Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Mayo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:23 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum, si es tan amable.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado una asistencia de 22 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, se tiene el registro de 37 legisladoras y legisladores. Por lo tanto, existe quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 17 de mayo de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.








El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Señor Presidente, permítame, por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Señor Coordinador, estamos en la parte procedimental de la votación del acta anterior.

¿Usted tiene alguna duda respecto a la votación del acta anterior?

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Del acta anterior, no.

En el momento en que se someta a consideración la votación para el Orden del Día, se nos dé oportunidad de tomar la palabra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, señor Coordinador. Si quiere vamos a hacer dos cosas, terminamos con esa votación y le doy el uso de la palabra otra vez.

Sigamos con la votación.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, se aprueba el acta de la sesión anterior.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha sido aprobada el acta.

Pasaríamos al tema de comunicaciones, pero me ha solicitado la palabra el Coordinador del grupo parlamentario del PAN, en voz de la Diputada, por favor

Si le dan volumen, por favor, a la Diputada Karla Osuna, si son tan amables.

La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: (Desde su escaño) Señor Presidente, el día de hoy los coahuilenses nos sentimos indignados con la noticia recibida el día de ayer, donde nuevamente se vuelve a vincular a la familia Moreira en actos de corrupción.

Es lamentable que este país haya sido sordo hacia lo que está pasando en Coahuila. Hechos que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, y hasta el día de hoy no hemos tenido resultados.

Por ello le pido, señor Presidente, se someta a consideración de este Pleno, que se discuta el día de hoy un punto de Acuerdo que hemos presentado relativo al tema Moreira.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Osuna Carranco.

Yo le sugeriría, respetuosamente, que por vía de su coordinador se buscara un acuerdo parlamentario, justamente para ir con el Reglamento, con lo que usualmente conocemos como el reglamentillo, que es el instrumento jurídico que nos hemos dado en esta Comisión Permanente, que hemos votado todos por unanimidad, que es lo que rige la actuación de estas sesiones.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor, al señor coordinador.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) La petición que ha hecho la Diputada Osuna es de la más alta relevancia, no sólo para los grupos parlamentarios de Acción Nacional.

Sabemos que la sociedad mexicana se encuentra agraviada, se encuentra ofendida. Observamos una conducta de omisión, de opacidad en darle seguimiento a asuntos de la más alta relevancia para el país. Es precisamente este lugar donde tenemos que discutir los temas que le duelen al país y este es, sin lugar a dudas, uno de ellos.

En un momento más visitaré a los coordinadores parlamentarios para tratar, en el tema que estamos comentando, se inserte en el Orden del Día para hacer una discusión amplia.

El tema de Coahuila no se puede estar soslayando, no puede tenderse una cortina de humo ante este latrocinio que se ha presentado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, señor coordinador.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Con qué objeto, Diputado Cortés?

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Con la misma petición, señor Presidente.

Con todo respeto, lo ocurrido en Coahuila, referente a las cuentas bancarias que posiblemente vinculan…

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) ¡Que posiblemente!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Termine, Diputado Marko Cortés.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Que posiblemente vinculan a Humberto Moreira, Rubén Moreira, en el fraude que se le hizo a los coahuilenses, para Acción Nacional, y para el pueblo de México es de interés nacional.

Por ello, en la reunión de Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, en voz de la Diputada y Vicepresidenta Karla Osuna, se solicitó se integrara en el Orden del Día, porque para nosotros es muy relevante que el Estado mexicano investigue y sancione estos posibles hechos.

Por ello es que pedimos a esta Comisión Permanente ponga a consideración si se integra este punto en el Orden del Día.

Sería una petición del grupo parlamentario de Acción Nacional, porque no podemos permitir que estos posibles hechos queden impunes, y es evidente que no hay interés de la fracción mayoritaria para que pueda discutirse como un tema de urgente y obvia resolución.

Por ello, con todo respeto a la Mesa Directiva, con todo respeto a los compañeros Senadores y Diputados, yo pediría que reconsiderara nuestra petición de hoy por la mañana y que pudiéramos ponerlo a votación el que se incluyera, en este momento, en el Orden del Día de la sesión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, gracias, Diputado Marko Cortés.

La consideración, que le hacía a la Diputada Karla Osuna, de buscar un acuerdo con los señores coordinadores para buscar este acuerdo parlamentario.

Señor Diputado Marko Cortés, si me regala dos minutos para darle trámite a su propuesta.

Como le comentaba a la Diputada hace unos momentos, que el camino adecuado sería que por vía de los coordinadores se buscara un acuerdo parlamentario, porque usted conoce bien el reglamentillo que nos hemos dado, que hemos votado por unanimidad, donde establece cada uno de los supuestos de la actuación de la Mesa Directiva y, justamente, cuando están reunidos en este Pleno durante la sesión.

Lo que contempla el Reglamento que hemos votado todos por unanimidad, son dos supuestos. Los acuerdos que se hacen por la mañana justamente, que se trae un Orden del Día por unanimidad y, por supuesto, que el Reglamento contempla la situación para poder incluir algún tema, para hacer alguna modificación al Orden del Día, específicamente, respecto a esa petición que usted me hace, el propio Reglamento contiene dos supuestos para que ocurra eso.

El primero, que haya un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sin que exista excepción de alguno. Ése es el primer supuesto. Cumpliéndose ese primer supuesto aplica un segundo supuesto, que se someta a votación.

Entonces, para darle cumplimiento estricto a las reglas que nos hemos dado, yo le sugiero, respetuosamente, que activen el canal, que platiquen con los coordinadores para ver si eso yo lo puedo someter a votación de este Pleno

Señor coordinador, deme un segundo por favor, nada más para que tengamos orden.

Señor coordinador, lo que le acabo de decir, y si quiere le pedimos a la Secretaría que dé lectura del Reglamento, lo que le acabo de comentar es el fundamento, es el Reglamento que hemos votado, el cual estamos obligados a cumplir.

Le insisto, para modificar el Orden del Día, para introducir un tema, tienen que suceder dos supuestos que todos votamos aquí, señor coordinador.

El primero, que estén de acuerdo todos los coordinadores. Es el primer supuesto para poderlo votar.

El segundo, someterlo al Pleno. Eso es lo que dice lo que hemos votado, son las reglas de esta Comisión Permanente.

Si gustan revisarlo, y cualquier duda con mucho gusto lo atendemos.






Seguimos con comunicaciones.

Dé lectura a a las comunicaciones.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 26 de mayo de 2017, a efecto de realizar una Visita de Estado a Guatemala.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Señor Diputado, yo lo que les solicité es que pudieran revisarlo, estamos en comunicaciones, si los revisan y tienen alguna duda, les doy el uso de la palabra otra vez.

Denle volumen al Diputado Marko Cortés.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, si usted tiene alguna duda de los artículos y quiere ilustrar a este Pleno, le pediría que nos los leyera.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es que yo no tengo ninguna duda, señor Diputado.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Tampoco nosotros.

Por lo tanto, le pediría, señor Presidente, que ponga a consideración de esta Soberanía el Orden del Día, que no se ha votado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El Orden del Día no se vota, señor Diputado.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) La inclusión del punto que estamos solicitando en el Orden del Día, eso es lo que le estoy pidiendo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Esa solicitud, señor Diputado, como yo le hacía mención, pasa por dos supuestos, que es el Reglamento que hemos votado aquí y el primero es que haya un acuerdo parlamentario.

Yo no tengo duda del Reglamento que hemos votado, si usted desea, le pido a la Secretaría que lea los artículos. ¿Es así?

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Con mucho gusto, señor Diputado.

Dé lectura la Secretaría al artículo respectivo, por favor.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura, señor Presidente.

“Artículo Décimo Primero.- Previo consenso de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva podrá registrar asuntos el mismo día de la sesión, antes de su inicio. Una vez iniciada la sesión, podrán incluirse otros asuntos, siempre que no exista objeción por parte de algún grupo parlamentario y sea autorizado por el Pleno de la Asamblea.

Sólo los proponentes o el correspondiente grupo parlamentario podrán solicitar, por escrito, el registro de su asunto previamente registrado en el Orden del Día”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, qué amable.

Denle volumen, por favor, al Diputado Vidal Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales (Desde su escaño) De acuerdo a nuestra interpretación, entonces el Pleno es, por supuesto, soberano de modificar el Orden del Día.

Entonces, si el grupo parlamentario del PAN lo hace por escrito, pues le pediríamos que ponga a consideración de esta Asamblea, si el punto que ellos están interesados se pone a discusión.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, señor Diputado, estamos en el supuesto justamente a que ha dado lectura la Secretaría y por eso les he sugerido, respetuosamente, que busquen el acuerdo parlamentario junto con los coordinadores para cumplir. Insisto, lo que esta Mesa está mandatada es para cumplir el reglamentillo que hemos votado aquí, que todos hemos votado por unanimidad, no hubo ningún voto en contra.

Estas son las reglas de la Mesa Directiva, démosle la oportunidad que busquen el acuerdo parlamentario y cumplamos las reglas que nos hemos dado, para que esto se pueda conducir con orden y por el bien de la nación, señor Diputado.

Déjenme acabar comunicaciones y les doy el uso de la palabra.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2016.








Y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, nos envía el Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Y el Estudio de Nacional Financiera, elaborado por el Instituto Tecnológico de Monterey.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Remítase la información descrita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que se dio destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de abril de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que nos envía oficio con la Recomendación General No. 30 sobre las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por el que se informa el nombramiento del doctor Eduardo Backhoff Escudero, como Consejero Presidente de la Junta de Gobierno, con efectos a partir del 1 de mayo de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Electricidad, con el que nos hace llegar el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al segundo semestre de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de juicio político.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Asimismo, se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 73 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de juegos con apuestas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Así también, se recibió del Congreso del estado de Colima, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, en materia del 21 de marzo como día festivo.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron las siguientes comunicaciones de los ciudadanos legisladores.

Uno, de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la que remite el informe de su participación en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, celebrada el pasado 24 de febrero de 2017 en Managua, Nicaragua.








Una, de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual, los días 13 y 14 de febrero pasados, en Nueva York, Estados Unidos de América.








Una, del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite los informes de las participaciones en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de octubre de 2016 y en el Seminario Regional de los Parlamentos de América Latina y El Caribe, realizados el 1 y 2 de diciembre de 2016, ambos en Panamá, Panamá.








Uno, de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con la que se remite el informe de su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias en la Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, que se llevaron a cabo los pasados 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.








Y una, del Diputado Jorge Tello López, del grupo parlamentario de Morena, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 16 de mayo del año en curso.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Por lo que se hace la reincorporación del Diputado Tello López, comuníquese a la Cámara de los Diputados.

Entraríamos al apartado de iniciativas, pero antes de ello, me ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Marko Cortés, si le dan, por favor, volumen en su escaño.

El Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para reiterar la solicitud del grupo parlamentario tanto de Diputados como de Senadores, que se discuta el punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución referente a los Moreira.

Hemos solicitado que usted ponga a consideración del Pleno la incorporación para la discusión en esta sesión, para que la Asamblea tenga más elementos para esta determinación.

Yo le voy a decir brevemente los puntos de lo que se trata:

Que se tomen las medidas, señor Presidente, para que Humberto Moreira no salga del país.

Que se aseguren las cuentas bancarias en cuestión, para que ese dinero, que seguramente es público, no se distraiga.

Que se nombre un fiscal autónomo para que se investigue el posible desfalco.

Que se cancele la candidatura del candidato a diputado local plurinominal Humberto Moreira.

Que se le pida a la unidad de inteligencia financiera una acción de extinción de dominio sobre todos sus bienes y que debido a la falta de investigación que hay en nuestro país, que se le pida información a los Estados Unidos y a la Interpol respecto de todas las investigaciones, que parece que allá sí se realizan, en contra de Humberto Moreira por el fraude.

Ese es el contenido de urgente y obvia resolución que estamos pidiendo que hoy se discuta; por lo tanto, señor Presidente, le solicito de la manera más respetuosa, consulte a esta Soberanía, que se incluya para su discusión el día de hoy.

En el entendido de que si no se hiciera, se vería un claro obstáculo para que este tema de interés nacional sea discutido y puedan tomarse las medidas preventivas que aquí hemos dicho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Diputado. Tengo entendido que están en consulta los señores coordinadores.

Denle, por favor, volumen en el escaño del Senador Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para comentar, el grupo parlamentario del PRI, desde luego que no tiene ningún inconveniente en que se desahogue el punto de referencia del estado de Coahuila, pero que seamos, desde luego, respetuosos.

Ese es un punto que está inscrito, la Mesa Directiva sesionó hoy en la mañana, tomó su acuerdo para integrar, desde luego, el Orden del Día, que esto se respete, desde luego hay la representación de todos los grupos parlamentarios.

Por otro lado, nada más señalar el acuerdo mismo que hay, el cuadernillo para las sesiones de la Permanente señala con toda precisión y claridad el orden en que se deben de desahogar los temas, es el octavo, y que yo también le pediría a la Mesa se cumpla con ello.

Pero lo más importante de esto, lo más relevante no es esta cuestión a la que estamos refiriéndonos, el país hoy tiene una gran preocupación, y no solamente los legisladores, los Diputados y las Diputadas, los Senadores y las Senadoras, sino la ciudadanía en general, que es el tema de los asesinatos de los periodistas.

Y este es un tema sensible, grave, importante, que debe de desahogarse y que los mexicanos quieren al respecto tener un posicionamiento del Congreso de la Unión.

De tal manera que esta es la opinión y el sentir de nuestro grupo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Romo Medina. Ese punto también justamente está en el Orden del Día, siendo que es un tema que se trató en la Mesa.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera, en relación a lo que estamos discutiendo y, sobre todo, suscribiendo lo que ha dicho el Senador Romo del PRI, hay muchas cosas importantes en el país, creo que una preocupación vigente en nuestro país tiene que ver con el tema de la impunidad y la corrupción.

Y de ahí, los asesinatos a periodistas, y de ahí todos los problemas que hemos tenido presentes en el robo de hidrocarburos y todo lo que en nuestro país se viene complicando.

Yo creo que había la oportunidad de haber presentado este asunto para discutir en la Mesa Directiva, no se presentó y a lo mejor es un error no haberlo discutido ahí, pero también este Pleno tiene la soberanía para poder retomar asuntos que se puedan incorporar al Orden del Día, si el PRI suscribe y respalda que es importante y no se niega a esta discusión, creo que no daña el que se agregue en los puntos de Acuerdo a discutir en el Pleno. Éste que tiene que ver con el gobernador Moreira y que de alguna suerte enriquece parte de la discusión política que en este Pleno tenemos que dar.

Entonces, yo creo que sí es prudente que usted lo someta a discusión del Pleno para ver si lo a prueban, ya hay unas pláticas que han avanzado con los señores integrantes de esta Permanente y que pueden ayudar a destrabar esto.

Porque miren, si nosotros iniciamos una tendencia a bloquear el desahogo de la presión política con el comentario de los puntos de Acuerdo va a haber protestas recurrentes en las sesiones, porque va a ser la forma en que nos van a dejar expresarnos.

Entonces, yo considero que sí vale más la válvula del acuerdo, de que este Senado permita esta discusión, que además en lo trascendente, que está proponiendo el PAN ahí en este punto, tiene que ver con que se tomen medidas para que no se vaya del país este personaje.

Entonces, creo que vale la pena incluir esto, que no trastoca más allá de lo que estamos hablando y que sí puede dar pie a que esto se fortalezca en términos de dar prioridad a las cuestiones que de verdad nos preocupen como mexicanos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Pedraza.

Denme oportunidad, porque tengo registrada a la Diputada, al Senador Benjamín y luego a usted, Senadora. En ese orden me pidieron las intervenciones.

Denle volumen a la Diputada Karla, por favor, si son tan amables.

La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para aclarar que el día de hoy en la Mesa Directiva sí se solicitó abordar este tema, igual que otro tema parecido, y se nos contestó que se iba a ir a su comisión a ser discutido y posteriormente regresaría, lo cual, vuelvo a reiterar, se solicita que sea de obvia y urgente resolución.

Cualquier acuerdo, cualquier plática que se hubiese tenido no es superior a lo que este Pleno decida, yo no pedí la inclusión en el Orden del Día, pedí la discusión por respeto a los coahuilenses que hoy, gracias a que no se ha hecho justicia en este tema, carecemos de medicamentos en clínicas, carecemos de muchas cosas gracias a la megadeuda y a lo que no se ha investigado de la familia Moreira.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Osuna Carranco.

Sí, efectivamente, como usted estuvo en la mañana, los acuerdos de la Mesa se han tomado por unanimidad, y lo que se hizo mención fue un trámite parlamentario que es común, que es justamente que los puntos de Acuerdo que se presentan sean turnados a alguna de las tres comisiones para su estudio y para su dictaminación, que, por cierto, ya hemos recibido 34 dictámenes que ya fueron dictaminados por las comisiones, que tenemos pendientes de discutir.

Senador Benjamín Robles. Después la Senadora Graciela.

Denle volumen, por favor, al Senador Benjamín Robles.

El Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

La verdad es que después de escuchar la solicitud de las compañeras legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, de que los representantes de Morena aquí también han planteado ya su postura, lo ha hecho el PRD a través de la persona de mi compañero Isidro.

El Partido del Trabajo también cree, el grupo parlamentario cree que es importante discutir estos temas.

Escuchamos la versión de los compañeros del PRI, que no se niegan, sólo piden que se haga en función de los ordenamientos que aquí nos hemos dado, y entonces es que me parece oportuno que esta Comisión Permanente no deje de discutir estos temas de corrupción, de impunidad que tanto daño le hacen al país y, por supuesto, que adelantamos, que si esto se somete a consideración del Pleno, el PT va a votar a favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Senadora Graciela.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo solamente quiero reiterar lo que ya claramente señaló el Senador Romo, en el sentido de que el Partido Revolucionario Institucional no se opone a la discusión de este tema.

Lo que sí solicitamos es que prioricemos lo que ya fue establecido en el Orden del Día, porque incluso ayer en la discusión que tuvimos en asuntos generales, en la Primera Comisión, fue una preocupación de todos los legisladores que integran la mesa, el tema de los homicidios, de los asesinatos a periodistas.

No olvidemos que hace un mes fue asesinada una periodista en el estado de Chihuahua.

Ayer, antier fue asesinado un periodista en el estado de Sinaloa con características muy similares.

Entonces, me parece que tenemos que establecer en las prioridades de esta Mesa Directiva, en las prioridades de este cuerpo colegiado, de lo que está lesionando, vulnerando y dañando al país.

Entonces, lo que le suplicamos es que se conserve el orden que fue previamente establecido y acordado.

No nos negamos, insisto, a que se trate el tema, pero sí que se priorice lo que ya fue acordado, lo que se establece en el Reglamento y lo que debe de significar el respeto a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y de este Pleno.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Senadora Diva, denle volumen, por favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda hay muchos temas prioritarios en este momento, políticamente hablando en muchos sentidos, pero creo que los que estamos aquí tenemos una representación y no podemos ser ajenos a un malestar, no solamente nacional, sino ya internacional, que es el tema de periodistas.

Yo lo hablo porque el día de ayer hubo una gran movilización muy fuerte, el número de periodistas asesinados hasta este momento es alto y creo que una cosa es la prioridad y otra es la urgencia.

La urgencia del tema de periodistas es hoy, la gente nos lo está pidiendo y está exigiendo en este momento le entremos en un tema tan delicado, porque el resto de los temas hay instancias, pero en el tema de periodistas la gente pide ya no discursos, y en esta cancha en la que estamos, legislativa, nos exige un debate, un pronunciamiento y, sobre todo, medidas cautelares, medidas preventivas para quienes ejercen esa profesión.

Se lo digo porque Sinaloa se está convulsionado, está adolorido porque un hombre que se dedicó a investigar una de las materias más complicadas le han quitado la vida como a muchos hombres y mujeres periodistas.

No confundamos prioridad con urgencia, este tema es urgente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Diva.

Vamos a empezar, como tenemos en el Orden del Día, con las iniciativas, y me parece que ahí vamos a tener un espacio para que los coordinadores puedan juntarse, puedan reunirse y puedan priorizar los temas, esa es la sugerencia.

Ley voy a dar el uso de la palabra, por supuesto que sí, pero la intención sería poder, le voy a dar el uso de la palabra, Senadora, denme un minuto, por favor.

La idea sería poder empezar con tres iniciativas, que tuviéramos veinte minutos y una invitación a la señora coordinadora y a los señores coordinadores que pudieran revisar cuáles son los temas prioritarios, que todos, sin duda, son temas prioritarios para este país.

Denle el volumen, por favor, al Diputado Clemente.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo simplemente para hacerle el señalamiento a la Asamblea de manera muy respetuosa, particularmente al Partido Revolucionario Institucional, que nadie está planteando, a mi entender, excluir la discusión sobre los asesinatos a periodistas, al contrario, es, me parece un consenso de esta Asamblea, que ese, por supuesto, es un tema prioritario y urgente.

Lo que se está planteando es agregar un tema a la discusión, y si es así por supuesto que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano respaldaría esta solicitud.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy amable, Diputado. Muchas gracias.

Denle, por favor, volumen en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Creo que ya ha habido aquí expresiones de todos los grupos parlamentarios, y no habiendo más que discutir en lo particular, porque así ya lo hicimos, se hizo el esfuerzo, yo le solicitaría, los Diputados y los Senadores de Acción Nacional le solicitamos que pueda someter a consideración que sí se discuta este punto de Acuerdo.

No estamos pidiendo que se inserte en el Orden del Día, porque ya está el Orden del Día, solamente si se puede someter a votación en este momento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es así, Senadora Mariana Gómez del Campo, como hemos explicado desde el inicio de la sesión, el Reglamento que votamos aquí en el primer día de sesiones y el Reglamento que se entregó para su análisis, para su estudio, para su observación y para su modificación contemplaba las reglas que había que seguir justamente en estas sesiones, y esa contempla los dos supuestos.

Por eso yo había hecho la invitación atenta a los señores coordinadores que se reúnan en lo que se presentan algunas iniciativas para ver si estamos en ese supuesto para poderlo someter a votación, ese es el supuesto del Reglamento que la Mesa tiene que cumplir y estoy seguro que, por lo menos ahorita, se reúnan los señores coordinadores, podrá acordarse de que se someta a votación como ustedes lo piden, no creo que vaya a haber ningún inconveniente.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal del Consumidor, en materia de  telefonía móvil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR

(Presentada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Buen día.

A nombre de la Senadora María del Carmen Dorantes Martínez y del grupo parlamentario del PRI, hago las siguientes consideraciones respecto al Decreto que pretende reformar y adicionar el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 Ter de la Ley Federal del Consumidor en materia de servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones.

En los últimos años se ha incrementado el uso de la telefonía móvil en nuestro país, prácticamente el 90 por ciento de los habitantes tiene acceso a un celular.

Los dispositivos móviles han ampliado su espectro desde la comunicación por voz, texto y datos, hasta funciones financieras al permitir el manejo de una cuenta bancaria, trasferencias y pago de consumos.

Para poner en contexto lo anterior, basta señalar que existen 109.5 millones de suscriptores de telefonía móvil en México.

El segmento de prepago es el más importante al representar el 84 por ciento del mercado.

Gracias a la reforma en materia de telecomunicaciones es el sector que no solo ha crecido en los últimos años, también hay beneficios para los usuarios, pues los precios de los servicios de telefonía celular bajaron un 16.7 por ciento entre febrero de 2013 y enero de 2015.

No obstante lo anterior, aún subsisten numerosas quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre todo las relacionadas por la calidad de los servicios de telefonía.

De acuerdo con la Profeco, tan solo durante el último cuatrimestre de 2015 y los primeros meses del 2016, recibió vía electrónica 1,755 quejas.

Las irregularidades más señaladas son: negativa a corregir errores de cobro, negativa a la prestación del servicio, negativa a la recisión de contrato y la prestación de servicios de manera deficiente, entre otros.

De ahí que la presente iniciativa tiene por objeto brindar un marco normativo útil para los consumidores, principalmente a los usuarios de telefonía celular, pero también a los consumidores de otros servicios de telecomunicaciones al no permitir cobros indebidos por servicios no ocupados.

Cuando un cliente de una empresa de telefonía móvil, servicio de Internet o de televisión por cable, sobrepasa los tiempos de pago, se le suspenden los servicios, sin embargo la facturación sigue su curso, los costos fijos mensuales siguen sumándose para el    cliente, aun cuando de hecho no puede hacer uso de ellos debido a la suspensión de los mismos.

Esto es una práctica acostumbrada y asumida como normal por todos nosotros. Sin embargo, es un hecho que representa un perjuicio a los consumidores al estar sujetos al pago obligatorio de un servicio que no disfrutó.

Bajo estas premisas, la presente iniciativa busca incorporar una fracción X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir como una obligación de los concesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones de suspender el servicio de llamadas telefónicas y mensajería de texto, así como la facturación a clientes en planes tarifarios como atraso de pago de un mes, quedando excluidos de suspensión los servicios de planes de datos, por promociones de concesionario se mantengan vigentes independientemente del pago de la facturación de la línea telefónica.

Del mismo modo, se prevé que cuando en la renta mensual de línea telefónica se esté cargando el costo de algún equipo de telefonía o dispositivo móvil se suspenderá el cobro por facturación del servicio de telefonía, pero seguirá aplicándose el cobro por concepto del equipo convenido entre el concesionario y el usuario.

En cualquier caso, deberá realizar acciones tendientes a lograr que el usuario regularice su estado de pagos y evitar cobros injustificados por servicios no prestados.

Del mismo modo, se propone una adición a la fracción I del artículo 86 Ter de la Ley Federal de Consumidor para señalar que los contratos de adhesión de prestación de servicios el consumidor goce de la prerrogativa de pagar únicamente por los servicios prestados y efectivamente usados,

Con estas dos modificaciones a las leyes señaladas consideramos que estamos abonando a tener un marco legal fortalecido para una mejor prestación de servicios de telecomunicaciones y avanzando en el respeto a los derechos de los consumidores a un pago justo de los servicios que realmente reciben.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en losartículos55 fracción II, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos demás aplicables; 71 fracción II,78 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169  del Reglamento del Senado de la República; y116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL 86 TER DE LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y TELECOMUNICACIONES, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso del teléfono móvil es una constante en la realidad actual de la gran mayoría de los mexicanos, prácticamente el noventa por ciento de los habitantes del país tiene acceso a una línea telefónica móvil, y a los servicios que diversas compañías ofrecen como adicionales en términos de datos y acceso a internet.

La empleabilidad de los diversos dispositivos móviles ha ido ampliando su espectro desde la comunicación por voz, texto y datos, hasta las más actuales funciones como instrumento de inclusión financiera, al permitirse el manejo de una cuenta bancaria, transferencias y pagos de consumos. 

Existen datos del sector público y privado que indican, que en el país, hay 109.5 millones de suscriptores de telefonía móvil, siendo tres empresas, las que sobresalen dominando el mercado: Telcel, Movistar y AT&T (Merca 2.0.)

El segmento de prepago, es el más importante representando el 84 por ciento del mercado de telefonía móvil, en éste Telcel participa con el 66.9 por ciento de la distribución y Telefónica Movistar con 26.2 por ciento.

El segmento de pospago o plan tarifario representa el 16 por ciento del mercado nacional, ahí Telcel participa con el 63.6 por ciento, AT&T con 25.9 por ciento y Movistar con 10.5 por ciento.

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones son contundentes, en el país hay 90 suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes.

La industria de la telefonía móvil sigue creciendo en el país ya que las empresas del sector siguen ganando clientes, por ejemplo entre enero 2015 y junio de 2016, la empresa Telefónica captó tres millones de nuevos clientes; AT&T sumó 1.5 millones de usuarios y Telcel agregó 500 mil clientes más (bbva).

Por otra parte, la reciente reforma en telecomunicaciones arroja que a partir de su vigencia las tarifas de telefonía móvil han ido descendiendo, ya que antes de ella, el país se ubicaba entre aquellos con mayores costos dentro de los países de la OCDE.

Así, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones los precios de los servicios de telefonía celular cayeron un 16.7% entre febrero de 2013 y enero de 2015.

Sin embargo, por otro lado, subsisten numerosas quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), sobre la calidad de los servicios de telefonía, prestados por las diversas empresas.

De acuerdo con datos de PROFECO, tan sólo durante el último cuatrimestre de 2015 y los primeros meses de 2016, recibió por la vía electrónica, 1 mil 755 quejas a través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones.

Las irregularidades más señaladas son: negativa a corregir errores de cobro, negativa a la prestación del servicio, negativa a la recisión del contrato y la prestación de servicio de manera deficiente, entre otros.

El mayor número de quejas ante PROFECO son: telefonía celular (1,358), televisión de paga (379), telefonía local (14) y servicio de acceso a internet (4).

De ahí que la presente iniciativa tiene por objeto brindar un marco normativo útil para los consumidores, principalmente de usuarios de telefonía celular y que se amplía a prácticamente todos los consumidores de servicios en cuanto a no permitir cobros indebidos por servicios no ocupados.

Y hago algunas aclaraciones para pormenorizar la propuesta. Actualmente las empresas de telefonía móvil e incluso empresas de provisión de internet o televisión por cable, celebran contratos para la prestación de sus servicios, en los cuales se emplean esquemas de prepago y de pospago.

En el primer caso se entiende por prepago en el ámbito de la telefonía móvil como un tipo de contratación de servicios en que se abona por adelantado una cantidad de dinero al operador, a cambio, de un consumo equivalente al importe abonado. Regularmente el costo resultante de la llamada suele ser mayor que el del abono de pospago.

En este segundo caso, el pospago, debe entenderse como aquel en el que se paga el servicio después de haberlo usado según la fecha de facturación.

Pero en este margen del esquema de pospago ocurre una circunstancia peculiar, regularmente los contratos de servicio abarcan plazos de 12, 18,  24 y hasta 36 meses, y la facturación se genera mes con mes por un numero de minutos de llamadas incluidos sean locales o larga distancia, un número determinado de mensajes gratis y en ambos casos un costo preferencial por los minutos y envíos excedentes.

A esto, se suma la disponibilidad de acceso a datos de internet, incluso en algunos casos se goza del acceso a redes sociales sin costo.

Sin embargo, ocurre que cuando un cliente de una empresa de telefonía móvil, servicio de internet o de televisión por cable, deja de pagar su facturación del mes en tiempo, es decir dentro del plazo de gracia para efectuar dicho pago, que puede ser de 10 o 15 días, comienza a generarse un adeudo injustificado dado que la facturación no se detiene aun cuando se encuentre en una situación de atraso y de facto, de suspensión de la prestación del servicio.

Es decir, inmediatamente que un cliente sobrepasa los tiempos de pago, se le suspende la línea y los servicios de salida de llamadas y mensajes de texto, incluso en algunos casos, también los servicios de datos, internet y redes sociales, por lo cual, ya no puede acceder al servicio contratado con la empresa, sin embargo, la facturación sigue su curso, los costos fijos mensuales siguen sumándose para el cliente, aun cuando de hecho no puede hacer uso  de ellos debido a la cancelación de los mismos por parte de la empresa.

En suma, si hay un retraso en el pago del servicio, a partir de ese momento, se suspende el servicio pero se sigue facturando el mes en curso y así sucesivamente, por lo que al momento de que el cliente en esquema de pospago quiere reactivar el servicio debe pagar los meses facturados como si hubiera hecho uso de los servicios, aun cuando nunca lo hizo. Por lo que debería facturarse y ser objeto de cobro los servicios realmente usados por el cliente y cancelar los servicios pero también la facturación hasta en tanto el cliente no regularice su situación de adeudo.

Esto es una práctica acostumbrada y asumida como normal por todos nosotros en nuestra faceta de clientes, sin embargo, es un hecho que representa un perjuicio a los consumidores al estar sujetos al pago obligatorio de un servicio que no disfrutó.

Caso diferente ocurre cuando dentro de los esquemas de contratación el cliente opta por incluir en su pago mensual el cargo por concepto de adquisición de un equipo nuevo, ya que en ese caso, si bien pudiera pensarse que debe detenerse la facturación de los servicios no empleados pero no así el monto del pago por concepto del  dispositivo móvil. En este sentido, dichos montos deben ser diferenciados claramente y ser informados a los consumidores, cosa que no ocurre en la actualidad.

Bajo estas premisas, la presente iniciativa busca incorporar una fracción X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir como una obligación de los cocesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones de suspender el servicio de llamadas telefónicas y mensajería de texto, así como la facturación a clientes en planes tarifarios con atraso de pago de un mes, quedando excluidos de suspensión los servicios de planes de datos, que por promociones del concesionario se mantengan vigentes independientemente del pago de la facturación de línea telefónica.

Del mismo modo, se prevé que cuando en la renta mensual de línea telefónica se esté cargando el costo de algún equipo de telefonía o dispositivo móvil, se suspenderá el cobro por facturación del servicio de telefonía, pero seguirá aplicándose el cobro por concepto del equipo convenido entre el concesionario y el usuario.

En cualquier caso, deberán realizar acciones tendientes a lograr que el usuario regularice su estado de pagos y evitar cobros injustificados por servicios no prestados.

Del mismo modo, se propone una adición a la fracción I del artículo 86 Ter de la Ley Federal del Consumidor para señalar que en los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor goce de la prerrogativa de pagar únicamente por los servicios prestados y efectivamente usados.

Con estas dos modificaciones  a las leyes señaladas consideramos que estamos abonando a tener un marco legal fortalecido para una mejor prestación de servicios de telecomunicaciones y avanzando en el respeto a los derechos de los consumidores a un pago justo de los servicios que realmente reciben.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 ter de la Ley Federal del Consumidor en materia de servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el adiciona una fracción X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I.- al IX.-

X.- Suspender el servicio de llamadas telefónicas y mensajería de texto, así como la facturación a clientes en planes tarifarios con atraso de pago de un mes, quedando excluidos de suspensión los servicios de planes de datos, que por promociones del concesionario se mantengan vigentes independientemente del pago de la facturación de línea telefónica.

Cuando en la renta mensual de línea telefónica se esté cargando el costo de algún equipo de telefonía o dispositivo móvil, se suspenderá el cobro por facturación del servicio de telefonía, pero seguirá aplicándose el cobro por concepto del equipo convenido entre el concesionario y el usuario.

En cualquier caso, deberán realizar acciones tendientes a lograr que el usuario regularice su estado de pagos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el adiciona la fracción I, del artículo 86 Ter de la Ley Federal del Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 86 Ter.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I.- Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico y pagar únicamente por los servicios prestados y efectivamente usados;

II.- a IV.-

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 17 de mayo de 2017.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Referencias:
Romo Vázquez Hugo y Rivas Tovar Luis Arturo. Modelo de competitividad de las empresas operadoras de telefonía móvil en México. Contaduría y Administración, Vol. 57 No. 1, enero-marzo 2012: 123-148.
Estudio de la OCDE  sobre políticas y regulación  de telecomunicaciones  en México. RESUMEN EJECUTIVO. OCDE 2012.
https://www.forbes.com.mx/precios-de-telefonia-celular-bajaron-17-ift/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/08/8/operadores-elevan-la-cifra-de-usuarios-en-telefonia-movil
http://www.cioal.com/2017/01/03/telcel-domina-mercado-celulares-mexico/
https://www.bbva.com/es/mx/noticias/economia/sistema_financiero/banca-movil/record-los-usuarios-telefonia-movil-mexico/
Boletín de prensa 0003. Concilia PROFECO 100 por ciento de quejas concluidas en la Subprocuraduría de Telecomunicaciones. Disponible en:
http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/enero16/bol0003.php

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 constitucionales, en materia de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso.

Estimados Diputados y Senadores, les pide de favor, Servicios Parlamentarios va a acudir con ustedes para saber si quisiera hacer reserva respecto a alguno de los 34 dictámenes que hemos recibido de las comisiones. Si tienen alguna reserva, lo separamos para su votación, si no hay reservas, los podemos votar en bloques, en tres bloques, Primera Comisión, Segunda Comisión y Tercera Comisión.

Muchas gracias, adelante, Senador Torres Graciano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

El día de hoy venimos a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Estas iniciativas tienen como finalidad incrementar el tiempo de los periodos ordinarios en que sesiona el Congreso de la Unión.

Subir estos periodos a un promedio de nueve meses y medio de sesiones del Pleno del Congreso, en sus dos Cámaras, y además busca también tener una distribución más equilibrada entre los periodos ordinarios y los recesos del Congreso de la Unión para que tanto el trabajo en las comisiones como en las sesiones de Pleno se puedan llevar de manera más eficiente, con la disposición de mayor tiempo cuando se trate de asuntos relevantes para el país.,

Sin duda que los periodos que hoy tenemos del 1º de septiembre al 15 de diciembre, y del 1º de febrero al 30 de abril resultan insuficientes para atender los temas que están en discusión en el país y en las diferentes comisiones.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de crear normas para el desarrollo económico, político y social del país, pero también tenemos la responsabilidad de hacer contrapeso y equilibrio del Poder Ejecutivo, y para cumplir esta responsabilidad no es posible que lo hagamos cuando tenemos un periodo de receso de cuatro meses, cuando hay temas tan importantes y urgentes en el país.

Por eso es que venimos a presentar esta iniciativa que busca, además, ir abatiendo el rezago legislativo, por poner un ejemplo, en la Cámara de Senadores, durante lo que va de la presente Legislatura, se han presentado 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes de dictaminar 907; mientras que en la Cámara de Diputados se han presentado 3,673 iniciativas, y están pendientes de dictaminar 2,323.

Ello significa que en la Cámara de Senadores tenemos por lo menos un 24 por ciento contra un 76 pendientes por dictaminar, y en el caso de Cámara de Diputados se han atendido el 36 por ciento de los asuntos quedando un rezago del 63 por ciento de asuntos pendientes.

Esto es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que se turnan y que vienen a discusión a este Pleno, cuando no se dictaminan, terminan haciéndose acuerdos de las mesas directivas para concluir el trámite legislativo y ahí tenemos varios ejemplos de cómo se han concluido trámites legislativos y se mandan, simplemente al archivo y se concluye ese trámite dejando cientos de asuntos pendientes de iniciativas, de puntos de Acuerdo sin atender, sin que se pronuncien ni las comisiones y mucho menos el Pleno de la Cámara de Senadores o Diputados, según sea el caso.

Es una realidad que los legisladores muchas de las ocasiones no podemos presentar las iniciativas porque la propia dinámica de desahogo y los temas que se van a discutir en las sesiones pues no permite que pase el número suficiente de legisladores a presentar sus temas, sus iniciativas y termina siendo una fila y un problema presentar alguna propuesta.

Por ello creo que es una realidad que hoy es insuficiente ya como sesiona el Congreso de la Unión en cuanto a los periodos que tenemos.

Tenemos un periodo que en su conjunto los dos periodos ordinarios nos dan 6 meses con 13 días de sesiones de los Plenos, mientras que en países de Europa, como es Francia o Italia, los Parlamentos sesionan alrededor de nueve meses; o en países de América Latina, como el caso de Argentina y Brasil, sesionan nueves meses, o el caso de Chile que sesiona durante todo el año.

Ante esto, hay que observar también que la dinámica en la que nos encontramos en el mundo, en el país, en el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, nos obligan a tener que actuar de manera rápida e inmediata en muchos de los temas que son fundamentales para la economía del país, para los tratados internacionales, para atender los temas sociales o temas como los que hemos vivido de los cobardes asesinatos de periodistas, y el Congreso de la Unión, en un receso de cuatro meses, mientras el país se convulsiona en la inseguridad que se está viviendo, nosotros en un receso de cuatro meses.

¿Qué le decimos a la gente cuando nos preguntan, por qué este receso tan largo?, ¿cómo le podemos responder a los ciudadanos, cuando tienen la imagen de los legisladores que difícilmente vamos a cambiar mientras sigamos con dinámicas como ésta, mientras sigamos evadiendo los temas en las comisiones, mientras sigamos con estos periodos de receso tan largos y prolongados y mientras sigamos evadiendo nuestra responsabilidad?

Creo que es urgente atender este tema, mucho se ha dicho en los últimos días respecto de la necesidad de un periodo extraordinario, que creo debe ser uno o dos o los que sean suficientes para atender los temas que dejamos pendientes en el pasado periodo ordinario temas como la reforma al mando mixto, como la Ley de Seguridad Interior o como el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Creo que no es posible que sigamos dejando pendientes y estemos con recesos de cuatro meses, mientras que el país sigue convulsionándose en problemas muy serios.

Esta es la propuesta que estamos presentando para que los periodos se amplíen y tengamos por lo menos nueve meses y medio de sesiones del Pleno, con periodos de recesos mucho más cortos, que hagan un trabajo más eficiente y eficaz de este Congreso de la Unión, de nuestras dos Cámaras.

Esta es, en pocas palabras, la propuesta que estamos presentando, esperando sea dictaminada también lo más pronto posible por las comisiones respectivas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan las fechas de inicio y de término de los dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso General, de la siguiente manera:

PRIMER PERIODO. Del 1 de septiembre hasta el hasta el 15 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO PERIODO. Del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año.

Siendo preciso referir, que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del 2014, se modificó el artículo 65 de la Norma Máxima para establecer la fecha de excepción cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la misma norma, supuesto en el cual  el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso iniciará el 1 de agosto.

Asimismo, conforme a la reforma al primer párrafo del artículo 66 de la Carta Magna, publicado el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Conforme a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en ambos Períodos Ordinarios de Sesiones el Congreso de la Unión se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. Asimismo, en cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

En ese sentido, la principal función de los legisladores es trabajar por y a favor de los ciudadanos, creando normas para el desarrollo económico, político y social del país. Sin embargo, la duración de los respectivos periodos de sesiones que actualmente contempla la Constitución Federal, resulta insuficiente para el análisis de la gran cantidad de asuntos que les son turnados a las Cámaras del Congreso General.

Lo anterior, es así pues tan solo durante esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores se presentaron un total de 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 9071, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron un total de 3,673 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 2,3232. Ello significa que en la primera de las Cámaras el porcentaje de los asuntos dictaminados representa menos del 24% contra un 76% de los pendientes por dictaminar, mientras que en la segunda los asuntos dictaminados representan un poco más del 36% contra un 63% de los asuntos pendientes.

De ese modo, es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que no son dictaminados en una Legislatura, tampoco los son en las posteriores.

Por ejemplo, del 15 de mayo al 17 de junio de 2015, la Cámara de Diputados declaró precluidas 1,113 iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo3, asuntos que no fueron dictaminados dentro del plazo reglamentario.

Por su parte, el Pleno del Senado de la República en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, aprobó “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen”, por el cual dio por concluidas en su trámite procesal un total de 2324 Iniciativas de CC. Senadores, que hasta el 30 de abril de 2016 se encontraban en comisiones sin recibir dictamen; cada año legislativo se repite el mismo proceso para dar por concluidas iniciativas que no han recibido dictamen dentro de las comisiones a las que fueron turnadas para su análisis y discusión.

Aunado a ello, es una realidad que los legisladores no pueden presentar una gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo debido a que el tiempo de duración de las sesiones es insuficiente para abordar todo el orden del día. El uso de la voz en el Pleno para dar a conocer las propuestas que presentan los CC. Legisladores, es un medio idóneo para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes en el Congreso de la Unión, sobre todo ahora que el Canal del Congreso transmite en señal abierta a todo el público.

Bajo esa misma tesitura, es preciso referir que el Congreso General del Estado mexicano cuenta con los periodos de sesiones más cortos, durando en conjunto6 meses y 13 días. En países de Europa como Francia e Italia los parlamentos sesionan alrededor de 9 meses al año, mientras que en España sus periodos de sesiones son 8 meses5.

En países de Latinoamérica como Colombialos parlamentos sesionan 7 meses y 28 días6, en Argentina7 y Brasil8 sesionan 9 meses al año, mientras que en Chile los periodos ordinarios de sesiones duran todo el año (11 de marzo de cada año hasta el 10 de marzo del año siguiente)9.

Ante lo expuesto, puede observarse que cada día son turnados al Congreso de la Unión un número importante de asuntos y la mayoría de ellos dejan de ser tomados en consideración, debido al corto tiempo de sesiones contemplado en nuestra legislación.

En ese sentido, es necesario un Congreso más eficaz y productivo, que permita no solamente combatir el rezago legislativo, sino cumplir con las exigencias que la población le demanda, a través de leyes y reformas estructurales que garanticen un mejor desarrollo de nuestro país.

En esta época contemporánea, en la que los avances científicos y tecnológicos, el uso de medios masivos de comunicación, el intercambio comercial y cultural entre los países del mundo, han propiciado cambios acelerados dentro de la sociedad, la economía, la política y la cultura, lo anterior a la par de mantenerse en México grandes rezagos sociales, una reprobable desigualdad y falta de equidad social, una creciente inseguridad, rezago en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros, los cuales son aspectos que exigen un trabajo legislativo más comprometido en su trabajo de dotar leyes y normas para formar gobiernos cada vez más eficientes y socialmente responsables, en beneficio y bienestar de la población mexicana.

II. CONTENIDO Y OBJETO DE LA INICIATIVA

Con la finalidad de abatir el rezago legislativo señalado el Congreso General y poder atender las necesidades que nuestro país demanda, se propone reformar el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estas últimas en diversas iniciativas que a la par se presentan.

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

 

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año.

 Con la presente propuesta de reforma, además de incrementar el tiempo de los períodos ordinarios de sesiones, a un mínimo de nueve meses y un máximo de nueves meses y medio cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 Constitucional, busca una distribución equilibrada y homogénea entre los periodos ordinarios y los recesos del Congreso de la Unión a lo largo de los años de ejercicio legislativo, para que tanto el trabajo de las Comisiones como las Sesiones del Congreso, se puedan llevar de manera más eficiente y con la disposición de mayor tiempo cuando se trate de asuntos relevantes para el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo de los artículos 65 y66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año.

TRASITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtirá sus efectos a partir de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Segundo.- Los Diputados que sean electos a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o.de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2021.

Tercero.- Los Senadores que sean electos a la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2024.

Cuarto.- El primer período ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, iniciará el 1o. de septiembre y no podrá prolongarse sino hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Quinto.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de Plenos de la Comisión Permanente,
el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Fernando Torres Graciano.

1 http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=0

2 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiii.php

3•http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Junio/17/5715-En-un-mes-se-declararon-precluidas-mil-113-iniciativas

4 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_03112016.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-12-Jun-2000.pdf, Pág. 20.

6 Constitución Política de Colombia, art. 138. Recuperada de: http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/normatividad

7 http://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php

8 http://www2.camara.leg.br/espanol/the-brazilian-parliament

9 Ley Orgánica del Congreso Nacional: Ley N° 20.979, del 17 de diciembre de 2016, recuperada de: http://www.senado.cl/ley-organica-constitucional-titulo-i/prontus_senado/2012-11-13/170118.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, PÁRRAFO 2; 4, PÁRRAFOS 1 Y 2; 6, PÁRRAFO 1; 14, PÁRRAFOS 1 INCISO B), 2 Y 4; 16, PÁRRAFO 2; 17; PÁRRAFO 6; 58 PÁRRAFO 1 APARTADO B; Y 59, PÁRRAFO 1DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan las fechas de inicio y de término de los dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso General, de la siguiente manera:

PRIMER PERIODO. Del 1 de septiembre hasta el hasta el 15 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO PERIODO. Del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año.

Siendo preciso referir, que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del 2014, se modificó el artículo 65 de la Norma Máxima para establecer la fecha de excepción cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la misma norma, supuesto en el cual el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso iniciará el 1 de agosto.

Asimismo, conforme a la reforma al primer párrafo del artículo 66 de la Carta Magna, publicado el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Conforme a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en ambos Períodos Ordinarios de Sesiones el Congreso de la Unión se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. Asimismo, en cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Del mismo modo, lo dispuesto por los referidos artículos 65 y 66 de la Carta Magna, en relación a los periodos de sesiones, se encuentra contenido también en los numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, la principal función de los legisladores es trabajar por y a favor de los ciudadanos, creando normas para el desarrollo económico, político y social del país. Sin embargo, la duración de los respectivos periodos de sesiones que actualmente contempla la Constitución Federal, resulta insuficiente para el análisis de la gran cantidad de asuntos que les son turnados a las Cámaras del Congreso General.

Lo anterior, es así pues tan solo durante esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores se presentaron un total de 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 9071, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron un total de 3,673 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 2,3232. Ello significa que en la primera de las Cámaras el porcentaje de los asuntos dictaminados representa menos del 24% contra un 76 % de los pendientes por dictaminar, mientras que en la segunda los asuntos dictaminados representan un poco más del 36% contra un 63% de los asuntos pendientes.

De ese modo, es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que no son dictaminados en una Legislatura, tampoco los son en las posteriores.

Por ejemplo, del 15 de mayo al 17 de junio de 2015, la Cámara de Diputados declaró precluidas 1,113 iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo3, asuntos que no fueron dictaminados dentro del plazo reglamentario.

Por su parte, el Pleno del Senado de la República en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, aprobó “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen”, por el cual dio por concluidas en su trámite procesal un total de 2324 Iniciativas de CC. Senadores, que hasta el 30 de abril de 2016 se encontraban en comisiones sin recibir dictamen; cada año legislativo se repite el mismo proceso para dar por concluidas iniciativas que no han recibido dictamen dentro de las comisiones a las que fueron turnadas para su análisis y discusión.

Aunado a ello, es una realidad que los legisladores no pueden presentar una gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo debido a que el tiempo de duración de las sesiones es insuficiente para abordar todo el orden del día. El uso de la voz en el Pleno para dar a conocer las propuestas que presentan los CC. Legisladores, es un medio idóneo para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes en el Congreso de la Unión, sobre todo ahora que el Canal del Congreso transmite en señal abierta a todo el público.

Bajo esa misma tesitura, es preciso referir que el Congreso General del Estado mexicano cuenta con los periodos de sesiones más cortos, durando en conjunto6 meses y 13 días. En países de Europa como Francia e Italia los parlamentos sesionan alrededor de 9 meses al año, mientras que en España sus periodos de sesiones son 8 meses5.

En países de Latinoamérica como Colombialos parlamentos sesionan 7 meses y 28 días6, en Argentina7 y Brasil8 sesionan 9 meses al año, mientras que en Chile los periodos ordinarios de sesiones duran todo el año (11 de marzo de cada año hasta el 10 de marzo del año siguiente)9.

Ante lo expuesto, puede observarse que cada día son turnados al Congreso de la Unión un número importante de asuntos y la mayoría de ellos dejan de ser tomados en consideración, debido al corto tiempo de sesiones contemplado en nuestra legislación.

En ese sentido, es necesario un Congreso más eficaz y productivo, que permita no solamente combatir el rezago legislativo, sino cumplir con las exigencias que la población le demanda, a través de leyes y reformas estructurales que garanticen un mejor desarrollo de nuestro país.

En esta época contemporánea, en la que los avances científicos y tecnológicos, el uso de medios masivos de comunicación, el intercambio comercial y cultural entre los países del mundo, han propiciado cambios acelerados dentro de la sociedad, la economía, la política y la cultura, lo anterior a la par de mantenerse en México grandes rezagos sociales, una reprobable desigualdad y falta de equidad social, una creciente inseguridad, rezago en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros, los cuales son aspectos que exigen un trabajo legislativo más comprometido en su trabajo de dotar leyes y normas para formar gobiernos cada vez más eficientes y socialmente responsables, en beneficio y bienestar de la población mexicana.

II. CONTENIDO Y OBJETO DE LA INICIATIVA

Con la finalidad de abatir el rezago legislativo señalado el Congreso General y poder atender las necesidades que nuestro país demanda, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 2o.

1. …

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.

ARTICULO 2o.

1. …

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de agosto al 31 de julio siguiente.

ARTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de abril del mismo año.

3. y 4. …

ARTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del quince de junio del mismo año.

3. y 4. …

ARTICULO 6o.

1. El 1o. de septiembre, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

2. …

ARTICULO 6o.

1. El 1o. de agosto, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

 

2. …

ARTICULO 14.

1. …

a) …

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;

c) y d) ...

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.

3. ...

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) al c) ...

ARTICULO 14.

1. …

a) …

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;

c) y d) ...

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de julio de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de agosto.

3. ...

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de julio del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) al c) ...

ARTICULO 16.

1. ...

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda.

3. al 5. ...

ARTICULO 16.

1. ...

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de agosto del año que corresponda.

3. al 5. ...

ARTICULO 17.

1. al 5. ...

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

7. al 8. ...

ARTICULO 17.

1. al 5. ...

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de julio del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de agosto.

7. al 8. ...

ARTICULO 58.

1. …

a. …

b. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior; y

c. ...

ARTICULO 58.

1. …

a. …

b. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior; y

c. ...

ARTICULO 59.

1. Los senadores electos se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día 29 de agosto del año de la elección, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara.

2. ...

ARTICULO 59.

1. Los senadores electos se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día 29 de julio del año de la elección, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara.

2. ...

Con la propuesta de reforma a la Constitución presentada en diverso documento y la señalada en el cuerpo de la presente, además de incrementar el tiempo de los períodos ordinarios de sesiones, a un mínimo de nueve meses y un máximo de nueves meses y medio cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 Constitucional, busca una distribución equilibrada y homogénea entre los periodos ordinarios y los recesos del Congreso de la Unión a lo largo de los años de ejercicio legislativo, para que tanto el trabajo de las Comisiones como las Sesiones del Congreso, se puedan llevar de manera más eficiente y con la disposición de mayor tiempo cuando se trate de asuntos relevantes para el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, PÁRRAFO 2; 4, PÁRRAFOS 1 Y 2; 6, PÁRRAFO 1; 14, PÁRRAFOS 1 INCISO b), 2 Y 4; 16, PÁRRAFO 2; 17; PÁRRAFO 6; 58 PÁRRAFO 1 APARTADO b; Y 59, PÁRRAFO 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.-  Se reforman se reforman los artículos 2, párrafo 2; 4, párrafos 1 y 2; 6, párrafo 1; 14, párrafos 1 inciso b), 2 y 4; 16, párrafo 2; 17; párrafo 6; 58 párrafo 1 apartado b; y 59, párrafo 1de la Ley Orgánica del Congreso General de os Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.

1. …

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de agosto al 31 de julio siguiente.

ARTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del quince de junio del mismo año.

3. y 4. …

ARTICULO 6o.

1. El 1o. de agosto, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

2. …

ARTICULO 14.

1. …

a) …

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;

c) y d) ...

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de julio de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de agosto.

3. ...

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de julio del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) al c) ...

ARTICULO 16.

1. ...

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de agosto del año que corresponda.

3. al 5. ...

ARTICULO 17.

1. al 5. ...

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de julio del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de agosto.

7. al 8. ...

ARTICULO 58.

1. …

a. …

b. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior; y

c. ...

ARTICULO 59.

1. Los senadores electos se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día 29 de julio del año de la elección, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara.

2. ...

TRASITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtirá sus efectos a partir de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Segundo.- Los Diputados que sean electos a la LXIV Legislatura del Congreso              de la Unión, durarán en funciones del 1o.de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2021.

Tercero.- Los Senadores que sean electos a la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o.de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2024.

Cuarto.- El primer período ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, iniciará el 1o. de septiembre y no podrá prolongarse sino hasta el 31 de diciembre del mismo año; su instalación se hará conforme a las normas y reglas vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de Plenos de la Comisión Permanente,
el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Fernando Torres Graciano.

1 http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=0

2 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiii.php

3•http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Junio/17/5715-En-un-mes-se-declararon-precluidas-mil-113-iniciativas

4 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_03112016.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-12-Jun-2000.pdf, Pág. 20.

6 Constitución Política de Colombia, art. 138. Recuperada de: http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/normatividad

7 http://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php

8 http://www2.camara.leg.br/espanol/the-brazilian-parliament

9 Ley Orgánica del Congreso Nacional: Ley N° 20.979, del 17 de diciembre de 2016, recuperada de: http://www.senado.cl/ley-organica-constitucional-titulo-i/prontus_senado/2012-11-13/170118.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO U) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL INCISO U) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan las fechas de inicio y de término de los dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso General, de la siguiente manera:

PRIMER PERIODO. Del 1 de septiembre hasta el hasta el 15 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO PERIODO. Del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año.

Siendo preciso referir, que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del 2014, se modificó el artículo 65 de la Norma Máxima para establecer la fecha de excepción cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la misma norma, supuesto en el cual  el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso iniciará el 1 de agosto.

Asimismo, conforme a la reforma al primer párrafo del artículo 66 de la Carta Magna, publicado el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Conforme a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en ambos Períodos Ordinarios de Sesiones el Congreso de la Unión se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. Asimismo, en cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Del mismo modo, lo dispuesto por los referidos artículos 65 y 66 de la Carta Magna, en relación a los periodos de sesiones, se encuentra contenido también en los  numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, la principal función de los legisladores es trabajar por y a favor de los ciudadanos, creando normas para el desarrollo económico, político y social del país. Sin embargo, la duración de los respectivos periodos de sesiones que actualmente contempla la Constitución Federal, resulta insuficiente para el análisis de la gran cantidad de asuntos que les son turnados a las Cámaras del Congreso General.

Lo anterior, es así pues tan solo durante esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores se presentaron un total de 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 9071, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron un total de 3,673 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 2,3232. Ello significa que en la primera de las Cámaras el porcentaje de los asuntos dictaminados representa menos del 24% contra un 76 % de los pendientes por dictaminar, mientras que en la segunda los asuntos dictaminados representan un poco más del 36% contra un 63% de los asuntos pendientes.

De ese modo, es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que no son dictaminados en una Legislatura, tampoco los son en las posteriores.

Por ejemplo, del 15 de mayo al 17 de junio de 2015, la Cámara de Diputados declaró precluidas 1,113 iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo3, asuntos que no fueron dictaminados dentro del plazo reglamentario.

Por su parte, el Pleno del Senado de la República en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, aprobó “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen”, por el cual dio por concluidas en su trámite procesal un total de 2324 Iniciativas de CC. Senadores, que hasta el 30 de abril de 2016 se encontraban en comisiones sin recibir dictamen; cada año legislativo se repite el mismo proceso para dar por concluidas iniciativas que no han recibido dictamen dentro de las comisiones a las que fueron turnadas para su análisis y discusión.

Aunado a ello, es una realidad que los legisladores no pueden presentar una gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo debido a que el tiempo de duración de las sesiones es insuficiente para abordar todo el orden del día. El uso de la voz en el Pleno para dar a conocer las propuestas que presentan los CC. Legisladores, es un medio idóneo para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes en el Congreso de la Unión, sobre todo ahora que el Canal del Congreso transmite en señal abierta a todo el público.

Bajo esa misma tesitura, es preciso referir que el Congreso General del Estado mexicano cuenta con los periodos de sesiones más cortos, durando en conjunto 6 meses y 13 días. En países de Europa como Francia e Italia los parlamentos sesionan alrededor de 9 meses al año, mientras que en España sus periodos de sesiones son 8 meses5.

En países de Latinoamérica como Colombia los parlamentos sesionan 7 meses y 28 días6, en Argentina7 y Brasil8 sesionan 9 meses al año, mientras que en Chile los periodos ordinarios de sesiones duran todo el año (11 de marzo de cada año hasta el 10 de marzo del año siguiente)9.

Ante lo expuesto, puede observarse que cada día son turnados al Congreso de la Unión un número importante de asuntos y la mayoría de ellos dejan de ser tomados en consideración, debido al corto tiempo de sesiones contemplado en nuestra legislación.

En ese sentido, es necesario un Congreso más eficaz y productivo, que permita no solamente combatir el rezago legislativo, sino cumplir con las exigencias que la población le demanda, a través de leyes y reformas estructurales que garanticen un mejor desarrollo de nuestro país.

En esta época contemporánea, en la que los avances científicos y tecnológicos, el uso de medios masivos de comunicación, el intercambio comercial y cultural entre los países del mundo, han propiciado cambios acelerados dentro de la sociedad, la economía, la política y la cultura, lo anterior a la par de mantenerse en México grandes rezagos sociales, una reprobable desigualdad y falta de equidad social, una creciente inseguridad, rezago en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros, los cuales son aspectos que exigen un trabajo legislativo más comprometido en su trabajo de dotar leyes y normas para formar gobiernos cada vez  más eficientes y socialmente responsables, en beneficio y bienestar de la población mexicana. 

II. CONTENIDO Y OBJETO DE LA INICIATIVA

Con la finalidad de abatir el rezago legislativo señalado el Congreso General y poder atender las necesidades que nuestro país demanda, se propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la siguiente manera:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 44.

1. …

a) al t) …

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) al jj) …

2. y 3. …

Artículo 44.

1. …

a) al t)…

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 25 de julio del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) al jj) …

2. y 3. …

Con la propuesta de reforma a la Constitución presentada en diverso documento y la señalada en el cuerpo de la presente, además de incrementar el tiempo de los períodos ordinarios de sesiones, a un mínimo de nueve meses y un máximo de nueves meses y medio cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 Constitucional, busca una distribución equilibrada y homogénea entre los periodos ordinarios y los recesos del Congreso de la Unión a lo largo de los años de ejercicio legislativo, para que tanto el trabajo de las Comisiones como las Sesiones del Congreso, se puedan llevar de manera más eficiente y con la disposición de mayor tiempo cuando se trate de asuntos relevantes para el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL INCISO U) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Artículo Único.- Se reforma el inciso u) del numeral 1 del artículo44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 44.

1. …

a) al t) …

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 25 de julio del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;
v) al jj) …

2. y 3. …

TRASITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtirá sus efectos a partir de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Segundo.- Los Diputados que sean electos a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o.de septiembre de 2018 al 31 de julio de  2021.

Tercero.- Los Senadores que sean electos a la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o.de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2024.

Cuarto.- El primer período ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, iniciará el 1o. de septiembre y no podrá prolongarse sino hasta el 31 de diciembre del mismo año; su instalación se hará conforme a las normas y reglas vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de Plenos de la Comisión Permanente,
el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Fernando Torres Graciano.

1 http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=0

2 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiii.php

3•http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Junio/17/5715-En-un-mes-se-declararon-precluidas-mil-113-iniciativas

4 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_03112016.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-12-Jun-2000.pdf, Pág. 20.

6 Constitución Política de Colombia, art. 138. Recuperada de: http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/normatividad

7 http://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php

8 http://www2.camara.leg.br/espanol/the-brazilian-parliament

9 Ley Orgánica del Congreso Nacional: Ley N° 20.979, del 17 de diciembre de 2016, recuperada de: http://www.senado.cl/ley-organica-constitucional-titulo-i/prontus_senado/2012-11-13/170118.html

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano. El Senador ha presentado tres iniciativas. ¿Es así, verdad, Senador? ¿Son tres iniciativas, verdad?

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien.

Entonces, el proyecto de reforma a los artículos 65 y 66 constitucionales, se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Y el proyecto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, para presentar a nombre propio y del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de uso de la fuerza.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor.

La Diputada Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Diputada Minerva Hernández.

Gracias, señor Presidente.

Sólo para pedirle al promovente de la iniciativa anterior, si no tiene inconveniente en que la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y su servidora nos sumemos a su iniciativa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se toma nota. Muchas gracias, Diputada. Gracias, Diputado Zambrano.

Adelante, Diputado Jesús Zambrano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre propio y del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Presento a nombre del PRD una propuesta de reforma constitucional para regular el uso proporcional de la fuerza, subrayando el contexto actual y los retos que debemos enfrentar con una perspectiva progresista.

Como es del conocimiento público, en Palmarito, localidad de Puebla, ocurrieron enfrentamientos graves que se originaron por daños a la infraestructura estratégica del país, por parte de grupos delictivos que deben combatirse en el marco de la legalidad.

En este contexto, es necesario aclarar que, de acuerdo con el artículo 28 constitucional, párrafos cuarto y quinto, la actividad petrolera tiene carácter de área estratégica; y según el artículo 5, fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional, la afectación a las instalaciones energéticas es una amenaza a la Seguridad Nacional.

Por ello le corresponde a la Federación, en especial a las Fuerzas Armadas y a las dependencias federales, la reacción y prevención de actos que destruyan o inhabiliten la infraestructura estratégica o indispensable para proveer bienes o servicios públicos, así, para enfrentar la violenta conducta de las bandas delictivas dedicadas a extraer ilegalmente combustible. No es necesario, desde nuestro punto de vista, la Ley de Seguridad Interior, mucho menos, diría yo, en los términos propuestos en una de sus iniciativas.

Lo que se requiere es que desde la Federación se realice un esfuerzo acorde al mandato de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, en todo caso, con la coadyuvancia de otros órdenes de gobierno, que es lo que podríamos lograr si sacamos adelante lo que sigue pendiente como minuta en la Cámara de Diputados, sobre el Mando Mixto Policial.

Por otra parte, es innegable que en el país existe un fenómeno recurrente de uso desproporcionado de la fuerza, al que ahora se suma este caso de Palmarito, Puebla. Basta con recordar los hechos de San Salvador Atenco y de Tlatlaya, en el Estado de México; de Tanhuato, en Michoacán; Nochixtlán, Oaxaca, o lo ocurrido en Tepic, Nayarit, hace unas semanas.

En esos casos intervinieron elementos de las policías estatales, de diversas instituciones federales y de las Fuerzas Armadas; es decir, no estamos ante un fenómeno aislado, sino ante una conducta alentada por la debilidad y los vacíos de la regulación del uso de la fuerza.

Aunque existen disposiciones estatales y disposiciones administrativas, la realidad es que son débiles y dispersas, y aparecen claramente como que no atienden la gravedad de abusos en el uso de la fuerza.

Por lo tanto, lo que propone el PRD con una perspectiva progresista y en consonancia con los criterios internacionales, parte de una convicción clave. La intervención del Estado, siempre debe ser proporcional y bajo ningún concepto pueden tolerarse acciones contrarias a la ley.

El PRD propone una reforma para facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación de carácter general, para que la fuerza se aplique de manera proporcional por cualquier institución del Estado mexicano.

Para ese efecto proponemos reformar el artículo 73 constitucional, para que el Congreso de la Unión expida dicha norma que será el marco de referencia para homologar las disposiciones de las entidades y dar cumplimiento a recomendaciones internacionales de manera complementaria, y en tanto se establece la legislación general, es pertinente impulsar una ley de carácter federal para las instituciones de este orden de gobierno, por lo cual, también estamos presentando la iniciativa correspondiente.

Esto, hay que decirlo también en el contexto actual, daría o serviría un vehículo muy importante para crear el instrumental jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas en estos menesteres, que es algo que han reclamado los propios militares, las secretarías de nuestro país.

Invitamos a una discusión seria, reflexiva y a combatir el delito de manera eficaz y con energía, pero siempre bajo el imperio de la ley.

Les proponemos superar los vacíos, la dispersión y fragilidad de nuestro marco constitucional y legal, para que el uso de la fuerza en nuestro país ya no sea        arbitrario, sino en términos consistentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

Los suscritos Diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar las libertades y derechos, así como preservar el orden y la paz pública, siendo que las instituciones encargadas de hacer valer este derecho pueden hacer uso de la fuerza, en cumplimiento de su deber, siempre y cuando sea de manera racional, congruente, oportuna y con respecto a los derechos humanos.

Actualmente, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula, entre otros aspectos, la seguridad pública, así como la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en esta materia.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no tiene una facultad explícita o implícita para expedir una ley general que establezca y regule el uso proporcional de la fuerza por parte de las instituciones.

Es por ello, que se considera necesario adicionar el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, debido a que la norma vigente, esto es, la fracción XXIII del artículo 73, si bien hace referencia a que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir “leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución”, en forma alguna autoriza al poder legislativo federal a expedir una norma con tales alcances.

El dictamen1 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en referencia a los artículos 21 y 73 de la Ley Fundamental, determina los alcances de la norma vigente:

“Artículo 21

En la redacción que se propone para el artículo 21, se considera procedente la existencia de una nueva regulación nacional y general de bases de coordinación de los elementos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde expresamente se contemple la coordinación del ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública pero siempre en el marco del respeto al federalismo.

Así, la ley que se emita en la materia, donde se sienten las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá establecer específicamente, cuando menos, varios elementos. El primero deberá regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El segundo, deberá establecer, como elemento básico, la carrera policial a nivel nacional con carácter homogéneo. Así también, se deberá regular específicamente la certificación de los elementos de policías y agentes del ministerio público, que no implica solamente su registro en el sistema para evitar que ingresen aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de la organizaciones ilícitas; sino también, y fundamentalmente, que existan certificaciones para que los elementos policíacos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para realizar su función, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Así, por ejemplo, para que un elemento de policía municipal, estatal o federal, que no esté adscrito a las agencias estatales o federal de investigaciones, pueda realizar funciones de investigación preventiva o coadyuvar con el ministerio público, deberá estar plenamente certificado que cuenta con los conocimientos jurídicos y de respeto a los derechos humanos, así como con las habilidades y destrezas que le permitirán hacer efectivamente sus trabajos.

De la misma manera que en la mayoría de los países del mundo la conducción y mando de las policías en el ejercicio de la función de investigación de delitos estará a cargo del ministerio público. Estas policías podrán realizar funciones de análisis e investigación, pero de manera taxativa en el momento en que la policía encuentre un delito deberá notificarlo y denunciarlo ante el ministerio público de manera inmediata. Este primer párrafo del artículo 21 debe leerse de manera integral con los últimos párrafos del artículo 21 y en consecuencia los policías que realicen la función de investigación deberán estar certificados, y tener no solo los conocimientos y habilidades para desarrollar técnicamente la función sino en la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos en funciones de investigación. La tesis sostenida por el constituyente permanente para aprobar estos cambios implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los agentes del ministerio público y los elementos de policías. Coordinarse para lograr la investigación, significa que cada uno de ellos deberá ejercitar sus atribuciones de manera tal que se logre el objetivo de la investigación pero siempre cuando se trata de la investigación de delitos bajo la conducción y mando del ministerio público en ejercicio de la función”.

Artículos 73 y 115

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemplado en las reformas contenidas a los artículos 21, 73 fracción XXIII, y 115 de esta Constitución, permitirá la coordinación de acciones en la materia con una visión federal, estatal y municipal, y elementos básicos de control por parte del Sistema Nacional. Esta reforma permitirá la evolución del Sistema creado en 1995, que no ha garantizado a cabalidad que el servicio público de Seguridad Pública se preste con calidad, a pesar de la amplia inversión presupuestal realizada.”

Por su parte, el dictamen2 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, en relación con los artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución, en sus consideraciones, indica lo siguiente:

“Artículo 21

Seguridad pública

La tesis sostenida por el Constituyente Permanente para aprobar estos cambios implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los agentes del Ministerio Público y los elementos de policía, sin embargo, se precisa que siempre que se trate de la investigación de delitos ésta actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en ejercicio de la función, es decir, éste consolida con la reforma, su carácter de controlador y eje rector de la fase investigadora.

Por otro lado, en cuanto a la necesaria reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se valoró el estado actual tanto del sistema como de las policías municipales, estatales y federales. Se identificó que existen diversas características por regiones e incluso por procesos de desgaste, corrupción y, en algunas ocasiones, como se ha reconocido, por la infiltración del narcotráfico en sus estructuras. Es decir, mientras hay Estados y municipios que tienen cuerpos policíacos bien capacitados y formados, existen otros en situación menos favorable.

Por lo anterior, se comparte el criterio de la Colegisladora de determinar una nueva regulación general a las bases de coordinación de los elementos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los tres niveles, las que deberán contemplar entre sus finalidades esenciales la coordinación necesaria para establecer las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública; la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y la participación de la comunidad para que coadyuve entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, dicho sistema estará sujeto a reglas mínimas que se refieren esencialmente a que será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la operación y desarrollo de acciones tales como la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, y aquella que establece que la creación de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que serán aportadas a las entidades federativas y municipios deberán ser destinados exclusivamente a estos fines.”

Así, conforme a la intención del constituyente permanente, los alcances del contenido de los artículos 21 y 73, fracción XXIII de la Carta Magna, es la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo una de sus bases mínimas: “a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones”, esto es, que la operación y desarrollo está orientada a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, y no al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad pública.

Cabe destacar, que en caso de que el Congreso de la Unión expidiera una ley cuyo objeto sea legislar el uso proporcional de la fuerza, ésta sería aplicable a todas las instituciones de seguridad pública, así como a las demás fuerzas auxiliares, o instituciones que realicen esta función, incluyendo a las estatales y municipales.

ARGUMENTOS

En un estado de derecho democrático, la policía es considerada como el único organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir coactivamente a los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados, cuyo grado máximo se encuentra representada por la fuerza letal.

Es por ello que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza”.3

La determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza se encuentra estrechamente relacionada con tres componentes: Primero, la oportunidad en que ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y tercero, la responsabilidad que debe existir por su uso.

Para que los referidos componentes concurran, se requiere contar con un marco normativo constitucional y legal que den sustento institucional y que contribuyan a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho y de la justicia.

Además, la relación entre uso de la fuerza y derechos humanos es muy estrecha, razón por la cual, los principales instrumentos internacionales sobre la materia han abordado el tema. Dichos instrumentos emanan de organismos internacionales intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, y también la Organización de Estados Americanos.

Existe una serie de instrumentos internacionales que indican estándares específicamente referidos a la conducta policial, entre los cuales se encuentran: la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el Convenio Europeo Para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

El Sistema de las Naciones Unidas, promovió la adopción de los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyo objetivo es establecer orientaciones básicas para que los Estados aseguren la documentación mínima de los casos que lleguen a su conocimiento. Sucedió lo mismo con el Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual aporta directrices internacionales para la verificación de situaciones de tortura o malos tratos.

Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos casos relevantes, hizo recomendaciones para que, tomando los estándares internacionales, se adopten medidas legislativas para que existan protocolos eficaces que permitan implementar mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas en la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de la policía. Los casos son los siguientes:

El 10 de julio de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso “Hermanos Landaeta Mejías y otros” contra la República Bolivariana de Venezuela. El caso se relaciona con la ejecución extrajudicial de los hermanos Igmar Alexander Landaeta Mejías y Eduardo José Landaeta Mejías por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua, Venezuela.

La Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones, entre las cuales se destaca la siguiente:

v. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) programas de capacitación sobre estándares internacionales de derechos humanos en general, y respecto de niños, niñas y adolescentes en particular, dirigidos a la Policía del estado de Aragua; ii) medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública, y iii) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales, de manera que existan protocolos eficaces que permitan implementar mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

El 23 de noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso “García Ibarra y otros” contra la República del Ecuador. El caso se relaciona con la privación arbitraria de la vida del niño José Luis García Ibarra el 15 de septiembre de 1992, a sus 16 años de edad, por parte de un funcionario de la Policía Nacional de la ciudad de Esmeraldas. La Comisión concluyó que este hecho constituyó “una privación arbitraria de la vida, especialmente agravada al tratarse de un adolescente”, así como una ejecución extrajudicial.

En consecuencia, la Comisión hizo una serie de recomendaciones al Estado, entre las cuales, se encuentra la siguiente:

iii. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos en general, y respecto de niños, niñas y adolescentes en particular, dirigidos a la Policía Nacional; ii) medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder par parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública; y iii) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes, la necesidad y proporcionalidad del usa letal de la fuerza par parte de funcionarios policiales, de manera que existan protocolos eficaces que permitan implementar mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

En nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día 26 de enero de 2006, emitió la Recomendación General 12Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, en cuya Primera Recomendación dirigida a los Gobernadores de las entidades federativas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y responsables de la seguridad pública de los municipios, indicó:

PRIMERA. Tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, así como para incluir las circunstancias en que pueden emplearse la fuerza y las armas de fuego.

Incluso, el día 12 de febrero de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un Dictamen que valoró la investigación constitucional realizada por la Comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para investigar violaciones graves de garantías individuales.

Los Magistrados integrantes de la Comisión Investigadora, entregaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe por medio del cual estimaron concluidos los trabajos que se les encomendaron, y entre las conclusiones, se incluyó la siguiente:

DÉCIMA TERCERA.- Las violaciones graves de garantías individuales derivadas de los hechos que se investigaron fueron resultado, por una parte, de la insuficiencia de normatividad delimitadora del uso de la fuerza pública, de la defectuosa capacitación del personal que intervino, sumada a la inadecuada planeación, ejecución y supervisión de los operativos policiales.

Y en el Considerando Décimo Cuarto del referido dictamen, denominado “Principios constitucionales acerca del uso de la fuerza pública y omisiones en la materia”, indicaron lo siguiente:

Se trata de las omisiones legislativas ya apuntadas a lo largo de esta resolución en cuanto al uso de la fuerza pública y todo lo a elloatinente. Las leyes mexicanas, en términos generales, prácticamente no han normado este importante tema; no han establecido normativamente supuestos en que es legal el uso de la fuerza, destacadamente de la fuerza que se ejerce a través de armas letales; no han normado los deberes que genera al Estado el haberla utilizado; ni los deberes que acarrea el haber incurrido, con el uso de la fuerza, en excesos e irregularidades, como sucedió en Atenco, entre ellos el deber de sancionar y reparar.

Son muchos pues los espacios tanto de orden legislativo, como reglamentario y protocolario que aún están pendientes de ser atendidos en México en materia de seguridad pública, policía y fuerza pública. Y, hasta en tanto ello sea atendido, difícilmente se reducirá el margen de vulnerabilidad en que ante ello se encuentran los derechos de las personas, incluyendo –como se ha venido insistiendo- los derechos de los propios policías.

Resolviendo en el citado Dictamen, entre otros aspectos, en el primer punto resolutivo, que:

“En los hechos acaecidos el tres y cuatro de mayo de dos mil seis en Texcoco y Atenco, ambos del Estado de México, que fueron materia de la presente investigación, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales, en los términos señalados en el Considerando Décimo Primero de este Dictamen.”

No debe pasar por inadvertido, que el día 21 de febrero del año en curso, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó ante la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, de la Cámara de Diputados, un informe preliminar de la investigación que realiza sobre los hechos ocurridos el19 junio del 2016, donde un enfrentamiento entre corporaciones policiacas federales y estatales con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejó como saldo ocho personas fallecidas, y en el que se pretende dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiacas y determinar el uso de la fuerza.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que en el ámbito internacional existe una regulación para el uso de la fuerza solamente para la fuerza policial. En nuestro país, tenemos que considerar que en los artículos 10 y 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que dicho Sistema lo conforman las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, todas del ámbito federal y a las empresas de seguridad privada cuando actúen como auxiliares de las instituciones de seguridad pública. Adicionalmente, las instituciones o dependencias federales que desempeñen funciones de seguridad pública, aunque ésta no sea su función prioritaria, tal y como sucede con el ejército y la armada.

Al día de hoy, el uso de la fuerza está regulado mediante disposiciones de carácter administrativo y en forma dispersa, lo cual trae como consecuencia discrecionalidad:

Tal es el caso del Acuerdo de la Procuradora General de la República, número A/080/2012 por el que se “establecen las directrices que deberán observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la fuerza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de abril del 2012.

Otro caso, es el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de mayo de 2014.

Y la policía federal se rige por la Cartilla para el uso de la fuerza, que fue publicado en la página electrónica de la Comisión Nacional de Seguridad, el 4 de febrero del año en curso. Es por ello, que se requiere una ley, para evitar esa problemática.

Los hechos ocurridos en la comunidad de Palmarito Tochapan, Puebla, el día 3 de mayo del año en curso, que fueron difundidos ampliamente en los medios de comunicación, se puede apreciar en un video, que elementos del ejército mexicano tienen sometido y desarmado a un hombre, quien recibe un disparo de arma de fuego en la cabeza, sin que existiera motivo para ello, es decir, que los soldados no se encontraban en una situación de legítima defensa que tuviera como efecto repeler una agresión real, actual o inminente, en protección de su vida o de la población. Estos hechos también hacen notar, que mientras las fuerzas armadas tengan contacto directo con la población civil sin un adecuado uso de las armas, ponen en riesgo su seguridad y estabilidad social; por ello, se hace evidente la necesidad de regular el uso proporcional de la fuerza y la urgencia de expedir una legislación que tenga por objeto regular el uso de la fuerza, así como el manejo de las armas letales.

Por ello, la propuesta que ahora se presenta, tiene como finalidad dotarle al Congreso de la Unión la facultad expresa de legislar en materia de uso proporcional de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública, sus auxiliares y las instituciones que realicen dicha función, sean estas federales, estatales y municipales.

Cabe precisar, que el presentar esta iniciativa de reforma a la Carta Magna, no hace nugatorio el derecho de una iniciar una ley que tenga por objeto prevenir y regular el uso de la fuerza por parte de quienes integran las instituciones federales de seguridad pública.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 73.…

XXI. Para expedir:

a)…

b) …

c)…

Artículo 73.…

XXI. Para expedir:

a)…

b) …

c)…

d) La ley general que establezca y regule el uso proporcional de la fuerza.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos Diputados sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL USO PROPORCIONAL DE LA FUERZA.

ÚNICO.- Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

XXI. Para expedir:

a) …

b) …

c)…

d) La ley general que establezca y regule el uso proporcional de la fuerza.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Jesús Zambrano Grijalva.

1 Publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2401-VIII, del 11 de diciembre de 2007.

2 Publicado en la Gaceta del Senado número LX/2PPO-176/15051, del 13 de diciembre de 2007.

3 González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea Nº 6, España, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Jesús Zambrano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exención de pagos a radios comunitarias.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Las radios comunitarias, las radios indígenas no persiguen fines de lucro, sino propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio en las comunidades donde operan, por lo que, sin duda, todos debemos estar de acuerdo, entonces, cumplen con un papel fundamental dentro de dichas comunidades, al ser en muchos casos, y lo quiero subrayar, los únicos medios a los que tienen acceso, particularmente en aquellas comunidades de mayor marginación.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, compañeras y compañeros, establece, como ustedes saben, además que las concesiones de uso social, entre las que se encuentran las de carácter comunitario e indígena, tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas de los pueblos y comunidades, de su cultura, de sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones y normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género, que permitan también la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para las que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.

Y comento todo esto también, porque, compañeras y compañeros, debemos recordar que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente la fracción VI de su Apartado B, señala como obligación de los tres órdenes de gobierno, y lo cito: “Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”. Así consagra el artículo 2o. de nuestra Constitución en este apartado que les he leído.

Consciente entonces, compañeras y compañeros, de la relevancia de este tipo de medios, el Congreso de la Unión ha previsto la exención de diversos impuestos a los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas, como medida para impulsarlas y para fortalecerlas.

Un ejemplo lo tenemos en la Ley Federal de Derechos, cuyo artículo 174-L exenta a concesiones de uso social, comunitario e indígena, del pago de derechos por el estudio de la solicitud y expedición del título o prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia de uso determinado o del espectro radioeléctrico de uso determinado, o para la ocupación y explotación de los recursos orbitales.

Otro ejemplo, por si fuera necesario, para fortalecer la propuesta de la iniciativa que vengo a presentar en nombre del Partido del Trabajo, es el artículo 251 de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que exenta a este tipo de concesionarios, del “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por la ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”.

Siguiendo esta línea, compañeras y compañeros, Senador Presidente, la iniciativa, que podrán encontrar más a detalle en el Orden del Día y en los documentos que se presentan aquí en nuestra Gaceta Parlamentaria, tiene como propósito avanzar en la adopción de medidas especiales dirigidas a medios comunitarios, a medios indígenas, esta vez mediante la exención del Impuesto Sobre la Renta.

Para comprender el impacto del pago del Impuesto Sobre la Renta que éste reviste para las radios comunitarias indígenas, compañeras y compañeros, es necesario tomar en consideración que entre las fuentes de ingreso de los concesionarios de uso social, no se encuentra la venta de publicidad comercial, como sí sucede con las concesiones de uso comercial para las que representa su principal fuente de ingresos.

Por ello, legisladoras y legisladores, queda claro que el impacto sobre la renta es mucho mayor para radios comunitarias indígenas, que para otro tipo de concesiones.

Es así que en mi carácter de representante del estado de Oaxaca, conozco bien, se los quiero decir, la importancia de este tipo de medios, y espero, por lo tanto, de veras, encontrar sensibilidad de las y los legisladores para aprobar esta iniciativa máxima, porque no reviste un impacto presupuestario.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA EXENTAR DE SU PAGO A LAS RADIOS COMUNITARIAS E INDÍGENAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las radios comunitarias e indígenas no persiguen fines de lucro, sino propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a las comunidades en las que operan, por lo que cumplen con un papel fundamental dentro de dichas comunidades, al ser en muchos casos los únicos medios a los que tienen acceso, particularmente en aquellas comunidades de mayor marginación.

Según lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de dichos propósitos, las concesiones de uso social, entre las que se encuentran las de carácter comunitario e indígena, tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas de los pueblos y comunidades, su cultura y sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones y normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.

En ese tenor, las radios comunitarias e indígenas se constituyen también como un mecanismo que posibilita la observancia de los derechos de nuestros pueblos originarios, consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente la fracción VI de su apartado B, que señala como obligación de los tres órdenes de gobierno, Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.

Por todo ello, es claro el papel tan relevante de las radios comunitarias e indígenas en el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas, como clara es también la necesidad de impulsarlas y fortalecerlas.

En ese tenor de ideas, el Congreso de la Unión, en el ejercicio de su función legislativa, ha determinado la exención de diversos pagos a los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas.

Tal es el caso de lo mandatado en la fracción III del artículo 174-L de la Ley Federal de Derechos, que señala: III. No se pagarán los derechos a que se refieren los artículos 173 y 174-B, cuando el servicio se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena.” Los dos artículos a que alude esta fracción se refieren precisamente al pago de derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de título o prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones o radiodifusión, para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado, o para la ocupación y explotación de recursos orbitales.

Otro ejemplo es lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su tercer párrafo señala que Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”.

Queda clara, pues, la pretensión que desde hace tiempo ha perseguido el Congreso de la Unión, al imponer medidas especiales, en este caso exenciones, para las concesiones de uso social comunitario e indígena, en virtud de la relevancia que revisten para sus comunidades.

Siguiendo esa lógica, el 3 de noviembre de 2016, el suscrito presenté una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, con el fin de exentar el pago por concepto de uso del espectro radioeléctrico a ese tipo de medios.

La presente iniciativa, por su parte, tiene como propósito seguir avanzando en la adopción de medidas especiales dirigidas a medios comunitarios e indígenas, esta vez mediante la exención del impuesto sobre la renta.

Para comprender el impacto que el pago del ISR reviste para las radios comunitarias e indígenas, es necesario tomar en consideración las fuentes de ingreso de los concesionarios de uso social, establecidas en el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

• Donativos en dinero o en especie;

• Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio;

• Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo;

• Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización;

• Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación;

• Convenios de coinversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público, y

• Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

No debemos perder de vista que las concesiones de uso social no cuentan con la venta de publicidad comercial como una de sus fuentes de ingreso, como sucede con las concesiones de uso comercial, para las que representa su principal fuente.

Por ello, queda claro que el impacto del ISR es mayor para radios comunitarias e indígenas, que para otro tipo de concesionarios.

Un aspecto importante que puntualizar en la presente iniciativa, es que, en términos de la fracción IV del artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las concesiones de uso social también pueden ser otorgadas a instituciones de educación superior de carácter privado, por lo que resulta importante distinguir entre éstas y las concesiones de uso social comunitario e indígena. La presente propuesta plantea la exención únicamente de estos últimos, por lo que se preserva la obligación para instituciones privadas de educación superior.

Otro punto indispensable para señalar, es que la exención que se plantea no se traduciría en un perjuicio para los ingresos públicos, toda vez que es un derecho que la gran mayoría de las radiodifusoras comunitarias no pagan actualmente, en virtud de que no cuentan con una concesión, amén de que el proceso para su regularización inició recientemente, debido a la aún reciente expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demorará varios años más ante la imposibilidad de contemplar a todos los municipios del país en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de cada año.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 79.- No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. a XXVI.

XXVII. Las asociaciones civiles sin fines de lucro que se dediquen exclusivamente a la radiodifusión mediante una concesión de uso social comunitario o indígena, en los términos de la ley de la materia.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Clemente Castañeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de ampliación de medidas de protección.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país se ha convertido, prácticamente, en un cementerio del periodismo libre y de los activistas de la información, del activismo independiente.

Simplemente para compartir con ustedes datos alarmantes: 106 periodistas asesinados desde el año 2000, es decir, desde el año de la alternancia; 40 desde el 2012, es decir, en lo que va del sexenio, y 6 en lo que va del presente año.

Prácticamente la gran mayoría de estos crímenes atroces, en total impunidad, sin castigo. Pero el problema no es sólo de los periodistas, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, el año pasado se contaron 281 defensores de derechos humanos asesinados, la cifra no es menor.

Estas cifras convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo, no sólo para ejercer el periodismo, sino para ejercer los derechos y las libertades fundamentales, que además, dicho sea de paso, son necesarias para mantener la supervivencia de cualquier orden democrático.

Hoy no sólo debemos preguntarnos cómo podemos mejorar la protección de los mecanismos jurídicos de defensa a los periodistas, y por , a los defensores de derechos humanos, sino sobre todo, cuáles son las causas que nos han llevado a este grado de descomposición de la vida pública, de desprecio a la vida, y lamentablemente de autodestrucción del Estado de derecho.

Por ello, lo primero que debe quedar claro, es que estamos frente a una responsabilidad de Estado, del Estado mexicano, en la que no podemos aceptar que algunas autoridades sigan volteando para otro lado, sigan lavándose las manos, sigan sin asumir su responsabilidad y sigan sin aceptar la magnitud del problema.

Cada agresión, cada desaparición y cada asesinato de un periodista o de un activista, a manos de quien sea, es responsabilidad del Estado mexicano, y por ello, cada agresión, cada desaparición y cada asesinato refleja la indolencia sistemática del Estado mexicano hacia los derechos humanos alentando, por supuesto, un círculo vicioso de impunidad y de corrupción.

En Movimiento Ciudadano, desde el año 2012, hemos buscado visibilizar este tema y darle la dimensión que a nuestro juicio corresponde.

Desde ese año impulsamos diversas reformas en la materia en el ámbito local, y no hemos dejado de insistir en que la violencia hacia los periodistas y los activistas debe ser entendida como uno de los síntomas de crisis más graves de la vida pública nacional.

Hoy compartimos con ustedes una reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluyendo también, y como lo propusimos desde el 2014, la figura de activistas de la información.

Algunos elementos de esta iniciativa son: la incorporación de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a las fuentes de información, la protección en misiones de alto riesgo, entre otras.

Y también planteamos una reestructuración del mecanismo de protección para desburocratizarlo, darle garantías presupuestales y hacerlo eficaz en sus labores y, por supuesto, se amplía también el catálogo de derechos y herramientas de protección para los defensores de derechos humanos.

Esta iniciativa busca ser un enésimo, pero al mismo tiempo enérgico llamado de atención para comprender la magnitud del problema, al que por cierto, ya todos se han referido al inicio de esta sesión, porque al igual que frente a otros problemas críticos en materia de derechos humanos, las autoridades, la gran mayoría de las autoridades, siguen rechazando o evadiendo el tamaño del problema.

Pero para muestra: basta voltear a ver un lapso de tan sólo cinco días en los que México fue testigo de tres casos escandalosos y dolorosos, pero que desafortunadamente, no son casos aislados:

Apenas el 10 de mayo asesinaron a Miriam Rodríguez, activista por el derecho a la verdad sobre los desaparecidos en Tamaulipas; el 12 de mayo en Guerrero, 100 hombres armados detuvieron ilegalmente a 7 periodistas; y apenas el día 15 de mayo, asesinaron a Javier Valdez, en Culiacán.

No son temas menores, es un problema generalizado en el país y estos sucesos, lo que hacen de manera muy elocuente, es llamar la atención y llamarle la atención a este Poder Legislativo.

Estamos conscientes, desde Movimiento Ciudadano, que ni una reforma, ni una ley evitarán por sí solas que en este país se sigan asesinando y violentando a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de la información y tampoco va a evitar que por sí solo se siga agrediendo al resto de la población.

Lo único que lo evitaría, compañeras y compañeros legisladores, es asumir la responsabilidad histórica que el Estado tiene la defensa de las libertades y la vida de las personas a las que muchos por indolencia o por incompetencia han renunciado.

Finalmente, desde Movimiento Ciudadano, le decimos respetuosamente a este Poder Legislativo, que no podemos ser cómplices en esta omisión, que tenemos que contribuir desde cualquier ámbito y con cualquier instrumento a nuestro alcance, para mencionar este problema y exigir erradicar.

Esperamos, compañeras y compañeros, que esta iniciativa, junto a otras que se han presentado de distintos grupos parlamentarios, alcancen a contribuir a eso que le urge a este país.

Y por último, no puedo dejar sino elevar la más enérgica condena a los asesinatos de todos los periodistas ocurridos en los últimos años.

Nuestras condolencias para sus familias.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Vivimos en un clima de violencia donde informar al respecto se ha vuelto peligroso, difícil; sin embargo, creo que es nuestra obligación no claudicar, no cerrar los ojos, sino seguir tratando de buscar la verdad, solamente a través de la verdad vamos a poder transformar el horizonte que tenemos enfrente”.1
Juan Villoro

I.La libertad de expresión es uno de los grandes baluartes de la sociedad contemporánea, sin la que ningún sistema democrático podría subsistir, en tal sentido, la violencia física y el asesinato y desaparición de periodistas representa uno de los mayores atentados contra la democracia y uno de los más extremos casos de censura que pueden presentarse en una sociedad. Por ello, el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, ha establecido que:

«Un ataque contra un periodista no solo vulnera su derecho a divulgar información sino que también redunda en desmedro del derecho de las personas y de la sociedad en general a buscar y recibir información, garantizado en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente. De hecho, si no se respeta la libertad de expresión y, en particular, la libertad de prensa, no puede haber una ciudadanía informada, activa y comprometida. Así pues, un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia.»2

Es por ello que la ausencia de garantías jurisdiccionales contra las violaciones de los derechos humanos, hoy en día debe ser considerada como una grave laguna del ordenamiento jurídico, que en orden a dar eficacia a tales derechos y proteger cabalmente la dignidad de la persona, debe dotarse de las herramientas jurídicas esenciales para que los ciudadanos encuentren así la protección y salvaguarda legítimas de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la libre manifestación de las ideas.

En efecto, el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo consagra:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 19:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»

La misma Declaración consagra en su Artículo 29 el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales:

«2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.»

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 19 lo siguiente:

«1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»

Finalmente, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»

En tal sentido, corresponde al Estado mexicano la responsabilidad de contar con las herramientas jurídicas óptimas para la salvaguarda y protección de los derechos fundamentales, así como de las personas que dedican sus vidas al ejercicio y defensa de esos derechos y libertades, o a aquellas que ejerciéndolos viesen violentada su dignidad humana.

II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el concepto de libertad de expresión de la siguiente manera:

« [E]s un derecho fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre»3

En tal sentido, para alcanzar la plena libertad del pueblo de México se requiere generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos gocen de una libertad de expresión sin cortapisas; igualmente, el Estado debe garantizar la protección de dicho derecho consagrado constitucionalmente y por los tratados internacionales de que México es parte. Una nación con periodistas y ciudadanos amordazados sólo puede llevar a una fractura del tejido social y comprometer gravemente las posibilidades de un ejercicio democrático de gobierno.

Sin embargo, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, realizaron conjuntamente una visita a nuestro País en agosto de 2010, concluyendo que:

«…el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos.»4

En las Observaciones Preliminares presentadas por ambos Relatores, reconocen la existencia de una violencia que afecta a todos los sectores de la población, pero subrayan la gravedad de las agresiones contra las personas periodistas:

«las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad.»5

Por otro lado, durante la realización del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho a México el año 2013, más de 30 países expresaron su preocupación debido al incremento de la violencia contra periodistas en nuestro país6 y señalaron la necesidad de fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la atribución de mayores recursos y mayor capacitación para sus funcionarios.

Además, según Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto a Siria, Irak y Afganistán, todos ellos inmersos en auténticas guerras civiles o incursiones militares por parte de otros Estados. De acuerdo a esta organización, entre 2000 y 2013, se registraron 81 asesinatos de periodistas en México.7

El año 2013 fue uno de los más violentos para el ejercicio del periodismo en México, con un saldo de 330 casos documentados de agresiones a reporteros, fotógrafos y medios de comunicación, ubicando a nuestro País entre los más peligrosos del orbe para el oficio periodístico.8

El año anterior a éste fue aquél en que entraron en pleno funcionamiento los recién renovados Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, motivo por el cual resulta doblemente preocupante que haya sido precisamente 2013 el año más peligroso para el periodismo, con un aumento de 123 casos respecto de 2012, es decir, la violencia contra los periodistas aumentó hasta en un 60 por ciento.

Por otro lado, en 2016 se produjeron 11 asesinatos de periodistas con lo que nuestro país pasó a ocupar el deshonroso puesto del tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo superado por Irak y Afganistán, según datos publicados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP)9.

Asimismo, Artículo 19, también ha informado que en el mismo año 2016, además de los 11 homicidios anteriores, se produjeron 426 agresiones, acciones de espionaje gubernamental, 72 amenazas a través de redes sociales y un índice de impunidad de hasta 99.75%10, con lo que 2016 fue tal vez el año más peligroso para el prensa en nuestro historia reciente, sin embargo, en lo que va del año 2017, hasta el 15 de mayo, ya se contabilizaban 6 asesinatos de periodistas.

Como ya se ha expuesto, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación comprometen gravemente la vida democrática de la nación y atentan directamente contra el derecho a la información consagrado constitucionalmente. No puede continuar esta escalada de violencia sin afectar gravemente los derechos a la libertad de expresión y a la información de la sociedad en su conjunto, que son fundamento para la construcción de un verdadero sistema democrático y un sólido Estado de Derecho.

A pesar de que México cuenta con una “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que creó una “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, sin embargo, dicha legislación y su correspondiente Mecanismo han resultado claramente insuficientes para afrontar la grave ola de violencia contra periodistas en nuestro país, como señaló Human RightsWatch en su más reciente informe sobre México: «el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento e insuficiente»11. El fracaso de dicho Mecanismo se ha puesto claramente en evidencia frente a las numerosas agresiones que padecen los periodistas a lo largo de todo el país.

III. En virtud de su resolución 53/144, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, también conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”.

La Declaración establece la necesidad de proporcionar a las personas defensoras de derechos humanos el apoyo y protección óptimos en el ejercicio de su labor. No estipula nuevos derechos sino que formula los ya existentes de forma que sea más sencillo aplicarlos al contexto de las personas defensoras de derechos humanos. En dicha Declaración se establecen igualmente deberes concretos de los Estados y su responsabilidad en todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos, además de que explica su relación con las legislaciones nacionales.

En tal sentido, los Artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración consignan los derechos inherentes a las personas defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentran los siguientes:

a) A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;

b) A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros;

c) A formar asociaciones y ONG;

d) A reunirse o manifestarse pacíficamente;

e) A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;

f) A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación;

g) A presentar a los órganos y organismos gubernamentales, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;

h) A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias;

i) A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos;

j) A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

k) A dirigirse y comunicarse sin trabas con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales;

l) A disponer de recursos eficaces;

m) A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos;

n) A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos; y

o) A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos del extranjero).12

Asimismo, la Declaración establece los deberes de los Estados en cuanto a la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos, desde una perspectiva de progresividad y ampliación de sus garantías, protegiendo sus derechos frente a violaciones y agresiones, destinando los recursos del Estado para la promoción de sus derechos y la creación de instituciones garantes de los mismos. 

En el Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, expuso el grave panorama al que suelen enfrentarse las personas defensoras de derechos humanos a lo largo del planeta:

«Los comunicados emitidos indican que el acoso judicial y la criminalización de las actividades de los defensores y las defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales no han disminuido. Algunos Estados tienden a argumentar, de manera sistemática, que se basan en la seguridad nacional y la seguridad pública para limitar el ámbito de las actividades de los defensores y las defensoras. En varios países, los sindicalistas y miembros de ONGs y de movimientos sociales se enfrentan a detenciones y procesos penales por los delitos de “asociación ilícita”, “obstrucción de la vía pública”, “incitación al delito”, “desobediencia civil” o “amenaza a la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o la moral públicas”. Por otra parte, las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben amenazas, se les niega el acceso a los tribunales de justicia al igual que a sus clientes, y son detenidos y acusados de varios delitos. La multitud de aprehensiones y detenciones de los defensores y las defensoras también contribuye a la estigmatización, ya que la población los percibe y califica como personas problemáticas.»13

Desafortunadamente la situación de nuestro país no es la excepción y las personas defensoras de derechos humanos han sido blanco continuo de hostigamiento, amenazas y desapariciones. Así, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un total de 89 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, sin que se produjeran condenas para ninguno de los casos.14

Debe subrayarse igualmente que el 10 de junio de 2011 tuvo lugar en México la más amplia Reforma Constitucional del Siglo XXI en materia de Derechos Humanos, mediante la cual nuestro País adquirió el mandato constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En orden a lo anterior, la presente Iniciativa contempla añadir de manera explícita las disposiciones fundamentales contenidas en la “Declaración sobre los defensores de derechos humanos”, tal y como lo recomendó la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, en julio de 2011:

«Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos como parte de la legislación nacional y de establecer centros de coordinación para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la oficina del Jefe de Estado o de Gobierno o en otros ministerios competentes.»15

La necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección en nuestro país para salvaguardar la integridad física y un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos, ha quedado vergonzosamente en evidencia ante los casos lamentables y reiterados de las mismas.

En particular, dos casos emblemáticos conmocionaron a la opinión pública en nuestro país, el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba resolver el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo; así como el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien dio con el paradero de los restos de su hija, desaparecida en 2012, así como con los responsables de su asesinato, y quien fuera asesinada el pasado día de las madres del presente año.

Marisela Escobedo fue asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre del año 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras realizaba una protesta para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hija de 16 años, ocurrido a su vez en Ciudad Juárez el año 2008.

A raíz del asesinato de su hija, un integrante del cártel de Los Zetas fue acusado del crimen y capturado, declarándose culpable y conduciendo a las autoridades al lugar donde había sido inhumado el cuerpo calcinado. Sin embargo, fue absuelto “por falta de pruebas” y puesto en libertad, lo que motivó que Marisela Escobedo iniciará una lucha demandando justicia, realizando marchas en Ciudad Juárez y otras localidades, además de reunir 14 mil firmas exigiendo la revocación de la sentencia absolutoria. Cuando logró que se anulará el fallo, el acusado ya había escapado, por lo que Escobedo inició mayores protestas en la capital del Estado, exigiendo la captura del homicida, pero fue posteriormente asesinada pocos meses después de ello16.

Por otro lado, Miriam Rodríguez, quien representaba al Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del pasado 10 de mayo al interior de su domicilio. La activista murió mientras era trasladada a un hospital de San Fernando. En el año 2012 su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue secuestrada, y dos años después ella dio con el paradero de sus restos en una fosa clandestina, entregando información a las autoridades para que se capturara a los responsables17.

La información que proporcionó Miriam Rodríguez llevó a las autoridades a la captura de los responsables, sin embargo, posteriormente ocurrió una fuga de uno de los penales en que se encontraba uno de los presuntos responsables, por lo que ésta solicitó las medidas de protección correspondientes, sin que éstas llegasen nunca, como lo declaró ella misma ante las autoridades competentes18.

Los anteriores casos evidencian que los actuales instrumentos de protección de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país han resultado ineficaces, como lo señaló la propia ONU en relación con el asesinato de Miriam Rodríguez:

«La ONU realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la señora Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México19».

IV. Desde el surgimiento del internet, los grandes medios de comunicación y el oficio periodístico han sufrido una gran transformación en términos de inmediatez, producción interactiva de contenidos e impacto entre las audiencias. Ello ha dado lugar a nuevas formas de libertad de expresión en la producción de información trascendental para la ciudadanía.

En el año 2004, el periodista Dan Gillmor publicó el libro We, the media: grassrootsjournalism, bythepeopleforthepeople, convirtiéndose rápidamente en un parteaguas acerca de lo que desde principios de siglo ha sido llamado “periodismo ciudadano” (citizenjournalism), “periodismo participativo” (participatoryjournalism), “periodismo 3.0” (journalism 3.0) o “periodismo de base” (grassrootsjournalism), libro que consigna las profundas implicaciones de la aparición del internet en los medios masivos de comunicación y en el ejercicio periodístico.

En dicha obra, se hace énfasis en una revolución tecnológica que ha generado «una caja de herramientas que le permite a cualquier persona convertirse en periodistas, a bajo costo, y en teoría con alcance global.»20

En tal sentido, se trata de que la revolución de la información que constituyó el internet, creó la posibilidad de que, por primera vez en la historia, la información fuese producida no sólo en términos verticales, sino en términos de red, es decir, de que las audiencias y los ciudadanos de a pie, pudiesen participar de la misma manera que los grandes medios editoriales o periodísticos en la creación y difusión masiva de información, dando origen a figuras y prácticas antes inexistentes, como la del “periodismo participativo”.

ShayneBowman y Chris Willis, en Nosotros, el medio, Cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información, consignan de esta manera el concepto de periodismo participativo:

«Periodismo participativo: es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el progreso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere.»

En el efecto, desde el surgimiento del internet y su uso masivo a principios del siglo XXI, los ciudadanos han contribuido a la generación de información confiable e inmediata muchas veces en paridad de efectividad con los grandes medios de comunicación, o han contribuido a revelar información trascendental para la población que los medios periodísticos institucionales no estaban en condiciones de revelar. A continuación presentamos tres grandes antecedentes históricos del periodismo participativo del siglo XXI:

«[1] De acuerdo con el Pew Internet Project, los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 generaron el mayor tráfico a los sitios tradicionales de noticias en la historia de la Web. Muchos grandes sitios noticiosos sucumbieron ante la inmensa demanda y la gente se cambió al correo electrónico, los weblogs y los foros como conductos para la información, comentarios y acciones relacionadas con los eventos del 9/11. La respuesta en Internet significó el surgimiento de una nueva proliferación de ‘haga periodismo por sí mismo’. Todo, desde relatos de testigos y galerías de fotos hasta comentarios y narrativa personal, emergió para ayudar a la gente a detener colectivamente la confusión, la ira y el sentimiento de pérdida durante el inicio de la tragedia.

[2] Durante los primeros días de la guerra de Irak, Pew encontró que el 17 por ciento de los estadounidenses en línea utilizaron Internet como su principal fuente de información sobre la guerra, un nivel cinco veces más grande que aquellos que consiguieron sus noticias en línea inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre (3 por ciento). El reporte también observó que los weblogs estaban ganando seguidores entre un pequeño número de usuarios de Internet (4 por ciento). […]

[3] Antes de la guerra de Irak, la BBC supo que no podría desplegar suficientes fotógrafos para cubrir las marchas de millones de personas del mundo contra la guerra. Para extender su audiencia, la BBC News pidió a sus lectores que enviaran imágenes tomadas con cámaras digitales y teléfonos celulares con cámaras integradas, y publicó las mejores en su sitio Web.»21

En la presente Iniciativa se diseña y propone el concepto de “activista de la información” en el mismo sentido en que se entiende el concepto de “periodista ciudadano”, según lo expuesto anteriormente. Ello en la medida en que se considera que aquel ciudadano que ejerce el “periodismo” de forma no profesional sino de acuerdo a un ejercicio de responsabilidad civil, está ejerciendo un nivel de compromiso respecto de la información distinto al de otros ciudadanos, y en tal sentido incide en la vida pública en el ejercicio de sus derechos (en este caso el de la libertad de expresión), de la misma manera que un activista.

El surgimiento de los llamados periodistas ciudadanos o activistas de la información, ha dado lugar a su vez a diversos casos jurídicos que han sentado un precedente en la historia judicial de los Estados Unidos de América, y que en la presente iniciativa se analizan como parte de un ejercicio de derecho comparado.

El 8 de julio del 2005 en San Francisco, California, tuvieron lugar una serie de manifestaciones en el marco de las protestas globales contra la 31ª Cumbre del G-8, que en esos momentos se realizaba en Pertshire, Escocia. Durante las protestas, el activista y video blogger Josh Wolf, captó en un video escenas de la protestas, subiendo posteriormente a su blog algunas de ellas. Un gran jurado exigió posteriormente a Wolf que entregara el resto de las escenas que contenía el video, mismas que supuestamente evidenciarían delitos cometidos en flagrancia por parte de los manifestantes. Wolf se negó a entregar el video completo con las escenas en cuestión y desafió al gran jurado negándose igualmente a testificar para identificar a los responsables, lo que motivó que fuese encarcelado el primero de agosto del año 2006.

Josh Wolf pasó 226 días en prisión, más tiempo que ningún periodista institucional por negarse a revelar sus fuentes o a testificar para identificarlas. Fue finalmente liberado el 3 de abril de 2007 después de alcanzar un acuerdo con el gran jurado.

Por otro lado, en 2011 la bloguera de investigación Crystal Cox fue condenada por la Corte de Oregón a pagar 2.5 millones de dólares, después de que fuera demandada por Kevin Padrick, representante de ObsidianFinanceGroup acusándole de difamación después de que Cox publicase en su blog que dicho grupo caía en fraude impositivo y estaba en bancarrota. A pesar de que Oregón es uno de los Estados de los EE.UU. con leyes que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes según la Primera Enmienda, el juez del caso consideró que Cox no merecía dicha protección legal al no ser ésta una periodista profesional o institucional. Sin embargo, tres años después, el 17 de enero de 2014, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, estableció que Cox merecía un nuevo juicio aunque no fuera una periodista tradicional, debido a que, según el Tribunal de Apelaciones, la Primera Enmienda no distingue entre periodistas tradicionales y otros oradores (speakers):“Como advirtió con precisión el Tribunal Supremo, es inviable una distinción de la Primera Enmienda entre la prensa institucional y otros oradores.”22

Así pues, según la Suprema Corte de los EE.UU. los blogueros, periodistas y en general todos los ciudadanos y activistas de la información poseen los mismos derechos que la prensa institucional en dicho sentido.23

En otro contexto, el 12 de junio de 2013 fue detenido Miguel Ruiz Vargas en la Avenida Chapultepec, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, debido a que grabó a elementos policíacos que sometían y aprehendían con exceso de violencia a un ciudadano: “Al momento, me empezó a ofender un policía y me esposó, sin mayor motivo. Dijo: ‘a éste también súbelo’, y eso fue suficiente como prueba.”24 Debido a ello, el 28 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 15/201425 por los conceptos de “violación de los derechos a la libertad y a la seguridad jurídica”, y apercibió a los policías que se disculpasen públicamente con el ciudadano.

Finalmente, no deben olvidarse las grandes implicaciones en las relaciones entre los países a nivel global, y de los ciudadanos con sus gobiernos y con los medios de comunicación, que constituyeron las revelaciones del sitio Wikileaks, que se encargó de filtrar a la opinión pública, a través del internet, una serie de comprometedoras revelaciones sobre las actividades militares y de espionaje internacional llevadas a cabo por autoridades de los EE.UU. y otros gobiernos occidentales.

Todos estos casos ilustran la necesidad de que los Estados asuman la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que sin ser periodistas profesionales o institucionales, hacen del conocimiento público informaciones de gran relevancia para la sociedad, pero que por sus características pueden llegar a comprometer su integridad física o la de sus seres queridos. Es decir, las autoridades de los Estados deben asumir la defensa de la libertad de expresión en los casos en que ciudadanos comprometidos deciden asumir, responsablemente, divulgar información de relevancia para la sociedad y la vida pública.

En dicho sentido, esta Ley concede a los activistas de la información o periodistas ciudadanos, una serie de derechos para ejercer este tipo de actividades sin represalias.

V. La cláusula de conciencia es un derecho de las personas periodistas en su relación con una empresa de medios de comunicación, para que puedan rescindir el contrato laboral y ser indemnizados, en aquellos casos en que se produzca un cambio significativo en la orientación informativa o línea editorial.

Así pues, la cláusula de conciencia pretende proteger a las personas periodistas frente a posibles cambios ideológicos del medio de comunicación en que laboran, respetando así su independencia en la libertad de expresión y su libertad de conciencia y creencias.

El derecho a la cláusula de conciencia de las personas periodistas está consagrado por el Artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece a la letra:

«Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.»

Es de subrayarse también que España incorporó a su Constitución de 1978 el derecho a la cláusula de conciencia, en su Título I, Artículo 20, que dispone lo siguiente:

«I. Se reconocen y protegen los derechos: […] d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional»

A raíz de lo anterior, el 24 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados español aprobó la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información, y el 20 de junio del mismo año fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.26

La presente iniciativa retoma en lo esencial lo recogido por la anterior legislación española en lo relacionado con la regulación de la cláusula de conciencia, y refiere todo lo relacionado con la rescisión del contrato laboral a la Ley Federal del Trabajo.

VI. El secreto profesional de las personas periodistas y activistas de la información es un derecho encaminado a garantizar su independencia respecto de las autoridades administrativas o judiciales de un Estado. Además, el derecho al secreto profesional forma parte del derecho a la libertad de expresión, y a comunicar información veraz de relevancia pública por cualquier medio de comunicación o difusión. Mucha información relevante y trascendente para la población es difundida por un informante o fuente, hacia un periodista, mismo que se compromete a guardar en el anonimato dicha fuente. Con esto, se fortalecen los derechos a la información y a la libertad de expresión, que de otro modo no encontrarían manifestación.

Entre las razones que configuran el derecho al secreto profesional se encuentran las siguientes:

a) Proteger la confidencialidad de la fuente debido a probables represalias por haber difundido la información en cuestión.

b) Preservar la credibilidad de la discreción de las personas periodistas y activistas de la información.

c) Garantizar que los flujos de información de relevancia para la ciudadanía no sean interrumpidos debido a la inhibición o la autocensura de las fuentes de información.

El 7 de junio de 2006 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal, compuesta por once Artículos divididos en cuatro Capítulos. Es de subrayarse que la presente Iniciativa incorpora en lo fundamental, lo contenido en la citada Ley.

VII. El 2 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos publicó sus conclusiones preliminares luego de la vista in loco a México,27 en donde se manifiesta la preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven los periodistas en México:

«La CIDH ha visto con preocupación el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en México. […]

La violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales. De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos.»

La CIDH emite una serie de recomendaciones para que se fortalezcan las políticas y programas de protección a periodistas y activistas, entre las que destacan las siguientes:

• Verificar la  participación y la pasividad de agentes estatales frente a estos hechos.

• Llevar a cabo investigaciones de actores estatales y privados.

• Proteger los derechos laborales.

• Exigir a los medios que protejan a los periodistas.

• Aumentar aún más la protección de los periodistas en épocas electorales.

• Obligar a la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que lleve a su jurisdicción los crímenes más graves.

• Evitar  una rotación excesiva del personal y aumentar su capacitación en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• Fortalecer la recepción de solicitudes, la valoración del riesgo de los solicitantes y los procesos internos para la decisión de otorgar medidas de protección.

• Robustecer la sostenibilidad financiera del Mecanismo, el desarrollo de una política de prevención, la promoción del mecanismo en las entidades federativas y la coordinación con las autoridades locales.

• Agilizar la implementación de las medidas administrativas y dar seguimiento a su efectividad.

• Tener mayor eficacia en el funcionamiento de los botones de pánico y la consiguiente falta de respuesta por parte del mecanismo.

En la presente iniciativa, se toman en consideración estas recomendaciones, en lo que corresponde al aspecto normativo, sabedores de que el Poder Ejecutivo Federal debe asumir su responsabilidad en el cumplimiento de muchas de estas recomendaciones.

VIII. El 25 de junio del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el «Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

Mediante la presente iniciativa, buscamos fortalecer los alcances de la mencionada ley, para convertirla en un verdadero instrumento al servicio de los mexicanos y garante de la protección a la libre manifestación de ideas. Entre los aspectos centrales de la iniciativa, destacan los siguientes:

• Se incluye la figura de activistas de la información, tal y como ha quedado de manifiesto en la presente exposición de motivos, con lo que también se modifica la denominación de la ley.

• Se contemplan como derechos para periodistas, la cláusula de la conciencia y el secreto profesional.

• Se incluye un catálogo de derechos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, recuperando con ello las recomendaciones vertidas por organismos internacionales.

• Se elimina el control de la Secretaría de Gobernación sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, para darle autonomía en su funcionamiento, y del mismo modo se elimina el control de esta Secretaría sobre el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

• Se crea un Refugio para la Atención de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, que atienda los casos más urgentes de manera expedita, brindando protección a víctimas.

• Se modifica la integración de la Junta de Gobierno, para darles más participación a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la información, quienes serán elegidos mediante una convocatoria pública por la Cámara de Diputados.

• Se establece un término de 60 días para darle suficiencia presupuestal al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

• Se instituye el día 31 de julio de cada año como El Día Nacional Contra las Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, en memoria del asesinato del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, acaecida el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México.

El objetivo central de la presente iniciativa es impulsar un marco normativo concentrando en la más amplia protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de quienes ejercen una responsabilidad cívica y una labor central en el proceso de democratización de nuestro país.

Por una parte, adecuamos nuestra legislación a los mandatos internacionales en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y adicionalmente, impulsamos una serie de innovaciones para generar instrumentos jurídicos modernos que privilegien la progresividad en la protección de los derechos humanos.

Es importante recalcar que el pasado 2 de octubre del año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, presentó las “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, documento en el que, entre otras cosas, pide al Estado mexicano prestar atención a la situación de vulnerabilidad que viven las personas periodistas y defensores de derechos humanos.

La implementación y éxito de estas disposiciones legales requerirán de un profundo compromiso institucional y de una política de Estado que involucre a todas las instituciones públicas en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.  

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Mediante el cual se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley Para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

ARTÍCULO ÚNICO.-Que modifica la denominación de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; se reforman los artículos 1, 2, 4, 3, 5, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 63, 66 y 67; se adiciona un Capítulo II De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, y se recorren los subsiguientes Capítulos, al tiempo que se adicionan los artículos 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H, 3-I, 3-J, 3-K, 3-L, 3-M y 3-N, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 20, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS Y ACTIVISTAS DE LA INFORMACIÓN

Artículo 1.- […]

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Artículo 2.- […]

Activista de la Información: persona física que administra o participa en la elaboración de información para un sitio de internet, un blog, una cuenta en redes sociales de internet o cualquier otro medio de expresión, que sin formar parte del periodismo institucional denuncie, difunda, recabe, genere, procese, edite, comente, opine, publique o provea información accesible para toda la ciudadanía;

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

[…]

Cláusula de conciencia: derecho de las personas periodistas a la rescisión del contrato e indemnización en caso de que el medio de comunicación en que laboren modifique significativamente su orientación o línea editorial de tal forma que afecte la independencia en el desempeño de su función profesional o atente contra los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad;

[…]

[…]

Fondo: Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

[…]

Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos,  Periodistas y Activistas de la Información, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.

[…]

[…]

[…]

Medio de comunicación: Medio impreso, electrónico, digital o cualesquier otro, mediante el cual se difunde información para la población;

[…]

[…]

[…]

[…]

Secreto Profesional: derecho de las personas periodistas y activistas de la información para negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información, ante cualquier autoridad judicial o administrativa, cuando ésta se difunda con apego a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad.

Artículo 3.- El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y gozará de autonomía técnica y de gestión.

Capítulo II
De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información

Sección Primera
De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos

Artículo 3-A.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la protección, defensa y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 3-B.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente:

I. A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

II. A publicar, impartir o difundir libremente opiniones, informaciones y conocimiento relativos a los derechos humanos y libertades fundamentales;

III. A estudiar y debatir si los derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar cuestiones por conducto de los medios que considere adecuados;

IV. A presentar a las instituciones públicas, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

V. A denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y autoridades en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios ante las instituciones competentes;

VI. A ofrecer y prestar asistencia profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

VII. A formar parte, de manera voluntaria, de asociaciones o grupos de la sociedad civil, o movimientos sociales; y

VIII. A participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 3-C.- Las autoridades estatales y federales tienen la responsabilidad de promover entre los ciudadanos la comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre las que figuran las siguientes:

I. La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos;

II. El pleno acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a los documentos internacionales en la esfera de los derechos humanos, incluso los informes periódicos de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que sea parte el Estado Mexicano, así como a las actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos; y

III. Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles educativos.

Sección Segunda
De los Derechos de las Personas Periodistas

Artículo 3-D.- La presente Ley reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística, los siguientes:

I. Cláusula de conciencia;

II. Secreto profesional;

III. Acceso a las fuentes de información y actos públicos;

IV. Reconocimiento institucional como periodista;

V. Protección en misiones o tareas de alto riesgo profesional; y

VI. Protección pública ante agresiones de terceros.

Artículo 3-E.- La cláusula de conciencia es un derecho de las personas periodistas que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, respecto de los cambios en la orientación o línea editorial del medio en que laboran.

Artículo 3-F.- En virtud de la cláusula de conciencia la persona periodista tiene derecho a solicitar la rescisión de su relación laboral con el medio de comunicación en que se desempeñe profesionalmente, en alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuando en el medio de comunicación con el que esté vinculado laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial;

II. Cuando el medio de comunicación le traslade a otro medio del mismo grupo, que por su género o línea editorial, suponga una ruptura patente con la orientación profesional de la persona periodista; y

III. Cuando se ponga su firma en un texto del que es autora, y que haya sido modificado posteriormente por algún superior jerárquico, bien a través de introducir ideas nuevas, o suprimiendo algún concepto o idea original de forma deliberada.

El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la legislación laboral aplicable.

De ninguna manera, por el ejercicio de la cláusula de conciencia, la persona periodista podrá ser sujeto de acciones en perjuicio de sus actividades laborales. Cualquier medida coercitiva de este tipo puede ser entendida como una violación grave de sus derechos.

Artículo 3-G.- Las personas periodistas podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Artículo 3-H.- Las personas periodistas tienen derecho a mantener en secreto la identidad de las fuentes que les hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva.

El derecho del secreto afecta igualmente a cualquier otra persona periodista, responsable editorial o colaborador de la persona periodista que hubieran podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada.

Artículo 3-I.- Ninguna autoridad podrá citar a las personas periodistas como testigos con el propósito de que revelen sus fuentes de información.

Artículo 3-J.-. El secreto profesional que establece la presente Ley comprende:

I. Que la persona periodista citada para que comparezca como testigo o a declarar en algún procedimiento jurisdiccional de cualquier otra índole, pueda invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, así como a excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas. A petición de la autoridad podrá ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;

II. Que la persona periodista no sea requerida por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto, que por cualquier razón, no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;

III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información de la persona periodista, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin; y

IV. Que la persona periodista no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información de la persona periodista.

Artículo 3-K.- La persona periodista o activista de la información tendrá libre acceso a los registros, expedientes administrativos y, en general, a cualquier información recogida por las autoridades que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la legislación aplicable en materia de transparencia.

Del mismo modo, la persona periodista o activista de la información tendrá acceso a todos los actos y eventos de interés público y abiertos al público en general, que se desarrollen por entidades públicas o privadas. No se podrá prohibir su presencia en estos actos por el hecho de ser identificada como periodista o activista de la información. En estos eventos se podrá exigir el pago normal de una entrada para el acceso, cuando sea el caso.

Artículo 3-L. Las empresas de medios de comunicación deberán proporcionar a las personas periodistas las medidas de protección mínimas para el ejercicio de su profesión en misiones o tareas de alto riesgo.

Las medidas mínimas de protección que las empresas de medios de comunicación deberán brindar a las personas periodistas, cuando se trate de misiones o tareas en situaciones de probable violencia, podrán incluir lo siguiente: 

I. Chalecos antibalas;

II. Identificación oficial como periodista;

III. Entrega de automóvil, motocicleta o algún otro medio automotor que le permita salir rápidamente de un territorio de alto riesgo; y

IV. Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital.

En los casos de tareas o misiones de alto riesgo para el ejercicio del periodismo no previstas en la presente Ley, deberá atenderse a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo, según las condiciones de la tarea o misión que le sea asignada.

Sección Tercera
De los Derechos de las Personas Activistas de la Información

Artículo 3-M.- Las autoridades mexicanas tienen el deber de garantizar las condiciones idóneas para que los investigadores, científicos, profesionales y cualquier ciudadano en posesión de información relevante para la población, tengan la responsabilidad y el derecho de expresarse libremente sobre cualquier hecho, proyecto o información relevante.

Artículo 3-N.- Son derechos de las personas Activistas de la Información los siguientes:

I. Utilizar los medios electrónicos, digitales, analógicos o cualquier otro medio de expresión o comunicación, para expresar libremente cualquier información;

II. Cuando sean investigados a causa de su activismo informativo, acogerse al derecho del secreto profesional, establecido en el presente ordenamiento;

III. Gozar en los mismos términos del derecho al acceso de las fuentes de información y actos públicos que las personas periodistas; y

IV. No ser investigados en sus datos personales, por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, a causa de la difusión o publicación de alguna información. 

Capítulo III
Junta de Gobierno

Artículo 4.- La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

[…]

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante del gremio de periodistas;

III. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos;

IV. Un representante de las personas activistas de la información;

V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

VI. Un representante de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas; y

VII. Tres representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

El representante de la Secretaría de Gobernación deberá tener un nivel mínimo de Subsecretario; el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Visitador o sus equivalentes, y el de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, el de Comisionado.

Los miembros correspondientes a las fracciones II, III y IV, durarán en su encargo cuatro años, y serán elegidos a partir de la convocatoria pública que para tal efecto emita la Cámara de Diputados, misma que estará dirigida a los gremios correspondientes y a las organizaciones de la sociedad civil especializadas, quienes enviarán sus propuestas.

La presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa por cada periodo de un año entre los miembros correspondientes a las fracciones II, III y IV.

Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán un cargo honorífico, por lo que no recibirán retribución o compensación por su participación.

Capítulo IV
Consejo Consultivo

Capítulo IV
La Coordinación Ejecutiva Nacional

Artículo 17.-[…]

I. a III. […]

La Junta de Gobierno nombrará por la mayoría calificada de sus miembros al Coordinador Ejecutivo Nacional.

Artículo 20.- […]

La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida tendrá a su cargo el Refugio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, que deberá atender de manera expedita a las víctimas o potenciales víctimas de alguna agresión, brindarles protección, seguridad y atención durante el periodo que resulte necesario.

Capítulo VI
Las Unidades Auxiliares

Capítulo VII
Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo

Artículo 24.- […]

I. Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista o Activista de la Información;

II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodista o Activista de la Información;

III. a V. […].

Capítulo VIII
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección

Capítulo IX
Medidas de Prevención

Artículo 43.- Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 44.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.

Se instituye el día 31 de julio de cada año como El Día Nacional Contra las Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 45.- La Federación promoverá las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Capítulo X
Convenios de Cooperación

Artículo 46.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 47.-[…]:

I. a IV. […]

V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información y

VI.[…].

Capítulo XI
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información

Artículo 48.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por quien ocupe la presidencia de la Junta de Gobierno e integrado por un representante de: la Secretaría de Gobernación y el Consejo Consultivo.

Capítulo XII
Inconformidades

Artículo 63.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

[…]

[…]

Capítulo XIII
Transparencia y Acceso a la Información

Capítulo XIV
Sanciones

Artículo 66.- Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, Activistas de la Información, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

[…]

[…]

Artículo 67.- Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, Activistas de la Información, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados contará con 30 días para emitir las convocatorias respectivas para la integración de la Junta de Gobierno conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

TERCERO.- La Coordinación Ejecutiva Nacional contará con 60 días, a partir de su nombramiento, para presentar ante la Junta de Gobierno la propuesta de Reglamento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, conforme a los lineamientos establecidos en la ley.

CUARTO.- La Cámara de Diputados contará con 60 días para realizar las modificaciones presupuestales necesarias que aseguren el funcionamiento y suficiencia presupuestal del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

QUINTO.- El Gobierno Federal deberá prever los recursos financieros suficientes para la ejecución y puesta en funcionamiento del Refugio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 «El gobierno, enemigo de la libertad de expresión», Página 24, 8 de diciembre de 2014,
http://pagina24jalisco.com.mx/local/2014/12/08/el-gobierno-enemigo-de-la-libertad-de-expresion/

2 Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17, del 4 de junio de 2012, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?OpenElement

3 Corte I.D.H., Caso IvcherBronstein. Sentencia de 6 de febrero del 2001. Serie C No. 74, párr. 149. Tal como se menciona en el Informe sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OEA/Ser.L/V/ II.124, doc. 5 rev.1, 7 de marzo del 2006, párr. 79. http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap1-4.htm

4 OEA-ONU, Visita Oficial Conjunta a México, Observaciones Preliminares, OEA-ONU, 2010, p. 2, https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2010%20Observaciones%20Preliminares%20sobre%20visita%20oficial%20a%20México%20(2010).pdf

5 Ibíd. p. 15

6 «Las agresiones a periodistas y defensores en México, el tema ante la ONU», CNN México, 23 de octubre de 2013, http://mexico.cnn.com/nacional/2013/10/23/las-agresiones-a-periodistas-y-defensores-en-mexico-el-tema-ante-la-onu

7 «México, el más peligroso para la prensa en AL: RSF», El Informador, 30 de septiembre de 2014, http://www.informador.com.mx/mexico/2014/551388/6/mexico-el-mas-peligroso-para-la-prensa-en-al-rsf.htm

8 «2013, el año más violento para la prensa en México: Artículo 19 (informe íntegro)» Animal Político, 18 de marzo de 2014, http://www.animalpolitico.com/2014/03/2013-el-ano-mas-violento-para-la-prensa-en-mexico-articulo-19/#axzz349dREpyB

9 «México, tercer país más peligroso para la prensa, alertan», El Universal, 3 de febrero de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para-la-prensa-alertan

10 «Asesinatos de periodistas marcan un “punto de no regreso” en México, alerta Artículo 19», Proceso, 28 de marzo de 2017, http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto-regreso-en-mexico-alerta-articulo-19

11 «Graves violaciones de derechos humanos, de ‘forma reiterada’ en México: HRW», Aristegui Noticias, 27 de enero de 2016, http://aristeguinoticias.com/2701/mexico/graves-violaciones-de-derechos-humanos-de-forma-reiterada-en-mexico-hrw/

12 Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, p. 29, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf

13 Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, p. 29, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf

14 «En 2 años, 89 ataques contra defensores de DH: ONU», Animal Político, 26 de junio de 2013, http://www.animalpolitico.com/2013/06/embargo-hasta-las-1130-en-2-anos-hubo-89-ataques-contra-defensores-de-dh-en-mexico-onu/#axzz349dREpyB

15 Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, p. 34, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf

16 «El caso Marisela Escobedo, ejemplo de turbiedad», La Jornada, 5 de enero de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2015/01/05/edito

17 «Asesinan a madre de joven desaparecida y activista de San Fernando, Tamaulipas», Animal Político, 11 de mayo de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/05/integrante-grupo-desaparecidos-asesinada-san-fernando/

18 «Llamé 30 veces para pedir seguridad y nadie me contestó: Miriam Rodríguez», Aristegui Noticias, 12 de mayo de 2017,  http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/llame-30-veces-para-pedir-seguridad-y-nadie-me-contesto-miriam-rodriguez-video/

19 «ONU-DH: indignante el asesinato de la Sra. Miriam Rodríguez en San Fernando, Tamaulipas», Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para México, 11 de mayo de 2017, http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=965:onu-dh-indignante-el-asesinato-de-la-sra-miriam-rodriguez-en-san-fernando-tamaulipas&Itemid=265

20 Gillmor, Dan, We, the media: grassroots journalism, by the people for the people, Sebastopol, CA, O’Reilly Media, 2006, p. XII

21 Bowman, Shayne y Willis, Chris, Nosotros, el medio, cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y ela información, Reston, Va., The Media Center, 2003, pp. 7-8

22 «Blogueros y prensa deben tener la misma protección, dice un fallo en EEUU», Reuters, 18 de enero de 2014. http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESMAEA0H00M20140118

23•Cfr. «U.S. Court: Bloggers Are Journalists», The Atlantic, 21 de enero de 2014, http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/us-court-bloggers-are-journalists/283225/

24 «Detienen a hombre por grabar excesos de la policía tapatía», El Informador, 12 de julio de 2013, http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/471295/6/detienen-a-hombre-por-grabar-excesos-de-la-policia-tapatia.htm

25 Recomendación 15/2014 de la CEDHJ: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2014/Reco15-2014.pdf

26 Boletín Oficial del Estado (BOE), 20 de junio de 1997, http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-13374-consolidado.pdf

27 Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Clemente Castañeda. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Díaz.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Únicamente para preguntarle al promovente si me permite promover su iniciativa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Diputado Clemente? Que sí, con mucho gusto. Servicios Parlamentarios recoja la firma, por favor.






Se concede el uso de la palabra a la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Migración, en materia de migrantes en situación de vulnerabilidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: “Todos los pueblos, independientemente de su raza o color, deben gozar de los derechos humanos básicos en vez de ser maltratados y discriminados”. Zhou Enlai.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Me dirijo a esta Asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el décimo párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 29 de la Ley de Migración, cuya finalidad es incorporar una visión más amplia en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes, principalmente de los grupos más vulnerables.

En Nueva Alianza, estamos decididos a hacer efectivos los derechos humanos y las garantías de las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, así como las y los indígenas, mediante su visibilización en el texto de la Ley de Migración.

Lo que buscamos es atender la problemática que se presenta en el país, debido al aumento del flujo migratorio.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial, el número de migrantes internacionales alcanzó los 191 millones en 2005, de ellos, aproximadamente una tercera parte se ha trasladado de un país en desarrollo a otro, mientras que otro tercio ha pasado de un país en desarrollo a uno desarrollado.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, mencionan que durante el periodo 2000-2010, la población mundial de migrantes se duplicó con respecto al decenio anterior.

En la década de 1990, la población mundial de migrantes aumentó a razón de unos 2 millones de migrantes al año.

En la década de 2001 a 2010, este crecimiento fue de 4.6 millones de migrantes al año.

Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno, las cifra de la OCDE, refieren que la mitad de los migrantes proviene de 16 países y México encabeza la lista con 11 millones de migrantes, seguido, muy lejos, de China, con 3.8 millones.

El artículo 1o. constitucional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. De este modo, la población migrante, independientemente de su condición jurídica, debe gozar de los mismos derechos que el resto de los nacionales. Para ello se creó la Ley de Migración, publicada en el 2011.

Si bien, el texto vigente de la ley reconoce la equidad entre nacionales y extranjeros, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, la redacción del artículo 2 no incluye los derechos humanos.

Es preciso que la Ley de Migración sea acorde con la Carta Magna, por lo que proponemos que las personas migrantes gocen de las garantías y los derechos humanos que deben de ser resguardadas.

Del mismo modo, buscamos reformar el artículo 29, que en su fracción III dispone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, debe de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, mencionando a niñas, niños y adolescentes para incluir a las personas embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las y los indígenas.

En el grupo parlamentario de Nueva Alianza, tenemos un compromiso irrenunciable con la protección de los derechos humanos. El discurso de protección de nuestros migrantes tiene que ser congruente con el trato que reciben quienes ingresan a nuestro país sin importar su condición jurídica.

En congruencia con lo anterior, estamos proponiendo reformas que son acordes con los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, poniendo al centro de nuestra labor legislativa a los grupos más vulnerables de la sociedad, no es un tema de estadísticas, compañeros legisladores, es un tema de trato digno y de derechos humanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quien suscribe, KARINA SÁNCHEZ RUÍZ, Diputada Federal e integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, con base en el siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como incidir de manera positiva en su desarrollo personal y familiar.

Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde vive para irse a residir a otro lugar se convierte en un emigrante; sin embargo, al llegar a establecerse en un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.1

En estas condiciones, uno de los problemas más recurrentes que tienen los migrantes, es el trato inhumano a las mujeres embarazas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas migrantes, trato que violenta sus derechos humanos.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Migración se ha visto obligado a crear estrategias para frenar dichas violaciones a los Derechos Humanos, así como para erradicar los tratos de esta índole a esos sectores en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizarles un trato humano y digno.

Las personas que forman parte de dichos grupos sociales han tenido que enfrentar muy adversos escenarios económicos, sociales y culturales, en donde, en la mayoría de las veces, han traído consigo una inminente migración laboral hacia donde vislumbran, haya más y mejores oportunidades para que sus familias tengan una mejor calidad de vida.

Según cifras tomadas del Consejo Nacional de Población, de 2005 a 2010, el flujo migratorio internacional dentro del país aumentó de 190 millones a 213 millones; esto, principalmente porque México forma parte del origen, tránsito y destino de la mayoría de los inmigrantes de Centro y Sur América.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecen algunas estrategias y objetivos sobre el tema, tomando en cuenta la obligatoriedad del gobierno de implementar políticas públicas que atiendan este flujo, así como la problemática que enfrentan los migrantes en el país.

Un punto central de tales políticas consiste en otorgar tanto seguridad como certeza jurídica a las personas extranjeras que llegan o atraviesan por nuestro país, así como el aseguramiento de respeto y garantía a sus derechos humanos, pues al ser migrantes, estas personas se enfrentan a numerosos problemas como abusos, tratos inhumanos, secuestros y torturas, principalmente, siendo totalmente violados sus derechos fundamentales.

La situación es de tal dimensión que ya el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Organismos No Gubernamentales están conjuntando esfuerzos para ejercer acciones integrales, con el fin de proteger a los migrantes mexicanos y extranjeros, pues, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, México y los Estados Unidos de Norteamérica conforman el corredor más transitado del planeta.2

De manera particular, esta Iniciativa, acorde a nuestra Agenda Legislativa, tiene como finalidad hacer efectivos los derechos humanos y las garantías de mujeres, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, visibilizándolos en la Ley de Migración, atendiendo así la problemática que se presenta en el país gracias al aumento en el flujo migratorio que se ha generado durante años, el cual trae como consecuencia que una enorme cantidad de personas no cuenten con un trabajo fijo y estable, principalmente jóvenes sin experiencia y mayores de 45 años -en adelante-; en especial, los mayores a 55 años, quienes fueron destituidos de sus respectivos empleos y que, de acuerdo a los expertos, es muy complicado que por ellos mismos consigan un buen empleo, entre otras situaciones coyunturales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y de preservación de la soberanía y la seguridad nacional.

Los desplazamientos espaciales de la población obedecen a una combinación de factores de índole macroeconómica y de decisiones individuales y/o familiares, cuyas motivaciones están generalmente vinculadas a la búsqueda de mejores condiciones de vida, tanto en lo económico y cultural, sea en el lugar de origen de la migración, como en el de destino; pero también, se encuentran ligadas a problemas sociales, políticos y de violencia o inseguridad, así como a desastres naturales.

Con esta perspectiva es posible comprender el fenómeno observable en Chihuahua y Tamaulipas, estados que se caracterizan por sus niveles de movilidad humana vinculada a la inseguridad pública o violencia, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID 2014), en la que se reporta que ambas entidades sobrepasan casi cinco veces el indicador de desplazamiento a nivel nacional.

Aproximadamente, una tercera parte de las personas que en 2009 vivían en cada una de estas entidades se mudaron de lugar de residencia, argumentando algún motivo relacionado con la inseguridad pública o la violencia, en el orden de un 30.1% y 27.1%, respectivamente.

Al respecto, cabe señalar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE INEGI) 2014, colocó a la inseguridad como el problema que más preocupa a la población de 18 años y más en Tamaulipas (70.2%), mientras el promedio nacional se ubicó en 58.1%.

La versión 2014 de la ENADID incluyó un módulo de preguntas sobre la migración internacional, el cual permitió estimar que, durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y septiembre de 2014, un poco más de 719 mil personas salieron al menos una vez del país, con la intención de vivir, estudiar o trabajar en el extranjero.

Históricamente, Estados Unidos de Norteamérica ha sido el principal destino de los migrantes que salen de México. Durante la década de 1990 fue el país que recibió, en promedio, poco más de 95 de cada 100 migrantes internacionales. Para 2014, esta cifra se redujo hasta representar el 86.3%, derivado de una serie de medidas restrictivas por parte del Gobierno del vecino país del norte para la entrada o permanencia de extranjeros en su territorio.

De acuerdo con los datos de la ENADID 2014, el país de destino mantiene una relación con la edad al emigrar; así, en los niños (90.7%); adultos (89.6%) y adultos mayores (93.6%) se observa una prevalencia de emigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica; mientras que en los jóvenes se observa una diversificación en la elección del país al que deciden ir a buscar mejores oportunidades de desarrollo personal, aunque un 82.3% prefiere la Unión Americana.3

A nivel nacional, la tendencia de la migración estatal permanece sin cambios: en 2014 se mantenía en un 3.4%.Baja California Sur (8.2%) y Quintana Roo (8.0%) presentaban la mayor proporción de migrantes internos; sin embargo, no debe pasar desapercibido que seis de cada 100 personas cambiaron de entidad motivadas por la inseguridad pública o la violencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 estimó que en el mundo había 232 millones de migrantes internacionales, lo que representa el 3.2% de la población mundial. Esa cifra, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), podría alcanzar los 405 millones en 2050.4 En tanto, la situación general que se observa en el país es en lo general, la siguiente:

“Según la ENADID 2014, en México la población que reside en una entidad distinta a la de su nacimiento o que nació fuera de México, asciende a 22.1 millones de personas lo que representa 18.5% del total de habitantes del país. La distribución por sexo señala que del total de migrantes absolutos 52.4% son mujeres y 47.6 por ciento hombres.

Las entidades con mayor porcentaje de población no nativa son Quintana Roo (51.3%) Baja California (44.6%) y Baja California Sur (39.6%), entidades caracterizadas por su gran desarrollo turístico o dinámica fronteriza. En el extremo opuesto se ubican Chiapas, con (4.3%), Guerrero (6.4%) y Oaxaca (7.7%) con los porcentajes más bajos de población no nativa respecto al total de su población.

Casi tres cuartas partes (72.4%) de los extranjeros que residen en el país nacieron en Estados Unidos de América; su importancia es tal, que seis de cada mil habitantes del país tienen esta condición.

En cuanto a la composición por edad de los migrantes recientes, destaca la concentración de personas en edades productivas. 48.7% tienen entre 20 y 39 años al momento de la entrevista; 30% tienen entre 5 y 19 años de edad, mientras 20% tiene 40 años y más. De manera general, se observa una menor participación de mujeres en edad reproductiva, entre los 15 y 49 años de edad.

Las entidades de destino con la mayor proporción de migrantes recientes, son Baja California Sur con 8.2%, Quintana Roo (8.0%), Colima y Querétaro, ambas entidades con 5.6%. A Baja California Sur llegan inmigrantes procedentes principalmente de Baja California, Sinaloa y Puebla; Quintana Roo es el destino de personas provenientes de Yucatán, Veracruz y Chiapas; a Colima llega a vivir población especialmente de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, mientras que en Querétaro destacan los inmigrantes originarios de Guanajuato, Hidalgo y Jalisco”.5

Legalmente, el principal apoyo a los derechos de los migrantes se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en diversos Tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pertenecen al tema, mismos que contienen la protección legal que brindan los derechos de las siguientes Declaraciones: La Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Pacto Internacional de 1966, relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio de 1984 para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; la Convención Internacional de 1989 sobre los Derechos del Niño; sin dejar de omitir la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares.

Estos tratados protegen los derechos humanos de las personas y, entre otros, de manera particular, los de la población migrante y, en función de que el Estado mexicano es parte de esos Tratados y Declaraciones, considerados como Instrumentos Internacionales vinculatorios, nosotros, como Legisladores representantes de la Nación, debemos actualizar la legislación nacional a lo estandarizado internacionalmente sobre derechos humanos, con un enfoque afirmativo hacia las mujeres, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas migrantes.

Actualizar la legislación es una tarea irrenunciable, en razón de que el Estado mexicano debe asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos de cualquier persona que viva, pase o se encuentre dentro del territorio nacional, ya sean nacionales o extranjeros. Es una responsabilidad adquirida por parte del Gobierno mexicano y certificada al ser miembro de la ONU y formar parte de los Tratados Internacionales a los que se hizo ya referencia.

Aun reconociendo la situación que viven los mexicanos en su tránsito hacia el vecino país del norte, también es preciso reconocer que los migrantes centroamericanos que atraviesan por nuestro país para dirigirse a la Unión Americana sufren de una serie de abusos debido a que las autoridades responsables de salvaguardar sus derechos humanos hacen caso omiso de su cumplimiento, así como de llevar a cabo las políticas migratorias a las que está obligado el Estado mexicano.

Geográficamente, México es el país más relevante para la migración norteamericana, ya que por nuestro país cruzan millones de personas, nacionales y extranjeros, para trabajar, algunos de forma legal, pero la gran mayoría intenta cruzar sin papeles, o lo que significa lo mismo, ilegalmente.

Es increíble lo incongruente que podría llegar a ser el Estado mexicano al exigir un buen trato hacia nuestros nacionales en los Estados Unidos de Norteamérica, pero ser incapaz de asegurar los derechos fundamentales de los migrantes de Centro y Sudamérica que transitan por nuestro país.

Por ello, es necesario implementar cambios legislativos que deriven en nuevas políticas migratorias que de verdad garanticen los derechos humanos de todas las personas que se movilizan por nuestro territorio, porque es ilógico promover, luchar y exigir un buen trato hacia nuestros compatriotas migrantes, cuando en la práctica, nuestras autoridades y nosotros mismos no somos capaces de dar un trato digno a los migrantes foráneos.

Los factores sociales, políticos, culturales y económicos son los que orillan a los migrantes de América Latina, en general, a abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida y, debido a esto, debemos aceptar y asumir la migración como un medio humanitario que, además de formar parte de los estándares de los Derechos Humanos, forma parte de la tradición internacional de México.

El Derecho Internacional protege a los migrantes en virtud de su dignidad humana, sin discriminación y en igualdad de circunstancias, respecto a los ciudadanos nacionales, no importando su situación administrativa o condición. No obstante, a pesar de lo ya mencionado, siguen sufriendo abusos sexuales, violencia y explotación en países que no son los suyos.

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona que se encuentre dentro de nuestro territorio. Ante esto, a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos los mismos derechos que al resto de los nacionales y, por ende, deben serles respetados; para ello se tiene como instrumento jurídico, la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011.6

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que existe cierta confusión en el empleo de los términos derechos fundamentales y garantías individuales; ello se debe a que el Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenía como denominación el “De las garantías individuales”, el cual fue modificado el 10 de junio del 2011 a “Derechos Humanos y sus garantías”.

Las garantías son los medios con los que cuenta la persona para hacer valer sus derechos. De ahí la diferencia y la confusión al concebir como Garantía, aquella expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo.

Como es de observar, se necesita contar con garantías específicas para que cualquier persona pueda, así, proteger o restablecer sus derechos, al ser las garantías los instrumentos, medios o remedios al alcance de cualquier persona; es decir, son la medida jurídica bajo la cual, el Estado reconoce y protege los derechos humanos.7

Por lo anteriormente expuesto, se proponen dos reformas a la Ley de Migración, consistentes, en el primer caso, en incorporar el concepto de los derechos humanos al de las garantías individuales, armonizando dicha ley con la reforma constitucional en la materia, realizada en el año de 2011, a fin de que en ella se integre la garantía irrestricta al respeto de sus derechos humanos.

La segunda modificación propuesta se orienta al artículo 29 de la misma ley, el cual mandata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del entonces Distrito Federal, en la fracción III, a coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes migrantes, dejando a un lado a mujeres, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, que son, también, personas en situación de vulnerabilidad, acorde a lo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) define como vulnerabilidad, siendo éste un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en la cultura de nuestras sociedades.

La acumulación de desventajas es multicausal y adquiere varias dimensiones; denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales; por ello, cabe recuperar, para efectos de esta Iniciativa, que el objetivo general del Instituto responsable del tránsito migratorio en el país es promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables.8

El Estado mexicano debe prevenir y sancionar cualquier tipo de violación a los derechos humanos, por lo que para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, acorde a su Agenda Legislativa, es imperante la necesidad de establecer cambios legislativos que deriven en políticas públicas orientadas a la salvaguarda de los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre en la República Mexicana, en particular, atendiendo la situación de los migrantes en México, quienes enfrentan numerosas problemáticas por la precariedad con la que ingresan a nuestro territorio nacional, convirtiéndose así, en un sector altamente vulnerable, visibilizando, como una acción afirmativa, el caso de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas y, en tal sentido, se proponen las siguientes reformas a la Ley de Migración, como se exponen en el correspondiente Decreto.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el décimo párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 29, ambos de La Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 2.…

Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, tanto para nacionales como para extranjeros.

Artículo 29.

I. a II.

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas migrantes.

IV.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Karina Sánchez Ruiz.

1 Población http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P

2 Recuperado de http://oim.org.mx/oim-y-el-gobierno-de-mexico

3 INEGI. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE (18 DE DICIEMBRE)” DATOS NACIONALES. PÁGINA 1/18. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/migrante0.pdf

4 Organización de las Naciones Unidas. [ONU]. (2013). 232 millones de migrantes internacionales viven fuera de su país en todo el mundo, revelan las nuevas estadísticas mundiales sobre migración de las Naciones Unidas. Comunicado de prensa del 11 de septiembre 2013, p. 1.3. Recuperado el 10 de septiembre de 2015, de: http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/pdf/press_el_sept 202013_spa.pdf.
Citado en “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE (18 DE DICIEMBRE)” DATOS•NACIONALES http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/pdf/press_el_sept%202013_spa.pdfPágina 2.

5 INEGI. Op cit,página 2

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2.1.3 Derechos Humanos y garantías individuales. http://stj.col.gob.mx/dh/descargables/pdf_seccion/concepto_3_2_3.pdf

8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. http://www.dif.df.gob.mx/dif/quienes.php

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo por el que se establecen los criterios para que las comisiones de trabajo cumplan con las obligaciones específicas de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Conforme al artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión Permanente y sus comisiones de trabajo somos sujetos obligados y tenemos la responsabilidad de cumplir con las disposiciones de dicha ley. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario. Se encuentra a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que se establecen los criterios para que las comisiones de trabajo cumplan con las obligaciones específicas de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Comuníquese a las comisiones de trabajo de esta Comisión Permanente, y se instruye a la Secretaría publicar el Acuerdo en la Gaceta y en el portal electrónico de manera permanente.






Vamos a pasar a la discusión de los dictámenes de la Primera Comisión. Se han recibido 10 dictámenes; de los cuales, 6 hay acuerdo y 4 serán para discusión.

Dicho lo anterior, pasamos propiamente a la discusión de los dictámenes que contienen puntos de Acuerdo sobre los que va a presentar la presidenta de la comisión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Primera Comisión:

1.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar acciones tendientes a reforzar la seguridad en la zona norte de esa entidad federativa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta a implementar estrategias que fortalezcan la prevención y combate del delito.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta al Congreso local del estado de Sonora a realizar reformas que considere pertinentes a sus legislaciones locales en materia de protección civil.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a la PGR a analizar la posibilidad de atraer la investigación de los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en la carretera México-Puebla en contra de una familia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a recibir el apoyo de las campañas de limpieza para el mejor tránsito de los ciudadanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Damos la bienvenida a este Pleno a investigadores del Instituto de Geografía y de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la presencia de funcionarios de la Coordinación de Vinculación de nuestra máxima casa de estudios.

¡Sean todos ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Graciela Ortiz, para presentar los dictámenes.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Me permito presentar, ante ustedes, diez dictámenes que fueron aprobados por la Primera Comisión en la sesión del día de ayer, y que están, desde luego, sometidos a la consideración de esta Honorable Asamblea.

Estos dictámenes tienen que ver con igual número de proposiciones presentadas por diversos legisladores, de las cuales, solamente, para no ser exhaustiva, voy a referir algunos aspectos que me parece que son relevantes.

Abordamos en la comisión cuatro puntos de Acuerdo sobre temas que tienen que ver con el tema de seguridad en el país y particularmente en algunas entidades federativas.

En estas entidades federativas y en estos puntos de Acuerdo se considera que debe de existir una mayor y mejor coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se establezcan y se fortalezcan acciones tendientes a reforzar las estrategias en materia de prevención y combate del delito, sobre todo aquellos delitos de alto impacto que lastiman gravemente a la población, y que ofrecen la posibilidad de que este tema, que es tan importante, que es toral, sea atendido desde las instancias que tienen la competencia para hacerlo, es decir, todas las instancias federales, estatales y, desde luego, las municipales atendiendo este tema.

Hay un dictamen relativo a la seguridad e higiene en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,en la Ciudad de México, y tiene como objeto emitir un exhorto para que se cumpla con el establecimiento de una cultura de limpieza, de higiene y de medio ambiente en cada una de las áreas del transporte público, que permita salvaguardar la integridad física de los usuarios, trabajadores, instalaciones y, por supuesto, del medio ambiente.

De igual forma aprobamos en la Primera Comisión el punto de Acuerdo concerniente a los programas de reforestación en la Ciudad de México, en específico, para conocer los avances relativos a la campaña que en ese ámbito se desarrolla en esta ciudad derivada de la pérdida de árboles por distintas causas.

También se emite un exhorto al gobierno y delegaciones de la Ciudad de México a fin de observar la Norma 2015, con el fin de evitar que continúe la pérdida de árboles.

Por supuesto, tratamos en la comisión el tema de los lamentables hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en la carretera México-Puebla, en donde un menor fue privado de la vida y dos integrantes de su familia fueron ultrajadas, lo que ha merecido nuestra atención pronta para emitir el exhorto correspondiente, para que dentro del marco jurídico aplicable se realicen las investigaciones y se dé con el paradero de los responsables de esta agresión en aras de procurar justicia lo más pronto posible, a la vez de que se provea la atención integral que corresponda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En otro tema, asumimos la preocupación que ha sido motivo de un punto de Acuerdo sobre la licitación pública internacional del IMSS, para la contratación plurianual de servicios de seguridad subrogada a nivel central de delegaciones y centros vacacionales.

Al respecto, en este proyecto, que está a su consideración, tomamos en cuenta que esta preocupación es atendible dado que se trata del ejercicio de recursos federales que deben ser aplicados con transparencia y eficacia.

Aquí, en esta comisión, por supuesto valoramos las acciones que ya ha llevado a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social para dar a conocer tanto las razones que dan sustento a una licitación plurianual, como los pasos que se han dado para dar publicidad y transparencia al proceso de licitación que aún no concluye, así como la intervención puntual en dicho procedimiento que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el propio testigo social designado por dicha secretaría.

Finalmente, respecto a la solicitud de comparecencia que se formula al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en correspondencia con el Acuerdo que aprobamos en la Primera Comisión, establecimos que como criterio de trabajo para el desahogo de estos asuntos, que se atienda, en primera instancia, con la solicitud de un informe respecto del estado que guardan los bienes bajo su resguardo, así como de los procesos de enajenación que se han venido desarrollando, lo que sin duda generará información valiosa que esta Comisión Permanente pueda tener a consideración.

Están pues sometidos a la consideración de las señoras y señores legisladores estos 10 asuntos que fueron aprobados el día de ayer en la Primera Comisión, motivo por el cual agradezco a los integrantes de la comisión la puntualidad en las tareas que ayer revisamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Recuerdo a la Asamblea que, efectivamente, fueron aprobados 10 dictámenes y los hemos separado, los que no tenían discusión, que son seis, que son los que vamos a votar, y cuatro, que tengo oradores para hacer la discusión, al final.

Con esa salvedad, de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, han sido aprobados los Acuerdos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos ahora la discusión de los dictámenes que recibimos de la Segunda Comisión, recibimos 16 dictámenes, de los cuales 11 tenemos acuerdo y 5 no.

Vamos a proceder a la votación, primero, de los 11, y separamos los 5.

Dicho lo anterior, procedemos a la discusión de los dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de las materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Segunda Comisión, éstas son:

1.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe del estado que guarda la situación del personal del Hospital “Rafael Pascasio Gamboa”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta a instrumentar los mecanismos necesarios para que se cuente con información pública sobre el ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre la instrumentación y operación del Programa Pensión para Adultos Mayores durante los ejercicios 2016 y 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a analizar e instrumentar acciones para ser más eficientes y optimizar los procesos contemplados en la “Convocatoria para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa 2017”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a iluminar de color violeta del 5 al 7 de mayo, edificios y monumentos representativos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a informar cuáles son las instalaciones hospitalarias en el país que han sido certificadas como “Hospital Seguro”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta a instrumentar acciones de fomento e inclusión del físico-constructivismo en la formación deportiva de las personas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud en su calidad de instancia que preside el Consejo de Salubridad General, a analizar la posibilidad de someter a consideración de esa instancia la cobertura sobre lo relativo al tratamiento para la atención de la esclerosis múltiple.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el enfoque preventivo, así como el de promoción y educación para la salud en la Semana Nacional de la Salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento público a la Universidad Nacional Autónoma de México, por el trabajo desempeñado en su contribución para obtener la homologación como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Colima, Michoacán y Jalisco a analizar la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre lo factible de construir y operar un centro de rehabilitación y educación especial que proporcione la atención a las personas con discapacidad de las tres entidades federativas que así lo requieran.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario.

Denle volumen, por favor, en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Solamente compartirle, tomando en cuenta la inquietud del grupo parlamentario del PAN, sobre incluir en la discusión del día de hoy, el tema concreto que tiene que ver con el estado de Coahuila.

Quiero, primero, agradecer a los compañeros que han firmado esta carta, que haremos entrega al Presidente de la Mesa Directiva, en donde estábamos solicitando que sí se discutiera el tema Coahuila, el exhorto para que en uso de sus respectivas atribuciones y competencias, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiguen de manera puntual el desvío de recursos a cuentas en el extranjero por parte del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y de su hermano,el señor Humberto Moreira Valdez, así como de sus respectivos familiares.

Agradezco que este documento lo hayan firmado diversos partidos políticos, comenzando por el Senador Fernando Herrera, el Diputado Marko Cortés, el Senador Benjamín Robles Montoya, la Senadora Dolores Padierna, el Diputado Jesús Zambrano, el Diputado Clemente Castañeda, el Senador David Monreal, el Diputado Vidal Llerenas, entre otros compañeros que signaron.

Y la petición concreta, señor Presidente, es que en cuanto sea instalada la Comisión de Elecciones, que sabemos se discutirá en un momento, más adelante de esta sesión, este tema pueda ser el punto número uno a discusión, el tema de Coahuila, el día de mañana que quedará instalado, y esto también ya lo platicamos con los compañeros del PRI, para que así sea.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. Les recuerdo que estamos en un procedimiento de discusión de dictámenes.

Sonido en el escaño del Diputado Edgar Romo.

El Diputado Edgar Romo García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para refrendar el compromiso, también, del grupo parlamentario del PRI, de los Senadores y Diputados, para que, efectivamente, transcurra esta sesión con los asuntos que son de interés nacional y otros más que también tienen una importancia de vida, como es desahogar los dictámenes que se aprobaron ahí, durante las comisiones, y estamos dispuestos también a solicitarle que sea el primer asunto que se vea en la comisión o la comisión especial que se conforme para ver procesos electorales, que sea el primer asunto que se discuta en esta comisión, igual ratificando nuestra anuencia a tal efecto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Edgar Romo. Y esta Mesa Directiva siempre celebrará los Acuerdos entre los señores legisladores, los felicito. Si me hacen llegar el documento para revisarlo y poderlo procesar.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Maricela Contreras, para presentar los dictámenes.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

A nombre de mis compañeras y compañeros de la Segunda Comisión, presento los proyectos de dictamen que aprobamos por unanimidad.

El consenso es aprobar 16 dictámenes, 16 asuntos sobre materias que son de especial interés para la sociedad.

Sometemos a su consideración diversos exhortos, tanto dependencias del gobierno federal como las entidades federativas sobre temas de salud, género, educación, medio ambiente, programas sociales y política exterior, temas en los que proponemos acciones para fomentar estilos de vida saludables, con énfasis en una adecuada alimentación, así como fortalecer el enfoque preventivo y de prevención a la salud, para combatir los problemas y las alarmantes cifras de diabetes que están causando muertes y que pueden ser prevenibles, así como el sobrepeso.

También se aprobaron acciones concretas para visibilizar procedimientos que no han recibido atención suficiente, pero que cobran la vida de muchas personas y que significa un gasto para las familias.

Con las propuestas que están a consideración podrán diseñarse políticas públicas de atención para la esclerosis múltiple o la hipertensión pulmonar, además de contar con información de las instalaciones de salud que han sido certificadas como “Hospitales Seguros”.

Se busca también reconocer derechos de sectores que son tradicionalmente marginados y discriminados por la omisión en las leyes o en las políticas del Estado.

Proponemos que exista una mesa interinstitucional que coordine la Secretaría de Gobernación, en la que participen las dependencias y entidades federativas, y se apliquen acciones a favor de las mujeres afrodescendientes y que habitan en nuestro país.

Además, que se establezcan mecanismos para optimizar los recursos asignados a los refugios para víctimas de violencia de género. La importancia es para que se evite el subejercicio en tan importante programa que ha salvado muchas vidas de mujeres y sus hijos.

Se pone también a consideración una solicitud sobre una posible ampliación presupuestal para el Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres, pues se han obtenido resultados favorables y se ha sufrido una disminución de recursos que puede afectar la atención de las mujeres con esta afección.

Por otra parte, también solicitamos un informe a la Secretaría de Desarrollo Social sobre la operación del programa “Pensión para Adultos Mayores”, para que contemos con elementos de análisis y formulemos propuestas en su mejora.

Destaca una propuesta para la Comisión Nacional de Seguridad, así como para los gobiernos de los estados para que realicen investigaciones de detección y desarticulación en redes sociales sobre el denominado reto “Ballena Azul”, se solicita emitir alertas correspondientes por representar un peligro para la seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes, además de realizar campañas para prevenir cualquier riesgo.

Este reto ha llevado al suicido a niñas, niños y adolescentes de otra parte del mundo y ya se ha detectado que se han presentado casos en nuestro país.

También estamos solicitando a los congresos locales para que instalen una unidad de género y un centro de estudios para que puedan tener insumos y se legisle con visión de género, que tanta falta nos hace y que en ningún congreso local se cuenta.

En la lógica también de fortalecer la infraestructura en salud se propone a los estados de Colima, Jalisco y Michoacán se realice un diagnóstico para la construcción de un centro de rehabilitación, educación especial que beneficie a las personas con discapacidad de las tres entidades.

Por otro lado, buscamos coadyuvar en la problemática laboral que se presenta en el Hospital “Rafael Pascacio Gamboa”, solicitando información al gobierno de Chiapas, además para que se coadyuve para garantizar la salud…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Diputada, perdón que la interrumpa, discúlpeme.

Señores Diputados y Senadores, por favor, está presentando los dictámenes la Diputada, les pido, por favor, tomar sus lugares y poner atención a la oradora, hay mucho ruido en la Asamblea.

Adelante Diputada.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Buscamos también coadyuvar en la problemática laboral que se presenta en el Hospital “Rafael Pascacio Gamboa”, solicitando información al gobierno de Chiapas, además para que se coadyuve en garantizar la salud de las personas que se encuentran en huelga de hambre.

Y coincidimos en que la Comisión Permanente otorgue un reconocimiento público a la UNAM, porque se logró el nombramiento de Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del Estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca por parte de la UNESCO.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Vamos a entrar a la discusión de los dictámenes de la Tercera Comisión. Se recibieron 8 dictámenes, de los cuales hay 4 sin reservas y 4 con reservas.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta de las materias de los dictámenes de la Tercera Comisión:

1.- Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que remita la versión pública del estado que guarda una investigación de denuncia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, un informe sobre los avances en el diálogo respecto al pliego petitorio presentado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de dicho municipio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita al gobierno de Colima un informe que detalle las condiciones en que se otorgó a la empresa Fiesta Zafafi, S.A., de C.V., el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita un informe sobre la naturaleza jurídica y los ingresos de todos los tramos carreteros del estado de Sonora.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Y al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor, al Diputado Vidal Llerenas.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Nosotros quisiéramos hacer solamente una aclaración de parte del grupo parlamentario de Morena, nosotros no reservamos el punto de Acuerdo relativo a la investigación de la Secretaría de la Función Pública, con relación al enlace legislativo de Pemex, la señora Rosario Brindis, en ánimo, pues de que esto proceda con la mayor celeridad y tengamos la mayor información posible.

Sin embargo, reiteramos nuestra posición en el sentido de que esta funcionaria sea separada de su cargo en el tiempo de la investigación, que haya una investigación por parte de la Procuraduría y que la Auditoría Superior de la Federación investigue en el caso.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está reservado, vamos a ir luego a su discusión, pero tomamos nota.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Nosotros reservamos en ánimo..., pero queremos reiterar.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Se lo agradecemos mucho. Tomamos nota en la Mesa Directiva. Gracias, Diputado Llerenas.

Y ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Baja California a implementar acciones en materia de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Y tengo registrada a la Diputada Luz Argelia Paniagua, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Si alguien más desea hacer uso de la tribuna, por favor, indíquenmelo para registrarlos.

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Estimadas legisladoras y legisladores:

El dictamen con punto de Acuerdo que nos presenta la Primera Comisión para la regularización y registro de autos de procedencia extranjera que ingresan a nuestro país, responde a la necesidad de garantizar la seguridad y protección a toda la población mexicana por la creciente actividad ilícita en delitos como el robo, el homicidio o el secuestro que se han originado en el estado de Baja California, y se han replicado en otras entidades de la República.

Me congratulo aquí. Soy Diputada Federal por Baja California, del PAN, porque el dictamen que se presenta el día de hoy, ha sido una demanda y manifestación ciudadana constante al respecto.

Este exhorto a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tiene la finalidad de que se concrete un programa de regularización definitiva de autos usados de procedencia extranjera, para que con esta acción el estado de Baja California proteja mejor a sus habitantes.

La inscripción de dichos vehículos al padrón vehicular, el pago de impuestos y derechos a los que haya lugar, inhibiría sustancialmente mediante la actividad delincuencial y sería una forma efectiva de combatir el crimen organizado.

Si bien es cierto que el gobierno federal en 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, este Decreto cuenta con una prórroga para finales de este año.

Se hace necesaria la implementación de acciones concurrentes por parte de los tres órdenes de gobierno, para reforzar la seguridad ciudadana y cerrar espacios de operación a la delincuencia organizada a través de un programa de regularización y registro efectivo de este tipo de autos de procedencia extranjera.

La entrada irregular de autos de procedencia extranjera a nuestro país, se ha convertido en un asunto de seguridad pública en todo México. De ahí la necesidad de contar con los mecanismos legales y administrativos para normar eficientemente su ingreso, saber quiénes los adquieren y en dónde.

La importación definitiva de vehículos se encuentra regulada por la Secretaría de Economía, debiendo presentar para su ingreso al país un permiso previo por parte de esa dependencia. No obstante lo anterior, existen diversas excepciones a la presentación de este permiso previo de importación.

Muy recientemente el SAT publicó nuevas reglas para la importación de vehículos usados con las cuales pretende restringir la internación de unidades robadas, siniestradas, inseguras, o que rebasen los límites permitidos de emisiones contaminantes. Además, se tiene que verificar la autenticidad de los certificados ambientales a través de las bases de datos o fuentes de información de las autoridades de los estados que conforman los Estados Unidos, o bien, de las bases de datos particulares que se encuentran disponibles electrónicamente.

Todas estas medidas mencionadas anteriormente, se reforzarían con la participación de gobiernos municipales y estatales en el Registro Único de Autos Usados de Procedencia Extranjera, además de que contribuirá a reforzar la seguridad pública en nuestro país.

Por todas estas razones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor del dictamen de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Paniagua Figueroa.

Ya no tengo oradores registrados. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a remitir un informe sobre los avances relativos a la campaña de reforestación implementada en la Ciudad de México. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión, y tengo registrada a la Diputada Lia Limón.

Si alguien más quiere hacer uso de la tribuna, por favor hágamelo saber para registrarlo.

La Diputada Lia Limón García: Con su permiso, Senador Presidente.

Los bosques, estimadas compañeras y compañeros legisladores, juegan un papel fundamental para la producción de aire limpio, la reducción de emisiones contaminantes y para enfrentar el cambio climático, lo cual cobra mayor importancia para las grandes ciudades.

En ese sentido, la conservación y el manejo sustentable de los bosques y las áreas verdes en las zonas metropolitanas debe ser un tema prioritario en la agenda de los distintos órdenes de gobierno.

La Ciudad de México cuenta con importantes zonas de conservación, que son ricas en recursos forestales, entre las que se encuentran el Bosque de Chapultepec, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, el Bosque de Tlalpan, las Cumbres del Ajusco, el Cerro de la Estrella, Lomas de Padierna y el Desierto de los Leones, entre otros.

La conservación y protección de estos lugares es fundamental para reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y proteger la salud de sus habitantes.

No obstante, la deforestación en algunas de estas áreas, y el derribo de árboles en otras partes de la ciudad, se ha convertido, como bien lo señala el punto de Acuerdo que fue presentado y que estamos discutiendo, en un problema que amenaza con agravar el tema de la contaminación y los efectos negativos del cambio climático en nuestra ciudad.

De acuerdo con la Organización de Ecomunidades, Red Ecológista de la Cuenca de México, la construcción de grandes obras, complejos habitacionales, plazas y centros comerciales, ha provocado la tala de al menos 20 mil árboles en los últimos años.

Estas obras han implicado el derribo de importantes cantidades de árboles, tal es el caso de la construcción del Viaducto Elevado Bicentenario, la Autopista Urbana Oriente y la Línea 6 del Metrobús.

De acuerdo con la norma que establece los requisitos y especificaciones para el derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México, toda persona física o moral que derribe o trasplante un árbol, deberá hacer una restitución física o económica en cada caso.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con un Programa de Reforestación, cuyo objetivo es llevar a cabo el saneamiento, la reforestación de avenidas y camellones importantes, con especies adecuadas a las condiciones climáticas.

La pérdida de un árbol equivale al aumento de entre 10 y 30 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera cada año, por lo que constituye un evento de gran relevancia para el país, y en este caso, para la Ciudad de México.

Por ello, verificar que las normas ambientales sean respetadas y que los programas de reforestación cumplan con su objetivo en tiempo y forma, debe ser un tema prioritario.

Compañeras y compañeros, el cuidado al medio ambiente y el combate al cambio climático son temas en los que México ha asumido un compromiso relevante a nivel nacional e internacional.

En estos temas la lucha contra la tala ilegal y la reforestación, son aspectos fundamentales que deben ser impulsados y fortalecidos en todo el país.

En la Ciudad de México el tema de la deforestación cobra mayor importancia por el impacto ambiental que puede tener en la calidad del aire.

Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, felicitamos el que se haya presentado este punto de Acuerdo, y estamos a favor del dictamen, esperando contribuir con ello al combate al cambio climático y a la reforestación de la Ciudad de México.

Es fundamental que se trabaje en este tema, y en la Ciudad de México ustedes pueden ver lo que se vive día a día con la calidad de nuestro aire, es de enorme importancia poner atención en este Programa de Reforestación.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Lia Limón.

Seguimos en la discusión, y me ha solicitado el uso de la tribuna el Diputado Jesús Zambrano.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, Senador Presidente.

Sólo para comentar, el PRD también, desde luego, acompañó a la comisión y la acompañará aquí en el Pleno, el punto de Acuerdo, para que se dé toda la información que al respecto se requiere, aunque es una información, debo decirlo con mucha claridad, que ya se ha hecho pública.

Hay un conjunto de normas con las que se guía la acción del cuidado al medio ambiente de la Ciudad de México, que en un sentido amplio, la capital de la República se extiende más allá de los límites territoriales de la propia Ciudad de México, abarca más de 20 millones de habitantes, no sólo los 8 ó 9 que están residiendo en el territorio de la Ciudad de México.

Y que también debe tomarse en cuenta que el gobierno de la Ciudad de México tiene normas ambientales mucho más rígidas que la Norma Oficial Mexicana, y que además incluso cada vez que se han hecho solicitudes de información públicas a través del Infodf, o InfoCDMX ahora, se ha dado esta respuesta, se ha dado esta información, está disponible en páginas de internet, cómo se han ido recabando recursos para el Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México, y que al mismo tiempo se han estado exigiendo que se cumplan absolutamente todas las normas, subrayo, son más rígidas en la Ciudad de México que en otras partes de la República, y aunque es pública la misma, también por supuesto que nosotros apoyaremos cualquier petición de ampliación, de información, para que todo mundo esté ceñido a las normas que nos estamos dando.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jesús Zambrano.

Ya no tengo oradores registrados. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado. Comuníquese.






Antes de entrar al tercer dictamen, informo a los grupos parlamentarios que no hemos recibido el Acuerdo al que hizo alusión la Senadora Gómez del Campo. Les pedimos que hagan llegar a la Mesa Directiva dicho Acuerdo. No tenemos dicho Acuerdo, les pedimos nada más que nos lo hagan llegar, si son tan amables.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a remitir un informe respecto a la situación que guardan los bienes que se encuentran bajo su resguardo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión, y se ha registrado la Diputada Claudia Sánchez.

Tiene el uso de la palabra, Diputada Sánchez Juárez.

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, señor Presidente.

El SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ha estado involucrado en casos tan relevantes como el de Oceanografía, Ferronales y el caso de Luz y Fuerza del Centro, estos son los casos más relevantes en la administración de empresas privadas y paraestatales del SAE.

Pero también hay temas de aseguramiento de bienes-inmuebles, de bienes-muebles, joyas, automóviles y de valores, también de dinero, y hay una falta clara de rendición de cuentas.

Quiero decirle que en la propia consideración que hace la Primera Comisión, se reconoce que desde 2016 es la única publicación seria que ha tenido el SAE respecto de los bienes, muebles e inmuebles que han subastado o que están en su administración.

Considero que esta es una práctica de opacidad sumamente preocupante, porque estamos hablando de empresas productivas, pero además estamos hablando de dinero que falta, en donde falta transparencia, en donde a esta Soberanía se le tiene que rendir puntual consideración de lo que está teniendo en su administración el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

También existe la preocupación de que haya, y aquí quiero ser muy enfática, la tentación de la Secretaría de Hacienda, a través de este organismo, de donar dinero o bienes en especie a las campañas, a los estados y municipios en donde se estén celebrando campañas políticas en este momento.

La ley marca que 90 días antes de llevado el proceso electoral, se tienen que parar los programas sociales y federales.

Queremos hacer una invitación para que la Secretaría de Hacienda evite tener la tentación de llevar esos recursos a lugares, a estados, a municipios donde se estén llevando a cabo elecciones, concretamente en los estados de Coahuila, Estado de México, Veracruz y, por supuesto, Nayarit.

Ante esta opacidad, creo que no es suficiente que nos dé un informe el SAE, y en la propuesta original se invitó al titular del SAE a que comparezca ante esta Soberanía.

Quiero reiterar esta invitación que se hace de manera muy respetuosa y valorar si es pertinente la continuación de las funciones del SAE, o bien, esas mismas funciones se pasen a alguna otra institución que ya esté en funciones, puede ser el SAT y esto también por las consideraciones de austeridad que tanto hace mención el gobierno federal.

Por su atención, muchísimas gracias.

 El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Claudia Sánchez.

No tengo oradores registrados, por lo tanto, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, ha sido aprobado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se considera atendida la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer su función de control y fiscalización dentro de una Licitación Pública Internacional. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión, y me ha pedido el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza y el Senador Benjamín Robles.

Senador Benjamín, por favor, si es tan amable.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muy amable, Senador Isidro. Compañeras y compañeros legisladores:

Quisiera robarles varios minutos de su atención para tocar este tema que suscribió el Senador Miguel Barbosa, con el respaldo de varias Senadoras y legisladores del Partido del Trabajo y de Morena.

Miren, con relación al resolutivo de la Primera Comisión respecto de esta proposición que buscaba la intervención directa de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de que ejercieran sus funciones de control y vigilancia en una licitación muy particular, muy importante que no podemos dejar que continúe su proceso, es la Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017, realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Permítame precisar lo siguiente:

Este punto de Acuerdo, compañeras y compañeros, se dictaminó con base, y esto es muy grave, hay que decirlo, en una búsqueda de internet en la que se ubicó un comunicado del Seguro Social en el que obviamente esa institución justifica su actuación irregular dentro de este proceso de licitación.

Ese sólo hecho de que busquemos que el argumento sea un documento encontrado en Internet, a mí me parece en extremo delicado.

Además se omite razonar, se omite fundamentar el por qué no se da vista a las instancias de control ya mencionadas que son, en todo caso, las que deben pronunciarse respecto a la legalidad de la presente licitación, tomando en cuenta, legisladoras y legisladores, tomando en consideración que existen múltiples irregularidades en el proceso, en materia de plurianualidad, reducción de plazos y falta de solidez en el procedimiento.

Compañeras y compañeros, en este tipo de procedimientos, una comisión dictaminadora no debe pasar por alto la necesidad de contar con elementos contundentes que permitan establecer si una licitación de tal magnitud es apegada o no a los procedimientos normativos, pues compañeras y compañeros, existen instancias constitucionales encargadas de esta supervisión, que son las que deben pronunciarse respecto del fondo de lo que hemos argumentado.

Por lo que con todo respeto no podemos admitir, lo debo señalar con mucha firmeza, un dictamen que se sustente, ¡válgame Dios!, en un boletín de prensa que evidentemente no tiene las formalidades técnicas ni jurídicas para verificar lo que ahí está señalado.

Finalmente, Senador Presidente, el dictamen también es omiso, puesto que deja evidentemente sin dar atención a cuatro puntos propuestos inicialmente en los que necesariamente habría que darle vista a la Secretaría de la Función Pública y en particular a la Auditoría Superior de la Federación para que realice las funciones de control y vigilancia sobre el ejercicio del presupuesto federal.

Legisladoras y legisladores de esta Comisión Permanente, éste no es un asunto menor, porque forma parte de un conjunto de situaciones que hoy siguen ocurriendo en el Seguro Social y que ameritan una explicación.

Miren, compañeras y compañeros, precisamente hoy en nuestro Orden del Día está un punto de Acuerdo en el que solicito al director del Seguro Social, rinda cuentas sobre el manejo y destino de los recursos de cesantía y vejez de miles de trabajadores del Instituto que no saben dónde están esos recursos que les pertenecen.

Esperaría, Senador Presidente, que se pudiera, en primera instancia, revisar el retirar este punto, regresarlo a comisiones dictaminadoras y que no se pretenda desechar en este momento este punto de Acuerdo.

Insisto, es urgente que se explique al pueblo de México lo que está pasando en el Seguro Social, que es una institución fundamental para nuestro país.

Solicito, pues, dos cosas, señor Presidente, se valore retirar el dictamen y, en su caso, pues advierto que nosotros votaremos en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros miembros de esta Comisión Permanente:

Quiero pedirles que en un acto de congruencia nos sumemos, aquí hay muchos puntos encaminados, hay intervenciones, hay una participación individual de muchos de ustedes, de no permitir en este país la impunidad y la corrupción.

Este tema pareciera que no tiene trascendencia, pero en este tema se están discutiendo 3 mil 271 millones de pesos en una licitación.

Esta es una licitación internacional y tiene que ver con la compra del Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE’s y Centros Vacacionales, por un periodo de 36 meses con este presupuesto que les acabo de mencionar de 3 mil 271 millones de pesos.

Si nosotros podemos dejar y hacemos que pase esto sin hacer nada vamos andar lamentándonos nuevamente de circunstancias, de saqueo a las finanzas públicas.

Este es de alta responsabilidad, que tenemos que ver que en los sistemas de salud de nuestro país sí exista una empresa, una compañía aplicando el servicio de seguridad privada, pero también que se respeten los procedimientos.

Se ha hecho público en los medios de comunicación quejas, son más de 4 mil inmuebles los que van a estar en manos de este servicio subrogado de vigilancia, y se han hecho llegar quejas a través de los medios de comunicación.

Voy a decirles que las inconformidades fueron interpuestas por cuatro empresas, el 9 de mayo pasado, las cuales están en proceso de análisis.

Las empresas denunciantes son Operadora de Alimentos Industriales Teka; Equipos de Seguridad Balística Medio Oriente; Importaciones en Tecnología Digital, Alarmas y CCTV Technovichs y Operadora Arrendamiento Automovilístico y Maquinaria Pesada del Centro.

Dichas empresas solicitan revisar la legalidad del contenido de la convocatoria, publicada el 18 de abril de 2017, y la premura en las fechas para la licitación.

Voy a pedirles a las compañeras legisladoras que me den chance de acabar de leer.

Digo, está muy buena la chorcha ahí, pero, compañeros, este tema es más importante.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A ver, Diputados, Senadores, por favor, atendamos al orador.

Adelante.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Dichas empresas solicitan revisar la legalidad del contenido de la convocatoria publicada el 18 de abril de 2017, y la premura en las fechas para la licitación, en virtud de que señalan que en los actos impugnados contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al no fundar con razones precisas los motivos por los que se desecharon las propuestas.

Según el IMSS, dice que va haber ahorros y que se estima que cuando menos son 180 millones de pesos, lo que equivale al 5.5 por ciento de esto.

Por tal razón, este asunto, que es una compra consolidada, debería abordarse.

En primer lugar, que se agote la compra consolidada de 2016 de todas las claves de medicamentos y de material de curación que se encuentran pendientes todavía; las licitaciones para el tamiz neonatal y del VIH que no han sido convocadas siquiera; y lo que corresponde a la hepatitis C, tampoco se ha licitado la compra de estas herramientas médicas para los laboratorios.

Y entonces, si está pendiente esto, ya están preparado esta licitación de compra consolidada de 2017, es lo grave de esto, por eso se cuestiona la urgencia con la que se está viendo aquí.

Y que además, este carácter urgente de este servicio subrogado debe, la urgencia debe darse en prioridad de medicamentos, no en materia de la protección de esto.

Por eso, con el permiso de la Presidencia y de ustedes, compañeros, quiero hacer una sugerencia de modificación a este punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cite a comparecer al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que informe a detalle respecto a todas y cada una de las etapas del procedimiento de la Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017, para la contratación plurianual del Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales, así como de la existencia y cumplimiento de las recomendaciones previas que, en su caso, haya emitido la Comisión Federal de Competencia respecto de dicha licitación.

Asimismo, que explique el por qué está fomentando la formación irregular de cirujanos al margen del Programa de Residencias Médicas, ya establecido a nivel nacional por la Secretaría de Salud, lo que ocasiona una atención deficiente por parte del médico tratante al no contar con la formación oficial y certificada necesaria para resolver patologías correspondientes a un especialista en cirugía general.

Están improvisando en marcos del ahorro a médicos para atender temas especiales en el caso de la cirugía.

Y rinda cuentas sobre el funcionamiento del Programa de Sustitución Terapéutica de ese instituto y los resultados observados con relación a su efectividad, seguridad y calidad de los tratamientos a los que se aplica. Asimismo, informe, en su caso, de la creación de un área de farmacovigilancia para la investigación sobre la efectividad de los fármacos sustitutos y los protocolos de seguimiento sobre la seguridad de los medicamentos, seguimiento al apego terapéutico y, en su caso, de las reacciones adversas de los mismos.

Le voy a entregar al señor Presidente esta modificación al dictamen porque fue presentado en motivo de desecharlo, y es un asunto grave, que para ustedes pueda dejarse pasar así como así, y de esta manera pedir que comparezca el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y aclare estos temas que son de relevancia.

Sé que ustedes son responsables, congruentes y que tienen esa preocupación de perseguir, evitar la opacidad en nuestro país, y más en el régimen de seguridad social.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

Por lo que entiendo, a ver, si me ponen atención, para dar trámite a lo que nos ha pedido el Senador.

Pediría a la Secretaría que dé lectura a la modificación que ha pedido el Senador Isidro, para votar si se admite a discusión. Si se admite a discusión, se abre la discusión y luego votamos si se aprueba o no se aprueba, si no, queda desechado.

Le pido a la Secretaría dé lectura, por favor.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura, señor Presidente.

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con el objeto de que:

1.- Explique del por qué se está fomentando la formación irregular de cirujanos al margen del Programa de Residencias Médicas, ya establecido a nivel nacional por la Secretaría de Salud, lo que ocasiona una atención deficiente por parte del médico tratante al no contar con la formación oficial y certificada necesaria para resolver patologías correspondientes a un especialista en cirugía general.

2.- Rinda cuentas sobre el funcionamiento del Programa de Sustitución Terapéutica de ese instituto, de los resultados observados con relación a su efectividad, seguridad y calidad en los tratamientos en los que se aplica.

Asimismo, informe en su caso de la creación de un área de farmacovigilancia para investigación sobre la efectividad de los fármacos sustitutos y para los protocolos de seguimiento sobre la seguridad de los medicamentos, seguimiento al apego terapéutico y, en su caso, de las reacciones adversas a los mismos.

3.- Informe a detalle respecto a todas y cada una de las etapas de procedimiento de la Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017, para la contratación plurianual del Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales, así como de la existencia y cumplimiento de las recomendaciones previas que en su caso haya emitido la Comisión Federal de Competencia respecto a dicha licitación.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, no se admite a discusión.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se desecha. Muchas gracias.

Toda vez que no tengo más oradores registrados, le pediría a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que estábamos discutiendo.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se tiene por concluido el asunto. Archívese el expediente.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diseñar y aplicar acciones para fomentar estilos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría le dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión. Han solicitado el uso de la palabra la Diputada Ruth Tiscareño Agoitia y la Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Adelante, Diputada Tiscareño Agoitia.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señor Presidente.

Hace más de 2000 años, Hipócrates, Padre de la Medicina, descubrió la relación entre la alimentación y la medicina; y en el siglo XXI está claro que una buena nutrición es la base de toda salud.

Hoy México enfrenta importantes retos en materia de desarrollo escolar infantil y juvenil: Malas calificaciones, deserción, abandono escolar, así como bajos niveles de desempeño.

Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 evidenció que 3 de cada 10 niños; y 4 de cada 10 adolescentes en nuestro país padecen de sobrepeso u obesidad.

De acuerdo con la OCDE, uno de los factores que contribuyen a esa problemática es la mala alimentación, que se agrava con la creciente oferta de productos de escaso valor nutricional y alto contenido calórico, conocidos comúnmente como “comida chatarra”.

Es alarmante que un menor de edad tenga cuatro veces más posibilidades de encontrar un dulce que una verdura en la cooperativa de su escuela.

De hecho, 8 de cada 10 de las cooperativas de las primarias en el país ofrecen dulces y botanas industrializadas y refrescos.

En contraste, sólo la mitad vende agua pura, y las cifras disminuyen todavía más para productos nutricionales como el yogurt y la verdura fresca o la leche.

Compañeras y compañeros legisladores, el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Educativa, señalando en su Artículo Quinto Transitorio, numeral 3, inciso c), la prohibición en todas las escuelas de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Asimismo, como parte de dicha reforma transformadora, el 11 de septiembre de 2013 se adicionó el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación para establecer que la SEP emitiera los lineamientos a los que deben sujetarse el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas dentro de todas las escuelas, prohibiendo todo alimento que no favorezca la salud de nuestros niños.

Votaremos a favor del presente dictamen para que las Secretarías de Educación Pública y la de Salud en coordinación con las dependencias respectivas de las entidades federativas, diseñen y apliquen acciones para fomentar estilos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en una adecuada alimentación.

El futuro de México depende de las acciones de prevención que realicemos hoy, por eso debemos emprender acciones que garanticen el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a alimentarse adecuadamente para gozar de una buena salud.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Tiscareño Agoitia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Gracias, con su venia, señor Presidente.

La protección de la salud representa un derecho fundamental de toda la población y un igualador social que permite una mejor calidad de vida, así como el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, de ahí la trascendencia del dictamen que hoy discutimos.

Sin duda, una alimentación sana y adecuada es clave para gozar de una buena salud, sobre todo, ante la persistencia del sobrepeso y la obesidad que se han convertido en un problema de salud pública, principalmente en niñas, niños y adolescentes, lo que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades crónicas afectando negativamente su rendimiento de aprendizaje, desarrollo pleno y autoestima a lo largo de su vida.

Los obstáculos esenciales para que pueda acceder a este derecho se encuentran en los malos hábitos alimenticios y la creciente oferta de determinados productos con escaso valor nutricional y alto contenido calórico, conocida comúnmente como “comida chatarra”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, un niño tiene cuatro veces más posibilidades de encontrar en la cooperativa de su escuela un dulce que un vaso con leche o verduras. En dicho establecimiento priorizan en su oferta productos con alto contenido calórico, basta señalar que 81 por ciento de las cooperativas de las primarias en el país ofrecen dulces, el 79 por ciento botanas industrializadas, el 72 por ciento refrescos y el 48 por ciento pastelitos.

Ante esta grave situación, el gobierno federal ha implementado diversos programas y acciones con el objeto de combatir el sobrepeso y la obesidad, particularmente en el ámbito escolar, si bien los retos son mayúsculos, sobre todo entre la población infantil.

Resulta urgente llevar a cabo campañas informativas que permitan concientizar a la población, principalmente a las niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios concretos de contar con una alimentación sana y saludable.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI legislamos a favor de políticas públicas tendientes a combatir y erradicar el sobrepeso y la obesidad que padecen miles de niñas, niños y adolescentes a fin de que cuenten con una mejor calidad de vida y alcancen su pleno desarrollo.

En este sentido, coincidimos en la vigencia de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, diseñen y apliquen acciones para fomentar estilos de vida saludables en este sector de la población con énfasis en una adecuada alimentación, se trata de diseñar, implementar y evaluar programas por medio de acciones afirmativas orientadas a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades a la alimentación y a la educación en este sector vulnerable de la sociedad mexicana.

Dado los beneficios de este dictamen los invitamos a votar a favor del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Ya no tengo oradores registrados. Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica.

Un momentito, por favor, le damos la palabra, adelante, Senador Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Quiero fijar, tengo una posición respecto a este punto que estamos discutiendo.

Soy Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en el Senado de la República.

Hemos presentado ya, nos mandaron de la Cámara Diputados la Ley del Derecho a la Alimentación, y ha pasado que en este Senado no hemos sido capaces de aprobar esta ley que debería atender temas como este, hoy como son asuntos que solamente tratan de figurar, pero no tienen alcance ni repercusión, están solícitos para aprobar cuestiones como estas y, sobre todo, dejan mucho qué desear del papel que estamos jugando.

Ahorita les llamé a que actuaran conforme a compromiso ideológico-político para solicitar la comparecencia del director del Seguro Social para poder revisar el destino de 3 mil 271 millones de pesos, y eso no les interesa, aquí vienen a jugar el papel de cuidar las espaldas del Ejecutivo, y eso, compañeros, de un poder que debe ser independiente es lastimoso que se tenga una actitud sometida de esa manera, los asuntos que hoy están dispuestos a aprobar y a votar son asuntos que no trasgredan, que no trasciendan y que no generen conflicto.

¿Por qué no hay compromiso?

¿Por qué no hay convicción?

¿Por qué estamos jugando un papel de dependencia y luego nos dejan los señalamientos?

Hoy nos cuestiona todo mundo de los temas de corrupción, de cómo avanza la impunidad, por qué asesinan periodistas y cuál es la actitud complaciente que hemos tenido quien domina la mayoría de las Cámaras, una actitud de omisión y de no enfrentar los temas de manera directa.

Por eso temas como este del derecho a la alimentación está normado en una ley que no ha caminado, y como el Ejecutivo no quiere que camine, no camina, pero esas cosas no deberían hacerse a través de puntos de Acuerdo, sino a través de cumplir con el papel que tenemos aquí destinado de estar pegados en la elaboración de leyes que vayan a proteger los derechos de niñas y niños en este país, que son los más afectados con los embates de la crisis económica.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

¿Algún otro orador? Ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A ver, Senadores, por favor, les pido poner atención a un trámite que está haciendo la Secretaría.

Por favor, haga la consulta otra vez.

Señores Diputados y Senadores, estamos en una votación, por favor, pongan atención.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Repito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha sido aprobado. Comuníquese.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva acordó la presentación de un pronunciamiento en torno a las agresiones a los periodistas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del Orden del Día el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Pasamos al pronunciamiento de la Mesa y luego a las intervenciones de los Diputados y de los Senadores.

PRONUNCIAMIENTO



La Mesa Directiva, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, coincidieron en abrir una ronda de intervenciones para referirse al tema, las intervenciones se regirán por los criterios aplicables para la agenda política. En consecuencia, harán uso de la palabra los legisladores en orden progresivo, hasta por cinco minutos cada uno.

Al concluir estas intervenciones se dará oportunidad a dos oradores para rectificar hechos, hasta por tres minutos, a cada uno, como lo establece el Resolutivo Décimo Noveno de nuestro Acuerdo.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Diputada Karina Sánchez Ruiz.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: “El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”. Mario Vargas Llosa.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En el grupo parlamentario de Nueva Alianza, condenamos enérgicamente los crímenes cometidos en contra de periodistas.

Nos sumamos a la indignación por estos hechos, y expresamos nuestra solidaridad al gremio periodístico.

El asesinato de una persona, sea periodista o miembro de los medios de comunicación, constituye un ataque directo contra la sociedad.

No solamente violenta los derechos fundamentales como; la libertad de información, de expresión y a la vida, claramente establecidos en nuestra Constitución, sino que además atenta contra el tejido social, las instituciones y la democracia, sobre todo, al someter a un gremio al acoso, la amenaza y la muerte.

Desafortunadamente la labor periodística en México es de alto riesgo. Desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 profesionales en el territorio nacional, de los cuales once fueron solamente en el año 2016.

El pasado lunes, la lista negra engrosó con el artero crimen de Javier Valdez, el quinto periodista asesinado en lo que va de este año, crimen que al igual que el de sus demás compañeros, no tiene por qué quedar impune.

Los periodistas de manera sistemática, son objeto de amenazas y, por supuesto, no se sienten protegidos, y las cifras demuestran que ellos tienen la razón.

Por ello resulta imperativo fortalecer los mecanismos de protección a periodistas, quienes día a día enfrentan el riesgo y las amenazas por parte de bandas criminales que pretenden cooptarlos, corromperlos, y de no ceder, asesinarlos en aras de callar la voz del acceso a la información.

No podemos permitir que estas organizaciones hagan suyo el derecho que cada mexicana y cada mexicano tiene a la libertad de información y, sobre todo, de expresión.

Recordemos, compañeras y compañeros legisladores, que sin libertad de prensa no puede haber una real democracia, ni justicia, ni paz social.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Karina Sánchez Ruiz.

Esta Presidencia saluda la visita a este Pleno del señor Francisco Sanz Polo Gabilondo, nieto del compositor Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, quien se encuentra acompañado por diversos ciudadanos invitados a esta sesión por la Senadora Lisbeth Hernández.

¡Sean bienvenidos!

Gracias.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Clemente Castañeda.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

No minimizo lo que está haciendo el día de hoy este Pleno de la Comisión Permanente, pero también hay que decir que los pronunciamientos, las quejas, los señalamientos en este momento son insuficientes por el nivel de indignación que priva en la sociedad mexicana.

Y qué desafortunado que haya tenido que suceder un asesinado más para que este Poder Legislativo, y hoy mismo, el Poder Legislativo, tomen cartas en el asunto y se pronuncien al respecto.

¡Qué desafortunado también que hasta hoy éste sea un tema prioritario!

La pregunta es:

¿Y qué hemos hecho en los últimos años?

¿Y por qué no ha sido éste un tema prioritario?

Cuando llevamos desde el 2012, 40 periodistas asesinados.

¿O será que es un tema prioritario, el día de hoy, pues para tratar de evadir otras discusiones, que también le deben tocar a esta Asamblea?

La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, que en ocasiones es, además, violencia de Estado, no es un tema de esta semana, es un tema que lleva atentando contra nuestro país desde hace varios años, y que se ha intensificado a partir del 2006.

Hace unos minutos, el Presidente de la República y la Conago, hicieron un pronunciamiento. No minimizo tampoco el pronunciamiento que el Titular del Poder Ejecutivo ha hecho sobre el tema.

Sin embargo, me parece que ese pronunciamiento, pues lo que hace es evidenciar una serie de omisiones, de contradicciones, de evidencias que son los que tienen hoy el tema en la palestra pública.

Dice el Presidente de la República: “Que no habrá impunidad”. Se refiere de manera insistente que van a dar con los responsables de la muerte de varios periodistas, particularmente de Javier Valdez.

Sin embargo, la tasa de impunidad en la materia ronda el 99.5 por ciento en los últimos años.

Y habla también de fortalecer, entre otras cosas, los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, valga decir: que el mecanismo existe desde el 2012 y la situación presupuestal del fondo para atender estos problemas, es prácticamente, precaria, por no decir inexistente.

En la última discusión presupuestal, hubo una asignación mínima de recursos, y este fondo ha tenido que funcionar (entre comillas) “Solamente con los remanentes”.

Pero es todavía más desafortunado que el anuncio del Presidente siga sin dimensionar lo que está pasando en el país, lo que significa el asesinato del periodista Javier Valdez, y de tantos otros periodistas y activistas de derechos humanos.

La situación, aunque hoy mismo parece negarla el Presidente, es de un estado de violencia y de terror, un estado de impunidad y un estado sin justicia.

Y aún así sigue sin entenderse la indignación y la rabia, así como la tristeza de la gente por estos asesinatos, porque en realidad, lo que está pasando, y hay que decirlo con absoluta responsabilidad, es que los ciudadanos, las madres, los hijos, los hermanos, los activistas y los periodistas que han dado la cara por México en este período de violencia, son justamente los que están siendo asesinados.

Están matando a la gente que busca la verdad y que busca la justicia. Y por eso, hay que decirlo también, pues hoy nadie cree en los discursos, hoy nadie cree en los decálogos, hoy nadie cree en las nuevas acciones que supuestamente emprenderá el Estado mexicano de la mano con el gobierno federal.

El único camino, o entre los pocos caminos que quedan para corregir esta situación, es entender que mientras la corrupción y la impunidad sigan presentes en la clase política y en las instituciones del Estado, nada de esto va a cambiar.

Hacemos votos para que de una vez por todas se haga justicia, se llegue a los responsables y haya una reivindicación: que cambie profundamente la vida pública del país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Clemente Castañeda.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del Senador Presidente.

Primero, recordar que hoy es el Día Nacional contra la Homofobia, otro motivo por el que se ejercer violencia contra las personas.

Decir que hemos presentado un punto de Acuerdo que presenta el Diputado Virgilio Caballero, Diputado de Morena, periodista, fundador del Canal del Congreso, y en donde hay exigencias muy concretas al gobierno federal, para que actué en el tema.

La guerra tiene que terminar. Este es un país en guerra, que ha llegado este año al nivel más alto de homicidios, de la historia.

Nos tenemos que hacer cargo de haber destruido este país y de tener los peores índices de inseguridad de la historia. Y esto se refleja en el tema de los periodistas.

De 2000 a la fecha, 110 periodistas, al menos, han perdido la vida. En este sexenio, más de 30; el año pasado 11, y este año, 8, es lo que hemos podido contabilizar.

En un año hay más o menos 300 agresiones a periodistas debidamente documentadas. Y más de la mitad de las mismas son realizadas por servidores públicos. Ése es el tamaño de la tragedia que hoy estamos viviendo.

Y es el reflejo de una política de seguridad equivocada, que no se basa en la seguridad ciudadana, que quiere combatir el crimen, sin organización, sin fuerza, pero tampoco involucrando a la ciudadanía y respetando los derechos humanos.

Lo que hay detrás de las matanzas de periodistas, es una grave crisis de derechos humanos en el país. Solamente vamos a resolver la crisis de seguridad si resolvemos, también, la crisis de derechos humanos.

Y hoy tenemos un mecanismo de protección a periodistas, que simplemente no ha funcionado. Hoy tenemos autoridades locales que no se están haciendo cargo de la situación. Hoy tenemos una discusión absurda, sobre una ley de seguridad interior, que pretende quitar controles y que haya menos transparencia en la acción de las autoridades.

El llamado es claro para terminar con esta guerra, para cambiar la política de seguridad, para actuar con otras coordenadas en éste y en otros crímenes.

No es verdad lo que dice hoy el Presidente de la República, de que la libertad de expresión ha mejorado en su administración, éste es el país más peligroso para ser periodista en América Latina, y el cuarto en el mundo, de acuerdo a los organismos internacionales.

Éste es un país en donde una actividad como la del periodista, o como el activista de derechos humanos, se juega la vida todos los días.

Lo que hay que hacer es amplio, y no podemos quedarnos simplemente en una llamada a misa. Tiene que venir a esta Soberanía a que comparezca el Secretario de Gobernación, el responsable del protocolo de los periodistas, y finalmente, el responsable de la seguridad pública del país.

Habría que leer, por ejemplo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el desempeño del Sistema Nacional de Seguridad, y el desastre que ahí se documenta, en términos de coordinación, en términos de indicadores y la nula capacidad de acción del Gobierno de la República.

Tiene que venir el Procurador General de la República, para dar cuenta de lo que está haciendo en el tema. Éste es uno de los momentos más graves que vive el país en materia de seguridad ciudadana, es el reflejo de lo que está sucediendo, y nosotros simplemente somos espectadores de esta grave crisis de derechos humanos.

Lo que tendría que estar discutiendo el Congreso, es un paquete amplio de iniciativas que tengan que ver con la seguridad ciudadana, con el uso efectivo de la fuerza, con el respeto a los derechos humanos, con la capacidad de proteger a las personas, con cambiar la política de drogas del país, con modificar cómo estamos viendo estos problemas y entender que no va a ser el Ejército, sino policías adecuadas, prevención y capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos, lo que va resolver esta crisis de seguridad.

Que venga el Secretario de Gobernación y explique porqué murieron el año pasado 11 periodistas, y este año más de 8.

Que venga el Procurador General de la República y explique porqué solamente hay tres condenas, sí, tres condenas por haber matado a periodistas en este país. Así es la procuración de justicia en México, y así es la deuda que tiene este gobierno con una enorme crisis de seguridad ciudadana que ya se clasifica con los mismos términos que una guerra civil.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la Diputada Lia Limón García.

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señora Presidenta.

En el Partido Verde Ecologista de México lamentamos profundamente los hechos luctuosos donde el pasado 15 de mayo perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas.

Estos hechos, además de lastimar a la familia de la víctima, afectan a la sociedad en su conjunto, porque los crímenes contra periodistas afectan el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Por ello, exigimos que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.

También exigimos garantías para quienes ejercen esta profesión, pues su ejercicio libre es y ha sido una pieza clave en nuestra vida democrática.

Javier era un periodista valioso y reconocido en su estado, que con su pluma enfrentaba al crimen organizado, escribía e investigaba sobre temas de seguridad. Tiene publicaciones sobre narcotráfico, y en octubre de 2011, el Comité para la Protección de los Periodistas le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, como reconocimiento a su labor.

Su muerte no debe quedar impune, como tampoco deben quedar impunes las de Ricardo Monlui, Cecilia Pineda, Miroslava Breach, Maximiliano Rodríguez y Juan José Roldán, entre otros periodistas que han perdido la vida. En efecto, desde el 2000, 127 periodistas.

Ésta, junto con otras recientes agresiones a periodistas que ha habido, deben generar una profunda reflexión sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas, y para evitar la impunidad de los casos en los que ha habido agresiones. La impunidad en estos casos, sin duda alguna, aumenta constantemente los riesgos para este gremio.

El Ejecutivo Federal ha instruido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, para que apoye a las autoridades locales en las investigaciones de los hechos, a fin de dar con los responsables.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, nos pronunciamos porque esta coadyuvancia se lleve a cabo a la brevedad, y contribuya al esclarecimiento de los hechos.

El mayor reto es vencer, justamente, la impunidad en los crímenes contra los periodistas. Mientras quienes los atacan sigan encontrando la posibilidad de salirse con la suya sin ser sancionados, difícilmente se logrará combatir este crimen.

Por ello, damos la bienvenida al pronunciamiento que recientemente hizo la Conferencia Nacional de Gobernadores convocada por el Presidente de la República sobre este tema.

En cuanto a la protección a los periodistas en el ámbito federal, hay que decir que se han llevado a cabo diversas acciones para protegerlos, tanto a periodistas, como a defensores de derechos humanos.

Entre ellos, la emisión de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Y derivado de ello, la implementación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Este mecanismo protege, a la fecha, a 538 defensores y periodistas. De éstos, 196 son periodistas, el resto son defensores de derechos humanos.

Hasta hoy, esta protección ha permitido salvaguardar la integridad de las personas a quienes se les ha otorgado.

Han habido tres atentados contra personas protegidas por el mecanismo, de estos tres, las personas protegidas por el mecanismo han salido ilesas, en uno de ellos lamentablemente, las escoltas que le fueron otorgadas a esta persona, perdieron la vida.

No quiere decir que el mecanismo sea suficiente, pero sí que el mecanismo hasta hoy ha sido una herramienta útil en la protección de defensores y periodistas.

Pero hay que decir que los esfuerzos del Ejecutivo Federal nunca serán suficientes si no se cuenta con un compromiso, de igual tamaño, de las entidades federativas, y es de todas las entidades federativas.

Por ello, destacamos la importancia del pronunciamiento que acaban de hacer en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sobre avanzar en este tema, es fundamental que las entidades federativas hagan su parte.

El primer paso debe ser la voluntad política para implementar el mecanismo de protección a periodistas en las entidades federativas, tal y como la mandata la ley en la materia.

Es lamentable que sólo seis entidades federativas hayan echado a andar su mecanismo, hasta el día de hoy.

Estos son Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo, lo que representa menos del 20 por ciento de las entidades federativas.

Es y será imposible que se avance en esta materia si el esfuerzo sólo viene del gobierno federal. Necesitamos que todas las entidades federativas se sumen a este esfuerzo y este llamado debe hacerse sin ningún distingo de partido político que gobierne en cada entidad federativa, porque la deuda es de todos, de absolutamente todos los estados que no han echado a andar sus mecanismos de protección.

Desde esta tribuna, el Partido Verde Ecologista de México hace un llamado a todos los gobernadores a que de manera inmediata den paso a la creación de los mecanismos locales y que éstos operen bajo los estándares que opera el mecanismo a nivel federal y cuenten con los recursos necesarios para su operación.

Asimismo, para la investigación de agresiones a periodistas, es urgente la creación de unidades o fiscalías especializadas en las fiscalías o procuradurías estatales.

Hasta hoy también, sólo Hidalgo, la Ciudad de México, Campeche, Guanajuato y Chiapas cuentan con ello, lo que representa menos de un 20 por ciento, es lamentable.

Así es muy difícil avanzar en las investigaciones pendientes.

Como legisladores tenemos que hacer el llamado y dar un seguimiento para verificar que estos avances se den también desde las entidades federativas, este compromiso no sólo puede estar a nivel federal, porque si no, no vamos a llegar a buen fin.

Además, como legisladores, nos toca salvaguardar el mandato constitucional de garantizar la existencia de condiciones idóneas para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Desde nuestro ámbito de competencia nos pronunciamos para que se aplique todo el peso de la ley a quienes atentan contra la vida e integridad de este gremio, y buscaremos, además, que el mecanismo, a nivel federal, cuente con los recursos que requiere para poder operar.

En efecto, como bien se dijo aquí, cuenta con recursos, los recursos se acaban en septiembre y me permito hacer un llamado para que los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, en su momento, podamos impulsar a que se otorguen los recursos al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas para que puedan seguir cumpliendo con su función en buenos términos.

En este mismo sentido, hacemos un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, para que analice la posibilidad de atraer la investigación y esclarecer los hechos de manera coordinada y coadyuvando con las instancias locales.

Estamos convencidos de que sólo las acciones conjuntas y los esfuerzos coordinados de los distintos órdenes de gobierno podrán garantizar la protección a los periodistas en nuestro país.

No es suficiente el esfuerzo aislado, se requiere de un esfuerzo comprometido de absolutamente todas las entidades federativas.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Limón García.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señora Presidenta.

Lo sucedido al periodista Javier Valdez, no es un hecho aislado de la realidad política, social, económica que está viviendo nuestro México.

Ser periodista es como formar parte de una lista negra, ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que te van a matar, si lo deciden, lo van a hacer, no importa si tienes o no protección, no hay condiciones para hacer el periodismo en México. Las balas pasan demasiado cerca y una de esas balas, que un día había pronosticado Javier Valdez, fue la que terminó impunemente con su vida.

Una vez más el Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el derecho más preciado que tiene una persona, que es la vida, el asesinato de Javier Valdez, el ser humano, también significa la muerte del periodista, la muerte de la verdad.

Uno de los propios críticos, y renuente a la censura, que conociendo los riesgos que significa en México escribir e investigar sobre el narcogobierno, expresión que él utilizaba, se sobrepuso al miedo y arropado en el valor cívico de su labor, dedicó muchos años de su vida a informar a la sociedad de Sinaloa y de todo el país de la terrible realidad que vive México.

Lamentablemente los asesinatos de Javier Valdez y de Jonathan Rodríguez Córdova, reportero del Semanario “El Costeño de Autlán”, en Jalisco, asesinatos de días pasados, se suma a una larga lista de crímenes en contra de periodistas, tan sólo en lo que va de este año, siete periodistas han sido asesinados en el país, de acuerdo al informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de enero del 2000 a septiembre de 2015, se registraron 103 homicidios de periodistas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 90 decesos en el mismo período.

Las entidades federativas que han registrado el mayor número de asesinatos hacia periodistas son: Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, estados que en los últimos años han sido azotados por el crimen organizado, por tal razón la tarea de informar a la población resulta difícil y hostil.

Las cifras hablan por sí solas y demuestran que las agresiones en contra de comunicadores han tenido un aumento directamente proporcional al crecimiento de la corrupción y la impunidad en México, lo que significa que los poderosos que verdaderamente gobiernan este país, pretenden callar, a punta de pistola, a quienes denuncian sus fechorías.

Como bien decía Javier Valdez: “en Culiacán es un peligro estar vivo, lamentablemente ese temor no lo comparten solamente los sinaloenses, sino todos los mexicanos”.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de manera reiterada, durante las LXII y LXIII Legislaturas, ha exhortado al gobierno federal a establecer mayores mecanismos de protección para periodistas. Lamentablemente, frente a oídos sordos, tienen que ocurrir estos decesos para que el Ejecutivo ordene reuniones urgentes con el Gabinete de Seguridad y con los gobernadores de los estados.

En días pasados se anunció la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Sin lugar a dudas, este nombramiento se ha de traducir, de manera inmediata, en una investigación sólida y profunda de todos y cada uno de los casos que esperan solución; pero principalmente, de los homicidios que se han perpetrado en este 2017.

Por ello, el grupo parlamentario, el día de hoy, también está solicitando a la Procuraduría General de la República garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión cuente con los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para llevar a cabo la investigación de los homicidios en contra de periodistas, de lo contrario, todo quedará en el discurso político una vez más.

Desde esta tribuna nos unimos al dolor de los familiares de Javier Valdez, pero también nos sumamos a la exigencia de todos los periodistas de México que han dicho “Ni uno más”.

Los atentados en contra de los periodistas es un ataque directo en contra de esta sociedad mexicana.

Como decía Javier Valdez: “El buen periodismo, al buen periodismo, le hace falta sociedad que lo acompañe”.

Hagamos eco de esta reflexión, es momento de que el Congreso de la Unión y la sociedad en su conjunto respaldemos y acompañemos la tarea periodística y pongamos fin a la lista negra de periodistas asesinados.

El mismo Javier Valdez se llegó a decir, asimismo: “No me considero una persona valiente, ni un héroe, sino alguien que tiene dignidad”.

Ojalá que todo mexicano retome su ejemplo y haga de su dignidad un homenaje a este periodista caído en su labor.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 220, del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados a esta sesión por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

“A los periodistas mexicanos valientes y dignos, exiliados, escondidos, desaparecidos, asesinados, golpeados, atemorizados y pariendo historias a pesar de la censura y los cañones oscuros”. Palabras de Javier Valdez.

El día de hoy, en el Partido de la Revolución Democrática queremos hacernos eco de la exigencia que hace unos momentos, el gremio periodístico, hizo ante el Presidente de la República, exigieron con un grito de “justicia”, “justicia y ya no más discursos”.

Me parece que el Congreso debe ir más allá del pronunciamiento leído por el Presidente Pablo Escudero.

La tarde del 15 de mayo, el escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario “La Jornada” y fundador del Semanario “RíoDoce”, fue asesinado a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa.

A Javier Valdez le dispararon en múltiples ocasiones a sólo unos pasos de “RíoDoce”, su lugar de trabajo.

Minutos antes había enviado una nota, que fue la última, al diario “La Jornada”.

Había participado en el programa radiofónico de su colega Fernanda Tapia.

El periodista sinaloense tenía una amplia trayectoria, autor de varios libros, y recibió en 2011 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, un reconocimiento del Comité para la Protección de los Periodistas.

En ese mismo año, “RíoDoce”, semanario del que fue fundador, recibió el prestigioso premio “María Moors Cabot”, que otorga la Universidad de Columbia.

Las agresiones en contra del grupo de periodistas de “RíoDoce” no eran nuevas, apenas en febrero pasado los directivos del semanario denunciaron que toda la edición impresa había sido comprada por un grupo armado.

En noviembre de 2011, mientras estos valientes periodistas eran premiados en el extranjero, su publicación electrónica era inhabilitada durante varios días por un ataque cibernético.

Dos años antes desconocidos arrojaron una granada en las instalaciones de este semanario y las autoridades no hicieron nada.

“Ser periodista en México parece ser más una sentencia de muerte que una profesión”, afirmó la directora nacional de Amnistía Internacional, al condenar el artero crimen del periodista Javier Valdez Cárdenas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que la libertad de expresión es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática.

Es indispensable para la formación de opinión pública, es necesario, por ende, afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Cuando se amenaza o se agrede a un periodista, a una comunicadora, o cuando se ataca a un medio de comunicación, se está atentando contra la sociedad toda en su conjunto, pues se limita el derecho de los comunicadores a informar; pero sobre todo, el derecho de la ciudadanía, a estar informada.

Por ello, las agresiones contra los profesionales del periodismo adquieren una relevancia que trasciende a una persona misma y merecen una atención diligente por parte de las autoridades, pues de lo contrario, el mensaje que se manda, es el de la permisibilidad, la tolerancia, la impunidad e incluso la complicidad.

El 2 de marzo, de este año, asesinaron a Cecilio Pineda en el estado de Guerrero; el 19 del mismo mes asesinaron a Ricardo Monlui, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos.

El fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asaltó, amenazó y golpeó a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Jorge Martínez, Hans Musielik y Pablo Pérez; y ayer fue asesinado en Sinaloa el periodista y escritor Javier Valdez; mientras que en Jalisco atacaban a Sonia Córdova, subdirectora de un medio local, quien sobrevivió al ataque, pero a quien le arrebataron la vida de su hijo.

Todas estas agresiones permanecen en la impunidad, todas estas agresiones pudieron evitarse, la vida de todas y todos estos comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiese cumplido con sus obligaciones para investigar el contexto de violencia e inseguridad en el que ejercen su labor las y los comunicadores.

Si la autoridad hubiese investigado las amenazas y actos de intimidación previos de que fueron evidenciados por algunas de estas víctimas y, sobre todo, si hubiesen realizado una investigación diligente y efectiva para sancionar a los agresores y detener esta ola de violencia que cada día cobra más víctimas.

De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, del total de delitos consumados solamente existe un 4.4 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

La cifra anterior sobre delitos consumados con perspectiva de cifra negra, es decir, los delitos que no fueron denunciados, arrojaría una impunidad simple y llana de 99 por ciento a nivel nacional.

Esa impunidad es la que ha permitido e incluso alentado a que las agresiones contra las y los periodistas se sigan cometiendo, continúen en aumento, esa impunidad que engloba las agresiones a las y los periodistas es responsabilidad directa de las autoridades ministeriales, por lo que su negligencia y su falta de investigación las ha convertido en cómplices. Son cómplices del delito no sólo aquellas personas que participan directamente en la comisión de los mismos, sino también aquellos que lo facilitan, que lo permiten o que pudiendo hacer algo para evitarlo, no lo hacen. Por eso señalamos que las autoridades ministeriales a nivel nacional son responsables de esta ola de agresiones a periodistas y a medios de comunicación.

En el informe más reciente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión explicó a la Cámara de Diputados que en 2010 se han integrado 368 expedientes por amenazas a periodistas, de ese universo se han logrado sentencias condenatorias sólo en tres casos, es decir, el 99.7 por ciento de los casos no se investigan en esta fiscalía, todos esos 99.7 por ciento han quedado en total impunidad.

La impunidad mata periodistas, mata la voz y las letras de quienes nos informan, la impunidad mata el derecho de estar informados, y mata poco a poco la construcción de una sociedad democrática.

Claro que estamos de acuerdo en los tres párrafos que leyó el Senador Pablo Escudero, pero necesitamos complementarlo con un párrafo que queremos proponerles como PRD.

El Congreso de la Unión no puede abstenerse de sus facultades, y es facultad del Congreso llamar a cuentas a los principales responsables, y con ello ayudar a erradicar la impunidad, única causa de estas muertes.

Hoy el Procurador General de la República tiene que informar a esta Soberanía el pobre desempeño de la fiscalía para la libertad de expresión, el ejercicio de los recursos presupuestales, el paquete de medidas de seguridad y protección que se han implementado para evitar más muertes de comunicadores y comunicadoras, pero sobre todo, tiene que explicarnos por qué la PGR no hace nada contra quienes, desde el anonimato, amenazan, intimidan, desaparecen, y asesinan a periodistas a lo largo y a lo ancho del país.

Qué informe, también, sobre las investigaciones, amenazas y atentados que han sufrido los periodistas en diversos estados del país, y cuyas investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Así también debe informar a esta Soberanía sobre el deficiente desempeño de esa instancia especializada ya que el 99.7 por ciento de los casos se han mantenido en la impunidad, y se requiere la comparecencia del Secretario de Gobernación, cabeza de la Secretaría de garantizar la seguridad, la gobernabilidad del país que se encuentra sumido el día de hoy en una grave crisis de inseguridad, de violencia, y en algunos estados ya raya en la ingobernabilidad.

Lo que hoy anunció el Presidente de México no es ninguna novedad, simplemente ordena la coordinación de las instancias que ya existen; promete mayores recursos, mayor personal a la fiscalía para la libertad de expresión y para el mecanismo de protección a activistas y periodistas, pero no hace un balance de las fallas, de las omisiones, de los graves problemas prácticos de ambas instancias.

Se pretende, en concreto, evadir la demanda central que ha surgido del gremio de los periodistas, que exista una especie de grupo independiente, un GIEI, y hacer una autocrítica, como gobierno, sobre la gestión de los responsables de procurar justicia y seguridad en el Estado mexicano.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Para fijar la oposición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeros legisladores, medios de comunicación, asistentes:

El homicidio del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, galardonado internacionalmente, no es uno más, ha sido la gota que derramó el vaso ante la omisión de nuestras autoridades.

Se suma a este caso, como se ha dicho anteriormente, el atentado Autlán donde asesinaran a Jonathan Rodríguez Córdova, y dejara gravemente herida a la periodista y madre de este joven, Sonia Córdova Oseguera, subdirectora comercial del Semanario “El Costeño de Autlán”.

Con toda razón el gremio de los comunicadores ha expresado un grito de dolor, “ya basta”.

Las condenas de organizaciones internacionales por estos homicidios han sido numerosas, tristemente estamos en boca de toda la comunidad internacional, y no por buenos motivos.

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, emitió un comunicado para reprobar el asesinato y exigir a las autoridades una investigación minuciosa para asegurarse que este crimen no permanezca impune.

La Organización Mundial de Periodistas, sección México, deploró la amenaza siempre latente sobre la libertad de expresión en nuestro país, y recordó que con los crímenes de Javier Valdez y Johnatan Rodríguez suman ocho los periodistas asesinados en este 2017.

Cecilio Pineda Brito, en Guerrero; Filiberto Álvarez, en Morelos; Juan José Roldán, en Tlaxcala; Máximo Rodríguez Palacios, en Baja California; Miroslava Breach, en Chihuahua y Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz.

Estas muertes nos remiten nuevamente a la valentía con que estos profesionales de la comunicación ejercen su profesión en un entorno totalmente carente de seguridad. No sólo eso, es práctica común cómo se quebrantan sus derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y de información, a diario tenemos información al respecto.

Recordemos cómo en fecha reciente siete periodistas fueron interceptados, retenidos y despojados de su equipo de trabajo, dinero en efectivo y una camioneta por un grupo armado conformado por un centenar de jóvenes, casi niños, que mantenían bloqueada la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a pocos metros de un retén militar.

Por otra parte, en lo que va del año, varios militares han caído en el cumplimiento de su deber y se han asesinado a muchas otras personas: taxistas, obreros, empleados, incluso usuarios de transporte público.

Y a eso hacía referencia Javier Valdez durante la Feria Internacional de la Lectura en Mérida, Yucatán, que tuvo lugar en marzo pasado, en una entrevista hablaba de su enojo, de su coraje por ver cómo el crimen organizado se ha ido apoderando de nuestras vidas, de nuestras instituciones, ante la pasividad de las autoridades.

En referencia a las más de 90 mil muertes y 30 mil desapariciones en el país, lamentaba la importancia que se le da al Ejecutómetro, recomendaba, por el contrario, voltear al lado humano de toda esta terrible situación: huérfanos, viudas, personas obligadas a colaborar en actividades delictivas, comunidades enteras desplazadas por miedo.

No cualquier comunicador escribe sobre estos temas y llama la atención la manera cómo Valdez lo hizo, con la tristeza y con el coraje que le provoca la realidad tan espantosa que le toca reportear.

Un gran periodista que siempre defendió la lucha del gremio, hoy ha caído en el cumplimiento de su deber, denunciando.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional condena enérgicamente este homicidio y exigimos al gobierno federal una investigación eficaz y rigurosa, que conozcamos a los autores y sean castigados por el delito cometido.

Como Poder Legislativo exigimos al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, acciones y resultados, protejan a nuestros periodistas, garanticen su libertad, pero sobre todo, su seguridad y la de sus familias.

Coincidimos con el grupo parlamentario del PRD, no podemos estar con un simple pronunciamiento en este Congreso de la Unión, solicitamos, desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que se llame a comparecer, por medio de la Comisión Permanente y de su Mesa Directiva, al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República, tienen que darnos resultados, tienen que darnos información detallada de todas las investigaciones al respecto por los asesinatos a periodistas.

Cada muerte violenta de un ciudadano nos duele.

Cada asesinato de un periodista le duele a México y le duele a cada uno de nosotros.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Hilda González Calderón.

La Diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señora Presidenta.

Sin lugar a dudas, un asunto de suma gravedad para la vida de la República que no puede hacer sino unir a todas las corrientes políticas y a todos los sectores de la sociedad en una manifestación decidida de repudio a la agresión en contra de periodistas mexicanos, repudio que desde esta tribuna, como lo han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, refrendamos de manera decidida.

La labor de comunicar, la labor de denunciar no puede acallarse de ningún modo en una sociedad que aspira a vivir en paz.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta Comisión Permanente, se une a todas las voces que desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde el sector privado, desde las agrupaciones gremiales, desde las instituciones públicas, desde la Presidencia de la República; están demandando mayores condiciones para el ejercicio de la profesión del periodismo en todas sus formas.

Quiero decir que este gobierno de la República ha ido más allá de los simples discursos, este gobierno fue el gobierno de Enrique Peña quien instrumentó y fortaleció el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que implementó las medidas de protección que garantiza la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que padezcan agresiones con motivo de su labor.

En este mecanismo se ha logrado la aprobación unánime de los planes de protección a periodistas en el 98 por ciento de los casos.

Además, del 2014 al año pasado, la Organización Internacional Freedom House contribuyó con un acompañamiento para el fortalecimiento institucional de las unidades de recepción de casos y reacción rápida y de evaluación de riesgos en la construcción de criterios y procedimientos.

El gobierno de la República ha logrado dotar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión nuevas atribuciones para atender y atraer las denuncias contra ataques a periodistas en el desempeño de su profesión y dar seguimiento a través de dicha fiscalía a 249 solicitudes de medidas cautelares en beneficio de periodistas y de sus familiares.

No es gratuito, también, que hoy el Presidente de la República, junto con el Secretario de Gobernación, se hayan reunido en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, llevada a cabo, precisamente, para analizar, revisar y definir acciones conjuntas entre la Federación y las autoridades estatales que permitan trabajar con los estados para garantizar las condiciones que requiere el desempeño de la labor periodística.

No podemos reducir este ejercicio, es muy grave lo que está pasando, para reducir este ejercicio en un ejercicio de culpabilización de unos a otros, tenemos la obligación de hacer una revisión de lo que se está haciendo, de los mecanismos que están en curso para perfeccionarlas, pero ésta, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente, es una corresponsabilidad entre los poderes federales, entre los gobiernos y cada uno de sus niveles, entre las instituciones, entre nosotros mismos.

Este es un tema prioritario que, por supuesto, nos sumamos a que no puede quedar impune, ésta, la muerte de estos periodistas, no puede ser más que el motivo y el ejercicio de que no aceptemos ninguno más y que puedan esclarecerse los que desafortunadamente, hasta ahorita, se han cometido.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada González Calderón.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Antes de que corra el tiempo, Diputada Presidenta, quisiera pedir dos cosas.

Una, con la que debimos haber iniciado, que es un minuto de silencio, y quisiera plantearle que le obsequie a este servidor la posibilidad de guardar un minuto de silencio en función de los fatales acontecimientos que provocan este debate.

El segundo planteamiento que puede ser posterior, hay que cambiar, Diputada Presidenta, el formato de estos debates, la verdad es que sale un pronunciamiento, no se puede debatir, es acartonado y yo sí conmino a la Mesa Directiva, a los grupos parlamentarios, a cambiarlo.

Mi planteamiento, de arranque, es que obsequie usted a un servidor el que podamos guardar un minuto de silencio.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En atención a la solicitud planteada por el Senador Benjamín Robles Montoya, solicito a la Asamblea ponernos de pie para guardar un minuto de silencio, en memoria de los periodistas y comunicadores que han muerto a causa de hechos violentos.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Proceda, Senador.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias.

Ni uno más, efectivamente, ni uno más, compañeras, compañeros, porque en México se está perpetrando un crimen horrendo y lo estamos cometiendo masivamente la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidas las mujeres, los jóvenes, los legisladores.

Estamos cometiendo el crimen más severo, más imperdonable: permitir que nos gobierne un partido negligente, incapaz, un partido cruel, un partido al cual no le interesa hacer justicia, al cual se le reclaman investigaciones y resultados en su lucha contra la impunidad y la corrupción, y sus miembros, en respuesta, adquieren lujos y residencias.

Un partido, que en el mejor de los casos, cierra los ojos ante los asesinatos de periodistas; y en el peor, obstaculiza las investigaciones y se hace cómplice de los bárbaros y homicidas. Así es, compañeras y compañeros. De alguna manera, el permitir sin censurar que este gobierno continúe vistiendo de luto nuestro territorio, es también una forma de complicidad y cobardía.

Se impone, por respeto a la patria, que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión defina, de una vez por todas, su posición ante la ineptitud del gobierno federal, y declare su condena al Ejecutivo, una condena formal, por ser incapaz de resolver uno solo, uno solo de los crímenes contra los periodistas que se han perpetrado en nuestro territorio en los últimos años.

Sí, resulta escalofriante y vergonzoso revisar, por ejemplo, el reporte de la Dirección de Naciones Unidas a través de la UNESCO, sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad y verificar el estatus que ahí se señala: Cero, cero casos resueltos.
Pero, entonces. ¿Qué se le puede pedir a una autoridad que ya no se conmueve con la muerte de ciudadanos?

Cuando ya no le dice nada los nombres de Javier Valdez, Filiberto Álvarez, Maximino Rodríguez, Miroslava Breach, Ricardo Monlui, o Cecilio Pineda, por sólo mencionar a las más recientes víctimas de la violencia y la impunidad que aquejan a nuestro México.

Esta Comisión Permanente necesita reaccionar, pero reaccionar con severidad ante este ciclo de violencia como no lo ha hecho el gobierno de Peña Nieto.

Hoy mismo, su Secretario de Gobernación ha convocado a una reunión a los ejecutivos locales, disque para coordinarse mejor.

Miren ustedes, el tipo y el tamaño de respuestas de este personaje a una situación de crisis como la que atraviesa el gremio periodístico.

¡Ante la crisis, una reunión!

¡Ante el sufrimiento de la gente, una reunión!

¡Ante el luto nacional que su gabinete ha provocado, una reunión!

Por eso, por esta negligencia imperdonable, les pido, señoras y señores legisladores, que nosotros sí actuemos con responsabilidad, y le solicitemos, sin demora, al señor Presidente de la República convoque, sí, a otra reunión, pero para destituir en ella a su Secretario de Gobernación, quien ya demostró que no tiene ni la voluntad, ni la habilidad necesarias para responder eficazmente al pueblo de México.

Si no lo hacemos, si no acordamos esta solicitud respetuosa y formal al Ejecutivo, esta Comisión Permanente estaría haciendo comparsa de la negligencia rampante de éste y otros funcionarios federales.

Compañeras y compañeros, en este país ya no podemos seguir siendo permisivos, ni complacientes.

La gente, los periodistas están cayendo en el ejercicio de su profesión y las instituciones están siendo omisas para denunciarlo.

Seamos congruentes con ello, y formalicemos nuestra condena. No debemos permitir que la Federación evada su responsabilidad ante estos crímenes, cuando todos sabemos que en su mayoría se trata de crímenes de competencia federal.

No es mañana, es hoy cuando debemos demostrar nuestro compromiso con la libertad de expresión, y lo más importante, nuestro compromiso con el derecho a la vida.

Llegó el momento de decidir si estamos con la libertad o preferimos el silencio; si estamos con el estado de derecho o con el obscurantismo; si estamos con el interés nacional o con la ineptitud.

Está en sus manos la propuesta.

No permitamos, no permitan, compañeras y compañeros legisladores, que esas manos, sus manos, también se manchen de sangre.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le informa, a su vez, que en cuanto al segundo de sus planteamientos, éstos serán llevados a Mesa Directiva.

El Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señora Presidenta.

Tan sólo este año, Cecilio Pineda, periodista de Guerrero, fue asesinado en Tierra Caliente; Ricardo Monlui, periodista del “Sol de Córdoba”, fue asesinado allí; Miroslava Breach, fue asesinada en Chihuahua; Máximo Rodríguez, en La Paz; Filiberto Álvarez, en Morelos; Javier Valdez, en Sinaloa; y Sonia Córdova Oceguera, en Jalisco.

Este es, literalmente casi, el mapa de la tragedia de los periodistas en México, es el mapa, porque es todo el país, de un país que tiene un gobierno que jamás tomó en serio el tema de la seguridad, que prometió que iba a hacer una gendarmería y que su propuesta hoy es hacer más oscura y con menos controles la operación del Ejército.

Un gobierno que dijo: “Que le iba a apostar a la prevención”, y que hoy el programa de prevención no tiene un solo peso.

Un gobierno que no se hace responsable de un mecanismo de protección a periodistas, que le corresponde legalmente, y del cual, el Secretario de Gobernación no da la cara.

En buena medida, la invitación de los gobernadores, de hoy, del Presidente de la República, es para no hacer frente al problema, para no asumir que es la gobernación del país la que tiene que hacerse cargo de un problema de esta magnitud.

Y aquí está el país cayéndose de las manos, y nosotros sin discutir las alternativas que hay para mejorar los procesos, para investigar el crimen, para prevenirlo, para reconstruir a las comunidades, para volver a la paz a la sociedad.

Y esto que hoy nos sucede con los periodistas, será la marca de nosotros, si no hacemos en esta Comisión Permanente, que quienes son responsables de protegerlos y de perseguir estos crímenes, vengan aquí, den explicaciones y se comprometan a mecanismos efectivos para que esto no continúe.

Somos el ejemplo del mundo de cómo una sociedad puede ser destruida y puede acabar con sus principales voces, con quienes denuncian lo que está pasando en estas comunidades, simplemente por negligencia y simplemente por no poder tener una política de coordinación de seguridad adecuada.

Lo que hoy vivimos es el fracaso de la estrategia de seguridad de Peña Nieto, que fue increíblemente peor, incluso que la de Felipe Calderón.

Este gobierno inició con discursos de que se iba a reconstruir la paz, de que se iba a reducir la violencia, y hoy vivimos los mayores niveles de violencia de la historia.

El llamado es para tomarnos en serio la seguridad ciudadana como meta, para de verdad discutirlas, para no esperar soluciones mágicas, y simplemente apostar que es la investigación, la prevención y el respeto absoluto de los derechos humanos, los que van a llevar seguridad al país.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.

A mí me ha tocado muchas veces ver aquí en esta tribuna, cómo venimos y nos desgarramos las vestiduras, pero además, ¿cómo hacemos un reparto de culpas que no nos llevan absolutamente a nada?

Les parece poco que hoy se haya convocado, exactamente habiendo una gira anticipada del Presidente de la República, para tratar uno de los asuntos más urgentes. Pero un asunto donde no es solamente responsabilidad del Gobierno de la República, sino del Estado mexicano, lo que está pasando en este momento.

Es el Estado mexicano y somos todos, porque solamente apuntamos así, y cuatro dedos nos apuntan a nosotros también. Es el Estado mexicano el que tiene que intervenir y tenemos que encontrar la responsabilidad a estos casos que no pueden seguir siendo, como aquí se ha dicho, como ufanamente se dice.

Pareciera que el sello de sangre que viene y se dice aquí, es un momento de gloria, cuando debe ser un momento de vergüenza para todas y todos. No es un tema de una sola persona de un gabinete. Éste es un problema secuencial, es un problema que se ha venido agudizando en el tiempo, y hemos visto cada vez mayor conflicto.

Pero por si no supieron el alcance de la reunión de hoy del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, además de lo que ya había de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, hay tres anuncios que no son tirados a la basura, que es importante resaltar y es importante que la gente lo sepa.

Vengo de un estado donde el dolor está muy fuerte, donde no es motivo de venir aquí solamente a denostar. Mi estado está convulsionado. La muerte de Javier no es una muerte cualquiera. Es la muerte de un hombre que decidió, a sabiendas de lo que pasaba, dedicarse a investigar uno de los problemas más serios que tiene México, y lo dijo cuando murió Miroslava, lo dijo, y lo volvió a repetir. Y en su última presentación del libro “Hierba mala”, pinta de cara un problema en donde todos somos responsables. Es muy fácil endosar la responsabilidad solamente a un ente de gobierno, a un ente de poder.

El pasado histórico es muy claro de lo que se sembró en este país, se sembró la sangre y se sembró una guerra a la que no nos prepararon, al menos yo no estaba preparada. Vengo de un estado donde han crecido los asesinatos, y donde no estuvimos preparados para entrarle a una guerra, y hoy estamos viendo una consecuencia desastrosa, de una descomposición social que obedece fuertemente a un problema que tiene que ver no solamente con la persecución del delito, que no solamente tiene que ver con venir a decir aquí cuántos están en la cárcel, cuántos más vienen en camino, cuántas cosas tenemos que seguir padeciendo, y no le hemos entrado al tema preventivo, a las medidas cautelares.

Hoy cuesta más comprar un seguro de vida para un periodista, que para un policía, de ese tamaño es el problema que está aquí. La retórica y la demagogia, no levantará a Javier de la tumba.
Dejemos de jugar con el dolor de las familias, no vengan aquí a decir que les duele mucho, cuando no hemos hecho absolutamente nada, más que criticar y estar todos los días diciendo una situación que no abona a la paz y seguridad que requerimos en este país.

Pero, por si fuera poco, los mecanismos que ya tenía y que ya se habían echado a andar, hay tres cosas que quiero resaltar de la reunión que hoy tuvo el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación.

También estoy en contra de los discursos, y de las condenas, eso no salva a la familia de Javier el dolor que tiene. Que diga que condeno un asesinato, no le sirve a Javier, y no le sirve a nadie. ¿Saben qué le sirve a Javier? Hacer estructuras funcionales con presupuesto, que persigan y que revisen qué es lo que está pasando en el fondo de una de las actividades más nobles de este país, como es el periodismo.

Por eso el Presidente hoy presentó una propuesta de estructura y presupuesto, aún con las dificultades presupuestales que tenemos. Y como el rollo es echar culpas, pues el esquema es nacional.

Creo que los gobiernos locales y los gobiernos municipales y la sociedad civil y todas y todos, le tenemos que entrar.

El esquema de coordinación nacional nos debe dar resultados muy rápido, porque entonces no se safa nadie de una responsabilidad que tenemos todas y todos. Y el fortalecimiento de la Fiscalía. La Fiscalía debe tener suficientes dientes y suficiente capacidad y facultades para poner tras las rejas a los responsables, y no ser motivo de un discurso retórico y demagógico que no resuelve ningún problema. La Fiscalía tiene que actuar en consecuencia y tener a los responsables ya tras las rejas, de eso se trata.

La condena debe de ir a resolver el dolor que está dejando en el territorio la muerte de tantos periodistas.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Agotada la lista de oradores, se informa a la Asamblea que las proposiciones relativas al tema sobre agresiones a periodistas serán turnadas a la Primera Comisión.






Compañeros legisladores: Informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, correspondientes a este año 2017, por lo que solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy, el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea,     en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Y no habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






A esta Comisión de Seguimiento, recién creada, se turnará la proposición que suscriben los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que leyó la Senadora Mariana Gómez del Campo. Asimismo, se le turnarán las proposiciones que sobre la materia de procesos electorales locales, durante el año 2017, se tengan registradas y las que se reciban con posterioridad.

Compañeras y compañeros legisladores, informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que se hagan por parte de los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 8 Y 11 DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 8 Y 11 DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los primeros cien días de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de América, han significado un replanteamiento en la relación comercial de nuestro país con la potencia económica más grande del mundo, nuestro socio más importante, con el que sostenemos un intercambio que rondaba hasta el año 2015 los 532 mil millones de dólares, el cual es mayor a la suma del comercio de aquella nación con Japón, Alemania y Corea del Sur ($483 mmdd) en ese mismo año.1 La importancia de la relación comercial se refleja en diversas cifras dadas a conocer por el gobierno de nuestro país:

• En 2015, México compró $198 mmdd, lo que significa 1.2 veces el valor de las exportaciones estadounidenses a Francia, Alemania, Japón y Reino Unido en su conjunto;

• La Unión Americana concentra el 64% de nuestro comercio total y el 80% de nuestras exportaciones;

• México es el tercer socio comercial de Estados Unidos (14% del comercio total), luego de China (16%) y Canadá (15.4%);

• Las exportaciones de México ascendieron a $296 mmdd, mientras que las importaciones sumaron $235 mmdd, con una balanza comercial positiva de $60 mmdd;

• Las exportaciones a México son mayores que las que realizan los Estados Unidos a China y Japón en conjunto;

• México es el primero, segundo o tercer mercado de 30 de los 50 estados de Estados Unidos, y

Seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.

A pesar de la importancia de la relación comercial con los Estados Unidos, ésta ha sido satanizada a través de un discurso lleno de ignorancia, prejuicios y rencor que desconoce la prosperidad alcanzada en diversos sectores y actividades de nuestras economías y el dinamismo de determinadas industrias y empresas proveedoras de servicios, un relato en el que injustamente se caracteriza a nuestro país como parasitario y a sus ciudadanos como delincuentes, una historia que, incluso, ha encontrado sustento ideológico entre intelectuales conservadores como Samuel P. Huntington. 

A pesar de la irracionalidad de semejante retórica, ésta ha cobrado visos de realidad entre diversos sectores de la sociedad norteamericana que ven a México como una amenaza para su estilo de vida y supervivencia, como un cáncer que debe ser extirpado, lo que ha significado una serie de desencuentros entre dos naciones que hasta ahora habían colaborado de manera exitosa en ámbitos como la seguridad, el comercio, la cultura, la ciencia y la educación, a pesar de la notoria desproporción entre las capacidades y recursos de cada una de ellas.

La desproporción de una narrativa intolerante, conservadora y racista tenía que encontrar una respuesta desde este lado de la frontera y ésta ha rayado entre la indignación, la exigencia de una actitud firme frente a quien ha insultado a México, el llamado a la unidad nacional, la exaltación de nuestro nacionalismo y la convocatoria a reforzar nuestra economía. Las redes sociales han constituido en este proceso un espacio libre para la protesta, la burla y la formulación de propuestas tendientes a reforzar nuestra posición frente a los Estados Unidos de América. Es de este último rubro del cual se nutre la presente iniciativa, pues como todos sabemos, espacios como Facebook, Twitter y WhatsAppse han constituido como foros de expresión en los que circulan con rapidez y libertad las ideas, muchas de las cuales parten más del sentimiento que de la reflexión profunda, de la necesidad de plantar cara y responder a los insultos de que hemos sido objeto.

Dentro de la amplia gama de propuestas que han encontrado eco en las redes sociales, destacan aquellas en las que se llama a establecer nuevos patrones de consumo, sea que se promueva la abstención de comprar productos manufacturados por empresas originarias de los Estados Unidos o se llame incluso a boicotear marcas y establecimientos originarios de aquella nación.

La racionalidad de tales iniciativas resulta impecable, pues parte de la natural exigencia de combatir con los recursos de que disponemos a quienes nos han amenazado, pero también de reposicionar a nuestros productores y empresas, lo que se cree podría redundar favorablemente en nuestra prosperidad y desarrollo. Sin embargo, la puesta en acción de llamados de esta clase resulta sumamente compleja, sobre todo si partimos de la estrecha relación que guardamos con la Unión Americana, de lo cual se ha dejado constancia en párrafos precedentes. Baste señalar que numerosas empresas de origen norteamericano son operadas en nuestro territorio bajo el régimen de franquicias por empresarios mexicanos o como maquiladoras que contratan mano de obra nacional, lo que genera empleo y en muchos casos la percepción de salarios más altos para nuestros trabajadores, tal y como ocurre, por ejemplo, en la industria automotriz.2 Aunado a lo anterior, cabe destacar que la actividad económica asociada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído un mayor desarrollo a las regiones cuyas actividades económicas se encuentran ligadas a dicho acuerdo de voluntades y muestra de ello lo es el crecimiento de estados como Aguascalientes (11.1%), Querétaro (6.4%), Nuevo León (3.4%) y Coahuila (4.7%), por citar sólo algunos.3

En la actualidad estamos ante la discusión de nuevas reglas para el TLC con Estados Unidos y Canadá, en ese contexto, vale la pena preguntarnos si la puesta en marcha de un boicot en contra de las empresas de origen estadunidense no terminaría por ser un golpe en contra de nuestros trabajadores y empresarios, una suerte de acción que significaría, literalmente, pillarnos los dedos con la puerta. Ahora bien, si la implementación de medidas de presión extremas podría implicar un ultraje en contra de nosotros mismos, ¿qué es lo que podemos hacer para apuntalar a nuestra economía? ¿O es que acaso estamos atados de manos y sujeta nuestra voluntad a factores externos? En una economía globalizada como la nuestra resulta difícil apelar a medidas nacionalistas sin reconocer el entorno en el que nos movemos, pues numerosos artículos de uso cotidiano se componen de elementos provenientes de países diversos. Tal es el caso de los teléfonos celulares, muchos de los cuales son diseñados y operados con software de Corea del Sur, Japón o los Estados Unidos, manufacturados en China, fabricados a partir de tierras raras obtenidas en ésta último país asiático, distribuidos en México por compañías nacionales y dotados de aplicaciones desarrolladas en todo el mundo.

Visto así, entonces pareciera que nuestro margen de acción está completamente acotado y que, por tanto, es imposible tomar medidas tendientes a reforzar nuestra economía. Nada de esto es cierto. Disponemos de espacio suficiente para fortalecer a nuestras empresas, productores y trabajadores, pero ello requiere de la adopción de medidas complejas insertas en nuestro marco legal, de la sinergia entre gobierno, iniciativa privada y consumidores, sin que ello implique de modo alguno el regreso a una economía cerrada o la aplicación de medidas proteccionistas que someterían a nuestro país al escrutinio de paneles internacionales que podrían revertir tales decisiones.

Es en este sentido que se vuelve una necesidad mejorar la calidad de los productos nacionales, a efecto de hacerlos competitivos frente a los extranjeros y atractivos para los consumidores, sea por su precio o utilidad práctica. También es imperiosa la acción de los tres niveles de gobierno a fin de promover la creación de empresas, valiéndose para ello de herramientas tales como la simplificación administrativa, los estímulos fiscales y la inversión en innovación científica y tecnológica. En la medida en que esto se haga posible nuestros productos podrán competir en posición de ventaja frente a sus pares del exterior, sea en nuestro territorio o en los mercados internacionales.

Es por todo esto que se propone la modificación de los artículos 3º, 8 y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a efecto de establecer como un objetivo específico de dicho ordenamiento fomentar el consumo de productos elaborados en el país; incluir en la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad políticas de carácter transversal que promuevan el consumo de productos hechos en México, y señalar como atribución para el Comité Nacional de Productividad la proposición a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el consumo de productos elaborados en el país.

La presente iniciativa constituye un paso adelante en la implementación de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2013, la cual reformó los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, a efecto de incluir en ella la idea de promover la competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes regionales y sectoriales, enmienda que fue proyectada en el ámbito reglamentario al promulgarse la Ley cuya reforma se pretende a través de la presente y cuyo objetivo consiste en potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal.

La iniciativa aquí planteada se vuelve necesaria, toda vez que la idea de promover el consumo nacional no está presente en el ordenamiento de mérito, omisión que se entiende bajo las circunstancias en que éste fue aprobado, las cuales se han    modificado sustancialmente tras el replanteamiento de nuestra relación comercial más importante y el reclamo ciudadano por fortalecer a nuestros productores e industriales, es decir, se trata de una propuesta que busca dar contenido y orientación a los llamados a la unidad nacional que han hecho el Gobierno Federal y diversos sectores de la opinión pública.

De lo que se trata es de respetar los términos de la globalización en que estamos insertos, pero a partir del reforzamiento de nuestros sectores productivos, de la reafirmación de nuestros valores, pero sin caer en la xenofobia o el chauvinismo, prácticas que nos han resultado tan odiosas como despreciables y a las cuales no debemos de dar eco, sino plantar cara para mantener nuestra presencia en los mercados que ya por derecho nos corresponden.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley:

I. … a XII. …

XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la competitividad a nivel sectorial, regional y nacional, y 

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad.

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley:

“I. … a “XII. …

“XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la competitividad a nivel sectorial, regional y nacional;

“XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad, y

“XV. Fomentar el consumo de productos elaborados en el país.

Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes:
I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes:

a) … a c) …

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la conectividad logística en todo el territorio nacional, y

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades productivas, así como el ambiente de negocios;

 

 

II. … a VI. …

 

“Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes:
“I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes:

“a) … a “c) … 

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la conectividad logística en todo el territorio nacional;

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades productivas, así como el ambiente de negocios, y

“f) Promover el consumo de productos hechos en México.


“II. … a “VI. …

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes:

I. … a VII. …

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;


IX. a XVII. …

“Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes:

“I. …a “VII. …

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el consumo de productos elaborados en el país y el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

“IX. … a “XVII. …”

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 8 y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley:

“I. … a “XII. …

“XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la competitividad a nivel sectorial, regional y nacional;

“XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad, y

“XV. Fomentar el consumo de productos elaborados en el país.

“Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes:

“I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes:

“a) …a “c) … 

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la conectividad logística en todo el territorio nacional;

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades productivas, así como el ambiente de negocios, y

“f) Promover el consumo de productos hechos en México.

“II. … a“VI. …

“Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes:

“I. …a “VII. …

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el consumo de productos elaborados en el país y el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

“IX. … a “XVII. …”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en <http://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795>, el 1 de marzo de 2017 a las 18 horas.

2 Consultado en <http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/salarios-en-industria-automotriz-del-bajio-10-arriba-de-la-media-mercer.html>, el 1 de marzo de 2017 a las 18:56 horas.

3 Consultado en <http://www.forbes.com.mx/los-estados-con-mayor-crecimiento-economico-en-
mexico/#gs.3SyA=Y0>, el 1 de marzo de 2017 a las 19:06 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

(Presentada por las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la discusión de la Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto e implementada a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2013, el Gobierno Federal aseguró a las y los mexicanos que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dos empresas emblemáticas para nuestra Nación, no serían privatizadas.  Se aseguró, también, que los hidrocarburos seguirían siendo propiedad de la Nación, que tanto Pemex como CFE se transformarían en empresas públicas de carácter productivo, propiedad del Estado, con la capacidad de competir en sus respectivas industrias para convertirse en empresas de clase mundial. Que estas empresas se convertirían en el motor de cadenas de proveedores nacionales y que se abrirían sectores como la extracción de hidrocarburos a la participación privada, para maximizar los ingresos del Estado en aquellos yacimientos en donde las empresas privadas pudieran reducir los costos de la extracción en relación con los costos de las empresas del Estado.

En resumen, se prometió una Reforma Energética en la que el Estado preservaría la rectoría de la industria petrolera nacional; en la que se fortalecerían a las empresas estatales del sector; en la que se emplearían nuestros recursos naturales como palanca del desarrollo nacional; y en la que la participación privada se daría en términos que incrementaran la renta en favor del Estado de nuestros recursos petroleros.

A tres años de la legislación secundaria de la Reforma Energética, vemos con preocupación que estas promesas han sido fatalmente incumplidas; que la rectoría del Estado en el sector ha desparecido por completo, dejando que sean las necesidades de hidrocarburos de los Estados Unidos de América (quienes se guardan sus reservas, pero exigen que nosotros aumentemos nuestra producción y su exportación hacia sus mercados) y la sed comercial de las grandes petroleras internacionales, las que dicten nuestra agenda energética.

Lejos de establecer ritmos de extracción razonables, que aseguren la soberanía energética y el desarrollo sustentable de nuestra Nación, la implementación de la Reforma Energética parece haberse convertido en un concurso sobre cuantos contratos petroleros puede el Gobierno Federal celebrar, sin importar que para subir el número de éstos haya que bajar hasta lo inaceptable los términos y condiciones exigidos a las contrapartes privadas.

El fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado también ha sido otra promesa incumplida. Se prometió que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no serían privatizadas, pero ahora una parte importante de las reservas de hidrocarburos y el mercado eléctrico nacional (esto es, una parte substancial de los activos más importantes de estas empresas) ya se encuentran en manos privadas.

Más allá de esta privatización disfrazada, no ha habido en la implementación de la Reforma Energética ningún esfuerzo por fortalecer a nuestras empresas estatales.  Resulta notable cómo, por ejemplo, en dicha implementación no se ha contemplado ningún programa para el fortalecimiento tecnológico de dichas empresas. Resulta igualmente notable, cómo a Pemex no se le ha permitido participar libremente en las licitaciones en que se han adjudicado las licencias y los contratos petroleros, con el absurdo resultado de que las empresas privadas no tienen que competir contra los costos de extracción de nuestras empresas estatales, resultando en la adjudicación de contratos y licencias a esas empresas privadas con costos al Estado muy superiores a los que le representaría la explotación de esos recursos por sus propias empresas.

El papel al que se ha condenado a nuestras empresas estatales en la implementación de la Reforma Energética, contrasta con las historias de éxito en las industrias energéticas del mundo. Entre éstas, quizá la más notable es la de Noruega, que cuando a finales de la década de los 60 descubrió Ekofisk, su primer gran yacimiento de petróleo y gas natural, entendió que la única forma que tiene un estado petrolero de subsistir exitosamente en un escenario de industria abierta es con una gran capacidad de auto-ejecución.  Implementó así una política energética en la que podían participar las grandes petroleras internacionales, pero en el centro de la cual estaba la recién creada empresa estatal Statoil. La participación de las petroleras internacionales estaba basada en asociaciones con Statoil, en las que una parte esencial era la transferencia de tecnología y conocimientos a dicha empresa estatal. Hoy en día, Statoil es una de las empresas en la vanguardia tecnológica de la industria y Noruega tiene una de las industrias petroleras más exitosas del mundo.

El uso de nuestros recursos naturales como palanca del desarrollo nacional y el papel de nuestras empresas estatales en el sector energético como motor de cadenas de proveedores nacionales también han sido otras de las promesas incumplidas de la Reforma Energética. ¿Por qué nuestro afán de exportar todos los hidrocarburos que podamos, cuando los productos de los procesos subsecuentes a la extracción, como los petroquímicos o los refinados tienen un valor mucho mayor? El inentendible afán de saciar la sed de crudo de Estados Unidos nos ha condenado a cumplir el papel dictado por el establishment mundial, en virtud del cual los países se dividen en aquellos pobres que exportan sus recursos naturales y aquellos ricos que los transforman mediante procesos industriales y los venden multiplicando muchas veces su valor. Si los hidrocarburos son nuestros, ¿no estaría en nuestro interés, en vez de exportarlos, usarlos para crear y fortalecer las industrias de la transformación de nuestro país, con la creación de empleos y la derrama de beneficios que eso conlleva?

Las preocupaciones expresadas en los párrafos que anteceden cobran mayor relevancia por la importancia que representan las industrias petroleras y eléctrica en nuestro país.  Basta recordar que los ingresos petroleros han tradicionalmente representado el 40% del ingreso público, por lo que las consecuencias de una política energética errada pueden ser catastróficas para nuestra Nación.

El sector energético nacional también requiere de la existencia de personal capacitado, que pueda, por un lado, satisfacer la demanda de trabajadores calificados en del sector energético

Son estas preocupaciones las que han dado lugar a esta iniciativa, conjuntamente con la convicción de que es necesario, urgente, retomar la rectoría del Estado en materia energética y diseñar una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético (ENAE) que tenga como prioridad la seguridad energética de la Nación y el desarrollo sustentable en el largo plazo.

La Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético, que se propone, tiene el fin de colocar, de nuevo, al sector energético estatal como una palanca de desarrollo. Su criterio fundamental es aumentar el bienestar público de los mexicanos, a través del mejor aprovechamiento de los recursos energéticos por parte de las empresas productivas del Estado, así como de las empresas privadas del sector.

La ENAE buscaría cambiar la dinámica del sector energético nacional, haciendo énfasis en la mejora cuantitativa y cualitativa de la inversión en PEMEX y CFE. Ésta estaría a cargo del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía (SE), quien estaría facultada para suscribir convenios y acuerdos con personas de derecho público o privado, con el fin de implementar la ENAE.

La ENAE sería desarrollada con el apoyo de un Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético, compuesto por los titulares de la misma SE, SHCP, Secretaría de Economía, del Trabajo y Previsión Social, SEMARNAT, PEMEX y CFE, así como de los órganos reguladores coordinados en materia de energía; y por un Consejo Consultivo en Desarrollo Tecnológico, compuesto por los titulares de la SE, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Federal de Electricidad.

Uno de los aspectos más importantes de la ENAE consistiría en una mayor regulación de los precios y tarifas de los energéticos, incluyendo la gasolina, a través de cuotas mínimas de producción e importación, con lo que se buscaría combatir un posible desabasto ante la creciente dependencia de nuestro país por los energéticos norteamericanos.

De igual forma, se incluirán metas de inversión y creación de empleos en el sector energético nacional, con el fin de aumentar el bienestar común de los mexicanos mediante la explotación racional de los recursos, considerando que el mercado ya ha sido abierto.

También se busca dar coherencia al desarrollo de la industria energética en México y el fortalecer la capacidad productiva de PEMEX y CFE, a través de una estrategia coordinada con distintos actores económicos involucrados con dicha industria. Sus posibles consecuencias, por tanto, serían mayor estabilidad en los precios de los energéticos, así como el desarrollo industrial, cuya carencia de insumos limita su expansión. También, se conformaría como una herramienta para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, al permitir comparar las metas establecidas con las acciones realizadas.

Fortalecer la plataforma de PEMEX y protegerla de cara a retos futuros implica que en el presente se inviertan los recursos necesarios. Especial énfasis se debe hacer en la renovación de las refinerías, que operan a la mitad de su capacidad por problemas en sus instalaciones. Esto se agrava al considerar que el presupuesto que recibirán este año se ha reducido. Solo a través de esta clase de inversión PEMEX podrá producir en el futuro una mayor cantidad de gasolinas de manera más eficiente, algo que será necesario para su supervivencia una vez que los mercados se han abierto a la competencia.

Además, aumentar la capacidad productiva en materia de gasolinas es cada vez más importante para la soberanía energética. En 2016, el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos fue de 6,000 millones de dólares. Las importaciones de gasolina y diésel son los principales responsables de esto. El 68 por ciento de la gasolina vendida en el país es importada, al igual que el 57 por ciento del diésel consumido. La dependencia a energéticos importados debilita la soberanía nacional, y dejándonos desprotegidos y con escasa capacidad de maniobra ante cambios en las relaciones comerciales con otros países, como sucede actualmente en la relación México-Estados Unidos.1

Con el fin de que la ENAE no sea un instrumento aislado, se propone ligarla con el Plan Nacional de Desarrollo, siendo este último la guía rectora de los programas y las políticas del Gobierno de la República en cada administración. Esto permitiría revisar y homogeneizar los objetivos y las acciones gubernamentales y conectaría la ENAE con sectores de que, ultimadamente dependen, como con el educativo y el de seguridad, por ejemplo, en la prevención y combate de robo de hidrocarburos.

En este respecto, se propone la creación de una Plataforma Digital, en la que todos los contratos firmados entre proveedores y las empresas PEMEX y CFE sean hechos públicos; esto, de manera clara y ordenada. Esta herramienta daría más certeza a los mexicanos que las empresas productivas del Estado se manejan con absoluta transparencia. Atendería la corrupción que se gesta en el seno de ambas empresas, que golpea al bienestar de la población, y que ponen en riesgo su viabilidad financiera a largo plazo, y cuyo ejemplo más reciente es el Caso Odebrecht.

PEMEX y CFE, así como el resto del sector energético, dependen de la disponibilidad de trabajadores calificados. Esto es importante en dos sentidos: es necesario contar con personal que nutra la expansión productiva en el país, en tanto que se debe de atender para hacer posible el desarrollo industrial; y porque es indispensable ampliar la base de investigadores y trabajadores que puedan trabajar en el desarrollo y adaptación de tecnologías del sector. Por esto, el Consejo Consultivo en Desarrollo Tecnológico debe desarrollar un programa, con objetivos bien definidos, formulados acorde a los criterios del ENAE, y que apunte a proveer a los trabajadores del sector energético de conocimientos actualizados en la materia.

Algunos puntos esenciales de esta Estrategia serían:

1. El uso racional de los recursos no renovables y su optimización en función de las necesidades del País y no de otras naciones, relacionados a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

2. La implementación de un ambicioso programa de transición a energías renovables, incluyendo aquéllas para la generación de electricidad mediante fuentes hidráulicas, eólicas, solares, maremotrices, geotérmicas, bioenergéticas y otras fuentes de generación eléctrica consideradas como limpias.

3. El Fortalecimiento de nuestras empresas estatales en el sector energético, mediante un ambicioso programa de desarrollo tecnológico y haciendo especial énfasis en la mejora de las capacidades productivas de los trabajadores.

4. La utilización de las empresas estatales en el sector energético, no como empresas comerciales cualesquiera, sino como inversiones estratégicas del Estado en sus relaciones con otras empresas privadas del sector energético y como palancas del desarrollo industrial nacional y la generación de beneficios sociales.

5. El establecimiento de una meta mínima de inversión para la empresa productiva del Estado en materia de refinación de petróleo para la obtención de gasolina y sus derivados.

6. La aplicación de principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia y publicidad al establecimiento, implementación, evaluación y supervisión de dicha estrategia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Sobre el Desarrollo de Una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético:
LEY SOBRE EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana.  Tiene por objeto establecer la estrategia para el fomento de la industria energética como palanca del desarrollo nacional, responsable y sustentable.

Artículo 2.- El aprovechamiento de los hidrocarburos y de las fuentes de energía renovables son de utilidad pública y de interés general. Obedecerán a una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético que busque el bienestar social, el fomento industrial y el desarrollo sustentable nacional de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 3.- Las Empresas Productivas del Estado en el sector energético basarán sus metas y objetivos en la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético. 

CAPÍTULO II
DE LA AUTORIDAD

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, ejercerá las atribuciones conferidas por esta ley.

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Energía:

I.- Establecer, implementar, supervisar y evaluar, previa opinión del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético, la Estrategia Nacional Sobre el Aprovechamiento Energético.

II.- Establecer los canales adecuados para conocer las opiniones de los sectores industriales y sociales del País, sobre la elaboración, implementación, supervisión y evaluación de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

III.- Llevar a cabo, previa opinión del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético, revisiones y evaluaciones anuales al Plan Nacional para el Aprovechamiento Energético.

IV.- Publicar un reporte anual sobre el cumplimiento de metas y objetivos de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, podrá suscribir convenios y acuerdos con personas tanto de derecho público como privado para coadyuvar en la implementación de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Artículo 7.- El Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético estará integrado por los titulares de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los titulares de los órganos reguladores coordinados en materia de energía y por los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 8.- El Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético estará encargado de auxiliar a la Secretaría de Energía en el establecimiento, implementación, supervisión y evaluación de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Artículo 9.- Cada miembro titular del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético designará un suplente, quien lo suplirá en sus ausencias, que deberá ser un funcionario del nivel inmediato inferior al titular en la dependencia o empresa correspondiente.

Artículo 10.- El Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Energético sesionará cada vez que sea convocado por su presidente o cualesquiera dos de sus miembros, en la inteligencia de que deberá sesionar por lo menos una vez cada tres mes.

CAPÍTULO IV
DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Artículo 11.- La Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético deberá incluir:

I. Las metas, mínimas y máximas, de extracción de hidrocarburos, mismas que deberán obedecer a criterios de razonabilidad y sustentabilidad en su explotación, y en su aprovechamiento como palanca de desarrollo de la industria nacional y la generación de beneficios sociales;

II. La reserva nacional de gasolinas con el fin de garantizar la soberanía energética;

III. Las metas mínimas para el establecimiento de las energías renovables, incluyendo aquellas para la generación de electricidad mediante fuentes hidráulicas, eólicas, solares, maremotrices, geotérmicas, bioenergéticas y otras fuentes de generación eléctrica consideradas como limpias;

IV. Las metas de participación mínima que deberán lograr las Empresas Productivas del Estado en cada una de las cadenas industriales que conforman los sectores petroleros, petroquímicos y eléctrico, atendiendo siempre a la seguridad de suministro y abasto a precios que promuevan el fomento industrial y el beneficio social;

V. Las metas de participación mínima de la industria nacional privada en cada una de las cadenas industriales que conforman los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico, atendiendo al objetivo de aprovechar los recursos naturales del país como palanca del desarrollo industrial nacional;

VI. Las metas de creación y mantenimiento de empleos en el País, en los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico;

VII. Las metas y objetivos en materias de precios y tarifas de los productos de las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica, y

VIII. Las metas y objetivos en materia de desarrollo tecnológico para las Empresas Productivas del Estado en los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico.

IX. Las metas y objetivos que PEMEX tendrá en materia de inversión en su sector de refinación.

El Consejo de Coordinación del Sector Energético deberá publicar semestralmente un informe respecto del avance en la implementación de la Estrategia en el marco de sus atribuciones.

CAPÍTULO V
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Artículo 12.- Las Empresas Productivas del Estado en los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico alinearan sus metas y objetivos a los de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Artículo 13.- El desempeño de las Empresas Productivas del Estado se evaluará, no sólo a la luz de sus indicadores comerciales y financieros, sino también a la luz de su contribución a las metas y objetivos de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Artículo 14.- Los Consejos de Administración y demás órganos de gobierno de las Empresas Productivas del Estado tomarán en cuenta lo establecido en los artículos anteriores en la elaboración de sus planes y programas y en la toma de decisiones en dichas empresas productivas.

CAPÍTULO VI
DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y DEL CONSEJO CONSULTIVO EN DESARROLLO TECNOLÓGICO

Artículo 15.- Para cumplir con las obligaciones que les impone esta ley, las Empresas Productivas del Estado establecerán programas y realizarán inversiones en desarrollo tecnológico, asegurando su ubicación y permanencia en la vanguardia tecnológica en sus respectivas áreas industriales.

Artículo 16.- El Consejo Consultivo en Desarrollo Tecnológico estará conformado por el Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien lo presidirá, por el Director del Instituto Mexicano del Petróleo, por el Director del Instituto Politécnico Nacional, por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y por los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 17.- El Consejo Consultivo en Desarrollo Tecnológico estará encargado de auxiliar a las Empresas Productivas del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones que en materia de desarrollo tecnológico se derivan de esta ley. Asimismo, deberá desarrollar un programa, con objetivos bien definidos, formulados acorde a los criterios del ENAE, para proveer a los trabajadores del sector energético de conocimientos actualizados en la materia.

Artículo 18.- Cada miembro titular del Consejo Consultivo en Desarrollo Tecnológico designará un suplente, quien lo suplirá en sus ausencias, que deberá ser un funcionario del nivel inmediato inferior al titular, en la institución o entidad correspondiente.

Artículo 19.- El Consejo Consultivo para el Desarrollo Tecnológico sesionará cada vez que sea convocado por su presidente o cualesquiera dos de sus miembros, en la inteligencia de que deberá sesionar por lo menos una vez cada tres meses.

CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Artículo 20.- La Secretaría de Energía se asegurará de que la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético atienda las necesidades de los sectores industrial y social del país.  Asimismo, fomentará la participación de dichos sectores en el cumplimiento de las metas y objetivos de dicha estrategia.

Artículo 21.- En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Energía podrá establecer convenios de colaboración con autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México o municipales, para la implementación de medidas que fomenten la participación de los sectores industrial y social en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Artículo 22.- Cuando la participación de empresas privadas en los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico se dé al amparo de contratos celebrados con el Estado, éste se asegurará de que los términos ofrecidos al Estado representen las mejores condiciones disponibles en el mercado.

Artículo 23.- En materia de extracción de hidrocarburos, el Estado no pagará a empresas privadas costos de extracción superiores a los costos incurridos por las Empresas Productivas del Estado en la extracción de hidrocarburos en yacimientos similares.

CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS
DEL ESTADO Y LAS EMPRESAS PRIVADAS

Artículo 24.- En las asociaciones e inversiones conjuntas que, conforme a la legislación aplicable, celebren las Empresas Productivas del Estado con particulares, además de asegurar que los términos y condiciones para dichas Empresas Productivas del Estado sean los mejores disponibles en el mercado, se privilegiará la transferencia de tecnología y el enriquecimiento de las capacidades técnicas de dichas empresas productivas.

Artículo 25.- Las asociaciones e inversiones conjuntas a las que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán bajo términos que le aseguren a la Empresa Productiva del Estado en cuestión una participación sustancial en los aspectos operativos de la asociación o inversión conjunta, privilegiando la transferencia de tecnológica a dichas Empresas Productivas del Estado.

CAPÍTULO IX
DEL PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL
PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Artículo 26.- El Ejecutivo Federal, al enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, se asegurará que los recursos contemplados por las Empresas Productivas del Estado en los sectores petroleros, petroquímico y eléctrico sean adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones bajo la presente ley.

Artículo 27.- La Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético, así como los recursos públicos que se destinen a su implementación, estarán sujetos a los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia y publicidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de la Ley Sobre el Desarrollo de Una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

TERCERO.- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Energía publicará la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 17 de mayo de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Cifras de Banco de México, US Census Bureau ‘Energy Today’. NEXOS (Andres Lajous, 20/02/17). Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=31468#_ftn2





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es, sin duda alguna, el mayor de los males que azota a nuestro país y el Poder Legislativo no ha sido inmune a éste.

El 28 de agosto de 2014 se dio a conocer uno de los mayores escándalos de corrupción del que se tenga memoria en el poder legislativo, cuando el entonces alcalde del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, denunció el cobro de “moches” a presidentes municipales por parte de Diputados Federales de su entidad con el fin de gestionar recursos de índole federal.

Desde entonces, la actuación de los Diputados Federales, que entre sus facultades tienen la de modificar y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)remitido cada año por el Ejecutivo Federal, ha estado bajo una vigilancia más estricta por parte de la ciudadanía.

En el marco del actual panorama económico, político y social, caracterizado por las restricciones presupuestales, la corrupción no puede tener cabida, no sólo porque ésta le cuesta al país miles de millones de pesos, sino porque atenta en contra del Estado de Derecho y acrecienta las desigualdades sociales.

En los últimos años, la transparencia y la rendición de cuentas han sido temas presentes en la agenda nacional y como resultado del interés que éstos han generado el Poder Legislativo logró la aprobación de la reforma constitucional a través de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la legislación secundaria en la materia.

Dicho Sistema nació como un esfuerzo de coordinación interinstitucional que busca hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común de los gobiernos de todos los niveles para así alcanzar el fin de aumentar la confianza de la sociedad en sus representantes, promover las mejores prácticas de gobierno y promover la legalidad. Así mismo, se logró un avance histórico para el país en su lucha contra la corrupción, que tanto daño ha ocasionado.

No obstante lo anterior, no se debe suponer que ya todo está hecho en cuanto respecta a la labor de eliminar la corrupción de nuestro país, pues de hacerlo así, las autoridades estarían incurriendo en una grave irresponsabilidad. Por el contrario, los legisladores federales tienen el deber de profundizar las reformas en materia de transparencia y anticorrupción para que el Sistema perdure en el tiempo y concrete sus objetivos.

Resulta lamentable que encuestas y estudios sobre la opinión pública hagan constar el descrédito del cual es objeto el Poder Legislativo. Solo por citar dos ejemplos de lo anterior, en febrero de 2016 la organización Barómetro Global de la Corrupción junto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) publicaron el reporte “Transparencia y combate a la corrupción” en el que se revela que el 83% de la población concibe al Poder Legislativo como una institución corrupta. En el mismo sentido, una encuesta realizada por del diario El Economista en noviembre del mismo año indica que los encuestados ubicaron a los Diputados entre los servidores públicos en los que menos confían.

Lo anterior, debe ser entendido como un llamado de atención por parte de los ciudadanos que obligue al Poder Legislativo a perfeccionar el marco jurídico que regula su actuación de tal forma que esté en consonancia con las necesidades de la población y, al mismo tiempo, sea mejor comprendida por ésta, especialmente, en cuanto a la obligación de aprobar el mayor instrumento de política pública con el que cuenta el país: el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Los fondos contenidos en el Ramo General 23 “Provisiones Económicas y Salariales” cuya asignación ha sido objeto de desconfianza por parte de la ciudadanía son el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y el apartado destinado a Proyectos de Desarrollo Regional. La asignación de recursos a éstos es una facultad de la Cámara de Diputados que ha sido fuertemente criticada por la sociedad y vista como una práctica corrupta a partir de los malos manejos evidenciados en ejercicios anteriores.

El Ramo General 23 es definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el instrumento de política presupuestaria que permite atender necesidades del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades federativas; específicamente, este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario; ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos; iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario; y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios. Este Ramo cuenta con seis componentes que son:

1. Previsiones salariales

2. Provisiones económicas

3. Desarrollo Regional

4. Provisiones salariales y económicas

5. Otras provisiones económicas

6. Gastos asociados a ingresos petroleros.

El Componente denominado Desarrollo Regional es en el que se ubican el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y la cuenta para Proyectos de Desarrollo Regional.

El Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal fue creado por la Cámara de Diputados en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PPEF para el ejercicio fiscal 2016 y reúne fondos de diferentes programas de infraestructura, deporte y cultura que fueron eliminados a raíz del escándalo de 2014.

Las provisiones del fondo de mérito tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías de comunicación; construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Dicho Fondo se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo en la Meta Nacional 4, “México Próspero”, cuyo objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica del país a través de una estrategia que promueva un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. Así mismo, está alineado con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, cuyo propósito es Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

Los Proyectos de Desarrollo Regional, por su parte, pretenden impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país de tal forma que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica, la creación de empleos y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación intergubernamental.

Dicho rubro se encuentra alineado también con el Plan Nacional de Desarrollo en la Meta 4 que busca mantener la estabilidad macroeconómica del país, buscando transformar al gobierno actual en uno más cercano a la sociedad y moderno. De igual forma, se encuentra alineado con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo que busca ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Sobre éste último concepto, cabe mencionar que cada año acuden ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública autoridades Estatales y Municipales a presentar proyectos, principalmente de infraestructura, con la finalidad de que sean incorporados en dicho rubro del PEF. Para ello, la Comisión emite un acuerdo en el que se establecen los tiempos y la documentación que se habrá de presentar para tomar en cuenta cada propuesta. Dicho procedimiento es una práctica común en la Cámara de Diputados desde hace años, sin embargo, no se encuentra contemplada por disposición, ley o reglamento alguno, dando pie a que se interprete como un acto discrecional.

Hasta la fecha, cabe reconocer que se han realizado esfuerzos aislados por detener las prácticas susceptibles de corrupción en torno a los recursos de estos fondos. Particularmente, por parte del Senado de la República que, en el ánimo de acotar el marco de actuación discrecional de los Diputados, han buscado establecer límites a los ajustes que pueda realizar la Cámara de Diputados en el marco de la discusión y aprobación del PEF y, por otro lado, mandatar que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice directamente los proyectos financiados con cargo a estos fondos.

Igualmente, en la Cámara de Diputados se presentó recientemente una iniciativa que pretende reformar la naturaleza y estructura de los recursos del Ramo 23 y establecer fórmulas para determinar su tamaño, en términos de recursos, bajo parámetros objetivos.

Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2016 la SHCP emprendió un esfuerzo por ejercer de manera ordenada y transparente los recursos del mencionado Fondo con la expedición de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, donde se obliga a las autoridades estatales y municipales interesadas en acceder a los recursos a solicitarlos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) por escrito, en hoja membretada y debidamente firmada por los servidores públicos solicitantes. Acompañando a la solicitud se debe anexar un expediente técnico que ha de contener cédula del proyecto susceptible de financiamiento, nota técnica con el costo anual equivalente, análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia simplificado, según corresponda y demás requisitos que la UPCP establezca.

En los Lineamientos también se señala que la UPCP tiene la facultad de solicitar cualquier información que considere necesaria la cual contribuya a la identificación y revisión de los proyectos.

Se agregan los requisitos que habrán de tener las instancias solicitantes como contar con una cuenta bancaria en la que habrán de depositarse los recursos autorizados y, por otro lado, las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incumplir con los plazos marcados por la UPCP.

En términos de garantizar la transparencia y la debida rendición de cuentas, se plantean obligaciones para las instancias ejecutoras como no poder destinar más del dos por ciento del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado, a gasto corriente y de operación y la obligación de las entidades de incluir en su sus Cuentas Públicas los informes sobre el ejercicio y gasto público de los recursos asignados.

De igual forma, los Lineamientos establecen que la SHCP podrá destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado al Fondo para su administración. Cabe destacar, que los resultados de este esfuerzo pueden consultarse en el portal de Transparencia Presupuestaria en el que se da publicidad a los proyectos financiados con cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional, su localización geográfica y el avance en el ejercicio de los  recursos.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que se debe ir más lejos en este propósito por lo que la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de establecer un procedimiento abierto, transparente, objetivo, imparcial y equitativito, que considere un mecanismo de evaluación en términos económicos y sociales para la asignación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional, de tal forma que los recursos que apruebe la Cámara de Diputados se encuentren etiquetados y con ello se evite tanto su ejercicio discrecional como el cobro de comisiones por la gestión de los mismos por parte de Diputados Federales.

Adicionalmente, se busca que la asignación de los recursos de los fondos del Ramo 23 sea transparente y apegada a la legalidad, evitando dar cabida a actos que pongan en tela de juicio la actuación del Poder Legislativo, y así, las y los ciudadanos comprendan dicho procedimiento. Todo ello, tomando en cuenta y articulando acciones coordinadas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de mejorar la calidad del gasto.

Por las razones señaladas, se propone adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como a continuación se muestra:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Vigente)

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Propuesta de Modificación)

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. a VII. …

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) a f) …

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. a VII. …

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) a f) …

Sin correlativo

g) La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, después de la recepción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá emitir una convocatoria a todos los gobiernos estatales y municipales para presentar proyectos susceptibles de financiamiento con las provisiones del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional, previstos en el Ramo General 23. Para la inclusión de los proyectos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación los gobiernos estatales y municipales deberán presentar el proyecto ejecutivo de la obra solicitada y la documentación indicada por la Secretaría que acredite la necesidad de acceso a los fondos.

La Cámara de Diputados podrá realizar reasignaciones presupuestarias que permitan incrementar los recursos estimados en el Proyecto de Presupuesto para dichos fondos de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de esta ley.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública evaluará las propuestas presentadas por los gobiernos estatales y municipales, debiendo incluir aquellos que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría y que demuestren generar un mayor impacto social.

Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Estado y Municipios y de los Proyectos de Desarrollo Regional deberán estar etiquetados y se destinarán exclusivamente a los proyectos autorizados por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos que ésta apruebe.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Único.- Se adiciona un inciso g) a la de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. a VII. …

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) a f) …

g) La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, después de la recepción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá emitir una convocatoria a todos los gobiernos estatales y municipales para presentar proyectos susceptibles de financiamiento con las provisiones del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional, previstos en el Ramo General 23. Para la inclusión de los proyectos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación los gobiernos estatales y municipales deberán presentar el proyecto ejecutivo de la obra solicitada y la documentación indicada por la Secretaría que acredite la necesidad de acceso a los fondos.

La Cámara de Diputados podrá realizar reasignaciones presupuestarias que permitan incrementar los recursos estimados en el Proyecto de Presupuesto para dichos fondos de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de esta ley.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública evaluará las propuestas presentadas por los gobiernos estatales y municipales, debiendo incluir aquellos que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría y que demuestren generar un mayor impacto social.

Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Estado y Municipios y de los Proyectos de Desarrollo Regional deberán estar etiquetados y se destinarán exclusivamente a los proyectos autorizados por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos que ésta apruebe.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.- La Secretaría deberá remitir a la Cámara de Diputados, junto con el Paquete Económico, los lineamientos y requisitos que deberán cumplir las solicitudes de los gobiernos estatales y municipales en sus solicitudes de financiamiento con cargo a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 17 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Sesma Suárez.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lía Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD en materia de protección a la salud de las mujeres, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En temas de higiene personal que debe procurar una mujer han sido generalmente poco socializados por razones de intimidad, y que fuera de la comercialización de productos de higiene sanitaria para las mujeres persiste una desinformación referente al periodo menstrual, generando una estigmatización al bienestar, a la salud y a la dignidad de las mujeres.

Actualmente, en diferentes partes del mundo, esta desinformación referente a la menstruación ha generado prejuicios en contra de la mujer al grado de ocasionar una evidente discriminación cuando está pasando por su periodo menstrual, desde tener prohibido preparar alimentos o contacto con animales o ser aisladas por completo, hasta tener prohibido el uso de instalaciones de agua potable por temor a una contaminación.1

México no es la excepción y al respecto las mexicanas reciben una constante discriminación con origen a su periodo menstrual, etiquetándolas de diferentes formas por el simple hecho de ser mujeres y su relación directa con cambios hormonales de causa evidentemente natural.

Razón por la cual es necesario, además de una mayor difusión educacional sobre la propia naturaleza de la mujer y sus cambios fisiológicos, generar las condiciones donde cada vez más existan diferentes opciones de higiene personal y que sean una verdadera alternativa para mejorar su salud, su calidad de vida, e incluso que también se vea beneficiado nuestro medio ambiente.

Si bien es posible encontrar nuevas opciones de higiene personal para mujeres, como alternativa a las clásicas tollas sanitarias o los tampones, también es de señalar que dichas alternativas no cuentan con una apropiada difusión de sus beneficios económicos, a la salud y medio ambientales.

Aunado a lo anterior, nuestra legislación especializada en materia de salubridad que regula el uso de productos de higiene personal, termina clasificando aquellos productos que utilizan las mujeres para aseo sanitario como dispositivos médicos, o incluso deben apegarse a los lineamientos que rigen a los medicamentos, dando a entender como si la menstruación fuera considerada como una enfermedad.

II. La Ley General de Salud en su artículo 3º fracción XXIII señala que en materia de salubridad general es considerado “el control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición fina de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos”.

El mismo ordenamiento citado en su artículo 194 primer párrafo establece la definición de control sanitario, entendiéndose como “el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.”

Por lo que dentro de este proceso, además de incluirse los productos como alimentos, bebidas, cosméticos, de aseo, tabaco, materias primas o incluso los correspondientes a plaguicidas, nutrientes y substancias tóxicas que pueden poner el peligro la salud humana, también se encuentran los equipos médicos dónde los productos higiénicos también requieren someterse ante un ejercicio de control sanitario.

El artículo 194 Bis de la Ley General de Salud señala que son considerados “insumos para la salud: Los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos”.

El artículo 262 fracción VI de la misma ley define a los productos higiénicos como: “Los materiales y substancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva.”

En relación a lo señalado en el párrafo anterior se desprenden las disposiciones que son aplicables a los productos higiénicos, ya que la misma ley referida en su artículo 268 señala que quedarán sujetos al capítulo correspondiente a medicamentos (del Título décimo segundo, capítulo IV, artículos 221 al 233).

Otro elemento a considerar sobre la Ley en materia, es la aparente discrecionalidad que tiene el Secretario de Salud en el artículo 295, ya que la misma Secretaría a su cargo puede solicitar autorización sanitaria a aquellos productos que pretenden ingresar al país incluidos: medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos.

 “Artículo 295.- Sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo Federal, se requiere autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud para la importación de los medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos que determine el Secretario, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.”

III. El día 3 de febrero de 2016 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria en contra de los productos denominados copas menstruales, bajo los argumentos que: actualmente ningún producto de este tipo cuenta con registro sanitario en el país; se desconoce la calidad y la seguridad de los materiales empleados para la fabricación por lo que también se desconocen los efectos secundarios que pueden provocar a la salud de las mujeres y; que carecen de evidencia científica avalada por la propia COFEPRIS.

Adicionalmente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios afirma que no ha recibido algún expediente que haya iniciado el trámite para obtener el registro sanitario correspondiente. La alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS también incluye una serie de recomendaciones dentro de las cuales se encuentran evitar la compra de copas menstruales y notificar la adquisición o consumo de este tipo de productos.

Con esta alerta sanitaria lo único que está provocando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la  “estigmatización” de productos alternativos a las toallas sanitarias y a los tampones, ya que la alerta sanitaria es emitida a pesar de que las copas menstruales cuentan con certificaciones sanitarias en otros países como en Estados Unidos por la FDA e internacionales.2

Además de lo anterior en dicha alerta sanitaria se logra comprender que este tipo de productos se encuentran clasificados como un “dispositivo médico clase II”, los cuales se definen como aquellos insumos conocidos en la práctica médica, que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y generalmente se introducen al organismo.3

IV. Si bien el periodo menstrual es una experiencia que comparten todas las mujeres, este proceso natural ha sido estigmatizado e incluso se ha convertido en un tema difícil de comprender principalmente por las necesidades básicas que se requieren.  Como resultado de esta incomprensión, existe una falta de recursos en materia de educación de  salud para las mujeres jóvenes (y hombres) sobre el ciclo menstrual. Es esta falta de conocimiento lo que perpetúa los mitos que aíslan y avergüenzan a las mujeres durante sus ciclos mensuales.”4

Las copas menstruales se han colocado como un producto alternativo a las toallas sanitarias y a los tampones, las cuales buscan ser una opción más económica, más amigable con el medio ambiente y con mejores beneficios higiénicos para la salud de las mujeres.

Este tipo de productos alternativos, que se fabrican generalmente con silicón quirúrgico, tienen una presencia en el mercado mexicano desde hace varios años, pero la copa menstrual en Estados Unidos tiene una presencia desde su invención desde hace cerca de treinta años5, y ha logrado posicionarse como una verdadera alternativa por sus grandes beneficios económicos y  por su impacto en el medio ambiente.

Una copa menstrual en el país puede llegar a tener un precio entre los cuatrocientos hasta los setecientos pesos, y su periodo de duración se encuentra hasta los diez años. Lo que se contrapone abismalmente con el costo de las toallas sanitarias y de los tampones, ya que una mujer en su vida utilizará en promedio unas 13 mil toallas sanitarias.6

Con esa cantidad de productos sanitarios para las mujeres existen distintas estimaciones respeto al costo total que desembolsaría una mujer en su vida, los cuales rondan dentro de los 70 dólares al año7 los cuales se traducen en cerca de 1,400 pesos anuales. Una copa menstrual con su duración de 10 años estaría representando un ahorro cercano a los 14 mil pesos en higiene íntima.

En cuanto a su impacto al medio ambiente es de calcularse que cada toalla higiénica después de ser utilizada pesa 5 gramos,8 lo que supone 65 kilos anuales de residuos en toallas sanitarias. Una copa menstrual con su duración de 10 años estaría representando una reducción en residuos sanitarios cercanos a los 650 kilos.

Al respecto de los beneficios en la salud de las mujeres así como higiénicos que proporciona la copa menstrual, existen distintos testimonios que los confirman, incluidos una reducción tanto en el fluido como en los días en que se presenta la menstruación, pero principalmente se concentran en la protección de la flora vaginal, no contiene productos químicos como blanqueadores que alteran el ph9, y reduce la posibilidad de sufrir de SST (síndrome de shock tóxico)

V. La presente iniciativa tiene por objeto generar un marco jurídico que permita una mejor clasificación de los productos higiénicos, en particular de aquellos que son utilizados para el aseo personal, así como plantear la distinción entre este tipo de productos de aquellos considerados como medicamentos.

Lo anterior a causa de la existencia de productos de higiene personal en nuestro país y que están siendo considerados como un alternativa de aseo sanitario para las mujeres, pero que su registro sanitario se ve afectado debido a la clasificación que se le da actualmente.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de protección a la salud de las mujeres

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan: las fracciones II, III, IV y VI del artículo 262; los artículos 268 y 295; y se modifican las fracciones  I y II para adicionar una III al artículo 376 BIS; todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 262.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. […]

II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales: aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano;

III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos;

IV. Insumos de uso odontológico: todas las substancias o materiales empleados para la atención de la salud dental;

V. […]

VI. Productos higiénicos: Los materiales y substancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica, preventiva o de aseo personal sanitario.

Artículo 268.- El proceso de los materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, quedará sujeto, en lo conducente, a las disposiciones del Capítulo IV de este Título. Con excepción a los productos higiénicos de aseo personal sanitarioque sus insumos sean conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y, que generalmente se introducen al organismo por un periodo no mayor a doce horas.

Artículo 295.- Sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo Federal, se requiere autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud para la importación de los medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 376 Bis.- El registro sanitario a que se refiere el Artículo anterior se sujetará a los siguientes requisitos:

I. En el caso de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos, la clave de registro será única, no pudiendo aplicarse la misma a dos productos que se diferencien ya sea en su denominación genérica o distintiva o en su formulación. Por otra parte, el titular de un registro, no podrá serlo de dos registros que ostenten el mismo principio activo, forma farmacéutica o formulación, salvo cuando uno de éstos se destine al mercado de genéricos. En los casos de fusión de establecimientos se podrán mantener, en forma temporal, dos registros;

II. En el caso de los productos que cita la fracción II del Artículo 194, podrá aceptarse un mismo número de registro para líneas de producción del mismo fabricante, a juicio de la Secretaría, y

III. En los casos de los productos higiénicos donde sus insumos pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración, deberán ser aceptados en la práctica médica, estar comprobada su seguridad y eficacia, así como determinarse si se introducen y cuál es el periodo en que permanecen en el organismo, considerándose periodos menores a doce horas, entre doce y menos de treinta días, y más de treinta días.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Verónica Delgadillo García.

1 TheIssue, Theworld-widemenstruationtaboo, Femme International, www.femmeinternational.org

2“En México el mercado de copas menstruales está compuesto en su gran mayoría por marcas importadas de otros países que cuentan con certificaciones sanitarias en sus lugares de origen como la DivaCup, Sckooncup, Mooncup USA, y Lilycup  entre otras, certificadas por la FDA (Food and DrugAdministration) en los Estados Unidos y Meluna, marca alemana producida con termoplástico elastómero, cuenta con una certificación ISO9001, por calidad de fabricación, esta calidad de certificación es controlada y certificada por el TÜV según la norma DIN:ISO 9001:2000.” Cofepris ignora a las mujeres: lanza alerta contra la copa menstrual, Regeneración, 11 abril 2016 www.regeneración.mx

3Dicha definición y clasificación se encuentran señaladas en la Alerta Sanitaria  hecha por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, publicada en día 3 de febrero de 2016 www.cofepris.gog.mx

4TheIssue, Femme International, www.femmeinternational.org Traducción realizada sobre el planteamiento del problema que establece esta organización internacional respecto a la higiene de las mujeres durante su periodo menstrual.

5La copa menstrual, una poderosa alternativa a las toallas sanitarias, Regeneración, 7 de abril 2016, www.regeneración.mx

6 Romina Bevilacqua, ¿Cuánto contaminamos las mujeres en edad fértil?, UPSOCL, www.upsocl.com

7Mujeres combaten el estigma y costo de la menstruación, El Universal, 8 de marzo 2016 www.eluniversal.com.mx

8 Romina Bevilacqua, ¿Cuánto contaminamos las mujeres en edad fértil?, UPSOCL, www.upsocl.com

9 La copa menstrual cuida tu cuerpo y es muy cómoda, www.lacopamenstrual.es






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En una democracia los poderes se limitan a efecto de impedir autoritarismos que pongan en riesgo las libertades personales. Desde hace siglos está demostrado que la sabiduría de un hombre resulta insuficiente para administrar la problemática social y es por ello que resulta sana la multiplicidad de instituciones y procesos que tiendan a establecer límites al poder y a quienes lo ejercen.

Nuestro sistema político, diseñado desde antes de la consumación de la Independencia bajo la teoría de la división de poderes sustentada por el barón de Montesquieu en su obra Del Espíritu de las Leyes, ha encontrado en la redacción del artículo 49 constitucional la fórmula adecuada para establecer limitaciones, proteger las prerrogativas fundamentales y evitar desvíos que pongan en riesgo la autonomía de las Entidades Federativas o el funcionamiento de las instituciones. 

El sistema de pesos y contrapesos vigente puede entenderse entonces de dos maneras, una negativa y otra positiva. La primera implica la anulación de cualquier acto de autoridad, mientras que la segunda genera posibilidades creativas de actuación, lo que puede llevar al diseño y aprobación de normas tendientes a regular de mejor manera la conflictiva social.

La arquitectura del poder no permanece estática, sino que se modifica de acuerdo a momentos históricos y necesidades cambiantes. Es por ello que, al modelo clásico de controles basado en la división de poderes le fueron añadidas nuevas instituciones de carácter autónomo cuya actuación ha significado un agregado importantísimo en la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos. Con base en lo anterior, es que actualmente gozamos de controles de naturaleza política, judicial y administrativa, que no sólo buscan interpretar los actos de autoridad a la luz de nuestra Constitución, sino también proponer la adopción de medidas concretas tendientes a restaurar el orden quebrantado. Cuando la actuación de tales controles se combina, el resultado puede ser sumamente afortunado para las libertades individuales. Un buen ejemplo de lo anterior lo es el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de nuestra Carta Magna por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aquellos casos en que reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validez de normas de carácter general por la presunta violación de derechos humanos.

Se afirma lo anterior, toda vez que en casos como el antes señalado se combina la actuación de un organismo autónomo dedicado a la protección de los derechos fundamentales, la CNDH, con el ejercicio de las facultades de interpretación del texto constitucional conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se traduce en un examen de constitucionalidad que puede otorgarle una enorme legitimidad al texto cuestionado, en caso de que éste sea validado, o en la emisión de criterios vinculatorios que encaucen la actuación de las autoridades hacia márgenes que resulten mucho más respetuosos de la dignidad humana.

Hace apenas unos días la Suprema Corte dio un ejemplo revelador sobre la eficacia de los sistemas de control a los que nos hemos referido, toda vez que resolvió la acción de inconstitucionalidad 61/2016 promovida por la CNDH en contra de diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. El resultado de tal litigio fue la declaración de validez de diversos artículos, por considerarlos apegados al espíritu de la Ley Fundamental, pero también la invalidez del diverso 139, el cual establece a la letra lo siguiente:

“Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión.

“Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.”

Sobre este particular, la CNDH expresó que la adjetivación en dicho dispositivo de las actividades como “no remuneradas” genera una distinción en perjuicio de quienes realizan una actividad remunerada con la finalidad de generar ingresos para su subsistencia, y para quienes el trabajo remunerado es la única forma de asegurar un medio de vida digno.

La realización de una actividad productiva, educativa, cultural o deportiva siempre que esta sea “no remunerada”, reclamó el ombudsman nacional, genera por sí dos supuestos distintos en los cuales se engloban las personas sentenciadas que cumplen con los requisitos para acceder a la libertad condicionada, los cuales son los siguientes:

a) Quienes realizan una actividad remunerada: no pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión.

b) Quienes realizan una actividad sin remuneración: sí pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión.

“De esto queda que sólo quienes, además de cumplir con los requisitos previstos para la libertad condicionada, puedan realizar actividades no remuneradas, serán acreedores para poder solicitar la reducción del régimen de supervisión, es decir que la ley genera un requisito adicional y con ello un grupo de personas que se pueden verse privilegiadas”, agregó la CNDH en su demanda. 

“Lo anterior - a decir de la CNDH-, resulta en directa contradicción con las bases del sistema penitenciario previsto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación la salud y el deporte.”

En la demanda de mérito también se lee que “el hecho de que la norma se refiera exclusivamente a actividades productivas educativas, culturales o deportivas no remuneradas, deja fuera al trabajo en su sentido más amplio, como tal quien desempeñe un trabajo remunerado no podrá solicitar y por ende acceder al beneficio de reducción del régimen de supervisión, a pesar de que el trabajo es base del sistema penitenciario. En este caso el trabajo remunerado no es un medio para la reinserción social, sino una excluyente del beneficio de reducción del régimen de supervisión en los casos de libertad condicionada.”

El concepto de invalidez concluye diciendo que, “es evidente que, la porción “no remuneradas” excluye a aquellas personas sentenciadas que necesitan realizar trabajos remunerados como medios para su subsistencia, lo cual las deja en notoria desventaja a aquellas que por sus condiciones socioeconómicas especificas no requieran de una remuneración a cambio de la realización de actividades productivas, educativas o culturales. Es decir que la porción normativa “no remunerados” genera un trato discriminatorio entre quienes realizan actividades como parte del programa de reinserción social y reciben una contraprestación a cambio, lo cual se encuentra prohibido en tanto en el texto constitucional y de tratados internacionales.”

Al resolver la litis planteada, la Corte estableció la invalidez del artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que éste en porción normativa “de forma exclusiva”, restringe la solicitud de reducción de las obligaciones del régimen de supervisión a las personas que, sujetas al régimen de libertad condicional, realicen exclusivamente actividades no remuneradas, lo que impide que un grupo considerable de sentenciados que realizan actividades tanto remuneradas como no remuneradas puedan reinsertarse a la sociedad a través del régimen de la libertad condicional.

Derivado de lo anterior, y toda vez que la norma de referencia no salió bien librada del análisis de constitucionalidad correspondiente, se impone la necesidad de revertir dicha construcción legal a efecto de cumplimentar lo resuelto por la Corte, para lo cual se propone la reforma del artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de sustraer de su redacción la expresión “de forma exclusiva”, lo que significará en el caso de que ésta sea aprobada, el cierre afortunado de un ciclo de análisis constitucional que vendrá a asegurar el cumplimiento de los objetivos plasmados en nuestra Carta Magna en materia de igualdad y reinserción social.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.

Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión.

“Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD)

Las y los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como "delitos de sodomía", "crímenes contra la naturaleza humana" o "actos antinaturales". Existe una telaraña de leyes y prácticas que niegan la igualdad: en Malaisia, por ejemplo, la "relación carnal contra el orden natural" es castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en el año 2000 a nueve varones jóvenes a prisión y penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por "conducta sexual desviada".

La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En nuestro país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera:

• La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

• En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

• En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

• Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

• En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no dejan de ser actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.

ARGUMENTOS

El principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que daña sus derechos y libertades fundamentales.

Si bien nuestra Constitución garantiza la no discriminación, la igualdad ante la ley, así como el derecho a la libre expresión, muchas personas son discriminadas por otros conciudadanos o por diversas autoridades civiles por su libre expresión de género.

El género se refiere a las concepciones, significados y valoraciones sociales sobre los sexos. En la medida en que solo se consideran dos sexos, en nuestra sociedad sólo se contemplan dos géneros: masculino y femenino. Sin embargo, la expresión de género es un componente de la identidad de género de la persona y se puede definir como la comunicación de nuestro género a través de gestos, maneras de hablar, vestimenta, estilos de peinado o de prácticas cotidianas. De ahí que se hable de preferencia sexual u orientación sexual, además de la identidad de género que va más allá de lo masculino o lo femenino.

La intolerancia social a las diferentes formas de expresión de género de las personas suele expresarse con violencia verbal y física. Un claro ejemplo se esto son los niños considerados “afeminados” o “poco masculinos” y las niñas consideradas “masculinas” o “poco femeninas” que suelen ser blanco más fácil y mas cruel de esta violencia social de intolerancia y discriminación, la violencia hacia quienes no cumplen con la convención social de masculinidad o feminidad suelen abarcar toda la vida, pero es particularmente fuerte durante la infancia, ya que los prejuicios aprendidos suelen impulsar a los padres, los maestros u otras personas cercanas a niñas y niños a violenta o a tolerar la violencia que pretende hacer cambiar en las niñas y los niños su expresión de género.

Por ello, el primer Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado para tratar a la gente decentemente, respetuosamente, amablemente, humanamente cualquiera que sea su origen, o sus orígenes, en suma a abrir los corazones y mentes a la belleza de la diversidad a través de cinco acciones concretas:

• Derogar las leyes que afectan a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales.

• No seguir viendo a esas personas como víctimas de un trastorno.

• Reconocerles el derecho de su identidad de género en normas.

• Realizar acciones para inclusión cultural.

• Fomentar la empatía social.

Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de todas las personas, en nuestro ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine por orientación sexual.

Afirmar los derechos de personas de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

De esa manera, se propone reconocer en la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos que toda persona tiene derecho a ejercer su preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género. El Estado garantizará este derecho y las autoridades de los tres niveles de gobierno realizarán acciones para que, en el ámbito de su competencia, se ejerza sin discriminación. Además que la Ley sancione cualquier acto que atente contra ese derecho.

La propuesta que se somete a consideración es la siguiente:

Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta de modificación

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

 

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

 

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

Toda persona tiene derecho a ejercer su preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género. El Estado garantizará este derecho y las autoridades de los tres niveles de gobierno realizarán acciones para que, en el ámbito de su competencia, se ejerza sin discriminación. La ley sancionará cualquier acto que atente contra este derecho.

FUNDAMENTO LEGAL

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se adiciona un párrafo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …

Toda persona tiene derecho a ejercer su preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género. El Estado garantizará este derecho y las autoridades de los tres niveles de gobierno realizarán acciones para que, en el ámbito de su competencia, se ejerza sin discriminación. La ley sancionará cualquier acto que atente contra este derecho.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos Locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente Decreto, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada MARÍA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍNEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de los siglos el posicionamiento de los derechos de las mujeres ha sido pieza fundamental en los cambios democráticos de la humanidad, han acontecido diversos sucesos que han abonado al reconocimiento de los derechos de las mujeres, hoy tratamos uno en especial,  que bien es cierto, no está por encima de los demás, pero con la correcta aplicación puede ser eje para que los demás crezcan, los derechos político electorales.

La inclusión de las mujeres en las decisiones de México han sido paulatinas, en el año de 1955 por primera vez en la historia del país las mujeres pudieron emitir su voto en unas elecciones federales, dando como resultado la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Así mismo, México firmó el tratado de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el 18 de diciembre de 1979 en Nueva York1, aceptando la obligatoriedad multilateral del mismo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y  adquiriendo con ello compromisos relevantes para aplicar la perspectiva de género.

Posteriormente, se introdujo en el Artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), un concepto de gran trascendencia en cuanto a la participación de la mujer en la vida política del país, el de paridad de género en materia electoral (D.O.F. 14 de enero de 2008).

Por iniciativa de nuestro presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, el principio de paridad de género en materia electoral fue elevado a rango constitucional, con la aprobación de la reforma al Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de febrero de 2014.

Con estas reformas, se ha garantizado una mayor incursión de las mujeres en el ámbito electoral y vemos aumentar cada vez más su participación en los distintos espacios gubernamentales, no obstante, aún hay materias en que es preciso que se aplique la paridad de género, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para ello, es necesario reformar el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma que permita consolidar el derecho consagrado en el artículo 41 Constitucional, y que la autoridad encargada de impartir justicia en la materia, es decir el TEPJF, plasme desde su integración el principio de paridad de género, dando cabida también a una impartición de justicia con esta perspectiva.

Aún cuando ya existe dentro del marco jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de Género, podemos darnos cuenta que de sus  25 integrantes, tan sólo 9 son mujeres, por lo tanto, no hay paridad de género, siendo importante que esta tendencia llegue también al más alto rango del TEPJF: los Magistrados.

La teoría de género permite leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan y al mismo tiempo, la forma en que éstos afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia porque su metodología permite reconocer los símbolos y arquetipos que se encuentran en la trama del caso concreto que se pretende evaluar, y reconocerlos en la escala de valores de las personas encargadas de procurar y administrar justicia2 .

Desde esta perspectiva, juzgar con visión de género implica un ejercicio constante de sensibilización y capacitación, y consiste, dentro de las reglas del proceso jurisdiccional, en resolver con justicia tomando en cuenta las condiciones especiales de las mujeres sujetas a juicio, relacionadas fundamentalmente con una situación general de vulnerabilidad social y, en particular, frente a las instituciones de procuración y administración de justicia.

La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, expuso en su participación en el VII Encuentro de Magistradas de Iberoamérica lo siguiente:

[…] Juzgar desde una perspectiva femenina, es incorporar a la realidad con que se juzga una mirada distinta, un punto de vista diverso, un enfoque diferente de los complejos problemas que hoy acosan a nuestra sociedad. Porque lo jurídico está indisolublemente ligado a la emoción de lo justo y está emoción debe inspirar el contenido normativo del derecho; porque para su recta aplicación es indispensable emocionarse ante el caso concreto, sentir la solución justa, que sin duda será la solución jurídica; porque, la mujer está especialmente dotada para la actividad jurisdiccional3.

La Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa menciono en el curso de Cuotas de Género, organizado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, lo siguiente:

Juzgar con perspectiva de género es un paso indispensable para dar efectividad a medidas como las cuotas de género establecidas en la ley o en los estatutos de los partidos políticos4.

Un claro ejemplo sobre la impartición de justicia con perspectiva de género en nuestro país es la reciente sentencia que dictó la Sala Regional Monterrey del TEPJF el pasado 19 de septiembre del presente año en el expediente SM-JRC-14/2014 y acumulados promovido por el PAN y otros ciudadanos en el cual los magistrados consideraron que les asistía la razón a los actores cuando señalaron que la integración del congreso estatal debía ser paritaria para garantizar el derecho de la mujer a acceder a los cargos públicos.

El magistrado ponente destacó que la postulación paritaria de candidatos para la integración del Congreso debe traducirse en un mecanismo que permita a las mujeres acceder de forma efectiva a los cargos públicos, incluso a pesar del orden que establezcan los partidos políticos en sus listas de representación proporcional, sin que esto signifique una violación a la autodeterminación de los partidos, al tratarse de una medida contemplada por el régimen constitucional y legal de Coahuila.

Además, se enfatizó, la diputación correspondiente es otorgada a candidatas postuladas por los mismos partidos políticos. Así que el próximo congreso local se integrará con un mayor número de mujeres (13) que de hombres (12)5.

Pero la inclusión de las mujeres, no es sólo un asunto de voluntades femeninas, de rediseños legales o acciones afirmativas, es y será sobre todo resultado y parte de un cambio cultural en el que los patrones de conductas masculinas y femeninas permitan compartir obligaciones y generalizar derechos. Una aspiración de justicia muy cara en la historia de la nación mexicana y su incipiente democracia6.

En este sentido, la reforma que se propone consiste en modificar el precepto constitucional para precisar que en la elección de un órgano tan importante como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir en la integración de sus Salas Superior y Regionales, se aplicará el principio de paridad de género, de acuerdo a lo siguiente:

TEXTO ACTUAL

MODIFICACIÓN PROPUESTA

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[…]

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

[…] 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[…]

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, tomando en cuenta la paridad de género en dicha integración y conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

[…]

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[…]

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, tomando en cuenta la paridad de género en dicha integración y conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

[…]

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. María Soledad Sandoval Martínez.

NOTAS
1http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=395&depositario=0
2 Facio Heredia, Alda. El acceso a la justicia desde una perspectiva de género, Costa Rica, 5 de diciembre de 2000.
3 Intervención de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (SCJN). Juzgar con ojos de mujer. La responsabilidad de impartir justicia desde la perspectiva femenina. VII Encuentro de Magistradas de Iberoamérica, 22 de noviembre de 2006.
4 Intervención de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa (Sala Superior del TEPJF). Cuotas de género: Un plan en seis etapas para su implementación. Sala Monterrey del TEPJF, 31 de julio de 2014.
5 Véase: Juicio de Revisión Constitucional resuelto por Sala Regional Monterrey TEPJF el 19 de septiembre del presente año SM-JRC-14/2014.
6 Alanís,M.(2011, Septiembre). Votar y juzgar con perspectiva de género. Revista Quid Iuris[En línea], Año 6, Volumen 14,Disponible:https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-
iuris/article/view/17387/15595






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE NACIONALIDAD

(Presentada por el Diputado Salomón Majul González, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado SALOMÓN MAJUL GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La historia de la comunicación con los países del mundo, en especial con nuestro vecino país del norte, ha llevado consensos y disensos. Sus inicios son milenarios y con nuestro vecino del norte, fue desde que tuvieron contacto los mexicanos con las 13 colonias británicas, lo que derivó en diferencias religiosas, políticas, económicas y sociales.

Los mexicanos son parte de la historia de fundación y avance de la Unión Americana, se han mezclado entre sus costumbres y han sido protagonistas de los principales acontecimientos del sureste y suroeste de los Estados Unidos, a todo lo largo de la frontera que nos une.

En el siglo XX, en específico, a finales de la década de los setenta y principios de los ochentas, se gestó un aumento exponencial en el flujo de indocumentados por la frontera norte con rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, debido a las condiciones económicas, de vida urbanizada y hospitalaria que se ofrecía, aunado a que los mexicanos siempre representan mano de obra barata en comparación a lo ganado por los ciudadanos norteamericanos.

Cierto es que en la década de los noventa y finales del siglo pasado, la inmigración se volvió incontenible y los sucesos de las torres gemelas, marcaron el refuerzo y vigilancia de las fronteras, así como el aumento de los controles de las llegadas de personas de todo el mundo.

En todos los países, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, viven personas de todo el mundo, con diferentes fenómenos y situaciones. Las urbes crecen día a día y también las violaciones a derechos humanos, sobretodo de indocumentados mexicanos, recién llegados, que seguramente no hablan el idioma inglés.

La inmigración permanente en Estados Unidos, son los indocumentados que se van y no regresan por temor a ser deportados, pero que requieren del trabajo que brinda la Unión Americana.

Por ello y ante la falta del conocimiento del idioma, de sus costumbres, de documentos oficiales, se encuentran miles de delitos cometidos en contra de indocumentados, que son desde violaciones, homicidios, fraudes, lesiones y que van desde la franja fronteriza hasta los domicilios en que habitan en la unión americana.

La mayoría de las y los indocumentados cuenta con identidades falsas, con las cuales pagan impuestos y llevan una segunda vida, artificial, sin derechos básicos, como vivienda, salud, educación, entre otros.

La paranoia, la depresión y el estrés se vive en la comunidad mexicana indocumentada, es intenso, porque viven en el limbo, al no tener documentos que acrediten su residencia legal y tienen vigente el temor a ser deportados, por lo cual no planean a futuro y sólo viven el presente.

No tienen derecho a manejar un vehículo, a tener una cuenta bancaria, perciben los salarios más bajos, sin derechos laborales. Cuando llegan a tener hijos, la situación se torna más preocupante, literalmente se parten en dos al momento de ser deportados. La situación no es equitativa para todos los indocumentados, sobre todo con el caso cubano.

Cuando envían dinero a México, les cobran comisiones exorbitantes en las casas de cambio que operan por miles en Estados Unidos, las vejaciones en la calle y en el trabajo, se instalan en la psique de los mexicanos indocumentados. A quienes no les queda más que incertidumbre.

México tiene un Tratado de Libre Comercio, tiene una relación histórica, somos aliados en diversos temas, tenemos que buscar soluciones conjuntas para nuestros ciudadanos, debe existir un replanteamiento de los derechos humanos de las poblaciones migrantes.

No existe ninguna disposición normativa que regule los criterios por medio de los cuales una identificación o credencial es oficial. Cada instituto acepta las identificaciones o credenciales que ellos consideren como oficiales. Ejemplo de ello, es el SAT que considera como identificaciones oficiales los siguientes:

• Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral.

• Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.

• Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de Defensa Nacional.

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, Municipal o del Distrito Federal.

• Tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente.

• Certificado de matrícula consular, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su caso por la Oficina Consular de la circunscripción donde se encuentre el connacional.

La matrícula consular es un documento público emitido por las representaciones de México en el exterior, el cual no sirve de documento legal de estancia en el país que se emitió.

Por ello se debe considerar a la matrícula consular como identificación oficial, por lo cual se debe cambiar la naturaleza de los documentos que son aceptados como oficiales.

Se debe considerar los elementos que hacen de la matrícula consular única, como son la fotografía, la banda magnética y la identificación holográfica.

Así como implementar el uso de la firma personal en las matrículas migratorias para que de esta manera puedan asimilarse más a una credencial de elector, que es la costumbre o uso común de los mexicanos.

Citando el artículo 3º de la Ley de Nacionalidad, se considera como documento probatorio de la nacionalidad mexicana:

• El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.

*El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta Ley.

• La carta de naturalización.

• El pasaporte;

• La cédula de identidad ciudadana.

La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: a) Fotografía digitalizada; b) Banda magnética, c) Identificación holográfica.

El loable esfuerzo que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener el registro de domiciliación en el extranjero y registrado ante la representación, conocido como la matrícula consular, debe ir acompañado de una mejor estrategia que permita la comunicación fluida entre México, Estados Unidos, y todos los países del mundo, para lograr con ello que la matricula consular, sea reconocida como identificación oficial y nuestros ciudadanos puedan tener algunos derechos, mientras continúen en el fuera de sus país de origen ya sea trabajando, estudiando y fortaleciendo sus familias, pero sobre todo apoyarlos en su estancia con nuestro país vecino.

En muchas ocasiones nuestros connacionales, no poseen los documentos necesarios para realizar trámites en cualquier dependencia. Es por ello importante que la Secretaría de Relaciones exteriores, determine los requisitos a solicitar en embajadas y consulados para expedir la matrícula consular.

Sabidos que pueden ser deportados, convertirse en residentes o ciudadanos americanos, es en ese lapso de tiempo que la matrícula consular les servirá para tener acceso a cuentas bancarias, una licencia de manejo o simplemente una identificación válida para las autoridades americanas.

Por lo expuesto y considerando que es necesario adicionar en la Ley la propuesta, para actualizarla, y apoyar a los mexicanos que radican en el extranjero, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 4° de la Ley de Nacionalidad.

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4°de la Ley, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría podrá exigir al interesado las pruebas adicionales necesarias para comprobar su nacionalidad mexicana, cuando encuentre irregularidades en la documentación presentada. Podrá también hacerlo cuando se requiera verificar la autenticidad de la documentación que la acredite.

La Secretaría, a través de sus embajadas y consulados, establece los requisitos para expedir la Matrícula Consular a los mexicanos radicados en el extranjero, la cual es una identificación oficial en territorio nacional.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2017.

DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRESENTE

Adjunto al presente remito a usted un ejemplar de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º. De la Ley de Nacionalidad, a cargo del Dip. Salomón Majul González, lo anterior para efectos de su inscripción por parte de la Junta de Coordinación Política para la próxima sesión de Pleno.

Agradezco de antemano la atención que se sirva otorgar al presente y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Salomón Majul González.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA MICROTIA”

(Presentada por el Diputado Jesús Valencia Guzmán, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Diputado Federal JESÚS S VALENCIA GUZMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discapacidad forma parte de la condición humana, y todos en algún momento de nuestras vidas seremos portadores de alguna discapacidad ya sea transitoria o permanente, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. Abordar el tema de discapacidad es complejo, y las diferentes formas de intervención que ayuden a superar las posibles desventajas que portar una discapacidad representa pueden ser sistémicas y varían según el contexto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006 tiene como objetivo “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) hace el esfuerzo dentro de un cambio importante que comprende la adopción y comprensión de la discapacidad, así como las respuestas mundiales a los problemas sociales y estructurales de este sector y coloca a la persona portadora de alguna discapacidad como sujeto de derecho por encima de su padecimiento, con la finalidad de realizar acciones que ayuden a tener a este sector social una mejor calidad de vida.

La posición social de las personas con discapacidad se ha caracterizado por una lucha constante del reconocimiento de su estado y la obtención de sus derechos, basados en la fundamentación de la inclusión social, buscando influir en las decisiones que puedan afectar su desarrollo y calidad de vida. Por lo tanto, es una lucha constante por la equidad, la justicia social y la ciudadanía.

La forma en la que se define el concepto de la discapacidad es trascendental en los resultados obtenidos en las legislaciones y acciones de gobierno, el reto central para las personas con alguna discapacidad es el reconocimiento de cada uno de este sector, por lo cual se vuelve central su identificación, por ello la importancia de acceder a los espacios de poder de decisión, es decir, el Estado es quien reconoce los diferentes sectores sociales, los cuales en teoría son estudiados, clasificados y colocados en una seria de políticas públicas que ayuden a la resolución del problema social que enfrenta el sector en cuestión.

El plantearnos el reconocer a un sector social con discapacidad nos da la oportunidad de cuestionar la naturaleza de la sociedad en la que nos desarrollamos a diario y el tipo de sociedad que el sector social desea. Sin embargo, no debemos de perder de vista que el desarrollo de la lucha constante de la búsqueda de derecho ha estado bajo el marco del discurso de la opresión el cual dota a este sector a adquirir fundamentos de entendimiento y de trasformación de su entorno e individualidad y colectivo.

El abordar el tema de la discapacidad con una visión efectiva relacionada a los Derechos Humanos y el acceso a la salud tiene que ver con los diferentes análisis que en la actualidad se han desarrollado en lo que llaman la dignificación de los derechos humanos, y que estos han tenido que ser promulgados y exigidos por los mismos sectores sociales que ven en ellos y en su entorno una problemática social que impide el desarrollo óptimo de estos.

Dentro de este ramo existe las malformaciones genéticas conocida como Microtia, que significa micro (pequeño) crotia (oído) la cual trae a raíz de la malformación las dificultades para el óptimo desarrollo del habla y la capacidad de comunicación.

El pabellón auricular es una importante unidad estética en el ser humano. Las anomalías de malformación pueden ocurrir de forma aislada o como parte de una alteración genética, además de ir acompañado de dificultades de algunos órganos internos como: Corazón, Pulmones, Riñones, Columna vertebral, Cerebrales además de 25 síndromes uno de ellos no permite el crecimiento del rostro del lado donde se encuentra la Micrótia, esta puede ser diagnosticada según algunas investigaciones distintos grados hasta la llegar a la anotia. Se ha reportado una prevalencia que va desde un 0,8 a 2,4 por 10000 nacidos vivos, siendo menor en población europea y negra que en hispanos y asiáticos, teniendo en nuestro medio una incidencia de 1 por cada 5600 nacidos vivos.

El pabellón auricular deriva embriológicamente del primer y segundo arco branquial y la patología se produce entre la quinta y sexta semana de gestación debido a múltiples factores tanto genéticos, teratógenos y anormalidades vasculares que influyen en el normal desarrollo. Es importante señalar que el origen embriológico del oído medio e interno es distinto al pabellón auricular, por esa razón es inhabitual la asociación de sordera con malformación auricular, aunque esta sea compleja.

Lo anterior puede crear problemas auditivos graves, según algunos datos obtenidos en nuestro país se presenta en uno de cada seis mil nacimientos, presentándose en mayor frecuencia en varones con un 70% y un 30% en mujeres esta malformación, puede ser unilateral (un solo oído) y con mayor frecuencia de lado derecho en varones y bilateral (ambos oídos).

Actualmente ésta malformación se clasifica en cuatro grados:

Grado I: El oído es pequeño con estructuras identificables y un canal de oído externo pequeño.

Grado II: Es un oído parcial sin canal de oído externo, el cual produce una pérdida de oído conductor.

Grado III: Ausencia del oído externo con una pequeña estructura del vestigio y una ausencia del canal de oído externo y del tímpano.

Grado IV: Ausencia de todo el oído.

En México no se ha investigado de manera profunda esta malformación a pesar de los datos arrojados y la alta población que cuenta con este padecimiento, por tanto, sólo se ha logrado descubrir que la deformación del oído no viene solo por un tipo de gen hereditario definido sino por causas multifactoriales; sólo se conocen los genes que causan los veinticinco síndromes patológicos con los que pueden estar acompañados este padecimiento (conjunto de síntomas) a los que se encuentra asociado. en México, EUA y Sudamérica, este tipo de deformidad aparece en 1 de cada 790 niños que nacen; en Japón y Corea en 1 de dos mil 100 niños.

Las cifras arrojadas muestran la importancia de esta discapacidad y como debe de ser estudiada tanto de manera científica en rama de genoma humano, así como su reconocimiento por parte del estado mexicano.

En México, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social está instarurado en diferentes ordenamientos, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, que en su artículo 4º establece:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Así mismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 50 que:

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria;

XIII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;

Con base en lo anterior, se hace necesario primero reconocer la problemática a efecto de garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, con ello, México sería el primer país en el mundo en reconocer a este sector social ayudando al desarrollo de políticas públicas y planes de gobierno a favor de nuestra niñez que nace con esta malformación congénita o genética.

En síntesis, el instaurar el día de la Microtia en nuestro país significa dar un gran avance en el reconocimiento de derechos, lo que permitirá avanzar en la visibilidad que quienes la padecen y con ello garantizar la búsqueda del cumplimiento pleno de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA MICROTIA

Artículo Único: Se declara el 11 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Concienciación sobre la Microtia”.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Suscribe.

Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL QUE PREVIENE Y REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del PRD)

Quienes suscriben, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 71, fracción II y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL QUE PREVIENE Y REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Planteamiento del Problema

Uno de los graves problemas que aquejan a nuestro país es la falta de regulación respecto del uso legítimo de la fuerza, por parte de las instituciones que desarrollan labores de seguridad pública. De frente a un amplio debate que debe abrirse en relación a las competencias que cada uno de los órdenes de gobierno debe desenvolver en materia de seguridad pública, inmersos en una amplia crisis humanitaria relacionada con el combate armado al crimen organizado que fue implementado como una política unidinámica que pretendió frenar su expansión territorial, resulta ingente establecer principios básicos que permitan el legítimo uso de la fuerza coactiva por parte de los elementos del Estado para conservar el orden y la paz públicos y que, sin embargo, respeten los derechos humanos de las y los ciudadanos. Es en este contexto que presentamos esta Iniciativa con el objeto de salvaguardar el libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional.

Argumentos

El uso de la fuerza por los funcionarios del Estado es, en sí mismo, uno de los actos más graves que pueden ocurrir. El uso ilegítimo de la fuerza constituye una de las transgresiones más graves que un funcionario de cualquier Estado pueda cometer en contra de los ciudadanos a quienes, se supone, debe proteger. Es por ello que, desde 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha previsto una serie de medidas que garantizan el libre ejercicio de estos derechos.

De la necesidad de proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas es que, derivado de lo anterior, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 34/169 de fecha 17 de diciembre de 1979, se adoptó el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. En este Código se define que éste se aplica a todos aquellos funcionarios que desempeñen funciones de policía, aun cuando se trate de autoridades militares. Es necesario señalar que, en su artículo 3, el Código indica que

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”

Se aclara posteriormente que “…según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.”

El Código expresa también que

“… En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.”

Derivado de lo anterior, en consecuencia, en 1990 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos promovió, a través del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, la adopción de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

En estos principios se “…subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos…”

Sin embargo, también ha sido señalado por diversos organismos internacionales, la necesidad de que las fuerzas armadas no participen directamente en las actividades de seguridad pública, tal como lo establecieron las “OBSERVACIONES FINALES E INFORMES DERIVADOS DE VISITAS A MÉXICO EMITIDOS POR ORGANISMOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES”, cuando indicaron que

B. Recomendaciones

83. Respecto a las medidas de prevención: a) Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles;

De manera complementaria, los suscritos consideramos que de manera simultánea a la presentación de esta iniciativa de carácter federal, es pertinente iniciar la discusión y promoción de una reforma constitucional que faculte al Congreso de la Unión a emitir una legislación de carácter general que regule el uso de la fuerza para los tres órdenes de gobierno, asumiendo que dicha ley generaldeberá ser consistente con los principios y criterios internacionales en la materia.

La iniciativa que hoy proponemos consta de 34 artículos divididos en diez capítulos. El primero, dedicado a las Disposiciones Generales, establece el objeto y el ámbito de aplicación de la ley y las definiciones que se usarán a lo largo del texto jurídico. Resulta importante señalar que, dentro de las instituciones de seguridad pública, se encuentran comprendidas también aquellas instancias o dependencias federales que sean diferentes de las señaladas como de seguridad pública en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero que se encuentren desempeñándolas funciones aunque no sea su función prioritaria, como el Ejército y la Marina.

En el Capítulo II definimos las Reglas Generales para el Uso de la Fuerza, delimitando las circunstancias en las que se permite a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza que son el respecto a los derechos humanos, congruencia, idoneidad, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad, definiendo específicamente cada uno de ellos. Adicionalmente, se prohíbe el uso de armas de fuego o letales salvo cuando sea indispensable para garantizar la vida y la integridad física de todas las personas, incluyendo la del agresor, la de terceros o la de los propios integrantes.

Asimismo, se establecen las obligaciones generales de las instituciones federales de seguridad pública para garantizar el uso legítimo de la fuerza, entre las que se encuentran los procedimientos internos, elaboración de manuales, protocolos e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados en el uso de la fuerza con perspectiva de género y una visión de derechos humanos, la capacitación, la investigación de todos los incidentes en que se haga uso de armas letales, proporcionar atención especializada a los elementos que hayan hecho uso de la fuerza letal, el establecimiento de la cadena de mando y los procedimientos para la determinación de las responsabilidades correspondientes, entre otros.

Se diferencian también, los distintos niveles respecto del uso de la fuerza y la prohibición expresa de no utilizar la fuerza con fines punitivos, no infligir ningún acto de tortura y de abstenerse de todo acto arbitrario para limitar los derechos de manifestación pacífica. Asimismo, se establecen las obligaciones de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública después de usar la fuerza, entre las que se encuentran el proteger a la persona destinataria, solicitar servicios médicos para su atención, presentarlas inmediatamente ante la autoridad competente, informar al mando de los eventos ocurridos, preservar los indicios de la escena, mantenerse a disposición de las autoridades durante la investigación de los eventos y asistir a los tratamientos especializados.

En el Capítulo III, se establecen las reglas para el uso de la fuerza en actos masivos. En este capítulo se estipula que, durante el resguardo y vigilancia de los actos masivos, debe levantarse un registro en video del desarrollo del operativo y resguardar las grabaciones de radio u otros medios de comunicación.

Específicamente se prohíbe el uso de la fuerza en el caso de manifestaciones pacíficas, por lo que las instituciones de seguridad pública federal únicamente estarán presentes siendo requeridas por una autoridad de gobierno que se hará responsable de las decisiones durante el operativo. Los integrantes de las instituciones federales no podrán presentarse equipados con armas de fuego o letales y no podrán hacer uso de otro mecanismo operativo que no sea el de contención.

Únicamente en caso de presentarse disturbios que pongan en riesgo la integridad física o la vida de los manifestantes, la autoridad responsable podrá considerarla como actos tumultuarios debido a la gravedad de los actos de violencia o a su incidencia. En estos casos, la prioridad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública será la preservación de la vida de los agresores, la de terceros y la suya propia por lo que, en coordinación con las autoridades responsables diseñarán, de manera inmediata, un operativo de contención y control de las personas que participan en los hechos. Cuando los participantes en los hechos se encuentren armados con armas blancas, piedras o similares y hagan uso de ellas en contra de terceros o de los integrantes de las instituciones federales de seguridad, éstos podrán hacer uso de armas intermedias, las cuales únicamente deberán ser utilizadas para resguardar su vida e integridad física, la de terceros y la de los propios participantes y, en último término, la integridad de los bienes públicos o privados.

Se establece de manera específica que la autoridad responsable únicamente en el caso de que haya evidencia física contundente de que los participantes se encuentran en posesión de armas de fuego y una vez agotados los procedimientos anteriores, podrán, sin poner en riesgo la vida e integridad física de las personas, podrán determinar la presencia de agentes equipados con armas de fuego o letales, con el objeto único de proceder a la disuasión y detención de los participantes. El uso de armas de fuego tendrá por objeto solamente garantizar la vida de las personas involucradas, la de terceros y la de los propios integrantes de las instituciones de seguridad pública y deberá procederse a realizar las investigaciones correspondientes para determinar su uso legítimo.

En el Capítulo IV se determinan las reglas para el uso de la fuerza en detenciones, dentro de las cuales se determina que, en primer término, se privilegiarán los métodos de persuasión y control, siendo la resistencia activa la única razón para la utilización de las armas intermedias y equipos de apoyo, procediéndose a continuación conforme lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Capítulo V atiende a las Reglas para el Uso de la Fuerza en caso de Desastres o emergencia, en las cuales se ponga en peligro la integridad física o la vida de las personas, siendo utilizada para evacuar, controlar o limitar su acceso a determinadas áreas. En el Capítulo VI, se delimitan las armas y equipo de apoyo que pueden ser utilizados y, en el Capítulo VII, los requisitos que deberán contener los Informes del Uso de la Fuerza y la utilización de armas de fuego.

En el capítulo VIII se determina que deberán llevarse a cabo capacitación y evaluaciones periódicas respecto a la eficiencia sobre el uso legítimo de la fuerza y los derechos humanos, en cursos teóricos y prácticos. En el Capítulo IX, se establecen las obligaciones resarcitorias y de indemnización de las instituciones federales de seguridad pública cuando sus integrantes recurran al uso ilegítimo de la fuerza, que consistirán en la indemnización correspondiente, sin demérito de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en que incurran los propios integrantes.

Por último, el Capítulo X, establece las responsabilidades de los integrantes de las instituciones federales cuando incurran en el uso ilegítimo de la fuerza que serán determinadas conforme a la legislación administrativa, penal o civil que corresponda, incluyendo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, para lo cual se actualizará lo determinado en el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento enel artículo 71, fracción II y en el artículo 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, plenamente comprometidos con los derechos humanos de las y los mexicanos, ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de

DECRETO

Artículo Único. Se expidela Ley Federal que previene y regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública:

LEY FEDERAL QUE PREVIENE Y REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto prevenir y regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública federaly sus auxiliares, así como los integrantes de las instituciones que desempeñen funciones de seguridad pública, en los casos que resulte necesario en cumplimiento de sus funciones.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

• Acción agresiva: Cuando las acciones u omisiones de una persona, ante una orden legítima comunicada por los integrantes, representan una agresión real, ilegal, actual o inminente, a la vida o integridad física propias, de terceros o del integrante;

• Acciones tumultuarias: A los actos violentos e ilegales que, personas reunidas en concentraciones, cometen en contra de una o más personas o que están dirigidos a dañar bienes públicos o privados, y que en su ejecución ponen en riesgo la vida o integridad física propia, las de terceros o las de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública;

• Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su Reglamento;

• Armas intermedias: Aquellas que se utilizan para disminuir la capacidad de movilidad de una persona, preservando su integridad física;

• Armas letales: Aquellas que ocasionan o pueden ocasionar daños físicos, que van desde las lesiones graves a la muerte de una personal;

• Autoridad Responsable: La autoridad de gobierno que solicita la intervención, el auxilio o el apoyo de las instituciones federales de seguridad pública. En caso de que, orgánicamente, las instituciones federales de seguridad pública dependan de la misma autoridad, ésta deberá nombrar un funcionario que actúe como su representante, quien no deberá pertenecer a las instituciones federales de seguridad pública.

• Detención: La restricción de la libertad de una persona, realizada por algún integrante de las instituciones federales de seguridad pública con el propósito de ponerla a disposición de la autoridad competente, de conformidad de legislación aplicable;

• Instituciones de seguridad pública federal: En términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, todas del ámbito federal y a las empresas de seguridad privada cuando actúen como auxiliares de las instituciones de Seguridad Pública. Adicionalmente, las instituciones o dependencias federales que desempeñen funciones de seguridad pública, aunque ésta no sea su función prioritaria;

• Integrante: Las personas, servidores públicos certificados que cuentan con nombramiento o asignación mediante otro instrumento jurídico autorizado, perteneciente a alguna de las instituciones federales que ejercen funciones de seguridad pública, en términos de esta Ley. En el caso de las y los empleados de las empresas de seguridad privada cuando actúen como auxiliares de las instituciones federales de seguridad pública, su personalidad se acreditará con el contrato y la ficha del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública correspondientes;

• Incidente: Hecho en el que los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, por su naturaleza ilícita, violenta o por su frecuencia, se ven obligados al uso de la fuerza;

• Ley: La Ley que previene y regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública;

• Mando operativo: Integrante que, jerárquicamente, tiene la responsabilidad de la ejecución de un operativo;

• Manifestaciones: A las concentraciones de varias personas que, en uso de su legítimo derecho, convergen pacíficamente en un tiempo y lugar público delimitado, para expresarse, cuenten o no con permisos de la autoridad;

• Reglamento: Al Reglamento de la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública;

• Resistencia activa: Cuando una o varias personas se niegan a obedecer una orden legítima comunicada por un integrante, realizando acciones u omisiones que ocasionan o pueden ocasionar daños o lesiones a sí mismo, a un tercero o a los propios integrantes;

• Resistencia pasiva: Cuando una o varias personas se niegan, en forma pacífica, a obedecer una orden legítima, comunicada en forma directa por algún integrante, quien previamente se identificó como tal;

• Sometimiento: La contención legítima que realiza un integrante sobre los movimientos de una persona, con el fin de inmovilizarla y asegurarla, sin poner en riesgo su integridad física o su vida, en términos de lo establecido en esta Ley;

• Tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes: Las conductas descritas en la Ley de la materia y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, y

• Uso de la fuerza: El uso legítimo de técnicas, tácticas y métodos de control sobre las personas que se ubican en algunos de los supuestos establecidos en la presente ley, así como en otras disposiciones aplicables.

Capítulo II

Reglas Generales para el Uso de la Fuerza

Artículo 3. Son circunstancias que permiten a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública hacer uso de la fuerza a los integrantes, las siguientes:

• Legítima defensa ante una agresión actual o inminente que ponga en riesgo la integridad física o la vida de las personas;

• Cumplimiento de un deber legal o el mandato de una autoridad;

• Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber cometido un hecho que la ley tipifica como delito en flagrancia;

• Prevenir la comisión de conductas ilícitas; y

• Proteger o defender la vida o integridad física de terceros o bienes jurídicos tutelados.

Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública deberán actuar, en todo momento, con base en los principios establecidos en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 4. La utilización del uso de la fuerza, en los casos que sea necesario, se hará atendiendo a los principios de respeto a los derechos humanos, congruencia, idoneidad, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad.
El uso de la fuerza es:

I. Congruente: Cuando se utiliza, de manera exclusiva, para lograr los objetivos de la autoridad o de la actuación del integrante de las instituciones federales de seguridad pública, en ejercicio de sus funciones,

II. Idónea: Cuando el equipo y técnicas empleados son los adecuados y aptos para garantizar la defensa y protección de las personas y mantener la tranquilidad de la sociedad, siendo utilizados solamente para repeler una agresión ante una acción violenta.

III. Legal: Cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los procedimientos descritos en la presente ley o demás disposiciones aplicables de manera expresa.

IV. Necesaria: Cuando es estrictamente inevitablepara garantizar la vida y la integridad de las personas y la suya propia así como el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

V. Oportuna: Cuando se aplica en el momento en que se requiere para evitar el daño a la integridad o vida de las personas ylograr los fines de la seguridad pública.

VI. Proporcional: Cuando se aplica en el nivel necesario para lograr el control de la o las personas que, intencionalmente, agreden a otras personas o a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, y

VII. Racional: Cuando es el producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública.

Artículo 5. Queda prohibido el uso de armas de fuego o letales, salvo cuando sea indispensable para garantizar la vida y la integridad física de todas las personas, incluyendo la del agresor, la de terceroso la de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, según lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 6. Son obligaciones generales de las instituciones federales de seguridad pública respecto del uso de la fuerza por sus integrantes:

• Establecer procedimientos internos para regular el uso de la fuerza, sustentados en la infraestructura técnica y material necesaria, la planeación y los principios especializados de operación;

• Elaborar manuales, protocolos e instructivos operativos, así como de evaluación, control y supervisión especializados relativos al uso de la fuerza con una perspectiva de género y una visión de derechos humanos;

• Establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas de fuego, así como procedimientos para asegurar que los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública cumplan con los términos de las licencias de portación de las armas de fuego y/o municiones bajo su custodia;

• Establecer los mecanismos para proteger la vida e integridad física de sus integrantes;

• Implementar acciones, programas de capacitación en derechos humanos y cursos, de manera permanente, para evitar cualquier acto de desaparición forzadao tortura o trato cruel, inhumano y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza por parte de sus integrantes;

• Determinar los avisos de advertencia que deberán darse a la ciudadanía cuando sean necesarios por motivo de sus funciones, específicamente en el caso de desastres naturales;

• Investigar, sin que medie denuncia previa, todos los incidentes en que los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública hagan uso de armas letales o de fuego, con el objetivo de determinar la legitimidad de su actuación.

• Inquirir y valorar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes desde la óptica de los principios de actuación, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes y mejorar el desempeño de la función de seguridad pública;

• Regular y controlar el uso de armas no letales, a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar daño a las personas;

• Dotar a sus integrantes del equipo adecuado para el cumplimiento de sus funciones;

• Proporcionar atención especializada a los elementos que hayan intervenido en situaciones en las que se haya empleado la fuerza letal o armas de fuego, para superar situaciones de tensión u otras afectaciones de tipo psicológico;

• Determinar en los manuales administrativos y protocolos de actuación, la cadena de mando en las instituciones federales de seguridad pública, principalmente durante la ejecución de los operativos que pudieran derivar en acciones de uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles.

• Establecer los procedimientos para determinar las correspondientes responsabilidades dentro dela cadena de mando cuando se ordene, se tenga conocimiento, o debiera haberse tenido, de que los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública bajo su mando recurrieron, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza, en cualquiera de sus modalidades, especialmente, en los incidentes que involucren el uso de la fuerza letalo de armas de fuego;

• Garantizar que los integrantes no sean trasladados y se encuentren a disponibilidad de las autoridades disciplinarias o de investigación, durante el transcurso de las investigaciones, cuando hayan participado en incidentes que involucren el uso de la fuerza letal o de armas de fuego;

• Garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria, a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública que, en cumplimiento de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley y en otras leyes relativas, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza letal o armas de fuego en situaciones que, a su juicio, no la justifican o resulten ilegítimas, o lo denuncien por otros funcionarios;

• Atender oportunamente las solicitudes de información o recomendaciones de las autoridades u organismos competentes respecto del uso de la fuerza por parte de sus integrantes, y

• Preservar los indicios en el caso de uso de fuerza.

Artículo 7. Los distintos niveles en el uso de la fuerza, en los casos de resistencia o enfrentamiento de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública con personas aisladas, son:

• Persuasión o disuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o señales de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, en ejercicio de sus funciones;

• Reducción física de movimientos: mediante tácticas especializadas, métodos o instrumentos que permitan someter a las personas;

• Utilización de armas intermedias: a fin de someter la resistencia de una o de varias persona, y

• Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: a efecto de someter las acciones de agresión.

Artículo 8. La actuación de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, respecto al uso de la fuerza, estará sujeta a las siguientes prohibiciones:

• No usar la fuerza con fines punitivos o de venganza,

• No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y

• Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la población.

Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 9. Con el propósito de neutralizar la resistencia o agresión de una persona que está infringiendo o acaba de infringir alguna disposición jurídica; para cumplir las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes, así como para prevenir la comisión de delitos e infracciones y proteger o defender bienes jurídicos, los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública deberán, en primera instancia, dar órdenes verbales directas y solamente en caso de desobediencia o resistencia, implementarán el uso de la fuerza, a partir de las siguientes directrices:

• Sin utilizar armas, cuando para vencer la resistencia pasiva de las personas, realice las acciones necesarias para tal propósito;

• Con la utilización de armas intermedias, cuando para neutralizar la resistencia activa de una persona haga uso del equipo e instrumentos autorizados, con excepción de las armas de fuego, y

• Con el uso de armas de fuego, cuando se presente el caso de agresión.

Artículo 10. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, después de usar la fuerza, las siguientes:

• Proteger alapersona destinataria del uso de fuerza, respetando en todo momento sus derechos humanos;

• Solicitar inmediatamente los servicios médicos, cuando el uso de la fuerza haya producido lesiones;

• Presentar inmediatamente a las personas detenidas ante la autoridad competente e informar, por medio de los registros correspondientes, de la detención;

• Informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y resultados del uso de la fuerza, con el objeto de que se realicen las investigaciones correspondientes;

• Preservar los indicios y la escena, para la investigación;

• Mantenerse a disposición de las autoridades disciplinarias y de investigación, durante su desarrollo, y

• Asistir a los tratamientos psicológicos, médicos u otros especializados que resuelva la institución.

En caso de ser posible, se deberá informar a los familiares que la persona señale, sobre su estado de salud y, en su caso, del lugar donde será atendido, a través del medio de comunicación disponible.

Artículo 11. Las disposiciones de la presente ley son aplicables dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios se encuentren dentro de éstas, sea como visitantes o como personas privadas de su libertad.

Capítulo III

Reglas para el Uso de la Fuerza en actos masivos

Artículo 12. Entodo operativo que destinado al resguardo y vigilancia de actos masivos, los mandos deberán:

• Levantar un registro en video del desarrollo del operativo, y

• Resguardar las grabaciones de radio u otros medios de comunicación.

Estos registros y grabaciones deberán encontrarse disponibles por siete días, en el caso de no haberse utilizado la fuerza o de no haberse presentado ningún incidente.

En el caso de haberse utilizado la fuerza o haberse presentado incidentes, deberán preservarse durante el tiempo que duren las investigaciones. Estos registros y grabaciones deberán quedar bajo la custodia de las autoridades disciplinarias de la institución o de las de procuración de justicia, en su caso.

Artículo 13. En el caso de las manifestaciones, las instituciones federales de seguridad pública únicamente estarán presentes cuando así sea requerido por la autoridad responsable y para auxiliarla en el resguardo y buen desarrollo de la manifestación. La autoridad responsable nombrará un representante, quien será el encargado de entablar la comunicación y el diálogo con los manifestantes, cuando así se requiera.

Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública no podrán presentarse a las manifestaciones equipados con armas de fuego o letales. No podrán hacer uso de ningún otro mecanismo de operación que no sea el de contención, privilegiando la preservación de la integridad física de los manifestantes, las personas en general y ellos mismos. De manera preferente, y cuando así lo considere necesario la autoridad responsable, serán integrantes femeninos quienes acompañen el desarrollo de la manifestación.

Las instituciones federales de seguridad pública actuarán bajo requerimiento expreso de la autoridad responsable, bajo su supervisión y en los siguientes supuestos:

• Coadyuvarán con la autoridad responsable en la contención de los manifestantes, siempre de manera pacífica y sin agresión, a través de instrucciones directas, verbales o señalizadas;

• Operarán, en coordinación con la autoridad responsable, los protocolos para la protección de las personas y la preservación de la paz pública, mediante tácticas especializadas que permitan la disuasión o persuasión de los manifestantes.

Sólo en el caso excepcional de que, durante el desarrollo de la manifestación se produjeran actos delictivos o de violencia aislados, los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública actuarán conforme a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 7 de esta Ley.

Artículo 14. Únicamente encaso de presentarse disturbios que pongan en riesgo la integridad física o la vida de los manifestantes, la autoridad responsable determinará, en coordinación con los mandos operativos de las instituciones federales de seguridad pública, si se cubren los requisitos establecidos en el artículo 15 para considerarla como actos tumultuarios debido a:

• la gravedad de los actos de violencia que se produzcandurante la manifestación,

• o su incidencia.

En tal caso, los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública procederán conforme a lo establecido en esta Ley y la autoridad responsable dará aviso a las autoridades de procuración de justicia para que se proceda a levantar las investigaciones correspondientes.

Artículo 15. Cuando se produzcan actos tumultuarios, las instituciones federales de seguridad pública actuarán conforme a lo siguiente:

• Al tomar conocimiento del hecho, por sí o por las autoridades responsables, las instituciones federales de seguridad pública realizarán acciones para contener las acciones violentas, ilegales e ilegítimas de las personas, garantizando en primer lugar, su vida, la de terceros y la de los propios integrantes de las instituciones federales de seguridad pública;

• Se informará a las autoridades responsables para que, en coordinación con las instituciones federales de seguridad pública, de manera inmediata y en la medida en que sea posible, diseñen los operativos de contención y control de las personas que participan en los hechos.

• En el caso de que los participantes en los hechos se encuentren armados con armas blancas, piedras o similares y hagan uso de ellas en contra de terceros o de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, o para la destrucción de bienes públicos o privados, éstos podrán hacer uso de armas intermedias, las cuales únicamente podrán ser utilizadas para resguardar la vida y la integridad física de los participantes en los hechos, las de terceros y las de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública y, en último término, de la integridad de los bienes públicos o privados.

• Únicamente en el caso de que haya evidencia física contundente de que los participantes en estas acciones se encuentran en posesión de armas de fuego, las instituciones federales de seguridad pública podrán, una vez agotados los procedimientos anteriores y sin poner en riesgo la vida e integridad física de sus integrantes, determinar la presencia de algunos de sus integrantes equipados con armas de fuego o letales, con el objeto único de proceder a la disuasión y detención de los participantes en los hechos;

• El uso de armas de fuego o letales, en estos casos, tendrá por objeto únicamente, garantizar la vida de las personas involucradas, de terceros y la de los propios integrantes de las instituciones federales de seguridad pública. Toda acción u operativo que involucre el uso de armas de fuego deberá ser investigado de oficio para determinar su uso legítimo y los integrantes involucrados deberán ser sometidos a los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes.

Las autoridades responsables tratarán en todo momento de establecer mecanismos de diálogo y comunicación con quienes aparenten encabezar los hechos.

Capítulo IV

Reglas para el Uso de la Fuerza en Detenciones

Artículo 16. En los casos de detención en los que se presuma la necesidad del uso de la fuerza, los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública evaluarán la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará, consultando a sus superiores jerárquicos.

Artículo 17. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la fuerza, se observará lo siguiente:

• En principio se preferirán medios y técnicas de persuasión y control distintos al enfrentamiento, tales como, la negociación o convencimiento, con el fin de reducir al mínimo daños a la integridad física de las personas, y

• Al identificar niveles de resistencia menor o resistencia activa, se utilizarán preferentemente armas intermedias y equipos de apoyo.

Para el uso de armas letales o de fuego, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de esta Ley.

Artículo 18. Concretada la detención, el integrante de las instituciones federales de seguridad pública se asegurará de que la persona no se provocará ningún daño y que no representa un peligro para sí o para los demás. En adelante, se actuará conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 19. Si la persona que se opone a la detención o al cumplimiento de una orden legítima de la autoridad se encuentra armado, el integrante de las instituciones federales de seguridad pública realizará las acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad de las demás personas y las suyas propias.

Artículo 20. Las instituciones federales de seguridad pública elaborarán los manuales, reglamentos y protocolos de actuación específica que permitan el ejercicio de sus funciones.

Artículo 21. Será responsabilidad de quien custodie a las personas detenidas que, en todo momento, se resguarde su integridad, especialmente la sexual y se impidan los actos de tortura o desaparición forzada. Cuando la persona detenida lo denuncie, se seguirán los protocolos especialmente diseñados por las instituciones al efecto conforme a la Ley en la materia y se dará comunicación inmediata al Superior. Las responsabilidades penales se perseguirán de manera independiente a los procedimientos administrativos internos.

Capítulo V

Reglas para el Uso de la Fuerza en Caso de Desastres o Emergencia

Artículo 22. En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones graves que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas, las instituciones federales de seguridad pública, en su caso, se coordinarán con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, controlar o limitar el acceso de las personas a áreas que representan un riesgo para ellas, se seguirán las siguientes reglas:

• En principio se implementarán medios y técnicas de contención, persuasión o disuasión;

• Si los medios y técnicas a que se refiere la fracción anterior no lograran su objetivo, se utilizarán los principios del uso de la fuerza para la resistencia pasiva, y

• En caso de peligro inminente para las personas y de presentarse algún tipo de resistencia activa, se podrán utilizar diferentes niveles de fuerza, sin llegar nunca al uso de las armas letales.

Capítulo V

De las Armas y Equipo de Apoyo que Pueden ser Usados por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

Artículo 23. En términos de las leyes de la materia, las instituciones federales de seguridad pública, proveerán a sus integrantes de las armas intermedias y de fuego, instrumentos y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que reduzcan sus niveles de riesgo.

Artículo 24. Las instituciones federales de seguridad pública, dispondrán las medidas necesarias para mantener los niveles de efectividad de las armas, instrumentos y equipos, a través del mantenimiento especializado.

Artículo 25. Se consideran armas intermedias, para los efectos de la presente ley, los instrumentos y equipo de apoyo en la función policial, que permiten controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión.

Son armas intermedias:

• El bastón policial con empuñadura lateral;

• El bastón policial recto;

• El bastón policial corto, y

• Las demás que autoricen el reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las esposas de sujeción de muñecas o tobillos, son considerados equipo de apoyo.

Capítulo VII

De los Informes del uso de la fuerza y de la utilización de armas de fuego

Artículo 26. Toda acción u operativo que involucre uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles deberá ser motivo de un informe,el cual deberá contener, al menos, la evidencia física de los hechos cuando sea posible,las grabaciones de audio y video a que se refiere el artículo 12 en su caso, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza.

En los casos en que se haya hecho uso de armas de fuego o letales, el informe será individualizado y deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

• Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos y autoridad responsable que solicitó o mandató la intervención, el auxilio u operativo;

• Unidad que participa y los nombres de sus mandos;

• Causas de la acción;

• Motivo por el cual el integrante de la institución, hizo uso del arma de fuego;

• Sobre qué personas u objetos se efectuaron los disparos;

• Tipo de armas y municiones empleadas;

• Las consecuencias de los disparos, y

• Un diagrama de la escena delos hechos.

Capítulo VIII

De la capacitación y certificación para el uso de la fuerza a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública

Artículo 27. En el diseño de los programas de profesionalización, capacitación y actualización que lleven a cabo las instituciones federales de seguridad pública, deberán incluirse asignaturas y cursos teóricos y prácticos especializados sobre el uso legítimo de la fuerza y derechos humanos.

Artículo 28. Las instituciones federales de seguridad pública establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.

Capítulo IX

De la indemnización en caso de que se declare la existencia de uso ilícito de la fuerza

Artículo 29. Las instituciones federales de seguridad pública, deberán asumir la debida responsabilidad cuando sus integrantes recurran al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y no adopten las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso. Lo anterior sin demérito de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que el integrante tenga debido a su actuación ilegal.

Artículo 30. Los particulares que hayan sufrido un daño en su persona o bienes, con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución federal de seguridad pública, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución federal de seguridad pública de que se trate, de su responsabilidad por los hechos por el uso ilegítimo de la fuerza, así como la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de los hechos, en términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 31. Las instituciones federales de seguridad pública celebrarán un contrato de seguro, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que cubra los daños ocasionados por sus integrantes a personas, bienes muebles o inmuebles públicos o privados, cuando se declare por las autoridades competentes el uso ilícito de la fuerza.

Capítulo X

De las responsabilidades de los integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública por el uso ilícito de la fuerza.

Artículo 32. Las responsabilidades que asuman las instituciones federales de seguridad pública en virtud de lo dispuesto en esta Ley, no exime de la responsabilidad administrativa, civil o penal que, conforme a la legislación aplicable, resulte para los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública debido al uso ilícito de la fuerza.

En todo caso, serán las autoridades disciplinarias o de procuración e impartición de justicia quienes, después de realizada la investigación correspondiente, determinen si procede dicha responsabilidad.

Artículo 33. Las responsabilidades administrativas resultantes derivadas de las investigaciones de las autoridades disciplinarias de la institución no eximen de las responsabilidades civiles o penales determinadas por la autoridad correspondiente.

Artículo 34. En el caso de los integrantes de las Fuerzas Armadas, se estará a lo determinado en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, cuando el uso ilícito de la fuerza haya sido cometido en contra de un civil.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá emitir el Reglamento de la Ley Federal que previene y regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Maricela Contreras Julián.- Dip. Hortensia Aragón Castillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 10 Y 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Diputado Salomón Majul González, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado Federal SALOMÓN MAJUL GONZÁLEZ a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 10 Y 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo constituye una actividad dinámica que pone a nuestro país frente a los ojos del mundo. Es un sector que contribuye de manera importante al desarrollo nacional y de las regiones, así como al crecimiento económico gracias a la generación de empleos y la construcción y mantenimiento de infraestructura. Conocer México es una aspiración para muchos habitantes del planeta, dada la belleza de nuestros atractivos, la oferta cultural que poseemos y la calidad de n nuestros servicios, por lo que es, sin lugar a dudas, un ejemplo bien acabado de lo que se conoce como “poder suave” o “softpower”, es decir, la capacidad que tienen las naciones para influir en otras sin hacer uso de la fuerza. De igual forma, el turismo implica la posibilidad de vernos a nosotros mismos y reconocernos a partir de nuestra diversidad cultural, de la riqueza medioambiental y de la reafirmación de nuestra identidad nacional.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018, formulado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013, esta actividad representa para nuestro país una de las principales fuente de divisas, ya que genera el 8.4 por ciento del PIB y más de 2.2 millones de empleos, no obstante lo cual el actual gobierno federal reconoce que en los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países, pues en el periodo 1980-2012 la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de turistas apenas alcanzó el 2%. Esto, según se menciona en el programa en comento, es significativo al observar la tendencia de economías emergentes que están ganando terreno en el mercado internacional. Del año 2000 a 2012, en otras latitudes del mundo se registraron TCMA superiores, tal es el caso de Turquía (11.6%), Hong Kong (8.6%), Malasia (7.8%), Japón (4.8%) y Rusia (2.5%), en tanto que México creció en 1.1% en el mismo periodo.

El instrumento de planeación de mérito señala a la letra que México es reconocido por el turismo de sol y playa, pese a lo cual existen señales de su agotamiento, pero también áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos atractivos y sustentables en el campo del turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y de lujo. Aunado a lo anterior, también reconoce que permanecen amplios rezagos en materia de infraestructura y de recursos humanos suficientemente capacitados para brindar atención y servicio de calidad, lo cual limita el flujo de turistas.

“Los esquemas de financiamiento para la inversión turística han resultado insuficientes para el desarrollo de negocios y para fortalecer las redes de infraestructura que faciliten el movimiento de turistas.

Asimismo, dichos instrumentos han tenido un bajo o nulo impacto en la promoción y consolidación de cadenas productivas alrededor de proyectos turísticos con un alto valor agregado. Las acciones

Implementadas desde las autoridades gubernamentales o el sector privado en esta materia han derivado en obras aisladas desde distintos ámbitos y sin efectos claramente identificables”, sentencia el multicitado programa.

A efecto de evitar la caída sistemática de la competitividad del sector y que impediría aprovechar el potencial turístico y las ventajas comparativas del país en esta materia, el gobierno federal propuso apelar a la innovación y al uso eficiente de los recursos turísticos, por lo que planteó la creación de un Sistema Nacional de Certificación y la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos mediante la sistematización de la información en un Registro Nacional de Turismo orientado al fomento y la calidad.

Dicho propósito, si bien es cierto fue inserto en los artículos 52, 63 y 65 de la Ley General de Turismo vigente desde 2009, no lo es menos que adquirió mayor durante la actual administración, pues en enero de 2014 se anunció la creación del Sistema Nacional de Certificación Turística que otorga “certificados de calidad” a los prestadores de servicios turísticos, ya sean personas, empresas o destinos, para promover directamente mejoras en el sector y a fin de que los visitantes nacionales e internacionales disfruten de servicios conforme a los más altos estándares de calidad. Dicho sistema, de acuerdo con la Secretaría de Turismo federal, está basado en seis principios fundamentales: enfoque en el turista; cultura de la calidad; regulación participativa; marca única de calidad; promoción y posicionamiento, y mejora continua.

En alcance a lo anterior, el 6 de julio de 2015 fue publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo, el cual establece en sus artículos 99 a 105 el funcionamiento del Sistema de Certificación, el cual es definido como el conjunto de distintivos, sellos y reconocimientos otorgados por la Secretaría a los Prestadores de Servicios Turísticos y Destinos Turísticos que se distingan por adoptar mejores práctica en sus procesos o altos estándares en sus servicios, a través de un proceso de autoevaluación y supervisión por parte de la Secretaría.

Los objetivos del Sistema de Certificación son del tenor literal siguiente:

• Garantizar la calidad de los Destinos y Servicios Turísticos;

• Promover mejoras en el sector turístico, conforme a los más altos estándares de calidad;

• Priorizar la satisfacción del Turista;

• Promover las soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar la competitividad de los Destinos y Servicios Turísticos;

• Contribuir a la sustentabilidad de las empresas y Destinos Turísticos del país, y

• Dar a conocer, entre los Prestadores de Servicios Turísticos, los certificados, distintivos y demás reconocimientos que en materia

de calidad de servicios se establezcan en los lineamientos del Sistema de Certificación.

De conformidad con dicho ordenamiento, la Secretaría otorgará reconocimientos sobre el nivel de calidad que alcancen los Destinos y Prestadores de Servicios Turísticos, atendiendo para ello a los propios lineamientos del Sistema de Certificación.

Asimismo, la dependencia evaluará y promoverá que los Prestadores de Servicios Turísticos y Destinos Turísticos, que ingresen de manera voluntaria, cumplan con los lineamientos del Sistema de Certificación y, con base en los indicadores que resulten de la comprobación, actualizará los estándares de calidad y demás disposiciones de aplicación voluntaria.

El titular de la Secretaría establecerá, mediante Acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos de operación del Sistema de Certificación; el cual es de carácter voluntario, los cuales deberán contener:

• Los métodos y mecanismos de medición y promoción de la calidad en los aspectos vinculados con:

a) La gestión eficiente de los Servicios Turísticos;

b) La calidad de los Servicios Turísticos;

c) Las mejores prácticas de sustentabilidad en la Prestación de los Servicios Turísticos,   y

d) La accesibilidad para la atención de grupos poblacionales específicos;

• Los incentivos a los que se harán acreedores los Prestadores de Servicios Turísticos y Destinos Turísticos que obtengan el Distintivo Nacional de Calidad Turística, y

• Las demás disposiciones que contribuyan a elevar la calidad de los Servicios   Turísticos.

Algunos ejemplos de certificación en materia turística lo son la acreditación de Guías de Turistas, el otorgamiento del Sello de Calidad Punto Limpio y los Programas de Calidad Tesoros de México, Distintivo S, Moderniza y Distintivo H. inserción del concepto de la certificación en la ley, la creación del Sistema Nacional de Certificación y su inclusión en el Reglamento de la materia constituyen avances loables, pues buscan reconocer la calidad de los servicios turísticos y colocan al turista en el centro de las políticas públicas, aun cuando consideramos que en su diseño se adolece de un punto fundamental, que es no prever la colaboración entre los tres niveles de gobierno, ello en virtud de que dichas construcciones jurídicas dejaron de lado la participación de los estados y municipios, situación que creemos debe perfeccionarse, no con la intención de arrebatar al Ejecutivo facultades que hasta ahora ha ejercido de forma sumamente responsable, sino de permitir que otras instituciones competentes, pues se trata de una facultad concurrente, se involucren en tan importante función, la cual deberá seguir siendo coordinada por la Secretaría de Turismo federal.

En efecto, de sobra está mencionar que entidades como Guerrero, la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Colima y Baja California Sur cuentan con experiencia probada en el ramo turístico, al igual que diversos municipios cuya actividad significa una importante derrama económica para los estados donde se encuentran ubicados, siendo éste el caso de Taxco de Alarcón, Acapulco, Zihuatanejo de Azueta, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Puerto Vallarta, Santa María Huatulco, Los Cabos, Bahía de Banderas, Veracruz, Boca del Río, Manzanillo y Mazatlán, por citar sólo algunos ejemplos, lo que significa que se está dejando de lado dicha experiencia, así como también que éstos son los que conocen de primera mano las necesidades y características de sus comunidades. 

Por si fuera poco lo anterior, el concepto de certificación turística ya está previsto en las leyes de diversas entidades federativas como Guerrero, la Ciudad de México, Campeche, Puebla, Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato, por lo que, en un afán de evitar duplicidades, es que se propone la presente iniciativa, la cual busca incluir a las entidades federativas y a los municipios en los procesos de certificación que al efecto emprenda la Secretaría de Turismo federal, aunque bajo la dirección de esta y en pleno respeto al régimen federal y al principio de municipio libre consignados en los artículos 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los dispositivos cuya reforma se proponen quedarían redactados de la siguiente  manera:

Ley General de Turismo

Dice…

Debe decir…

Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política turística local;

II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;

III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competencia local;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Turismo, las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo;

V. Establecer el Consejo Consultivo Local de Turismo;

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística;

VII. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico del territorio, con la participación que corresponda a los Municipios respectivos;

VIII. Participar en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en los Municipios de los Estados, conforme a los convenios que al efecto se suscriban;

IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que cuenta;

X. Conducir la política local de información y difusión en materia turística;

XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;

XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los Estados y en el Distrito Federal;

XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación para el desarrollo turístico local;

XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad competente;

XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística de dos o más Municipios;

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente;

 

 

 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos;

XIX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a esta Ley y a las disposiciones reglamentarias;

XX. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. … a XVI. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente, así como en el otorgamiento de certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

XVIII. … a XXI. ...

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;

II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local;

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística;

VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;

VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación para el desarrollo turístico;

IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;

X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que cuenta;

XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;

XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;

XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente;

XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y

XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. … a XV. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio;

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas en el otorgamiento de certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

I. La formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y competitividad en la materia;

II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad;

III. La modernización de las empresas turísticas;

IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

 

 

V. El diseño y ejecución de acciones de coordinación entre dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno para la promoción y establecimiento de empresas turísticas, y

VI. La realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

I. … a III. …

 

 

 

 

 

IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría, en coadyuvancia con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

 

V. … y VI. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Pleno de la Cámara de Diputados el presente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9, 10 y 63 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

“Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

“I. … a XVI. …

“XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente, así como en el otorgamiento de certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

“XVIII. … a XXI. ...”

“Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

“I. … a XV. …

“XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio;

“XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas en el otorgamiento de certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

“XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.”

“Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

“I. … a III. …

“IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría, en coadyuvancia con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

“V. … y VI. …”

ARTÍCULO TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las normas reglamentarias que al efecto resulten aplicables.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Salomón Majul González.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Fabiola Rosas Cuautle, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, FABIOLA ROSAS CUAUTLE, Diputada Federal, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, al tenor de la siguiente iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las instituciones armadas permanentes de los Estados Unidos Mexicanos tienen como misión defender la integridad, la independencia, la soberanía de la nación, brindar auxilio a la población en aquellos casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en ocasiones de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La organización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se establece en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986, desde entonces ha sufrido siete reformas. En sus disposiciones se señala la integración, niveles de mando, composición, recursos materiales, económicos y animales, así como la regulación al personal y a los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La jurisdicción militar es de naturaleza jurídica autónoma de acuerdo con nuestra Carta Magna. La administración de justicia militar corresponde al Supremo Tribunal Militar, a los Tribunales Militares de Juicio Oral, a los Jueces Militares de Control, a los Jueces de Ejecución de Sentencia, de conformidad con lo que señala el artículo 1º del Código de Justicia Militar, reformado el 16 de mayo de 2016 por medio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, que reservó en sus disposiciones transitorias la homologación en todos los ordenamientos que hagan referencia al Supremo Tribunal Militar, a la Procuraduría General de Justicia Militar y a la Defensoría de Oficio Militar.

El artículo transitorio mencionado en el párrafo anterior, se debe entender como una medida temporal que dejó subsistente la obligación legislativa de homologar las leyes del ordenamiento jurídico mexicano de conformidad con las nuevas denominaciones de las instituciones castrenses que establecieron las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016. Por lo que, la presente Iniciativa busca actualizar en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dichas denominaciones, de conformidad con sus atribuciones.

Por las razones expuestas, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

Artículo Único. Se reforman los artículos 14, fracción II; 21, fracción III; 27; 28; 29; 30; 68, fracción IX; 74; 92, fracción I; 109, fracción VI, inciso B; 120; 144; 161, segundo párrafo; 174, primer párrafo, fracción III; 199, fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14.

I.

II. Nombrar al Subsecretario; al Oficial Mayor; al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al Fiscal General de Justicia Militar y al Presidente así como a los Magistrados del Tribunal Superior Militar;

III. a IX.

ARTÍCULO 21. …

I. a II.

III. Órganos del Fuero Militar; y

IV.

ARTÍCULO 27. Los Órganos del Fuero Militar conocerán de los delitos en los términos que establecen el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 28. Los Órganos del Fuero Militar son:

I. Tribunal Superior Militar;

II. Fiscal General de Justicia Militar; y

III. Defensoría de Oficio Militar.

ARTÍCULO 29. La organización y funcionamiento del Tribunal Superior Militar, Fiscal General de Justicia Militar y Defensoría de Oficio Militar, quedan establecidos en el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 30. Los cargos que desempeña el personal que integra las Dependencias del Tribunal Superior Militar, son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Dependencias de los Gobiernos: Federal, Estatales y Municipales.

ARTÍCULO 68.

I. a VIII.

IX. Justicia Militar;

X. a XIV.

ARTÍCULO 74. Los servicios podrán organizarse en equipos, escuadras, pelotones, secciones, compañías y batallones, exceptuando al de justicia militar que adoptará su organización de acuerdo con sus necesidades.

ARTÍCULO 92. El Servicio de Justicia Militar tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por los delitos del fuero militar y vigilar la ejecución de las penas impuestas por las Dependencias encargadas de administrar la justicia militar; el asesoramiento a la Secretaría de la Defensa Nacional en asuntos técnico jurídicos; y además realizará las actividades siguientes:

I. Llevar a cabo la administración del personal del Servicio de Justicia Militar;

II. a VII. …

ARTÍCULO 109.

I. a V.

VI.

A.

B. Auxiliar a la Policía Ministerial Militar.

ARTÍCULO 120. El personal de ejidatarios que integran dichos cuerpos, quedará sujeto al fuero militar, cuando se encuentre desempeñando actos del servicio que le sean encomendados.

ARTÍCULO 144. Los Cabos en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea, serán seleccionados de entre los Soldados y propuestos al Secretario de la Defensa Nacional por los Comandantes de las mismas, en los términos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para cubrir las vacantes existentes en sus planillas orgánicas.

ARTÍCULO 161.-

Los alumnos de las Escuelas Militares quedarán sujetos al Fuero Militar; los de las Escuelas de Formación de Oficiales que no posean grado militar, recibirán el nombre de "Cadetes", pero los grados que dentro de las mismas Escuelas se les confieran, tendrán validez para efectos disciplinarios dentro y fuera del Plantel. Los alumnos Nacionales o Extranjeros que en su calidad de Becarios concurran a realizar estudios en Planteles Militares no estarán sujetos al Fuero Militar, pero si deberán sujetarse a los Reglamentos y disposiciones particulares del Plantel al que concurran.

ARTÍCULO 174.

I. a II.

III. Desempeñar actividades o empleos civiles en Dependencias del Ejecutivo Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación Estatal y otras Dependencias Públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las Armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos.



ARTÍCULO 199.

I. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de escalafón y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y

II.

ARTÍCULO 207. La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo anterior, debiendo observarse las normas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el reglamento de ésta, o los Ordenamientos que los substituyan.

ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas y Aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las Unidades y el establecimiento de Dependencias, Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares de Control, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, Polígonos de Tiro, así como los destinados al adiestramiento, experimentación, pruebas y Unidades Habitacionales y demás necesarios para sus fines.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Fabiola Rosas Cuautle.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado ALFREDO BEJOS NICOLÁS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Constituciones, entendidas no sólo como un documento sino como una serie de principios y valores axiológicos, procesan, condensan y sedimentan tanto las expectativas como la experiencia social, estableciéndose éstas de manera formal y sustancial en el marco normativo fundamental, teniendo como ejes transversales la parte política y social.

Así, esta amalgama de ámbitos da pie a la conjugación de la política y del derecho, la cual tiene como elemento fundamental generar la posibilidad de llevar a cabo o efectivizar las decisiones los derechos establecidos de manera formal.

Por lo tanto, el derecho o régimen político reacciona a la complejidad social, generando, a través de la aplicación del estado de derecho la creación, distribución y límite al ejercicio de poder político pero a su vez, procura las condiciones necesarias y suficientes para que todos los derechos y libertades sean ejercidos con plenitud.

Estas decisiones colectivamente generadas y vinculantes sobre cuestiones de interés público tratarán de generar consenso en torno a ellas, generando opinión pública, la cual, a través de los mecanismos generados en la esfera pública, desde foros ciudadanos hasta propuestas legislativas, se transmitirá.

Por ello que las expectativas normativas son el presupuesto básico, las reglas de partida, que supone un orden social diferenciado en la sociedad moderna, ya que a través de su formalización se generan estructuras normativas operativamente funcionales, mediante instituciones formalmente establecidas que dan pie a la efectivización y ejercicio de derechos y de decisiones políticas y sociales.

En este contexto, le corresponde una tarea sustancial al Estado, la cual, es establecida en el marco fundamental en los artículos 25 y 26 Inciso A Párrafo Primero:

Artículo 25. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

La generación de políticas públicas tendrán por ello un marco referencial, tanto normativo como político, el Sistema Nacional de Planeación y Desarrollo Nacional, el cual teniendo como fundamento la obligación constitucional, y los objetivos planteados en las leyes generales aplicables el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultura, la preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, el respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales, el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional, el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica y social, la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Así, la Planeación Nacional de Desarrollo será, citando el artículo 3 de la Ley de Planeación:

“(…) la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.”

Y, en lo referente al aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano se establecen como objetivos en el artículo 1. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

“(…)

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Así, el Sistema Nacional de Desarrollo tendrá que reflejar la realidad y dinámica de la sociedad, su evolución tanto demográfica como geopolítica; establecer instrumentos y procedimientos de planeación a largo plazo, de manera consensuada pero también vinculatorios entre los tres órdenes de gobierno, relacionando planes y presupuestos, incluyendo la dimensión metropolitana.
La Zona Metropolitana es definida como:

“El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.”1

Adicionalmente, se definen como Zonas Metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.2

Actualmente tres cuartas partes de la población mexicana habitan en 383 ciudades (centros de población de 15 mil y más habitantes) que integran el Sistema Urbano Nacional, quienes generan alrededor de 97% del PIB nacional en no más de 10% del territorio del país; indicativo de que México es un país predominantemente urbano. 

De este total, 59 son zonas metropolitanas integradas por 367 municipios que representan 56.8% de la población nacional, con 63.8 millones de habitantes, por lo que la población urbana es particularmente metropolitana.

Así pues, en materia de ordenación del territorio, todo apunta a que los principales desafíos que enfrenta México son urbanos y, sobre todo, metropolitanos.3

Las ciudades se deben de entender como un gran complejo colectivo, con enfoques sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos; espacios físicos en donde surgen demandas y necesidades pero también mecanismos innovadores de sustentabilidad.

La generación e intercambio de opiniones e ideas, de consensos y disensos que son transmitidos por los actores sociales de forma mediática abren las posibilidades de información y generación de juicios valorativos en torno a la realidad social, económica política e institucional.

Las ciudades tienen retos y metas complejas e importantes, los cuales comparten, desde el abastecimiento de agua, energía eléctrica, seguridad pública, saneamiento, servicios de mercado, gestión de residuos hasta generación de empleo y mejor calidad de vida.

Así, el día de hoy, las ciudades se están convirtiendo en monstruos urbanos, megalópolis, en donde la interacción de los individuos así como la gestión de solución de demandas se hace cada vez más complejo.

En este contexto se celebró Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en la Ciudad de Quito, Ecuador en Octubre del año 2016. En esta Conferencia se constituyó la “Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos” y, establece, la Nueva Agenda Urbana, la cual, cambia radicalmente el paradigma para un nuevo entender de las ciudades, conceptualizándolas, ahora, como una oportunidad y no como un problema; una coyuntura para mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas.

Resulta evidente que el municipio, entendido como esta primera asociación natural constituido por muchas familias, pero formado en virtud de relaciones que no son cotidianas y, además, buscando de manera natural el bien común, ha sido rebasado por su crecimiento demográfico, necesitando medidas de coordinación regional y metropolitano.

El reconocimiento formal de las Zonas Metropolitanas, no sólo en el cuerpo del Sistema Jurídico Mexicano a través de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sino “positivizadas” en el marco constitucional como un instrumento de planeación, propiciaría mejores condiciones de coordinación para generar un desarrollo urbano acorde a las necesidades poblacionales actuales, impulsaría la gestión coordinada de acciones y políticas públicas con una planificación urbana más eficiente.

El tema de la gestión de recursos regionales y metropolitanos se dimensiona de manera diferente, convirtiéndose en un eje toral de la dinámica de integración social y económica, destinando recursos específicos para el desarrollo de infraestructura básica pero en ámbitos más amplios que van ahora de lo local a lo metropolitano, que con el establecimiento de las Zonas en el maco constitucional consolidaría una acción vinculante desde los principios axiológicos mismos del Deber Ser.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Único. Se adiciona un párrafo Cuarto al  del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. …

Para el cumplimiento de los objetivos del sistema de planeación del desarrollo nacional establecidos en esta Constitución, se deberá tomar en consideración a las Zonas Metropolitanas, definidas como, los centros de población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Alfredo Bejos Nicolás.

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf

2 Ibidem

3 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Estado-actual-planeacion-ordenamiento-metropolitano-docto151.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada PAOLA IVETH GÁRATE VALENZUELA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CON EL PROPÓSITO DE INTRODUCIR MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS DIVERSAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México las actividades agropecuarias tienen una gran importancia en el medio rural como fuente de ingresos y proveedor de alimentos. El sector agropecuario desarrolla sus actividades en gran parte de las localidades rurales y aprovecha los recursos naturales, constituyéndose en uno de los principales medios de empleo para la población que reside en el medio rural. La producción agropecuaria es muy sensible al cambio climático.

El desarrollo rural pretende dar respuesta a necesidades básicas para hacer posible un futuro sostenible, tales como mejorar el bienestar y la vida de la población que vive de este medio, erradicar la pobreza extrema y, ante todo, evitar la migración hacia la marginación de la periferia de las ciudades; pretende también lograr una producción sostenible para asegurar que el país tenga una soberanía alimentaria, todo esto protegiendo y conservando la capacidad de la base de los recursos naturales para seguir proporcionando los servicios de producción, ambientales y culturales.

Acorde con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente podemos sentir los efectos del calentamiento global en el Sector Agropecuario; se estima que de seguir la tendencia actual sin asumir metas importantes de mitigación, las afectaciones se incrementarán significativamente en los próximos años como consecuencia de la concentración de gases de efecto invernadero provocados por las actividades humanas; lo cual da como resultado una alteración en los ecosistemas y el clima. Algunos de los efectos del Cambio Climático en el Sector Agropecuario se enlistan a continuación (SAGARPA, 2014):

Efectos del cambio climático en el sector rural

• Efectos extremos

• Sequías, inundaciones, heladas, ondas gélidas y granizadas

• Variaciones en balance de temperaturas

• Precipitaciones

• Cambio en los patrones climáticos

• Mayor concentración de las precipitaciones en tiempo y espacio

• Periodos de sequía cada vez más marcados y prolongados

• Erosión y azolvamiento de cuerpos de agua

• Deslizamientos.

Efectos sobre los cultivos, la ganadería y la pesca

• Menos lluvia afecta los rendimientos

• La temperatura modifica la duración de los ciclos agrícolas

• La variación en la radiación solar tiene efectos sobre la eficiencia en la producción de plantas

• Afectaciones a la disposición de pastos y forrajes, modificando la capacidad de carga de los agostaderos1

• Mayor vulnerabilidad de razas y variedades de plantaspoco resistentes a los cambios de condiciones

• Expansión de las zonas de transmisión de enfermedades y plagas

• Cambios en el volumen de plancton que puede afectar la productividad de las zonas pesqueras.

En el estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y SAGARPA en el año 2012, se describen las diversas investigaciones realizadas para medir las posibles consecuencias del cambio climático en México; esta variedad de estudios abordan el problema desde distintas perspectivas y sobre diversos sectores prioritarios para el país. De acuerdo a Villers y Trejo (1997) más de la mitad del territorio del país (entre el 50% y el 57%) cambiará sus condiciones de temperatura y precipitación, de manera que el clima actual podría ser clasificado en otro subtipo y los habitantes de los ecosistemas, incluida la población humana, deberán cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones.

La creencia generalizada es que los climas templados tenderán a reducirse (Villers y Trejo, 2004; Halffter, 1992), mientras que los climas secos ocuparán mayores superficies. Lo anterior ejercerá presiones adicionales a las que los diversos ecosistemas y sus especies ya están sometidos (Arriaga y Gómez, 2004; Peterson, et al., 2002).México resulta ser especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático al situarse en zonas que serán impactadas por sequías (Noroeste) e inundaciones (Sureste); por fenómenos meteorológicos extremos y por su débil estructura social y económica (INE-PNUD, 2008). Se estima que entre 2020 y 2050 los estados que pueden resentir mayores incrementos en sus temperaturas medias son Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, lo que afectará las actividades humanas, incluidas las agrícolas (SEMARNAT, 2009f) (FAO; SAGARPA, 2012).

México es uno de los países más comprometidos con los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático. Para ello, el país firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (1992) y el Protocolo de Kioto (1997), y ha diseñado una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en 2007. Adicionalmente, se ha conformado una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) con el objeto de coordinar las acciones de la Administración Pública Federal relativas a formular e instrumentar la política nacional para prevenir, mitigar y adaptarse al cambio climático (Banco Mundial, 2010). La CICC es responsable de trazar la ENCC e incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, cuyos objetivos se traducen en: a) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y b) impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático (SAGARPA, 2010).

Lo anterior nos obliga a legislar a favor del desarrollo rural sostenible en beneficio de las futuras generaciones y no pasar por alto las implicaciones que conlleva el impacto del cambio climático al sector rural, por ende nuestra Ley General de Cambio Climático contempla en el artículo 29 fracción IX las acciones de adaptación para el aprovechamiento sustentable en los distritos de desarrollo rural, pero en contraparte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable omite por completo el concepto e impacto en las actividades agropecuarias del cambio climático.

Por lo tanto, es apremiante el hecho de incluir en la Ley de Desarrollo Sustentable las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en las diversas actividades agropecuarias para asignar los programas y recursos que requieren en función de la dinámica de cada actividad.

Por lo tanto, bajo el amparo de la ley y con amplio conocimiento que guarda referencia al tema que ocupa la presente propuesta, y por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Artículo Único. - Se reforma el artículo 176 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

176.- Los núcleos agrarios, los pueblos indígenas y los propietarios podrán realizar las acciones que se admitan en los términos de la presente Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Cambio Climático y de toda la normatividad aplicable sobre el uso, extracción, aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos, que promuevan la formulación de estrategias y actividades de adaptación y mitigación al cambio climático.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela.

1 Agostadero/ Pastizal- Tierras con capacidad para producir forraje para el ganado y animalessilvestres. Fuente:(SAGARPA, 2009)





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por el Diputado David Mercado Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

DAVID MERCADO RUÍZ, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno del cambio climático, al igual que el fenómeno de la evolución demográfica o de la globalización, ha ascendido rápidamente en los últimos años hasta colocarse en los primeros lugares del ranking de preocupaciones socio-políticas y esto se debe a que el principal responsable del acontecimiento de este fenómeno, es el ser humano.

Es decir, esta problemática encuentra su origen, ni más ni menos que en las actividades humanas, es una cuestión de países desarrollados y subdesarrollados, de países pobres y países ricos, es tanto un tema de justicia como de inequidad, de repartir y compartir cargas y esfuerzos, es a la vez una cuestión de explotación de recursos y de sociedades explotadas, así como de controlar, adecuadamente, el uso de combustibles y el uso de la tierra es, en síntesis; una cuestión de actuar con responsabilidad para nuestra generación y la preservación de las siguientes, pues el bienestar de éstas últimas, no debe, sino mejorarse y, para ello, debemos hacer uso, si es necesario, de todo el desarrollo tecnológico acumulado en las últimas décadas.

De conformidad con lo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el sistema climático está integrado por la atmósfera, hidrosfera, geosfera, la biosfera y sus interacciones, junto a los distintos ecosistemas en los que habitan los seres vivos, con todas sus interacciones, positivas y negativas, y sus consecuencias, es decir, se trata de un sistema complejo e interactivo.1 En este sentido, tenemos que el clima no es un parámetro puntual, se trata de un fenómeno que se describe en términos de media y variabilidad a escala de tiempo determinada y estándar de temperatura, precipitaciones y vientos.

De este modo, la evolución del clima se debe a factores tales como: la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, las orientaciones del relieve terrestre respecto al sol, la dirección de los vientos y las corrientes oceánicas, de suerte que, estos factores y sus variaciones en el tiempo generan cambios significativos en los elementos constituyentes del clima, es decir, en la temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones, de forma que las fluctuaciones en el tiempo pueden ser consideradas como sistemáticas o caóticas.

Así, las variaciones de temperatura condicionan la presión atmosférica, por las diferencias de densidad del aire al calentarse o enfriarse y da lugar a zonas ciclónicas, de baja presión o anticiclónicas, de alta presión. En cuanto a las diferencias de presión, éstas producen los vientos, de anticiclones a ciclones, y transportan la humedad y las nubes dando lugar a una irregular repartición de las precipitaciones. La temperatura de la atmósfera es el resultado de un complejo equilibrio de energía, debido a las radiaciones solares, a la composición de la atmósfera, a los cambios en los continentes, a las corrientes oceánicas y a la órbita de la tierra.

La ruptura de este equilibrio, sea por fuerzas externas al clima, denominadas forzamientos, o bien, por factores internos, moderadores o amplificadores, ocasionan lo que se denomina: cambio climático.2 A grandes rasgos, el cambio climático puede entenderse como todo cambio significativo  y duradero de los patrones locales o globales del clima en el sistema climático del planeta, que permanece por décadas o más tiempo.

En este contexto, el cambio climático puede presentarse por causas naturales, por ejemplo: variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos, entre otros, o bien, puede ser causado debido a la influencia antrópica, es decir, por la intervención humana, por ejemplo, a través de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, o debido a la alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan, finalmente, un calentamiento global. El calentamiento global es la expresión más incuestionable del cambio climático y se trata del incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las tres últimas décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida y se han superado los registros de cualquier época anterior al año 1850.

No obstante que, el clima de nuestro planeta tiene una tendencia a cambiar naturalmente, hoy en día, existe evidencia científica de que el clima ha sufrido alteraciones debido a la intervención humana. Acorde con datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas, entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85  grados centígrados. Esto significa que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido.

Por otro lado, los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el deshielo.

Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990. Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres décadas anteriores.3

Es por lo anterior que, el cambio climático está hoy considerado como uno de los principales problemas que debe enfrentar la humanidad, por sus efectos medioambientales y, sobre todo, porque su principal determinante es el incremento de los gases de efecto invernadero, consecuencia de las actividades humanas. La aceleración del cambio climático en las últimas décadas es resultado del incremento de gases de efecto invernadero generados por el uso de combustibles fósiles y es una realidad que amenaza seriamente a diversos ecosistemas.

El vertiginoso aumento de la temperatura global provocada por el efecto invernadero es responsable del aumento del nivel del mar, de la disminución de las capas de nieve y hielo así como del cambio de tendencia en las precipitaciones y, todo esto, tendrá inevitablemente, sino hacemos algo más al respecto, un efecto sobre los sistemas naturales vinculados al hielo, a los sistemas hidrológicos y a la calidad de las aguas, a los sistemas biológicos marinos y de agua dulce y a la productividad agrícola y forestal.

El cambio climático afecta a todos los países y regiones en las diferentes latitudes del globo terráqueo y tiene un impacto negativo tanto en las economías nacionales como en la vida de las personas y las comunidades que habitan. No podemos cesar en los esfuerzos por combatir el cambio climático y debemos asumir la responsabilidad con seriedad, de lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor.

Es de amplio conocimiento el hecho de que las comunidades más pobres que dependen de los recursos naturales en el mundo en desarrollo, son especialmente vulnerables al cambio climático, principalmente aquellas que viven en áreas de mucho riesgo como las islas pequeñas o las áreas costeras bajas. Muchas de esas comunidades son indígenas, en cuyo caso, el cambio climático amenaza con consecuencias graves que pueden incluir la pérdida de sus tierras y recursos, no obstante, muchas de estas comunidades han conservado conocimientos sobre agricultura, caza, pesca, recolección y uso de plantas medicinales. Aunque es cierto que la comunidad mundial ha ido aumentando, gradualmente, los conocimientos sobre los impactos del cambio climático en las especies y en los ecosistemas, también es cierto que, en lo que se refiere a los posibles impactos del cambio climático en los medios de subsistencia y en las culturas de las comunidades indígenas, tenemos un conocimiento fragmentado.

A esto se suma que, el conocimiento tradicional sobre la adaptación ha sido también ignorado en el ámbito de las políticas. Existe falta de reconocimiento respecto a la importancia que podrían tener los pueblos tradicionales en su propia adaptación futura al cambio climático. Muchos pueblos indígenas están en mayor riesgo al haber sido mudados a tierras menos fértiles y más frágiles como consecuencia de la exclusión histórica, social, política y económica.

Sin embargo, los pueblos que habitan en tierras marginales han estado siempre expuestos a diversos tipos de cambio ambiental y han desarrollado estrategias de afrontación. Es indispensable una mayor comprensión e investigación de fondo acerca de los factores determinantes de la vulnerabilidad social y biofísica de los pueblos indígenas. La vulnerabilidad de un sistema al cambio climático depende del nivel de riesgo biofísico, combinado con la sensibilidad de las comunidades y los ecosistemas a los impactos.

La capacidad de adaptación de un grupo depende de su ubicación física, de sus derechos al uso de la tierra y a ciertos recursos, y del acceso a varios factores, incluyendo conocimientos, tecnología, poder, toma de decisión, educación, atención sanitaria y alimentos. Diversos estudios de casos sobre los impactos del cambio climático sobre áreas costeras, islas, cuencas de captación, bosques tropicales y tierras secas, exponen que el cambio climático ya está teniendo consecuencias severas en los medios de subsistencia de los pueblos tradicionales e indígenas.

Las prácticas de adaptación que han desarrollado a través de los siglos, como son; el reforzamiento de la línea costera, el almacenamiento de agua llovida y la diversificación de cultivos y medios de subsistencia, tienen el potencial de aliviar los impactos adversos y permitir a las comunidades aprovechar nuevas oportunidades. No obstante, la capacidad de adaptación depende de muchos factores, pudiendo también ser heterogénea dentro de una misma comunidad, y las mujeres son las que suelen ser particularmente vulnerables. Por lo que, es fundamental que identifiquemos nuevas formas para desarrollar la capacidad de adaptación en formas culturalmente apropiadas.

En este tenor, cabe mencionar que nuestra Ley General de Cambio Climático en su artículo 26, enuncia los principios que deberán observarse en la formulación de la política nacional de cambio climático, los cuales son:

“I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los integran; II. Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático; III. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático; IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; V. Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono; VI. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado para asegurar la instrumentación de la política nacional de cambio climático; VII. Participación ciudadana, en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional, planes y programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; VIII. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que cause; IX. El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos a quienes los implementan; X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables; XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad, y XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales”.

Sabemos que la incorporación de estos principios inspiran el cuerpo normativo, y permiten interpretar las nor­mas de acuerdo a determinados fines, es decir, dichos principios presentan las pautas que deben seguir todos los actores al momento de tomar decisiones y realizar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, no obstante, la lista de los 12 principios mencionados que sustentan la política nacional de cambio climático en México, no contempla, de forma específica la cuestión de los pueblos indígenas originarios de nuestro país.

Una de las conclusiones claves de la Conferencia de la ONU 2012 sobre el Desarrollo Sostenible fue la decisión de desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, aprobados por la Asamblea General de la ONU a finales de 2015. En tanto que, durante la Cumbre de la Tierra en 1992 identificó a los pueblos indígenas como uno de los nueve Grupos Principales cuyas contribuciones son vitales para el desarrollo sostenible.

El grupo principal de los pueblos indígenas (IPMG) para el proceso de los ODS solicitó disposiciones que reduzcan la producción de energía a base de carbono, produzcan alternativas sostenibles y salvaguarden los derechos, medios de vida, sistemas alimentarios, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas así como asociaciones diversas para abordar el cambio climático a todos los niveles.

En el documento final que aprobó la Asamblea General de la ONU en la Conferencia Mundial sobre los pueblos indígenas en septiembre de 2014 se afirmó que "el conocimiento y las estrategias de los Pueblos Indígenas para sostener su medio ambiente deben ser respetados y tomados en cuenta al desarrollar estrategias nacionales e internacionales a la mitigación y adaptación al cambio climático.”4

El cambio climático ya está teniendo implicaciones severas en los medios de subsistencia y en las culturas de los pueblos indígenas. Si bien estos pueblos han desarrollado estrategias importantes para adaptarse a dichos cambios, la velocidad del cambio y la magnitud de los riesgos futuros podrían limitar su capacidad de adaptación. Los pueblos indígenas han sido actores altamente participativos en este proceso desde su inicio y con base en una fuerte lucha han conseguido incluir en importantes textos internacionales algunas salvaguardias con fundamento en sus derechos.

No obstante, los pueblos indígenas han expresado su preocupación sobre las soluciones basadas en el mercado, tal como el comercio de carbono y las compensaciones forestales. Los pueblos indígenas siguen alzando su voz a los Estados para rechazar las falsas soluciones y avanzar hacia alternativas reales y sostenibles que reduzcan significativamente las emisiones y también respeten los derechos, conocimientos, tradiciones y prácticas culturales de los dichos pueblos.

En este sentido, atendiendo a la expresión “conocimientos de los pueblos indígenas”, que hace referencia a los conocimientos generales y técnicos acumulados durante generaciones, y puestos a prueba y aplicados a lo largo de milenios, que guían a las sociedades indígenas en su interacción con el medio ambiente que las rodea, igualmente, atendiendo los tratados internacionales reconocidos por México que han recogido en sus textos la importancia de incluir el conocimiento mencionado, considero de suma trascendencia incorporar en nuestra Ley General de Cambio Climático el principio de identidad cultural, el cual, se relaciona con la promoción de prácticas tradicionales y ancestrales para el uso y manejo de la tierra y de los recursos naturales en general, que contribuyen tanto para la adaptación como para la mitigación del cambio climático.

Por lo expuesto y fundado me permito presentar a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

ÚNICO. Se adiciona la fracción XIII al artículo 26, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

• Sustentabilidad…

• Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general…

• Precaución…

• Prevención…

• Adopción de patrones de producción y consumo…

• Integralidad y transversalidad…

• Participación ciudadana…

• Responsabilidad ambiental…

• El uso de instrumentos económicos…

• Transparencia, acceso a la información y a la justicia…

• Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad…

• Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional…

XIII. Identidad cultural para identificar, impulsar y promover todas aquellas prácticas tradicionales y ancestrales útiles para el manejo y uso equitativo y equilibrado de los recursos naturales, que contribuyan a la mitigación de los impactos generados por el cambio climático, así como la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. David Marcado Ruiz.

1 Useros Fernández, José Luis. El Cambio Climático: Sus Causas y Efectos Medioambientales- Climate Change: Causes and Enviromental Effects. Comunicación presentada el 22 de Noviembre de 2012. An Real Acad Med Cir Vall 2013; 50: 71-98.

2 Idem.

3 Sitio Oficial de la Organización de las Naciones Unidas: Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

4 Los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cambio Climático. Disponible en: http://www.iitc.org/wp-content/uploads/2013/07/IPs-HR-and-Climate-Change-ES-110714-WEB2.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN  PENAL

(Presentada por las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas, MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO y ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE DETENCIÓN, ENJUICIAMIENTO, SENTENCIA Y RECLUSIÓN DE MUJERES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mundialmente, los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de mujeres y cada vez se genera más evidencia sobre el vínculo entre las relaciones de género, la participación de las mujeres en delitos de drogas y la respuesta punitiva del Estado. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), los porcentajes que representan las mujeres acusadas de delitos de drogas son significativamente altos con relación al total de mujeres privadas de la libertad en algunos países de América Latina. Mientras que en Costa Rica alcanzan el 75%, en Argentina, Brasil y Perú representan más del 60% del total de la población carcelaria femenina. Y en el caso de Colombia y México, la representación de mujeres se acerca al 45%. (Ver tabla 1)

El impacto del actual marco de las políticas de drogas en la región se refleja claramente en estos datos, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos, convirtiéndose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos trascendentes sobre todo su entorno familiar y comunitario.

Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. Diversos estudios confirman que las mujeres sufren las consecuencias de la persistencia de relaciones de género asimétricas que operan en detrimento de sus vidas y las de sus familias, y que estas condiciones se agravan porque viven en la región con los más altos índices de desigualdad en el mundo.1

Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten, además, seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico. Por lo tanto, los delitos de drogas son también conocidos como delitos “de género”.2

Esta iniciativa propone atender estas problemáticas, incorporando criterios de aplicación práctica que materialicen el principio de igualdad y no discriminación, particularmente en los casos donde el sistema de procuración e impartición de justicia debe poner mayor atención, para revertir la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como el impacto de las políticas estatales en los grupos históricamente más desaventajados. Por ello, si bien en un principio se busca beneficiar a las mujeres, también se considera necesario favorecer a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; a las que sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN MÉXICO

En México, datos derivados del “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que los delitos contra la salud (del fuero local o federal) son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, precedidos por los delitos de robo.3 En el caso de delitos del fuero común, el narcomenudeo es precedido solo por homicidio, secuestro y robo. Mientras que, en el fuero federal, los delitos contra la salud constituyen la razón primordial por la cual son recluidas las mujeres. (Ver tablas 2 y 3).

Estudios cualitativos4 indican que las condiciones de vida alrededor de las mujeres en reclusión en general, y de las mujeres acusadas por delitos de drogas en particular, son parecidas a las que encontramos en otras latitudes,5 y responden a un conjunto de dinámicas entre las cuales se cruzan la feminización de la pobreza,  la permanencia de relaciones de género asimétricas, la violencia contra las mujeres -y la tolerancia e impunidad que frente a ella persiste, incluso en el sistema de justicia-,6 la penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada como opciones de empleo ilegal frente a un Estado a menudo incapaz de alcanzar a los estratos más excluidos de la sociedad.

A menudo son mujeres efectivamente culpables de cometer el ilícito del que se las acusa; sin embargo, a la hora de determinar su culpabilidad e imponer una sentencia, no se toman en cuenta los factores que anteceden a su involucramiento ni su modalidad de participación, a menudo vinculados con formas de violencia contra las mujeres. Únicamente se observan elementos como la realización de la conducta ilícita, el tipo de sustancia y su cantidad, omitiendo consideraciones que permitan desentrañar de qué manera las relaciones desiguales entre los géneros subyacen a la participación de las mujeres en delitos específicos.

La supuesta neutralidad del derecho penal se traduce entonces, en una forma de perpetuación de la desigualdad de las mujeres y de la violencia en su contra.

Actualmente, en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. De conformidad con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” de la Comisión Nacional de Seguridad” (CNS, julio 2016), las mujeres representan 5% del total de la población penitenciaria y la mayoría se encuentra detenida en calidad de procesada o sentenciada por delitos del fuero común.

De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana,7 de 2015, los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las hijas e hijos que viven con ellas, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.

Triple condena y trascendencia de la pena: la importancia de juzgar con perspectiva de género.

El panorama retratado hasta el momento nos permite hablar de una triple condena en el caso de las mujeres privadas de la libertad: i) una derivada de la falta de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal; dicha falta se traduce en impactos reales en la vida de las mujeres y de las personas que dependen de ellas; ii) en segundo lugar, la respuesta penal del Estado frente a ciertos delitos, entre ellos los delitos contra la salud, es desproporcional porque se basa en planteamientos de “talla única” para todos, reduciendo el margen de aplicación de penas justas y medidas alternativas al encarcelamiento; iii) finalmente, las condiciones de reclusión se cruzan con otras variables sociales sesgadas por la desigualdad entre los géneros.

Lo anterior debe ser atendido bajo una óptica integral que considere las especificidades de las mujeres privadas de la libertad, incorporando plenamente la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, así como en la ejecución penal. Este cambio de paradigma debe ir acompañado de otro de igual envergadura: romper con la visión tradicional del derecho penal, por el cual los elementos a tomar en cuenta a la hora de aplicar una sanción son i) la naturaleza del delito; ii) las circunstancias del delincuente; y iii) los intereses de la comunidad.

En principio, incorporar la perspectiva de género implica la comprensión de que la desigualdad estructural, la subordinación y la desventaja histórica basadas en el género no sólo se manifiestan cuando las mujeres comparecen ante los procesos judiciales como víctimas, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley. Es decir, reconocer que el orden social desigual entre los géneros tiene implicaciones concretas en su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Lo anterior implica comprender que la discriminación también ocurre cuando las normas, políticas y prácticas son aparentemente neutras pero el resultado de su aplicación impacta de forma desproporcionada en ciertas personas o grupos sin una justificación objetiva y razonable.

El Estado mexicano se ha comprometido a revertir lo anterior, al firmar y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos; integrando un amplio marco de protección, dentro del cual destacan obligaciones específicas como las contenidas en la CEDAW: modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, en especial las disposiciones penales; e implementar las medidas necesarias para abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. Asimismo, la Convención Belem Do Pará, establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con independencia del ámbito en que ocurra y de quién la perpetre.

A nivel nacional, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, obligan a las autoridades de procuración e impartición de justicia a desarrollar y contar con lineamientos para analizar cómo el orden social de género reparte la valoración, el poder, los recursos y las oportunidades de forma diferenciada; considerando la situación de desventaja histórica de las mujeres en la determinación de su responsabilidad penal, incluida la atribución de autoría y participación en la comisión de delitos. Por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) elucida qué se entiende por perspectiva de género y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres, así como las herramientas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Esta iniciativa conjuga las obligaciones en materia de justicia, específicamente de aplicación del derecho penal y de la ejecución penal, con las obligaciones orientadas a eliminar la violencia de género contra las mujeres.

De esta forma, el mandato establecido en la legislación penal de juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad; y responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación al garantizar el acceso a la justicia y remediar situaciones asimétricas de poder.

POLÍTICAS DE DROGAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANO INTERNACIONAL.

Si bien desde la criminología y la sociología feminista anglosajona y latinoamericana se ha visibilizado desde los años ochenta a las mujeres involucradas en delitos de drogas y la desproporcionalidad de la respuesta penal de los Estados, sólo en años recientes esta problemática ha alcanzado la arena pública y los organismos internacionales, como se presentan a continuación:

Argentina

La Ley No 26.472, promulgada en 2009, introdujo modificaciones en el Código Penal de la Nación, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley de Ejecución Penal (Ley No 24.660), “que habilitan al juez a disponer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, para las madres de niñas y niños hasta los cinco años de edad, o que tengan a cargo a personas con discapacidad”.8 Si bien esta ley no ha sido exenta de críticas, ofrece un margen de acción para que, mediante la interpretación judicial, se busque la protección de las mujeres durante el embarazo y se garanticen los cuidados de sus hijas e hijos, cuando esto sea lo mejor para su interés superior. Asimismo, responde a que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son madres y son las principales o únicas cuidadoras de sus hijas e hijos, así como de otras personas dependientes.

Costa Rica

En agosto de 2013 se aprobó la Ley 9161, por la que se introdujo el artículo 77 bis y se modificó la Ley 8204 sobre psicotrópicos. Esta reforma prevé una reducción de sentencias (pasando de una sentencia de mínimo 8 años a máximo 20 años a una de mínimo 3 años a máximo 8 años) para las mujeres que introducen drogas a los centros de reclusión cuando reúnen los siguientes supuestos:

a) Se encuentren en condición de pobreza;

b) Sean jefas de hogar en condición de vulnerabilidad;

c) Tengan bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo;

d) Sean una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

En caso de que se determinen alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrán disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.

A la fecha, la reforma de Costa Rica es única en su tipo, pues atiende particularmente a un grupo específico de mujeres acusadas de delitos de drogas, a saber, las que son acusadas de introducir drogas a un centro de reclusión.

Inglaterra y Gales

En 2012, el Sentencing Council para Inglaterra y Gales emitió unas directrices de orientación sobre cómo sancionar en casos de delitos relacionados con drogas. Los delitos se dividen en siete categorías: introducción o extracción de drogas controladas al país, suministro u oferta de suministro, posesión con fines de proveerla a otra persona, producción, cultivo de la planta cannabis, permitir el uso de instalaciones y posesión de sustancias controladas. Para la definición de la sanción se elucidan, mediante un sistema de tablas, cuatro criterios: tipo de sustancia, cantidad, ofensa y nivel de liderazgo de la persona acusada (líder –leading role–, papel significativo – significant role – o papel menor – lesser role). Una vez establecido el rango de sanción, se enlistan una serie de factores agravantes y atenuantes; entre las atenuantes se incluyen i) la participación bajo presión; ii) intimidación o coerción; iii) la creencia errónea respecto del tipo de droga; iv) el abuso de la vulnerabilidad de la persona; v) la edad o la falta de madurez; vi)la inexistencia de condena previa o condena no relevante o reciente; vii) ser la única o principal persona cuidadora de familiares dependientes.

El objetivo de estas directrices es generar sentencias más consistentes, y en el caso de los correos humanos busca una reducción de sentencias que tome en cuenta su rol menor.

Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”

En marzo de 2016 se realizó en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) del Consejo Económicos y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos, una de ellas es la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”.9 Ésta fue redactada y propuesta originalmente por México, y fue presentada en la CND con el apoyo de Costa Rica y Brasil. En la Resolución, las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.

La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad:

[La comisión de Estupefacientes] Alienta a los Estados Miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas, cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas, utilicen, según proceda, a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);

5. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos;

6. Pone de relieve que, sin perjuicio del principio de igualdad de todos ante la ley, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño o niña, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, y considerar la posibilidad de imponer penas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos, y, en este sentido, invita a los Estados Miembros a que se basen en la publicación de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada Guidelines for Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy, cuando proceda, y de conformidad con la legislación nacional.

México tiene un compromiso formal y moral para traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas. La iniciativa expuesta a continuación representa un esfuerzo para concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante la comunidad internacional; plantea reformas que, de aprobarse, pueden garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo de esta manera a reducir la violencia de género institucional; fomenta el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena y contribuye a construir una sociedad justa, en la cual el delito es sancionado pero no en detrimento de los derechos humanos de las personas.

ALCANCES Y LÍMITES DEL MARCO LEGAL MEXICANO.

El 2016 marcó el cénit de un hito en la historia penal y legislativa mexicana: con la transición definitiva al sistema acusatorio y la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) culmina la Reforma Penal de 2008 y se sientan las bases para un sistema penitenciario alineado a los principios del debido proceso. Aun así, el marco legislativo actual no franquea la rigidez y severidad de las actuales políticas de drogas en México en el ámbito penal, las cuales se mantienen poco flexibles y altamente punitivas. Entre otros puntos cabe destacar i) la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, prevista a nivel constitucional; ii) la falta de acceso a medidas alternativas, excepto en los supuestos de posesión establecidos en la Ley General de Salud (LGS); iii) penas desproporcionadas; iv) la inclusión de factores agravantes que conllevan el aumento de la pena, mas no de atenuantes que la reduzcan; v) la falta de acceso a mecanismos de reducción parcial de la pena, sustitutivos de la prisión y libertad preparatoria para la mayoría de los delitos. Algunos de estos puntos se ven balanceados por disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (por ejemplo, el artículo 166) y de la LNEP (artículo 144, entre otros). No obstante, para la implementación de políticas de drogas que incluyan la perspectiva de género y que tomen en cuenta la situación específica de las mujeres involucradas en estos delitos, así como los efectos de la pena que se extienden a todo su entorno familiar y comunitario, se considera necesario introducir reformas puntuales en los dispositivos legales que establecen las penas por estos ilícitos (LGS y Código Penal Federal, CPF), así como criterios orientadores que aseguren que en la fase procesal y de ejecución penal no se dejen a un lado estas cuestiones.

La presente iniciativa introduce modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretenden incluir en la argumentación jurídica elementos que garanticen que la individualización de la pena contemple consideraciones relacionadas con las necesidades específicas de las mujeres a las cuales nos hemos referido, así como otras que permitan prevenir, o atenuar, el impacto desproporcionado de la pena de prisión.

Desde esta perspectiva, las reformas aquí propuestas contienen una serie de criterios que procuran garantizar el principio de igualdad, incluyendo medidas dirigidas a grupos específicos, como personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; mujeres embarazadas; que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o; sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Tanto sentencias y documentos de la Corte Interamericana10 como instrumentos internacionales11 subrayan la importancia de poner especial atención a la situación de vulnerabilidad de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, privilegiando medidas alternativas a la privación de la libertad en un centro de     reclusión.

Por otro lado, y dado que el impacto de la pena de prisión de una mujer o un hombre sobre sus hijas e hijos, así como sobre otras personas que dependan de ellas es marcadamente diferenciado en razón de la desigualdad estructural entre los géneros, además de hacer frente a las condiciones de desventaja histórica, el Estado debe asumir la responsabilidad de no poner en riesgo a las personas que dependen del inculpado o inculpada, sino de implementar sentencias que ponderen tanto los elementos más tradicionales del derecho penal (delito, circunstancias del inculpado o de la inculpada e intereses de la comunidad) como aquéllos vinculados a la trascendencia de la pena y el derecho al cuidado de las personas dependientes a no ser afectados o incluso puestos en riesgo como resultado de las decisiones judiciales.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de reformas y adiciones en los términos que se precisan a continuación:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Las reformas propuestas al CNPP tienen el fin de incorporar en la fase procesal criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como llevar a cabo cabalmente las responsabilidades del Estado y sus agentes para buscar medidas lo menos lesivas posibles para terceros afectados y no incurrir en violación de derechos mediante un uso rígido, formalista e irreflexivo del derecho penal, tanto en la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc. Huelga precisar que las referencias a “persona cuidadora principal o única cuidadora” se retoman del artículo 144 de la LNEP y responden a un esfuerzo de armonización legislativa.

El análisis de los diferentes tipos, manifestaciones, causas y efectos de la violencia contra las mujeres se basan en las definiciones elucidadas en la LGAMVLV.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

 

 

I a la V …

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir;

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental.

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental;

Sin correlativo.

VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un período razonable;

Sin correlativo.

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médica  ginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

Sin correlativo.

X.    En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.

En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar.

Artículo 156. Proporcionalidad

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

Sin correlativo.

De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b)  Sean mujeres embarazadas;

c) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Sin correlativo.

Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.

Sin correlativo.

En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo también  los derechos reproductivos de las mujeres.

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I a la III …

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas,

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, o

Sin correlativo.

VI. Las responsabilidades económicas, materiales, afectivas, emocionales, psicológicas y de cuidado de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Sin correlativo.

En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atención  necesaria.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes:

I a la II…

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, y

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia,

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo.

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y

Sin correlativo.

V. Las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.

Artículo 406. Sentencia condenatoria

Artículo 406. Sentencia condenatoria

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

Sin correlativo

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.

Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo.

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.

Sin correlativo.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

d) Sean mujeres embarazadas;

e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

LEY GENERAL DE SALUD

Como lo demuestra la evidencia científica nacional e internacional, y se sustenta en la exposición de motivos, las mujeres suelen involucrarse en delitos de drogas, y especialmente en el delito de introducción a centros de reclusión, a partir de un contexto de subordinación y violencia de género. Generalmente introducen drogas en su vagina o escondidas en las bolsas y bultos que llevan a la visita en un reclusorio varonil, o bien en razón de su pobreza extrema, o porque son inducidas a hacerlo, a veces bajo amenazas o violencia emocional y psicológica, por sus familiares o conocidos varones. Con la modificación a los artículos 475 y 476 de la LGS se pretende atender esta situación, considerando atenuantes cuando se trate de mujeres involucradas en el comercio, posesión o suministro de drogas como consecuencia de la violencia de género.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

Articulo 475 …

 

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

I a la III …

Sin correlativo.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
b) Estén embarazadas;
c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Artículo 476 …

Sin correlativo.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Las reformas propuestas al CPF siguen el mismo sentido de las presentadas hasta ahora, y procuran proporcionar herramientas a impartidoras e impartidores de justicia para incorporar en sus resoluciones la perspectiva de género y atender específicamente el contexto de mujeres inducidas a cometer un ilícito en consecuencia de la violencia de género.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

Artículo 52 …

a V…

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y

Sin correlativo

VIII. Cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, el juez tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva para el bienestar, la seguridad y los cuidados de estas personas y de argumentar su decisión.

Asimismo, deberá considerar la información con que se cuente o que se proporcione sobre la situación que guardan las personas dependientes de la persona imputada e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la sentencia impuesta.

Artículo 85.- No se concederá la libertad preparatoria a:

Artículo 85 …

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a)…

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso;

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; y cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Incisos c) al l) …

Fracciones II a la IV …

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 193 …

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

Sin correlativo.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

d) Sean mujeres embarazadas;

e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Asimismo, las penas previstas en este capítulo se podrán reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

La LNEP contiene disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos, que se alinean a los estándares internacionales establecidos en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok. No obstante, existen algunas inconsistencias entre artículos de la LNEP (por ejemplo, entre disposiciones del artículo 10 y del artículo 36) que se procuran atender en esta iniciativa, para una protección más amplia de los derechos de los grupos señalados, en atención a la reforma penal de 2008 – en especial, la judicialización del sistema penitenciario12 – y la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Como lo explica la magistrada Hernández Chong Cuy13, con la reforma al artículo 21 constitucional en el seno de la reforma penal de 2008, se subraya que la etapa de ejecución penal forma parte del proceso penal; asuntos como los traslados o el otorgamiento de reductivos de la pena ya no son prerrogativas de las autoridades administrativas sino de los organismos judiciales. De esta manera, se transita de una concepción organizacional del sistema penitenciario, es decir, de gestión de personas14, a un sistema de pleno reconocimiento de la titularidad de derechos de las personas privadas de la libertad. Dicha transición debe abarcar necesariamente a las personas menores de dieciocho años, de personas con discapacidad o enfermedad grave y personas adultas mayores a cargo de las personas privadas de la libertad; por lo tanto, decisiones acerca de su ingreso, o permanencia en el centro, entre otras, no pueden quedar bajo el poder decisional de la autoridad penitenciaria.

Asimismo, debe oponerse cualquier discriminación de las hijas e hijos de las internas en razón de su nacimiento o edad. La actual LNEP somete derechos de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad a límites etarios o a si nacieron antes o después de la reclusión de la madre, poniendo en riesgo, mediante disposiciones discriminatorias, a aquéllos que no cumplen con requisitos legales arbitrarios, mismos que se intentan reparar con las reformas propuestas.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres;

I. Las mujeres procesadas y sentenciadas estarán en lugares separados de los destinados a los hombres;

Fracciones II a la IV …

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I a la VIII …

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, nacido antes o durante su internamiento, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Éstos tendrán que ser sometidos a la aprobación y revisión periódica por parte del juez de ejecución.

X y XI …

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente.

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios hasta los tres años de edad. El juez de ejecución, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. La mujer privada de la libertad, o las personas designadas por ella, podrán solicitar un dictamen independiente.

Si la hija o el hijo tuvieran una discapacidad, se podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente, en un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable.

La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.

En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez.

No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.

 

El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los Centros.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a las necesidades de las niñas y los niños y a las posibilidades de las familiares o instituciones a cargo de ellos.

Sin correlativo

No se podrá impedir el ingreso de alimentos de niños y niñas de hasta los tres años de edad.

Sin correlativo

En la zona de visita para niños y niñas el personal de seguridad y custodia no desplegará sus armas y se mantendrá suficientemente alejado para no intimidar a la niñez.

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:

a la G) …

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III.

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III, y

Sin correlativo

I. Los nombres, edad, domicilio y régimen de custodia de las y los niños que viven en el exterior del Centro Penitenciario.
Los datos serán protegidos por las leyes de protección de datos  correspondientes

Fracciones II a la IV …

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.



 

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:

I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas;

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

II a la IV …

Artículo 144. Sustitución de la pena

Artículo 144. Sustitución de la pena

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no representa un riesgo objetivo para aquellos.

Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

III. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

Cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el Juez de Ejecución reciba de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

Sólo podrán aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las hipótesis previstas en este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución.

No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

Tabla 1. Mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina

País

Número de mujeres encarceladas por delitos de drogas

Porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas

Argentina

790 (Datos de las cárceles federales, 2013)

65% (Diciembre de 2012)

Brasil

16,489 (Junio 2014)

60.63% (Junio 2014)

Colombia

3,830 (2014)

45% (2014)

Costa Rica

944 (Diciembre de 2011)

75.46% (Diciembre de 2011)

 

 

 

Chile

1,889 (Con base en la población atendida en abril de 2015)

57.2% (Con base en la población atendida en abril de 2015)

Ecuador

709 (2015)

43% (2015)

México

Federales: 528
Locales: 1,547 (2014/2013)

44.8%
14.2% (2014/2013)

Perú

2,679 (2014)

60.6% (2014)

Uruguay

126 (2014)

29.5% (2014)

Fuente: WOLA et al., Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, 2016, https://www.wola.org.
Tabla 2. Principales delitos del fuero común

Posición

Hombres

Mujeres

1

Homicidio; 40,554

Homicidio; 2,035

2

Otros robos; 37,049

Secuestro; 1,445

3

Robo; 28,784

Robo; 1,368

4

Violación; 15,587

Otros robos; 1,028

5

Robo de vehículo; 12,875

Narcomenudeo; 874

6

Lesiones; 11,329

Robo a casa habitación; 450

7

Secuestro; 10,967

Lesiones; 439

8

Narcomenudeo; 10,614

Fraude; 412

9

Robo a casa habitación; 8,703

Robo de vehículo; 330

10

Violación equiparada; 5,018

Privación de la libertad; 319

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.

Tabla 3. Principales delitos del fuero federal

Posición

Hombres

Mujeres

1

Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 13,479

Delitos contra la salud; 1,213

2

Delitos contra la salud; 12,761

Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 610

3

Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 1,340

Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 193

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2015”, consulta interactiva de datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.


Tabla 4. Personas privadas de la libertad en México

Población total

Hombres

Mujeres

Total

221,337
(95%)

12,132
(5%)

233,469

Personas en prisión por delitos del fuero común

En prisión preventiva

Con sentencia

Total fuero común

Hombres

Mujeres

Sub-total

Hombres

Mujeres

Subtotal

 

188,842 (80.89%)

65,629

4,382

70,011
(29.99%)

113,951

4,880

118,831 (50.9%)

Personas en prisión por delitos del fuero federal

En prisión preventiva

Con sentencia

Total fuero federal

Hombres

Mujeres

Sub-total

Hombres

Mujeres

Subtotal

 

44,627 (19.12%)

20,656

1,702

22,358 (9.58%)

21,101

1,168

22,269 (9.54%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional de Seguridad, “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, CNS, Ciudad de México, México, julio de 2016, http://www.cns.gob.mx.

Por las consideraciones expuestas, es oportuno reformar y adicionar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152; se adicionan tres párrafos al artículo 156; se adiciona una fracción VI al artículo 168; se adiciona un tercer párrafo al artículo 282; se adiciona una fracción V al artículo 365; se adiciona un décimo párrafo al artículo 406; se adiciona un décimo párrafo al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I a la V…

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir;

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental;

VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un período razonable;

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médica ginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.

En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar.

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

Sean mujeres embarazadas;

Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o

Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.

En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo también  los derechos reproductivos de las mujeres.

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I a la III …

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas,

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, o

VI. Las responsabilidades económicas, materiales, afectivas, emocionales, psicológicas y de cuidado de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atención necesaria.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia
No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes:

I a la II…

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia,

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y

V. Las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.

Artículo 406. Sentencia condenatoria

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.

Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo.

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

Sean mujeres embarazadas;

Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Segundo. Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 475; se adiciona un segundo párrafo al artículo 476 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;

II. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o

III. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

Estén embarazadas;

Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Tercero.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 52; se reforma el inciso b) del artículo 85; se adicionan dos párrafos al artículo 193 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;

II.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; y

VIII.- Cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, el juez tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva para el bienestar, la seguridad y los cuidados de estas personas y de argumentar su decisión.

Asimismo, deberá considerar la información con que se cuente o que se proporcione sobre la situación que guardan las personas dependientes de la persona imputada e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la sentencia impuesta.

Artículo 85.- No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a) …

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; y cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Incisos c) al l) …

Fracciones II a la IV …

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

Sean mujeres embarazadas;

Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Asimismo, las penas previstas en este capítulo se podrán reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

Estén embarazadas;

Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción I del artículo 5; se reforma y adiciona el artículo 10; se adiciona un inciso I a la fracción I del artículo 27; se reforma la fracción I del artículo 36; se reforma el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente:

I. Las mujeres procesadas y sentenciadas estarán en lugares separados de los destinados a los hombres;

Fracciones II a la IV …

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I. La maternidad y la lactancia;

II. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo femenino;

III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;

IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;

V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley;

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, nacido antes o durante su internamiento, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Éstos tendrán que ser sometidos a la aprobación y revisión periódica por parte del juez de ejecución.

X y XI …

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios hasta los tres años de edad. El juez de ejecución, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. La mujer privada de la libertad, o las personas designadas por ella, podrán solicitar un dictamen independiente.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.

El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a las necesidades de las niñas y los niños y a las posibilidades de las familiares o instituciones a cargo de ellos.

No se podrá impedir el ingreso de alimentos de niños y niñas de hasta los tres años de edad.

En la zona de visita para niños y niñas el personal de seguridad y custodia no desplegará sus armas y se mantendrá suficientemente alejado para no intimidar a la niñez.

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente:

I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:

A a la G

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III; y

I. Los nombres, edad, domicilio y régimen de custodia de las y los niños que viven en el exterior del Centro Penitenciario.

Los datos serán protegidos por las leyes de protección de datos  correspondientes

Fracciones II a la IV …

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos

Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez.

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

II a la IV …

Artículo 144. Sustitución de la pena

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Mariana Benítez Tiburcio.- Dip. Erika Araceli Rodríguez Hernández.

1 BOITEUX, Luciana, “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”. Colectivo de Drogas y Derecho (CEDD), octubre, 2015. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/ pub-priv/Luciana_v08.pdf . PIERIS, Nischa Jenna, Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Washington D.C, enero 2014. http://www.oas.org/en/cim/ docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf . GIACOMELLO, Corina, Estados Unidos, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Tirant lo Blanch, México, 2013. GIACOMELLO, Corina, “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”. International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, octubre 2013. http://idpc.net/es/ publications/2013/11/mujeres-delitos-de-drogas-y-sistemas- penitenciarios-en-america-latina.

2 Giacomello Corina y BLAS Isabel, “Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México”, EQUIS, Justicia para las Mujeres, INACIPE, Ciudad de México, México, Febrero 2016.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2015”, consulta interactiva de datos, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.

4 Azaola, Elena y Yacamán, Cristina José, Las mujeres olvidadas. Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la República Mexicana, El Colegio de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México, México, 1994; Briseño, Marcela, Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, Inmujeres, Ciudad de México, México, 2006; Giacomello, Corina, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México, Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, México, 2013.

5 Centro de Estudios Legales y Sociales et al., Mujeres en prisión. Los alcances del castigo, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina, 2011, http://www.cels.org.ar; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Uganda, 2015, http://www.penalreform.org; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Jordan and Tunisia, 2014, http://www.penalreform.org; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Kazakhstan and Kyrgyzstan, 2013, http://www.penalreform.org.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIDH, 2007, http://www.cidh.org.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, CNDH, Ciudad de México, México, 2015, http://www.cndh.org.mx.

8 Ministerio Público de la Defensa, Punición & Maternidad. Acceso al arresto domiciliario, Defensoría General de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2015.

9 Comisión de Estupefacientes, “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas programas relacionados con las drogas”, Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria, 2016, https://www.unodc.org.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela. Asunto Centro Penitenciario de la Región Andina, 6 de septiembre de 2012, http://www.corteidh.or.cr; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Castro Castro vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas,  25 de noviembre de 2006, http://www.corteidh.or.cr; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, CIDH, OEA, Washington D.C., Estados Unidos de América, 2013, http://www.oas.org.

11 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes y sus Comentarios, 2011, http://www.unodc.org; Asamblea General de las Naciones Unidas, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, ONU, Nueva York, Estados Unidos de América, 2010, http://www.alternativecareguidelines.org.

12 Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, No. 33, http://www.ijf.gob.mx, pp. 103-120.

13 Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano…”, op. cit.

14 Goffman, Erving, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Séptima reimpresión, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina, 2001.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA DE PASIVOS LABORALES POR CONCEPTO DE LAUDOS EJECUTORIADOS EN MUNICIPIOS DE MÉXICO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La grave situación financiera que afrontan los municipios en nuestro país pone en grave riesgo su funcionamiento y viabilidad; como resultado de lo anterior, cada vez resulta más común saber que, un número importante de ellos, no cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Prueba de lo anterior, es el informe de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila respecto al análisis que realizó a la Cuenta Pública 2015, en que señaló que, al menos, 21 municipios de esa entidad están al borde la quiebra por falta de liquidez para solventar adeudos a corto plazo. Los 38 municipios del estado sólo cuentan con el 35% de los 596 millones de pesos que adeudan (Gutierrez, González, 2016).

Por cuanto al estado de Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) refirió que, sin importar el tamaño del municipio o cantidad de recursos, hay ejemplos devastadores, que cuentan con 20 centavos por cada peso que adeudan(Patiño Flores, 2016).

Ante esta situación, los municipios optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, lo cual deteriora-aún más. sus finanzas públicas. De este modo, en los últimos diez años la deuda de los ayuntamientos se ha incrementado en 121.2% en términos reales al pasar de 14,622 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 a 47,841.3 millones de pesos al mismo trimestre de 2016 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).

Los municipios que superan los mil millones de pesos de endeudamiento al cuarto trimestre de 2016 son (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017):

Tijuana, Baja California (2.7 mil millones de pesos);

Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);

Monterrey, Nuevo León (1.8 mil millones de pesos);

Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);

León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);

Mexicali, Baja California (1.3 mil millones de pesos);

Benito Juárez, Quintana Roo (1.2 mil millones de pesos) y,

Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos)

Mientras, los municipios de Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior al 50% de sus ingresos totales (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).

En este orden de ideas, uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero patronal hasta el incumplimiento de los laudos laborales por falta de recursos monetarios para hacerles frente.

Como consecuencia de lo anterior, miles de trabajadores ven violentados sus derechos laborales al no poder obtener las indemnizaciones o servicios de seguridad social a los que tienen derecho; sin embargo, no hay que dejar de observar que las autoridades municipales, en la mayoría de los casos, se encuentran imposibilitadas financieramente para atender tales obligaciones de naturaleza laborales, habida cuenta que carecen de los recursos necesarios para cubrir oportunamente los pagos correspondientes.

Al respecto, es de señalarse que las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por no atender el pago de los laudos en materia laboral, lo cual igualmente resulta injusto pues, en la mayoría de los casos, suponiendo sin conceder que se tratare de litigios y resoluciones correspondientes al tiempo de su encargo, el incumplimiento es por razones financieras.

En el Estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8,400 empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, destacándose los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014).

Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos ordenó, en el mes de septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los Ayuntamientos, en beneficio de mil 931 trabajadores(Gobierno del Estado de Morelos, 2015).

En el caso del Estado de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Reforma y San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó que, para el ejercicio fiscal 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones de pesos(Noriega, 2015).

En Jalisco, 80 Ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016(Romo, 2016) y, para marzo de 2017, el Congreso del Estado reportaba “un total de 152asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos laudos”(Redacción, Quadratín Jalisco, 2017).

En tal sentido, la presente iniciativa busca reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los municipios del país puedan hacer uso de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para destinarlos al saneamiento de sus pasivos laborales por concepto de laudos ejecutoriados.

Para mayor claridad, se expone el siguiente

Cuadro Comparativo
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo37 de la Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Coordinación Fiscal
Texto Vigente

Ley de Coordinación Fiscal
Texto Propuesto

Artículo 37

Artículo 37

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras,

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al saneamiento de sus pasivos laborales por concepto de laudos ejecutoriados, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Si bien debemos reconocer que, la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros municipios son a consecuencia de la falta de implementación de un servicio profesional de carrera municipal que sea capaz de dar estabilidad laboral al colaborador y contribuya a mejorar la calidad de los servicios municipales, la urgencia que hoy enfrentamos exige atender, urgentemente, el grave problema de pasivos laborales por concepto de laudos ejecutoriados que enfrentan los municipios del país, a través de la inyección de recursos que puedan ser utilizados para tal fin.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al saneamiento de sus pasivos laborales por concepto de laudos ejecutoriados, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo.






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del Centenario de su natalicio. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Encontrar la belleza en medio de la sencillez quizá resulte un despropósito para una sociedad que aquilata la ostentación, que hace de lo superfluo una virtud y de la simplicidad un defecto. Disfrutar del diálogo sin pretensiones, de la descripción precisa, de la frase directa desprovista de recovecos nos dirige, necesariamente, hacia la narrativa de Juan Rulfo. Una obra donde la gente del campo se expresa con hondura, pero sin digresiones, en la cual los diálogos avanzan como una flecha: cortando el viento y en línea recta. Hablamos de textos en los que el drama tiene la misma importancia que el sol al atardecer, pero que no prescinden del paisaje turbulento, de la inquietante combinación entre la luna, las estrellas, el fuego y los ladridos de los perros.

Retratista con las letras y la cámara, Rulfo hizo una fotografía descarnada de la miseria humana, del placer sensual y del miedo, de la frustración, de la venganza y de la picaresca. Las imágenes por él retratadas carecen de retoque, no impresionan como la alta cascada cuyo torrente se despeña entre el estrépito, sino que fluyen como el agua del río, sujetándose al cauce de la fatalidad, como en “Diles que no me maten”, la historia de un desagravio largamente buscado que sólo se resuelve con la muerte, más que anticipada, del protagonista.

Belleza tampoco es vastedad. Así como la poesía haikú se resuelve en su métrica minúscula, la obra de Rulfo se ciñe a unos pocos textos, poderosos más por su temple que por su tamaño, sólidos y concretos, como un diamante sobre su montura, nutridos por el asesinato de su padre, cuando apenas tenía 6 años, y buscó refugio en los libros, abrigo del que hiciera un destino.

Viajero que no conoció el desgano, Rulfo recorrió el país para adentrarse en sus oquedades más recónditas, donde no se aisló del entorno. Por el contrario: escuchó miles de anécdotas que alimentaron su creatividad, proyectándolas hacia sus obras literarias.

En los días inquietos, en las tardes apacibles de mis incipientes lecturas, encontrarme con Juan Rulfo, fue una especie de iniciación. Ahora, busco el reencuentro permanente con Rulfo, con el "Llano en llamas" y "Pedro Páramo", con el “Gallo de Oro”, con el autor de cuyo talento se tiene constancia en decenas de lenguas, en tirajes que se cuentan por millones y que hablan de la capacidad lírica de nuestra cultura, de nuestra capacidad para asombrar al mundo.

Rulfo ascendió al pináculo de las montañas literarias, tal como lo hizo en sus años de alpinista, subiendo al Popocatépetl, al Ajusco, al Pico de Orizaba, al Nevado de Toluca, al Tancítaro y al Iztaccíhuatl. Traigámoslo de vuelta y reconozcámoslo de nuevo como uno de los nuestros, como una pieza fundamental de la literatura mexicana del siglo XX.

Con motivo del centenario de su natalicio, que se conmemora el próximo 16 de mayo, y como diría el propio Rulfo, no debemos dejar que se nos apague el corazón, por tal motivo, recordarlo y rendirle un homenaje, es lo menos que se puede hacer desde el Congreso de la Unión.

"Nunca dejemos que mueran nuestros muertos". Eso es lo que habría dicho el escritor oriundo de Sayula.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del Centenario de su natalicio, bajo el formato que disponga la Mesa Directiva.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad       nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil a informar sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos. Se turna a la Primera  Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDAS Y DE LAS INSTANCIAS FEDERALES DE SEGURIDAD NACIONAL INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE DIVERSOS PUNTOS REFERENTES A LA PÉRDIDA DE MATERIALES RADIOACTIVOS conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 23 de abril del presente año, la empresa de razón social Tecnología No Destructiva S.A. de C.V. reportó el robo de una camioneta del tipo pick-up en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Esta camioneta resulta particularmente importante ya que transportaba equipo industrial de rayos X que contiene una fuente radioactiva de Iridio-192, lo cual podría implicar un alto riesgo radioactivo para la población.

La fuente radioactiva es un equipo de marca SPEC, modelo SPEC-150 y con número de serie 2200. Dicho equipo es utilizado para realizar estudios de suelos zonas de construcción y al momento de su desaparición se encontraba dentro de un vehículo Nissan NP color blanco con caseta metálica, modelo 2013 y con placas VS-58267.

Aunque la fuente se encuentra aislada dentro de un contenedor blindado podría tornarse peligrosa en caso de ser manipulada sin condiciones de seguridad adecuada, incluso por un tiempo breve. En estos casos la exposición a materiales radioactivos provoca lesiones permanentes.1

La exposición directa al objeto radiológico extraviado puede causar desde nauseas, vómitos, cefalea, astenia, adinamia, diarrea, así como el desarrollo de lesiones cutáneas en el área que esté en contacto.

Ante este reporte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta que fue dirigida a las unidades estatales de Protección Civil tanto en Jalisco como en sus nueve estados adyacentes de Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, así como a las instancias federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.2

De igual manera, en el comunicado se publicaron los número de emergencia de la Comisión Nacional de Seguridad, del Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS),  así como las siguientes recomendaciones en caso de localizar la fuente:

• No realizar manipulación alguna del equipo.

• Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros.

• Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con información que ayude a su localización.

A pesar de los esfuerzos dedicados resulta alarmante el robo porque, a más de dos semanas, siguen sin ser encontrados el material radioactivo transportado y la camioneta. Éste caso se ha añadido a una serie de hechos relacionados con pérdida y robos de materiales radioactivos en nuestro país sumando un total de 65 fuentes nucleares en los últimos 35 años, de las cuales no ha recuperado una tercera parte de los dispositivos radioactivos.3

Tan solo el año pasado, ocurrió un caso similar en San Juan del Río, Querétaro, al haber sido robada una camioneta que transportaba un dispositivo industrial con Iridio-192. Éste material radioactivo era usado para radiografías industriales y representaba un grave peligro ya que contaba