tiempo que iluminó el camino de todas las que continuarían la lucha.

Hermila es motivo de inspiración y motivación para muchas de las que hoy estamos aquí.

La propuesta que hago ante ustedes será una forma de rendirle un homenaje a ella, quien junto con muchas otras, cimentaron las bases del trabajo legislativo, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Por lo anterior propongo al Pleno de esta Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre de Hermila Galindo Acosta.

TRANSITORIOS

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

1 Uno de los objetivos de la tertulia feminista Les Comadres es dar a conocer y recuperar personajes femeninos a quienes la historia oficial no ha otorgado el reconocimiento merecido o bien ha relegado al olvido. Por ello, en 2002 organizamos el ciclo de conferencias La otra historia, donde se rescataban las figuras históricas de mujeres del mundo antiguo y medieval. Texto disponible en
http://www.comadresfeministas.com/publicaciones/libros/otrahistoria.htm
Referencias bibliográficas
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
Gobierno de Yucatán. Primer Congreso Feminista en México, México: Gobierno de Yucatán, 160 páginas, 1916.
Hermila Galindo. “Las mujeres en el ideal político y las viejas en el enredo y el chisme”, en La Mujer Moderna 1, número 8, México, 7 de noviembre de 1915, páginas 2 y 3.
Hermila Galindo. “La mujer en el porvenir”, obra citada, página 198.
Referencias electrónicas
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/herm ila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/56354
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/c ont/5/pr/pr5.pdf





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE ELVIA CARRILLO PUERTO

(Presentada por Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Elvia Carrillo Puerto fue una mujer extraordinaria que inscribió su nombre en los anales de la historia de nuestro país.

Feminista y líder, promotora de liderazgos de mujeres, Elvia,1 fue de los trece hijos de Adela Puerto Solís y Justiniano Carrillo Pasos. Nació en la ciudad de Motul, Mérida, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878.

Por sus orientaciones y filosofías revolucionarias, Elvia sería también recordada como “La Monja Roja del Mayab”.

Ella nace en una etapa de gran convulsión social en nuestro país, caracterizada por el incremento en la cantidad de peones viviendo en las casas de las hacendados henequeneros de Yucatán.

En esos tiempos, aproximadamente, 1,200 haciendas eran de dueños cuyos latifundios cubrían entonces alrededor de un millón de hectáreas, propiedad que se concentraba en unas 800 familias.

La condición de peones que trabajaban en las haciendas henequeneras es más que paupérrima. Los patrones les exigían horas de trabajo cada vez más largas y les vendía en “tiendas de raya” los productos básicos necesarios para su supervivencia a precios cada vez más elevados, lo cual aumenta su deuda hereditaria para con el patrón, perpetuando de facto un sistema de esclavitud. Abolida casi 100 años antes.

Fueron estas circunstancias sociales las que provocaron en Elvia y en Felipe, su hermano, indignación, aun y cuando habían crecido en una familia de clase media baja, y se turnaban para ayudar a su padre y madre en la miscelánea de su propiedad.

Los hermanos aprendieron sus primas letras en una escuela secular rodeados de alumnos cuya lengua era el maya. En ese escenario fue dónde Elvia logró adquirir el bilingüismo que le serviría más adelante y para toda su vida.

Los orígenes de Elvia Carrillo Puerto en el feminismo parecen tener sus orígenes siendo una ferviente seguidora de Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908) quien fundara la organización feminista La Siempreviva.

La revista incluía artículos escritos por Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Florence Wright, John Stuart Mill y su compañera Susan Anthony, Grimké y Victoria Woodhull, quienes discutían abiertamente los problemas que aquejaban a las mujeres y entre los cuales destacaban el control de la natalidad, el derecho al aborto, la prevención contra las enfermedades venéreas y la prostitución.

Veinte años después, las ideas feministas de Elvia Carrillo Puerto plantearían la discusión de esos mismos temas.

Cabe decir que los trabajos de Rita Cetina tenían como antecedente la fundación de la escuela secundaria para mujeres en Mérida, así como la primera escuela normal para maestras.

En 1891, Elvia Carrillo Puerto, de 13 años de edad, contrajo nupcias con un hombre mayor que ella, Vicente Pérez Mendiburo, con quien tuvo su único hijo, Marcial Pérez Carrillo. Aunque el matrimonio no duro mucho ya que enviudo años más tarde.

Elvia, en esos años, aprendió taquimecanografía y también se desempeñó como maestra. En 1909 trabajó activamente para la causa anti-reeleccionista en Yucatán, como mensajera y propagandista. Su trabajo la lleva a Acanceh, Tizimin, Temax y Valladolid. Entre los documentos que se le encomiendan uno dice: “Es urgente aliarse a los morenistas para evitar que el gobierno sucumba en manos de un gobierno déspota y tirano”; gobierno formado “por una sola familia de esclavistas” cuya única ambición es “apoderarse de todas las principales riquezas del país y reducir al sufrido pueblo a braceros de sus ricas propiedades”.

Lo que motivó este movimiento fue la idea de derrocar a Muñoz Arístegui, hombre del exgobernador Molina Solís, Ministro de Fomento de Porfirio Díaz. Sin embargo, la rebelión de Valladolid fracasa y Elvia se ve forzada a regresar a Motul en donde su hijo Marcial, de 18 años de edad, colabora en el periódico que Felipe Carrillo Puerto que ha empezado a publicar. Ese mismo año Elvia se casa en segundas nupcias con Francisco Barroso.

En 1912, Elvia organiza la Liga Feminista Campesina Rita Cetina Gutiérrez, en ese tiempo su hermano Felipe se encuentra encarcelado en Mérida, acusado de asesinar a Néstor Arjonilla.

Venustiano Carranza, después de la rebelión militar de Abel Ortiz Argumedo, nombra al General Alvarado gobernador y comandante militar de Yucatán. Elvia Carrillo le es presentada al General Alvarado por Rosa Torre quien había sido enfermera en las fuerzas de Alvarado durante las batallas de Blanca Flor, Pocboc y Halachó.

Elvia causó una gran impresión al General Alvarado, pues poco después de la visita del General a Motul, Felipe Carrillo es liberado, y después es nombrado Presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Motul.

En 1916 Alvarado anuncia la organización del Primer Congreso Feminista de México, que tendría lugar en Mérida, Yucatán.
De los asuntos a discusión: La otorgación del voto femenino y la decisión de implementar la “educación racionalista” en las escuelas yucatecas.

Elvia ayudó también a fundar las “Ligas de Resistencia Feministas”. Recorrió todo Yucatán organizando ligas de resistencia campesinas de mujeres, campañas de alfabetización y de higiene femenina, así como de control rudimentario de la natalidad, escribiendo sus discursos en maya y en castellano. Como propagandista de las ideas socialistas fue calificada por la prensa conservadora de “suffragette bolchevique” y de “Monja roja del Mayab”.

El primero de febrero de 1922 se instala en su estado natal el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, con un discurso en maya dirigido a los campesinos y obreros del estado.

Elvia ocupa una oficina en el edificio de la Liga Central, como presidenta de la “Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez”, desde donde colabora como editorialista y reportera de la revista socialista Tierra. Organiza la visita de Anne Kennedy, Secretaria Ejecutiva de la Liga Americana de Control de la Natalidad de Margaret Sanger con el propósito de organizar en Yucatán una serie de clínicas para el control de la natalidad.

Adelantada a su tiempo, Elvia acude a los llamados “jueves agrarios” donde pugna porque a las mujeres que son madres independientes se les garanticen los mismos derechos que a los hombres en la distribución de tierras.

Por otra parte, Elvia fue una gran promotora de la “educación racionalista” y de la construcción de escuelas rurales en Yucatán, así como de la constitución de cooperativas de mujeres para la venta de hamacas, artesanía y productos agrícolas.

En las zonas urbanas una de sus luchas y exigencias fue por la eliminación de la prostitución y la fundación de guarderías infantiles para las obreras.

Gracias a las reformas progresistas impulsadas por Alvarado y Felipe, Elvia es una de las primeras en obtener el divorcio de su segundo marido.

En 1923, y acompañada de dos otras feministas yucatecas, Gloria Mireya Rosado y Susana Betancourt, Elvia asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la ciudad de México. La delegación se destacó como la más radical aún y cuando salieron derrotadas en sus demandas relacionadas con el control de la natalidad y el amor libre, lo que sí lograron fue obtener un consenso a favor del voto femenino.

Este último se convertiría en el punto central de las demandas de todos los grupos feministas de México y del resto de América Latina.

La lucha de Elvia por la obtención del voto femenino continuaría por varias décadas. En San Luis Potosí es candidata a diputada y casi asesinada por su rival más cercano quien había obtenido una votación inferior a la de Elvia.

La Cámara de Diputados y el gobernador de San Luis declararon nula la votación argumentando la anticonstitucionalidad de votar por una mujer, aún a nivel estatal.

De 1925 a 1950, Elvia Carrillo fundó un gran número de ligas feministas, compiló cientos de apoyos y miles de firmas a favor del voto femenino, teniendo entrevistas con todos los presidentes de la república, hasta que en 1958 se otorgó a la mujer el derecho de votar en elecciones presidenciales.

Años más tarde, en el sexenio de Lázaro Cárdenas y en el de Ruiz Cortines, condecorarían a Elvia Carrillo Puerto como veterana de la Revolución Mexicana, con la medalla de la Legión de Honor Mexicana.

En todo este proceso cabe señalar que Elvia ocupó diversos cargos en instituciones Públicas, ya como trabajadora social, investigadora, oficinista.

Elvia Carillo fue una mujer que hasta hoy sigue esperando que el juicio de la historia le reconozca, a ella y a otras mujeres, lo valiosa que fue su lucha para conquistar los derechos que ahora gozan millones de mujeres en este país.

Por supuesto que fueron bastantes años de lucha y de una gran pobreza económica, pues antes no se reconocía como hoy el trabajo que muchas mujeres realizan en la función pública, por lo que pasó sus últimos días en un humilde apartamento de San Cosme, en la Ciudad de México, donde cuentan vivía con sus perros y su única nieta, Elvia Pérez.

En 1968 muere Elvia Carrillo Puerto a la edad de 90 años, su cuerpo reposa en el cementerio de Mérida, cerca de las tumbas de sus hermanos y de Alma Reed.

Elvia Carrillo Puerto fue una gran revolucionaria, una gran socialista y una feminista que luchó durante toda su larga vida por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, de la campesina maya y de las obreras mexicanas. Merece, sin que quepa la menor duda, ser redescubierta y ocupar el papel que le corresponde en la historia del feminismo mexicano.

La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a ella, quien junto con otras, cimentaron las bases del trabajo que hoy realizamos en esta Cámara, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Ella, junto a otras, son quienes contribuyeron enormemente en el nacimiento de esta gran nación bajo la mirada estratégica de las mujeres.

Por lo anterior propongo al pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre de Elvia Carrillo Puerto.

TRANSITORIOS

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

1 Información biográfica tomada del sitio:
http://www.cimac.org.mx/cedoc/indesol/part__mujer_en_indep_y_rev_mex/do cumentos/29_elvia_carrillo_puerto.pdf. Consultado el día 23 de diciembre de 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO ACOSTA Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, Diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. y el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO ACOSTA, Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV, ADICIONANDO UNA FRACCIÓN V, AL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS, AMBOS DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, al tenor de la siguiente:

“La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo.”

Cieri Estrada Doménico

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país existe poco reconocimiento social a las mujeres que han destacado en algunas actividades humanas, lo cual es de larga data.

Las mujeres han sido invisibilizadas históricamente en la mayoría de los procesos sociales que le ha tocado vivir a esta gran nación.

Contrario a lo que se piensa, las mujeres no han sido espectadoras pasivas de los grandes cambios sociales y políticos de nuestra tierra. Mucho más que eso, en las luchas de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, las mujeres rompieron con los estereotipos impuestos por la clase dominante y participaron de manera activa, combinando su papel de madre, esposa e hijas.

Así, en ese proceso histórico-político, tenemos el caso de doña Josefa Ortiz Girón, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora de Querétaro, que, con su valentía, osadía e inteligencia contribuyó a la causa independentista de manera determinante, y con sus famosos “Taconazos” alertó a los insurgentes como Hidalgo, Allende y Aldama, que la causa había sido descubierta, por lo que se adelantó el inicio de la lucha.

Doña Josefa al ser aprendida por orden del virrey Feliz María Calleja, exclamo: “Tanto soldado para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formare un patrimonio a mis hijos”.1

Quién diría que en los años 50 del siglo pasado fue la Corregidora la inspiración de muchas mujeres que solicitaron vehementemente la obtención del voto femenino en nuestro país.

Siguiendo en la misma ruta de la Independencia, otra mujer que figuró de forma destacada en este proceso fue doña Leona Vicario, quien formó un grupo de rebeldes allá por Tacuba, en la ciudad de México, y donó parte de su fortuna para la causa insurgente, además de que colaboró de forma destacada en la impresión del periódico El Ilustrador Nacional, que postulaba las proclamas en contra de la corona española.

En el periodo de la Revolución Mexicana muchas mujeres participaron de manera activa, incluso en los frentes de batalla tomando las armas, otras en su papel de activistas desde una posición de ideólogas de la revolución.

En este proceso encontramos el caso de Carmen Serdán, quien conformó un grupo de rebeldes que al ser descubiertos se atrincheraron en su casa, donde ella resultó herida y después capturada. A su salida continuó la lucha desde la junta revolucionaria.

Otra mujer que dejó huella en las crónicas oficiales no descritas fue Dolores Jiménez y Muro, quien fundó el Partido Liberal Mexicano y el Partido Femenil Antireelecionista. Dolores Jiménez fue quien le dio forma el Plan de Tacubaya y después al Plan de la Sierra de Guerrero, mismo que serviría de antecedente del Plan de Ayala, el cual fue llamado por el historiador de la Revolución Mexicana, John Womack Jr.:“la sagrada escritura de los zapatistas”.2

En esta misma etapa merecen especial mención el caso de Hermila Galindo Acosta y de Elvia Carrillo Puerto, principales promotoras del reconocimiento del derecho al sufragio femenino en México. Para el caso particular de la presente iniciativa me referiré de manera especial a Hermila Galindo, por ser esta una luchadora excepcional poco reconocida en nuestro país.

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso feminista de México, realizado en Mérida, Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia La mujer del porvenir, la cual encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes.

Hermila, de pensamiento visionario, afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y al reconocimiento de sus derechos sexuales.

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna, medio que promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres en un contexto de justicia.

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores.

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los postulados de la Constitución.

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Antes y durante los debates al constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político electorales.

Antes ya se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria particular de Venustiano Carranza.

En 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el 5o. distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral.

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 y 1930.

Hermila fue pues una mujer que como muchas se adelantaron con sus ideas y trabajo político a muchas de su época y marcaron, sin duda alguna, de forma indeleble la historia de este gran país.

Como se ha podido observar, la participación de las mujeres en los acontecimientos sociales y políticos de nuestro país ha sido más que destacada, aun y cuando esto significó desafiar los roles tradicionales que se les imponían durante el siglo XIX y XX, actividades determinadas en función del género.

Insisto en que la desvalorización de las mujeres para situarlas en el contexto específico de los procesos sociales, se debe a una cultura que ha situado a hombres y mujeres en esferas separadas.

De ahí que todas las áreas de la actividad humana han sido trastocadas por esta idea de superioridad masculina que invisibilizaba a las mujeres. Esto se ha dado incluso en lugares como la academia, donde pareciera que por ser un escenario donde fluye el conocimiento científico no podría darse tal discriminación. Lo cierto es que sí ocurre. Pareciera que el papel de las mujeres en la ciencia es marginal, sin embargo no es así, lo que ha ocurrido es que ha sido poco recogido por la historia.

Las mujeres han encontrado dificultades para acceder a la academia y a la ciencia  debido a la histórica división sexual del trabajo y la separación que el patriarcado ha hecho de las actividades: en públicas y privadas, dejándolas confinadas a la esfera doméstica. No obstante debemos reconocer que esto se ha ido modificando de forma paulatina.

Es por este breve análisis que sitúa a las mujeres en su justa dimensión histórica y ante la falta de reconocimiento de la que comprobadamente han sido objeto, que lo que anima la presente propuesta es reconocer a todas aquellas mujeres, que al igual que Hermila Galindo, han luchado porque éstas puedan desarrollar sus capacidades en  todos los ámbitos, incluido el político, por ser este un espacio tradicionalmente masculinizado.

La idea de reconocer a las mujeres no es nueva en el Congreso General. En 2013 el Senado de la República instituyó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se entrega a las mujeres en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como una forma de rendir un homenaje a Elvia y de reconocer a las mujeres que han destacado en la lucha social, política y cultural de nuestro país.

De esta forma es que considero necesario que también esta Cámara de Diputadas y Diputados, otorgue un reconocimiento a las mujeres destacadas y a las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado en actividades a favor de las mujeres, a través de la docencia e investigación, la función pública, el arte y la cultura, la salud, la equidad e igualdad, y la participación ciudadana, precisamente bajo el nombre de Hermila Galindo Acosta.

Hermila y Elvia son las precursoras y principales exponentes de una lucha que consiguió que, el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortinez publicara en el Diario Oficial de la Federación, la reforma por medio de la cual se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones federales, de ahí que la propuesta versa sobre la entrega de un reconocimiento, el mismo 17 de octubre, como una forma de rendir un homenaje a Hermila Galindo, la cual hasta hace poco había sido marginada por la historia, pero también a las mujeres que actualmente luchan y que puedan ser homenajeadas por este concepto.

Hay que mencionar que en México los primeros esfuerzos y luchas para lograr el voto de las mujeres se remontan a 1923 en Yucatán, sin embargo hubo peticiones desde 1916. En Yucatán se reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además de que Rosa Torre fue electa regidora en el ayuntamiento de Mérida.

Después en San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.

En 1937, el General Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia.

Uno de los primeros países en el mundo que otorgó igualdad a las mujeres fue Australia en 1912, pero sólo a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no pudieron votar hasta 1962. Lo mismo ocurrió en Canadá, donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917 mientras que los nativos, hombres y mujeres, lo pudieron hacer en 1960. Estados Unidos lo concedió en 1920 y Suiza en 1971. El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita en 2011, aunque las mujeres no podían ejercer el derecho hasta 2015.

Así pues, la idea también surge como una forma de reconocer a todas aquellas mujeres que en este tiempo emprenden grandes luchas por lograr la protección y respeto de los derechos de las mujeres.

No es menos relevante destacar que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que:

Artículo 3

Los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

“Artículo 5

Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”;3

De ahí que la presente iniciativa también pretende tomar medidas para reconocer a las mujeres en las esferas política, social y cultural, y modificar los patrones que se basan en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, mismos que aún persisten en nuestra sociedad mexicana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución federal, la cual dispone que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...4

En este sentido es que la CEDAW es un documento de observancia obligatoria para nuestro país lo que evidentemente le da contenido y fundamento a la presente propuesta.

En virtud de lo expuesto, proponemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V al numeral 1 del artículo 38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Primero. Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, el cual se otorga, por la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, para quedar como sigue:

Primero. Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, que se entregará en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, para reconocer a las mujeres y organizaciones que se hayan destacado en la realización de actividades a favor del género, a través de la docencia e investigación, la función pública, el arte y la cultura, la salud, la equidad e igualdad, la participación ciudadana o cualquiera que amerite tal reconocimiento.

Segundo. El reconocimiento Hermila Galindo Acosta constará, cada uno, de un diploma o pergamino y de un busto en bronce de 18 centímetros de alto y ancho a proporción, con una base de madera o de metal y placa grabada del mismo material, en color dorado. La placa grabada enunciará la siguiente leyenda: “La Cámara de Diputadas y Diputados, en el Marco del Día 17 de Octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, le otorga el reconocimiento Hermila Galindo Acosta en honor a su destacada labor a favor de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Género”.

Tercero. El reconocimiento será otorgado en ceremonia solemne en la Cámara de Diputados, en el mes de octubre de cada año, en el marco del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México.

Cuarto. Para la entrega de este reconocimiento se propondrá una lista de 10 mujeres u organizaciones de la sociedad civil, de la siguiente manera:

I. Tres organizaciones o mujeres propuestas por los organismos públicos dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género.

II. Tres mujeres u organizaciones propuestas por la Cámara de Senadoras y Senadores, de conformidad con la convocatoria.

III. Cuatro mujeres propuestas por las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres.

Quinto. Las propuestas para el reconocimiento contendrán al menos lo siguiente:

a) Nombre de la mujer u organización propuesta al reconocimiento.

b) Una descripción detallada de sus trabajos y aportes en el reconocimiento, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres, en todos los ámbitos o cuya finalidad sea el empoderamiento de las mujeres o la igualdad de género.

c) La argumentación por la cual la aspirante deba ser elegida para el reconocimiento Hermila Galindo Acosta.

Sexto. La lista de las propuestas deberá ser entregada a la Comisión de Igualdad de Género en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente, para su debido análisis, discusión y aprobación.

Séptimo. El dictamen de aprobación emitido por la Comisión de Igualdad de Género, será inscrito y agendado en sesión de pleno de la honorable Cámara de Diputados para deliberar mediante votación, quiénes serán las cinco candidatas elegidas para recibir el reconocimiento en los términos descritos en la convocatoria. El dictamen aprobado será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con la finalidad de que se emita la convocatoria correspondiente para la sesión solemne, conforme a los lineamientos que al efecto señala la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su entrega.

Octavo. Las constancias y registros de las candidaturas que al efecto lleve a cabo la Comisión de Igualdad de Género serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en del Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados emitirá el reglamento respectivo dentro los 45 días siguientes a la publicación del presente decreto.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V, al numeral 1, del artículo 38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 38.

1. (...)

I. a II. (...)

III. Recibir a visitantes distinguidos, delegaciones parlamentarias o invitados especiales,

IV. Realizar actos protocolarios o diplomáticos, y

V. Otorgar el reconocimiento Hermila Galindo Acosta.

2. (...)

Artículo 38 Bis.

1. Las ciudadanas u organizaciones acreedoras al reconocimiento Hermila Galindo Acosta serán elegidas por el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes el día de la sesión correspondiente.

2. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, previo proceso de consulta con las y los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil y con todas y todos los actores involucrados en la materia, propondrá al pleno la lista de candidatas al reconocimiento de conformidad con el reglamento correspondiente.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Referencias
• http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion.pdf
• http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/rojas_g_i/capitulo 2.pdf
• http://www.cimacnoticias.com.mx/node/56354
• http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/ cont/5/pr/pr5.pdf
• http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-03482010000100005&scr ipt=sci_arttext
• https://www.wdl.org/es/item/2970/
• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

1 Consultado en http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion.pdf, 02 de febrero de 2016.

2 Consultado en https://www.wdl.org/es/item/2970/. 02 de febrero de 2016.

3 Consultado en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention. htm 29 de febrero de 2016.

4 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, 03 de febrero de 2016.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 54 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al nacimiento de un niño o niña, el registro de este hecho ante la autoridad civil se convierte en la declaración oficial de que ha nacido a la vida jurídica. Digamos que la inscripción del nacimiento en el registro civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales.

Diversos organismos defensores de derechos humanos, han señalado que el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, entre los que se encuentran:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos,

• El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y

• La Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En relación con este derecho, el derecho humano a la identidad, el marco jurídico nacional, específicamente el artículo 4o. de la Constitución federal, establece que:

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.1

Por su parte, el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce también al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad; señalando expresamente que el derecho a la identidad está compuesto por:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo.

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.2

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye una flagrante violación del derecho humano, esencial e inalienable, de todo niño o niña a la identidad.

Por otra parte, el registro de nacimiento es también una primera condición que posibilita la participación social de niños y niñas. Como ya se mencionó, los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos.

Por su parte, la Convención sobre los derechos del Niño, al referirse al derecho a la identidad y a los registros de las niñas y niños, señala que:

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.3

El problema reside en que, si bien la Constitución Federal y Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecen que la primer acta de registro de nacimiento deberá ser gratuita, lo cierto es que en algunas leyes de ingresos de varios municipios del país, como los del estado Nayarit, e incluso de capitales como la de Guadalajara, el acta se sigue cobrando, en algunos casos disfrazada de extemporaneidad, lo que evidentemente violenta el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en el cobro extraordinarios de derechos en los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Compostela, Bahía de Banderas y Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit; Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamazunchale, en San Luis Potosí, y Atlatlahuaca y Cuautla, en Morelos, señaló que son contrarios a la Carta Magna.

La Corte, según la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, señaló que:

...que debe declarar la invalidez de la extemporaneidad, porque el artículo 4o. constitucional, es muy claro, es la gratuidad del registro y de la expedición de la primera acta de nacimiento, sin que tenga una temporalidad específica para llegar a considerar que pasado un plazo se considera extemporánea y que por lo tanto se puede cobrar”.4

Así, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos preceptos de las Leyes de Ingresos para el ejercicio 2016, de los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, ambos de Nayarit; Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamazunchale, de San Luis Potosí; y Cuautla y Atlatlahuaca, de Morelos, donde se preveía el cobro de derechos por el registro de nacimiento en horarios extraordinarios y o fuera de los locales del Registro Civil, por registro extemporáneo e, incluso, multas a los padres del menor por registrar de forma extemporánea a sus hijos.

El Tribunal en pleno reiteró que la gratuidad del registro y de la primera copia certificada del acta de nacimiento no se pueden condicionar a plazo alguno y, por el mismo motivo, afirmó que el cobro de derechos por registro extemporáneo ha quedado proscrito en México, de tal forma que las disposiciones de las leyes de ingresos estatales que contenían este tipo de conceptos resultaban inconstitucionales, lo mismo que la imposición de multas a los padres por no llevar a cabo el registro en los plazos indicados por la propia legislación.

De ahí que el máximo tribunal del país declaró la invalidez del artículo 14, fracción II, inciso c), de la Ley de Ingresos de Atlatlahucán, estado de Morelos, en caso de registro extemporáneo de menores, considerado como tal aquel ocurrido dos años después del nacimiento.

De esta forma consideramos importante precisar que, para una mayor claridad en cuanto a la aplicación y cumplimiento de este derecho humano, es necesario señalar que conforme a los conceptos de: Oportuno, Tardío o Extemporáneo y Subregistro, nos referimos a las definiciones de la propia UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), de ahí que en la presente propuesta se entenderá por:5

Oportuno: Es aquel registro que se realiza dentro del plazo establecido por la ley.

Tardío o extemporáneo: Es aquel que se realiza con posterioridad al plazo establecido por la ley para considerarlo como registro oportuno.

Subregistro: Aquellos nacimientos que cumplido un determinado plazo fijado para ello no son registrados, infiriéndose que si el niño o niña no ha sido registrado en ese tiempo es poco probable que se registre después.

La presente iniciativa busca legislar sobre esas omisiones, que se han prestado a imponer una carga económica, a veces disfrazada, violatoria del derecho humano a la identidad, y para que niñas y niños sean registrados de forma gratuita, oportuna, ágil y sin importar el tiempo en que se realice.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona un segundo párrafo al artículo 54 del Código Civil Federal; con el objeto de establecer como obligación de las autoridades la gratuidad en la expedición de la primer copia certificada del acta de nacimiento, independientemente de la temporalidad en que se trámite

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables e independientemente de la temporalidad en que se solicite, sea esta tramitada de manera oportuna, ordinaria, extraordinaria o se trate de subregistro;

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 54, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquél hubiere nacido.

El juez del Registro Civil respectivo, expedirá de forma inmediata y gratuita, la primera copia certificada del acta de nacimiento correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables e independientemente de la temporalidad en que se solicite, sea esta tramitada de manera oportuna, ordinaria, extraordinaria o se trate de subregistro.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Referencias
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacim iento(3).pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.a spx
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/23/1129887
http://www.diputados.gob.mx/?utm_source=google&utm_c ampaign=s-seecamaradiputados
search&utm_medium=cpc&utm_content=ad1

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

2 Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 Consultada en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

4 La nota puede consultarse en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/23/1129887, del día 23 de noviembre de 2016.

5 Las definiciones puede consultarse en https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacim iento(3).pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 16 A 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 152 Y 153 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada Federal LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como sabemos y como lo han demostrado diversos estudios en materia de género y, en general de las ciencias sociales, la diferencia entre mujeres y hombres ha estado anclada en una construcción social que privilegia lo masculino y que, en consecuencia, menosprecia lo femenino. De esta forma, el mundo occidental en el que vivimos ha sido construido por y para varones, lo que ha dado como resultado una sumisión histórica y social de las mujeres. Así, por ejemplo; en el reparto de los espacios se confinó a la mujer al doméstico-privado, y al hombre al  público; es decir, el espacio de toma de decisiones fue asignado únicamente a hombres.

Lo anterior refuerza la construcción de pares categoriales, binarios, dicotómicos, donde se es lo uno o lo otro, con la consecuencia de que se impide ver o concebir la construcción de un mundo con espacio para todas y todos. Derivado de tal construcción social, el gobierno que es también, otra construcción masculinizada, fue ocupada por varones, relegando a las mujeres a otras actividades ajenas a la toma de decisiones sobre la vida pública del país.

De esta manera, la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.1

En este contexto de desigualdad, tuvieron su origen las luchas feministas por el reconocimiento de todos sus derechos, pasando por los económicos, civiles, sociales, laborales, culturales y políticos. Esta última generación de derechos humanos, ha cobrado especial relevancia en el México actual, puesto que hemos pasado de la asignación de las llamadas cuotas de género, a tener formado el Congreso de la Unión mediante el principio de paridad (50/50).

Ahora bien, el reconocimiento de tales derechos no hubiera sido posible de no contar con instrumentos jurídicos internacionales en esta materia, así desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y posteriormente en la Carta de las Naciones Unidas quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.2

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se reafirma el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.3

Mientras que en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, se propone poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.4

Además en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.5

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir de las siguientes obligaciones:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.6

Asimismo, el 25 agosto de 2006 el Comité de la CEDAW recomendó en la observación 11 de las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México”,7 que se pongan en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal.

Además México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará).8 Esta Convención plasma en su artículo 4 el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.

Durante las últimas seis décadas, la comunidad internacional ha contraído fuertes compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva global, como en el nivel interno de cada uno de los Estados que la componen, como se constata en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.

En agosto de 2015, la referida ONU presentó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”,9 que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.

Por lo que respecta a nuestra zona geográfica y tal como se señala en la exposición de motivos de la Norma Marco para la Democracia Paritaria,10 América Latina ha sido pionera en establecer acuerdos y un marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género, donde se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), Republica Dominicana (2014), así como la Conferencia de Población y Desarrollo de Montevideo (2013), que han contribuido a lograr avances normativos muy significativos plasmados en los llamados Consensos regionales. El Consenso de Quito supuso un gran avance en la región al reconocer que:

“(...) la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.11

De esta forma tiene su origen la referida Norma Marco para la Democracia Paritaria, que exige reformas en tres grandes capítulos:12

I. En primer lugar, la Norma Marco identifica como elemento vertebrador del cambio un modelo de Estado inclusivo que debe asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y generar todas las garantías necesarias para que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades y condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Atendiendo a la diversidad de los seres humanos y a la discriminación histórica de las mujeres, se dirige a los Estados el exhorto de remover, mediante la adopción de medidas especiales, todos aquellos elementos que se traducen en flagrante desigualdad de hecho a pesar del reconocimiento formal del principio de igualdad.

II. El segundo eje vertebrador es la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50/50 de mujeres y hombres.

III. El tercer eje, es una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder de los partidos y organizaciones políticas. Los partidos políticos, movimientos políticos y las candidaturas independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático para promover transformaciones en la sociedad, así como para garantizar la paridad representativa y la efectiva consolidación del principio de igualdad sustantiva.

Deben establecer condiciones en sus tres dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero también en la financiera, para que el entorno político deje de ser el cuello de botella del empoderamiento político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo impulse y defienda.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las Leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos internacionales en su legislación nacional.13

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma político-electoral de 2014, con la que se garantizó que los congresos locales y el Congreso de la Unión se integrarán bajo el principio de paridad, sin embargo, las mujeres seguimos relegadas de los espacios de la toma de decisiones, continuamos sin ocupar los espacios públicos en un país donde somos el 50 por ciento de su población.

Ahora bien, en el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus artículos 1 y 4 el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Además, y por tratarse de derechos humanos, a estos principios se deben sumar el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Estos principios y mandatos, tanto nacionales como internacionales, no deben ser sólo enunciativos, ya que ello nos lleva a reproducir los esquemas de subordinación de las mujeres, por lo que deben encontrar su factibilidad en la adecuación normativa, para que, consecuentemente, todos los espacios de toma de decisiones públicas sean integrados bajo el principio de paridad de género (50/50), porque esto nos conllevará a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, a la construcción de un Estado más justo e incluyente, donde todos sus ciudadanos se encuentren debidamente representados.

Porque, aunque ha habido avances muy importantes, los puestos públicos, sobre todo los de mayor responsabilidad, siguen ocupados mayoritariamente por varones. Estadísticamente sólo dos mujeres ocupan un lugar en el gabinete actual: María Cristina García Cepeda (Secretaría de Cultura) y Rosario Robles Berlanga (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Y en el gabinete ampliado sólo se agregan Nuvia Mayorga (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y Laura Vargas Carrillo (Titular del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia).

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dominan también los hombres con nueve ministros, sólo hay dos ministras: Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández.

Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa en materia de paridad de género para la conformación de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Órganos Administrativos de la Cámara de Diputados, en el entendido de que no basta la conformación 50/50 entre mujeres y hombres, sino que es necesario que dichas mujeres ocupen de manera paritaria los espacios dentro de dicha Cámara, ya que la paridad de género también implica garantizar la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en puestos de poder político y toma de decisiones al interior de la referida Cámara de Diputados.

En este sentido debe garantizarse que las presidencias de Comités y Comisiones estén distribuidas bajo el principio de paridad entre mujeres y hombres y que su integración responda también a este principio, asimismo para los Órganos de Gobierno y Administrativos.

Por lo anteriormente argumentado, es necesario reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que al interior de la Cámara de Diputados se conformen sus diferentes órganos con el principio de paridad de género y, de esta forma, diputadas y diputados podamos ocupar estos espacios equilibradamente.

Estamos convencidas que esta reforma de ley, propiciará que tanto las mujeres como los hombres estemos representando más integralmente los intereses de las ciudadanas y ciudadanos, ya que se velarán por los interés de la igualdad de género. Es necesario mencionar que, además, estaremos dando cumplimiento a los diversos compromisos y convenciones internacionales en materia de paridad, a los que el Estado mexicano se ha sujetado, como la Norma Marco para la Democracia Paritaria, ya referida anteriormente, así como a la CEDAW y a la Convención Belém Do Pará, ejes jurídicos internacionales de la igualdad entre mujeres y hombres.

Coincidimos con un estudio publicado por el CEAMEG,14 cuando señala que “Avanzar hacia la paridad implica considerar que, más que un concepto cuantitativo, se trata de la expresión de la redistribución del poder en todas las esferas de la vida. Este es el motivo por el cual su implementación supone una trasformación radical de las instituciones y de la vida social que, en última instancia, apela al reconocimiento pleno de la conjunción entre la vida pública y la vida privada”.

En este sentido y con el objetivo de lograr la paridad en los espacios de decisión dentro de la Cámara de Diputados y con la convicción de que estas acciones nos llevarán a la creación de un Estado con democracia paritaria, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo Primero. Se reforma el numeral 3 del artículo 16; el numeral 1 del artículo 17; y el artículo 18; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16.

1. a 2.

3. A su vez, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad y el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, en función de la integración del Pleno.

Artículo 17.

I. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. La integración a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo 18.

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. La formulación de la lista a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del numeral 2, así como los numerales 3 y 4 del artículo 152; y las fracciones II y III del numeral 1 del artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 152.

1...

2...

I. a II.

III. En la integración de las subcomisiones se procurará reflejar la misma representación plural que exista en el Pleno, el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, y

IV...

3. La Junta Directiva designará a los integrantes de las subcomisiones, observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

4. Los coordinadores de las subcomisiones serán designados por la mayoría simple en Reunión de la comisión, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto de la subcomisión, atendiendo la pluralidad representada en el Pleno y observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo 153.

I...

II. Los coordinadores de los grupos de trabajo se designarán por mayoría simple en Reunión de la comisión, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto del grupo de trabajo, atendiendo la pluralidad representada en la Cámara y observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres;

III. La Junta Directiva determinará su integración por acuerdo, procurando representar la pluralidad de los grupos, observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, y

IV...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo: El presente Decreto será aplicable a partir de la siguiente legislatura inmediata de la Cámara de Diputados.

Tercero: El presente Decreto no será aplicable en la integración actual de la Cámara de Diputados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

1 Moreira, Constanza. ¿Democracia restringida en Paraguay? La participación política de las mujeres (1985-2000), en varios autores, Seducción y desilusión en la política latinoamericana. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001.

2 Carta de las Naciones Unida. Disponible en http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.

3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw

7 Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CEDAW_2006.pdf

8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

9 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf.

10 Norma Marco para la Democracia Paritaria, disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-p aritaria-pma-27-nov-2015.pdf

11 Ibídem.

12 Op. Cit. Pág. 6 y 7.

13 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

14 Medina Espino Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad,CEAMEG, 2010, Cámara de Diputados, P. 133






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada MARÍA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍNEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante años hemos sido testigos de la evolución de los Derechos Humanos desde diversas doctrinas y puntos de vista, pero durante su estudio nos surge la interrogante ¿Cuál es la forma para que estos derechos sean efectivamente respetados?, esto nos lleva al análisis y diferenciación entre derechos humanos y garantías.

Ignacio Burgoa menciona que; “En México se hace referencia a los “Derechos Humanos”, para referirse a los derechos fundamentales que en el nivel constitucional se enuncian y se destacan, como forma de puntualizar que el orden jurídico constitucional se basa- entre otras declaraciones en el reconocimiento de principios referidos al ser humano que el Estado Mexicano está dispuesto en todo momento a defender y proteger mediante acciones procesales interpuestas ante tribunales federales que permiten reiterar atributivos y facultados en forma prioritaria”1

En el concepto de garantía nos da una connotación de seguridad y protección a favor del gobernado dentro de un Estado de derecho, así se refiere Ignacio Burgoa, señalando que la actividad del gobierno está sometida a normas preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional, son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados, afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos tendientes para hacer efectivo el imperio de la ley y del derecho.2

Como lo ha señalado Ferrajoli, las garantías son herramientas basadas en una suerte de desconfianza frente a la promesa de respeto espontáneo y satisfacción de los derechos por parte de quienes ejercen el poder.3

En la lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos de la mujer, es importante, sin duda contar con instrumentos de defensas para garantizar los mismos, debido a que en la reivindicación es primordial poder fortalecer las garantías de protección de los derechos de la mujer.

La mujer que llega a ser víctima de violencia debe contar con recursos y medios de protección de sus derechos, mismos que deben de ser eficaces, eficientes y suficientes que sean considerados con el enfoque de género y la multiculturalidad en la que en este caso México se encuentra, para lograr de esta manera la obligación internacional, es por ello, que México debe brindar argumentos jurídicos para eliminar y erradicar la discriminación contra las mujeres.

Es así como se busca dejar en claro que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregnaran toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionadas con el respeto y la garantía de los Derechos Humanos.
A partir de lo expuesto, se propone la siguiente modificación:

ACTUAL

MODIFICACIÓN

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;


[. . . .]

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como fortalecer las garantías para su protección.

[. . . .]

El fortalecer las garantías tiene como principal objetivo proteger los Derechos Fundamentales que estos llegan a ser bienes en riesgo, por estar situados en la frontera que comunica y separa el mundo del poder y la autodeterminación de la persona. Ante la imposibilidad real de conjurar el riesgo y por lo tanto evitar de manera definitiva sean transgredidos, es necesario habilitar mecanismos reactivos, garantizar su prevalencia y efectividad frente a la constante y permanente tendencia del abuso o mal uso del poder. Es necesario evitar que los Derechos reconocidos por la Constitución sean violados y en su caso es menester que las lesiones a esos Derechos sean reparadas con prontitud e incluso castigadas. Se trata, de disminuir el riesgo de lesión del Derecho y también de desalentar su posible violación. Por eso se busca proteger, resguardar, tutelar, amparar los Derechos Fundamentales de las personas frente a los embates, agresiones y efectos nocivos de parte de la autoridad, e incluso por los provenientes por parte de otros poderes privados.4

El tener el fortalecimiento a las garantías de los derechos humanos de la mujer tiene no solo por objeto evitar la transgresión de los Derechos Humanos sino lograr la efectividad Constitucional; asegurando así el cumplimiento por parte de los órganos encargados de su aplicación. 

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación general de los Estados partes, adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella consagrados, la cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile). Para la Corte IDH tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.5

Para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, los Estados están obligados a “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”6

En razón de lo expuesto, el Plan Estratégico 2013- 2017 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se ha planteado dos metas7:

1. Fortalecimiento de las garantías y la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una visión de diversidad e interculturalidad

2. Hacer del MESECVI un referente hemisférico en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres

Respecto de la primer meta, el MESECVI busca impactar en las políticas públicas en tres sectores identificados como prioritarios: salud, educación y justicia, con una visión transversal promoviendo una visión intercultural de los derechos de las mujeres dentro de un contexto de gobernabilidad democrática, mediante el desarrollo y fortalecimiento de:

• Mayor difusión de los entandares de protección interamericanos y de las obligaciones generadas por la Convención de Belém Do Pará a través de la generación de instrumentos de promoción y seguimiento de los estándares de protección

• Incorporación de manera progresiva los estándares de protección y jurisprudencia interamericana, en la normativa y en las políticas públicas existente

• Construcción de indicadores para medir, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de estándares interamericanos de protección en la normativa y en las políticas públicas existente

La Convención de Belém do Pará refuerza el compromiso de los Estados y añade la responsabilidad estatal frente a la ausencia de medidas de prevención de la violencia y discriminación contra las mujeres. De este modo, los Estados deben contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra las mujeres.8

Aunque los Estados han avanzado en algunos aspectos para el disfrute y protección de los derechos humanos de las mujeres, subsisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes para que las mujeres vivan libres de violencia. Persiste un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres.9

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se reforma la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como fortalecer las garantías para su protección.

[. . . .]

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. María Soledad Sandoval Martínez.

1 V. Castro Juventino, Biblioteca de Amparo y Derecho Constitucional Vol. 2 p.p. 5 y 7.

2 BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, p. 162.

3 Ferrajoli, Luigi, "Garantías", op. cit. , nota anterior, p. 39. 21

4 http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm

5 Corte IDH, 2006 (Caso La Cantuta), op cit., párrafo 172.

6 Corte IDH. “Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras: Sentencia de 29 de julio de 1988,” párrafo 166, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec_04_esp.pdf

7 MESECVI, 2012b, op.cit.

8 Ver: Corte IDH. 2009 (Caso González y otras), op. cit., párrafo 258.

9 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Diputada NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 40 DE LA LEY DE PLANEACIÓN, de conformidad con la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La participación de los pueblos originarios en la elaboración de los programas y políticas que afectan su desarrollo es ignorada por las dependencias gubernamentales responsables de esta función. No obstante las prescripciones positivas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Planeación, los programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas se diseñan y operan sin sumar los criterios u opiniones de estos pueblos, mucho menos incorporarlos al ejercicio de las acciones y los presupuestos.

Inclusive en las contadas ocasiones en que llegan a efectuarse eventos institucionales catalogados como “consultas”, las opiniones expresadas por la asamblea comunitaria o por la autoridad representativa son ignoradas por las instituciones que elaboran las políticas públicas, dando como resultado programas autoritarios, poco eficaces para atender las necesidades y carencias de este sector de la población, limitando así las posibilidades de alcanzar una sociedad con derechos plenos para todos.

Si bien la Ley de Planeación es precisa en disponer la consulta para la elaboración de las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, no lo es para que los resultados de esa consulta sea considerada e incorporada plenamente en las definiciones de las acciones públicas, incurriendo comúnmente en políticas de simulación en donde la “consulta” solo es utilizada para validar lo decidido de antemano, en lugar de fomentar la participación en la toma de decisiones de los pueblos y las comunidades.

La presente iniciativa se propone reformar el artículo 20 bis de la Ley de Planeación, con el propósito de que las opiniones que emitan los pueblos y comunidades indígenas sean realmente tomadas en cuenta para la elaboración y ejecución de aquellas políticas y programas federales que les afecten directamente; asimismo, reformar el artículo 40 de la  misma norma legal, a fin de mencionar expresamente que en la concertación de acciones previstas por el ejecutivo federal y las entidades paraestatales, serán considerados los representantes de los pueblos y comunidades indígenas.

ARGUMENTOS

Los datos estadísticos del “Programa Especial de los Pueblos indígenas 2014-2018” (citando el Censo de Población y Vivienda de 2010), mencionan que: se “estima una población de 15.7 millones de indígenas en México. Existen 11.1 millones que viven en un hogar indígena, son ubicables geográficamente y son el entorno poblacional de las políticas públicas en materia indígena. De los 15.7 millones, 6.6 millones son hablantes de lengua indígena y 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas.”1

El INEGI por su parte, amplia la información al señalar que existen 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, destacando el estado de Oaxaca en donde hay 245 municipios en esta situación; asimismo, se precisa que de la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, solo puede expresarse en su lengua materna y 15.1% de esta población no está afiliada en alguna institución de salud.

Asimismo, el CONEVAL, en el estudio titulado “La Pobreza en la Población Indígena de México” señala que el porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de población en pobreza extrema fue casi cinco veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento). A ello contribuye que seis de cada diez HLI tienen al menos tres carencias sociales, mientras que esta situación se reduce a la tercera parte entre las personas no hablantes. Por otro lado, la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición.”

Hall y Patrinos señalan acertadamente que, “ser indígena aumenta la probabilidad de una persona de estar en condiciones de pobreza, alcanzar menos años de educación y tener un menor acceso a servicios básicos de salud”.2

“La población indígena en México generalmente se asienta en localidades rurales que se caracterizan por vivir en condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios básicos”.3

De esta manera, tanto los documentos oficiales como los estudiosos en la materia, al mismo tiempo que destacan la importancia cuantitativa de la población indígena, coinciden en señalar las condiciones de marginación y vulnerabilidad en que se encuentra dicha población. De aquí la relevancia de reconocer su identidad como pueblos originarios y proteger sus derechos plenamente por el sistema jurídico nacional, máxime cuando son la base que soporta el carácter pluriétnico de nuestra patria.

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habla de la identidad indígena y de la importancia de su reconocimiento en las naciones modernas, de la siguiente forma:

“Las políticas que reconocen las identidades culturales y favorecen la diversidad no originan fragmentación, conflictos, prácticas autoritarias ni reducen el ritmo del desarrollo. Tales políticas son viables y necesarias, puesto que lo que suele provocar tensiones es la eliminación de los grupos que se identifican culturalmente”.4

En suma, “no se trata, entonces, de forzar la integración cultural de los pueblos indígenas; tampoco de segregarlos con el falso argumento de que su herencia cultural, valores y aspiraciones son absolutamente incompatibles con las sociedades modernas, sino de dotarles de los instrumentos y oportunidades que requieren para determinar cómo y en qué medida su coexistencia con otras culturas puede ser viable y fructífera”.5

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución Política de México, establece el carácter esencial que tienen los pueblos y comunidades indígenas, al considerar que nuestra Nación se sustenta en la composición pluricultural a partir del origen de nuestros pueblos indígenas, a los cuales identifica como aquéllos grupos poblacionales que habitaban el territorio actual del país antes de que se iniciará la colonización española.

Este precepto también resalta la característica vigente de estas comunidades al señalar que siguen conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Lo anterior lo podemos ubicar en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo constitucional de referencia, que en lo conducente establece:

La conciencia de su identidad indígena – léase de la Nación- deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Estas disposiciones constitucionales son el resultado de una lucha que inició con la conquista española, a través de etapas de asimilación y resistencia entre los grupos que se presentaban como dominantes y de los que se suponía eran los dominados.

Para todos es conocido que los “conquistadores europeos” trataron por todos los medios de erradicar a los grupos primigenios del país, aplicando entre otras estrategias, a cual más inhumana y cruel, la de integrarlos a los estilos de vida predominantes a través de un sincretismo que permitía conservar algunos elementos culturales propios de esos habitantes nativos.

Esta característica resultó esencial para que estas comunidades indígenas prevalecieran hasta nuestros días, sólo que en la mayoría de los casos devinieron en grupos sociales con graves índices de marginación económica y política en relación con las condiciones de vida que imperaban en la conformación de nuestro Estado-Nación.

Las circunstancias antes señaladas no han cambiado con el transcurso de los años. Las administraciones federales que, en la letra, han orientado la construcción de políticas públicas que se sustentan en la implementación de un “desarrollo social democrático”, han dejado en el total abandono y olvido lo que ellos mismos han usado como bandera.

Al igual que en sus condiciones materiales, en el aspecto jurídico la protección a los derechos no se ha visto cristalizada, conservando en los hechos una situación precaria en los diferentes ámbitos, en donde la planeación de su desarrollo y bienestar no es la excepción.

Por prescripción constitucional, una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la planeación, que de acuerdo con la ley que reglamenta esta materia, deberá:

“Llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El mismo ordenamiento secundario señala, en el artículo 2, que para la realización de sus fines se operará bajo los siguientes principios:
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Reconocemos que estos principios abarcan casi todos los aspectos que consideramos imprescindibles para la planeación del desarrollo a nivel nacional.

Pero notamos la ausencia de principios rectores  que vinculen intrínsecamente uno de los fines básicos de nuestra Constitución: el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable en la elaboración de los planes y programas objeto de la Ley de Planeación.

En dicha Ley, no se está considerando de manera integral la esencia del articulado constitucional, y sólo se esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales.

El párrafo cuarto del artículo 20 del ordenamiento en cita estipula:

“Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.”

Aunado a lo anterior el artículo 20 bis en lo conducente establece:

“En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.”

Es necesario que se obligue por razón de ley a que las opiniones vertidas por las comunidades sean observadas por la autoridad respectiva y se integren a la elaboración de los programas y planes.

Lo anterior en virtud de que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país se determinan por sus peculiaridades organizacionales y normativas en los diversos ámbitos de su vida comunitaria.

Así, algunos especialistas en la materia hablan de cuatro órdenes o campos interdependientes en los sistemas indígenas contemporáneos que tutelan a las comunidades indígenas, a saber:

1. Campo político o de cargos: elecciones de autoridades y, funciones y competencias.

2. Campo de trabajo colectivo o agroecológico: faenas, tequio o fajina; reglas de uso y apropiación de espacios y recursos comunes.

3. Campo jurídico: sistema normativo, costumbre jurídica y usos.

4. Campo religioso-ceremonial: mayordomía y ciclo festivo.

De tal manera que estamos ante la presencia de grupos con una organización específica que los faculta, sin ningún tipo de restricción, a conocer de forma puntual sus propias problemáticas y por ende, sus respectivas soluciones. Así que la idea de que su participación y posterior opinión debe ser fundamental y estrictamente necesaria para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población. Es necesario que a las comunidades indígenas se les otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen en un plano de igualdad y equidad con respecto a otros grupos sociales, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fundamento legal

Por los argumentos expuestos y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis y 40 de la Ley de planeación.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 20 Bis y 40 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 20 Bis.- En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente a efecto de integrarla en la definición de los programas federales que las afecten directamente.

Artículo 40.-

El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales, de los pueblos y comunidades indígenas o con los particulares interesados.

TRANSITORIO

Artículo Único.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio 2017.

Suscribe

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz.

1 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

2 Hall, G. Y H. A. Patrinos (Eds). 2006. Indigenous peoples, poverty, and development in latin America. Londres: Palgrave Macmillan en Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD, 2010

3 PNUD; 2010.

4 PNUD, 2004. Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. New York: Mundi-Prensa.

5 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD, 2010.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que respecta al funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 4 de noviembre de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.

Dicha reforma tuvo como finalidad contribuir a la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento en la infancia y la juventud, buscando generar las condiciones para que se dé importancia, espacios profesionales y recursos suficientes para promover la salud mental de las personas menores de 18 años, así como para darles la atención adecuada cuando se encuentren en riesgo de presentar trastornos mentales y del comportamiento.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos1, por el que se aprobó dicha reforma se establece:

E. No obstante lo anterior, la salud mental de la infancia y la adolescencia es una preocupación primordial en el desarrollo de programas de prevención e intervención en todo el mundo, con la presencia de conductas tales como:

El suicidio como la tercera causa de muerte entre los adolescentes.

Los trastornos depresivos que tienen inicio en la adolescencia.

El 20% de niñas, niños y adolescentes que padecen trastornos mentales o son víctimas de violencia física o sexual. 

Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta antisocial.

Como podemos observar se trata de una reforma donde la salud mental de la infancia y la adolescencia se establece como una preocupación en su libre desarrollo de la personalidad, dado que “a pesar de estos avances, en México las políticas y programas de salud mental para niños y adolescentes no ha tenido el impacto esperado, toda vez que los sistemas de atención están fragmentados, son ineficaces, costosos e inaccesibles. La OMS insiste además en que se tome en cuenta siempre que la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño cuando se expone al riesgo o al evento traumático puede influir en la vulnerabilidad, el modo de manifestación del trastorno mental, así como en la manera en que se deba planear el tratamiento2.

En ese sentido, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía responde a una petición que nos ha planteado la organización no gubernamental Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y que busca preservar derechos de niñas, niños y adolescentes atendiendo a las particularidades de su situación para aquellos casos que en materia salud mental requieren garantizarse y preservarse atendiendo al principio del interés superior de la niñez.

Al respecto, el Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación establece que la legislación que protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes debe orientarse a respetar, proteger y satisfacer sus derechos alineada a la Convención de los Derechos de la Niñez.

Al respecto dicha Convención contiene aspectos relevantes sobre sus derechos en las que se prevén disposiciones para su protección en contra de toda forma de abuso físico y mental; la prohibición de discriminación; el derecho a la supervivencia y al desarrollo; la consideración del interés superior; y el respeto de su opinión. Algunos de sus artículos son particularmente relevantes en material de salud mental:

Así el artículo 23 reconoce que la niñez con discapacidades mentales o físicas tienen derecho a disfrutar una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad.

Asimismo el artículo 25 reconoce como un derecho de toda niña o niño que ha sido internado en un establecimiento para su atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen  periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

De igual manera el artículo 32 reconoce el derecho o a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Por tanto, de acuerdo al Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación señala que:

La legislación debe desalentar el ingreso involuntario de niños y niñas en instituciones de salud mental. La hospitalización puede ser apropiada sólo cuando no existan alternativas comunitarias, cuando es probable que estas no sean efectivas, o cuando se las haya intentado y hayan fracasado. Si los niños o niñas son colocados en instituciones, el área en la que se los aloje debe estar separada de la de los adultos. El entorno en el que vivan en una institución de salud mental debe ser apropiado a su edad, y tener en consideración las necesidades de desarrollo de los niños (por ejemplo, la existencia de un área de juego, de juguetes apropiados para su edad, de actividades de recreo, de acceso a la escolaridad y a la educación)”.

Asimismo dispone que

Los niños y niñas deben tener acceso a un representante personal que represente adecuadamente sus intereses, en especial cuando sean admitidos en instituciones de salud mental y durante el transcurso de su internación. En la mayoría de los casos, su representante personal será un miembro de su familia. Sin embargo, cuando exista un conflicto de intereses real o potencial, deberían existir disposiciones legales que permitan la designación de otro representante personal independiente. En estos casos, la legislación debe hacer al Estado responsable de remunerar los servicios de ese representante personal”.

Por tanto, congruente con estas disposiciones proponemos reformar la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud para establecer que el internamiento debe ser aplicado como un último recurso y cuando se agoten las alternativas médicas y científicas que permitan su rehabilitación.

Se propone que en el caso de adolescentes debe atenderse a su consentimiento para su tratamiento o internación y darle parte a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente a efectos de que asuma las funciones de representación previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se salvaguarden los derechos humanos de estas personas.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I a VII …

VIII. La atención médica de personas en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes el internamiento se aplicará como último recurso terapéutico y cuando no existan alternativas médicas que permitan su rehabilitación. Hasta donde sea posible las instituciones de salud deben prever su ingreso involuntario en instituciones de salud mental.

La decisión de internar a una persona menor de 18 años deberá ser notificada a sus madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del ámbito que corresponda y;

IX …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46967

2 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39276






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo a lo establecido al Artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL y MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE A LA BREVEDAD DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de julio del 2016 el Presidente de la República promulga en el diario oficial la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; La ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Leyes que son de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional  Anticorrupción previsto en el artículo113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

La corrupción ha sido definida como un cáncer, una gangrena  que recorre las venas de la sociedad, se dice que México tiene índices de corrupción del 98 por ciento, la corrupción violenta y desequilibra merma  las bases de nuestra legalidad, no estamos de acuerdo a quienes consideran que es un fenómeno cultural, no lo es, tampoco pensamos que sea parte del ADN de los Mexicanos, si reconocemos que lamentablemente  una buena parte de la sociedad lo considera como algo” normal” en el diario acontecer del país, pero debemos de combatir y desterrar este comportamiento de nuestra vida diaria.

Se requiere un amplio compromiso social en el cual se comprometan todos los entes públicos y privados de este país.

El estudio más reciente que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2017 revela que 33 por ciento de los encuestados sobornaron a funcionarios públicos.
El mecanismo para combatir la corrupción, cuyo cuerpo Legislativo fue publicado en julio del 2016, aún está en proceso de construcción.

Con una participación Ciudadana  muy destacada por parte de académicos, empresarios y organizaciones de la Sociedad civil y sin contar con el apoyo de recursos humanos y financieros de parte del Gobierno , han cumplido la Ley , cumpliendo  uno a uno los pasos que marca la misma para contar en este momento, con una Comité de Participación Ciudadana y con una Presidencia que va a Coordinar los trabajos de este sistema que sabemos se integra  con siete integrantes, a saber :  La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, el Titular  de la Auditoría Superior de la Federación, El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, El Titular de la Secretaría de la Función Pública, el Presidente del INAI , un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el Fiscal Anticorrupción.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) recién nombró su Secretario Ejecutivo, quién ahora se encuentra gestionando, sin mucha suerte, los recursos económicos para la operación de este Sistema establecido en la Constitución Política de este país.

Desde su constitución hace ya casi cuatro meses, los cinco Ciudadanos que lo integran ha tenido que trabajar sin contar con ningún apoyo del presupuesto, lo han hecho en lugares públicos como cafeterías y restaurantes, salones prestados a fin  de sesionar, enfrentan la presión de la sociedad y de los medios de información,  ¿cómo pedir resultados, a quienes acrecen de lo más elemental para trabajar?, ¿estamos hablando de una simulación en el combate a la corrupción?, ¿se trata de que mueran de inanición, ¿el gobierno federal apuesta a eso?

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en su artículo séptimo transitorio establece que “para efectos de lo establecido en el Cuarto Transitorio, último párrafo del “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, durante el ejercicio fiscal 2017, la Secretaría realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para que se provean los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes para el inicio de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dote de recursos suficientes para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción a la brevedad posible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad destine los recursos  necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo a lo establecido al artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 176 y demás aplicables y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las prácticas monopólicas han sido definidas como  acciones que reducen la competencia justa de mercado entre las empresas o entre los empresarios.1

Dichas prácticas monopólicas están prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 que además señala lo siguiente:

“La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, … todo acuerdo, procedimiento o combinación de los …, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”3

Con objeto de regular la libre concurrencia y otros temas afines con más eficacia, fue publicada  Ley Federal de Competencia Económica en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Dicha ley, reglamentaria del artículo 28 Constitucional, tiene por objeto, entre otros, el de promover la competencia económica,así como prevenir, combatir y castigar los monopolios, las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”4

Esta ley además define que:

Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, pudiere resultar.”5

Reconociendo que las prácticas monopólicas son un factor que afecta seriamente a la economía del país, el órgano regulador en la materia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), lleva a cabo continuos esfuerzos para sancionar este tipo de conducta.

Mediante boletín de la COFECE del 4 de mayo de 2017, se informó que el Pleno de  dicho organismo determinó acreditar la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como de 11 personas físicas en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional, imponiendo multas que en conjunto suman alrededor de mil 100 millones de pesos. Los agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre Afores. 6

En el boletín se menciona que dichas prácticas monopólicas absolutas disminuyeron la competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores. Con este comportamiento, se  disminuyeron los incentivos de las Afores sancionadas a ofrecer un mejor servicio,  eliminando la posibilidad de que los trabajadores puedan premiar o castigar a su Afore según su grado de satisfacción.7

Conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).8

La LSAR establece que la CONSAR  velará  porque los sistemas de ahorro para el retiro presenten condiciones adecuadas de competencia y eficiencia. Para ello, en concordancia con la Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión podrá establecer los mecanismos necesarios para que no se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas.9

Conforme a la resolución de la COFECE, podemos observar que la CONSAR no ha cumplido con su mandato de velar porque se presenten condiciones de competencia y eficiencia en los sistemas de ahorro para el retiro, ni tampoco con su facultad de establecer mecanismos para que no se presenten prácticas monopólicas absolutas. Esta falta de supervisión es particularmente grave al considerar que los afectados son los trabajadores mexicanos en lo que respecta a su patrimonio.

Considero propicio hacer referencia al  punto de acuerdo que presenté en  abril de 2016,  en donde, entre otros, manifesté que:

En el mercado de los fondos para el retiro, se conoce que las Afores con alta participación de mercado,  no tienen interés ni incentivos de competir puesto que son sabedores de las mayores utilidades que les reportan sus prácticas anticompetitivas. A través de cabildeos que han llevado a cabo con la  Consar, han logrado que ésta: 

- Cambie el marco regulatorio, con  barreras que inhiben los traspasos.

- Haya impulsado una iniciativa (ahora minuta en el Senado) de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,  en donde se pretende  inhibir el traspaso hasta en 3 años, lo que  va en contra de las sanas prácticas internacionales.

- Autorizara la compra de Afore Bancomer por parte de Afore XXI-Banorte, rompiendo la regla de concentración del 20% establecida en la Ley.

- La Consar .., al favorecer de manera indiscriminada a ciertas Afores, … se ha traducido en una marcada concentración de mercado. Lo anterior, queda evidenciado por la regulación emitida que inhibe los traspasos de manera flagrante.

- Asimismo, la Consar a través de sus proyectos regulatorios publicados en COFEMER, dan la posibilidad de que las Administradoras realicen acuerdos entre ellas para restringir la portabilidad de cuentas, lo cual se traduce en una política pública que fomenta la colusión entre Afores en detrimento de la competencia.

Además, se mencionó en el Punto de Acuerdo que: “Con todo lo anterior, la Consar ha implementado regulación que favorece claramente a ciertos actores, así como campañas de desinformación para los trabajadores, fomentando comportamientos que pueden ir en contra de los intereses de los mismos, y beneficiando en consecuencia a las Afores aparentemente involucradas en la investigación de la COFECE.”

Como vemos, después de varios meses, culmina el procedimiento cuyo inicio fue referido en el Diario Oficial de la Federación del  6 de julio de 2015. El  4 de mayo, la COFECE determinó la existencia de prácticas absolutas por parte de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore.

Cuando una mala práctica en el mercado de las Afores afecta a los intereses de los trabajadores, ésta debe ser investigada, sancionada y eliminada con prontitud. Además, deben ser establecidas medidas para que no se vuelvan a presentar este tipo de irregularidades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Maestro Carlos Ramírez Fuentes, para que:

• Informe y explique, conforme a sus atribuciones, el estado que guarda la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes, así como para que explique, conforme la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), las fallas en la supervisión de la CONSAR y  en toda la estructura normativa y administrativa de las cuatro Afores sancionadas ante la confirmación de la realización de prácticas monopólicas absolutas.

• Informe y explique, las sanciones que, conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, serán aplicadas por la CONSAR a las cuatro Afores sancionadas por la COFECE por la realización de prácticas monopólicas absolutas.

• Informe y explique por qué estableció regulación que inhibe los traspasos, sobre todo en vista que 4 Afores fueron sancionadas por inhibir la competencia entre Afores. 

• Exponga las medidas regulatorias y/o normativas que establecerá a efecto de evitar que vuelvan a presentarse éstas y otras prácticas de Afores que afecten el funcionamiento eficiente y transparente del Sistema de Ahorro para el Retiro y, sobre todo, que afecten los intereses de los trabajadores mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 https://en.wikiversity.org/wiki/Monopolistic_practices

2 Cfr. Artículo 28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3 Artículo 28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4 Cfr. Artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica.

5 Artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica.

6 https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-
convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales

7 https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-
convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales

8 Artículo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

9 Artículo 25 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.






Del Diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del grupo parlamentario de PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales del país a informar sobre las acciones que desarrollan para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que actualmente se generen en sus respectivos territorios. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la República para que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por Pemex a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la participación de servidores públicos mexicanos. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrantes del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Grupo Parlamentario de Morena considera que la corrupción es uno de los principales problemas que agobian al país. Frente a los hechos que a diario ocurren o son denunciados, las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno no han encontrado un remedio eficaz. Sin embargo, la corrupción que se produce en la esfera del gobierno federal es quizá la más preocupante por la magnitud del daño que produce al erario público y porque pone al desnudo grandes operaciones ilícitas en las que participan servidores públicos de importantes instituciones del Estado. Petróleos Mexicanos (Pemex) es un ejemplo de ello.

La ahora denominada empresa productiva del Estado Pemex, que a raíz de la contra reforma que privatizó nuestros recursos energéticos naturales fue reconvertida para competir con los inversores particulares en condiciones de desventaja, ha sido presa del saqueo sistemático de los gobiernos en turno. El escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, ejemplifica un modus operandi que se ha utilizado para enriquecer a funcionarios y para poner a disposición de los partidos en el poder una fuente inagotable de recursos de origen ilícito, que utilizan en las campañas electorales como ha salido a la luz pública en diversos países donde la acción corruptora de la empresa brasileña se ha demostrado. En México, esos recursos pudieron utilizarse, además, para comprar el voto.

Los orígenes del escándalo Odebrecht se remontan a 2014 cuando se difundieron los resultados de la investigación por lavado de dinero realizada por la Policía Federal de Curitiba, en Brasil, y la cual fue denominada como Operación Lava Jato. Las indagatorias de esta operación condujeron a Odebrecht, ya que uno de sus principales involucrados, Paulo Roberto Costa, aportó información que permitió establecer que grandes constructoras, entre ellas la mencionada brasileña, participaban en un sistema corrupto que implicaba a funcionarios de Petrobras y a tres grandes partidos políticos.1

Las investigaciones realizadas en Brasil y por autoridades estadounidenses, revelan que los funcionarios de Odebrecht admitieron que entre 2010 y 2014 la empresa brasileña realizó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en México para asegurar la adjudicación de contratos públicos, y como resultado de ello Odebrecht obtuvo un beneficio de 39 millones de dólares. En un documento publicado en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala que, “por ejemplo, alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana a cambio de que el funcionario ayudara a Odebrecht a ganar un proyecto. Alrededor de o entre diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó al alto funcionario 6 millones de dólares”.2

A partir de estas declaraciones y de los procesos judiciales respetivos, varios países procedieron a cancelar los contratos que tenían con la empresa Odebrecht y sus filiales, lo que no ha ocurrido en México.

Aquí, apenas el 16 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a una reunión de procuradores latinoamericanos convocada por la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil, el objetivo de la misma fue la firma de un acuerdo de cooperación jurídica internacional contra la corrupción3 a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales contra Odebrecht y sus filiales.4 Entre los compromisos asumidos por los fiscales y procuradores generales está el de “Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.5

Después de revisar las acciones que se han tomado en otros países tanto como consecuencia de la Operación Lava Jato, como del escándalo de Odebrecht se evidencia que México ha quedado rezagado. Mientras en otros países, entre las primeras medidas tomadas se encuentran la investigación y auditoría de los contratos, la cancelación de contratos y la confiscación de bienes a Odebrecht y filiales y consorcios liderados por Odebrecht a los cuales se les haya adjudicados un contrato o proyecto; en México la PGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Pemex solo han realizado declaraciones en el sentido de que se han iniciado las investigaciones.

En diversos comunicados de prensa la SFP ha señalado que se está realizando una auditoría transversal con relación a los contratos que la administración pública federal tiene con la empresa Odebrecht y sus filiales. El 20 de febrero del presente año, en un comunicado de prensa, la titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que en un primer momento la Secretaría había solicitado a todos los órganos internos de control identificar los contratos suscritos con Odebrecht y sus filiales; y que una vez identificados los contratos se “suscribieron los documentos de trabajo que dieron inicio a una auditoría transversal sobre todos los contratos”.6

SEGUNDA. A partir de una proposición con punto de acuerdo presentada por Morena, la Cámara de Diputados aprobó el 5 de abril de 2017, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y Congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR a que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht, así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.

TERCERO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos a informar a esta Soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano denominado “Etileno XXI”, así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht, S.A.

CUARTO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.”7

Ha transcurrido ya dos meses de que este pronunciamiento se emitió sin que las autoridades implicadas hayan respondido, no obstante, el escándalo Odebrecht sigue su curso.

El 18 de mayo se dio a conocer que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica y su colaboración para aportar la información en la indagatoria que lleve a cabo sobre los presuntos sobornos a funcionarios de Pemex.8 Trascendió además, que Odebrecht pidió no utilizar contra sus empleados y ex empleados la información que revelen y “respetar la inmunidad que tienen ante la justicia de Brasil y los Estados Unidos”. La prensa recoge declaraciones de Carlos Requena, representante legal de la constructora brasileña en nuestro país:

“Lo que se está pidiendo es el acuerdo reparatorio en favor de la persona jurídica Odebrecht México, porque las personas físicas tienen ya un procedimiento penal y administrativo y civil en Brasil y Estados Unidos, donde ya han llegado a un acuerdo conciliatorio"… Son los que han estado declarando, cuya declaración o relato debe estar bajo la reserva en las investigaciones penales y administrativas pero respetándoles a ellos su derecho a la no autoincriminación y, sobre todo, respetándoles la inmunidad, en virtud de tener ya procedimientos legales en Brasil".

"¿Cuántas personas de Odebrecht México tienen un procedimiento en Brasil?", se le cuestionó. "Eso lo sabe PGR. Lo que sí puedo decir es que esas personas están bajo el amparo del derecho a la no autoincriminación, el derecho a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, al derecho de mantener la reserva en sus declaraciones y al derecho de inmunidad mientras mantengan un espíritu de colaboración en favor, en este caso, de las investigaciones en Brasil; seguramente, también en un futuro próximo en México". De concretarse el acuerdo con Odebrecht México, sólo serían acusados penalmente los funcionarios y ex servidores públicos. Ante dicho escenario, el abogado rechazó que se genere impunidad al no imputar a los integrantes de la empresa. "La respuesta es que no puede ser entendido ni interpretado como favorecimiento de impunidad, sino todo lo contrario", apuntó.9

El día 7 de junio, nos enteramos que en sesión el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar en versión pública todos los contratos, convenios y anexos que ha suscrito con la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales.

La resolución del INAI fue recogida por la prensa de la manera siguiente:

“Por segunda ocasión en una semana, el Instituto revirtió la respuesta de la empresa productiva del Estado, que se ha negado a entregar los documentos argumentando varias cláusulas de reserva, las cuales han sido consideradas improcedentes por el INAI.

La semana pasada, en una votación de mayoría de cuatro contra tres, el Instituto ordenó la entrega del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, así como sus anexos y convenios modificatorios, que fue firmado en febrero de 2014 por Pemex y Odebrecht para el movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I.

En la sesión pública de este miércoles, con el mismo número de votos, el Pleno resolvió otras dos solicitudes de información, una de ellas referente al mismo contrato de la semana anterior y otra en la que se requirieron todos los contratos firmados del 2006 a 2016.

El 5 de abril pasado, Pemex subió a su página de Internet versiones públicas de todos los contratos que dijo haber firmado con Odebrecht y sus filiales, sin embargo, en ellos no están los convenios modificatorios ni los anexos, que es donde se detallan los alcances de cada contratación.

En todos los casos Pemex negó la entrega de la información argumentando que era reservada debido a que se están realizando investigaciones penales y administrativas, que los documentos contienen información que es parte de un proceso deliberativo y que contiene datos confidenciales.

La comisionada Patricia Kurczyn expuso que ninguna de las causales invocadas por Pemex es procedente debido a que se trata de contrataciones que por naturaleza son públicas y que los documentos no dan cuenta de las indagatorias que en su caso llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

Odebrecht ha sido acusada en Estados Unidos y Brasil de haber dado sobornos en varios países, incluido México, para obtener contratos de obra pública”.10

La noticia pone de manifiesto que la sociedad mexicana está atenta al proceso judicial abierto en Brasil contra Odebrech y de funcionarios mexicanos por corrupción y exigirá que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que no tolerará, como lo han insinuado los propios medios de comunicación que siguen el caso, más maniobras para aplazar al infinito la difusión de los nombres de quienes utilizaron a Petróleos Mexicanos para obtener beneficios propios.11

Los hechos de corrupción derivados del escándalo internacional que involucran Petróleos Mexicanos y a la empresa Odebrecht, obligan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a pronunciarse con el objeto de que las autoridades mexicanas encargadas de investigar el caso rindan un informe a esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de estas Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, para que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por Pemex a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias, y en los que se ha acreditado la participación de servidores públicos mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, a efecto de que informe a esta Soberanía el resultado de las auditorías realizadas a todos los contratos suscritos por Pemex con la empresa Odebrecht S.A., sus filiales o subsidiarias, derivadas de los hechos de corrupción en los que se ha acreditado la participación de servidores públicos mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017.

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Vidal Llerenas Morales.

1 Rodríguez García, Arturo (2015). “Odebrecht, perseguida en Brasil, consentida en México”. Revista Proceso, N° 2040, 6 de diciembre de 2015, p.25.

2 Traducción propia: Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2016). United States of America v.s Odebrecht S.A. Information. Disponible en: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download  (páginas 20 y 21)

3 Declaración de Brasilia sobre la cooperación jurídica internacional contra la corrupción. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192595/Dec.pdf

4 “México suscribe acuerdo internacional para investigar caso Odebrecht”. Expansión. 20 de febrero de 2017. Disponible en. http://expansion.mx/economia/2017/02/20/mexico-suscribe-acuerdo-internacional-para-investigar-caso-odebrecht

5 Declaración de Brasilia sobre la cooperación jurídica internacional contra la corrupción. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192595/Dec.pdf

6 “Se hará auditoría transversal en Odebrecht: SFP”. El Universal. 21 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/21/se-hara-auditoria-transversal-en-odebrecht-sfp

7 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 5 de abril de 2017, Año XX, N° 4574-V-3, p. 91.

8 “Pide Odebrecht pactar a la PGR”, Reforma, Primera Plana, 18 de mayo de 2017.

9 Ibid.

10 “Ordena INAI abrir contratos de Odebrecht”, Reforma, Nacional, 07 de junio de 2017.

11 https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2017/05/31/confidencial-videgaray-aplaza-caso-odebrecht.html






Del Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar mejoras al proceso de evaluación de los docentes, facilitando una oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones educativas con su desempeño. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, Dip. LUIS ALFREDO VALLES MENDOZA, Coordinador del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de nuestra historia contemporánea, los docentes han sido un actor proactivo en las continuas transformaciones que han impulsado el desarrollo del país. Cuenta de ello son las diversas instituciones que hoy tenemos, las cuales fueron construidas con la participación activa de las maestras y los maestros de México, pues la lucha de los maestros siempre ha sido a favor de la sociedad, impulsando las grandes transformaciones que el Sistema Educativo Nacional ha necesitado.

Es menester refrendar su valía hoy más que nunca, al considerar que en nuestro país, como en el mundo, está debidamente documentado que ninguna reforma educativa puede tener éxito sin la participación de los docentes, y ello es más notorio si observamos que a más de 4 años del inicio de la última reforma educativa, es evidente su parcial implementación.

La etapa de implementación demandó el concurso entre consenso social y los docentes; sin embargo, hasta ahora, se ha priorizado la evaluación para la permanencia en el servicio, sin considerar plenamente otro de los componentes obligatorios considerados en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), el cual es uno de los más importante para la educación en México: la actualización y el desarrollo profesional de los docentes.

Respecto de la evaluación, resulta indispensable destacar que es la propia LGSPD, en lo relativo a la mejora de la práctica profesional, la que establece una forma de evaluación que para los trabajadores de la educación es fundamental y la más importante en el ejercicio de su profesión, me refiero a la evaluación interna, por ser permanente, formativa y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes, así como al avance continuo de cada centro y zona escolar.

Como todo proceso educativo, la evaluación debe someterse a un proceso continuo y riguroso de revisión, a fin de que sus resultados reflejen con mayor validez y confiabilidad la realidad profesional de los docentes. Su principal función debe ser diagnóstica, pues con ella se podrán identificar las fortalezas y debilidades de los docentes, lo que debe dar pie a Programas de Desarrollo Profesional de acuerdo a las necesidades profesionales de los mentores. Así, el binomio evaluación-capacitación representa la clave para mejorar la educación en el país.

La misma LGSPD, en el artículo 4, fracción I, define a la actualización como “la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica”; y al desarrollo profesional como una forma de reconocimiento al personal docente (fracc. XXIX); por su parte, el artículo 45 de la citada ley mandata a la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional (fracc. III), como tal.

Es de hacerse notar, en lo que respecta a Educación Básica, que la misma LGSPD, en el artículo 8 establece, como obligación de las Autoridades Educativas Locales, lo siguiente: ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio (fracc. VIII).

Asimismo, en el artículo 9 se establece que, en el ámbito de la Educación Media Superior, corresponden a las Autoridades Educativas y a los Organismos Descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, la obligación de ofrecer programas y cursos para la formación continua del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión que se encuentren en servicio (fracc. XII).

En consonancia con lo anterior, el mismo ordenamiento, en el artículo 10, obliga a la Secretaría de Educación Pública federal a emitir los lineamientos generales de los programas de Reconocimiento, Formación Continua, de Desarrollo de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de Liderazgo y Gestión (fracc. IX).

Más aún, el nominal 13, en las fracciones IV y VII de la LGSPD define los propósitos del Servicio Profesional Docente, entre los que se encuentran estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional, así como garantizar la formación, capacitación y actualización continua del Personal del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y acciones específicas.

En adición a lo hasta aquí expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 36 de la referida ley, las promociones distintas a las previstas para cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, deben ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional y “garantizar la idoneidad de conocimientos, capacidades y aptitudes necesarias tomando en cuenta el desarrollo de la función, la formación, capacitación y actualización en relación con el perfil requerido, los méritos docentes o académico-directivos, la ética en el servicio, la antigüedad en el puesto inmediato anterior al que aspira y los demás criterios y condiciones establecidos en las convocatorias.

Observamos que la citada ley, en su artículo 59, prescribe, de manera indubitable, la obligación del Estado de proveer lo necesario para que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio tengan opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural.

También establece los medios de ejecución, a través de programas y cursos, combinando el Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado, en el caso del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección, y facilita el cumplimiento de esta tarea, al permitir que “las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados puedan suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, actualización y desarrollo profesional” sin omitirestimular “los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia que lleven a cabo las organizaciones profesionales de docentes.

Asimismo, recordemos que, como parte de lo que se establece como formación continua, la multicitada ley, en su artículo 60, mandata al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el emitir los lineamientos conforme a los cuales las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados llevarán a cabo la actualización y desarrollo profesional, adecuándolos conforme a los avances científicos y técnicos.

Este recuento normativo sirve para sustentar nuestro respetuoso llamado a subsanar una grave omisión, pues, no obstante que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior está obligado a atender los programas de actualización, hasta la fecha no existe una oferta pertinente y profesional por parte de la Autoridad Educativa, pasando por alto lo que la propia ley en comento reconoce como derechos de quienes participen en el Servicio Profesional Docente, en las fracciones IV y V del artículo 68; es decir, el ”acceso a los programas de capacitación y formación continua necesarios para mejorar su práctica docente con base en los resultados de su evaluación”, y el derecho a “ser incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento, formación continua, desarrollo de capacidades, regularización, desarrollo de liderazgo y gestión que correspondan.

Al analizar el Informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recientemente entregado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, denominado “La educación obligatoria en México: Informe 2017”, se puede observar que en el Ciclo Escolar 2014-2015, el 59% de los docentes de nuevo ingreso tuvieron tutor asignado; sin embargo,  solo el 47% reportó haber tenido al menos una sesión de asesoría, es decir, mucho menos de la mitad de las profesoras y profesores del país, a quienes se les ha encomendado el mayor peso de los resultados de la calidad educativa.

Pese a las inconsistencias antes encontradas, para el siguiente Ciclo Escolar 2015-2016, solo el 66% de las y los maestros de nuevo ingreso contaron con un guía y, de éstos,  únicamente el 55% concretó una sesión de tutoría. Aunado a ello, el informe antes citado refiere que no solo hubo falta de seguimiento y capacidad de respuesta por parte de las autoridades educativas federales y locales, sino que además se detectó que solo el 32% de los tutores recibieron el incentivo económico por dicha labor en el Ciclo Escolar 2015-2016.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación para que, en coordinación con las autoridades educativas locales y el Consejero Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, den pleno cumplimiento a los mandatos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en Materia de Actualización y Desarrollo Profesional de los Docentes, a través del acceso a una oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones educativas con su desempeño.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación, a las autoridades educativas locales y al Consejero Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que se elimine del proceso de evaluación toda acción sancionadora o punitiva, en aras de que se convierta en un instrumento analítico, formativo e indispensable para elevar la calidad de la educación, poniendo especial énfasis en la formación inicial, la formación continua, la actualización y el desarrollo profesional docente como los principales ejes de acción para alcanzar los objetivos de la reforma educativa implementada en el país.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 21 de junio de 2017.

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza.






Del Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del estado de Baja California, a implementar las      medidas necesarias por el problema de inseguridad en el estado. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el plan estatal de desarrollo 2014-2019, El Ejecutivo Estatal1 se propuso como objetivo Garantizar el orden y la tranquilidad de la sociedad aumentando la eficiencia de la administración y procuración de la justicia, mejorando las condiciones de seguridad pública y salvaguardando la integridad y los derechos humanos de los bajacalifornianos.

Sin embargo, las condiciones en que hoy vive la sociedad Bajacaliforniana, en materia de seguridad, y según lo reflejado en el informe más reciente del Observatorio Nacional Ciudadano,2 menciona que el  Estado ocupa los siguientes lugares en el contexto nacional.

* Primer lugar nacional en robo a vehículo con un aumento del 44 por ciento en la denuncia, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.

* Primer lugar en robo a comercio, con aumento del 53% al comparar el primer trimestre de 2016 con el del presente año.

*  Segundo lugar nacional en robo con violencia, con incremento del 50% en la denuncia, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses del presente año.

* Tercer lugar nacional en robo total con violencia, a pesar de que hubo una reducción del 29% en las denuncias al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.

* Tercer lugar nacional en robo a transeúnte, con apenas un aumento del 2.8% en las denuncias, al comparar el primer trimestre del año pasado y los