Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Junio de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum correspondiente.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 26 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Informo que se cuenta con un registro de 37 legisladores presentes. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de junio de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles siete de junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinte legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el martes treinta de mayo de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2017.- Se remitió a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Informe periódico de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

• La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2017; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2017 y
• El reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondiente al primer trimestre de 2017, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo 2017, así como la ejecución de la política monetaria.-Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el documento denominado Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación 23/2017 sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Guanajuato, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibieron del congreso del estado de Nuevo León, los siguientes documentos:

• Proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Zacatecas, proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; y en el Seminario Regional “Uniendo los puntos: Apoyar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, a través de un mayor compromiso y acción parlamentaria en procesos internacionales”, realizados los días 12 y 13 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de su participación en la “Reunión de co-creación: Estándares internacionales para la regulación del lobby”, que se llevó a cabo el 29 de mayo de 2017, en Lima, Perú.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando Mayans Canabal, el informe de su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Moisés Guerra Mota, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 5 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Ana María Boone Godoy, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara para el mes de junio de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara al mes de abril de 2017.- Quedó de enterado.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiséis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a actualizar, reparar y mejorar las condiciones de los botones de auxilio que se encuentran en las calles de la Ciudad de México, que permiten prevenir y combatir hechos delictivos.

2. Por el que se turnan para conocimiento y resolución de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores las proposiciones relativas a la creación de una comisión de seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.

3. Que exhorta al Gobierno Federal a implementar una estrategia de prevención e información sobre el ciberataque de Ransomware WannaCry.

4. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

5. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a informar sobre el estado en que se encuentra la actualización de las normas y reglamentos referentes al espacio mínimo de cajones de estacionamiento contemplado para las construcciones de esta ciudad.

6. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los actos de violencia que se presentaron en la sede del Senado de la República el 11 de mayo de 2017.

7. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y el combate de los incendios forestales en todo el país.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a fortalecer los programas de capacitación en materia de derechos humanos, sistema penal acusatorio y uso legítimo de la fuerza, para todas las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en el estado.

9. Que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a elaborar o, en su caso, actualizar el Programa Estatal de Protección Civil.

10. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto al uso de los helicópteros oficiales por parte del Jefe de Gobierno, durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y abril de 2017.

11. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una estrategia integral para prevenir y controlar la violencia en la entidad.

12. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a ampliar y fortalecer sus estrategias, planes y operativos en materia de seguridad pública.

13. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe sobre el estatus de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en los programas “Habilidades Digitales para todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”.

14. Por el que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a continuar con la capacitación de los elementos de seguridad pública en la aplicación de las normas de tránsito, a fin de que garantice el respeto a los derechos humanos y de tránsito de los motociclistas.

15. Por el que exhorta al Gobierno del Estado de Tamaulipas a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

16. Por el que exhorta al Gobierno del Estado de Quintana Roo a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

17. Por el que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a informar respecto del proceso de implementación de la unidad encargada de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

18. Por el que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a garantizar la observancia de los principios constitucionales en materia de estado laico y libertad religiosa.

19. Por el que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar respecto del avance en el cumplimiento de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sobre la creación de juzgados especializados y de la capacitación de los existentes para conocer la materia ambiental.

20. Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de los Gobiernos de la zona metropolitana del Valle de México a establecer los mecanismos pertinentes para la operación del programa integral que fomente el uso del transporte colectivo y promueva el uso responsable del automóvil.

21. Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con las mujeres para la pronta y diligente aplicación del orden jurídico nacional para su acceso a una vida libre de violencia.

22. Por el que exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo a realizar las adecuaciones normativas que estime pertinentes en materia de derecho al agua.

23. Por el que determina que queda sin materia la proposición de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza en relación con la implementación de estrategias de reforestación en la Ciudad de México.

24. Por el que determina que queda atendida la proposición de la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia relativa a exhortar a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir leyes y realizar las adecuaciones normativas que resulten procedentes en materia de combate a la corrupción.

25. Por el que determina que queda sin materia la proposición del Diputado Renato Josafat Molina Arias para condenar el asesinato de la Señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

26. Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre el estado que guarda la solicitud de información realizada por el Congreso del Estado de Oaxaca en el expediente No. 34/2016.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los veintiséis dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintidós dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a que fortalezcan las campañas para prevenir los riesgos de exposición al calor por las altas temperaturas que se presentan en el país.

2. Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento a la Armada de México en la labor que realiza en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de apoyo y auxilio a la población.

3. Que exhorta a los gobiernos locales a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de la población, con énfasis en medidas de abasto de medicamentos, prestación de servicios integrales y generación de condiciones laborales óptimas para el personal de salud.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit a atender la problemática del personal de salud del Hospital Civil “Doctor Antonio González Guevara”.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las acciones que ha realizado para dar cumplimiento a la Recomendación General No. 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y analice la viabilidad de elaborar lineamientos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos que sean la base para realizar acciones en la materia.

6. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la Arena Manchester el pasado 22 de mayo.

7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar con la aplicación y fortalezca las acciones, estrategias, programas y políticas para la prevención, atención y control de la obesidad y el sobrepeso.

8. Que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano suscriba y ratifique la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres de la Organización de las Naciones Unidas.

9. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer las acciones que garanticen el pleno derecho a la protección de la salud de las mujeres de dicha entidad, con énfasis en la prevención, detección y atención oportuna del cáncer cérvico uterino.

10. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a continuar y fortalecer las acciones dirigidas a la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia dirigida a niñas, niños y adolescentes, incluidos los delitos generados por la delincuencia organizada.

11. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud a implementar las medidas normativas, de fomento sanitario, prevención de riesgos para la salud y demás que consideren necesarias, respecto al uso de plásticos y sus derivados, con énfasis en el bisfenol A utilizado en los envases o contenedores de alimentos y bebidas.

12. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección de Medio Ambiente a realizar las acciones necesarias para la generación de un informe sobre el cumplimiento respecto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas donde se llevan a cabo proyectos de desarrollo.

13. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y atención oportuna de las enfermedades cardiovasculares.

14. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas un informe sobre el estado que guarda el reconocimiento de validez oficial de estudios de las instituciones educativas que imparten estudios de nivel licenciatura.

15. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover la incorporación de mujeres mayores de 40 años al sector laboral y se evite su discriminación.

16. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de incrementar la plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac.

17. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los planes y programas de estudios en los distintos niveles escolares, la capacitación en primeros auxilios.

18. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones realizadas respecto a la prevención, atención, control y erradicación del tabaquismo en nuestro país.

19. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los resultados de la aplicación de los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional.

20. Que exhorta a la Secretaría de Salud a que considere incorporar en la prestación de servicios de salud la prevención y atención de la ludopatía.

21. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a aplicar y reforzar acciones para la prevención y atención de la anorexia y la bulimia.

22. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintidós dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que solicita a LICONSA un informe en el que se especifiquen las causas que generaron un ejercicio presupuestal superior al originalmente planeado durante el primer trimestre de 2017.

2. Por el que solicita a PEMEX un informe en el que aclare las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015, sobre la compra y rehabilitación de la planta de nitrogenados en 2013.

3. Por el que solicita al Servicio de Administración Tributaria un informe en el que señale las cantidades recaudadas por concepto de multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por violación a la Ley o reglamentos en materia ambiental en el periodo 2011 a 2016.

4. Por el que solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos un informe sobre el estado que guardan los contratos firmados con las empresas JADE Proveedores, Constructora Acre, Desarrollos Tecnológicos del Noreste, Typsa y Grupo Socaroto.

5. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que valore impulsar la promoción de la actividad turística en el segmento médico.

6. Por el que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del estado que guarda la elaboración y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”.

7. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la pertinencia de actualizar la normatividad oficial en materia de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte y sacrificio de animales, con el fin de incorporar principios de trato digno y respetuoso.

8. Por el que solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales a informar sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la zona especial Puerto Unión en el estado de Guerrero.

9. Que exhorta al ayuntamiento de Manzanillo y al gobierno del estado de Colima a evaluar la pertinencia de continuar destinando recursos y reforzar la implementación de políticas públicas que generen fuentes de empleo a los pescadores de dicho municipio, ante la escasez de pesca ribereña.

10. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar e informar en el contenido de los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 2018 el costo financiero de los programas para reducir la pobreza y la evolución económica de los ejercicios fiscales de 2012 a la fecha, de los programas presupuestarios para reducir la pobreza.

11. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las determinadas por la Comisión Reguladora de Energía para grupos de usuarios del  suministro básico, tomando en cuenta el aumento en la temperatura promedio durante el verano.

12. Que exhorta a la Secretaría de Economía a iniciar una investigación a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, provenientes de Estados Unidos de América, por dumping.

13. Por el que se declara atendida la proposición que exhortaba a realizar acciones para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los incendios en el Cerro Tepopote y Bosque La Primavera.

14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la realización del tianguis turístico en Acapulco.

15. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo del estado de Guerrero a aplicar un subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar una estrategia con los productores de azúcar de nuestro país ante la renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio de azúcar entre México y los Estados Unidos de América, se devolverá a la Comisión.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a garantizar que se actualicen los spots de radio y televisión y se promueva el 911 como número único de emergencias para todo el país.- Intervinieron los legisladores: Senador Miguel Romo Medina del PRI; y Diputado Armando Luna Canales del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a la Secretaría de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades asesores dentro del “Sistema Electrónico de constitución para la Sociedad por Acciones Simplificadas”.- Intervino la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país por medio del aprovechamiento del biogás.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Martha Hilda González Calderón del PRI; y Senadora María Verónica Martínez Espinoza del PRI, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al Acuerdo. El dictamen fue aprobado en votación económica.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las medidas de espacios marinos limpios.-Intervinieron las legisladoras: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Diputada Gloria Himelda Félix Niebla del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de los Grupos Parlamentarios de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de los grupos parlamentarios, que establece el formato de las deliberaciones en torno a las jornadas electorales del 4 de junio de 2017.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con el Acuerdo aprobado, dio paso ala agenda política para referirse a los comentarios y balance sobre el desarrollo de la jornada electoral del 4 de junio en varias entidades federativas del país.-En la primera ronda, por los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro González Murillo del PES; Diputada Karina Sánchez Ruiz de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Senador Fernando Herrera Ávila del PAN; y Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI. En una segunda ronda intervinieron los legisladores: Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Diputada Lía Limón García del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT, por alusiones personales; Senador David Monreal Ávila del PT; Diputada Maricela Contreras Julián del PRD; Diputado Federico Döring Casar del PAN; y Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Senadora Graciela Ortiz González del PRI. El asunto se consideró suficientemente discutido.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.-Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Mario Machuca Sánchez e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de robo de hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila e integrantes de la Comisión de Transportes, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un capítulo XIV a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 54 Bis y una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y reforma la fracción IV del artículo 48 de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona un título séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús S. Valencia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 231 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones dela Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 64, 130, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral 162 al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública y a la propia Secretaría a investigar la donación de terrenos a favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria del municipio de Chimalhuacán, Estado de México denominada “Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita al titular de la Secretaría de Economía a una reunión de trabajo con el objeto de conocer a detalle los resultados de la negociación bilateral con los Estados Unidos de América, sobre la industria del azúcar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fin de que cesen los hechos de violencia en contra de periodistas en el país y en el estado de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a los inaceptables pronunciamientos realizados por la canciller de Venezuela hacia México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo con vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y atender sus peticiones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión respecto de la situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de la República y al de la Ciudad de México a salvaguardar la seguridad e integridad del Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con motivo de sus denuncias sobre la práctica de cirugías experimentales no autorizadas en hospitales del sector salud.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Sesma Suárez, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional que realice una opinión y dictamen técnico sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del sistema de tracción del segundo remolque que utilizan los llamados “tracto camiones de doble remolque”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Nacional Electoral y a los gobiernos de los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz a realizar acciones que garanticen la equidad, seguridad y las condiciones necesarias que garanticen la certeza jurídica del proceso electoral 2017.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román y del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones de coordinación y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la población mexicana en Texas y que han interpuesto un recurso contra la ley SB4, así como de las medidas que se implementarán en los consulados de dicha localidad para la protección de los derechos humanos de la población mexicana, ante los cambios en el marco normativo local.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Sofía González Torres e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherirse al Convenio de Budapest y su protocolo adicional, así como al Convenio 108 en materia de Ciberseguridad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta y solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas correspondientes y expidan las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicado el 18 de julio de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Turismo a promover como atractivo turístico la ruta del mezcal del    estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a crear la Ley de Protección de Datos, armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir regionalmente los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-2018.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar programas educativos, como parcelas escolares, con los objetivos de fomentar el aprendizaje acerca de la importancia de los alimentos, combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas a la población en general sobre los riesgos de consumir sal, a fin de prevenir y diagnosticar enfermedades como la hipertensión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo acciones contundentes con la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México que permita abatir los elevados índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que detalle las acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para subsanar problemáticas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como filtraciones de agua, faltas de pagos y carencia de equipos para laborar, así como insuficiencia de refacciones y nulos programas de rehabilitación a estaciones y trenes de la red, particularmente en la Línea 12.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las políticas a favor del medio ambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos derivados de dicho Acuerdo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a promover como atractivo turístico la zona arqueológica de Las Ventanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida de Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las posibles consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración y administración de justicia que atienda el incremento de la violencia en el estado, capaz de restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto de la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Transparencia de Baja California a llevar a cabo una investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del gobierno de dicho estado que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para crear las condiciones necesarias a fin de conformar una reunión entre parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos latinoamericanos para formar un frente parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del presidente estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes como por su decisión de retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe sobre el estatus que guarda la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Museo Internacional Barroco, al segundo piso de la autopista México-Puebla, al estadio Cuauhtémoc, al Proyecto Arqueológico Cholula y a la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, de las cuales se presume un sobreprecio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a impulsar la idea ante las organizaciones empresariales residentes en los estados que conforman la megalópolis, para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular que es una de las muchas causas de generación de contaminantes ambientales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación a fin de deslindar responsabilidades en relación a una presunta red corrupción para obtener financiamiento con recursos de procedencia ilícita a MORENA.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las centrales de abasto y mercados en nuestro país a implementar un programa de pérdida y desperdicio cero de alimentos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a los gobiernos estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias para alinear sus planes y programas de trabajo a la agenda 2030 de desarrollo sostenible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre los cada vez más frecuentes “ciberdelitos”, la estrategia nacional de ciberseguridad y la necesidad de intensificar campañas de prevención, información y concientización sobre la importancia de la seguridad en internet.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior para estudiantes del estado de Guerrero, a fin de evitar la deserción escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a expedir un Acuerdo específico para otorgar una recompensa a quien dé información eficaz para la identificación, localización, detención o aprehensión de los líderes de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a instrumentar acciones para evitar la extinción del ajolote mexicano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a renovar su sitio web con el fin de mejorar y hacer eficiente el acceso a la solicitud de información.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar las campañas con el fin de hacer del conocimiento de la población en general la gratuidad de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender mediante jornadas una amplia campaña de información, prevención, tratamiento y detección del “cáncer de piel”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano de todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el consumo humano y que se indique quiénes han sido sancionados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado terrorista del 3 de junio en Londres, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 7 personas y dejado al menos 48 heridos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto sobre la renta, respecto del estímulo fiscal otorgado con relación con los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, otorgado mediante Decreto publicado el 26 de diciembre de 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018 una campaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la campaña de fomento y promoción turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de la conmemoración de los 400 años de su fundación, a celebrarse en el año 2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa y reconoce el importante esfuerzo institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Oaxaca y de las entidades que han impulsado e implementado programas para apoyar la labor de la partería tradicional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre estrategias para rehabilitar el agua de   nuestras playas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al anuncio del gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el “Acuerdo de París”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a PEMEX Transformación Industrial a atender la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que genere una versión pública de los contratos que celebró con la empresa ODEBRECHT, así como sus convenios modificatorios derivados del mismo contrato y sus nexos, correspondiente al periodo de los años 2010 a 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de la situación de los precios de las gasolinas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, sobre el comportamiento de la recaudación por su venta, así como proyecciones respecto al comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación auditar los programas presupuestales de seguridad; asimismo, se solicita al titular de la Procuraduría General de la República informar si existen solicitudes de investigación y/o autorizaciones judiciales sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos Alejandro Calvillo Unna, Luis Manuel Encarnación Cruz y Simón Barquera Cervera.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Instituto de Ecología y Cambio Climático y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y al Secretario de Economía informe sobre los efectos que tendrá la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar nuevas acciones contra la creciente inseguridad en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México a informar de las acciones que se han realizado para el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México al artista Felipe Ehrenberg.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la aplicación del programa de empleo temporal inmediato en 127 municipios del estado de Oaxaca, afectados por la tormenta Beatriz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Marina un informe sobre la situación de contaminación de océanos y mares en el territorio nacional, provocado por el vertimiento de desechos derivados de las actividades humanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Saucedo Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar un incremento de emergencia del salario mínimo vigente en la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República a informar el estatus que guarda el caso Selvas Gómez y otras versus México, cometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a cumplir con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de regular el tratamiento de aguas residuales, su distribución, control y preservación en cantidad y calidad, en bien de la sustentabilidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada prioridad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la inmediata rehabilitación del puente Tequisistlán de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al aumento en el índice de feminicidios en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a verificar el cumplimiento de normas y reglamentaciones establecidas con carácter nacional en lo referente a seguridad e higiene en empresas, industria y prestadores de servicios de destinos turísticos para implementar los protocolos de seguridad necesario en los destinos turísticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a las afectaciones causadas a tierras comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción del proyecto de la presa Cerro del Oro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a PEMEX a informar sobre las acciones emprendidas para cumplir con las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas con el funcionamiento de la planta catalítica de la refinería Antonio M. Amor.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro a investigar y esclarecer la participación, activa o pasiva en el desarrollo de prácticas monopólicas de las AFORE.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Gobernador del Banco de México y de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para tratar lo relativo a la posible manipulación del precio y tasa de los valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo en relación a los periodistas asesinados en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a impulsar los trabajos del Consejo Técnico en materia de salario mínimo, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del 14 de marzo del 2015; y a establecer un plazo máximo para la entrega de los resultados del trabajo del Consejo Técnico en materia de salario mínimo, incluyendo su informe final.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión a realizar las diligencias necesarias para encontrar los responsables del allanamiento de las oficinas editoriales del semanario Proceso en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a realizar las diligencias necesarias para esclarecer el asesinato de Judith Santiago Ramírez y para localizar a los responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a realizar auditoría a los procedimientos de los conteos de salida y programas de resultados electorales preliminares en los procesos electorales locales de los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación y de Hacienda y Crédito Público a intervenir y resolver el conflicto que afecta a académicos, estudiantes y trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Salud a dar seguimiento al cumplimiento cabal de las demandas hechas valer por las enfermeras huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a implementar un nuevo esquema para que los trabajadores que han cotizado en la institución puedan participar como compradores en las subastas de viviendas recuperadas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a hacer públicas las estrategias y prácticas que está impulsando para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención médica y la protección al usuario de los mismos en 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Jalisco a coordinar un informe del estado ambiental, de salud pública, así como de infraestructura de la Cuenca El Ahogado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementar campañas mediáticas para prevenir y controlar la artritis reumatoide como enfermedad crónica no transmisible.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar campañas informativas acerca del lupus eritematoso sistémico y exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar un censo de pacientes diagnosticados con esta enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer públicas las mejoras que emprendió en el programa presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” para el 2017 según las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a hacer público el ejercicio presupuestal de los principales programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 a cargo del Instituto Tamaulipeco del Deporte.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar conforme al derecho internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y bienes malversados de los tamaulipecos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a difundir de manera pública información estadística que permita a todo interesado conocer la situación real en que se encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Tonalá a hacer público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá correspondiente a su gestión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención y detección oportuna del cáncer infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a verificar las condiciones laborales de los jornaleros en los estados de Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que expida la declaratoria de desastre considerada en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, derivado de las afectaciones por lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incrementar las medidas de seguridad en todo el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a su homólogo en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para brindar la atención médica a la salud mental de manera suficiente, oportuna y de calidad en dicha localidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita garantizar el libre tránsito de transporte de mercancías.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aclarar los hechos de espionaje público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a impulsar la instrumentación del protocolo de actuación para su personal ante casos que involucren orientación sexual o la identidad de género, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a impulsar la instrumentación del protocolo de actuación de la Policía Federal en casos que involucren orientación sexual o la identidad de género.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Estado de México a aclarar las inconsistencias presentadas en el PREP y el Conteo Rápido de la elección para la gubernatura del Estado de México el pasado domingo 4 de junio.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del  grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los  Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los  Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Libertad de Expresión.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a los retos del Estado Mexicano en materia de protección civil como resultado del cambio climático.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles catorce de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se ha recibido un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia para participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual tendrá verificativo en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a la Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente al año 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron la siguientes comunicaciones de los ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio del año en curso.








Una, del Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores la reincorporación de la Senadora Margarita Flores Sánchez.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió una comunicación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, con la que remite su informe de actividades realizadas en el periodo del 17 de mayo al 4 de junio del año en curso y presenta las conclusiones respectivas. Asimismo, remite las proposiciones que le fueron turnadas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.

Denle volumen en el escaño del Diputado Vidal, por favor.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Gracias. Con el objeto de objetar el trámite, soy miembro de dicha comisión, este informe no fue circulado entre los miembros de la comisión. Yo lo que propondría es que se regresara el mismo para que fuera conocido por los miembros de la comisión y, en su caso, sancionado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Diputado, la Mesa, como usted bien sabe, siempre actúa de buena fe y viene suscrito justamente por la Mesa Directiva de la comisión, déjenos platicar con la comisión para saber qué es lo que sucedió al respecto, si requiere que recae un trámite distinto a él, con gusto damos trámite para saber cuál debe de ser. Adelante.

La Asamblea ha quedado enterada. Las proposiciones que se le remitieron a la comisión que concluyen sus trabajos también se tienen por concluidas y se remiten a la Primera Comisión para su conocimiento. Se ordena a la Secretaría Parlamentaria archivar los asuntos.

Denle volumen en el escaño, por favor, a la Senadora Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A ver, simplemente para señalar que este informe que rendimos es en el conocimiento de que tal como mandató el Acuerdo emitido por la Mesa Directiva y por el Pleno de la Comisión Permanente, esta comisión concluyó el día de las elecciones.

De tal manera que el informe que estamos enviando tiene de manera muy objetiva las actividades que realizó la comisión, no tiene más allá de esta situación una cuestión de valoración de la propia comisión, es decir, no hubo la oportunidad de que la comisión sesionara para generar unas conclusiones de valoración sobre lo que se constató en el desarrollo de los trabajos de la misma, sino simplemente y de manera muy puntual y objetiva las actividades que realizó esta comisión.

Y también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos y cada uno de los integrantes de la misma la forma en que se vino trabajando a lo largo de esas dos semanas que tuvo de existencia la Comisión de Seguimiento.

Y a título personal, quiero señalar que, en mi opinión, hay temas que tenemos que darle seguimiento como Poder Legislativo y que pudimos observar en el desarrollo de las mismas, y una tiene que ver con el fortalecimiento de los órganos electorales en materia local, habrá que ver de qué manera generamos incentivos para generar mayor fortaleza institucional a estos órganos, es algo que creo que tenemos que analizar y, también, revisar el tema de delitos electorales, y esto también fue una propuesta que hizo el propio fiscal titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales.

Entonces, creo que quedan asignaturas pendientes, no hubo oportunidad debido al propio Acuerdo que emitió la formación de esta comisión, pero creo que hay temas pendientes que atender.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Sin duda, me parece que va en el sentido, lo que comentaba el Diputado Llerenas, y habrá oportunidad en las próximas comisiones de ver cómo se puede dar seguimiento, si se puede ampliar con un mandato diferente o cuál es el trámite que debe de darse al tema.

Denle volumen, por favor, a la Diputada González Calderón, en su escaño.

La Diputada Martha Hilda González Calderón: (Desde su escaño) Solamente para decirle que tuve oportunidad de leer el informe que está presentando esta comisión, la Mesa Directiva, es puntual, no habla más allá, no hay juicios de valor, lo que verdaderamente habla del profesionalismo con que se llevaron a cabo estas actividades.

Es un informe puntual, la súplica es que nos pudiera ya dar por cumplimentado a lo que fue creada esta Comisión. Como dice la Senadora, ya habrá motivo para otras agendas, pero para esta Comisión me parece que su objetivo ha sido cumplido y mi reconocimiento a la Presidenta de la misma por la ecuanimidad, el profesionalismo con que se llevaron a cabo los trabajos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada González Calderón.

Sí, Senadora Diva Hadamira.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Creo que es propicio reconocerle a la presidenta de esta comisión la tarea que se hizo. Yo como secretaria de la misma debo decir que fue un trabajo muy rápido, pero muy profesional, que pudimos ver a las instancias correspondientes y que hoy cerramos con la entrega de este documento el trabajo que se realizó, fue el mayor de los esfuerzos en el propósito de coadyuvar a la democracia de este país.

Muchas felicidades Pilar, muchas felicidades a todo el equipo técnico, porque voy a decir que fue el equipo técnico quien realmente trabajó para no solamente entregar este informe, sino para toda la tarea que se ha venido realizando.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Denle volumen, otra vez, al Diputado Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Bueno, en ese sentido podría retirar la objeción del trámite, es decir, que se presente y, en ese caso, entonces pedir la palabra para hechos y referirme al informe y comentar hechos con respecto al mismo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Diputado Vidal Llerenas. Estamos en el apartado de comunicaciones, se ha dado vista y usted sabe perfectamente que esta Comisión se formó con un Acuerdo parlamentario, que como bien dicen las Senadoras y las Diputadas, se extinguió al momento de concluir ésto. Los puntos que se registraron también respecto a ésto, están turnados a la Primera Comisión.

Yo le diría, sin duda, por lo mismo que usted ha manifestado, por lo que ha manifestado la presidenta de la extinta comisión, sin duda se pueden tomar mucho del trabajo que se hizo, y la Primera Comisión para hacer un trabajo de seguimiento para proponer iniciativas o para el fortalecimiento que requieran necesario.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del PRD, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta de reformas al Código Civil Federal, en lo relativo al establecimiento de la mayoría de edad para contraer matrimonio.

Quien suscribe, OLGA CATALÁN PADILLA, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE SENADORES A QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA MAYORÍA DE EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Abordar el matrimonio infantil es un tema complicado, muchas niñas, niños y adolescentes se enfrentan a condiciones de violencia y desigualdad que impiden su desarrollo personal. Tan solo, en 2015, se casaron más de 35,000 niñas y adolescentes en México, lo que dio como resultado que el país ocupe el noveno lugar a nivel mundial y el cuarto dentro de la región latinoamericana. El hecho de que existan matrimonios infantiles, sea entre infantes de la misma edad o de edades mayores o menores, los expone a abusos tanto físicos como sexuales, a embarazos a temprana edad y la reproducción de las condiciones de pobreza intergeneracionales entre otras problemáticas.

En regiones económicamente desfavorecidas, las familias pobres ven el matrimonio infantil como una forma de mejorar su vida. Una dote, por ejemplo, ayuda a mantener a la familia y protege a sus hijos de problemas económicos. En países en desarrollo, estos matrimonios desempeñan un papel en la preservación de la cultura y afianzan lazos entre familias importantes.1

En el mundo, y específicamente en México, existe un sistema de valores y creencias culturales que ven con normalidad que una niña o adolescente se case o que sus padres decidan cuándo, cómo y con quién debe contraer matrimonio. México ha ratificado mecanismos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra las mujeres, cuyos órganos de articulación han hecho recomendaciones precisas al Estado mexicano para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonios sin dispensas ni excepciones.

El hecho de que cualquier persona cumpla 18 años de edad no garantiza el éxito del matrimonio, pero se puede presuponer una mayor madurez para afrontar la vida en pareja. Es necesario destacar que en la legislación civil o familiar de algunas entidades federativas se establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio, sin embargo, también se prevé la figura de su dispensa, lo cual debe eliminarse, tal como lo señala la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado.

El 30 de abril de 2015 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal en cuanto a matrimonio se refiere, con el objetivo de establecer que para contraer matrimonio, tanto el hombre como la mujer, deberán haber cumplido la mayoría de edad, es decir, 18 años sin dispensa, ni excepciones. El dictamen, aprobado por 361 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones fue turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Lo más relevante del dictamen es el establecimiento de la mayoría de edad tanto para hombres como para mujeres, debido a que la legislación vigente menciona que la edad mínima para contraer matrimonio en las niñas es de 14 años y  en los hombres 16 años, siempre y cuando se tenga el consentimiento de los padres, tutores o algún juez.

En el dictamen, turnado al senado, se elimina como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la falta de consentimiento de quien, o quienes ejerzan patria potestad, del tutor o del juez; e incluye como impedimentos para la celebración la amenaza, coerción y violencia. Aunado a lo anterior señala que se extingue el derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, por la mayoría de edad de los hijos.

El objetivo principal del dictamen es eliminar los matrimonios que contraen los menores de edad, debido a que viola los derechos humanos independientemente del sexo que tenga la persona contrayente. Las iniciativas que dieron origen a la minuta mencionan que algunas de las consecuencias negativas del matrimonio infantil son la separación de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar en actividades comunitarias de acuerdo con su edad y sobretodo existe una reducción de las oportunidades de recibir una educación.

Es importante destacar que en la Cámara de Senadores se hizo una solicitud de excitativa, es decir, un exhorto que realizó la Mesa Directiva, a las comisiones a las que fue turnada la minuta con el fin de agilizar la presentación del dictamen sobre el tema de matrimonios forzados que les fue turnado por la mesa directiva el 3 de septiembre de 2015, dicha solicitud fue elaborada por parte de las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez y Martha Tagle Martínez, la cual fue publicada en la gaceta el ocho de marzo de 2016.

Aunado a lo anterior, las dos cámaras han presentado una serie de exhortos a diferentes Estados de la republica junto con la Ciudad de México para que armonicen sus códigos, ya sean civiles o familiares, con la finalidad de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años sin ninguna excepción. La realidad es que las comisiones de la Cámara de Senadores a las cuales fue turnada la minuta y por ende el pleno de la misma no han cumplido con su trabajo en cuanto a armonización del Código Federal se refiere y el cual le compete.

Es importante destacar, que los matrimonios infantiles constituyen una violación de los Derechos del Niño y, en particular, de las niñas [las cuales son más propensas a ser obligadas a contraer matrimonio, según estadísticas del INMUJERES]. Despojadas de su infancia, se transforman en esposas y madres sin contar aún ni con la madurez ni el discernimiento necesario para aceptar y entender lo que el matrimonio significa e implica.2

Estos matrimonios tienen un efecto perjudicial en la salud de estas jóvenes, tanto física como psicológicamente. A menudo son violadas en su noche de bodas y se convierten en víctimas de violencia sexual a manos de su marido.

Además, no están preparadas, ni física ni mentalmente, para someterse a un embarazo ni a un parto. Muchas de ellas dan a luz prematuramente a niños cuyas posibilidades de supervivencia son menores de lo normal. Más aún, la experiencia de dar a luz puede resultar fatal no sólo para el bebé, sino también para la madre.

A dos años de la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, no se han visto avances en el Senado, a pesar de que el tema ha cobrado mayor relevancia en la actualidad, pues los niños, niñas y adolescentes en el mundo y específicamente en México son considerados un grupo de la población en situación vulnerable.

Es necesario que las comisiones involucradas en la dictaminación de la minuta, agilicen el proceso y al mismo tiempo el pleno de la Cámara de Senadores apruebe el proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, con la finalidad de promover y proteger el goce pleno y efectivo de los derechos humanos de miles de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a que dictamine la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal en lo relativo al establecimiento de la mayoría de edad para contraer matrimonio.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2017.

Suscribe

Dip. Olga Catalán Padilla.

1 Ayarza, J. (sf). Matrimonio infantil La práctica de los matrimonios concertados y/o forzados que involucran a niños. 26/04/2017, de Humanium Sitio web: http://www.humanium.org/es/matrimonio-infantil/

2 Ibídem






Una, de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, del grupo parlamentario del PAN, por la que realiza excitativa a comisiones del Senado de la República para dictaminar la minuta que contiene reformas al Código Penal Federal, en materia de registro público de personas condenadas por comisión de delitos sexuales para la protección de la niñez.

Proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se realiza EXCITATIVA A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A QUE SE SIRVAN PRODUCIR DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA REMITIDA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS EN VIRTUD DE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULO 24 Y 366 TER Y SE ADICIONA EL 209 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; RECIBIDA POR LA CÁMARA ALTA EL 2 DE FEBRERO PASADO, EN MATERIA DE REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS CONDENADAS POR COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, a cargo de la Diputada MARIANA ARÁMBULA MELÉNDEZ, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. El 14 de diciembre de 2016 pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen que reforma el Código Penal Federal para prohibir a los traficantes de menores o pederastas que salieron de prisión acudan a lugares donde se reúnan niños, niñas y adolescentes. Dicho dictamen contó con 378 votos a favor y dos abstenciones, igualmente se validó la creación del Registro de Personas con Sentencia Firme y la inscripción al mismo, como medida de seguridad y sanción a quienes no tengan permitido acercarse a determinado lugar, así como la publicación especial de sentencia por la comisión de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual (violación, abuso sexual, estupro, incesto y hostigamiento sexual).

2. Con el cambio propuesto se crearía el Registro Nacional de Personas con Sentencia Firme sobre este género de delitos, a cargo del Centro Nacional de Información, dependencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una vez creado, dicho registro se alimentaría de la información que le surtan tanto las autoridades de las entidades federativas como de la propia federación, conforme la incidencia de casos de delitos sexuales que justifiquen dicha inscripción, que también debe adicionarse en los catálogos penales sustantivos.

3. No obstante el apoyo de la Cámara de Diputados a dichas enmiendas, es el caso que en la Cámara de Senadores aún no se ha dictaminado dicho proyecto, mismo que arribó al Senado el 2 de febrero pasado y que ya mereció una excitativa el pasado 14 de abril por la propia mesa directiva del Senado.

4. La realidad de nuestro país a veces se torna absurda y terrible. Es el caso que lamentablemente la menor Valeria Teresa Gutiérrez de once años de edad fue violada y privada presuntamente por el chófer de un vehículo del transporte público concesionado en el Municipio de Nezahualcóyotl una vez que su padre la subió a dicho transporte para evitar que la menor se mojara con la lluvia.

5. Este hecho nos conmociona y desde luego que nos duele. Por tal razón no esperamos menos de las autoridades del estado el total esclarecimiento de los hechos, las sanciones más severas al responsable de este atroz delito y las medidas de reparación integral del daño para la familia de Valeria.

6. Sin embargo, y de manera adicional, asumiendo la responsabilidad que nos toca como cuerpo de representantes y legisladores federales, consideramos que es urgente que las sanciones, instrumentos y mecanismos YA APROBADOS por la Cámara de Diputados, sean DICTAMINADOS DE MANERA URGENTE por la comisión del caso en el Senado de la República, a efecto de mitigar los riesgos que implica la convivencia con personas que sean sancionadas por este género de delitos.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, esta Comisión Permanente del Congreso aprueba los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión de Justicia del Senado de la República a dictaminar de manera urgente la Minuta señalada en el cuerpo de la presente proposición, a efecto de que sea incorporado en un probable periodo extraordinario de sesiones.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Congresos estatales a legislar en materia de sanciones relativas a la publicación en el REGISTRO NACIONAL correspondiente a quienes sean condenados por delitos sexuales, así como en materia de remisión de la información correspondiente a la instancia administrativa NACIONAL, Centro Nacional de Información, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de México a esclarecer el lamentable fallecimiento y violación de la menor Valeria Teresa Gutiérrez, previo debido proceso, imponer las sanciones más severas que correspondan y proceder a la reparación integral del daño a sus familiares.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Mariana Arámbula Meléndez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítanse ambos documentos a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Denle volumen, por favor, a la Senadora Mariana Gómez.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Habíamos platicado con los compañeros del PRI, la posibilidad de que la Presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, pudiese rendir el informe ante el Pleno. Pero bueno se fue muy rápido hacia el siguiente comunicado y tengo entendido que era un Acuerdo. No sé si después de las iniciativas se pudiese abrir el espacio para que pueda rendir este informe.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez.

Sin duda, usted conoce bien el procedimiento para modificar el Orden del Día, como se tenía registrado en la reunión de la Mesa, y como se recibió fue en el apartado de comunicaciones, se ha dado cuenta de ello y se ha turnado.

Sin duda alguna, si hay un Acuerdo parlamentario con las demás fuerzas políticas, como siempre sin objeción alguna, como lo marca el Reglamento, se puede modificar el Orden del Día para incluirlo. Esperemos el Acuerdo parlamentario, si es que así sucede. Gracias, Senadora.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 421 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Jericó Abramo Masso: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Es el Poder Legislativo la máxima tribuna dentro de nuestro estado constitucional de derecho, donde se encuentran reunidas todas las expresiones de nuestra nación, mismo que debe tener en la mira la problemática social.

Es por eso que esta propuesta que daré a conocer a ustedes, esta iniciativa, nace de la comunidad médica, de aquella que trabaja todos los días por construir una sociedad más sana y más fuerte, específicamente aquellas y aquellos médicos que atienden los temas de mortalidad, de salud en materia de sobrepeso y obesidad.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares, la Enfermedad Renal Crónica, el cáncer de riñón, entre otras muchas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2014 1,900 millones de adultos padecían sobrepeso, de ellos 600 millones estaban en estado de obesidad.

En la actualidad, 62 por ciento de los adultos padecen sobrepeso y obesidad en el Continente Americano.

En nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud, a enero de 2017 el 64 por ciento de la población es afectado por el sobrepeso, 113 mil 240 mexicanos al año fallecen por enfermedades del corazón, de las cuales el 50 por ciento padecen sobrepeso. La segunda causa de muerte es por diabetes, cobrando la vida de 87 mil 245 mexicanos, siendo el 80 por ciento quienes padecen de obesidad; 73 mil 426 fallecen por tumores malignos, de los cuales el 46 por ciento sufren obesidad y por la enfermedad del hígado graso mueren 34,156.

De los países miembros de la OCDE, México se destaca por ser el primer lugar en obesidad, y aquí una gráfica que nos dice cómo estamos en primer lugar en obesidad de los países miembros de la OCDE.

La medicina ha avanzado en pro de la salud para las personas que sufren de ciertas patologías.

Una de las maneras de prevenir las enfermedades derivadas de problemas con sobrepeso y obesidad es a través, muchas veces, de prevención y educación, y otras a través de cirugías bariátricas.

Una persona puede ser candidata a una cirugía bariátrica de la anterior mencionada, con el fin de regularizar su peso y estar en una mejor condición de salud.

Existen distintos procedimientos restrictivos y malabsorbativos para dar combate a este problema, pudiendo ser entre otros por gastrectomía vertical en manga, bandas gástricas ajustables, bypass gástrico en Y de Roux, derivación biliopancreática. Estas cirugías requieren de un alto nivel de preparación por parte del cirujano bariatra, pues al     tratarse de un procedimiento quirúrgico especial no cualquiera debe, ni puede llevarla a cabo.

La Ley General de Salud en su artículo 81 previene el requisito para los médicos que lleven a cabo procedimientos quirúrgicos de especialidad, que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes del Estado.

Conforme a los mismos preceptos, es el Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas, el Conacem, quien tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

En la actualidad, únicamente 88 cirujanos en nuestro país cuentan con la certificación vigente que marca la norma, reconocidos por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C., que en conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía General A.C., cuentan con el reconocimiento de la Conacem y su certificación únicamente es válida por 5 años.

Lamentablemente hay muchos médicos llevando a cabo estos procedimientos quirúrgicos especiales sin su debida certificación en instituciones públicas o privadas que prestan servicios de salud.

Estas prácticas indebidas podrían darse no sólo en caso de cirugías bariátricas, sino en cualquier otro caso quirúrgico especial y son posibles gracias a que no llevan emparejada en la ley una sanción como tal.

Por tal motivo es que el día de hoy vengo ante ustedes para modificar dentro del Título Décimo Octavo en su Capítulo II de sanciones administrativas de la Ley General de Salud, pretendemos castigar con una multa que va desde los 12 mil, hasta las 16 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, de que se trate e inhabilitación de 7 años a 10 años, en el desempeño del empleo, profesión o cargo público y a las entidades públicas o privadas que presten servicio de salud dentro de los cuales se lleve a cabo procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad por parte de médicos que    carezcan de la certificación con una multa de 25 mil hasta 34 mil veces la UMA de que se trate.

De esta forma estaremos evitando que médicos sin certificación realicen intervenciones que pongan en peligro la vida de afectados, contribuyendo con ello a un mejor servicio de salud por parte del sector público y privado, enfrentando uno de los más grandes problemas del país y del mundo: el sobrepeso y la obesidad.

Por su atención, a todas y a todos, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jericó Abramo Masso. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra el Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de Coalición y reforma diversas leyes en la materia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II Y 89, FRACCIÓN XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; Y REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Federico Döring Casar a nombre propio y de los Diputados José Hernán Cortés Berumen y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Derivado de la reforma política de 2014, existe un Artículo Transitorio que mandata al Congreso de la Unión y el cual debió haberse actualizado en la vacatio legis desde el año pasado, en el mes de mayo, al legislar en materia de gobiernos de coalición.

El Artículo Transitorio señala expresamente que: Es responsabilidad del Congreso de la Unión no sólo legislar el tramo correspondiente a un gobierno de coalición en materia federal, sino legislar en lo aplicable para esta figura en el ámbito de las entidades federativas.

Es por eso que vengo a presentar a nombre propio y del Diputado Hernán Cortés y de la Diputada Guadalupe Murguía, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esta iniciativa que tiene por objeto regular la facultad del Presidente de la República para optar por un gobierno de coalición, y la construcción sistemática y coherente de un gobierno sobre el principio de colegialidad, con apoyo parlamentario, mediante acuerdos políticos formales de cara a la nación con su respectivo sistema de rendición de cuentas.

Se busca transformar la naturaleza unipartidista del proceso de toma de decisión política, de su ejecución y de su evaluación en el seno del Poder Ejecutivo, en las relaciones intraorgánicas, para integrar la participación de otros actores que no son miembros del partido del gobierno que resultó con el voto mayoritario en la elección inmediata anterior.

Se transforma el concepto jurídico actual de gobierno con una construcción distinta, funcional y orgánicamente de la visión pública. En el marco constitucional del gobierno de coalición, el concepto de gobierno implica que los secretarios de despacho actúan no sólo individualmente sino también en gabinete bajo el principio de responsabilidad política colectiva.

Se concibe al gobierno como un órgano colegiado que toma las decisiones políticas y las ejecuta, y responde de manera colectiva por el ejercicio de tales funciones; y en segundo lugar, mediante la integración pluripartidista del gobierno.

Se configura el carácter colegiado del gobierno a través del establecimiento de las competencias colegiadas del gabinete en cada uno de los procesos, asegurando en todo momento que el Presidente de la República mantenga su calidad de titular del Poder Ejecutivo de la Unión con competencias constitucionales indelegables.

Se asocia la estabilidad del gobierno con su eficacia democrática, y debe tenerse presente que aún en el supuesto de que dé por terminada la coalición de gobierno, el sistema presidencial y su administración pública siguen funcionando con normalidad como sucede en la actualidad. Ello contrasta, desde luego, con los sistemas parlamentarios que se caracterizan porque el gobierno puede ser censurado por el parlamento, lo que no en pocas ocasiones genera crisis políticas graves, que incluso se contagia al subsistema económico. En la fórmula mexicana, si bien se puede disolver un gobierno de coalición, ello no implica que desaparezca el gobierno.

Se busca dinamizar la separación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que emerge de la Constitución de 1917, con las relaciones interorgánicas, y transformar la naturaleza unipartidista el proceso en la toma de decisión política y de su evaluación en el seno del Poder Ejecutivo para integrar la participación de los actores en las relaciones interorgánicas.

La reforma constitucional de febrero de 2014 estableció, como ya había señalado esta disposición para el Congreso, al Senado como la Cámara de control en la formación del gobierno de coalición, es una facultad del Congreso de la Unión en su conjunto legislar en la materia.

La iniciativa prevé, además, un segundo actor institucional de carácter consultivo: El Consejo Político del Gobierno de Coalición, formado por el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos coaligados, y sus dirigencias nacionales.

La positiva experiencia de manera del Pacto por México en la que participaron los dirigentes de los partidos políticos al lado de la Presidencia de la República, ha sido considerada para su configuración.

Por último destaco la figura del voto de su desaprobación: El procedimiento de control de desempeño de un integrante del gabinete por parte del Senado, cuando se reprueba su gestión de este integrante del gabinete.

Nos parece que ha llegado el momento de darle contenido programático y consistencias a las alianzas electorales.

Pasar de las alianzas electorales pragmáticas a las alianzas de coalición del gobierno. Las alianzas con rumbo para el país y con compromisos en un contenido programático.

No basta con hacer una alianza, la alianza debe tener un contenido y una oferta política indisoluble, que sea exigible y reclamable por el electorado ante la opinión pública después del proceso electoral, es un contenido programático derivado de la coalición de gobierno registrada, el que se presenta después cuando el Presidente opta por el gobierno de coalición, y el que sanciona como Cámara de control del Senado de la República. Y por eso existe esa figura del voto de su aprobación.

Si alguno de los encargados de despacho de ese gabinete incumple el mandato, los preceptos programáticos, el mandato legal de pluralidad y de contrapesos de la Cámara de control del Senado de la República, esta figura innovadora del voto de su desaprobación es lo que permite hacer garantía de eficacia y de cumplimiento cabal después de la urna, lo que hubiese ofertado el Presidente de la República al integrar el gobierno de coalición.

No es una figura electoral, es una figura de régimen político y de integración de gobierno.

El Congreso está perfectamente en tiempo y forma para legislarla, porque el transitorio también señala que entra por primera vez como esta posibilidad para el 2018.

Ojalá y el Congreso esté a la altura y le haya otorgado a quien resulte electo la posibilidad de integrar un gobierno de coalición en el próximo proceso electoral federal y que no tengamos el presupuesto de alguien que gana con legitimidad pero sin suficiencia de gobernabilidad y que no tiene herramientas jurídicas para integrar una coalición de gobierno.

Ojalá y estemos a la altura de lo que el país reclama y de la gobernabilidad que lo demandarán todos el próximo año.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Federico Döring. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de los Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Presento, para el turno correspondiente, una iniciativa de reforma al artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En la actualidad, dicho ordenamiento no contempla que un legislador pueda solicitar la revisión del quórum cuando se tomen decisiones importantes en la sesión del Pleno, sino hasta el momento en que se lleva a cabo una votación nominal.

Aún cuando resulte visible la ausencia de legisladores y por tanto la falta de quórum, no hay forma de pedir su rectificación, lo cual es especialmente grave cuando la Cámara de Diputados está en el proceso de presentación y desahogo de dictámenes.

Por lo anterior, se propone establecer en el artículo 46 del reglamento que: Si durante la presentación y desahogo de un dictamen, algún legislador reclama la verificación del quórum, el Presidente procederá a comprobarlo de inmediato y, de ser el caso, procederá a levantar la sesión.

Evitemos que se presenten casos en los cuales existan dudas sobre la existencia del quórum necesario para que las decisiones de un órgano colegiado sean válidas.

Convocamos a corregir nuestro marco institucional para evitar casos como el ocurrido en abril de este año al discutirse un dictamen con el que se proponía reformar la Ley General de Vida Silvestre.

La falta de consensos y la polarización del tema llevaron a una sesión tensa, de manera tal que en el momento en que fueron sometidas a votación dos mociones suspensivas para que dicho dictamen fuese regresado a la comisión correspondiente para su mayor análisis, se dieron varios incidentes que debilitaron la certeza en los trámites subsecuentes.

Sin entrar a detalles, el hecho es que durante el desahogo del dictamen, incluyendo la incorporación de adiciones, no se encontraba en el salón de plenos el número de Diputados necesario.

Esta situación no se daría si en el Reglamento de la Cámara de Diputados existiera un procedimiento de verificación de quórum que sea distinto y adicional al que se realiza al momento de una votación nominal.

Debe destacarse que, de aprobarse la iniciativa que se presenta su efecto sería únicamente para el proceso de presentación y desahogo de los dictámenes que se presenten en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, se refuerza y clarifica que esta etapa de los trabajos parlamentarios se requiere la presencia de al menos la mayoría de los legisladores para que estén enterados y, en su caso, participen de la resolución correspondiente.

Por lo anterior, y con el ánimo de perfeccionar nuestros procedimientos parlamentarios, es que presentamos la iniciativa correspondiente y solicitamos su turno a las comisiones de la Cámara de Diputados para que sea analizada, enriquecida y, en su caso, aprobada.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Diputado FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente INICIATIVA PARA COMPROBACIÓN DE QUÓRUM, con base en el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Reglamento de la Cámara de Diputados, no contempla que un legislador pueda solicitar la revisión del quórum cuando se están tomando decisiones importantes como lo es la discusión de un proyecto de dictamen en la sesión del pleno, sino hasta el momento en que deba llevarse a cabo una votación nominal es cuando se puede verificar el quórum legal.

Aun cuando resulte visible la ausencia de legisladores y por tanto la falta quorum, no hay forma de pedir su rectificación, lo cual es especialmente grave cuando la Cámara de Diputados está en el proceso de presentación y desahogo de dictámenes.

Por lo anterior, se propone que “Si durante el desarrollo de una sesión algún legislador reclama el quórum y la falta de éste es notoria, o dudosa, se procede a su comprobación y, de ser el caso, se levanta la sesión.”

CONSIDERACIONES

La existencia de quórum es fundamental para que las decisiones de un órgano colegiado sean consideradas válidas. En el caso de la Cámara de Diputados, la existencia del quorum, es decir la presencia de al menos 50 por ciento más uno del total de 500 diputados es un requisito para que las determinaciones legislativas sean válidas.

Es del conocimiento público que el pasado 6 de abril de 2017 en el Pleno de la Cámara de Diputados se sometió a discusión un dictamen por el que se proponía reformar el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

La falta de consensos y la polarización del tema llevaron a una sesión tensa, de manera tal que en el momento en que fueron sometidas a votación dos mociones suspensivas para que dicho dictamen fuese regresado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su mayor análisis, se dieron varios incidentes que debilitaron la certeza en los tramites subsecuentes.

Desde que se solicitó a la Asamblea que mediante votación económica, expresara si las mociones anteriormente señaladas eran aceptadas o no, resultó visible un hecho: en ese momento no se encontraba en el salón de Plenos el número de diputados necesario para que la sesión fuera considerada válida.

Adicionalmente, el resultado de dicha votación económica resultó confuso, es decir, no era claro si la voluntad de la mayoría de los legisladores era aceptarlas o rechazarlas. En esa situación, la Presidencia de la Cámara de Diputados solicitó que dicha votación fuera nominal, es decir, abriéndose el tablero electrónico para recibir la votación.

Como se señaló, en el Salón no estaban presentes una cantidad significativa de diputados, por lo que al cerrar el sistema electrónico de votaciones se presentaron varios de éstos para ejercer su voto de viva voz, mientras que otros legisladores trataron cambiar el sentido de su voto igualmente de viva voz, lo que en su conjunto reforzó la incertidumbre respecto del resultado del cómputo de votación y, que en consecuencia, cuatro de los ocho Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados se retiraran de la sesión, con lo cual notoriamente se perdió el quorum. Aun en esas condiciones, en la sesión se continuó tomando votación económica de modificaciones al dictamen pero sin tener el aval que desde la Carta Magna se obliga, posteriormente, al ser evidente la falta de legisladores para seguir con la aprobación del proyecto la sesión fue suspendida.

El problema que ocurre con este tipo de circunstancias es que se genera incertidumbre respecto de las acciones que se realizaron en el lapso que transcurrió entre el retiro de los grupos parlamentarios y la posterior cancelación de la sesión.

Esta situación no se daría si en el Reglamento de la Cámara de Diputados existiera un procedimiento de rectificación de quorum – que fuera distinto y adicional al momento de la votación nominal.

Debe destacarse que, de aprobarse la iniciativa que se presenta, su efecto sería únicamente para el proceso de presentación y desahogo de los dictámenes que se presenten al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, se refuerza y clarifica que en esa etapa de los trabajos parlamentarios, se requiere la presencia de al menos la mayoría de los legisladores para que estén enterados y, en su caso, participen de la resolución correspondiente.

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Artículo Único. Se modifica el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 46.

1. …

2. Si durante la presentación y desahogo de un dictamen, algún legislador reclama el quórum, el Presidente procederá a comprobarlo de inmediato, y de ser el caso, procederá a levantar la sesión.

3. …

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente,
el 14 de junio de 2017.

Suscribe

Dip. Francisco Martínez Neri.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Francisco Martínez Neri. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Lia Limón García, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 1, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU MISMO ORDEN; SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XLI AL ARTÍCULO 5, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU MISMO ORDEN; SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 7, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU MISMO ORDEN Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Diputada Lia Limón García, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PVEM)

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señor Presidente.

El Partido Verde Ecologista está comprometido con los temas de protección y cuidado al medio ambiente. Son temas que siempre han sido parte de la agenda y que seguiremos impulsando porque estamos convencidos de que proteger al medio ambiente es proteger a nuestras generaciones futuras. Temas como la iniciativa que hoy estamos presentando aquí.

Uno de los grandes problemas que vemos con preocupación es la generación de residuos sólidos, particularmente lo que tiene que ver con desechos plásticos, nuestra propuesta regulatoria es desincentivar el uso de popotes plásticos y desincentivarlo a fin de proteger, principalmente, nuestros océanos.

A continuación les expongo unos datos que justifican la presentación de esta propuesta.

La producción mundial de residuos sólidos plásticos se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Se estima que los residuos de plástico representan alrededor del 80 por ciento de todos los desechos marinos, situación que pone en evidencia el acelerado crecimiento de esta problemática a nivel mundial.

Según la Comisión Global de Océanos, entre 2012 y 2013, la producción de plásticos aumentó en casi un 50 por ciento, y se espera que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas para el año 2020. El pasado lunes, el Secretario General de la ONU advirtió que en el 2050 podría haber más plástico que peces en el océano si no se hace nada para reducir el consumo de plásticos y el desecho de plásticos.

La situación en nuestro país no es diferentes, ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales un alto porcentaje termina en tiraderos de basura a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y océanos, desplazándose por esta vía hacia todo el mundo.

Cabe señalar que algunos de estos plásticos al degradarse liberan agentes tóxicos que provocan alteraciones a la salud, incluso efectos hormonales, los cuales pueden derivar en infertilidad tanto en animales como en seres humanos, pues no se debe perder de vista que algunas de las especies marinas afectadas por estos residuos son consumidas por el ser humano.

Uno de los casos más alarmantes de contaminación provocada por residuos es el de los popotes, ya que al estar hechos de un derivado del petróleo su proceso de degradación es prácticamente nulo, persistiendo casi infinitamente en miles de pequeños pedazos que ocasionan severos daños ecológicos, además de que por su tamaño y forma representan un gran riesgo de ingesta para los animales que los consumen confundiéndolos con alimento.

Ya en redes sociales y en medios de comunicación recientemente han sido difundidas imágenes sobre lo que estamos hablando.

El 95 por ciento de los popotes que se utilizan no son reciclables y tiene una vida útil muy corta, ya que sólo son utilizados por una ocasión. Se estima que un restaurante desecha aproximadamente 45 mil popotes al año y que una persona podría llegar a utilizar alrededor de 38 mil popotes durante su vida, mismos que al no ser biodegradables permanecen durante años en depósitos, e incluso en los mares y océanos.

Son los mares los ecosistemas que más sufren con la presencia de dichos residuos, plásticos, pues se estima que el 90 por ciento de aves marinas, ballenas, delfines y algunas especies de tortugas han ingerido algún tipo de plástico durante su vida, incluyendo, por supuesto, los popotes; los cuales le han provocado la muerte a aproximadamente 1.5 millones de éstos.

Muestra de las afectaciones que los popotes pueden causar a los ecosistemas marinos, es el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un dolor inmenso, esta fue una imagen ampliamente difundida que seguramente varios de ustedes tuvieron la posibilidad de verla en redes y medios de comunicación, al retirar el popote de la tortuga, el popote tenía al menos 8 centímetros de largo, que estaba adentro, las imágenes, como ya dije, fueron bastante difundidas.

Y estamos convencidos en el Partido Verde que esta situación no puede continuar sin atención.

Existen ya varios esfuerzos a nivel internacional que han venido a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación en los mares y océanos, las cuales debemos armonizar e implementar en nuestra realidad, particularmente a partir de acciones concretas como la regulación del uso de los popotes.

En nuestro país el sector privado ha tomado la estafeta respecto de dos iniciativas que inhibían el consumo de popotes.

El grupo CMR en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de 43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el 2014, intercambiados por productos elaborados con fécula de maíz.

Asimismo, desde el año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales con resultados positivos tanto social como financieramente. Esta campaña, seguramente algunos de ustedes quienes tienen hijos, la han escuchado en sus hijos porque ha sido una campaña bastante difundida en los colegios.

Esta campaña también muestra lo responsable y respetuosos que pueden ser ciertos sectores con el medio ambiente, y también los beneficios ecológicos y económicos que puede generar ello.

Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, el Partido Verde estamos convencidos de que debemos sumarnos a las acciones que buscan erradicar el uso de un utensilio que resulta prescindible para casi todas las personas.

Por ello, proponemos modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer dentro de sus objetivos la regulación y el manejo integral de residuos plásticos generados en los establecimientos comerciales o de servicio, con especial atención a los popotes como un residuo de alto impacto, estableciendo la prohibición de la entrega de popotes plásticos en establecimientos de comida.

Este tipo de iniciativas busca, además, que todos cobremos conciencia sobre un esfuerzo fácil de hacer por todos y que puede impactar positivamente nuestro medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Limón García. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.






A continuación, tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 127 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso de la Diputada Presidenta.

La iniciativa que presento a nombre de la Diputada Nahle García, tiene que ver con algo que se ha convertido en algo simbólico que muchos mexicanos estamos en contra, y que tiene que ver, pues que no haya pensiones, no haya privilegios para los presidentes.

Se propone una modificación, en este caso al artículo 127 de la Constitución para que incluya un párrafo adicional al párrafo sexto, en el que se diga: “Tampoco se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, aquellos que hayan ejercido el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo no gozan de ninguna otra prerrogativa que represente erogación de recursos públicos”.

Creemos que es justo ante un país sumido en la pobreza ante pensiones tan bajas y esto creo que al final nos lleva a preguntarnos sobre los excesos, los excesos de quien ejerce el poder en México, de quien ha ejercido el poder en México.

Y esos excesos pues los vimos en las elecciones de los últimos meses; es decir, tuvimos un Presidente de la República capaz de utilizar todo el aparato del Estado y de tener una estrategia. Esto ha sido documentado por los medios de comunicación, en donde cada secretario, cada encargado de alguna unidad administrativa pues tenía una responsabilidad.

En el Estado de México, incluso se puede ver cómo todos esos secretarios acudieron a ese llamado: hay ferias, hay actos, hay varias cosas que muestran cómo, efectivamente, uno de los excesos del poder político en el que puede ocurrir un Presidente de la República es intervenir en una elección de un estado tan importante como el Estado de México.

Creo que a nadie le queda duda de que esa se trató de una elección de Estado y que todas las fuerzas, todas las fuerzas y todo el dinero público estuvieron en el interés de ganar esa elección; insisto, la prensa ha documentado esto de manera excesiva y lo que correspondería es que el fiscal de la FEPADE, hiciera una investigación sobre esto llamara a declarar al Coordinador de Asesores del Presidente de la República de donde se han circulado todos estos documentos.

Algo que, por ejemplo, el fiscal de la FEPADE ya hizo en el caso de Quintana Roo, y como hoy se establece en el diario Reforma, se está Aprobando que 200 millones de pesos del gobernador Borge, pues fueron desviados al PRI. Este es el tipo de excesos que pueden tener tanto los ejecutivos locales como los ejecutivos federales.

Entonces, en ese sentido, lo importante sería que hubiera una investigación de carácter electoral en donde se tomara testimonio de las personas de la Presidencia de la República en torno a si el Presidente de la República les pidió y ellos actuaron de alguna manera con una estrategia en el Estado de México. Si es así, se habría violado de manera muy seria el estado de derecho.

El Presidente de la República perdió la oportunidad de ser un demócrata. El Presidente de la República es hoy un peligro para este país, porque no asume la responsabilidad de garantizar elecciones limpias, elecciones justas en este país.

Y lo que hoy estamos pidiendo en esta iniciativa es quitar estos privilegios, lo que hoy estamos pidiendo, y lo que hoy estamos exigiendo, es que para el 2018 requerimos un gobierno responsable, que la estabilidad del país, que la salud de la democracia está en riesgo, y lo que requiere México son elecciones justas, sin un presidente que    intervenga.

Esa es nuestra exigencia y vamos a usar todos los foros y toda nuestra representación parlamentaria para exigirlo, Peña Nieto no es demócrata; Peña Nieto es alguien que ha decidido hacer fraude en las elecciones.

Gracias.

Iniciativa

La que suscribe, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es uno de los tres países latinoamericanos, junto con Guatemala y Venezuela, en donde más ha crecido la pobreza. Datos del documento “Panorama Social de América Latina 2015”1 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalan que la pobreza aumentó sensiblemente en la región, durante 2014 y 2015.

El documento detalla que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6%, al afectar a 20.6 por ciento.

Asimismo, el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 2015 señaló que la pobreza en el país sumó a 55.3 millones de personas. Destaca que la mayoría de la población tuvo problemas en los ingresos, al dispararse la proporción de personas con entradas insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y comprar bienes y servicios.

Según varios especialistas la pobreza será una constante para 57 millones de personas en 2017, ya que las señales económicas no son buenas, pues  a pesar de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento de 7 pesos al salario mínimo general  que lo ubicó a 80.04 pesos diarios, éste sigue siendo insuficiente. La devaluación del peso, la caída del PIB, el recorte del presupuesto y las políticas de Trump hacia México podrían dar forma a una tormenta perfecta para la economía mexicana, con los mayores impactos en la población más vulnerable.

El doctor en Economía Pedro Tello2, comenta que la economía mexicana sufrirá tres impactos que afectarán a todos los hogares pero, sobre todo, a los más vulnerables: “la reducción de la inversión pública, que se tradu­cirá en recortes a programas sociales y desarrollo de infraestructura; la dis­minución de la inversión privada que afectará directamente la creación de empleos; y la incertidumbre generada por las medidas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente en lo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.

Ya tenemos los primeros efectos a la vista: bancos y calificadoras han recortado el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2017: sólo 1 o 2%; la inflación, por encima de 4%, y el peso seguirá expuesto a la volatilidad.

Muchos de los programas sociales que hoy operan en el país fueron creados para compensar la falta de ingresos de los hogares en pobreza y las fallas del modelo económico y su impacto en este sector de la población; pero ante la situación económica que se vive en este 2017, es poco lo que puede esperarse de estos progra­mas según el Centro de Análisis e Investigación Fundar3, debido al recorte presupuestal que hubo sobre todo en el gasto social, del 10% en el dinero disponible, en comparación ­con el presupuesto aproba­do del 2016.

Ante este contexto sería lógico pensar que la reducción y austeridad en el presupuesto de 2017 se reflejara en todos los ramos por igual, y sin embargo nos encontramos con un derroche en el presupuesto en el artículo 19, fracción IV, párrafo 4 que establece recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal y que se calculan en 50’000,000.00 para este año.

La política presupuestal que el gobierno aplica se basa en el aumento de impuestos y en disminuir los programas sociales y la inversión productiva con lo que está generando más desigualdad y pobreza; la propuesta de Morena en esta iniciativa es eliminar las pensiones y prebendas de los ex presidentes de este país, que hoy se les otorga sin ninguna base constitucional.

Esta propuesta, al igual que nuestra iniciativa que promueve la Ley de Austeridad Republicana y que MORENA presentó a principios de esta legislatura, pretende que el presupuesto se distribuya con justicia, y que los ahorros generados por la aplicación de la presente reforma se destinen a los ramos de educación y salud.

La historia de estas prerrogativas que se otorgan tanto a los que han ocupado el cargo de Ejecutivo Federal, así como a sus viudas e hijas e hijos, se remonta a dos acuerdos presidenciales. Uno del 25 de noviembre de 1976 (Acuerdo 7637), en el periodo de Luis Echeverría Álvarez, y el otro el 31 de marzo de 1987 (Acuerdo 2763-BIS), en el tiempo de Miguel de la Madrid Hurtado.

El Primer Acuerdo 7637 pone de modo vitalicio y a las órdenes directas de cada ex presidente, con cargo a la Hacienda Pública Federal, un total de 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

El Acuerdo fue formulado con base en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971; en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, y en los artículos 4, fracción 1, y 5, fracción 1, de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958.

El Segundo Acuerdo 2763-BIS concede a cada ex presidente, mientras viva, con cargo a la Hacienda Pública Federal, además de lo ya otorgado, una pensión equivalente al salario que percibe un Secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores;  25 empleados (personal civil) a su servicio, adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República. Además establece  seguros de vida y de gastos médicos mayores para la cónyuge del ex mandatario, y  seguro de gastos médicos mayores para los hijos menores de edad del ex presidente, durante todo el tiempo que transcurra hasta que cumplan la mayoría de edad e instituye una pensión vitalicia para la viuda del ex presidente.

Dicho Acuerdo 2763-BIS se emitió en ejercicio de la facultad que al Presidente de la República le confiere la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 2, 15 y 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, actualmente abrogada.

En un estudio realizado por esta Cámara de Diputados “En materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México”, a cargo de Cecilia Licona Vite, Serie Amarilla, Temas Políticos y Sociales en Junio de 2008,  se establece que:

“En los dos casos, en ninguna de las leyes en que se fundamentan los acuerdos indican  -ni siquiera por asomo- que al concluir su mandato constitucional, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República podrá disponer de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Más aún, ninguna de esas leyes faculta al Presidente de los Estados Unidos mexicanos para conferir tales beneficios a los ex presidentes, ni a ningún otro ex funcionario. Ello en franca violación del principio de legalidad”.

Además, señala el estudio, “Los dos acuerdos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no es obligatorio ni produce efectos.  De donde resulta que lo ejecutado con base en él debe ser restituido por quien sin causa legítima obtenga beneficios.  Ello con independencia de la responsabilidad de quien o quienes realicen el pago de lo indebido”.

Desde el año 2001, se han venido incluyendo anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para pagar percepciones, apoyos o compensaciones a los ex presidentes y a sus beneficiarios. Tales retribuciones se han venido incluyendo en el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República. Ello no obstante la ausencia de una ley que justifique tal asignación de recursos federales. Lo peor de todo es que esas percepciones se han venido aumentando año con año.

En el año 2004, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, expidió el Reglamento del Estado Mayor, que estableció como una de las misiones generales del Estado Mayor Presidencial, el deber de "Garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República”. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es escrupulosa en precisar taxativamente cuáles son las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en éstas no se incluye ni la de garantizar la seguridad ni la de proporcionar los requerimientos de seguridad inmediata para los ex presidentes de la República; de donde resulta que ese Reglamento4 es inconstitucional en cuanto a los beneficios que confiere a los ex presidentes.

Otra investigación del tema que resultó en el libro “Beneficios ex presidenciables” la realizaron Ernesto Villanueva, coordinador de información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la investigadora Hilda Nucci, quienes afirman que no encontraron sustento legal para otorgar este beneficio a los ex presidentes.

Señalan que cinco ex presidentes y dos viudas de ex presidentes reciben 2 mil setecientos salarios mínimos, equivalentes a 216,108.00 pesos mexicanos mensualmente además del pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas, personal de ayudantía, pago de teléfonos, automóviles tanto para ex presidentes así como para sus esposas, hijos y escoltas con su respectiva tenencia, verificación y mantenimiento, y servicios domiciliarios como predial, agua, luz, jardinería, etc.

El último Decreto Presidencial5 sobre este tema fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, último día en función del ex presidente Felipe Calderón, que textualmente estableció:

 “Los ex presidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la Fracción IX del artículo 11 del Reglamento”.

Esta última fracción establece que el ex presidente y su familia pueden requerir todavía más militares para su protección. Calderón6 también se aseguró atención médica para él y su familia en el Centro Hospitalario de las Fuerzas Armadas. La reforma también obliga al Estado Mayor Presidencial a garantizar la seguridad de los ex presidentes y su familia realizando un análisis de riesgo correspondiente para proponer la asignación de efectivos y demás medios de seguridad para cada caso en particular. Con esto Calderón se aseguró que 425 elementos siguieran a su cargo, en lugar de las 103 personas que se preveían en los acuerdos anteriores.

Bajo este escenario, estimamos que en 2017 el gasto asociado a esta prestación irregular ascenderá a 500 millones de pesos, considerando únicamente 425 persona adicionales que ocupa Calderón.

¿Cómo puede ser posible que en un país en donde la mitad de la población sufre pobreza, en donde solo el 25% de los adultos mayores de 65 años reciben una pensión y que de ellos el 90% de los pensionados recibe solo un salario mínimo se otorguen estas onerosas pensiones vitalicias para ex presidentes sin fundamento constitucional?

Recordemos que un trabajador en México necesita cotizar por lo menos 30 años para recibir su pensión o jubilación mientras que a los ex presidentes se les otorga el    beneficio por desempeñar el cargo por seis años. También existe un contraste total entre las cantidades que reciben por pensión unos y otros. Mientras un ex presidente de México percibe más de 216 mil pesos mensuales, por solo seis años de servicio, un trabajador mexicano con 35 años de trabajo recibe una pensión promedio de 3 mil 800 pesos.

Esto es simplemente abuso del poder en perjuicio de todas y todos los mexicanos, en especial de los que padecen pobreza alimentaria; por eso, MORENA insiste en       enfocar el recorte en el gasto de administración del gobierno federal y en la necesidad de ahorrar y eliminar gastos que no se justifican como son las pensiones de los ex presidentes.

De acuerdo a lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 127, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV del artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. ...

I. a III. ...

IV. ...

Tampoco se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, a aquellos que hayan ejercido el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa que represente erogación de recursos públicos.

V. a VI. ...

TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga cualquier acuerdo o disposición que se contraponga al presente Decreto.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Norma Rocio Nahle Garcia.

[*]  http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726040.html.
[*]  Libro 2018 La Salida, autor Andrés Manuel López Obrador, Editorial Planeta, febrero 2017

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333

2 CONEVAL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia

3 http://www.sinembargo.mx/28-12-2016/3130324

4 Doctor en Economía, asesor y consultor

5 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización de la sociedad civil creada en enero de 1999

6 Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México, Autora Cecilia Licona Vite, Serie Amarilla, Temas Políticos y Sociales Junio de 2008, Cámara de Diputados






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Tamez Guajardo: Buenas tardes, compañeros.

Vengo con mucho gusto a presentar a nombre de mi fracción una iniciativa que reforma la Ley General de Salud. Es una iniciativa que felizmente coincide en algunos puntos con algo que presentó hace unos momentos mi compañero el Diputado Jericó Abramo, y que consiste simplemente en aumentar los requisitos y la supervisión para aquellos médicos que pretenden ejercer alguna especialidad.

Todos sabemos, a todos nos consta que hay en este país muchos falsos especialistas, médicos que se dicen poseedores de técnicas y entrenamientos capaces de resolver problemas de salud, y no es cierto.

Y el problema no es sólo es ahí, sino que también hay instituciones, falsas escuelas, hospitales mediocres que dan esas certificaciones, de tal manera que la iniciativa consiste simplemente en aumentar los requisitos, consiste en que la validación de los programas de postgrado, la especialidad y la validación del desarrollo de los mismos y su aplicación queda en sus manos y esté en buena medida determinada por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Con eso evitaremos el fraude, con eso evitaremos el que se engañe al mexicano y, sobre todo, procuraremos que éstos reciban una mejor atención médica de especialistas, como se lo merecen.

Es cuanto todo lo que tengo que decir, muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Diputada MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS POSGRADOS EN MEDICINA, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las características de la distribución de responsabilidades en materia de salud, así como las dinámicas propias del federalismo mexicano, han planteado algunos escenarios en los que desafortunadamente hay actores sociales que ofrecen servicios educativos en materia de medicina, sin las condiciones óptimas para la adecuada capacitación de nuestros profesionistas. Lamentablemente estas dinámicas, jurídicas y administrativas, planteadas por un federalismo mal entendido, arrojan casos en que se evidencia la proliferación de eventos de descoordinación entre autoridades estatales y federales, resultando en instituciones que brindan una educación de mala calidad y sin los permisos correspondientes, en perjuicio de la población.1

En consecuencia, en rubros como la cirugía plástica estética y reconstructiva, algunos médicos son estafados al pagar por un posgrado y recibir una educación deficiente, generando condiciones inaceptables para la atención de sus pacientes y propiciando procesos judiciales, en los que algunos profesionistas de la medicina han sido sancionados por ejercer una especialidad que no estaba adecuadamente validada, tanto en términos académicos como en términos legales.2

Al respecto, algunos órganos del poder público en los estados han optado por endurecer las consecuencias penales de la usurpación de profesión, ante la impotencia de no poder estructurar mejores vías de fiscalización y sanciones desde el sector educativo.3

Aunado a todo lo anterior, las autoridades educativas estatales, en ocasiones no cuentan con los elementos técnicos necesarios para determinar si un programa de posgrados en medicina proporciona o no las herramientas técnicas indispensables para asegurar la integridad de los pacientes, avalando sin que necesariamente se registre una irregularidad, programas y certificaciones que pueden cobrar la vida de miles de connacionales.

En este contexto, tanto medios de comunicación como asociaciones de especialistas, han difundido cifras alarmantes sobre la cantidad de médicos que no han recibido la preparación adecuada y que ejercen prácticas poniendo en riesgo a la población y perjudicando la confianza de la gente en los profesionales de la medicina.  Así, se ha estimado que por cada cirujano plástico y estético capacitado adecuadamente, hay 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y aplican productos como aceite de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.4

Cabe recordar que entre 2012 y febrero de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió 412 consultorios, lo que representó un crecimiento del 232% en relación a los 124 consultorios suspendidos durante 2012.5 Entre las consideraciones para estas acciones están las cédulas médicas y las licencias sanitarias.

Las sanciones descritas, han sido posibles debido a que “Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) estableció con base en los artículos 272 bis y 272 bis 1, referente, al criterio normativo sobre actuaciones médico quirúrgicas o con actos quirúrgicos y cirugía de especialidad, por lo que los profesionistas  deberán contar con: título y cédula de médico general, título y cédula de especialidad y certificado vigente del Consejo de la especialidad”6

Ante tal contexto, el pleno de esta soberanía aprobó, en noviembre de 2016, una iniciativa que atiende parte de la problemática y converge con la presente propuesta en la preocupación sobre un riesgo en materia de salud que hoy ha cobrado costos importantes en la vida de cientos de mexicanas y mexicanos. En ese caso, la minuta que se envió al Senado de la República, propuso obligaciones por parte de los médicos para la certificación y comprobación de sus conocimientos y buscó dar certidumbre a los pacientes con el imperativo de mostrar las credenciales de los especialistas.7

No obstante, la mejora de nuestras capacidades institucionales en la educación de nuestros especialistas en medicina, continúa planteando retos importantes. Por ejemplo, existen programas de maestría en línea o semipresencial para cirugía estética, avalados por algunas autoridades locales, que al no cumplir con las necesidades mínimas, como el ser impartidos en hospitales, de acuerdo con la NOM-001-SSA3-2012, no son reconocidas por ningún Consejo Médico de Especialidad y en consecuencia, no deberían realizar cirugías estéticas. Sin embargo, por lagunas legales en la coordinación de autoridades llegan a ejercer estos procedimientos médicos poniendo en riesgos importantes a los pacientes.

Por todo lo anterior, el proyecto que se presenta en esta ocasión, complementa la iniciativa aprobada, cubriendo el tema de las instituciones que imparten especialidades, buscando desarrollar más controles que permitan participar a la sociedad civil organizada, los expertos y profesionales, a través de los Consejos de Especialidades Médicas y a las instancias federales de salud, coadyuvando con las autoridades federales y estatales de educación, para estandarizar y, en la medida de lo posible, elevar la calidad académica de los centros de desarrollo profesional y la formación de especialistas.

La importancia de considerar en esta materia a los Consejos de Especialidades radica en que una de las profesiones más desarrolladas en el tema de la colegiación es la medicina. En ella, la experiencia y perspectiva de los profesionales en ejercicio se materializa, entre otros medios, a través de los Consejos de Especialidades Médicas que para 2003, aglutinaban 47 consejos y más de 71 mil 200 especialistas.8

En consecuencia, se propone propiciar la intervención de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y de los Consejos de Especialidades Médicas, fortalecer las facultades de Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y respaldar a las autoridades educativas locales y federales en el ejercicio de sus atribuciones, mediante una reforma a los artículos 80 y 81 de la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO

Que reforma y adiciona el artículo 80 y 81 de la Ley General de Salud, protección de la calidad de los posgrados en medicina.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 80 y 81 de la Ley General de Salud, protección de la calidad de los posgrados en medicina para quedar como sigue:

Artículo 80.- Para el registro de diplomas de las actividades técnicas y auxiliares, la Secretaría de Salud, a petición de las autoridades educativas competentes o de los consejos de especialidades médicas, emitirá la opinión técnica correspondiente.

Artículo 81.- ....

....

….

….

Para la expedición de la cédula de médico especialista, la validación de programas de posgrado y la impartición de los mismos, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Sólo las instituciones educativas cuyos programas de especialidades, maestrías o doctorados en medicina que obtengan las opiniones favorables correspondientes por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas podrán ser autorizadas por las autoridades educativas correspondientes para impartir sus programas de posgrado.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado ante la Comisión Permanente, elmiércoles 14 de junio de 2017.

Dip. María Elena Orantes López.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXIII Legislatura.

1 Ejemplos de ello se han expresado en medios de comunicación por parte de autoridades federales y asociaciones civiles. Para conocer más al respecto se puede consultar la siguiente dirección: http://eldictamen.mx/2016/12/estatal/upav-validez-la-sep-fraude-nuno/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork en la que se da cuenta de un señalamiento del Secretario de Educación del Gobierno de la República sobre la irregularidad en la que opera una universidad que al parecer avaló unilateralmente el Gobierno de Veracruz.

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha negado la participación de Médicos con Maestría en Cirugía Estética, en las actividades quirúrgicas propias de Cirugía Plástica; en los últimos años les han sido rechazados TODOS los AMPAROS presentados para poder realizar dichas intervenciones, tanto a nivel Federal como Estatal, esto se ha logrado por el acercamiento con las autoridades correspondientes de muchos de los miembros de la Asociación que han proporcionado toda la información legal. Véase SCJN, Expediente 3.A.R. 1291/2015 Quejosa Margarita Amador León de fecha 30 de Marzo del 2015, resolución, la justicia  no ampara  ni protege a la quejosa, otros expedientes 181/2016 y 856 /2016.

3 El Congreso de Michoacán el día 29 de Marzo del presente APROBÓ una Reforma al Código Penal (18)  artículos 283 y 286 en donde se tipifica el delito de usurpación de profesión a todo aquel médico  que  ejerza o realice una intervención quirúrgica que requiera de una especialidad y certificación sin contar con ella de acuerdo a la Ley, una réplica de éste dictamen se encuentra ya en comisión de justicia en el Estado de Sinaloa. http://www.atiempo.mx/politica/castigaran-en-michoacan-a-charlatanes-de-la-cirugia-estetica/

4 Información proporcionada por directivos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), disponible en: http://www.proceso.com.mx/398428/los-seudocirujanos-plasticos-ya-forman-uncartel

5 Véase el informe “Estrategia del Gobierno de la República para la prevención y combate de servicios médicos ilegales” emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/12022015.pdf

6 Véase: http://almomento.mx/establecen-en-jalisco-protocolo-de-verificacion-en-cirugia-estetica/

7 En México las Especialidades Médicas se realizan a través de la selección mediante un Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) dicho examen lo organiza la Comisión Interinstitucional para la Formación  de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), dicha Comisión funciona bajo el marco legal de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 de Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147& Al término de la especialidad, además del Examen realizado por el hospital sede del Curso, hay un examen de Certificación del Consejo de Cada Especialidad que tiene el certificado de Idoneidad y reconocido  por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), de manera que el residente cuando egresa de una Especialidad se le acredita mediante un diploma del Hospital sede del curso, un diploma Universitario, una cédula de Especialista otorgada por la SEP y un Certificado de Especialista  con la Idoneidad del Consejo de su especialidad con una credencial y Diploma de Certificación como Especialista.

8 Véase a María Teresa Ambrosio Morales, “La responsabilidad del médico como servidor público en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/27.pdfVéase a María Teresa Ambrosio Morales, “La responsabilidad del médico como servidor público en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/27.pdf

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta.

Presento una iniciativa a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El tema de los derechos humanos es un tema que llegó para quedarse desde la reforma de 2011, muchas modificaciones y avances hemos tenido, hay derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, desde los derechos civiles y políticos pasando por los derechos de carácter económico y social seguidamente por el derecho a la paz, a la seguridad a disfrutar y preservar un patrimonio cultural y la protección al consumidor.

Y también la cuarta generación que tiene que ver con el derecho a la información y a las comunicaciones.

Cuando revisábamos esta ley, no podíamos admitir que un derecho tan importante de primera generación, como es el derecho a la igualdad, esa ley no la previó, no está considerada.

Entendemos que el tema de los datos personales es un derecho de cuarta generación, pero no puede, no prevé tener establecido en todo el cuerpo de esta ley el derecho a la igualdad, porque el derecho a la igualdad es muy importante, esto elimina el tema de la discriminación.

Y es el motivo por el que hoy presento una iniciativa y que pido a la Presidencia de la Mesa Directiva incorpore en sus términos como ha sido presentada, porque hay toda una serie de consideraciones que tiene que ver cómo nace esta ley de datos personales, pero también cómo convergen con las reformas que hemos tenido a la igualdad empezando por instrumentos internacionales como la CEDAW, la de Belem do Pará que deben estar también establecidos.

Finalmente, esta reforma impacta importantemente aunque pareciera solamente una expresión, el derecho a la igualdad tiene un impacto muy, importante en todo este cuerpo de la iniciativa porque incorpora este principio, que es de primera generación a una legislación que es de cuarta generación, como el tema de los datos personales para quedar como sigue: Se reforma el artículo 6 de la Ley General de Datos Personales en Posesión de los Particulares para quedar como sigue:

“Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad e igualdad, previstos en esta ley”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, raza, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

En este sentido los derechos humanos se dividen en cuatro generaciones:

Primera Generación: Se consideran de primera generación los derechos civiles y políticos. Estos son los derechos a la vida, a la libertad personal y derecho de propiedad. Asimismo, la Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.1

Segunda Generación: Se originan con las luchas sociales del siglo XIX y hasta el siglo XX con la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Se caracteriza por una intervención del Estado para garantizar un acceso igualitario a los derechos de carácter económico y social, para compensar las desigualdades.2

Tercera Generación: Se ubican a partir de la segunda mitad del siglo XX en el marco de la promoción del progreso social y calidad de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Esta generación tutela el derecho a la paz, al medio ambiente sano, al desarrollo, a disfrutar y preservar un patrimonio cultural y la protección al consumidor.3

Cuarta Generación: Es la libertad de información. Se ubican en nuestro contexto actual implicado en la sociedad de la información y del conocimiento y vinculados de manera directa con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La libertad de información sólo se aplica a la información, esto es, aquélla que genera conocimiento, libre e igual acceso a la información, derecho a la inviolabilidad de la información, derecho al Hábeas Data, o protección de datos personales, derecho al secreto de las comunicaciones, la prohibición de los monopolios de poder en Internet, protección de menores, dignidad de la persona, libertad de trabajo y comercio en el ciberespacio, así como garantía institucional de los Derechos Humanos en el Ciberespacio.

Aunado a estas generaciones es importante saber que son los datos personales y porque es importante protegerlos. Los datos Personales, se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas y/o como parte de un grupo determinado de individuos, por ejemplo: nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc. Este tipo de datos te permiten, además, interactuar con otras personas, o con una o más organizaciones, así como que puedas ser sujeto de derechos.4

Existen diferentes categorías de datos personales, por ejemplo:

• Identificación (nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc.)

• Laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo); patrimoniales (información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc.).

• Académicos (trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados, etc.)

• Ideológicos (creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas; de salud (estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, etc.)

• Características personales (tipo de sangre, ADN, huella digital, etc.)

• Características físicas (color de piel, iris y cabellos, señales particulares, etc.); vida y hábitos sexuales, origen (étnico y racial.); entre otros.5

Por todo lo anterior es importante proteger los datos personales, asimismo, para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para la cual la proporcionaste, evitando con ello se afecten otros derechos y libertades de las personas.

Bajo este orden de ideas a nivel mundial la protección de los datos personales cuenta con dos vertientes:

1. El modelo europeo busca proteger la información y la propiedad de la misma, en aras de conservar la honorabilidad de la persona aun cuando ésta hubiese fallecido, la motivación de este modelo tiene base en los derechos humanos de los individuos.

2. El modelo estadounidense pretende proteger la información de las personas con el concepto de derecho a la privacidad, el cual puede extinguirse con la muerte del sujeto, el modelo surge derivado de motivos comerciales ya que las empresas utilizaban de manera indiscriminada esa información.6

La historia sobre la privacidad de los datos en el mundo comienza cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1948, adopta el documento conocido como Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que el artículo 12 señala que las personas tienen derecho a la protección de la Ley de Datos Personales.7

En 1970 fue aprobada en Alemania la primera Ley de Protección de Datos (Datenschutz). En este orden de ideas en 1977, el Parlamento Federal Alemán aprueba la Ley Federal Bundesdatenschutzgesetz. Estas leyes impidieron la transmisión de cualquier dato personal sin la autorización de la persona interesada.

Otra de las primeras Leyes de Protección de Datos en el mundo fue la de Suecia en 1973. Es la Ley N° 1998:204 de Datos Personales, que entro en vigor en 1998 y señala lo siguiente:

“El propósito de esta Ley es proteger a las personas contra la violación de su integridad personal por el tratamiento de datos personales'.8

Le siguió la Ley de carácter general (Privacy Act) de los Estados Unidos en 1974, luego entre 1977,1979 y países como Canadá la implementaron.9

En 1981, se firmó el “Convenio 108” o “Convenio de Estrasburgo”, primer convenio internacional de protección de datos fue firmado por Alemania, Francia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo. En los 90’s, se establece una norma común que se denominó Directiva 95/46/CE. La directiva es referente a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.10

De este modo la República Federal Alemana, Francia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo contaron con el primer instrumento vinculatorio de carácter internacional sobre protección de datos, al cual se le sumaron en un lapso de 11 años países como Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Portugal, España y Bélgica.

Asimismo, el Convenio 108 consta de 27 artículos agrupados en 7 capítulos y su objeto es garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales de toda persona física, sin importar su nacionalidad, con respecto al trato automatizado de sus datos, sensibles o comunes, ya sea en el sector público o privado. Los puntos más relevantes que conforman el convenio son:

• Cada parte tomará las medidas necesarias para la protección de datos comenzando en el momento mismo de la entrada en vigor del convenio.

• Los datos personales a proteger deberán ser obtenidos de manera leal, legítima y se registrará un fin o uso leal y legítimo. Además, deberán ser actualizados.

• Se categorizan los datos y solamente se podrán tratar en medios automatizados bajo garantías de seguridad apropiadas: datos que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas u otras, datos de salud, de vida sexual y condenas penales.

• Toda persona registrada deberá tener conocimiento de la existencia de esa base de datos y además podrá saber la finalidad de esos registros. Adicionalmente, podrá rectificar o ratificar datos, así como solicitar el borrado de su registro.

• Se crea un Comité Consultivo para toma de decisiones, propuestas de enmiendas y aplicación del convenio.

Aunado en ello en España con la Ley Orgánica 15 de 1999, se estableció la Protección de Datos de Carácter Personal. Está ley ha sido importante para Latinoamérica porque se ha utilizado como firme referente del modelo europeo.

En América Latina, las leyes de protección de datos personales surgen como una necesidad derivada del incremento del uso de las tecnologías de la información y el aumento de las vulnerabilidades asociadas. En su mayoría, estas leyes se asemejan al Convenio 108, de la Unión Europea: En Argentina la Ley 25.326 (2000), Chile (1999), Panamá (2002), Brasil (1997), Paraguay (2000), Uruguay (2008).11

En Perú. La Ley 29.733 del 2 de julio de 2011 es más reciente ordenamiento de protección de datos personales en el mundo.

Bajo esta tesitura en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, que entró en vigor un día después y tiene efecto a partir de enero del año 2012.

La citada Ley instaura en su Artículo 1 que la finalidad de la misma es otorgar el trato legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de la misma.

Del principio de igualdad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Después de revisar que países cuentas con legislación en materia de protección de datos personales, es importante definir el principio de igualdad como un derecho humano.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio general, es un derecho de aceptación universal reconocido en el marco jurídico internacional y nacional.

Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas, el cual implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas.

Por lo que se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y el material. La igualdad formal –de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos y a tener una correcta aplicación, incluso en aquellos casos en que se determina supuestos de excepción a la norma.

Mientras que la igualdad material tiene que ver con una acción para mejorar materialmente las condiciones de vida de los ciudadanos, para que esa igualdad no sea sólo jurídica sino auténtica en su destino, es decir, que en realidad se obtenga un mayor equilibrio en la distribuciones de las satisfactores materiales que permitan a todos y cada uno de los individuos, su desarrollo pleno en el ámbito de la obtención de sus derechos humanos fundamentales, que de manera objetiva hacen suponer las oportunidades para alcanzar dicho desarrollo.

Dentro del marco jurídico internacional el principio de igualdad se encuentra contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 1 Mismo que a la letra enuncia que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

De igual manera, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en sus Artículos 1 y 3 se instauran todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben de darse en igualdad de condiciones con el hombre.

Asimismo, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y mujeres.12

En el marco jurídico nacional el principio de igualdad se encuentra reflejado en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que todos somos iguales ante la Ley.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en sus primeros Artículos Instauran entre otras cosas el objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De igual forma, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, fracción VI Artículo 1 y Artículo 2, contemplan que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.13

En este sentido el Objetivo de esta iniciativa, es incorporar el principio de igualdad en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que es un principio general en defensa de los Derechos Humanos, evitando la violación de los mismos.

Al ser un derecho fundamental derivado del “hábeas corpus”, por el cual todo individuo tiene derecho a acceder a la información que le concierne personalmente y pueda actuar en consecuencia de ello, en aras de proteger la honorabilidad de la persona, en igualdad de oportunidades, evitando con ello la discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 6 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad e igualdad, previstos en la Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO
LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad responsabilidad e igualdad, previstos en la Ley.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

1 Juana Luisa Ríos Zamudio- Omar García Luna, GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO. REFLEXIONES PARA CASO MEXICANO, Revista Letras Jurídicas, Número 23, enero 2011, pág. 5.

2 Ibidem.

3 Ibidem, pág. 6.

4 Véase en: http: //blog.derecho-informatico.org/faqs/datos-personales-2/datos-
personales/#sthash.ZbrHaOAc.dpbs

5 Ibídem.

6 Véase en: https://revista.seguridad.unam.mx/node/2124

7 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.

8 Véase en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10695

9 Véase en: http://www.magazcitum.com.mx/?p=1169#.WSOap5Lyg2w

10 Véase en:

11 Véase en: https://revista.seguridad.unam.mx/node/2124

12 Véase en: http://oig.cepal.org/sites/default/files/la_hora_de_la_iguldad_sustantiva_180915_2.compressed.pdf

13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partico Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Señoras y señores legisladores:

A nombre de la Senadora Patricia Leal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos esta iniciativa que, efectivamente, tiene como objetivo seguir abonando en materia de medio ambiente y ecología para reducir los efectos nocivos del cambio climático.

De acuerdo con los estudios más recientes realizados por Health Effects Institute y reportados en un documento sobre el estado global del aire 2017, con datos recopilados en 2015, la contaminación atmosférica provocó 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo.

En relación con la contaminación por residuos sólidos, es de comentarse que en nuestro país se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona; además, el 87 por ciento de los tiraderos son a cielo abierto; y sólo el 13 por ciento en relleno sanitarios, lo cual genera que los suelos, aguas y hasta el aire contengan agentes tóxicos que provocan problemas en la salud, pues la basura que acaba en el suelo o en el agua puede descomponerse y emitir gases como el metano; esto significa que la basura tiene capacidad de contaminar los tres entornos básicos de la vida terrestre, de acuerdo con esta organización.

Además de los residuos sólidos referidos anteriormente, existe la llamada “basura electrónica”: celulares, televisiones, tabletas, cámaras digitales, computadoras, etcétera, que se desechan y contienen metales tóxicos y químicos. Según datos publicados en 2015, “cada año se genera en el mundo cerca de 50 millones de toneladas de basura electrónica y se espera un crecimiento de la misma en cerca del 35 por ciento, cuyo peso sería equivalente al de las pirámides de Egipto”.

Respecto de la contaminación del suelo, estudios refieren que dicha contaminación es producto del mal manejo de los hidrocarburos, de la aplicación de plaguicidas, de la mala planeación de rellenos sanitarios y por la acumulación excesiva de desechos industriales.

Greenpeace señala que los ríos de México están siendo contaminados por tres fuentes principales: las aguas residuales municipales, los lixiviados de los basureros y las aguas residuales de las actividades productivas, en ellos se encuentran algunos de los metales pesados más tóxicos y dañinos para cualquier ser vivo, tales como el mercurio, el plomo, cromo, cadmio o bien, compuestos dañinos como el tolueno o el benceno. Con los contaminantes antes señalados existe un grave peligro para los ecosistemas de nuestro país y, por supuesto, para todo el planeta.

La protección y cuidado del medio ambiente es un tema global porque no atañe exclusivamente a los habitantes de este país, si tomamos en consideración que afecta a todas las especies que ocupan nuestro planeta.

En este sentido, de acuerdo con información discutida y analizada en la reunión del mecanismo denominado “Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017”, realizada de manera conjunta por el gobierno mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, del 22 al 26 de mayo de 2017, en este país, se estableció y se señaló cuáles han sido los daños provocados por el cambio climático y que impactan directamente a nuestro país.

En el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastre 2015-2030, se establecen, en este instrumento siete objetivos mundiales: la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado, un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un conjunto de principios rectores, incluidas la responsabilidad primordial de los estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado.

En relación con este tema de la asociación perversa que hay entre el cambio climático y la contaminación, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, doctor Robert Glasser, destacó que el riesgo asociado con los desastres crece de manera exponencial debido a factores subyacentes como la pobreza, el cambio climático, la rápida urbanización, el crecimiento de los asentamientos humanos, etcétera.

En síntesis, debe continuarse con la lucha contra el cambio climático, mediante el combate a la contaminación ambiental, máxime si se considera que en el mismo Marco de Sendai, se señala que en uno de sus principios rectores que es necesario empoderar a las autoridades y a las comunidades locales para reducir el riesgos de desastres, incluso mediante recursos, incentivos y responsabilidades para la toma de decisiones.

En este sentido existen varios instrumentos de los cuales México es parte, que destacan la importancia de proteger el medio ambiente y la obligación de los estados para aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, es decir, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Destacan, entonces, las responsabilidades que tienen estos estados y sus administraciones para efecto de contrarrestar este terrible mal que afecta a nuestra humanidad.

Por ello, la iniciativa que hoy presentamos y suscrita por la Senadora Patricia Leal, tiene como objeto dotar de mayores atribuciones a instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que a través de estas atribuciones pueda realizar las medidas provisionales necesarias de acción u objeción para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente.

De tal manera que la propuesta que hoy presentamos se traduce en una modificación al artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer estas atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a efecto de que pueda iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueren procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones que establece la propia ley, y en caso, y aquí es donde viene la modificación, en caso de que se advierta peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, deberá realizar las medidas provisionales necesarias de acción u objeción para evitar dicho peligro.

Con esta previsión a esta ley se tendrán mayores atribuciones y facultades a la propia Procuraduría para que pueda realizar las acciones emergentes necesarias para efecto de evitar estos graves daños, estos daños irreversibles al medio ambiente.

Por ello, venimos a presentar esta propuesta y solicitamos se inserte en el Diario de los Debates esta participación.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Sonido, por favor, en el escaño de la Diputada Maricela Contreras Julián, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Señora Presidenta, para comentar que en este Congreso de la Unión hace unos meses se pidió que se cancelara un concurso que se llamó “Niña Miss Latina”, en el estado de Hidalgo.

Y ahora quiero denunciar que en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, el Instituto de Cultura está haciendo una convocatoria similar, me parece que hace una sobreexposición de las niñas que está generando estereotipos y que ante las agresiones que las niñas sufren tanto sexuales, yo quiero demandar desde aquí que esta convocatoria para nuestra “Niña Bonita Quintana Roo 2017”, sea cancelada también.

Desde este lugar, desde la tribuna, y pensando en el bien superior de las niñas, que esta convocatoria que se está haciendo se pueda cancelar, que por favor el Presidente Municipal Remberto Estrada, que pueda tomar cartas en el asunto.

Esa es mi petición desde esta tribuna y hacer público que parece que no aprenden, que no se informan, que estas cosas atentan contra los derechos de las niñas.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada, aún y cuando no es el momento procesal oportuno, la Asamblea se ha enterado de su comunicación.






Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley sobre la Celebración de Tratados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5o. BIS Y 5o. TER A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta. Compañeros legisladores:

Esta iniciativa toca un tema árido que tiene que ver con las estadísticas, la información, los índices y que está encaminada a reformar el artículo 6o., y adicionar el 5o. Bis, el 5o. Ter de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Esta lucha permanente que tenemos por la defensa de los derechos humanos, ya histórica, en una de sus partes defiende y protege el acceso a la información. Este acceso a la información permite que las personas se encuentren en posibilidad de buscar y recibir información que se encuentra en poder de los gobiernos, así como de los entes que componen la Administración Pública, con lo cual no sólo se hace exigible el derecho, sino que abona la rendición de cuentas a las que están obligadas todas las dependencias gubernamentales.

Al respecto en nuestro país se han dado pasos importantes para garantizar la exigibilidad de este derecho mediante la expedición de diversos ordenamientos legales, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual estableció los principios de claridad, integridad y accesibilidad a fin de poner la información gubernamental al alcance de cualquier persona.

A pesar de lo anterior, en materia de tratados internacionales, la información que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores no cumple con los requisitos que se establecen en los ordenamientos respectivos, tras analizar los contenidos del portal de la Cancillería, en cuanto a los tratados internacionales, es evidente que la Secretaría no ha cumplido con su obligación de proporcionar a la población información completa sobre los contenidos de los tratados que el Estado mexicano ha suscrito, ni se cuenta con el seguimiento oportuno a las obligaciones contraídas, sin dejar de lado el hecho que el acceso y la navegación dentro de este portal no es accesible para toda la población.

Éste es un tema central para la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país, dichos instrumentos involucran temas fundamentales para el desarrollo y la soberanía de la nación.

Si bien el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, facultan a la Cancillería a intervenir en toda clase de tratados y llevar un registro de los mismos, no existe disposición legal que regule el contenido del registro antes citado, ni la forma en la cual debe ser accesible para el público en general.

Y no sólo por eso, la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado que la Cancillería no ha cumplido con la obligación de dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contraídas dentro de los tratados internacionales, ni ha establecido un sistema integral de información de los mismos.

Lo anterior se ha hecho patente en las auditorías de desempeño de la Cancillería que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación en los informes de resultados de las fiscalizaciones superiores de las Cuentas Públicas de los años 2012, 2013 y 2015.

Dentro de esas auditorías, la Auditoría Superior de la Federación encontró que el registro de los tratados está contenido en un formato que no cuenta con las características de un sistema de información integral, preferentemente automatizado que genere datos estadísticos de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, que resuelva las necesidades de seguimiento y coadyuve a la toma de decisiones.

Asimismo se estableció que la Cancillería no ha realizado un correcto seguimiento a los compromisos establecidos en los tratados y en materia de derechos humanos, no se registraron avances en materia de retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los mismos.

Por lo anterior, la presente iniciativa retoma las observaciones realizadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores en los informes antes señalados, y tiene por objeto incorporar diversas disposiciones mediante las cuales se establezca el contenido que debe llevar el registro de información de tratados internacionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en los mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad.

Se adiciona un artículo 5o. Bis, el cual puntualiza que con relación a los tratados y acuerdos internacionales, el sistema público de Información debe incluir datos estadísticos, actividades, metas, presupuesto total designado, junto con reportes anuales sobre su aplicación, controles y líneas de coordinación y evaluación y sanciones a aplicar en caso de incumplimiento de los mismos documentos en comento, para dar cuenta del seguimiento y la eficacia de éstos mediante un efectivo sistema electrónico de datos. Asimismo, se añade una fracción que creemos que es fundamental para evaluar el impacto social de los tratados.

Consideramos que el resultado de un instrumento no se puede medir solamente por el avance de su cumplimiento, sino cómo en este avance se traducen beneficios sociales de acuerdo a los objetivos del tratado.

De igual forma se adiciona el artículo 5o. Ter, para establecer la obligación a la Cancillería, de contar con un registro claro y específico de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este registro debe incluir el total de reservas y declaraciones interpretativas que el Estado mexicano ha realizado a cada tratado al momento de su suscripción, así como el retiro de las mismas, donde también se incluya un informe detallado de las consideraciones que se tomen en cuenta para tal fin.

Asimismo, se establece que la Secretaría deberá contar con un indicador que mida el impacto y avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas sobre los tratados en materia de derechos humanos cuya meta sea el cumplimiento anual, donde deberá elaborar un informe semestral que será de carácter público.

Por último se propone modificar el artículo 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se especifica detalladamente el contenido informativo con el que debe estar contar el registro en el cual se exponen los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El Poder Legislativo debe contribuir al mejoramiento de los sistemas de información pública y que se instrumenten mecanismos de control para garantizar que las operaciones y actividades se ejecuten con supervisión permanente y con una mejorar, continua, a fin de mantener y elevar la eficiencia y eficacia del seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho de acceso a la información, mediante el cual las personas se encuentran en posibilidad de buscar y recibir información que se encuentra en poder de los gobiernos, así como de los entes que componen la administración pública, con lo cual no sólo se hace exigible el derecho, sino que se abona a la rendición de cuentas a las que están obligadas todas las dependencias gubernamentales.

Este derecho, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, forma parte integrante del derecho a la libertad de expresión que se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969.

Al respecto, en nuestro país se han dado pasos importantes para garantizar la exigibilidad de este derecho mediante la expedición de diversos ordenamientos legales como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del año 2015. Cabe señalar que esta Ley tiene como objeto “establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”1

Dicho ordenamiento establece, en su artículo 8, fracción VI, que los Organismos Garantes del derecho del acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a diversos principios, entre los que destaca el de Máxima Publicidad, que a la letra dice:

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

En este sentido, se entiende que la información que manejan las dependencias de gobiernos debe ser clara y completa, además de estar accesible, de manera sencilla, para cualquier persona que por algún motivo la requiera o solicite. A pesar de lo anterior, en materia de Tratados Internacionales, la información que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores no cumple con los requisitos que se establecen en los ordenamientos respectivos.

De esta manera, del análisis que se ha realizado al portal que mantiene la Cancillería respecto a los Tratados Internacionales, queda de manifiesto que la SRE no ha cumplido con su obligación de proporcionar a la población información completa sobre los contenidos en los tratados que el Estado Mexicano ha suscrito, ni se encuentra seguimiento oportuno a las obligaciones que se han contraído al firmar y ratificar un instrumento de esta naturaleza, además que para entrar a dicho portal no existe una forma que sea accesible para toda la población.

Este es un tema central para la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. En dichos instrumentos no solamente se comprometen recursos públicos, sino también diversas acciones estratégicas vinculadas con temas fundamentales para el desarrollo y soberanía de la nación.

Si bien el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 6 de la Ley sobre Celebración de Tratados facultan a la Cancillería a intervenir en toda clase de Tratados y a llevar un registro de los mismos, no existe disposición legal que regule el contenido del registro antes citado, ni la forma en la cual debe ser accesible para el público en general.

En este sentido, a pesar del importante impacto de los Tratados para nuestro país y las claras responsabilidades de la Cancillería, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la SRE no ha cumplió con su obligación de dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contraídas dentro de los Tratados Internacionales, ni ha establecido un sistema integral de información de los mismos.

Con relación a los Tratados, la ASF señala que para cada uno se cuenta con la información de título, fecha de aprobación del Senado, fecha de promulgación, fecha de entrada de vigor, dirección general de la SRE responsable y la dependencia ejecutora, pero no se da a conocer información integral de los mismos.

Dentro de la Auditoría de Desempeño: 12-0-05100-07-0203, correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF encontró que el registro de los tratados está contenido en un formato que no cuenta con las “características de un sistema de información integral y preferentemente automatizado que genere datos estadísticos, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, que resuelva las necesidades de seguimiento y coadyuve a la toma de decisiones.”2

Asimismo, demostró que el listado no permite conocer la información sobre los objetivos del tratado internacional, la periodicidad con que se deben atender cada uno de los compromisos suscritos, ni las unidades responsables del seguimiento y, en su caso, cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales, ni permite contar con información para determinar a cuáles de ellos se les dio cumplimiento en el periodo 2007-2012, debido a que, en 2012, se careció de procedimientos administrativos que normaran el registro de los tratados internacionales.3  Por lo anterior, la ASF realizó recomendaciones a la SRE.

Dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en la Auditoría de Desempeño: 13-0-05100-07-0075, la ASF encontró que en materia de ejecución de los compromisos adquiridos en los Tratados Internacionales, dentro de las materias prioritarias establecidas en el PND 2013-2018, el universo de tratados prioritarios se componía, hasta ese año, “de 85 instrumentos, de los que el 40.0% (34) correspondió a la materia de derechos humanos, el 25.9% (22) correspondió a la materia de libre comercio, el 16.5% (14) a la materia de equidad de género, el 14.1% (12) a la materia de salud y el 3.5% (3) a la materia de combate a la corrupción”.4

Al respecto, la ASF verificó que, con base en la información proporcionada por las dependencias coordinadoras de sector de la Administración Pública Federal (APF), “se contó con los registros correspondientes al 69.4% (59) de los tratados relacionados con las materias prioritarias. De éstos, se derivaron 176 compromisos para el Estado Mexicano, de los que el 25.0% (44) se reportó como cumplido; el 18.2% (32) se reportó como pendiente de cumplimiento; el 5.7% (10) se reportó en proceso de cumplimiento, toda vez que se iniciaron acciones para ejecutar los compromisos, sin que se tenga constancia de su conclusión, y del 51.1% (90) no se especificó el estado de cumplimiento”,5 por lo que se estimó que no existió “un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados de las materias prioritarias vigentes en 2013, cuya ejecución fue responsabilidad de la APF.

Asimismo, dentro de la Auditoría de Desempeño: 15-0-05100-07-0032, correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la ASF encontró que, en relación a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en 2015 “no se registraron avances en el indicador “Índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos” ya que se registró el mismo avance del 26.9% en 2014 y no se consideró lo establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018. Asimismo, se constató que la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto del retiro y el total de reservas y declaraciones interpretativas no es consistente con lo reportado en el indicador”.6

Cabe señalar que con la auditoría se verificó que de los 30 tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, son 10 (33.3%) los que tienen reservas o declaratorias interpretativas; asimismo, la SRE indicó que en 2014 se retiraron 5 reservas de manera total y 2 de manera parcial, en cuanto a las declaraciones interpretativas se retiró 1 de manera total y otra parcialmente, las cuales determinaron que limitaban los derechos humanos; asimismo, la entidad no acreditó si el retiro representa el 100.0% del indicador y si éstas se relacionan con la materia de derechos humanos.7

Siguiendo con los datos proporcionados por la ASF, resulta muy grave que la SRE carezca, a pesar de las observaciones realizadas por la Auditoría, de información que permita identificar los compromisos de los tratados internacionales a los cuales les dio cumplimiento la dependencia, como instancia ejecutora. Tampoco se contaba con información de los Programas Nacionales correspondientes al cumplimiento de los compromisos internacionales de México, en coordinación con las dependencias competentes del Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados. Además de que en materia de Derechos Humanos no se tiene información precisa sobre las declaraciones interpretativas ni de las reservas, lo que puede suponer algún tipo de violación a los mismos, al no conocerse a cabalidad el impacto de dicho acto unilateral.

Finalmente, no se cuenta una metodología implementada para administrar los riesgos que se pudieren presentar en el cumplimiento de los tratados internacionales, ya que careció de un procedimiento para determinar la forma en que los riesgos deben ser identificados, evaluados y administrados.

En suma, de acuerdo al reporte de la ASF existe opacidad respecto a los compromisos que adquiere la nación, sus objetivos, el cumplimiento y los responsables del seguimiento. No se tiene información suficiente ni a nivel de la Secretaría ni por parte de los diferentes responsables en la institución de dar seguimientos a los diferentes tipos y temas de los Tratados. Además, no se cuentan con procedimientos que permitan garantizar la calidad de los seguimientos, mecanismos de coordinación eficientes con otras áreas del gobierno relacionadas y mucho menos supervisión y evaluación para la mejora continua de los seguimientos.

Por lo anterior, la presente iniciativa retoma las observaciones realizadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores en los Informes del Resultados de la Fiscalizaciones Superiores de las Cuentas Públicas de los años 2012, 2013 y 2015 que la Cancillería no ha aceptado o no ha implementado, puesto que del análisis realizado cuando se realizó la presente iniciativa, se encontró que el sitio destinado por la Cancillería para los Tratados Internacionales mantiene las mismas omisiones señaladas por la ASF.

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar diversas disposiciones mediante las cuales se establezca el contenido que debe llevar el registro de información de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en los mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad.

La inclusión de un artículo 5 BIS puntualiza que , con relación a los Tratados y Acuerdos Internacionales, el sistema público de información debe incluir datos estadísticos, actividades, metas, presupuesto total designado junto con reportes anuales sobre su aplicación, controles y líneas de coordinación y evaluación y sanciones a aplicar en caso de incumplimiento de los mismos documentos en comento para dar cuenta del seguimiento y la eficacia de estos mediante un efectivo sistema electrónico de datos. Asimismo, se añade una fracción que creemos que es fundamental para evaluar el funcionamiento del tratado, es decir el impacto social del mismo. Consideramos que el resultado de un instrumento no se puede medir solamente por el avance de su cumplimiento sino en cómo este avance se traduce en beneficios sociales de acuerdo a los objetivos del tratado.

Con la adición del artículo 5 Ter se establece que cuando se trate de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, la Cancillería deberá contar con un registro claro y específico que incluya el total de reservas y declaraciones interpretativas que el Estado Mexicano ha realizado a cada Tratado al momento de su suscripción, así como el retiro de las mismas, donde también se incluya un informe detallado de las consideraciones que se tomen en cuenta para tal fin. Lo anterior con el fin de que las personas puedan conocer claramente por qué el Estado Mexicano ha establecido una exclusión o modificación a los efectos jurídicos de cierta disposición del tratado para su aplicación por éste mismo.

Asimismo, se establece que la Secretaría deberá establecer un indicador que mida el impacto y el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas sobre los Tratados en materia de Derechos Humanos cuya meta sea de cumplimiento anual, donde deberá elaborar un informe semestral que será de carácter público.

Por último, en la modificación al artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados se especifica detalladamente el contenido informativo con el que debe contar el registro en el cual se exponen los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.

El Poder Legislativo debe contribuir al mejoramiento de los sistemas de información pública y que se instrumenten mecanismos de control para garantizar que las operaciones y actividades se ejecuten con supervisión permanente y con una mejora continua, a fin de mantener y elevar la eficiencia y eficacia del seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los Tratados Internacionales y Acuerdos Interinstitucionales.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter y se reforma el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Artículo 5 Bis. La Secretaría deberá llevar el registro de los tratados de los que el país sea parte y de los acuerdos interinstitucionales. Los tratados deberán ser registrados en un sistema integral y público de información electrónica que permita generar datos estadísticos, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, que permita dar seguimiento y coadyuvar a la toma de decisiones de Estado. El sistema deberá incluir, como mínimo:

a) Datos estadísticos del tratado;

b) Resumen ejecutivo del contenido del tratado;

c) Información detallada de los objetivos, metas, actividades, periodicidad e indicadores del cumplimiento de los compromisos asumidos;

d) Indicadores de impacto social generado por el avance en el cumplimiento de los objetivos del tratado, acuerdo o convención;

e) Las líneas de coordinación, control y evaluación entre las partes;

f) Las líneas de coordinación entre la Secretaría y las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, para el cumplimiento de los objetivos del tratado, acuerdo o convención;

g) De ser el caso, el presupuesto total destinado al tratado, así como reportes anuales sobre su aplicación;

h) Los manuales de procedimientos administrativos autorizados y vigentes para normar la negociación, seguimiento y actualización de los tratados, acuerdos o convenciones;

i) Las sanciones incluidas en el tratado en caso de incumplimiento de los compromisos por alguna de las partes y;

j) Las instancias encargadas de dar cuenta del seguimiento y la eficacia de los mismos.

Artículo 5 Ter. Cuando se trate de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, además de lo contenido en el artículo anterior, la Secretaría deberá precisar el total de reservas y declaraciones interpretativas que el Estado Mexicano realice a cada Tratado, así como el retiro de las mismas, junto con un informe detallado de las consideraciones que se tomen en cuenta para tal fin.

Asimismo, la Secretaría deberá establecer un indicador que mida el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas sobre los Tratados en materia de Derechos Humanos cuya meta sea de cumplimiento anual. La Secretaría deberá elaborar un informe semestral que será de carácter público.

Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro al que hace referencia el artículo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores contará con 180 días naturales para actualizar el sistema de información a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Suscriben.

1 Artículo 1, segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, “Auditoría de Desempeño: 12-0-05100-07-0203”, Auditoría Superior de la Federación, disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0203_a.pdf, p. 6

3 Auditoría Superior de la Federación Óp. Cit.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, “Auditoría de Desempeño: 13-0-05100-07-0075”, Auditoría Superior de la Federación, disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0075_a.pdf, p. 14

5 ´Ídem.

6 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, Auditoría de Desempeño: 15-0-05100-07-0032, Auditoría Superior de la Federación, disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0032_a.pdf, p. 10

7 Ídem.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Pasamos al capítulo de discusión de dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con gusto, señora Presidenta. Doy cuenta de las materias de los 14 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

1.- Por el que se exhorta a reforzar las acciones pertinentes para detectar, prevenir y combatir el contrabando de armas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta a realizar una campaña que informe sobre la correcta separación de basura y difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la norma ambiental que establece los criterios y especificaciones técnicas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente (05 de junio) elabore un tríptico informativo sencillo que permita identificar la correcta separación de basura y realice campañas de difusión a la ciudadanía para cumplir con la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el próximo 8 de julio de 2017.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del 30 de mayo de 2017, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente elabore un tríptico informativo sencillo que permita identificar la correcta separación de basura y realice campañas de difusión a la ciudadanía para cumplir con la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el próximo 8 de julio de 2017.

Con fecha 30 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R2A.-1073.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresan la importancia de que la población de la Ciudad de México realice la separación primaria de los residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales deben ser entregados al servicio público de limpia de forma separada.

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente elabore un tríptico informativo sencillo que permita identificar la correcta separación de basura y realice campañas de difusión a la ciudadanía para cumplir con la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el próximo 8 de julio de 2017.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina  y coincide con la propuesta de los senadores proponentes razón por la cual realiza las siguientes observaciones:

En la actualidad, el gran desarrollo económico de la sociedad, el mayor crecimiento poblacional y la globalización de los mercados, ha implicado una creciente generación y diversificación de residuos, por lo que se requiere de una nueva visión de la gestión integral de los mismos, que promueva su aprovechamiento y la prevención de su generación.

El consumo de la población ha afectado al ambiente, entre otras cosas, debido al aumento en la cantidad de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de carácter doméstico que se generan y llegan a los sitios de disposición final, incrementando además los costos de su manejo, algo que directa o indirectamente se refleja en el bolsillo del consumidor y las entidades operadoras de la gestión integral de los residuos.1

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado políticas en materia de residuos sólidos urbanos, que se encaminan hacia la prevención y minimización de la generación mediante el conjunto de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir la cantidad de residuos existentes en cada etapa del manejo: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición. En tal contexto y con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se cuenta con el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, a partir de líneas estratégicas y acciones que orientarán la gestión.2

El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, integra las estrategias, metas y acciones necesarias para llevar a cabo el manejo adecuado de los residuos sólidos de esta Ciudad de México, bajo los criterios de reducción de la generación de los residuos sólidos, separación en la fuente, reincorporación al ciclo productivo de materiales reutilizables o reciclables, empleo de infraestructura para su adecuado manejo, promoción de la cultura, educación y capacitación ambiental, generación y difusión de información, responsabilidad compartida, participación de la población, sociedad civil y sector privado, donde se armonicen las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales, en un contexto de desarrollo sustentable, establecidos todos éstos en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento.3

En el mismo sentido, el Gobierno de la Ciudad de México tratará que con la implementación de la Norma NADF-024-AMBT-2013, (dicha norma entraría en vigor el 8 de julio de 2016, pero mediante acuerdo modificatorio publicado el 5 de mayo de 2016, su entrada en vigor cambió para el próximo 8 de julio del 2017)se establezcan los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México; esta Norma será de observancia obligatoria para generadores de residuos, ya sean personas físicas o morales, de carácter público o privado, dependencias, entidades, órganos políticos administrativos desconcentrados y en general para toda la Administración Pública del Distrito Federal, así como asociaciones o gremios que participen en cualquier momento.

La participación ciudadana con enfoque sustentable en materia de residuos sólidos es primordial, y de forma particular la Secretaría del Medio Ambiente impulsa programas de aprovechamiento y reciclaje en coordinación con el sector industrial, mismos que se retoman para fortalecer una cultura ciudadana encaminada a la gestión integral de residuos sólidos. Finalmente, este instrumento brindará la oportunidad de identificar necesidades, mejoras y beneficios en la materia, como insumos considerados en la toma de decisiones, en la generación de la política pública y en las adecuaciones del marco legal.4

Si bien, en la Ciudad de México, ya se realiza una separación primaria de residuos, es importante destacar que no se ha logrado satisfactoriamente dicha separación. De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2015, la eficiencia promedio de recolección de residuos orgánicos fue de tan sólo el 38%. Lo anterior, nos indica que falta un gran trabajo para lograr el 100% de eficiencia en la recolección de residuos, siendo la participación ciudadana una de las principales estrategias para conseguirlo. 5

Por tales razonamientos, y con la finalidad de fomentar en la sociedad la participación y encauzarla en el cumplimiento de las distintas disposiciones en materia de manejo de residuos sólidos de manera responsable, y como parte de la política ambiental que promueve el Gobierno de la ciudad de México, se pretende que para dar un mayor impulso a la norma ambiental que entrará en vigor el 8 de julio de presente, en la cual se establecen los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos sólidos, para que se lleve a cabo de acuerdo a lineamientos técnicos que garanticen una adecuada separación primaria, primaria avanzada y secundaria de los materiales, de tal forma que puedan ser valorizados para su reincorporación nuevamente a procesos de producción, reduciendo la cantidad que llega a sitios de disposición final, es que esta dictaminadora observa viable el exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para que antes de la entrada en vigor de la dicha norma, se realicen campañas de difusión para la ciudadanía, a fin de cumplir con la norma ambiental y se conozcan los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizarse la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México.

Esta dictaminadora respetuosamente sugiere una mayor amplitud de difusión de dichas campañas para la ciudadanía, a través de los medios de comunicación con los que cuenta la CDMX, los cuales son: XHCDM-TDT que es una estación de televisión propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, operado por el Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la Ciudad de México y trasmitida en la Ciudad de México, con instalaciones transmisoras en el Cerro del Chiquihuite; la estación transmite las señales: Capital 21 del Gobierno de la Ciudad de México en el canal virtual 21.1; y por el canal virtual 21.2. Asimismo, por medio de Frecuencia CDMX, que es la estación de radio en línea del Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el objetivo de ambos medios es difundir temas culturales, políticos, económicos y sociales de interés para los habitantes de la ciudad que contribuyan a fortalecer su identidad. Además, se busca incentivar la participación ciudadana en temas que incidan en la vida cotidiana. 6

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente realice una campaña que informe sobre la correcta separación de basura y difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el próximo 8 de julio de 2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.dgcft.sems.gob.mx/archivo_s/Norma%20Ambiental%20DF024%20Oficial.pdf

2 http://www.dgcft.sems.gob.mx/archivo_s/Norma%20Ambiental%20DF024%20Oficial.pdf

3 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos

4 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos

5 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2015-14-dic-
2016.compressed.pdfhttp://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2015-14-dic-2016.compressed.pdf

6 http://www.capital21.cdmx.gob.mx/proyecto/






3.- Por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas de valor ambiental.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas de valor ambiental y se establezca un término perentorio a la Secretaría de Medio Ambiente local para la publicación del Plan de Manejo de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 30 de mayo de 2017, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas de valor ambiental y se establezca un término perentorio a la Secretaría de Medio Ambiente local para la publicación del Plan de Manejo de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria.

Con fecha 31 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R2A.-1079.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los diputados del PVEM manifiestan que las barrancas de la Ciudad de México, en los últimos años han sufrido un grave deterioro, que ha traído como consecuencia que las áreas verdes y el suelo de conservación disminuyan, implicando no sólo una reducción en sí, sino la pérdida de servicios ambientales tan indispensables, como la función de pulmones que la Ciudad necesita.

Expresan los proponentes, que las causas son variadas, sin embargo, una de las principales es la creación de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación específicamente en las barrancas, sin importar y menos aún prevenir los efectos negativos que trae como consecuencia la construcción dentro de un ecosistema vulnerable.

En la propuesta se indica que las consecuencias ambientales hoy se encuentran bien identificadas, ante la mala calidad del aire y el daño que han sufrido las barrancas como un mecanismo de combate natural ante dicha circunstancia, resulta indispensable el trabajo corresponsable de la sociedad y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para rescatar a las barrancas como hábitats de flora y fauna única que forma una diversidad de ecosistemas y micro ecosistemas indispensables para el equilibrio ecológico de la ciudad.

Por lo que hace a las acciones implementadas por las autoridades, indican los proponentes del PVEM, que a la fecha la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ha publicado 11 programas de manejo quedando pendientes 14 de ellos, lo que representa un peligro para la efectiva protección de las barrancas y en consecuencia, daños irreversibles al medio ambiente de la Ciudad de México y de la zona metropolitana.

Al respecto, destacan los proponentes que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (denominación que aún conserva), se encuentran discutiendo la iniciativa del Jefe de Gobierno, misma que incluye el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2016-2030, dentro del cual se trazan las acciones de planeación y diseño de la ciudad para los próximos años, en materia urbana y de conservación del medio ambiente.

En la proposición de referencia, señalan que se retomó la recomendación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como del propio Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE) de la ciudad , respecto a la necesidad de constituir un solo Programa de Desarrollo Urbano-Ambiental para la ciudad de México, siendo las barrancas, espacios ubicados geográficamente en suelo urbano y de conservación , y los cuales son indispensables de preservar e incrementar la protección de las mismas con el fin de elevar sus servicios medio ambientales tan indispensables para nuestra ciudad.

Por ello, buscan exhortar al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VIl Legislatura, para que durante la discusión de la iniciativa del Jefe de Gobierno relativa al Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, sea incluida en las líneas de acción, la protección de las barrancas de la Ciudad de México y, en su caso, se establezca un término perentorio para que la Secretaría de Medio Ambiente publique en la Gaceta Oficial los Programas de Manejo de cada una de ellas.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VIl Legislatura, para que en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como Áreas de Valor Ambiental y se establezca un término perentorio a la Secretaría de Medio Ambiente local para la publicación del Plan de Manejo de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria.

III. CONSIDERACIONES

Más de la mitad de la superficie de la Ciudad de México corresponde a suelo de conservación con 87 mil 294 hectáreas de las cuales alrededor de 50 mil son de aptitud preferentemente forestal, que representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.

La zona poniente de  la Ciudad de México , integrada por las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo cuentan con un importante sistema de barrancas, las cuales generan valiosos servicios ambientales para la población, como son la recarga de mantos acuíferos, el aumento de humedad en la atmósfera, la captura de carbono, entre otros.

Las Barrancas del Poniente, sumadas al Suelo de Conservación son un factor crucial para el equilibrio hidráulico de la Ciudad de México. La mayor parte de la recarga del acuífero subterráneo se obtiene mediante la infiltración del agua de lluvia en el Suelo de Conservación (SC), que son 87 mil hectáreas aproximadamente y en las barrancas urbanas que sobreviven aún fuera de él.

La capacidad de infiltración de estas zonas es particularmente importante ya que su sustrato es de origen volcánico y está conformado por rocas permeables y fracturadas que cuando existe la adecuada cobertura vegetal retienen e infiltran como esponja una gran cantidad de líquido.

De acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal1 en su artículo 5°, las Áreas de Valor Ambiental (AVA) son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; Esta misma Ley indica que las barrancas y los bosques urbanos del Distrito Federal son Áreas de Valor Ambiental, siendo la Secretaría del Medio Ambiente la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo.

Es primordial que dichas áreas cuenten con el decreto correspondiente que delimitará el polígono verde en un contexto urbano, toda vez que decretada el AVA, derivarán los Programas de Manejo y las acciones de preservación que orientarán la realización de obras y actividades compatibles con la vocación natural de las barrancas.

Al día de hoy se encuentran declaradas como Áreas de Valor Ambiental, las siguientes barrancas, todas ellas en el poniente de la Ciudad de México: Becerra Tepecuache sección La Loma, La Diferencia, Tarango, Hueyetlaco, Margaritas, Milpa Vieja, Mimosas, Pachuquilla, Santa Rita, El Zapote, Echánove, Anzaldo, Coyotera, Tecamachalco, Bezares-El Castillo, San Borja, Jalalpa, Tacubaya, Mixcoac, Atzoyapan, Guadalupe, Del Moral, Volta y Kotch, Texcalatlaco y Magdalena-Eslava.

De acuerdo a la información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México2, se encuentran publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los programas de manejo de la Barranca Tarango y la Barranca Río Becerra Tepecuache en la Delegación Álvaro Obregón, y de todas las barrancas de Cuajimalpa, que son: La Diferencia, El Zapote, Hueyetlaco, Margaritas, Milpa Vieja, Mimosas, Pachuquilla, Santa Rita y Echánove.

Como se indica en la proposición materia de este dictamen, las consecuencias ambientales hoy se encuentran bien identificadas, ante la mala calidad del aire y el daño que han sufrido las barrancas como un mecanismo de combate natural ante dicha circunstancia, resulta indispensable el trabajo corresponsable de la sociedad y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para rescatar a las barrancas como hábitats de flora y fauna única que forma una diversidad de ecosistemas y micro ecosistemas indispensables para el equilibrio ecológico de la ciudad.

En la investigación realizada por esta dictaminadora, se obtuvo que en la Agenda Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 2007 -2012 se proponía para su preservación, un programa de conservación y restauración de áreas verdes urbanas que contemplaba la gestión para el decreto de 33 barrancas como áreas de valor ambiental, y hasta el momento no se han cumplido cabalmente.

Se destaca que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Jefe de Gobierno de la Ciudad, entregó el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2030 para que sea analizado, ya que dicho instrumento tiene el objetivo de establecer la zonificación primaria de la Ciudad de México, fijar las políticas y estrategias de un proyecto de ciudad con tratamiento a corto, mediano y largo plazos, y determinar los ejes fundamentales para que, en el contexto de un desarrollo equilibrado, se contenga el crecimiento desordenado y se asegure la protección ambiental en un marco de efectiva coordinación interinstitucional.

Es por ello, que esta dictaminadora comparte la preocupación de los proponentes para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el proceso de análisis y discusión de dicho Programa se contemple la preservación, conservación y restauración de áreas verdes urbanas para consolidar el sistema de gestión de barrancas del poniente de la ciudad a través de la declaratoria como áreas de valor ambiental, lo que permitirá contribuir a la autosuficiencia hídrica para la ciudad y por supuesto es una estrategia para tener un clima apropiado en la Ciudad de México y mejorar el medio ambiente, ya que en los últimos años se ha visto afectado.

Así mismo, será importante que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México  continúe con el proceso para la declaratoria como Áreas de Valor Ambiental de las barrancas, conforme a su Agenda Ambiental y proceder a la publicación y ejecución de los Programas de Manejo correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la VIl Legislatura, para que en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como Áreas de Valor Ambiental y se establezca el Plan de Manejo de cada una de las barrancas que cuentan con dicha declaratoria.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7845786f92c3b622b145b6ff08beaf41.pdf

2 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/barrancas






4.- Por el que se solicita al Congreso del estado de Veracruz la información relativa a la situación que guarda el procedimiento de declaración de procedencia con relación al presidente municipal de Fortín de las Flores.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia  de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se propone formular un extrañamiento al Congreso del Estado de Veracruz con relación al procedimiento de declaración de procedencia relacionado con el Presidente Municipal de Fortín de las Flores, presentada en la sesión del 30 de mayo próximo pasado por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática.

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario dado a la proposición objeto del presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del resolutivo que plantea.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 30 de mayo en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de formular un extrañamiento al Congreso del Estado de Veracruz con relación al procedimiento de declaración de procedencia relacionado con el Presidente Municipal de Fortín de las Flores.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia  de la Comisión Permanente, a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se señala lo siguiente:

“El pasado 24 de mayo, el Congreso del Estado de Veracruz por segunda ocasión se negó a desaforar al alcalde del municipio de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, acusado desde el año 2015 de golpear a su pareja y ocasionarle lesiones graves en diversas partes del cuerpo.”

“En esta ocasión el Congreso del Estado argumentó que el alcalde de Fortín de las Flores cuenta con una suspensión provisional derivada de un amparo en contra de su desafuero.”

“Esta suspensión no tenía injerencia en el asunto porque la obligación de los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local (solo hombres la integran) era definir si procedía o no el desafuero del alcalde sobre los argumentos de la Fiscalía General del Estado -que confirmaban la agresión cometida por el alcalde que dan cuenta de las lesiones físicas (y) la afectación emocional producto de la violencia, además de fotografías y radiografías de rostro, espalda y brazos que presenta su pareja-.”

“De hecho la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece

‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

‘VII. Contra la resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;’

“Cabe señalar que en el 2015 la Fiscalía General de Veracruz presentó una solicitud de juicio de procedencia contra Armel Cid de León Díaz con la finalidad de interrogarlo e integrar la carpeta de investigación, sin embargo, los diputados del Congreso en ese entonces, decidieron desechar la solicitud con el argumento francamente banal como es que la Fiscalía no escribió completo el nombre del municipio.”

“Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado solicitó desde el 31 de enero del presente año nuevamente el desafuero por el delito de violencia familiar equiparada, de acuerdo a diversos medios locales, en esta ocasión, la víctima ratificó la denuncia y se agregaron 28 elementos de pruebas que acredita la probable responsabilidad del alcalde.”

“Asimismo, diversos medios de información señalan que el 10 de febrero el alcalde tramitó una demanda de amparo en contra de la solicitud de desafuero en su contra. Esa solicitud fue turnada al Juzgado Décimo Segundo de distrito de Veracruz, que la desecho por considerarla improcedente. Pero el alcalde Armel Cid interpuso una queja, por lo que el caso fue enviado para su revisión al 2º Tribunal Colegiado (de Circuito) del Estado. El viernes pasado el magistrado Arturo Gómez Ochoa dio a conocer el sentido de su resolución en la que ratifica que la demanda es improcedente, sin embargo la Sección Instructora del Congreso local determinó su improcedencia.”

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo y a la división de poderes, expresa un extrañamiento al Congreso del Estado de Veracruz por la resolución de la Sección Instructora de ese órgano legislativo el pasado 24 de mayo que impide retirarle la inmunidad procesal al alcalde del municipio de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, fomentando la impunidad que genera la violencia en contra de las mujeres veracruzanas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo y a la independencia del ministerio público, exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a continuar con las investigaciones en contra de delitos en contra de la integridad de las mujeres de esa entidad y a emitir un pronunciamiento respecto a la resolución de la Sección Instructora del Congreso del Estado que motiva el presente punto de acuerdo.”

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera. En términos de lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular la proposición con punto de Acuerdo. A su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y resolver sobre la misma.

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen somos sensibles al planteamiento formulado por la Senadora de la Peña Gómez con relación al caso que plantea, habida cuenta que proviene de una indagatoria de la autoridad de procuración de justicia del Estado de Veracruz por presunta responsabilidad penal derivada del ejercicio de violencia en agravio de la mujer.

De hecho, con relación a diversas proposiciones con punto de acuerdo que se han presentado durante el desempeño de la presente integración de esta H. Comisión Permanente en materia de violencia contra la mujer, hemos considerado la importancia de formular reflexiones, solicitudes de información y exhortos a las autoridades competentes para conducir sus actividades a la luz de los compromisos internacionales del Estado Mexicano con relación al propósito de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las disposiciones legales pertinentes de carácter federal y local.

En ese sentido, refrendamos nuestra convicción a favor del respeto irrestricto a la dignidad humana de la mujer y de la actuación de toda autoridad con base en el principio del imperio prioritario de los derechos humanos de la mujer, incluido particularmente el derecho a su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de cualquier tipo de violencia.

Tercera. Es en el marco de la consideración anterior que analizamos y sopesamos la proposición de la Senadora de la Peña Gómez, habida cuenta que se refiere a las facultades que nuestro régimen constitucional ubicó en el ámbito de los Poderes Legislativos de los Estados, en este caso la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a que estamos en presencia de hechos que han sido conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y del Congreso de esa entidad federativa, así como de autoridades judiciales de la Federación para conocer y resolver del juicio de amparo.

En efecto, tanto a la luz de la forma federal del Estado Mexicano, como del principio de la división de poderes, se propone la adopción de determinaciones por parte de esta H. Comisión Permanente que se refieren a una competencia específica de carácter local -el procedimiento de declaración de procedencia de un Presidente Municipal-, así como a las competencias que constitucionalmente corresponden al órgano de procuración de justicia y al Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

En otras palabras, se trata de un orden de gobierno en ejercicio de una de sus funciones, así como de la relación entre dos ámbitos de competencia locales, sobre los cuales el H. Congreso de la Unión no tiene atribuciones en materia de control de la gestión pública a cargo de esos ámbitos.

En otras palabras, nuestro sistema constitucional ha confiado la atención y resolución de la indagatoria correspondiente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la determinación de la declaración de procedencia al Poder Legislativo de esa entidad federativa.

En ese orden de ideas, con sensibilidad al planteamiento de la Senadora de la Peña Gómez, pero también sobre la base de las determinaciones de nuestro orden constitucional en materia de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas y entre los diferentes Poderes y órganos depositarios del poder público en una entidad federativa, y sin ningún perjuicio sobre los hechos referidos por la promovente, nos inclinamos por plantear en el punto resolutivo correspondiente que esta H. Comisión Permanente proceda a solicitar la información pertinente al H. Poder Legislativo del Estado de Veracruz ya que, con base en la recepción y análisis de dicha información será posible valorar a mayor profundidad la cuestión que se ha planteado.

Cuarta. Por otro lado, con relación al segundo resolutivo planteado por la promovente, debemos recordar que, con relación a distintas propuestas relacionadas con situaciones de violencia ejercida en contra de la mujer en distintas entidades federativas de la República, está H. Comisión Permanente ha tenido a bien pronunciarse en el sentido de condenar los hechos y las conductas que conducen a ese ejercicio irracional, así como para formular una exhortación integral a las autoridades no sólo de procuración de justicia, sino también de impartición de justicia, para que se efectúe la investigación y resolución con la mayor celeridad posible, de todos los ilícitos penales vinculados con hechos de violencia en agravio de la mujer.

Como lo hemos señalado, dicha actuación profesional, puntual y diligente constituye un elemento esencial para alcanzar el objetivo nacional de que las mujeres de nuestro país accedan plenamente a una vida libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente H. del Congreso de la Unión respetuosamente solicita al H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la información relativa a la situación que guarda el procedimiento de declaración de procedencia instaurado por la Sección Instructora de ese órgano legislativo con relación al Presidente Municipal de Fortín de las Flores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.






5.- Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del director de la clínica Hospital Mazatlán del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con el exhorta a la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar una pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 30 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por parte de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con el exhorta a la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar una pronta investigación sobre el homicidio del Director del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, en Mazatlán, Sinaloa.

b) Con fecha 1 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1147.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La promovente, dentro de sus consideraciones, expresó su preocupación por la forma en que sucedieron los acontecimientos del 24 de mayo en contra del Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio, por lo que solicita a la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar una pronta investigación para poder dar con los victimarios del Director de la Clínica Hospital “Mazatlán”.

Asimismo, la legisladora, presentó una serie de datos en los cuales se muestran los altos indices de violencia que se viven en el país, y destaca que que en ese estado donde sucedieron los hechos se ubica en segundo lugar nacional en homicidios.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena firmemente el asesinato del Director del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa para que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones concernientes a las acciones procedentes para esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE en Mazatlán, Sinaloa y ejercitar las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente.

III. CONSIDERACIONES

Primero.- La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de acuerdo, manifiesta que es relevante dar seguimiento a la situación que guarda el proceso de investigación relativo al homicidio del Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio, el 24 de mayo del año en curso.

En primer lugar, esta Comisión considera de suma importancia que se condenen este tipo de hechos criminales que atentan en contra de la ciudadania, sin importar el cargo o situación en la que se encuentre, ya que nadie debe ser privado de la vida bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, la Primera Comisión se considera relevante que se realice un pronunciamiento condenatorio, como la diputada promovente lo plantea en su proposición con punto de acuerdo.

Al respecto, esta Comisión advierte que la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa ya no es la autoridad competente para llevar a cabo las diigencias e investigaciones relacionadas con el ilicito mencionado, ya que la Procuraduria General de la República realizó la atracción del caso debido a que la víctima era un servidor público federal y será esa dependencia la encargada de intregrar la carpeta de investigación,( situación que fue consignada en diversos medios de información)1, como se puede leer en el comunicado siguiente:

Comunicado 879/17 Inicia PGR carpeta de investigación por agresión a director del ISSSTE en Mazatlán, Sinaloa

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su delegación en Sinaloa, inició carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de Homicidio.

De acuerdo con la indagatoria, el Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Mazatlán, recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen cuando se encontraba frente a las instalaciones de la clínica ubicada en la carretera Internacional y FOVISSSTE de esa ciudad.

El Ministerio Público de la Federación, continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente y se solicitarán los dictámenes periciales y una vez que se establezca la identidad del o los imputados actuar conforme a derecho.2

Por lo anterior, se considera que la solicitud a la Procuraduria del Estado de Sinaloa debe dirigirse a la instancia competente. En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que se debe solicitar un informe a la Procuraduria General de la República para que se pueda conocer el estado que guardan la averiguación así como la carpeta de investigación relacionada con el homicidio, lo anterior sin que la solicitud interfiera en el proceso y se guarde el sigilo pertinente a la investigación.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena firmemente el asesinato del Director de la clínica Hospital Mazatlán del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que informe sobre el estado que guardan las investigaciones tendientes al esclarecimiento del homicidio del Director de la Clínica Hospital Mazatlán del ISSSTE, en Mazatlán, Sinaloa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1•https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-879-17-inicia-pgr-carpeta-de-investigacion-por-agresion-a-director-del-issste-en-mazatlan-sinaloa

2•http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/atrae_la_pgr_caso_del_doctor_miguel_Angel_camacho-1085502






6.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe sobre los resultados de la implementación del Programa Escudo para la seguridad en dicha entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia  de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1. A fin de que se exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que elabore y entregue  al  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Nacional  de Seguridad Pública  en un lapso de 30 días, un informe detallado sobre los resultados hasta el momento de la implementación del “Programa Escudo” para la seguridad en la entidad.

2. A fin de que se exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de que refuerce las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3. A fin de que se exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes, presentado por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario dado a las proposiciones objeto del presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y razonamientos de las propuestas materia de estudio, así como del texto planteado con respecto a sus respectivos resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen, incluida la pertinencia de la acumulación de las proposiciones para su estudio y dictamen, en virtud de que se refieren a la misma materia.

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En la sesión del miércoles 24 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por parte de la diputada María Bárbara  Botello  Santibáñez,  integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido Revolucionario Institucional,  por  el que se exhorta al gobierno del Estado de Guanajuato, a presentar un informe detallado sobre los resultados, hasta el momento, de la implementación del Programa Escudo en la entidad.

Con fecha 25 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-748

2. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de junio en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que se exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de que refuerce las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia,  a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

3.  En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de junio en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.

 En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia  a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

• En la proposición con punto de acuerdo de la Diputada Bárbara  Botello  Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expuso una serie de datos relacionados a los altos índices de inseguridad presentados en el Estado de Guanajuato, y la falta de resultados publicitados por la administración estatal sobre el “Programa Escudo”.

En ese sentido, la diputada expresó su preocupación por la falta de información oficial relacionada con el programa mencionado, debido a que varios datos del gobierno no han sido presentados al público, ya que se encuentran catalogados como información confidencial y no permiten dar un correcto seguimiento al mismo.

De la misma manera, la autora de la presente proposición, ofreció una serie de informes estadísticos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde muestra una alza en los delitos cometidos en el Estado de Guanajuato, tanto del fuero federal como del fuero común.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, elabore y entregue al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un lapso de 30 días, un informe detallado sobre los resultados hasta el momento de la implementación del Proyecto Escudo para la seguridad en la entidad.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice, conforme a sus atribuciones, una evaluación de los resultados, las políticas y estrategias realizadas por el Gobierno del Estado de Guanajuato en la implementación del Proyecto Escudo en la entidad.

• En la segunda proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se expresa lo siguiente:

Señala que el 24 de mayo, cuatro taxistas fueron asesinados y una persona resultó herida también en San Miguel de Allende, mientras que en Apaseo el Grande fue ultimado el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de ese municipio.

Precisa que la situación de violencia es de una gravedad tal, que en los primeros cuatro meses de este año se han registrado 459 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan sólo en abril se reportaron 133 víctimas de este delito, la cifra mensual más alta desde enero de 2014, cuando el gobierno federal empezó a llevar un registro de víctimas de crímenes de alto impacto.

Puntualiza, que por cuanto hace al robo de combustible, durante 2016 fueron ubicadas 1,309 tomas clandestinas en el Estado de Guanajuato, mientras que, en el primer bimestre de 2017, la cifra alcanzó la cifra de 303, la más alta del país.

En este sentido, señala que hay preocupación, toda vez que Guanajuato se ha destacado durante los últimos años por su dinamismo y capacidad transformadora, lo que se ha traducido en un crecimiento de su Producto Interno Bruto que alcanzó el 6.4% durante 2015, el tercero más alto del país.

Argumenta que la actual situación de inseguridad que priva en el Estado redunda en un detrimento de la actividad productiva. Por ello señala que debe ser también una prioridad ofrecer seguridad a los habitantes de San Miguel de Allende, a efecto de que este municipio no pierda el encanto que le valió ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como recibir alrededor de un 1,300,000 turistas durante 2016 e inversiones por alrededor de 500 millones de dólares.

Derivado de los elementos contenidos en sus consideraciones, la Diputada Tiscareño plantea la adopción de los siguientes resolutivos:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de que refuerce las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población.

• En la proposición con punto de acuerdo presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se expresa lo siguiente:

Los Senadores proponentes argumentan que en el caso del estado de Guanajuato, las estadísticas revelan un incremento sistemático del número delitos cometidos en la entidad, entre los que destacan de manera importante los homicidios, ello a pesar de que el tema de la seguridad pública se planteó como una de las estrategias centrales desde el inicio de la gestión del actual gobernador.

Destacan que el estado se ubica en el lugar 9 a nivel nacional por el número de homicidios cometidos. Tan sólo al cierre de 2016, se registraron un total de 961 de dichos delitos, 320 más que en 2013, cifra que se ha venido incrementando sostenidamente. Asimismo, que al cierre de 2016 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años. Ello significa que hubo casi tres homicidios diariamente durante el año.

Apuntan que el pasado abril el total de homicidios sumó 88, es decir, 19 y 21 más con relación a los registrados en el mismo mes de 2016 y 2013.

Mencionan que la cifra acumulada para el periodo enero y abril de 2017, ascendió a 350 homicidios, número superior al observado en el mismo periodo del año anterior, el cual alcanzó 261 casos. Tan sólo el pasado día 14 mayo, en dos hechos distintos, fueron asesinadas cinco personas en Apaseo el Grande, cuyos cuerpos presentaban impactos de bala; el día 24 del mismo mes en San Miguel de Allende cuatro taxistas fueron ejecutados al ser atacados a balazos en el tramo carretero Celaya-San Miguel de Allende; también fue asesinado el director de seguridad pública de Apaseo El Grande, afuera de su propio domicilio; y el día 28, tres hombres armados asesinaron a una persona cerca de su domicilio, en el municipio de Pénjamo, Gto., al dispararle al menos cuatro veces.

Concluyen que este incremento en el número de homicidios en particular y, de la incidencia delictiva revelan el fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública implementada desde el inicio del actual gobierno estatal, el cual se ha mostrado omiso para garantizar este derecho fundamental de la población.

Por lo anteriormente expuesto, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propusieron la adopción de los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de seguridad pública para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.

“Segundo. Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, con el objeto de prevenir y combatir el robo de hidrocarburos en la entidad, así como a la delincuencia organizada.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera. En términos de lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular las proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas en el apartado precedente. Y, a su vez, la Comisión      Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y resolver sobre las mismas.

Segunda. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos procedente la acumulación de las tres propuestas con punto de acuerdo que se han señalado en los tres apartados precedentes, en virtud de que abordan el tema de la inseguridad pública que prevalece en el Estado de Guanajuato, por lo que plantean la necesidad de reforzar las medidas tendentes a garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.

Tercera. La seguridad pública constituye un derecho fundamental de la población, toda vez que permite proteger su integridad física y patrimonio, garantizar el estado de derecho, la paz y el orden, y es una condición medular a fin de sentar bases sólidas para el progreso de la sociedad en conjunto.

Existe consenso entre los especialistas en el mundo en que respetar el estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social, tal y como apunta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Por su parte, la Organización de Estados Americanos señala que “La situación relativa a la seguridad pública constituye hoy la principal amenaza para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región. La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, quienes se sienten atemorizados, acosados y vulnerables ante la amenaza permanente de victimización. Se trata de una situación que, en el caso de los jóvenes, y particularmente de los jóvenes de los estratos más vulnerables de nuestras sociedades, alcanza la forma y la dimensión de un exterminio sistemático”.

La complejidad de este asunto, demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

Por su parte, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato menciona que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Esatdo y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio de los presentes puntos de acuerdo, coincide con la  diputada María Bárbara  Botello  Santibáñez en cuanto a la importancia de conocer los resultados obtenidos por el Programa Escudo, instrumentado por el gobierno de Guanajuato.

En primer término, es conveniente señalar que el Programa Escudo forma parte de la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

La Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), es la dependencia responsable de la correcta operación de los Sistemas de Monitoreo y Radiocomunicación de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Emergencia y Rescate entre otros.

El C5i se ha convertido en el cerebro del programa de seguridad estatal “Escudo”, mediante el cual se fortalece la coordinación tecnológica única que permite la participación de todos los cuerpos de seguridad y el Ejército Mexicano en un solo centro de mando.1

En ese sentido, esta comisión informa que el Gobierno del Estado de Guanajuato ha presentado un comunicado oficial del 25 de mayo del 2017 con los siguientes resultados del Programa Escudo:

Resultados Programa Escudo

Dirección de Comunicación Social 25 mayo, 2017

Permite Escudo en poco más de tres años la recuperación de más de tres millones de litros de combustible extraído de manera ilegal.

• Más de Un Millón 800 mil dosis de distintas sustancias tóxicas han sido aseguradas.

Guanajuato, Gto., 25 de mayo de 2017- A partir del arranque de operaciones a la fecha, el Programa Estatal de Seguridad Escudo ha fortalecido la coordinación entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permite presentar resultados contra el delito y la impunidad.

• Recuperación de combustible extraído de manera ilegal.

En poco más de tres años, a través del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), en donde se concentra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la SEDENA, PF, PGR y la Dirección de Seguridad Física de Pemex, se ha recuperado una cantidad importante de hidrocarburo robado.

A la fecha, se han asegurado un total de 3 millones 49 mil 850 litros de hidrocarburo extraído de manera ilegal de los ductos de PEMEX.

Estas acciones, han dado como resultado el cierre de 526 tomas clandestinas además del aseguramiento de 451 vehículos, 50 pipas, 65 camiones, 12 remolques, 27 motobombas, 9 cisternas, 6 tráileres  y cinco motocicleta, así como de diversos tipos de herramienta, cubitanques, accesorios y contenedores, utilizados para la extracción, almacenamiento, y trasiego de combustible.

• Aseguramiento de sustancias tóxicas.

La operatividad conjunta realizada entre autoridades estatales, federales y municipales, con apoyo del Programa Escudo, ha permitido una mayor contundencia en la lucha contra la venta de droga al menudeo.

Ello significa que en el periodo que se informa, se han sacado de las calles del estado la cantidad de 1 millón 842 mil 375 dosis de diversas sustancias con características de droga principalmente mariguana, cocaína, cristal y piedra base.

Además de 14.8 kilogramos de heroína y 1,263 plantas de hierba verde al parecer mariguana.

• Se aseguran más de 24 mil de cartuchos y armas de fuego.

A través de los diversos patrullajes, así como de operativos conjuntos que se implementan tanto en la zona urbana y rural de la entidad, han dado como resultado el aseguramiento de 24 mil 968 cartuchos útiles de diversos calibres, además de 1,327 armas de fuego, 22 granadas de fragmentación y dos fusiles calibre .50 milímetros conocidos como Barret.

• Detención de personas por distintos delitos.

El despliegue operativo a lo largo y ancho de la entidad y la implementación de diversas estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno, ha permitido que a la fecha, hayan sido aseguradas un total de 4,861 personas, por la comisión de delitos del orden común y del federal, entre ellos el robo de combustible, posesión de sustancias tóxicas y portación de armas de fuego.

• Vehículos asegurados con reporte de robo.

Con el apoyo del C5i del Programa Escudo, a la fecha se han asegurado un total 2,512 vehículos automotores; además de 810 motocicletas, 19 tractores agrícolas, 122 tráileres, 81 camiones de carga, 14 semiremolques, una máquina perforadora de pozos, tres retroexcavadoras, cuatro pipas, seis tolvas y dos camiones plataforma, todos con reporte de robo.

• Desarticulación de 20 células criminales 

Finalmente, mediante los trabajo de investigación e inteligencia con el apoyo de la tecnología y la coordinación operativa que permite Escudo, los grupos especiales han desarticulado un total de 20 células criminales.2

En razón de lo anterior, esta Comisión considera que lo presentado en el sitio oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, constituye un avance en la emisión de los resultados de dicho programa. No obstante, no se puede considerar como un informe detallado dicho comunicado de la Dirección de Comunicación Social, ya que la información citada previamente no contempla una metodología que justifique los resultados que arrojan los datos.

En ese orden de ideas, considerando la importancia que reviste el tema de la seguridad en esa entidad, es pertinente que se profundice en la información desplegada con anterioridad por parte de la autoridad estatal, por lo cual es posible solicitar un informe detallado de los resultados mostrados.

En lo respectivo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Primera Comisión hace referencia a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 7 que  las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

Relacionado con el artículo anterior, se hace mención del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Guanajuato, que en la cláusula Vigésima Séptima, estipula la forma para hacer requerimientos de información entre estas dos autoridades.

I."EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar la información que "EL SECRETARIADO" le requiera, relativa a:

a) El ejercicio de los recursos del "FASP" y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos.

b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública.

II.El informe deberá ser entregado a "EL SECRETARIADO", por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requerimiento correspondiente.3

Es necesario mencionar que el estado recibe recursos por parte de la federación de acuerdo con el FASP (Fondo de Aportación Para la Seguridad Pública), de los cuales, un porcentaje es utilizado en el rubro de tecnologías e infraestructura como se muestra en el convenio y el anexo del Secretariado Ejecutivo.

Por su parte, el Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato, establece a la seguridad pública como una de principales prioridades durante la administración. En este sentido, se planteó que “En seis años, Guanajuato será reconocido como unos de los estados más seguros del país, fundamentado en una sólida cultura de prevención y en la participación activa y comprometida de la sociedad, con instituciones sólidas que trabajan eficaz y coordinadamente con los más altos estándares de certificación, equipamiento y tecnología de vanguardia, en un marco de respeto hacia los ciudadanos y sus autoridades, contribuyendo a una ambiente de estabilidad y paz social en donde los guanajuatenses y sus familias se desarrollen de manera próspera”.

En este sentido, el Eje Guanajuato Seguro establece las siguientes atribuciones:

En materia de prevención del delito

• Promover en coordinación con la sociedad, campañas tendientes a la prevención de los delitos.

• Impulsar la cultura sobre prevención del delito y participación ciudadana.

En matera de Seguridad Pública

• Conservar el orden, la tranquilidad y la seguridad del estado.

• Establecer las políticas de evaluación y control de confianza.

• Coordinar los esfuerzos para enfrentar los problemas de seguridad pública.

• Auxiliar al Ministerio Público, cuando así se le requiera, en la investigación y persecución de los delitos.

• Organizar, capacitar, supervisar y controlar, los cuerpos de seguridad pública.

• Vigilar el tránsito y la seguridad en las carreteras, caminos y áreas de jurisdicción estatal.

• Analizar la incidencia criminológica y la problemática de Seguridad Pública en el ámbito estatal.

• Coordinar las actividades del sistema estatal de protección civil.

Pese a lo establecido en la estrategia gubernamental estatal, se aprecia un incremento en la incidencia delictiva en el estado, pues adicionalmente a los datos que ofrecen los proponentes en sus puntos de acuerdo, cabe mencionar que en los primeros cuatro meses del año se han cometido 350 homicidios dolosos, 89 más que en el mismo periodo de 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así mismo, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el rubro de delitos registrados en abril 2017, Guanajuato se ubica en el tercer lugar nacional con una incidencia de  8,980 delitos4, lo cual llama revela que dicha entidad presenta actualmente una problemática importante en esa materia que debe ser afrontada mediante la coordinación efectiva con la instancia de seguridad nacional antes mencionada.

Adicionalmente, es de destacar que medios de comunicación a nivel nacional han consignado la problemática de inseguridad que se ha venido acentuando en municipios como León, Guanajuato, con base en información derivada del Reporte Anual de Incidencia Delictiva 2016, en el que destacan la percepción de la ciudadanía en cuanto a seguridad, en donde se refleja que el porcentaje de delitos de alto impacto en el Estado de Guanajuato ha incrementado de manera significativa.5

En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos plantear la adopción por ese H. Pleno de la Comisión Permanente del siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato para que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los resultados de la implementación del Programa Escudo para la seguridad en dicha entidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, implementen acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://seguridad.guanajuato.gob.mx/sistema-c5i/

2 http://seguridad.guanajuato.gob.mx/2017/05/25/resultados-programa-escudo/

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301063&fecha=03/06/2013

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-actual.php

5 http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/03/20/reporte-anual-de-incidencia-delictiva-en-leon






7.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración y administración de justicia que garantice el estado de derecho.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración y administración de justicia que atienda el incremento de la violencia en el Estado, capaz de restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 7 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración y administración de justicia que atienda el incremento de la violencia en el Estado, capaz de restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho; por los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b) Con fecha 8 de junio dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1434.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El punto de acuerdo de los senadores promoventes refiere que el modelo de Estado basado en el Derecho se sustenta en el establecimiento de un fundamento jurídico de las autoridades, lo cual significa que sólo puede funcionar de manera adecuada cuanto las instituciones actúan dentro del marco de sus atribuciones, es decir respetando los derechos humanos de los ciudadanos y atendiendo en todo momento la ley.

Afirman que la procuración y la administración de justicia es un elemento central que permite la consolidación del estado de derecho porque regula y restablece un orden que ha sido quebrantado por las faltas y los delitos que se comenten.  Así, un buen sistema fortalece la legalidad y el imperio de la ley.

Señalan que  en el sistema de procuración y administración de justicia no existe un buen ejercicio del imperio de la ley, los principios jurídicos del Estado de Derecho se deslegitiman, lo cual crea una crisis de gobernabilidad y un alto índice de violencia que lastima todas las estructuras sociales.

De esta forma, refieren que el incremento de los índices de violencia presentados en Michoacán, son indicadores de la falta de gobernabilidad en el Estado, pues advierten un deficiente Sistema de Seguridad Pública y una incapacidad de las instituciones por brinda una eficaz y eficiente procuración y administración de justicia.

Esto es porque de acuerdo con el punto de  acuerdo la cifra de homicidios dolosos en aquella entidad pasó de 332, en los primeros cuatro meses de 2016, a 439 en éste primer cuatrimestre de 2017, lo cual representa un incremento del 32.22%.

A la par, advierten que en términos generales se observa la existencia un alza delictiva sostenida de un 16.57%, hasta mayo de 2017.1

Advierten además, en relación con el sistema judicial, el Censo Estatal de Procuración de Justicia del INEGIE reportó que en 2015 en el Estado de Michoacán se registraron 48, 358 personas que fueron acusadas por la comisión de un delito, de estás sólo 7, 829 actualmente se encuentran procesadas por un órgano jurisdiccional, lo anterior se traduce en que del total de todas las personas acusadas ante el ministerio público, sólo el 16% actualmente está siendo juzgada, mientras que el otro 84% no siguió ningún proceso. Es decir, quedó impune.2

En torno a ello, refieren que esto refleja graves deficiencias en las acciones de procuración de justicia; día con día se abren denuncias penales por una gran cantidad de delitos que no son investigados de manera eficientes, porque no son consignados ante las autoridades judiciales a fin de que inicie el juicio.

Así, advierten que la sociedad michoacana cada vez confía menos en las instituciones, las cuales no han sido capaces de atender el incremento de la violencia ni tampoco de brindar seguridad a los ciudadanos michoacanos.

En razón de lo anterior, el punto de acuerdo propone los siguientes resolutivos, con el fin de atender la problemática de seguridad en Michoacán:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que en marco de sus atribuciones, establezca una política integral de procuración y administración de justicia que sea capaz de restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para en que, en el marco de sus atribuciones, profesionalice a su personal policiaco y establezca medidas de coordinación entre las distintas autoridades de procuración y administración de justicia.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta al Gobierno de Michoacán a conformar protocolos de actuación y de investigación del delito, a fin de mejorar los servicios de procuración y administración de justicia.

Lo anterior se propone en razón de que el objetivo principal de la policía es brindar seguridad a los ciudadanos, proteger y servir mediante el principio del imperio de la ley, la legitimidad, el profesionalismo y la honradez.

A su vez, advierten que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer que la seguridad pública tiene por principio salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar sus libertades, el orden y la paz pública.  De tal forma que de acuerdo con los promoventes, los cuerpos policiales deben de contar con un entrenamiento que les permita actuar en casos de crisis a fin de restablecer el orden quebrantado por un delito y brindar orden y estabilidad al estado de Derecho, situación que no se ha logrado ver en Michoacán porque no sólo no se ha detenido la incidencia delictiva, sino que ésta ha ido en aumento generando un clima de violencia.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establece los artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. La Comisión dictaminadora coincide con los senadores proponentes en que un principio fundamental del Estado de Derecho es el imperio irrestricto de la ley y la conformación de instituciones sólidas que se actúan bajo los principios que les son establecidos con la norma previamente.

También, que el Sistema de administración y procuración de justicia del estado, funciona como un eje regulador que restablece el orden social cuando éste es quebrantado a raíz de la comisión de un hecho delictivo; su función es otorgar justicia, pero también dar legitimidad al Estado a través de la persecución y sanción de los delitos que vulneran los principios del Estado de Derecho.

En este sentido, también se considera que los índices de violencia, así como las acciones de las instituciones de Seguridad Pública son indicadores que permiten advertir los principios de gobernabilidad de un Estado, cuando no es posible brindar seguridad y justicia a los ciudadanos, se puede estar observando el principio de una crisis en el Estado de derecho.

Al respecto de Michoacán de Ocampo, las estadísticas de incidencia delictiva del fuero común que mensualmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran un incremento en la violencia reportada en dicha entidad federativa; en materia de delitos patrimoniales, de enero a abril de 2017 se presentó un incremento del 6.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

A partir de este contexto, esta Comisión dictaminadora considera que es necesario fortalecer las acciones en materia de procuración y la administración de justicia en el estado de Michoacán.

El artículo 21 de la Constitución Política Mexicana, como eje rector de la actuación del ministerio Público, establece que el Estado tiene la obligación de perseguir los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales, a fin de dar seguridad a la población. Ello, a través de las acciones coordinadas entre las distintas instituciones encargadas de administrar y procurar la justicia tal y como lo advierte el referido artículo:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

(…)

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En este sentido, y dado que es responsabilidad de las Entidades federativas establecer los principios mínimos necesarios para prevenir, investigar y perseguir de manera efectiva los actos delictivos, esta comisión considera pertinente el punto de acuerdo por el cual se solicita a las autoridades que realicen las acciones necesarias para que sus actividades en materia de Seguridad Pública permitan restituir los principios de gobernabilidad del Estado y poder brindar seguridad a los michoacanos.

IV. Resolutivo

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que en marco de sus atribuciones, establezca una política integral de procuración y administración de justicia que garantice el estado de derecho.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta al Gobierno de Michoacán a conformar protocolos de actuación y de investigación del delito, a fin de mejorar los servicios de procuración y administración de justicia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; denuncias presentadas ante agencias del ministerio Público. México: Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, estadísticas del 2016 y del 2017. https://www.gob.mx/sesnsp

2 INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16






8.- Por el que se exhorta a fortalecer las campañas de prevención de desastres y realizar programas de alerta informativa, de prevención de riesgos y protección a la población durante la temporada de lluvias y huracanes 2017.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 7 de junio de 2017, el Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017.

Con fecha 8 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R2A.-1366.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador proponente señala que México tiene una gran vulnerabilidad física y social, por lo que los fenómenos de origen natural sumados a los de origen antrópico, han sido causa de desastres que infortunadamente han cobrado vidas humanas.

Manifiesta en la proposición que en esta temporada de lluvias, deben impulsar aún más la cultura de la protección civil, sobre todo, cuando se conoce a través de comunicados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que se prevén tormentas intensas en sitios de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo y Coahuila.

El proponente indica que las poblaciones indígenas y rurales, son las más propensas a sufrir los riesgos que ocasionan estos fenómenos, lo que les genera grandes pérdidas por desastres, lo que aumenta la pobreza, la degradación ambiental y ocasiona problemas de gobernabilidad. Destaca en la propuesta que para esta temporada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la CONAGUA, informó que se prevén 27 ciclones tropicales en América del Norte y América Central, 16 en el Océano Pacífico Nororiental y 11 en el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico Nororiental podrían presentarse 16 ciclones tropicales con nombre, de los cuales seis serían tormentas tropicales, cuatro huracanes fuertes (categorías 1 o 2 en la escala de SaffirSimpson) y seis intensos (categorías de 3 a 5).

El Senador proponente destaca el camino que han seguido en el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, de trabajar en la prevención para evitar los riesgos de desastres, se fortalezcan los sistemas de información y que los tres niveles de gobierno, en coordinación compartan las mejores prácticas y metodologías para evitar los riesgos que podrían sobrevenir en la próxima temporada de lluvias.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017.

III. CONSIDERACIONES

Esta comisión dictaminadora expresa que los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los gobiernos de dichos países.

La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Los incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres.

En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

La Protección Civil ocupa un lugar prioritario en la Agenda de la Administración Federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se demuestra el interés para fortalecer las acciones de prevención y reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

La Coordinación Nacional de Protección Civil es la encargada de integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Protección Civil para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones, con el objetivo común de preservar a la persona y a la sociedad, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable del país, por lo que su acciones son un eje principal para obtener estrategias de prevención y de actuación ante una situación de riesgo.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)1, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en esta temporada 2017 se prevén 27 ciclones tropicales en América del Norte y América Central, 16 en el Océano Pacífico Nororiental y 11 en el Océano Atlántico.

Se destaca que durante el mes de junio se han pronosticado lluvias por encima de la media mensual, esa condición se verá reflejada principalmente en regiones de Campeche, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

En contraste, lluvias menores al promedio se pronostican para la Península de Baja California y zonas de Sonora, Sinaloa y Nayarit.

En virtud de lo anterior, que el Gobierno Federal por medio de la Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.gob.mx/conagua, así como las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook Conagua (Comisión Nacional del Agua-SMN).

El principal interés del proponente es que las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas en coordinación con las instancias federales realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017, estas entidades se han visto afectadas en los últimos días y como resultado de la evaluación de las afectación, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de emergencia en diversos municipios de Oaxaca afectados por lluvias severas e inundaciones del pasado 1 de junio, en Tabasco y Veracruz, para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Como se puede observar, existen zonas de gran riesgo en la república, por lo que se requiere de la coordinación del Gobierno Federal, estatal y municipal, para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició.

Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo más campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.

En virtud de lo anterior, al tratarse de una situación que puede presentarse en todo el territorio nacional, se debe considera realizar un exhorto a todas las entidades federativas con la finalidad de que intensifiquen las campañas como medidas de prevención y protección a la población, principalmente para las zonas más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades federativas, se fortalezcan las campañas de prevención de desastres y se realicen programas de alerta informativa, de prevención de riesgos y protección a la población durante la temporada de lluvias y huracanes 2017, especialmente en aquellas entidades que representan una mayor incidencia de este tipo de fenómenos naturales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.gob.mx/conagua/articulos/se-pronostican-27-ciclones-tropicales-en-la-temporada-2017?idiom=es





9.- Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en donde no existan estrategias específicas, a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México para que en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, instrumenten los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 7 de junio de 2017, el Senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: A.- hace patente su preocupación por los graves problemas que están ocasionando los cada vez más frecuentes “Ciberdelitos. B).- Reconoce el trabajo del Gobierno Federal para estructurar y contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en nuestro país, asimismo, el trabajo del Estado de Jalisco con la implementación de la “Caravana Informativa de Seguridad Digital”; y C).- Exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país, a la implementación de medidas para la prevención de todo tipo de ciberdelitos, a través de intensas campañas de información y concientización, con la participación de autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y sociedad en general, resaltando la importancia de la seguridad en internet.

Con fecha 8 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio no. CP2R2A.-1463

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente destaca la importancia del internet en casi todos los aspectos de la vida y señala que éste se constituye como una gran herramienta para el desarrollo, la competitividad y prosperidad de las sociedades modernas. No obstante, expresa su preocupación por los riesgos que se pueden presentar al hacer uso de la red.

Para el Senador, los peligros de la red cada vez son más conocidos y van desde la circulación de información falsa, el excesivo uso del internet al grado de aislamiento real contra conexión virtual, acosos cibernéticos (ciberviolencia y ciberbullying), problemas de privacidad e identidad, hasta la comisión de ilícitos, como el intercambio de pornografía infantil, códigos maliciosos, suplantación de identidad y mecanismos para “enganchar” víctimas potenciales de diversas conductas delictivas, como la trata de personas.

El legislador dimensiona la magnitud de esta problemática e indica que de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2016, los ciberdelitos causaron pérdidas en nuestro país por 3 mil millones de dólares.

El proponente destaca los esfuerzos institucionales para instrumentar políticas que coadyuven a un uso responsable y seguro de internet, tal es el caso de   la  Estrategia Nacional de Ciberseguridad  que el gobierno federal espera tener lista antes de que concluya el año.

A nivel local, menciona el caso de la “Caravana Informativa de Seguridad Digital”, mediante la cual la Secretaría de Educación de Jalisco busca  concientizar a padres de familia, docentes y alumnos de la importancia de la seguridad en internet, como también, el aportar consejos para no ser víctima de ningún tipo de delito.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

A).- Hace patente su preocupación por los graves problemas que están ocasionando los cada vez más frecuentes “Ciberdelitos”;

B).- Reconoce el trabajo del Gobierno Federal para estructurar y contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en nuestro país, asimismo, el trabajo del Estado de Jalisco con la implementación de la “Caravana Informativa de Seguridad Digital”; y

C).- Exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país, a la implementación de medidas para la prevención de todo tipo de ciberdelitos, a través de intensas campañas de información y concientización, con la participación de autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y sociedad en general, resaltando la importancia de la seguridad en internet.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, y coincide con la preocupación del senador  proponente, razón por la cual realiza las siguientes observaciones:

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) están transformando prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ya sea desde la manera en que nos comunicamos, tal como sucede con las redes sociales, hasta la forma en la que accedemos a diversos servicios como: educación, salud, comercio, entre otros.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, señalan que al segundo trimestre se registraron 65.5 millones de personas de seis años o más en el país, usuarias de los servicios que ofrece Internet, que representan el 59.5% de la población.1

El documento en comento, señala que casi 5 de cada 10 hogares cuentan con conexión a internet. Las tres principales actividades que realizan los usuarios de internet son: el uso como medio de comunicación (88.9%); la búsqueda de información (84.5%);  y para el consumo de contenidos audiovisuales (81.9 %).

Es importante destacar que aunque las transacciones en internet, no son una de las actividades más recurrentes de los internautas mexicanos, ésta se ha ido incrementado al pasar de del 12.8% en el 2015 al 14.7 % en el 2016. Motivo por el cual coincidimos con el proponente en que es necesario establecer políticas que prevengan y erradiquen los ciberdelitos a fin de salvaguardar el patrimonio de los usuarios.

Cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, estiman que el fraude cibernético se incrementó en un 123%  en 2016 al sumar más de 1 millón 765 mil reclamos.2

Como lo señala el proponente, una mayor exposición de las niñas, niños y adolescentes representa un peligro para la seguridad e integridad de este grupo de la población; en este sentido, es una realidad innegable que en nuestro país, es cada vez más común que las y los niños mexicanos adopten a edades tempranas el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)  34% de la población de población de niñas y niños menores de 18 años usan internet habitualmente y su tiempo de conexión es en promedio de poco más de 7 horas.3

Los llamados teléfonos inteligentes se han convertido en el principal dispositivo de acceso a internet y las redes sociales son la principal actividad online que realizan los usuarios de internet, siendo Facebook, WhatsApp y YouTube las más utilizadas, lo que facilita y potencializa el intercambio de texto, fotos y videos.4

En muchas ocasiones los padres de familia e incluso los profesores, no cuentan con la información necesaria para fomentar un uso responsable de las redes sociales, principalmente, porque las niñas, niños y jóvenes son quienes tienen un mejor manejo de las TIC’s.

Existen estudios que señalan que 70% de los jóvenes entre 13 y 17 años ocultan sus actividades en internet; 12% de éstos admitieron tener amigos en línea que jamás han visto físicamente; y el 40% de los jóvenes han aceptado una solicitud de amistad en redes sociales a un desconocido, incluso más del 60% de los jóvenes han presenciado casos de bullying en la escuela que tuvieron origen en Facebook.5

Es fundamental que los padres de familia, así como las niñas, niños y adolescentes tomen conciencia sobre los contenidos que éstos comparten en sus redes sociales y que los pueden hacer susceptibles de ser objeto de diversos ciberdelitos o prácticas que ponen en riesgo su integridad e incluso su vida, cómo es el caso del sexting o el reto de la ballena azul.

Como los señala el proponente, resulta necesario impulsar acciones institucionales que visibilicen esta problemática y brinden la información necesaria para prevenir y erradicar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios de las redes sociales.

En este sentido, es importante destacar que en fechas recientes se han presentado importantes avances por parte del gobierno federal para contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, destacando el taller que se realizó el día 20 de abril, en el que participaron expertos nacionales e internacionales, así como representantes del sector privado, de la industria, sociedad civil, gobierno, órganos autónomos constitucionales, comunidad técnica y academia y el cual llegó a las siguientes conclusiones:

• La importancia de tomar en cuenta el factor humano para coordinar políticas desde el ámbito educativo y formar ciudadanos conscientes de los riesgos del ciberespacio.

• La necesidad de definir mecanismos de coordinación para establecer puentes de protección y respuesta inmediata a emergencias de seguridad cibernéticas.

• La complejidad del sistema institucional que hay en nuestro país es uno de los principales obstáculos para conseguir estas respuestas inmediatas.6

Esta Comisión coincide con el proponente, cuando señala que es fundamental coordinar los esfuerzos institucionales entre los tres órdenes de gobierno, con las acciones de la sociedad civil, padres de familia, docentes y alumnos a fin de prevenir los ciberdelitos y otras prácticas que puedan constituir un riesgo para la seguridad de los usuarios de internet.

Finalmente, consideramos pertinente, modificar la redacción original, sólo con fines de técnica legislativa a fin de lograr una mayor claridad en los objetivos que se buscan alcanzar con la Proposición con Punto de Acuerdo en comento.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en donde no existan estrategias específicas, a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos, a través de intensas campañas de información y concientización, con la participación de autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y sociedad en general, resaltando la importancia de la seguridad en internet, esto ante el incremento de la incidencia de este tipo de ilícitos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce el trabajo del Gobierno Federal para estructurar y contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en nuestro país, asimismo, el trabajo del Estado de Jalisco con la implementación de la “Caravana Informativa de Seguridad Digital.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet (17 de mayo), Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 15 de mayo de 2017Consultado el 9 de junio de 2016. Consultado el 9 de junio de 2017.

2 “Crecen robo de identidad y fraudes”, El Financiero, < http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecen-robo-de-identidad-y-fraudes.html> Consultado el 9 de junio de 2017.

3 12º estudio sobre los hábitos de los  usuarios de  internet en  México 2015, AMIPCI, Consultado el 9 de junio de 2017.

4 Ibíd.

5 The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is Getting Past Parents, McAfee, 2012,   Consultado  el 1 de junio de 2016.

6 “Hacia la Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, < https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/hacia-la-estrategia-nacional-de-ciberseguridad?idiom=es> Consultado el 9 de junio de 2017.






10.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el cual punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar los resultados de los dictámenes médicos llevados a cabo en agosto de 2016 a los menores expuestos en el incendio de la Guardería ABC, a fin de evitar mayores problemas de salud a las víctimas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del martes 24 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar los resultados de los dictámenes médicos llevados a cabo en agosto de 2016 a los menores expuestos en el incendio de la Guardería ABC, a fin de evitar mayores problemas de salud a las víctimas, suscrita por los integrantes del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones y Recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

b) Con fecha 24  de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-777.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los integrantes del Grupo de Trabajo  señalan que éste fue creado mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 15 de diciembre de 2015, aprobado por el Pleno de la Cámara en misma fecha, cuenta entre sus objetivos con el siguiente:

“a) Verificar que se esté otorgando la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación a los menores considerados lesionados y expuestos, en especial a estos últimos, ya que por la naturaleza de la conflagración presentan cuadros médicos internos no visibles.

Refieren que “en seguimiento a dicho objetivo se gestionó el 27 de abril de 2016, una Reunión de Trabajo con el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Mikel Arriola Peñalosa, para informar del estado de atención de los menores afectados y recibir las propuestas del Grupo de Trabajo así como de padres de familia de niños afectados”.

Como consecuencia de la reunión anterior, “el 11 de mayo de 2016 se convocó por parte del IMSS a nueva reunión en donde se informó tanto a los diputados integrantes del Grupo de Trabajo como a padres de familia de menores afectados, del nuevo criterio interpretativo del DECRETO por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de julio de 2010, en beneficio de los niños expuestos que presenten secuelas permanentes”.

Continúan manifestando los diputados que “En dicho Decreto se estableció que en caso de que algún menor  haya inhalado humo o tóxicos y presente una secuela permanente con este motivo, previo dictamen médico, se considerará como menor lesionado para los efectos de las ayudas referidas en el Decreto” y que “hasta este momento no se había definido el criterio de “secuela permanente”, por lo que los menores expuestos afectados no podían acceder a las ayudas correspondientes”.

Refieren que “adicionalmente, el IMSS aumento de 6 a 13 especialidades médicas de cobertura para la totalidad de los 81 niños expuestos que se tienen registrados, con lo que se garantiza que cualquier afectación médica directa o indirectamente relacionada con la tragedia, se encuentre cubierta”.

“A fin de formalizar el Criterio, el IMSS a través de su Dirección Jurídica emitió el oficio No. 09 52 17 4000/0201 el 19 de mayo de 2016, dirigido al titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto en cuya parte Considerativa y Resolutiva dice”:

“De acuerdo a lo señalado por el artículo 4º Constitucional, En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Sostienen los proponentes que el principio del interés superior de la infancia “es aplicable en la interpretación del DECRETO por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de julio de 2010 (El decreto). En este sentido vale la pena recordar los antecedentes que dieron origen a dicho decreto”:

“El 5 de junio de 2009 se incendió una bodega que estaba al servicio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, que se propagó a las instalaciones de la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocasionando la muerte, lesiones y afectación de varios niños y adultos”.

“De acuerdo al tipo de daño sufrido, se definieron 4 grupos de afectados: 49 niños fallecidos; 24 niños lesionados por quemaduras; 8 adultos lesionados por quemadura y 81 niños con exposición al humo”.

Argumentan que derivado de estos lamentables hechos “… el Gobierno Federal autorizó una serie de apoyos a través de diversos instrumentos legales, entre los que destaca el Decreto”.

“En dicho Decreto se estableció que en caso de que algún menor  haya inhalado humo o tóxicos y presente una secuela permanente con este motivo, previo dictamen médico, se considerará como menor lesionado para los efectos de las ayudas referidas en el Decreto de referencia.”

Mencionan los integrantes del Grupo de Trabajo que “… que ante la imposibilidad material de determinar la permanencia de las secuelas debido a la edad que tenían los menores, en la época en que se suscitó el referido siniestro, el H. Consejo Técnico de Instituto, mediante Acuerdo número ACDO.SA1.HCT.081210/385.P.DJ de fecha 8 de diciembre de 2010, señaló que estas secuelas deben ser confirmadas y documentadas en el dictamen respectivo, estableciéndose además la relación que existe entre dichas secuelas y el percance acaecido, a fin de que se tengan por actualizados los presupuestos que permiten acceder a los apoyos y ayudas que recibirían como menores lesionados.

Así, expresan los autores del punto de acuerdo que a “7 años desde la fecha del incendio, resulta necesario definir criterios objetivos y viables desde un punto de vista técnico-médico para determinar la permanencia de las secuelas resultantes de la exposición al humo del incendio, considerando el crecimiento y madurez de los niños que resultaron expuestos hace 7 años”.

“En este sentido, el tiempo transcurrido desde el 5 de junio de 2009, constituye un periodo que permite acreditar que las secuelas existentes han trascendido a lo largo del tiempo independientemente del crecimiento de los menores expuestos al humo del incendio”.

Continúan manifestando los diputados promoventes que “A fin de hacer efectivo el Criterio establecido en dicho Oficio, el IMSS informó que comenzó a realizar los exámenes médicos a los menores afectados del mes de Agosto a Septiembre de 2016”.

Y que “Conforme a información de los padres de familia de los menores evaluados se tiene conocimiento que el IMSS se comprometió a entregar los resultados de los dictámenes médicos el 26 de septiembre de 2016. Sin embargo a la fecha el Instituto no ha entregado ningún resultado, a pesar de múltiples solicitudes de los padres a este respecto”.

En ese sentido, establecen los diputados que  “el Grupo de Trabajo ha realizado diversas comunicaciones con autoridades del Instituto solicitando se de respuesta puntual a los padres de familia y se entregue la información del sentido de los dictámenes médicos practicados. Incluso el 17 de febrero se remitió escrito dirigido al Director del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, donde se solicitó lo siguiente:

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en cumplimiento de los objetivos de su creación, solicitan de forma respetuosa su atención en el asunto que se expone a continuación”.

De conformidad con las evaluaciones médicas realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el último trimestre del año pasado  a menores expuestos al humo del incendio ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora del 5 de junio 2009, en términos del Acuerdo que emite el Criterio para determinar la permanencia de secuelas resultantes de la exposición de menores al humo del incendio, suscrito por la Dirección Jurídica de este Instituto  el 19 de mayo de 2016, se solicita de la manera más atenta lo siguiente:

Que en términos del referido Acuerdo se emitan a la brevedad los Dictámenes resultados de las evaluaciones médicas prácticas a fin de dar certeza a los menores expuestos que resulten con secuela permanente, y se esté en posibilidad de otorgar los beneficios correspondientes del Decreto Presidencial por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2010.”

Argumentan los interesados que “A la fecha de presentación de este Exhorto no se ha recibido por parte del IMSS contestación al escrito remitido por el Grupo de Trabajo, ni se han entregado a los padres de familia los resultados de los dictámenes médicos correspondientes”.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que a la mayor brevedad se haga entrega a los padres y madres de los 81menores expuestos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, del 5 de junio de 2009,los resultados de la revaloración médica que les fue practicada en el mes de agosto de 2016, a fin de determinar la existencia de secuelas permanentes derivadas del mismo, evitando mayores problemas de salud a las víctimas y con el propósito de que sean susceptibles de recibir las ayudas extraordinarias que les correspondan de acuerdo con lo establecido en el “Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil , en la ciudad de Hermosillo, Sonora”.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establece los artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de acuerdo, considera no deben repetirse hechos tan lamentables como los ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo Sonora el 5 de junio de 2009, por lo que debe existir una continua vigilancia y mejoramiento de los mecanismos de seguridad y protección en este tipo de albergues por parte de las autoridades correspondientes.

Ahora bien, tal y como se menciona en la proposición con punto de acuerdo, derivado de estos terribles hechos, se ejercieron diversas acciones encaminadas a la atención de los menores lesionados.

Así, el veinte de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En dicho decreto se estableció que como consecuencia del citado incendio, los menores que resultaron lesionados se encuentran sujetos a vivir en condiciones especiales, tales como la necesidad constante de aire acondicionado a fin de facilitar su rehabilitación y la imposibilidad de que asistan a centros escolares ordinarios;

Así mismo, se refiere que en algunos casos, las madres de estos menores han tenido que modificar o dejar de lado sus actividades laborales, a fin de dedicarse incluso de tiempo completo al cuidado y rehabilitación de sus hijos, lo que además ha repercutido en los ingresos familiares y, por lo tanto, en su calidad de vida;

Por lo que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesiones de fechas 10 de junio, 26 de agosto y 28 de octubre de 2009, acordó otorgar apoyos y ayudas tales como: una ayuda por equidad para cubrir las erogaciones correspondientes a la atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, psicológica, y de rehabilitación de los menores y adultos afectados; traslado de pacientes y acompañantes; ayudas por solidaridad; gastos funerarios; ayuda para el cuidado de los menores que por prescripción médica no puedan asistir a una guardería, y la debida atención de la salud durante el periodo en que por prescripción médica lo requieran, y que con el objeto de otorgar certeza y seguridad jurídicas sobre dichos beneficios y facilitar su acceso a los beneficiarios, en su sesión del 23 de junio de 2010, puntualizó dichos beneficios, mediante acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2010.

En lo que interesa al presente dictamen, el decreto en consulta dispone que, en caso de que algún menor que haya inhalado humo o tóxicos producidos por el incendio, en cualquier etapa de su desarrollo presente una secuela permanente con este motivo, previo dictamen médico, se considerará como menor lesionado para los efectos del citado decreto y se aplicarán las ayudas extraordinarias previstas en las fracciones I, III y V del artículo primero de ese instrumento.

En ese contexto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de los promoventes del punto de acuerdo en cuanto a que el Instituto Mexicano del Seguro Social haga entrega a los padres y madres de los 81menores expuestos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, del 5 de junio de 2009, de los resultados de la revaloración médica que les fue practicada en el mes de agosto de 2016, a fin de determinar la existencia de secuelas permanentes derivadas del mismo, con el propósito de que sean susceptibles de recibir las ayudas extraordinarias que les correspondan de acuerdo con lo establecido en el “Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil , en la ciudad de Hermosillo, Sonora”, mencionado con antelación.

Por lo que en seguimiento a los requerimientos efectuados por los proponentes, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social la información atinente a este punto de acuerdo, la cual fue remitida mediante oficio No. 09521761 099001/201700040, suscrito por el Director de vinculación institucional y evaluación de delegaciones, dirigido a la senadora Presidenta de la Primera Comisión, recibido el 5 de junio del año en curso, en los términos que se establecen a continuación.

“Le informo lo siguiente: el 1° de junio del actual, personal de la Dirección Jurídica del IMSS estableció contacto con el representante legal de las familias de las y los menores expuestos al desafortunado incendio de la Guardería ABC, con la finalidad de que a través de su conducto se cite a las familias correspondientes los días 7 y 8 de junio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a efecto de llevar a cabo la entrega del resultado de las valoraciones médicas realizadas a cada uno de las y los menores.

 Es importante señalar que la entrega de dichas valoraciones se llevará a cabo de forma individualizada por parte de personal médico especializado encargado de llevar a cabo las mismas, con la finalidad de explicar ampliamente los diagnósticos identificados, y a su vez sean recabados los documentos pertinentes con la finalidad de que se tramite el reconocimiento como lesionados de aquellos menores en los cuales se actualice el supuesto establecido en el Criterio Jurídico referente a la existencia de secuelas permanentes para los efectos de las ayudas referidas en el "Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de julio de 2010".

En ese contexto, a la fecha, es del conocimiento que las acciones indicadas en el comunicado transcrito con anterioridad, se han venido efectuando de la forma planteada por la institución y la representación legal de los familiares. Así, en relación a la entrega de resultados de las valoraciones médicas realizadas a los menores expuestos en los hechos suscitados en la Guardería ABC, se confirma que se llevaron a cabo los días 7 y 8 de junio del año en curso, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Dicha entrega se llevó a cabo de manera individual por personal de la Dirección de Prestaciones Médicas y por personal de la Dirección Jurídica.

En ese sentido, es de considerarse que la petición realizada en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa ha sido atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos planteados por los integrantes del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones y Recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Consecuentemente, lo que procede es tener por atendida la referida proposición con punto de acuerdo, por supuesto con la mención de que es de especial interés  para esta comisión dictaminadora que se continúen dando las acciones que sean necesarias en función de lograr los mejores resultados para los menores afectados y sus familiares.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo planteada por los integrantes del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones y Recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.






11.- Por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Yucatán a continuar realizando las investigaciones sobre el presunto fraude cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhorta a diversos congresos locales a realizar las adecuaciones normativas y expedir las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas correspondientes y expidan las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicado el 18 de julio de 2016; presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de Acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 7 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz  a realizar las adecuaciones normativas y expidan las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción.

b) Con fecha 8  de junio  de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1392.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes, establecen que en nuestro país la corrupción representa el  9% del Producto Interno Bruto y según el índice de Percepción de la Corrupción 2016, el cual incluyó 176 países. México se ubicó en la posición 123.

Refiere así mismo que “Estudios de Transparencia Mexicana prueban que la corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia.”

 “El combate a la corrupción es una demanda ciudadana y dentro de los grandes retos que enfrenta México, se encuentra el de lograr un país donde se respete el Estado de Derecho…”

“Por ello, la reforma constitucional en materia anticorrupción es una evidente respuesta del Estado mexicano a una serie de demandas sociales y fue una reforma de alta importancia, al integrar políticas y leyes secundarias que tienen por objeto erradicar las prácticas de corrupción en nuestro país”.

Así mismo, refieren los legisladores el Sistema Nacional Anticorrupción fue instituido mediante la el Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, la cual consta de cinco ejes fundamentales a saber: Creación del Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificación del nombramiento del Secretario de la Función Pública por el Senado de la República y facultad del Congreso de la Unión para expedirá la ley que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Continúan señalando los autores de la proposición que el 18 de julio de 2016 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) a través de la cual se establecen bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, emisión de políticas públicas integrales, fiscalización y control de recursos públicos, regulación del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras de suma importancia para su operación.

Señalan a su vez los promoventes que el Sistema Nacional Anticorrupción se integra, entre otros, por los Sistemas Locales quienes concurrirán a través de sus representantes y que la LGSNA  dispone en su artículo 36 que “las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción de las entidades federativas que deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional”.

Así, refieren los legisladores que el plazo previsto en el segundo transitorio de la LGSNA para que las legislaturas locales expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas que correspondan vence el 19 de julio de 2017, por lo que las 32 entidades federativas tienen hasta esa fecha para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción y que a menos de dos meses para la conclusión del plazo citado únicamente Chiapas, Nayarit y Puebla están en condiciones de implementarlo.

Con fundamento en lo anterior, la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponen exhortar a las legislaturas de los Estados que mencionan en su proposición, a efecto de que expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas que resulten correspondientes a los sistemas locales anticorrupción.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos Locales, de Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz  a que realicen las adecuaciones normativas y expidan las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establece los artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de acuerdo, considera pertinente señalar que, con antelación a la proposición con punto de acuerdo que ahora nos ocupa, en la sesión del miércoles 24 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos y Gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en concordancia con lo establecido en la legislación federal vigente; por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En el punto de acuerdo de referencia, los senadores sostuvieron que en mayo de 2015 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mismo que prevé la  estructuración y coordinación de distintos órganos de gobierno para prevenir y atender la corrupción en México. Dicho sistema también prevé la conformación de 32 Sistema Locales Anticorrupción (SLA) que son homólogos al nacional.

Así mismo, en dicho punto, los legisladores señalaron que  el que el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece los mecanismos de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la ciudad de México, en dicha materia.

En tal sentido, expusieron que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:

“Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales de Anticorrupción atendiendo las siguientes bases: Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que la Ley otorga al Sistema Nacional y contarán con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan, principalmente

Así también, los proponentes hicieron mención a que el artículo 113 de la Constitución obliga a las entidades federativas a contar con sus propios sistemas locales anticorrupción; ello, a partir de la conformación de órganos equivalentes al Sistema Nacional.

Finalmente, advirtieron que de acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades federativas cuentan con un plazo de un año para conformar el sistema. Dicho plazo vencería el 19 de julio de 2017.
En torno a tales consideraciones, los senadores propusieron exhortar a los congresos y gobiernos de las distintas entidades federativas a agilizar los procesos para que en el ámbito de las respectivas competencias se conformen los sistemas locales de anticorrupción, ello a fin de hacerlos concordantes con la legislación vigente.

Con base en dicha propuesta, a partir del análisis de la misma y la información pertinente tanto sobre los hechos como del orden jurídico aplicable que nos allegamos los integrantes de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, en la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo que celebramos el 30 de mayo próximo pasado, se aprobó el dictamen correspondiente, mismo que planteó los siguientes resolutivos al Pleno de la Comisión Permanente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en concordancia con lo establecido en la legislación general vigente.

Cabe destacar que el dictamen a dicha proposición con punto de acuerdo fue aprobado por el pleno de la Comisión

Para esta Comisión dictaminadora es posible observar, tanto de la motivación como de las consideraciones y lo aprobado por esta Primera Comisión, que el contenido de la propuesta aprobada con anterioridad, guarda identidad con la proposición con punto de acuerdo que ahora plantea la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esto es, el planteamiento que ahora vierte los legisladores con la finalidad de exhortar a diversas legislaturas de los Estados l, a efecto de que expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes a los sistemas locales anticorrupción, es equivalente a la expresada en la proposición con punto de acuerdo dictaminada por esta Primera Comisión el 30 de mayo del año en curso en la que se exhortó a los congresos y gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción.

De conformidad con lo expuesto, consideramos que los elementos de carácter resolutivo de la propuesta con punto de acuerdo formulada por la la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se encuentran satisfactoriamente atendidos en los puntos resolutivos aprobados por la Primera Comisión de Trabajo en su reunión del 30 de mayo próximo pasado. En tal virtud, estimamos que la proposición de referencia ha sido atendida y resuelta en los términos aprobados por la Primera Comisión de Trabajo en la fecha señalada.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo planteada por la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa a la propuesta de exhortar a los Congresos Locales, de Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz  a que realicen las adecuaciones normativas y expidan las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.






14.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición en torno a la definición y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario nacional.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se propone formular una respetuosa exhortación a la Secretaría de Gobernación para la implementación de una mesa de diálogo en torno a la definición y diseño de una estrategia integral para el Sistema Penitenciario Nacional, presentada en la sesión del 30 de mayo próximo pasado por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática.

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario dado a la proposición objeto del presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del resolutivo que plantea.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 30 de mayo en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de formular una respetuosa exhortación a la Secretaría de Gobernación para la implementación de una mesa de diálogo en torno a la definición y diseño de una estrategia integral para el Sistema Penitenciario Nacional.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se señala lo siguiente:

“Primero.- El Sistema de Justicia en México comprende tanto el Sistema Penal como el Penitenciario, se explican por sí mismos y al mismo tiempo existe una interconexión entre ellos; no se puede entender uno sin el otro…”

“Las respuestas ejecutadas por las autoridades para atender las problemáticas de los sistemas Penal y Penitenciario no han sido suficientes; si bien se impulsó un Nuevo Modelo de Justicia Penal en el 2008, su implementación no ha sido una respuesta plena para atender uno de los principales problemas del sistema penitenciario, la reducción de personas recluidas sin sentencia.”

“Otro problema del sistema penal es el de presos que no tuvieron la mínima defensa de oficio y como resultado purgan penas excesivas por delitos del fuero común…”

“En los Centros de Readaptación Federales, Estatales y Municipales el caos reina, prueba de ello es que año con año se repiten fugas espectaculares, túneles que no pueden ser realizados sin el conocimiento y colaboración de las autoridades penitenciarias, además se detectan: a) autogobiernos…, b) extorsiones telefónicas hacia la ciudadanía originadas desde los mismos centros, c) superpoblación, d) altos índices de reincidencia; lo cual lleva a que el sistema penitenciario sea excesivamente caro para el contribuyente y con pocos resultados tangibles para la sociedad.”

“Segundo.- De acuerdo con la Recomendación General 30/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,… en México operan 375 Centros penitenciarios, los cuales albergan en su totalidad 216,831 personas privadas de la libertad, esto se distribuyen en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales. Resulta relevante señalar que de acuerdo a ese reporte la capacidad instalada total es de 212,144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de 4,687 personas.”

“Tercero.- Un aspecto que resulta muy preocupante es la violación al primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, en virtud de que de la población penitenciaría existente al final del año 2015, el 41.3 por ciento del total de 250,539 internos no habían sido sentenciados, de los cuales el 37.07% corresponde al fuero común y el 50.09% al fuero federal.

“Es alarmante que el promedio de los delitos se castiga con penas de prisión de menos de tres años conforme al Código Penal Federal y los Códigos Estatales, siendo la contra-referencia que, el interno enfrenta el proceso penal en un periodo equivalente al de su posible sentencia…”

“Esta ineficiencia en la celeridad del proceso y la excesiva utilización de las penas privativas de la libertad, han provocado una sobrepoblación, por lo que se deben establecer alternativas de ejecución de penas y eficientar (sic) de manera urgente los procesos…”

“Cuarto.- Un preso de ámbito federal provoca una erogación de 751,000 pesos al año… (y) en los centros estatales el gasto desde 52,957 pesos por interno.”

“Quinto.- Un aspecto relevante es que, de acuerdo con la Recomendación General 30/2017 de la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos, el 56% de lo que se (eroga en el) sistema penitenciario está destinado en pago de salarios, 30% en pago de suministros y el 13% restante se distribuye en el resto de los artículos con los que se opera una prisión, creando una contradicción ya que los altos salarios y sueldos deben estar a la par de altos niveles de confianza de los funcionarios y custodios que limite los casos de corrupción.”

“Por otra parte, esta excesiva erogación en gasto corriente debería replicarse en la existencia de 1 plantilla amplia de personal especializado en los diferentes aspectos que requiere la rehabilitación de los internos…”

Sexto.- Por lo que respecta al Modelo Penitenciario de Derechos y Obligaciones de las Naciones Unidas, en el cual se descarta la privatización de las prisiones como una alternativa…” Los expertos han considerado que la construcción de nuevos centros penitenciarios no resultará una opción viable. A su vez, de acuerdo con el órgano nacional de protección de los derechos humanos, existen acciones de política pública que es menester implementar, como ajustar la clasificación de los internos con estándares nacionales e internacionales, impulsar la individualización del tratamiento de cada interno y favorecer la vinculación de los internos con su entorno familiar y social.

“Séptimo.- La situación en el Sistema Penitenciario Mexicano es alarmante, y su reflejo de un modelo de justicia rebasado y con muchas asignaturas pendientes… Hay alternativas para mejorar…, entre las que se encuentra la creación por parte de la Secretaría de Gobernación de un grupo multidisciplinario de trabajo que proponga, analice (e) implemente mejoras con el objetivo de cumplir con lo mandatado (sic) en el artículo 18 de la Constitución.”

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del siguiente punto de Acuerdo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a la división de poderes al Titular de la Secretaría de Gobernación a que: establezca una mesa de trabajo que sea plural y permanente sobre el Sistema Penitenciario Nacional en el que confluyen los 3 órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal; los Poderes Legislativo y Judicial, Académicos, Investigadores, Especialistas y Expertos Nacionales-internacionales; a los sectores y de la sociedad civil por medio de las asociaciones especializadas en la materia. Para analizar y diseñar la mejor política para el pleno desarrollo administrativo de los centros penitenciarios, a fin de que:

“a) Se permita que estos sean lugares donde se cumplan la prisión preventiva separada de la población sentenciada en condiciones que salvaguarden su estado jurídico;

“b) Se desarrollen esquemas que permitan el cumplimiento de la sentencia de forma plena y conlleve a una verdadera rehabilitación, misma que permita así su reincorporación a la sociedad; y

“c) Se consideren alternativas de cumplimiento de penas permitiendo así el disminuir la sobrepoblación que existe y acelerar procesos de sentencia, revisión de casos que puedan implicar la liberación anticipada de internos, que are eficaz y eficiente el Sistema Penitenciario Nacional.”

III. CONSIDERACIONES

Primera. En términos de lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular la proposición con punto de acuerdo. A su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y resolver sobre la misma.

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen estimamos pertinente recordar que, en la sesión ordinaria del 24 de mayo próximo pasado de esta Comisión Permanente, se abordó la problemática de las instituciones penitenciarias del país, con base en la proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, habiéndose adoptado, como punto de Acuerdo exhortar “respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para coordinarse en la implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país”.

Reconocemos que a la luz de la evolución del sistema de impartición de justicia penal y la revisión de las normas que rigen y las políticas públicas que cabe desarrollar en materia penitenciaria, constituyen un elemento de reflexión de la Representación Nacional. En ese sentido se aprecian importantes coincidencias en la consideración del diagnóstico de la situación que guardan las instituciones penitenciarias del país, así como en torno a la necesaria conjunción y coordinación de esfuerzos de los órdenes de gobierno de la Federación y de las entidades federativas para alcanzar la óptima implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

Tercera. En las consideraciones que llevaron a la aprobación del punto resolutivo del dictamen formulado con relación a la proposición con punto de acuerdo que se ha referido, señalamos lo siguiente:

“… para el análisis y estudio del presente punto de acuerdo (es) pertinente tener en cuenta la normatividad que rige en la materia de ejecución de sanciones penales, pues de dicha regulación parte precisamente funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país.”

“La Constitución Federal establece en su artículo 18, en lo conducente, lo siguiente

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

“La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de 1 jurisdicción diversa.

“…

“La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

“Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

“…

“Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgarán sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

“Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

“Por su parte la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, tiene 3 finalidades fundamentales:

“1. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de 1 resolución judicial;

“2. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y

“3. Regular los procedimientos para lograr la reinserción social.

“Dicha normatividad definía los centros penitenciarios como los espacios físicos destinados para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas y establece nueve principios rectores del Sistema Penitenciario, a saber: Dignidad, Igualdad, Legalidad, Debido Proceso, Transparencia, Confidencialidad, Publicidad, Proporcionalidad y Reinserción social.

“En el Plan Nacional de Desarrollo, Es que México en Paz, se estableció lo siguiente:

“Objetivo 6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y especializado en menores de edad que infringen la ley penal.

“6. 2 Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Nacional.

“Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación.

“Estrategia 2. 5. Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la ley penal promoviendo la reinserción social.

“De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a julio de 2016 se consigna la siguiente información:

“Población Privada de la Libertad Total                                233,469       100%

“Población Privado de la Libertad del Fuero Común            188,842        80.89%

“Población privada de la Libertad del Fuero Federal            44,627          19.11%

“Según estudios realizados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado la República, en México existen 389 centros penitenciarios, con una capacidad total instalada para 208,905 reclusos. De este total, 298 centros están bajo la responsabilidad de las entidades federativas (76.6 por ciento), en tanto que 74 centros pertenecen a gobiernos municipales (19%), y sólo 17 son centros penitenciarios del orden Federal (4.4%).

“Esta Primera Comisión considera que efectivamente el funcionamiento los centros penitenciarios debe atender en todo momento la norma Constitucional, los tratados y las disposiciones legales aplicables y que una infraestructura adecuada es un aspecto importante en el correcto desempeño de los mismos.”

“De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación General No. 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno los centros penitenciarios de la República Mexicana, recientemente publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Comisión Permanente, el 17 de mayo de este año:

“El Sistema Penitenciario Mexicano registró 375 centros de reclusión que albergan en su totalidad 216,831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales. Resulta relevante señalar que, de acuerdo a ese reporte, la capacidad instalada total es para 212,144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de 4687 personas. Debe llamarse la atención que en este período la Secretaría de Gobernación informó que en 138 establecimientos persiste el problema de la sobrepoblación y que éste constituye 1 factor que contribuye al autogobierno debido a que, cuando es mayor el número de personas que debe controlar 1 elemento de seguridad, es inversa y progresivamente menor la capacidad de conducción porque se rompe la proporción en el manejo razonable de la población, por lo que debe considerarse que ningún centro incrementa la plantilla de personal en proporción a la cantidad de personas que ingresan.”

“…

“Por lo que hace al proceso de reinserción social, la CNDH sostiene que el proceso de reinserción social puede darse únicamente cuando se cuenta con un marco normativo adecuado, una situación que atiende el tema de los recursos humanos en las prisiones a la altura de su misión y, por último, con las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las personas, así como condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios, sea cual fuere su situación jurídica. De ahí que el objetivo de la reinserción social no sea sólo un concepto imaginario previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. El principio de reinserción social es un mandato, cuyo cumplimiento significa aprovechar el tiempo de las personas privadas de la libertad, para que puedan desarrollar capacidades y actitudes, aprender un oficio y trabajar desarrollándose en las actividades educativas y deportivas.

“Este proceso de reinserción social, sin duda alguna fue uno de los ejes principales en la confección de la Ley Nacional Ejecución Penal aprobada por este Congreso de la Unión y que constituye un importante soporte legal en el mejoramiento de la regulación de nuestro sistema penitenciario.

“Asimismo, es del conocimiento que el Gobierno Federal ha venido realizando un esfuerzo significativo en esta trascendental tarea y, en los últimos años, ha venido impulsando los principales ejes para el mejor funcionamiento de los centros penitenciarios del país, que consiste en garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales; mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria; y fortalecer la estructura tecnológica de los centros.

“Además, consolidar la capacitación y profesionalización del personal; estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional, así como desarrollar un sistema integral de reinserción social.

“De igual forma, se considera la importancia de que los centros penitenciarios locales trabajen de acuerdo a lo que señala los principios de derechos humanos, pero también con orden y respeto a los reglamentos, como lo (ordena) la ley.”

En atención a los razonamientos antes transcritos, el H. Pleno de esa Comisión Permanente tuvo a bien aprobar el siguiente Resolutivo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para coordinarse en la implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país.”

Cuarta. Es de observarse en la proposición formulada por la Diputada Beltrán Reyes que el espíritu que anima su planteamiento coincide con el que en su oportunidad formuló el Senador Monreal Ávila, al tiempo que tanto dichas proposiciones como el dictamen aprobado por esta H. Comisión Permanente el 24 de mayo próximo pasado tomaron en consideración y valoraron los elementos contenidos en la Recomendación General 30/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con base en la valoración de dicha Recomendación General, la proponente enfatiza la trascendencia de que se cumpla lo dispuesto por la Constitución General de la República en materia de prisión preventiva y de políticas públicas eficaces para lograr la reinserción del sentenciado con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, al tiempo de considerarse las mejores opciones para disminuir el fenómeno de la sobrepoblación, incluidos las mejores políticas públicas para el funcionamiento de los centros penitenciarios del país, incluida la celeridad para dictar las sentencias correspondientes y la revisión de los casos que pudieran implicar la liberación anticipada de las personas sentenciadas.

Quienes integramos esta Primera Comisión estimamos haber analizado la problemática de las instituciones penitenciarios del país con base en la proposición con punto de Acuerdo del Senador David Monreal Ávila, al tiempo que se propuso a esa H. Comisión Permanente y la misma lo aprobó, la determinación de formular una exhortación respetuosa a los órdenes de gobierno de la Federación y las entidades federativas para afirmar sus relaciones de coordinación en aras a lograr un mejor funcionamiento de las instituciones penitenciarios del país.

Para ello, se estableció como premisa insustituible el estricto cumplimiento de las disposiciones de nuestra Ley Fundamental en torno a las instituciones penitenciarias, las consideraciones relativas a la prisión preventiva y a quienes han recibido una sentencia condenatoria, al fenómeno de la sobrepoblación penitenciaria y a la convicción de que la pertinencia debe atender la filosofía de la reinserción social de quien ha delinquido a través del trabajo, la educación, la salud y el deporte.

Quinta. En virtud de que esta Primera Comisión tuvo oportunidad de analizar y reflexionar sobre planteamientos homólogos a los de la propuesta que ahora se dictamina en torno al sistema penitenciario de nuestro país y a la implementación de la Ley Nacional Ejecución Penal, habiéndose planteado al H. Pleno de la Comisión Permanente la determinación de exhortar a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas en dicha materia a profundizar sus relaciones de coordinación para implementar las políticas públicas necesarias para mejorar el funcionamiento y la operación de los centros penitenciarios del país, estimamos que se encuentra atendida la proposición que ahora se dictamina.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión determina que ha quedado atendida la proposición con punto de Acuerdo planteada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, en virtud del punto resolutivo adoptado por su Pleno en la sesión del 24 de mayo próximo pasado en el que se formuló una exhortación a las autoridades federales y de las entidades federativas a profundizar su coordinación para la implementación de las políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no existe reserva para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los 14 dictámenes.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes anteriores. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a los 16 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas para la discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de los 16 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

1.- Por el que solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto a la licitación pública internacional LA-019GYR019-E56-2017; asimismo, solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a dicha licitación pública.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de los defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres y exhorta a las autoridades competentes a realizar una investigación para esclarecer el caso.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer las acciones en materia de prestación de servicio de agua entubada a las viviendas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a realizar acciones que atiendan la problemática ambiental derivada de la acumulación de metales pesados en la presa La Zacatecana y poblaciones aledañas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar y fortalecer las acciones en materia de erradicación del trabajo infantil en la zona de campo de dicha entidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la viabilidad de incorporar las modalidades presencial y a distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional para el personal docente.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, el 26 de mayo de 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la factibilidad de la impartición de talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas de difusión sobre los riesgos a la salud por el consumo de sal.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la posibilidad de realizar un homenaje póstumo al artista Felipe Ehremberg en el Palacio de Bellas Artes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, los temas de seguridad sean considerados como prioridad entre las naciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior, en el estado de Guerrero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer de piel.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención, detección y, en su caso, tratamiento del padecimiento denominado pinzamiento de cadera.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se dan por atendidas las proposiciones sobre alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra en torno a la Ley SB4.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Nieblas: Están a discusión los 16 dictámenes de los cuales ha dado cuenta la Secretaría.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

Permítame, Secretaria.

Nos ha solicitado el uso de la tribuna la Diputada Maricela Contreras Julián, para presentar los dictámenes de la Segunda Comisión. Adelante, Diputada Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores:

Son 20 dictámenes los que hemos aprobado; 4 han quedado en reserva para su discusión, pero el total de los dictámenes abarcan 27 asuntos que hemos presentado.

Hay temas que son de trascendencia y que me interesaría recalcar que, además, son dictámenes de consenso de todos los grupos parlamentarios.

De manera particular destaco el pronunciamiento que hace la Comisión Permanente para externar nuestra preocupación y lamentar la decisión del gobierno de Estados Unidos de América, de abandonar el denominado Acuerdo de París, en Materia de Cambio Climático.

Manifestamos nuestro respaldo a la posición que ha planteado el Estado mexicano y la comunidad internacional para mantenernos en este Acuerdo y conminar a que Estados Unidos vuelva a ratificar su participación en este Acuerdo de París.

También para fortalecer nuestra política de relaciones exteriores, proponemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de las negociaciones con la agenda bilateral con los Estados Unidos, priorice los temas de seguridad en nuestro país y de nuestros connacionales.

Un tema de importancia es el llamado que realizamos al gobierno federal para que se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como el Convenio 108 del Consejo de Europa; y aquí consideramos que cada día hay mayores problemas vinculados a actos delictivos derivados de la situación del uso de las nuevas tecnologías, y entonces es importante este punto de Acuerdo porque de lo que se trata es que una vez adheridos a estos protocolos, podamos fortalecer nuestro marco jurídico nacional en materia de ciberseguridad y reforzar la cooperación internacional para prevenir estos delitos que se presentan.

Proponemos a este Pleno condene también el atentado terrorista en la provincia de Minia, Egipto, el pasado 26 de mayo, y expresar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de esa nación.

Por otra parte, hay varios temas que tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública y uno de ellos es que difunda los nuevos calendarios escolares en las diferentes regiones del país, además que contemple el diseño y programas educativos para fortalecer las acciones que garanticen el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.

Y en materia de salud hacemos llamados para robustecer las políticas de prevención y atención a los suicidios, al cáncer de piel, a la hipertensión y el pinzamiento de cadera; también para que realice acciones coordinadas que prevengan los riesgos de la salud por la acumulación de metales en la presa La Zacatecana.

Externamos a diversas autoridades para la erradicación del trabajo infantil, principalmente en el campo; además que refuerce las acciones para la prestación de servicios de agua entubada en las viviendas y servicios de drenaje.

Proponemos también solicitar a la Secretaría de Cultura que considere la realización de un homenaje póstumo al artista Felipe Ehremberg en el Palacio de Bellas Artes por su legado y aportaciones artísticas a nuestro país, mucho se dedicó al trabajo de visibilizar a los grupos indígenas en nuestra nación.

Un tema que destaca es la condena del asesinato de los defensores de derechos indígenas, Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres, por el conflicto de posesión de tierras en la comunidad de Wixárika.

Exhortamos a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que adopten las medidas que garanticen la seguridad de las personas y se solucione por la vía pacífica la restitución de tierras a esas comunidades.

En resumen, esos son los temas que hemos considerado en la Segunda Comisión y que atienden preocupaciones e intereses de los diversos grupos parlamentarios.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

No habiendo ninguna otra intervención registrada, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 15 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy cuenta con las materias de 15 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

1.- Por el que se solicita un informe sobre los subsidios y beneficios en las tarifas del servicio básico de electricidad en todo el país, particularmente en sus zonas cálidas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita un informe sobre el ejercicio presupuestal del Programa México Conectado, durante el primer trimestre de 2017.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita a las entidades federativas integradas en la Comisión Ambiental de la Megalópolis un informe sobre los avances y resultados que hasta la fecha tengan registrados en la implementación de las nuevas medidas de verificación vehicular.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y de Cultura a fortalecer las medidas de seguridad en las zonas arqueológicas del estado de Yucatán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre las acciones y medidas emprendidas para optimizar el buen funcionamiento de las aduanas del país, particularmente las que se ubican en la frontera norte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información que detalle los criterios con los cuales autorizó las cancelaciones fiscales a diversos contribuyentes durante el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2016.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a fortalecer los planes y programas con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria del cacao y el chocolate.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre las acciones de inspección a los autobuses de pasajeros y de turismo para verificar que cumplan con la normatividad vigente.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a fortalecer las políticas públicas que garanticen una alimentación adecuada a niñas, niños y jóvenes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se exhorta a la Conagua y a la Cofepris, al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del municipio de Zimapán a verificar el riesgo sanitario del arroyo de la barranca de San Francisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a cerciorarse de que los estudios geofísicos por medio de la técnica o método sísmico que se están llevando a cabo en aguas marinas, no estén causando daño a la biodiversidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta a fortalecer las medidas precautorias para hacer frente a la temporada de sequía en el territorio nacional, debido a que está adquiriendo rasgos atípicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a designar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en beneficio de los consumidores y sus derechos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a activar la declaratoria de emergencia para los municipios afectados por incendio en el Bosque de La Primavera.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, en los que no hay reserva para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en el escaño del diputado Vidal Llerenas, ¿con qué objeto, Diputado?

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Con el objeto de hacer una pregunta, en este momento que estamos en los dictámenes de la Tercera Comisión.

Un punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por esta Comisión Permanente, hacia el Director de Pemex y hacia la Secretaría de la Función Pública con respecto a la titular de enlace legislativo de Pemex ante el Congreso de la Unión, en uno de los resolutivos aprobados ya por esta Comisión Permanente.

Se dice que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que en el ámbito de sus atribuciones y en un plazo no mayor de 15 días naturales, remita a esta Soberanía la versión pública del estado que guarda la investigación de la denuncia con un determinado folio que hay en el punto de Acuerdo.

Quisiera preguntar, dado que ya han pasado 15 días naturales, si la Secretaría de la Función Pública ha hecho caso omiso de este punto de Acuerdo, aprobada por esta Soberanía o si ya tenemos una respuesta del mismo.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Vidal Llerenas, en cuanto a la solicitud o el planteamiento que nos hace, haremos la consulta debida a la comisión correspondiente.

Están a discusión los 15 dictámenes, y al no habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

La Secretaria Diputada Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse los Acuerdos anteriores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia, con fundamento en lo que establece el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso General, designa a la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, Secretaria de esta Mesa Directiva para conducir la sesión.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS

La Presidenta Diputada María del Carmen Pinete Vargas: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su permiso, señora Presidenta.

Combatir la corrupción, fortalecer el sistema democrático, significa defender a la democracia, pues implica también reforzar los valores de la credibilidad de nuestros representados, que son los ciudadanos quienes mandan, a quienes representamos y a quienes debemos obedecer.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la corrupción perjudica a las instituciones democráticas y desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política.

Una reforma constitucional, la cual fue publicada en el año 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé la coordinación entre los distintos órganos de gobierno  de los 32 estados de la República, y ahí se pueda coadyuvar para abatir este tema que lacera tanto a la sociedad, como lo es la corrupción.

Por ese lado, el año pasado las legislaturas en la Cámara de Diputados y en esta Cámara de Senadores aprobamos las leyes secundarias para efecto de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, que no tiene otro objetivo más que velar por el sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades.

Derivado de lo anterior, se determinó que las entidades federativas tienen un plazo, hasta el próximo 19 de julio, para crear sus órganos locales anticorrupción, pero en el balance que se ha establecido hasta este momento, únicamente nueve entidades del país han atendido este mandato constitucional.

Y creo que es prudente que señalemos la importancia de poder, en este momento, como órgano legislativo, hacer un llamado para efecto de atender este tema que reclama nuestra sociedad.

Nuestra Constitución Política define en el artículo 113, al Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia que coordina entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno encargados de la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Aceleremos y aseguremos su cabal funcionamiento.

Votaremos a favor del presente dictamen para exhortar a los congresos locales y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones a los marcos normativos y realicen también la correspondiente instrumentación de los sistemas locales anticorrupción, en concordancia con la legislación general vigente.

“Menos corrupción y más confianza”. Escribió William Shakespeare.

Que ningún legado es tan rico como la honestidad, y corresponde a nosotros garantizar que la honestidad en los asuntos públicos, es decir, que nos conciernen a todos, más que un legado, sea una realidad para todos los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Muchas gracias, Diputada Gloria Himelda Félix.

Para referirse al mismo asunto, tiene el uso de la tribuna la Diputada Karla Osuna Carranco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

 La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Con su permiso, sedñora Presidenta.

Uno de los problemas que más ha impactado y ha dañado el desarrollo institucional y político de nuestro país, es la corrupción electoral, que desgraciadamente aún prevalece en muchos estados de la República, tales como Coahuila y el Estado de México.

En Coahuila, particularmente, se dio un hecho de una práctica lamentable que creíamos ya superada, y que sin embargo se hizo presente en la elección a gobernador.

Como lo son la vulnerabilidad y la alteración burda y majadera de los paquetes electorales para la modificación ilegal de los resultados al más puro estilo de tradición vieja priísta.

La antidemocracia se hace presente, y esto debe alertarnos para las elecciones del  2018.

¿Acaso Coahuila será un preámbulo de lo que veremos en un futuro cercano? Si es así, es un pésimo augurio para la patria.

Este dictamen da la oportunidad para que esta Soberanía haga una recomendación adicional dentro de la parte resolutiva de este punto de Acuerdo, para que se tomen en cuenta los principios que la Constitución establece para el comportamiento de los servidores públicos, incluyendo las autoridades electorales.

Se debe terminar con las prácticas que carezcan de transparencia.

Se debe garantizar la total imparcialidad de los institutos electorales.

No como lo sucedido en Coahuila, donde la Presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, daba muestras claras de tener afiliaciones priístas, donde además dos de los consejeros del IEC, Gustavo Espinoza y Alejandro González, respectivamente, participaron abiertamente en la campaña del actual gobernador Rubén Moreira, así como también dieron claras muestras de mensajes sumisos al líder priísta David Aguillón.

Sólo con una legislación robusta y la puesta en marcha de los principios constitucionales en el actuar de los servidores públicos, podremos hacer frente a la corrupción electoral y protegeremos así la voluntad de los ciudadanos al acudir libremente a elegir sus gobernantes y representantes.

Que no vuelva a existir nunca más una elección que tenga falta de certeza, de legalidad, de independencia y de imparcialidad como la que se vivió el pasado domingo en Coahuila.

No al fraude electoral.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Carranco.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señora Presidenta.

Primero que nada, interesante que esta Soberanía pida a los congresos estatales que cumplan lo dispuesto en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando aquí no se ha cumplido.

Está ahí un número de candidatos al Tribunal de Justicia Administrativa que no han sido nombrados y donde hay serias acusaciones sobre sus ligas con los partidos, no hay un fiscal anticorrupción todavía nombrado y, bueno, les pedimos a los estados que hagan cosas que no se están haciendo en esta Soberanía.

¿Por qué? Porque en el fondo no hay un convencimiento desde el gobierno de la República de apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene recursos, evidentemente no hay mayor interés, lo que se quiere es que no se persiga la corrupción, y también porque si hubiera un fiscal anticorrupción también tendría que perseguir todos los delitos electorales el uso de recursos públicos que hubo en la campaña, particularmente la del Estado de México, para claramente apoyar al candidato Alfredo del Mazo.

Un fiscal anticorrupción hubiera podido investigar delitos administrativos que cometieron funcionarios públicos, funcionarios del gobierno federal que acudieron al Estado de México a apoyar esa campaña de manera muy clara; un fiscal independiente hubiera dado garantías de una investigación independiente que hoy no tenemos, entonces, queremos hablar de anticorrupción, uno, sin cumplir el sistema, porque esta Soberanía ha incumplido en nombrar un fiscal anticorrupción, ahí están los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa todavía esperando, hemos solicitado en esta comisión que cuando menos vengan los miembros del sistema ciudadano que vigila el Sistema Nacional Anticorrupción para que nos den a conocer sus puntos de vista, su objeción a las nominaciones del Presidente de la República de los Magistrados al tribunal, pero sobre todo creemos que no puede haber credibilidad en el combate a la corrupción en un gobierno honesto, en un gobierno transparente si no se dan garantías completas al juego electoral.

Este gobierno no tiene credibilidad como un gobierno serio, como un gobierno moderno, como un gobierno responsable desde que tomó la decisión de buscar ganar a toda costa el Estado de México, cosa que no logró porque perdió en las urnas, pero está ganando de manera tramposa, y perder así la legitimidad y la credibilidad de un país    democrático.

A qué va a ir Peña Nieto a esa gira, cuando toda la oposición del país le está reclamando, en este momento, en la máxima tribuna, su intervención en los procesos electorales, una vez más va a hacer el ridículo en la escena internacional.

¿Por qué? Porque no da garantías de que las elecciones en este país sean justas y sean limpias.

Y por eso urge el Sistema Nacional Anticorrupción, porque un fiscal nos puede ayudar a tener investigaciones independientes.

Y es lo que pedimos, es realmente lo que queremos, que haya una investigación independiente sobre si el gobierno de la República tuvo alguna estrategia, si a algún funcionario se le pidió que interviniera, si algún recurso público fue utilizado con ese propósito, porque eso no es legítimo.

Yo sé que en el PRI se piensa que eso es legítimo, se piensa que es legítimo hacer un plan para intervenir en una elección, pero no es así.

Se piensa que es legítimo llamar a los medios y que el encargado de la comunicación social del país, que por cierto, subió su gasto de mil millones aprobado en el presupuesto a más de 9 mil millones de pesos, trate de intervenir en una elección.

Ese es el ejemplo que estamos dando.

Ese es donde el gobierno de la República quiere estar, como el gobierno que interviene en las elecciones.

Es lo que ha sido.

Y vamos a luchar para que ese no sea el caso de las elecciones del 2018, porque esas elecciones las vamos a ganar nosotros, con López Obrador, las vamos a ganar porque tenemos la legitimidad y tenemos la fuerza de la gente, y vamos a luchar contra eso, contra ustedes, contra el dinero, contra los secretarios que ya están haciendo campaña en este momento con dinero público.

Vamos a ganar porque vamos a exigir y vamos a logar que en este país el voto se respete.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal  Llerenas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta.

Creo que es importante ante un acuerdo como el que hoy se está discutiendo en la Comisión Permanente, que tiene que ver con un exhorto a las entidades federativas locales para efecto de que se avance en la construcción de sus sistemas estatales anticorrupción, que hagamos lo propio a nivel federal.

Hoy estamos todavía detenidos en varios acuerdos, en varios puntos que tenemos que revisar, y una de las demandas de Acción Nacional está centrada en generar una nueva reforma constitucional, una nueva reforma constitucional que genere un nuevo modelo de procuración de justicia, un nuevo modelo que establezca con claridad las atribuciones del fiscal general, del fiscal en materia de delitos electorales y del fiscal anticorrupción.

Hoy justamente estamos detenidos porque no ha habido ni siquiera la voluntad política de avanzar en una iniciativa del propio Presidente para efecto de eliminar el pase automático del procurador al fiscal general, y así generar mecanismos que  tengan un diseño de parlamento abierto para poder revisar la elección de estos funcionarios, todavía no hemos podido avanzar en eso y es importante que lo hagamos.

Hoy, mientras los estados están legislando, nosotros estamos demandando otros cambios a la Constitución, entonces, tendríamos que actuar en congruencia avanzando de manera más rápida en construir un modelo de sistema anticorrupción que afine sus piezas, y esto es válido porque aunque deducimos una reforma muy importante, en la última revisión que hicimos del sistema nunca se tocó el tema penal, es decir, se trabajaron por separado una reforma político-electoral de donde provino un modelo de autonomía en el Ministerio Público, pero en otra vía, en otro grupo y en otra discusión un Sistema Nacional Anticorrupción.

Hoy necesitamos revisar justamente cómo va a quedar esto, y lo digo porque en la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, entre los trabajos que se llevaron a cabo por esta comisión, que ojalá espero haya la sensibilidad para que podamos rendir el informe en este Pleno de la Permanente, como es nuestra obligación, tuvimos la visita del fiscal en materia de delitos electorales. Y él nos expresaba la preocupación de la propia fiscalía, para perfeccionar tipos penales, justamente en el tema electoral y que están íntimamente relacionados con el tema anticorrupción.

Hablaba de conductas como turismo electoral, como utilización de acondicionamiento de programas sociales, que no tienen una consideración de grave dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de financiamiento ilícito que no solamente tiene que ver con recursos de la delincuencia organizada, sino el uso de recursos públicos en las campañas electorales y la delincuencia organizada por supuesto y grupos de presión, fenómenos que se dieron en estos procesos electorales, fenómenos que no podemos evadirnos de atender, fenómenos que tenemos que revisar el marco jurídico y que en conjunto con el Sistema Nacional Anticorrupción, con una reforma potente que efectivamente perfeccione estos temas que todavía están pendientes, podamos entonces sí dotarle de los titulares de estas instituciones para que enfrenten este fenómeno.

Entonces creo muy oportuno, que este llamado que vamos a hacer a las entidades federativas locales y a sus congresos, también lo hagamos al interior del Congreso de la Unión y actuemos en consecuencia de lo que nos está faltando en materia de combate a la corrupción y en el perfeccionamiento del mismo Sistema Nacional Anticorrupción.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Ortega.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Diputada Carolina Viggiano Austria.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señora Presidenta.

Bueno, creo que han insistido en desviar el tema central, que es el tema de transparencia que a todos nos interesa en las entidades federativas.

En principio de cuentas, decirle a la Diputada Osuna, que ella insistió mucho en crear la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales locales del Año 2017 y no se presentó a ninguna. Así es que no creo que tenga información de primera mano respecto a ello.

En segundo lugar, aprovechando que usted es de Coahuila, me parece muy importante que usted sepa lo que se ha hecho en esa entidad en el tema de transparencia.

En materia de transparencia somos primer lugar en el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México. Esto mide la calidad de las leyes de transparencia en México, con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Para crear el Sistema Anticorrupción del estado se crearon cuatro leyes y se realizaron 24 reformas. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Fundar, que es un Centro de Análisis e Investigación, y lo ha dicho A Regional, que también nos califica así.

El CIDE, por otro lado, con un estudio que evalúa a 32 entidades federativas, ofrece datos desagregaos en cinco dimensiones normativas, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes y una selección de sujetos obligados.

Coahuila ocupa, según el CIDE, el tercer lugar.

El Índice de Información Presupuestal, por segundo año consecutivo Coahuila ocupa el primer lugar nacional en esa medición, que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades, sustentada en documentos oficiales, Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así lo hemos demostrado en 2013, 2014, 2015 y 2016.

También quiero decirles que es muy importante señalar que en México hemos construido uno de los sistemas más robustos de transparencia que hoy todos tenemos que trabajar. Me parece que desafortunadamente en el tema de transparencia, en el tema de corrupción ningún partido político se escapa. Ahí tenemos Sonora como uno de los ejemplos.

Entonces, creo que debemos centrar el tema en el que estamos hablando.

Por otro lado decir también. Usted mencionó que los consejeros responden al gobernador. Los consejeros los nombró el INE, no los nombró el gobernador. Y esa reforma se hizo justamente a promoción de Acción Nacional. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la reforma, porque hoy hemos debilitado a los órganos estatales electorales. Me parece que eso es lo que nos debe ocupar.

Pero sabemos muy bien que ante cada derrota buscan una reforma nueva que justifique justamente esa derrota. Por eso quiero decirles, centrémonos en el tema de anticorrupción y de transparencia, es el tema que nos debe ocupar y que por supuesto el PRI está y estará de acuerdo para combatirlo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Viggiano Austria.

Para el mismo tema, se ha anotado y tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta.

Efectivamente cuando se presentó este punto de Acuerdo, vino y se afirmó aquí que un tema central del combate a la corrupción es el origen de la corrupción, la corrupción en los procesos electorales. Y la Diputada aquí ha venido a decir que su estado, Coahuila, es uno de los estados líderes en transparencia.

Y quizá tenga razón, porque todas las imágenes que vimos en el país en torno a los consejos distritales, vimos absoluta transparencia. Las bodegas en donde se guardaban los paquetes electorales que llegaron el domingo de la elección y que se abren a la sesión del miércoles, eran transparentes, tenían diversas puertas, tenían las ventanas abiertas, los paquetes eran transparentes, estaban abiertos, violentados.

Hay testimonios suficientes para acreditar que al representante de un partido le decían: “De antemano te digo que el acta que tú traes no vale, porque el paquete va a ser recontado, y lo que resulte del recuento”. Y venían con absoluta transparencia, paquetes de 50 votos, votados por el PRI, y rebasaba en el número de boletos que había recibido la casilla.

Ahora, “demuéstrame que no es cierto”. “Pues si todo lo hicimos con transparencia”. Sí lo hicieron con transparencia, con transparencia y cinismo absoluto. Lo que reclamamos es la intervención verdaderamente grosera, corrupta de funcionarios electorales que están tergiversando el resultado de una elección, ése es el tema, y ése es el tema que tiene que ver con transparencia y tiene que ver con combate a la corrupción.

No va a haber combate a la corrupción cuando se ganan elecciones como sucedió en el Estado de México, o como sucedió en el estado de Coahuila.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Larios.

Para el mismo tema, se ha anotado el Senador Benjamín Robles.

Permítame Senador, ¿con qué objeto, Senadora De la Torre?

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) El tema a discusión es distinto. Y entramos en un debate que no tiene nada que ver con esto, salimos del tema anticorrupción y nos vamos a un tema electoral.

Y yo les quiero decir. Allá en Durango, don Carlos Herrera, que en paz descanse, que fue un político y empresario muy reconocido, decía después de cada elección, y decía sabiamente: “El que ganó, ganó. Y el que perdió, que se vaya a chillar a su casa”.

Váyanse a los tribunales donde tienen que ir, y hagan lo que tengan que hacer. Pero me parece que no es bueno andar lloriqueando los temas electorales y meterlos en temas que no son del tema concreto del caso que se está tratando.

Solicitarle, señora Presidenta, que conmine a los oradores a que se ajusten al tema que estamos discutiendo.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Es procedente la moción presentada por la Senadora Yolanda de la Torre, y solicito a los oradores inscritos se ciñan al contenido del dictamen, por favor.

Adelante, Senador Robles.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señora Presidenta.

Sí, es obvio que hay temas que disgustan a nuestras compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Institucional, no les gusta, quisieran cerrar la página como si nada hubiera pasado.

Aquí yo he escuchado planteamientos muy claros, y nosotros, desde el Partido del Trabajo, por supuesto que nos sumamos, no solamente a lo que reclaman legisladores de Acción Nacional, de lo que pasó en Coahuila, nosotros hablamos de lo que pasó en el Estado de México.

Déjeme, de arranque, señora Presidenta, decir que aquí ya hay una postura muy clara.

Efectivamente, el tema tiene que ver con exhortar a los congresos locales para revisar el tema anticorrupción, pero aquí mismo hemos dicho, pues que tampoco avanzamos, porque al PRI, no le acomodan las cosas, y por supuesto, entonces, no se avanza en los temas, lo quisieran todo acomodado, quisieran, hasta enviarle el guion a los legisladores de oposición para que digamos lo que ustedes quieren, pues no puede ser así.

Efectivamente, esto tiene que ver con anticorrupción, porque el dinero público que se utilizó en la jornada electoral pasada, pues tiene que ser revisada, y es un tema de combate a la corrupción.

Y es tan claro lo que pasó en todos los estados donde hubo elecciones, no solamente en Coahuila, no solamente en el Estado de México, también en Nayarit, sólo que ahí no les alcanzó, era tal el disgusto de la ciudadanía por los gobiernos priístas corruptos, que entonces, pues ya no hubo margen de maniobra, por eso la votación tan clara y contundente. Pero en Veracruz sucedió exactamente lo mismo.

Nosotros exhortamos, por supuesto, a que no se cierre este capítulo. No puede ser que ya la semana pasada se habló del tema en esta máxima tribuna y que ahora se pretenda, desde el escaño, hacer un llamamiento para que no hablemos de cosas, de temas que tienen que ver con la corrupción que prevalece en este país, y que nos tiene cada vez más amolados a todas y a todos los mexicanos.

Nosotros denunciamos que hay que revisar de dónde se pagó el voto en el Estado de México, en el estado de Coahuila, en el estado de Veracruz, en el estado de Nayarit, y eso tiene que ver con temas de combatir la corrupción, que también debe hacerse desde las entidades de la República.

Aquí ha dicho la compañera Sonia, que se está revisando todo lo que tiene que ver al respecto.

Hay que recordar que hoy tenemos instituciones, que buscamos precisamente que puedan asumir su responsabilidad, pero que cuando se trata de callar la voz del pueblo, que estamos representando aquí en esta máxima tribuna, cuando se trata de callar esa voz, se trata de ocultar y tapar el sol con un dedo.

No, mis queridas compañeras y compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, no podemos cerrar el capítulo de enorme corrupción que prevaleció en las elecciones pasadas.

Sí, institucionales que somos, estamos acudiendo a las instancias correspondientes, pero esta también es una instancia, es una instancia jurídica y política, parlamentaria, donde tenemos que alzar la voz y señalar.

Nosotros apoyamos la moción. Ojalá, como se planteó en un principio de la sesión, aquí se hubiera conocido el informe de la comisión de legisladoras, legisladores, Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores, que integraron, en representación de esta Comisión Permanente, esa comisión para ir a ver qué había sucedido en las elecciones. Y aquí estaríamos discutiendo estos temas.

Entiendo, y nosotros, no obstante que ha dicho Vidal Llerenas, es correcto, nosotros estamos pidiendo a los congresos que hagan lo que no hemos realizado aquí.

Bueno, nosotros estamos de acuerdo en avanzar en este punto de Acuerdo, y en exigir y aprovechar que aquí también avancemos, pero eso no quiere decir, mi querida Senadora Yolanda, que nosotros estemos imposibilitados de utilizar esta tribuna para exigir justicia, combatir la corrupción.

Todos en este país sabemos que el PRI se robó las elecciones robando el dinero público, utilizando ese dinero público para comprar el voto, y eso no podemos callarlo.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Robles Montoya.

Quiero informar a la Asamblea que están registrados tres oradores más, pero también esta Mesa Directiva les hace un exhorto respetuoso para ajustarse al contenido del dictamen, que les recuerdo, es derivado de un mandato constitucional para efecto de que las entidades federativas atiendan el término que se le otorgó, que fenece el próximo 19 de julio, para crear los sistemas locales anticorrupción. Ese es el tema.

Por favor, suplicaría se ajusten y se ciñan en sus participaciones al mismo.

Tengo registrados al Diputado Federico Döring, a la Diputada Maricela Contreras Julián y a la Senadora Diva Gastélum Bajo. ¿Alguna otra persona que desee participar, para cerrar ya esta discusión?

Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) ¡Declino!

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Declina su participación?

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Sí, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La Senadora también ha declinado.

La Diputada Maricela Contreras Julián. Adelante, Diputada.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Muchas gracias.

El grupo parlamentario del PRD en la pasada sesión hablaba del tema de las elecciones, y por supuesto que vimos pasar en estas elecciones el dinero público, vimos también pasar a los secretarios y secretarias de Estado.

Los programas sociales y los gobernadores, en estas elecciones se vieron con mayor fuerza en el Estado de México.

Pero yo quisiera decir que el tema de la corrupción está íntimamente ligado al tema de la impunidad. La impunidad es lo que nos ha llevado a que esto sea una bola que cada día se va haciendo más grande, porque en realidad no hay sanciones a los funcionarios públicos de alto nivel, a los funcionarios de gobierno que incurren en estas faltas.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada, por favor, le sugiero y la instamos a que se ciña al tema, por favor.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Son los funcionarios de alto nivel que nunca estarán en juicio por los malos manejos.

En los casos de corrupción también opera el tema del fuero, que es un tema que tenemos que estar discutiendo y que tenemos que retirarlo para que la ley pueda hacer su intervención en los casos de los gobernadores, por ejemplo, o exgobernadores, aún y cuando han sido detenidos, pues está muy lejos el castigo.

Los estados, y por eso nosotros vamos a votar a favor del punto de Acuerdo, porque los estados no han hecho la armonización de sus leyes anticorrupción, y aquí tendríamos que hacer un trabajo muy preciso de cuáles son los estados que no han logrado avanzar.

Porque muchas veces son los mismos congresos o los mismos gobiernos los que detienen y frenan que estos puedan desarrollarse y puedan aprobarse, pero además que una vez aprobados estos órganos, puedan tener una presencia en el que hagan una labor preventiva y una labor correctiva y, en su caso, hagan las denuncias que esto hace necesario.

Pero también yo diría que el Congreso está en falta, y en particular el Senado, toda vez que no se ha nombrado al fiscal anticorrupción. Es decir, hacemos leyes y dejamos que pase el tiempo y no se nombran a los titulares para que esto pase.

¿Con qué cara, entonces, estamos pidiendo que hablemos o que hagamos este tipo de exhortos a las instancias y a los estados? Entonces, tenemos que poner el ejemplo.

Y también diría yo que hay muchas cosas que se condicionan en su aprobación de los nombramientos que se refieren a los temas electorales. Muchas de estas cosas no pudieron avanzar, pues porque estábamos en proceso electoral, y entonces se condicionan estos a los resultados o a las modificaciones qué se puedan hacer.

Y yo diría, estamos en las entrevistas en este momento para designar a los titulares de los órganos de control.

Y, por ejemplo, nos damos cuenta que el Ifetel lleva cuatro años sin titular en su órgano de control, entonces, pues, en todos los niveles estamos viendo que tenemos problemas, y este es un asunto de voluntad política.

Y yo añadiría también otro punto a este asunto, que es la falta de autonomía plena de los órganos de control; es decir, finalmente siempre se está sometido a diferentes tipos de presiones que hacen que estos órganos no tomen las decisiones de manera autónoma, pues serían las cosas que nosotros tendríamos que plantear.

Como Partido de la Revolución Democrática, decir que vamos a votar a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

Agotada la lista de oradores, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: En votación económica, consulto a la Asamblea, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta…

¿Con qué objeto, Diputado Döring?

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Es que usted no sometió a consideración de la Asamblea si hacía suya la propuesta de la adición de la Diputada Karla Karina Osuna.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No nos presentó ningún documento a esta Mesa la Diputada.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Sí se presentó por escrito.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Me informa Servicios Parlamentarios que no hay ningún documento aquí en Mesa Directiva, Diputado Döring.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Pues a mí me informa el secretario técnico que sí se ingresó.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Le comparto que no llegó en su momento procesal oportuno y en este momento pues ya se ha agotado el punto.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a razonar el voto de los señores del PAN y apoyar el dictamen de referencia, porque es una propuesta que presentamos el Diputado Jorge Ramos, la Diputada Cristina Jiménez, el Diputado Juan Blanco y su servidor, y tiene que ver con fijar una postura pública como Congreso de la Unión respecto de cómo se han venido llevando a cabo las extradiciones a Estados Unidos de connotados delincuentes que son aprehendidos en territorio nacional.

Desde que se dio, y recordarán quienes estuvieron en la Comisión Permanente anterior, la detención de Joaquín Guzmán, hace más de un año, señalamos aquí que debería negociarse antes de obsequiar la extradición, que se pudieran compartir los bienes asegurados en el caso de Joaquín Guzmán.

Presentamos un convenio de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en el “Sharing Agreement” que data del año 2012, y exhortamos al gobierno de la República a que hiciera lo propio.

Se votó por unanimidad, se llevó a cabo una reunión en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso, en la cual el gobierno de la República garantizó, a través de funcionarios que ante ella comparecieron, que haría lo propio para exigir, previo a la extradición, el repartir y compartir los bienes asegurados.

Desafortunadamente los cambios en el Gabinete, en la Cancillería y en la Procuraduría General de la República generaron mala comunicación o coordinación y los funcionarios que habían comprometido la palabra del gobierno mexicano en estos temas no transmitieron ese acuerdo y cuando llegaron los nuevos titulares se obsequió la extradición sin haber cumplido lo que había pedido la Comisión Permanente y lo que había comprometido en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional el gobierno de la República.

Déjenme citar algunos casos para que vean cómo es una conducta persistente.

Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", en 2016 se le aplicó una multa de 529 millones de dólares, la fiscalía estadounidense pedía una multa de 10 mil millones de dólares, con cadena perpetua desde el 5 de abril de este año.

Eduardo Arellano Félix, en el año 2015, una multa de 50 millones de dólares, condena de 15 años de prisión.

Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, multa de 4 millones de dólares, 10 años de prisión.

Benjamín Arellano Félix, en 2012, multa de 100 millones de dólares, condena de 20 años de prisión.

Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, multa de 50 millones de dólares y un yate llamado Dock Holliday, condena de 23 años de prisión, con el pago de la multa y por delatar a cómplices evadió la pena de muerte.

Osiel Cárdenas Guillén, “El Mata Amigos”, multa de 50 millones de dólares y condena de 23 años de prisión.

Juan García Ábrego, multa de 128 millones de dólares y condena de tres cadenas perpetuas.

Sólo de los siete casos mencionados el Estado mexicano ha dejado de captar una parte de 911 millones de dólares en multas que ha impuesto la justicia estadounidense a capos extraditados al gobierno de Estados Unidos, a cambio de delatar y dar información para ahondar en las investigaciones el gobierno estadounidense se está quedando con los delincuentes que aquí se aprehenden, con la información que ellos generan y con el dinero mal habido que a ellos les incautan.

Es por eso que celebramos este dictamen y reconozco el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, que vuelve a ratificar esa postura a la luz de la detención de “El Licenciado”, y reitera el exhorto para que con instrumentos internacionales, como los que ya tiene firmados el Estado mexicano, no sólo en el caso de Joaquín Guzmán, que todavía se puede hacer a través de canales diplomáticos, sino que ahora sí se haga previamente si es que se obsequia la extradición de “El Licenciado” y que no vuelva a pasar que la sangre, los muertos y el dinero que cosechan aquí tiene este saldo de bifurcación.

La sangre derramada, el conflicto social y la corrupción de las autoridades se quedan en México; y el dinero asegurado se queda en Estados Unidos, y la información privilegiada se queda en Estados Unidos.

Es por eso que acompañamos el dictamen de referencia y es lo que tengo que señalar.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Döring.

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores para este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las acciones para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señora Presidenta.

En un estado constitucional de derecho, como el nuestro, no puede ni debe ser tolerable práctica alguna que vulnere uno de los principios más fundamentales de la democracia: la libertad.

Libertad que nos distingue como seres humanos, libertad para desarrollar el proyecto de vida que cada quien desea, libertad para gozar de dignidad y paz, en suma, libertad para vivir y para hacer.

La trata de personas es la esclavitud de nuestra época, es, sin duda, una de las actividades delincuenciales más lucrativas del mundo, después de la venta ilícita de armas y de drogas.

De todo el planeta, más de 20 millones de personas, principalmente mujeres y niños son víctimas de este lacerante delito, que además se ha intensificado por la dinámica delictiva trasnacional.

Organismos internacionales como la ONU y UNICEF han estimado que en México casi 20 mil personas son víctimas de este delito, de las cuales 16 mil son menores de edad.

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ocupa el quinto lugar en América Latina con mayor comercio sexual de menores de edad.

Además, la Procuraduría General de la República advirtió que de 2008 a 2014 el número de averiguaciones por trata de personas aumentó en un 600 por ciento, conscientes de la gravedad del problema, comprometido con los derechos humanos y el respaldo a las víctimas de la violencia, el Presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, sólo señalaré dos ejemplos de ello:

Poner en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos y crear el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado mexicano en 1981, señala en su artículo 6o. que: nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mandata que los estados parte adoptarán todas las medidas necesarias, incluyendo las de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de las mismas.

Si bien, México cuenta con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, es necesario sumar esfuerzos para actualizar nuestro entramado jurídico e institucional, para evitar que exista impunidad en favor de quienes cometen esta clase de delitos.

Votaremos a favor del presente dictamen para que las autoridades federales, estatales y municipales de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México.

Asimismo, para que proporcionen atención y reparación integral a las víctimas de los delitos.

Votar a favor de combatir la trata de personas, significa ser partidarios de la libertad y de su pleno ejercicio por todas las mujeres, hombres, niños y niñas.

Muchas gracias a todos.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Carolina Viggiano Austria.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Muchas gracias.

Coincido plenamente con lo expresado aquí por la Diputada Alma Carolina, y esto me lleva a una reflexión, porque es escalofriante que se diga que México es el quinto país en América Latina donde para el tema de trata de personas se involucra a menores, y esto nos lleva a pensar para qué quieren a los niños y niñas que están secuestrados en estas redes de trata de personas, pues para explotación sexual, y hay que decirlo así, claro, o para la esclavitud laboral.

Pero yo también creo que nosotros como responsables de las leyes tenemos que hacernos cargo, que no hemos aprobado en la Cámara de Diputados la minuta que envió el Senado de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas, esto me parece que es muy grave, porque hace diez años se hizo un esfuerzo muy importante y se aprobó esta ley.

Y con el tiempo se encontraron elementos que podían hacer una mejor ley, y la minuta que fue a la Cámara de Diputados, fue con todo el consenso del Senado.

Sí se han hecho acciones, pero nos enfrentamos a un problema, porque la trata de personas corresponde a la delincuencia organizada; para que haya trata de personas regularmente se requiere que haya más de una persona involucrada, y entonces en el caso de las mujeres, que tiene una característica especial el tema de la trata de personas se ve en la Fevimtra, esta fiscalía especial que tiene aproximadamente 10 años, y que sinceramente desde quienes empujamos su existencia vemos que es sumamente limitada para la atención y la prevención de este problema.

Toda vez que la trata de personas es delincuencia organizada, debería tenerse como tal, y se deberían estar tratando sus casos en la SEIDO, en esta Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

¿Qué quiero decir con esto?

Que la trata de personas que involucra a las mujeres estando en la Fevimtra, pues quedan atoradas y no han tenido ningún curso.

Y entonces, otra de las cosas que se hace necesaria es la intervención para atender este tipo, estas grandes redes que funcionan en México, porque México es lugar de origen, es lugar de tránsito, y es lugar de destino de la trata de personas.

La trata de personas con los diferentes objetivos, pero una de las principales es la explotación sexual, y entonces tenemos destinos turísticos que hacen necesaria una acción integral de las instancias de gobierno para combatirla, para sancionarla y para prevenirla.

Tenemos además trata interna, pues tenemos el caso que es internacionalmente conocido para nuestra desfortuna y para nuestra vergüenza, que es lo que se da en Tlaxcala, y hay que decir, que pues no toda la gente ni todas las personas de Tlaxcala están involucrados en esto, pero hay regiones que son muy bien localizadas, muy bien conocidas cómo es el trámite, y estamos hablando de esta trata interna que tendríamos que estar atendiendo.

Pero además tenemos también trata internacional, ha habido muchos casos en que encontramos que las mujeres centroamericanas que son migrantes y que pasan por México terminen en este espacio, y hay cosas que tenemos que preguntarnos.

¿A quién beneficia este tipo de explotación?

Y entonces si hablamos de la explotación sexual encontramos que las mujeres, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país están en loncherías, están en bares y se hace una serie de beneficios de las mujeres que están en esta problemática.

Votaremos a favor de este punto de Acuerdo, pero decimos que hacen falta acciones integrales para prevenir, sancionar y erradicar la trata.

Y como un ejemplo de lo que decíamos hace un rato, y que este tipo de convocatorias a concursos de niñas para el tema de la belleza, es meterlas en estereotipos y es provocar que ellas estén en las redes, y que haya a través de estas redes sociales quienes hagan caso y quienes estén al pendiente.

Quiero decir que me da gusto que a partir de la denuncia que se hizo en la conferencia de prensa y de la acción de la Diputada Lia Limón, se ha cancelado ya este concurso en Quintana Roo, ¿qué quisiéramos?, que este tipo de cosas no se repitieran y que no fueran convocadas por nuestros gobiernos de ninguna instancia.

Y entonces finalmente decir que los temas de derechos humanos siempre esperan, por eso estamos esperando la publicación de la Ley contra la Tortura, y que se apruebe la minuta de la Ley contra la Desaparición Forzada, y esta ley y esta minuta que decíamos de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas que tenemos en la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

Para el mismo tema, la Diputada Lia Limón García, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señora Presidenta.

Yo nada más quiero decir muy brevemente que por supuesto que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este exhorto, porque si bien han habido acciones importantes para combatir la trata, existen todavía muchos pendientes que hay que reforzar.

A nivel nacional, en el 2013 se emitió el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, que es un programa que establece una serie de acciones que se deben impulsar desde los distintos órdenes de gobierno a fin de erradicar este delito, y han habido, sin duda alguna, avances importantes, pero todavía hay muchos pendientes.

Y este es uno de los temas en los que la acción coordinada de los distintos órdenes de gobierno es fundamental, este es uno de los temas en los que se necesita la coordinación de todas las instancias de las entidades federativas de la Federación, incluso los municipios.

Han habido algunos gobiernos estatales que han impulsado sus propios programas o que se han sumado a proyectos específicos contra la trata, uno es Coahuila, otro Tamaulipas, Colima también, la Ciudad de México, pero la verdad es que hay muchas entidades federativas donde este es un tema del que a veces se prefiere no hablar y que no se le ha dado la importancia que tiene.

Sí es necesario hacer este exhorto y es necesario hacerlo a todos los niveles, la trata, en efecto, es la forma moderna de esclavitud, pero además es una forma moderna de esclavitud que involucra el cuerpo de las personas, en su mayoría mujeres.

 Y el combate a la trata no sólo tiene que ver con combatir a la delincuencia organizada, porque generalmente las redes de delincuencia organizada son quienes promueven y participan en este tipo de delitos, sino también con la protección de los derechos humanos de las personas.

Por eso el Partido Verde Ecologista votará a favor de este exhorto y hacemos un llamado a todos los órdenes de gobierno para que se sumen a acciones concretas en contra de la trata de personas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Limón García.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de la Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con el que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo con vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y atender sus peticiones.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 7 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de  la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo con vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y atender sus peticiones.

b) Con fecha 8 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1374.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La senadora promovente, dentro de sus consideraciones, expresó la necesidad de establecer mesas de diálogo para escuchar las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a Santa Fe; particularmente en las colonias Polanco, Industria, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes.

En razón de lo anterior, la legisladora, establecio que en ocasiones pasadas ha mostrado su preocupación por la situación de inconformidad expresada por los habitantes de la Ciudad de México, ya que la ruta planteada por el gobierno de la capital puede afectar la movilidad de los ciudadanos, así como se pueden ver vulnerados sus derechos a un medio ambiente de calidad.

En busca de una solución, la senadora que presentó la propuesta que busca generar un diálogo e intercambio de ideas entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y los ciudadanos que tenga un interés en hacer propuestas que salvaguarden sus derechos, de movilidad, tránsito y medio ambiente.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a Santa Fe; particularmente en las colonias Polanco, Industria, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a considerar la modificación de la ruta, así como de la ubicación de paraderos de la Línea 7 del Metrobús, a fin de que no existan afectaciones a los vecinos de la zona. Además de reducir al máximo el derribo de árboles durante la construcción y a cumplir con las acciones de mitigación ambiental a la brevedad.

III. CONSIDERACIONES

Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión dictaminadora, considera que la Ciudad de México, requiere de un sistema de transporte colectivo, capaz de movilizar a miles de usuarios cada día, de manera rápida, segura, con bajo impacto ambiental, en áreas estrategias como son las que recorre la ruta propuesta por la autoridad de la Ciudad de México, la cual se muestra en la introducción del proyecto en el portal oficial de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital:

Más de 130 mil personas y una avenida con gran acervo histórico como Reforma merecen un sistema de transporte eficiente, sustentable, accesible y digno que facilite los traslados y contribuya a realzar la imagen urbana.

Por eso, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de esta Secretaría construye un corredor de transporte de 30 kilómetros que unirá Indios Verdes con Santa Fe.

Los primeros 15 kilómetros operarán con 90 autobuses de doble piso entre Indios Verdes y Fuente de Petróleos; y el tramo complementario que irá de la Fuente de Petróleos a Santa Fe tendrá 30 autobuses compactos.1

La Secretaría de Movilidad comparte la Declaratoria de Necesidad para la Prestación del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús Reforma”.2 Así tambien  la Secretaria de Obras y Servicios presenta el Resolutivo de Impacto Ambiental.3 Estos documentos son para consulta pública y de manera gratuita, por lo que brinda información a la ciudadanía interesada en conocer parte del sustento jurídico administrativo del proyecto.

En ese sentido, la Primera Comisión advierte que la autoridad se encuentra en disposición de escuchar las inquietudes de sus habitantes, como se muestra en su portal que contiene los acuerdos, licitaciones, programas y demás documentos relativos a la construcción de la ruta antes mencionada.

Es pertinente señalar que el proyecto de la línea 7 del Metrobus fue presentado en el Senado de la República, en el mes de marzo del presente año, donde los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo sostuvieron una reunión con el director general del Sistema de Transporte Metrobús, Guillermo Calderón Aguilera, quien explicó lo siguiente:

“Los metrobuses son unidades 100 por ciento accesibles para personas con discapacidad, para invidentes y personas que utilizan sillas de ruedas. Asimismo, señaló que este ha sido el primer proyecto de transporte en el mundo que ha logrado una reducción efectiva de gases de efecto invernadero.

Explicó, que el trazo de la Línea 7 del Metrobús, va desde Indios Verdes, pasa por la Basílica de Guadalupe, toma la Calzada de Los Misterios y continúa por Paseo de la Reforma hasta la Fuente de Petróleos. Calderón Aguilera sostuvo que tendrá una alta conectividad, al contar con correspondencia con las líneas 1, 3, 4 y 6 de Metrobús; con las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y B del Metro y con Circuito Bicentenario del Sistema M1, y aseguró que el proyecto tuvo el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y expuso que las unidades se manejarán de forma inteligente frente a las manifestaciones, a través de las cámaras de los propios autobuses y con la coordinación del sistema de videovigilancia C5 de la Ciudad.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza pidió al Titular del Sistema de Transporte Metrobús, cuidar que el proyecto sea un transporte eficiente, limpio, seguro y con compromiso ambiental. También solicitó difundir en qué consiste este proyecto, cómo impacta el medio ambiente, y sus ventajas.

Se dijo confiada en que el proyecto mejore una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. No obstante, externó su preocupación por el impacto de la obra en la imagen urbana, en materia de movilidad y en cómo se concilia con los vecinos”.4

En razón de lo anterior, esta dictaminadora considera relevante que la información con la que se cuenta siga siendo difundida por las autoridades para que los ciudadanos interesado cuenten con un sustento para poder plantear de mejor forma sus inquietudes sobre el proyecto ya mencionado, sobre todo si consideran que esta obra puede generar alguna afectación a sus intereses.

Asimismo, es importante mencionar que la forma de participación ciudadana queda a discreción de la autoridad de la Ciudad de México, por lo que la propuesta de la senadora de establecer mesas de diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús, es coherente con la forma de interactuar entre gobernados y autoridades.

En consecuencia, esta dictaminadora considera oportuno realizar el presente exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que en el ámbito de su competencia, tenga a bien promover un amplio consenso entre la ciudadanía a través del diálogo, o someta a consideración de sus gobernados, mediante los mecanismos estipulados en la Ley de Participación de Ciudadana, el trazo planeado a seguir en la ruta de la línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a Santa Fe; particularmente en las colonias Polanco, Industria, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes, así como informar a la ciudadanía el impacto ambiental, urbano y económico que tendrá la construcción y puesta en operación del mismo.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que informe de las acciones respecto del cumplimiento a la suspensión decretada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, así como del restablecimiento de las vialidades correspondientes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 14 de junio de 2017.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/L7

2•http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/DECLARATORIA%20DE%20NECESIDAD.pdf

3 http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/RESOLUCION%20MIA%20MB.pdf

4•http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/34738-presentan-ante-senadores-proyecto-de-la-linea-7-de-metrobus.html

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

El sentido de la reserva es hacer una propuesta de adición que se entregó en tiempo y forma a la Mesa Directiva por escrito, y tengo entendido que, de hecho, ha sido aceptada por la promovente, que está ahí haciendo grupo en una de las bolitas, y lo que propongo es que haya un resolutivo tercero que diga: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones audite los recursos federales ejercidos y los que en este momento se ejercen en la construcción de la Línea 7 del Metrobús”.

Si uno analiza el último informe trimestral de finanzas públicas y la Cuenta Pública de la Ciudad de México, se han utilizado recursos de deuda de la Línea 7, que en este caso es federal también y del Fondo de Capitalidad para la construcción del Metrobús, cuando hay evidentes problemas de planeación.

Ayer se hace público el hecho de que el INA no autorizó de manera adecuada la obra, entonces, me parece que también es importante que haya una revisión del ejercicio de los recursos para tener certeza de que estos problemas de planeación no hayan afectado a la obra.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Solicito a la Secretaría dé cuenta de la propuesta de modificación al punto de Acuerdo presentada por el Diputado Vidal Llerenas.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Con gusto, señora Presidenta.

En caso de que esta fuera aprobada, sería agregar un tercer resolutivo que dice: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones audite los recursos federales ejercidos y los que en este momento se ejerzan en la construcción de la Línea 7 del Metrobús”.

Esa es la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el Diputado Vidal Llerenas.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Mayoría por la negativa, señora Presidenta. No se admite.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha la propuesta de modificación presentada por el Diputado Vidal Llerenas.

Y para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Hablar sobre la Línea 7 del Metrobús, una línea que ha sido muy polémica en la Ciudad de México, en los últimos días ha habido cuestionamientos importantes.

Recordar que el Paseo de la Reforma se considera la avenida más importante de la ciudad, la avenida más emblemática de nuestra querida ciudad, no nada más a nivel nacional así es considerada, sino también a nivel internacional.

Quiero destacar que dentro de esta avenida, a lo largo de esta avenida, se encuentran importantes edificios, importantes monumentos, es un icono para la cultura en nuestra ciudad. Está el monumento a “Cristobal Colón”, el monumento a “Cuauhtémoc”, la fuente de “La Diana Cazadora”, “El Ángel de la Independencia”, se ha convertido en un punto importante de grupos financieros de México, un lugar singular para llevar a cabo diversas celebraciones a lo largo de la semana, y por qué no decirlo, un sitio en donde se llevan a cabo diversas manifestaciones, en el Paseo de la Reforma.

A lo largo del tiempo hemos presentado diversos puntos de Acuerdo que tiene que ver con la realización de la Línea 7 del Metrobús, un tema sensible, incluso tuvimos aquí en el Senado de la República al director del Metrobús, al encargado de esta Línea 7 y le hicimos saber, le hicimos notar muchas de nuestras preocupaciones.

Y esto va de la mano con la suspensión definitiva que concedió un juez y que pudimos conocer ayer a través de los medios de comunicación.

Y quiero compartirles que los argumentos que presentó este juez, prácticamente son los mismos argumentos que venimos señalando desde hace tiempo.

Quiero decir también, porque nosotros, el Partido Acción Nacional ha sido impulsor de líneas de Metrobús en algunos estados de la República, hemos tenido aquí en la ciudad a expertos en el tema de Colombia y de otros países, hemos debatido en diferentes mesas la necesidad de poder tener movilidad en las zonas metropolitanas, nuestro país cuenta con 59 zonas metropolitanas y se convierte en una forma de trasladarse de manera eficaz.

Con esto quiero compartir que no estamos en contra de las líneas del Metrobús en la ciudad, estamos en contra de la manera en que algunas de ellas se han implementado; no es un proyecto hoy que haya garantizado mejoras si pensamos en movilidad, hablando concretamente del Paseo de la Reforma, ni tampoco en la reducción de contaminantes.

Reduce un carril y ustedes lo habrán notado, y ahora es muy complicado transitar por Paseo de la Reforma y de aquí también señalar que el Paseo de la Reforma, la obra estará detenida hasta el 4 de julio por lo menos, esto sí va a afectar la movilidad de los capitalinos.

¿Qué va a pasar? Estaremos atentos a lo que ocurra. Pero no quiero dejar de señalar e insistir en la afectación de muchas de estas obras, concretamente al medio ambiente.

Por esta obra de la Línea 7 del Metrobús se estarán derribando 660 árboles, ¿esto qué quiere decir? Tendremos todavía menos árboles en nuestra ciudad.

De 2012 a la fecha, por diferentes obras en la ciudad, hemos perdido 18 mil árboles, esto debiera ser completamente alarmante porque ustedes saben las condiciones en cuanto a calidad del aire se refiere con las que hemos vivido en la zona metropolitana del Valle de México.

Y un punto importantísimo es el tema de la consulta ciudadana. Desafortunadamente no se ha escuchado a los vecinos, desafortunadamente, lo digo así, porque hemos sido insistentes con el gobierno de la ciudad, de poder escuchar a las diferentes voces, poder escuchar lo que opina la gente y no dejar hasta este momento, cuando decide un juez conceder esta suspensión definitiva, el debate.

Sí creo que se debió haber debatido hace mucho tiempo, antes de comenzar la obra, e insisto, lo hicimos aquí y abrimos las puertas del Senado para escuchar a las diferentes voces.

Entonces, resumiría en tres puntos la preocupación: El impacto vial, la imagen urbana y el impacto ecológico, el impacto en materia de medio ambiente.

Y quiero hacer una propuesta a esta Comisión Permanente y entregaré por escrito a la Presidenta de la Mesa, que tiene que ver con incluir en el Primer Resolutivo:

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias Polanco, Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes, afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe.”
Y segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que informe de las acciones respecto del cumplimiento a la suspensión decretada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, así como del restablecimiento de las vialidades correspondientes.

El agregado que proponemos a ustedes es poder incluir a las colonias que han levantado la voz para que puedan ser incluidas en las mesas de diálogo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gómez del Campo. Permítame Senadora, por favor, su propuesta.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación del punto de Acuerdo presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien, señora Presidenta.

Vamos a leer primero con todo y el agregado. Aquí lo que se agregó fue una lista de colonias.

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias.

Y ahí entra: Polanco, Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe.

Ese sería el contenido de la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta su incorporación al dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la incorporación al dictamen leído. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite que se anexe al dictamen, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se incorpora al dictamen al propuesta de modificación presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Tiene, a continuación, el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señora Presidenta.

Quiero agradecer el tono de la solicitud, muy correcta, que hace la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Es absolutamente correcto que se solicite diálogo, comunicación con los vecinos; es necesario y es bueno que se consulte a los vecinos, que se les dé toda la información que exista, porque se trata, además, de una obra necesaria en la ciudad, y se tiene toda la información para convencer a los vecinos de la importancia de esta obra, es una obra donde, primero, se va a priorizar el transporte público.

Decía la Senadora, y esa es la característica de los metrobuces en todo el mundo, se confina un carril, lo cual significa que se disminuye el número de carriles para los autos privados, pero justamente esa es la finalidad de los metrobuces: reducir el número de carriles, confinar el transporte público, porque ahorita, en esa zona donde se beneficia, donde hay un transporte de más de 130 mil usuarios, cero carriles para el transporte público y todos los carriles para el transporte privado.

Nosotros tenemos que incentivar el uso del transporte público y reducir el uso del automóvil, en la medida en que tengamos un transporte público de calidad, todos vamos a querer usarlo y vamos a dejar a un lado nuestro coche. Se tiene que hacer esta transición.

Vamos atrasados en la ciudad, es una transición planteada firmada por presidentes, por jefes de gobierno y va muy lenta. Se ha venido haciendo, pero ha sido sumamente lenta.

Si tenemos que incentivar el uso del transporte público, porque es una necesidad en todas las megalópolis y en todas las ciudades, más aún porque se requiere una mejor movilidad en esta ciudad y en las zonas metropolitanas, entonces, no paremos obras importantes y necesarias, pero sí demos toda la información, hasta dejar satisfecha a la población, que requiera, y no boicotear obras indispensables en esta ciudad, que además tienen una planeación de hace 20 años a la fecha, e insisto, se vienen haciendo poco a poco.

Esta línea del metrobús va a beneficiar a 130 mil usuarios de autobuses muy contaminantes. Se trata de quitar 180 autobuses viejos contaminantes, desordenados, que se van a sustituir por 90 autobuses de doble piso, con muy bajas emisiones y con tecnología de punta. Esto implicaría que van a disminuir anualmente 19 mil toneladas de gases invernadero, eso es un compromiso con el cambio climático que el gobierno de la Ciudad de México quiere cumplir.

También implica la reducción del 40 por ciento en traslados de los usuarios y hace 100 por ciento accesibles a las personas con discapacidad que también tiene ese derecho y que no hay transportes especializados o accesibles para las personas con discapacidad.

Quisiera hacerme eco de lo que Greenpeace y Fundar han comentado en diversos análisis.

¿Qué hacen estas organizaciones autorizadas? Estas organizaciones son especialistas en la materia, son conocedoras de la materia, son ambientalistas y se han estado auditando por sí solas para que esta línea no falte con ninguno de los objetivos que defiende Greenpeace o que defiende Fundar, como la transparencia en el uso de los recursos. Estas organizaciones han dicho que la información presentada por Ojeda Mestre no es suficientemente sólida para reclamar las afectaciones que se dice que afectan: No va a afectar ningún monumento histórico, no va a afectar ninguna estructura urbana, no va a afectar ningún vestigio histórico.

Los únicos árboles que se van a quitar están clasificados y validados para quitarse y se van a plantar; por cada uno se van a plantar 300 árboles, estas organizaciones también van a vigilar, y que bueno que se sumen otros vecinos para que se vigile que esto se haga, porque también es un compromiso con el medio ambiente.

Hay una audiencia jurídica, jurídicamente se verá la legalidad de las cosas, yo no puedo saberla, no he leído esos documentos, no quiero hablar de lo que no he leído, pero sí quiero decir que esta obra es sumamente importante para la ciudad y conminaría a que se vote a favor del punto de Acuerdo que se solicita, porque se requiere informar suficientemente de obras buenas y de trabajos importantes, necesarios que hace el gobierno de la Ciudad de México.

Y también es necesario escuchar a los vecinos sus opiniones, consultarles a los vecinos que quieren información.

Entonces, es correcto el punto de Acuerdo, pero también es muy necesaria esta obra y no está dañando absolutamente ninguna de las preocupaciones, dicho esto por personas autorizadas.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna.

En consecuencia y agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el punto de Acuerdo con las modificaciones presentadas y aprobadas por la Asamblea. Comuníquese.






Pasamos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo, y tiene la palabra el Diputado Javier Neblina Vega, a nombre de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del estado de Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades de la elección de gobernador de dicha entidad.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras legisladoras, señores legisladores:

Al Tribunal Electoral del estado de Coahuila le estamos haciendo la solicitud mediante este punto de Acuerdo, para que de forma respetuosa escuche a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades documentadas en la elección de gobernador de dicha entidad, de Coahuila.

El 4 de junio, como sabemos, se llevarón a cabo elecciones para gobernadores en distintas entidades de la República, entre ellas el estado de Coahuila, a la cual me voy a referir.

Desde el inicio de las campañas electorales se documentó, en algunos medios, situaciones antidemocráticas de corrupción en esa entidad.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Torreón una bodega con 13 mil colchas, 1,500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de seis mil productos de limpieza personal para hombres y mujeres.

En sí, los artículos como promoción al voto no es lo malo si así hubiera sido por una aportación de los propios simpatizantes del candidato del PRI. El grave problema es que esos artículos habían sido entregados por el Fondo de Desastres Naturales al candidato del PRI cuando éste era alcalde de Torreón.

El Instituto Electoral Local tuvo diversas fallas en su conteo, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Cabe mencionar que el Instituto Electoral de Coahuila, con acuerdo de todos los partidos políticos, había anunciado que, aproximadamente, a la media noche de esa jornada electoral tendrían los resultados del conteo rápido; sin embargo, no emitió los resultados, argumentando que la contienda era reñida.

Pese a ello, con la existencia de los partidos principalmente de oposición, a las dos de la mañana se dieron a conocer los resultados del conteo rápido, dando una ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya.

Si bien es cierto que el conteo rápido es un dato estadístico, también sabemos que tiene una alta eficiencia de probabilidad de más del 95 por ciento y estaba dando como posible ganador al candidato Guillermo Anaya.

Como interesado de los comicios en las diversas entidades federativas, escuchaba ese día en televisión cuando el Presidente del Instituto Electoral del Estado de México anunciaba precisamente el resultado del conteo rápido y ponía al candidato del PRI con una ligera ventaja y escuché en televisión cómo muchos de los simpatizantes de ese candidato ovacionaban con aplausos que tuvieron que ser silenciados a petición del propio Presidente; es decir, reconocían los priístas la eficiencia de este dato estadístico de resultado preliminar del conteo rápido.

Cosa curiosa que en Coahuila a pesar de esta posible victoria de esta situación, después cambió, y vienen entonces las muchas dudas que tenemos no solamente quienes militamos en el Partido Acción Nacional, sino principalmente los propios habitantes de Coahuila.

Es extraño que en todas las entidades federativas, no solamente de esta jornada electoral sino también en el pasado, por la confianza que se le tiene a la institución del Ejército, son quienes custodian que nada salga, ni que nadie entre donde están los paquetes electorales en el estado de Coahuila, quien custodió fue Fuerza Coahuila, la policía de ese estado donde aparentemente, donde presuntamente y casi con toda certeza, permitieron que ingresaran personas, que ingresaran documentos.

Se tiene evidencia documental con videos donde, en estos lugares, debieron estar sellos para llegar el día del conteo, el día del cómputo, esos sellos ya no existían, y en los casos donde sí existían estos sellos, resulta que había ventanas abiertas o había otras puertas donde presuntamente entonces ingresaron las personas para sacarles votos a la oposición y para depositarle votos al candidato del PRI.

En el pasado había compra de votos, lamentablemente ese sistema antidemocrático no solamente se repite sino que el priísmo innova, porque además de la compra de votos, como dije en un principio, con recursos públicos, ahora también involucran a la fuerza pública, involucran a funcionarios electorales.

El PREP se detuvo mañosamente apenas cuando tenía un 70 por ciento aproximadamente de conteo y faltaban todavía por registrarse o contabilizarse más de 400 mil votos y ese fue el único estado donde ocurrió esta parte.

Incluso en Veracruz, en Coahuila, con listas nominales mucho más grandes, con muchos más paquetes electorales sí se llegó acerca del 95 por ciento del conteo.

Por esa razón, estamos solicitando que este punto de Acuerdo el día de hoy pueda ser aprobado y donde principalmente estamos solicitando como punto Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del estado de Coahuila a que considere las observaciones señaladas por diversas organizaciones de la sociedad civil, derivadas de las irregularidades en las elecciones de dicha entidad.

Muchas gracias, por su atención.

Es todo.

Para hablar de irregularidades en el proceso de Coahuila no bastan cinco minutos, hay mucho más que decir.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA A ESCUCHAR A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES EN TORNO A LAS IRREGULARIDADES EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE DICHA ENTIDAD  conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de Junio se llevó a cabo las elecciones para gobernadores en distintas entidades de la república mexicana entre ellas en el Estado de Coahuila. Entre los cargos de elección popular de dicho Estado que se votaron fueron Gobernador, 38 ayuntamientos y 25 diputaciones del Congreso local. Se presentaron diversas coaliciones y partidos, que entre los principales estuvieron: Coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila" con: Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila y Partido Encuentro Social;  Coalición "Por un Coahuila Seguro" integrado por: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular. Asimismo, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento de Regeneración Popular.

De dichos comicios, fue electo como gobernador Miguel Ángel Riquelme, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, mismo que cabe mencionar que lleva gobernando Coahuila 88 años. Lo que ha generado grandes inconformidades por parte de sus habitantes, aunado al hecho de que el proceso de campaña se vio envuelto por diversas irregularidades, por mencionar algunos: de acuerdo a datos proporcionados  por el diario “Proceso”, señala que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la Republica, aseguró en la ciudad de Torreón una bodega con 13 mil colchas, 1,500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de seis mil productos de limpieza personal para hombres y mujeres, un gran número de artículos que fueron repartidos para apoyar la campaña a la gubernatura de Miguel Ángel Riquelme y otros candidatos del PRI en Coahuila, dichos artículos habían sido entregados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales  al Candidato del PRI en la época que Riquelme era alcalde de Torreón.

Asimismo, durante el proceso electoral en Coahuila, el Instituto Electoral local, recibió críticas después de las fallas en el Programa de Resultados Preliminares y la diferencia entre el conteo rápido y el mismo avance del PREP.  Cabe mencionar que, el Instituto Electoral de Coahuila había anunciado que se darían a conocer los resultados de un conteo rápido a la una de la mañana del día 5 de junio; sin embargo, no emitió los resultados argumentando que la contienda era reñida. Pese a ello, después de las dos de la mañana, se dieron a conocer los resultados del conteo rápido, dando una ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato del Partido Acción Nacional y de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas. No obstante, el conteo rápido únicamente incluyó 379 casillas, cuando se había anunciado previamente que sería de 649 casillas, es decir, sólo se incluyó el 54 por ciento.

Al día siguiente, el PREP se detuvo prácticamente antes de las 11 de la mañana, cuando apenas se habían contabilizado el 71.9 por ciento de las casillas, por lo que faltaban alrededor de 400 mil votos por contabilizarse.

Posteriormente, de acuerdo a los resultados del PREP, el candidato del PRI y  la Coalición por un Coahuila Seguro, mantenía una ventaja de 1.5 por ciento. Más tarde se reveló que 494 actas de las 3 mil 628, presentaban algún tipo de   inconsistencia. Asimismo, se confirmó que cuatro paquetes electorales habían sido destruidos durante actos violentos, dos en Acuña, uno en San Juan de Sabinas y otro en Saltillo.

A pesar de ello, el pasado 11 de junio el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) entregó constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solís de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, que lo acredita como gobernador electo. Según el cómputo final, el priísta Riquelme ganó por 30 mil 860 votos (2.44 por ciento), al panista Guillermo Anaya Llamas, candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila. Riquelme obtuvo 482 mil 891 votos, el 38.19 por ciento, y Anaya 452 mil 031, es decir, el 35.74 por ciento, con una participación ciudadana del 61.26 por ciento.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

II.- Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los  estados  adoptarán,  para  su régimen  interior,  la  forma  de  gobierno  republicano,  representativo, democrático,  laico  y  popular,  teniendo  como  base  de  su  división  territorial  y  de  su  organización política y administrativa, el municipio libre.

III.- Conforme al artículo 25 A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila El   Tribunal   Electoral   es   un   órgano   especializado   del   Poder   Judicial,   dotado   de   autonomía, independencia y plena jurisdicción, en los términos que establece el artículo 136 de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables.

IV.- Conforme al artículo 25 B de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, le corresponde al Tribunal Electoral:

I. Conocer y resolver de los asuntos de su competencia en los términos previstos por el artículo 136 de la Constitución Política del Estado y demás leyes aplicables.

II. Dictar, en la esfera de su competencia, las providencias necesarias para que la administración de la justicia electoral sea eficaz, pronta y expedita.

III. Calificar los impedimentos, las recusaciones y las excusas de los magistrados del Tribunal Electoral, en los asuntos de su respectiva competencia.

IV. Elegir, en escrutinio secreto, al Presidente del Tribunal Electoral.

V. Proponer al Consejo de la Judicatura la designación del personal del tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables.

La propuesta de los secretarios de estudio y cuenta la harán los magistrados a los que hayan de estar adscritos, de entre la lista que figure en la reserva judicial de su materia.

VI. Proponer al Consejo de la Judicatura el personal judicial que se haga acreedor a recibir estímulos y recompensas.

VII. Conceder licencias económicas al personal de su adscripción, con goce de sueldo o sin él, de más de cinco y hasta por quince días. Toda solicitud de licencia requiere causa justificada y las de los Secretarios de Estudio y Cuenta además, autorización del magistrado al cual estén adscritos.

VIII. Proponer al Consejo de la Judicatura, el proyecto del Reglamento Interior del Tribunal Electoral y demás acuerdos generales para regular su organización y funcionamiento interno.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila a que considere las observaciones señaladas por diversas organizaciones de la sociedad civil, derivadas de las irregularidades en las elecciones de dicha entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República,
el 14 de junio de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Neblina Vega. Se turna a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos destinados por el gobierno del estado a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

Aquí hemos venido a escuchar recurrentemente el tema de la transparencia, el tema de no uso de los recursos públicos para propósitos políticos, y un escándalo mayúsculo es el que tiene que ver con el gobierno de Guanajuato.

No, no, habían de ver, yo ayer estuve todo el día en Guanajuato, habrían de ver qué bien está la precampaña sola que está haciendo el Secretario de Desarrollo Social de Guanajuato, miles de millones de pesos con dos programas que trae. Un programa que se llama Red Móvil, pues que le arrebata todos los programas al gobierno del estado y va y los entrega él, es el DIF, es Desarrollo Social, bueno, no saben todo. Pero inventaron uno nuevo que se llama Impulso Social, y por ahí se está yendo la lana que ha aumentado el gobierno del estado para el tema de comunicación, la cifra es escandalosa.

Pero además están solitos, nadie habla de juicio político, nadie habla de qué está pasando ahí, diluyen cualquier recurso que tenga que ver. Una carretera, no, pues es el gobierno del estado, y entonces con un sello de agua aparece por allá el gobierno de la República.

Nosotros queremos que la Auditoría entre, ¿qué Guanajuato es nación panista? Pues habría que ver.

En este momento, en donde nosotros sí creemos en la democracia y no nos andamos enredando, porque quiero decirles que yo los escucho cuando hablan del tema electoral, la reina de todas las pruebas son las actas electorales, ¿saben por qué? Porque ahí firma todo mundo, qué difícil es un fraude.

El tema es claro, a ver, permítanme, ustedes agarraron como la historia del elefante y el gusano, agarraron cualquier rendija para venir a hablar de lo que quisieron. Ahora denme chance, ya hablaron 80, yo soy una nada más, denme chancita, ustedes agarraron un tema de anticorrupción y le metieron, nadie les dijo absolutamente nada.

Permítanme decirles a ustedes que nosotros estamos pidiendo que la Auditoría Superior del estado de Guanajuato, pues le eche un vistazo, están solitos, destinando, desviando, preparando a Diego Sinhue, el Secretario de Desarrollo Social, y humano como el gran candidato de Guanajuato, ¡ah!, pero con un problemita que tiene, son recursos públicos, a luces de todo mundo, no crean que se esconde, no andan haciéndolo, así como vinieron a decir aquí, que había un almacén con despensas, pues pruébenlo, qué no nos dimos instituciones, hay que probar lo que venimos a decir aquí, y ya dejemos de estar hablando de un tema que dice, que le tenemos miedo al debate, claro que no, la sesión pasada dos horas y media, pues nos dijimos de todo, dos horas y media, pero además vamos a seguir diciendo.

Si el presidente del PAN, Anaya, quiere mediatizar el tema, pues porque está más muerto que nada, o sea, no trae nada, alguien que le avise que no puede.

La propia Margarita Zavala le dio el diagnóstico de muerte que tiene en política, y dicho en la boca de Margarita Zavala, no, pues tiene un valor agregado; que lo diga yo, pues no sirve, pero Margarita Zavala tiene varias cosas que la hacen decir lo que ve dentro del PAN, y lo que ve adentro del PAN es que como perdieron las dos elecciones y ganaron Nayarit, el PRI no ha dicho absolutamente nada porque nosotros somos respetuosos.

Me regreso al tema, te quiero Pedraza, me regreso al tema, vigilen Guanajuato por favor, está solo y haciendo lo que le da la gana.

Chequen ustedes la partida de comunicación que tiene, pues hasta el Rincón del Beso pues ya lo borraron, pero pues porque el tema es electoral, y estamos adelantando.

¿Qué quiero decir con esto? Que no estemos escupiendo para el cielo, nos puede caer la saliva en la cara.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes inherentes a la gobernabilidad democrática, de allí la pertinencia del presente punto de acuerdo.

El artículo 134 de nuestra Constitución Política, establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. [*]

El párrafo séptimo señala que “Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Mientras que el párrafo octavo del mismo artículo menciona “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, denerán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propagada incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, menciona que “La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de la fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo”. [*]

En general, la Auditoría tiene entre sus principales funciones, las siguientes: Analizar, evaluar y comprobar las cuenas públicas; conocer, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera de los sujetos de fiscalización; investigar los actos u omisiones que pueden constituir daños o perjuicios a la hacienda o patrimonio públicos; acordar y practicar auditorías; verificar el exacto cumplimiento y apego a la legislación y normatividad aplicable, por parte de los sujetos de fiscalización; dictaminar los daños y perjuicios causados a la hacienda o patrimonio público; dictaminar la probable responsabilidad y promover el fincamiento de sanciones; e informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización.

Por último, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, reafirma las anteriores competencias de la Auditoría Superior y establece los principios fundamentales de la fiscalización [*].

Pese a este importante marco legal, de acuerdo con diferentes medios periodísticos, el gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha destinado 723 millones 737 mil 855 pesos al gasto de publicidad y medios de comunicación durante sus primeros cuatro años de gestión.

Basta señalar que tan solo entre 2015 y 2016, el gasto en medios ascendió a 235 y 223 millones de pesos, respectivamente, superando de manera notable el promedio de los ejercicios anteriores. [*]

De continuar con esta tendencia creciente, el gasto en dicho rubro prodría alcanzar los mil millones de pesos al final de su administración, cifra ligeramente por debajo de los mil 200 millones de pesos erogados por su antecesor, Juan Manuel Oliva.

Según los propios medios, los erogado a la fecha en “imagen” del gobierno y del mandatario equivale al recurso necesario para la construcción de la Brigada Militar de Irapuato, la cual es de poco más de 400 millones de pesos, así como lo asignado para 2017 al rubro “Guanajuato Seguro” que atiende la Dirección General de Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, al que se le destinó un total de casi 384 millones de pesos.

Para poner este asunto en su justa dimensión, cabe apuntar que, en promedio, cada año del actual gobierno, se han canalizado 183 millones 184 mil pesos a publicidad y medios de comunicación; tan solo la cifra erogada en 2016 fue de 223 millones 566 mil 966 pesos, cantidad muy superior a la erogada en 2013, del orden de los 88 millones.

Fue precisamente en el 2015 cuando el gobierno de Márquez Márquez realizó mayor gasto en publicidad, alcanzando un monto de 235 millones 575 mil 037 pesos, y fue también el año en donde se pagó mayor monto a mendios nacionales.

Durante el periodo 2012-2016, el gasto total en publicidad y medios sumó 909 millones 398 mil 866 pesos. Sin duda, se trata de un dato preocupante considerando los graves rezagos que aún persisten en la entidad.

No es de extrañar el aumento permanente del gasto en dicho rubro, sobre todo, considerando que Miguel Márquez figuró como uno de los posibles aspirantes a candidatos del PAN a la presidencia de la República para el 2018, por lo que su presencia en medios nacionales se volvió común e incluso participó en diversos debates en medios televisivos durante el proceso electoral de 2016.

En ese año, el gasto en publicidad totalizó 12 millones 344 mil 580 pesos, para alcanzar 44.6 millones invertidos en medios nacionales desde 2012 a la fecha.

Resulta a todas luces evidente que el gobernador Miguel Márquez Márquez privilegió su agenda personal y aspiraciones políticas, por encima de los principales problemas que aquejan a todos los guanajuatenses, sobre todo, en materia de inseguridad, la cual ha aumentado permanentemente en la actual administración, en perjuicio de la paz y el orden en la entidad, y del patrimonio e integridad de la población.

El ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, a fin de recuperar la credibilidad en las instituciones y las autoridades en sus diferentes niveles, en beneficio de todos los ciudadanos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el aumento sistemático de los gastos en publicidad y medios de comunicación del Gobierno del Estado de Guanajuato son inadmisibles, sobre todo, si consideramos la serie de problemáticas que persisten en la entidad y que impiden garantizar de manera plena derechos fundamentales de la población como la seguridad pública, educación y salud, principalmente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fiscalizar los recursos destinados por el Gobierno del Estado de Guanajuato a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente.

[*] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
[*] http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/1/CONSTITUCION_POLITICA_PARA_EL_ESTADO_DE_
GUANAJUATO_PO_04Abr2017.pdf
[*] http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/143/Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_REF_P.O._
28Oct2016_FedeE_02dic2016.pdf
[*] http://www.sinembargo.mx/24-05-2017/3178501

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a la Tercera Comisión.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se le solicita un informe sobre los acuerdos que suscriban diversas Secretarías de Estado con sus contrapartes de Estados Unidos de América en la reunión a celebrarse este día.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Este tema es muy importante, por fin llegó a los medios de comunicación mexicanos, pero solamente lo estábamos viendo en informaciones de medios extranjeros.

El primero de febrero pasado, un despacho de la agencia Reuters, informó que funcionarios de defensa de Estados Unidos se reunieron con la delegación de México en Tapachula, en la zona de la frontera con Guatemala, para discutir iniciativas de seguridad.

Entre los asistentes estuvieron Lori Robinson, Jefa del Comando Norte estadounidense; Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur; Roberta Jacobson, Embajadora de Estados Unidos en México, y por México asistió Socorro Flores, Subsecretaria para América Latina y El Caribe.

Reuters dice en sus reportes que la reunión se centró en el compromiso de México para asegurar su frontera sur y mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los migrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos a Estados Unidos. No a México sino a Estados Unidos.

A partir de hoy, 14 de junio hasta el 16 de junio las Secretarías de Defensa y Marina de México participarán en una reunión que se va a llevar a cabo en Miami, en la sede del Comando Sur.

El Senado de la República no ha recibido ninguna información al respecto y menos aún la tiene la ciudadanía. Es un tema delicadísimo.

Ahí se va a lanzar un nuevo Plan Pentágono para Centroamérica.

En la página web del departamento de Estado se informa que se reunirá un grupo muy diverso de líderes gubernamentales y empresarios de Estados Unidos, México, Centroamérica y otros países para discutir los desafíos y oportunidades en economía, seguridad y gobernabilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras.

A pesar de la escasa información disponible sobre este evento, se sabe que el general John Kelly, Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, busca reorientar la alianza de la era de Obama sin un incremento grande en el financiamiento de Estados Unidos a México, y presionar a nuestro país a tomar más responsabilidad para la gobernabilidad y seguridad en Centroamérica, buscando inversiones frescas en la región. Dicho en otras palabras, que México siga siendo la Border Patrol o patrulla fronteriza de Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país y que haga mejor este trabajo.

El mismo cable de la agencia Reuters con esta información reportó que la fuente diplomática mexicana al respecto en esa reunión dijo que queremos estar en buenos términos con ellos, es decir, con el gobierno de Donald Trump, porque están en puerta muchos temas importantes con ellos.

No dudo que haya temas muy importantes que platicar con el gobierno de Estados Unidos, en particular la renegociación del Tratado de Libre Comercio que, por cierto, es un tema que dejó fuera a los migrantes, y es un tema que se volvió una tragedia humanitaria, que por más de dos décadas ha significado que millones de personas en su paso por nuestro país sufran de violaciones a sus derechos humanos.

La reunión que se celebrará en Miami tiene antecedentes que nos indican que México se está alineando a una estrategia de remilitarización planteada por el gobierno de Donald Trump. No debemos olvidar que el Presidente de Estados Unidos llegó a plantear que sus marines podían venir acá, dada la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado.

En abril pasado, tras una reunión de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala, Juan Manuel Pérez, informó de acuerdos entre representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México para intercambiar información e inteligencia y estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción en el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur.

¿Toda esa información, si la sabe Guatemala, por qué no la tenemos en México?

Si no tenemos esta información, pareciera entonces que ante la imposibilidad de construir un muro físico en la frontera norte, entonces ahora México sí acepta construir en la frontera sur, que el gobierno de Donald Trump venga a mandar en nuestro territorio.

Poner un muro de contención de las fuerzas militares que cuenta con el aval, con la aquiescencia del gobierno mexicano.

El general guatemalteco estaba muy feliz, se ve en el video, de instalar una base militar en esa zona. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en instalar bases militares de Estados Unidos en territorio mexicano. México no puede aceptar eso, debemos revisar a fondo.

Y para respetar el tiempo, diría solamente que la vía de la militarización no está destinada evidentemente, a combatir el crimen ni los delitos, sino se establece para desalentar y para criminalizar a miles de personas que huyen de sus países por necesidad y el derecho al refugio es violentado todos los días a pesar que lo establece nuestra Constitución.

Militarizar nuestras fronteras sólo ha traído violaciones a los derechos humanos en desplazamientos de personas que radican en nuestras franjas fronterizas.

México no puede, no debe seguir pagando los costos de una estrategia que fue ideada o impuesta por Estados Unidos, los acuerdos con países extranjeros, en particular con Estados Unidos, debe conocerlos el Congreso de la Unión.

Ante esto, se solicita a los titulares de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Marina, un informe detallado sobre los Acuerdos que suscriben con sus contrapartes en Estados Unidos, principalmente en la reunión que sostendrán mañana en Miami, Estados Unidos. Asimismo se exhorta a garantizar que la colaboración entre ambos países se dé en el marco de respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a nuestra soberanía.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y MARINA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS ACUERDOS QUE SUSCRIBEN CON SUS CONTRAPARTES DE ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALMENTE EN LA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS EL 14 DE JUNIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En su reciente visita a la República de Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno protege los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por nuestro territorio.

Sin embargo no hay ninguna evidencia de que eso ocurra. Por el contrario, durante este sexenio se han multiplicado las vejaciones, los maltratos y las agresiones en contra de los ciudadanos de América Central que buscan llegar a la frontera norte o, sencillamente, escapar de la violencia en sus respectivos países.

En materia de derechos humanos de los migrantes, el gobierno de Peña Nieto no tiene nada que presumir. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han mantenido en los mismos números en los años recientes (17 y 16 en 2015 y 2016, respectivamente), en tanto que los informes de la Auditoría Superior de la Federación han dejado claro que el Instituto Nacional de Migración no cumple con su misión expresa de proteger a las personas en tránsito.

Sobre esta situación sobran evidencias en los testimonios que recogen los medios y los organismos de derechos humanos, e incluso en los números oficiales.

Apenas en febrero pasado, el secretario de Gobernación aseguró, en una entrevista, que los ciudadanos centroamericanos “han dejado de sufrir todo lo que padecían… todo tipo de delitos”. 1

Se trataba de otra mentira más, en la misma línea del discurso del presidente en Guatemala. Según un recuento del portal Animal Político, a partir de cifras oficiales de las procuradurías locales de los estados que sirven de entrada al país, los delitos en contra de los migrantes crecieron entre 200 y 900 por ciento. En 2016, el año que presumía Osorio Chong, se cometieron más delitos en contra de personas migrantes que la suma de todos los cometidos en 2013 y 2014.2

Envuelta en una retórica de derechos humanos, eficaz para la propaganda pero cruel en la realidad, la política migratoria de este gobierno se resume en un dato que debería avergonzarnos como país: deportamos a más ciudadanos centroamericanos de los que deporta Estados Unidos.

En materia migratoria, el gobierno de Peña Nieto ha convertido a nuestro país en el “deportador en jefe”, como ha señalado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

En los hechos, Peña Nieto ya ha construido parte del muro de Donald Trump, aunque no con planchas de acero o de concreto, sino apretando los controles migratorios: en 2010, México deportó a 62 mil 788 migrantes centroamericanos. En 2016, los deportados fueron 117 mil 990. Esas 55 mil personas más no hablan del compromiso de Peña con los migrantes y sus derechos, sino de su obediencia a las instrucciones de Washinton. (Los datos de deportaciones están contenidos en el Anuario de migración y remesas 2016, Segob/ Consejo Nacional de Migración/ Fundación Bancomer).

Muchos de los migrantes en tránsito son, en efecto, víctimas del crimen organizado e incluso de la delincuencia común. Sin embargo, cada vez más las agresiones provienen de autoridades de todos los niveles.

El 1 de febrero pasado, un despacho de la agencia Reuters, informó que “funcionarios de defensa de Estados Unidos se reunieron con una delegación de México en la sureña ciudad de Tapachula, sobre la frontera con Guatemala, para discutir iniciativas de seguridad”.

Entre los asistentes estuvieron Lori Robinson, jefa del Comando Norte estadounidense, y Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, además de la embajadora Roberta Jacobson y, del lado mexicano, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores.

Una de las fuentes de la agencia Reuters dijo que “la reunión se centró en el compromiso de México de asegurar su frontera sur para mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los inmigrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos a Estados Unidos”.

A partir de mañana 14 de junio, según otro despacho de la misma agencia, las secretarías de Defensa y Marina de México participarán en una reunión en Miami, en la sede del Comando Sur. Luego del discurso inaugural, que correrá a cargo del vicepresidente Mike Pence, será lanzado el nuevo Plan Pentágono para Centroamérica, con la participación de presidentes y observadores de varios países de la región.

En la página del Departamento de Estado se informa que se “reunirá un grupo diverso de líderes gubernamentales y empresarios de EEUU, México, Centroamérica y otros países para discutir los desafíos y oportunidades en economía, seguridad y gobernabilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

A pesar de la escasa información disponible sobre este evento, se ha sabido que el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, “busca reorientar la alianza de la era de Obama sin un incremento grande en financiamiento de los Estados Unidos (y) presionar a México a tomar más responsabilidad para la gobernabilidad y seguridad en Centroamérica, y buscando inversión privada fresca para la región”. En buen castizo: queremos que México siga siendo nuestra border patrol y que haga mejor su trabajo.

El mismo cable de la agencia Reuters con la información citada arriba, reportó que una fuente diplomática mexicana dijo al respecto: “Queremos estar en buenos términos con ellos (el gobierno de Trump) porque estamos manejando un tema mucho más importante”.3

El tema “mucho más importante” es, claro, la renegociación del TLC, un tratado comercial en el que Carlos Salinas aceptó dejar fuera a los migrantes. Tal es la fuente de origen de la tragedia humanitaria que ya por más de dos décadas ha significado para millones su paso por nuestras fronteras o nuestro territorio.

La reunión que se celebra en Miami tiene antecedentes que nos indican que México se está alineando a una estrategia de remilitarización planteada por el gobierno de Donald Trump. No debemos olvidar que el presidente de Estados Unidos llegó a plantear que sus marines podían venir a México, dada la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado.

En abril pasado, tras una reunión de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, informó de acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”.4

La imposibilidad de construir un muro físico en la frontera sur mexicana ha llevado al gobierno de Trump a buscar una alternativa: un “muro” de contención con fuerzas militares que cuenta, según las evidencias disponibles, con la aquiescencia del gobierno mexicano.

El general guatemalteco Pérez, feliz con la idea de que el Comando Sur instale una base en la zona, celebró que la colaboración con los militares estadounidenses haya permitido identificar “una ruta de inmigrantes indocumentados que pasa por el norte del Petén” y dijo que los intercambios con ellos son “estratégicos y claves para afinar los mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de ganado, la utilización de personas para el paso de la droga.”

El “grupo de tarea” estadounidense tiene antecedentes en la zona. Hacia 2013 ya habían fracasado, por ejemplo, planes similares en Tecún Umán, Guatemala, y en Chortí, en la frontera Guatemala-Honduras. En el primero, las inversiones estadounidenses ascendieron a 22 millones de dólares y en el segundo a 13.5 millones. En ninguno de los dos casos se registraron descensos en el contrabando de drogas.

La vía de la militarización, evidentemente, no está destinada prioritariamente a combatir delitos, sino a desalentar y criminalizar a los miles y miles de personas que huyen de sus países por necesidad, en muchos casos para salvar sus propias vidas en contextos de violencia imparable. El derecho al refugio es violado todos los días.

Un importante grupo de organizaciones defensoras de migrantes, agrupadas en Voces Mesomericanas, han alertado sobre los intentos de militarización de la región fronteriza “pues advierten que conllevaría graves riesgos y violaciones a los derechos humanos como la que en apariencia ya inició, con los primeros desplazamientos de indígenas que habitan la parte selvática de El Petén”. Se trata, sostienen, de un enfoque “primordialmente militar y de reinversión de capitales privados en la región”.5

México no puede seguir pagando los costos de una estrategia que consiste únicamente en no incomodar al poderoso vecino ni someterse a un plan de militarización ni a ningún otro que se diseñe en Miami y no en nuestras instituciones.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, un informe detallado sobre los acuerdos que suscriben con sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se sostendrá en Miami, Estados Unidos el 14 de junio. Asimismo se les exhorta a garantizar que la colaboración entre ambos países se dé siempre en el marco de respeto a nuestras leyes y a la soberanía nacional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Ureste, Manu, “El Sabueso: ¿Los migrantes ya no sufren todo tipo de delitos en México, como dice Osorio Chong?” en Animal Político, 10 de febrero de 2017, http://www.animalpolitico.com/elsabueso/migrantes-delitos-en-mexico-segob/, consultado el 13 de junio de 2017

2 Idem

3 Stargardter, Gabriel, “U.S. coaxes Mexico into Trump plan to overhaul Central America” en Reuters, 4 de mayo de 2017, http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-central-america-idUSKBN1800E4, consultado el 13 de junio de 2017

4 Aranda, Jesús, “Apoyará el Comando Sur vigilancia en la frontera México-Guatemala” en La Jornada, 26 de abril de 2017, p. 3, http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol, consultado el 13 de junio de 2017

5 Mandujano, Isain, “Plan de Estados Unidos para controlar la frontera México-Guatemala” en Proceso, 10 de junio de 2017, http://www.proceso.com.mx/490560/plan-estados-unidos-controlar-la-frontera-mexico-guatemala, consultado el 13 de junio de 2017

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Segunda Comisión.






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, hasta por cinco minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, seguramente saben, se enteraron, de que recientemente hace unos días México obtuvo el Galardón Ministerial de la Cumbre Global de Mujeres, Global Summit of Women, celebrada en Tokio, entre el 11 y 13 de mayo de este año, y lo recibió por los resultados en inclusión económica y financiera de mujeres rurales en el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural.

El premio lo recibió, por parte de México, la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, y es que el PATMIR, el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural logró en cinco años la inclusión financiera de 1 millón 300 mil personas, casi todas ellas mujeres que han sido olvidadas por los gobiernos que hemos tenido y que, por supuesto, habría que rescatar, y el ejercicio de inclusión que se hizo les está permitiendo salir adelante en el día a día que es muy complicado, como todos lo sabemos, en las zonas rurales de nuestro país. Esto se logra gracias a la participación de la banca social que son, legisladoras y legisladores, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Financieras Populares.

Esta alianza, entre este tipo de instituciones y el gobierno de la República, queda claro que demuestra que la banca social sí pude lograr resultados exitosos en ámbitos donde la banca comercial y la banca de desarrollo no ha intentado penetrar, a lo mejor ni siquiera ha querido penetrar. Reconozcamos que el Sistema Financiero Nacional es tan débil que tendrían que recorrer, muchos de estas mexicanas y mexicanos, horas enteras hasta llegar a una institución bancaria.

Pero con esto también, compañeras y compañeros, se demuestra que la banca social, es muy importante para el desarrollo del campo y que pude contribuir, sin duda, a la reducción de la pobreza. En el PATMIR participaron más de 220 instituciones con 2 mil 358 sucursales, las cuales llegaron a la cantidad de 2 mil 341 municipios y 43 mil 100 comunidades; de ese millón 300 mil nuevas personas bancarizadas, el 59 por ciento la mayoría son mujeres y el 37 por ciento, compañeras y compañeros, habita en localidades de alta y muy alta marginación.

Lamentablemente hay que aceptar que decimos esto con sorpresa y también con pesar, porque al parecer todo esto no ha sido mérito suficiente para que la presente administración federal, concretamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tome en cuenta porque ha cancelado este programa, un programa que tan sólo representaba 200 millones de pesos al erario público en beneficio de esta enorme cantidad de mexicanas y mexicanos para hacer una realidad la inclusión social y en este caso financiera.

Por lo tanto, reitero, queda claro que el gobierno a lo mejor no tiene ningún inconveniente en gastar miles y millones de pesos en publicidad, pero sí que le duele mantener los poquísimos programas exitosos que tienen y que ayudan a una población muy importante de nuestro país.

Es por eso, señora Presidenta, que con este punto de Acuerdo nosotros estamos exhortando firmemente a que recapaciten y se restablezca este programa, se lo planteamos a la Secretaría de Hacienda y, además, desde ahorita anunciamos, y yo pediría el apoyo de todas y todos los legisladores aquí presentes, para que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se reintegre, sin ninguna duda, este programa tan importante.

Vale la pena decir, por otra parte, que en el año 2001, con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular recordemos se inició la regulación del Sector Financiero Popular; y en el 2009 esta ley se modifica y entre otros cambios realizados, se introduce el Capítulo Rural, creando figuras de Sociedades Financieras Comunitarias, las llamadas Sofincos y los Organismos de Integración Financiera, mandatando así a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir una regulación prudencial específica; sin embargo, y esto es realmente intolerable compañeras y compañeros, después de ocho años, la Comisión Bancaria no ha emitido ninguna regulación equiparando así, hasta el día de hoy, a las Sofincos, con esos intermediarios financieros privados, por supuesto, lo que limita el desarrollo de la inclusión financiera en las zonas rurales.

En este sentido, lo que estamos planteando es que el gobierno federal reconozca este esfuerzo que realizan las instituciones financieras de Banca Social, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las Sociedades Financieras Comunitarias y los Sofipos, las cuales hasta la fecha han bancarizado a más de 9.5 millones de mexicanos otorgando servicios financieros de ahorro, de crédito, pago de remesas, microseguros, así como en algunos casos tarjetas de débito, cajeros, banca móvil, entre otras innovaciones tecnológicas.

Planteamos, compañeras y compañeros, que nos respalden en este exhorto que haremos, estamos planteando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

México obtuvo el Galardón Ministerial de la Cumbre Global de Mujeres (Global Summit of Women) celebrada en Tokyo, Japón, del 11 al 13 de mayo 2017, por los resultados en inclusión económica y financiera de mujeres rurales en el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR). El premio fue recibido por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña recalcó: “Una Alianza Público-Privada exitosa, que ha logrado atender con servicios financieros a 1.3 millones de personas en zonas rurales”.

Cuando se menciona que PATMIR fue una alianza público – privada exitosa, el pensamiento se remite por lo general a los grandes bancos comerciales. Nada más errado que esto, ya que PATMIR logró la inclusión financiera de 1.3 millones de personas marginadas y en zonas rurales en tan sólo 5 años, gracias a la participación de la banca social, que son las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Financieras Populares.

Esta alianza es la demostración de que la banca social puede lograr resultados exitosos en ámbitos donde la banca comercial y la banca de desarrollo no han intentado siquiera penetrar. Con esto también se demuestra que la banca social es muy importante para el desarrollo del campo y que puede contribuir a la reducción de la pobreza. En PATMIR participaron más de 220 instituciones con 2,358 sucursales, las cuales llegaron a 2,341 municipios y 43,100 comunidades. De los 1.3 millones de nuevos bancarizados, el 59% son mujeres y el 37% habita en localidades de alta y muy alta marginación.

Además cabe mencionar que PATMIR es un programa que inició en el año 2000 de manera que su operación continua logró la bancarización acumulada de 1,929,857 personas de zonas rurales marginadas atendidos por la banca social que al mes de diciembre de 2016 registra 9.5 millones de socios / clientes.

PATMIR es sin lugar a dudas un programa con excelentes mecanismos de focalización, ya que el 98% de la población cubre los requisitos; con una evaluación de impacto positiva donde la diferencia entre quienes piden un crédito para negocio o actividad económica es 16% mayor entre población con PATMIR vs población con servicios financieros fuera del programa y 27% mayor vs población con servicios financieros informales. PATMIR es además un programa costo-eficiente donde 1 peso de subsidio se tradujo en 5 pesos de ahorro y 5 pesos de crédito. Lamentablemente todo esto no fue mérito suficiente a nivel nacional como para mantenerlo en la estructura programática y fue cancelado por el gobierno federal a partir de 2017, aún cuando su presupuesto anual promedio era de sólo 200 mdp.

Es importante que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tome nota de la importancia que tiene el desarrollo de la Banca Social para lograr la inclusión financiera en México, y debe ser una prioridad para el gobierno federal. Al cancelar el programa PATMIR que promovía de manera directa su expansión, penetración y avance rápido en la inclusión financiera de población rural en pobreza, se ha detenido una efectiva solución de combate a la pobreza.

La incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la economía nacional frente a riesgos internos y de política exterior, aunado a la ausencia de una política sectorial hacendaria orientada a fortalecer, expandir y ampliar el alcance de la banca social, invitan a pensar que se ha perdido el rumbo y las riendas para el crecimiento económico de muchas regiones que al tener servicios financieros logran hacer la diferencia para sus hogares y actividades económicas.

CONSIDERACIONES

Hoy por hoy, no queda claro cuál es la racionalidad detrás de la asignación del gasto federal, ya que se observa su concentración en programas que permiten rendir más votos en los periodos electorales venideros o en programas que incluso salen mal evaluados, en lugar de destinarlo a los programas que contribuyen a detonar el crecimiento económico a través del mercado interno. La cancelación de PATMIR es un botón de muestra de esta aseveración, ya que en su lugar no se ha puesto en marcha ninguna alternativa para continuar con el fortalecimiento de la banca social, a pesar de haber dado muestras de avanzar con rapidez en regiones con mayor exclusión financiera.

Esta indefinición o mala definición de las políticas para fortalecer a los intermediarios financieros que llegan a zonas rurales marginadas tiene un alto costo social y económico, porque México presenta un gran atraso en inclusión financiera, concentrada principalmente en las zonas rurales donde sólo 38% (ENIF, 2015) de la población tiene acceso a servicios financieros. Esta cifra está aún por debajo del 51% en países de Latinoamérica [Banco Mundial, 2014]. Asimismo, de los 5.5 millones de Unidades de Producción Rural, sólo 7.5% tiene acceso al crédito (Censo Agrícola del 2014).

Aunado a esto último, la reciente Encuesta Nacional Agropecuaria (2014) del INEGI muestra que de cada 100 personas que reciben crédito productivo en el campo, 25 reciben crédito de la banca social y este porcentaje alcanzó el 35% en la encuesta del 2012. Ni la banca de desarrollo (14%), ni la banca comercial (9%), tienen un nivel de penetración y atención a este segmento marginado y de pequeños productores. Por lo tanto, la Banca Social se traduce en opciones para el campo demostrando que estas instituciones están, donde nadie más llega.

Por otra parte, en 2001, con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) se inició la regulación del Sector Financiero Popular; en 2009 esta Ley se modificó y entre los cambios realizados, se introdujo el Capítulo Rural creando las figuras de Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS) y de Organismos de Integración Financiera (OIFR), mandatando a la CNBV para emitir regulación prudencial específica; sin embargo después de 8 años, la CNBV no ha emitido la regulación específica equiparando a las SOFINCOS con intermediarios financieros privados, lo que limita el desarrollo de la inclusión financiera en zonas rurales marginadas e indígenas.

En este sentido, quien suscribe considera necesario que el Gobierno Federal reconozca el esfuerzo de las instituciones financieras de Banca Social (Cooperativas, Sociedades Financieras Comunitarias y Sofipos), las cuales a la fecha han bancarizado a más de 9.5 Millones de Mexicanos otorgando servicios financieros de ahorro, crédito, pago de remesas, microseguros, así como en algunos casos tarjetas de débito y cajeros, banca móvil, entre otras innovaciones tecnológicas; a través de 151 Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 27 Sociedades Financieras Comunitarias y 43 Sofipos.

La exclusión a recursos públicos para las Sociedades de Banca Social, así como la falta de presupuesto para la continuidad del Programa PATMIR indican una falta de interés explícita del gobierno federal, lo cual tendrá un impacto económico, social y de exclusión en los siguientes ciclos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (Bansefi) a revisar de forma inmediata la viabilidad de restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), así como garantizar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el PATMIR cuente con una programación presupuestal para ampliar y fortalecer la inclusión financiera en zonas rurales marginadas a través de la banca social.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que emita, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, como lo mandata la Ley y conforme al espíritu original de las Reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular del 2009, una reglamentación específica, adaptada y viable para las Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural, a fin de que puedan ser intermediarios autorizados por dicha Comisión y operar sin las limitaciones que la regulación actual les impone.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), para que con apego a sus atribuciones y en cumplimiento del Plan Nacional de Inclusión Financiera pongan en marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la Banca Social, en particular para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Comunitarias, acelerando así la inclusión financiera de población en zonas rurales marginadas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a la Tercera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Lia Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Campeche a revisar y modificar la legislación en materia de estupro, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señora Presidenta.

Primero quiero explicar que en realidad son tres puntos de Acuerdo los que se están presentando sobre este mismo tema y los expondré en este espacio, son dirigidos a distintas entidades federativas, pero los puntos de Acuerdo son lo mismo.

Y les platico los antecedentes de estos puntos de Acuerdo presentados por la Diputada Jorgina Gaxiola, del Partido Verde Ecologista.

Con fecha 17 de agosto de 2016 esta misma Diputada presentó ante la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del primer año del ejercicio de esta Legislatura, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas estatales en cuyos Códigos Penales se contempla el matrimonio para extinguir la acción penal en caso de estupro, a revisar y modificar su legislación, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Esa proposición con punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fue dictaminada positivamente y aprobada por el Pleno el jueves 15 de diciembre de 2016.

Posteriormente, se recibió respuesta del estado de Puebla y del estado de Morelos, en ambas entidades federativas referían que no contemplaban el matrimonio como una posibilidad para extinguir la acción penal del delito de estupro.

Pero siguen pendientes algunas entidades federativas de dar respuesta, particularmente el interés es sobre Baja California, Campeche y Sonora, en cuyos códigos penales aún se contempla el matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el delito de estupro.

Y por eso es la presentación de estos puntos de Acuerdo por parte de mi compañera Diputada, justamente dirigidos a los congresos de Baja California, Campeche y Sonora, que buscan insistir en obtener una respuesta y básicamente insistir en que en sus códigos penales estatales se reformen para que el matrimonio no sea una forma de extinguir la acción penal en el caso de ese delito.

Para quienes no tienen más información al respecto, es importante que sepan que el estupro se define como la conjugación sexual natural obtenida sin violencia y por medios fraudulentos de maliciosa seducción, con mujeres muy jóvenes, con mujeres menores de edad no ligadas por matrimonio, esto se estipula en el artículo 262 del Código Penal Federal vigente.

Es importante destacar que la violencia contra mujeres y niñas, en cualquiera de sus modalidades, ya sea físicas, psicológicas, sexual, laboral o patrimonial, es un acto que resulta intolerable, pues atenta contra el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la mujer, toda vez que obstaculiza seriamente su desarrollo integral y sus posibilidades de bienestar.

Habrá a quienes les parezca exagerado que una y otra vez nos subamos a esta tribuna a insistir en estos temas, sin embargo lo tenemos que hacer, porque tenemos que lograr que en nuestro país haya equidad de género. Que en nuestro país se elimine la violencia contra la mujer y este es estupro, es una forma de violencia contra la mujer y queremos que haya una homologación en los códigos penales de las entidades federativas para que el matrimonio no sea una forma en que se extinga la acción penal de un delito como ése, es decir, es increíble que un hombre se salve de ir a la cárcel porque se case con su víctima, me parece ya impensable y me parece inaceptable que esto siga existiendo en algunas entidades federativas.

Por supuesto que tenemos muchos avances a nivel legislativo que buscan garantizar la igualdad y la justicia y una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero en aquellos casos donde seguimos encontrando que hay deficiencias, tenemos que alzar la voz y tenemos que actuar, ése además es el compromiso, por supuesto, de muchas de las mujeres que estamos aquí y también de algunos hombres, la verdad que sí.

Por eso venimos a tratar este tema y a pedir el apoyo de la Comisión Permanente y de quienes integramos la Comisión Permanente, es que está pidiendo la palabra Maricela, para que podamos avanzar y exhortar a los congresos que aún tienen pendiente este tema, que son Campeche, Baja California y Sonora a que modifiquen sus códigos penales y garanticemos que en ninguna entidad federativa el matrimonio sea una forma de extinguir la acción penal para quienes cometen el delito de estupro.

Este es un tema en el que nos importa avanzar, porque es primordial desvincular el delito de estupro de elementos que tienen origen en nociones de moralidad sexual y honorabilidad, los cuales en el pasado representaron una forma de resarcir el honor de la mujer violentada o de su familia, pero que hoy en día no tienen lugar.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo








De la Diputada Lia Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Lia Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Sonora, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se turna a la Primera Comisión.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Lia Limón. Las tres propuestas tienen una solicitud en común.

Diputada Contreras Julián, lo que pasa es que si es para hablar sobre este tema, no es procedente.

¿Con qué objeto es su participación?

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Diputada Lia Limón que nos permita adherirnos a estos puntos de Acuerdo, porque hay ocho estados que no prohíben el matrimonio infantil, pero también por eso, por lo que está planteando, es necesario que se apruebe la reforma al Código Civil para prohibir el matrimonio de niñas y niños.

Entonces nos adherimos, si me lo permite, a su punto de Acuerdo.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Lia Limón ¿acepta usted la adhesión?

La Diputada Lía Limón García: Claro que sí, señora Diputada.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La Diputada ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente. Muchas gracias.

Dado que las tres propuestas tienen una solicitud en común, pero dirigidas separadamente a los estados de Campeche, de Baja California y de Sonora, se turnan a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias.

Este es un tema serio que nos preocupa mucho, el incremento de todo tipo de delitos en el estado de Veracruz, en lo que va la administración del gobernador Yunes, es increíble, es, incluso, peor que el gobernador Duarte en ese sentido, lo cual es ya una barbaridad.

El homicidio doloso ha crecido en el mismo periodo de 265 casos a más de 600 lo mismo pasa con el secuestro, de 13 a 75 y la extorsión de 143 a 200. Es decir, hay un incremento muy serio en este estado en todo tipo de delitos, y eso era evidente en las elecciones, lo que uno encontraba en el caso de Veracruz es un rosario de acontecimientos que tenían que ver con violencia y que terminaron, incluso, en muerte, hubo secuestros, hubo lesiones muy serias a todo tipo de funcionarios electorales, etcétera. Realmente la elección de Veracruz estuvo marcada por la violencia de manera muy seria.

En ese sentido queremos que esta Comisión Permanente ante la incapacidad y las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes de disminuir la incidencia delictiva en el estado de Veracruz, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que de manera inmediata, emprenda, en el ámbito de sus facultades, las acciones necesarias para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en la entidad. Es una entidad en riesgo, en riesgo grave, en riesgo de que aún esto empeore, e insisto en la arena electoral fue muy claro este tema.

Insisto, esto fue otro de los pendientes que hubo en la elección de hace unos días, no solamente, como decimos, no se garantizó la libertad en el voto, no solamente no se garantizaron elecciones justas por la intervención del gobierno federal, pero también no se garantizó la libertad en el votar dado por la delincuencia y el clima de inseguridad que prevalece en este país y que se incrementa todos los días.

Lo que sucede en Veracruz es particularmente grave por cómo esto ha evolucionado, por cómo afectó la elección, pero también es el resultado de un país, en el que mes por mes los homicidios crecen.

Aprovecho esta oportunidad, y como decía la Senadora Diva, pues se ha tomado esto como una oportunidad de hablar del tema electoral, voy a hacer una referencia. Desgraciadamente no hubo un debate pactado para que habláramos del tema de las elecciones, eso correspondería a esta Cámara.

De manera, con un enorme humor involuntario, entiendo que ayer el PRI propuso discutir las relaciones México-Alemania como una de las acciones a discutir en esta Asamblea, desgraciadamente no hubo oportunidad.

Pero no puedo pasar la ocasión de decir que en el tema de gasto gubernamental, este gobierno, el año pasado incrementó su presupuesto autorizado de mil millones a 9 mil millones de pesos.

Si se quiere encontrar discrecionalidad y violación al marco legal de esta soberanía, se tendría que analizar cómo el gobierno federal incrementa de manera absolutamente desproporcionada año con año el gasto en comunicación social, y así es como se compran a los medios de comunicación.

Por eso se puede, pues, intervenir la elección, por eso se pueden subir unos temas, bajar otros, por eso hubo esa campaña de desprestigio que vimos en la elección del Estado de México.

Insisto, si queremos ver discrecionalidad en el gasto de comunicación social, pues veamos la cuenta pública cuánto fue autorizado originalmente al gobierno de la República en materia de gasto a comunicación y cuánto fue lo que se ejerció, una diferencia de más de 8 mil millones de pesos.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, Diputada del grupo parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Morena ha puesto de manifiesto en distintos momentos su preocupación por la delicada situación en que se encuentra el estado de Veracruz, sumido en una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbocada. Los gobiernos en turno, el de Javier Duarte de Ochoa y ahora el de Miguel Ángel Yunes Linares, han sido incapaces de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan. A pesar de nuestros llamados y del clamor de la sociedad veracruzana, la situación actual es peor que la del gobierno anterior, ya que los índices los delictivos muestran una escalada exponencial de violencia en la entidad, aunado a la pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano que vulnera el Estado de derecho.

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todos. Los sondeos de opinión llevados a cabo por varias instituciones revelan que la población considera a la inseguridad como el problema más importante que le aqueja hoy en día. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de delitos: “en particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros…”1

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema creciente que ya ha rebasado a las autoridades. Las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos que prevalecer en el estado, a pesar de haberse puesto en marcha el mando único policial desde el gobierno anterior.

La ola de violencia que azota a Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero también se explica por la incapacidad de los gobiernos para acometer con eficacia las tareas de seguridad pública. La gestión de Miguel Ángel Yunes no ha sido la excepción, aún y cuando en campaña decía que era experto en seguridad.

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa a las tendencias de un clima general manchado por la impunidad, la corrupción, la complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las instancias públicas en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático que se extiende por el territorio veracruzano, aunado a la incapacidad de brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las instancias de los gobiernos estatal y municipales, se puede concluir que se trata de un gobierno inoperante que no ha podido o ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus ciudadanos.

Este deleznable escenario de violencia e inseguridad habilitado por la estructura estatal corrompida por el crimen organizado, ha creado un profundo sentimiento de insatisfacción de la sociedad veracruzana que esperaba del nuevo gobierno los resultados prometidos en un tema tan importante para la paz y tranquilidad de nuestro estado.

Segunda. Al tomar protesta el actual gobernador de Veracruz prometió abatir los índices de criminalidad heredados por su antecesor, sin embargo, a 5 meses de su mandato estos índices se han incrementado.

En efecto, gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aseguró, en una gira en Coatzacoalcos, realizada en abril de 2016, que en seis meses recuperaría la seguridad en el estado: ahí presentó un decálogo para contrarrestar los delitos del fuero común, en los que destacó una depuración de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública.2

Hasta la fecha la dependencia estatal no ha informado un posible número de bajas de elementos que incumplieron con los estándares de confianza, y la inseguridad en la entidad llevó al gobernador a solicitar el apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de Marina, la Secretaria de la Defensa Nacional y de la propia Gendarmería Nacional.

En el siguiente artículo periodístico del periodista Bernardo Gutiérrez Parra intitulado” Váyale rezando gobernador” se describe una situación más dramática:

“No fue una; fueron dos las veces que Miguel Ángel Yunes Linares prometió que en seis meses acabaría con la inseguridad en Veracruz. La primera, fue en Coatzacoalcos el 4 de abril del 2016, donde incluso presentó un decálogo con las acciones para enfrentar a la delincuencia.

He aquí los puntos sustantivos de aquel decálogo: ´Se creará una nueva Policía Estatal que será capacitada y sometida permanentemente a exámenes de control de confianza´.

Pregunta: ¿Ya está en marcha la creación de esa policía?

´Se dará de baja a los altos mandos de la policía estatal vinculados con la delincuencia organizada y se procederá a iniciar acciones penales en su contra´.

Aclaración: Ningún alto mando fue dado de baja; renunciaron cuando se acabó el sexenio anterior y los pocos que se quedaron fueron bajados a policías. Hasta el momento sólo un alto mando está encarcelado.

´Se designará como secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango que pueda coordinar eficientemente las tareas de la Policía Estatal con las fuerzas federales. Este nombramiento será consultado con el secretario de Gobernación y el de la Defensa Nacional´.

Aclaración: Jaime Téllez Marie no ha sido ni soldado raso. Y no creo que Osorio Chong ni el general Salvador Cienfuegos le hayan dado su beneplácito; si es que fueron consultados.

´Se dará de baja ‘inmediatamente’ a todos los policías estatales y municipales que no hayan aprobado los exámenes de control de confianza´.

Aclaración: Hay en Veracruz 1,559 policías que no han pasado esos exámenes y siguen activos. Nuestra entidad ocupa el tercer lugar en ese rubro.

En otro punto de su decálogo manifestó: ´Se solicitará una mayor presencia y coordinación del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional´.

Aclaración: El Ejército, la Marina y hasta la Policía Federal ya estaban en Veracruz cuando Yunes tomó posesión de la gubernatura. Y vaya que han tenido presencia. Faltaba la Gendarmería Nacional cuyos elementos ya se encuentran entre nosotros.

El lunes 16 de junio dijo en el malecón del puerto jarocho: ´Veracruz será distinto, viviremos sin miedo. La recuperación de la paz y la tranquilidad será prioridad… En seis meses se advertirá un cambio radical en las condiciones de seguridad de las familias veracruzanas´.

Pero el hampa sigue muy activa y este martes Yunes Linares declaró: ´Hay un recrudecimiento de los hechos delictivos… Hablé con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para pedir nuevamente apoyo adicional de la policía, en este caso de la Policía Militar. Esperamos tener una respuesta positiva del secretario, él ha sido muy sensible en este tema´.

Es casi seguro que la Federación le preste el apoyo pero ¿y luego?

¿Qué pasará si a pesar de ese apoyo la inseguridad persiste?

¿Qué va a pasar, gobernador?

¿Tiene un plan eme, ene o eñe?

¿A quién recurrirá cuando la Federación haya agotado sus cartas?

¿A la Divina Providencia?

Pues váyale rezando y sirve que nos acompaña. Porque nosotros lo estamos haciendo desde hace doce años y tres meses; suplicando por el milagro de la seguridad y tranquilidad para nuestro estado.” 3

El texto del periodista que refleja la realidad del estado es elocuente. Como este hay varios testimonios.

Aunado a lo anterior, Yunes asumió la responsabilidad, cinco días antes de tomar protesta como gobernador, de poner en marcha la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios de la entidad. Sin embargo, hasta la fecha está en la etapa de las solventaciones que le permiten no hacerlo, a pesar de que suman 55 asesinatos a mujeres.

Para diversos expertos, el problema de la inseguridad en Veracruz se acrecienta debido a un reacomodo de grupos delincuenciales “que vienen, generalmente, con cada cambio de administración. Y la crisis de inseguridad sorprende a un nuevo gobierno que aún no tiene capacidad de respuesta…”4

En efecto, de acuerdo con registros oficiales, es evidente y preocupante el repunte de violencia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Esto se demuestra en un comparativo de los primeros cinco meses de gobierno de Fidel Herrera, Javier Duarte y Yunes elaborado por Morena con esos datos oficiales. Así con Herrera se reportaron 218 homicidios dolosos, con Duarte 275, y ahora con Yunes son 620. En materia de secuestro el delito escaló de 4 casos con Herrera, a 13 con Duarte y 75 con Yunes. En lo que respecta a extorsión, se presentaron 49 casos con Herrera; 143 con Duarte y 200 con Yunes. En robo de auto con violencia se reportan 113 con Fidel Herrera, se incrementa a 657 con Duarte y se disparan a 1045 con Yunes. En robo de auto sin violencia, con Herrera se registraron 821; con Duarte se duplicaron hasta alcanzar la cifra de 1918, para ser superados con Yunes al llegar a 2261 casos, como se observa en el cuadro anexo.5 Todo ello sin contar los delitos cometidos que no se denunciaron en el período estudiado.

Más allá de las cifras, hay cientos de veracruzanos que han sufrido el embate de la delincuencia, producto de promesas incumplidas y políticas públicas en materia de seguridad que no ofrecen resultados.

Esa violencia e inseguridad alcanzó los comicios federales ya que durante el proceso electoral fue baleado el joven de 24 años Alfredo Tlaxcaltecatl en el Municipio de Mixtla de Altamirano, ubicado en la Sierra de Zongolica, quien perdió la vida. En la agresión también resultaron heridos los jóvenes Mario Flores Tehuactle y Daniel Tehuactle.

Asimismo, el pasado 4 de junio, día de la elección, fue secuestrado el candidato de Morena a la Alcaldía de Chicontepec Gonzalo Vicencio Flores, junto con su esposa Guadalupe Argüelles y tres personas más que les acompañaban. Según los informes fueron interceptados por un comando armado, los bajaron del auto en el que viajaban y se los llevaron. Más tarde apareció Gonzalo Vicencio que sufrió golpes y lesiones, pero su esposa y las otras tres personas continúan desaparecidas se registró también el atentado del candidato de Morena en el municipio de Cosoleacaque, Andrés Mario Díaz.  

Urge, en consecuencia, rescatar al estado de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad, ante la incapacidad manifiesta del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante los hechos violentos y el comportamiento omiso del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de disminuir la incidencia delictiva en el Estado de Veracruz, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata emprenda, en el ámbito de sus facultades, acciones necesarias para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en la entidad, y que amenaza la paz pública; lesiona el Estado de derecho y ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana, así como también solicita el envió fuerzas federales para garantizar la seguridad en la entidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Norma Rocío Nahle García.

1 http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones

2 www.e-consulta.com/nota/2017/nacion/100-dias-de-gobierno-yumes-linares-atrapado-en-promesas

3 http://formato7.com/2017/03/09/vayale-rezando-gobernador/

4 Ibíd.

5 Fuente: datos tomados del Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva-fuero-comun.php, consulta realizada el 30 de mayo de 2017.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Se turna a la Primera Comisión.






COMUNICACIÓN

Informo a la Asamblea que hemos recibido, en esta Mesa Directiva, una comunicación suscrita por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del día 15 de junio. Bienvenida, Senadora, con mucho cariño. La Asamblea se da por enterada y se comunica a la Cámara de Senadores.



Nos ha solicitado, desde su escaño, el uso de la voz la Senadora Yolanda de la Torre, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Como hoy se terminó, ya estamos a punto de terminar la sesión, no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentar que teníamos, el Senador Ismael Hernández Deras y su servidora, un punto de Acuerdo respecto a la súper carretera Durango-Mazatlán.

La súper carretera Durango-Mazatlán es una gran obra, es un legado histórico, es una obra de impacto nacional gestionada por un mecanismo financiero a propuesta del gobierno del estado, en aquel entonces por el gobernador Ismael Hernández Deras, hoy nuestro compañero Senador.

Y sí es importante comentar que este logro se concretó gracias a un fideicomiso por venta de activos. Pero la licitación de la obra correspondió a los gobiernos federales de Vicente Fox y del Presidente Calderón.

De todos es conocido, hoy en Durango, que hay varios tramos de mala calidad donde existen señalamientos de corrupción de parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de aquellos gobiernos con empresarios constructores y hoy estamos teniendo problemas graves en Durango, por ese motivo, el punto de Acuerdo que ya no pudimos ver hoy.

Y aprovecho esta oportunidad, desde aquí solicitar a las autoridades investiguen a los gobiernos del PAN respecto de la construcción de esta gran obra.

En Durango tenemos duda de la calidad de obra de todos los duranguenses, es muy importante que veamos la oportunidad de recuperar, a quienes elaboraron la obra y dejaron tramos de mala calidad, que hoy estamos teniendo problemas.

Esa obra se licitó al 100 por ciento en los gobiernos del PAN, de la administración del Presidente Fox y del Presidente Calderón.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Senadora Yolanda de la Torre, aún y cuando comparto la importancia de esta carretera, tengo la imperiosa necesidad de decirle que el capítulo de dictámenes del día de hoy ha concluido.

Pero además, el dictamen, justamente corresponde a la Tercera Comisión, y tiene una reserva.

Tendríamos que informar a la Tercera Comisión que se retiren las reservas correspondientes para efecto de que sea turnado nuevamente a esta Mesa Directiva y, por lo tanto, a la Asamblea.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Lo dejaríamos para la siguiente sesión.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se toma nota, Senadora Yolanda de la Torre. Es un tema importantísimo, desde luego.

Y nos ha solicitado también, desde su escaño, el uso de la palabra la Diputada Karina Sánchez Ruiz.

¿Con qué objeto, Diputada?






EFEMÉRIDE

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: (Desde su escaño) Buenas tardes, Diputada Presidenta.

El día de hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, razón por la cual le solicitamos, de la manera más atenta, que se pueda registrar la postura del grupo parlamentario Nueva Alianza en el Diario de los Debates, la cual ya oportunamente por escrito la presentamos.

Esto es en razón que consideramos muy importante el tema de la donación altruista de sangre. Solamente el 3 por ciento de los donantes son altruistas y los demás donantes son por reposición. A su vez queremos invitarlos a todos y cada uno a que nos convirtamos en donantes altruistas de sangre.

Hay que recordar que una donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ciudadano o una ciudadana mexicana.

Es cuanto, señora Presidenta.

Efeméride








Compañeras y compañeros legisladores: Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar, por una sesión más, aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LOS ARTÍCULOS 5, 21 Y 36 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y LOS ARTÍCULOS 5, 21 Y 36 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El género es una construcción social que asigna roles a los hombres y las mujeres, de tal manera que normaliza conductas acordes con lo femenino y lo masculino. La dicotomía arraigada en el género impide el libre desarrollo de la personalidad, puesto que desde una edad temprana se interiorizan los modelos que socialmente son aceptados, al mismo tiempo que rechaza otros modelos de percepción interna.

Uno de los espacios en los que más se perciben los roles de género es en la educación y en la generación de conocimiento. La educación formal, como parte del espacio público, tiende a rechazar a las mujeres, ya que no se les considera como personas capaces de entender las ciencias. Y si una mujer accede a la educación, se le relaciona en disciplinas que tienen que ver con la crianza, la administración del hogar o el esparcimiento, que son vistas como materias “irrelevantes”; en tanto que las disciplinas, artes u oficios que requieren capacidad de abstracción e innovación como las ciencias exactas, las ingenierías o la tecnología, se le vincula con lo masculino y se tiene una mejor estima social.

Las preconcepciones anteriores repercuten de forma negativa en el desarrollo de las personas, ya que impiden que mujeres y hombres decidan libremente sobre su educación. Muestra de ello es un estudio realizado en 2010 por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual advirtió que en las licenciaturas de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías impartidas por esta institución, sólo el 26% eran mujeres. Mientras que en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, el porcentaje de mujeres era del 65.9%. Las licenciaturas con mayor presencia femenina eran Pedagogía (84.8%), Enfermería (81.5%) y Trabajo Social (79.6%). Por otra parte, las carreras con menos porcentaje de alumnas eran Ingeniería Mecánica Eléctrica (7.2%), Ingeniería Mecánica (7.9%), Composición (10.2%), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (11.2%) e Ingeniería de Minas y Metalurgia (11.9%).1

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en México existe igualdad de género en el número de estudiantes de grado. La brecha se amplía con las estudiantes de doctorado, en el que existen 47% de mujeres y 53% de hombres. Y entre los investigadores e investigadoras, sólo son el 32% son mujeres.2 A nivel regional destacan en el porcentaje de investigadoras: Venezuela (56%), Bolivia (56%), Argentina (53%), Uruguay (49%) y Cuba (48%). Y por debajo se encuentran Chile (32%), Colombia (38%), Guyana (38%), Perú (38%), Surinam (38%), Canadá (38%) y Estados Unidos (38%).

Para enero de 2016, se encontraban dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 9,081 mujeres, que representan el 36% del padrón. Y en los niveles que concede el SNI, baja progresivamente la participación de las mujeres. En el nivel III, que es el máximo, sólo 22% son mujeres. Lamentablemente las áreas de Ciencias exactas tienen una menor participación de mujeres. Para contrarrestar esta tendencia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) entregó 28,007 becas a mujeres para estudiar. Adicionalmente, el CONACyT cuenta con programas para Jefas de Familia y apoyos para mujeres indígenas.3

Pese a esos esfuerzos, la inclusión de las mujeres en la ciencia tiene diversas resistencias. Al respecto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, ya que a su consideración pueden contribuir decisivamente en mejorar las condiciones de vida y encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el planeta. En consecuencia, refirió lo siguiente:

[…] el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, y subraya que para hacer frente a los obstáculos que impiden la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a la ciencia, la tecnología y la innovación se requiere un enfoque sistemático, amplio, integrado, sostenible, multidisciplinario y multisectorial, y a este respecto, insta a los gobiernos a que incorporen una perspectiva de género en la legislación, las políticas y los programas4

Por esa razón, el 11 de febrero de cada año fue declarado como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a partir de la resolución 70/125 de la Asamblea General.

La falta de participación de las mujeres en la ciencia es multifactorial. Las dificultades más claras son las socioculturales, ya que usualmente las mujeres invierten más tiempo en otras actividades como la crianza o el trabajo en el hogar, respecto al que destinan a su formación. Además, para ingresar a una institución que lleve labores de investigación se requiere contar con trabajo previo, como la formación de recursos humanos o la publicación de investigaciones. Aunado a lo anterior, la evaluación para ingresar, permanecer o ascender en el sector de la investigación (concursos de oposición o ingreso al SNI), la realizan hombres.5

Por esa razón, la inclusión de la mujer en la ciencia no sólo debe centrarse apoyos diferenciados o en mejora de las condiciones socioculturales, sino que debe promoverse su participación en los órganos de decisión. En México, las instituciones que diseñan e instrumentan de las políticas en la materia, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología son: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Con la finalidad de contrarrestar la baja participación de las mujeres en la ciencia, esta iniciativa propone la inclusión de mujeres en los citados órganos, y con ello se garantizará que se tenga presencia en las decisiones más importantes de política pública. De esta manera de abonará a la presencia de las mujeres en la ciencia, así como asegurar que haya mujeres para la ciencia.

Sobre el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, es la instancia encargada de establecer el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este instrumento se realiza la planeación de la política pública que involucra a todos los órganos de gobierno. También puede definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal a las áreas estratégicas y prioritarias, así como establecer los lineamientos a los que sujetará la ciencia y tecnología.

De acuerdo al artículo 5 de la citada Ley, se integra de las siguientes personas:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud;

III. El Director General del CONACyT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio Consejo General;

IV. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

V. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;

VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;

VII. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y representatividad nacional, mismos que serán designados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Economía, y se renovarán cada tres años;

VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y

IX. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de auscultación, conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de los ámbitos científico o tecnológico.

El Presidente de la República podrá invitar a participar a las sesiones del Consejo General a personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial que puedan aportar conocimientos o experiencias a los temas de la agenda del propio Consejo General, quienes asistirán con voz pero sin voto.

Los miembros del Consejo General desempeñarán sus funciones de manera honorífica, por lo que no recibirán remuneración alguna por su participación en el mismo.
Para el Consejo se propone ampliar de dos a cuatro los miembros que son elegidos a título personal, y que al menos dos sean mujeres. Esta medida podrá ampliar las disciplinas representadas, y asegurar que la voz de las mujeres sea escuchada para la formulación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología.

Respecto al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT. La mesa directiva se conforma de veinte integrantes, los cuales son los titulares de las siguientes organizaciones:

  •  Academia Mexicana de Ciencias, A. C.
  •  Academia Mexicana de Ingeniería, A. C.
  •  Academia Nacional de Medicina, A. C.
  •  Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.
  •  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;
  •  La Confederación Nacional de Cámaras Industriales
  •  Consejo Nacional Agropecuario
  •  Confederación Patronal de la República Mexicana
  •  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
  •  Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.
  •  Universidad Nacional Autónoma de México
  •  Instituto Politécnico Nacional
  •  Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
  •  Academia Mexicana de la Lengua
  •  Academia Mexicana de Historia
  •  Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales

Aunado a ellos, se eligen a tres investigadores: uno de ciencias exactas o naturales, uno de ciencias sociales o humanidades y uno de ingeniería o tecnología. La elección se lleva a cabo por miembros del Sistema Nacional de Investigadores, mediante una convocatoria emitida por el CONACyT y el Foro Consultivo. Esta convocatoria debe lograr un adecuado equilibrio regional.

La presente iniciativa propone incluir el principio de equidad de género en la elección de estos tres miembros. Lo anterior podrá aumentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión, ya que se mejorará la representatividad y podrán incluirse las preocupaciones de las investigadoras.

Y finalmente sobre el CONACyT, su órgano máximo es la Junta de Gobierno, que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se compone de los siguientes trece miembros:

  •  Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  •  Un representante de la Secretaría de Economía
  •  Un representante de la Secretaría de Educación Pública
  •  Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  •  Un representante de la Secretaría de Energía
  •  Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
  •  Un representante de la Secretaría de Salud.
  •  El Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
  •  Un miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
  •  Dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores propuestos por el Director General del CONACyT
  •  Dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACyT

Esta iniciativa también propone que de los dos integrantes que provienen del Sistema Nacional de Investigadores, al menos una sea mujer.

La inclusión de mujeres en los órganos de decisión no sólo es parte de una reivindicación histórica por la igualdad de derechos, sino que también constituye una obligación internacional en materia de derechos humanos. Al respecto, el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), obliga a los Estados a adoptar “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”.

Y como parte de los derechos que deben garantizarse en igualdad de condiciones a las mujeres está la de “[p]articipar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”; de conformidad al artículo 7.b) de la CEDAW.

A consideración del Comité CEDAW, la eliminación de barreras jurídicas para acceder a puestos de decisión es necesaria, pero no es suficiente. De esa manera, se requieren distintas medidas diferenciadas de carácter temporal, como la asistencia financiera o la capacitación, para acelerar los procesos de eliminación de violencia de género.6

Ahora bien, por otra parte, la iniciativa que se propone a esta H. Soberanía incluye la obligación de incluir un apartado específico de inclusión de género, en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece la creación de un programa especial, que será actualizado cada tres años. Y el artículo 21 del mismo ordenamiento enumera las características de este instrumento de planeación.

Se propone agregar un inciso a la fracción II del artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología para incluir un diagnóstico, políticas, estrategias y acciones prioritarias en materia de inclusión de las niñas y mujeres en la ciencia, y la erradicación de estereotipos en esta área.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. …

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a un miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores, de éstos al menos una será una mujer; así como a dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACyT. Cada miembro propietario contará con un suplente.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 5, 21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Artículo 5. …

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de auscultación, conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de los ámbitos científico o tecnológico. Al menos uno de estos miembros deberá ser mujer.

Artículo 21.

El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:

I. …

II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y acciones prioritarias en materia de:

a) a e)…

f) Inclusión de las niñas y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación, así como la erradicación de los estereotipos dentro de estas áreas;

g) Descentralización y desarrollo regional, y

h) Seguimiento y evaluación.

Artículo 36. …

I. a II. …

III. En su integración se observarán los criterios de pluralidad, de renovación periódica y de representatividad de las diversas áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de los sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país y equidad de género;

V. …

V. …

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título personal, serán investigadores, representantes uno de ellos de las ciencias exactas o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería o tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres años y serán seleccionados por los propios miembros del Sistema Nacional de Investigadores, a través de convocatoria que expidan conjuntamente el CONACyT y el Foro Consultivo, la que cuidará se logre un adecuado equilibrio regional y equidad de género.

VI. a VIII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los nombramientos vigentes al momento de la publicación de este decreto en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, permanecerán en su encargo hasta que termine el periodo que fueron nombrados.

Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

1 Buquet, Ana, et. al., Intrusas en la Universidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, pp. 194.

2 http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-
science/#details!lang=es&region=40520&view=map&country=MEX&panel=pipeline

3 http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/677-reafirma-el-conacyt-su-compromiso-con-la-integracion-de-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion

4 Asamblea General, A/RES/68/220, Párr. 6.

5 García Batiz, María Luisa, “Reflexiones sobre los retos para ingreso, permanencia y promoción en el SNI de las investigadoras”, en Mendieta Ramírez, Angélica (coordinadora), ¿Legitimidad o reconocimiento? Las investigadoras del SNI. Retos y propuestas, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, pp. 33-34. Disponible en: http://www.inb.unam.mx/historias_noticias/2015/sni_retospropuestas_15.pdf

6 Comité CEDAW, Recomendación General No. 23 (16º periodo de sesiones, 1997), Vida política y pública, párr. 15.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

Alejandro González Murillo, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuestopor el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 37DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE PAGO POR LAUDOS CONDENATORIOS FIRMES EN LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio Libre es la base de la división competencial de los órdenes de Gobierno en nuestro país; sin embargo, no es exagerado decir que varios ayuntamientos se encuentran al borde del colapso financiero por la insolvencia que enfrentan; la apremiante situación financiera que afrontan los municipios en nuestro país pone en grave riesgo su funcionamiento y viabilidad; como resultado de lo anterior, cada vez resulta más común saber que, un número importante de ellos, no cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Botón de muestra de lo anterior, es el informe de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila respecto al análisis que realizó a la Cuenta Pública 2015, en que señaló que, al menos, 21 municipios de esa entidad están al borde la quiebra por falta de liquidez para solventar adeudos a corto plazo. Los 38 municipios del estado sólo cuentan con el 35% de los 596 millones de pesos que adeudan (Gutierrez, González, 2016).

Por cuanto al estado de Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) refirió que, sin importar el tamaño del municipio o cantidad de recursos, hay ejemplos devastadores, que cuentan con 20 centavos por cada peso que adeudan(Patiño Flores, 2016).

Ante esta situación, los municipios optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, lo cual deteriora-aún más sus finanzas públicas. De este modo, en los últimos diez años la deuda de los ayuntamientos se ha incrementado en 121.2% en términos reales al pasar de 14,622 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 a 47,841.3 millones de pesos al mismo trimestre de 2016 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).

Los municipios que superan los mil millones de pesos de endeudamiento al cuarto trimestre de 2016 son (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017):

  •  Tijuana, Baja California (2.7 mil millones de pesos);
  •  Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);
  •  Monterrey, Nuevo León (1.8 mil millones de pesos);
  •  Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);
  •  León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);
  •  Mexicali, Baja California (1.3 mil millones de pesos);
  •  Benito Juárez, Quintana Roo (1.2 mil millones de pesos), y
  •  Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos)

Mientras, los municipios de Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior al 50% de sus ingresos totales (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).

En este orden de ideas, uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero patronal hasta el incumplimiento de los laudos laborales por falta de recursos monetarios para hacerles frente.

Como consecuencia de lo anterior, miles de trabajadores ven violentados sus derechos laborales al no poder obtener las indemnizaciones o servicios de seguridad social a los que tienen derecho; sin embargo, no hay que dejar de observar que las autoridades municipales, en la mayoría de los casos, se encuentran imposibilitadas financieramente para atender tales obligaciones de naturaleza laborales, habida cuenta que carecen de los recursos necesarios para cubrir oportunamente los pagos correspondientes.

Al respecto, es de señalarse que las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por no atender el pago de los laudos en materia laboral, lo cual igualmente resulta injusto pues, en la mayoría de los casos, suponiendo sin conceder que se tratare de litigios y resoluciones correspondientes al tiempo de su encargo, el incumplimiento es por razones financieras.

En el Estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8,400 empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, destacándose los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014).

Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos ordenó, en el mes de septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los Ayuntamientos, en beneficio de mil 931 trabajadores (Gobierno del Estado de Morelos, 2015).

En el caso del Estado de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutierrez, Reforma y San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó que, para el ejercicio fiscal 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones de pesos(Noriega, 2015).

En Jalisco, 80 Ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016(Romo, 2016) y, para marzo de 2017, el Congreso del Estadoreportaba “un total de 152asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos laudos”(Redacción, Quadratín Jalisco, 2017).

En tal sentido, la presente iniciativa busca reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los municipios del país puedan hacer uso de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal paradestinarlos al pago por laudos condenatorios firmes.

Para mayor claridad, se expone el siguiente

Cuadro Comparativo

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Coordinación Fiscal
Texto Vigente

Ley de Coordinación Fiscal
Texto Propuesto

Artículo 37

Artículo 37

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de laudos condenatorios firmes,al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Si bien debemos reconocer que, la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros municipios son a consecuencia de la inexistencia, insuficiencia o falta de implementación de sistemas de servicio profesional de carrera municipal que permitan dar estabilidad laboral al colaborador y contribuya a mejorar la calidad de los servicios municipales; la urgencia que hoy enfrentamos exige atender, urgentemente, el grave problema de pasivos exigibles por concepto de pago por laudos condenatorios firmes que enfrentan los municipios del país, a través de la inyección de recursos que puedan ser utilizados para tal fin.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónla siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de laudos condenatorios firmes,al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Alejandro González Murillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado Daniel Torres Cantú)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a consideración de esta honorable Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA,  al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Farmacovigilancia nace como disciplina orientada a la evaluación del uso y los efectos de los medicamentos una vez comercializados, con interés especial en sus Reacciones Adversas, entendiendo por Reacción Adversa a: "aquella respuesta que es nociva y no deseada, y que ocurre a dosis normalmente usadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica". La contribución de la Farmacovigilancia a la Salud Pública en estos 40 años de existencia ha sido considerable, aunque algunos fracasos han puesto de manifiesto la necesidad de introducir nuevos métodos de investigación que complementen los ya existentes.

La OMS crea a nivel internacional, el programa de Farmacovigilancia que fue definido como la "disciplina que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes" (OMS 2002). México se incorporó a este programa en el año de 1998.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La COFEPRIS tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no solamente su comercialización, sino también  su utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores. El organismo de control de medicamentos y demás insumos para la salud, empleando los medios de una Vigilancia Sanitaria efectiva y concreta, controla los insumos que están en el mercado independientemente del tipo de rotulación, mecanismos de comercialización y origen de los productos.

Por lo anterior, el 23 de septiembre de 2016, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, publicaron el proyecto de NOM-220-SSA1-2015 sobre instalación y operación de la famacovigilancia.

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su comercialización y su utilización por un número considerablemente mayor de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos de población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos, poblaciones sometidas a condiciones diferentes de calidad de vida, etc.), son un componente importante de las acciones a cargo de los organismos reguladores de los insumos. Una Farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables.

La situación existente en materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, crea numerosos obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada. La carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y farmacólogos clínicos y las dificultades para el seguimiento de los estudios farmacoepidemiológicos sobre el consumo de medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas actividades.

La introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento de ciertas enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en marcha de una vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.

La Farmacovigilancia Intensiva se define como el monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos de un principio activo durante toda la etapa de prescripción.

Para este efecto es necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a los pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los laboratorios productores y la autoridad sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona una fracción I Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, en materia de farmacovigilancia.

Artículo 17 Bis….

I Bis. Ejercer la farmacovigilancia destinada a la detección, identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos y vacunas en seres humanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las disposiciones locales al respecto.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente
del H. Congreso del Unión, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA EL ARTÍCULO 82 BIS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65, 66 Y 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL    AMBIENTE

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS, 65, 66 Y 171 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto en el que la preservación del medio ambiente es parte de una agenda mundial, donde la gran mayoría de los países expresan su preocupación por el cambio climático y por el calentamiento global del planeta. En un mundo donde se trabaja de manera conjunta por proteger los recursos naturales y en que son pocas las naciones, que se apartan de los compromisos globales como recientemente lo hizo Estados Unidos, al no suscribir los acuerdos de París.

La tarea fundamental de México como nación, es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo, para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos, que garanticen la protección de nuestros recursos naturales, y es en este contexto, donde el tema de las áreas naturales protegidas de México, cobran especial relevancia, para preservar la biodiversidad, la riqueza en flora y fauna, con la que cuenta el país.

Un área natural protegida es una porción de territorio, ya sea terrestre o acuática, cuyo propósito es preservar y/o restaurar la biodiversidad representativa de los ecosistemas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos  evolutivos ecológicos, y cuyas características no han sido esencialmente modificadas.

Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están reguladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su Reglamento y en los programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ahora bien, un programa de manejo, es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el  manejo y la administración del área natural protegida respectiva, la elaboración de este programa de manejo corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Actualmente existen 177 áreas naturales protegidas, que tienen la categoría de reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de fauna y flora, y santuarios.

Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y contundente: frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo debemos garantizar sanciones a la autoridad responsable; frente a la dilación para la elaboración de los programas de manejo debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento; y frente a la reticencia de la autoridad responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen del programa de manejo, debemos garantizar un periodo obligatorio para el cumplimiento del mismo.

De acuerdo a la recomendación general 26/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativo a la falta y actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, de las 177 áreas naturales protegidas 55 de ellos no contaban con un plan de manejo, y 20 de ellas pese a disponer de un programa ya elaborado, no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por esta razón, el propósito de la presente iniciativa es garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo, que se establezcan sanciones a las autoridades cuando no los elaboren, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para elaborar el plan de manejo, una vez que se ha publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se establecen las áreas naturales protegidas, y un plazo de 30 días para que se publique un resumen del programa de manejo respectivo, así como el plano de localización del área.

La protección, preservación y restauración de nuestras áreas naturales, debe tener como referente, una legislación de avanzada, que determine plazos y establezca expresamente sanciones.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO 65.- la Secretaría formulará, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la declaratoria respectiva ...

ARTÍCULO 66.- 

Una vez elaborado el Programa de Manejo, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 30 días, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.

ARTICULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la  autoridad;

III. Arresto administrativo hasta por 36 horas;

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y

V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

En el caso de violaciones cometidas por servidores públicos, éstas serán sancionadas  de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, así como la clausura definitiva.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Diputado Federal, Dr. VÍCTOR ERNESTO IBARRA MONTOYA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ADICCIONES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, al tenor de la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las acciones legislativas que pretenden el control y erradicación de las adicciones entre la niñez, la adolescencia y la juventud, son una obligación y una manifestación del compromiso que los Diputados de ésta H. Cámara de Diputados, sin duda debemos de tener, priorizando la salud física y mental entre nuestros adolescentes y jóvenes, que son el  presente y futuro de nuestra sociedad.

El Programa de Acción Específico, Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018, señala que “el consumo de sustancias psicoactivas de curso legal, como  de aquellas de curso ilegal, es un importante problema de salud pública. Sus efectos en el deterioro de las condiciones de vida de los consumidores, su impacto negativo en el desarrollo de las comunidades y en la vulneración del tejido social, lo constituyen como un aspecto central de las políticas públicas.”

Asimismo, en ese programa específico se afirma que “es preponderante la identificación de grupos de riesgo a fin de derivarlos para que reciban intervenciones acordes a sus necesidades y condiciones de riesgo, y para quienes presentan uso o abuso de tabaco, alcohol u otras drogas, es prioritario ofrecerles intervenciones breves, o bien, de ser el caso, a quienes ya son dependientes, brindarles tratamiento especializado, rehabilitación y apoyo para su reinserción social.”

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, aproximadamente 26 millones de alumnos integran la educación obligatoria; impartida por el Estado.

De conformidad con cifras establecidas en El Programa de Acción Específico, Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018:

- En México el consumo de drogas ilícitas (mariguana, cocaína, heroína), de sustancias de uso indebido (solventes inhalables) y de fármacos fuera de prescripción médica (estimulantes, depresores), así como de nuevas sustancias psicoactivas, muestra en conjunto, una prevalencia la cual a ciencia cierta no tenemos la seguridad del número de adolescentes que día con día comienzan con estas dependencias.

- La gravedad del consumo de estas drogas se centra en los graves daños que generan en la salud individual, con severas implicaciones para los familiares de los consumidores, la comunidad y la sociedad en general, en tanto que se asocia con mayor  énfasis a problemas de inseguridad y violencia.

- Entre los adolescentes de 12 a 17 años, los datos indican que la mariguana es la de mayor consumo (1.3%), seguida por la cocaína (0.4%) y los inhalables (0.3%). Esta información es particularmente relevante, tomando en cuenta que se trata de individuos en pleno desarrollo neurobiológico y psicosocial, en quienes el consumo de estas drogas afecta seriamente dichos procesos.

Dado que es claro que la población escolar se encuentra preocupantemente expuesta a factores que pueden resultar determinantes para que se conviertan en adictos; es necesario allanar el camino legislativo para establecer reformas que mejoren la intervención de las autoridades educativas y de salud en la compleja labor de proteger contra las adicciones a dicho sector de la población.

La presente iniciativa propone reformar el artículo 191 de la Ley General de Salud para establecer que la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la farmacodependencia, entre otras, a través de la acción de aplicar el examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones entre la población escolar de los centros educativos de educación obligatoria, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

La participación del Consejo de Salubridad General garantiza el carácter ejecutivo de la aplicación del examen toxicológico, que aunque sea voluntario debe contemplar un procedimiento para que dicha voluntariedad sea debidamente ejecutada y respetada.

Al incluir el examen toxicológico voluntario entre las acciones de ejecución del programa contra la famacodependencia, se podría garantizar la efectividad programática. Tal como se ha pretendido en el caso de otro tema tan relevante como lo es el de la nutrición para prevenir la obesidad entre la población escolar.

Asimismo se propone reformar la Ley General de Educación para establecer que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros el de desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia para propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de la importancia de colaborar en la aplicación de examen toxicológico para su detección entre la población escolar.

Se propone establecer como derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, que las autoridades les soliciten el consentimiento para que le sea practicado el examen toxicológico para la detección de adicciones, a sus hijos o pupilos menores de edad, asimismo que tengan la obligación de informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos en lo relacionado con adicciones para que las autoridades apliquen los estudios y pruebas correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios.

De esa manera, se garantiza que en la aplicación de la prueba se respete la voluntad y los derechos de los padres y tutores, así como la individualidad y la intimidad de los educandos, poniendo en claro que el resultado positivo de dicho examen será tratado de manera totalmente confidencial y no causara ninguna represalia de la institución hacia el alumno, ya que el mero y más puro fin es que los padres se enteren de  la detección oportuna de que sus hijos están consumiendo estas sustancias.

Actualmente existe Universidades que, como sucede en el caso de la Anáhuac y el Tec Milenio, incluyen en sus reglamentos internos la disposición de que los alumnos se sometan voluntariamente a la aplicación del examen toxicológico.

La presente iniciativa se pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, sobre la base de la convicción de que los padres de familia responsables sobre el bienestar de sus hijos, Diputadas y Diputados yo les pregunto ¡cuándo preferirían saber si sus hijos son víctimas de alguna adicción, cuando preferirían saber si sus hijos consumen drogas? A temprana edad cuando todavía es tratable, o cuándo tengan años de consumidores?

Para lo cual mi propuesta se basa  en que se realice un examen toxicológico consistente en examinar la orina para  la detección de diferentes drogas, realizar la prueba al inicio del ciclo escolar y otra más de manera aleatoria en el trascurso del mismo de manera sorpresa para mayor efectividad realizada por la Secretaria de Salud.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente,

DECRETO

Que adiciona la fracción III Bis y reforman las fracciones II y III en el artículo 191 de la Ley General de salud; asimismo reforman la fracción X del artículo 7; el artículo 24 Bis; adiciona la fracción II Bis al artículo 65 Bis y reforma la fracción IV del artículo 66, de la Ley General de Educación.

PRIMERO. Se adiciona la fracción III Bis y, se reforman las fracciones II y III en el artículo 191 de la Ley General de salud para quedar como sigue:

Artículo 191.- …

I. …;

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales;

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento y;

III Bis. La aplicación, de examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones entre la población escolar de los centros educativos de educación obligatoria, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

...

SEGUNDO.  Se reforman la fracción X del artículo 7; el artículo 24 Bis; se adiciona la fracción II Bis al artículo 65 Bis y se reforma la fracción IV del artículo 66, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o. …

I a la IX.- …

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos, consecuencias y, de la importancia de colaborar en la aplicación de examen toxicológico voluntario para su detección entre la población escolar;

XI a la XVI.- …

Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la aplicación de examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones así como, el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental. Asimismo aquellas que establezcan los criterios que la Secretaría de Salud determine que deberán observarse para establecer la idoneidad del examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones, cuya aplicación resulte idónea en cada caso y, que garantice el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 65.- …

I a la II.- …

II Bis.- Que las autoridades le soliciten el consentimiento para que le sea practicado el examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones, a sus hijos o pupilos menores de edad;

III a la XII.- …

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I a la III.- …

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, principalmente en lo relacionado con adicciones para que las citadas autoridades apliquen los estudios y pruebas correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y

V.- ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Educación Pública deberán realizar en el ámbito de sus facultades, en un plazo máximo de 180 días, las adecuaciones normativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Víctor Ernesto Ibarra Montoya.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63 Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada MIRIAM DENNIS IBARRA RANGEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, en términos de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 10, inciso g) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, para asegurar -en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres- “las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física”.

Con el propósito de avanzar con el mandato de referencia, en mayo de 1994 en Brighton, Reino Unido, se celebró la primera conferencia internacional sobre la mujer y el deporte, que reunió a los responsables nacionales e internacionales, de las políticas y decisiones del mundo deportivo a fin de examinar la forma de acelerar el proceso de cambio para rectificar los desequilibrios que enfrentan las mujeres al participar en el deporte, teniendo por resultado la “Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte” que proporciona principios que deben regir las acciones encaminadas a incrementar la participación femenina en el deporte, entre los que se encuentran los siguientes:1

1.- Equidad e igualdad en la sociedad y el deporte: Que se refiere a que los gobiernos deben hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurar que las instituciones y organizaciones del deporte, respetarán las disposiciones contenidas de diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentra la (CEDAW); a que la igualdad de oportunidades en cuanto a la participación en el deporte -sea actividad de ocio o recreo, para promover la salud, o como actuación de alto nivel- es el derecho de cada mujer, sin importar raza, color, lengua, religión, creencia, orientación sexual, edad, estado civil, invalidez, opinión o afiliación política, origen nacional o social.

2.- Instalaciones: Que se refiere a que la participación femenina en el deporte está influida por el número, la diversidad y la accesibilidad de las instalaciones y por consecuencia, el diseño y la dirección de éstas deben satisfacer de modo apropiado y equitativo, las necesidades específicas de las mujeres dentro de una comunidad, prestando atención particular a la necesidad de guardería infantil y de seguridad.

3.- Desarrollo de la participación: Que se refiere a que la participación femenina en el deporte está influida por la gama de actividades disponibles, por lo que las personas responsables de la provisión de oportunidades y de programas deportivos deben proveer y promover actividades que respondan a las necesidades y ambiciones de las mujeres.

4.- Deporte de alto nivel: Que se refiere a que los gobiernos y las organizaciones deportivas deben aplicar el principio de igualdad de oportunidades para permitir a las mujeres alcanzar su potencial de actuación deportiva, asegurándoles que todas las actividades y todos los programas relacionados con el mejoramiento de la actuación, tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas; asimismo, que las personas que apoyan a los atletas de élite y/o profesionales, tienen que asegurar que las oportunidades de competir, los premios, los incentivos, el reconocimiento, el patrocinio, la promoción, y otras formas de apoyo, estén provistos justa y equitativamente, para hombres y mujeres.

5.- Dirección en el deporte: Que se refiere a que las mujeres están sub-representadas en funciones de dirección y de decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte, por lo que las personas responsables de estos campos deben desarrollar políticas y programas y crear estructuras que incrementen el número de mujeres en puestos de entrenador, consejero, juez y gestor a todos niveles del deporte.

6.- Educación, formación y desarrollo: Que se refiere a que las personas responsables de la educación, de la formación y del desarrollo de los entrenadores y de todo personal deportivo, deben asegurarse de que los procedimientos y las experiencias de enseñanza examinen asuntos relacionados con la igualdad y las necesidades de las atletas, reflejen equitativamente el papel de las mujeres en el deporte, y tengan en cuenta las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres en cuanto a la dirección.

7.- Información e investigación sobre el deporte: Que se refiere a que las personas responsables de las investigaciones y la provisión de información sobre el deporte, deben desarrollar políticas y programas para mejorar el conocimiento y la percepción general de las mujeres y del deporte, así como garantizar que las normas de investigación se basen sobre datos relativos a ambos sexos.

8.- Recursos: Que se refiere a que las personas responsables de la asignación de recursos, deben garantizar la disponibilidad de medios para apoyar a las deportistas y los programas femeninos.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, emitió la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, instrumento internacional que en sus párrafos 107 inciso f), 183 y 280 inciso d), refiere lo siguiente:

1.- Que una de las medidas que deben adoptar los gobiernos, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, los medios de información, el sector privado y las organizaciones internacionales pertinentes, es “crear y apoyar programas en el sistema educacional, en el lugar de trabajo, y en la comunidad para que las niñas y las mujeres de todas las edades puedan participar en los deportes, las actividades físicas y de recreo puestas a su disposición sobre la misma base en que participan los hombres y los muchachos en las actividades puestas a la disposición de ellos”.

2.- Que “la escasa representación de la mujer en puestos directivos en el campo de las artes, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, la educación, la religión y el derecho, ha impedido que la mujer pueda ejercer suficiente influencia en muchas instituciones clave” (lo subrayado es propio).

3.- Que una de las “medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales y no gubernamentales [es] fomentar la participación plena e igual de las muchachas en actividades no académicas como los deportes, el teatro y los actos culturales” (lo subrayado es propio).

El antecedente internacional más reciente en la materia, es la 6ª Conferencia Mundial del Grupo de Trabajo Internacional, sobre la Mujer y el Deporte, celebrada en Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2014, donde se aprobaron una serie de conclusiones, entre las que se encuentra la relacionada con la “integración de la perspectiva de género”, en la cual se reflexiona lo siguiente:2

1.- Que la experiencia demuestra que las acciones específicas a favor de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género, son métodos complementarios en la búsqueda de una cultura deportiva equitativa.

2.- Que la educación sobre la incorporación de la perspectiva de género y su aplicación en todas las políticas, será eficaz sólo si se asume el compromiso -al más alto nivel decisorio- de utilizarla como un método para hacer avanzar la igualdad de género.

3.- Que las estimaciones presupuestarias sensibles al género y las evaluaciones sobre su gravitación en las cuestiones de género, han demostrado ser instrumentos útiles para el desarrollo de políticas.

Con sustento en lo anterior, en la 6ª Conferencia Mundial del Grupo de Trabajo Internacional, sobre la Mujer y el Deporte, se recomienda “incorporar la perspectiva de género a todas las políticas y especialmente a los procedimientos de asignación de recursos humanos y financieros” así como “incluir en los programas de formación de los responsables del desarrollo y ejecución de las políticas deportivas la educación sobre temas de género, incluyendo instrumentos tales como los presupuestos con sensibilidad de género y las evaluaciones acerca de los efectos en las cuestiones de género”.3

Ahora bien, en las normatividad nacional existen disposiciones que refieren la importancia de la perspectiva de género en las acciones de gobierno.

Así, el artículo 5, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, define a la perspectiva de género como el “concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género”.

De igual manera, el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley General en cita, señala que la política nacional en materia de igualdad, debe considerar como lineamiento “asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, así como “promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo”.

Y es que ya en la década pasada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), referían que

(…) para consolidar en México los esfuerzos internacionales, deba buscarse el acceso de las mujeres a los espacios directivos, así como asignar recursos a programas de formación que capaciten a las mujeres a comprender, desarrollar y practicar habilidades y conocimientos que utilizarán en su papel de líderes.- Esta tarea debe ser encabezada por las instituciones deportivas CODEME, CONADE, COM, Federaciones Deportivas Nacionales, así como Institutos, Consejos, Comisiones Estatales del Deporte, Entidades Deportivas y Consejos del deporte estudiantil.4

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo señala que “la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres deberá verse reflejada en la educación, la cultura, el deporte, y en las especialidades técnicas y científicas” (lo subrayado es propio), asimismo que es fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, que es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial, cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos y se destaca que es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial.

No obstante, en materia de cultura física y deporte, es necesario impulsar la incorporación de la perspectiva de género como un principio que permee en todas las políticas y acciones de gobierno.

Por ello, garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de planes y programas, pues como ya se expuso, constituye una herramienta fundamental para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

No pasa inadvertido, que el artículo 9º de la Ley de Planeación establece que “las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable” (lo subrayado es propio).

Sin embargo, la actuación de la administración pública federal en materia de cultura física y deporte, no se ejerce por una dependencia centralizada, sino por un organismo público descentralizado5,

En tal contexto, es necesario perfeccionar la normatividad para asegurar la aplicación de la perspectiva de género en materia de cultura física y deporte y así propiciar una mayor participación de la mujer.6 Un referente sobre tal participación, es la conformación de las delegaciones mexicanas en juegos olímpicos, que de 1924 al 2004 únicamente el 16.4%7 habían sido mujeres, y a pesar de que para Atenas 2004 incrementó al 45% (52 mujeres y 62 hombres), esa cifra disminuyó considerablemente en Londres 2012 al 34% (34 mujeres y 67 hombres) y en Río de Janeiro 2016 al 35.7% (45 mujeres y 81 hombres).8

No obstante, las mujeres han tenido participaciones destacadas ganando 15 de las 66 medallas olímpicas en deportes oficiales obtenidas por nuestro País, lo que representa el 22.7% del total de medallas en la historia.9

En consecuencia, es pertinente implementar medidas que impulsen la participación de la mujer en actividades deportivas, siendo la perspectiva de género la principal herramienta que puede generar una sinergia institucional que lo permita, y para tal efecto sugiere reformar los artículos 2, 3, 9, 13, 30, 34, 35, 88 y 90 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que así el uso de tal herramienta no quede a la discrecionalidad de las autoridades Federal, estatales y municipales.

Finalmente, en atención a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo, es necesario reformar los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de evitar el uso del salario mínimo para establecer montos mínimos y máximos de multas, y en su lugar utilizar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).10

Por lo expuesto, someto ante la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 en su primer párrafo y en su fracción I; 3, fracciones IV y VI; 9, párrafos primero y tercero; 13, fracción III; 30, fracciones VI, IX y X; 34, en su párrafo primero y en sus fracciones I y III; 35 en su párrafo primero y en sus fracciones I y III; 88, párrafo primero; 90; 152, fracción V en su inciso c); y 154 párrafo tercero de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, con perspectiva de género;

II. a la XII. …

Artículo 3.

I. a la III. …

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales con perspectiva de género, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;

V. …

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas con perspectiva de género, que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de todos;

VII. a la XIII. …

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte con perspectiva de género, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará con perspectiva de género, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:

I. a la IV. …



Artículo 13. …

I. a la II. …

III. Proponer planes y programas con perspectiva de género, que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad;

IV. a la V. …

Artículo 30. …

I. a la V. …

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades con perspectiva de género, en materia de cultura física y deporte en el marco del SINADE;

VII. a la VIII. …

IX. Promover el desarrollo de los programas con perspectiva de género, de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos;

X. Promover la capacitación y certificación con perspectiva de género, de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos;

XI. a la XXX. …

Artículo 34. Corresponde a los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar con perspectiva de género, la política de cultura física y deporte estatal;

II. …

III. Diseñar, aplicar y evaluar con perspectiva de género, el programa estatal de cultura física y deporte;

IV. a la VIII. …

Artículo 35. Los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Proponer, coordinar y evaluar con perspectiva de género, la política de cultura física y deporte municipal y delegacional;

II. …

III. Diseñar, aplicar y evaluar con perspectiva de género, el programa municipal y delegacional de cultura física y deporte;

IV. a la VII. …

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada con perspectiva de género, en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación con perspectiva de género, de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

Artículo 152. …

I. a la IV. …

V. …

a) al b) …

c) Multa de 10 a 90 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometer la infracción, y

d) …

Artículo 154. …

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día multa equivale a un día de los ingresos que por cualquier concepto perciba el inculpado, y a falta de prueba, al valor diario de la unidad de medida y actualización, vigente el día en que se haya cometido el delito.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de al Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel.

1 Esta conferencia fue organizada por el British Sports Council (Consejo Británico del Deporte) con el apoyo del Comité Olímpico Internacional; fue aprobada por 280 delegados provenientes de 82 países y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas internacionales y nacionales, e instituciones dedicadas a la educación y la investigación.

2 En esa Conferencia concurrieron más de 800 participantes provenientes de alrededor de 100 países; fue organizada bajo la égida del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el Deporte, con los auspicios de Valo, la Confederación Finlandesa de Deportes, y con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deportes de Finlandia, de las ciudades de Helsinki, Espoo y Vantaa y de numerosas organizaciones deportivas nacionales y sectores interesados de Finlandia, asimismo fue organizada en cooperación con las siguientes organizaciones regionales e internacionales: con el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paraolímpico Internacional (CPI); con el patrocinio de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura; copatrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); en cooperación con la Oficina de Naciones Unidas sobre el Deporte, el Desarrollo y la Paz (UNOSDP), la Asociación de Deportes para Todos (TAFISA), la Conferencia de Ministros de la Juventud y los Deportes en la Francofonía (CONFEJES), el Consejo Internacional sobre Ciencia del Deporte y Educación Física (ICSSPE), el Comité Internacional de Deportes de Sordos (CIDS), las Olimpíadas Especiales, la Organización Europea No Gubernamental de Deportes (ENGSO) y los Comités Olímpicos Europeos (COE); en asociación con la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU); entre otros. Disponible en
http://www.fisu.net/medias/fichiers/ES_Helsinki_calls_the_world_of_sport_to_LEAD_THE_CHANGE_BE_THE_CHANGE.pdf (consultado el 26 de abril de 2017).

3 La 7ª Conferencia Mundial del GTI sobre la Mujer y el Deporte en Gaborone, Botswana en 2018.

4Mujer y Deporte, una visión de género” producto de una investigación realizada por CONADE e INMUJERES. Página 69. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100559.pdf (consultado el 26 de abril de 2017).

5 Véase el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte: “La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte…

6 Esto se afirma, pues incluso el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 -a pesar de que en sus consideraciones refiere que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye como estrategia transversal a la perspectiva de género- no la desarrolla y únicamente en su estrategia 5.3 prevé como líneas de acción “poner en marcha un proyecto de comunicación que promueva la participación de las mujeres en el deporte” y “promover proyectos específicos para la mujer y las persona con discapacidad”.

7 Ídem. Página 72.

8 Véase http://www.com.org.mx/mexicanos-en-juegos-olimpicos-de-verano/ (consultado el 27 de abril de 2017).

9 Información disponible en http://www.olimpicosmexicanos.com.mx/medallas-olimpicas.htm (consultado el 27 de abril de 2017).

10 La UMA es calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Actualmente su valor es: Diario $75.49; mensual $2,294.90 y anual 27,538.80. Consultado el 23 de marzo de 2017 en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Rosalinda Muñoz Sánchez, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES II, III, IV, V, XIII Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 283; Y, ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 284 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Distrito I de mi querido Tlaxcala, es maravilloso encontrarme con una tierra segura y fértil para diversas actividades en el campo, así como también la población que habita en esta zona es fuerte y trabajadora que cuida de ellas.

A estas personas comúnmente las conocemos como trabajadores del campo o trabajadores agrícolas, a las que la Ley Federal de Trabajo define como personas físicas contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas.1 La Labor de estos trabajadores es encargarse de la siembra, cosecha, recolección y preparación de los productos que surgen del campo, resultando un factor sumamente importante para nuestra economía, en 1950 la participación del PIB primario en el PIB nacional era de 16.1% y en el 2013 de 3.4 %, en conjunto con la industria alimentaria, su importancia se eleva al 7.4 % del PIB2, pero su incidencia en el desarrollo económico y social de país es mayor debido a que aquí nos encontramos con el origen de nuestros alimentos.3

En la Estadística a propósito del día del trabajador agrícola realizada por el INEGI, se encontró que México, cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas de las cuales 30 son tierras de cultivo complementándolo con los resultados del cuarto trimestre de la ENOE de 2015, donde se revelo que la población mayor a los 15 años es ocupada dentro de este sector, teniendo un total de 5, 538, 979 personas; del cual desprendemos 56% agricultores y 44% peones o jornaleros.4 Estas personas presentan un fuerte grado de vulnerabilidad en consecuencia a las condiciones de vida y de trabajo que tienen que llevar en las áreas de cultivo dentro de lo cuales predominan la explotación del trabajo y sus condiciones laborales, discriminación, falta de seguridad social, entre otros más.

Como legisladores tenemos que fortalecer los esquemas para contribuir al logro de las metas nacionales como un “México Prospero”, y dar cumplimiento a la Estrategia de Democratizar la producción, por tal motivo proteger los derechos humanos y garantías de todos los trabajadores mexicanos, plasmado en el siguiente marco jurídico:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que

Artículo 1°, Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 5°,  El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Artículo 123°, Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

VII … XI

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.5



XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.6

La Ley Federal Del Trabajo regula de forma específica las normas para las correctas condiciones de los trabajadores del campo.

Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para menores de quince años;

II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;

IV. Un salario inferior al mínimo;

V. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

VI. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo;

VII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado;

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas.

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley. Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.

Artículo 279 Bis.- Trabajador eventual del campo es aquél que, sin ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 279 Ter.- Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.

Artículo 280.- El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente. El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello. Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a cada trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados.

Artículo 282.- Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de esta Ley

Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana;

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral;

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes; IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo; V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste;

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II;

I. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno;

II. Permitir a los trabajadores dentro del predio: a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral. b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que determinan las Leyes. c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos. d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores;

III. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo;7

Ley del Seguro Social.

Capitulo X
De la Seguridad Social en el Campo

Artículo 234. La seguridad social se extiende al campo mexicano, en los términos y formas que se establecen en la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así como los ejidos y otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social en la forma y términos que señala el artículo 13, a través de convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, o bien mediante el seguro de salud para la familia establecido en el artículo 240 de esta Ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta Ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 238. Los indígenas, campesinos temporales de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta Ley.

 Artículo 239. El acceso a la seguridad social de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, podrá ser apoyado por el tercer aportante establecido en el artículo 230 de esta Ley. En cualquier caso éstos podrán acceder al seguro de salud para la familia regulado por este ordenamiento.7

Compañeros y compañeras diputadas, reconozcamos la gran labor que realizan los trabajadores agrícolas, legislemos correctamente y garanticemos la justicia social a todos los mexicanos. Es notorio en el presente, los vacíos que aún tenemos en el marco jurídico a favor de este grupo vulnerables, seamos participe de un verdadero cambio.

Debemos dotar a los trabajadores del campo de una legislación eficaz que observe y defienda realmente sus derechos, con esta iniciativa deposito en sus manos la posibilidad de brindarles calidad de vida y condiciones favorables de trabajo, enfatizando la obligación que tenemos según el segundo precepto constitucional, apartado B, fracción VIII, para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente,

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma las fracciones II, III, IV, V, XIII y adiciona la fracción XIV al artículo 283; y, adiciona la fracción IV del artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se reforma las fracciones II, III, IV, V, XIII y adiciona la fracción XIV al artículo 283; y, adiciona la fracción IV del artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue,

Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana;

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores y dependientes económicos que los acompañen habitaciones proporcionales al número de familiares, adecuadas e higiénicas con los servicios públicos como el agua, electricidad y gas y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral;

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes sin que esta exceda de una semana;

IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable, alimentos y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo;

V. Informar a los trabajadores sobre los riesgos que corren, manteniendo siempre en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, adiestrar personal que los preste;

VI. …   XII.

XIII. Brindar gratuitamente servicios de calidad de guardería para los hijos de los trabajadores.

XIV. Proporcionar a los trabajadores el equipo necesario de trabajo que proteja su integridad física durante el desarrollo de sus actividades;

XV. Garantizar en todo momento un trato con respeto y dignidad a los trabajadores y sus dependientes económicos o acompañantes.         

Artículo 284.- Queda prohibido a los patrones:

I. …III.

V. Exceder las horas de jornadas señalado en el artículo 60 de esta ley, en caso contrario el patrón las deberá pagar como jornada de trabajo extraordinaria.

TRANSITORIO

Único. El presente Decretó entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Rosalinda Muñoz Sánchez.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf; pag. 64.

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf; pag. 1

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf; pag. 4

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada MARÍA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍNEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos ha llevado a considerar que hoy día los Estados no solo tienen obligaciones de no hacer o de no injerir sino también la obligación positiva de actuar para evitar violaciones o daños a los derechos humanos producidos por particulares o por catástrofes que el Estado podía haber evitado.1

Es por ello que la obligación positiva de los Estados de combatir la violencia de la cual las mujeres son víctimas mediante las investigaciones efectivas, garantizando de manera más amplia y efectiva la protección de sus derechos humanos, bajo el principio pro persona o pro homine, señalando así a los culpables, inclusive si estos actos fueran ejercidos por actores no estatales, teniendo el sustento jurídico por tribunales internacionales de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Opuz vs. Turquía, en el que hizo referencia a la Convención de Belém do Pará, concluyó que el Estado turco había vulnerado tanto el derecho de no discriminación como el derecho a la vida por falta de debida diligencia.2 De acuerdo a esta sentencia, un Estado puede ser responsable si no toma medidas para prevenir o reparar a las personas que sufren discriminación por motivos de género por parte de entidades y personas privadas.

El deber del Estado de actuar con debida diligencia requiere de la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, máxime cuando el Estado tiene conocimiento de un contexto en el que las mujeres están siendo abusadas y violentadas. Especialmente se requiere de coordinación eficaz entre los diferentes operadores/ as de justicia (policía, servicios forenses y fiscalías), quienes son fundamentales para combatir la impunidad e infundir confianza al público en el sistema de justicia.3

En general, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de facto y de jure que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a las mujeres víctimas, a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todos los medios a su alcance para diligenciar el proceso.4

Es por ello, que la obligación positiva del Estado como mínimo debe de ser garantizar al personal especializado para atender a las víctimas y sus casos en todas las etapas procesales.

A partir de esto, la presente iniciativa propone los siguientes cambios:

ACTUAL

MODIFICACIÓN

ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

 

[. . . .]

ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres,  e) sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el impacto de los factores de discriminación y violencia contra las mujeres, entre otros.
[. . . .]

EL artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer menciona que:

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Basándonos en sus incisos A y B, nuestro principal objetivo como Estado para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer es cumplir con la obligación de la debida diligencia, teniendo en cuenta la multiplicidad de formas que adopta la violencia contra la mujer y los distintos tipos de discriminación que afectan a las mujeres a fin de adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla eficazmente.5

Para esto, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres implica la obligación estatal de organizarse y coordinarse internamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es decir, se requiere de medidas afirmativas, de la obligación de garantía, no sólo para hacer frente a las diferentes expresiones de la violencia, sino también para atacar las causas estructurales que la provocan.6

La responsabilidad internacional del Estado se materializa ante su incumplimiento de los deberes convencionales y parte de obligaciones generales del Estado, que la Corte IDH, desde su más temprana jurisprudencia, ha interpretado. La primera es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención, y la segunda es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de esos derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción.7

El deber de respetar implica que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos tutelados por la Convención. Los Estados y sus agentes deben de abstenerse de conductas violatorias. Abarca también, bajo ciertas circunstancias, que terceros -particulare se abstengan de violar los derechos humanos.8

Los Estados deben tomar medidas positivas para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, lo que conlleva hacer efectivo su derecho a una vida libre de violencia. La adopción de medidas inadecuadas configurará una violación del deber del Estado de enfrentar la violencia contra las mujeres, de ahí la necesidad de que los Estados claramente señalen en qué se basan para considerar medidas como las más apropiadas a la vista de las circunstancias.9

La legislación no será plenamente efectiva si no se sensibiliza a los funcionarios públicos y no se crean procedimientos adecuados a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. Los procedimientos especializados de justicia y el personal capacitado con respecto a las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres pueden reducir la victimización secundaria en el sistema de justicia, aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar sus resultados, y así alentar a las víctimas y sobrevivientes a denunciar el delito.10

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; e) sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el impacto de los factores de discriminación y violencia contra las mujeres, entre otros.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. María Soledad Sandoval Martínez.

1 Obligaciones positivas del Estado (en derecho internacional público y derecho europeo).

2 http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/bajarFS.php?tl=3&per=11

3 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf

4 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (la CEDAW - ONU) 1979

5 Naciones Unidas, 2011, op.cit., párrafo 49

6 MESECVI, 2012a, op.cit., página 49.

7 Corte IDH, 1988 (Caso Velásquez Rodríguez), op. cit., párrafo 166

8 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf

9 Naciones Unidas. “Observación General No. 3: “La índole de las obligaciones de los Estados Partes.”” New York: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Quinto Período de Sesiones, 1990, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/ CESCRIndex.aspx.

10 6. Naciones Unidas. “Examen de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y su contribución a formular una perspectiva de género para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (E/2010/4*–E/CN.6/2010/2). New York: Consejo Económico y Social (CES), 2010, párrafo 126,






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Diputado Federal FRANCISCO SARACHO NAVARRO, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país dispone de una inigualable riqueza natural, biológica y geográfica que lo coloca en los más altos estándares de diversidad a nivel mundial, pero además de ello, dispone de una diversidad cultural sin comparación alguna y que puede advertirse en sus pueblos indígenas y demás minorías étnicas, lingüísticas y religiosas que dotan a nuestro Estado de un componente netamente multicultural.

Una de las raíces de lo que conforma la llamada “nación mexicana”, además de la raíz hispana e indígena, es la de la población afrodescendiente que durante el periodo colonial fue traída desde el África al territorio de la Nueva España en calidad de esclavos. Dicha población ha acompañado todo el devenir histórico de nuestro país, desde la colonia, la independencia, la república, la revolución y el periodo contemporáneo, por lo que es una población originaria.

Respecto de la etapa de independencia puede leerse que “Muchos afrodescendientes, como Morelos, Vicente Guerrero o Juan Álvarez, fueron componentes esenciales de la lucha insurgente y, aunque sus nombres y participación son reconocidos en la historia de México, poco o nada se dice sobre su ascendencia africana. La independencia abolió la esclavitud y promulgó la igualdad de todos los mexicanos, sin distinciones. Sin embargo, paradójicamente el nuevo proyecto de nación, menospreció la participación de las personas africanas en la historia y el presente de la nueva nación mexicana.”1

Asimismo, una cita del gran teórico de la democracia en América, Alexis de Tocqueville, puede también darnos una idea del gran sufrimiento al que la población africana fue sometida en el periodo de colonización. Respecto de la población africana en los Estados Unidos de América indicó:

“¡La opresión arrebató de golpe a los descendientes de los Africanos casi todos los privilegios de la humanidad! El negro de los Estados Unidos ha perdido hasta la memoria de su país; ya no entiende la lengua que hablaban sus padres, ha abjurado de su religión y olvidado sus costumbres. Al dejar así de pertenecer a África, no ha adquirido, sin embargo, ningún derecho a los bienes de Europa, sino que se ha detenido entre las dos sociedades. Se ha quedado aislado entre ambos pueblos; vendido por uno y repudiado por el otro, no encuentra en todo el universo más que el hogar de su dueño para ofrecerle la imagen incompleta de la patria…”2

Durante todo este acompañamiento histórico, la población afrodescendiente ha padecido una permanente condición de exclusión y discriminación que ha colocado a este sector de la población en una situación de gran vulnerabilidad.

La población afrodescendiente, desde el plano del derecho internacional de los derechos humanos, se concibe como una minoría étnica, un sujeto de adscripción que, a manera de la población indígena (aunque con sus múltiples salvedades) se entiende y autodefine por su pertenencia a la “comunidad” y, en consecuencia, merecedor de la tutela que el sistema universal y regional de derechos humanos han diseñado para las minorías étnicas en esta situación.

En la presente iniciativa de reforma constitucional planteamos reconocer precisamente lo anterior desde el texto constitucional en un ejercicio tanto de justicia constitucional para la población afrodescendiente de nuestro país, como de una efectiva herramienta de tutela que garantice a la población afrodescendiente mejores condiciones de vida en nuestro país. Ello puede lograrse mediante su inclusión en el artículo 2º Constitucional y el correspondiente reconocimiento de derechos que derivarían a partir de esto.

La población afrodescendiente en nuestro país

Como se ha indicado, la población afrodescendiente de México fue traída desde el periodo colonial del África al territorio de la Nueva España y, con el transcurrir del tiempo, su concentración mayoritaria se realizó en los Estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos, regiones caracterizadas por el desarrollo de actividades agrícolas, así como por la existencia de importantes puertos (caso de Guerrero y Veracruz) en donde la mano de obra de esta población fue utilizada para la generación de riqueza tanto en la época colonial como en el México independiente.

Actualmente, se estima que la población afrodescendiente de nuestro país asciende a cerca de 450 mil habitantes,3 dispersa fundamentalmente en las regiones de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la región Centro-Golfo de Veracruz, la Costa Grande de Oaxaca, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, el Istmo-Costa en Chiapas, así como en el municipio de Múzquiz (mascogos) en el Estado de Coahuila de Zaragoza (cuya población afro se explica por la emigración de esta población a mediados del Siglo XIX como resultado de la guerra de secesión en los Estados Unidos de América).4

Más extensamente y, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la “Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes de México”, se identificaron en nuestro país 81 comunidades afrodescendientes -que cumplen con el criterio de autoadscripción- en los siguientes estados y municipios:

- Coahuila de Zaragoza: Melchor Ocampo, Múzquiz

- Guerrero: San Marcos, Florencio Villareal, Cuautepec, Copala, Marquelia, Juchitán, Azoyú, Igualapa, Ometepec y Cuajinicuilapa

- Oaxaca: Santa María Cortijos, San José Estancia Grande, Santiago Llano Grande, Pinotepa Nacional, Tututepec, Villa deTututepec de Melchor Ocampo, San Pedro Mixtepec, Santo Domingo Armenta, Santiago Jamiltepec, Santa María Huazonolotitlán, Mártires de Tacubaya, Santiago Tlapextla y San Juan Bautista lo de Soto

- Veracruz: Actopan, Cuitláuac y Yanga

- Chiapas: Acapetahua

- Michoacán: Huetamo y Nocupétaro

Como puede apreciarse, la población afromexicana existente en el territorio nacional se distribuye en diversas regiones y con múltiples variantes en su concentración, contribuyendo con sus lenguas, culturas y tradiciones a la gran riqueza cultural de nuestro país.

Medidas internacionales llevadas a cabo y recomendaciones formuladas a México

No han sido pocos los avances que en materia de derechos humanos para las poblaciones afrodescendientes han existido, principalmente en el área internacional. Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer, la realidad es que también se ha empezado a cobrar una mayor conciencia sobre la necesidad de reconocer las características particulares e identitarias de estos colectivos atento a su carácter de grupo étnico.

Así, desde el plano internacional, el 18 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/64/169 por la que proclamo el año 2011 como “Año Internacional de los Afrodescendientes” a fin de fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes para el goce pleno de sus derechos humanos. Sendas acciones fueron realizadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su resolución AG/RES.2550 (XL-0/10).5

En el campo del derecho internacional de los derechos humanos encontramos diversas disposiciones que obligan a emprender medidas estatales a fin de garantizar la plena igualdad e inclusión de estos colectivos dentro de la sociedad en general. Así tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos (fundamento genérico); la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia; la Declaración de los Principios de la Cooperación Internacional y; en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes la cual, claramente señala en su artículo 1.a) que:

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o  por una legislación especial;

b) …

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. …

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU) recomendó al Estado mexicano “reconocer a los afrodescendientes como un grupo étnico y promover sus derechos”6, recomendación que con posterioridad fue aceptada por nuestro país.

El propio Consejo de Derechos Humanos ha señalado que “México tiene rezagos en el reconocimiento y visibilidad de su población afrodescendiente, ya que no ha contado con instrumentos de medición estadística que la incluyan. Para atender este reto, el CONAPRED y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han diseñado un rubro específico para incluir en el diseño del Conteo de Población y Vivienda 2015 a los afrodescendientes. En 2012 se llevó a cabo el Foro Nacional de Poblaciones Afrodescendientes en donde se reconoció que esta población es víctima de discriminación racial, formal y estructural, y en donde se inició la construcción de una agenda de trabajo para enfrentar estos desafíos. Adicionalmente, en la Guía de Acción Pública sobre Poblaciones Afrodescendientes en México del CONAPRED y el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, se formulan recomendaciones para el diseño de políticas públicas orientadas a los afrodescendientes”.7

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha también instado a México a “reconocer a las personas afrodescendientes como etnia y a fomentar sus derechos”.8

Además de la aceptación de las diversas recomendaciones que México ha hecho, también es de destacarse la implementación de medidas internas para dar respuesta al reconocimiento de la población afrodescendiente nacional, de este modo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 se integró como parte de la estrategia 3.2 “Responder a las problemáticas de derechos humanos de personas y grupos específicos” en su línea de acción 3.2.7 “visibilizar en las políticas públicas a las personas afrodescendientes”.

En cuanto al reconocimiento constitucional de este importante sector de la población, también es de destacarse casos en el derecho comparado, así el artículo 3 de la Constitución de Bolivia establece:

“…la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”

Por su parte, el artículo 56 de la Constitución de la República de Ecuador indica:

“Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”.

El artículo 215, inciso 1 de la Constitución de la República Federativa de Brasil preceptúa:

“El Estado protegerá las manifestaciones de las culturales populares, indígenas y afro brasileñas y los otros grupos participantes en el proceso de civilización nacional”.

En Colombia, el artículo transitorio 55 de su Constitución establece:

“Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”. 

Como puede verse, los avances normativos que en el tópico de los derechos de las personas afrodescendientes existen, no es menor y, en algunos casos ha sido reconocido por diversos Estados en sus respectivas Constituciones dando cuenta así de su compromiso y de su reafirmación por un Estado multicultural. En el caso de nuestro país, México, ello aún es una asignatura pendiente y demanda de todos los actores políticos la puesta en marcha de acciones para lograr el reconocimiento y asegurar la plena igualdad de este sector de nuestra población.

El pasado  30 de mayo de 2017, durante la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se aprobó un dictamen en el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las dependencias federales competentes, así como los gobiernos estatales se coordine una mesa interinstitucional para diseñar y aplicar acciones que garanticen los derechos de los afrodescendientes, debido a las diferentes violaciones a sus derechos humanos que sufren y que los margina y rezaga en el ejercicio de sus derechos, destacando que la población afrodescendiente en México, es una de las más vulnerables y excluidas, por lo que es una obligación de los legisladores velar por su bienestar e inclusión en el desarrollo y vida cotidiana de nuestro país, alejándolos de la violencia, marginación y discriminación que actualmente padecen. Se afirmó que en 2017 se estima que son más de 1.4 millones de personas afrodescendientes en nuestro país, cuyo 15.7 % son analfabetas, y sólo cuatro de cada 10 adultos son económicamente activos, por lo que la desigualdad es una constante, pues carecen de oportunidades.9 

Necesidad de un reconocimiento constitucional

La propuesta que presentamos plantea la inclusión expresa de los pueblos afrodescendientes en el texto constitucional (artículo 2º) dado el carácter de pueblos que asiste a estos colectivos y dada la existencia de caracteres culturales que identifican y diferencian a estos colectivos de otros sectores de la población.

El artículo 2º Constitucional, se sabe, es ante todo una conquista alcanzada por los pueblos indígenas a través de un largo proceso que, primeramente en 1992 y posteriormente en 2001 llevó a sendas reformas constitucionales para incluir su reconocimiento a nivel constitucional. Si bien es cierto que cuantitativamente la población indígena resulta mayor a la de la población africana, ello no constituye obstáculo alguno para que el colectivo africano sea reconocido también en el texto constitucional puesto que aunque cuantitativamente son un porcentaje menor de la población, cualitativamente disponen de una riqueza cultural y de un pasado netamente ligado a nuestra identidad como nación.

Podría argumentarse que de una manera implícita se encuentra ya reconocido este colectivo en el texto constitucional puesto que el último párrafo del artículo 2º indica lo siguiente:

“Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos, tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”

En este sentido, la disposición en comento ciertamente puede ser aplicable a la población afrodescendiente de nuestro país, sí se le interpreta de una manera maximizadora en relación con el artículo 1o Constitucional, obligando a todas las autoridades para que garanticen la mayor protección de los derechos humanos para todas las personas que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna.

No obstante lo anterior, se estima necesario hacerle un reconocimiento expreso en la Constitución Política a la población afrodescendiente, debido al carácter originario que tiene en la conformación de la nación mexicana, así como al importante papel que históricamente ha jugado, lo que no sucede con otras poblaciones que por circunstancias específicas, se han asentado en territorio nacional en cierta época, aunado a que no son parte de ese devenir histórico.

El aspecto “originario” de la población afrodescendiente, es la razón que les otorga tal reconocimiento dentro del artículo 2 de la Carta Magna, lo cual de manera simultánea, es un candado que evitaría darles un reconocimiento como parte de ese mosaico cultural de la nación mexicana, a todas las comunidades, etnias o poblaciones asentadas, por alguna razón, en territorio nacional, sin que ello afecte el ejercicio de sus derechos fundamentales de sus integrantes.

Frente a este señalamiento debe recordarse que una Constitución dispone de elementos principalistas, normativos y valorativos que reflejan la manera o forma en cómo una sociedad se mira ante sí, de tal manera que todo aquello colocado dentro de su texto revela también una identidad y aceptación colectivo/nacional por tutelar “algo” con la máxima protección posible que brinda el carácter de norma suprema, por lo que resulta importante reconocer en el texto constitucional a la población afrodescendiente, y que de esa manera, se le incluya como uno de los “símbolos” que forman parte de la nación mexicana, tutelando sus derechos y combatiendo la discriminación de que ha sido objeto a través del tiempo.

Así como ha sido reconocida la invaluable contribución de grandes hombres y mujeres para la patria, tal es el caso de Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, cuyos nombres han sido colocados en letras de oro en el recinto legislativo, del mismo modo es tiempo de que el texto constitucional reconozca la invaluable contribución que la población afromexicana ha tenido para la conformación de la nación. Sin lugar a dudas, ello será también un homenaje a Guerrero, Morelos, Juan Álvarez y otros tantos afromexicanos que nos han dado patria y libertad. 

En consecuencia y en mérito de todo lo anteriormente expuesto, propongo ante esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o…

A. …

de la I. a la VIII. …

B. …

De la I. a la IX.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos, como la población afrodescendiente mexicana, tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.

1 VELÁZQUEZ, María Elisa y Gabriela Iturralde Nieto. Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación. CONAPRED-INAH. México, D.F., 2012. Pág. 30.

2 DE TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en América. Trad. Raimundo Viejo Viñas. Ed. Akal. Madrid, 2007, pág. 56-57.

3 Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010

4 CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doc. OEA/Ser.L/V/II.Doc.62 Pág. 27.

5 Pág. 14.

6 HRC. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/25/7. Recomendación 148.171 de Djibouti. Pág. 27.

7 HRC. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/WG.6/17/MEX/1. Párrs. 125-127.

8 CERD. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Documento CERD/C/MEX/CO/16-17, párr. 20.

9 Ver en
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/10100/Buscan_garantizar_derechos_de_mujeres_afrodescendientes






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

(Presentada por el Diputado Mario Ariel Juárez Jiménez, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, MARIO ARIEL JUÁREZ JIMÉNEZ, Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución      Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, al tenor de la      siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), cuyo objeto es el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica nacional y brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales, cuenta con un Comité Técnico cuyos integrantes están vinculados con el quehacer cinematográfico. Entre ellos se encuentra uno, que es el que lleva la representación sindical. Sin embargo, la redacción del artículo 37 de la actual Ley Federal de Cinematografía contempla la participación de sólo un sindicato, lo cual va en detrimento de los derechos de igualdad con relación a los otros sindicatos existentes y de los trabajadores dentro de la industria cultural cinematográfica. En razón de lo anterior, la presente iniciativa por ello propone que la actual redacción del artículo que se pretende reformar se modifique a fin de contemplar en la inclusión de dicho Comité a un representante de cualquiera de los trabajadores y no beneficiar y privilegiar a uno solo, tal y como se encuentra actualmente. Mantener la legislación en los términos actuales es excluyente y antidemocrático de inicio.

Argumentos que sustentan la iniciativa

El cine es sin duda alguna una de las formas de mayor difusión de la cultura de un pueblo o de una nación.

Es una gran industria que genera entre muchas otras cosas, fuentes de empleo, inversiones y promoción turística. Alrededor de una película podemos ubicar un gran número de actividades de diversas profesiones, como actores, directores, guionistas, productores, camarógrafos, iluminadores, escenógrafos, maquillistas, diseñadores de vestuarios y un gran público que siempre estará dispuesto a ver algo en la pantalla. No cabe la menor duda de que hablamos de un motor económico importante con un peso cultural inobjetable. No es posible pensar el México del siglo XX sin el imaginario creado por su cinematografía.

La primera ley en esta materia fue la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949, misma que se reformó en 1952, después de que se incluyó en la fracción X del artículo 73 de la Constitución la facultad al Congreso de la Unión para legislar sobre industria cinematográfica. 43 años después, en 1992 se expide Ley Federal de Cinematografía vigente, con el propósito de fomentar la creación y disfrute de los bienes artísticos y culturales para todos los mexicanos, impulsar el desarrollo cultural de México imprescindible para el progreso político, económico y social, y a la vez ampliar las oportunidades de acceso a los diversos sectores de la cultura y el arte.

La cinematografía es el ejemplo más claro de cómo una actividad cultural necesita de la existencia previa de una cadena productiva industrial para garantizar su existencia y garantizar su comunicación con su público, adquiriendo las características de lo que se denomina una industria cultural. El cine, visto sólo como una actividad artística, se quedaría rezagado y condenado a que sólo unos cuantos pudieran acceder al trabajo creativo sin la participación de todos los colaboradores que requieren una producción cinematográfica. Por otro lado, una industria cinematográfica que prescinde del arte y la creatividad puede alcanzar grandes ventas, pero su paso por la vida sería efímero.

La ley de 1992 dejaba a esta actividad cultural a las fuerzas del mercado, lo que provocó una crisis que puso en riesgo de extinción a la expresión fílmica nacional.

La industria cultural cinematográfica nacional se ha transformado desde que se decretó la ley vigente y ello ha llevado al Legislativo a reformar este ordenamiento en seis ocasiones.

La primera reforma fue en 1996, cuando se derogó el artículo 5 original para que la Cineteca Nacional dejara de ser administrada por la Secretaría de Gobernación y fuera dirigida y administrada por la Secretaría de Educación Pública a través del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

En 1999, se reforma la ley sustancialmente y aumenta considerablemente el número de artículos, de 15 a 47 devolviendo al Estado Mexicano la obligación de fomentar e impulsar la producción, distribución y exhibición cinematográfica. En esta reforma se definen los conceptos de industria cinematográfica nacional, obra cinematográfica, y se establece la titularidad de los derechos de explotación de una obra cinematográfica. También se redefinen los capítulos y agrupan de manera diferente: El objeto de la ley se integra en disposiciones generales; el capítulo de producción, exhibición y comercialización se divide en tres y se conforman en capítulos diferentes. Además se agregan los capítulos referentes con la comercialización, distribución, clasificación, importación de películas, fomento a la industria cinematográfica, destacando la creación del Fondo de Estímulos al cine (Fidecine ) con un espíritu democrático donde los que decidan sean especialistas que conformen parte de todos los sectores de la cadena productiva y los sectores social y privado, la cineteca nacional, autoridades competentes y sanciones, este último capítulo que sustituye al de infracciones.

La tercera reforma de 2002 es mínima y es sólo consecuencia de una reforma a la Ley Federal de Derechos.

La cuarta reforma, en el año 2006, cambia de manera sustancial la atribuciones de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgándole básicamente las facultades para coordinar y supervisar, en lugar de dirigir y administrar.

La reforma número cinco de 2010 adiciona nueve artículos estableciendo visitas de verificación y medidas de aseguramiento a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía.

Finalmente, la reforma de diciembre de 2015 se reforma para sustituir Secretaría de Educación Pública por Secretaría de Cultura a partir de la creación de la nueva dependencia.

Sin duda alguna, la reforma más importante fue la de 1999 ya que, además de definir con mayor claridad varios conceptos que se usan dentro del ámbito cinematográfico, se crea el fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), cuyo objeto, de acuerdo con lo que señala el artículo 33 del propio ordenamiento, será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.

Se establece también cómo se integra el fondo, cuál debe ser el destino de los recursos, la estructura del fideicomiso y se establece en el artículo 37, que para la evaluación de los proyectos y el otorgamiento de los recursos. El Fidecine contará con un Comité Técnico integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana (STPC), uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

En los últimos años el proceso para la democratización del país ha avanzado a pasos agigantados. La participación social y de los diversos sectores ha cobrado mayor relevancia y ha sido determinante para mejorar la definición de políticas públicas, establecer mecanismos para la rendición de cuentas, la transparencia y el más óptimo ejercicio de los recursos públicos.

La reforma de 1999, tal como lo dijo en 1998 el senador Eduardo Robledo Rincón en la tribuna cuando se aprobó el dictamen en la Cámara de Senadores.

“...responde a una sentida y unánime demanda de la comunidad cinematográfica... se rompen años de burocratismo, y se propicia la participación de todos los sectores. Por ello, la propuesta alienta a aquellos elementos de desregulación, notoriamente propiciatorio, de una moderna industria cinematográfica... Se busca con ello, ser receptivo y consciente del momento de crisis del cine. Pero también, de la voluntad colectiva de transformación que predomina hoy entre todos sus miembros... Se impulsó la participación de quienes están directamente involucrados en la actividad cinematográfica. Esto es, de productores, de directores, de guionistas, de actores, de dirigentes sindicales y representantes de instituciones académicas. Todo esto, con el propósito de mantener abiertas las puertas de las Comisiones del Senado, a todos aquellos que quisieran expresar sus puntos de vista en torno a la iniciativa...”.

Sin embargo, en la actualidad la integración del Comité a que se refiere el artículo 37 de la ley no permite la participación equilibrada de sectores importantes de la industria quienes tendrían que intervenir de acuerdo con el espíritu del legislador y con los avances democráticos que demanda la sociedad sobre todo cuando se trata de ejercer de manera justa, equitativa y transparente los recursos públicos.

Por su parte, esta honorable Cámara de Diputados reconoce el derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concerniente a la posibilidad de todo trabajador y toda trabajadora de organizarse en sindicatos con la finalidad de hacer valer y en su caso, proteger sus conquistas laborales, en beneficio de su calidad de vida, tranquilidad, solvencia y futuro económico.

Es claro que a lo largo de los años, las organizaciones gremiales, incluso dentro de una misma institución se han diversificado, por ello no es ajeno al legislador la existencia de dos o más figuras sindicales que, con independencia de la temporalidad con que haya sido constituida una respecto de la otra, deben tener los mismos derechos a participar en aquellos asuntos que les mandata la norma adjetiva.

Actualmente, en el ámbito sindical cinematográfico se cuenta con más de 10 organizaciones fílmicas, elevándose su número hasta 16 si tomáramos en cuenta       otros sindicatos, como los de la televisión y el audiovisual cuya convergencia   tecnológica e interacción ya es un hecho, aunque podría haber la participación de trabajadores que tienen la libertad constitucional de no estar agremiados en una representación sindical.

El artículo 347 de la Ley vigente es anacrónico, ya que establece que uno de los integrantes del Fidecine es un integrante del STPC, un Sindicato, creado en 1946 que contaba originalmente con secciones que ya no existen. Hoy por hoy están otros, entre los cuales podemos señalar la sección de Autores y Compositores de Música, la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) (1934), la Sección 50 del STIC (1979), el Sindicato de Técnicos y Manuales (1974), el Sindicato Justo Sierra (1994); la Asociación Nacional Cinematografistas de Trabajadores Independientes ANCITI, (1989), los sindicatos espejo de las secciones    que agrupa el STPC como son el sindicato de Directores y Realizadores, (1990) el sindicato de Escritores de Cine, Radio y Televisión y la Asociación Nacional de Actores (1946).

También están facultados por la ley algunos sindicatos de la Radio y la Televisión que prestan sus servicios a empresas de televisión y el audiovisual, mismos que cuentan con una sección para dar servicios cinematográficos como son. Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana, SITAYR, Sindicato de trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, similares y conexos de la República Mexicana STIRT, Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores de Radio y Televisión y conexos de la República Mexicana con sede en Nuevo León STRV, sindicato de empleados de Radio, Televisión, y Organizaciones conexas de la República Mexicana, sede en Jalisco SERTOC.

Con base en lo anterior, se propone la siguiente modificación

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 37.- …
Dicho Comité se integrará por: Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

Artículo 37. ...
Dicho Comité se integrará por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; un representante de los trabajadores cinematográficos que se elegirá de manera personal por voto secreto y directo; uno de los productores; uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

El hecho que los legisladores privilegiaran al STPC como miembro permanente del Comité Técnico del Fidecine, se hizo pensando que en su estructura seccional se agrupaban directores, guionistas, técnicos, filarmónicos (músicos) y actores, lo que permitía una sana rotación para que se cumpliera el espíritu incluyente, lo que impedía la creación de grupos de poder con intereses creados.

Desgraciadamente mientras se rotaban los representantes de la producción, distribución, exhibición, IMCINE y Academia, en el STPC siempre se ha enviado a la misma representante desde 2002 hasta nuestros días. Esta situación ha provocado la molestia entre la comunidad fílmica por sus filias, fobias y conflicto de intereses ya que ha aprobado proyectos de diversos miembros de su comité ejecutivo sin considerar a productores que no son afines a la agrupación sindical. Para evitar lo anterior, los otros sindicatos y trabajadores en general han solicitado participar en las decisiones del Comité Técnico del Fidecine, pero la respuesta siempre ha sido negativa, toda vez que no está contemplada esta posibilidad en el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía

Por ello, la que suscribe considera indispensable el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía para que de manera expresa quede establecida la participación de un representante por parte de uno de los sindicatos en el comité a que hace referencia el antes citado precepto, a fin de adecuarlo a una innegable realidad, la rotación de presentantes para evitar los intereses creados, al tiempo que se actualizan los postulados que dieron origen a la norma y a las modificaciones posteriores, en beneficio de la industria cinematográfica, los miles de mexicanas y mexicanos que participan en ella y, sobre todo, en beneficio del país.

Con base en lo anterior, pongo a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

Dicho Comité se integrará por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; un representante de los trabajadores cinematográficos que se elegirá de manera personal por voto secreto y directo; uno de los productores; uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El IMCINE deberá hacer las reformas a las Reglas de Operación del FIDECINE y a las demás disposiciones normativas que se deriven de la presente reforma, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad la basura en uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo y seguirá siendo así, hasta que en realidad se tome conciencia de ello; si bien varios países han tomado las medidas necesarias para disminuir las grandes cantidades que generan de basura, utilizando por ejemplo: el reciclaje o productos biodegradables; esto es posible en su mayoría, por países de gran nivel económico y cultural. Desgraciadamente nuestro país aunque carece por mucho del segundo; gran parte de nuestra sociedad carece de esa cultura sobre reciclar o sobre el uso de productos de alto impacto ambiental.

Claro ejemplo es el uso desmedido de popotes o fajillas de plástico, que generan grandes cantidades de desechos que son enviados al mar ya que su composición material no permite que sean biodegradables.

En el siglo pasado la mayoría de los productos estaban enlatados o en vidrio, la existencia del plástico era nula, hasta que llegó el momento de su invención que si bien fue un paso al futuro, también es algo atroz que nadie se imaginaría hasta este siglo XXI. Hace cincuenta años no existían productos que fueran biodegradables o el reciclaje fue a finales del siglo XX que empezaron a surgir estos términos.

Harry Steves fue el creador del “popote” o “fajilla” ignorando que su invención generaría toneladas de basura que afectaría a gran parte de los océanos.  “A nivel mundial se utilizan 500 millones de popotes al día en el mundo y en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar”.1 (Foro Económico Mundial, 2016).

Si bien se desconoce sobre el uso en promedio que utilice una persona las pajillas, “de acuerdo con un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del plástico (Anipac), alrededor del 12% de la basura en México es plástico, lo que equivale a aproximadamente 10.350 toneladas diarias de las 86.343 del total de basura que producimos”.2 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

Ante ello, se debe de tomar medidas para empezar a reducir considerablemente el uso de este producto que aunque sea pequeño, genera grandes cantidades de toneladas de basura que va a parar a los océanos.

“Existe una campaña llamada “Mejor sin popotes” creada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente con la participación de 160 empresarios con un impacto de 2 mil 500 mesas en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Villanueva. Ello representa 7 mil 500 consumidores diarios que dejarán de consumir popotes, lo que cada año tendrá un impacto de 2.7 millones de popotes menos”.3

Esto es un claro ejemplo que en nuestro país ya está tomando acciones para contrarrestar el alto impacto ambiental causado por este producto, pero que debe ser reforzado con el apoyo el gobierno federal para que en todo el país se cumpla este cometido.

Materia de esta iniciativa es reducir en gran medida el uso de popotes en establecimientos comerciales y de servicios, por ello propongo reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Una medida es que se dejen de servir las bebidas con popote o fajilla y que si el comensal requiera de este para su consume se le proporcione uno.

Se debe de realizar conciencia en la población que pueden dejar de utilizar los popotes, ya que en realidad en varias ocasiones no es necesario el uso de estos. Y además beneficiaríamos en gran medida la reducción de basura generada por plásticos y en consecuencia apoyaríamos al ambiente y a un futuro mejor para nuestros hijos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona una fracción XXX al artículo 7, una fracción III al artículo 12 y se recorren las subsecuentes y una fracción XXIII al artículo 106 y se recorren las subsecuentes de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXX al artículo 7, una fracción III al artículo 12 y se recorren las subsecuentes y una fracción XXIII al artículo 106 y se recorren las subsecuentes de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

I. a XXIX. (…)

XXX. Promover el uso de popotes o fajillas hechos con material biodegradable.

Artículo 12.- La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir con los gobiernos de las entidades federativas convenios o acuerdos de coordinación, con el propósito de asumir las siguientes funciones, de conformidad con lo que se establece en esta Ley y con la legislación local aplicable:

I. a II. (…)

III. Promover el uso de materiales biodegradables;

Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

I. a XXII. (…)

XXIII. El uso de popotes o fajillas no biodegradables, en establecimientos comerciales o de servicios.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Diputada María Victoria Mercado Sánchez.

1 Sin Embargo, ¿Sabes el daño que causan los popotes?, 31/marzo/2016. http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642332

2 Martín Torres, Prohibir el uso de poliestireno y popotes en la Ciudad de México, Página Ciudadana, 29/06/2016. http://www.paginaciudadana.com/prohibir-uso-de-poliestireno-y-popotes-en-la-ciudad-de-mexico/

3 Claudio Montes de Oca, Restauranteros dicen no a los popotes, NTR, 07/marzo/2017. http://ntrzacatecas.com/2017/03/07/restauranteros-dicen-no-al-uso-de-popotes/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 56 Y 86 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, la Diputada Federal ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, integrante de la LXIII Legislatura, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 numeral 1 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta H. Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 12 fracciones I, II, V, VI y XII; y 16 modificando la fracción V y adicionándole una fracción  VII.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país lo constituye el tabaquismo. En nuestro país el uso del tabaco se da principalmente mediante el consumo de cigarrillos, lo cual ocasiona dependencia de los fumadores a este producto, debido al alcaloide del tabaco conocido como nicotina.

Se tiene conocimiento que  el tabaco  procesado contiene “más de 4 mil productos químicos, de los cuales al menos 250 causan enfermedades atribuibles al tabaco, y más de 50 son cancerígenos.”1

Las enfermedades producidas por el consumo del tabaco son principalmente de tipo respiratorio y cardiovascular, las que se originan de igual manera por estar expuestos al humo del tabaco, recordemos que los productos del tabaco  contienen químicos como benceno, níquel, arsénico, cianuro de hidrógeno, alquitrán, monóxido y bióxido de carbono, propano o amoniaco.2

Se estima que un cigarro producido y comercializado legalmente contiene entre 7 y 20 mg de alquitrán (sustancia negruzca que se deposita en bronquios y pulmones constituyendo el principal elemento cancerígeno) y produce 80 cm3 de monóxido de carbono (que reduce 10% la capacidad de transporte del oxígeno en sangre).

La problemática del tabaquismo en nuestro país se vuelve más compleja y difícil con la comercialización ilegal de cigarrillos, pues al introducirse mediante contrabando evitan que existan los debidos controles sanitarios y de calidad que se requieren para su elaboración, desconociéndose su composición exacta; por lo que pueden contener mayor número de sustancias tóxicas para el organismo que las marcas formales, de tal manera que los riesgos para la salud se multiplican.

Estudios realizados por la industria tabacalera en diferentes marcas de cigarros ilegales, han encontrado diversos materiales como basura, restos de alfombra, residuos de tejido humano, madera, paja y heces fecales animales y humanas (lo cual representa contaminación directa a la sangre).

Apreciaciones de la  Organización Mundial de la Salud, entre las razones por las que el comercio ilícito de productos de tabaco es todavía más dañino para la salud y las economías nacionales esta el que:

• “Arrastran a los jóvenes a probar y consumir tabaco, porque es más barato, además de que engañan a los consumidores al no llevar advertencias sanitarias (en ocasiones, incluso, los empujan a participar en actividades de venta ilegal).

• El comercio ilícito merma los ingresos públicos en concepto de impuestos; dinero que se podría destinar a la prestación de servicios públicos no a manos de la delincuencia.”3

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios se estima que unos 340 millones de paquetes de cigarros de contrabando se venden en México cada año. Autoridades en la Ciudad de México aseguraron aproximadamente 46 millones de cigarros en tan sólo en los primeros nueve meses de 2014, lo que representa un incremento de 84% con respecto al mismo periodo del año previo.4

Un estudio del año 2013 de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamín, estimó que el contrabando de cigarros constituye un formidable 17% de las ventas en el país, incluyendo 5.3% del mercado en la Ciudad de México, 25.3% del mercado en la zona centro del país y 32.4% de todos los productos de tabaco que se venden en el norte del país.5

En este tenor de ideas, cabe señalar que con el propósito de combatir el tráfico ilegal de tabaco en el orbe, la Organización Mundial del Trabajo estableció el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que busca garantizar el máximo nivel de salud posible para todas las personas, en razón de lo que esta institución ha denominado la epidemia del consumo del tabaco.

Las disposiciones fundamentales del CMCT relativas a llevar a cabo acciones para reducir el consumo del tabaco, como una política pública que deberán implementar los países firmantes de este Convenio por la salud, vienen establecidas en su artículo 15 en el que se refiere lo concerniente al comercio ilícito de productos del tabaco. En el numeral 4 inciso b de este artículo se señala al respecto como obligación de cada una de las partes firmantes:

b) promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando”6

De lo que se infiere la participación del Poder Legislativo para legislar a favor de contrarrestar el comercio ilícito de productos del tabaco, contando con leyes que permitan en este caso la acción efectiva del poder ejecutivo para dar cumplimiento a los fines del CMCT.

En este sentido es necesario recordar que el Convenio Marco de la OMS para  el Control del Tabaco  pretende:

Artículo 3

Objetivo

El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.”7

Este es en esencia el objeto  de la presente iniciativa que presento a la consideración de esta honorable soberanía, fortalecer el cuerpo normativo existente, que lo es la Ley General para el Control del Tabaco, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008, tres años después de que nuestro país ratificara su adhesión al Convenio Marco para el Control del Tabaco; para que de esta manera las reformas y adiciones que se hacen a los artículos 12 y 16 de esta ley, fortalezcan las atribuciones de la Secretaria de Salud en el combate y la comercialización de la venta ilícita de productos del tabaco, lo que sin duda redundara en beneficio de la salud de la sociedad mexicana.

 TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus       reglamentos y demás disposiciones aplicables:

I. Coordinar todas las acciones relativas al control de los productos del tabaco y los productos accesorios al tabaco;

 

 

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación de productos del tabaco y sus accesorios se realice de conformidad con las disposiciones aplicables;


III. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la información que los fabricantes deben proporcionar a las autoridades correspondientes y al público acerca de los productos del tabaco y sus emisiones;

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las características, especificaciones y procedimientos relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes individuales, cajetillas y al mayoreo;

V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, fabricación e importación de los productos del tabaco;


VI. Emitir las disposiciones para la colocación y contenido de los letreros que se ubicarán en lugares donde haya venta de productos del tabaco;

VII. Formular las disposiciones relativas a los espacios 100% libres de humo de tabaco;

VIII. Promover espacios 100% libres de humo de tabaco y programas de educación para un medio ambiente libre de humo de tabaco;

IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general los requisitos o lineamientos para la importación de productos del tabaco;

X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa contra el Tabaquismo, y

XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el control del tabaco y sus productos con base en evidencias científicas y en determinación del riesgo sanitario.

XII. No hay correlativo

 

 

 


Artículo 13. …..

Artículo 14. …..

Artículo 15  …..

Artículo 16. Se prohíbe:

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos;

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente;

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras;

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de           comunicación;

V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general y/o con fines de promoción, y

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

VII.  No hay correlativo

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus        reglamentos y demás disposiciones aplicables:

I. Coordinar  con las dependencias de gobierno corresponsables   todas las acciones relativas al control en  la  fabricación, comercialización  e importación  de los productos del     tabaco y los productos accesorios al tabaco;

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación de productos del tabaco y sus accesorios se realice de conformidad y en estricto apego a las   disposiciones aplicables en la       materia.

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la información que los fabricantes deben proporcionar a las autoridades correspondientes y al público acerca de los productos del tabaco y sus emisiones;

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las características, especificaciones y procedimientos relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes individuales, cajetillas y al mayoreo;

V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, fabricación e importación de los productos del tabaco;  en estricto apego a la normatividad vigente.

VI. se deroga

 


VII. Formular las disposiciones relativas a los espacios 100% libres de humo de tabaco;

VIII. Promover espacios 100% libres de humo de tabaco y programas de educación para un medio ambiente libre de humo de tabaco;

IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general, los requisitos o lineamientos para la importación de productos del tabaco

X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa contra el Tabaquismo,

XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el control del tabaco y sus productos con base en evidencias científicas y en determinación del riesgo sanitario.

XII. Combatir desde su ámbito de competencia la venta ilegal de productos del tabaco, coordinándose para tal efecto con dependencias y organismos públicos en cuya competencia se encuentre también combatir el tráfico ilegal de los productos tabaco.

Artículo 13 …..

Artículo 14 …..

Artículo 15. ….

Artículo 16. Se prohíbe:

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos;

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente;

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras;

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de         comunicación;

V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general y/o con fines de promoción,

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

VII. La comercialización ilegal de productos del tabaco que no cubran los controles de sanidad establecidos por la propia secretaria; así como los requerimientos y permisos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes, para su distribución y comercialización.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se modifica el artículo 12  en sus fracciones I, II y V; derogándose la fracción VI y adicionándole una fracción VII para quedar como sigue:

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables:

I. Coordinar con las dependencias de gobierno corresponsables todas las acciones relativas al control en la fabricación, comercialización e importación de los productos del tabaco y los productos accesorios al tabaco;

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación de productos del tabaco y sus accesorios se realice de conformidad y en estricto apego a las   disposiciones aplicables en la materia.

III….

IV….

V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, fabricación e importación de los productos del tabaco; en estricto apego a la normatividad vigente.

VI. se deroga

VII. Combatir la comercialización ilegal de productos del tabaco que no cubran los controles de sanidad establecidos por la propia secretaria; así como los requerimientos y permisos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes, para su distribución y comercialización.

VIII a XI…….

XII. Combatir desde su ámbito de competencia la venta ilegal de productos del tabaco, coordinándose para tal efecto con dependencias y organismos públicos en cuya competencia se encuentre también combatir el tráfico ilegal de los productos tabaco

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción VII al artículo 16 de la ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 16. Se prohíbe:

I a VI….

VII. La comercialización ilegal de productos del tabaco que no cubran los controles de sanidad establecidos por la propia secretaria; así como los requerimientos y permisos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes, para su distribución y comercialización.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis.

1 Cigarros Pirata doble riesgo para la salud. en www.saludymedicinas.com.mx. Consultado el 5/06/2017

2  Compuestos del tabaco en https://www.url.edu.gt/otros_sitios/noTabaco/11-01compuestos.htm

3  Convenio Marco de la OMS para el control del  tabaco en:
Tacohttp://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf consultado el 06/06/2017

4 http://www.animalpolitico.com/2015/10/bandas-de-humo-la-industria-ilicita-del-tabaco-en-mexico/

5 Ibídem.

6 Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco. En
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf CONSULTADO EL 5/04/2017.

7 Ibidem






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración a instruir a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL y MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE INSTRUYA A TODO EL PERSONAL A SU CARGO A CUMPLIR CON ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD, A ELIMINAR TODA PRÁCTICA MONOPÓLICA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los objetivos de la reforma energética fue que las empresas productivas del estado, cumplieran con el propósito de ser empresas que contribuyeran a lograr un gobierno eficiente y eficaz en sus procesos, siendo así a partir de la entrada en vigor de la reforma energética, que permitió a Pemex pasar de ser una Empresa Paraestatal a una Empresa Productiva del Estado, así hoy  los dueños de las franquicias de gasolineras tienen en todo momento el derecho de elegir a la empresa que más les convenga para suministrar el producto hasta las estaciones de servicio, considerando en ello a los importadores de gasolina desde el punto de ingreso al territorio nacional hasta las referidas estaciones.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos al señalar lo siguiente:

Artículo 4.- Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional.

Dicho lo anterior, cabe señalar que el pasado 25 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el nuevo régimen de PEMEX permite a los franquiciatarios contratar libremente el transporte de combustibles.

Además, en dicha sesión se resolvió el amparar al Sindicato de  PEMEX en contra de la sanción por parte de la Comisión Federal de Competencia  por prácticas anticompetitivas que permitían que el transporte de combustible fuera un proceso exclusivo del Sindicato de la empresa, lo anterior derivado de que los actos que le fueron atribuidos a Petróleos Mexicanos ocurridos en 2010, es decir antes de ser aprobada la reforma energética.

Las ventas” atadas “de diésel y gasolina que en su momento operaban en la paraestatal resultaron en actividades  que en su momento fueron parte de un monopolio constitucional autorizado, es decir, no eran sancionables por el organismo regulador dado que las facultades expresas en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la reforma, permitía la exploración, explotación, refinación, almacenamiento, distribución, venta y transporte en dicha área con apoyo de los y trabajadores pertenecientes a la agrupación sindical.

Ahora bien, con motivo de la reforma energética, a partir de 2013 PEMEX se convirtió en una Empresa Productiva del Estado, es decir, dejo de ser monopolio en diversos sectores como el transporte de combustibles, entre otros, con la finalidad de permitir la participación de la iniciativa privada en ciertas actividades de la industria petrolera.

En resumen la Corte resolvió que los dueños de las gasolineras son libres y tienen en todo momento el derecho elegir y contratar el trasporte de hidrocarburos que más les convenga para llevarlo a los puntos de venta sin la obligación de recurrir al Sindicato de Petróleos Mexicanos, con dicha resolución se rompe jurídicamente con el monopolio que detento por años el sindicato petrolero.

No obstante los razonamientos anteriores, en recientes fechas, diversos medios de comunicación han señalado que trabajadores agremiados al sindicato de Petróleos Mexicanos están bloqueando lo mandatado en la reforma energética.

Señalando que, en diversas Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han bloqueado la carga de autotanques de grupos gasolineros particulares.

Lo anterior como ya se viene señalando en el presente texto legislativo, pese a que el esquema de contratos de franquicia establece que PEMEX no puede imponer modalidad alguna de transporte de gasolina y diésel, a los particulares, sino que debe de contar con igualdad de condiciones para los interesados.

Sin embargo, y a pesar de que la ley es clara y los criterios de la resolución de la Corte son contundentemente apegados a derecho, el personal administrativo de PEMEX Logística entregó la operación de las TAD al sindicato, quienes bloquearon a las pipas contratadas por grupos gasolineros, pese a que éstas contaban con las órdenes de carga correspondientes. Por lo anterior PEMEX dispuso que los franquiciatarios realizaran la carga de sus tanques en centros de reparto alternos, los cuales también fueron bloqueados por el STPRM.

Así las cosas, tal parece que como se señala, PEMEX  no ha tomado las acciones necesarias para  cumplir con la eliminación del monopolio en el sector del trasporte. Es este sentido resulta importante mencionar que hace ya más de un año que la COFECE dictó una orden para eliminar el monopolio del STPRM en transporte de gasolina y diésel, la cual incluía multas por 653 millones de pesos, sin embargo PEMEX Transformación Industrial como empresa productiva subsidiaria  no ha cumplido con tal disposición, por el contrario propuso un plan de tres años para implementar la orden de eliminar la práctica monopólica, mismo que fue rechazado por la COFECE y criticado por el Primer Tribunal Colegiado Especialista en Telecomunicaciones y Competencia Económica, quienes aseveran que la resolución de la COFECE es ejecutiva y no amerita discusión.

Asistiendo a lo ya señalado, es preciso insistir en que el nuevo esquema de contratos de franquicia y suministro de gasolinas y diésel, indica que Pemex no puede imponer modalidades en la entrega de los combustibles, por lo que ahora los franquiciatarios pueden transportar libremente la gasolina desde los depósitos de Pemex hasta sus estaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que instruya a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego al marco regulatorio de eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que en un plazo no mayor a 15 días informe a esta Soberanía las razones que han impedido cumplir con la apertura a la competencia en el sector energético y  eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible y que acciones están implementado para erradicar dichas prácticas que impiden cumplir con el mandato legal.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros a informar las razones por las que sus agremiados están impidiendo la participación del trasporte privado.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de junio de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre el desglose en los gastos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento jurídico de referencia para conocer cuánto y cómo gasta el gobierno; sin dudarlo, el PEF representa un proceso de negociación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, un instrumento que plasma el gasto público durante todo un año.

En relación a lo anterior, se puede suponer que después de promulgado el Decreto del Presupuesto, sólo es cuestión de observar el ejercicio de los recursos; sin embargo, la realidad hace que el proceso presupuestario vaya más allá de lo aprobado por la Cámara de Diputados, existiendo la posibilidad de quienes ejercen el presupuesto, realicen adecuaciones que modifiquen la estructura y distribución original en el PEF, sin pasar por previa autorización del Poder Legislativo.

Dicho lo anterior, la discrecionalidad con la cual se maneja el presupuesto ha derivado que el gasto real sea superior a lo aprobado en el PEF. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ha comparado el Presupuesto aprobado con la Cuenta Pública a partir del 2000 y hasta 2015, “el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos”,1 más de lo aprobado en ese lapso.

Diferencia entre Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta Pública
(millones de pesos)

Año

PEF

Cuenta Pública

Gasto adicional

2000

1,803,572.65

1,922,275.27

118,702.62

2001

2,404,511.49

2,343,283.31

-61,228.18

2002

2,444,499.95

2,479,449.82

34,949.87

2003

2,449,664.62

2,684,134.26

234,496.87

2004

2,520,651.39

2,752,946.30

232,294.91

2005

2,687,474.99

2,925,958.24

238,483.25

2006

2,803,159.40

3,225,101.58

421,942.18

2007

2,273,332.19

2,616,407.04

342,634.85

2008

3,301,743.51

3,719,826.35

418,082.85

2009

3,778,525.30

3,863,620.94

85,095.64

2010