Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 5



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Mayo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría proceda a la verificación del quórum.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 25 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, se tiene el registro de 37 legisladores, que han pasado asistencia personalmente ante la Secretaría. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de mayo de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintitrés minutos del miércoles diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta y tres legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el martes nueve de mayo de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 26 de mayo de 217, a efecto de realizar una visita de Estado a Guatemala.-Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito:

• Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y
• Estudio de Nacional Financiera, elaborado por el Instituto Tecnológico de Monterey.

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que se dio destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de abril de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite la Recomendación General No. 30 sobre las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.-Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, oficio por el que informa el nombramiento del Dr. Eduardo Backhoff Escudero como Consejero Presidente de la Junta de Gobierno, con efectos a partir del 1 de mayo de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, oficio con el que remite el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al segundo semestre de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del congreso del estado de Colima, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.-Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el informe de su participación en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, celebrada el 24 de febrero de 2017 en Managua, Nicaragua.-Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual, los días 13 y 14 de febrero de 2017, en Nueva York, Estados Unidos de América.-Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, los informes de sus participaciones en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de octubre de 2016 y en el Seminario Regional para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, realizado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, ambos, en Panamá, Panamá.-Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias y en la Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, que se llevaron a cabo los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.-Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Jorge Tello López, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 16 de mayo del año en curso.-Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 Ter de la Ley Federal del Consumidor.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo de los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso u) del numeral 1 del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre propio y del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.-Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Karina Sánchez Ruíz, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el décimo párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 29, ambos de la Ley de Migración.-Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen los criterios para que las comisiones de trabajo cumplan con las obligaciones específicas de carga de información en la plataforma nacional de transparencia.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones tendientes a reforzar la seguridad en la zona norte de esa entidad federativa.

2. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias que fortalezcan la prevención y combate del delito.

3. Que exhorta al congreso local del estado de Sonora a realizar las reformas que, en su caso, considere pertinentes a sus legislaciones locales en materia de protección civil, en términos del Octavo Transitorio de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio de 2012.

4. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la posibilidad de atraer la investigación de los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en la carretera México-Puebla en contra de una familia, a fin de dar con el paradero de los responsables y se haga justicia.

5. Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, implementen acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

6. Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a recibir el apoyo de las campañas de limpieza para el mejor tránsito de los ciudadanos; asimismo, exhorta a dicho Sistema a que haya limpieza y mantenimiento de drenajes, cárcamos y canal cubeta en la red del Metro, para mantener las redes de desagüe libres de basura y evitar afectaciones a la infraestructura y equipos.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión. Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe del estado que guarda la situación del personal del Hospital “Rafael Pascacio Gamboa”; asimismo, se solicita continuar llevando a cabo las medidas que coadyuven a garantizar la salud e integridad de las personas que se encuentran en protesta por estos hechos.

2. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar los mecanismos necesarios para que se cuente con información pública sobre el ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología, en específico del programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidemiológico no asociado a tabaquismo.

3. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre la instrumentación y operación del Programa Pensión para Adultos Mayores durante los ejercicios 2016 y 2017.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar e instrumentar acciones para hacer más eficientes y optimizar los procesos contemplados en la “Convocatoria para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso, sus centros de atención externa 2017”.

5. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, se iluminen de color violeta, del 5 al 7 de mayo, sus edificios y monumentos más representativos;  al mismo tiempo, se realicen actividades de información y difusión para dar a conocer entre la población la importancia de prevenir y atender esta enfermedad.

6. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a informar cuáles son las instalaciones hospitalarias en el país que han sido certificadas como “Hospital Seguro”, y el mecanismo a través del cual esta información es hecha del conocimiento del público en general.

7. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como al Comité Olímpico Mexicano a instrumentar acciones de fomento e inclusión del físico-constructivismo en la formación deportiva de las personas.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de instancia que preside el Consejo de Salubridad General, a analizar la posibilidad de someter a consideración de esa instancia la cobertura sobre lo relativo al tratamiento para la atención de la esclerosis múltiple.

9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el enfoque preventivo, así como el de promoción y educación para la salud en la Semana Nacional de la Salud.

10. Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento público a la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera particular a sus Institutos de Geofísica y de Geografía, por el trabajo desempeñado en su contribución para obtener la homologación como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

11.Que exhorta a los gobiernos de los estados de Colima, de Michoacán y de Jalisco a analizar la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre lo factible de construir y operar un centro de rehabilitación y educación especial que proporcione atención a las personas con discapacidad de las tres entidades federativas que así lo requieran.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los once dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que remita la versión pública del estado que guarda la investigación de la denuncia con folio 25755/2017/DGDI/PEMEX/DE73.

2. Por el que se solicita al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, un informe sobre los avances en el diálogo respecto al pliego petitorio presentado por el Cuerpo de Bomberos de dicho municipio.

3. Por el que se solicita al gobierno del estado de Colima un informe que detalle las condiciones en que se otorgó a la empresa Fiesta Zafafi, S.A. de C.V., el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos un informe sobre la naturaleza jurídica y los ingresos de todos los tramos carreteros del estado de Sonora.

Sin discusión, los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Baja California a implementar acciones en materia de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.-Intervino la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa del PAN.

2. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre los avances relativos a la campaña de reforestación implementada en la Ciudad de México derivada de la pérdida de árboles.-Intervinieron los legisladores: Diputada Lia Limón García del PVEM; y Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD.

3. Que exhorta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a remitir un informe respecto de la situación que guardan los bienes que se encuentran bajo su resguardo, así como de los procesos de enajenación realizados en la presente administración.-Intervino la Diputada Claudia Sánchez Juárez del PAN.

4.Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer su función de control y fiscalización dentro de la Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017.- Intervinieron los legisladores: Senador Benjamín Robles Montoya del PT, en contra; y Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra, quien presentó propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen.

Los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamende la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a diseñar y aplicar acciones para fomentar estilos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en una adecuada alimentación, así como los riesgos de consumir azúcar, sal y grasas saturadas.- Intervinieron los legisladores: Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia del PRI; Senadora María Verónica Martínez Espinoza del PRI; y Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Pronunciamiento)

La Presidencia emitió un pronunciamiento de la Mesa Directiva en torno a las agresiones a periodistas.-La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los legisladores: Diputada Karina Sánchez Ruiz de NA; Diputado Clemente Castañeda Hoeflich de MC; y Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena.

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

Continuaron los legisladores: Diputada Lia Limón García del PVEM; Senador David Monreal Ávila del PT; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; y Diputada Martha Hilda González Calderón del PRI. Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Senador Benjamín Robles Montoya del PT; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Se guardó un minuto silencio en memoria de los periodistas y comunicadores que han muerto a causa de hechos violentos.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea la comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.-La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 8 y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.-Se turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

 

De las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre el Desarrollo de una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.-Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud.-Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.-Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo cuarto al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Salomón Majul González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Ley de Nacionalidad.-Se turnó a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Salomón Majul González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 9, 10 y 63 de la Ley General de Turismo.-Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Fabiola Rosas Cuautle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 176 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.-Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado David Mercado Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.-Se turnó a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.-Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Jesús Valencia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se declara el 11 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Concienciación sobre la Microtia.-Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal que Previene y Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública.-Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del centenario de su natalicio.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil a informar sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la reunión sostenida con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar, implementar o adoptar mayores acciones, programas y políticas públicas a fin de garantizar la atención y ayuda integral en el proceso de repatriación de migrantes zacatecanos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que participan en el modelo de compras consolidadas en el sector salud a implementar las medidas necesarias para fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y participar de modo permanente en éste.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se condenan las amenazas aparecidas en los municipios de Acolman y Chimalhuacán, Estado de México, contra Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la gubernatura de la entidad Delfina Gómez Álvarez y se exhorta al gobernador, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México para que garanticen la realización de elecciones pacíficas, libres y auténticas para renovar el poder ejecutivo local el próximo 4 de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional del Agua a realizar limpieza y desazolve de las cuencas de los ríos Zula y Santiago en el municipio de Ocotlán, Jalisco.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Graciela Ortiz González, Itzel Ríos de la Mora, Diva Gastélum Bajo, Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Dorantes Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Rocío Pineda Gochi e Hilaria Domínguez Arvizu y de las Diputadas Martha Hilda González Calderón, Mariana Benítez Tiburcio, Jasmine María Bugarín Rodríguez, María del Carmen Pinete Vargas, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Gloria Himelda Félix Niebla, Alma Carolina Viggiano Austria, Lia Limón García, Sofía González Torres, Sasil Dora Luz de León Villard, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres y al gobierno de las entidades federativas del país a reforzar sus programas, acciones y lineamientos a fin de prevenir y sancionar el uso de lenguaje sexista y misógino en contra de las mujeres durante los procesos electorales.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros de la implementación de los conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República y al Secretario de Gobernación a que comparezcan ante la Comisión Permanente para que informen sobre las agresiones, amenazas y atentados que han sufrido periodistas y/o comunicadores en diversos estados del país y cuyas investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Zacatecas a realizar los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el combate al delito de extorsión.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Paloma Canales Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia a requerir un informe a los titulares del poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país y de los municipios respecto de las acciones que se encuentran llevando a cabo para la implementación o, en su caso, el desarrollo de los sistemas locales y municipales en la materia que tienden a cumplimentar el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a atender la moción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Municipal de Tala, Jalisco, a conducirse con respeto y garantizar un ambiente libre de violencia hacia las mujeres.-Se turnó a la PrimeraComisión.

 

De los Diputados Armando Luna Canales y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de Economía por expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de la industria acerera de nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de Nayarit y notifique de inmediato dicha declaratoria al titular del Poder ejecutivo de la entidad.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre el destino de las aportaciones al rubro de cesantía y vejez retenidas a los trabajadores del IMSS, en sus cuentas de afores.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los legisladores que representarán al Congreso en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrase en el mes de junio del presente año, a realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión de congresistas estadounidenses, para que con el apoyo de las buenas prácticas parlamentarias, se posicione en la agenda del congreso norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que resuelva de fondo la residencia de nuestros connacionales en el país vecino.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016 en donde abunde y sea explícito el origen y destino de las ampliaciones y reasignaciones realizadas en su totalidad en el presupuesto ejercido en 2016, el cual contenga la información detallada sobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de gasto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los incendios en el cerro Tepopote y Bosque la Primavera.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover y fortalecer las campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre la importancia de generar una cultura de la adopción en México.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Michoacán a realizar acciones tendientes para la defensa y protección de los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos, federal y de las 32 entidades federativas, así como a la autoridad penitenciaria y las corresponsables referidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a diseñar e implementar con prontitud las acciones necesarias tendientes a regularizar de fondo el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales a que, en términos del artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, implementen políticas y acciones de movilidad que promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio y de las Diputadas Araceli Damián González, María Antonia Cárdenas Jiménez, Concepción Villa González e Irma Rebeca López López, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio Martínez.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a implementar acciones de mejora a fin de que se genere información financiera y cualitativa que refleje el cumplimiento y avances de sus programas institucionales de corto, mediano y largo plazo.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a integrar integre a su investigación, los hechos y pruebas supervivientes que constituyen probables hechos ilícitos cometidos por Eva Cadena Sandoval.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desarrollar e implementar medidas que agilicen el desahogo del rezago en los casos sobre delitos electorales.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a garantizar el suministro oportuno y suficiente de medicamentos anti-veneno contra la picadura de alacrán en las todas las unidades de salud ubicadas en los municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Liconsa, S.A. de C.V., a hacer públicas las causas que generaron un ejercicio presupuestal superior al originalmente planeado durante el primer trimestre de 2017, y justifique los motivos que limitaron la cobertura de leche en los hogares planeados, resultados que se reportaron en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en el país.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo de que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar de manera puntual el desvío de recursos a cuentas en el extranjero por parte del gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdes y el otrora gobernador Humberto Moreira Valdes, así como de sus respectivos familiares.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a coadyuvar y realizar las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial que esclarezcan los hechos acontecidos en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a llevar a cabo lo conducente para proteger más efectivamente la seguridad de los comunicadores en nuestro país y otorgue medidas cautelares o de protección a aquellos periodistas que se encuentren bajo amenaza.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del Estado de Guerrero.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la directora del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Zacatecas a difundir la información sobre los avances de la remodelación del teleférico de la ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que difunda un informe en el que indique si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha institución.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones necesarias por la posible comisión de delitos electorales por parte de la empresa OHL en la campaña al gobierno del Estado de México, a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la realización y sede del tianguis turístico sea celebrado permanentemente en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del estado de Zacatecas a esclarecer y brindar justicia expedita a los recientes feminicidios en la entidad.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a ampliar y fortalecer sus estrategias, planes y operativos en materia de seguridad pública, encaminadas a prevenir, atender y erradicar la comisión de los delitos de homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, ante la alta incidencia que presentan dichos ilícitos en la entidad.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del estado de San Luis Potosí a emitir la declaratoria del área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y, en su caso, sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, S.A. de C.V., ubicada en la zona conurbada de San Luis Potosí.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación a tomar diversas medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Secretaría de Educación Pública del estado de Guerrero atender la solicitud de maestros y alumnos de la Escuela de Educación Básica "Narciso Mendoza y Francisco Javier Mina", ubicada en Acapulco de Juárez Guerrero.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los mecanismos que instrumentará para prevenir e inhibir los actos de corrupción en el sistema de revisión técnica vehicular, que se instrumentará en los próximos meses en dicha entidad.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer los hechos ocurridos en contra de los periodistas asesinados durante el 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia a reforzar la seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento de hechos delictivos.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro a considerar el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El mensajero de la libertad”, que inicia el 12 de septiembre de cada año, como patrimonio cultural del estado de Querétaro.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Máximo García López y Jorge Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a ejercer las acciones coordinadas con las instituciones de seguridad pública del municipio de Tijuana, Baja California, ante la creciente ola de violencia generada por la delincuencia organizada.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a que en la administración de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el homicidio del periodista y locutor Filiberto Álvarez Landeros, ocurrido el 29 de abril de 2017 en el estado de Morelos.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, al Procurador General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para que expliquen la estrategia nacional y los protocolos para proteger a periodistas y comunicadores, así como para para evitar que queden impunes los lamentables asesinatos de varios comunicadores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a celebrar una visita extraordinaria de inspección al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para revisar procedimiento seguido en el recurso de revisión del amparo 342/2016 en contra del C. José Humbertus Pérez Espinoza, preso en el Penal de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a iniciar una investigación en relación al presunto enriquecimiento ilícito por parte del presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, así como el posible desvío de recursos públicos durante la administración de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados María Chávez García y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar y reforzar acciones tendientes a prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados en suelo de conservación y en suelo urbano de la Ciudad de México.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero a exentar en 2018 del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a los automóviles cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro de ese impuesto, a partir de 2019.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud a informar sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3 en Jalisco, a tomar la medidas necesarias para la erradicación del problema, el apoyo a nuestros productores y para evitar repercusiones negativas en los ámbitos de desarrollo económico e inocuidad alimentaria en nuestro país y su mercado, tanto interno como externo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario del Partido Morena, conpunto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de posible desvío de recursos públicos derivado de contratos o concesiones otorgados a las empresas OHL, HIGA y ODEBRECHT, para el financiamiento de la campaña de Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del país y sea difundido a través de textos, medios audiovisuales e informáticos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar las medidas de espacios marinos limpios.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Emma Margarita Alemán Olvera y Luz Argelia Paniagua Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México información sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro, dentro de la Catedral Metropolitana, así como respecto de las medidas tomadas a efecto de prevenir agresiones a ministros de culto y población en general y la incidencia de ataques por presuntos grupos extremistas en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a hacerse cargo de las investigaciones del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y del homicidio de la activista y defensora de derechos humanos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en San Fernando, Tamaulipas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas a establecer coordinación para detectar e investigar a los responsables de incitar a los jóvenes a participar en el reto “Ballena Azul” cuya finalidad es la muerte de los participantes.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a promover e implementar mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos lugares.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendiendo a la decisión del Presidente de los Estados Unidos de América de despojar de ayudas financieras federales a las ciudades santuario, a emitir una postura de mayor desacuerdo y de un atentado a los derechos humanos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos un informe de las investigaciones por delitos cometidos contra periodistas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Marko Antonio Cortez Mendoza, Jorge López Martín y Karla Karina Osuna Carranco y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a instruir al Comisionado Nacional de Seguridad a que la Policía Federal se haga cargo de la seguridad en la elección a gobernador, diputados y alcaldes, en el estado de Coahuila el próximo 4 de junio.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del estado de México, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar y sancionar a la C. Delfina Gómez Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura del estado de México, así como a dicho partido político, por el presunto financiamiento de actos anticipados de campaña con recursos de procedencia ilícita.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer y sancionar el asesinato del periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas y presentar los reportes sobre las investigaciones iniciadas de periodistas asesinados en 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Bandina Ramos Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero a manifestar las medidas de protección a periodistas en el estado.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se condena el atentado a la periodista Sonia Córdova Oceguera, Subdirectora del Semanario “El Costeño de Autlán, Jalisco” y el asesinato de su hijo, el reportero Héctor Jonathan Rodríguez Córdova, ambos ocurridos el pasado lunes 15 de mayo en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco y exhorta a las autoridades competentes dar celeridad a las investigaciones, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato del escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el pasado lunes 15 de mayo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y exhorta a las autoridades competentes por la celeridad de la investigación, esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a ampliar sus investigaciones en relación al presunto desvío de recursos públicos y malversación de fondos por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, durante el periodo febrero-julio de 2016, y establezcan como una posible línea de investigación, el ejercicio de estos presupuestos para financiar y promover a candidatos del Partido Morena.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en el estado de Sinaloa el 15 de mayo de 2017 y exhorta a las autoridades correspondientes llevar a cabo las investigaciones que permitan el esclarecimiento del ilícito y deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lia Limón García, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar los hechos delictuosos donde perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas y para que las entidades federativas adopten de inmediato las medidas de prevención y protección para proteger a las personas que se dedican al periodismo.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a aplicar un plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el estado.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los probables hechos ilícitos cometidos por Delfina Gómez Álvarez.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del Estado de México y a la FEPADE a investigar el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas ficticias en el municipio de Texcoco.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados a que, observando el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, desahogue la solicitud de desafuero a la Diputada del congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Eva Felicitas Cadena Sandoval, presentada por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a diversas autoridades a trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de las y los universitarios, así como para erradicar la violencia de género.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri, Maricela Contreras Julián, Hortensia Aragón Castillo, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a los hechos suscitados entre integrantes del Ejército Mexicano y presuntos integrantes de bandas de la delincuencia organizada, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condena la promulgación de la ley anti-inmigrante SB4 del estado de Texas, en Estados Unidos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que presente la candidatura del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, para que siga formando parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado de Nayarit, ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, a hacer públicas las medidas realizadas en torno a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Revisión de la Cuenta Pública 2015, así como de las observaciones pendientes de aclarar correspondientes a los años de 2011 a 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades responsables de museos a otorgar exenciones de gratuidad para aumentar el acceso de personas a sus espacios.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al Programa de Credencialización en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a los acontecimientos en PalmaritoTochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a respetar lo establecido en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se solicita a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de México, información sobre el avance de la implementación de la alerta de género.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de la Ciudad de México, a coordinarse con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a atender a los familiares de Lesby Berlín Osorio Martínez.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita información al IMSS en torno a la licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con     punto de Acuerdo por el que se cita al         Director de PEMEX a una reunión de trabajo para aclarar las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Revisión de la Cuenta Pública 2015, sobre la compra y rehabilitación de la planta de nitrogenados en 2013, por parte de PEMEX.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los ejecutivos federal, estatal y de la Ciudad de México a atender la "Recomendación General 27 sobre el Derecho a la Consulta previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana" emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para verificar, hacer público y dar seguimiento a la minusvalía observada en las Administradoras de Fondos para el Retiro.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la protección de repatriados afectados por la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconocer, defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la salud en México.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de Salud a reforzar la supervisión del acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales, así como la atención de la salud mental de esta importante población mexicana para garantizar su seguridad y su salud.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número de bebederos instalados en las escuelas del país para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional e internacional.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía un informe sobre la posible importación de arroz apócrifo a nuestro país, hecho con "plástico".-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a informar el destino de lo recaudado por el concepto de multas impuestas a las personas físicas y/o morales, por el incumplimiento a las normas de impacto ambiental.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales y poderes ejecutivos de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas realicen y establezcan las medidas necesarias que permitan la atención integral y oportuna a las víctimas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas instituciones del orden federal a iniciar una investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva en torno a la presunta ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército Mexicano durante un operativo militar en PalmaritoTochapan, Puebla.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Concepción Villa González, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades federales y estatales que integran el Sistema Nacional de Salud a cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por casos de anticoncepción y esterilización forzada y a erradicar toda práctica de violencia obstétrica por parte del personal de salud; y a la Secretaría de Salud a capacitar al personal médico en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Concepción Villa González, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación a tomar medidas efectivas que garanticen una política de estado que desarrolle los recursos humanos de alto nivel en el país; y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a cumplir con las obligaciones adquiridas con estudiantes de posgrado.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Modesta Fuentes Alonso, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al pago de ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a auditar el destino de los recursos federales utilizados por el Programa “3X1 para migrantes”, mientras Josefina Vázquez Mota fungía como Secretaría de Desarrollo Social e informar si apoyó al Partido Acción Nacional durante su gestión.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas detectados en su implantación y las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficiente.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas acciones que den solución a la emergencia de salud que enfrenta actualmente el estado de Chiapas y garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la salud en la entidad.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del Estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional que tenga como objetivo implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México y al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre las sanciones administrativas y penales interpuestas contra servidores públicos, que por acción u omisión, provocaron la suspensión del servicio de 11 estaciones de la Línea 12 y el incremento del costo original del proyecto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día Mundial del Internet.-Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del Día Internacional de la Enfermería.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Familias.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Familias.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Internet.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Hipertensión.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre la generación de empleos durante esta administración.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y tres minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinticuatro de mayo, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que por cuestiones de agenda, las fechas de la Visita de Estado del ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala fueron modificadas y tendrá verificativo los días 5 y 6 de junio de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Rertiro, con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su primer informe trimestral, correspondiente al año 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un Acuerdo del Ayuntamiento de Hidalgo de Parral, Chihuahua, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a declarar vacante el cargo de Diputado federal correspondiente al Distrito Electoral IX del estado de Chihuahua y emitir la convocatoria para la elección correspondiente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el Seminario Regional “Alcanzado los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, en diciembre de 2016.








Una, del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el periodo de sesiones de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, los días 24 al 28 de abril de 2017.








Una, de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La conmemoración del XXV aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador, ciudad de San Salvador, el 16 de enero de 2017.



La inauguración de la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 24 de enero de 2017.



La visita de trabajo a Estados Unidos, del 8 al 14 de febrero de 2017.



La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada en Mérida, Yucatán, el 17 de febrero de 2017.



La VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales y de Integración del FOPREL, llevada a cabo en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2017.








También se recibieron las siguientes comunicaciones.

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Dhaka, Bangladesh, del 1 al 5 de abril de 2017.








Una, de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el V Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado en La Antigua, Guatemala, del 2 al 5 de mayo de 2017.








Una, del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de sus participaciones en:

El Seminario “Reformas para el Crecimiento en Europa”, celebrado en Roma, Italia, los días 25 y 26 de junio de 2015.



El panel “Perspectivas sobre la Política de Drogas y Seguridad en la Región”, celebrado en la Trigésima Segunda Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el 1 de diciembre de 2016 en Panamá, Panamá.



Y la Cumbre Mundial sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada los días 8 y 9 de diciembre de 2016, en Londres, Reino Unido.








Una, del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 24 al 28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia.








Y una, del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su participación en la Vigésima Sexta Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de estas comunicaciones.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de combate a la extorsión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 178 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días.

La iniciativa que hoy presento pretende adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo 178 Bis del Código Penal Federal; y adicionar una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Las modificaciones tienen el objetivo de frenar los delitos de extorsión que se han incrementado en nuestro país.

De acuerdo con el reporte más reciente sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, se registró un aumento en los casos de extorsión en México durante el mes de enero de 2017 de 46 por ciento, ubicándose en 539 carpetas de investigación respecto del mismo año 2016.

El número es incluso superior que le promedio que se registró para todo el año pasado, en total existieron 5 mil 240 casos, es decir, una cifra que nos llama la atención, 436 casos mensuales.

La gravedad del registro, señores legisladores, sin embargo, no coincide con la magnitud real del delito, dado que la mayoría de las tentativas ni los hechos se contabilizan.

Se trata de uno de los delitos que mayor cifra negra arroja debido al contexto en el cual es cometido, a sus múltiples modalidades y los diversos sujetos que lo perpetran.

En este sentido, la información que presenta el organismo no gubernamental Consejo para la Ley de los Derechos Humanos A.C., estima que cada 24 horas en nuestro país se intentan 6 mil 800 extorsiones; es decir, casi 2 millones 500 mil intentos al año.

No perdamos de vista que alrededor del 80 por ciento de las extorsiones durante el 2010 se realizaron de manera telefónica, y que para el 2015 se estima que ya eran del orden del 95 por ciento, ante el crecimiento de herramientas incorporadas a los teléfonos celulares, como las redes sociales.

Con esto el fenómeno tiende a mutar y con esto quiero proponer que hagamos una modificación al Código Federal de Procedimientos Penales y también a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Se ha ido incrementando de manera tremenda, de manera exponencial este delito. Existen muchos de estos delitos y muchas de estas extorsiones que desde las cárceles, desde las prisiones, se vienen cometiendo. Existen reos en la Ciudad de México que perpetran estos delitos con teléfonos celulares de otras ciudades. Por eso la gravedad de este delito y, por ello, la intención de presentar esta iniciativa.

Se emplea, como modus operandi, entre 80 minutos a 7 horas para obtener el pago de la víctima. Para los casos que se han empleado hasta 7 horas, es porque durante 4 días han estado llamando sistemáticamente a las víctimas, empezando, en muchas ocasiones, por señalar que los tienen visualizados, que tienen localizada a su familia, que tienen localizada a la víctima.

Después señalan que han sido acreedores a premios y una serie de mentiras que parecen verdades y que, por ello, hacen a las víctimas pagar al final de cuentas ese pago, esa extorsión.

Las entidades federativas que han tenido mayor incremento son: el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. Pero también habrá que resaltar que empiezan a destacar entidades federativas que tradicionalmente no tenían este tipo de conductas, tal es el caso de mi estado, de Querétaro, que se incrementó un 350 por ciento; Quintana Roo 344 por ciento; Veracruz 165 por ciento, y Chihuahua 152 por ciento.

Ya decía que empieza la extorsión con el señalamiento de que se tiene localizada a la persona, que se tiene a la familia.

Como Diputado federal quiero señalar mi preocupación y mi ocupación en todo el país, pero también destacar particularmente lo que viene ocurriendo en mi estado. Hablamos del incremento de robo a casa habitación en un 40 por ciento, el secuestro en 125 por ciento, el robo a transeúnte con un incremento del 35.8 por ciento, el robo a negocio con 30 por ciento, el robo a vehículo con aumento del 12.7 por ciento, entre otros. En todos ellos habremos de actuar de manera responsable y levantar la voz desde la más alta tribuna nacional.

¿Qué propongo señores legisladores? A través de esta iniciativa propongo, en principio, un enfoque preventivo, donde la autoridad, las empresas de telecomunicaciones y la población usuaria de servicios de telefonía en coordinación, actúen para el combate de este delito.

En concreto, la reforma que hoy presentamos, pretende que los números con alguna denuncia o antecedente formal sean plenamente identificados con el apoyo de las respectivas empresas de telecomunicaciones.

En pocas palabras, necesitamos que las empresas de telecomunicaciones envíen, a través de SMS o de mensajería instantánea, antes de contestar una llamada, reciba el usuario en su teléfono, una leyenda, “extorsión, no contestar”, ya sea llamada o mensaje. O también “fraude, no contestar”, ya sea llamada o mensaje.

¿Qué pasará con la delincuencia que ha encontrado un nicho muy importante en este tema? Seguramente empezarán a comprar nuevos números que no estén identificados, por lo que se propone señalar una leyenda, un mensaje de voz o de texto, en donde se advierta, se alerte al usuario, señalando “número nuevo”, “nunca te había llamado”, o “proceder con precaución”.

Al final de la propuesta, señores legisladores, lo que estamos planteando es una cultura de prevención, es quitarle el nicho a muchos que han logrado a través de la extorsión, tener un rostro de la delincuencia en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Cabrera Ruiz. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Minerva Hernández Ramos, para presentar a nombre propio y de diversos Diputados, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de certificación de servidores públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Diputados Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita Alemán Olvera, José Apolinar Casillas Gutiérrez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto González, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero Tenorio, María Candelaria Ochoa Ávalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido)

La Diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, Senador Presidente. Apreciables compañeros legisladores:

Hoy vengo a presentar dos iniciativas a nombre de mis compañeros integrantes de diversos grupos parlamentarios, que participamos en el caucus anticorrupción, a quienes agradezco su disposición y voluntad para sumarse a estas propuestas que son de la mayor relevancia.

La primera de ella, reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público, que por responsabilidad, experiencia y funciones deba ser orientado a profesionistas certificados.

Los objetivos de esta iniciativa, son establecer la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones.

La Secretaría de la Función Pública identificará y definirá los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de los profesionales contempladas en el Servicio Civil de Carrera.

Por su parte, las dependencias podrán celebrar convenios con organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera.

Para la Federación se tendrían los siguientes beneficios:

Elevar la calidad del desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se integren al Servicio Profesional de Carrera.

Coadyuvar en la educación profesional continua de los servidores públicos.

Y garantizar la actualización de los conocimientos técnico-profesionales de los servidores públicos para el cumplimiento de su responsabilidad social.

También proponemos reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues desde la creación de la ley ha sido un tema muy polémico.

En 2009 cuando se planteó el primer proyecto para legislar sobre esta materia, fue muy bien recibido por parte de la ciudadanía en pro de mayores controles por parte de la autoridad, en la que por cierto hay resistencias en diversos sectores.

El tema de la auditoría para la revisión de los controles, procedimientos y sistemas en materia de prevención de lavado de dinero, es un tema que la GAFI ha recomendado y que se ha implementado en países como Argentina y Brasil, que realizan esta revisión para señalar las debilidades detectadas para que sean corregidas y la participación del sujeto obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero sea cada vez más efectiva.

En México, el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de verificación a una población de sujetos obligados muy representativa, con el fin de comprobar el cumplimiento a las obligaciones derivadas de la ley de lavado, se propone que quienes realicen actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control que incluyan la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del cumplimiento de dichas obligaciones.

La adición que se propone tiene dos efectos positivos: Por un lado, el sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido con esta medida, ya que quienes realizan actividades vulnerables podrán ir mejorando su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención de lavado de dinero al aportar información más útil, logrando que haya más procesos y sentencias y que realmente se combatan estas conductas que tanto afectan el desarrollo de México.

Quienes realizan las actividades vulnerables con el informe que obtengan, podrán a su vez corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan y, con esto, obtener una reducción en las sanciones que se les impongan.

Las sanciones previstas en la ley son disuasivas, lo que significa que con ellas se busca que los sujetos obligados no incurran en infracciones, y más allá de que el supervisor sancione a quienes descubren infringiendo la ley, es decir, se debe promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la ley, cumplan cada vez de mejor manera.

Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar el cumplimiento de las obligaciones, el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las actividades y profesiones no financieras se verá muy fortalecido, pues quienes la realizan estarán obteniendo con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias de sus procedimientos y contarán con un plan de acciones correctivas tendientes, precisamente, a su corrección.

Los sujetos obligados tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por lo tanto no están cumpliendo como es debido. Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados para comprobar su cumplimiento, en prácticamente todos los casos, ha procedido a imponer sanciones, en ocasiones de montos considerables derivados de incumplimientos que detecta.

Estas propuestas, compañeros legisladores, se suman a la convocatoria que hicieron recientemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Ceneval, para los contadores que estén interesados en certificarse como Especializados en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

Los que suscriben MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, MAYRA ANGÉLICA ENRÍQUEZ VANDERKAM, EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA, JOSÉ APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ, RUTH NOEMÍ TISCAREÑOAGOITIA, CECILIA GUADALUPE SOTO GONZÁLEZ, AGUSTÍN FRANCISCO DE ASISBASAVE BENÍTEZ, FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, VIDAL LLERENAS MORALES, JUAN ROMERO TENORIO, CANDELARIA OCHOA AVALOS Y GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, Diputados Federales de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; de Morena; y de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA al tenor del siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La certificación profesional es un proceso para sustentar la validez y actualización de los conocimientos técnico-teóricos de una profesión, así como la experiencia para el desarrollo de las actividades profesionales. Asimismo, representa un medio para garantizar la calidad en la prestación del servicio y que éste se realice con controles, reglas y criterios éticos uniformes, vigilados y acreditados por organismos de interés público que, a su vez, establecen su autorregulación.

Considerando que:

a) La Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal otorga certidumbre y continuidad de las políticas públicas del gobierno federal, al tiempo de garantizar los derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y cuyos propósitos fundamentales son los de lograr una administración pública eficiente y eficaz, con capacidad técnica y profesional para el servicio público que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones para la ejecución de planes y programas, así como el logro de las metas del Poder Ejecutivo Federal;1

b) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facilita el entendimiento de la estructura burocrática de la Administración Pública, como un instrumento con responsabilidades claras y precisas que evita la duplicidad de funciones y permite que las decisiones gubernamentales se traduzcan en resultados que demandan los habitantes del país2, y

c) Existe la necesidad de que los profesionistas del país desarrollen sus funciones dentro de los estándares de calidad que demanda actualmente la sociedad, ofreciendo a ésta la seguridad de contratar profesionales calificados y técnicamente actualizados, incluyendo a profesionistas del sector gubernamental.

Como antecedente para dar solución a esta problemática tenemos que el pasado 20 de febrero de 2014 un grupo de senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios presentaron iniciativa que reforma los artículos 5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de colegiación y certificación obligatorias, que se encuentra pendiente de su dictaminación por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.

La iniciativa propone entre otros temas, regular a los colegios de profesionistas y establecer que el Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos.

Asimismo, el pasado 25 de febrero de 2014 un grupo de senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios presentaron iniciativa que expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias que se encuentra pendiente de su dictaminación por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

La iniciativa propone entre otros temas, regular la certificación profesional. Establece que el profesionista se someta a un proceso de evaluación para cerciorarse que posee la experiencia, los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para el ejercicio de su profesión o especialidad, adquiridos ya sea en la práctica profesional o a través de educación continua, y que éstos se encuentran vigentes de acuerdo con el estado de la técnica en el momento de la certificación. La certificación la efectuarán los Colegios de Profesionistas.

De acuerdo con un documento denominado Certificación Profesional en México 20083 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, con la masificación de la educación superior se iniciaron:

• La certificación de los individuos más allá de la proporcionada por títulos universitarios o los certificados de estudios: formación, experiencia práctica, desempeño profesional y responsabilidad social;

• La evaluación de los programas educativos y más tarde su acreditación;

• La evaluación de los resultados de la acción educativa y la evaluación de tercera parte de los aprendizajes, como indicador de la capacidad de los egresados, y

• Otros procesos de formación, evaluación y certificación.

En México, hay cuatro formas de reconocer, de certificar o garantizar la calidad de los profesionales a través de los siguientes mecanismos:

• El título universitario, documento que dan las instituciones de educación superior al fin de un programa de estudios de “licenciatura” en una carrera;

• La cédula o licencia profesional, registro y permiso que dan los gobiernos para ejercer la profesión, símbolo de calidad;

• La certificación (y re-certificación) profesional, el reconocimiento gremial que dan los colegios o las organizaciones profesionales, garantía de calidad, y

• La aceptación social (reconocimiento del público usuario del mercado laboral).

Así comenzó la evaluación de los siguientes programas educativos:

• En 1979 el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior;

• En 1989 la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior;

• En 1989 el Padrón Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);

• En 1991 los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior;

• En el 2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior;

• En el 2002 el Reconocimiento de Organismos Acreditadores de Educación Superior, y

• En el 2005 el Consorcio de Universidades Mexicanas.

No obstante, la certificación de los profesionales se da a partir de 1973 con las Especialidades Médicas, posteriormente surgen el Sistema Nacional de Investigadores (1984), los Programas de Carrera Docente (1991) y la certificación profesional de veterinarios, contadores públicos, actuarios, arquitectos e ingenieros (1998).

Del documento se destaca que hoy en día la certificación profesionales llevada a cabo por organizaciones gremiales de manera independiente a universidades y gobierno, y con base en diversos requisitos que consisten en exámenes estandarizados aplicados por terceros.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo titulado La importancia de la certificación profesional en México del Dr. Eduardo Avalos Lira4, con la firma del Tratado de Libre Comercio (1993) México acuerda certificar el ejercicio profesional de algunas carreras, así de acuerdo con el autor, el 27 de septiembre de 2002, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (en adelante, IMCP) firmó el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo, con los siguientes organismos, en donde entre otros aspectos a considerar, se establecieron los acuerdos de reciprocidad en los servicios profesionales entre esos tres países:

• La Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (NationalAssociation of StateBoards of Accountancy<<NASBA>>);

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of CPA <<AICPA>>);

• El Instituto de Contadores Certificados de Canadá (Canadian Institute of CharteredAccountants<<CICA>>), y

• El Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría Pública (COMPIC).

Destaca que, en 2005 el IMCP fue elprimer organismo profesional en obtener, por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Idoneidad como Auxiliar en la Vigilancia del Ejercicio Profesional, en la modalidad de certificación profesional.

En julio de 2010 el IMCP con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, desarrolló e implementó el proceso para la certificación profesional por disciplinas.

Por lo anterior, proponemos modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para:

• Establecer la obligatoriedad dela certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones.

• Fijar que, en los modelos de profesionalización de los servidores públicos, les permita adquirir la certificación profesional;

• La Secretaría de la Función Pública identificará y definirá los organismos auxiliaresque actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua, y

• Las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua.

La modificación de los ordenamientos federales tendrán los siguientes beneficios para la Federación:

• Elevar la calidad de desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se integren al Servicio Profesional de Carrera;

• Coadyuvar en la educación profesional continua del servidor público a través de los mecanismos adicionales de certificación profesional, considerando que es una actividad educativa programada, formal y reconocida por las dependencias de gobierno, y

• Garantizar la actualización de los conocimientos técnico profesionales de los servidores públicos para el cumplimiento de su responsabilidad social.

En suma, con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público que, por responsabilidad, experiencia y funciones, deba ser orientado a profesionista certificado.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Artículo primero.- Se reforma la fracción V del artículo 11; el inciso b) de la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 13; y el artículo 43 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 11.- …

I a IV. …

V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización, educación formal y certificación profesional, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;

VI a XI. …

Artículo 13.- …

I a III. …

IV. …

a) …

b) La especialización, actualización y educación formal y certificación profesional en el cargo desempeñado;

c) a f) …

V a VII. …

El Reglamento determinará los órganos con que la Secretaría operará uno o más de los anteriores procesos. Asimismo, la Secretaría identificará y definirá los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua.

Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán celebrar convenios con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, y organismos públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles requeridos, con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera y de ampliar sus experiencias. De igual forma, las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización para la educación profesional continua.

Artículo segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. …

I. …

a) a d) …

II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación profesional de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley, y

III. …

a) a d) …

Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Minerva Hernández Ramos.- Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.- Dip. Mayra Enríquez Vanderkam.- Dip. Cecilia Guadalupe Soto González.- Dip. Francisco Xavier Nava Palacios.- Dip. Rafael Hernández Soriano.- Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Vidal Llerenas Morales.- Dip. Candelaria Ochoa Ávalos.- Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/lviii/senado2.html

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf

3 Instituto Mexicano de la Competitividad, Certificación Profesional en México 2008, http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2008/10/edu_sucia_certificacion_laboral_08_ppgc.pdf

4 Avalos Lira, Eduardo. La importancia de la certificación profesional en México
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Diputados Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita Alemán Olvera, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto González, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero Tenorio, María Candelaria Ochoa Ávalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido)

Los que suscriben, MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, MAYRA ANGÉLICA ENRÍQUEZ VANDERKAM, EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA, RUTH NOEMÍ TISCAREÑOAGOITIA, CECILIA GUADALUPE SOTO GONZÁLEZ, AGUSTÍN FRANCISCO DE ASÍS BASAVE BENÍTEZ, FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, VIDAL LLERENAS MORALES, JUAN ROMERO TENORIO, CANDELARIA OCHOA AVALOS, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, Diputados Federales de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión e integrantes de los grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; de Morena; y de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 53 FRACCIÓN VI, RECORRIÉNDOSE LAS ACTUALES FRACCIONES A VII Y VIII Y 54 FRACCIONES I, II, Y III; Y SE ADICIONAN UN CAPÍTULO V BIS DE LA REVISIÓN E INFORME DE UN AUDITOR EXTERNO Y UN ARTÍCULO DEL 37 BIS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, al tenor del siguiente:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El lavado de dinero es una actividad que socava el estado de derecho ya que, por un lado permite que el dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos que sí tienen un origen lícito generando una percepción irreal de la actividad económica y productiva de nuestro país, además de que la actividad criminal debilita gravemente la economía nacional al desviar recursos que deberían contribuir al gasto público en la forma que prevén las leyes, provocando esto último que el sostenimiento del país recaiga en un sector reducido de la población.

El Estado, a través de las diversas leyes, regulaciones y normativas que emite, provee las herramientas para que se combata esta actividad delictiva a través de la identificación, la prevención, la denuncia, la investigación, el procesamiento y la sanción de quienes realizan conductas que se ubican en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal (en adelante, CPF), el cual tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero.

Con el propósito de tener una participación activa y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero a nivel global, en 1999 México se unió al Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) como observador, y posteriormente en el año 2000 se integró como miembro de pleno derecho, con lo que nuestro país adquirió el compromiso de implementar medidas para identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, establecer responsabilidades, desarrollar políticas de coordinación y luchar contra el lavado de dinero.

El GAFI1 es un ente intergubernamental que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero. Para ello, el GAFI emitió en 1990 por primera vez su documento de Recomendaciones, las cuales fueron revisadas en 1996 para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas; en octubre de 2001 el GAFI expandió su mandato y creó nueve Recomendaciones Especiales; posteriormente en 2003 las Recomendaciones junto con las Especiales se revisaron por segunda vez; y finalmente la más reciente revisión fue en 2012 resultando un documento de 40 Recomendaciones. Las Recomendaciones constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero. A través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares, los países deben implementar los estándares internacionales contenidos en las Recomendaciones del GAFI.

México, en atención a las Recomendaciones del GAFI, ha llevado a cabo diversas acciones encaminadas al combate del lavado de dinero. Por mencionar algunas de esas acciones, se señalan, la tipificación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 400 Bis del CPF la reforma a diversas leyes financieras para establecer obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, la creación de autoridades receptoras de reportes de operaciones sospechosas e investigadoras de conductas que pudieran tipificar las conductas de lavado de dinero, y la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI).

El combate al lavado de dinero requiere la instrumentación de todo un sistema en el que participan diversas autoridades, así como particulares del sector financiero y de otras actividades y profesiones no financieras, en el que unos y otros tienen deberes y obligaciones, y para que el sistema funcione con eficacia no solo se deben asignar responsabilidades, sino también se debe verificar su cumplimiento y aplicar sanciones a quienes no cumplan.

Desde 19972 se comenzó a establecer la regulación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con las entidades o instituciones del sector financiero, las cuales al día de hoy están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF; el presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF; conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios; recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes; resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y a la de los reportes que presenten; proporcionar capacitación al interior de las instituciones, usar sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos, y establecer estructuras internas que funcionen como áreas de cumplimiento, todo esto en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de las disposiciones de carácter general que emite la SHCP.

En 20133 entró en vigor la LFPIORPI, teniendo como uno de sus propósitos regular en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a diversas actividades y profesiones no financieras, las cuales fueron catalogadas en el artículo 17 de la LFPIORPI como Actividades Vulnerables. Obligaciones similares a las del sector financiero se le asignaron a quienes realizan las actividades vulnerables, entre otras, recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes; conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios; llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos; presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios; custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables, así como la relativa a la identificación de sus clientes y la de los avisos que presenten y brindar facilidades para que las autoridades practiquen visitas de verificación para comprobar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El GAFI recomienda que las instituciones del sector financiero y las personas del sector no financiero deben estar sujetas a medidas de supervisión para asegurar que cumplen con las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Recomendación 15 del GAFI de 2003 establece que Las instituciones financieras deberían desarrollar programas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir: a) El desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleos; b) Un programa permanente de capacitación de empleados; c) Una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Argentina en 20104, se señala que el Capítulo VI de la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera que se refiere a Políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contempla que los bancos y los centros cambiarios deben adoptar formalmente políticas escritas para el cumplimiento de la ley y la regulación para prevenir el lavado de dinero, así como una función de auditoría para revisar su sistema; asimismo, en la Sección 2.5 del Comunicado “A” 4273 del Banco Central de la República Argentina se establece que las entidades deben también desarrollar por escrito políticas de transacciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo que incluyan, por lo menos, el diseño de procedimientos y controles internos, y un plan de capacitación para el personal, así como la función del auditor interno para verificar el cumplimiento de dichas políticas, tomando en cuenta el tamaño y la actividad de la entidad; de igual manera, según la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financieray los Comunicados “A” 4535 y “A” 4607/”A” 4606 del Banco Central de la República Argentina, los bancos y centros cambiarios deben llevar a cabo al menos una vez al año una revisión de los procedimientos internos de la institución financiera, y el informe de auditoría que se emita debe incluir sugerencias para corregir las debilidades detectadas en la revisión y la opinión de la propia entidad en los temas que han sido planteados; finalmente, si bien en la Ley antilavado 25.246 no hay medidas que exijan a las actividades y profesiones no financieras que adopten e implementen políticas internas, procedimientos y controles, la Resolución 227/2009 de la Unidad de Información Financierapara juegos de azar, establece que esos negocios deben tener políticas y procedimientos para prevenir y desalentar el lavado de dinero, políticas que deben contener un mínimo de elementos, entre otros, implementar la revisión periódica por parte de un auditor externo.

En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Brasil en 20105, se señala que el artículo 2 de la Resolución 2554/1998 del Consejo Nacional Monetario dispone que las instituciones financieras bajo supervisión del Banco Central de Brasil deben garantizar que cumplen con toda la normativa antilavado y que la actividad de auditoría interna debe formar parte del sistema de control interno, en caso de que la institución financiera no cuente con un área de auditoría, esta función debe realizarse por una firma o una entidad de auditoría externa; igualmente, el artículo 9 de la Circular 380/2008 de la Superintendencia de Seguros Privados señala que las instituciones financieras bajo supervisión de dicha Superintendencia deben desarrollar e implementar un programa de auditoría interna para verificar de forma anual su cumplimiento, la entidad tiene la opción de realizar esta revisión a través de su área interna de auditoría o por auditores independientes.

Como se puede observar, Argentina y Brasil, en cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en su momento establecieron en su normativa la figura de la auditoría para la revisión de los controles, procedimientos y sistemas en materia de prevención de lavado de dinero, pudiendo realizarse la revisión por parte de un área interna o externa. El objetivo de realizar esta revisión es emitir un informe en el que se señalen las debilidades detectadas en la revisión, para que sean corregidas y la participación del sujeto obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero sea más efectiva.

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PRESENTE INICIATIVA

En México, en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, se ha dotado de facultades de supervisión a dos entes, por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante, CNBV), órgano desconcentrado de la SHCP, que en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con la atribución legal de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero a cargo de las entidades financieras; por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT), órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, que en términos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria cuenta con la atribución legal de comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

De acuerdo con información contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos6 (en adelante, ENR) de lavado de dinero elaborada en julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF), al 31 de diciembre de 2015 la CNBV supervisaba a 3,199 instituciones financieras, mientras que el SAT supervisaba a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.

Los supervisores enfrentan un gran reto. El número de sujetos a supervisar es elevado, y los recursos económicos y humanos con que para esos efectos cuentan la CNBV y el SAT parecen insuficientes. Al mismo tiempo, esto representa una amenaza para el sistema de combate al lavado de dinero, pues los sujetos obligados al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia y practica un reducido número de actos de comprobación, pueden cumplir con deficiencia sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero o incluso pueden no cumplirlas en absoluto. Si ante esta insuficiente supervisión, los sujetos obligados no cumplen correctamente sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no llegará información útil a las autoridades encargadas de investigar y denunciar dichas conductas, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo, los criminales continuarán realizando sus actividades ilícitas de manera impune, y la economía nacional se verá afectada en perjuicio del desarrollo del país.

No obstante, en el ámbito del sector financiero existe una figura que, en atención a la Recomendación 15 del GAFI de 2003, otorga cierta confianza a la CNBV de que los sujetos obligados están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento año tras año. En cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en las disposiciones de carácter general que emite la SHCP en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita7 se establece que las entidades financieras deben mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar de forma anual el cumplimiento de dichas disposiciones. En esa revisión, se evalúa cómo está cumpliendo la entidad financiera con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué no está haciendo y, en su caso, se propone un programa de acciones correctivas. El informe de auditoría que se emite tiene por objeto brindar a los sujetos obligados la información necesaria para adoptar las medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para establecer planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que deriven de la revisión materia del informe.

El informe es presentado a la entidad financiera y ésta debe hacerlo del conocimiento de la CNBV. Cabe precisar que el informe de auditoría no constituye una validación de que el sujeto obligado está cumpliendo total y correctamente con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues esencialmente debe contener una sección en la que se incluyan los hallazgos y acciones correctivas que a juicio del auditor se requieran para dar cabal cumplimiento a las disposiciones, lo que corrobora que con la obtención del informe de auditoría se pretende supervisar que los sujetos obligados están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento regularmente.

En las actividades y profesiones no financieras la amenaza cobra fuerza ya que el número de sujetos supervisados por el SAT es alto en comparación con los que supervisa la CNBV. En párrafos anteriores se menciona que en la ENR elaborada en julio de 2016, la UIF señala que al 31 de diciembre de 2015 el SAT tenía bajo su supervisión a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.

Derivado de los resultados contenidos en la ENR se conoce que sólo el 14% de las personas que realizan actividades vulnerables no financieras dio respuesta al cuestionario que les fue enviado en febrero de 2016. Esto denota la falta de compromiso de los sujetos obligados para con el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que al no atender el cuestionario no se cuenta con información para evaluar si están entendiendo los riesgos de lavado de dinero y cumpliendo adecuadamente las obligaciones que tienen en esta materia.

Es conveniente y necesario que el SAT cuente con una herramienta que le permita validar que los sujetos obligados bajo su supervisión están implementando acciones constantes para elevar su nivel de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

III. FUNDAMENTO LEGAL

A esta iniciativa le son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

- Código Penal Federal.

IV. OBJETO DE LA INICIATIVA

Toda vez que el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de verificación a una población de sujetos obligados representativa, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, se propone que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control que incluyan la revisión por parte de un auditor externo para evaluar y informar del cumplimiento de dichas obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable.

El resultado de la revisión deberá presentarse a la persona que realiza la actividad vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

La revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo durante el cual se realizaron actividades vulnerables. El informe que se emita debe incluir el resultado de la revisión del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, incluyendo el desarrollo de los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que haya adoptado para dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia de prevén/ción de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras, llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos cuando aplique; presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios cuando corresponda; custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables, así como de relativa a la identificación de sus clientes y a la de los avisos que presenten, y las demás que el auditor considere que pueden ser útiles para mitigar los riesgos. En disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe contener el informe.

Mediante disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe reunir el auditor responsable de elaborar la revisión y el informe.

El informe que contenga los resultados de la revisión que se efectúe deberá hacerse del conocimiento del SAT a través del portal en internet dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio que se revise.

La adición que se propone tiene dos efectos positivos: A) El sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido con esta medida de control, ya que quienes realizan actividades vulnerables podrán ir mejorando su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención del lavado de dinero al aportar información más útil para que se investiguen las conductas previstas en el artículo 400 Bis del CPF, logrando así que haya más procesos y sentencias por lavado de dinero y realmente se combatan estas conductas que tanto afectan al desarrollo del país; y B) Quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI, con el informe que obtengan podrán corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan y con esto obtener alguna reducción en las sanciones que se les impongan, en atención a lo previsto en los artículos 55 y 60 de la LFPIORPI. Las sanciones previstas en la Ley son disuasivas, lo que significa que con ellas se busca que los sujetos obligados no incurran en infracciones, y más allá de que el supervisor sancione a quienes descubra infringiendo la Ley, se debe promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI cumplan cada vez de mejor manera.

Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las actividades y profesiones no financieras se verá fortalecido, pues quienes las realizan estarán obteniendo con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias en sus procedimientos y contarán con un plan de acciones correctivas tendientes a corregirlas. De continuar sin esta herramienta, no se tendrá certeza de que los sujetos obligados conocen sus fallas y hacen algo por subsanarlas. Se debe tener presente que las Recomendaciones del GAFI fijan un estándar internacional que los países deben implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. En México se requiere que exista una medida de gestión de cumplimiento para que los sujetos obligados de la LFPIORPI estén constreñidos a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los sujetos obligados de la LFPIORPI tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por lo tanto no están cumpliendo como es debido. Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados de la LFPIORPI para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, en todos los casos, ha procedido a imponer sanciones, en ocasiones en montos importantes, derivadas de los incumplimientos que detecta. El objetivo no es que el SAT sancione a los sujetos obligados, sino que éstos cumplan con las obligaciones que les impone la LFPIORPI para que aporten información útil a las autoridades encargadas de denunciar e investigar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se considera que la medida de control propuesta no tiene impacto presupuestario ya que no es necesario crear una nueva oficina dentro del SAT porque ya desde ahora cuenta con áreas competentes en materia de supervisión de quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI. En los artículos 40 y 50 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria encontramos que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables, y las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal tienen atribuciones de supervisión en materia de la LFPIORPI, y que los titulares de las unidades administrativas mencionadas, serán auxiliados por los administradores, subadministradores, jefes de departamento y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio, por lo que no hay impacto presupuestario debido a que la estructura operativa ya la tiene el SAT.

Se propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la LFPIORPI, la cual es una sanción eficaz en atención a la Recomendación 35 del GAFI.

Adicionalmente, la propuesta de reforma al artículo 54 atiende al artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016 en el DOF, en el que se establece que se deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; y se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; Se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para quedar como sigue:

CAPÍTULO V BIS
De la Revisión e Informe de un Auditor Externo

37 BIS. Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor externo independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones que disponen esta ley y el reglamento correspondiente.

Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados en formato de informe a la persona que realiza la Actividad Vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos que deberá contener dicho informe.

La información a que hace referencia este artículo, deberá ser conservada por quien realiza la Actividad Vulnerable durante un plazo no menor a diez años, y remitirse a la Secretaría dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

Artículo 53. …

I a V. …

VI. Incumplan con la obligación de presentar el informe previsto en el artículo 37 BIS de esta Ley;

VII. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y

VIII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 54. …

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso de las fracciones V y VI del artículo 53 de esta Ley, y

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VII y VIII del artículo 53 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Minerva Hernández Ramos.- Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.- Dip. Cecilia Guadalupe Soto González.- Dip. Mayra Enríquez Vanderkam.- Dip. Francisco Xavier Nava Palacios.- Dip. Rafael Hernández Soriano.- Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Vidal Llerenas Morales.- Dip. Candelaria Ochoa Ávalos.- Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.

1 Mayor información del GAFI se encuentra en http://www.fatf-gafi.org/about/

2 El 7 de mayo de 1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a diversas leyes financieras en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, estas mismas leyes fueron reformadas mediante decretos publicados en el DOF el 28 de enero de 2004, el 18 de julio de 2006 y el 10 de enero de 2014.

3 En el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la LFPIORPI publicado en el DOF el 17 de octubre de 2012 se señaló que “La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, por lo que la LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013.

4 Reporte de Evaluación de Argentina. Octubre 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Argentina.pdf

5 Reporte de Evaluación de Brasil. Junio 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf

6 La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es el resultado de un proceso coordinado por la UIF en el que colaboraron todas las instancias que participan en el régimen nacional de prevención de lavado de dinero. A partir de la ENR se busca poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de prevención del lavado de dinero y destinar los recursos humanos y financieros de la manera más eficiente y eficaz.

7 La 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple; 60ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 61ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio; 55ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 62ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 48ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento; 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 64ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 48ª del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Hernández Ramos.

Diputada Minerva, ¿son dos iniciativas, verdad?

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Entonces, respecto al proyecto de reformas en materia de certificación de servidores públicos, se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; y respecto al proyecto de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Se concede la palabra a la Diputada Maricela Contreras Julián, para presentar a nombre propio y de los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de violencia política.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre propio y de los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores, presento esta iniciativa a nombre propio y de mis compañeros Diputados.

Es innegable que vivimos un clima de violencia en el país que se exacerba en tiempos electorales.

En el pasado sufrimos como nación y como sociedad, la persecución de política por el simple hecho de manifestar públicamente nuestros pensamientos e ideas, persecución de los gobiernos en turno en contra de personas que hemos disentido de la manera de hacer las cosas y que planteamos alternativas denunciando la corrupción y las malas prácticas en el ejercicio del poder.

No hay mejor testimonio histórico que la cuota de sangre puesta por la izquierda mexicana que ha servido para el cambio democrático en nuestro país. No olvidemos la guerra sucia en la década de los 70’s, los encarcelamientos de militantes de izquierda en los 80’s, y los asesinatos que desde ese entonces se han venido dando contra compañeras y compañeros.

Esa violencia política no ha parado y se manifiesta hasta nuestros días. Apenas ayer fue asesinado un ex diputado local y ex presidente municipal del PRD en el estado de Guerrero.

En los últimos meses se han registrado hechos relacionados con eventos de provocación y violencia política de la que han sido víctimas un número indeterminado de personas. Lo anterior pone en riesgo su integridad física y su vida, además de que socaba el ejercicio pleno de los derechos políticos.

Estas manifestaciones de violencia se han generalizado y expandido de tal forma que, tanto mujeres como hombres, en el ejercicio de sus derechos políticos elementales, son víctimas de agresiones, abuso de poder y de represión del Estado.

Este grave fenómeno, se convierte en tragedia de mayores proporciones en los últimos años, y el ejemplo lo tenemos en el proceso electoral que estamos viviendo en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Desde luego, esa violencia política se recrudece contra militantes de izquierda, donde el PRD ha puesto a los muertos de manera lamentable.

Es inaceptable la cantidad de agresiones que se están dando en las elecciones en esas entidades federativas, donde las propias autoridades son las que están usando la violencia.

Realmente alarma que los gobiernos de estos estados atenten contra la integridad de las personas que participan en los procesos, y más aún, contra los candidatos de oposición.

Demandamos que cesen los ataques y que no estén fomentando un voto de miedo para que beneficien a sus candidatos.

El grupo parlamentario del PRD, con el firme de propósito de contar en el corto plazo con herramientas que reviertan estos efectos peligrosos para la democracia, es que presentamos esta iniciativa de reforma de diversas leyes electorales.

Se contempla como un delito la violencia política, y se establecen sanciones además de obligaciones de los partidos políticos y del propio Estado para prevenirla.

Por supuesto, esa misma violencia afecta más a las mujeres, donde tenemos mujeres asesinadas, mujeres que han sido violadas, amenazadas, torturadas e incluso desaparecidas, sólo por el hecho de ejercer este derecho a participar en la toma de decisiones de nuestro país.

Por ello urgimos a que sumemos nuestra responsabilidad, y que en un periodo extraordinario, en tiempo y forma, la Cámara de Diputados apruebe la minuta que reforma diversas leyes electorales en materia de violencia política contra las mujeres.

Aquí quiero hacer énfasis en el compromiso asumido por la dirigencia de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, para que esta minuta sea aprobada en tiempo y forma, para que se publique también de esta manera, y esta fecha de publicación a más tardar tendría que ser el 6 de junio, toda vez que inicia el periodo electoral y, entonces, tomando esa palabra exhortamos para que en el periodo extraordinario se presente esta minuta que está detenida en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados.

Por eso no podemos permitir que estas agresiones sigan dándose.

La violencia política que sufrimos se da en todos los partidos, sin distinción alguna.

Sería cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA FORMA DE VIOLENCIA POLÍTICA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente iniciativa pretende establecer un conjunto de nuevas disposiciones legales que proporcionen a las autoridades electorales y los diversos actores políticos y a la ciudadanía de una serie de dispositivos jurídicos que  respondan desde el punto de vista de la legislación electoral el preocupante fenómeno de violencia política que se está registrando en distintas regiones del país y que están enrareciendo la convivencia política entre partidos políticos, militantes, simpatizantes y la sociedad en general.

ARGUMENTOS

A lo largo de los últimos años, pero particularmente en los recientes meses desde el año pasado, se han registrado hechos relacionados con eventos de provocación y violencia política de la que han sido víctimas un número indeterminado pero significativo de personas, tanto mexicanas como mexicanos, que han puesto en riesgo su integridad física y su vida, y han visto socavar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, por agentes del estado o bien por la acción de particulares.

En el pasado sufrimos como nación y como sociedad, la persecución política por el simple hecho de manifestar públicamente nuestros pensamientos e ideas, como una proyección de un pensamiento ideológico propio que puede o no contrastar con el conjunto de creencias e ideas que sustentan las bases del estado mexicano y del gobierno en turno o del grupo dominante en lo político y en lo ideológico, de esto dan cuenta como un ejemplo del mayor testimonio histórico contemporáneo la cuota de sangre que la izquierda mexicana ha ofrendado por el cambio democrático en nuestro país, no hace mucho tiempo de esto, estamos hablando de los 70´s y de los 80´s, del inicio de la transición a la democracia, en la que el FDN y después el PRD, sus militantes y simpatizantes en número de aproximadamente de 600 vidas de mexicanas y mexicanos fueron cegadas producto de esta violencia política que no paró en aquellos años.

Ahora estas manifestaciones de violencia se han generalizado y expandido de tal forma que, tanto mujeres como hombres, en ejercicio de sus derechos políticos elementales o bien aquellos que se dedican de tiempo completo, al servicio público o son actores políticos, son víctimas en diversos hechos de violencia que están ligados directamente con el ejercicio de la política o del servicio público, lo mismo porque son activistas en sus comunidades y denuncian cotidianamente el abuso del poder o  porque resisten el embate del crimen organizado o bien aquellas personas que en campaña electoral, como candidatas o candidatos se les obstaculiza su trabajo de proselitismo y hasta se les agrede físicamente, de esto dan cuenta cotidianamente los medios de comunicación en cada entidad que está o no en medio de un proceso electoral.

Este grave fenómeno, ahora se convierte en tragedia de mayores proporciones en los últimos años, se observa más preocupante todavía, ya que consideramos que las instituciones del estado mexicano se encuentran carentes de los instrumentos legales adecuados para prevenir y contrarrestar de manera eficaz, desde el ámbito del derecho electoral vigente y para que esto pueda ser posible debemos establecer figuras de derecho que de manera armónica combatan este flagelo, para que proteja de manera integral a unos  y a otros, tanto a mujeres como a hombres, porque desafortunadamente este fenómeno no distingue raza, género, ideología o posición social.

Nosotros siempre abogaremos por la protección de los derechos políticos de las mujeres que enfrentan situaciones de discriminación y de violencia política que amenazan el ejercicio pleno de los mismos, porque deben ser respetados en toda su magnitud, ante lo cual las autoridades electorales están llamadas a ser los primeros órganos garantes que los hagan valer en todo momento.

Por ello, es que el grupo parlamentario del PRD, con el firme propósito de de que en el corto plazo podamos revertir desde el ámbito institucional estos efectos peligrosos para la democracia es que presentamos esta iniciativa  por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para prevenir y erradicar toda forma de violencia política.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se adicionan un inciso j al artículo 3; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 6; un numeral 5 al artículo 7; un inciso i al numeral 1 del artículo 30; se reforman el numeral 3 del artículo 227; el numeral 2 del artículo 247; el inciso f del numeral 1 del artículo 380; el inciso i del numeral 1 del artículo 394; el inciso b del numeral 1 del artículo 470 todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 3

1.

a) a i).- …

j) Para los efectos de esta Ley se entiende por Violencia Política, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las y los mexicanos, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

Artículo 6. ...

1. ...

En el cumplimiento de estas obligaciones se promoverá la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y se prohibirá toda conducta queatente contra la dignidad y la integridad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades políticas de las personas.

2. ...

Artículo 7.

1. a 4. ...

5. El ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán en todo momento por el principio de la no violencia.

El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, en términos de los artículos lo, 2o y 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política, que se manifiesta por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida.

Articulo 30.

1.

a) a h).- …

i).- Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política para lo cual realizará la difusión en los medios de comunicación de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política; la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de ésta.

Artículo 227.

1. a 2. ...

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido, no debe contener expresiones que constituyan violencia política en términos de lo establecido en esta Ley.

4. a 5. ...

Artículo 247.

1. ...

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, que discriminen o que constituyan violencia política. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

3. a 4. ...

Artículo 380.

1. ...

a) a e)

f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; o que constituya violencia política en cualquiera de sus manifestaciones;

g) a i) ...

Artículo 394.

1. ...

a) a h) ...

i) Abstenerse de proferir, ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas o que constituya violencia política en cualquiera de sus manifestaciones;

j) a o)

Artículo 470.

1. ...

a) ...

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia política en cualquiera de sus manifestaciones.

Articulo Segundo.-Se reforma el numeral 1 en su inciso u y se adicionan los incisos v, w y x así como los numerales 2 y 3 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. ...

a) a t). ...

u) Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar, al interior del partido político, actos u omisiones que constituyan violencia política en cualquier forma. y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política, que se manifiesta por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida.

v) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, que calumnie a las personas, que constituya violencia política;

w) Abstenerse de cualquier acto u omisión, que limite, condicione, excluya, impida o anule el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas y su acceso o pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función partidista.

x) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

2. Los partidos políticos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimento de sus obligaciones en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia.

3. Los Partidos Políticos en términos de los artículos lo, 9º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, y en el ámbito de sus atribuciones, sancionar la violencia política en cualquiera de sus formas.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción XXII al artículo 7; un último párrafo al artículo 8, un último párrafo al artículo 9; la fracción I del artículo 11, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XXI. ...

XXII.- A quien promueva o ejerza la violencia política, por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida.

Artículo 8. ...

I. a XI. ...

Adicionalmente a la sanción a la conducta de que se trate, se aumentará hasta una mitad cuando las conductas contenidas en la fracción XXII se cometan en perjuicio de persona alguna.

Artículo 9. ...

I. a X . ...

La pena se aumentará hasta una mitad cuando se cometan las conductas contenidas en la fracción XXII del artículo 7 de la presente ley.

Articulo 11.- …

I. Coaccione, promueva la violencia política o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 78 bis.- Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por la existencia de  actos u omisión que constituya violencia política, y que tengan por objeto o que tengan por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos  durante las diversas etapas del proceso electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.- Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación local, conforme al presente decreto dentro de un término de treinta días contados a partir de su entrada en vigor.

TERCERO.- Los partidos políticos reformarán sus documentos básicos y estatutarios a más tardar en un término de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017

Suscriben

Dip. Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Maricela Contreras Julián.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Contreras Julián. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede la palabra a la Diputada Lia Limón García, para presentar a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de recolección de residuos en el mar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por la Diputada Lia Limón García, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a presentar dos iniciativas en un solo acto que son de gran importancia para la agenda del Partido Verde Ecologista de México, se trata de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de prohibición de redes de pesca en el mar y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de recolección de residuos en mares y océanos.

Ambos proyectos comparten la finalidad de contribuir a la lucha en contra de la contaminación que afecta gravemente a los ecosistemas marinos y costeros, así como reforzar la restauración, protección y conservación de mares y costas para contribuir con ello a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

En la actualidad, los mares y océanos son para la humanidad una de las fuentes de recursos naturales del planeta. Lamentablemente, la contaminación de los mismos ha llegado a niveles preocupantes, tanto así que hoy es posible identificar grandes islas de residuos, cuya extensión podría ser equiparable al estado de Texas.

El grave problema que ello significa, ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a lanzar una alerta global, ya que de acuerdo a un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha cuantificado en millones de toneladas la basura que se acumula en el fondo del océano, la superficie marina y las costas.

Es de destacar que el 80 por ciento de los residuos que contaminan los mares y los océanos provienen de la tierra, mientras que el 20 por ciento restante es producto de la actividad marítima.

Los principales contaminantes que afectan a los ecosistemas marinos son el plástico, fundamentalmente, por lo complicado que resulta su degradación, y cuando nos deshacemos de un plástico éste debiese de ser reciclado o, bien, terminar en un vertedero; sin embargo, muchas veces termina en las vías fluviales y en los océanos a través de los sistemas de drenaje, de agua en zonas urbanas o por los vertimientos de basura deliberados.

Es de señalar que los residuos de plástico no sólo afectan el hábitat de miles de especies marinas, sino que incluso alteran la cadena alimenticia cuando por accidente son ingeridos por los animales.

Otras consecuencias negativas de la presencia de plásticos en aguas marinas es que éstos se pueden llegar a enredar, y también hay casos de asfixia y estrangulamiento de especies marinas.

En este sentido, la sustentabilidad de los recursos marinos se pone en riesgo con los altos niveles de contaminación registrados en algunos mares y océanos.

La pesca como parte de los recursos marinos ha sido una importante fuente de proteínas para consumo directo de los seres humanos y para la alimentación animal; asimismo, representa una importante actividad económica que genere empleos e ingresos para las poblaciones, particularmente en los países en desarrollo.

En virtud de lo anterior, conservar y preservar los recursos naturales pesqueros a través de su aprovechamiento sustentable y la restauración de los mares y océanos resulta de vital importancia, no sólo por su relevancia en términos económicos, sino para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población, para lo cual consideramos que los pescadores pueden convertirse en agentes activos en la tarea de contribuir a limpiar las aguas marinas.

En este orden de ideas, la primera de las iniciativas pretende fortalecer una regulación que establece las directrices para que la pesca se lleve a cabo de modo sustentable.

Lo cierto es que debemos reforzar los instrumentos y herramientas utilizados en el sector para el manejo y disposición final de los instrumentos de pesca.

Dicha situación reviste especial importancia al momento de analizar la evidencia que señala que una de las principales fuentes de contaminación marina es precisamente el abandono de dichos instrumentos, especialmente las redes de pesca por tratarse de una trampa mortal para las diferentes especies de fauna marina en los océanos.

El problema no es menor, pues datos de la propia FAO señalan que alrededor de 650 mil toneladas de redes de pesca desechadas accidental o intencionalmente subsisten en el fondo marino afectando a muchas especies de peces y mamíferos, las cuales acaban perdiendo la vida enredados en ellas.

Por ello, la segunda de nuestras iniciativas propone realizar diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable con el objeto de fijar expresamente una prohibición que hoy se encuentra establecida únicamente en una norma oficial, que es la NOM-060 para la pesca responsable, la cual refiere que queda estrictamente prohibido el abandono de redes de pesca en el cuerpo del agua.

La segunda iniciativa pretende modificar el marco jurídico vigente a efecto de que se promueva la asesoría y capacitación a los trabajadores del sector pesquero respecto a la recolección de plásticos y de basura de los mares y océanos durante la jornada de pesca, y en este contexto las entidades federativas diseñen las bases municipales de coordinación y vinculación entre los recolectores de plásticos y basura que se encuentran en los mares y océano y la industria del reciclaje.

Si bien lo anterior obliga a los pescadores a cumplir lo ordenado por la misma, consideramos necesario, atendiendo a la gravedad que implica la contaminación por el abandono de redes de pesca y otros desechos, insertar expresamente dicha prohibición dentro del capítulo de infracciones de la ley, ello con la finalidad de desincentivar la ejecución de esas acciones nocivas e ilegales y así contribuir a mejorar nuestro medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ y Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un océano es un cuerpo de agua salina de tamaño mayor al de un mar. Se considera que los océanos representan aproximadamente un 97% de toda el agua existente en el planeta.

La diferencia entre un mar y un océano radica en la extensión de cada uno, los mares son cerrados, mientras que los océanos son abiertos y presentan mayor profundidad. Como tal, los océanos poseen una inmensa superficie de agua salada con corrientes marinas y grandes profundidades, en cambio, los mares son masas de agua salada, de menor profundidad y tamaño, ubicados entre la tierra y los océanos.

En la actualidad, los mares y océanos representan para la humanidad la mayor fuente de recursos naturales del planeta; entendiéndose por éstos todos los materiales químicos, componentes geológicos, suelo, agua, seres vivos, asociaciones biológicas y poblaciones humanas que forman parte de la naturaleza y que brindan al hombre posibilidades de vida y bienestar. Los recursos pesqueros y los energéticos son los principales recursos naturales que se explotan en los mares y océanos.

La pesca es y ha sido una importante fuente de proteínas para consumo directo por los seres humanos y para la alimentación animal; por otra parte, representa una importante actividad económica que genera empleos e ingresos para las poblaciones, particularmente en los países en desarrollo, donde se estima que no menos de 100 millones de personas viven directamente de la pesca o de actividades relacionadas con ella.1

México tiene11,122 kilómetros de litorales, los cuales significan un gran potencial de recursos pesqueros. El volumen anual de pesca de nuestro país es el cuarto más grande del continente americano, sólo por detrás de Perú, Estados Unidos y Chile.2

De lo anterior se desprende la necesidad de cuidar los recursos naturales pesqueros a través de su aprovechamiento sustentable y la restauración de los mares y océanos, no sólo por su relevancia en términos económicos sino para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.

La mala gestión de los residuos sólidos urbanos está contaminando los mares a niveles inimaginables. El grave problema que ello significa ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales a lanzar una alerta global, pues un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha cuantificado en millones de toneladas la basura que se acumula en el fondo, la columna de agua, la superficie marina y las costas.3

Según la asociación ambiental italiana Legambiente, se calcula que cada año 8 millones de toneladas de residuos acaban en el mar. Entre el 60% y el 80% son plásticos, con picos de hasta el 95% en algunas zonas. El mayor porcentaje de ellos son bolsas, pero los envases de bebidas, las latas o los filtros de cigarrillos significan casi la mitad del total. Son datos de 2008 y se considera que desde entonces el problema se ha agravado.4

Se desconoce la cantidad exacta de plásticos existente en los mares, pero se estiman unos 5.50 billones de fragmentos de plásticos, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. Se trata de un problema global que está aumentando de forma alarmante.5

El nivel que ha alcanzado la contaminación por plásticos se refleja en las siguientes cifras:

• 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos.

• El 80% proviene de tierra.

• De lo anterior, el 70% queda en el fondo marino; el 15% en la columna de agua; y el 15% en la superficie. Lo que vemos es sólo la punta del iceberg.

• Hay cinco islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos, algo similar a una “sopa”: dos en el Pacífico, dos en el Atlántico, y una más en el Océano Índico.

• Se estima que en 2020 el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado en 900% con respecto a niveles de 1980 (más de 500 millones de toneladas anuales). La mitad de este incremento se producirá tan sólo en la última década.

• Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas.

• Tan sólo en España el 50% de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados.

Cuando nos deshacemos de un plástico puede terminar en un vertedero, o bien, ser incinerado o reciclado, sin embargo, muchos de éstos terminan en las vías fluviales y en los océanos a través de los sistemas de drenaje de aguas en zonas urbanas; por el agua que fluye por los vertederos; los vertimientos de basura deliberados; los residuos abandonados; los vertimientos accidentales de los barcos o mediante los efluentes de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. El 80% de los residuos marinos provienen de tierra, mientras que el 20% restante proviene de la actividad marítima.6

Es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna de agua o queda cubierto por materia orgánica e inorgánica y queda menos expuesto a la luz solar con lo cual disminuyen las temperaturas y el oxígeno y se retrasa su degradación.7

Según un estudio realizado por Green Peace, los objetos que más comúnmente se recolectan en playas y zonas costeras son8:

• Colillas de cigarro

• Fragmentos de plástico inferiores a 2.5 cm

• Botellas de plástico

• Envoltorios

• Tapones de botellas de plástico y metálicos

• Popotes

• Botellas de vidrio

• Bolsas de plástico

Desde hace tiempo se han documentado los impactos que las piezas de plástico tienen en la vida marina: enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición (tras ser ingeridos y bloquear el estómago o intestino de los animales). Recientemente, se ha puesto un foco especial en la problemática particular de los microplásticos (fragmentos inferiores a 5 mm).9 Ya sea porque provienen de la rotura de piezas más grandes, o bien, porque originalmente se fabrican en ese tamaño, en nuestros océanos hay millones de estos microplásticos flotando que tienen impactos incluso en las especies más pequeñas que son la base de la red trófica marina.

Los microplásticos pueden ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el plancton, los crustáceos y los peces, y pueden ocasionar problemas tanto por su presencia física en el intestino como a causa de los contaminantes químicos que llevan. Incluso pueden llegar a ser pasados a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar a nuestros platos.10

Aunado a lo anterior, es de señalar que las artes de pesca abandonadas en el fondo marino también contribuyen al deterioro y afectación de los ecosistemas acuáticos, pues de acuerdo con un informe elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el problema del equipo de pesca abandonado, perdido o descartado de alguna manera está empeorando debido al incremento en la escala de las operaciones de pesca global y la introducción de equipo de alta duración fabricados con materiales sintéticos.11

El informe estima que el equipo abandonado, perdido o descartado en los océanos constituye alrededor de un 10% de los residuos marinos; el transporte marino mercante es el principal responsable en mar abierto, en las áreas costeras los responsables principales están localizados en tierra.12

La mayor parte del equipo de pesca no es descartado deliberadamente, sino perdido en tormentas o fuertes corrientes o como resultado de "conflicto de equipo", por ejemplo, pescando con redes en áreas donde hay trampas de fondo con las cuales pueden enredarse.13

Los mayores impactos de equipo de pesca abandonado o perdido son:14

• Captura continuada de peces (conocida como "pesca fantasma") y otros animales como tortugas, aves marinas y mamíferos marinos, los cuales son atrapados y mueren;

• Alteraciones del ambiente del suelo marino; y

• La creación de riesgos de navegación que pueden causar accidentes en el mar y dañar barcos.

Asimismo, las redes de agallas y las trampas son las que probablemente realizarán más "pesca fantasma"; por otra parte, la pesca conpalangre muy probablemente atrapará otros organismos marinos mientras que las redes barredoras son capaces de afectar los hábitats del fondo marino.

En general, las consecuencias derivadas de la contaminación marina pueden ser las siguientes:

• Afectaciones a la salud pública por microorganismos patógenos y sustancias tóxicas como consecuencia del contacto con aguas contaminadas, o por tragar o aspirar dosis infectivas de patógenos, así como por ingerir pescados o mariscos contaminados.

• Afectaciones externas en piel, ojos y oídos.

• Afectación a los recursos naturales pesqueros y al medio ambiente.

• Afectaciones económicas por la reducción del turismo.

Derivado de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de que se debe frenar la contaminación en los océanos y mares, en ese sentido, los gobiernos de todo el mundo deben tomar las medidas preventivas necesarias en los puntos de origen de los residuos.

La reducción en el consumo de plástico es responsabilidad de todos, tanto de quienes fabrican el producto, como de los consumidores, así como de quienes gestionan los residuos.

En diversos países de todo el mundo se están tomando distintas medidas para atajar este problema global. Por ejemplo, naciones como Holanda, Alemania, Croacia, Letonia, Canadá, Estados Unidos y Australia, entre otros, ya tienen implementado un sistema de retorno de envases, el cual ha demostrado que permite la recuperación de casi el 100% de los mismos. Igualmente, hay países como Francia, Marruecos, Senegal, Ruanda, Mauritania y China que han implementado algún tipo de prohibición del uso de determinadas bolsas de plástico.15 Por otra parte, también se han registrado diversos esfuerzos por limitar y/o prohibir el uso de popotes y unicel (poliestireno).

La Unión Europea cuenta con su propia Directiva sobre bolsas de plástico ligeras, la cual se implementó a finales de noviembre de 2016. En el caso de las microesferas de plástico empleadas en productos cosméticos, Estados Unidos y Australia ya tienen leyes que prohíben el uso de estos componentes y otros países como Canadá, Dinamarca, Suecia o Reino Unido están en el proceso.

Al respecto, se debe señalar que el pasado 5 de abril del presente año el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso una reforma que tiene por objeto establecer las bases para que las entidades federativas prohíban la entrega de bolsas de plástico, con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado del consumidor final, a título gratuito o de manera onerosa.

En congruencia con lo anterior, ponemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa cuya finalidades promover que los pescadores contribuyan a la restauración ecológica de los mares y traigan a tierra los diversos plásticos y residuos que encuentren durante la jornada de pesca y los entreguen a la industria del reciclado, a través del depósito en vertederos proporcionados por las autoridades municipales y los interesados en el reciclaje.

Es indudable que los pescadores son uno de los sectores más interesados en tener un mar más limpio y por consiguiente más sano. La presencia de los residuos supone, además de un problema que colapsa y a menudo daña sus redes, una amenaza para la vida marina, la cual podría estar contribuyendo a la caída del volumen de sus capturas. Además, introducen contaminantes en la cadena trófica, al final de la cual están los consumidores humanos de pescado, y por supuesto degradan el medio ambiente y su imagen, lo cual también puede afectar a la industria turística.16

Diariamente, miles de barcos de pesca de arrastre que faenan cerca de los litorales de todo el mundo realizan capturas no deseadas: sus redes vuelven a bordo llenas de residuos de todo tipo. La mayor parte son plásticos, aunque también hay textiles, maderas y objetos de metal.17

Al respecto, es de destacar que en Barcelona, España se ha puesto en marcha un proyecto impulsado por el gobierno catalán, a través del cual se pide a los pescadores que vuelvan a puerto con todos los residuos atrapados para poderlos documentar y estudiar, con ello se pretende identificar el problema, tratar de ponerle solución y además desarrollar una labor de conciencia ciudadana. Se trata de un proyecto piloto de un año de duración. Llegados al muelle, los pescadores depositan los residuos recogidos en unos contenedores dispuestos especialmente para ello, mismos que son clasificados, cuantificados, pesados y fotografiados para su posterior tratamiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los principios de prevención y precaución, consistentes en la adopción de medidas de protección eficaces y oportunas exista o no certidumbre científica sobre un riesgo inminente de daño a los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 9°; una fracción II al artículo 10; y una fracción IX al artículo 96, recorriéndose las subsecuentes, todas de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

(…)

VIII Bis.- Establecer las bases de coordinación y vinculación municipales, entre los recolectores de los residuos sólidos urbanos de mares y océanos, y la industria del reciclaje;

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

(…)

II Bis. Emitir las disposiciones reglamentarias de coordinación y vinculación entre los recolectores de residuos sólidos urbanos de mares y océanos, y la industria del reciclaje, cuando se trate de municipios costeros;

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

(…)

IX. Establecer las bases y regulación municipales de coordinación y vinculación entre los recolectores de los residuos sólidos urbanos de mares y océanos, y la industria del reciclaje;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XLII al artículo 4°; una fracción XXVIII al artículo 8°;y una fracción VIII al artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, todas de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

(…)

XLII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías, lugares públicos;

ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

(…)

XXVIII. Promover la asesoría y capacitación en el trabajo pesquero, a las organizaciones de pesquerías y pescadores, sobre la recolección de los residuos sólidos urbanos que se encuentran en los mares y océanos, durante la jornada de pesca;

ARTÍCULO 9o.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SEMARNAT se coordinará con la Secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente, en los siguientes aspectos:

(…)

IV. Fomentar y promover la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, mediante el establecimiento de las bases de coordinación y vinculación entre los recolectores de los residuos sólidos urbanos que se encuentran en mares y océanos, y la industria del reciclaje, en términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

ARTÍCULO 14.- Corresponden a los Municipios en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

(…)

VIII. Promover y fomentar la actividad pesquera, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad, en la que se incluya la recolección de los residuos sólidos urbanos que se encuentran dentro de los mares y océanos;

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el ejecutivo federal realizará la actualización y armonización del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Tercero.- Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación y bases correspondientes, así como la actualización y armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos urbanos, a efecto de dar cumplimiento al mismo.

Cuarto.- Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente Decreto deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada a cada dependencia anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Sesma Suárez; Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Cfr. http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif81.htm

2 Cfr. http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E

3 Cfr. http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf

4 Ibídem

5 Cfr. http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf

6 Ibídem

7 Cfr. http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf

8 Ibídem

9 Ibídem

10 Ibídem

11 Cfr. http://www.fao.org/news/story/es/item/19416/icode/

12 Ibídem

13 Ibídem

14 Ibídem

15 Cfr.
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf

16 Cfr. http://www.ecoavant.com/es/notices/2015/11/la-pesca-de-la-basura-2463.php

17 Cfr. http://www.ecoavant.com/es/notices/2015/11/la-pesca-de-la-basura-2463.php






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por la Diputada Lia Limón García, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, la cual solicitamos sea turnada a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es indudable que la pesca y la acuacultura representan una de las fuentes alimentarias más importantes a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su publicación “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos”, la oferta mundial per cápita de pescado alcanzó un máximo histórico de 20 kilogramos en 2014, dejando de manifiesto el potencial que representan los océanos y las aguas continentales en la contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada de una población mundial que se prevé alcance los 9,700 millones de habitantes en 2050.

Datos de la misma organización refieren que alrededor de 56.6 millones de personas trabajaban en el sector primario de la pesca de captura y la acuacultura en 2014.

Por lo que hace a nuestro país, la costa mexicana tiene una longitud de más de 11,000 kilómetros de extensión, con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, por lo que la producción pesquera representa un rubro importante en la actividad económica nacional; incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) posicionó a México en el lugar 16 de la producción pesquera a nivel global (2013).1

Asimismo, el Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2013, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indica que la producción pesquera nacional total produjo 1,746,277 toneladas, de las cuales 1,081,100 fueron para consumo humano directo; 653,892 para consumo humano indirecto; y 11,285 para uso industrial.

La SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), fortalece con diversas acciones y programas la producción pesquera y acuícola de las diferentes zonas del país, lo cual repercute favorablemente en la economía familiar de los pequeños y medianos productores.

En lo que corresponde a comercio exterior, durante 2016, las exportaciones de pescados y mariscos alcanzaron los 896.5 millones de dólares. Asimismo, México se encuentra entre los 10 principales productores mundiales de alimentos pesqueros y acuícolas de alto valor.

Desde el punto de vista económico, la pujanza del sector pesquero representa una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida delas personas que se dedican a la pesca, sin embargo, no podemos soslayar que ésta, como casi cualquier otra actividad humana, tiene un impacto ecológico, el cual puede resultar negativo si no se realiza con estricto apego a los criterios de sustentabilidad.

Si bien hoy contamos con una regulación que establece las directrices para que la pesca se lleve a cabo de modo sustentable, lo cierto es que hasta ahora poco se ha abordado el tema de los instrumentos y herramientas utilizados en el sector y se habla menos aún del manejo y disposición final de los mismos.

La Ley que se pretende modificar con la presente iniciativa, así como sus respectivos reglamentos, hacen referencia a las artes de pesca como el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas, pero en ninguna de ellas se hace referencia a la disposición final de las mismas.

Dicha situación reviste especial importancia al momento de analizar la evidencia que señala que una de las principales fuentes de contaminación marina es precisamente el abandono de dichos instrumentos, especialmente las redes de pesca, por tratarse de una trampa mortal para las diferentes especies de fauna marina en el océano.

El problema no es menor, datos de la FAO señalan que alrededor de 650 mil toneladas de redes de pesca se encuentran en el fondo marino, que la vida útil de las redes de pesca oscila entre 3 y 4 años y que sus características varían según el producto pesquero que se pretenda conseguir, no obstante, pueden llegar a medir hasta un kilómetro y medio de largo.

Por su parte, el Programa de Acción Global del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establece que más del 70% del aporte total de desechos marinos a los océanos del mundo se hunde y se encuentra en el fondo marino, tanto en áreas costeras someras como en partes mucho más profundas de los océanos.

El PNUMA refiere además que las causas directas del abandono de dichas redes son resultado de diversos factores, entre ellos la ilegalidad, obligando a sus propietarios a deshacerse de ellas de manera clandestina; la complejidad en su operación y las condiciones meteorológicas, que favorecen su abandono o su descarte; y la presión económica, la cual provoca descargar las redes de pesca no deseadas en el mar en lugar de hacerlo en tierra. Asimismo, se sabe que algunas de las causas indirectas son la falta de disponibilidad de instalaciones para la disposición de los desechos en tierra, así como la accesibilidad a ellas y el costo de su utilización.

La problemática de la contaminación de los ecosistemas acuáticos no es nueva y ya se han implementado diversos esfuerzos internacionales encaminados a su solución, ejemplo de ello es la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevada a cabo en París en diciembre de 2015, cuya finalidad consiste en reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, destacando principalmente la función de los océanos, las aguas continentales y los ecosistemas acuáticos en la regulación de la temperatura y la fijación de carbono. Igualmente, se hizo hincapié en la urgencia de revertir la actual tendencia de sobreexplotación y contaminación para recuperar los servicios de los ecosistemas acuáticos y la capacidad productiva de los océanos; destacando que la pesca y la acuacultura serán una fuente clave de información sobre los progresos realizados con respecto a la aplicación del Acuerdo de París y su pertinencia para los océanos y las aguas continentales.

Así mismo, se debe destacar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, aprobado en 2009 y vigente desde el 5 de junio de 2016, cuya finalidad es establecer bases sólidas para el impulso decisivo en la lucha de la comunidad internacional contra el azote de la pesca ilegal.

Al respecto, es importante señalar que la pesca ilícita puede representar hasta 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más del 15% de la producción total anual de la pesca de captura en el mundo. Además del perjuicio económico, tales prácticas amenazan seriamente la biodiversidad local y, en muchos de los casos, la seguridad alimentaria de las naciones.

Una de las consecuencias más evidentes de la pesca (tanto legal como ilegal) es la falta de directrices por lo que hace al tratamiento y disposición final de las redes de pesca y en general de todos los instrumentos y herramientas utilizadas por los pescadores.

Existe muy poca información sobre las graves consecuencias ambientales que genera el inadecuado manejo de las artes de pesca y, sobre todo, destaca la ausencia de trabajo coordinado entre las autoridades y los pescadores para garantizar un ejercicio sostenible en el proceso de ejecución de sus labores.

Hoy en día poco se conoce del preocupante impacto ambiental que genera el abandono de las redes de pesca en el mar; sin embargo, existen pruebas de que los océanos han sufrido una degradación constante desde la época del imperio romano, la cual se ha acelerado notablemente en los últimos tres siglos.

Los residuos sólidos como bolsas de plástico, espuma, redes de pesca y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias a menudo desastrosas.

Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas. En algunas regiones las corrientes oceánicas arrastran millones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura. Uno de ellos, situado en el Pacífico septentrional y conocido como el Gran Parche de Basura del Pacífico, posee una extensión que, según las estimaciones llevadas a cabo, duplica la del estado de Texas. A principios de 2010, se descubrió otra gigantesca isla de basura en el océano Atlántico.2

Embarcaciones hundidas, redes extraviadas o abandonadas en el fondo del mar y otras herramientas usadas para la pesca que se han quedado en el agua se convierten en una trampa para todo tipo de especies: desde cangrejos hasta tortugas, leones marinos e incluso ballenas, tiburones y aves, los cuales son condenados a permanecer atascados mientras mueren de hambre, fenómeno conocido como pesca fantasma.

Las “redes fantasmas” son redes de pesca abandonadas o perdidas en el mar que pueden flotar durante meses o años y que continúan atrapando y matando a millones de especies, afectando además los ecosistemas, impactando el fondo marino y convirtiéndose en un riesgo para la navegación.

Para explicar los riesgos de la pesca fantasma, Taylor Hill, editor asociado de TakePart (una compañía de medios digitales enfocada en temas de justicia social), usa la siguiente metáfora: “Imagina que hay una reja instalada a través de una zona natural y cada animal que pasa por ahí -ciervos, osos, bisontes- está en riesgo de que su cabeza se atasque en ella hasta morir de hambre. Eso ocurre todos los días con los implementos de pesca que están abandonados en el océano…”.

Entre las redes de pesca por las que nadie responde han sido atrapados delfines, ballenas y muchas otras especies marinas. La falta de información y en ocasiones de reglamentación respecto a las acciones que deberían tomar aquellos quienes se dedican a la pesca solo agrava la situación y si a ello se suma el uso de elementos que tardan más de 400 años en degradarse el problema empeora en perjuicio de la biodiversidad marina.

En cuanto al caso de nuestro país, una de las principales preocupaciones por la existencia de redes de pesca abandonadas o perdidas es la amenaza que suponen para diversas especies en peligro de extinción, por ejemplo, la vaquita marina, así como los riesgos para la salud de los ecosistemas y la navegación.

Es de destacar que las autoridades ambientales mexicanas han sumado esfuerzos para la implementación de programas de limpieza que implican la recolección de redes de pesca abandonadas en el mar, en diciembre de 2016, en tan sólo 21 días, el Gobierno de la República, con apoyo de pescadores locales del Alto Golfo de California y organizaciones no gubernamentales, retiraron 72 “redes fantasma” (incluyendo 28 redes activas para pescar totoaba) con peso de más de diez toneladas, encontrándose muertos seis ejemplares de totoaba, tres tortugas marinas, rayas, más de mil peces de varias especies y un mamífero marino no identificado, sin embargo, también se logró la liberación de dos tortugas marinas, centenares de peces y de crustáceos.3

A pesar de que contamos con una legislación que permite alcanzar las mejores prácticas de pesca en cuanto a sustentabilidad, actualmente no existe referencia alguna que especifique los métodos de recolección y disposición final de las redes de pesca, como una fuente indiscutible de contaminación marina.

Por ello, la presente iniciativa propone realizar diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con el objeto de fijar expresamente una prohibición que hoy se encuentra establecida únicamente en la NOM-060-SAG/PESC-2014, “Pesca Responsable en Cuerpos de Aguas Continentales Dulceacuícolas de Jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Especificaciones para el Aprovechamiento de los Recursos Pesqueros”, la cual refiere lo siguiente:

4.2.7 Las redes deberán contar con un mínimo de dos boyas y/o banderas de señalamiento y con flotadores de forma que se asegure su visibilidad sobre la superficie del agua para facilitar su recuperación, quedando estrictamente prohibido su abandono en el cuerpo de agua.

Si bien lo anterior obliga a los pescadores a cumplir estrictamente lo ordenado por la misma, consideramos necesario, atendiendo a la gravedad que implica la contaminación por el abandono de redes de pesca y su aumento desmedido, insertar expresamente dentro del capítulo de infracciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el abandono de las redes de pesca o cualquier otro instrumento con que se realice la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas; ello con la finalidad de desincentivar la ejecución de dichas acciones nocivas e ilegales.

Igualmente, en el entendido de que para lograr la erradicación de dichas acciones se requiere de un trabajo de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, proponemos adicionar algunas facultades a la Federación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como competencias para las entidades federativas y los municipios, todas encaminadas a la promoción, regulación y participación en acciones y programas de tratamiento y destino final de las redes de pesca.

Consideramos necesario también insertar dentro de los principios para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables la disposición final de las artes de pesca.

Por otra parte, no debemos omitir que uno de los elementos a destacar de la presente iniciativa es el impulso al reciclaje de las artes de pesca. Al respecto, existen numerosos ejemplos de la reutilización y reciclaje a nivel internacional:4

• Reutilización de redes en cierres de operaciones de agricultura y acuicultura en la provincia china de Taiwán (APEC, 2004).

• Uso de redes de pesca ALD encontradas en la costa por los guardas forestales en el nordeste de Arnhem (Australia) para afianzar los caminos costeros para los vehículos (Kiessling, 2003).

• Reciclaje del hilo monofilamento desde los puestos de recogida del muelle (principalmente por los pescadores recreativos en los Estados Unidos) en algunos casos para la pesca, o bien, el reciclaje de redes recuperadas como redes de deporte.

• Como parte del programa de reciclaje de redes derelictas de Honolulú, Hawái se instaló un contenedor para la recepción de redes y materiales de varias procedencias que la flota de palangre local había recuperado. El primer año se recuperaron 11 toneladas de material y se transportaron al incinerador más próximo para generar energía. Una tonelada de ese material produce electricidad suficiente para suministrar energía a una casa durante cinco meses (Yates, 2007). Este programa se realizó como una asociación pública-privada, lo cual redujo el costo público y animó a una mayor participación de la industria.

Ejemplos más actuales son dos innovadoras compañías aliadas: Karün (empresa chilena de gafas conocida por utilizar materiales naturales y por sus prácticas respetuosas del medio ambiente) y Bureo Incorporation (empresa emergente con sede en Estados Unidos y Chile, centrada en la búsqueda de soluciones para prevenir la contaminación por plástico en los océanos). El programa Net+Positiva de Bureo impide el descarte de las redes de pesca, creando valor en el material e incentivando a las comunidades costeras de Chile. Este programa instala puntos de recolección de redes y proporciona fondos a las comunidades locales por cada kilogramo de red de pesca que se recoja.

Karün creó y lanzó al mercado las primeras gafas del mundo hechas con redes de pesca 100% recicladas, generándose así más fondos para programas que permiten empoderar a las comunidades costeras más afectadas, crear talleres de educación ambiental para niños y mejorar la infraestructura de las caletas.

Ejemplos como los anteriores son una clara muestra de la necesidad de facultara la Federación para fomentar el establecimiento de convenios de colaboración entre pescadores con diversas empresas para la ejecución de programas de reciclaje y con ello incentivar la participación responsable de éstos en beneficios de ellos mismos y, especialmente, en beneficio del ecosistema marino.

Estamos convencidos de que las propuestas de modificación que se presentan a continuación pueden contribuir en la lucha en contra de una problemática mundial que afecta gravemente a uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos nuevas fracciones XLI y XLII al artículo 8 y se recorre en el orden subsecuente la actual fracción XLI; se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 13 y se recorre en el orden subsecuente la actual fracción XVIII; se adiciona una fracción IX al artículo 14; se modifica la fracción VII del artículo 17; se adiciona una nueva fracción XXXI al artículo 132 y se recorre en el orden subsecuente la actual fracción XXXI, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XL. […]

XLI. Promover, regular y dirigir la ejecución de acciones y programas de tratamiento y destino final de las redes de pesca, y en general de todas las artes de pesca;

XLII. Fomentar y regular el establecimiento de convenios de colaboración entre pescadores con empresas, para la ejecución de programas de reciclaje, y

XLIII. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XVII. […]

XVIII. Participar en la formulación e implementación de programas de recolección, manejo adecuado y disposición final de redes de pesca y cualquier otro instrumento y/o estructura con que se realice la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas, y

XIX. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la Federación.

ARTÍCULO 14.- Corresponden a los Municipios en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a VIII. […]

IX. Promover mecanismos de participación social en el manejo adecuado y disposición final de redes de pesca y cualquier otro instrumento y/o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas.

ARTÍCULO 17.- Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta Ley, se deberán observar los siguientes principios:

I. a VI. […]

VII. El uso y disposición final de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental, a fin de conservar y mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros, la estructura de las poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así como, la calidad de los productos de la pesca;

VIII. a XVII. […]

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a XXX. […]

XXXI. Abandonar las redes de pesca o cualquier otro instrumento y/o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas, en el cuerpo de agua.

XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-La Secretaría contará con un plazo de seis meses para modificar las normas y reglamentos correspondientes, con la finalidad de señalar la obligación de los pescadores de informar el destino final de las redes de pesca autorizadas para su actividad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Sesma Suárez; Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Véase http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf

2 Véase http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina

3Véase•http://www.wwf.org.mx/?287991/Retiran-redes-fantasma-de-la-Reserva-de-la-Biosfera-del-Alto-Golfo-de-California-para-proteger-a-vaquita-marina

4 Véase http://www.fao.org/3/a-i0620s.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Lia Limón. El proyecto de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados; y el proyecto de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se turna a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Rocío Nahle García, para presentar a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de medidas para garantizar la debida aplicación de recursos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

La discrecionalidad genera corrupción y un alto grado de opacidad, una administración gubernamental que la tolera pierde la confianza de la sociedad y con ella la legitimidad para ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.

Este fenómeno se manifiesta en el libre manejo y aplicación de los excedentes presupuestales y utilización de las disponibilidades en fideicomisos.

La discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reasignar gasto al margen de lo dispuesto por el Congreso, tiene como consecuencias un ejercicio de menor calidad, reduciendo el impacto en el crecimiento económico de los multiplicadores del gasto público.

Esta facultad de manejar la administración del gasto público, y que se atribuye a la secretaría, se manifiesta en un elevado margen de discrecionalidad del gobierno en el ejercicio de los recursos públicos al disponer de dinero de acuerdo a sus preferencias.

No se cumple una de las exigencias de un presupuesto, que están previstos los destinos de los gastos para poder evaluar posteriormente su cumplimiento ignorando la Constitución en el artículo 126 de la Carta Magna, que establece que: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”.

Con este precepto, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación conlleva a que los programas y proyectos presupuestarios permitan el cumplimiento de fines y objetivos, y se supone que el gasto se ejerza conforme al presupuesto.

Asimismo, el artículo 134 constitucional, confirma que los objetivos planteados y aprobados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben ser ejercidos únicamente a los que están destinados.

Para combatir la discrecionalidad presupuestaria, la normatividad debe atender que la asignación del gasto público no sea una facultad que pueda ser ejercida discrecionalmente y que los funcionarios encargados de su planificación, programación, aprobación, ejecución y supervisión estén obligados a respetar los criterios de prioridad, eficiencia y economía, además de hacerlo en un marco de completa transparencia.

La responsabilidad sobre los fondos públicos debe exigir, además de que se trate de un gasto de calidad, que su planificación, programación, ejecución y evaluación respondan a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia.

Las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal de 2016 se estima que alcanzaron un monto de 854 mil millones de pesos, equivalente al 17.9 por ciento del gasto neto presupuestario.

Para la actual administración esta práctica ya es una constante, con información de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, se estima que durante este periodo el gobierno federal ejerció recursos adicionales por un monto de 572 mil millones de pesos, y reasignó un monto de 374 mil millones de pesos, es decir, de partidas como inversión física, provisiones para contingencias y pagos a seguridad social, entre otras, se trasladaron a entidades que registran sobre ejercicios, así, durante ese período se asignaron y reasignaron discrecionalmente 946 mil millones de pesos.

De esta manera la actual administración durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2016 ejerció recursos adicionales, de manera complementaria discrecional, por 1 billón 901 mil 367 millones de pesos.

Asimismo durante este periodo destacan sobreejercicios en rubros de gasto de cuestionable, utilidad sustantiva, como el destinado a remuneraciones de personal transitorio, el cual registro recursos adicionales por 11 mil millones de pesos; Comunicación Social y publicidad registraron recursos adicionales por 15 mil millones de pesos.

El gasto destinado a viáticos registró recursos adicionales por 16 mil millones de pesos entre el 2013 y 2016 otro rubro de especial interés es el gasto destinado al pago de servicios profesionales, las llamadas asesorías y consultorías, el cual registró recursos adicionales por 55 mil millones de pesos entre el 2013 y 2016.

La Secretaría de Hacienda ha establecido como práctica regular del ejercicio presupuestal, la reasignación de recursos al margen de lo dispuesto por la Cámara de Diputados a través de la figura denominada “mandatos” y “análogos a fideicomisos”, los cuales han recibido recursos adicionales por 378 mil millones de pesos entre el 2013 y 2016.

Esta reasignación discrecional de recursos realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tenido como consecuencia generar un gasto público corriente inercial al alza y rígido a la baja. Pero con una preferencia a ciertas dependencias como la Secretaría de Gobernación, que en el periodo comprendido entre los ejercicios 2013 al 2016, registra un sobreejercicio por 21 mil millones de pesos; en el mismo periodo la Presidencia de la República registra sobreejercicios por 5 mil millones de pesos; Relaciones Exteriores por 11 mil millones de pesos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la propia Secretaría de Hacienda por 43 mil millones de pesos, y así podemos irnos enlistando, mientras que hay reducciones en Sagarpa, en Agricultura y en Educación.

Con las modificaciones al artículo 19 y 19 Bis se propone controlar el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes, con la finalidad de que las disponibilidades financieras de cierre del ejercicio presupuestario, resultado de los recursos no ejercidos ni devengados a una fecha determinada, se destinen para mejorar la distribución del gasto con una mayor erogación en infraestructura física y para una reducción efectiva de la deuda pública.

Concluyo.

La adición en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se está planteando, acata lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución, el cual establece que: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior”.

Con esta adición se enfatiza que, por regla general, el gasto se alinee al presupuesto, ya que se supone que la proyección del gasto público, la construcción, aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación y su ejecución, sea con la premisa en el uso eficiente de recursos públicos para beneficio colectivo.

La modificación del artículo 46 es en el sentido de que los acuerdos de Ministración se soliciten y autoricen solo para atender contingencias o gastos urgentes de operación y que estas contingencias no sean excesivas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Creo que nuestros administradores que están en la Secretaría Hacienda y Crédito Público y que fueron a las mejores universidades del mundo, pues están reprobados.

Estamos aquí mostrando cómo hay discrecionalidad y cómo se sirven con la cuchara grande.

Por eso pido de manera inmediata que esto se dictamine y se apruebe.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, del grupo parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir del ejercicio fiscal de 2008, se ha registrado un constante deterioro de las finanzas públicas federales. El derrumbe de los ingresos petrolerosque aunado a un régimen fiscal a Pemex completamente depredador, han generado más problemas financieros a Pemex y a las finanzas federales, de tal forma que la deuda pública y el costo de su servicio se han incrementado deteriorando el balance financiero del sector público.

La Reforma Fiscal ha contribuido con mayores recursos fiscales y para el ejercicio fiscal de 2016 conjuntamente con los remanentes del Banco de México, han saldado parte del deterioro financiero. Aun así, la constante erosión de las finanzas públicas en los últimos años, se ve reflejado en el crecimiento acelerado del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que ha pasado de representar el 37.1 por ciento del PIB en 2012 a un estimado de 50.2 por ciento del PIB en 2016.

Este deterioro financiero, va acompañado de un crecimiento constante del gasto público. A partir del ejercicio fiscal de 2008, el gasto público se ha incrementado a una tasa de 4.1 por ciento en términos reales. Incrementando su participación respecto al PIB de 23.5 por ciento en 2008 hasta registrar el 27.4 por ciento en 2016.

Como todos sabemos, el gasto público es el instrumento por excelencia de cualquier Estado para promover el desarrollo económico y el bienestar social, proveyendo para lograr estos fines de bienes y servicios públicos como son: la educación, la salud, la vivienda, programas sociales pero también para actividades que promuevan el desarrollo nacional.

En los últimos 23 años, el PIB en términos reales se ha incrementado en 2.5% en promedio anual. Después de cuatro años de la presente administración, el desempeño económico no ha registrado el crecimiento que se proyectaba, en 2012 se prometieron tasas de crecimiento anuales del PIB entre un 5.0 ó 6.0 por ciento, la realidad es otra. En el periodo comprendido entre los años 2013 a 2016, el PIB se incrementó en 2.1 por ciento real en promedio anual.

¿Por qué no se ha acelerado la economía, a pesar de que el gasto público se ha incrementado? Se pueden mencionar al menos dos factores: 1) Una baja calidad del gasto y 2) La constante reducción de la inversión pública.

En el periodo comprendido entre los ejercicios fiscales 2013 a 2016, el gasto público ejercido se incrementó a una tasa de 4.3 por ciento real en promedio anual, en tanto que el PIB lo hizo a una tasa de crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento real. Es decir, para que el PIB se incremente en 1.0 por ciento el gasto público debe incrementarse en 2.0 por ciento. La debilidad de los multiplicadores de gasto y su impacto en la economía son muy débiles, ésta menor calidad del gasto público es consecuencia de la discrecionalidad de la SHCP para reasignar el gasto en donde la planificación, programación, ejecución y evaluación del mismo es inexistente, y que adicionalmente estas reasignaciones se realizan al margen de lo dispuesto por el Congreso.

Para la actual administración, ésta práctica es una constante, con información de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015, se estima que durante este periodo el gobierno federal ejerció recursos adicionales por un monto de572 mil 142.4 millones de pesos y se reasignó un monto por 374 mil 644.9 millones de pesos, es decir de partidas como Inversión Física, Provisiones para contingencias y Pagos a Seguridad Social, entre otras, se trasladaron a entidades que registran sobre ejercicios, así durante ese periodo se asignaron y reasignaron discrecionalmente 946 mil 787.3 millones de pesos.

Hace unos días se hizo pública la información de la Cuenta Pública del ejercicio 2016, en ella se registra, que se recaudaron ingresos adicionales por 690 mil 896.9 millones de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad, y que al sumarlos a las reducciones de gasto preventivas que ejecuto la Secretaria de Hacienda para el ejercicio 2016, por 164 mil millones de pesos, se estima que las ampliaciones y reasignaciones globales de gasto alcanzaron un monto por 854 mil 896.9 millones de pesos, equivalentes a un 17.9 por ciento del gasto neto presupuestario. Y que al adicionar 99 mil 683.3 millones de pesos que reasignó el gobierno federal por capítulo de gasto, el porcentaje de ampliaciones y reasignaciones alcanza el 20.0 por ciento del gasto neto presupuestario.

De esta manera la actual administración durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2016, ejerció recursos adicionales por un monto de 1 billón 901 mil 367 millones de pesos, esta asignación y reasignación de recursos públicos se realizó de manera totalmente discrecional.

Con información de las Cuentas Públicas mencionadas, durante el periodo 2013 a 2016, destacan sobre ejercicios en rubros de gasto de cuestionable utilidad sustantiva, como es el destinado a remuneraciones de personal transitorio, el cuál registró recursos adicionales por 11 mil 475.2  millones de pesos. Asimismo las remuneraciones adicionales y especiales, registraron recursos adicionales por 14 mil 725.7 millones de pesos, entre 2013 y 2016. Comunicación social y publicidad, el cual registró recursos adicionales por   15 mil 590.4 millones de pesos, en el mismo periodo.

El gasto destinado en viáticos, registró recursos adicionales por 16 mil 044.4millones de pesos, entre 2013 y 2016.Otro rubro de especial interés es el gasto destinado al pago de servicios profesionales (asesorías y consultorías), el cuál registró recursos adicionales por  55 mil 622.4  millones de pesos, entre 2013 y 2016.

La SHCP ha establecido como práctica regular del ejercicio presupuestal, la reasignación de recursos al margen de lo dispuesto por la Cámara de Diputados a través de las figuras denominadas “mandatos” y “análogos a fideicomisos”, los cuales han recibido recursos adicionales por378 mil 210.3 millones de pesos, entre 2013 y 2016.

En contraparte, el gasto en obra pública ha descendido. Se han registrado subejercicios acumulados por un monto de124 mil 999.5 millones de pesos, durante los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016.

La discrecionalidad de la SHCP para asignar ingresos excedentes y reasignar gasto de rubros presupuestarios a otros con distinto objetivo a lo dispuesto por el Congreso, tiene como consecuencias un ejercicio de menor calidad, privilegiar gasto adjetivo a rubros sustantivos de gasto, trae como consecuencia que los multiplicadores del gasto público y su impacto en el crecimiento económico sean débiles.

Los artículos 74, fracción VI, 79, fracción I, 126 y 134 de la Constitución, disponen principios para el ejercicio presupuestario y sobre todo para la revisión del mismo por las entidades públicas.

El artículo 126 de la Constitución establece que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior”, con este precepto la aprobación del PEF conlleva a que los programas y proyectos propuestos permitan el cumplimiento de fines y objetivos, y supone que el gasto se ejerza conforme al presupuesto, cuya premisa es el uso eficiente de recursos públicos para el beneficio colectivo. Asimismo, en el artículo 134 Constitucional, se confirma que los objetivos planteados y aprobados en el PEF, deben ser ejercidos únicamente a los que estén destinados.

No obstante esta conclusión derivada de la revisión constitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza modificaciones al PEF sin la autorización del Poder Legislativo, alterando la medición cuantitativa y cualitativa de los programas federales, propuestos originalmente por el ejecutivo federal y aprobados y autorizados por la Cámara de Diputados.

Esta reasignación discrecional de los recursos realizada por la Secretaría de Hacienda, ha tenido como consecuencia generar un gasto púbico corriente inercial al alza y rígido a la baja. Pero con una preferencia a ciertas dependencias como la Secretaría de Gobernación que en el periodo comprendido entre los ejercicios 2013 a 2016 registra un sobre ejercicio por 21 mil 470.3 millones de pesos, en el mismo periodo la Presidencia de la República registra sobre ejercicios por 5 mil 386.1 millones de pesos, Relaciones Exteriores por 11 mil 450.2  millones de pesos más de lo autorizado y la propia Secretaría de Hacienda que registra en este periodo un sobre ejercicio por 43 mil 092.9 millones de pesos, y por el contrario castiga a la población con recortes el gasto asignado a dependencias como a Salud que en este periodo perdió recursos por 33 mil 327.7millones de pesos y SAGARPA con recortes por 15 mil 310.8 millones de pesos, entre otras dependencias.

Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario de MORENA propone controlar la discrecionalidad en la asignación de las adecuaciones presupuestarias y erogaciones adicionales, con la finalidad de mejorar la calidad de gasto.

De esa forma, se propone reformar los siguientes artículos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Ley Vigente

Propuesta

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.

II…

III…

IV…

a)

b)....

c) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.

II…

III…

IV…

a)

b)....

c) En un 10%al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y

d) En un 65%a programas y proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán conforme a la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP.

V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la proporción que el Ejecutivo Federal determine.

V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la proporción que el Ejecutivo Federal determine.

 

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I…

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I…

II. Al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.

 

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

Artículo 23. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los montos y calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada.

Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando: 1) Éstos sean con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada, y 2) Los recursos solicitados para atender contingencias o, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración no deben exceder un incremento equivalente a la variación anual del índice nacional de precios al consumidor.

Con las modificaciones a los Artículos 19 y 19 bis, se propone controlar el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes con la finalidad de que las disponibilidades financieras de cierre del ejercicio presupuestario, resultado de los recursos no ejercidos ni devengados a una fecha determinada por los ejecutores de gasto, se destinen para mejorar la distribución del gasto con una mayor erogación en infraestructura física y para una reducción efectiva de la deuda pública.

La adición en el artículo 23 de la LFPRH, acata lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución el cual establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Con esa adición se enfatiza, que por regla general, el gasto se alinee al presupuesto, ya que supone que la proyección del gasto público, la construcción, aprobación del PEF y su ejecución, sea con la premisa en el uso eficiente de recursos públicos para el beneficio colectivo conforme a programas que permitan el cumplimiento de fines y objetivos, mejorando la calidad del gasto.

La modificación en el artículo 46 es en el sentido de que los Acuerdos de Ministración se soliciten y autoricen sólo para atender contingencias o gastos urgentes de operación y que estas contingencias no sean excesivas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo de la fracción I, los incisos c) y d) de la fracción IV y primer párrafo de la fracción V del artículo 19; la Fracción II del artículo 19 bis; y se adicionan el primer párrafo del artículo 23 y los incisos a y b en el primer párrafo del artículo 46; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste artículo y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.

II…

III…

IV…

a) …

b) ....

c) En un 10% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y

d) En un 65% a programas y proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán conforme a la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría.

V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la proporción que el Ejecutivo Federal determine.

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I…

II. Al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 23. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los montos y calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando:

a) Éstos sean con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada, y

b) Los recursos solicitados para atender contingencias o, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración no deben exceder un incremento equivalente a la variación anual del índice nacional de precios al consumidor.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Vidal Llerenas Morales.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Rocío Nahle. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Ferreiro Velazco, para presentar a nombre del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de programas de consumo responsable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   UNA FRACCIÓN XXII AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, a nombre del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia.

El derecho humano de la educación es mucho más que una lección que se aprende en las escuelas o un tema de un día; es un proceso para equipar a la gente con las herramientas que necesitan para vivir sus vidas con seguridad y dignidad. Esto lo dijo, Kofi Annan.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015, en México habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años; estas estadísticas nos muestra que los menores de edad representan una gran parte de nuestra población total.

Por lo tanto, el objetivo de adicionar un párrafo tercero del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es que en la educación básica se inserten programas encaminados a fomentar el consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

Es decir, se pretende fomentar que desde la etapa temprana los niños y niñas sean responsables, inteligentes y conscientes de su consumo.

Pues un estudio realizado por la consultoría TNS México, demuestra que el mercado infantil es uno de los más grandes, y con el paso de los años se convertirá en el objetivo principal de las grandes marcas de todo el mundo.

En el análisis de esta consultoría dice que 6 de cada 10 niños mexicanos, al elegir algún producto, se dejan llevar por la marca; mientras que 5 de cada 10 niños, eligen el producto dependiendo la afinidad que tengan con algún personaje de caricatura; 5 de cada 10 niños consideran que si la marca que están comprando es familiar con el medio ambiente la pueden conseguir; 4 de cada 10 niños mencionan que si el producto tiene una causa social, están interesados en comprarla.

Una razón más para que los niños pidan a sus padres ciertos productos es que tengan un empate atractivo y colorido, aún más si la mercancía viene con regalos o juguetes adicionales.

Por lo tanto, la presente iniciativa pretende colaborar a las mejores prácticas, medidas y políticas económicas y de consumo en bien de nuestro país, poniendo por delante el interés de la infancia.

Lo anterior por medio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se pretende crear consciencia y ayudar a las familias mexicanas a que puedan realizar compras informadas y que a su vez puedan ayudar a entrar a sus hijos en un ambiente de consumo responsable e inteligente.

En Encuentro Social queremos reactivar la economía nacional generando todo tipo de beneficios a las familias mexicanas; es por ello que pretendemos esta propuesta legislativa a fin de que se incorpore mediante los servicios educativos un programa de consumo responsable e inteligente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, formando, así, ciudadanos comprometidos con su entorno y con la economía del país.

Y dicho sea de paso, esta iniciativa también ayudaría a mejorar en el presente y futuro la salud de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE E INTELIGENTE DE BIENES Y SERVICIOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2015, se ubicó que, en México, habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; estas estadísticas nos muestran que los menores de edad representan una gran parte de nuestra población total.

Por lo anterior, es que en la presente iniciativa se dan a conocer ciertos argumentos por los cuales se pretende incursionar, desde etapas tempranas, en la conciencia del consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

Ello, derivado del hecho notorio en el sentido que, los menores de edad en nuestro país, tienen grandes capacidades para influir en los padres a fin que puedan adquirir productos o contratar servicios que, muchas veces, son innecesarios o que los propios ascendientes no pueden comprar en virtud de los precios de los productos que los menores desean.

De acuerdo con diversas investigaciones, una de las principales razones por las que los menores tienen gran influencia en sus progenitores al momento de realizar la adquisición de bienes o servicios, es que los niños sienten la necesidad de socializar y, por tal motivo, demandan a sus padres proceder a su adquisición.

Un estudio realizado por la consultora TNS México1, demuestra que el mercado infantil es uno de los más grandes y que, con el paso de los años, se convertirá en el objetivo principal de muchas grandes marcas en todo el mundo.

Del análisis de TNS México, se desprende que:

• 6 de cada 10 niños mexicanos, al elegir algún producto se dejan llevar por la marca, mientras que 5 de cada 10 niños eligen el producto dependiendo la afinidad que tengan con algún personaje de caricatura o equivalente.

• 5 de cada 10 niños consideran que, si la marca que están por adquirir es amigable con el medio ambiente, es relevante para ellos.

• 4 de cada 10, mencionan que, si el producto tiene una causa social, estarán interesados en pedir la compra del mismo.

• Una razón más de las cuales los niños piden a sus padres ciertos productos es que tenga un envase o algún empaque atractivo y colorido.

• Otro motivo importante por el que los niños piden productos, es que consideran que, si la mercancía viene con regalos o juguetes adicionales, será un producto que son duda querrán tener.

• La televisión ha sido considerada como la gran promotora de bienes y servicios que ofrece el mercado y la principal influenciadora por la cual los niños requieren de algún producto y se ven en la necesidad de pedir a los padres que compren la mercancía.

Como puede verse, en el reporte de TNS México se destacan las principales razones por las que los niños tienen acceso a tanta promoción de productos, bienes y servicios que hacen que sean los principales consumidores de muchas marcas hoy en día.

Los niños, al tener acceso de origen a las tecnologías de la información, cuentan con el poder de ver todo lo que está en internet, donde muchas promociones de productos se encuentran, accediendo así a un catálogo infinito de productos.

Dentro de lo más destacado, se encontró que los menores tienen acceso a prácticamente todos los contenidos y que, el tiempo que destinan a la red, les permite demandar ciertos productos que consideran necesarios para su convivencia con sus semejantes.

En el documento en cita se encontró que, a la semana los menores tienen acceso a este tiempo promedio en la red:

• 3 horas y media de mensajería instantánea;

• 2 horas destinadas a redes sociales;

• 2 horas en llamadas por celular;

• 2 horas en navegadores para buscar información;

• 2 horas para ver videos en internet;

• 2 horas destinadas a las consolas de videojuegos y,

• 1 hora destinada a revisar los correos electrónicos.

De la información anterior, podemos observar que las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, tienen un alto tiempo destinado a las tecnologías de la información, situación que hace que el consumismo vaya incrementando en todos los aspectos.

La edad no es razón para consumir más o menos pero, en específico, el mercado infantil ha tenido un importante crecimiento en los últimos años; es por eso que la presente iniciativa pretende colaborar a las mejores prácticas, medidas y políticas económicas y de consumo en bien de nuestro país y el interés superior de la infancia.

A través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, el Estado Mexicano pretende crear conciencia y ayudar a las familias mexicanas a que puedan realizar compras informadas y que,a su vez, puedan ayudar a incursionar a sus hijos en un ambiente de consumo responsable e inteligente.

Se considera oportuna, por ello, la adición al párrafo tercero del artículo 57a fin que, mediante la educación básica se inserten programas encaminados a fomentar el consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

Esto lo sabemos: los niños en nuestro país tienen un gran poder sobre los productos que compran y, si el día de mañana existieren más ciudadanos que sin la cultura de un consumo informado, analizado, clarificado, responsable e inteligente, existirán problemas de consumismo, que no podrán ser solventadas por los mismos ciudadanos y será muy poco lo que el Estado pueda hacer.

Es por ello que, desde edades tempranas es indispensable una formación sobre las acciones y consecuencias que pueden darse en caso de no contar con una forma adecuada de realizar las compras de productos, bienes o servicios.

Es momento que, como Congreso de la Unión, desarrollemos actividades y programas encaminados a generar ciudadanos con valores y con una cultura responsable, para bien de su país y de las familias de México.

Como sociedad, entendemos que se trata de un trabajo conjunto y que es deseable la existencia y promoción de convenios a celebrar con distintas organizaciones para poder fomentar la noción de consumo responsable e inteligente.

En Encuentro Social, queremos reactivar la economía nacional en tiempos de incertidumbre financiera mundial y generar todo tipo de beneficio a las familias mexicanas; es por ello que presentamos esta propuesta legislativa, que robustece las funciones que tendrán las autoridades federales, así como de las entidades federativas; las municipales y de la Ciudad de México y sus Órganos Político Administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de incorporar, mediante los servicios educativos a que haya lugar, los programas de consumo responsable e inteligente en pro de las niñas, niños y adolescentes, formando, así, ciudadanos comprometidos con su entorno y con la economía del país.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 57.- (…)

Artículo 57.- (…)

(…)

(…)

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I a XXI.- (…)

I a XXI.- (…)

 

XXII.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos de todo tipo, así como de programas de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios que beneficien en su crecimiento a las niñas, niños y adolescentes;

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

Artículo Único: Se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57.- (…)

(…)

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I a XXI.- (…)

XXII.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos de todo tipo, así como de programas de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios que beneficien en su crecimiento a las niñas, niños y adolescentes;

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo.

REFERENCIAS:
TNS México, KidsStudy, en: http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf

1 TNS México, KidsStudy, consultado el día 01 de mayo de 2017 en: http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Ferreiro Velazco. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores, si me prestan atención, por favor.






Hemos recibido una solicitud de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez para modificar el Orden del Día, para que se pueda votar la Presidencia y las Secretarías de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, que se integró.

Como ustedes bien saben, conforme a nuestro Reglamento, al Resolutivo Décimo Primero, tienen que suceder dos cosas para modificar el Orden del Día:

La primera es que ningún grupo parlamentario tenga objeción en ello, por lo tanto, ahorita preguntaría si algún grupo parlamentario tiene objeción en ello. Toda vez que nadie tiene objeción respecto a ello, tiene que suceder la segunda cosa, que el Pleno autorice que se incorpore.

Por lo tanto, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, votación económica, si es de autorizarse justamente el Acuerdo que nos hacen llegar, para tener la Mesa Directiva de esta comisión. Si consulta si es de modificarse el Orden del Día para integrar el asunto referido.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el asunto para que se incorpore en el Orden del Día de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Ahora sí, si es tan amable la Secretaría dar lectura al Acuerdo, para proceder a la votación económica.

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura, señor Presidente.



Ese es el Acuerdo que nos turma  la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Y solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo con los nombramientos que se han leído.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la integración de la Junta Directiva de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo.

Denle el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora Pilar Ortega, por favor.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para hacer un reconocimiento a la Comisión Permanente para que se haya dado la posibilidad de tener esta Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, y que hoy finalmente esté conformada ya su Mesa Directiva.

Esto era un asunto urgente, dado el carácter que tiene la Comisión Permanente como representante del Congreso de la Unión y de uno de los tres poderes importantes, por los hechos que se han suscitado en algunas entidades federativas, las preocupaciones expresadas en distintos puntos de Acuerdo de distintas fuerzas políticas y la necesidad de que se le dé cauce a los mismos y, sobre todo, que también coadyuve esta comisión para garantizar las condiciones de gobernabilidad y de respeto al estado de derecho y al derecho de sufragio de los votantes, entonces, un reconocimiento porque finalmente esto ya está conformado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pilar Ortega. Le deseamos mucha suerte.

En consecuencia, se designan como integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017:

Presidenta, Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Secretaria, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Secretario, Diputado Jesús Zambrano Grijalva.

Comuníquese.






Antes de iniciar la discusión de los dictámenes, les informo que hemos recibido tres puntos de Acuerdo que surten la misma suerte que los anteriores y seguiremos el mismo procedimiento.

Nos indican que no hay objeción de ningún grupo parlamentario. Por lo tanto, vamos a someter a votación del Pleno si son de incorporarse.

El dictamen de la Primera Comisión se refiere a los atentados violentos en contra de periodistas; el de la Segunda Comisión por el que solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre las acciones para la operación del Programa “Somos Mexicanos” para la atención integral en el proceso de repatriación de migrantes que pertenece a esa entidad; y el de la Tercera Comisión solicita un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su mejoramiento.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen estos asuntos para su trámite.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy, los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Han quedado incorporados.

En esa virtud, pasamos a la discusión de 30 dictámenes de comisiones que contienen puntos de Acuerdo, y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y en su monitor.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las materias de los dictámenes de la Primera Comisión.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con la materia de los dictámenes de la Primera Comisión.

1.- Por el que se remite a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, las proposiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta al gobierno federal a continuar cumpliendo las Recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre de 2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe sobre los avances del cumplimiento a las Recomendaciones 64/2011 y 11/2013, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar implementando acciones para reforzar el combate al delito de extorsión.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a implementar y reforzar acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que la Comisión Permanente condena energéticamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a coordinarse en la implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes de la Primera Comisión, en los que no hay reserva para su discusión.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Como les habíamos informado, teníamos registrados 8 dictámenes, ahorita nos pidieron que hiciéramos la reserva del noveno, que es en relación con los atentados violentos en contra de periodistas, por lo tanto, se ha reservado y queda para su discusión.

Son todos los dictámenes de la Primera Comisión, en consecuencia, se encuentran a discusión. Consulto si alguien quiere hacer alguna otra reserva de los dictámenes.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Han quedado aprobados 8 dictámenes de la Primera Comisión, y se ha reservado para su discusión el de periodistas. Cominíquense.






Tenemos la discusión de 16 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo, sobre los que no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Segunda Comisión.

1.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo a las expresiones de xenofobia y discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color, que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta a considerar la viabilidad de iniciar el procedimiento de declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos al sitio denominado “El Pochote”, en Ometepec, Guerrero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre las negociaciones celebradas con el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la reunión de alto nivel en materia de seguridad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a informar sobre el proceso de compras consolidadas del sector salud de medicamentos, vacunas y material de curación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre la incorporación, avances y logros en los planes de estudio referentes a los temas que se refieren a cambio climático, ciencia ambiental y desarrollo sustentable.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Quincuagésima Tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse el 5 de junio próximo en la Ciudad de México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, un informe sobre el proceso de instalación de los sistemas locales y municipales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a los gobiernos locales que presentan la problemática de la picadura del alacrán, a que tomen las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas, remita un informe sobre el proceso de remodelación del teleférico de la ciudad capital.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se exhorta a estudiar la posibilidad de aplicar mayores esquemas de gratuidad y descuentos en los museos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias con el fin de traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta a implementar y continuar las acciones de apoyo a las personas repatriadas como consecuencia de la aplicación de las políticas migratorias de los Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se solicita al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa un informe sobre el Programa Nacional de Bebederos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta a fomentar la aplicación de acciones para la prevención de las adicciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de Acuerdo sobre el denominado reto “Ballena Azul”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre las acciones para la operación del Programa “Somos Mexicanos”, para la atención integral en el proceso de repatriación de migrantes que pertenecen a esa entidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perfecto. Se ha dado cuenta de 16 dictámenes, de los cuales no hay reserva para su discusión.

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Maricela Contreras, para que haga la presentación de dichos dictámenes.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En la comisión discutimos 20 dictámenes, 16 están por aprobarse ahora, y quedaron 4 en reserva.

Quiero destacar que las coincidencias que hemos venido expresando en estos dictámenes, hay algunos que son en torno a las políticas inmigrantes de Estados Unidos, y en específico contra nuestros connacionales.

Por ello, hemos acordado manifestar nuestro rechazo contra la aprobación y promulgación de la Ley Antiinmigrante que se está dando en Texas y que criminaliza a las personas por su mera apariencia y fomenta la discriminación racial. Esas acciones sólo generan odio; y por ello también hemos coincidido en solicitar al Poder Ejecutivo Federal, que las entidades federativas y municipios refuercen todas las acciones de protección, asesoría y asistencia las personas que son repatriadas.

Como un tema prioritario y ante la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio, consideramos necesario hacer un llamado para que se alcance un acuerdo que propicie una reforma migratoria con pleno respeto a los derechos humanos; además que se realice un pronunciamiento respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, bajo un esquema de relaciones justas y de respeto entre los países, sin amenazas y sin presiones.

Consideramos que la postura de nuestro gobierno frente al maltrato que se ha dado a nuestro país, por parte de Estados Unidos, debe ser firme y resaltar la importancia de la colaboración, basada en el respeto y dignidad de todas y todos los mexicanos. De ahí que hemos solicitado un informe a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la reunión que sostuvieron en Washington, en materia de seguridad, para conocer los alcances de la misma.

Hay temas, también, que tienen una importancia para la atención de necesidades urgentes en algunas entidades federativas, en materia de salud y educación.

Destaca el llamado a las autoridades para que intensifiquen las campañas de prevención de riesgo por las altas temperaturas de calor que se presentan en el país.

O bien, para que se garantice el abasto de medicamentos por la picadura de alacrán, que afecta a muchas entidades federativas y que por no atenderse mueren muchas personas por falta de este medicamento.

Por otra parte, se propone llevar a cabo un homenaje a Juan Rulfo, en el marco de los 100 años de su natalicio, por la innegable aportación literaria que le ha dado a las letras hispanoamericanas y mexicanas.

Un tema más, se refiere al exhorto al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales de las entidades federativas, para que en los próximos procesos electorales vigilen el cumplimiento de la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular en los niveles de gobierno.

Y, finalmente, destaco un punto de Acuerdo para que se haga la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país, y se instrumente una campaña de difusión en esas lenguas, desde las principales disposiciones contenidas en dicho ordenamiento, lo anterior para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Como pueden observar, todos son puntos de Acuerdo en los que este Poder Legislativo tiene coincidencia, y por eso llamamos a votar a favor.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Contreras Julián.

No tengo oradores registrados, por lo tanto, le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Han quedado aprobados los Acuerdos de la Segunda Comisión. Cominíquense.






Tenemos ahora la discusión de 5 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo, y sobre los que no hay reserva para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Tercera Comisión.

1.- Por el que se exhorta a investigar las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita información sobre las acciones emprendidas en el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita un informe sobre las condiciones de los empleos creados durante la actual administración.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo agrícola primavera-verano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su mejoramiento.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Preguntaría si es intención de alguna legisladora o legislador hacer uso de la palabra. No tengo a nadie registrado.

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos de la Tercera Comisión.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense los 5 Acuerdos de la Tercera Comisión.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar sobre los mecanismos que instrumentará para combatir actos irregulares en el Sistema de Inspección Técnica Vehicular que se implementará próximamente. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Priego Calva.

El Senador Jesús Priego Calva: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hace unos meses la opinión pública se conmociono por el aparatoso accidente ocurrido en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, en el que perdieron la vida cuatro jóvenes, y que colocó en el centro del debate la necesidad de instrumentar políticas que coadyuven a prevenir y a reducir este tipo de lamentables hechos.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que los accidentes de tránsito en la Ciudad de México representan la segunda causa de muerte entre menores de 5 a 14 años de edad, y la décima causa de muerte de personas entre 15 y 64 años de edad.

Por ello, el 3 de mayo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa Integral de Seguridad Vial 2016-2018, el cual tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito y las elevadas tasas de mortalidad relacionadas con estos hechos.

En este sentido, una de las principales metas de este programa, es la de mejorar las condiciones de seguridad del parque vehicular mediante la implementación de un Sistema de Inspección Técnica Vehicular.

La medida tiene como propósito la comprobación del estado de seguridad de los vehículos, y garantizar que estos cumplan con las condiciones físico-mecánicas adecuadas a fin de garantizar la seguridad de su operación y reducir el número de muertes por accidentes de tránsito.

La inspección se llevará en los verificentros paralelamente a la verificación vehicular de manera semestral y sin ningún costo adicional.

Consideramos que esta medida representa un importante esfuerzo institucional para reducir los accidentes de tránsito.

No obstante, también es necesario instrumentar medidas que prevengan todo acto de corrupción y evitar que autos que no estén en buen estado puedan aprobar la inspección a través de dádivas.

Tal es el caso de lo que ocurre actualmente en la revista vehicular de los concesionarios de transporte público, que a pesar de las malas condiciones mecánicas y físicas en las que se encuentran, obtienen dicho documento.

Por ello, es necesario impulsar campañas informativas sobre los alcances del Programa Integral de Seguridad Vial, así como de los principales aspectos que contemplará el Sistema de Inspección Técnica Vehicular, con lo cual, sin duda, se contribuirá a que los ciudadanos visibilicen la problemática relacionada con los accidentes de tránsito y se eviten posibles actos de corrupción relacionados con la inspección vehicular.

Los legisladores del PRI expresamos nuestro respaldo a todas aquellas políticas que buscan fomentar una cultura de la prevención y que coadyuven a reducir los accidentes de tránsito.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Priego Calva.

¿Algún otro orador? No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Ha quedado aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Me ha solicitado el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración es de suma relevancia para la seguridad de todos los habitantes de esta ciudad, y busca resarcir la problemática relacionada con el exponencial crecimiento de desarrollos inmobiliarios irregulares que se están dando en la Ciudad de México.

Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar que tan sólo en 2016 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial recibió más de mil 217 denuncias por violaciones al uso de suelo.

Las principales irregularidades en las que incurren las empresas inmobiliarias están relacionadas con la construcción de más niveles de los que autoriza el reglamento.

Estas construcciones no sólo han acentuado la escasez de agua potable y las deficiencias en la prestación de servicios públicos, también representan un riesgo para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

Por ello, consideramos que el presente dictamen es oportuno, pues es facultad de las autoridades delegacionales la aprobación de los permisos de construcción, mientras que las verificaciones administrativas son realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa, a solicitud de los jefes delegacionales.

Coincidimos con la dictaminadora, pues señala que la falta de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México han sido aprovechadas por las inmobiliarias para violar las normas de construcción aplicables.

Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI estamos convencidos que el desarrollo de la Ciudad de México debe darse a través de una manera y de un plan ordenado y con total respeto al derecho del medio ambiente.

Es apremiante poner fin a las prácticas que vulneran la normatividad en materia de construcción, las autoridades de la Ciudad de México no pueden seguir siendo omisas ante esta situación.

En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen porque con ello coadyuvaremos a lograr un desarrollo urbano sustentable y ordenado de la Ciudad de México, pero sobre todo, vamos a proteger el patrimonio de muchos ciudadanos que han sido timados por empresas inmobiliarias irresponsables.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Me ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Este es un tema muy sensible para los capitalinos, celebro que se esté en estos momentos discutiendo un dictamen tan importante que tiene que ver con los usos de suelo en la capital del país.

Primero, es innegable que la proliferación de inmuebles que violan el uso de suelo se ha convertido en un problema enorme en nuestra ciudad.

En 2016 se construyeron 109 pisos adicionales a los que la normatividad permite. Lamentablemente la corrupción para la autorización del uso de suelo es una práctica cada vez más común en nuestra ciudad.

Prueba de ello es que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ha recibido casi nueve mil quejas sobre el tema, de las cuales solamente dos terceras partes corresponden a los últimos cinco años.

Expertos en el tema se han pronunciado sobre esto y señalan que lamentablemente en la Ciudad de México no existen marcos jurídicos eficientes y aplicables a todos los contextos, además las sanciones para aquellos servidores públicos que se involucran en actos de corrupción son muy bajas.

Muchas veces se les quita la licencia a los directores de obra, así como la posibilidad de dejar de trabajar en el gobierno, pero ello no les impide que puedan seguir operando aunque sea desde fuera de las oficinas.

La legislación actual de nuestra ciudad, pues no permite al Invea, al Instituto de Verificación Administrativa de la ciudad, realizar verificaciones administrativas en materia de construcción y edificación sin la orden de las delegaciones.

Por lo tanto, es muy importante, es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades para evitar que los desarrolladores inmobiliarios construyan fuera del marco de la ley.

Es necesario tener especial cuidado con los edificios que ponen en peligro a construcciones que tienen un valor histórico; hemos visto casos de edificios con valor histórico que por la noche son derrumbados y al día siguiente, pues ya no hay edificio y no hay autoridad que sancione.

Y quiero recordar, y por eso qué atinado que hoy se esté tratando este tema, el accidente ocurrido en un edificio que se estaba construyendo en la Delegación Álvaro Obregón, en donde se desplomaron pisos de estacionamiento; estos pisos no debieron haber sido construidos, por un lado, y lamentablemente se perdieron vidas humanas, y esto es porque hay negligencia y porque hay también complicidad.

Y podemos poner otros ejemplos como el que salió en los medios de comunicación, que se dio en el Desierto de los Leones, curiosamente también en la Delegación Álvaro Obregón, en donde el uso de suelo permitido era solamente para 4 pisos y resulta que construyeron 14 pisos.

Estos sólo son algunos ejemplos de lo que está pasando en nuestra querida Ciudad de México, en donde, bueno pues primero dejamos claro que no estamos en contra del desarrollo urbano, siempre y cuando vaya de la mano con el respeto primero a la legislación local que considere los riesgos y además que se cumplan las obras de mitigación correspondientes.

Y creo que debemos seguir hablando del tema, porque tenemos que poner un alto, un freno a la corrupción, ponernos también del lado de los vecinos y de la indefensión que hoy tienen los vecinos de la capital, ocurre más en unas delegaciones que en otras, pero la realidad es que los vecinos no saben a quién recurrir.

Espero que podamos seguir hablando del tema. En el Senado estamos por aprobar legislación al respecto, porque el desorden pues no nada más se está dando en la ciudad, sino que se da en las 59 zonas metropolitanas con las que contamos en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Ya no tengo oradores registrados, por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, ha quedado aprobado. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar los mecanismos de seguridad en los espacios públicos. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Me ha solicitado el uso de la palabra el Senador Jesús Priego.

El Senador Jesús Priego Calva: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En los últimos meses se ha registrado un incremento desmedido de los índices delictivos en la capital del país.

A partir de esa preocupación, los legisladores del PRI estimamos de la máxima pertinencia que se exhorte al gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que se refuercen los mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias.

Diariamente los medios de comunicación dan cuenta del complejo panorama que vive la Ciudad de México, donde no es extraño conocer de hechos delictivos que resultan en lesiones e incluso decesos tanto de civiles como de integrantes de instituciones de seguridad pública.

En el mismo sentido, cada vez resulta más frecuente conocer de robos o asaltos en el transporte público, ya sea en camiones, Tren Ligero, Metrobús o el Sistema de Transporte Colectivo.

En este caso, además de generar desconfianza e incertidumbre, recordemos que también llega a derivar en reacciones en donde los pasajeros tomaron justicia por su propia mano.

Aunado a lo anterior, también se encuentra documentada la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México a través de organizaciones dedicadas a la trata de personas, secuestro, tráfico de drogas y narcomenudeo, por mencionar algunas actividades delictivas.

En el caso que motiva el presente asunto, los integrantes del grupo parlamentario de PRI coincidimos con lo referido en el dictamen, en el sentido de que los acontecimientos relacionados con hechos delictivos en fechas recientes, vulneran la tranquilidad y seguridad de la población.

Estamos ante un asunto de dimensiones mayúsculas que exige de acciones oportunas e integrales.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, elaborada por el Inegi, indica que mientras en 2015 el 78.5 por ciento de la población de 18 años y más de la Ciudad de México, consideraba que la entidad era insegura. Para 2016 la cifra se elevó a 84.6 por ciento.

La propia ENVIPE, señala que los tres delitos más frecuentes son: robo, asalto y fraude.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que los primeros cuatro meses de 2017, en la Ciudad de México, se tiene registro de 30 mil 825 robos, de los cuales 7 mil 791 fueron con violencia y 740 a negocios.

Lo anterior se agrava aún más si tomamos en cuenta que de mantenerse esta tendencia al final del año en curso, el total de robos podría superar los registrados a 2016, año en el que se tiene conocimiento de 81 mil 555 robos, de los cuales 21 mil 483 fueron con violencia.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto la necesidad y urgencia de impulsar acciones que permitan revertir la desconfianza, miedo e intranquilidad con la que vive gran parte de la población de la Ciudad de México.

Es ahí donde radica la importancia del asunto que está a nuestra consideración.

Compañeras y compañeros legisladores:

Por la naturaleza del tema, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que nos convoca, a través del cual se busca garantizar una de las funciones más importantes de todo gobierno, la seguridad pública.

Como bien se señala, desde el punto de Acuerdo y se ratifica en el dictamen, se trata de una problemática que preocupa y convoca a todos, el objetivo es claro, salvaguardar de manera efectiva e integral el bienestar de la población.

No podemos permitir que se sigan produciendo hechos de violencia como los expuestos en el dictamen, por el contrario, es vital que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión impulsemos acciones que permitan erradicar el fenómeno delictivo que se vive en la entidad.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Priego Calva.

Me ha solicitado el uso de la palabra la Diputada Ruth Tiscareño.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores; amigos periodistas:

En primer término, permítanme sumarme a las expresiones de dolor y consternación por el criminal atentado perpetrado en la ciudad de Manchester.

Los legisladores mexicanos y el Congreso en su conjunto siempre ha externado su solidaridad en situaciones como estas; siempre ha manifestado su vocación de paz y de condena a los actos terroristas que se registren en cualquier lugar del mundo.

Precisamente una de las tareas fundamentales del Congreso mexicano es la contribución a la seguridad y tranquilidad en nuestras ciudades.

El caso de la Ciudad de México, de acuerdo a su nueva Constitución, es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión, y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Y vale la pena destacar, la Ciudad de México es la ciudad de todos.

Por ello no pasa inadvertido el incremento de delitos habiéndose incrementado algunos hasta en un 400 por ciento a principios de 2017, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo anterior, la percepción de inseguridad también se incrementó, y en la última encuesta del Inegi se reporta que ya el 70 por ciento de la ciudadanía considera que vivir en la Ciudad de México es inseguro.

En este contexto, surgen también una serie de sucesos delictivos que se han registrado en los últimos meses, especialmente en espacios públicos donde concurren miles de personas y familias enteras, tales son los casos, y solamente por citar algunos, como la balacera en el mercado Sonora de la Ciudad de México, la cual dejó como saldo tres personas fallecidas.

La balacera en la Plaza Meave, ubicada en el Centro Histórico, sitio en el que se ofrece al público una enorme variedad de artículos tecnológicos.

De igual forma el caso de la veintena de individuos armados que ingresaron a una tienda de autoservicio, localizada en Calzada de Tlalpan y Lago Poniente, en la Colonia Américas Unidas, al Sur de la ciudad.

También los hechos delictivos en la plaza comercial conocida como Pabellón Cuauhtémoc, que de igual manera se encontraba atestada de gente.

Esta serie de sucesos delictivos cobran especial relevancia toda vez que ocurrieron en sitios donde se registra usualmente una alta concentración de consumidores, lugares a donde la gente acude confiada en adquirir un bien o solicitar un servicio, espacios donde concurren familias completas.

Por esta razón, propusimos este punto de Acuerdo que fue aprobado favorablemente por la Primera Comisión, a quien agradezco y reconozco su trabajo y respaldo a esta propuesta, más vale señalar a tiempo.

Promover e implementar mecanismos y medidas de seguridad en espacios públicos es interés de todos.

Por ello, les pido su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Tiscareño Agoitia.

Me ha solicitado la palabra la Diputada Contreras Julián.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Muchas gracias.

En primer lugar, decir que el grupo parlamentario del PRD votará este punto a favor, pero sí me gustaría hacer algunas precisiones.

En primer lugar, decir que el tema de la delincuencia no es un asunto exclusivo de la Ciudad de México, es un tema que tiene características estructurales y que tiene una agresiva participación a nivel nacional.

El tema de la Ciudad de México no es exclusivo, tenemos estados como el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México que colindan con el Estado de México, no se nos debe olvidar que la Ciudad de México está prácticamente rodeada por el Estado de México. Y tenemos casos como Tamaulipas, solamente por nombrar dos de ellos.

También decir que el gobierno de la ciudad, a lo largo de estos años, ha hecho una serie de políticas públicas que ha buscado atender el problema de manera integral y que una de las tareas importantes ha sido la recuperación de espacios públicos que buscan regenerar el tejido social y reconstruir estas relaciones que se vuelven de manera impersonal.

Comentar que en materia de trata de personas, la Ciudad de México tiene una de las mejores legislaciones, se realizan acciones de manera cotidiana, se atiende el tema en los lugares donde supuesta o presuntamente están, y que se ha logrado detener a varias bandas de traficantes de personas en la Ciudad de México, además de contar con una infraestructura para la atención de las víctimas de la trata de personas.

Contamos en la Ciudad de México con el sistema de video cámaras más grande que tiene el país y que a través de estos medios, por el C4, que es el lugar donde se concentran todos los resultados de las grabaciones que se dan en la Ciudad de México, se ha tenido la posibilidad de capturar a quienes asaltan en las vías de comunicación.

Pero también decir que afortunadamente contamos con mecanismos para la denuncia, es decir, si no se denunciara no tendríamos la posibilidad de saber qué está sucediendo en la Ciudad de México. Y que los índices, aunque tienen un sube y baja, como en todos lados, de ninguna manera son comparables con los que se presentan en otras entidades.

No por eso, no porque sean más bajos, no porque el espacio de la Ciudad de México durante tanto tiempo se haya considerado el lugar más seguro del país quiere decir que hagamos de lado los problemas y que no los atendamos.

Por otro lado, y para finalizar, decir que tenemos que atender las circunstancias particulares de la Ciudad de México, toda vez que la ciudad recibe constantemente una población flotante, en un solo día la Ciudad de México llega a concentrar hasta 16 millones de personas que vienen aquí, que transitan, que hacen sus labores y sus actividades administrativas, y que esto implica una problemática particular de la ciudad.

Y finalmente, lo que nosotras y nosotros quienes habitamos la Ciudad de México esperamos no necesitar del patrullaje del Ejército en nuestra ciudad.

Pero como estamos conscientes que son temas que tenemos que atender, votaremos a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Contreras Julián.

No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha quedado aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el párroco José Miguel Machorro, dentro de la Catedral Metropolitana. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Me ha solicitado el uso de la palabra la Diputada Argelia Paniagua Figueroa.

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

El ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa requiere de condiciones necesarias e idóneas de seguridad y garantías y de protección para que dicho derecho sea ejercido a plenitud y con libertad en México.

El Estado mexicano está obligado legal y moralmente a garantizar y proteger cada uno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

Desgraciadamente hoy México es uno de los países más peligrosos en el mundo, no sólo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ya se ha comentado repetidamente en este Pleno, sino también para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

En lo que va de este sexenio han sido asesinados con saña y crueldad 15 sacerdotes católicos.

Por otra parte, de 1990 a 2016 se han registrado 57 homicidios de religiosos en México, el 28 por ciento de los casos corresponden a los 4 años de la presente administración.

El estado de Guerrero y la Ciudad de México son las entidades más peligrosas para el ejercicio ministerial, con un 15 por ciento cada una.

En la Ciudad de México el pasado lunes 15 de mayo, durante la celebración de una misa en la Catedral Metropolitana, el oficiante José Miguel Machorro fue víctima de un atentado que pudo haber sido mortal.

El autor del atentado fue un sujeto que en su momento se hizo llamar John Roschill, de aproximadamente 28 años de edad, quien de manera sorpresiva acuchilló al religioso, con la aparente intención de privarle de la vida. Por fortuna el atacante no logró su cometido y aunque al parecer se encuentra delicado de salud, el párroco Machorro se encuentra en proceso de restablecimiento.

Este hecho preocupa a los integrantes del grupo parlamentario del PAN por diversas razones:

En primer lugar, el clima de inseguridad amenaza con desbordarse y afectar espacios que no presentaban esta problemática y, sobre todo, a grupos de la población en general.

En segundo lugar, porque en esta ocasión la víctima es un representante religioso cuya labor es, precisamente, el realizar una tarea que busca la armonía y la paz social.

En tercer lugar, porque de las primeras informaciones que han trascendido en los medios de comunicación, se tiene que el agresor pudo haber proferido alguna exclamación relativa a connotaciones de fundamentalismo religioso.

La etapa de la violencia religiosa en nuestro país ha dejado huellas muy profundas en nuestra historia, y todos debemos hacer un esfuerzo para que no se corran riesgos en esa vertiente, ni se abra la posibilidad de revivir expresiones de odio o discriminación, el hecho es muy lamentable, y en el grupo parlamentario del PAN hacemos votos por su pronta resolución, esperando que se trate de un lamentable incidente aislado.

Mientras se esclarece el mismo y en aras de generar información que pueda ser pertinente para que la población refuerce su confianza en las autoridades, solicitamos de las autoridades federales y locales de la Ciudad de México, que se actúe de manera eficaz para conocer la verdad y se haga justicia en este episodio, por lo que pedimos su voto a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Argelia Paniagua.

¿Algún otro orador?

Denle volumen, por favor, en su escaño al Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Expresando mi adhesión a la resolución de este punto de Acuerdo, solamente para que no se cometa un error.

El Padre José Miguel Machorro Alcalá, no Miguel Ángel. Miguel Ángel es hermano del Padre José Miguel, los dos son Migueles. El Padre se llama José Miguel Machorro Alcalá, son paisanos míos. Estoy en contacto con ellos, con el caso.

Entonces, que tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y que se corrobore nada más, para que quede asentado en la votación que va a corroborarse el nombre correcto del sacerdote agredido, atacado, lesionado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Senador Barbosa, muchas gracias.

El dictamen que recibimos de la Primera Comisión viene en esos términos, pero hecha la acotación, vamos a pedir a Servicios Parlamentarios que revise y quede fehacientemente el nombre, para no cometer una equivocación, y grave, además.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse, con la modificación, en el supuesto de que el nombre sea incorrecto y lo podamos hacer

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo, con las modificaciones planteadas aquí. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha quedado aprobado e instruimos a Servicios Parlamentarios que coteje el nombre, si son tan amables. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo en relación con los atentados violentos en contra de periodistas. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Entramos a la discusión.

Tengo registrados tres oradores, me imagino que todos son en el mismo sentido, si no, me lo hacen saber para ordenar el debate.

Tengo registrada a la Senadora Iris Vianey, al Senador Miguel Barbosa y a la Diputada Martha Hilda, ¿es así?

Adelante, Senadora Iris Vianey.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, no sólo para la vida de nuestro país, sino en el mundo.

Tenemos datos alarmantes que nos preocupan y obviamente vamos a favor de este punto de Acuerdo, porque, para hacer una breve reseña, sólo en el 2016 tuvimos 11 periodistas asesinados.

Hasta mayo de 2017 llevamos 7 periodistas asesinados.

Del 2003 a la fecha, tenemos 23 periodistas desaparecidos, de los cuales se desconoce por completo su paradero.

Es indispensable que en México, siendo un país de libertades, que nos han costado mucho, entre ellas la libertad de expresión, a las instituciones, a las leyes, los presupuestos, incluso en este tema, que se han invertido, compañeras y compañeros, es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión, y que ésta sea una garantía real.

El 23 de marzo se reportó el asesinato de Miroslava Breach, quien fuera corresponsal de “La Jornada”, en el “Diario de Juárez”.

El 15 de mayo, en la ciudad de Culiacán, fue ejecutado el periodista Javier Valdez, esto fue una semana después de que en la Cámara de Senadores se presentara una iniciativa para tratar de evitar los crímenes contra los periodistas y que éstos quedaran impunes.

Hace apenas 5 días, es decir, un día después de que se aprobara en la Cámara este punto tan importante, un día después, el 18 de mayo, fue levantado por un grupo armado un periodista conocido y amigo de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, el periodista Salvador Adame Pardo, titular del noticiero del canal 6 del municipio de Múgica. Consideramos totalmente reprobable este hecho.

Estamos siendo una burla para los grupos del crimen organizado, cuando este Senado emite un resolutivo de esta naturaleza, y al día siguiente secuestran a un periodista del cual hoy se desconoce por completo su paradero.

La Organización Internacional de la Defensa para la Libertad de Expresión, en su artículo 19, presentó el informe de periodistas desaparecidos en México, donde se advierte que no hay otro país en el mundo donde se registren más casos de periodistas agredidos, desaparecidos y asesinados. Esto nos preocupa.

Estamos a favor de este dictamen, y queremos aprovechar para hacer un llamado, ya que en los puntos no se menciona este caso, y considero de fundamental importancia destacarlo, un llamado a la Procuraduría General del estado de Michoacán, para que investigue y dé a conocer los avances de la investigación del periodista Adame Pardo, que fue desaparecido hace 5 días.

Exigimos al Ejecutivo del gobierno del estado de Michoacán, que ponga también cartas en el asunto, y que de manera prioritaria refuerce las investigaciones para dar con él.

A favor del dictamen, y hacemos éste atento llamado, y nuestra solidaridad con los periodistas del estado de Michoacán y del resto del país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Sin duda que vamos a votar a favor de este dictamen, pero tenemos que hacer diversas reflexiones.

No es una respuesta adecuada a la tragedia, a lo inaceptable, que son los múltiples homicidios sobre periodistas. ¡No, no lo es!

Estamos, nuestra realidad es la de un Estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta ya ante nada; no tiene capacidad de respuesta ante la creciente violencia, creciente impunidad. Los asuntos del narcotráfico. ¡No, no tiene capacidad de respuesta!

No tuvo capacidad de respuesta, ni la ha tenido para presentar una política estratégica para combatir esa nueva forma de crimen organizado que es el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, y tampoco tiene capacidad de respuesta en relación a la violencia sobre la libertad de expresión y al asesinato de periodistas. ¡No la tiene!

Este punto de Acuerdo, esta propuesta de dictamen representa, en lo que los legisladores, Diputados y Senadores hemos convertido a la Comisión Permanente, en un órgano del Congreso de la Unión que solamente matiza los asuntos, que no provoca el debate de los mismos, porque no nos interesa, la verdad, a los legisladores debatir; salvo cuando hay un interés político determinado, en ese caso sí queremos introducir algún debate o insinuación de debate.

El lenguaje parlamentario, el lenguaje que se utiliza en las piezas legislativas o en los productos legislativos, como yo les llamo, es importante, pero expresa el papel que se quiere jugar.

Cómo que “atenta invitación”.

¿Por qué no le pusieron “cordial”?

Extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial.

Mejor hubiera sido: “atenta, especial, comedida invitación”.

Es un diálogo entre poderes, es una cita a las comisiones de la Comisión Permanente para que hablen de ese tema; no es un agravio a un servidor público ni a otra institución del poder público. ¡No, no lo es! Es diálogo entre poderes.

Por lo menos debería cambiarse, Presidente, a “convoca” al Fiscal Especial a una reunión de trabajo.

Y sustituir esa, de verdad, lisonjera expresión de la “atenta invitación”.

Están pendientes muchos puntos de Acuerdo, que porque no se turnaron en la sesión pasada, no formaron parte de este dictamen.

Porque la cita debería ser al Secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, y sin duda, al Fiscal Especial, al que solamente le hacen una “atenta y cordial invitación”. De verdad, no es la respuesta.

El Estado debe dar, ante una situación tan grave, tan inaceptable, el “ya basta” que hoy se publica en periódicos nacionales, de importantes empresas encargadas de la comunicación política, social, televisiva, radio y prensa escrita, importante que la Comisión Permanente lo haga suyo, que la Comisión Permanente se exprese para fortalecer lo dicho en esta publicación a la que se ha dado a llamar “ya basta”.

Pero lo que debiera responder el Estado mexicano es, para poder generar una verdadera reacción de poderes públicos y de sociedad, pedirle al titular del Ejecutivo, que en términos de los artículos 15 y 19 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, y 89, fracción I de la Constitución, decrete tres días de luto nacional por los asesinatos de los periodistas hasta hoy cometidos.

No estoy hablando de días de asueto ¡Eh! Estoy hablando de días en donde no se paraliza la actividad pública y la actividad privada.

Estoy hablando de tres días que muestren una reacción de los poderes públicos y de la sociedad, es decir, del Estado mexicano, donde tendría que garantizarse que en plazas públicas, en la calle, en los centros de trabajo, en todos los lugares de convivencia pudiera haber expresiones en contra de la agresión de la libertad de expresión y el asesinato a periodistas; que pudieran rendirse informes de las comisiones de derechos humanos; que pudiera encontrarse, de verdad, una reacción para que pudiéramos comprometernos todos a que esta situación no pueda ni deba de repetirse.

Esa es la reacción. Votaremos a favor de este dictamen, pero de verdad, debemos hacer esta reflexión como legisladores.

Cómo que “atenta invitación”.

Y si dice: “que no puede”.

Y si dice: “que no puede”, ¿verdad?

El que debe ser citado es el Secretario de Gobernación, repito, no para agredirlo, es diálogo entre poderes, es diálogo entre poderes. ¿Sí?

Al Procurador General de la República. ¡Diálogo entre poderes! ¿Sí?

Sin duda, al Fiscal Especial. ¡Diálogo entre poderes!

Hay que hacerlo.

¿Podemos nosotros mejorar esto? ¡Sí!

¿Podemos aprobarlo? ¡También!

Comprometiendo a mejorarlo, bueno, Presidente, ahí mi reflexión para la consideración de los órganos, de los órganos del Congreso de la Unión y del órgano directivo de la Comisión Permanente.

Gracias por su atención.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Luis Miguel Barbosa.

A ver, Senador Barbosa, ¿me está solicitando un trámite, entiendo, un trámite legislativo, o ha sido una consideración para el Diario de los Debates?

Si es, le propongo una redacción que someteríamos a consideración del Pleno para modificar el Acuerdo.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí. Sin duda que la racionalidad parlamentaria implica avanzar siempre, así es que si algo mejora con una redacción propuesta, en términos de las reflexiones planteadas, yo quedaré complacido.

¡Votaré a favor!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien.

Entonces, dicho lo anterior.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A ver, denle volumen en su escaño, por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Entiendo, señor Presidente, que el Senador Barbosa sí hizo algunas reflexiones, sin embargo, sí precisó que estaba de acuerdo, y él dejó abierta la posibilidad de avanzar posteriormente.

Pero en este momento entiendo, salvo su mejor observación, que está de acuerdo con el punto de Acuerdo para su no modificación, y dejó abierta la reflexión que tenemos en puerta.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El Senador Barbosa, a interpretación de esta Mesa, ha hecho dos cosas: una reflexión profunda de lo que debe suceder y, a mi manera de ver las cosas, nos ha pedido un trámite para cambiar la palabra “extiende una atenta invitación” por “se convoca”.

Ahorita le pregunté al Senador Barbosa si era su intención, es un trámite parlamentario común, me dice que es así, déjeme darle lectura y el Pleno decidirá si se cambia o no.

Entonces, si me permite, lo que nos pide el Senador Barbosa es en el resolutivo tercero, que dice:

La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma.

Lo que nos propone el Senador Barbosa es que se cambie “extiende una atenta invitación” por “se convoca”.

Eso es lo que se va a poner a discusión.

Le pido a la Secretaría consulte primero a la Asamblea, en votación económica, si se acepta esta modificación a discusión. Una vez aceptada a discusión, luego la vamos a votar.

Consulte, por favor.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación que plantea el Senador Barbosa. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Se ha aceptado a discusión.

Ahora, por favor, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora ya con la palabra “se convoca”.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el dictamen con la modificación propuesta y que ya fue aceptada.

¿Es así, señor Presidente?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Así es. Déjeme aclarar.

La sustitución de “extiende una atenta invitación” por “convoca” es lo que estamos votando.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Aprobada la modificación.

Tiene el uso de la palabra, para el mismo tema, la Diputada Martha Hilda González, y le pediría a la Diputada que lo hiciera ya sobre la modificación al tercer resolutivo.

La Diputada Martha Hilda González Calderón: Más que la redacción de este pedimento, quisiera irme a lo que es el fondo de este tema.

Ya aquí se ha mencionado, desde la pasada sesión, lo lacerante que es para toda la sociedad el que se acallen voces de periodistas que valientemente están haciendo denuncias, están dando su perspectiva de distintos problemas.

La libertad de expresión, ya se ha dicho aquí, es un derecho que hemos ganado, y que hemos ganado como país y estamos muy orgullosos de ello.

Sin embargo, desafortunadamente lo que hoy a nosotros nos pide este momento de la historia, no es solamente el que nos rasguemos las vestiduras y digamos que no es una respuesta adecuada, como aquí yo lo escuché.

Ante quien diga que no es una respuesta adecuada lo que yo les diría “es una apertura”, porque en otros que han enfrentado problemas contra el terrorismo, contra el narcotráfico ha habido un ejercicio de que las instituciones han cerrado filas para que todos juntos puedan afrontar dichos problemas, y es hoy, en este momento histórico, lo que nos está pidiendo la sociedad.

Hace un rato yo escuchaba que decían que ojalá que este desplegado que se publicó en medios, que dice “ya basta”, también nos afecta a nosotros.

Y hoy el ejercicio es, ¿cómo podemos transversalizar esas responsabilidades? y que cada quien, cada institución, cada poder, cada nivel de gobierno esté haciendo lo que le corresponde en este momento histórico, porque la sociedad civil nos está dando ya una lección.

No callarse y denunciar sin dilación los hechos o los indicios que permitan prevenir hechos lamentables en contra de la libertad de expresión en general y en contra de comunicadores en lo particular.

Ya el Poder Ejecutivo también dio claras muestras de esto, y hace unos días el titular del Ejecutivo Federal establecía el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y no es que se esté empezando de cero, hoy por hoy hay 538 personas entre periodistas y defensoras de los derechos humanos que gozan de esta protección.

También el establecimiento de un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas, no podemos olvidar que son delitos, es la comisión de delitos que compete al orden común y que haya este protocolo de operación, que ya lo hay, pero que pueda perfeccionarse para coordinar las acciones que tengan para aquellos que tengan que enfrentar y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Tenemos que robustecer, ya lo decía el Presidente, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a través de distintas medidas, y ahí están los gobernadores, que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores también asumieron los compromisos frente al titular del Ejecutivo Federal para estar creando y homologando fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para investigar y prevenir delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

También conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal, dar cumplimiento cabal a la Recomendación 24-2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y trabajar en un protocolo único, unificado para poder establecer mecanismos de protección, de prevención y atención a víctimas de delito.

Por eso, es que mi grupo parlamentario recibe con una enorme responsabilidad el que hoy se esté presentando a este Pleno este compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo precisamente para en el marco de la Primera Comisión de Gobernación, podamos invitar a la Fiscalía Especial para ver cómo desarrolla su trabajo en este esquema de contrapesos, que ya lo decía un escritor francés.

Con lo que quisiera concluir mi intervención, señor Presidente, precisamente es que el lenguaje parlamentario nos podría decir muchos adjetivos, pero hoy lo que la gente quiere es que el lenguaje de justicia se traduzca en los hechos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Martha Hilda González Calderón.

Esta Comisión Permanente da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad de Stratford del municipio de Cuautla, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

¡Sean bienvenidos!

Me ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Primero, yo espero que nuestro país deje de ser el país con mayor riesgo para ejercer el periodismo, esto es lamentable, y recordar que este tema, pues no es un tema reciente, cuando hablamos de atentados, de violaciones, de desapariciones, de homicidios de periodistas en México, no estamos hablando de unos meses para acá, estamos hablando de que esto ha ocurrido de muchos años para acá.

Creo que el desplegado que aparece hoy en la prensa, en diversos medios nacionales, que valientemente medios nacionales y medios internacionales y muchos periodistas están impulsando a través de las redes sociales, están diciendo: “ya basta”.

Yo espero que como Comisión Permanente podamos hacer nuestro este desplegado. Y para que podamos hacer nuestro este desplegado, implica ponernos del lado de los periodistas, y también implica ponernos del lado de los ciudadanos que están esperando poder tener acceso a la información y a la verdad.

Este desplegado dice: “que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición, es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico.

Hoy en México la impunidad, la corrupción, y en especial el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad.

Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre éstas, la narcodelincuencia en México.

Unidos como una sola voz convocaremos en breve a una serie de foros, en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística. Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado, es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquél que ejerce el periodismo en México, y por el bien de la sociedad”.

Insisto, firman este desplegado medios nacionales, Político, “Cuartoscuro”, “EFE”, “El Dictamen”, “El Economista”, “El Heraldo de México”, “El Financiero”, “El Mañana”, “El País”, “El Universal”, “Grupo Expansión”, “Grupo Fórmula”, “Grupo Milenio”, “Grupo Radio Centro”, “Reforma”, “Horizontal”, “Imagen”, “La Crónica”, “La Jornada”, “La Razón”, “Letras Libres”, “Medios Masivos Mexicanos”, “Multivisión”, “Nexos”, “Noroeste”, “Ríodoce”, “Político Mx”, “sin embargo”, “Mx”, “TV Azteca”, “Núcleo Radio Mil” y “OEM”, entre otros medios y organizaciones internacionales.

Tenemos que ser sensibles ante lo que ha sido publicado el día de hoy; no es suficiente, y yo espero que reflexionemos al respecto, con citar aquí al encargado de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y lo digo así, porque en los seis años que lleva de existencia esta fiscalía, pues prácticamente los resultados han sido nulos.

Ha habido 47 asesinatos de periodistas en estos años, y en lo que va del año van 6. 99.7 por ciento de las agresiones no han recibido sentencia ni castigo contra los responsables.

¿Esto qué quiere decir?

Que el Estado tiene que actuar de manera distinta, el Estado tiene que garantizar, insisto, sobre todo que se les proteja a los periodistas en México, por un lado, y que se garantice también el acceso a la información y a la verdad a los mexicanos.

Condenamos los homicidios que han ocurrido en lo que va del año, y bueno, el decir, insisto, que solamente en dos casos ha habido condena, es una triste radiografía de la impunidad en la que estamos viviendo en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Ya no tengo oradores registrados, por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Por acuerdo de los grupos parlamentarios, daremos paso al aparatado de la agenda política para abordar el tema de la situación de la salud y la seguridad social en el país.

Conforme al resolutivo Décimo Noveno del Acuerdo para normar las sesiones de la Comisión Permanente, iniciaremos el debate con el legislador que registró el tema, quien podrá hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos.

Las intervenciones siguientes serán en orden progresivo, y sólo por un máximo de tres minutos cada una.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tengo registrados hasta este momento a la Diputada Norma Rocío Nahle García, al Diputado Emilio Salazar Farías, al Senador David Monreal Ávila, a la Senadora Iris Vianey Mendoza, a la Senadora Laura Angélica Rojas y a la Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Volumen a la Diputada Minerva, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Yo quisiera manifestar un punto de vista desde el escaño en este momento, respecto al espionaje digital en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Le pediría, vamos a entrar a una agenda política, si es muy breve, adelante, háganos un resolutivo, por decirlo así.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Es breve. Gracias, señor Presidente.

Desde el 11 de febrero de este año el "New York Times" reportó que en 2016 tres personas involucradas en el establecimiento del impuesto especial a las bebidas azucaradas habían recibido diversos mensajes de texto con hipervínculos que contenían un código invasivo de un programa de espionaje digital desarrollado por la empresa israelí, NSO, misma que tiene contratos con varias agencias oficiales en México.

Son los casos de Simón Barquera, de Luis Miguel Encarnación y de Alejandro Calvillo.

Al tratarse de una vigilancia digital de carácter ilegal por parte de diversas oficinas del gobierno mexicano, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil que forma parte del secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto, exigió a sus contrapartes, el INAI y el Ejecutivo Federal por conducto de la Función Pública…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Diputada, por favor.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Tuviera acciones efectivas al respecto, casi concluyo, señor Presidente.

Transcurrieron más de tres meses sin tener resultados.

Compañeros legisladores, estamos ante un hecho vergonzoso e inaudito. Estamos hablando que el gobierno mexicano presuntamente utiliza medios ilegales de control y de vigilancia digital en contra de sus ciudadanos.

Ante esto, no nos resulta extraño que la ciudadanía muestre su desconfianza en las instituciones del Estado, creo que no es bueno el mensaje que estamos dando, parece que en México no existe el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, que no podemos localizar a delincuentes o narcotraficantes, pero que sí se puede utilizar el espionaje digital… estoy concluyendo, señor Presidente, que no se puede garantizar la libertad de expresión a nuestros periodistas, pero que sí se puede violar la intimidad y la privacidad digital de los gobernados.

Pareciera que hay dos Méxicos, el de los compromisos de dientes para afuera, donde existe respeto a los derechos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Diputada, le pido, por favor, atentamente que concluya, por favor.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Estoy concluyendo, señor Presidente.

Gracias a las libertades básicas de los individuos, protocolos de protección para las mujeres donde pregonamos nuestras mejores prácticas gubernamentales conforme a estándares internacionales, y un largo etcétera, y el de la realidad ciudadana donde puede ser asaltado, secuestrado, asesinado, levantado, violado, en fin, por tus creencias o sus preferencias, y también ahora espiado digitalmente por tu gobierno, es lamentable.

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional reprochamos esta conducta y expresamos nuestra solidaridad a las organizaciones y la sociedad civil.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Diputada, por favor, se lo pido atentamente, nunca le he retirado el volumen a ningún legislador, no quiero que sea la primera vez, no estamos en ese orden, concluya.

La Diputada Minera Hernández Ramos: (Desde su escaño) Me tardo 30 segundos.

Ante esta situación es evidente que no existen condiciones de diálogo con el gobierno federal para impulsar la agenda de apertura gubernamental en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Hernández Ramos.

Ahora sí, tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

AGENDA POLÍTICA

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente.

¡Al pueblo de México!

A mis compañeros y compañeras Senadoras, Diputados, Diputadas federales, bienvenidos aquí a la Comisión Permanente en este recinto.

El día de hoy hay un tema muy preocupante porque de cuatro sesiones que tiene esta Comisión Permanente, yo les hago una pregunta:

¿Qué hemos hecho para beneficio de nuestro querido México?

Algo que impacte a México.

¿Qué se ha hecho en cuatro sesiones?

Hoy el tema de los periodistas, de acuerdo, adelante, pero hay muchas calamidades, hay muchos problemas en nuestro país y parece que el Congreso de la Unión está durmiendo el sueño de los justos.

No hay nada, ni un impacto para nuestro país.

Así también se han presentado sendos puntos de Acuerdo para que funcionarios, en el debido respeto de la división de poderes, vengan a aclarar temas de importancia para el país, como es la salud, por ejemplo, y resulta de que no se agendan, ahí los andan cuidando de que no vengan. Pero si no se trata de agredir a nadie ni se trata de hacer problemática una charla aquí en el Pleno de la Comisión Permanente, se trata de que le aclaren al pueblo de México, vía ustedes, que son o somos los representantes populares, para que nos digan qué sucede.

Miren ustedes, hay un problema gravísimo en el país que está matando gente, tengo, para el que guste, señor Presidente, cartas de todos los colegios médicos del país, estado por estado, Colegio de Hidalgo, de todo el país, de cirujanos, de gineco-obstetras en donde están suplicando al Congreso que aclare el director del Instituto Mexicano del Seguro Social por qué están haciendo cirujanos al vapor y obstetras, porque tienen médicos generales, les están dando un curso de un mes, o hasta de un año máximo, y los están soltando en las comunidades rurales para que operen.

Alguno de ustedes, Senadoras, Senadores, Diputados, Diputadas federales: ¿se dejarían operar por una gente de éstas? Yo creo que no.

Entonces, vamos a que nos aclaren, tengo la información que dicen qué institución autorizó estos cursos: "estudie medicina en el Metro Balderas".

¡Cómo es posible eso!

Pero la realidad es que están en las comunidades dispersas haciendo iatrogenias, dicho de otra manera, errores médicos y están matando a nuestros campesinos y nuestros obreros.

Ahí están todos los colegios, aquí están, todos los colegios del país quejándose que ya se pare esta barbaridad que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por otro lado, tenemos el problema de la sustitución terapéutica.

¿Qué es esto? Eso no está en la Ley General de Salud, sin embargo, es para economizar, como si la salud fuera y es necesaria ahorrar, la salud no es un gasto, es una inversión, compañeros.

Lamentablemente los que dirigen estas instituciones lo ven al revés, ellos trabajan con los números, nosotros trabajamos con los enfermos y ustedes, representantes populares, tienen que ver por el pueblo de México, por los que están enfermos, además de desnutridos.

Entonces, por qué el temor de que no vengan a discutir estos temas los encargados de estas instituciones.

¡Por favor!

Entonces, no está habiendo medicamentos en los centros de salud.

No hay médicos.

No hay enfermeras.

No hay jeringas.

No hay nada.

Porque además, el sistema se está desmantelando, compañeros, no lo ven, tenemos la pirámide invertida, solamente el 12.5 por ciento del presupuesto nacional en salud se invierte en el primer nivel de atención que es la prevención y es donde se debería de resolver el 80 por ciento de los problemas de salud.

Parezco disco rayado estar repite y repite, pero aquí les entra por un oído y les sale por el otro, vamos a sentar las bases ya, que este Congreso verdaderamente defienda a su pueblo.

Y luego resulta que están más preocupados por licitar.

A ver si vienen los chinos o los coreanos a darnos seguridad a las instituciones, como en el IMSS, para cuidar los edificios, a que se hagan las licitaciones para los medicamentos.

Miren, compañeros, el día de hoy estamos en el 2017, la compra consolidada que salió de este Congreso todavía no licitan los medicamentos para el VIH SIDA, pregúntenle a un enfermo cuando no le da seguimiento a su tratamiento, cómo le va, y son miles.

No han licitado el tamiz neonatal, el tamiz neonatal es básico para los recién nacidos durante los 28 primeros días y detectar enfermedades básicas como el hipotiroidismo, entre otras, y resulta que no se ha licitado, no hemos cumplido con la compra consolidada a 2016, y ya estamos ahora en el tema de preparar la licitación 2017, cuando no se han comprado esos medicamentos básicos como la insuficiencia renal, VIH SIDA y tamiz neonatal, entonces, se puso un punto de Acuerdo para que venga el director del Seguro Social a que nos explique qué está pasando.

Igual ahí está Siglo XXI, que está asociada con Banorte, en un problemón ahí con el tema de la Afore que les están robando el dinero a los trabajadores, por no decir otra cosa.

Y luego, ¿no son temas importantes?

¿Qué es importante para ustedes?

Si no hay salud, no hay nada.

Miren, luego esa licitación de seguridad que tanto está insistiendo el Seguro Social la hacen pública internacional.

Yo quiero ver por qué no se abocan en el tema de la licitación bajo los tratados que tiene nuestro país firmados.

¿De qué se trata?

El proceso de licitación del IMSS falló a favor del producto fuera de tratados.

¡Imagínense ustedes! Esto es básico, no podemos brincarnos el tema porque si no estamos cayendo en irregularidades en el Congreso, les doy el ejemplo, y no nada más en el tema de la seguridad, sino en el tema también de las compras consolidadas.

Y ahí el IMSS, a pesar de todo lo que se ha dicho anteriormente, no se apega a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Capítulo Segundo de la Licitación Pública, y a las pruebas me remito.

¿Entonces, en qué estamos cayendo? En simulaciones o es un acto de corrupción.

¿Qué está pasando?

Yo ahí se los dejo y el que quiera le puedo dar copia de todo lo que tenemos aquí, y no podemos seguir permitiendo esas prácticas monopólicas absolutas que quisieron hacer cuatro Afores, incluyendo donde está el Seguro Social, porque ya le pusieron 1,200 millones de pesos de multa; sin embargo, está como Odebrecht, declaran que en México dieron 10.8 millones de dólares de moche, pero no sabemos a quién, aquí once directores de Afore, pero no dicen quién, entonces, ¿quién pompo?

Ahí se los dejo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans.

El grupo parlamentario del PRI registró también el asunto de Salud, ¿es así?, ¿quieren presentarlo? Hasta por cinco minutos, por favor, Senadora Diva Hadamira Gastélum. Con la misma tolerancia que se le dio al Senador Mayans.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros tenemos, mi grupo parlamentario tiene una duda sobre la agenda que estaba acordada, porque la agenda que estaba acordada versaba exactamente sobre un tema de salud.

Pero el tema de salud tenía que ver con el convenio que suscribieron tanto la SEP como el Secretario de Salud.

Por eso nos llama la atención el tema que se acaba de abordar, porque exactamente nosotros nos queremos referir a uno de los problemas más serios que tenemos en el país, y el tema más serio que tenemos en el país, que es motivo de este Acuerdo que se acaba de suscribir, y que fue pactado entre grupos para tratarlo como agenda política, tiene que ver con los números que hay sobre sobrepeso y obesidad en México.

Pero exactamente el tema tiene que ver con esta reeducación, reencauzamiento que tenemos que dar a un problema de tan alta dimensión, como es el tema del sobrepeso, la obesidad, sobre todo, en población infantil.

El dato al que yo me quiero referir, es exactamente que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, y esto lo marca UNICEF, un estudio que ha entregado UNICEF, y también el dato es muy sobresaliente sobre el tema de los adolescentes y los adultos con este problema.

Creo que lo rescatable en esta agenda política pactada, es el debate sobre lo que se trató en este Acuerdo, sobre todo en el tema de escuelas de tiempo completo.

La escuela de tiempo completo hoy juega un papel fundamental. Las escuelas de tiempo completo son aquellas escuelas en las que nosotros también nos preparábamos, que eran jornadas largas, jornadas importantes de aprendizaje, pero que también llevaban implícito el tema de la alimentación, y cuando hablamos del tema de la alimentación, tiene que ver con el menú que las escuelas de tiempo completo están otorgando a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños.

Y especialmente el tema físico, la educación física que este Acuerdo que hubo entre la SEP y la Secretaría de Salud, es muy rescatable, y que es importante que los grupos parlamentarios nos pronunciemos en dos de los apartados valiosísimos.

Uno, es el tema educativo, en este nuevo modelo que tenemos; y el otro, el tema de salud, tan valioso, que fue pactado entre dos Secretarías que se han sumado para poder prevenir, atender este problema que causa muerte, pero además trae una estela muy importante de problemas de salud de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por eso, señor Presidente, nosotros saludamos con mucho gusto este Acuerdo entre estas dos Secretarías, porque no es caso menor, no es un tema menor el problema de la obesidad infantil que tenemos que atender, que se tiene que corregir, con las mejores prácticas, con la mejor propuesta, con una actitud propositiva, porque son las nuevas generaciones a las que tenemos que atender.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Diva Gastélum Bajo.

Tengo registrada a la Diputada Norma Rocío Nahle García, hasta por tres minutos,.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

Mientras el Poder Ejecutivo tiene a todo el gabinete operando en las campañas electorales, y que en eso deberíamos estar discutiendo, denunciando y tomando cartas en el asunto, vamos a tocar un tema en la agenda política, muy importante, que es la seguridad social que se ha descuidado y que, efectivamente, se ha canalizado todo en los últimos años, nada más a un uso electorero.

La seguridad social tiene como finalidad proteger y asegurar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado.

La creación de las instituciones de seguridad social, como el Seguro Social y el ISSSTE, fue una determinación de política pública de Estado, que no puede ser puesta en tela de juicio como está ahora.

Hay programas fundamentales en el campo de la seguridad social que han sido recortados indiscriminadamente en importantes rubros, como son, entre otras: pensiones mínimas garantizadas, apoyo a jubilados y pensionados, atención a la salud, suministro de medicamentos y fondo de reserva para el retiro.

Creo que todos, como legisladores y ciudadanos, debemos compartir el rechazo a este tipo de políticas que afectan a gastos sociales importantes, como los señalados, perjudicando el bienestar de millones de mexicanos. Han recortado estos programas, este acceso a la seguridad social y lo han vuelto meramente electorero.

Nuestro sistema de seguridad social está fincado en la generación de empleos y en crecimiento de salario, por su naturaleza contributiva. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje de trabajadores remunerados que cuentan con seguridad social, creció 4 puntos porcentuales entre el 2005 y el 2014 y tiene una tasa de cobertura de la población económicamente activa del 33 por ciento, es más de 30 puntos porcentuales inferior a los países más avanzados en la materia, como Uruguay, que tiene 66.8 por ciento, Costa Rica 65.5 por ciento. Casi el 70 por ciento de la población económicamente activa en México no cuenta con seguridad social.

Podemos hablar de los sistemas de pensiones que son muy importantes y que cualquier ciudadano trabaja toda su vida para retirarse con dignidad. Hoy las Afores se fueron a los mercados y es muy difícil que un trabajador recupere o tenga en su Afore una ganancia digna.

Hablamos de una política social de protección y seguridad en la vejez que no está garantizada, pese a que todos los días nos digan cosas, no está garantizada.

El programa de 60 y Más, solamente es para cierta población y no llega el apoyo en su totalidad a los adultos mayores.

El Sistema Nacional de Salud, vale señalar que nuestro país lleva tres lustros reformándolo, y si se incluye el inicio de la descentralización de la Secretaría de Salud, más de tres décadas, pues los sitios de proceso de transformación son la reforma que hubo en el Seguro Social de 1997, otras de 2003 y de 2007.

Es de resaltar que a la fecha el Sistema Nacional de Salud padece problemas críticos, como son: cobertura de aseguramiento, acceso a los servicios requeridos, sobrecarga institucional y falta de infraestructura y personal, acciones de salud pública y seguridad sanitaria y el financiamiento.

Podemos seguir hablando de ésto por más tiempo, nuestros impuestos, el impuesto de todos los mexicanos es para tres cosas: para tener salud, seguridad y educación. Y hoy los tres están prácticamente privatizados.

La mayoría de los mexicanos pagamos dinero para tener seguridad, pagamos dinero para que nuestros hijos vayan a la escuela y pagamos dinero para ir a un sistema de salud. El IMSS y el ISSSTE están saturados.

¿De eso queríamos hablar? ¿De eso era la agenda política?, mientras los Secretarios de Estado, sobre todo el de salud, andan de matraqueros en el Estado de México.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Nahle García.

Me han dado la intervención, para registrar en el Diario de los Debates, del Senador David Monreal Ávila.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Tengo registrada, como ultima oradora, a la Senadora Verónica Martínez Espinoza, y ya tengo registrados, como lo marca el Reglamento, las dos intervenciones para hechos. La primera, del Senador Fernando Mayans y la segunda, del Diputado Emilio Salazar.

Después de ello preguntaré a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Si la Asamblea así lo dispone, estará suficientemente discutido y si no, seguiré registrando oradores.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

El programa de salud en la escuela constituye un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades, conductas de riesgo, adiciones y embarazos, que fortalecerá la actividad física y la venta de alimentos saludables en las cooperativas escolares.

El programa es resultado de la reforma educativa y tiene un doble objetivo, desde las escuelas educar para la salud; es decir, que las niñas y niños conozcan los riesgos de las enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, que se puedan prevenir a través de buenos hábitos alimenticios y del deporte. Asimismo, para que puedan tener un mayor potencial, ser más libres y puedan detonar su creatividad.

Conjugan dos derechos fundamentales de la población: la salud y la educación:

El primero, como una premisa esencial para el desarrollo pleno de las capacidades, habilidades y creatividad de las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Sistema Educativo Nacional.

Para medir su eficacia y determinar qué se debe mejorar, se prevé instrumentar un programa piloto en el próximo ciclo escolar en más de mil 700 escuelas rurales y urbanas de 11 entidades federativas.

Se trata de una estrategia, cuyo pilar es educar para la salud, orientada a combatir graves padecimientos como la obesidad y la diabetes, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, que si no son atendidos a tiempo puedan causar la muerte.

Para poner en perspectiva la importancia de este nuevo programa, basta señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, el 36.3 por ciento de los adolescentes y el 72.5 por ciento de los adultos tienen sobrepeso u obesidad.

Dada la magnitud de alcance de este asunto, pues, actualmente la matrícula en educación básica asciende a 26 millones de estudiantes.

Es necesario reconocer que para avanzar en el programa es indispensable una gran alianza de autoridades educativas de salud, con maestros, padres de familia, gobernadores y profesionales de la salud.

Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección a la salud y una educación de calidad para la población.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de proteger la salud de todas las y los mexicanos como una condición de primer orden para su desarrollo pleno, así como para mejorar de manera permanente su bienestar y calidad de vida.

Recomendación: "no coman carne".

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Antes de entrar a hechos, me pide la palabra la Senadora Iris Vianey.

Dígame, Senadora, ¿con qué objeto?

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Señor Presidente, estaba yo enlistada y quiero hacer un par de comentarios.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Y era así, esta Mesa actúa siempre de buena fe.

Adelante, Senadora Iris Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Un par de comentarios respecto al tema de agenda política, que lo vemos un poco disperso, en el sentido de que es indispensable que se atiendan los temas relevantes.

Uno de ellos tiene que ver con la adquisición de medicamentos.

Desde mi escaño, en vista de que ya me había dado de baja, para puntualizar dos asuntos que considero fundamentales, que debemos destacar, y uno de ellos tiene que ver con tres preguntas que debería de estar respondiéndonos esta institución, aquí en el Senado de la República.

¿A cuánto ascienden los recursos económicos que se han ahorrado con la implementación de dichos programas, uno de ellos que acaba de mencionar mi compañera Senadora?

El segundo, tiene que ver ¿Con qué porcentaje de pacientes han respondido favorablemente a la sustitución de los medicamentos y qué porcentaje ha tenido efectos secundarios?

¿A cuántos pacientes, a cuánto asciende el costo de su atención con esta sustitución de medicamentos de estos programas?

Este es el tema de la agenda política. Por eso requerimos que comparezca ante este Senado de la República la institución en sí a aclarar puntos fundamentales que tienen que ver con la adquisición, con el cambio de medicamentos, no sólo en el tema de diabetes, sino en temas psiquiátricos, por ejemplo, que consideramos fundamentales para la vida de nuestro país, hoy en este momento y que será un tema que le estaremos dando seguimiento como la agenda política de nuestro Partido de la Revolución Democrática.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Iris Vianey.

Para hechos, el Senador Fernando Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores. Diputados federales:

Miren, aquí la salud es muy amplia, pero si no hay médicos preparados, si no tenemos jeringas, si no nos importa la salud de los mexicanos, entonces por qué venimos aquí con demagogia a decir que tenemos programas de salud. El tema de obesidad se lo achacan al tema de los refrescos básicamente.

Yo tengo cinco años, ya casi, aquí en el Senado y están machacando que el tema de los refrescos, se acordó con Hacienda que el incremento al impuesto de los refrescos iba a servir para bebederos.

¿Ya visitaron ustedes las escuelas? Yo creo que no. No hay bebederos, compañeros, no hay bebederos, el dinero no lo ha dado Hacienda, lo cobra y se lo queda para otros asuntos, pero no lo da para las escuelas.

Entonces, el problema de la obesidad en los niños sí existe, pero el problema se trata de la falta de oportunidades de ingreso de las familias con un salario de miseria, cómo quieren que se lleve una dieta adecuada, ¿cuánto vale una dieta adecuada? Si apenas sobrevive el pueblo de México con un salario de miseria.

Ese es el tema que no estamos viendo de fondo, y con eso de que los tecnócratas están ahorrando el dinero y están más contentos viéndolo en la cuenta, de que exista medicamento allá abajo. Veo que no recorren ustedes los centros de salud, están en las nubes. Hay que vivir con los pies en la tierra.

No hay médicos, no hay medicinas, no hay enfermeras, no hay jeringas, no hay soluciones, así está todo el país en el primer nivel de atención, y obviamente el Seguro Social no está cumpliendo con las expectativas.

A mí, el problema que sí me molesta, porque mi corazón no es bodega, y ustedes lo saben y me conocen muy bien, el tema de que están más preocupados por licitar temas de más 3 mil 200 millones de pesos para una seguridad con un tema internacional y los mexicanos, no tienen derecho a que se les dé el empleo para cuidar las instituciones del Seguro Social? O ¿tienen que venir también los extranjeros a cuidar las instalaciones del IMSS?

Además de que no se está cuidado el tema de los tratados internacionales, están licitando a como quieren. Miren, la licitación consolidada y tengo autoridad moral porque la licitación consolidada, el tema de la consolidación nació de un servidor, aquí en el Senado de la República, y mi estado de Tabasco fue el ejemplo de corrupción, y si se hizo así era para evitar corrupción.

El proceso de compra consolidada empieza con la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, el objetivo de la comisión es negociar el precio de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el cuadro básico.

En 2016, este primer paso tuvo un retraso en su inicio de aproximadamente dos meses, sin embargo, hicieron sesiones extraordinarias para concluir y cumplir con el cronograma virtual para iniciar el proceso de adjudicación en diciembre. Sin embargo, las licitaciones coordinadas y lideradas por el IMSS sufrieron un retraso de dos y hasta tres meses, principalmente en los medicamentos de patente y fuentes únicas.

Las consecuencias más importantes fueron el desabasto de medicamentos de patente y fuentes únicas en varios padecimientos como VIH/Sida, cáncer y enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, etcétera, incluso, el problema, no hablan aquí que la diabetes nos está matando en México, bueno, pues no hay medicina para la diabetes, y con eso de sustitución terapeuta, pues están quitando desde la insulina rápida, la insulina no sé qué, están dejando nada más una, porque ellos están muy contentos de que hay recursos, hay números en las cuentas de los bancos, pero aunque no haya medicina en los centros de salud y en los hospitales, además de poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿si esto no es salud qué cosa es?

¿Qué fue lo que se pactó hoy?, hablar sobre la seguridad social y la salud es un derecho humano o un derecho constitucional que no se está cumpliendo en el gobierno nacional.

Además de poner en riesgo la vida de los pacientes, este retraso en las terapias resulta en complicaciones en su salud, obviamente, esto se traduce en mayores gastos, o sea, ¿por qué complicaciones en pacientes ya controlados, resistencia de los medicamentos, hospitalizaciones adicionales, incapacidades? El costo para la economía del país, no lo están viendo.

Cuando hicimos la iniciativa, que aquí está atorada, porque nos dice el director del IMSS que lo que se ahorre en las compras consolidadas, que andamos hablando de 14 mil millones de pesos de ahorro en las compras consolidadas, ¿a dónde se va?, ¿en qué se gasta?

Solamente ellos saben, nosotros no, dicen unos que se van a las reservas del instituto. ¿Para qué queremos reservas si no hay medicamento para los enfermos mexicanos?

Entonces, compañeros, además les quiero decir que probablemente esta manipulación para retrasar la licitación consolidada, también pudiera ser parte de dar entrada a nuestros registros de productos genéricos a pesar de que todos y de todos los riegos y perjuicios ya mencionados.

Más claro que el agua, ahí está compañeros.

Miren, se hizo una iniciativa de innovación, no hay innovación en el país. ¿Dónde está lo de la hepatitis C, ya se aprobó; nadie tiene tratamiento para la hepatitis C?, ¿cuánto nos cuesta en el país un enfermo con hepatitis C que llega cada 15 días al hospital, una semana? Comida, lavandería, médico, enfermera, medicina. ¿Cuánto nos cuesta?

Adelante.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es que estamos en hechos.

A ver, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente si me permite hacerle una pregunta al orador.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es que en hechos no hay preguntas, Senadora.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Pero aquí estamos los cuates, no te preocupes.

Adelante.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Déjeme preguntar, como teníamos el trámite.

Al final de la segunda intervención para hechos, como lo marca el Reglamento, si está suficientemente discutido y si no la registro a usted.

Y me había pedido también otro Senador.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) No. Es solamente una pregunta para el orador.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante. Y concluya, por favor, Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, mire, entonces con todo respeto, el tema de la salud, se los juro, miren, eso del tema de la universalización de los servicios de salud, ¿qué es eso? Es atole con el dedo, quieren darnos cinco enfermedades: gripa, diarrea, urticaria, etcétera.

Cinco y compre usted un seguro de gastos médicos porque los hospitales como el grupo Ángeles, Star Médica, todos, andan tras los dineros del Seguro Popular, que no es popular, ni es seguro.

Entonces, amigos por favor, vamos a hacer algo por el pueblo que los trajo aquí, que nos trajo aquí, ¿qué les pasa?, ¿qué nos pasa?

Ya es el momento de poner un orden, y les digo que este punto de Acuerdo es muy importante, que lo pongan en el Orden del Día de la Tercera Comisión para que venga, aquí, no estamos agrediendo a nadie, ¿es un pecado pedir que venga un funcionario que, entre sus encargos tiene que venir a aclarar las cosas a un Poder Legislativo?, ¿cuál es el pecado?, ¿cuál es el error o cuál es la maldición?, si aquí lo que tienen que hacer es esa relación, que nos vengan a aclarar en qué se están gastando los dineros que no son de ellos, son del pueblo de México, ¿qué les pasa?

O sea, por eso yo a veces digo que no hay que ser cómplices de esto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Mayans, concluya, por favor.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Aquí acabo, señor Presidente. Gracias.

Miren, hemos aprobado tres leyes anticorrupción.

¡Ah! muy bonito, ¿ya se acabó la corrupción? No, no se va acabar haciendo leyes, éste es de voluntad, de ganas, de amor a México, de pasión, con leyes no se acaba.

Qué miren, vamos a invitar a fulano, que a zutano que venga, lo andan cuidando.

Por Dios, ya basta, estamos cansados, la corrupción se tiene que acabar de raíz, de fondo y por eso, con el nombramiento que ya nos llevamos más de un año platicando, lo del fiscal anticorrupción, pues tiene que ser una gente autónoma que no dependa de nadie, con toda la fuerza para acabar con este cáncer que es un problema también de salud, la corrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Por último, para hechos, el Diputado Emilio Salazar.

Y después consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Y lo hago con la autoridad moral de que yo no ando de matraquero en ningún estado, sino me dedico a mi trabajo, como legislador de tiempo completo, lo hago siempre así, pero ya aquí me confundí porque hablamos de anticorrupción, de salud, de escuelas, ya disparamos para todos lados.

Vamos a hablar de temas concretos.

Hubo una pregunta: ¿Confiarías en el médico general para que te opere? Yo creo que sí, o yo quiero ver a alguien infartándose y que llegue al médico general y que le diga, ¿eres cardiólogo o no? Entonces déjame infartarme a gusto.

Me voy a morir y ahí luego que venga un cardiólogo.

No, démosle un voto de confianza a los médicos generales que formamos porque tienen una cédula que la avala la Secretaría de Educación Pública y están preparados para atender cualquier dolencia, y hablo por ellos, no se vale descalificarlos de manera ligera, no se vale.

Dos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un segundo, por favor, Diputado.

Una disculpa. Perdón, legisladores, discúlpenme.

Cuando un Diputado, un Senador pide el micrófono, se lo tengo que dar para saber, primero qué trámite quiere hacer. Denme un minuto, por favor, conforme al Reglamento.

Dígame, Senador Mayans, denle volumen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Quiero, primero, aclarar que no estamos en un rancho, estamos en el Congreso de nuestro país, y que en este Congreso el diálogo es lo fundamental, Congreso, el Parlamento, el parlare, por si no lo entienden.

En segundo lugar, pedirle a mi amigo, que le he querido preguntar, de una vez se la hago, ¿qué profesión tiene?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No hay preguntas, estamos en hechos, discúlpeme.

Senador Mayans, discúlpeme, estamos en hechos y no hay preguntas, no ha lugar.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Ya lo quiero ver que lo opere un médico.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No ha lugar. Haga de cuenta que no.

Adelante, Diputado.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: ¿Puedo continuar, Senador?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por favor, si es tan amable.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: A ver, puede hacer las preguntas que quiera, las cuales no les contestaré, pues estoy en mi discurso, tengo mi derecho a contestar o no.

Soy contador público, soy licenciado en Administración de Empresas, soy licenciado en Derecho, pero he fundado dos escuelas de medicina, me dedico a la educación privada, he sido Delegado del ISSSTE y conozco a fondo el tema; y sí, sí me dejaría operar por un médico general, como lo he hecho, porque hay tan buenos médicos como cualquiera.

¿Por qué resulta que sólo las élites que tienen derecho a hacer una especialidad son quienes tienen derecho a una plaza de médico?, pues entonces abramos a que pueda hacer su especialidad cualquiera.

Yo lo respeté mientras usted habló, señor Senador, le pido el mismo respeto.

Entonces, abramos a que las especialidades las hagan muchos muchachos, no es un tema de presupuesto. Si hay que prepararlos, los preparemos y que lo hagan y que se especialicen, pero también demos el voto de confianza a aquellos que son médicos generales y que hacen dignamente su profesión.

¿Qué hay necesidades en el sistema de salud? Por supuesto que las hay en un país que ha quintuplicado su población en los últimos 50 años, pero también hay que decir que hay millones y millones de operaciones que hace todo el sistema de salud, no sólo el Seguro Social, pero también el ISSSTE, pero también los temas de salud estatales cada año, y lo hacen con mucho empeño y con muchas ganas.

¿Qué necesitamos más presupuesto? Por supuesto, y ahí lo invito a que construyamos juntos, más presupuesto para salud y para regularizar los temas que se requieran en ese sentido.

¿Qué más hace seguridad social? Otorgar pensiones, las pensiones son un tema financiero, por eso se crearon los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por eso son las cuentas individuales y es un tema, sobre todo, de responsabilidad de largo plazo; por eso todos los países emigran hacia ésto.

Hay que decir las cosas como son y las cosas son así.

Sólo cierro expresando mi amplia solidaridad para todos los trabajadores de la salud que todos los días, enfermeras, ayudantes, camilleros, administrativos, médicos generales, especialistas, que hacen su mayor esfuerzo.

Y también el compromiso de poder trabajar con mis compañeros para buscar mayores presupuestos.

Y un último compromiso que tengo que hacer aquí siempre, y que lo tienen para todos y lo espero siempre para mí.

Mi respeto hacia ustedes y espero el mismo siempre hacia mi persona.

Señores, muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Salazar Farías.

Dígame, Senador Mayans, ¿con qué objeto?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No hay. No lo aludió, Senador Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Cómo no, si cómo me veía.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si quiere lo registro, y voy a consultar, primero, a la Asamblea si está suficientemente discutido. Si la Asamblea dice que no, usted tendrá el uso de la palabra.

Adelante, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, muchas gracias.






Daremos turno a las proposiciones del Senador Miguel Barbosa Huerta, inscritas en nuestra agenda del día.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Por el que se exhorta a auditar y detectar la compra y venta de combustible ilícito por las gasolineras en los estados de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.








Por el que se convoca a la creación de una comisión especial bicamaral para la investigación de los hechos de corrupción relacionados con los delitos de extracción y venta ilegal de hidrocarburos. Se turna a la Primera Comisión.








Y por la que se pide al Presidente de la República a declarar tres días de luto nacional por los periodistas mexicanos asesinados. Se turna a la Primera Comisión.








Por favor denme un minutito, dele volumen por favor a la Senadora.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera solicitarle atentamente, hoy inscribí un punto de Acuerdo que tiene que ver con un exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Durango, que sea de paso a ambas instituciones, han presentado muy buena actitud hacia el tema que le presentaré.

Resulta que el día de ayer, vía un comunicado de Altos Hornos de México, comunica que retirará los trabajos de la minería el “Cerro del Mercado” en la capital del estado y retira 500 trabajadores.

Y el punto de Acuerdo tiene que ver con un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Durango, para que instalen una mesa de diálogo con Altos Hornos de México y los trabajadores, ya que esto significa un gran impacto en materia económica y laboral para el municipio de Durango.

Por eso quisiera solicitarle, señor Presidente, que turnara este punto de Acuerdo directo a comisión para que no tuviéramos que esperar la oportunidad del próximo miércoles, y quizás el próximo miércoles, por eso le haría llamado a la comisión, por la trascendencia, la necesidad de resolver este tema.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se atiende el trámite y se turna a la Tercera Comisión, con gusto, Senadora.






Les informo ahora que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener turno, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA y MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento delSenado de la Republica, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMA LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE TASA DE OPERACIONES CESÁREAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preservación de la salud materna, a través de una mejora continua en los servicios de atención en el embarazo, parto y puerperio, es considerada uno de los pilares fundamentales de la salud en los países desarrollados y democráticos, así como mejores técnicas en investigación y procesos obstétricos, que incluyen la disminución potencial de riesgos en el parto y puerperio, han consolidado a la intervención cesárea, como un método de alumbramiento seguro para las mujeres y sus hijos.

Igualmente, este procedimiento se considera una opción prudente, para algunos casos de mujeres cuya vida pudiera estar en riesgo si el alumbramiento se realiza por vía vaginal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado con preocupación que el aumento exponencial de alumbramientos realizados vía intervención cesárea pudiera representar un problema de salud pública y más aún, diversos investigadores se han pronunciado porque su aumento indiscriminado en nuestro país tiene que ver fundamentalmente con un criterio económico del sector privado, que lucra directamente con la salud y la integridad de las personas. Del mismo modo se señala que la saturación de los servicios de salud públicos en el área gineco-obstétrica en nuestro país ha provocado un aumento significativo de este tipo de intervenciones, con la finalidad de aprovechar los recursos y atender la mayor demanda posible, bajo ninguno de estos supuestos, nuestro país debe aumentar sin justificación las intervenciones cesáreas.

Antes bien, como se demostrará más adelante, es fundamental que las mujeres reciban una oportuna atención médica y psicológica respecto al embarazo y el parto, para que tengan la libre posibilidad de elegir el método de alumbramiento, siempre que se consideren las medidas necesarias de prevención, que no pongan en riesgo su vida y la de sus hijos.

A través de su portal de Internet, la OMS, publicó en el año de 2015, un comunicado de prensa donde hace referencia a lo siguiente:

La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en todo el mundo, y su frecuencia sigue aumentando, sobre todo en países de ingresos altos y medianos. Aunque permite salvar vidas humanas, a menudo se practica sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a los niños en riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. En una nueva declaración, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca lo importante que es centrarse en las necesidades de los pacientes, caso por caso, y desalienta el establecimiento de “metas” con respecto a la tasa de cesáreas.

[…]

Desde 1985, la comunidad sanitaria internacional ha considerado que la tasa “ideal” de cesáreas se encuentra entre el 10% y el 15%. Nuevos estudios revelan que el número de muertes maternas y neonatales disminuye cuando dicha tasa se acerca al 10%, pero no hay pruebas de que las tasas de mortalidad mejoren cuando se supera esa cifra del 10%.1

En consecuencia, en el mismo año la OMS, publicó en el documento WHO/RHR/15.022, la “Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea”, al tenor del lema: Debe hacerse todo lo posible para realizar cesáreas a todas las mujeres que lo necesiten en lugar de intentar alcanzar una tasa determinada. El cual establece lo siguiente:

La OMS realizó dos estudios: una revisión sistemática de los estudios disponibles en los que se pretendía determinar la tasa ideal de cesárea en un país o en una población determinados y un análisis mundial por países con los datos más recientes disponibles. Sobre la base de estos datos con métodos internacionalmente aceptados y mediante las técnicas analíticas más adecuadas, la OMS concluye lo siguiente: 

1. Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos.

2. A nivel de población, las tasas de cesárea superiores al 10% no están asociadas con una reducción en las tasas de mortalidad materna y neonatal.

3. Las cesáreas pueden provocar complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes o incluso la muerte, especialmente en los lugares que carecen de instalaciones o de capacidad para realizar cirugías de forma segura, y para tratar las complicaciones quirúrgicas. Idealmente, las cesáreas deben realizarse solo cuando son necesarias por razones médicas.

4. Debe hacerse todo lo posible para realizar cesáreas a todas las mujeres que lo necesiten en lugar de intentar alcanzar una tasa determinada.

5. No están claros los efectos que tienen las tasas de cesárea sobre otros resultados como la mortinatalidad, la morbilidad materna y perinatal, los resultados pediátricos y el bienestar psicológico o social. Se necesitan investigaciones adicionales para comprender los efectos sanitarios de las cesáreas sobre algunos resultados inmediatos y futuros.

Es de resaltar que el documento en su exposición refiere que si bien es cierto que la cesárea es justificada desde el punto de vista médico para prevenir la muerte materna y del neonato, no existe una evidencia significativa que el alumbramiento por esta vía mejore la salud materna y del neonato. Más aún refiere que los efectos de la cirugía permanecen en la madre por muchos años y representan un riesgo para futuros embarazos. Adicionalmente señala que:

La proporción de cesáreas a nivel de población es una medida del nivel de acceso a esta intervención y de su uso. Puede funcionar como guía para que los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas evalúen los avances en la salud maternoinfantil y controlen la atención obstétrica de emergencia y la utilización de los recursos. En los últimos años, los gobiernos y los profesionales de la salud han expresado su preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud maternoinfantil). El costo es también un factor importante en el acceso equitativo a la atención materna y neonatal, ya que las cesáreas representan un gasto significativo para los sistemas sanitarios ya de por sí sobrecargados e incluso debilitados.3

Finalmente, la Declaración insta a que los Países utilicen el sistema de clasificación de Robson, como un estándar para evaluar y comparar las tasas de cesárea, con la finalidad de establecer un sistema de seguimiento comparable en una línea de tiempo. Así mismo la OMS se compromete a desarrollar una guía de uso, implementación e interpretación del sistema en comento con la finalidad de su mejor práctica y aplicación en los países que convengan utilizarlo.

Al abordar la problemática nacional, la primera referencia de la autoridad, es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su reactivo de 2012, el cual a manera de introducción y en armonía con los intereses que persigue la Exposición de Motivos, dice:

En las últimas décadas en México se ha registrado un incremento de dicha práctica [intervención cesárea] que supera con mucho el límite máximo recomendado por indicación médica. Este aumento no ha producido ningún beneficio global para el bebé o la madre, pero sí está vinculado con una mayor morbimortalidad para ambos (doble riesgo de morbilidad materna grave y de mortalidad materna y doble riesgo de obtener pobres resultados fetales), así como con un mayor número de partos pretérmino y muerte neonatal y con acretismo placentario en el embarazo subsiguiente en aquellas mujeres con antecedente de cesárea. 

Diversas razones están asociadas a las cesáreas innecesarias, entre las más mencionadas por la literatura están: el tratamiento asociado al mal uso de diferentes intervenciones médicas (como por ejemplo, uso de oxitocina en la primera etapa del trabajo de parto [TP], monitorización electrónica fetal de rutina, ruptura artificial de membranas antes del TP activo); el concepto erróneo que prevalece entre los médicos sobre el hecho de que una cesárea forzosamente predice una cesárea subsecuente, información sesgada otorgada a las mujeres sobre los beneficios del parto vaginal y riesgos que conllevan las cesáreas, falta de preparación y desarrollo de habilidades del personal de salud para ejecutar partos instrumentales con fórceps o ventosa, afán de lucro de los proveedores, incentivos económicos relacionados con las aseguradoras, y comodidad para personal médico y usuarias.4

La medición estadística proporcionada por la ENSANUT 2012, arroja los siguientes resultados:

• De acuerdo con lo reportado por las mujeres que participaron en la ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012, ha habido un incremento de 50.3% de esta práctica en doce años (p<0.001), al pasar de 30.0 a 45.1%

• Por otro lado, la práctica de la cesárea por tipo de sector de también se incrementó de 2000 a 2012 (p<0.01) en 33.7% en el sector público (de 30.6 a 40.9%) y en 60.4% en el privado (de 43.4 a 69.6%), con lo que se amplía la brecha entre los sectores a través del tiempo. 

• La información reportada por las mujeres de 2000 a 2012 sobre el lugar donde atendieron el parto de su último hijo nacido vivo, muestra un aumento en el número de cesáreas en todas las instituciones de salud, pero esto es más marcado para el ISSSTE/ISSSTE Estatal (43 y 68%, respectivamente) y el sector privado (hospitales, clínicas y consultorios) (43 y 70%, respectivamente). Adicionalmente, en 2012 la mayor proporción de cesáreas programadas se efectuaron en este último ámbito (39.6 vs. 15.6%). 

• Tomando en consideración la información de la ENSANUT 2012 sobre el orden de nacimiento de los partos ocurridos de 2007 a 2012, se observa una tendencia mayor de realización de cesárea cuando el parto es el primero o el segundo (50.5 y 51.2%, respectivamente) propensión que disminuye a partir del tercero (43.9%) al sexto y más nacimientos (22.7%) (p<0.001).

• Este comportamiento se acentúa en las mujeres de 20 años de edad en adelante (p<0.001), de modo que las de 35 o más años de edad tienen porcentajes extremadamente elevados de realización de este procedimiento quirúrgico, sobre todo cuando el orden de nacimiento es el primero o segundo (90.7 y 72.5%, respectivamente)5

Lo anterior revela un alarmante índice de cesáreas, que se ubicaba en 2012 en el 45%, con una tendencia ascendente, lo cual podría situar a México en las siguientes décadas en un índice superior al 60%, muy por encima del tope recomendado por la OMS, en su Declaración antes citada. El aumento en las cesáreas en México es multifactorial y de acuerdo con el artículo “Cesáreas: Tendencias y Resultados”6, se pueden agrupar en tres conjuntos, las características maternas, práctica obstétrica y factores institucionales o económicos.

1.- Características Maternas: Los autores señalan como principales factores asociados a este conjunto, la edad de materna y su relación con los hijos deseados7. Se destaca que los nacimientos en edad gestacional entre 29 y 36 semanas tienen una probabilidad del 57% de ocurrir por cesárea, indicador que se reduce al 33% en la edad gestacional entre 37 y 42 semanas. Las mujeres primigenias tienen una mayor proporción de parto por cesárea (43.3%), lo cual disminuye a partir del segundo hijo (27.5%)8.

Igualmente señalan el miedo al dolor en el parto y una comodidad derivada del nivel socioeconómico, lo cuál de acuerdo al estudio, señala una relación proporcional entre los niveles socioeconómicos y la preferencia por el parto quirúrgico sin dolor, al parto vaginal, donde incluso intervienen la preocupación por mantener la función sexual en los primeros meses post parto o los riesgos de sufrir incontinencias en los esfínteres.

Igualmente, el estudio aborda una serie de encuestas realizadas principalmente en países desarrollados, de donde se puede deducir una información inexacta sobre los beneficios y riesgos de la cesárea y el escaso acompañamiento e información médica, durante el embarazo y en el momento de la elección del método de alumbramiento, ahondando en el asunto se lee:

El debate ético sobre si la madre puede elegir un parto por cesárea sin indicación médica aún no ha alcanzado una posición ética definida. Sin embargo, cuando las madres solicitan la cesárea electiva en un embarazo sin complicaciones tradicionalmente se ha considerado inapropiado; pero las opiniones pueden cambiar: un estudio llevado a cabo a mediados de los 90 concluyó que la cesárea profiláctica a petición de la madre ya no puede ser considerada clínicamente injustificada, y debe formar parte de la práctica médica aceptada.9

[…]

Para hacer frente a la controversia sobre si es adecuado que la madre solicite una cesárea sin indicaciones clínicas, los institutos nacionales de salud de los EUA convocaron en marzo de 2006, a una conferencia para revisar las evidencias disponibles, a favor y en contra, sobre la realización de la cesárea a petición de la madre. Después de una revisión sistemática de la información disponible, encontraron que a pesar de que no hay pruebas suficientes para evaluar plenamente los beneficios y riesgos de la cesárea a petición de la madre, en comparación con el parto vaginal planificado, hay cuatro factores que se deben de tomar en cuenta antes de realizar una cesárea, en comparación con el parto vaginal, los cuales son: 1) disminuye la hemorragia materna, 2) aumenta los problemas respiratorios del neonato, 3) aumenta las complicaciones mayores en embarazos subsecuentes y 4) provoca una mayor estancia hospitalaria para la madre.10

Lo anterior señala como un factor importante dentro de este conjunto la ausencia de información adecuada a la madre y quizá la familia, sobre los riesgos y beneficios del parto vaginal contra la cesárea, e incluso el destierro en base a evidencia médica sobre algunos aspectos negativos en la salud de la madre, después del parto vaginal, como los que se han descrito con anterioridad.

2.- Práctica Obstétrica: Aunque la evidencia es débil se señala que una mujer obstetra es más proclive de efectuar una cesárea (12%), en relación a su par varón, sin embargo, este dato no puede ser tomado como fiable, pues coexisten en la práctica médica una serie de factores mayormente preponderantes que el género del obstetra, incluso otros asociados con la edad, la experiencia profesional y la disponibilidad de los recursos, aunque se señala, que uno de los principales mitos al interior de la comunidad médica es que la cesárea es mucho más segura para el recién nacido y más cómoda para la madre, sin embargo no se cuenta con una evidencia científica sobre esta premisa, igualmente una encuesta, realizada entre médicos obstetras, citada por el estudio11 señala, que una tercera parte de ellos, considera que las tasas actuales de cesáreas son elevadas. Más aún, se puede ubicar una preferencia por la cesárea, en el sector médico a nivel mundial, proporcional a los niveles socioeconómicos de la madre y sobre todo un desequilibrio de poder entre médico y paciente, de tal forma que:

El contexto psicosocial de la atención obstétrica revela un desequilibrio de poder entre el paciente y su médico en la elección de la vía de nacimiento a favor de los médicos. Las interacciones entre la mujer y su médico, así como el contexto de la atención deben de ser interpretados con cautela, ya que son factores que no suelen tomarse en cuenta al momento de que se ofrece la vía de resolución del embarazo. El proveedor de atención primaria de salud debe asegurarse de que las mujeres y sus parejas tengan una comprensión completa de los riesgos, beneficios, alternativas y enfoques de la intervención propuesta. La información completa y precisa permite a las mujeres elegir lo que es mejor para ellas y sus bebés, con base en la situación clínica individual. Idealmente, la discusión de estos puntos debe tener lugar durante el periodo prenatal, cuando hay una amplia oportunidad de hacer preguntas y reflexionar sobre las posibles consecuencias, así como consultar al esposo y a otros miembros de la familia.12

3. Factores Sociales e Institucionales: Para los autores, existe una relación importante entre la evolución histórica de las políticas públicas en materia de salud y la legislación y sobre todo el aumento por los litigios de mala praxis médica. Igualmente se relaciona como se ha descrito la preferencia de la cesárea en países desarrollados y aun su prevalencia en clases con niveles socioeconómicos mayores, aun en naciones en vías de desarrollo, puntualmente se señala que:

En las pacientes con seguridad social se observa un mayor porcentaje de cesáreas. En México, durante el año 2009 existió un 12% más de cesáreas e pacientes derechohabientes respecto a las mujeres atendidas en los hospitales de la Secretaría de Salud (SS). En contraste, en África, el porcentaje de centros en los que se pueden realizar cesáreas es de 7.5%, y en regiones de la India dos tercios de los centros que brindan atención obstétrica no pueden realizar una cesárea, ya sea por falta de quirófano, instrumental quirúrgico, cirujanos o anestesiólogos, lo que provoca que en estas regiones se encuentren tasas de nacimientos por vía abdominal menores al 5%.13

[…]

En México, los porcentajes de partos por cesárea también varían según la institución. Durante el 2007los hospitales de PEMEX informaron que el 63% de sus nacimientos fueron por cesárea, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su área de atención a la población semi-derechohabiente (Programa Oportunidades), la proporción de nacimiento por cesárea fue del 20%. Varias razones podrían aducirse para explicar esta situación; según González y su grupo, [cita del autor]  sin duda, la atención de las políticas de cada institución desempeña un papel importante, por ejemplo, con información del IMSS y del ISSSTE las mujeres tienen una alta proporción de atención prenatal desde una edad gestacional temprana. Esto implica una mayor participación de médicos en la atención de la mujer al inicio del embarazo, así como de médicos quedan seguimiento al embarazo y deciden cómo debe terminar. Por el contrario, en la SS que beneficia a las personas sin seguridad social bajo un esquema de demanda libre, muchas mujeres acuden a las instalaciones médicas sólo para la atención del nacimiento, en muchas ocasiones como una emergencia, sin que haya habido una evaluación médica prenatal previa. En otras palabras, las cesáreas en el IMSS y el ISSSTE suelen ser preprogramadas, algo que no ocurre a menudo en los hospitales de la SS.

Es igualmente visible, la tendencia socioeconómica en México, sobre los partos por cesárea, una de las poblaciones con mayores ingresos, aún en trabajos de baja cualificación son los trabajadores y las trabajadoras de PEMEX, donde el 63%, una tasa elevadamente alta, de los partos ocurren por cesárea.

El aumento de la tasa de cesáreas contra el parto vaginal, en nuestro país, tiene diversos antecedentes, para exponer el hecho, se citan a continuación los artículos El parto en México, reflexiones para tu atención integral14, y Evolución del nacimiento por cesárea: El Caso México15.

La cesárea originalmente era un proceso de último recurso que tenía como fin recuperar el feto del vientre de la madre fallecida, con el paso de la Historia y la evolución de la tecnología y la praxis médica, se modificaron las condiciones de la cesárea, principalmente el desarrollo de la asepsia, la invención de la anestesia, la mejora en los procesos de sutura y el uso de antibióticos, la hicieron una práctica segura y confiable en la obstetricia moderna.16 Se ha detectado que a partir de 1990, los partos por cesárea se realizaron indiscriminadamente, sin considerar la ausencia de riesgos en el parto vaginal; sobre todo en sectores sociales con mayores ingresos, principalmente atendidos en el sector privado.17 Lo cual incrementó de forma importante el número de partos por cesárea, en el caso de México con la finalidad de disminuir este impacto, se promulgó en 1993, la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, la cual tiene su correspondiente actualización para el año de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, bajo el nombre: Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.18, en dicho instrumento se percibe una acción de alcance para reducir los nacimientos por cesárea innecesarios, de tal forma se establece que:

5.5 Atención del parto.

5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto. En especial, en mujeres primigestas, se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo.

Igualmente supone la referencia del documento titulado Reducción de la Frecuencia de la Operación Cesárea, Evidencias y Recomendaciones.19, la cual enlista una serie de prácticas y recomendaciones destinadas al personal de salud, empero de acuerdo con un modelo matemático, considera que los partos por cesárea irán en aumento si no somos capaces de reconstruir las acciones en materia de salud pública20, alcanzando quizá en 2020 el 60% del total de nacimientos.

La falta de información a las mujeres sobre todo quienes solicitan a voluntad propia la cesárea, en base a la morbilidad, riesgos y complicaciones derivadas de dicha intervención, es uno de los principales factores, haciendo proclive un escenario no favorable y vulnerable de sus derechos, privilegiando hechos tales como programar específicamente el nacimiento, reduciendo el dolor del parto. Sin embargo, sin la información adecuada y razonada, este acto no puede considerarse como una libre elección por parte de la mujer y así mismo mantener el poder de la decisión en el médico.21

Más aún si el procedimiento no se realiza por indicación médica justificada puede presentar más riesgos para ambos. Precisamente es el abuso generalizado de esta técnica lo que ha hecho que se la incluya en la definición de violencia obstétrica.22

De acuerdo con la misma autora, y citando su trabajo, se tiene la siguiente conclusión:

Si los diagnósticos para la realización de una cesárea no son acertados y si existen una serie de prácticas que podrían limitar el uso de cesáreas, ¿qué está pasando en México para que cada año el número de cesáreas aumente hasta llegar a ser similar al de partos? Roberto Castro (2014) lleva 25 años estudiando la situación de violencia obstétrica en México. Para este sociólogo son varios los hechos denunciables en este campo. Según los datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el mayor número de quejas presentadas se encuentra en la rama de gineco-obstetricia, de las cuales el 46,3% está relacionado con nacimientos por cesárea. Para Castro se han proporcionado en la literatura sobre violencia obstétrica dos grandes explicaciones: las difíciles condiciones de trabajo del personal que trabaja en las instituciones de salud y la falta de formación ética del personal médico, que se resume en humanizar tanto a los médicos como a la atención que brindan. Se trata de una crisis de valores presente en la medicina actual, en la que se justifica el maltrato a las mujeres (Castro, 2014, 169-170). Según Castro, se trata de la presencia de un habitus médico que “se gesta en las facultades de medicina y que se consolida durante los años de especialización en los hospitales, y la relación autoritaria que los médicos propenden a establecer con las mujeres durante la atención del parto” (ibíd.). Es decir, la ética médica constituye un problema de base universitaria que se consolida y se perpetúa durante toda la práctica profesional.23

En definitiva, el incremento de las cesáreas en México es una muestra más de un proceso generalizado de medicalización de la maternidad, en el cual el respeto a los procesos fisiológicos queda relegado a un segundo paso. Ello se manifiesta también en el proceso de fecundación, por ejemplo, a través de las fuertes campañas anticonceptivas para reducir la fecundidad; o en la patologización del embarazo, presentándose como enfermedad en lugar de como proceso fisiológico; y, por supuesto, en el incremento de cesáreas en detrimento del parto vaginal o la negación de la lactancia materna, fomentando aún desde algunos hospitales el uso de leches artificiales. Este hecho se vuelve más evidente, de nuevo, según subimos de clase social, dando un paso más desde la medicalización de la maternidad hasta una abierta mercantilización de la misma.24

Ahora bien, de acuerdo al informe del Grupo de Información de Reproducción Elegida, titulado Violencia Obstétrica: Un enfoque de Derechos Humanos25, señala como una práctica de violencia obstétrica contra las mujeres es precisamente realizar una intervención cesárea cuando existen las posibilidades de un parto vaginal sin riesgo.

Personas expertas en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un lado, la física, que se con gura cuando se realizan prácticas invasivas y suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho públicos una serie de lineamientos que ha clasificado como:

1. Prácticas evidentemente útiles, que tendrían que ser promovidas.

2. Prácticas claramente perjudiciales o ineficaces, que habría que eliminar.

3. Prácticas sobre las que no existe una clara evidencia para fomentarlas y que deberían usarse con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema.

4. Prácticas que con frecuencia se utilizan inadecuadamente. Entre las prácticas recomendadas destacan, entre otras: no hacer intervenciones médicas innecesarias, es decir no hacer episiotomía, rasurado, monitoreo fetal y enema como prácticas de rutina; restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia; mantener la tasa de cesáreas recomendada por la OMS: máximo entre 10 y 15% de los nacimientos.26

Diversas Iniciativas han pretendido reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar el concepto de Violencia Obstétrica, las cuales están siguiendo su curso Constitucional e Institucional dentro del Poder Legislativo, en particular se cita la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en comento, suscrita por la promovente, presentada ante el Pleno del Senado de la República el día 11 de abril de 2016, la cual pretende adicionar el concepto de Violencia Obstétrica de la siguiente forma:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I - V....

VI.- Violencia Obstétrica: Toda aquella acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto y puerperio; expresado en un trato cruel o inhumano hacia las mujeres y/o un abuso de medicalización de los procesos naturales, que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, así́ como del alumbramiento y el nacimiento. 27

Es el interés de la Iniciativa, el adicionar dos acciones que permitan la reducción de las intervenciones cesáreas, cuando las condiciones naturales del parto vaginal pueden cumplirse sin necesidad de dicha intervención, incorporando lo siguiente:

• Adicionar en la Ley General de Salud, como parte de los servicios médicos a los que las mujeres embarazadas tienen derecho, la información oportuna respecto a los riesgos y beneficios de la intervención cesárea y el derecho a la libre elección de su forma de alumbramiento.

• Adicionar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la obligación expresa del personal del Sector Salud, de evitar la coerción y la desinformación respecto al proceso de parto, que tenga como consecuencia la realización de una intervención cesárea no justificada.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la iniciativa propuesta:

Ley General de Salud

Iniciativa

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

Sin Correlativo

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

I Ter. La información oportuna y veraz sobre la elección del procedimiento de parto, asegurando su libre decisión y la comprensión sobre los riesgos y beneficios de la misma.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Iniciativa

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I - X…

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

Sin Correlativo

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I - X…

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

XI. Bis. Promover la información relativa a la elección del método de parto, asegurando una decisión libre y consensuada entre el médico y la paciente, evitando cualquier forma de coerción o engaño.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se adiciona la fracción I Ter del artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

I Ter. La información oportuna y veraz sobre la elección del procedimiento de parto, asegurando su libre decisión y la comprensión sobre los riesgos y beneficios de la misma…

Segundo.- Se adiciona la fracción XI Bis del artículo 46 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I - X…

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

XI Bis. Promover la información relativa a la elección del método de parto, asegurando una decisión libre y consensuada entre el médico y la paciente, evitando cualquier forma de coerción o engaño.

TRANSITORIO:

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 Enlace disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesarean-sections/es/

2 Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea, OMS, 2015, WHO/RHR/15.02, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Ginebra, Suiza.

3 Ibíd.

4 Suárez, L., et al.,Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Evidencia para la política pública en salud: “Elevada recurrencia a las cesáreas: revertir la tendencia y mejorar la calidad en el parto”, Instituto Nacional de Salud Pública, 2012, pp. 1-4, México, D.F.

5 Ibíd.

6 Ruíz-Sánchez, J., et al, Cesárea: Tendencias y Resultados; Perinatología y Reproducción Humana, Vol. 28, No. 1, 2013, pp. 33-40, México.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 Ibíd.

10 Ibíd.

11 Ibíd.

12 Ibíd.

13 Ibíd.

14 García Vázquez, I., S.E. Moncayo Cuagliotti, y B. Sánchez Trocino, (2012), “El parto en México, reflexiones para su atención integral, Ide@as CONOCYTEG, vol. 7 (84), pp 811 – 844.

15 García Alonso, M.E., (2015), “Evolución del nacimiento por cesárea: El caso México”, Dilemata, vol. 7 (18) pp. 27-43.

16 García Vázquez, I., S.E. Moncayo Cuagliotti, y B. Sánchez Trocino, (2012), “El parto en México, reflexiones para su atención integral, Ide@as CONOCYTEG, vol. 7 (84), pp 811 – 844.

17 Ibíd.

18 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. DOF: 7-04-2016.

19 Guía de Práctica Clínica para la Reducción de la Frecuencia de Operación Cesárea México: Instituto Mexicano de Seguro social; 2014.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/048_GPC_Cesarea/IMSS_048_08_EyR.pdf

20 García Alonso, M.E., (2015), “Evolución del nacimiento por cesárea: El caso México”, Dilemata, vol. 7 (18) pp. 27-43.

21 García Vázquez, I., S.E. Moncayo Cuagliotti, y B. Sánchez Trocino, (2012), “El parto en México, reflexiones para su atención integral, Ide@as CONOCYTEG, vol. 7 (84), pp 811 – 844.

22 García Alonso, M.E., (2015), “Evolución del nacimiento por cesárea: El caso México”, Dilemata, vol. 7 (18) pp. 27-43.

23 Ibíd.

24 Ibíd.

25 Violencia Obstétrica un enfoque de Derechos Humanos, Grupo de Información de Reproducción Elegida, 2015, México. Pp. 104. Enlace disponible en: https://gire.org.mx/wp-
content/uploads/2016/07/informeviolenciaobstetrica2015.pdf

26 Ibíd.

27 Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, suscrita por Sen. Yolanda de la Torre Valdez y colegas, Gaceta Parlamentaria 11 de abril de 2016, disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/04/asun_3360811_20160414_1460472795.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, así como por los artículos 164, 169, 172 y demás del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 Y EL ACTUAL TERCERO SE RECORRE PARA PASAR A SER EL CUARTO PÁRRAFO Y SUBSECUENTE DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En últimas fechas los accidentes automovilísticos con motivo de conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga han tomado relevancia, es decir, ya no son noticia del otro día, sino que cualquier accidente por más simple que sea, es visto casi al momento en que ocurren, gracias a las redes sociales.

Guiar un vehículo implica realizar una actividad lícita, sin embargo, aunque en materia de transportes, el riesgo que engendra dicho manejo es conocido, tolerado y aceptado por el Estado, sólo puede atribuirse responsabilidad culposa cuando se han abandonado las precauciones normalmente tomadas con relación a esta actividad y que, como consecuencia de ello, se cause daño.

El reconocimiento de un delito culposo se funda en la consideración de que todo hombre tiene el deber de obrar con la adecuada diligencia o cuidado, para que, con su conducta no cause daños a los demás integrantes de la sociedad.

En atención al último documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud, en 2013, México ocupaba el séptimo lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, según este estudio, “24 mil personas mueren al año en nuestro país en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol”.

Ahora bien, en las entidades federativas de nuestro país, se ha implantado programas y operativos de diversa índole con la finalidad de aminorar los homicidios imprudenciales cometidos por conductores bajo el influjo del alcohol (alcoholímetro,1 inter alia), con resultados positivos. Algunos de esos programas u operativos que la autoridad ha implementado, consisten en restringir los horarios de funcionamiento de los centros de diversión o bares, hasta las tres de la mañana, y la autorización para vender alcohol hasta una o dos horas antes de cerrar, esto es, a la una o dos de la madrugada; ello con la finalidad de permitir que los consumidores recurrentes a este tipo de centros, permanezcan en los mismos sin continuar consumiendo bebidas alcohólicas; así, una vez que se retiren del establecimiento, su estado de conciencia, les permita llegar con bien a sus lugares de habitación, por cualquier medio de transporte, y que por ello no se ponga en peligro tanto a los bienes materiales, como a la integridad física de los integrantes de la sociedad, incluso, algunos otros conductores haciendo uso de las redes sociales esquivan el alcoholímetro gracias a la información en Twitter, creyéndose muy astutos.

Por señalar algunos de los casos recientes que más ha llamado la atención de la sociedad y lesionado a sus integrantes, es el de “el BMW”, en Paseo de la Reforma, en el que, por el actuar imprudente de su conductor, fallecieron cuatro personas, dañando de esa manera el bien jurídico protegido de mayor valía que es la vida de las cuatro personas que “no conducían” el vehículo, siendo su conductor el único que sobrevivió; hecho que tocó fibras sensibles en todos los integrantes de la sociedad, quienes de alguna manera potencialmente somos susceptibles de vernos involucrados en una situación como la que se comenta.

Es del conocimiento público que, aun cuando, un buen número de personas son detenidas y enviadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (torito),2 otras logran evadir los operativos “antialcohol” en sus puntos de revisión; cuando lo que se tiene que tener en cuenta es, el riesgo que implica manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, más aún abordar el vehículo conducido por un conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, el cual, aunque es un despropósito, es uno que los integrantes de la sociedad no obstante las sanciones establecidas, tanto de carácter administrativo como penal cometen de manera recurrente.

Es por eso que, debemos hacer conciencia del peligro que conlleva no sólo para el conductor y sus acompañantes, sino para otros conductores y peatones, inclusive, para los agentes de la autoridad y auxiliares encargados de los puestos de revisión, respecto de conductores ebrios o que bajo el influjo de alguna droga no quieren ser sometidos a dicha revisión, en la intención de evadirlos.

Las anteriores situaciones se han dado al interior de las ciudades, pero que decir con lo que ocurre en las carreteras federales de todo el país, en donde miles de ciudadanos, por diversos motivos se trasladan y confían su vida e integridad personal en los conductores de los vehículos que ya sea de manera personal o con motivo del servicio que prestan, hacen uso de esas vías, que no obstante ese solo hecho ya constituye una situación de riesgo, este se incrementa cuando lo hacen en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna droga; por ello, es necesario se tomen medidas además de las existentes, que tratándose de los delitos culposos, se inhiban esas conductas de riesgo, que tanto afectan a la sociedad, a fin de que las personas que se ubiquen en esa calidad, se les sancione severamente, no solo con la suspensión temporal de la licencia para conducir, sino con la suspensión definitiva de esa licencia, porque no obstante la primera, ésta no ha logrado inhibir ese tipo de conductas ni reducir el daño que se causa a la sociedad, por el contrario lo ha incrementado.

Por tanto, si el inculpado abandona esas precauciones, es evidente que incrementa el riesgo que la falta de precaución, previsión, reflexión y la violación al deber de cuidado en la conducción de un vehículo automotor que por elemental prudencia se aconseja hacerlo con la debida atención a fin de evitar cualquier conducta que atente contra terceros o contra uno mismo, dando lugar a conductas culposas, cuanto más en un estado de conciencia que le permita no sólo realizar una conducción prudente, sino que además hacer frente a la situaciones que en cualquier momento se le puedan presentar en la conducción de vehículos, tomando en cuenta el bien jurídico protegido por la norma penal consistente en la vida.

En esa tesitura resulta apremiante adicionar en la aplicación de sanciones a los delitos culposos en el Código Penal Federal, que, tratándose de conductores en estado de embriaguez o bajo influjo de alguna droga les sea suspendida definitivamente la licencia de conducir, esto independientemente de la sanción que le corresponda por la privación de la vida que haya causado.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 Y EL ACTUAL TERCERO SE RECORRE PARA PASAR A SER EL CUARTO PÁRRAFO Y SUBSECUENTE DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 60 y el actual o pasar a ser el cuarto párrafo y subsecuente del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de tres años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.

Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código.

Cuando el homicidio se cometa culposamente con motivo del tránsito de vehículos y el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo influjo de alguna droga, se impondrá además de las penas previstas en el párrafo primero del presente artículo, la suspensión definitiva de la licencia para conducir.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, se caucen homicidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá cuando se trate de transporte de servicio escolar.

La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52, y las especiales siguientes:

I.- La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó;

II.- El deber del cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe le impongan;

III.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;

IV.- Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios, y

V.- El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas transportadoras, y en general, por conductores de vehículos.

VI.- (Se deroga).

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 Con relación a lo anterior, se han implementado los operativos llamados “Conduce sin Alcohol”, también conocido como “alcoholímetro” que funcionan de las veintidós horas a las cuatro de la mañana, los cuales son colocados en puntos estratégicos de las ciudades con la finalidad  de determinar si una persona  excedió el nivel de alcohol de 0.40 mg/L en el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, el alcoholímetro, es un aparato que sirve para determinar si una persona se excedió en la bebida, este aparato determina la concentración de alcohol en el organismo, esto se usa como una medida de prevención de accidentes de tránsito, así poder detener a aquellas conductores que manejan bajo los influjos del alcohol, personas que en muchas ocasiones cuando son bajados de su automóvil apenas pueden mantenerse en pie.

2 Recibe el apode de “Torito” ya que se construyó en el terreno que previamente ocupaba el rastro de Tacuba. Tiene una capacidad para 124 personas, 72 hombres y 52 mujeres. Las mujeres tienen un espacio separado que se conoce popularmente como “La Vaquita”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 85, 202 Y 262 Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 202 BIS Y 263 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federa integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Las Naciones Unidas ha adoptado el 20 de noviembre como el día Universal del Niño; coincidiendo en fecha con la adopción de la Declaración Universal del Niño en el año de 1959 y con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. En México celebramos el Día del Niño y la Niña cada 30 de abril.

Esta festividad tiene sus orígenes en la resolución 836 (IX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1954, de acuerdo con el documento y “considerando el interés creciente de los Estados y los pueblos por que se observen mejor los derechos de la madre y del niño (...)”1la Asamblea General recomienda que a partir de 1956, se instituya en todos los países un Día Universal del Niño y para realizar actividades tendientes a la promoción del bienestar de los niños y en su resolutivo segundo sugiere a los gobiernos de los Estados que celebran el día universal del niño en fecha y forma que cada uno estime conveniente.

En nuestro país, es una fecha en la que los menores conviven con sus compañeros y compañeras, hay gran festividad en las escuelas y los gobiernos: dulces, música, regalos y actividades culturales y deportivas forman parte de esta festividad.

No obstante, que esta fecha sirva como un día de júbilo entre los menores e impulsar la sana convivencia, los tomadores de decisiones no debemos olvidar que el objetivo de este día, tal y como lo expresa la propia ONU es y debe de ser la promoción del bienestar de la infancia, establecido en leyes internacionales que, como la Declaración Universal señala que:

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño”2

Al respecto, y con la convicción de reafirmar el compromiso del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y como Diputada Federal, en el marco de la celebración del Día de Niño, atendiendo en todo momento al interés superior del menor, presento a esta soberanía el siguiente paquete de reformas al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales con el objetivo de incrementar las sanciones para que ningún pederasta salga en libertad tras el pago de una suma de dinero.

2.- El 27 de marzo de 2007 se publicó en el DOF el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil; logrando la incorporación al sistema jurídico una serie de reglas punitivas para castigar las conductas que atenten contra el libre desarrollo personal de los menores, en lo relacionado con la violencia sexual.

En palabras de la Comisión Dictaminadora, los legisladores “coinciden en que es indispensable garantizar a las niñas, los niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, que le aseguren un desarrollo pleno e integral, como oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Que no puede concebirse un orden y equilibrio en la sociedad, sin un desarrollo adecuado de nuestros jóvenes y niños, del pleno conocimiento de sus deberes, pero también de sus derechos, a fin de garantizar, su adaptación a la sociedad”.3

De acuerdo con el proyecto de dictamen, en el año 2000, había alrededor de 16 mil niñas y niños sujetos a explotación sexual, destacando la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con 2,500 casos, y las ciudades de Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún, Guadalajara y Tapachula con 4,600 menores en esta situación, y 8,900 en el resto del país. Sobre estas cifras, habría que acotar que la mayoría se basan en casos reportados por la prensa y no en una investigación exhaustiva, por lo que podría estarse subestimando el número, tomando en cuenta que una de las características de este problema es la clandestinidad.4

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas indicó que en México, cada año son violentados 600 mil delitos sexuales menores de edad; nueve de cada 10 víctimas son mujeres, y cuatro de cada 10 casos son menores de 15 años. La mitad de los delitos son cometidos en el hogar de la víctima y en 60 por ciento de ellos son perpetrados por personas conocidas.5

3.- De acuerdo a los datos duros, la incorporación de las reformas del 2007 no han contribuido a resolver la problemática de fondo, es multifactorial, se necesita la articulación y la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno para dar resultados tangibles a favor de las y los menores de edad.

Para erradicar la violencia sexual contra los primeros es hacer visible la problemática, como ciudadanos -y tomadores de decisiones- tenemos la obligación de nombrarla, de visibilizar la problemática, de decirle a los niños y a las niñas que son los únicos que dueños de su cuerpo; que hay una diferencia entre el contacto afectuoso y la diferencia entre el tacto lascivo.

Es necesario fomentar la cultura de la información y también de la denuncia. Sin duda alguna, proteger a nuestros niños y niñas procurando su desarrollo psicosocial y sexual de forma integral, hará de las generaciones futuras, una sociedad más sana. El 80% de los casos de abuso infantil, deja secuelas para toda la vida.

4.- Pero como legisladores y legisladoras nuestra responsabilidad es mayor, debemos asegurar la suficiencia presupuestaria para el combate de los delitos sexuales contra menores, exigir que los ejecutores de políticas públicas rindan información veraz y oportuna respecto de las acciones tomadas para el combatir a los criminales y fortalecer el marco regulatorio para que los delitos cometidos, no queden impunes y que las penas, no sean canjeables por una cantidad de dinero.

En México, si la media de la pena mayor entre la menor es de 5 años o menos, la normatividad permite al imputado a llevar un proceso jurisdiccional abreviado sin privación de libertad, en términos ciudadanos, alcanza fianza, tal es el caso de los  artículos 202, 202 bis, 261 y 262 del código penal federal.

No obstante, el artículo 167 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula que los delitos previstos en el Código Penal en los artículos 201, 202, 203, 203 Bis y 209 Bi ameritan prisión preventiva oficiosa, sin embargo, los delitos establecidos en los artículos 202 BIS, 261 y 262 quedan excluidos de esta disposición normativa.

 A continuación presento una tabla que describe el contenido de los preceptos legales referidos y de los cuales haré algunas consideraciones y propondré modificaciones con el fin de salvaguardar el interés superior del menor:

Artículo

Contenido

202 bis

Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.

261

A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

262

Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.

Artículo 202 BIS del Código Penal.- Cuando hablamos de teoría económica el principal postulado para iniciar un proceso de producción es la existencia de una necesidad. Si existe la necesidad de consumo de un bien o servicio, existirá una persona física o moral dispuesta a producir el bien o servicio para satisfacer la demanda; así se empieza a construir un complejo entramado entre las leyes de la oferta y la demanda y la autorregulación del mercado.

Cuando hablamos de pornografía de menores sucede algo parecido. Mientras existan consumidores de pornografía infantil, existirán criminales que la sigan produciendo. La relación es directa y categórica: tan culpable es quien produce pornografía infantil como quien demanda la producción de la misma para consumo.

Por lo anterior, es inconcebible que en un Estado de Derecho, en donde el interés superior del menor es uno de los ejes fundamentales para la construcción de una ciudadanía democrática y saludable, el ordenamiento legal permita  unos criminales con gran poder adquisitivo, consumir y por lo tanto, propiciar la producción de pornografía infantil y llevar el proceso judicial por desde la comodidad de su casa. Sin duda alguna, no debe darse un trato diferenciado entre productores y consumidores, ambos, forman parte de la red delictiva que atenta contra la integridad de nuestros menores.

Artículo 261 y 262 del Código Penal Federal.- Abuso Sexual y Estupro:

Legisladoras y Legisladores: Ambos delitos no ameritan prisión preventiva de acuerdo al artículo 167 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales y a diferencia de los demás delitos sexuales contra menores, los sentenciados por estos dos, tienen derecho a la libertad preparatoria (artículo 85 del Código Penal Federal). Por lo anterior, y con el objetivo de erradicar la violencia sexual contra menores, propongo quitarle ambos privilegios a los culpables, es inadmisible que una violación a menores –en palabras ciudadanas, basados en los hechos y no en terminología jurídica- sea más o menos grave, y por lo tanto se le otorguen más o menos derechos al agresor, en función de la edad de la víctima.

Para el caso de estupro, el artículo 263 se señala que no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes. Ésta disposición es muy interesante porque me lleva a cuestionar ¿Los legisladores no previeron que de acuerdo a las cifras oficiales, la mayoría de los abusos sexuales cometidos contra los menores es perpetuado por sus representantes?

El Estado tiene la obligación de actuar cuando tenga conocimiento de que un menor está siendo violentado en sus derechos humanos; lo privado se vuelve público y el aparato institucional debe activarse para frenar los abusos sexuales y actuar en consecuencia, para revertir en la medida de lo posible, el daño ocasionado, lo que por supuesto incluye, que no quede impune el delito cometido, el artículo en comento, lejos de otorgar mayor protección jurídica, la condiciona.

Por lo anterior, y apelando a la sensibilidad en el tema de las compañeras legisladoras y legisladores, como una acción concreta para combatir las agresiones sexuales a las y los menores de edad, pongo a consideración de la Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 85, 202, 262; SE DEROGAN LOS ARTÍCULO 202 BIS, 263 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Primero.- Se reforman los artículos 85, 202, 262 y se deroga el artículo 263 del Código Penal Federal

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I.- Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

c) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 203 y 203 bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Abuso Sexual, previsto en el artículo 261 y Estupro, previsto en el artículo 262.

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores, con o sin fines de lucro.

Artículo 202 Bis- Se deroga.

Artículo 262: Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de dos a cuatro años de prisión.

Segundo.- Se reforma el artículo 167 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

(…)

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Abuso Sexual, previsto en el artículo 261 y Estupro, previsto en el artículo 262.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Resolución 836 (IX) de la Asamblea General de la ONU, 1954. Disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/836(IX)&Lang=S&Area=RESOLUTION

2 D20 de Noviembre, Día Universal del Niño. http://www.un.org/es/events/childrenday/

3 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. 28 DE ABRIL DE 2005.
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/r7I8GQqjgVu6ZuRSZ5azXG5900LG2O3Izps0USq9Bv9el8btb7rI3c/FRHUVyzyUA==

4 Ídem

5 El abuso sexual contra niños y adolescentes, “muy fuerte”: CEAV. http://www.jornada.unam.mx/2016/06/21/sociedad/031n1soc






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 58 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 44 BIS A LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el grupo parlamentario del PRD)

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 Fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 58 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 44 BIS ALA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los puntos centrales del debate político en la actualidad, no sólo en nuestro país sino en las demás democracias en el mundo entero, es el relacionado a la rendición de cuentas a la que están obligados todas aquellas personas que ostentan un cargo público, así como su relación con los demás actores sociales y gubernamentales.

En este sentido, en nuestro país se han instrumentado diversos mecanismos mediante los cuales las y los servidores públicos entregan informes sobre la forma en la cual han desarrollado sus labores en los respectivos cargos que cada uno posee, donde destacan los Informes de Labores de las Secretarías de Estado y de los Órganos a los que la Constitución les otorga autonomía como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE),los cuales anualmente deben ser presentados al Congreso.

De esta manera el Congreso de la Unión conoce a detalle los trabajos realizados durante el periodo que comprende cada informe, además de que se encuentra en posibilidad de realizar algún tipo de observación respecto de omisiones que pudiera encontrar por parte de las y los servidores públicos, lo cual fomenta no sólo el ejercicio de la rendición de cuentas, sino que contribuye al mejoramiento de aquel ente.

De esta manera, la rendición de cuentas es efectiva cuando distintos órganos del Estado actúan simultáneamente para balancear el poder de los otros, permitiendo el correcto ejercicio de los pesos y contrapesos institucionales de control del poder. Así, la rendición de cuentas permite que las instituciones balanceen el poder entre ellas para que ninguna lo concentre, y al mismo tiempo crea mecanismos de supervisión y prevención de acciones ilegales de otras instituciones estatales.

Ahora bien, es de destacar que este ejercicio de rendición de cuentas ha quedado desfasado en algunas áreas que componen el entramado institucional del Estado Mexicano. En materia de política exterior, el único mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia sobre las acciones que realiza la diplomacia mexicana es simplemente el Informe de Labores que entrega la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que en el desarrollo de la misma coinciden dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, a través del Senado de la República.

Al respecto, es necesario destacar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) faculta al Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, dentro de la fracción I del artículo 76, que a la letra dice:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Asimismo, tal y como lo señala la fracción II del artículo 76 de la CPEUM, el Senado también tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos que el Ejecutivo Federal haga de Embajadores y Cónsules Generales, con lo que esta Cámara participa, de manera activa, en materia de política exterior.

Con base en lo anterior, al ser ratificados por el Senado, los Embajadores y Cónsules Generales deben tener la obligación de presentar al mismo un informe de labores de manera anual donde expongan las labores realizadas en sus respectivas representaciones, con lo que esta Soberanía puede analizar la forma en la cual cumplen, o no, con lo expuesto y presentado durante su acto de ratificación, además de poder allegarse de mayor información para realizar un análisis apropiado de la política exterior mexicana.

Si bien los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano disponen la obligación de los jefes de misión, así como de los jefes de oficinas consulares, de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el desempeño de sus funciones; no existe obligación alguna de rendir cuentas del ejercicio de su encargo al Senado de la República, lo que genera que la única relación que exista entre las y los funcionarios de la diplomacia mexicana y esta Soberanía sea el acto mediante el cual se les ratifica.

En este sentido, es necesario que el Legislativo continué estableciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como la presentación de informes y comparecencias, tanto en la Carta Magna como en las leyes Federales, tal y como se ha venido realizando en los últimos años.

Cabe señalar que este asunto ha sido criticado en las diferentes comparecencias que se han llevado a cabo en este Senado para ratificar nombramientos diplomáticos que el Ejecutivo Federal ha remitido, donde muchos de ellos se han comprometido a tener una relación cercana con las Comisiones de Relaciones Exteriores, pero hasta la fecha ese hecho no ha sido concretado.

Por lo anterior es necesaria la formalización de un mecanismo que obligue a las y los embajadores y cónsules a entregar al Senado un informe de trabajo, con el fin de que las y los legisladores puedan seguir de cerca su trabajo, y si es el caso, proceder a acciones por sucesos irregulares en los Estados donde están acreditados, lo que significaría un mayor y mejor control del desempeño de sus funciones.

De esta manera, se fortalecerán las facultades de análisis que competen a esta Cámara en materia de relaciones exteriores, al contar con las fuentes de información suficientes e idóneas para supervisar que el Ejecutivo Federal conduzca la política exterior con base en los principios contenidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución.

Es de destacar que el pasado 2 de febrero de 2017, por primera vez en la historia de la diplomacia mexicana, un embajador rindió su informe anual de actividades al Senado de la República. Se trata de la tarea que durante 2016 desarrolló el representante diplomático de México ante Argentina, Fernando Castro Trenti, donde el mismo destacó su labor en las tareas de diálogo político, cooperación internacional para el desarrollo, promoción económica, comercial y de inversión con en América del Sur, entre otros.

A pesar del anterior ejemplo, existen otros totalmente contrarios que han comprometido el prestigio y la labor del Servicio Exterior Mexicano al utilizar los cargos con fines particulares. Ejemplo de lo anterior fue el caso que se suscitó en febrero del año 2016. En este caso, el entonces Cónsul General de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, quien fuera un nombramiento político, utilizó la sede diplomática oficial para hacer negocios personales, obteniendo beneficios personales y para su hijo. Lo anterior mediante una entidad “sin fines de lucro” llamada Foro Vail, que pretendía “promover e incrementar intereses de negocios, inversiones, relaciones económicas educativas y culturales entre México y Colorado; lo cual en medio del escándalo se vio forzado a renunciar a la titularidad de su cargo.1

Otro caso que desacreditó profundamente al Servicio Exterior Mexicano fue el relacionado con el ex Cónsul de México en Barcelona y ex-gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. En este hecho, como pago de favores del PRI a Herrera, el Ejecutivo Federal lo designó Cónsul en Barcelona pero, a sabiendas de que el nombramiento no prosperaría en el Senado de la República debido al personaje y su negra historia, se decidió bajar el estatus del Consulado General de México en Barcelona para dejarlo en un segundo término como Consulado de Carrera, donde para ocupar su titularidad no se requiere aprobación del Senado.

Asimismo y derivado de las acusaciones en su contra por parte de la nueva administración estatal sobre la supuesta compra y utilización de remedios apócrifos y caducos para el tratamiento del cáncer en niñas y niños en el Estado, Herrera renunció al cargo.2

También es importante no omitir el caso de Andrés Roemer Slomianski, embajador hasta Octubre de 2016  ante las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).3

Ya que en la vispera de la discusión del tema a favor de que se eliminarán los vínculos de los judíos con el Muro de los Lamentos en Jerusalén, Israel; Roemer cayó en faltas a las normas de la diplomacia mexicana, como informar a representantes de otros gobiernos distintos de México del sentido de su voto y por su desacuerdo con el criterío de México en este tema, lo que le valió la distitución de su cargo. En sí fue un caso de creencia sobre falta de transparencia en asuntos críticos de política exterior, lo cual también representó comprometer al Servicio Exterior Mexicano.

En este sentido y derivado de las funciones que realizan día a día las Embajadas y Consulados de nuestro país en el exterior, es necesario que el Senado tenga la facultad de escrutinio sobre su labor. Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto que los embajadores y cónsules no sólo informen y rindan cuentas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también al Senado de la República. Esta atribución irá de la mano con las facultades exclusivas que le confiere la propia Constitución al Senado establecidas el artículo 76 fracciones I y II, con lo que se ampliará, de manera relevante, el análisis de la política exterior del Estado Mexicano.

Es así que se reforman los artículos 43 y 44 y se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para establecer la obligación de los titulares de las Misiones Diplomáticas Permanentes, las Embajadas y Oficinas de Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados Generales de presentar informes anualmente ante el Senado al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año de ejercicio. Dichos informes deberán ser remitidos a esta Soberanía por conducto de la personas que desempeñe el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, tal y como lo señala el artículo 76 antes referido.

Asimismo, se establece que los mismos deberán asistir al llamado que hagan las Comisiones de Relaciones del Senado, para lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado deberán establecer un mecanismo adecuado para tal fin, dadas las complicaciones de traslado de las diferentes adscripciones que México tiene en el mundo.

Por último, se reforma el artículo 58 de la Ley con el fin de establecer que quienes no cumplan con la entrega del informe, o lo hagan a destiempo y no acudan al llamado del Senado, incurrirán en faltas administrativas.

Es así que con estas reformas se estará avanzando en materia de rendición de cuentas y de transparencia, además de que podrá analizarse a cabalidad que las adscripciones de México en el exterior estén cumpliendo con su labor de velar y preservar los intereses supremos de la nación, o que en otros casos, se encuentren un conflicto de intereses.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 44 y 58 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 44 BIS A LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

Artículo Único. Se reforman los artículos 43, 44 Y 58 y se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 43. Corresponde a los jefes de misión:

I al IV. …

V. Presentar el informe anual al Senado de la República a que hace referencia el artículo 44 Bis de la presente Ley.

Artículo 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I al VII. …

VIII. Presentar el informe anual al Senado de la República a que hace referencia el artículo 44 Bis de la presente Ley.

Artículo 44 Bis. Los jefes de misiones diplomáticas y de representaciones consulares estarán obligados a rendir un informe anual al Senado de la República sobre las actividades y funciones realizadas en el periodo inmediato anterior, al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de cada año legislativo. Dicho informe será remitido por conducto de la persona que ocupe el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores.

Los jefes de misiones diplomáticas y de representaciones consulares deberán atender a cabalidad los requerimientos de información adicional que formulen las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República con relación al informe que presenten. Asimismo, deberán presentarse ante las Comisiones cuando sean requeridos, con base en el mecanismo que la Secretaría y el Senado establezcan para dicho fin.

ARTÍCULO 58.- Darán motivo a la aplicación de sanciones administrativas las siguientes conductas de los miembros del Servicio Exterior:

I a XIII. …

XIII. Incumplir con la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45 de esta Ley, así como incumplir o cumplir a destiempo con la presentación del informe a que se refiere dicha disposición;

XIV. Incumplir o cumplir a destiempo con la presentación del informe, así como no atender el llamado a que se refiere el artículo 44 Bis, y

XV. Por violar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 del presente ordenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben.

1 Gómez Quintero, Natalia, “Se retira Cónsul de México en Denver”, El Universal, 29 de Julio de 2016 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/29/se-retira-consul-de-mexico-en-denver, consulado el 12 de mayo de 2017

2 “El cónsul de México en Barcelona renuncia tras el escándalo de los medicamentos falsos”, El País,22 de enero de 2017 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/22/mexico/1485107032_609253.html, consulado el 12 de mayo de 2017

3 “El Espinoso caso Roemer”, El Universal, 23 de Octubre de 2016 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-universal/nacion/2016/10/23/el-espinoso-caso, consulado el 12 de mayo de 2017






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena)

La que suscribe, Diputada Federal, NORMA XOCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 1995, la Alianza Cooperativa Internacional1 adoptó la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, documento donde se describe a las sociedades cooperativas como asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

Se deben entender como negocios propiedad de sus miembros y gestionados por ellos. Independientemente de que sus miembros sean clientes, empleados o residentes, todos ellos tienen el mismo voto con relación a la actividad del negocio y el reparto igualitario de los beneficios.   

Como negocios propulsados por valores y no limitados a la obtención de beneficios económicos, las sociedades cooperativas comparten principios acordados internacionalmente y actúan en conjunto para construir un mundo mejor mediante la cooperación. Están basadas en valores de autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los miembros cooperativos creen y aplican valores éticos de honestidad, actitud receptiva, responsabilidad social y respeto hacia los demás.

Como destacan Raquel Puentes Poyatos y María del Mar Velasco Gómez en “Importancia de las Sociedades Cooperativas como Medio para Contribuir al Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiental, de Forma Sostenible y Responsable”; en la actualidad, la incapacidad del mercado y del sector público para satisfacer convenientemente determinadas necesidades colectivas, propició la aparición y desarrollo de sociedades cooperativas, organizaciones con mayor significación histórica y económica en el ámbito de la Economía Social y Solidaria.

De tal manera, las sociedades cooperativas se convirtieron en agentes de desarrollo económico y social presentes en todos los sectores. Su importancia se aprecia en el continente europeo, donde existen más de 240,000implantadas en todos los sectores de actividad económica y especialmente en la agricultura, la intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios; agrupando a más de 140 millones de socias y socios, además de proporcionar empleo directo a 3,7 millones de personas.

Del total de sociedades cooperativas existentes en Europa, el 11%están ubicadas en España, las cuales representan el 0.85% de las sociedades del tejido empresarial español, generando empleo a cerca de 313,972 personas (1.63% del total de empleos).Por sectores de actividad, el sector servicios representa un 53%, seguido del industrial con un 22% y del agrario y la construcción con un 13%.

De los datos se podría advertir que la importancia del cooperativismo agrario en términos cuantitativos frente al resto de sectores es menor, sin embargo, en términos de generación de empleo y riquezas e muestra como uno de los más significativas, proporcionando empleo a 107,377 personas, que supone el 34.2% del total de empleo generado por las sociedades cooperativas.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo2 considera que las sociedades cooperativas son importantes para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas a nivel mundial, y que contribuyen al suministro de infraestructuras y servicios esenciales, incluso en zonas ignoradas por gobiernos y empresas inversionistas. Además, sus valores son fundamentales para la creación de trabajo decente, favorecen una economía democrática centrada en las personas, que cuida del medio ambiente y, al mismo tiempo, promueven crecimiento económico, justicia social y una globalización justa; por lo que desempeñan un papel de vital importancia para equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, así como en la prevención y reducción de la pobreza.

Las sociedades cooperativas en todos los sectores y regiones son más resistentes a los desajustes económicos que contrapartes basadas en el uso de capital. No sólo son otro tipo de empresas o empresas en miniatura, son un modelo específico de empresa basado en el valor que puede ser aplicado a todas las dimensiones de actividad.

Es de destacar que las principales 300 cooperativas tienen la misma dimensión del Producto Interno Bruto de Canadá. En Colombia, una sociedad cooperativa de salud ofrece servicios de cuidado médico al 15% de la población. En Etiopía, se estima que parte de los ingresos de 900,000 personas en el sector agrícola son generados a través de sociedades cooperativas. En Francia, 9 de cada 10 campesinos son socios de cooperativas agrícolas, los bancos cooperativos manejan el 60% del total de los depósitos, y 25% de todos los comercios minoristas del país.

En Japón, 9,1 millones de familias de agricultores son socias de cooperativas que generan 257,000 empleos. En India, 67% de las necesidades de los hogares rurales lo satisfacen las cooperativas, mientras que en Suiza, el comerciante más importante y el mayor empleador privado, es una sociedad cooperativa.

En México, el desarrollo de las sociedades cooperativas ha sido paulatino, de acuerdo con datos del Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social citado por el Instituto Nacional de la Economía Social3, en la actualidad existen 15,000 sociedades cooperativas que agrupan a un aproximado de 7 millones de personas, sin embargo, dadas las condiciones económicas del país, el Sector Social de la Economía no se ha logrado erigir como una alternativa real para mejorar las condiciones de vida de más de 55 millones de personas que viven en pobreza.

Como medio para fomentar la creación de sociedades cooperativas, en agosto de 1994 entró en vigor la Ley General de Sociedades Cooperativas, sin embargo, en materia de constitución aún contiene aspectos que van en detrimento de la certeza jurídica con la que deben contar las y los cooperativistas.

Por ejemplo, las personas que constituyan una sociedad cooperativa deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio, como lo dispone el artículo 12 de la ley, sin embargo, no existe un procedimiento uniforme para que las autoridades obligadas lleven a cabo dicha labor; lo anterior provoca que ante alguna autoridad se requiera algún documento que en otra no es indispensable; es decir, no hay uniformidad en los criterios aplicados.

Para efectos de lo anterior, es de destacar lo que comenta la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con la obligación a cargo de las autoridades estatales de garantizar que las leyes y las prácticas administrativas (procedimientos de registro, políticas impositivas, parámetros de contabilidad, normas sobre el capital para los organismos financieros, así como la capacidad de acceso a financiamiento) no representen un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de las sociedades cooperativas.

Como se aprecia, la redacción del citado artículo 12no atiende lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo, ya que no garantiza procesos que faciliten el desarrollo y crecimiento de las sociedades, ya que su primer párrafo, además de no estar redactado con lenguaje incluyente, dispone que “se levantará una acta”, siendo que la expresión coloquial no abona a la correcta interpretación de la ley.

Por su parte, el último párrafo dispone ante qué autoridades las y los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, sin embargo, es omiso en mencionar qué formalidades deben cumplirse para que tal acto se lleve a cabo, por lo que no provee certeza jurídica.

Por lo anterior, se estima necesaria una reforma general al artículo, a efecto de que emplee lenguaje incluyente y jurídico que permita su correcta interpretación, además de mencionar que será obligación delos poderes ejecutivos tanto federal como locales, emitir lineamientos a través de los cuales el procedimiento de ratificación se lleve a cabo de una manera generalizada en las entidades de que se trate, proveyendo certeza jurídica en el trámite.

A efectos de ilustrar lo anterior, sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con relación a la propuesta de modificación hecha a través de la presente iniciativa, a saber:

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 12.- La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que se levantara una acta que contendrá:

I. Datos generales de los fundadores;


II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y

III. Las bases constitutivas.

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Sin correlativo.

Artículo 12.- La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren las personas interesadas, y en la que se redactará un acta que contendrá:

I. Datos generales delas personas fundadoras;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez los consejos y comisiones; y

III.

Las y los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos dela Ciudad de México, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, en el    ámbito de sus respectivas competencias, emitirán lineamientos que uniformen los procedimientos, requisitos y formalidades a efecto de que las y los socios se encuentren en condiciones de cumplir con la obligación enmarcada en el presente artículo.

Con lo anterior, se abona a que la constitución de sociedades cooperativas sea un trámite más sencillo, lo que fomentará su constitución y servirá como base para el desarrollo de un sector tan importante para el desarrollo económico del país.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de asta soberanía, el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero, fracciones I y II, y último párrafo; y se ADICIONA un último párrafo al artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 12.- La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren las personas interesadas, y en la que se redactará un acta que contendrá:

I. Datos generales de las personas fundadoras;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez los consejos y comisiones; y

III.

Las y los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán lineamientos que uniformen los procedimientos, requisitos y formalidades a efecto de que las y los socios se encuentren en condiciones de cumplir con la obligación enmarcada en el presente artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley, la Secretaría y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con 60 días naturales para expedir los lineamientos correspondientes, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los medios informativos oficiales de cada entidad federativa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Norma Xochitl Hernández Colín.

1 http://ica.coop/es/node/10584

2 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_105077/lang--es/index.htm

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102028/ABC_de_la_Econom_a_Social_e_INAES.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consenso de Brasilia, adoptado durante la Décima Primera Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe (2010), reconoció que el Trabajo Doméstico No Remunerado es una carga desproporcionada para las mujeres y es un subsidio no regulado al sistema económico.1

El trabajo doméstico que se lleva a cabo en los hogares es una pieza fundamental que sostiene la economía, pues es en las casas que se producen bienes y se ofrecen servicios que nos permitan satisfacer necesidades para estar en condiciones de   participar en un mercado laboral, pues para que una persona pueda salir a trabajar necesita que alguien le haya lavado la ropa, comprado y preparado el desayuno y limpiado la cafetera.2

Las responsabilidades y tiempo dedicado al hogar o al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral, de participar plenamente en la política y la sociedad, al mismo tiempo que las relega de la protección social indispensable para la satisfacción autónoma de sus necesidades.3

Desde hace décadas la mayor parte del trabajo doméstico lo hacen las mujeres, ya que se estableció un sistema de producción que profundizó la división del trabajo, asignando a los hombres la producción para el mercado y a las mujeres las tareas del hogar. Las diferencias no serían un problema si no se convirtieran en desigualdades. Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a las labores domésticas y al trabajo de cuidado sin recibir pago o remuneración alguna. 4

Las mujeres que necesitan y/o deciden tomar la responsabilidad de atender dos trabajos (remunerado fuera de casa y doméstico no remunerado), es muy común que se busquen opciones laborales con horarios flexibles y en consecuencia encuentren empleos informales, subvalorados, mal pagados y sin prestaciones de ley. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la desproporcionada carga de trabajo doméstico que recae sobre las mujeres, limita sus oportunidades, autonomía, desarrollo, e incluso, el acceso a derechos vinculados con la seguridad social. Los hombres también sufren precariedad de empleo, pero son las mujeres que son más propensas a experimentarla.5

Datos de 2014 indican que el valor económico del trabajo doméstico no remunerado equivale a más de 4 billones de pesos, lo que representa un 24.2% del PIB Nacional, el 80% de esta cantidad es producida por mujeres. En la distribución de  labores domésticas que no son pagadas, los hogares de doble ingreso, las mujeres invierten en promedio casi 30 horas semanales a estas labores, mientras que los hombres 9. El tiempo total semanal del que disponen los mexicanos, los hombres destinan el 73% de su tiempo al trabajo remunerado y el 23% al no remunerado. En caso de las mujeres, ellas dedican el 65% de su tiempo en labores no remunerados y el 32% en remuneradas. 6

Cabe señalar que es importante que las empresas y distintas instancias empleadoras reconozcan que las personas deben cubrir necesidades básicas para estar listas para trabajar, pues no es suficiente que el salario cubra la canasta básica, se necesita trabajo para transformarla en alimento y tener un plato limpio donde servirla. 7

En México, las mujeres contribuyen con cerca de 60% del total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, en tanto los hombre solo el 40%. Las principales diferencias se observan en el trabajo no remunerado de los hogares, ya que las mujeres de 12 años triplican el valor registrado de los hombres.8

Se suele considerar el Trabajo Doméstico No Remunerado y de cuidados como un trabajo que no requiere calificación, restando su valor frente a la sociedad y reproduciendo la discriminación hacia las mujeres. La contribución que realiza cada mujer mexicana de 12 años o más de manera cotidiana para garantizar el bien de su familia y desarrollo, que a través de labores domésticas y de cuidado no remunerado, equivale a $42,500 pesos al año. Para las mujeres que habitan en las áreas rurales esta contribución se eleva a $49,700 pesos al año, y para las mujeres casadas a $57,600 pesos. 9

Durante la 4ta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995, se instó a los Estados parte a desarrollar un conocimiento integral de todas las formas de trabajo y empleo a través del mejoramiento de la recolección de datos y de los métodos de medición; a mejorar la recopilación de datos acerca de la contribución de las mujeres y de los hombres a la economía. Así como generar estudios periódicos sobre el uso del tiempo y trabajo remunerado y no remunerado.10

Por ello, y derivado de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es necesario adoptar medidas que reivindiquen el valor del trabajo doméstico y de cuidado, -invisibilizado por nuestra sociedad-, se requiere implementar medidas que garanticen el reconocimiento como contribución económica al sostenimiento del hogar, el trabajo doméstico realizado por las mujeres, así como la doble jornada laboral, toda vez que “las mujeres, son, por lo general, las encargadas de realizar las labores del hogar y tareas de cuidado, mismas que se acaban realizando en segunda jornada, si la mujer tiene un empleo remunerado”11.

De igual manera, es imprescindible reconocer como una violación a los derechos humanos de las mujeres las limitaciones al acceso de las mujeres al bienestar adecuado, a las posibilidades del desarrollo personal, y a su tiempo para actividades personales y de recreación, derivado del exceso de horas de trabajo, consecuencia de la doble jornada de trabajo, por lo que es necesaria una “verdadera igualdad laboral, pero ello debe hacerse desde el punto de vista de la persona familiar y no, como hasta ahora, del trabajador individual”12, pues ello, como señala Geraldina González de la Vega13, lo único que ha logrado es que las mujeres realicen una doble jornada laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 164 bis, al Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 164 bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción V, al artículo 14; y, reforma el párrafo primero del artículo 11, y el párrafo primero, así como las fracciones III y IV, del artículo 14, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la negativa de reconocer la doble jornada de trabajo o la negativa de reconocer como contribución económica al sostenimiento del hogar, con motivo del desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos o de cuidado de personas dependientes como niños, ancianos, personas con discapacidad o personas enfermas; el exceso de horas de trabajo, derivado de del trabajo doméstico y del trabajo en el mercado laboral, que impida el acceso de las mujeres al bienestar adecuado, las posibilidades de desarrollo personal, y limite su tiempo para actividades personales y de recreación; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, deberán:

I. … II;

III. [...];

IV. [...], y

V. Fortalecer el marco laboral para asegurar el reconocimiento de la doble jornada de trabajo y su contribución económica al sostenimiento del hogar, por parte de las mujeres que realizan trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, y fomentar en la sociedad el reparto igualitario, entre hombres y mujeres, de las responsabilidades y tareas referidas al cuidado de las personas a su cargo y a las labores domésticas, a fin de reducir la carga de trabajo de las mujeres y las niñas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los tres niveles de Gobierno deberán adoptar las medidas necesarias para que se incluya el trabajo no remunerado que se realiza dentro de los hogares, en las políticas, estrategias, planes y presupuestos respectivos, así como acciones de política efectivas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar con corresponsabilidad social.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 ONU-MUJERES, “Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”. Disponible en:
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/trabajo%20dome%CC%81stico%20serie%20transformar%20nuestro%20mundo.pdf?vs=105

2 MENDOZA GALÁ, Christian Aurora, “La desigualdad en el trabajo doméstico no remunerado”. Julio 2016. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-de-generando/2016/07/26/desigualdad-la-intimidad-trabajo-domestico-no-remunerado/

3 Íbid.

4 Íbid.

5 Íbid.

6 Íbid.

7 Íbid.

8 Op. cit., ONU MUJERES 2015.

9 Íbid.

10 GARCÍA, Amalia, “Hora de reconocer su valor”. Disponible en:
http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/988-hora-de-reconocer-su-valor.

11 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Geraldina, La Suprema Corte reconoce la doble jornada, Nexos. Disponible en: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5621

12 Íbid.

13 Íbid.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL FONDO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE

(Presentada por la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES)

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL FONDO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como garante que es ésta H. Cámara del Bienestar Social, encargada de estar pendiente de legislar conforme a las necesidades imperantes en la sociedad mexicana, teniendo siempre el firme compromisode impulsar aquello que otorgue la felicidad de los gobernados; es que me permito presentar la siguiente iniciativa de transporte público sustentable, como eje de desarrollo.

En la actualidad, en las metrópolis de la república mexicana, las personas utilizan alrededor de dos horas para trasladarse desde su casa habitación hasta su lugar de trabajo. (1)

El transporte público en las grandes urbes, utiliza una tercera parte de la energía generada a partir de combustibles fósiles; es decir, del petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. (2)

Igualmente, el transporte público emite una quinta parte de los gases de efecto invernadero; que son aquellos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo en la atmosfera. Dichos gases son, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. (3)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha estimado que, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, en el año 2047 la superficie terrestre sufrirá un sobre calentamiento con efectos más que dañinos en los ecosistemas, la biodiversidad y la subsistencia de personas en todo el mundo.

Por lo tanto, deben conjuntarse los planes de desarrollo urbano y los proyectos de inversión en transporte colectivo.

(1) (2) (3) Datos provistos por el Centro Mario Molina.

En consecuencia, para aportar y darle solución a un transporte público obsoleto, pasando a uno que venga a reducir la intensidad energética de los desplazamientos, que mejore la calidad de aire y eleve el pronto y adecuado acceso de los servicios para toda la población, otorgando instrumentos que promuevan la equidad social y vengan a desestimular el uso de medios de transporte de baja capacidad y altamente contaminantes; es que me permito formular la iniciativa de mérito.

Con la presente iniciativa, intento contribuir al abatimiento del congestionamiento vial de las ciudades en México, creando instituciones metropolitanas, generando espacios con autonomía plena y de libertad presupuestal, donde se coordine una visión integral de desarrollo urbano y movilidad.

Todo ello, con la intención de que se privilegie al transporte público sobre el automóvil o la motocicleta, ya que según datos de la ONU, para el 2050, el 66% de los habitantes del mundo vivirá en las grandes ciudades; sin embargo, en nuestro país, según datos de INEGI, en el 2015 el 70% de la población ya vivía en áreas urbanas.

Al haber mayor parque vehicular circulando en las calles, es mayor el tiempo de traslado de personas o de bienes, el consumo de combustibles y la contaminación; lo que viene a repercutir en una malacalidad de vida de los habitantes de la ciudad y en la baja de la productividad y competitividad de la misma.

Así las cosas, requerimos que día a día, como en Córdoba, Argentina; o en Helsinki, Finlandia; las personas prefieran utilizar un transporte público sustentable en lugar de sus propios autos, ya que el mencionado transporte les permite mejores tiempos de traslado, confiabilidad, seguridad y cobertura en la red.

Para alcanzar el objetivo, debemos impulsar la organización de empresas público-privadas que sean modernas, eficientes, con un servicio competitivo y de alta calidad, costeables, dignas, seguras y de bajo impacto ambiental.

El Ejecutivo Federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se ha comprometido a implementar una política integral de desarrollo, que vincula la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, así como a mejorar la movilidad de las ciudades, mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable.

En consecuencia, en el PND se plantean dos estrategias fundamentales, a través de diversas líneas de acción que supondrían la reducción de gases de efecto invernadero y que son:

“Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

“Líneas de acción:

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.

• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.

• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.”

“Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.”

“Transporte urbano masivo:

• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas.

• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.”

Es por ello que se insiste, para prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera y, por tanto, asegurar una adecuada calidad del aire, como parte del gobierno debemos contribuir al diseño e implantación de una política integral de transporte sustentable, para optimizar la movilidad en todas las ciudades del país.

Hoy, que se han aumentado los impuestos a los hidrocarburos, que se han cerrado las puertas a la importación de carros usados, debemos darle un sentido social a tales acciones de gobierno e impulsar la creación de fórmulas de financiamiento y/o fideicomisos públicos con atribuciones legales para gestionar fondos a favor de un mejor sistema de transporte público.

Debemos darle cara y rostro humano a las políticas públicas, conjuntándolas y no aislándolas, para que se entienda que son a beneficio de la población. Menos vehículos chatarra, menos utilización de combustible, más un adecuado sistema de transporte, redunda en un mejor medio ambiente donde vivir, en mayor tiempo para disponer con la familia, en mejor salud.

Resulta por tanto primordial, incorporar tecnologías limpias con combustibles limpios, que no representen un riesgo para la salud pública en materia de calidad del aire, previendo muertes prematuras y enfermedades cardiovasculares, que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia, baje la contaminación, los accidentes y el ruido; dando como resultado, ciudades competitivas, equitativas, sustentables y habitables.

Con esta ley, se pretende sentar las bases de cofinanciación público privada, con el objetivo de responder a las necesidades y desafíos del transporte urbano en el país.

La iniciativa que se somete a consideración cuenta con las siguientes características:

a) Crea un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, por conducto de un fideicomiso que será operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS, S.N.C.).

Ese fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio ambiente, que tanto los Estados como los municipios propondrán a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable, para construir, ampliar, modificar o dar mantenimiento mayor y equipar los sistemas de transporte masivo, renovación del transporte no masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas o en su caso, exclusivas para motocicletas.

Cabe señalar, que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo, únicamente serán apoyados en su fase de ejecución y, todos serán fiscalizados mediante auditoría externa, periódicamente y en el momento de su conclusión.

La Secretaría Técnica de la Comisión, tendrá la obligación de comunicar los resultados de tales ejercicios a la Auditoría Superior de la Federación.

Los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan destinarse a cubrir gastos de operación de los proyectos, adquisición de inmuebles y derechos de vías necesarios para los mismos o adeudos de los gobiernos estatales o municipales.

b) El Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, no generará nuevos impuestos.

c) La iniciativa es respetuosa de las facultades que en materia de transporte de pasajeros tienen las Entidades Federativas y los municipios, así como la atribución constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación.

Sin contravención de lo anterior, propone que la Comisión Nacional de Transporte Sustentable quede facultada para emitir Regulaciones en materia de trasporte urbano y suburbano, que puedan ser suscritas libremente por las entidades federativas y los municipios; estas figuras reciben el nombre de Regulaciones por Adhesión.

Con dichas regulaciones se pretende avanzar en la uniformidad y actualización de las normas estatales, tomándose en consideración el medio ambiente y una adecuada movilidad.

d) La iniciativa no genera mayor burocracia. La creación de la Comisión Nacional de Transporte Sustentable no trae consigo un gasto adicional en sueldos o prestaciones, ya que se tiene contemplado que en ella participen funcionarios de las propias entidades federativas que serán beneficiadas. 

El órgano, sesionará cada tres meses, principalmente para validar y aprobar los trabajos de su Secretaría Técnica, por lo que no es necesaria la adquisición de oficinas o gastos de mantenimiento.

La Secretaría Técnica, estará conformada por un Secretario y un pequeño cuerpo a su cargo, que necesitarán cuando mucho el 1% de los recursos de uso general que integren el Fideicomiso en BANOBRAS.

e) Se establece un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, para que la Comisión presente al Congreso un estudio con las características y resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión en todo el país, así como el avance de su formulación y suscripción. 

Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse a revisión cada cinco años, con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, abierto a mejoras.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional en su artículo 73 fracciones XVII y XXIII, que facultan al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación y para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación y las entidades federativas y municipios, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Ley General de Transporte Sustentable; para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General de Transporte Sustentable, en los términos siguientes:

“LEY GENERAL DEL FONDO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE”

Título Único

Capitulo I

Disposiciones Generales.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto apoyar la inversión de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente; estipula el mecanismo de coordinación entre la Federación, Entidades Federativas y los municipios libres, con ese fin.

Establece regulaciones de avanzada en materia de transporte y define el marco de concertación para ser aplicado en los tres niveles de gobierno.

Artículo 3. Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley, tienen los siguientes objetivos:

I. Lograr el desarrollo y la mejora del transporte público, masivo y no masivo, para elevar la calidad de vida en las ciudades y proteger la salud de la población; 

II. Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, solo cuando favorezcan la eficiencia de los sistemas de transporte;  

III. mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho humano;  

IV. Adecuar la infraestructura urbana para la utilización de unidades de transporte menos contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, así como promover una mayor utilización de las bicicletas y motocicletas; 

V. Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables en la vía pública.  

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales que permiten transmitir el movimiento entre ruedas, por medio de una cadena; 

II. Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable; 

III. Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable;  

IV. Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable;  

V. Regulaciones por Adhesión: las reglas emitidas por las entidadesfederativas y los municipios, a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica;  

VI. Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas;  

VII. Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, quienes no cuentan con una estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación se encuentra expuesta a sufrir lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de tránsito.

Capitulo II

De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable

Artículo 5. La Comisión Nacional de Transporte Sustentable, es aquella que coordina acciones entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

Para su correcta operación, contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.

Artículo 6. La Comisión Nacional cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Subscribir el Programa Nacional deTransporte Sustentable, así como las revisiones y actualizaciones del mismo en forma bianual;  

II. Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios; 

III. Sancionar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las entidades federativas y los municipios; 

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos; 

V. Confirmar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley; 

VI. Recibir ycalificar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los municipios para ser suscritos por adhesión; 

VII. Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte sustentable y amigable con el medio ambiente, y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica; 

VIII. Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión; 

IX. Las demás que establezcan ésta y otras leyes. 

Artículo 7. Las regiones que integran la Comisión son las siguientes:

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora;

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa;

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango;

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas;

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz;

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán;

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala;

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco;

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y

Región 11: Ciudad de México y Estado de México.

La Comisión se compondrá con un delegado regional por cada una de las once regiones en que se divide la República Mexicana, designados entre los servidores públicos de las administraciones estatales que tengan relación directa con el transporte, la ecología o el desarrollo sustentable.

Artículo 8. Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será determinado por insaculación inicial.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir previa invitación o solicitud, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto.

Las sesiones de la Comisión serán dirigidas y convocadas por el delegado regional presidente. Dicho encargo corresponderá rotatoriamente, anualmente y de forma alternada a un delegado de cada una de las regiones. El orden será determinado por insaculación inicial.

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la Comisión.

Artículo 9. La Comisión sesionará forzosamente cada tres meses durante el año de manera ordinaria, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento interno.

Artículo 10. La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3 de esta Ley y someterlo a la aprobación de la comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo;

II. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la comisión;

III. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos propuestos por estas y de sus municipios;

IV. Plantear a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Formar el registro de proyectos de inversión que reciba e informar a la comisión de los movimientos del mismo;

VI. Requerir a las entidades federativas y municipios, informes sobre el avance financiero y físico de los proyectos de inversión;

VII. Formular para aprobación de la comisión, los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta ley e integrar el registro correspondiente;

VIII. Procesar las propuestas de regulación por adhesión, para proponerlas a la comisión;

IX. Llevar el registro de las regulaciones por adhesión emitidas y la suscripción correspondiente;

X. Efectuar todo tipo de estudios en materia de transporte sustentable, que vengan a favorecer los proyectos de las diversas Entidades Federativas y Municipios, sin alterar el presupuesto anual otorgado; y

XI. Las demás que le encomiende la comisión, conforme a la Ley y por ser órgano auxiliar de ésta.

Artículo 11. El titular de la secretaría técnica, será designado por el Ejecutivo Federal con el carácter de servidor público federal. La duración del encargo será por cinco años y podrá ser elegido para una segunda ocasión en forma consecutiva. La nominación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación, la que deberá ser por mayoría.

Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico, y para su designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, licenciado en derecho, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte o en la evaluación de proyectos de inversión;

III. Haberse desempeñado durante al menos diez años en el ámbito profesional, servicio público, docente, de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario Técnico de la Comisión;

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de su designación, y

V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas de transporte, de la industria fabricante de equipo para transporte o de la industria de la construcción en cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en cualquiera de las actividades anteriores.

Capítulo Tercero

Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable

Artículo 13. El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos:

I. La reclasificación de recursos públicos, que deberánser tomados de los programas del Ramo 23 que no se estén ejerciendo durante el primer trimestre del ciclo fiscal que se trate, y que no se destinen al cumplimiento de los objetivos y metas trazados; entre otros y de preferencia los denominados Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias (R032), Provisiones Salariales y Económicas (R125), Fondo Metropolitano (U057) y, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte (U075).

II. Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para destino específico;

III. Aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas o instituciones nacionales, de instituciones internacionales o de terceros países, para destino general o para destino específico.

Artículo 14. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al uno por ciento de estas aportaciones.

Los montos anuales base por Entidad Federativa se calcularán de la siguiente manera:

a) cincuenta por ciento con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo General de Participaciones; y 

b) cincuenta por ciento con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica y apruebe la Comisión. 

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior, se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido en el párrafo precedente; sin que puedan participar de ellos, las entidades federativas que no los hayan ejecutado.

Artículo 15. Las aportaciones con destino específico, se distribuirán para apoyar proyectos de inversión individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta ley.

Artículo 16. Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe, podrán recibir apoyos financieros del Fondo Nacional, no reintegrables, destinados a las entidades federativas y los municipios.

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto.

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio.

Los recursos financieros se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo sustentable, a aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero o que sean amigables con el medio ambiente.

Artículo 17. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional, deben contener la siguiente naturaleza:

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de transporte masivo sustentable, así como su complementación con otras inversiones que fomenten el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente;

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto significativo en la fluidez o reordenamiento del transporte público sustentable, incluyendo puentes y pasos deprimidos o elevados, carriles confinados en exclusiva al transporte público sustentable y otros medios de transporte amigables con el medio ambiente;

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclo vías, y estacionamientos para bicicletas;

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo sustentable o amigable con el medio ambiente, que privilegien tecnologías de cero emisiones a la atmosfera, así como los aditamentos necesarios para controlar el tráfico vehicular;

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones de efecto invernadero;

VI. Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos de transporte eléctricos.

Artículo 18. Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, para destino general:

a) hasta en un ochenta por ciento para las inversiones de las fracciones I, IV y VI;

b) hasta en un setenta por ciento para las inversiones de las fracciones II y III; y

c) hasta en un cincuenta por ciento para las inversiones de la fracción V.

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de recursos propios de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos que en ningún caso podrán comprometer los recursos del Fondo Nacional ni de la Comisión.

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación deben fijarse favoreciendo siempre al usuario. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas.

Artículo 19. Los proyectos estatales y de los municipios pertenecientes a cada Estado, serán presentados y propuestos por el delegado de la Entidad Federativa de la que sean parte.

Si dentro de los sesenta días siguientes a que sea recibido por el delegado estatal un proyecto municipal no lo hace llegar a la Comisión, los municipios podrán presentarlo directamente ante el Secretario Técnico de la Comisión, quien lo presentará en su nombre en la reunión ordinaria más próxima.

Artículo 20. Los proyectos de inversión podrán corresponder a zonas conurbadas de dos o más municipios, tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios, los que deberán contar con la aprobación de sus Cabildos.

En el caso de zonas conurbadas que involucren a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo por cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas y la respectiva aprobación de sus Congresos Locales.

Artículo 21. En ningún caso se otorgarán apoyos para financiar gastos de operación de los proyectos de inversión o para sufragar gastos vinculados a dichos propósitos; o para cubrir adeudos de proyectos realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, distintos a los que formen parte de la Comisión; o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para realizar los proyectos ya admitidos o por aprobarse.

Artículo 22. Para la anuencia de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla previamente con lo siguiente:

I. Que las entidades federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la secretaría técnica las regulaciones por adhesión aprobadas por la comisión;

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y

III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional.

Artículo 23. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades federativas o a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de las zonas conurbadas, los proyectos deberán señalar de forma explícita, el ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto, para que en esa misma proporción les sean entregados los recursos financieros.

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios, darán preferencia a la participación de empresas nacionales cuyo capital sea nacional, en el desarrollo de los proyectos.

Artículo 24. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la comisión.

Los planes deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo.
Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación.

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos y autorizados en el padrón correspondiente.

Artículo 25. El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité.

A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; previo aviso o invitación, quienes podrán emitir opinión y deberán apoyar en lo que se les solicite.

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico.

Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso, autorizará las transferencias de recursos de los apoyos aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el presupuesto de la Secretaría Técnica.

Capítulo Cuarto

De las Regulaciones al Transporte Sustentable

Artículo 27. Las regulaciones previstas en esta Ley, no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios; en el ámbito de sus atribuciones; sino que complementan las ya existentes.

Artículo 28. Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y a las no reservadas al gobierno federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas regulaciones podrán incluir normas generales vinculadas a:

a) El ordenamiento del tráfico en las ciudades y zonas conurbadas, y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes, con la finalidad de favorecer el transporte sustentable y amigable con el medio ambiente;

b) El ordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano;

c) La circulación de vehículos, motocicletas y bicicletas, así como los requisitos que deben cubrir para circular;

d) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte;

e) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

f) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; y

g) Otras medidas tendientes a agilizar el tráfico, e inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia energética, menos contaminantes y amigables con el medio ambiente.

Las regulaciones por adhesión, se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la comisión.

Artículo 29. A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero por parte del transporte público, así como elevar su eficiencia energética; el Ejecutivo Federal a través de sus dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias:

I. De manera prioritaria, la calidad de los energéticos que consume el transporte, con la finalidad de disminuir el contenido de azufre en los mismos;

II. Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente, para uso de la administración pública federal;

III. Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia energética, buscando en la medida de lo posible, que dichas importaciones sean mínimas; y

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a fin de ser competitivos y manejar los mismos estándares internacionales que utilizan nuestros socios comerciales.

Cada una de las normas y disposiciones tendrán un plazo no mayor de treinta días naturales, para el inicio de su aplicación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión.

TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituirá en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.

CUARTO. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal propondrá  al titular de la Secretaría Técnica y remitirá su nombramiento al Senado, o en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación.

QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan, emitirán o revisarán las normas y disposiciones referidas en el Artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y de los objetivos que pretenden alcanzar.

SEXTO. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción.

SÉPTIMO. La Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará trimestralmente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe previo de actividades y aplicación de recursos; en el mes de febrero de cada año, un informe anual y definitivo del ciclo anterior.

OCTAVO. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a efecto de modificar o en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso Fondo Nacional de Inversiones de Transporte Sustentable. Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 24 de mayo de 2017.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, Diputada Federal perteneciente a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y XXIX DEL APARTADO A, Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La maternidad es una función que reviste gran importancia social; sin embargo, ha sido una de las principales causas por las que las mujeres han vivido, históricamente, un trato de desventaja frente a los hombres. La lucha de las mujeres por acceder a un trato igualitario en relación con los hombres ha rendido diversos frutos y generado instituciones de todo tipo: culturales, sociales, jurídicas y políticas; sin embargo, los logros alcanzados hasta ahora no han sido suficientes, por lo que es ineludible asumir la responsabilidad de seguir avanzando en la creación de mejores condiciones para favorecer la igualdad sustantiva de las mujeres.

A las legisladoras y legisladores nos corresponde confrontar la realidad con el marco jurídico vigente, para identificar las normas que han quedado rezagadas o que limitan y obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Al ser la maternidad un aspecto que diferencia biológicamente a las mujeres de los hombres y que ha marcado a lo largo de la historia el trato desigual entre los sexos, es un tema en cuyo estudio y análisis debe tenerse especial cuidado, ya que es uno de los temas en los cuales no puede haber un tratamiento igualitario, sino diferenciado, e incluso reforzado en la protección, no solo de la mujer embarazada, sino además de la vida y la salud del hijo o hija por nacer, lo que se conoce en el derecho comparado como “fuero de maternidad”, para prevenir la discriminación de la mujer en el trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha velado por: 1) que el trabajo de la mujer no le suponga a ella ni a sus hijos riesgos para la salud y 2) que la función reproductiva de la mujer no comprometa su seguridad en materia económica y de empleo.1 La protección de la maternidad para las trabajadoras es esencial para asegurar el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo.2

Un estudio de la OIT sobre la legislación de diversos países en materia de protección de la maternidad, revela que entre 1995 y 2010 se han registrado evidentes mejoras en la legislación sobre protección a la maternidad, con cambios dirigidos a períodos más prolongados de descanso por causa del parto y un alejamiento de los sistemas en los que la financiación de las licencias de maternidad es responsabilidad del empleador. Sin embargo, la OIT reconoce que sigue habiendo incertidumbre en torno a la eficacia con que se aplica la legislación.3

El embarazo y la maternidad son momentos de especial vulnerabilidad para las trabajadoras y sus familias. Las mujeres embarazadas y las madres en período de lactancia requieren de especial protección a su salud y a la de sus hijos, mediante el tiempo apropiado para el parto, su recuperación y la lactancia, garantizando el mantenimiento de sus ingresos y, por ende, el bienestar de su familia. En consecuencia, establecer las condiciones jurídicas adecuadas para que se respete el derecho humano a la salud de las mujeres trabajadoras, durante el embarazo y, adicionalmente, el derecho humano a la alimentación del recién nacido en el período de lactancia, así como la protección contra la discriminación en el trabajo, es indispensable para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el trabajo.

De acuerdo con indicadores al segundo trimestre de 2016, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),4 las mujeres representan 51.6 por ciento de la población total nacional y el 38.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Lo interesante es que el 96 por ciento de las mujeres que integran la PEA se encuentran ocupadas.

Lo anterior demuestra la relevancia de la participación de la mujer en el mercado laboral, ya que casi todas las mujeres en edad de trabajar cuentan con una actividad productiva, lo que hace patente la necesidad de modificar los roles en las familias y la importancia de contar con un marco normativo que sirva de base para satisfacer los servicios que demanda la realidad actual de la mujer trabajadora.

Esta iniciativa tiene como propósito reformar el artículo 123 constitucional, apartados A y B, ya descritos en el proemio, para incrementar el número de semanas de descanso obligatorio de las mujeres trabajadoras con motivo de la maternidad y especificar las condiciones a que debe sujetarse el período de lactancia, con base en parámetros internacionales y criterios del Poder Judicial de la Federación, pero, sobre todo, a partir de una justa comprensión de las implicaciones que la maternidad tiene en la vida familiar, en el trabajo, en el equilibrio de la sociedad.

Tensión entre familia y trabajo

Entre los tipos de familia moderna se encuentra la familia igualitaria, en la que la mujer se ha incorporado al trabajo productivo, pero sin dejar las funciones de madre, esposa y ama de casa.En consecuencia, las mujeres han debido soportar, por un lado, la presión del trabajo asalariado y, por otro, seguir siendo afectivas en el hogar; mientras que el Estado ha tenido que absorber algunas de las funciones que la mujer desempeñaba en el hogar, pero con la imposibilidad de asumir los aspectos emocionales y afectivos, es decir, en forma impersonal, lo que ha impactado en deteriorar la calidad de la vida.5

Aunque en algunos casos el Estado ha intentado posibilitar que los hombres participen en las actividades domésticas, ello no ha logrado la ruptura de las funciones sexuales. Esto se debe a que en gran parte de las sociedades modernas sigue vigente al esquema de la familia nuclear tradicional, donde el hombre es el que trabaja, mientras la mujer se dedica, de tiempo completo, a las labores del hogar y al cuidado de los familiares dependientes.6

Discriminación a la mujer por maternidad

Los roles sociales tradicionalmente asignados a la mujer, en razón de la maternidad, la  crianza y cuidado de los hijos, son un factor de desvalorización del trabajo de las mujeres, por considerase que tales responsabilidades disminuyen su potencial rendimiento laboral.7 La igualdad en el trabajo debe traducirse en que la condición de mujeres o madres, no sea motivo de diferencia alguna entre trabajadores y trabajadoras, ya sea en el trato, en la remuneración o en las oportunidades para ingresar a un trabajo, para capacitarse o para alcanzar puestos superiores.8

La discriminación por maternidad debe de considerarse sexual, ya que tiene su origen en las condiciones biológicas del sexo femenino, por ejemplo:

1. El rechazo a la ocupación de un puesto por causa del embarazo.

2. La exigencia de un certificado médico para comprobar que la mujer no está embarazada.

3. La negativa a la madre el tiempo para alimentar a su hijo.

4. El impedimento de ascensos.

5. La exclusión de la capacitación o adiestramiento.

6. El despido con motivo del embarazo.9

Uno de los argumentos con que se intenta justificar la no contratación de mujeres embarazadas es la libertad del patrón para seleccionar a sus trabajadores; sin embargo, cuando un empleador define el perfil de una persona para ocupar un puesto, no puede establecer un sexo como indispensable, pues ello es discriminación o segregación.10 En México, la discriminación en el empleo por razones de maternidad es una realidad que todavía padecen las mujeres, la cual es generada por una normativa que en vez de propiciar armonía adopta conductas discriminatorias lesivas para patrones y mujeres embarazadas.11

Importancia de la lactancia

Uno de los derechos de la madre trabajadora y sus hijos o hijas, después del parto, es la alimentación de estos últimos. De acuerdo con la normativa vigente, la madre tiene derecho a descansar, dos veces al día, durante treinta minutos cada vez, para alimentar a su hijo o hija. El patrón debe ofrecer un sitio cómodo e higiénico para tales efectos.12

A través de la lactancia materna, la madre provee alimento a su hija o hijo, con los nutrimientos, hormonas y defensas que necesita. La evidencia científica de las últimas décadas ha hecho patente las ventajas de la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, tanto para las madres como para los recién nacidos y para la sociedad en general. En lo que se refiere a la salud, esto es así porque la lactancia protege a niñas y niños de infecciones respiratorias, diarrea y muerte, ya que por esta vía la madre transmite sus defensas durante un momento vital en el desarrollo del bebé, protegiéndolo contra enfermedades futuras como asma, alergias, diabetes, sobrepeso, obesidad, dermatitis atópica, leucemia y afecciones cardiovasculares, además de favorecer su desarrollo intelectual, emocional y crecimiento físico. Por su parte, la madre intensifica el vínculo emocional con su hijo o hija, se recupera más pronto del parto y previene hemorragias. A largo plazo, también se disminuye la incidencia de cáncer de mama y de ovario y protege contra la osteoporosis.13

Al existir un menor número de niños y niñas enfermos, se incide positivamente en la economía familiar no solo porque la alimentación por lactancia materna es gratuita, sino también porque evitará gastos por concepto de atención médica y sus repercusiones en el ausentismo laboral de los padres por el cuidado del hijo o hija enfermo.14

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan:

• El inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.

• La lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida.

•La introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más.

La (OMS), en su nota descriptiva número 342,15 de enero de 2016, reporta cifras que reflejan las importancia de la alimentación de los lactantes y las consecuencias de no llevarla a cabo. Aquí las cifras:

• Un 45 por ciento de las defunciones de niños se asocia a la desnutrición.

• Se calcula que en 2013, a nivel mundial, 161.5 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso del crecimiento y 50.8 millones presentaban un peso bajo para su talla; 41.7 millones tenían sobrepeso o eran obesos.

• Aproximadamente, un 36 por ciento de los lactantes de cero a seis meses se alimentan exclusivamente con leche materna.

• Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional; en muchos países, menos de un cuarto de los niños de seis a 23 meses cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad.

• Si todos los niños de cero a 23 meses fueran amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 800 mil niños de menos de 5 años. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, además de asociarse a mayores ingresos en la vida adulta.

La OMS se ha comprometido a apoyar a los países en la aplicación ejecución y seguimiento del Plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, aprobado por los Estados Miembros en mayo de 2012. El plan tiene seis metas, una de las cuales consiste en aumentar por lo menos al 50 por ciento, para 2025, la tasa de lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. Entre las actividades que contribuirán a alcanzar esta meta se encuentran las descritas en la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, cuyo objetivo consiste en proteger, fomentar y apoyar una alimentación adecuada de los lactantes y los niños pequeños.

Normas internacionales y de otros sistemas jurídicos

De los instrumentos internacionales que protegen a la mujer contra la discriminación y resguardan sus derechos en el ámbito laboral, destacan, por su especialización, los siguientes:

1. Convenio 183 de la OIT, sobre la Protección de la Maternidad, 2000:16 se establece el derecho de las trabajadoras embarazadas a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas, de las cuales seis deberán ser posteriores al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Asimismo, dispone que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, las cuales deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.

2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará":17 se establece que los Estados Partes deben adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con especial cuidado, ante la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir, entre otras, las mujeres embarazadas.

3. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador":18 se dispone que los Estados Partes se comprometen a: 1) conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto, y 2) a garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar. Asimismo, prevé que el derecho a la seguridad social cubrirá al menos, entre otros supuestos, la licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:19 se estipula que la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, incluidas las encaminadas a proteger la maternidad, no se considerará discriminación. Entre las medidas que deben adoptarse está eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo.

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo (la aplicación de los mismos criterios de selección).

c) El derecho a igual remuneración.

d) El derecho a la seguridad social y a vacaciones pagadas.

e) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo (incluye la salvaguardia de la función de reproducción).

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes deben tomar medidas adecuadas para:

a) Prohibir el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado.

c) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que puedan resultar perjudiciales para ella.

Finalmente, los Estados Partes deben garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

5. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: se establece que los gobiernos      deben adoptar medidas para tener en cuenta el papel y las funciones reproductivas de la mujer y eliminar las prácticas discriminatorias de los empleadores, tales como no contratar o despedir a mujeres debido al embarazo o la lactancia materna, o exigir pruebas de utilización de anticonceptivos, y adoptar medidas eficaces para garantizar que las mujeres embarazadas, las mujeres con licencia de maternidad o las mujeres             que se reintegran al mercado laboral después de tener hijos no sufran discriminación alguna.

Por lo que hace a otros sistemas jurídicos, debe decirse que el período de descanso obligatorio con motivo de maternidad, de 12 semanas o tres meses, que establece nuestra Constitución y legislaciones laboral, burocrática y de seguridad social, es muy corto, ya que la normativa de otras regiones y países muestran una clara tendencia a extender este período de descanso obligatorio. Por ejemplo: Unión Europea (14 semanas),20 Brasil (120 días),21 Chile (18 semanas),22 Colombia (14 semanas),23 Costa Rica (4 meses),24 Cuba (18 semanas),25 El Salvador (16 semanas),26 España (16 semanas),27 Uruguay (14 semanas)28 y Venezuela (26 semanas).29

En cuanto a la lactancia, la experiencia internacional muestra algunos casos representativos, como los siguientes: Brasil (dos descansos de 30 minutos hasta que el o la bebé cumpla seis meses de edad),30 Colombia (dos descansos diarios de 30 minutos durante seis meses),31 Cuba (una hora diaria hasta que el niño o niña cumpla un año de edad),32 España (una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones hasta que el hijo o hija cumpla nueve meses),33 Uruguay (una hora al día, para hijas o hijos menores de dos años),34 y Venezuela (dos descansos de 30 minutos, de los tres meses a los seis años de edad del hijo o hija, si hubiere centro de educación inicial con sala de lactancia en el centro de trabajo, pues de lo contrario los descansos serán de una hora y media cada uno).35

La maternidad en los criterios del Poder Judicial de la Federación

La maternidad de las mujeres trabajadoras no ha sido un tema ajeno al estudio y decisión de los tribunales federales. Existen numerosos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito que reflexionan en torno a este tópico.

Si bien, las tesis y jurisprudencias cuyos principales contenidos a continuación se señalan no ofrecen información que se refiera a incrementar el período de descanso de las mujeres trabajadoras con motivo de la maternidad o especificar las condiciones a que debe sujetarse el período de lactancia, resultan especialmente valiosas porque muestran la relevancia especial de los fines de esta iniciativa, que busca reformar la constitución para establecer un plazo mayor de descanso obligatorio y reforzar la protección especial que debe darse a las mujeres trabajadoras durante el embarazo y con posterioridad al parto.

Aquí los criterios más destacados:

• Las trabajadoras tienen derecho a recibir, durante el descanso con motivo de embarazo, las prerrogativas adicionales al salario que estén previstas en los contratos colectivos de trabajo.36

• El juzgador está obligado a hacer un escrutinio más estricto de las pruebas, cuando una mujer es despedida durante el descanso con motivo de embarazo.37

• Las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozan de especial protección, generando una estabilidad laboral de mayor intensidad, en pro de su mínimo vital, pues durante esos periodos guardan condiciones físicas especiales y necesidades determinadas que las hacen merecedoras de conservar el empleo con mayor énfasis y, por ende, evitar ser despedidas por razón de tales factores o castigadas laboralmente en sus condiciones, ya que son proclives a sufrir doble discriminación (en el empleo que tenían al perderlo y para obtener otro), no obstante las erogaciones propias para dos seres, donde la necesidad es cuantitativa y cualitativamente mayor al común denominador.38

• El período de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras como la del producto de la concepción, por lo que si aquél ocurre antes de la fecha probable fijada por el médico, el resto de los días no disfrutados del periodo prenatal deberán ser transferidos al de posparto.39

• El derecho a gozar forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos posteriores a este último, incluye el derecho de percibir íntegro el salario y conservar el empleo, así como las prerrogativas que se hubieran adquirido por la relación de trabajo.40

• La protección social a la maternidad, a su vez busca proteger la salud de la mujer y del producto de la concepción y establecer, en suma, mejores condiciones para el feliz desarrollo de la familia.41

• La garantía de "un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo", es en el supuesto en el que, bajo circunstancias normales, la fecha del parto coincida con la fijada aproximadamente por el médico; sin embargo, dado que no en todos los casos ocurre así y el parto puede ocurrir antes o con posterioridad a la fecha fijada en forma aproximada por el médico, debe tenerse claro que el descanso de tres meses es forzoso y debe otorgarse íntegro, pues solo así se cumple con el propósito constitucional de salvaguardar la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción.42

• La condición física y social en la cual se ubica la trabajadora embarazada, aunque sea de confianza, derivada del despido de su trabajo, la coloca en una situación de vulnerabilidad y una discriminación que se encuentra prohibida por el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero la protección no es solo para la mujer embarazada, sino para la vida y salud del hijo o hija por nacer; por lo que esta protección llega al extremo de constituir un fuero maternal, porque previene la discriminación por razón de sexo en el trabajo. 43

• La protección a la salud y a la no discriminación son dos derechos fundamentales vinculados que corresponden a la mujer trabajadora embarazada.44

Objeto y contenido de la iniciativa

En consecuencia, esta iniciativa tiene por objeto reformar las fracciones V y XXIX del apartado A, y el inciso c) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con el propósito de incrementar el período de descanso obligatorio de las mujeres trabajadores con motivo de la maternidad y especificar las condiciones a que debe sujetarse el período de lactancia.

Lo analizado en esta exposición evidencia, entre otras cosas, lo siguiente:

• La protección de la maternidad para las trabajadoras es esencial para asegurar el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo.

• El Convenio 183 de la OIT, sobre la Protección de la Maternidad, 2000, que no ha sido ratificado por México, establece el derecho de las trabajadoras embarazadas a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas, de las cuales seis deberán ser posteriores al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Asimismo, dispone que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, las cuales deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.

• La OMS y el UNICEF recomiendan: 1) el inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida; 2) la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida, y 3) la introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más.

• La legislación de diversos países supera los beneficios que el marco jurídico de México ofrece a las mujeres trabajadoras y sus hijos o hijas, con motivo de la maternidad y la lactancia.

• Para el Poder Judicial de la Federación los derechos de protección a la salud y a la no discriminación de las mujeres trabajadoras y sus hijos o hijas son dos derechos fundamentales vinculados, que deben orientarse a dar estabilidad laboral de mayor intensidad, en pro de su mínimo vital.

En cuanto al descanso por maternidad, esta iniciativa propone elevar su duración al mínimo previsto por la OIT, de modo que, en lugar de 12 semanas o tres meses, se eleve a 14 semanas. Aunado a ello, se busca permitir que sea la trabajadora quien determine la forma en que distribuirá esas semanas de descanso, en dos períodos antes y después del parto, con la opinión favorable del médico que la esté tratando, quien podrá negar la transferencia para el caso de que se ponga en riesgo la salud de la madre o del producto.

Por lo que hace al período de lactancia, se estima importante elevar a nivel constitucional su duración mínima de seis meses, en concordancia con las recomendaciones de la OMS y el UNICEF. Si bien, la Ley Federal del Trabajo vigente prevé que la duración del período de lactancia será de máximo seis meses, es importante que este tiempo no se defina a nivel constitucional como un máximo, sino como un mínimo, para que a partir de este las leyes secundarias, los contratos ley, los contratos colectivos y los contratos individuales de trabajo prevean hipótesis en las que el plazo podría extenderse.

Asimismo, se agrega la oración “por lo menos” para los dos descansos de media hora diarios que actualmente se otorga a las trabajadoras para alimentar a sus hijos o hijas, a fin de que también se permita que las normas derivadas estén en posibilidad de incrementar este beneficio.

Asimismo, estas reflexiones expresadas en la presente iniciativa fueron confirmadas y ratificadas por los expositores y conferencistas asistentes al Foro: “Conciliación de la Vida Laboral y Familiar: Responsabilidad Social y Productividad en el Trabajo”, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los días 11 y 12 de octubre de 2016, en esta Cámara de Diputados.

Finalmente, este proyecto busca homologar el tratamiento que por razón de maternidad y lactancia reciban las madres trabajadoras y sus hijos o hijas, independientemente de que sus relaciones de trabajo se rijan por el apartado A o por el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo que se busca es igualdad, no solo entre hombre y mujeres, sino entre las propias mujeres en su condición de madres y trabajadoras, independientemente de su régimen laboral.

Para lograr lo anterior, se proponen modificar el texto de las fracciones V y XXIX del apartado A, y el inciso c) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 constitucional, en los términos siguientes:

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a IV. …

I. a IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de catorce semanas que podrán distribuirse antes y después del parto, en la forma que convenga a la mujer y de acuerdo con la opinión del médico que la esté tratando, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. La mujer disfrutará de un mínimo de siete semanas posteriores al parto, independientemente de la fecha del mismo. El período de lactancia será de al menos seis meses a partir del parto y durante dicho periodo las mujeres tendrán, al menos, dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

VI. a XXVIII. …

VI. a XXVIII. …

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de maternidad, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

XXX. y XXXI. …

XXX. y XXXI. …

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a X. …

I. a X. …

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) y b)…

a) y b)…

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de catorce semanas que podrán distribuirse antes y después del parto, en la forma que convenga a la mujer y de acuerdo con la opinión del médico que la esté tratando, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. La mujer disfrutará de un mínimo de siete semanas posteriores al parto, independientemente de la fecha del mismo. El período de lactancia será de al menos seis meses a partir del parto y durante dicho periodo las mujeres tendrán, al menos, dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) a f)…

d) a f)…

XII. a XIV. …

XII. a XIV. …

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y XXIX DEL APARTADO A, Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LICENCIA DE MATERNIDAD, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 123. …

A. …

I. a IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de catorce semanas que podrán distribuirse antes y después del parto, en la forma que convenga a la mujer y de acuerdo con la opinión del médico que la esté tratando, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. La mujer disfrutará de un mínimo de siete semanas posteriores al parto, independientemente de la fecha del mismo. El período de lactancia será de al menos seis meses a partir del parto y durante dicho periodo las mujeres tendrán, al menos, dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

VI. a XXVIII. …

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de maternidad, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

XXX. y XXXI. …

B. …

I. a X. …

XI. …

a) y b)…

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de catorce semanas que podrán distribuirse antes y después del parto, en la forma que convenga a la mujer y de acuerdo con la opinión del médico que la esté tratando, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. La mujer disfrutará de un mínimo de siete semanas posteriores al parto, independientemente de la fecha del mismo. El período de lactancia será de al menos seis meses a partir del parto y durante dicho periodo él las mujeres tendrán, al menos, dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) a f)…

XII. a XIV. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero.

1 Organización Internacional del Trabajo, La maternidad en el trabajo. Examen de la legislación nacional, Ginebra, 2010, p. V.

2 Idem.

3 Idem.

4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,  consultada en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1, el 23 de octubre de 2016.

5 Cfr. Astelarra, Judith, e Izquierdo, M. Jesús, “Familia y Estado: una relación a examen”, Papers: revista de sociología, 1982, Núm. 18, Familia Estado, pp. 9-17.

6 Cfr. Carbonell, Miguel, Carbonell José, “¿Qué significa ser iguales? La equidad de género en el Estado de bienestar”, México, 2012, p. 53.

7 Cfr. Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, “Discriminación de la mujer por maternidad”, Revista latinoamericana de derecho social, 2004, Núm. 4, p. 146.

8 Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, Derechos de las mujeres trabajadoras, México, 2000, p. 3.

9 Cfr. Ibídem, pp. 145-151.

10 Ibídem, pp. 146-147.

11 Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, op. cit., pp. 145-147.

12 Kurczyn Villalobos, Patricia, op. cit.,p. 62.

13 IMSS, UNICEF, “Guía práctica: lactancia materna en el lugar de trabajo. Para empresas e instituciones medianas y grandes”, México, consultado en www.unicef.org/mexico/spanish/guialactancialess.pdf el 18 de octubre de 2016.

14 Idem.

15 Alimentación del lactante y del niño pequeño, Nota descriptiva N°342, Organización Mundial de la Salud, enero de 2016, consultada en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/, el 21 de octubre de 2016.

16 No ha sido ratificado por México.

17 Firma México: 4 jun 1995,  aprobación Senado: 26 nov 1996, publicación DOF Aprobación: 12 dic 1996, vinculación de México: 12 nov 1998 Ratificación, entrada en vigor internacional: 5 mar 1995, entrada en vigor para México: 12 dic 1998, publicación DOF, promulgación: 19 ene 1999.

18 Firma México: 17 nov 1988, aprobación Senado: 12 dic 1995, publicación DOF Aprobación: 27 dic 1995, vinculación de México: 16 abr 1996 Ratificación, entrada en vigor internacional: 16 nov 1999, entrada en vigor para México: 16 nov 1999, publicación DOF Promulgación: 1° sep 1998.  Al ratificar el Protocolo, el Gobierno de México formuló la declaración siguiente: “Al ratificar el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno de México lo hace en el entendimiento de que el Artículo 8 del aludido Protocolo se aplicará en la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias."

19 Firma México: 17 jul 1980, aprobación Senado: 18 dic 1980, publicación DOF Aprobación: 9 ene 1981, vinculación de México: 23 mar 1981 Ratificación, entrada en vigor internacional: 3 sep 1981, entrada en vigor para México: 3 sep 1981, publicación DOF Promulgación: 12 may 1981, fe de Erratas: 18 jun 1981.

20 Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, consultada en: https://www.boe.es/doue/2008/327/L00009-00014.pdf, el 23 de octubre de 2016.

21 Decreto Ley Nº 5.452, 1 de mayo de 1943, consultado en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm, consultada en: https://www.boe.es/doue/2008/327/L00009-00014.pdf, el 23 de octubre de 2016.

22 Código del Trabajo, consultado en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436&idParte=0, el 23 de octubre de 2016.

23 Código Sustantivo del Trabajo, consultado en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html, el 23 de octubre de 2016.

24  Código de Trabajo, consultado en:
Fuente:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&strTipM=TC, el 23 de octubre de 2016.

25 Código de Trabajo, consultado en: uente: http://www.parlamentocubano.cu/index.php/documento/codigo-del-trabajo/, el 23 de octubre de 2016.

26 Código de Trabajo, consultado en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/codigo-de-trabajo?palabrasInteres=trabajo&tipoDocumento=Codigo, el 23 de octubre de 2016.

27 Ley del Estatuto de los Trabajadores, consultado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430, el 23 de octubre de 2016.

28 Ley Nº 17.292 Administración Pública y Empleo, Fomento y Mejoras, consultada en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=25-01-2001&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=27-01-2001&Ltemas=&tipoBusqueda=E&Searchtext=, el 23 de octubre de 2016.

29 Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, consultada en:
http://historico.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrganicas/46.-GOE_6076.pdf, el 23 de octubre de 2016.

30 Decreto Ley Nº 5.452, 1 de mayo de 1943, consultado en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm, consultada en: https://www.boe.es/doue/2008/327/L00009-00014.pdf, el 23 de octubre de 2016.

31 Código Sustantivo del Trabajo, consultado en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html, el 23 de octubre de 2016.

32 Decreto- Ley Nº 234 "De la Maternidad de la Trabajadora", consultada en:
http://www.gacetaoficial.gob.cu/codedicante.php, el 23 de octubre de 2016.

33 Ley del Estatuto de los Trabajadores, consultado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430, el 23 de octubre de 2016.

34 Ley Nº 17.215 dictanse normas que comprenden a toda trabajadora  publica o privada que se encontrare en estado de gravidez o en periodo de lactancia, consultada en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=E&Searchtext=lactancia, el 23 de octubre de 2016.

35 Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, consultada en:
http://historico.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrganicas/46.-GOE_6076.pdf, el 23 de octubre de 2016.

36 “Comisión sindical. El pago de las prestaciones establecidas en la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, no debe suspenderse por encontrarse la trabajadora de incapacidad por maternidad.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Tesis: I.13o.T.98 L (10a.), Página: 1602.

37 “Ofrecimiento de trabajo para empleadas embarazadas y en situación de maternidad. Si el despido es atribuido en los periodos protegidos constitucional e internacionalmente, su calificación debe hacerse bajo un escrutinio más estricto.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Tesis: III.3o.T.24 L (10a.), Página: 2087.

38 “Trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad. Conforme al marco constitucional e internacional de protección a los derechos humanos, al gozar de una tutela especial, entre otros beneficios, cuentan con estabilidad reforzada en el empleo.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Tesis: III.3o.T.23 L (10a.), Página: 2271.

39 “Incapacidad por maternidad. El periodo de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras como la del producto de la concepción, por lo que si aquél ocurre antes de la fecha probable fijada por el médico, el resto de los días no disfrutados del periodo prenatal deberán ser transferidos al de posparto.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Tesis: III.3o.T.12 L (10a.), Página: 1368.

40 “Licencia por maternidad. Tiene como fin garantizar un descanso forzoso de tres meses para preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción, así como el derecho para conservar el empleo y recibir íntegro el salario.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Tesis: I.15o.T.2 L (10a.), Página: 1881.

41 Idem.

42 Idem.

43Trabajadoras embarazadas al servicio del Estado. Su despido constituye un acto de discriminación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Tesis: I.1o.A.T.28 L(10a.), Página: 3313.

44 Idem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

(Presentada por el Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, LUIS DE LEÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Banco Mundial existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales en el mundo, mismas que adoptan diferentes maneras de operar en correspondencia a sus objetivos; abarcando una serie de acepciones como lo representan las Zonas Francas de Exportación, Zonas de Libre Comercio, Zonas de Procesamiento de Exportaciones, Zonas Libres, Estados Industriales, Zonas de Emprendimiento, entre otras.

Las zonas económicas especiales, son áreas delimitadas y ubicadas en sitios con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva, a través de exenciones fiscales, dotación de infraestructura y servicios de primer orden favorables para la atracción de capitales. Su objetivo es democratizar la productividad a nivel regional para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país.

En nuestro país, la creación de las Zonas Económicas Especiales surge como un proyecto insignia queplantea articular acciones entre dependencias federales, gobiernos locales, municipales y el trabajo coordinado entre el sector privado y social en aras decrear nuevas áreas de desarrollo y con ello, reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país, particularmente entre la región norte y sur de México.

El norte, prospero integrado con Estados Unidos y vinculado al comercio Internacional, y el sur que posee tasas de crecimiento negativo y con los mayores indicadores de marginación y pobreza, incluso comparado con algunos países de África y América Central. Esos indicadores económicos reflejan que pareciera que existen dos naciones, en un mismo país.

Dentro de este mosaico económico-social que prevalece en nuestro país, particularmente en el sur-sureste de México existen diversos grupos, entre ellos, la población indígena, la cual se ha caracterizado por su vulnerabilidad socioeconómica, la cual históricamente tiene una relación directa con la pobreza, la marginación, la dispersión territorial y el rezago significativo. Son los más pobres entre los pobres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del día Internacional de los Pueblos Indígenas 2016, los pueblos y comunidades indígenas de México están conformados por más de 15 millones de personas, quienes actualmente continúan con alarmantes indicadores tales, como: alta morbilidad materna infantil, deficiencias nutricionales, retraso educativo, insuficiente atención en materia de salud, inequidad de género, violación a sus derechos humanos, entre otras causas, que ponen de manifiesto que es urgente que las políticas públicas requieren reorientarse en materia de atención a las comunidades y pueblos indígenas.

El artículo 2o., Apartado B, de nuestra Carta Magna señala que “la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018, es, precisamente, la democratización de la productividaden torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

El componente “México Incluyente”, se enfoca a transitar a una sociedad equitativa, virtud de ello, dicho eje en su estrategia 2.2.3 propone desarrollar políticas públicas orientadas a fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y social, en el marco de un respeto pleno al ejercicio de sus derechos y a las manifestaciones de su cultura y ejercicio de sus derechos.

Precisamente con la puesta en marcha de las zonas económicas especiales, se proyectaimpulsar el crecimiento económico sostenible e incluyente en las regiones del país que tienen mayores rezagos en materia de desarrollo social, como lo representan los polígonos en las que se asentaran las zonas económicas especiales, mismas en las que actualmentehabitan de forma contigua pueblos y comunidades indígenas.

Actualmente, las Zonas Económicas Especiales en su primeraetapa de inversiones contemplacuatro regiones: Puerto Lázaro Cárdenas con influencia en Michoacán y Guerrero; el corredor de Tehuantepec (de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca); Puerto Chiapas, en Chiapas y el corredor petrolero Campeche-Tabasco. Además, otras entidades que serán beneficiadas son: Yucatán, Puebla e Hidalgo.

En dichos estados de la república habitan alrededor de 40.2 millones de personas, lo que se traduce que el 33% de la población total del país vive allí, y donde según datos del Gobierno Federal dos de cada tres personas viven en condiciones de pobreza extrema.Sin embargo, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta que las zonas económicas especiales en su etapa inicial, únicamente beneficiara a 2 millones de personas en 22 municipios.

Datos de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales señalan que de 1980 a 2015 en la zona norte bajío el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció en un 51%, una cuarta parte de la población económicamente activa (PEA) se desempeña en el sector manufacturero, 6 de cada 10 personas laboran en el sector formal, al tiempo que 3 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y 4 de cada 100 en pobreza extrema.

En discordancia con lo anterior, en el sur-sureste de México durante el mismo periodo el PIB per cápita solo creció 9%, además que solo el 10% de la PEA labora en el sector formal, en tanto que 7 de cada 10 habitantes están en situación de pobreza y 20 de cada 100 en pobreza extrema. Cabe señalar, que muchos de esos habitantes son eminentemente población indígena.

Muestra de ello, es que de acuerdo con las estimaciones de pobreza elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su estudio denominado: “La Pobreza en la Población Indígena de México, 2012”, en términos del perfil de pobreza y carencia social y económica, a manera de síntesis destaca que, con base en cualquier criterio, la pertenencia indígena se asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población total.

Ahora bien, tanto la Ley en merito en su apartado de las Disposiciones Generales como su Reglamento consideran el concepto Áreas de Influencia, misma acepción que hace mención a la poblaciones urbanas y rurales, pero no considera la definición de población indígena.

Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde además se apoyará el desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean complementarios a las actividades económicas de la Zona;

Según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el término área de influencia se utiliza para designar el espacio en el que un elemento urbano impacta en torno a la zona económica especial.

En cuanto a la definición de población rural y urbana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considera que una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas.Es decir, su acepción está dada en función de la densidad de población. Y no de las características del tipo de población que habita en ella. Inclusive, una población rural no necesariamente es una población indígena.

Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI) considera Población Indígena, a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo[a], bisabuelo[a], tatarabuelo[a], suegro[a]) declaró ser hablante de lengua indígena. Incluye también a personas que dijeron hablar alguna lengua indígena y que no son parte de estos hogares.

Si las zonas económicas especiales son entendidas como un sistema basado en la coordinación y la sinergia gubernamental, que permite una efectiva territorialización de las políticas públicas, económicas e industriales y que articulan acciones entre dependencias federales, gobiernos locales, municipales y el trabajo coordinado con el sector privado y social, en aras de transformar la realidad de muchas comunidades que actualmente se encuentran en condiciones de marginación y pobreza, resulta de elemental congruencia que los pueblos y comunidades Indígenas que habitan en la región sur-sureste de México de forma colindante a las zonas económicas especiales se vean beneficiados de éstas.

Amén de ello, la presente iniciativa propone que se adicione el término Población Indígena en las denominadas Áreas de Influencia citadas tanto en la Ley de Zonas Económicas Especiales como en su Reglamento.

Por otra parte esta iniciativa, igualmente propone que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI), pase a formar parte de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales. Toda vez que lefaculta la propia Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo siguiente;
……

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos……….

Con esta propuesta, no solo se pretende dar una atribución más a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sino estrictamente se estaría procediendo de manera congruente con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Zonas Económicas Especiales, y su reglamento;

……..

Artículo 18. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y su Área de Influencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría, en forma coordinada, realizarán los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la participación que corresponda a las entidades federativas y municipios involucrados.

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Se puede afirmar, que es un proceso regulado por el derecho internacional con carácter vinculatorio para el gobierno mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo segundo de su apartado B, fracción IX, estipula la obligación del Estado de consultar a la población indígena en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.

……….

………. “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

La ley de Planeación, en su Capítulo Tercero, denominado: Participación Social en la Planeación, particularmente en sus artículos 20 y 20 Bis, señalan,

Artículo 20.-

………

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Artículo 20 Bis.-En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.

A su vez, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a pesar de que reconoce el derecho a la consulta a las comunidades indígenas, lo cierto es que lo incorpora de manera insustancial y no lo vincula con obligatoriedad como un derecho individual o colectivo.

Concretamente, resulta inverosímil que el artículo 18 de la ley en merito estipule que tanto la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en forma coordinada, sean las instituciones encargadas de realizar los procedimientos necesarios de consulta previa, libre e informada con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas, aun cuando hoy en día no existe una ley “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada, y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”.

Incluso, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación General número 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, dirigida al titular del poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Congresos Estatales para que legislen en la materia.

Dada esa ausencia de legislación en el sistema jurídico mexicano, resulta congruente, además de una Acción Afirmativa que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pase a formar parte de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, y con ello pueda de forma activa dar plena observancia a lo consignado en el artículo 18 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y demás asuntos de su competencia.

En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.

Virtud de los razonamientos antes expuestos, el que suscribe somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el artículo 3, fracción II; artículo 10, fracción I, inciso d); Articulo 17, primer párrafo; artículo 18, segundo párrafo y; se adiciona una fracción XV al artículo 37. Todos ellos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para quedar como sigue:

Artículo 3……

I. ….

II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas, rurales e indígenas aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde además se apoyará el desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean complementarios a las actividades económicas de la Zona;

Artículo 10….

……

I ….

a-c)

d) Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades con especial atención aquellas de origen indígena ubicadas en el Área de Influencia según lo previsto en el Programa de Desarrollo;

Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos, particularmente aquellos con población indígena asentados de manera colindante a las Áreas de Influencia.

Artículo 18. ……

En términos del Programa de Desarrollo se fomentarán programas de vinculación con empresas y trabajadores locales, y de responsabilidad social, con el objeto de promover el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidadesindígenas en las que se ubique la Zona y su Área de Influencia,en concordancia al apartado B, del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 37. …..

La Comisión Intersecretarial estará integrada por:

I – XIV. …..

XV. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y

XVI. …..

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta reforma la Secretaría tendrá 30 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad correspondiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Luis de León Martínez Sánchez.

Referencias:
1.-Zonas económicas especiales de México.- https://www.gob.mx.
2.- Presencia indígena, marginación y condición de ubicación geográfica.-
CONAPO.gob.mxhttp://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1738/1/images/7_Presencia_indigena_marginacion_y_condicion_de_ubicacion_geografica.pdf               
3.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía a propósito del día Internacional de los Pueblos Indígenas 2016.www.inegi.org.mx.-http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf.
4.- Programa Especial de los Pueblos Indígenas.-http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf
5.-“La Pobreza en la Población Indígena de México, 2012”.- http://www.coneval.org.mx
6.-Comisión Federal de Mejora Regulatoria.- http://www.cofemer.gob.mx
7.- INEGI. Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2010.-http://cuentame.inegi.org.mx
8.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas www.cdi.gob.mx
Otras consultas:
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- Cámara de Diputados.-
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.-www.cdi.gob.mx/.../7-ley-de-la-comision-nacional-para-el-desarrollo-de-los-pueblos






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del PRD)

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo es un detonante de desarrollo, hay localidades en el país que por diversos factores se han visto afectados con una considerable baja en el turismo que reciben; ejemplo de ello es el estado de Guerrero, que por un sinnúmero de factores han visto mermados sus ingresos provenientes del sector turístico.

Las medidas que se deben tomar por parte de las autoridades para revertir esta situación son variadas, pero sin duda, algo que podría ayudar a aumentar el flujo de visitantes a los puntos turísticos será el de que los costos de traslado sean menores.

ARGUMENTOS

El turismo es una actividad que tiene infinidad de posibilidades de expansión y crecimiento, que conlleva beneficios tangibles para las localidades que son receptoras y para las familias mexicanas que viven en esos lugares. De acuerdo con información de la Organización Mundial de Turismo del año 2000 al 2012 este sector creció a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la llegada de turistas internacionales, generó 9 puntos del Producto Interno Bruto mundial, uno de cada 10 empleos y participó con el 6% de las exportaciones mundiales.1

De conformidad con el diagnóstico del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, para nuestro país, esta importante actividad representa una de las principales fuentes de divisas, genera el 8.4% del PIB y más de 2.2 millones de empleos.

A mayor abundamiento, este diagnóstico señala lo siguiente: “La naturaleza transversal del turismo lo coloca como un importante motor de progreso. Por una parte, en México agrupa a más de 50 actividades económicas, genera oportunidades principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, y es capaz de crear encadenamientos productivos de mayor valor agregado para el país. Por otro lado, es un catalizador del desarrollo, representa un poderoso instrumento para elevar el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural.2

De lo anterior se colige que el Gobierno Federal esta cierto de la importancia que tiene el sector turístico en nuestro país, por ello nosotros como legisladores debemos de dotar del marco jurídico necesario que permita a las autoridades federales realizar las acciones necesarias para que aumente el flujo de personas en los diversos destinos turísticos con los que contamos.

Sin duda, uno de los medios más económicos para viajar es vía terrestre, por ello la presente iniciativa tiene el propósito de incentivar el uso de las autopistas para que en temporadas vacacionales sea aún menor el costo de traslado de un punto a otro y así crezca el flujo de paseantes en los destinos turísticos, sobre todo en aquellos que no se han visto favorecidos en los últimos tiempos como es el caso de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

ÚNICO. Se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

I. a VII. (…)

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los      automóviles.

Promover que en temporada vacacional se apliquen descuentos en el peaje que paguen los automóviles y motocicletas; y

IX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 24 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Lluvia Flores Sonduk.

1 Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013

2 Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La geografía de nuestro país lo vuelve sumamente vulnerable a todos aquellos fenómenos naturales que ponen en riesgo a la población y a la infraestructura, alterando con ello la vida cotidiana y a la economía nacional. Erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, huracanes, sismos, tormentas de nieve, tsunamis, incendios forestales y tornados forman parte del catálogo de eventos destructivos que incrementan sus efectos nocivos en las zonas urbanas donde existe una alta concentración humana, máxime en sitios de ocupación precaria que carecen de planeación suficiente.

De acuerdo con el diagnóstico incluido en el Programa Nacional de Protección Civil 2014 – 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, dos terceras partes de la superficie de México tienen un riesgo sísmico significativo, mientras que, en cuanto al fenómeno volcánico, se cuenta con 31 volcanes potencialmente activos, además de 12 campos volcánicos monogenéticos, donde se tiene alta probabilidad de que nazca un nuevo volcán.

El propio plan señala que México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean y destaca la importancia de los efectos que tiene el cambio climático en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, etc. Entre los grandes ciclones tropicales, menciona, resaltan el huracán Gilbert, en 1988, que devastó las playas de Cancún y provocó lluvias torrenciales en Nuevo León y el huracán Wilma, que en 2005 produjo daños importantes también en Cancún, así como las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 y 2009 y las acontecidas en Veracruz en 2010. Finalmente, en 2013 se presentaron los ciclones tropicales "Manuel" e "Ingrid", los cuales interactuaron entre sí, propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en Guerrero.

Aunado a lo anterior, el plan establece que las abundantes lluvias también tienen influencia en la inestabilidad de laderas y destaca los deslizamientos ocurridos en Teziutlán en 1999 y en El oxochitlán en 2006, ambos en el estado de Puebla; así como el deslizamiento de Juan de Grijalva, Chiapas, ocurrido el 4 de noviembre de 2007, que obstruyó el flujo del río Grijalva y, en septiembre de 2013, el deslizamiento de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que perecieron 71 personas.

La actual administración federal especifica en el documento programático de mérito que la escasez de lluvia que se resiente en otras regiones del país que llega a mantenerse por periodos prolongados propicia sequías que afectan la agricultura, la ganadería y la economía en general. Asociados a la escasez de lluvia están los incendios forestales que se presentan cada año en la temporada de sequías y que en determinados años alcanzan proporciones extraordinarias. Únicamente entre los años 2008 y 2012, según cifras de la Comisión Nacional Forestal, se presentaron 44,824 incendios forestales, los cuales ocasionaron pérdidas de zonas boscosas y daños al sector agrícola, así como a las poblaciones rurales y urbanas que se encuentran dentro del área de afectación de un incendio, entre otros.

El efecto negativo de los desastres para el país y su impacto económico durante el periodo 2000-2012 se reflejan en las siguientes cifras contenidas en el multicitado plan: 

1 millón 169 mil viviendas afectadas y un impacto económico de 22 mil 971.2 millones de pesos;

23 mil 935 unidades educativas, lo que da un promedio anual de 1 mil 841 unidades afectadas. Las pérdidas económicas en el sector educativo sumaron 4 mil 560.9 millones de pesos;

El sector salud es uno de los más afectados por desastres, debido a que su impacto se traduce en dos rubros principales: los efectos registrados en las unidades médicas y el costo que representa la implementación de la atención médica necesaria posterior al desastre. Entre 2000 y 2012 el impacto económico estimado de los eventos evaluados para este sector fue de 4 mil 272.6 millones de pesos en mil 939 unidades de salud afectadas, y

 El sector carretero, el cual precisa los mayores costos de reconstrucción, ha concentrado 57% del total de los recursos entregados por el Fondo de Desastres Naturales entre los años 2000 y 2011. De acuerdo con los eventos evaluados, se han estimado daños y pérdidas en las carreteras por 58 mil 750 millones de pesos. Estos daños afectan a otros sectores, ya que provocan incomunicación y desabasto, al quedar bloqueados los pasos en algunos casos, además de elevar los costos de traslado por el desvío de rutas.

Monto de daños por tipo de fenómeno.

Tipo de fenómeno

Total de daños (Millones de pesos)

2008

2009

2010

2011

2012

Geológicos

78.2

72.0

8,821.8

416.6

1,555.3

Hidrometeorológicos

13,890.1

14,041.8

82,540.0

39,543.8

15,265.9

Químicos

241.7

319.9

924.3

1,376.1

370.1

Socio-organizativos

79.7

153.8

86.3

74.5

118.1

Total

14,289.7

14,587.5

92,372.4

41,411.0

17,309.4

Fuente: Base de datos de Impacto Económico y Social del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2014.

Una parte importante del diagnóstico elaborado al principio del actual gobierno tiene que ver con la adopción y uso de innovación tecnológica en materia de protección civil. Sobre este particular se establece que este rubro representa el eslabón con menor crecimiento dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, pues carece de políticas de largo plazo e incentivos permanentes para el desarrollo y su vinculación con los programas de protección civil, que incluyan la continua revisión y adaptación de los programas, técnicas o tecnologías para responder con mayor claridad y certeza a todas las problemáticas del país en materia de protección civil.

Las estrategias de monitoreo y alertamiento sobre fenómenos naturales han sido esfuerzos separados con una coordinación deficiente, se menciona en Plan, el cual agrega que “es necesario homologar los medios por los cuales se hacen públicas las alertas a las entidades y a la población. Durante los últimos años se han realizado inversiones para incrementar e integrar los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta; sin embargo, existe la necesidad de extender el monitoreo y alertamiento de diversos fenómenos en nuestro país, que permita advertir oportunamente a la población sobre los peligros que puedan afectar su vida y su patrimonio.”

Como consecuencia de lo anterior, el Programa establece como una de sus estrategias la consolidación del Sistema Nacional de Alertas como herramienta gestora de la información al Sistema Nacional de Protección Civil, la cual incluye las Líneas de acción que a continuación se mencionan:

• Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, para informar oportunamente y mejorar así la seguridad de los mexicanos;

• Mejorar los mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos mediante la implementación tecnológica aplicable al Sistema Nacional de Alertas;

• Promover la estandarización de los sistemas existentes de monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores;

• Coordinar la instrumentación de redes de monitoreo y alerta de fenómenos naturales para su homologación con el Sistema Nacional de Alertas;

• Impulsar la investigación, creación y desarrollo de nuevos sistemas de alerta y monitoreo, e

• Integrar dentro del sistema, plataformas tecnológicas que alerten a la población ante la ocurrencia y posible impacto de fenómenos perturbadores.

Justamente esta última línea de acción es la que motiva la formulación de la presente iniciativa, la cual pretende, concretamente, facultar a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, a efecto de que incluyan en los sistemas de alertamiento la provisión de información a la población a través de aplicaciones informáticas para ser ejecutadas en dispositivos móviles.

Esto se propone, toda vez que la tecnología está a manos de cada vez más mexicanos y ésta puede servir para alertar sobre la posible existencia de riesgos inminentes que pueden provocar daños o pérdidas, sobre todo en caso de sismos, fenómenos sobre los cuales no existe la posibilidad de predicción, como si ocurre con otros sucesos tales como tormentas o inundaciones.

Afirmamos que la tecnología está a la mano de buena parte de la población, toda vez que, de acuerdo al “Communication Outlook 2013” publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la penetración de la telefonía móvil de México se ubicó hasta el año 2013 en 86.6 suscripciones por cada 100 habitantes, lo que significa una cobertura amplísima, a pesar de que no hemos podido situarnos todavía en parámetros como los de otros países latinoamericanos.

Esta cobertura no sólo permite una mayor comunicación para los usuarios de telefonía móvil, sino la realización de transacciones comerciales, la interacción con otras personas en tiempo real, el acceso a noticias, la lectura de libros y la descarga de música y juegos. Si todo esto ya es posible gracias al uso de aplicaciones, ¿por qué no proveer a los usuarios de datos que les permitan resguardar su vida y proteger sus bienes?

Cierto es que actualmente ya existen aplicaciones elaboradas por empresas privadas, esfuerzo que debe considerarse valioso, pero ello no es suficiente, dado que la obligación de proveer de seguridad a la población no puede ser delegada, sino ejercida de manera primigenia por el Estado Mexicano y los tres niveles de gobierno.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 19.- La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

“I. … a VIII. …

“IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas;

 


 

 

“X. … a XXX. …”

Artículo 19.- La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

“I. … a VIII. …

“IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas.

“Los sistemas de alertamiento a que se refiere el párrafo anterior deberán incluir la provisión gratuita de información a la población a través de aplicaciones informáticas para ser ejecutadas en dispositivos móviles.”

“X. … a XXX. …”

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19.- La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

“I. … a VIII. …

“IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas.

“Los sistemas de alertamiento a que se refiere el párrafo anterior deberán incluir la provisión gratuita de información a la población a través de aplicaciones informáticas para ser ejecutadas en dispositivos móviles.”

“X. … a XXX. …”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Doctor José Ramón Azanza, hace referencia a que: “En farmacología, la incertidumbre no se acepta porque afecta la seguridad de las persona”.1

En materia de medicamentos y fármacos, no es posible que se permita la incertidumbre y la duda,  es decir; cuando se realiza un medicamento, este debe de cumplir con todas las medidas y requisitos para que pueda salir a la venta de las personas, así como las personas deben de tener la certeza que el medicamento que van a consumir es el correcto para erradicar con alguna enfermedad y que va a ser eficaz, sin que este pueda provocar alguna alteración en el cuerpo y en la salud.

 “Los medicamentos son sustancias o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tienen efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios en los seres humanos y se identifican como tal por su actividad farmacológica, características químicas, físicas y biológicas, son considerados como medicamentos, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores  a las de los alimentos naturales, se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo”.2

Hoy en día, la mayoría de los medicamentos son elaborados por laboratorios farmacéuticos reconocidos y para su preparación y distribución, estos deben de ser autorizados con un nombre propio registrado.

Así como todo lo relacionado a su investigación, fabricación, elaboración y distribución, está estrictamente regulado por la Ley General de Salud, que es la encargada de velar y proteger la salud de los seres humanos.

Sin embargo, los medicamentos no están elaborados solo con sustancias medicinales, por lo regular están acompañados de otras sustancias que no tienen actividad terapéutica, pero que si toman un papel importante en el medicamento, la finalidad de estas sustancias es para que el medicamento cuente con una estabilidad y se conserve adecuadamente, estas sustancias tienen por nombre excipientes, algunos de ellos son obligatorios en los medicamentos y en algunos otros son opcionales para su utilización.

Sin duda alguna los seres humanos están expuestos a diversas enfermedades, con las cuales se pueden curar con algún medicamento prescrito por algún especialista, estos medicamentos se pueden encontrar en establecimientos que cuentan con los permisos y medidas de higiene solicitadas para poder comercializarlas.

En todos los medicamentos en la parte inferior o lateral viene una advertencia que el laboratorio marca una estricto consumo del fármaco, que dice “No utilizar después de la fecha de caducidad establecida”, ya que posterior a esta fecha el medicamento pierde sus propiedades y consumiéndolo no se tiene la certeza de que producirá sus efectos, además de que no se trata de averiguar si el medicamento servirá o no, si no con el paso del tiempo pueden desarrollarse sustancias toxicas que pueden provocar una enfermedad más grave.

Existen personas que toman la fecha establecida de consumo como un mito, consideran que los medicamentos son útiles en cualquier momento y que solo los laboratorios establecen una fecha límite con la finalidad de que exista un alza en la compra y venta de medicamentos y por ende la economía del país incremente.

“El Dr. Juan Gibert, catedrático de Farmacología de la Universidad de Cadíz, apunta que en algunos medicamentos como el paracetamol, la aspirina, el naproxeno, es posible que no pase nada por tomarlos con caducidad de meses atrás, siendo estos medicamentos no agresivos, sin embargo existen medicamentos que si pierden la esencia de sus propiedades pueden ser altamente peligrosos, por mencionar algunos los analgésicos y la insulina”.3

“El ejemplo más conocido es el de la tetraciclina, un antibiótico que, si se consume superada su fecha de vencimiento, puede provocar una enfermedad renal conocida como síndrome de Fanconi, así mismo, se ha visto que la penicilina caducada puede producir reacciones de hipersensibilidad, y que con la insulina y los antibióticos líquidos se debe ser especialmente rigurosos”.4

“En 1979, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) comenzó a exigir que se incluyera una fecha de vencimiento o caducidad en las medicinas que se venden con o sin prescripción en ese país”.5

Hace unos cuantos años, la Organización Mundial de la Salud decidió que en principio las fechas de caducidad en general no deberían superar los cinco años.

Es decir en la actualidad en ningún laboratorio ni farmacia debe de haber un medicamento que su durabilidad exceda de cinco años, después de su elaboración, esto por mandato de la OMS.

“La doctora Inmaculada Posadas, profesora de Farmacología de la Universidad de Castilla-La Mancha (España), explica que si no se respeta la fecha de caducidad, el efecto negativo sobre el paciente y la progresión de su enfermedad puede ser muy grave, por eso se considera que es mejor poner una fecha límite y asegurarse que siempre va a surtir el efecto antes arriesgarse a tomar un medicamento que está caducado y provoque una patología grave”.6

“Un claro ejemplo está en el estado de Veracruz, ya que especialistas de la COFEPRIS y personal de la Secretaría de Salud, descubrieron 11 toneladas de medicamentos caducos y 47 mil pruebas de VIH sin registro sanitario, que eran suministrados a las personas”.7

 Por ello motivo de esta iniciativa es salva guardar el bien jurídico tutelado más importante que es la vida de las personas, tomando en cuenta que los medicamentos caducos son un riesgo para las personas, con esta iniciativa se busca que la venta y suministro de medicamentos falsos tenga una pena punitiva y sea impuesta a las personas quien lo cometen, hay que considerar que solo una sanción administrativa no es suficiente para evitar este tipo de conductas farmacias y laboratorios farmacéuticos, ya que al poner al comercio medicamentos caducos ponen en riesgo la vida de las personas, provocando la muerte.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 233.- Quien realice la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, aparte  de la sanción prevista en el artículo 421 de esta ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 José Ramón Azanza. Clínica de Farmacología.

2 Centro de Información de Medicamentos.
http://www.cedimcat.info/index.php?option=com_content&view=article&id=209:que-es-un-medicamento&catid=40&Itemid=472&lang=es

3 Medicamento Caducados. http://www.mujerhoy.com/salud/consulta/medicamentos-caducados-puedo-tomar-871441052015.html

4 Ídem.

5 Mitos y realidades de las fechas de vencimiento de los medicamentos.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37278615

6 ídem.

7 EXCELSIOR. 11 toneladas de medicamentos caducos. 24 de enero de 2017. 20:23
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/24/1141963






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 40 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

(Presentada por el Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 40 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante la existencia de empresas mexicanas dedicadas a la construcción de embarcaciones o de artefactos navales, y que los armadores nacionales o extranjeros puedan recurrir a estas empresas para ordenar sus embarcaciones y tener un beneficio con respecto a las extranjeras y abanderadas en México, se propone que ante cualquier solicitud de los servicios de embarcaciones, ya sea por parte de un organismo público o privado, y que los armadores que dispongan de embarcaciones abanderadas y construidas en México, puedan tener cierta preferencia respecto de sus competidores que dispongan de embarcaciones abanderadas en México pero construidas en el extranjero, pues en la ley que se analiza, no prevé dicha situación, es decir, no estipula que las empresas propietarias de embarcaciones construidas en México, puedan tener preferencia sobre las empresas con embarcaciones construidas en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo1 a fin de que se precisen y fortalezcan los lineamientos normativos que rigen el abanderamiento de las embarcaciones en México.

En ese sentido, estimo necesario agregar el artículo 40 bis, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en el cual se precise esa preferencia de elegir (cuando sea posible) los servicios de las empresas que sean propietarias de embarcaciones mexicanas construidas en México por encima de los ofrecidos por empresas con embarcaciones abanderadas mexicanas, pero construidas en el extranjero, con la finalidad de lograr e incentivar un crecimiento sostenido de la industria mexicana.

En otras palabras, se propone regular la preferencia a todo aquel que considere la construcción de sus embarcaciones en las empresas constructoras de barcos mexicanos, frente a aquel que elija construir en astilleros extranjeros; se deberán dar prioridad a las prestaciones ofertadas por las industrias mexicanas.

Llevar a cabo las modificaciones que planteo no es otra cosa que conceder una ventaja para aquel armador que haya recurrido a la industria naval mexicana, esto es, que haya construido sus embarcaciones en México.

II. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA

Con motivo de esta iniciativa se incidirá en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 40 bis y reforma el artículo 41 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 40 bis y reforma el artículo 41 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Artículo 40 bis.- Para regular lo previsto en el artículo anterior, se atenderá a lo siguiente:

En lo relativo a la contratación de embarcaciones para brindar servicio en el territorio y aguas nacionales, la entidad y las autoridades deberán considerar que la asignación de un contrato o prestación de servicio se deberá dar preferencia en el siguiente orden:

i) Se podrá asignar un contrato de servicio o fletamento a una empresa nacional o extranjera, y se permitirá el otorgamiento de permisos de navegación conforme a esta Ley de Navegación y Comercio Marítimo a una embarcación con Bandera Extranjera, siempre y cuando no exista una embarcación con bandera mexicana con características similares.

ii) En caso de existir oferta de embarcaciones con bandera mexicana, se deberá dar preferencia al armador que presente u oferte embarcaciones con bandera mexicana pero que demuestren haber sido construidas en astilleros nacionales, teniendo preferencia sobre embarcaciones con bandera mexicana, pero construidas en astilleros extranjero.

Artículo 41.- Habiendo agotado el procedimiento de licitación con la prelación dispuesta en las fracciones I y II, del artículo 40 y 40 bis, se podrá otorgar el permiso para un nuevo procedimiento que incluya a navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras.

VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

1 Ley de Navegación y Comercio Marítimos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 15 de mayo de 2017.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA    UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de Decreto, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los grandes dilemas de la democracia mexica es la desigualdad, que se traduce en actitudes, comportamientos y acciones inquinas, que únicamente menoscaban la dignidad humana y minan la convivencia y paz social.

Respecto a la desigualdad de género existente en los espacios de adopción de decisiones, el déficit de la presencia de las mujeres en estos, da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de legitimidad en nuestro sistema político; aunado a la falta de armonización de nuestro marco jurídico que obstaculiza y restringe los derechos de las mujeres al invisibilizarlas.

Emperooprobiosa es la forma en que las mujeres han sido invisibilizadas, según la teoría de género el periodo de la Ilustración fue una de las raíces de la desigualdad en cuanto a la participación política de las mujeres, debido a que dicho movimiento político‐filosófico desarrollado en el siglo XVIII reconoció como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos.

Así, el proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de ciudadanas y por ende, los derechos inherentes a dicha condición.

Empero hasta hoy en día en pleno sigo XXI las mujeres siguen en la lucha por el reconocimiento a lo que por derecho les corresponde, inmersas en un contexto hostil y contra la discriminación enquistada en la sociedad y en las instituciones.

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° la prohibición explicita de cualquier tipo o manifestación de discriminación, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; al tiempo en el artículo 4°, la igualdad jurídica de mujeres y hombres como garantía para todas y todos los ciudadanos.

Recordemos que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007, forma parte del  avance en la defensa y garantía de los derechos de las mujeres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Sin embargo para su efectivo cumplimiento es necesaria la armonización de las legislaciones locales y del marco jurídico nacional, es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto realizar una adecuación a la ley General de Población, que coadyuve a eliminar las inconsistencias que han invisibilizado a las mujeres, para legislar con perspectiva de género en materia, logrando con ello disposiciones jurídicas que aseguren dar garantía a los derechos humanos de la ciudadanía con plena  igualdad entre mujeres y hombres, aunado a integrar a dicho ordenamiento un enfoque de desarrollo sostenible.

ARGUMENTACIÓN

Es necesario armonizar el marco jurídico, al tiempo de considerarlas recomendaciones de organizaciones internacionales, tal es el caso de las Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo1 de la Organización de las Naciones Unidas:

El objetivo del acuerdo trascendental concertado en la Conferencia fue mejorar la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos y promover el desarrollo humano reconociendo las interrelaciones existentes entre las políticas y los programas de población y desarrollo encaminados a lograr la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible, la educación, especialmente de la niña, la equidad y la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil …

Así el Programa de Acción reconoce que el objetivo de la potenciación y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud es, en sí mismo, una meta sumamente importante y es esencial para el logro del desarrollo sostenible. Para alcanzar los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo es esencial hacer una mayor inversión en servicios de salud y educación para todos y en particular para la mujer, a fin de permitir su participación plena y en condiciones de igualdad en la vida civil, cultural, económica, política y social.

El Programa de Acción destaca que todos tienen derecho a la educación, que deberá estar orientada hacia el pleno desarrollo de los recursos humanos y de la dignidad y el potencial humanos, con particular atención a la mujer y la niña, y que, por consiguiente, todos deben recibir la educación necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas y para ejercer los derechos humanos. Insta a la eliminación de todas las prácticas que discriminan contra la mujer y afirma que la promoción de la igualdad y la equidad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer, la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, y la garantía de la capacidad de la mujer de controlar su propia fecundidad son piedras angulares de los programas de población y desarrollo. Afirma que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.

Donde se insta a los Gobiernos en Cuestiones de población y desarrollo a:

A. Población, desarrollo económico y medio ambiente

15. Los gobiernos deben:

a) Intensificar los esfuerzos encaminados a proporcionar a los encargados de formular planes y decisiones una mejor comprensión de las relaciones entre la población, la pobreza, la injusticia y desigualdad basada en el género, la salud, la educación, el medio ambiente, los recursos financieros y humanos, y el desarrollo, y volver a examinar las investigaciones recientes sobre la relación entre la reducción de la fecundidad y el crecimiento económico y su distribución equitativa.

En Cuanto a los Sistemas de datos, incluidos los indicadores

37. En colaboración con instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales, al igual que con asistencia de la comunidad internacional, incluidos los donantes, los gobiernos deben fortalecer sus sistemas nacionales de información a fin de preparar a tiempo estadísticas fidedignas sobre una amplia variedad de indicadores de la población, el medio ambiente y el desarrollo. Los indicadores deben incluir, entre otros, las tasas de pobreza de la comunidad, el acceso de la mujer a los recursos sociales y económicos, la matrícula y la permanencia de niñas y niños en las escuelas, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desglosado por subgrupos de población, incluidas las poblaciones indígenas, y el nivel de sensibilidad a cuestiones de género de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia.

Lo anterior es solo una de las recomendaciones cuyo contenido atañe a la presente iniciativa y que motiva a la misma, en aras de contar con un marco jurídico que garantice el respeto, protección y fomento a los derechos humanos.

Es por ello que en materia de política de población y salud reproductiva, es indispensable que en el diseño, implementación y evaluación de la política pública se encuentre implícita la perspectiva de derechos humanos y de género, aunado al desarrollo sustentable.

Uno de los objetivos que se pretendía alcanzar con las acciones de dicha Conferencia fue:

… Los gobiernos deben tratar de asegurar que para 2015 todos los servicios de atención primaria de la salud y de planificación de la familia puedan proporcionar, directamente o mediante remisión, la variedad más amplia asequible de métodos  de planificación de la familia y anticonceptivos inocuos y eficaces; atención obstétrica esencial; prevención y tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmisión sexual, y métodos de barrera (como preservativos masculinos y femeninos y microbicidas, si se dispone de ellos) para evitar las infecciones…2

Desde 1994 se contaba con dicha recomendación que tenían por objeto un enfoque amplio en torno a los derechos humanos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva aunado al desarrollo (sustentable) con diferentes objetivos demográficos, empero dos años después de la fecha considerada, contamos con epidemia de embarazos adolescentes y con la precaria implementación de la NOM-046-SSA2-2005.

No obstante hemos rebasado la fecha y apenas en 2015 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el Embarazo Adolescente, que tiene por objeto para el año 2030 erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.

Seguimos con legislaciones anacrónicas, con discursos exiguos y repitiendo entelequias; la realidad es que en lo que respecta a la política de población, el tema de los derechos de las mujeres tales como de salud sexual y reproductiva, muestran resistencia para implementar servicios asequibles y de calidad.

No omito comentar que el Programa País 2014-2018 suscrito entre el Gobierno de México y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, forma parte de un esfuerzo en conjunto que tiene como principal objetivo la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mismos que la presente iniciativa tiene como propósito integrar a la Ley General de Población.

“El reto se encuentra en pensar desde la otra orilla; con la mirada y los ojos del otro; lo que debe buscarse es un hablar distinto producto de un pensar distinto; y por ello es importante fijar posición y especificar qué se entiende cuando se habla sobre la desigualdad y la pobreza”.3

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos55 y el artículo 55, la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción II del artículo 3, de la Ley General de Población.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 3, de la Ley General de Población.

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I...

II. Realizar programas de planeación planificación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de los que disponga el sector público, y vigilando que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la conformación de las familias, con el objeto de implementar estrategias acorde a la situación demográfica y las medidas necesarias para garantizar un desarrollo sustentable.

III-XIV…

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Organización de las Naciones Unidas. Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994. Disponible en línea: http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/poblacion/215a1sp.pdf

2 Ibídem. Recomendación respecto a Salud reproductiva, incluidas la planificación de la familia y la salud sexual.

3 Intervención de Mario Luis Fuentes en la presentación del texto “Pactos por la Igualdad”, CEPAL; 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA, EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTRA DE QUIENES SE HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL, Y QUE DURANTE EL PROCESO PENAL NO SE LES HAYA GARANTIZADO EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LA LENGUA INDÍGENA NACIONAL EN QUE SEAN HABLANTES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA, EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTRA DE QUIENES SE HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL, Y QUE DURANTE EL PROCESO PENAL NO SE LES HAYA GARANTIZADO EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LA LENGUA INDÍGENA NACIONAL EN QUE SEAN HABLANTES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo hay alrededor de 5,000 grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que están distribuidas en más de 70 países. Históricamente, los pueblos indígenas han sido grupos marginados, oprimidos y discriminados, a los que se les ha desposeído de sus tierras y recursos. Esto, ha traído como consecuencia que muchos de ellos optaran por ocultar su identidad, abandonando su idioma y sus costumbres.1

En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 24.4 millones de personas de 3 años y más que se auto reconocen indígenas, lo que representan 21.5% de la población total2, misma que en su mayoría se concentra en sólo 6 estados (Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo)3, y que está conformada por 68 grupos lingüísticos4. Entre las lenguas indígenas que más se hablan en México, destacan: Náhuatl (23.4%), Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), Tsotsil (6. 6%), Zapoteco (6.5%), Otomí (4.2%), Totonaco (3.6%), Chol (3.4%), Mazateco (3.2%), Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %).

Sin embargo, y pese a ser un grupo poblacional de gran importancia para el Estado mexicano, existen diversos rezagos en distintas materias, que reproducen la situación de vulnerabilidad y exclusión de las que han sido víctimas. Una de ellas, y contrario al mandato contenido en el artículo 2o., Base A, párrafo primero de la fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la falta de mecanismos y políticas que permitan y garanticen su acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Lo anterior, específicamente, respecto del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional de la que, las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, son hablantes, toda vez que hay “18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes”5, el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo “tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas”6, sólo en “casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado”.7

Asimismo, “cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.”8

En ese tenor, es dable señalar que “no existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) así como organizaciones no gubernamentales.”9

Dicha situación ha traído como consecuencia que en México haya un sólo defensor público federal por cada 600,000 habitantes indígenas10, y a pesar de que el referido artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública disponen que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, y por tanto, que el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan, la mayoría de los 600 intérpretes y traductores con que cuenta el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), “la mayoría no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.”11

Lo anterior conlleva a violaciones en el debido proceso e implica un menoscabo de  hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia, toda vez que, las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en contra de quienes se ejercita acción penal por la presunta comisión de algún ilícito, no cuentan con intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, como lo mandata la Constitución, situación que traído consigo “casos dramáticos como los que narra Mario Torres López, el director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar peyote (planta psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con droga.”12

Y es que, tal y como resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, la Corte consideró que “el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1 del mismo instrumento”13, que consagra el principio de no discriminación “para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas, “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su  situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.”14

En México hay apenas 24 abogados públicos federales certificados en lenguas maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, zapoteco y zoque15 que  podrían defender a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas “si se ven    involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena.”16, que ha provocado que “ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa, estimó Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas.”17

Tan sólo en “en 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó Torres López.”18 Sin embargo, “en México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.”19 En ese sentido, la insuficiencia de abogados defensores, o intérpretes y traductores que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas pertenezcan, constituye un “verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.”20

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como ya hemos mencionado- indica en su artículo 2° que nuestra Nación tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, en un Estado que reconoce la pluralidad de culturas que lo integran, los pueblos deberían poder desarrollarse en condiciones de igualdad de oportunidades y respeto a sus características culturales y aspiraciones. Lamentablemente, esto no sucede en nuestro país.

El citado artículo constitucional, consagra, además, el derecho de los pueblos indígenas a “acceder plenamente a la jurisdicción del Estado”, y a ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que conozcan sus lenguas y culturas. Sin embargo, en la práctica jurisdiccional actual, muchas veces no se toman en consideración las especificidades de los miembros de los pueblos indígenas y su cultura, pues prevalece un sistema judicial excluyente. Como indica Jorge González Galván: “Acceder a los espacios de aplicación de las normas que los indígenas no aprobaron, que se reproducen en un idioma que desconocen, que vehicula valores que ignoran, y donde el personal encargado de aplicarlas está formado en una cultura jurídica que no toma en cuenta las culturas jurídicas indígenas, dicho derecho más que un beneficio ha sido un perjuicio, es decir, un etnocidio.”21 Debemos aspirar a un  orden jurídico que garantice la inclusión de la diversidad jurídica.

Además, es necesario mencionar que desde el 5 de septiembre de 1991, está en vigor en nuestro país el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual “establece  políticas públicas de integración pluriculturales a través de transformaciones legislativas e institucionales con la participación de los pueblos indígenas22. Al ratificarlo, el Estado mexicano se comprometió a cumplir con las obligaciones contenidas en dicho instrumento internacional. En su artículo 12, el citado convenio establece que “Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos  legales, facilitandoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”23

Por tanto, urge contar tanto con más mediadores como con defensores públicos bilingües indígenas para así evitar los problemas presentes en los mecanismos de mediación cuando se trata de personas indígenas.

Ahora bien, es necesario retroceder en el tiempo y evitar que los indígenas encarcelados sigan sufriendo el producto de un sistema penal discriminatorio y tengan derecho a su libertad. En base al artículo 1o, párrafo quinto de la Constitución, en el que se señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” y el artículo 20, inciso B, fracción octava, en donde dice que el imputado “Tendrá derecho a una defensa  adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”, proponemos que sean liberados todos los indígenas que fueron discriminados y a quienes no les fueron respetados sus derechos humanos en el sistema penal anterior ya que es responsabilidad del Estado Mexicano el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se expide la Ley de Amnistía, en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, para quedar de la siguiente forma:

LEY DE AMNISTÍA

Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes. Se considerará insuficiente la asignación de los servicios de asesoría jurídica y/o de defensores públicos, aún cuando mediaran traductores e intérpretes, salvo que pueda acreditarse plenamente y fehacientemente que estos tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Artículo 2o.- La amnistía extingue lisa y llanamente las acciones penales y las sanciones impuestas en los casos que encuadren en lo dispuesto en el artículo 1o. de la presente Ley.

En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.

En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.

La Procuraduría General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará de la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria.

Artículo 3o.- Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá, con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicar en el Diario Oficial de la Federación versiones de la presente Ley en las Lenguas Indígenas Nacionales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1  ONU, “Temas mundiales: Pueblos indígenas”, Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/

2 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

3 Íbid.

4 Íbid.

5 México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/04/mexico-8000-indigenas-prision-sin-condena/

6 Íbid.

7 Íbid.

8 Íbid.

9 Íbid.

10 Íbid.

11 Íbid.

12 Íbid.

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 67, disponible en:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf

14 Íbid.

15 Hay 24 abogados para 11 millones de indígenas, Excélsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360

16 Íbid.

17 Íbid.

18 Op. cit., Animal Político.

19 Íbid.

20 Íbid.

21 González Galván, Jorge Alberto. “El Estado, los indígenas y el derecho”, Acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2010. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2880/8.pdf

22 Íbid.

23 Convenio núm. 169 de la OIT. Consultado en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía REFORMA AL ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Procuraduría Federal del Consumidor siendo una Institución que protege los derechos de las y los consumidores, garantiza relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura del consumo responsable y asegura certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para la población consumidora, donde se tiene un marco normativo para desahogar los procedimientos por infracciones a la ley mismos que dotan de seguridad a los consumidores acerca de los productos y servicios que brindan los proveedores.

Por lo anterior se pretende reformar el artículo 90 BIS. a efecto de otorgar a los proveedores la garantía de seguridad jurídica respecto a que no se cancelen los contratos de adhesión previamente registrados, solo en el caso de que sean omisos en hacer las modificaciones que previamente la institución realice respecto a las cláusulas que no sean apegadas a la normatividad aplicable.

Lo anterior atiende a que es una facultad expresa de la Procuraduría, el hecho de otorgar el registro de dichos contratos, sin embargo la institución al tener rotación de administración, es posible, que al momento del registro consideró diferentes argumentos, mismos que para las nuevas administraciones o exigencias de la sociedad son de importancia.

Aunado a esto, tenemos que la actual reglamentación, contempla directamente la cancelación del registro de los contratos de adhesión, sin dar oportunidad a los proveedores de modificar, aclarar y realizar los trámites que a su derecho convengan, generando un nuevo trámite y gastos adicionales que en ocasiones para pequeños proveedores llegan a ser un gran problema.

Esta modificación pretende garantizar a los proveedores el derecho de conocer y solventar un trámite administrativo que está previsto de forma unilateral en la actual legislación.

Por lo anterior, dentro de la modificación se contempla un plazo de 10 días hábiles, mismos que se toman como referencia del periodo probatorio del procedimiento por infracciones a la ley, del artículo 123 de la Ley en comento.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se propone modificar el artículo 90 BIS. de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su Sección Cuarta, Procedimientos por Infracciones a la Ley, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 90 BIS.-

Cuando con posterioridad a su registro se aprecie que un contrato contiene cláusulas que sean contrarias a esta ley o a las normas oficiales mexicanas, la Procuraduría, de oficio o a petición de cualquier persona interesada, deberá hacer del conocimiento del proveedor las circunstancias por las cuales se considera que su contrato no está apegado a derecho, para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles presente su solicitud de registro del nuevo contrato de adhesión que utilizara en sus relaciones comerciales, apercibiéndolo que en caso de no presentarlo, se procederá a la cancelación del registro correspondiente.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada directamente de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los Hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de creación reciente, contempla la explotación de dichos recursos, para lo cual se requiere ciertos requisitos, mismos que contempla dicha Ley, aunque en ninguno de sus apartados refiere que podrá existir la explotación parcial en lo referente a la operación de las áreas contractuales y dicha figura tampoco está contemplada en las licitaciones.

La presente iniciativa pretende reformar la Ley de Hidrocarburos, a efecto de eliminar la descripción de parcial o total de la fracción II del artículo 15, ya que en el ámbito regulatorio de la misma Ley, en su artículo 23 referente al procedimiento de licitación no se contempla como una licitación parcial ni explotación parcial, asimismo la Ley no contempla diversos tipos de operación contractual por la cual no tiene sentido contar con la descripción de parcial o total.

Con esta reforma se estaría dando congruencia a la redacción de la parte operacional del artículo 23 de la citada Ley.

“Artículo 23.- La adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción se llevará a cabo mediante licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las bases de licitación preverán que el Contrato para la Exploración y Extracción se podrá formalizar con Petróleos Mexicanos, otras empresas productivas del Estado y Personas Morales, ya sea de manera individual, en consorcio, o asociación en participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El proceso de licitación iniciará con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. El proceso de licitación abarcará los actos y las etapas que se establezcan en los lineamientos y las disposiciones que para tal efecto emitan la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, respectivamente.

Los interesados en presentar propuestas deberán cumplir con los criterios de precalificación respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia, en los términos señalados en los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Energía. Entre la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y aquélla en la que se presenten las propuestas deberán mediar al menos noventa días naturales.

El mecanismo de adjudicación podrá ser, entre otros, una subasta ascendente, una subasta descendente o una subasta al primer precio en sobre cerrado, en cuyo caso los sobres deberán ser presentados y abiertos en una misma sesión pública. En los procesos de licitación se deberán contemplar criterios de desempate, los cuales se incluirán en las bases de licitación correspondientes. En cualquier caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.

Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos, en los términos que establezca el Reglamento. El fallo correspondiente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Los procedimientos de adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción se regirán por esta Ley y no serán aplicables la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni las disposiciones que deriven de dichas leyes.”

Como se vislumbra daríamos congruencia a un hecho aislado y no necesariamente contemplado dentro de la Ley de Hidrocarburos.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Se propone modificar la fracción II del artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos en su Capítulo II de los Contratos para la Exploración y Extracción, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 15.-

I. …

II. El control de las operaciones en el Área Contractual.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía reforma al artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Procuraduría Federal del Consumidor siendo una Institución que protege los derechos de las y los consumidores, garantiza relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura del consumo responsable y asegura certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para la población consumidora, donde se tiene un marco normativo para desahogar los procedimientos por infracciones a la ley mismos que dotan de seguridad a los consumidores acerca de los productos y servicios que brindan los proveedores.

Derivado de lo anterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuenta con un mecanismo para tal efecto, el cual tiene en su estructura lagunas jurídicas, mismas que el actuar propio de los servidores públicos han suplido con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y aun con esta, no se tiene contemplado los tiempos de respuesta entre instituciones públicas y/u organizaciones privadas para allegarse de información o datos para emitir una resolución administrativa que dote de seguridad jurídica.

Este mecanismo para imponer sanciones a los proveedores que infrinjan lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, contempla el procedimiento que se debe desahogar para determinar si un proveedor es sujeto a una sanción por dicha infracción.

Por lo anterior, dentro de la modificación, se contempla dar mayores atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que logren allegarse de mayores elementos para emitir una resolución imparcial, toda vez que con las acotadas facultades con que cuentan es muy fácil que una autoridad judicial, mediante un juicio contencioso administrativo o un amparo indirecto declare la nulidad del procedimiento por caducidad, situación que no se encuentra legislada.

Asimismo, si la institución no cuenta con los plazos establecidos, no tiene opción a solicitar información técnica adicional a terceras personas ya que por cuestión de tiempo es altamente posible que una autoridad declare la nulidad sin entrar al estudio de fondo respecto a la violación cometida por los proveedores en perjuicio de la población consumidora.

Con esta reforma se estaría asegurando que los proveedores que no cumplan con lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, sean sancionados y no tengan alternativa de alegar a su favor una caducidad del procedimiento administrativo sancionador situación por la cual se beneficiaría la población consumidora.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se propone modificar el artículo 123. De la Ley Federal de Protección al Consumidor en su Sección Cuarta, Procedimientos por Infracciones a la Ley, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 123.

La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes en un plazo no mayor a cinco días hábiles y procederá a su desahogo; en caso de que las mismas requieran ser enviadas al Laboratorio Nacional de Protección a las Consumidoras y los Consumidores de la institución este plazo podrá ampliarse hasta que el mismo emita su respuesta sin que exceda del plazo de resolución contemplado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así mismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias bajo el mismo plazo.

Una vez recibida la información solicitada se procederá al desahogo de las pruebas y la Procuraduría notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez.






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que explique y dé respuesta a posibles irregularidades y actos de corrupción en diversas licitaciones otorgadas por CAPUFE, a los señalamientos de la opinión pública sobre la percepción de falta de eficiencia en su administración y del servicio deficiente a los usuarios de las carreteras alimentadoras que administra. Se turna a la a la Tercera Comisión.

Los Suscritos JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, PARA QUE EXPLIQUE Y DE RESPUESTA A POSIBLES IRREGULARIDADES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN DIVERSAS LICITACIONES OTORGADAS POR CAPUFE; ASÍ MISMO SE SOLICITA DE RESPUESTA A LOS SEÑALAMIENTOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE FALTA DE EFICIENCIA EN SU ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO DEFICIENTE A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS QUE ADMINISTRA. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es del conocimiento público que la organización de la sociedad civil, Mexicanos en contra de la Corrupción y la impunidad (MCCI) han

presentado una denuncia pública de un caso de corrupción en CAPUFE , derivado de una amplia, acuciosa, fundamentada y detallada  investigación que durante meses hicieron a prácticas ilegales  en la licitación de contratos de obra pública, fuera de la ley en la materia, y que podrían constituir una serie de delitos de corrupción e impunidad referentes a prácticas ilegales, consistentes en dar a conocer a un grupo privilegiado la información necesaria para permitirles participar con ventaja en licitaciones por un monto de 770 millones pesos. (los perdedores los ofrecían en un promedio de 354 millones de pesos), las empresas recibieron con dos semanas de anticipación a la realización del concurso de licitación la información que les permitió participar con ventaja y obtener los contratos, dejando fuera a 152 ofertas más económicas que las que ellos presentaron.

La investigación realizada da a conocer como el director de infraestructura de CAPUFE, Mauricio Sánchez Woodworth dio la información a seis empresas que obtuvieron los contratos por la cantidad referida.

Desde la oficina de este funcionario público, sub director general de infraestructura, Mauricio Sánchez, vía correo electrónico y mensajes a través de la plataforma de mensajes Whatsup le enviaban información a su cuñada Estela Vega y al líder sindical Marco Antonio Reyes y estos a su vez compartían dicha información con los empresarios amigos.

Este esquema de red de tráfico de información ha venido operando desde el 2013 y todavía estaba vigente a inicios de este año, esto es,  un modo de operar implementado en la actual administración federal.

La triangulación de recursos que se detalla en la investigación de MCCI consistía en el depósito de comisiones por la información y asignación de contratos que se depositaban en una cuenta del banco Santander a nombre de la “Asociación sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, cuenta que maneja Marco Antonio Reyes y su familia.

El asunto parte de la revelación o filtración de un documento que la propia CAPUFE reserva por doce años, en donde ese encuentra la información de todas las obras planeadas por CAPUFE y sus montos considerada para su reserva como “secretos de carácter comercial y fiduciario”

Las propuestas resultaron cien por ciento más caras que las de los perdedores, pero convenientemente no rebasaban el tope fijado por Banobras y la propia CAPUFE, información contendida en los documentos filtrados, que indebidamente fue proporcionada a los ganadores.

A lo anterior es evidente que incumple con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en torno a las licitaciones.

Un documento oficio filtrado fue el SOTS / 152000/418/2015, emitido por la Dirección Fiduciaria de la Sub dirección de Operación técnica y Seguimiento de Banobras, al que le siguen 29 páginas con detalles y montos exactos de todas las obras que Caminos y Puentes Federales proyectaba para 2016,oobras por un monto de 5 mil 868 millones de pesos. El oficio va dirigido a Mauricio Sánchez Woodworth, director de Infraestructura, y a pesar de que se especificaba que se trata de información reservada por doce años a partir de su fecha de emisión, 21 de diciembre de 2015, circuló en el paquete de correos dados a conocer en esta investigación.

CAPUFE se defiende diciendo que nadie se inconformo de los participantes, pero cómo se iban a inconformar, si todo estaba estructurado de tal forma que parecía legal y no se rebasaban en demasía los montos de la obra, cómo se iban a inconformar si es sabido que los que se inconforman ya no reciben invitaciones y menos contratos a futuro.

Es absurdo pensar que el titular de CAPUFE Benito Neme no tuvo conocimiento.

También CAPUFE se defiende o se auto exculpa mencionado que ha presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y del Órgano interno de Control de la Secretaria de la Función Pública del organismo, bien hecho, es lo que la ley señala, sin embargo ante la impunidad que alcanza en este país el 97 por ciento de los casos, frente al hecho de que el actual Procurador fue junto con el director de CAPUFE los encargados del jurídico del PRI en las elecciones del 2012, no parece esperanzador que se vaya resolver este asunto; por otra parte, el Director de CAPUFE tiene autoridad y recursos legales para resolver este que parece,un caso de corrupción enorme en esa dependencia;  de no hacerlo  solo demuestra lo que se dice, que no tiene él, ni su compañero de Golf Mauricio Sánchez, la capacidad y al parecer ni la honestidad para el cargo que hoy ocupa.

En el punto de acuerdo presentado en el mes de julio del 2016, los Senadorespedíamos una explicación de cuál era la razón de que  se  siguiera utilizando un sistema tan obsoleto como el de la tarjeta IAVE,” no se tuvo respuesta;  como no la hay,  de porque  a inicios de este sexenio al  licitar este sistema, obtuviera la licitación ganadora una empresa de Roberto Alcántara. Tampoco hay una explicación de las fallas en su arranque y que a la fecha adolece de un adecuado mantenimiento. La empresa ganadora, TelepeajeDinámico en su momento señalaron diferentes voces, no cumplía con las especificaciones técnicas, y aun así obtuvo el contrato.

Coincidentemente es una empresa ligada al grupo del Estado de México, al grupo Atlacomulco y al propietario de IAMSA.

Benito Neme Sastré y su sub director de infraestructura, Mauricio Sánchez Woodworth se conocieron en el negocio inmobiliario y en el Golf, ambos coincidían en algo, carecían de experiencia en el tema de carreteras y menos en cargos públicos, el señor Mauricio Sánchez era vendedor de bienes inmobiliarios, Benito Neme es compadre del Presidente de la República y es hijo de un ex Gobernador de Tabasco el priista Salvador Neme Castillo.

Se sabe también que las empresas que se beneficiaron con obras de CAPUFE, recibieron recientemente contratos directos por 64 millones de pesos sin licitación por el delegado de CAPUFE en Morelos de nombre Roberto Ortega Reyes, hermano de quién le ha llevado la agenda a al Presidente desde que era Gobernador del Estado de México, Juan Carlos Ortega Reyes.

Resulta también sospechoso que CAPUFE vía su Unidad de Transparencia negara a MCCI una copia del proyecto de licitación aun y cuando MCCI había aceptado pagar un monto de 29 mil pesos por las copias del expediente.

Las empresas favorecidas son entre otras las siguientes: JADE Proveedores de Jaime de la Vega, hijo de Jorge de la Vega, ex funcionario federal, asociado a otra empresa de este mismo de nombre Constructora Acre, estas obtuvieron contratos por casi 700 millones de pesos, ACRE ganó 13 concursos de obra no obstante que sus propuestas eran el doble de caras de las de sus competidores.

También beneficiados resultaron Desarrollos Tecnológicos del Noroeste (DTN), el grupo español Typsa y el grupo Socaroto.

Cabe señalar que la denuncia que dicen haber presentado al Órgano interno de control y a la PGR por los hechos de los que se le hace responsable son acciones insuficientes y aunque se reconoce son correctas,solo son una parte de una investigación, pareciere que quiere eludir su responsabilidad, en lo que parece una corrupción desmedida de sus colaboradores y una muestra  más de que carece de la capacidad, conocimientos, habilidades , es decir el perfil para ocupar la dirección general de CAPUFE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita de forma respetuosa al titular de Caminos y Puente Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que asista a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de esta Comisión, para que explique y de respuesta a posibles irregularidades y actos de corrupción en licitaciones, otorgadas por CAPUFE. Así mismo de respuesta al clamor popular que denuncia en todos los medios de comunicación conocidos de la ineficiencia, caducos y obsolescentes sistema de cobro de las casetas, la falta de seguridad, de información de atención y de servicio a que tienen derecho los usuarios que utilizan sus carreteras concesionadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria de la Función Pública para que en un plazo no mayor a 30 días informe si ha iniciado auditoría a dicho organismo y que acciones ha tomado para responder a las acusaciones de corrupción, ineficiencia, mal manejo de recursos públicos, opacidad y falta de control interno en CAPUFE; que medidas realizara a efecto de sancionar conforme a la Ley a las empresas involucradas y a los funcionarios que participaron en este  caso de corrupción.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Órgano Interno de control de CAPUFE para que informe si auditó la licitación o licitaciones de las obras que se han llevado a cabo en y en su caso informe de los hallazgos arrojados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 24 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones necesarias por el presunto enriquecimiento ilícito del candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, por la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el país y en el extranjero. Se turna a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 22 de mayo del presente año, medios de comunicación difundieron la supuesta existencia de cuentas bancarias en el país y en el extranjero a nombre de Guillermo Anaya Llamas, candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de Coahuila, una por un monto de 32 millones de dólares en el Banco Central de Barbados, considerado un paraíso fiscal, y dos cuentas más en Banorte que suman 211 millones de pesos.1

De existir estas cuentas bancarias, no fueron incluidas por el candidato en su declaración patrimonial publicada en el portal “Tres de Tres”, sitio en Internet en el que funcionarios y personas de interés público transparentan sus ingresos personales.
En su declaración, Guillermo Anaya dice tener un ingreso anual neto de 2 millones 10 mil pesos, así como dos fondos de inversión, uno en HSBC de entre 100 mil y 500 mil pesos, y otra en Vector Casa de Bolsa mayor o igual a 500 mil pesos, además de una cuenta bancaria en Bancomer mayor o igual a 500 mil pesos.2

Las cuentas bancarias no reportadas en la declaración “Tres de Tres” del candidato, tienen como dirección una vivienda ubicada en la calle Cerrada Ciruelos, Coyoacán, Ciudad de México.

Según la información de los medios, en una de las cuentas de la institución bancaria mexicana se reportan movimientos entre el 13 de febrero y el 12 de marzo en los que se hicieron depósitos por 20 millones 914 mil 710 pesos y retiros por 13 millones 638 mil 593 pesos.3

Si se consideran los ingresos anuales reportados, incluyendo los obtenidos durante su desempeño en cargos de elección popular, como Senador, Diputado y Alcalde de Torreón, no se explicaría la existencia de las cuentas a su nombre difundidas por los medios de comunicación citados, ya que los montos exceden su capacidad adquisitiva.

Siendo candidato a la Gubernatura de Coahuila, es necesario dilucidar el origen de los fondos de las cuentas bancarias a nombre de Guillermo Anaya y descartar si ha incurrido en prácticas de enriquecimiento ilícito como funcionario público.

También es fundamental investigar si dichos recursos se han utilizado para la campaña del candidato, ya que podría haber incurrido en delitos como el rebase de los topes de gastos de campaña, corrupción, lavado de dinero o nexos con el crimen organizado. Haber mantenido en secrecía la existencia de dichas cuentas y no haberlas reportado en su declaración, aumenta la sospecha de actividades ilícitas.

El Partido Joven de Coahuila interpuso el pasado 19 de mayo una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Guillermo Anaya, por supuesto enriquecimiento ilícito.4

La fiscalización realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como objetivo asegurarse de que los recursos que utilizan los partidos y candidatos provengan de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

El INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, es la institución encargada de auditar a los partidos políticos, coaliciones y candidatos a puestos públicos.

Los partidos políticos y candidatos tienen la obligación de rendir cuentas, informar y actuar de manera transparente en lo referente a sus recursos, así como el uso que se haga de ellos para sus actividades en general. 

De acuerdo con la Reforma Electoral de 2014, rebasar el tope de gastos de campaña, así como la utilización de recursos provenientes de fuentes prohibidas para campañas electorales, puede ser motivo de sanciones como la cancelación del registro del candidato, la pérdida de la candidatura o la nulidad de una elección.

El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, indica una pena de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión a quien por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Dicha pena se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Por su parte, el Código Penal Federal establece en su artículo 224, que se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

La publicación de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de funcionarios públicos y candidatos a dichos a dichos cargos, constituye un paso trascendental para el desarrollo de la democracia, la transparencia y el acceso a la información. Tiene como objetivo reconstruir la confianza de los ciudadanos hacia los servidores públicos, reducir la corrupción y crear gobiernos más honestos e íntegros.

Haber omitido las cuentas bancarias en las declaraciones de Guillermo Anaya, constituye una acción reprobable que se tiene que investigar y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Resulta apremiante hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación exhaustiva, sobre el presunto enriquecimiento ilícito del candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, el origen de dichos recursos y el financiamiento de su campaña.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las investigaciones necesarias por el presunto enriquecimiento ilícito del candidato a la gubernatura de Coahuila Guillermo Anaya Llamas por la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el país y en el extranjero.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen que el origen de financiamiento para la campaña del candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, esté apegado a legalidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Atentamente.

1 Muestran Cuentas la Fortuna de Guillermo Anaya, El Financiero, 21-05-17, [en línea], disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acusan-ante-pgr-cuentas-por-32-mdd-y-211-mdp-de-guillermo-anaya.html

2 Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés público, [en línea], disponible en: https://35e2b2897aef95fab722-869a5ffed2b76e6ebdfe2bd825b80dfa.ssl.cf1.rackcdn.com/archivos/anaya_llamas_jose_guillermo_declaracion_patrimonial.pdf

3 Muestran Cuentas la Fortuna de Guillermo Anaya, El Financiero, 21-05-17, [en línea], disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acusan-ante-pgr-cuentas-por-32-mdd-y-211-mdp-de-guillermo-anaya.html

4 Partido Joven demanda penalmente a Guillermo Anaya en Coahuila, El Financiero, 22-05-17, [en línea] disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/partido-joven-presenta-una-demanda-penal-contra-anaya-en-coahuila.html






De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como al Ejecutivo del mismo estado, a agilizar las investigaciones que permitan localizar con vida al periodista Salvador Adame Pardo; de igual forma, se solicita a la Procuraduría General de la República informe sobre el estado que guardan las investigaciones de los homicidios de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach Valducea. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a ejecutar un programa de inspección a las tiendas que comercializan mascotas, con el objetivo de vigilar que la compra-venta de las mismas se lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en materia de trato digno y respetuoso. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, JESÚS SESMA SUÁREZ, a nombre de los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente, los animales han sido visibilizados como seres vivos incapaces de sentir, de ahí que el maltrato animal tenga su origen en la falta de consciencia sobre el trato digno y respetuoso que como seres humanos estamos obligados a brindar a las demás especies con las cuales compartimos la Tierra.

Al respecto, uno de los últimos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que México ocupa el tercer lugar en cuanto a crueldad hacia los animales.

Asimismo, en el año 2015 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refirió que en México se encontraban en situación de calle el 70 por ciento de los más de 23 millones de perros y gatos existentes, de los cuales 10 millones no estaban esterilizados; poniendo en evidencia lo que hoy es una realidad sobre el crecimiento exponencial de las poblaciones de animales de compañía, sin dejar de señalar que cada vez son más los casos de especies silvestres comercializadas como mascotas.

Desafortunadamente, dicho crecimiento trae consigo prácticas que poco abonan al mejoramiento de las condiciones de vida de los animales que hoy ya se encuentran en algún criadero, pues mientras mayor sea la demanda, más serán las posibilidades de que estos ejemplares sigan siendo maltratados.

En nuestro país los animales de compañía generalmente son reproducidos y comercializados sin ninguna mayor restricción sanitaria, legal ni ética. Muchos de estos animales son víctimas de la indiferencia de sus dueños que los abandonan en patios y azoteas, o bien, son maltratados deliberadamente.

La compra-venta de mascotas es una actividad comercial sumamente lucrativa para quienes la realizan, especialmente para quienes lo hacen sin observar la normatividad aplicable, representando ésta un valor aproximado de más de 9,500 millones de pesos al año.

En contraste, las ganancias de la industria no necesariamente se ven reflejadas en las condiciones en las cuales son comercializados los animales, pues es una constante la falta de cumplimiento a lo ordenado en las diferentes legislaciones para su comercialización.

Ejemplos de lo anterior existen muchos, el pasado mes de octubre mediante un reportaje de Grupo Imagen Noticias se mostraron las deplorables condiciones en las que se encuentran los animales, principalmente perros, en el interior del mercado Merced-Sonora en la Ciudad de México.1

Asimismo, sirven de referencia las acciones que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual en 2014 logró asegurar 258 animales silvestres a la cadena de tiendas Maskota, como resultado de un operativo de inspección que llevó a cabo en las 30 distribuidoras con que cuenta dicha firma comercializadora en 26 estados de la República Mexicana. Es de destacar que dicha dependencia gubernamental instauró 20 procedimientos a diversas sucursales de la empresa Maskota S.A. de C.V. entre 2010 y 2014, y en todos los casos se detectaron diversas irregularidades administrativas y faltas a los procedimientos para garantizar el trato digno y respetuoso hacia los animales.2

Si bien hoy existe una mayor consciencia entre la sociedad respecto de la responsabilidad que implica la tenencia de una mascota, lo cierto es que seguimos viendo el crecimiento de la tasa de abandono y de maltrato animal.

La inadecuada comercialización es uno de los principales factores a corregir para garantizar el trato digno a los animales, pues en muchos casos ésta se lleva a cabo con total falta de responsabilidad respecto la atención y cobertura de las necesidades básicas, alimentación, resguardo, recreación y principalmente, protección de la salud de los ejemplares en venta.

Existen evidencias de que durante su comercialización los animales de compañía son exhibidos estando enfermos o heridos, sin omitir las prácticas “estéticas” innecesarias a las que son sometidos como el corte de orejas o rabo, específicamente tratándose de perros.

La falta de normatividad en materia de manejo para la comercialización de mascotas o animales de compañía es un salvoconducto para quienes privilegian el interés económico por encima del bienestar de los animales. Si bien las regulaciones locales en materia de protección animal reglamentan de alguna manera las condiciones en las cuales debe desarrollarse la venta de animales como el registro del establecimiento, autorizaciones, condiciones higiénico-sanitarias y en algunos casos incluso el bienestar animal (considerando normas respecto al espacio, alimentación y salud de las especies), lo cierto es que actualmente no existe una norma de carácter general que señale condiciones mínimas aplicables en todo el territorio nacional.

Tampoco podemos dejar de mencionar que hoy en día contamos con un marco jurídico más respetuoso y responsable con el medio natural y con las especies que lo conforman, sin embargo, ello no ha sido suficiente para erradicar las prácticas ilegales y dolosas en contra de los animales, muchas de las cuales se registran en el rubro de comercialización de mascotas.

El Partido Verde ha sido enfático en dirigir sus trabajos legislativos hacia la construcción de leyes mucho más comprometidas con el bienestar animal, así como al impulso de políticas que abonen a alcanzar las mejores prácticas en cuanto al trato que se les da a los demás seres vivos y, sobre todo, a la generación de consciencia respecto a la importancia de los animales para la conservación de nuestro planeta.

Debemos garantizar que no sigan existiendo argumentos que justifiquen el maltrato de los animales, tenemos que evolucionar hacia la concientización y adopción de prácticas responsables y respetuosas hacia todas las manifestaciones de vida existentes en nuestro planeta, especialmente de los animales que hemos acogido para nuestra compañía.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en coordinación con las autoridades locales correspondientes y en el marco de sus atribuciones, ejecute un programa de inspección a las tiendas que comercializan mascotas, con el objetivo de vigilar que la compra-venta de las mismas se lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en materia de trato digno y respetuoso.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 24 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Sesma Suárez.- Dip. Arturo Álvarez Angel.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Véase https://www.facebook.com/ImagenTVNoticia/videos/612202778940387/

2 Véase http://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-centro-de-distribucion-de-kota-y-decomisa-187-ejemplares-de-vida-silvestre






De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las acciones que se tomaron contra el probable desvío de recursos públicos de diversos programas sociales del estado de Veracruz, de los ejercicios 2013 y 2014 para apoyar candidaturas del PRI. Se turna a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017.

La que suscribe, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, integrante del grupo parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

El Grupo Parlamentario de Morena ha solicitado en distintos momentos que la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncien contra el desvío de recursos públicos para favorecer a partidos y candidatos durante las campañas electorales, perpetrado por funcionarios federales y locales. Un asunto que lleva varios años ventilándose y que no ha tenido una resolución satisfactoria de las autoridades encargadas de investigar, perseguir y castigar los ilícitos es el desvío de $800’000,000.00 (ochocientos millones de pesos) a manos de ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal adscritos a la delegación de Veracruz, para destinarlos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Los hechos que a continuación reseñamos dan cuenta de una red de corrupción en esta entidad durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

En abril del 2013, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional en funciones, Gustavo Madero, dio a conocer las grabaciones de unas reuniones en las que, supuestamente, se evidencia la estrategia del PRI para comprar votos con recursos públicos y programas sociales.

Ante ello, el PAN interpuso una denuncia en contra del gobernador de la entidad, Javier Duarte, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y a otros 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, la cual ya estaba siendo investigada por la PGR, encabezada en su momento por el priista Jesús Murillo Karam.1

Ante la efervescencia del conflicto, Madero le escribió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le expresó que funcionarios federales de su administración y los gobernadores de los estados donde gobierna el PRI no respetan los acuerdos y compromisos suscritos en el Pacto por México.2

En respuesta, a través de un comunicado, el gobierno del Estado de Veracruz rechazó cualquier injerencia en el proceso electoral y expresa que todos sus servidores públicos tenían la instrucción de mantenerse al margen de dicho proceso y no vincular sus funciones con la actividad política y en horas y días hábiles de trabajo.3

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional manifestó su interés porque los supuestos hechos que habían sido denunciados se investigaran a cabalidad por las autoridades competentes.

Ante los hechos mencionados, el 18 de abril de 2013, Rosario Robles Berlanga, en ese tiempo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció la destitución de 6 funcionarios de la dependencia y la suspensión de uno, acusados de utilizar recursos públicos para favorecer al PRI en los procesos locales.4

El 27 de abril de 2015, dos años después, el senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz.5

Aunque reconoció que la denuncia de hechos se basa en filtraciones, que podrían tratarse de “un conflicto dentro de los grupos políticos del PRI en Veracruz” y un “fuego amigo”, el legislador remarcó que “el tipo de información que se ofrece es gente de adentro, que tiene acceso a documentación oficial, que conoce la distribución de las tarjetas, tiene acceso a los programas de beneficiarios, hizo un trabajo especial para acreditarlo y pues evidentemente, el objetivo central es Marcelo Montiel Montiel, exdelegado de la Sedesol en Veracruz”.

Encinas apuntó que el desvío -según las filtraciones- podría ascender a 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa el Senador detalló lo siguiente:

“El pasado jueves 16 de abril del 2015, alrededor de las 14 horas, fue entregado en mis oficinas del Senado de la República, un sobre conteniendo una carta dirigida a mi persona, suscrito por ‘Funcionarios Honestos de la Sedesol de Veracruz’. Ese sobre incluía una USB, con información relacionada con esa dependencia, donde se presentan diversos documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de al menos 500 millones de pesos…

“Tras el análisis de la misma y la consulta a diversas fuentes considero que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos.

“Cabe mencionar que el presunto desvío de los recursos que hoy presentamos, son distintos a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondiente a la cuenta pública de 2013, donde se señala que el estado de Veracruz, donde residen más de 4.1 millones de mexicanos en situación de pobreza, fue la entidad de la República que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013, casi el doble de Michoacán, entidad que aparece en segundo sitio…

“Hay que recordar también como ese mismo año, el PAN exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y más, que dio lugar al desafortunado comentario del presidente Peña Nieto en defensa de la titular de la dependencia con el famoso ‘Rosario no te preocupes, hay que aguantar’.

“Escándalo que por cierto hizo tambalear al Pacto por México; que retrasó la presentación de la reforma financiera, y que costó el empleo a varios funcionarios menores de la Sedesol en Veracruz, así como la separación del delegado en el estado, Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario estatal de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, actual delegado y personaje central en las denuncias que en unos momentos más presentaremos…

“La información que se nos entregó, ésta que vamos a entregarles también a ustedes, corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diversas facciones del PRI, y esta mantiene el formato y orden originales; no ha sido editada ni modificada.

“Se trata de un USB que con 623 archivos que ocupan 10.8 GB, contienen un video que da soporte a las siete partes en que se presenta la información, más una carpeta de archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de Sedesol en Veracruz…

“Los capítulos que integran esta denuncia son:

Robo de apoyo a jornaleros agrícolas

Robo de tarjetas bancarias

Robo de cheques – falsificación de firmas

Obras fantasma del programa 3X1 de Migrantes

Robo en el apoyo a gestores voluntarios

Obras fantasma Programa Empleo Temporal

“De acuerdo con la información contenida, de los 8 millones de pesos de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios.

“Se documenta, o se pretende documentar también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos.

“De la misma forma se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de las facturas.

“Y finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos”, indicó el senador.

“Como lo había publicado el sitio de Aristegui Noticias en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.

“Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. A Ranulfo lo sustituyó Montiel Montiel.

El 28 de abril del 2015, Pablo Ruiz Domínguez, empleado externo de la Delegación Estatal de Veracruz de la SEDESOL, presentó ante la Procuraduría General de Justicia, denuncia formal en contra de los señores MARCELO MONTIEL MONTIEL y WILIADO CORDOBA MORTERA quienes se desempeñan como Delegado Estatal y Jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION VERACRUZ; con la finalidad de describir el modus operandi de una presunta red de corrupción que operaba el Delegado Estatal.

La denuncia formar concluida que los servidores públicos denunciados habían cometido los delitos: EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO; ABUSO DE AUTORIDAD; COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS; USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES; INTIMIDACIÓN; EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES; PECULADO; FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL; FRAUDE; Y, DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS.

El 20 de mayo del 2015, el exdiputado Juan Bueno Torio por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó al segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la Auditoria Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República investigaran el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 de los programas de Jornaleros Agrícolas, programa de Empleo Temporal, programa de 3x1 migrantes y programa de Gestores Voluntarios de la delegación de la SEDESOL del estado de Veracruz.

El punto de acuerdo del exdiputado Juan Bueno, cuya versión aquí recogida aparece en una de las demandas, expresa que:

“El Partido Acción Nacional declaraba su preocupación en contra de la Cruzada Contra el Hambre, pues por su estructura temían pudiera ser utilizada para desviar recursos a beneficio de los funcionarios de la SEDESOL. Después fuimos testigos, en 2013, de la finalidad electoral que se le daba a los recursos en el Estado de Veracruz. Ha quedado claro que la Secretaria Rosario Robles gozó del encubrimiento del Poder Ejecutivo, no se puede olvidar el “No te preocupes, Rosario”. Hoy, más que nunca, podemos observar que a dos años de estos lamentables hechos, Rosario Robles sigue impune y cometiendo los delitos que le caracterizan y benefician. Sin duda Robles no tiene de que preocuparse, los que nos debemos preocupar somos los mexicanos que nos tenemos que enfrentar a la maquinaria de instituciones corruptas que abanderan la actual administración del PRI.

Ha sido demostrado, a través de las pruebas que presentamos, la forma ruin con la que los funcionarios de la SEDESOL se conducen para substraer los recursos de los beneficiarios. Un ejemplo de esto son los cheques que se entregan por motivo de la Cruzada Contra el Hambre en la que la Delegación Veracruz solicita mediante oficio que éstos le sean entregados sin la leyenda “NO NEGOCIABLE” para poder ser cobrados en caja mediante endoso con firma falsa.

Otro ejemplo es el desvío de los recursos de Jornaleros Agrícolas: Los Jornaleros presentan su trámite ante la SEDESOL, el cual es aprobado; sin embargo, los recursos son entregados a través de tarjetas bancarias a granel en la delegación de Veracruz. Es en este punto donde los funcionarios falsifican la firma de los beneficiarios para hacer uso directo de estas tarjetas y retirar en cajeros automáticos los recursos.

Todos estos casos están claramente evidenciados en los videos que proporcionamos a la Procuraduría General de la Republica. En ellos se encuentran las firmas falsificadas cotejadas con las firmas originales de las credenciales del INE de los Jornaleros; los cheques ‘no negociables’ así como el oficio mediante el cual los solicita; el pago disminuido a los capacitadores; obras fantasmas, así como las tarjetas bancarias y la forma en la que retiran el dinero.

Por tal motivo, es necesario que se sigan las investigaciones correspondientes en contra de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el Delegado de la Dependencia en el Estado de Veracruz, Marcelo Montiel. Debe ser prioritario que se tomen acciones en contra de los funcionarios que persisten en su intención de vulnerar el sistema administrativo de México, pues con ello afectan directamente a las personas que debemos representar con dignidad y honestidad.

Debemos hacer que la SEDESOL sea una institución confiable, capaz de establecer un buen sistema de rendición de cuentas, que promueva la igualdad y la calidad de vida de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos en general.

La rendición de cuentas puede y debe ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza para los mexicanos que tanto necesitan; No basta con la nueva ley Anticorrupción; No es suficiente el Código General de Procedimientos Penales. Lo que más falta es transparencia que garantice a las personas sus oportunidades de salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Con base en las denuncias penales interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra de Funcionarios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Veracruz, queda claro que se debe esclarecer el destino final de los $800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos, M.N.)

Como se puede observar, el desfalco de los recursos del Estado de Veracruz, probablemente, ha sido destinado para enriquecimiento ilícito de los servidores públicos implicados; así como un inminente y claro desvío hacia las campañas electorales.

Es un acto abominable que la SEDESOL Veracruz, sea cual sea la intención por la que esos recursos no llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del empobrecimiento de la población que debía ser beneficiada por los diversos programas de la institución. Es necesario entender que programas de apoyos como el destinado a Jornaleros, puede ser la única oportunidad que tengan estas personas de impulsar su desarrollo laboral y económico. Es decir, esta Delegación de la SEDESOL está minando el futuro de los beneficiarios en el Estado Veracruz.

Con estos hechos, han quedado de manifiesto las vulneraciones a diversos programas de recursos que emanan de la SEDESOL, tales como el Programa de Ayuda a Jornaleros Agrícolas, el programa3x1, la Cruzada Contra el Hambre y el Programa de Gestores Voluntarios.”

El 29 de julio 2015, la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión resolvió:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría a los recursos federales asignados a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios; e informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe a esta Soberanía sobre las medidas de seguridad para garantizar el cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía, en caso de ser legalmente procedente y con pleno respeto a la confidencialidad de las averiguaciones previas, el estatus de la investigación sobre el probable uso indebido de recursos públicos en los programas señalados en el presente Punto de Acuerdo.6

El 5 de febrero de 2016, el Señor Alejandro Worg Ramo, en su carácter de ciudadano del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, interpuso denuncia electoral en contra del señor Víctor Rodríguez Gallegos ante el Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que fue tramitado ante la Secretaria Ejecutiva del mencionado Organismo en el Procedimiento Especial Sancionador con número de Expediente CG/SE/CD29/PES/AWR/004/2016.

En esta se expone que la finalidad de denunciar a Víctor Rodríguez Gallegos es para que se le negara el registro como precandidato a diputado uninominal o por mayoría relativa en tanto que:

“El señor VICTOR RODRIGUEZ GALLEGOS se desempeñó como SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO de la Delegación en el Estado de Veracruz en la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Federal hasta mediados del mes de Abril del año 2015. Y durante el tiempo que estuvo desempeñando este cargo se vio involucrado según diversos medios periodísticos en una serie de señalamientos e imputaciones por desvío de recursos federales para fines distintos al beneficio social; iincluso es un hecho público y notorio que existe una denuncia ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA en contra de diversos funcionarios de dicha Delegación estatal en donde se les involucra con desvíos de recursos del Programa de ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS, en donde de manera fraudulenta se falsificaron las firmas de los beneficiarios y que los recursos se obtenían por medio de tarjetas bancarias y que ese dinero no se lo iban a entregar a los supuestos beneficiarios sino que lo iban a cobrar funcionarios de la SEDESOL porque ese dinero se requería para ser usado para campañas políticas. En esa denuncia se menciona que estaban promoviendo como Candidato a Diputado a VICTOR RODRIGUEZ GALLEGOS quien se desempeñaba como Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; lo mismo sucede con todos los demás programas de la SEDESOL de la cruzada contra el hambre en la delegación de VERACRUZ, donde Funcionarios de la SEDESOL solicitan que todos los cheques de todos los programas de apoyos personalizados a beneficiarios se emitan omitiendo la leyenda “No Negociable” con la finalidad de que estos cheques puedan ser endosados con firmas falsas y cobrados por los mismos funcionarios de SEDESOL a través de una gran red de corrupción orquestada por el mismo delegado. En estos hechos denunciados también se le relaciona al señor VICTOR RODRIGUEZ GALLEGOS en situaciones donde se falsifican las firmas, endosan cheques, substraen tarjetas bancarias para cobrar el dinero destinado a los beneficiarios. En esta misma denuncia se menciona que estos funcionarios localizaban obras ya terminadas y se dedicaban a armar documentalmente los expedientes en escritorio sin hacer las obras específicamente en el Programa 3X1 PARA MIGRANTES de la SEDESOL. Existen también malos manejos con los Gestores Voluntarios, quienes no obstante que la delegación de la SEDESOL de Veracruz recibió 7 millones de Pesos para estos Gestores Voluntarios no se les entregó dinero alguno. Lo mismo sucedió con el Programa de Empleo Temporal (PET), donde más del 60% del presupuesto del programa PET 2 fue robado por funcionarios de la SEDESOL de Veracruz. Incluso en la Edición del día 4 de enero de 2016 en el Medio Informativo “EL DEMOCRATA” aparece un artículo titulado VICTOR RODRIGUEZ, EL DERROCHE””.

Como damos cuenta, las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, así como las denuncias presentadas por el empleado de la delegación estatal de Veracruz y un ciudadano ante la PRG, muestran evidencias del posible modus operandi de servidores públicos para desviar recursos públicos a campañas de candidatos del Partido Revolución Institucional. En estas denuncias se han visto involucrados el señor VICTOR RODRIGUEZ GALLEGOS quien se desempeñaba como Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal de Veracruz, los señores MARCELO MONTIEL MONTIEL y WILIADO CORDOBA MORTERA quienes se desempeñaban como Delegado Estatal y Jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION VERACRUZ.

En vista de que el pronunciamiento de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2015 no fue respondido adecuadamente por las autoridades involucradas y porque las posibles faltas administrativas y los probables delitos cometidos por los exfuncionarios citados permanecen impunes, Morena propone que la Comisión Permanente insista en conocer la situación que guarda el caso y pida la intervención del actual Secretario de Desarrollo Social para evitar que hechos como los denunciados se repitan.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, a informar a esta Soberanía las acciones que se tomaron contra el probable desvío de recursos públicos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014,para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, en los que se vieron involucrados el señor VICTOR RODRIGUEZ GALLEGOS, ex Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal de Veracruz, los señores MARCELO MONTIEL MONTIEL y WILIADO CORDOBA MORTERA ex Delegado Estatal y ex Jefe de Seguimiento Operativo, respectivamente, de la SEDESOL de la misma entidad en virtud de que se presume un daño al erario público.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones, informe a esta Soberanía los resultados de las auditorías realizadas al posible desvío de recursos públicos para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional asignados a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes a los Programas Sociales de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios, en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer año del Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el 29 de julio 2015.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe las medidas de seguridad tomadas para el cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014, en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer año del Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el 29 de julio 2015.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita  a la Procuraduría General de la República, informe, en el marco de la legislación que la rige, el resultado de las investigaciones y actuaciones sobre el probable uso indebido de recursos públicos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación Estatal de la SEDESOL del Estado de Veracruz, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 20147,en virtud del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer año del Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el 29 de julio 2015.

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de la Función Pública para que en el marco de sus atribuciones, informe sobre las investigaciones realizadas a los servidores públicos involucrados en el posible desvío de recursos públicos en la Secretaria Estatal dela SEDESOL del Estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional.

SEXTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a que informe sobre las acciones que se tomaron contra el probable desvío de recursos de los programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014, para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional y de los servidores públicos involucrados, ya que se presume un daño al erario público.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Norma Rocío Nahle García.

1 Caso Veracruz: Documentos del PAN, PRI y Duarte sobre desvío de recursos, Aristegui Noticias, 18 de abril del 2013, http://aristeguinoticias.com/1804/mexico/operacion-electoral-en-veracruz-documentos-del-pan-pri-y-javier-duarte/

2 Partido Acción Nacional, Carta a Enrique Peña Nieto, 17 de abril de 2013,
https://es.scribd.com/doc/136756885/Carta-del-PAN-pdf

3 Comunicado del Gobierno del estado de Veracruz, 17 de abril del 2013,
https://es.scribd.com/doc/136757593/Comunicado-Gobierno-de-Veracruz-pdf

4 Destituyen a 6, y sólo ‘separan del cargo’ al operador principal, de Sedesol en Veracruz, Aristegui Noticias, 18 de abril del 2013,  http://aristeguinoticias.com/1804/mexico/robles-solo-suspende-temporalmente-a-delegado-de-sedesol-tras-casoveracruz/

5 Denuncian otro presunto desvio de recursos en Veracruz, Aristegui Noticias, 27 de abril del 2015, http://aristeguinoticias.com/2704/mexico/alejandro-encinas-pide-investigar-probable-desvio-de-recursos-en-veracruz/

6 Dictámenes de puntos de acuerdo aprobados en la LXII Legislatura, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de Apoyo Parlamentario,
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/dictameneslxii_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=2197

7 Dictámenes de puntos de acuerdo aprobados en la LXII Legislatura, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de Apoyo Parlamentario,
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/dictameneslxii_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=2197






De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por el incremento de los casos de violencia de género ocurridos en la Ciudad de México; y exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a implementar los protocolos de investigación por razones de género para evitar los sesgos en el tema y al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a entablar el diálogo y escuchar las peticiones de la comunidad universitaria preocupados por la violencia de género. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ciudad de México es una de las 20 ciudades que participan en la iniciativa programática insignia de ONU Mujeres: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas; que tiene por objetivo crear ciudades, inclusivas, generadoras de oportunidades para mujeres y niñas y sostenibles contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la comunidad internacional (en concreto, mediante los objetivos ODS 4, 5, 11 y 19). Razón por la que si aspiramos a que la igualdad de género sea una realidad en 2030, es imperativo que las ciudades sean vehículos de desarrollo y no dejen a nadie fuera de la senda del progreso.

Así del 22 al 24 de febrero del presente año, la Ciudad de México fue sede del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y niñas organizado por ONU Mujeres en donde se reunieron más de 200 profesionales de la planificación y la gestión urbana, incluyendo mujeres y hombres líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobiernos locales y nacionales de los cinco continentes, para compartir buenas practicas, instrumentos y enfoques pragmáticos para hacer de las ciudades espacios seguros para las mujeres y las niñas.

Así, la Ciudad de México ha impulsado diversos programas y mecanismos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, entre los cuales destacan la aplicación móvil Vive Segura CDMX y el Silbato, sin embargo estas medidas aunado al amplio marco jurídico e institucional no ha disminuido la brecha existente entre la realidad y la norma.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH (2011), el 50% de las mujeres en la Ciudad de México han experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de sus vidas, en contraste con un 32% de las mujeres a nivel nacional.1

El 77% de las mujeres en la Ciudad de México se sienten inseguras de habitar y transitar en la ciudad. INEGI (2014). Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública.2

El 3 de mayo, la Ciudad de México atrajo los reflectores a nivel nacional e internacional, debido al hallazgo del cuerpo sin vida de una joven al interior de las instalaciones de Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. El cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Osorio, mujer de 22 años, se encontró en una cabina telefónica, colgada del cable del teléfono.

Horas más tarde, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México relataba los primeros hechos relacionados con la muerte de Lesvy, que evidenció la falta de capacitación por parte de los elementos encargados de la investigación en delitos vinculados con violencia de género, peor aún fueron las declaraciones que pusieron al descubierto la raigambre de una sociedad machista. En la cual los estereotipos de género implican que de no apegarse a ciertas conductas y comportamientos, las mujeres serán castigadas, solo por no continuar o apegarse a los moldes de feminidad impuestos por la sociedad, aún después de muertas.

Ante la revictimización por la violencia machista, miles de usuarias de redes sociales, indignadas comenzaron a preguntarse: Si me matan, ¿Qué dirán de mí? Dado que la primera versión de la Procuraduría que se basó en el testimonio del novio de Lesvy para definirla como "alcohólica", “drogadicta” y "mala estudiante".

Mediante el hashtag#SiMeMatanse circuló en twitter testimonios de mujeres que especulaban con las diferentes maneras por las que podrían ser criminalizadas después de su muerte.

Ante ello es preciso decir que no hay condiciones ni garantía para que las mujeres puedan transitar libres y seguras, pese a contar con un abanico de instituciones, de legislación nacional e internacional para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres que contrasta con la realidad social, ya que por años la violencia ha sido normalizada y recientemente visibilizada.

Desde la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres -aprobada el 20 de Diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas- se utiliza el término “Violencia de Género o violencia contra las mujeres”, para referirse a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio3, 7 mujeres en México son asesinadas cada día y tan solo el 25% de los casos son investigados como feminicidio; del año 2012 al 2016, durante el mandato Peña se han registrado 7,704 asesinatos de mujeres.

Las cifras son alarmantes, el saldo que deja a su paso la violencia feminicida son miles de mujeres asesinadas y desaparecidas, si bien estamos inmersos en un contexto de violencia generalizada que se vive en el país, la violencia contra las mujeres debe de enmarcarse en dos aspectos: en el impacto que ha tenido el crimen organizado en la violencia contra las mujeres y segundo en un marco normativo que no acaba de proteger la integridad, seguridad, ni garantizar la vida de las mujeres.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación por el incremento en los casos de violencia de género ocurridos en la Ciudad de México, reconociendo que la máxima expresión es el feminicidio, al tiempo de condenar cualquier manifestación que denigre a las mujeres y justifique la violencia contra ellas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Lic. Rodolfo Fernando Ríos Garza, Titular de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a implementar los protocolos de investigación por razones de género para evitar los sesgos en el tema, ejemplo de ello el reciente caso de Lesvy Berlín Osorio, al tiempo también solicitar que dicha investigación sea exhaustiva y que no quede impune.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Dr. Enrique Luis GraueWiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a entablar el diálogo y escuchar las peticiones de la comunidad universitaria que preocupados por la violencia de género, se han manifestado en días pasados, al tiempo de reforzar la vigilancia en las instalaciones de los diversos campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Salón de sesiones de la Comision Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH (2011)En línea: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/announcer-mexico-city-hosts-global-forum-on-safe-cities#sthash.UvTwHftO.dpuf

2 http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/announcer-mexico-city-hosts-global-forum-on-safe-
cities#sthash.UvTwHftO.dpuf

3 Citado en El País, Las Voces Silenciadas, Feminicidios en México.
http://elpais.com/especiales/2017/feminicidios-en-mexico/#






De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México a valorar la factibilidad de destinar recursos para la creación de un Laboratorio de Investigación y Servicios en Cáncer de Mama, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM Campus Juriquilla, Querétaro. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; con fundamento en lo que dispone el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

En México, y a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México es punta de lanza en investigación científica y humanística; así como en materia de desarrollo tecnológico, con el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación científica.

La innovación tecnológica es un tema fundamental para contar con un mejor desarrollo tanto en el ámbito científico como económico, por lo que resulta primordial apoyar a los estudiantes, académicos y científicos en sus proyectos de investigación.

Durante los últimos años en todo el mundo se presenta una gran problemática en cuestión de salud, ya que el cáncer de seno representa el 25% de los casos de cáncer a nivel mundial, es la primera causa de muerte y discapacidad de las mujeres con neoplasia maligna. Cabe mencionar que el cáncer de seno también se presenta en hombres aunque con una incidencia mucho menor que en las mujeres.

En México, la tasa de mortalidad ha aumentado en las últimas décadas, no obstante que las técnicas modernas de detección han incrementado la certeza diagnóstica; los estudios de patología en la que se presentan los pacientes generalmente es en torno a la etapa IIB o superior, esto es, en un grado avanzado de la enfermedad, representando más de 6,000 muertes anuales en mujeres de 25 años o más. En reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social se aprecia que el costo anual por paciente en etapa I es del 37.35% con respecto al costo de la etapa IV. De acuerdo con el estudio “Impacto económico del cáncer en México” de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el costo promedio por año de tratamiento es de $334,421 pesos por paciente.

Es claro que, desde el punto de vista económico, la detección no oportuna del cáncer de mama representa costos directos muy elevados para el sector de salud pública, así como también costos indirectos elevados por la disminución en la productividad de la gente que se incapacita por desarrollar esta patología.

Al margen de los claros beneficios económicos inherentes a la detección oportuna del cáncer de mamá, el simple pero importantísimo hecho de salvar vidas justifica cualquier esfuerzo para “ganarle terreno” a dicha enfermedad que no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres, aunque con menor frecuencia.

La técnica de detección más utilizada por sector salud es la mastografía que en promedio reporta una certeza clínica de 85%. Sin embargo, existen diversas problemáticas asociadas a su utilización, la restricción de edad, tabús, poca cantidad de mastógrafos disponibles en el país, entre otros.

Ante este escenario en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), de la UNAM Campus Juriquilla, se desarrolló un sistema de detección de patología en las glándulas mamarias por medio de termografía superficial y análisis de imágenes utilizando un software inteligente desarrollado en el CFATA que emplea un algoritmo de autómatas celulares que tiene la capacidad de aprender y reconocer patrones de imágenes termográficas asociados a los tumores (de manera abreviada a este sistema es a lo se le denomina “termografía computarizada”). Así, cuantas más imágenes de pacientes se procesen el software tiene mayor capacidad de identificar patrones que caracterizan a los tumores, el cual puede ser de gran ayuda al implementarse como técnica complementaria para la detección oportuna del cáncer de mama que en contraste con la mastografía es no invasiva, sin contacto y por lo tanto no dolorosa, de costo mucho menor y ha reportado una certeza del 63 al 86%.

En el CFATA se tiene la experiencia de más de 14,000 estudios realizados con voluntarias y pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM Querétaro); también se desarrolló un gel que permite obtener hasta un 400% más de contraste y una definición mayor de vasos sanguíneos en las imágenes termográficas.

La idea de utilizar la termografía, se comenzó a gestar en el CFATA de la UNAM Campus Juriquilla, con un trabajo de investigación que tenía como título en ese entonces (2011) “Sistema mecatrónicotermovisual para detección de cáncer de seno”. Esta experiencia sentó las bases para que al siguiente año concursara por recursos para dar continuidad al trabajo. Así, en 2012 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) financió el proyecto bajo el título “Modelo Estadístico Referencial de Distribución Térmica en las Glándulas Mamarias por Medio de Termografía”. En 2013 se consiguieron de nuevo recursos por parte de CONCYTEQ con el proyecto titulado “Tipificación de Patologías en Glándulas Mamarias por Termografía”.

Esta etapa de investigación y desarrollo tecnológico se ha concluido con éxito gracias a la suma de esfuerzos económicos, humanos, académicos, científicos, de cada una de las Instituciones, (CONCYTEQ, CFATA-UNAM, UNEME-DEDICAM-QUERETARO, INSTITUTO DE NEURO-BIOLOGÍA-UNAM, FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO CAMPUS QUERÉTARO), involucradas. Dicho éxito esta soportado por las tesis profesionales desarrolladas como parte del proyecto, por la presentación de los resultados en congresos, publicación de los mismos en una revista nacionales e internacionales con arbitraje estricto (International Journal of MechanicalEngineering and Automation, Journal of AppliedResearchTechnology, Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica), pero sobre todo por detección oportuna de cáncer en varias personas salvando vidas y reduciendo costos de tratamiento por esta misma razón.

Actualmente existe el problema de que los recursos no son suficientes para cubrir la creciente demanda del servicio, así como para reemplazar la única cámara termográfica con la que se cuenta y que está por terminar su vida útil. En caso de no contar con los medios para seguir operando, sería inminente la desaparición de este servicio que se ofrece en el CFATA, que ya ha salvado vidas y que potencialmente podría salvar muchas más.

La UNAM ha sido una institución caracterizada entre otras muchas otras virtudes por su compromiso y apoyo al país a través de diversos programas, por lo que confiamos que tomará las medidas necesarias para impulsar aún más este tipo de servicios de tal manera que el otrora proyecto de termografía computarizada se convierta en un programa autosustentable con presupuesto propio mediante la creación del “Laboratorio de Investigación y Servicios en Cáncer de Mama” (LISCAM), en el CFATA de la UNAM Campus Juriquilla, en el cual además de utilizar la técnica termográfica computarizada se brindarán servicios de ultrasonido, mastografía e histopatología. Se contaría también con laboratorios de investigación científica para el desarrollo de materiales de uso biomédico para el tratamiento de cáncer en general, con claros beneficios para la población queretana y, potencialmente, para toda la sociedad mexicana. Cabe resaltar que este tipo de investigación no lo realiza el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), por lo que las actividades del LISCAM serían complementarias.

Un precedente de éxito de estos programas es la construcción del Laboratorio de Resonancia Magnética del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, el cual brinda un servicio de imagenología de alta calidad a la comunidad que se ha vuelto autosustentable.

En razón de lo anterior y en espera de una respuesta favorable para el beneficio de las Mujeres y Hombres de nuestro País, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta respetuosa la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que a la brevedad posible valore la factibilidad de destinar recursos para la creación de un Laboratorio de Investigación y Servicios en Cáncer de Mama, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, de la UNAM Campus Juriquilla, Queretaro.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2017.

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.






Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar una verificación a todo el arroz importado que actualmente se está comercializando en el país, para garantizar que no se trata de un producto sintético. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, diputado federal JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN A TODO EL ARROZ IMPORTADO QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ COMERCIALIZANDO EN TODO EL PAÍS, PARA GARANTIZAR QUE NO SE TRATA DE UN PRODUCTO SINTÉTICO; A REFORZAR SUS MECANISMOS DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL ARROZ IMPORTADO A NUESTRO PAÍS, PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN ESTABLECIDOS; AMPLIÉ LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y FLEXIBILICÉ LOS TRÁMITES PARA QUE LOS PRODUCTORES DE ARROZ DE NUESTRO PAÍS, ACCEDAN DE MANERA ÁGIL A TODOS LOS APOYOS PARA SU CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓNE INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO, FOMENTO, PROMOCIÓN DEL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ, APLICADAS A FAVOR DE LOS PRODUCTORES PARTICULARMENTE DEL ESTADO DE JALISCO, NAYARIT Y COLIMA; al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En fechas recientes, circuló por diversos medios de comunicación nacionales; la noticia de que se estaba importando, comercializando y consumiendo en nuestro país, arroz que no era de origen vegetal, sino presumiblemente “sintético” es decir, realizado de polímero o plástico y procedente al parecer, de China.

Esta situación, creó alarma entre la población en nuestro país que consume este cereal, y una creciente preocupación entre los productores de este alimento que, a pesar de ser básico en la alimentación y cocina mexicana, se ha visto seriamente perjudicado en las últimas dos décadas.

Sobre el creciente rumor; de manera contundente y decidida, la autoridad correspondiente en la materia la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación actuó a tiempo, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que atendió el llamado y realizó un estudio de laboratorio para comprobar la pureza y el origen del arroz señalado.

En función de las muestras recabadas por el personal del SENASICA que se analizaron por el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) se comprobó que el arroz estudiado era natural y apto para el consumo humano.

Que provenía, de una importación legalmente ingresada nuestro país procedente de California, Estados Unidos y contaba con la certificación correspondiente.

Además, se señaló que el 100% de las muestras recabadas y analizadas contenían el “embrión” o la muesca característica del grano de origen vegetal, comprobando de nueva cuenta que era arroz natural y no representaba ningún riesgo para el consumo.

Gracias a la rápida acción de la autoridad correspondiente, se despejo la alarma que se generó entre la población y se disminuyó la preocupación entre los productores nacionales que se vieron afectados por la propagación tan rápida, de este tipo de rumores.

Si bien, se pudo demostrar que se trataba de una noticia falsa; la lección que esta experiencia y sus consecuencias nos dejan, deben de llamar la atención y observación por parte de esta soberanía.

Por un lado, es preocupante que rumores o falsas noticias sobre importación de alimentos sintéticos que están siendo comercializados y consumidos por la población, tengan la capacidad de permear entre la opinión pública y generar una alarma, y a la vez, una situación de presión a los productores nacionales.

Esto nos obliga, a tener no solo mayores controles en la verificación de la calidad de los alimentos que se importan a nuestro país de cualquier parte del mundo, sino también a redoblar esfuerzos para recobrar la confianza en las autoridades; manteniendo informada a la población en general sobre el trabajo que en este aspecto se está llevando a cabo, para garantizarle a la ciudadanía que se están cumpliendo con los requisitos fitosanitarios establecidos.

Y, por otro lado, nos exige mirar el estado que guarda la producción de este alimento básico en nuestro país y las condiciones en las que sus productores se encuentran.

Desafortunadamente, en lo que respecta al arroz, tenemos pendientes aún.

Cifras oficiales nos señalan que existe un déficit en la producción, es decir; se consume más de lo que se produce, obligándonos a la necesidad de importar este alimento de otros países como Estados Unidos, Filipinas o Vietnam; en total compras por un monto hasta el año pasado de 322 millones 826 mil dólares.

Por si no fuera poco lo anterior, las mismas cifras oficiales reportan que para enero del presente año 2017, las importaciones de este mismo alimento se incrementaron en un 21.4% respecto a enero del 2016.

Es decir, en enero del presente año se importaron 111 mil 640 toneladas de arroz por un monto de 29 millones 200 mil dólares.

Estas cifras preocupantes, son el reflejo de la disminución desde el año 2006; de la superficie en nuestro país para el cultivo del arroz nacional; en los cerca de 13 estados que lo producen, las tierras destinadas a su cultivo se redujeron en cerca de 1 tercio, reduciendo la producción total en cerca del 40%.

Ello como consecuencia de diversos factores alarmantes, pero también evitables.

Por un lado, la falta de apoyo gubernamental a los productores, el abandono en la innovación científica y tecnológica –ya existente en nuestro país- para el sector y en específico para la siembra del arroz, la burocracia existente en las ventanillas de registro para la obtención de apoyos, la competencia injusta que representa el precio del arroz que es importado y también, la delincuencia organizada que ha apuntado hacia los arroceros del país y los distribuidores de este producto.

Como se puede ver, la situación que atraviesa la producción de arroz en nuestro país, no es sencilla y, por el contrario, es sumamente complicada.

El arroz en nuestra alimentación y cocina mexicana, es elemental y básico; además las cualidades del arroz mexicano en comparación con el arroz producido en otros países, lo hacen insuperable y muy apreciado en función de su capacidad de absorber sabores y su aportación nutrimental.

Se trata de un alimento muy valioso que debemos voltear a ver, de familias campesinas dedicadas al cultivo del arroz que debemos proteger y permitirles recobrar rentabilidad de su producto y su trabajo; y finalmente, de un sector de nuestra economía que no puede quedar en el abandono ni en el olvido institucional.

No podemos seguir como lo indican las cifras oficiales, importando el 80% del arroz que se consume en el país, y producir solo el 20% de este total.

Afortunadamente desde el año 2016, el Gobierno Mexicano implemento a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un programa denominado “Fortalecimiento de la Producción de Arroz” como un programa diseñado particularmente para este sector de nuestra agricultura.

Su objetivo, sin duda ambicioso y su visión definitivamente necesaria; aumentar en dos años la producción de arroz en México y reducir con ello y en este lapso de tiempo, un 20% las importaciones.

En otras palabras, pasar de producir 236 mil toneladas al año, a 350 mil toneladas para finales del 2018. Producir el 40% del arroz que se consume en el país e importar el 60% restante.

La estrategia de este programa consistió en generar mayores apoyos gubernamentales a los productores, generar estrategias de vinculación con la iniciativa privada, una mayor apertura de mercados y creación de conductos para comercialización, mayor tecnificación en la siembra y cosecha y finalmente el desarrollo y entrega de semillas mejoradas, resistentes y más productivas a los productores.

Gracia a este valioso esfuerzo, estados como Nayarit, Colima, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Michoacán y Campeche han fortalecido su aportación a la   producción nacional de arroz, incrementando la productividad de la superficie sembrada  y con ello, mejorando las condiciones de vida de los productores arroceros y sus  familias.

No obstante, a lo anterior, hay pendientes aún.

Es necesario proteger el incipiente resurgimiento de la producción nacional de arroz y permitirle consolidarse. Se requiere ampliar y extender los apoyos gubernamentales para su producción y comercialización, así como también simplificar y agilizar los trámites que los productores deben realizar para acceder a los apoyos, realizar campañas de promoción de los beneficios del consumo del arroz en la nutrición y la economía  nacional; y, también impedir que este valioso sector sea víctima de la delincuencia organizada.

Sin duda alguna, se ha avanzado mucho sobre este asunto, pero la realidad nos muestra que no ha sido suficiente.

Esta soberanía, está obligada a apoyar la producción de este alimento básico y a las familias que se dedican a su producción.

Este importante sector de nuestro campo mexicano, requiere de nuestra atención y ayuda; no solo por el bien de nuestra economía nacional sino también de las generaciones presentes y futuras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a:

1. Realizar una verificación a todo el arroz importado que actualmente se está comercializando en todo el país, para garantizar que no se trata de un producto   sintético.

2. Reforzar junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, sus mecanismos de vigilancia, verificación y control de calidad del arroz importado a nuestro país, para garantizar a la población que cumple con los requisitos fitosanitarios de importación establecidos.

3. Que amplié los programas gubernamentales y flexibilicé los trámites para que los productores de arroz de nuestro país, accedan de manera ágil a todos los apoyos para su cultivo y comercialización.

4. Informe sobre las estrategias de apoyo, fomento, promoción del cultivo y comercializacióndel arroz, aplicadas a favor de los productores particularmente del Estado de Jalisco, Nayarit y Colima.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, el 24 de mayo del 2017.

Atentamente

Dip. Jose Luis Orozco Sanchez Aldana.

Boletín de Prensa. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 11 de mayo del 2017.
Boletín de Prensa. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 11 de mayo del 2017.
Boletín de Prensa. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 11 de mayo del 2017.
Boletín de Prensa. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 11 de mayo del 2017.
Estadísticas de Comercio Exterior 2016. Banco de México.
Estadísticas de Comercio Exterior 2016. Banco de México.
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reporte 2017.
Secretaria de Economía.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a destinar recursos para actualizar, reparar y mejorar las condiciones de los botones de auxilio que permiten prevenir y combatir hechos delictivos. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓNEXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DESTINAR RECURSOS PARA ACTUALIZAR, REPARAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS BOTONES DE AUXILIO QUE PERMITEN PREVENIR Y COMBATIR HECHOS DELICTIVOS, al tenor de los  siguientes:

ANTECEDENTES

El proyecto Bicentenario de Videovigilancia Ciudad Segura inició en enero del 2009 bajo la administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal quien consideró pertinente la necesidad de impulsar la confianza pública hacia el sistema policial de la ciudad mediante la tecnología lo cual permitió la instalación de equipos de cámaras a finales del 2011.

Así, comenzó a operar la red de seguridad auxiliar con 11 mil 592 cámaras de videovigilancia, 5 centros de control y comando (llamados C2) y un centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (denominado C4i4) mismo que funge como matriz que coordina los cinco C2 en zonas estratégica de alto riesgo.

Las herramientas de auxilio instaladas por la Secretaria de Seguridad Publica constan de equipo de videovigilancia, botón de auxilio y altavoz, los cuales facilitan el establecimiento de una línea de comunicación inmediata con algún monitor del C5.

Incluir un botón de auxilio ha permitido que el tiempo de respuesta se reduzca de cinco a un promedio de 2 minutos 40 segundos, mientras tanto la cámara se orienta hacia la base del poste para averiguar lo que está ocurriendo. Posteriormente la persona que contesta esa llamada de auxilio contacta a las instancias del sector policial para atender la situación; al contrario del uso del sistema de 911, este programa triangula el usuario al monitor y de ahí al área de despacho.

El uso de estas herramientas tecnológicas de protección civil conlleva un alto nivel de mantenimiento y deben de ser actualizadas constantemente.

Según información del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, hay alrededor de 15 mil cámaras en la capital, de las cuales sólo 9 mil 800, el 66 por ciento, cuentan con un botón de auxilio, y están dejando de funcionar 800 votos pues el sistema se interrumpe, el botón deja de funcionar o los cortes de energía eléctrica también afectan el funcionamiento.

Las diferencias se encuentran sumamente marcadas en comparación a los últimos modelos que arrogan los avances tecnológicos. Las cámaras que fueron instaladas antes del 2011 usan tecnología análoga mientras que las actuales que utilizan tecnología HD. Este último presenta producciones del video donde los videos de noche son mayormente apreciados y claras como se fueran tomadas de día.

Según información publicada por diarios nacionales, se estima que unas 29 mil llamadas de auxilio se han hecho mediante este instrumento para denunciar fugas de agua, baches, alumbrado público, franeleros o personas obstruyendo la vía pública; otras 13 mil llamadas de auxilio se han registrado para atender algún nivel de delito de robo de autopartes, los cuales generaron unos 800 detenidos.

En un análisis comparativo, un 80 por ciento de las 50 mil llamadas realizadas mediante este instrumento son hechas con fundamento y/o peligro real en comparación al uso del número 911 donde se estima que sólo un poco más del seis por ciento de sus 70 mil llamadas diarias son llamadas donde el uso policial es real y necesita de atención a su emergencia.

Finalmente cabe señalar que Idris Rodríguez, director general del centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (C5),declaró que es necesario renovar estos instrumentos ya que su desempeño se ve reflejando positivamente en la seguridad de las calles de la capital.

Las delegaciones de Cuauhtémoc, Iztapalapa y GAM destacan en el uso de estos instrumentos desde el inicio de su operación, donde representan una ventaja para las comunidades ya que al momento de activar el botón se conecta a la Base Plata, donde se informa de la necesidad de un apoyo para seguridad pública, emergencias médicas, protección civil y servicios urbanos, de esta forma se aprecia un aumento en la participación ciudadana y la prevención de delitos.

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a destinar recursos para actualizar, reparar y mejorar las condiciones de los botones de auxilio que se encuentran en las calles de la Ciudad de México que permiten prevenir y combatir hechos delictivos, cuyo periodo de vida ya ha sido  rebasado.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 24 de mayo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría de Gobernación con respecto al alto índice de feminicidios perpetrados en el Estado de México. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNACIÓN CON RESPECTO AL ALTO ÍNDICE DE FEMINICIDIOS PERPETRADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las mujeres en México viven constantemente el riesgo a ser vulneradas en sus derechos o en su persona. En nuestro país, 63 de cada 100 mujeres, de 15 años o más, declaró haber padecido algún incidente de violencia o discriminación por parte no sólo de sus parejas, sino también cuando transitan por las calles o en el transporte público.

La expresión más extrema de esta violencia es el feminicidio, el cual se ha convertido en la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años. En este sentido, se estima que entre 2013 y 2015, 7 mujeres perdieron la vida diariamente en nuestro país.1 Los altos niveles inseguridad han ocasionado movilizaciones para exigir a las autoridades poner un alto definitivo a la violencia dirigida en contra de las mujeres, bajo las consignas Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos.

Ahora bien, la entidad que concentra los mayores índices de violencia en contra de las mujeres a nivel nacional es el Estado de México; de los 6 mil 488 feminicidios registrados entre 2013 y 2015, 1 mil 405 ocurrieron en esta entidad. Esta situación provocó que, el 31 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación tuviera que emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Alerta de Género) en 11 de los 125 municipios mexiquenses (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco). Con la activación de la Alerta de Género, el gobierno estatal quedó obligado a definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, mientras que la Secretaría de Gobernación se comprometió a dar un monitoreo permanente a estas estrategias.

Pese a lo anterior, el número de feminicidios en la entidad no disminuyó. Para el año 2016 se registró una cifra de 263 feminicidios (el número más alto a nivel nacional), y tan solo en el primer mes de 2017 se registraron 17 muertes violentas de mujeres.2 El problema de violencia que viven las mujeres en esta entidad se agrava por la falta de apoyo que reciben por parte de las autoridades. El 73 por ciento de los feminicidios registrados contaban con un antecedente en donde la víctima había denunciado a su victimario ante las autoridades y, de acuerdo a un reporte realizado por la organización Mujeres en Cadena, 95 por ciento de estos crímenes quedan en la impunidad.3

Los altos índices de impunidad en las entidades federativas fue objeto de estudio para la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien en el año 2016 publicó el Índice Global de Impunidad México: IGI-MEX 2016. De acuerdo con este informe, el Estado de México se encuentra entre las 3 entidades con los mayores niveles de impunidad, solo por debajo de Quintana Roo y por arriba de Baja California. Con este reporte, la UDLAP diagnosticó que el Estado de México tiene importantes deficiencias estructurales y funcionales. Estructuralmente, el número de personal que opera en las Procuradurías, Agencias del Ministerio Público, así como el número de elementos destinados a funciones de seguridad pública, está por debajo del promedio nacional.

Asimismo, el Estado de México también tiene deficiencias en cuanto al número de agencias del Ministerio Público, con 1.1 agencias por cada 100 mil habitantes (la media nacional es de 3.2). De forma funcional, el porcentaje de encarcelamientos por robo y homicidio contra el número de averiguaciones previas registradas es de un 6 por ciento en caso de robo (a nivel nacional es de 10.3 por ciento) y de 19.9 por ciento en el caso de homicidio (contra el 27.5 por ciento a nivel nacional).4 La conjunción de estos elementos dificultan las tareas de procuración de justicia.

Es difícil explicar las deficiencias que presenta el sector de Seguridad Pública e Impartición de Justicia si se toma en cuenta que el presupuesto que el Gobierno del Estado de México le asigna ha venido en aumento en los últimos años:

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Año de Ejercicio

Presupuesto asignado (Pesos)

2010

8, 735, 158, 791 00