Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 09 de Mayo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:13 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Señoras legisladoras y legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 22 legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Señor Presidente, tenemos 37 legisladoras y legisladores presentes. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 9 de mayo de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES
TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintisiete minutos del miércoles tres de mayo de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión de Instalación celebrada el jueves veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se reemplaza al Diputado Jesús Sesma Suárez por la Diputada Lia Limón García, como integrante titular ante la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio.-Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite:

•El Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2016,

•El Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos y

•El Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad.

Se remitieron a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

• Los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2017; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2016; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,

•El documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales y

• Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Primer Informe Trimestral 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el Informe de Resultados correspondiente al período enero-marzo 2017 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer   trimestre de 2017.- Se remitió a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto que reforma los artículos 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, el Informe de su visita a Veracruz, el 23 de noviembre de 2016, en la que se le notificó a la familia del señor Gonzalo Rivas, la decisión del Senado de la República de galardonarlo con la Medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, los informes de sus participaciones en la reunión global de la Red Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada el 12 de octubre de 2016, en París, Francia y en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, Japón.-Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Aréchiga Ávila, el informe de su participación en la Cumbre Humanitaria Mundial, que se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2016, en Turquía, Estambul.-Quedó de  enterado.

 

Se recibió del Senador Patricio Martínez García, oficio por el que hace referencia a un punto de Acuerdo presentado el 8 de diciembre de 2016 en torno a la creación de una comisión especial que analice y revise los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.-Se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de marzo de 2017.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 512-A y 512-B de la Ley Federal del Trabajo.-Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se integran las comisiones de trabajo.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre propio y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el inciso n) del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.-Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega, a nombre del Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para modificar el similar por el que se integraron las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva,en torno a la situación en Venezuela.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo, 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, y el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento y gratitud a los elementos de la Armada de México, quienes con valor, determinación y lealtad velan por la soberanía del país, la seguridad de la Nación y la tranquilidad de la sociedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a separar del cargo a la ciudadana María del Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y presidenta suplente del Comité de Transparencia en Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a explicar las razones de por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía, de Acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética, así como para que  instrumente políticas públicas que  provean de combustibles domésticos más baratos a los mexicanos de manera inmediata, así como para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar y revisar los precios y cantidades de venta de las empresas proveedoras   de gas LP.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Norma Rocío Nahle García y Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar acerca de la aplicación y resultados del presupuesto asignado en los ejercicios 2016 y 2017, al Ramo 12, anexo 13, mismo que le fue asignado al Instituto Nacional de Cancerología, bajo el programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidemiológico no asociado a tabaquismo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo relativo a emitir una alerta de género en el estado de Puebla.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alex Le Barón González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a vigilar el adecuado cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a crear una tarifa preferencial en el pago de la energía eléctrica a favor de las organizaciones de la sociedad civil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN, con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a dar cumplimiento a los Acuerdos suscritos con el personal del hospital “Rafael Pascacio Gamboa,” en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 20 de abril y a garantizar la salud e integridad de las personas que se encuentran en huelga de hambre por este motivo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 155 aniversario de la Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Trabajo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Asma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Partera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el aniversario de la Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Trabajo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el fortalecimiento de la actividad turística.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en torno a la situación política que vive el país en el marco de los procesos electorales de 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las trece horas con veinticinco minutos y citó para la siguiente sesión el día martes nueve de mayo, a las doce horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada los días 28 y 29 de marzo del año en curso.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite copia del informe sobre el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión física, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el que hace llegar copia del dictamen a los estados financieros y del informe sobre el ejercicio del presupuesto de gastos de operación, correspondientes al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron del Congreso del estado de Jalisco, los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 123 constitucional, en materia de pago de salarios por despido injustificado.








Y por el que se reforma el artículo 116 constitucional, en materia de requisitos para Magistrados del Poder Judicial de las entidades federativas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense ambos asuntos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: También del Congreso del estado de Jalisco, se recibió un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, en materia de aplicación supletoria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, el Congreso del estado de Jalisco remite un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS, en materia de normas para la calidad de los bioenergéticos.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que este día se realizó su reunión de instalación.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió también una comunicación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de la sesión ordinaria 2017 del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea se ha dado por enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y que continuará sus actividades legislativas como Senadora sin grupo parlamentario.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Hilda González Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de conservación de expedientes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XIX Y 81, FRACCIONES XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Diputada Martha Hilda González Calderón, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señor Presidente.

La suscrita, Martha Hilda González Calderón, Diputada Federal en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de lo siguiente:

El Constituyente Permanente determinó –para el fortalecimiento de la función jurisdiccional encargada a la Federación- la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Se le reservaron las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reforma que a su vez consolidó a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional, al ampliar sus facultades para dictar resoluciones con efectos generales sobre la constitucionalidad de leyes, dirimir controversias entre los diversos niveles de gobierno y, al fortalecer su carácter como principal garante del federalismo; relevándola de las tareas concernientes al desempeño de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

En ese orden, si bien la administración de los órganos jurisdiccionales en comento se convirtió en responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, el legislador ordinario reservó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resguardo del archivo central e histórico y el correspondiente a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito éste último en tanto se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante este periodo el Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario, catalogación y conservación de los acervos archivísticos encomendados por el legislador secundario, especialmente los expedientes históricos de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, es decir, aquellos con más de cincuenta años de haber sido ordenado su archivo y que en su mayoría se encuentran depositados en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, bajo el “Programa Nacional de Archivos” –antecedente de las Casas de la Cultura Jurídica- se logró el rescate, inventario y catalogación preliminar de cerca de cinco kilómetros lineales que equivalen aproximadamente a 710,000 expedientes históricos que habían sido depositados en diversos archivos estatales, municipales o de otras instituciones en cumplimiento de un acuerdo del Pleno del Alto Tribunal de fecha 22 de agosto de 1978, como una solución de urgencia frente a la problemática que implicaba el resguardo de la documentación en las instalaciones de los Juzgados de Distrito.

De igual manera, cumpliendo con los lineamentos establecidos por la normatividad de transparencia, se ha difundido la consulta e investigación histórico-jurídica de los expedientes históricos depositados en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el máximo aprovechamiento institucional y social, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de trabajos editoriales en los que se da cuenta de la administración de la justicia federal en diversos periodos de nuestra historia del país, a partir de proyectos ordenados por el Pleno del Alto Tribunal, series de televisión del Canal Judicial y una gran cantidad de publicaciones como tesis de grado, artículos y monografías relacionados con estos expedientes emblemáticos que enriquecen el conocimiento de la evolución de las instituciones jurídicas en la entidad y que están asociados a la personalidad de la Casa de la Cultura en esa localidad.

Por lo que resulta conveniente que dicho acervo archivístico histórico continúe bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Documentación y Análisis y las Casas de la Cultura Jurídica para dar continuidad a su difusión y máximo aprovechamiento social.

En el contexto destacado, a más de veinte años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito destacados en esta iniciativa, lo que permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa amplia tarea administrativa, en beneficio de la función que como tribunal constitucional le encomendó el propio Poder Revisor.

Lo anterior, permitirá agilizar la sistematización de los archivos, las acciones de consulta que sirven como apoyo y antecedente de la importante tarea jurisdiccional que se ha realizado, al igual que propiciará la atención oportuna de las solicitudes de información vía transparencia que les fueren presentadas a estos órganos, favoreciendo la tutela judicial efectiva y potenciando el derecho humano a la información.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, necesarias e idóneas para que el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad administrativa señalada.

En la iniciativa se determina, transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial, correspondiente a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, con excepción del archivo histórico de éstos; así como el archivo central e histórico que corresponde al Máximo Tribunal.

La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, al establecer, en su legislación transitoria, los principios que habrán de atenderse para regular la entrega; la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos; garantizar que éste se realice atendiendo a la normativa aplicable, y que no implique un incremento en los presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

La propuesta de reforma establece que aquellos recursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone al servicio de la organización, administración o resguardo de los archivos de concentración de los Juzgados y Tribunales de Circuito, se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de evitar que el traspaso signifique un ejercicio de recursos adicional a los que ejerce el órgano de administración judicial.

Para estar en aptitud de materializar acorde a los principios de oportunidad, racionalidad y eficacia la presente iniciativa, se determina que las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte se coordinen con las administraciones regionales del Consejo de la Judicatura Federal en la asunción de las nuevas responsabilidades, en apoyo a la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los órganos jurisdiccionales adscritos a su ámbito competencial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo único. Se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 11. …

I. a VIII. …

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como el archivo central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice;

XX. a XIII. …

Artículo 81. …

I. a XVII. …

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al público; así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la regulación suficiente, para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIX. a XXXIII. …

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales del país; garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

XXXV. a XLIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar su normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la organización, administración y resguardo del archivo judicial de los órganos judiciales federales a cuya transferencia se refiere este Decreto.

Tercero. La transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal, a que se refiere el presente decreto, se efectuará una vez realizadas las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo.

Cuarto. La transferencia de los archivos de los tribunales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia, y en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Quinto. Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales referidos en el presente instrumento, se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Sexto. Las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su competencia.

Séptimo. A la entrada en vigor del presente instrumento se suspenderán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aun cuando ya se encuentren programadas.

Octavo. El Centro de Documentación y Análisis conservará bajo su resguardo los expedientes históricos de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, depositados en las Casas de la Cultura Jurídica, conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal efecto expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Dado en el salón de sesiones de esta Comisión Permanente, a los 9 días del mes de mayo de 2017.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, Diputada Federal en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XIX Y 81, FRACCIONES XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de lo siguiente:

El Constituyente Permanente determinó –para el fortalecimiento de la función jurisdiccional encargada a la Federación- la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Se le reservaron las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reforma que a su vez consolidó a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional, al ampliar sus facultades para dictar resoluciones con efectos generales sobre la constitucionalidad de leyes, dirimir controversias entre los diversos niveles de gobierno y, al fortalecer su carácter como principal garante del federalismo; relevándola de las tareas concernientes al desempeño de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

En ese orden, si bien la administración de los órganos jurisdiccionales en comento se convirtió en responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, el legislador ordinario reservó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resguardo del archivo central e histórico y el correspondiente a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito éste último en tanto se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante este periodo el Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario, catalogación y conservación de los acervos archivísticos encomendados por el legislador secundario, especialmente los expedientes históricos de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, es decir, aquellos con más de cincuenta años de haber sido ordenado su archivo y que en su mayoría se encuentran depositados en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, bajo el “Programa Nacional de Archivos” –antecedente delas Casas de la Cultura Jurídica- se logró el rescate, inventario y catalogación preliminar de cerca de cinco kilómetros lineales que equivalen aproximadamente a 710,000 expedientes históricos que habían sido depositados en diversos archivos estatales, municipales o de otras instituciones en cumplimiento de un acuerdo del Pleno del Alto Tribunal de fecha 22 de agosto de 1978, como una solución de urgencia frente a la problemática que  implicaba el resguardo de la documentación en las instalaciones de los Juzgados de Distrito.

De igual manera, cumpliendo con los lineamentos establecidos por la normatividad de transparencia, se ha difundido la consulta e investigación histórico-jurídica de los expedientes históricos depositados en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el máximo aprovechamiento institucional y social, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de trabajos editoriales en los que se da cuenta de la administración de la justicia federal en diversos periodos de nuestra historia del país, a partir de proyectos ordenados por el Pleno del Alto Tribunal, series de televisión del Canal Judicial y una gran cantidad de publicaciones como tesis de grado, artículos y monografías relacionados con estos expedientes emblemáticos que enriquecen el conocimiento de la evolución de las instituciones jurídicas en la entidad y que están asociados a la personalidad de la Casa de la Cultura en esa localidad.

Por lo que resulta conveniente que dicho acervo archivístico histórico continúe bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Documentación y Análisis y las Casas de la Cultura Jurídica para dar continuidad a su difusión y máximo aprovechamiento social.

En el contexto destacado, a más de veinte años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito destacados en esta iniciativa, lo que permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa amplia tarea administrativa, en beneficio de la función que como tribunal constitucional le encomendó el propio Poder Revisor.

Lo anterior, permitirá agilizar la sistematización de los archivos, las acciones de consulta que sirven como apoyo y antecedente de la importante tarea jurisdiccional que se ha realizado, al igual que propiciará la atención oportuna de las solicitudes de información vía transparencia que les fueren presentadas a estos órganos, favoreciendo la tutela judicial efectiva y potenciando el derecho humano a la información.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, necesarias e idóneas para que el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad administrativa señalada.

En la iniciativa se determina, transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial, correspondiente a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, con excepción del archivo histórico de éstos; así como el archivo central e histórico que corresponde al Máximo Tribunal.

La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, al establecer, en su legislación transitoria, los principios que habrán de atenderse para regular la entrega; la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos; garantizar que éste se realice atendiendo a la normativa aplicable, y que no implique un incremento en los presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

La propuesta de reforma establece que aquellos recursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone al servicio de la organización, administración o resguardo de los archivos de concentración de los Juzgados y Tribunales de Circuito, se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de evitar que el traspaso signifique un ejercicio de recursos adicional a los que ejerce el órgano de administración judicial.

Para estar en aptitud de materializar acorde a los principios de oportunidad, racionalidad y eficacia la presente iniciativa, se determina que las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte se coordinen con las administraciones regionales del Consejo de la Judicatura Federal en la asunción de las nuevas responsabilidades, en apoyo a la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los órganos jurisdiccionales adscritos a su ámbito competencial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XIX Y 81, FRACCIONES XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Artículo único. Se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 11. …

I. a VIII. …

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como el archivo central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice;

XX. a XIII. …

Artículo 81. …

I. a XVII. …

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al público; así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la regulación suficiente, para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIX. a XXXIII. …

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales del país; garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

XXXV. a XLIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar su normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la organización, administración y resguardo del archivo judicial de los órganos judiciales federales a cuya transferencia se refiere este Decreto.

Tercero. La transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal, a que se refiere el presente decreto, se efectuará una vez realizadas las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo.

Cuarto. La transferencia de los archivos de los tribunales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia, y en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Quinto. Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales referidos en el presente instrumento, se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Sexto. Las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su competencia.

Séptimo. A la entrada en vigor del presente instrumento se suspenderán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aun cuando ya se encuentren programadas.

Octavo. El Centro de Documentación y Análisis conservará bajo su resguardo los expedientes históricos de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, depositados en las Casas de la Cultura Jurídica, conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal efecto expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. Martha Hilda González Calderón.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Hilda González Calderón. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 constitucional, en materia de segunda vuelta electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, compartirles que esta iniciativa ya la había presentado hace algunos años, la estamos reviviendo, tratando de sacarla de la congeladora, y espero que de cara al proceso electoral 2018 podamos estar discutiendo un tema de enorme relevancia.

Es prioritario que el Congreso lo discuta pronto, necesitamos, requerimos una Presidencia de la República con amplio respaldo, que no solamente la gane quien obtenga mayor número de votos, sino también quien cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos.

Y esto es que empecemos a discutir, compañeras y compañeros, la posibilidad de la segunda vuelta electoral.

Yo sé que hay varias iniciativas que han sido presentadas en congresos locales, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero recientemente con algunos triunfos que se han dado en la región, y el último, la victoria en la segunda vuelta electoral en Francia del Presidente electo Emmanuel Macron, nos abre, también, la posibilidad de empezar a debatir este tema.

Sabemos que la aprobación del Presidente Peña Nieto se encuentra en los niveles más bajos desde que se ha medido esta variable. Han habido algunos diarios de circulación nacional que nos dicen que solamente el 21 por ciento de los mexicanos creen que Peña Nieto ha hecho un buen trabajo, lo cual es reflejo de que las cosas no van nada bien.

Particularmente sorprende la baja aprobación de este gobierno, pues ha contado con condiciones únicas e incluso históricas: la posibilidad de que este Congreso le diéramos las reformas estructurales y que hayan sido completamente desaprovechadas.

Y prueba de ello son algunos de los resultados que podemos ver en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, en materia de infraestructura y empleo, sólo por poner algunos ejemplos.

Acercándonos ya a las elecciones presidenciales de 2018, identificamos que derivado de nuestro sistema político electoral, contamos hoy desafortunadamente con un Presidente de la República que es electo por una muy pequeña minoría de ciudadanos, pues desde su origen en las urnas no es electo por una mayoría.

En 2012, Peña Nieto resultó electo con el 38.21 por ciento, lo cual significa que solamente 19 millones de mexicanos eligieron al Presidente que gobierna a 112 millones de mexicanos, esta tendencia, en los últimos años, ha sido sostenida. En el 88, en medio de una elección turbia, el Presidente fue electo con el 50 por ciento de los votos; desde entonces, el porcentaje ha ido disminuyendo. Cada vez las elecciones son más competidas, está el caso del año 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.56 por ciento; y en 2012 fue de 6.62 por ciento.

A nivel mundial vivimos una época en la que los populismos extremistas suponen una amenaza al orden constitucional y a los valores universales de solidaridad y multilateralismo, centrándose en el nacionalismo y proteccionismo, en un mundo que cada vez enfrenta problemas más complejos, cuya arma para hacerle frente es una mayor articulación en la cooperación global.

En 2016, concretamente en noviembre, vivimos una jornada histórica, electoralmente hablando, en Estados Unidos, en la que resultó electo un Presidente que ha roto todas las formas, atacado a todos sus socios y aliados, que ha desestabilizado las divisas a nivel mundial, pero que en la práctica ha sido incapaz también de generar consenso, incluso dentro del propio partido que lo postuló.

En Francia, insisto, el domingo pasado se enfrentaron en las urnas dos proyectos antagónicos; por un lado, la extrema derecha que pugnaba por la desarticulación de la Unión Europea y con un discurso en contra de los migrantes; mientras que, por otro lado, un proyecto que le apuesta a reformar las instituciones europeas sin romper la cooperación y que reconoce a las minorías como parte de la sociedad francesa.

Como todos sabemos, Emmanuel Macron ganó la elección con una amplia ventaja, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas elecciones? Que tienen muchas similitudes los mecanismos electorales.

Mientras que Estados Unidos cuenta con un sistema basado en un colegio electoral que permite que el candidato que tenga menos votos sea investido Presidente, Francia cuenta con la segunda vuelta que lleva a los dos candidatos ganadores de la primera vuelta, que no cumplieron con una determinada ventaja, a enfrentarse nuevamente para que sean electos por una verdadera mayoría.

En este sentido, estamos presentando, insisto, ojalá que la mayoría pueda sumarse, una reforma constitucional al artículo 81, para implementar la segunda vuelta en la elección presidencial.

Tiene como objetivo fortalecer al presidente electo, al recibir el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando que la sociedad se polarice o que se detone una crisis poselectoral de legitimidad democrática, como ha ocurrido en los últimos procesos federales.

Este mecanismo permite que a los ciudadanos puedan darse la oportunidad de evaluar las propuestas de los candidatos más votados e inclinarse por uno de ellos, mientras que las fuerzas políticas, pues se ven también en la necesidad de generar alianzas, de generar consensos.

La segunda vuelta no es un tema nada más de países en Europa. En la región, en América Latina varios presidentes han sido votados por la mayoría de sus ciudadanos y, bueno, tenemos el caso de presidentes como Mauricio Macri, de Argentina; Juan Manuel Santos, de Colombia; Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Lenín Moreno, en Ecuador; Michelle Bachelet, en Chile; y Tabaré Vázquez, del Uruguay, fueron electos mediante la segunda vuelta electoral.

Lo que les quiero decir, y para concluir, es que no tengamos miedo, compañeros, a aprobar en este Congreso la segunda vuelta electoral.

Nos va a permitir tener autoridades mucho más legitimadas por la mayoría de la población, y también el darle la oportunidad a la gente de que escuche las propuestas de los dos más votados o más votadas, y podamos tener un Presidente de la República con más del 50 por ciento de los votos y que permita realizar las alianzas necesarias.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente:INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de noviembre de 2012, el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, firmó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual consistió en una propuesta integral de reforma política del Estado y la cual previó la segunda vuelta en la elección presidencial.

Lamentablemente, este punto en particular no fue retomado finalmente en la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, por lo que, en virtud de la importancia del tema, los legisladores de Acción Nacional lo hemos retomado en diversas iniciativas que presentamos durante la LXII Legislatura, tanto en este Senado de la República, como en la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.- En línea con la mencionada propuesta del ex presidente Felipe Calderón, el 20 de diciembre de 2012 presenté una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual previó reformar dicho artículo para quedar como sigue:

“Artículo 81.-…

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

TERCERO.- Posteriormente, senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, dentro del paquete de las reformas en materia político-electoral, incluimos la segunda vuelta electoral para todos los titulares los órganos ejecutivos en el país: Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, estableciendo que se entenderá electo aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos en una elección y, en caso de que ningún candidato ganara la elección en esos términos, habría una segunda ronda de votación en la cual únicamente participarían los dos candidatos con mayor número de votos en la primera ronda de votación.

Tomando en cuenta lo anterior, y en virtud de que la inactividad legislativa ha dejado el importante tema de la segunda vuelta electoral en los escritorios de las comisiones dictaminadoras y no en el texto de nuestra Constitución, someto la presente iniciativa a consideración de esta Cámara de Senadores, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Varios estudios de opinión confirman que la aprobación del mandato presidencial de Enrique Peña Nieto cayó a su nivel más bajo desde que inició tomó protesta, desplomándose al 34% entre la ciudadanía, mientras que, entre los llamados “líderes de opinión”, su aprobación apenas alcanza el 15%.

Por otro lado, en una escala del 0 al 10, la calificación de Enrique Peña Nieto como Presidente de México está en el nivel más bajo, ya que el promedio de la calificación de su mandato entre los ciudadanos es de 4.7, mientras que, entre personas consideradas como “líderes de opinión”, el promedio de las calificaciones bajó a 3.3.

Lo anterior es reflejo de que, en México, las cosas no van bien. Hay una enorme brecha entre las expectativas que se tenían con las reformas aprobadas en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y los lamentables resultados que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado en materia de seguridad, economía, salud, infraestructura y empleo.

Como consecuencia, en parte, del sistema político-electoral actual, tenemos un presidente débil, dado que desde las urnas no cuenta con el respaldo mayoritario. En las elecciones de 2012 resultó electo con el 38.21%, en los votos, es decir, aproximadamente 19 millones de mexicanos eligieron al gobernante de los 112 millones de mexicanos.

Lo estrecho de los resultados electorales, junto con la vigencia del principio de mayoría relativa, incrementa el riesgo de cuestionamientos postelectorales; hoy en día, nuestro sistema reconoce como triunfador a quien cuente con tan sólo un sufragio más que el contendiente más próximo, sin requerir que el ganador cuente con el respaldo popular mayoritario. Tal situación fomenta que el periodo postelectoral se encuentre dominado por la incertidumbre, el radicalismo y el encono social.

Durante el siglo XX y todavía en las elecciones de 1988, el fraude electoral sistemático dio como resultado que los presidentes fueran electos con un respaldo ficticio de más del 50% de los electores. Como consecuencia del activismo de la oposición y de la victoria de la democracia real sobre el esquema priista, desde las elecciones de 1994, ese porcentaje se ha reducido.

Las elecciones presidenciales cada vez son más competidas, por lo que la polarización de las preferencias de los votantes también se ha incrementado. En 1976, la diferencia entre el primer y segundo lugar rondaba el 87%; en 1988, el margen con el que ganó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue de menos del 20%; en 2006 se tuvo la contienda más competitiva de la historia, en la cual el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa venció en las urnas por apenas el 0.56% sobre el segundo lugar; y en 2012 la diferencia que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 o 15 por ciento, terminó siendo de 6.62%.

La propuesta de la segunda vuelta electoral ya cuenta con un laboratorio de aplicación en México que pudo haber ahorrado escenarios como el de 2006, es el caso del Estado de San Luis Potosí, fue donde se tiene  registro de emitir una segunda vuelta electoral, con el fin de generar las condiciones de certidumbre para declarar un ganador en los comicios para gobernador y ayuntamientos. Aunque breve, (1997-2005) esta experiencia es importante para la implementación de una segunda ronda electoral. En el año de 1996 se incluyó en el artículo 35 de su Constitución y en el artículo15 de su ley electoral, la figura de una segunda vuelta. En el mencionado artículo 35 la modificación fue en el sentido de que en caso de que ninguno “obtenga la mayoría absoluta de la votación total válida emitida en el municipio respectivo, se llevará a cabo una segunda votación” de la misma manera la ley electoral enmarcaba que la segunda votación seria obligatoria siempre y cuando “ninguno de los contendientes obtenga la mayoría absoluta (más de la mitad de los votos), o que habiendo obtenido el virtual ganador menos de 45% de los votos o que su inmediato seguidor esté a menos de 7 puntos porcentuales de diferencia”. Para el entonces presidente del Consejo Electoral Estatal, Juan Dibildox Martínez, la aplicación de la segunda votación responde a que el estado contaba ya con más o menos 10 años de “inestabilidad y confrontación, con altos costos económicos y políticos”.

El expresidente Estatal del Consejo Electoral de San Luis Potosí mencionaba que el “motivo fundamental de la reforma, que fue la desactivación de los problemas poselectorales, se está dando. El estado está en paz; tuvimos algunas manifestaciones naturales de inconformidad esta vez, pero no problemas fuertes. Hasta ahorita vamos bien”; es necesario mencionar que el mismo expresidente del Consejo Electoral mencionó que sí existen gastos y consideraciones extras como capacitadores, funcionarios de casilla, material electoral, entre otros, pero en el balance el costo de la segunda elección no rebasó un costo del 15% con respecto al costo de la primera; y que la segunda votación tuvo una baja en el nivel de votación de menos de 7%, pero el cual es “justificable en términos de lo extremadamente cara que resulta la ingobernabilidad”; es necesario subrayar el hecho de que esto sucedió en 1997, a consecuencia de problemas en un estado en donde los resultados de las elecciones de municipios no reflejaban una diferencia clara en los resultados entre el ganador y el vencedor lo cual generaba ingobernabilidad.

Con la propuesta de la segunda vuelta, cambiaría el panorama político electoral e incentivaría una mayor participación social al observar entre los partidos los puntos de acuerdo que encuentren su punto de equilibrio en el bienestar máximo de la ciudad y de sus habitantes. Es de gran valor recuperar un extracto del libro “La Reforma del Estado en México” de Javier Hurtado, el cual guarda una observación sobre la segunda vuelta:

La Primera vuelta es para que el electorado defina quién quiere que lo gobierne, mientras que en la segunda ronda lo que se define es quién no quiere que lo gobierne; en la primera vuelta se selecciona, en la segunda se elimina.”

Partiendo de esta premisa es importante mencionar que se abre un campo de oportunidad para que en la primera vuelta todos los partidos y candidatos independientes participen republicanamente en su legítima aspiración al cargo, donde los resultados de la participación del pueblo decidirán quienes tienen la mayor intención del voto y una vez resuelto por parte del INE si el puntero cumple con obtener más del 50% de la votación de la ciudadanía que ese día participo en el proceso, se convierte en el inmediato ganador; en el caso de que no suceda así, el INE da los resultados y convoca a la segunda vuelta.

En este supuesto se vislumbran posibilidades para que el proceso electoral tome una mayor relevancia y capte la atención, donde la ciudadanía se identifique con cualquiera de las dos propuestas finalistas, y a su vez se traduzca en una participación cada vez mayor que dé legitimidad y representatividad al gobierno entrante.

Para efectos de la presente iniciativa es necesario contemplar algunas voces que pugnan por la implementación de la segunda vuelta y se han pronunciado en este tema a nivel legislativo, por lo cual nos remontamos a 1998 donde el Diputado Panista Rafael Alberto Castilla Peralta Peniche, argumenta que la segunda vuelta electoral fortalece al Poder Ejecutivo si se logra cimentar al conquistar la mayoría absoluta. (Gutiérrez, 2010:131)

En 2001 se publica en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta del Diputado del PRI Fernando Ortiz Arana, donde se sustentaba reformas a los artículos 81 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se sustenta la necesidad de establecer una segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad del poder ejecutivo federal, institucionalizando y aumentando su valor democrático. (Gutiérrez, 2010:131)

Posteriormente el entonces diputado Luis Miguel Barbosa del PRD, planteó introducir la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República, diputados y senadores. Destacó que las ventajas se verían reflejadas en el subsistema de partidos, pues se lograría un mayor consenso a favor de los candidatos que resulten electos, además de que las agrupaciones políticas sin una ideología clara, serían sometidas al escrutinio y verdadera competencia política. (Gutiérrez, 2010:132)

En la LIX legislatura, el diputado del Partido Convergencia, Jesús Martínez Álvarez, planteó modificar preceptos de la Constitución Federal y del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales para implementar la segunda vuelta en la elección presidencial y de gobernadores, esto con la finalidad de garantizar acuerdos, buenas practicas, condiciones de gobernabilidad, la creación de un gobierno de coalición, donde el presidente tenga mayoría parlamentaria. (Gutiérrez, 2010:133)

Mario Enrique del Toro en 2007, alude que ante el incremento de la competencia electoral, el pragmatismo político y de las ideologías y el clima de descontento pos electoral, la segunda vuelta es una buena opción para garantizar la marcha del país en su conjunto. (Gutiérrez, 2010:134)

Finalmente, en 2009 el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados, una iniciativa para su análisis y discusión, relacionada con el tema, sin embargo, no fructificó.

Asimismo, el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Roberto Gil Zuarth, se pronunció a favor de una segunda vuelta electoral con el fin de crear gobiernos de mayoría con un amplio respaldo, sobre todo ante el riesgo que tiene nuestro país que es “que la fragmentación del poder público genere gobiernos débiles sin mayoría en el Congreso”.

El 19 de octubre del 2016 en un debate Manlio Fabio Beltrones, el ex presidente del IFE, José Woldenberg, y el Senador del PAN, Roberto Gil, plantearon que “en nuestra legislación debería considerarse la segunda vuelta electoral”, y reconocieron que “no hay las condiciones para terminar con el presidencialismo y transitar hacia un sistema parlamentario”. En lo particular, Beltrones se pronunció a favor de la segunda vuelta pero “garantizando que haya el gobierno de coalición para poder garantizar la gobernabilidad”; por su parte, el senador Roberto Gil consideró que “el país está en posibilidades de perfeccionar y acotar el sistema presidencialista, con las reglas claras del gobierno de coalición y la segunda vuelta, en el centenario de la Constitución el próximo año”, y por ultimo José Woldenberg indicó que “es posible que ningún partido logre más del 26 por ciento de la votación, lo que debería llevar a considerar en México la realización de la segunda vuelta electoral”.

Para cerrar estas consideraciones en la aportación al tema a Susana Pedroza, investigadora de la UNAM, considera que ante los problemas que podrían derivarse de que ahora ningún partido tiene la mayoría en el Congreso, una forma de asegurar la gobernabilidad y aumentar la legitimidad del Presidente sería introduciendo la segunda vuelta electoral con un umbral del 40% de la votación en la primera vuelta, para hacer el sistema más competitivo. En el mismo sentido, Félix Ponce considera que la adopción de la segunda vuelta electoral “permitiría el desarrollo y fortalecimiento de la cultura política de la ciudadanía al tener que optar entre los proyectos políticos o económicos que hubieran obtenido los dos resultados mayoritarios”. (Hernández, 2010)

La mayoría de las opiniones y observaciones enunciadas se ven conjuntas en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado el 24 de noviembre del 2015 en la GACETA: LXIII/1PPO-58/59336.

Es hora de hacer de nuestra democracia, una democracia madura. Una democracia moderna de la que desterremos, de una vez por todas, al presidencialismo autoritario y construyamos ya un presidencialismo de consensos.

Precisamente por lo anterior, la presente iniciativa contempla implementar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su implementación tendría muchas ventajas:

1. Legitimidad del gobernante. Más del 60% de los votos en la elección presidencial del 2012 no fueron por el actual presidente de México. Así, su legitimidad política como gobernante frente a la amplia mayoría que no votó por él, es cuestionable, cuando menos. Así, la segunda vuelta garantizaría que el presidente electo haya sido electo con más del 50% de los votos.

2. Gobernabilidad. Toda vez que casi todos los gobernantes en nuestro país son electos por una minoría y no por la mayoría, en sus gobiernos enfrentan graves problemas de gobernabilidad que llevan a parálisis y crisis políticas. La segunda vuelta electoral solucionaría, en parte, este problema de gobernabilidad, pues obligaría a los candidatos a formar alianzas con distintas fuerzas políticas.

3. Cultura política. La segunda vuelta electoral motivaría que los ciudadanos deban informarse sobre los perfiles y propuestas de los candidatos, pues en la segunda vuelta no podrían emitir un voto a ciegas para un candidato o partido que ya no está contendiendo.

4. Partidos políticos. (i) El partido ganador lograría mayor consenso en favor de su gobernante; (ii) Se reduciría el número de partidos improvisados que se benefician del principio de representación proporcional; y (iii) Se fortalecería el sistema interno de los partidos, pues se fomentaría la elección interna de candidatos que beneficien a los ciudadanos y no únicamente a los propios partidos.

La segunda vuelta es considerada por el italiano Giovanni Sartori, experto en ingeniería constitucional, como el mejor sistema electoral. Algunas de las virtudes de este sistema según el mencionado politólogo, son las siguientes:

1. La segunda vuelta permite que los electores revelen no sólo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias y puedan votar por ambas, en primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que los votantes se encuentren ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia con tal de evitar que gane el candidato menos deseado.

Así, con la segunda vuelta se aumenta el campo de la libertad de elección y expresión de los electores, y reduce su nivel de frustración política.

2. La segunda vuelta puede reforzar la victoria de aquél que quedó en primer lugar en la primera vuelta electoral, elevando la legitimidad de su triunfo; o más importante aún, este sistema puede revertir el resultado de la primera vuelta, revelando que el sistema de mayoría relativa hubiera permitido la llegada al poder de un candidato impopular, opuesto a las preferencias de la mayoría absoluta de la población.

3. La segunda vuelta favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas a la gran mayoría de los votantes.

Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población.

Este mecanismo electoral también permite que los votantes revelen no sólo sus primeras preferencias sino también sus segundas, de manera que puedan votar por ambas, en primera y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

Esto, además, propiciará la negociación entre las distintas fuerzas políticas y fomentará la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales –como lo hemos visto en el mundo– generan coaliciones legislativas que permiten gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias.

Es precisamente por las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, que el 67% de los países en los que el Presidente es electo directamente, cuentan con este mecanismo.

DERECHO COMPARADO

Países como Austria, Brasil, Chile y Francia lo han adoptado. Muchos países excomunistas, como Albania, Armenia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Kirguistán, Lituania, Macedonia, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia, prevén la segunda vuelta.

En el caso de América Latina, casi todos los países, excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras, han abandonado el método de elección por mayoría simple y han acogido sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales.

En Argentina, por ejemplo, hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40% de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo lugar. En Costa Rica, en vez de exigir el 50% más 1, se estableció el 40% más 1, para evitar una segunda vuelta por los altos costos que implica su organización. Lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo.

Casos Prácticos

No se puede dejar de lado el caso de Francia donde nace por primera vez la segunda vuelta o balotaje en el año 1852 con la instauración del Segundo Imperio Francés de Napoleón III; Luego se aplica nuevamente en la III República y surge con gran fuerza en la V República a través de la Constitución francesa de 1958, que es donde da lugar al reciente caso del triunfo de Emmanuel Macron en la segunda vuelta, donde el centrista derrota a Marine Le Pen con un 66,06% de votos frente a un 33,93%;  el triunfo del liberal  por una aplastante mayoría deja en claro que la segunda vuelta funciona para llegar a consensos donde el voto de la mayoría legitima el triunfo de una opción política y le genera el respaldo social para tener un gobierno estable por una amplia diferencia; lo cual nunca había pasado en la V República, con la excepción de Jacques Chirac en 2002, un presidente habrá llegado al poder con una victoria tan clara. Chirac derrotó al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, con un 82% de votos.

No podemos olvidar los casos que existen en América latina en lo correspondiente a segunda vuelta electoral; tal es el caso de Argentina en 2015 donde Mauricio Macri obtendría el  54.08% de los votos frente a 45.92% del candidato oficialistas Daniel Scioli en la Segunda Vuelta; poniendo fin a a 12 años de kirchnerismo; En la primera vuelta ninguno obtuvo el 45% o el 40% más diez puntos de diferencia contemplados en la legislación Argentina, por lo cual se fueron por primera vez a segunda vuelta presidencial de la historia de Argentina. 

Así pues, debemos adoptar el modelo Latinoamericano, fijando que la regla para la elección del Presidente de la República sea por mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos en la elección.

Conforme lo prevé el artículo Tercero Transitorio de la presente iniciativa, una vez reformada nuestra Constitución, en el Congreso de la Unión tendremos 180 días naturales a efecto de reformar las leyes electorales a efecto de adecuarlas a la reforma Constitucional, estableciendo que la convocatoria a la segunda vuelta la deberá realizar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras haber resuelto en definitiva los medios de impugnación que se hubieren presentado.

De cara a la elección de 2018, necesitamos con urgencia un nuevo arreglo institucional, requerimos una Presidencia fuerte, requerimos que la Presidencia no sólo la gane quien tenga más votos, sino también que sea el candidato que cuente con el respaldo de la mayoría de los electores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 81.-…

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación electoral dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, previendo que la convocatoria a la segunda vuelta la deberá realizar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras haber resuelto en definitiva los medios de impugnación que se hubieren presentado.”

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Senadora Gómez del Campo, para suscribir su iniciativa, la Senadora Laura Rojas, que sí, por supuesto, si alguien más desea, por favor, la Diputada y los Senadores pueden suscribirla. Gracias.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. constitucional, en materia de interrupción del embarazo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La presente iniciativa es un asunto de salud pública, es un asunto de libertades, es un asunto de derechos, es un asunto de la vida, de la vida de las mujeres de nuestro país.

Los derechos no se consultan, no se niegan y, sobre todo, no se asumen compromisos mediante acuerdos firmados para no respetarlos. Pensarlo, proponerlo y hacerlo, ni más ni menos es una clara muestra de ignorancia y de menosprecio a las personas, así con todas sus letras.

Resulta lamentable que en nuestro país, con tal de ganar votos y adeptos, candidatos de los partidos políticos se comprometan a no respetar los derechos y a negar una realidad que cobra la vida de miles de mujeres.

La semana pasada, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, firmaron acuerdos o se pronunciaron contra la interrupción del embarazo, ni más ni menos. Se comprometieron a negar el derecho de las mujeres para que decidamos sobre nuestro cuerpo y asumieron su postura de atentar contra la autodeterminación que tenemos las mujeres como ciudadanas de este país.

Además de lamentable, resulta penoso y alarmante que basen sus pretensiones de querer gobernar una entidad poniendo sus convicciones personales e ideológicas por encima de los derechos y la vida de las mujeres.

Es algo ruin, que sólo se entiende para quedar bien con ciertos sectores sociales que piensan, les darán votos.

Es paradójico que en el Estado de México, la entidad con el mayor número de feminicidios en el país, donde las mujeres son violadas, donde se les tortura y se les desaparece, donde se les tira en los canales, los que quieren ser gobernadores se muestran en contra de nuestros derechos.

El derecho sobre nuestro cuerpo es una decisión que única y exclusivamente nos compete a nosotras, ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos, ni los gobernantes en turno tienen derecho a tomar decisiones que afectan nuestro proyecto de vida, y que por hacerlo en condiciones inadecuadas, por hacerlo en condiciones insalubres, por hacerlo en condiciones clandestinas, cobra la vida de las mujeres, donde tenemos sus registros, porque cuando llegan a los hospitales se les pone cualquier otro diagnóstico y no el origen de lo que significa haber abortado y por eso quedar mutiladas o quedar muertas.

Y, sobre todo, por los problemas sociales que esto genera, las mujeres que abortan en su mayoría son mujeres católicas, el 88 por ciento, es decir, su religión, sus creencias religiosas no les impide tomar esta decisión, que es la decisión más difícil de sus vidas y que derivado de esto, con las muertes de las mujeres, estamos teniendo problemas sociales, porque la mayoría de las mujeres que toman esta determinación ya tienen más de 2, 3 ó 4 hijos, es decir, es su última opción.

Mucho menos se tiene el derecho de imponer su ideología sobre nuestros cuerpos y criminalizarnos, querer hacerlo es mezquino y es una muestra de esa incapacidad que se tiene para llevar las riendas de un gobierno, de una entidad tan importante como lo es el Estado de México.

También quiero hacer aquí un paréntesis, porque en nuestro país, nosotras y nosotros, muchos de mi generación crecimos con la campaña de “la familia pequeña vive mejor”.

La planificación familiar en los 70’s fue un boom en nuestra ciudad. De ahí que las mujeres empezaron a tener familias pequeñas, 2 ó 3 hijos, y todo esto fue un proceso en la incorporación y en la capacidad de las mujeres de incorporarnos a otras actividades sociales.

Pero eso en este país se ha abandonado, no hay políticas plenas garantes de planificación familiar; ya no se reparten condones, ya no se ponen DIUs, ya no se regalan ni se dan de manera masiva cremas y pomadas que permitan que las mujeres no queden embarazadas.

Esto es algo muy importante, porque en 12 años del PAN y lo que llevamos del PRI, nuestras políticas de planificación familiar han quedado en el olvido.

Hago un llamado a que en este país regresemos a planificar las familias, que las mujeres tengan la opción para tomar los medicamentos que son necesarios para que puedan seguir adelante con sus vidas.

La decisión de interrumpir un embarazo puede ser por circunstancias múltiples: un aborto provocado por violencia física o psicológica; o bien, un embarazo forzado por violencia sexual o un embarazo inesperado, porque los métodos anticonceptivos también fallan.

Estamos hablando de un problema de salud que cobra la vida de miles de mujeres en México por la práctica de abortos clandestinos en condiciones de insalubridad, que no cuentan con las más mínimas condiciones para que ejerzamos nuestros derechos.

Miren ustedes lo absurdo.

En la Ciudad de México, hace diez años, se aprobó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas. En estos diez años tenemos 177 mil abortos aproximadamente, de los cuales el 44 por ciento, o sea, casi el 25 por ciento son de mujeres del Estado de México.

¿Cómo negarles a las mujeres su derecho a conservar su salud y la vida?

Es un asunto de justicia social, además, porque son las mujeres pobres las que ponen en riesgo su vida; las mujeres con posibilidades económicas van con médicos porque en México la interrupción del embarazo es legal a nivel nacional para quien cuenta con dinero para ir a una clínica y hacérselo; las mujeres pobres son las que quedan  enfermas.

Además del drama de enfrentar una interrupción del embarazo, se pretende que sigan escribiéndose historias cotidianas en diversos sistemas de salud donde se obliga a niñas y jóvenes y adultas a llevar un embarazo no deseado, incluidos los que son producto de violaciones.

El PRD, firme en su convicción de respeto y promoción de los derechos humanos, propone reformar la Constitución con la finalidad de garantizar el derecho de decidir de manera libre e informada el número y esparcimiento de los hijos, de esa manera se establece la obligación de las autoridades para prestar diversos servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo decida.

Quiero decirles, además, que debemos hacer honor al Estado laico. El Estado laico que fue una conquista de los liberales mexicanos, que es lo que nos ha permitido consolidar esta nación poniendo por encima la cosa pública por delante de los intereses religiosos de quienes están en los gobiernos, en el Legislativo y en el Ejecutivo.

El pensamiento conservador ha penetrado los partidos políticos, tenemos bancadas que responden a intereses religiosos de manera abierta y clara, y ahora algunos candidatos a gobernadores son sus portavoces.

Por eso es importante que a partir de la propuesta del Estado laico, que ha sido la base para muchos de los adelantos en nuestro país, retornemos pensando en lo que implica para las mujeres de nuestro país tener esta opción, no como la única, sino como la opción final, como una de las opciones más difíciles que las mujeres tomamos y que necesitamos que exista este marco jurídico, que además vaya reforzado por la ampliación de las políticas de los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país.

El respeto de los derechos humanos es una cuestión de convicciones y no de ganar elecciones.

No decidan por nosotras, tampoco ustedes candidatos, tampoco el Congreso, por eso llamamos a no tener acciones que violentan nuestra vida.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa

Las y los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El artículo 4° constitucional establece el derecho de toda persona para decidir de   manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

A su vez, el Programa de Acción Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo señala que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijas e hijos a procrear y el espaciamiento de los nacimientos, a disponer de la información y de los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. De igual forma incluye el derecho de la mujer a adoptar las medidas que estime necesarias para decidir sobre su cuerpo.

Además, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de la mujer que México ha firmado, tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Declaración y Programa de acción de Viena de 1993; el Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de 1994; la Plataforma de Acción de Beijing de 1995; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979; el Protocolo Facultativo de la CEDAW de 1999 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Para) de 1994. En ellos se contemplan diversas disposiciones que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres y, en particular al derecho que éstas tienen a decidir sobre su cuerpo.

Estos Instrumentos internacionales comprometen a los Estados parte a propiciar las condiciones y adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de esos derechos sea eficaz y pleno; e incluso a abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres.

Bajo esas premisas, el tema de la legalización del aborto, el aborto no punible o el aborto legal, términos utilizados para referirnos a la materia, ha tenido diversos enfoques en las legislaciones de los países. Lo anterior porque se ha considerado al aborto como un asunto de salud pública, en función de que pone en riesgo la integridad física y la vida de la mujer, además por la alta incidencia de prácticas clandestinas en las que se realizan y el elevado índice de muertes por esta causa.

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año hay en el mundo 76 millones de embarazos no deseados. Esto ocasiona que, de acuerdo a las cifras de la propia OMS y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, anualmente haya 56 millones de abortos inducidos en la Tierra. De éstos, 19 millones se llevan a cabo en condiciones inaceptables desde el punto de vista médico, practicados por personal no capacitado y en circunstancias poco higiénicas. La consecuencia de esas interrupciones del embarazo mal practicadas, es que cada año, 70 mil mujeres mueren en todo el mundo, lo que representa 191 mujeres muertas cada día, una cada siete minutos y medio.

En cifras de la propia OMS se tiene lo siguiente:

• En promedio, se produjeron anualmente 56 millones de abortos (seguros y peligrosos) provocados en todo el mundo.

• Se produjeron 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de 15-44 años.

• El 25 por ciento del total de embarazos acabó en aborto provocado.

• La tasa de abortos fue superior en las regiones en desarrollo que en las desarrolladas.

• Se calcula que cada año se realizan unos 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, casi todos ellos en países en desarrollo.

• Se calcula que en 2008 se produjeron 47 000 defunciones a causa de abortos peligrosos. África se ve desproporcionadamente afectada, ya que dos tercios de todas las defunciones relacionadas con el aborto tienen lugar en ese continente.

• Cada año, unos 5 millones de mujeres ingresan en hospitales como consecuencia de un aborto peligroso y más de 3 millones de mujeres que han sufrido complicaciones a raíz de un aborto peligroso no reciben atención médica.

• Se estima que el costo anual por tratamientos de complicaciones importantes derivadas de abortos peligrosos asciende a $680 millones.

• Se estima que 13% de las 600 mil muertes, aproximadamente, relacionadas con embarazos a nivel mundial resulta de abortos inseguros.

La OMS ha definido el aborto inseguro como el procedimiento para interrumpir un embarazo no deseado ya sea por personas que carecen de las habilidades necesarias para hacerlo, o en un medio que carece de los estándares médicos mínimos. Calcula que la incidencia del aborto en Latinoamérica es la más alta del mundo, especialmente en Sudamérica donde 4 de cada 10 embarazos terminan en abortos; lo anterior derivado de las condiciones de inseguridad bajo las cuales la mayoría de las mujeres, de escasos recursos, acceden a los servicios de aborto, lo que conduce a un aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el aborto.

Además señala que hay más de un aborto inseguro por cada tres nacidos vivos y el 17% de las muertes maternas se deben a complicaciones del aborto inseguro en Latinoamérica.

En lo que toca a México, hace diez años la Organización de Naciones Unidas (ONU) informaba que el número de mujeres fallecidas en México a causa de los abortos, por lo general llevados a cabo en situaciones poco higiénicas y riesgosas, era de mil cada año. El Estado mexicano sólo reconocía 344 muertes, menos de una diaria.

A pesar de que en las legislaciones estatales se permite la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, existen algunos casos que urgen sobre la necesidad de establecer la obligación de las instituciones de salud para la prestación de este servicio de salud pública; entre ellos tenemos los siguientes:

• Hace 17 años el caso Paulina, la niña de 13 años que fue violada en Baja California, sentó un precedente para las víctimas de delitos sexuales en México. En 1999, cuando ocurrió la agresión en su contra, ya se contaba con el derecho de abortar por ser víctima de violación. No obstante, autoridades estatales y asociaciones civiles como Provida le negaron ese derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso de Paulina y logró un acuerdo amistoso que firmó el Estado mexicano para no repetir hechos de esa naturaleza. Además se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la prevención y atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

• En Baja California Sur una joven jornalera de 18 años de edad fue secuestrada y violada por un hombre mayor que ella. De acuerdo a la cronología de hechos, la mujer acudió a presentar la denuncia ante Ministerio Público de La Paz, donde fue revictimizada, según testimonios del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Al presentarse con una funcionaria especializada en delitos sexuales no se le tomó la declaración la víctima ni se le suministró antirretrovirales. Tampoco se le proporcionó información sobre la interrupción legal del embarazo a la que tenía derecho. Al contrario, la joven jornalera fue revictimizada por personal del Ministerio Público bajo el argumento de que "si estaba embarazada y se llegaba a hacer algo o a tomar hierbas para abortar, el aborto es un delito y se le iba a perseguir por ello”.  Con ayuda de asociaciones civiles feministas que operan en Baja California Sur y en la Ciudad de México, la víctima fue traslada a la capital de la República para interrumpir su embarazo.

• En el Hospital de la Mujer de Hermosillo, Sonora, la organización social GIRE denunció que ese nosocomio negó la posibilidad de interrumpir el embarazo a una niña indígena de 13 años que fue violada.

• GIRE también denunció otro caso de maternidad impuesta en una niña de 13 años que fue violada cuando cumplía su tercer día como trabajadora doméstica en una comunidad vecina del municipio de Galeana, Nuevo León. Personal de salud, agentes del Ministerio Público y autoridades del DIF, incumplieron también su obligación de informarle a Dalia (nombre ficticio, por protección de la niña), de la anticoncepción de emergencia a la que tenía derecho, avalada por la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, para evitar un embarazo. Ella fue violada en septiembre del año pasado cuando tenía 12 años de edad. Una amiga fue quien la invitó a trabajar como empleada doméstica. Después de concluir su instrucción primaria, se fue a trabajar para contribuir a los gastos familiares. Es la cuarta hija de una familia pobre radicada en el municipio de Galeana.

• La Unidad de Atención Sicológica, sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE) denunció que en Mérida, Yucatán, a la primer solicitud de una pareja para acceder a la interrupción legal del embarazo, fundamentándose en la causal socioeconómica estipulada en el Código Penal de Yucatán desde 1938, la respuesta de la Secretaría del Estado fue un no, argumentando que la Secretaría y el Hospital General privilegian la atención a la salud y a la vida. La solicitud fue realizada luego de que la pareja valorara su situación económica, edad y el estado de salud de la madre.

Cabe destacar que, según datos de GIRE, la interrupción del embarazo por violación es un problema de salud pública, pues es un fenómeno que se presenta respecto a los casos de violencia y abuso sexual que se cometen a las niñas y mujeres. En México, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Víctimas se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año. De estos, nueve de cada diez víctimas son mujeres; cuatro de cada diez de ellas tienen menos de 15 años de edad.

Según la CEAV, el lugar donde se producen la mitad de los delitos sexuales con en sus hogares, y 60 % de las veces, sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas. De la misma manera, cada día, en el país se realizan más de 1640 denuncias de delitos de violencia sexual, esta cifra representa solamente el 10 % de lo que en realidad sucede. GIRE, a través de solicitudes de acceso a la información que van de enero de 2009 al 30 de junio de 2016, encontró que las respuestas de las procuradurías locales como la federal sólo señalaron que recibieron 70,630 denuncias por violación sexual, esta cifra contrasta ya que en el mismo periodo el número de procedimientos de ILE por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado fue sólo de 61.

ARGUMENTOS

La interrupción del embarazo es un asunto de salud pública. Así se ha establecido en diversos instrumento internacionales y ha sido un consenso de organismos internacionales darle un enfoque en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), el cual presentó su evaluación del derecho a la salud en su Observación General número 14, donde explica que este derecho entraña tanto libertades como “el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica”, así como derechos tales como “el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.” (Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Observación general número 14,”)

Por su parte, la Recomendación General número 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que hace referencia al tema de la mujer y la salud, señala la obligación de los Estados de respetar el acceso de la mujer a los servicios médicos y de abstenerse de “poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud.” El Comité de la CEDAW explica que el acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza con obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. Asimismo, señala que “En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.” En varias observaciones finales, el Comité de la CEDAW ha manifestado su preocupación por el limitado acceso de las mujeres a los servicios e información en materia de salud reproductiva, criticando los factores que entorpecen la asistencia médica a las mujeres, tales como la influencia religiosa, la privatización de la salud, y las restricciones presupuestarias. (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No. 24, La mujer y la salud, artículo 12)

En sus observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño ha solicitado a los gobiernos que revisen las leyes que prohíben el aborto en aquellos casos en que los abortos inseguros contribuyen a generar altas tasas de mortalidad materna, solicitando, en algunos casos, que se realicen estudios para analizar el impacto negativo que presentan los abortos ilegales. En otros casos, simplemente ha expresado su preocupación por las altas tasas de mortalidad materna resultantes de los abortos en adolescentes, sin recomendar un remedio específico. El Comité ha pedido a los gobiernos que amplíen el acceso a los servicios y a la educación en materia de salud reproductiva, especialmente para los adolescentes, y al menos en un caso ha recomendado a un gobierno velar por que los abortos se practiquen prestando la debida atención a las normas mínimas de seguridad sanitaria. (Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chad,” U.N. Doc. CRC/C/15/Add.107, 24 de agosto de 1999, párrafo 30)

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado a lo largo de su jurisprudencia que es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional que todo Estado es responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. De tal forma, la observancia de los estándares interamericanos vincula a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos los niveles de gobierno, sin importar si tienen un régimen federal.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, celebrada en Nueva York, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-20306. La Estrategia es una hoja de ruta para la agenda posterior a 2015, tal como se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tiene como meta acabar con todas las muertes evitables de mujeres, niños y adolescentes, además de crear un entorno en el que estos grupos de población no solo sobrevivan, sino que además se desarrollen y vean transformarse sus entornos, su salud y su bienestar.

Por ello, se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de establecer que la ley garantizará el derecho que se reconoce de decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de los hijos, estableciendo la obligación de las autoridades para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite.

La propuesta que se somete a consideración es la siguiente:

Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta de modificación

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 

 

 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

La ley garantizará este derecho, estableciendo la obligación de las autoridades para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada asi lo solicite.


Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Lo anterior, pues resulta necesario que se dé énfasis en el respeto por la persona implicando que as autoridades, incluidos los prestadores de servicios de salud, reconozcan que cada mujer que llega a los servicios de aborto es única y sus necesidades están determinadas por sus circunstancias particulares, tales como edad, estado civil, origen étnico, situación socioeconómica y contexto cultural, tomando en cuenta que mucha mujeres afrontan un aborto provocado por violencia física o psicológica, un embarazo forzado por violencia sexual, que pone en riesgo su salud y vida, consecuentemente es indispensable tener una actitud sensible y mostrar empatía por ellas.

En ese sentido, la propuesta que sometemos a consideración, parte de una visión integral y es impulsada por dos factores fundamentales:

• El primero es fomentar la autonomía de las mujeres para tomar sus propias decisiones, bajo el principio de lograr que las mujeres cuenten con el derecho y la oportunidad de tomar sus propias decisiones en todo lo relacionado con su cuerpo y su salud.

• El segundo factor es ofrecer los servicios a todas las mujeres que los necesiten, sin importar su situación socioeconómica, origen étnico, edad o estado civil, se garantiza el acceso.

Se trata de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficientes, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida; además de tener acceso a los programas de prevención para su salud, a una educación sexual y planificación familiar adecuadas, en el ejercicio de sus derechos de salud sexual y reproductiva.

FUNDAMENTO LEGAL

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único. Se reforma el artículo 4o párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La ley garantizará este derecho, estableciendo la obligación de las autoridades para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos Locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente Decreto, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KARLA KARINA OSUNA CARRANCO

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Maricela Contreras. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, Diputada Presidenta.

Bendito Canal del Congreso, para que alguien nos escuche y no sea sólo a través de sus teléfonos celulares, porque parece que venimos aquí, a pesar de que peleamos pertenecer a la Comisión Permanente, para que caigamos en oídos sordos.

Escuché con atención los discursos de mis compañeras la Diputada Martha Hilda, la Senadora Mariana Gómez y la Diputada Maricela Contreras, porque cada una de las iniciativas tiene una importancia trascendente.

La que hoy presento a nombre del Partido Verde Ecologista de México, tiene que ver con la que la sociedad nos exige, que es transparencia, eficiencia y rendirle cuentas, es cumplir con nuestro trabajo.

Sabemos todos que en muchas de las compras de los gobiernos hay prácticas obscuras, comisiones, corrupción; en el sector salud se han dado mucho más que en otros lugares, y es por eso que el gobierno federal, porque no todo es malo, lo ha hecho entre el 2012 y 2014 a través de compras consolidadas.

Estas compras consolidadas también se han hecho con los estados a través de acuerdos, pero esos acuerdos no siempre son respetados, porque sólo 25 estados se han ceñido a firmarlos para hacer una compra que puede ser más eficiente, que permita tener mayores recursos y que haya menos corrupción.

¿Qué debemos hacer? Y es lo que proponemos en el Verde.

Reformar la ley para que sea obligatorio para todos los estados, junto con el gobierno federal, compras consolidadas en el sector salud, eso va a permitir ahorros importantes, eliminar corrupción y, sobre todo, porque hay reclamos en muchos estados, más dinero para salud, para regularizar la nómina, para atender las carencias de hospitales y para muchas otras necesidades que tiene nuestro sistema, debemos así reconocerlo.

¿Qué les pido, compañeros?

Que si no la escuchan, cuando menos la estudien y nos apoyen para llevarla adelante.

Antes del celular, debe haber sido difícil ganar la atención, después del celular es bien difícil.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

Quienes suscriben, Dip. JESÚS SESMA SUÁREZ, Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las transformaciones que ha generado un cambio radical en la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la Administración Pública, tanto en la teoría como en la práctica.

Lo anterior se deriva de la evolución de los sistemas democráticos occidentales cuyas obligaciones con la ciudadanía encuentran una salida en la relación entre administración de recursos y el ejercicio de la política, señalándose ambos elementos como necesarios para el surgimiento de planes y acciones gubernamentales.

El poder político influye de manera directa en las decisiones de gobierno, pero no de manera preponderante, dado que se deben considerar factores administrativos (sobre todo en cuanto a los recursos disponibles y la necesidad constante de fortalecer las arcas públicas a través de la tributación obligatoria) y los mecanismos para acceder a ellos (leyes y reglamentos aplicables al acceso y uso de los recursos públicos).

Al pensar en esta relación entre política y administración pública, se puede reconocer un sistema complejo de actores que interactúan entre sí y en donde se involucran normas y valores que no necesariamente se encuentran en armonía, puesto que el ámbito social implica una ambigüedad de origen en dicha relación derivada de las constantes modificaciones del espacio público, el crecimiento en las demandas de la sociedad y la limitación de los recursos públicos.

En un intento por resolver el desequilibrio existente entre recursos y necesidades, se originó el concepto conocido como nueva administración pública, la cual surge en los países que adoptaron la democracia occidental cuyos gobiernos cuentan con la característica de operar bajo un sistema político-administrativo cuyo diseño requiere del surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública. Dichas instituciones se comportan de acuerdo a diversos intereses y normas, o en una revisión más extensa, se rigen por una serie de códigos de conducta profesional, procesos adecuados y un gobierno basado en reglas, responsabilidad democrática, ética del servicio público y participación de los grupos afectados1.

Esta nueva concepción de lo que debe ser la administración pública implica la apertura del complicado entramado que se genera en el proceso de toma de decisiones, puesto que en la práctica hasta hace poco tiempo en México se consideraba un ámbito exclusivo de la clase gobernante, excluyendo a las voces de la sociedad civil.

Nuestro país  cuenta con un sistema institucional federal integrado por 18 secretarías encabezadas por titular del Poder Ejecutivo, cada una con atribuciones específicas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, siendo una de ellas la Secretaría de Salud (SSA), la cual tiene como misión establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad2.

Como se observa, la SSA refiere como parte de su labor la participación de la sociedad, de manera que la gestión de recursos no quede supeditada al ámbito administrativo de la propia secretaría, sino que permita la observación del manejo de dichos recursos por parte de la ciudadanía.

Es conocido que uno de los grandes problemas del sector salud es la corrupción en la adjudicación de contratos para surtir de medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticas indebidas tales como licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300%, compras menores a las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios, afectando el financiamiento de dicho sector, pues tan sólo para el programa de Seguro Popular la Auditoria Superior de la Federación  ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos en el orden de los 70 millones a los mil millones de pesos, encontrándose quebrantos en cinco estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 20143.

La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance de poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción, pues los niveles de percepción de éste fenómeno son motivo de alarma. En 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países de acuerdo con Transparencia Internacional4. Otro organismo internacional, el Banco Mundial, ha calificado a nuestro país con 26 puntos de 100 en cuanto a indicadores de control de la corrupción, es decir, como uno de los países más corruptos.

En materia económica, países competidores como Brasil, China e India (que conforman parte del bloque de los BRICS), han mejorado los niveles de percepción de la corrupción en 11, 16 y 11 puntos respectivamente, mientras que México se ha estancado al aumentar sólo cuatro puntos en los últimos 21 años5, y el 82% de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones6.

Ante este panorama, es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficiencia y la eficacia en el actuar de los funcionarios públicos. Una de las medidas que se tomaron en este sentido dentro del campo de la salud pública fueron las modificaciones que originaron la integración del concepto de compras consolidadas como parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras instituciones de salud7(Aguirre, 2014), de manera que se establecieran mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.

Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo sexenal 2012-2018 no se desestimó el alcance de la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) se impulsan medidas que promuevan la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central, con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.

Lo anterior es consecuencia de la evolución democrática en nuestro país (y que es una tendencia a nivel mundial), tocando el accionar del gobierno federal, obligando a los tomadores de decisiones a avanzar en la integración de gobierno y ciudadanía en lo que respecta al proceso de políticas públicas, lo cual implica generar las condiciones necesarias para incentivar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en dicho proceso. Lo anterior se deriva del compromiso que el gobierno federal ha impulsado desde el comienzo del presente sexenio, dado el crecimiento constante de la sociedad por participar en la toma de decisiones gubernamentales, lo cual se considera como uno de los factores críticos para el bienestar del régimen democrático, cuantimás cuando surgen eventos coyunturales tanto a nivel mundial como en el ámbito local.

No es un contexto sencillo, toda vez que una de las demandas más sentidas de la sociedad en general es el uso correcto de los recursos públicos, dado el pacto existente entre gobierno y ciudadanos, en donde se establece entre las obligaciones de ambos el correcto ejercicio de los medios financieros por el primero, y el sostenimiento del Estado y su sistema institucional de los segundos a través del pago de impuestos.

La transparencia en la toma de decisiones se concentra en el Estado de Derecho, que en términos laxos se refiere a la estricta observancia de la ley sin distinción de cargos, posición social ni económica, y que aplica tanto para gobernadores como para gobernados, siendo de especial atención el ejercicio de los recursos, toda vez que la capacidad de acción del Estado se materializa en las obras públicas y los servicios auspiciados por el mismo gobierno.

Como se mencionó, uno de los esfuerzos realizados por el gobierno federal ha sido el impulso al esquema de contrataciones consolidadas8, el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario público.

Los beneficios de esta estrategia son evidentes: para 2016 se estimó un monto de  48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose 9% la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas vía este esquema debido al ahorro que significa y el avance en el combate al rezago del abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud9.

Instancias como el IMSS han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos, siendo ejemplo dicho instituto al encabezar las negociaciones para compra consolidada en 2016 por más de 48 mil millones de pesos, considerando el impacto positivo de esta estrategia en la economía, dada la garantía de mejora en las condiciones de calidad y precio de los medicamentos y material de curación, lo cual es un beneficio para la atención de salud de los mexicanos.

Dado el ahorro de que se generó entre 2014 y 2015, en este año participaron 21 entidades federativas, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (Hospitales Federales y Servicios de Atención Psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los Servicios de Salud de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en compras consolidadas de medicamentos.

Sin embargo, instituciones de salud dependientes de los gobiernos estatales no han considerado integrarse a este modelo, a pesar de la evidencia que arroja números positivos cuando se aplican las licitaciones bajo las directrices de las compras consolidadas.

Entre 2014 y 2017, sólo instituciones federales han tenido una participación constante10 en este modelo:

Comparativo 2014-2017

PARTICIPANTE

Participación

2014

2015

2016

2017

IMSS

X

X

X

X

ISSSTE

X

X

X

X

PEMEX

X

X

X

X

SEMAR

X

X

X

X

SEDENA

X

X

X

X

En comparación, en el periodo señalado sólo han participado 25 entidades, pero de manera aleatoria, mientras que 7 no han considerado las compras consolidadas en las licitaciones del sector salud en ninguno de los cuatro años referidos, siendo estos estados Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, quedando las participaciones como se expone en el siguiente cuadro comparativo11:

Comparativo 2014-2017

PARTICIPANTE

Participación

2014

2015

2016

2017

Edo. de México

 

X

X

X

Guerrero

 

X

X

X

Baja California

X

X

X

X

Chiapas

 

 

 

X

Tlaxcala

X

X

X

X

Ciudad de México

 

X

X

X

Chihuahua

 

X

X

X

Sinaloa

 

X

 

X

Colima

X

X

X

X

Durango

 

X

X

X

Sonora

 

X

X

X

Nayarit

 

X

X

X

San Luis Potosí

 

 

 

X

Michoacán

 

 

 

X

Baja California Sur

 

X

X

X

Morelos

 

X

X

X

Puebla

 

 

X

X

Quintana Roo

 

 

X

X

Veracruz

X

X

 

 

Aguascalientes

 

X

X

 

Zacatecas

 

 

X

 

Tabasco

 

 

X

 

Oaxaca

 

 

X

 

Hidalgo

 

 

 

 

Campeche

X

X

 

 

Total

5

16

18

18

Para lograr alcanzar la eficiencia en el gasto público se debe contar con la participación de las entidades federativas, de manera que el esfuerzo para combatir las malas prácticas en el ejercicio del presupuesto sea integral y no únicamente responsabilidad del gobierno federal.

Cabe señalar que las instituciones de salud pública locales forman parte del Sistema Nacional de Salud, por lo cual deben responder a los reclamos sociales derivados de la necesidad de ahorrar y ejercer debidamente los recursos destinados a este sector.

Si bien el IMSS actúa como la institución que aplica recurrentemente este modelo, aprovechando los beneficios correspondientes, otro ejemplo del interés que se genera por incluir el esquema  de compras consolidadas como una medida para el ahorro y la eficiencia en el gasto público, es la compra consolidada de medicamentos por parte del ISSSTE que para el año 2017 se estima en un monto de 10 mil millones de pesos destinado a la adquisición de aproximadamente 25 mil claves de fármacos y otros insumos para la salud, siendo el cuarto año consecutivo en el cual participa dicha dependencia, y que ocuparía el segundo lugar como comprador de importancia bajo este esquema, sólo por debajo del IMSS12.

Los esfuerzos anteriores coinciden con lo estipulado en el PND en cuanto a los objetivos 2.3 Asegurar los servicios de salud y 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social, considerando los beneficios que, en cuanto a ahorro y calidad de los medicamentos adquiridos por medio de la contratación consolidada, al mismo tiempo que ello significa un mejor manejo de los recursos públicos y simplifica el acceso a la información pública al reducir en un solo procedimiento la compra de productos médicos.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas, siendo uno de ellos la opacidad de quienes las adquieren y los tratos con los distribuidores.

Ante este panorama y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de cuentahabientes en el esquema de compra consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la obligación de adquirir insumos y servicios por dicho medio, a fin de combatir la corrupción y desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Único.- Se modifican el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar de la siguiente manera:
[…]

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

En el caso de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, así como para las instituciones de salud de las entidades federativas, la contratación consolidada será obligatoria.

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.

[…]

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 9 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Sasil Dora Luz de León Villard.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lía Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Christensen, T. y. (2001). La nueva administración pública: el equilibrio ente la gobernanza política y la autonomía administrativa. Gestión y Política Pública, 55-100. Disponible
en:http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.X_No.I_1ersem/CT_Vol.X_No.I_1sem.pdf

2 SSA. (2016). ¿Qué hacemos? Disponible en: http://www.gob.mx/salud/que-hacemos

3 Robles de la Rosa, L. (23 de Mayor de 2014). Se fugan 1.7 mil millones de pesos para medicamentos. Excelsior. Obtenido de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/26/961416

4 Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index. Disponible en:
http://www.transparency.org/research/cpi/overview

5 Casar, M. A. (Octubre de 2016). México: Anatomía de la Corrupción. México, pp. 16. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2016/10/M%C3%A9xico-Anatom%C3%ADa_de_la-Corrupci%C3%B3n_2da._edici%C3%B3n_Final.pdf

6 Ponce, K. (18 de Mayo de 2016). Dinero en Imagen. Disponible en: http://www.dineroenimagen.com/2016-05-18/73089

7 Aguirre, A. (11 de Noviembre de 2014). Compras consolidadas. El Economista. Disponible en:
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/11/11/compras-consolidadas

8 De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, este concepto de se concibe como una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se integran en un solo procedimiento de contratación, con la finalidad de presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio(ASF, 2016).

9 SSA. (12 de Septiembre de 2015). Secretaría de Salud, Prensa. Disponible en:
http://www.gob.mx/salud/prensa/en-2016-la-compra-consolidada-de-medicamentos-sera-de-48-mil-millones-de-pesos

10 Elaborado con información del IMSS. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/compraconsolidada2016

11 Elaborado con información del IMSS. Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/compraconsolidada/2016/participantes4.png

12 Notimex. (17 de Septiembre de 2016). 20 minutos. Disponible en:
http://www.20minutos.com.mx/noticia/136638/0/issste-preve-mas-de-10-mil-mdp-para-compras-consolidadas-en-2017/

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputado Emilio Salazar. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre de los Diputados Alfredo Basurto, Roberto Cañedo y Mario Juárez, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de eliminación de carta de antecedentes penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre de los Diputados Alfredo Basurto Román, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, Diputada Presidenta.

Vengo a presentar a nombre de los Diputados Alfredo Basurto Román, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Cañedo Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa para terminar con la práctica discriminatoria en la que incurren los empleadores al establecer como requisito el que los solicitantes de empleo presenten su constancia de antecedentes no penales.

La discriminación es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la humanidad desde hace largo tiempo.

Si bien en otras épocas era algo común y hasta incluso tomado de forma natural, la mentalidad humana ha evolucionado lo suficiente como para comenzar a creer en la tolerancia.

En México existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de antecedentes no penales. En caso de que la persona que busque empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que se les niegue el empleo.

Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1o. de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Las personas que han vivido la condición de sentenciados, condenados a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal.

En estos casos, los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado, y quienes se encuentran en este supuesto llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que hace que una persona tenga un estigma, disminuyéndole sus derechos y afectando su dignidad.

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a sus representantes:

“Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio”.

Sin embargo, la solicitud de antecedentes penales es una práctica sistemática. La expedición administrativa de este documento por parte de la autoridad ha perpetuado y fomentado esta práctica.

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, conlleva una ampliación de los derechos fundamentales mediante la inclusión de principios fundamentales como la no discriminación, así como la obligación expresa de las autoridades para observar los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y obliga a la progresividad de los derechos humanos a través de la inclusión del principio pro persona.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un pronunciamiento oficial el 26 de agosto del año pasado sobre este tema, y en sus puntos relevantes señaló que debe privilegiarse el derecho de la reinserción social efectiva, que deben cancelarse de oficio los antecedentes penales, que debe reformarse el artículo 27, fracción V, inciso G de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la cancelación de los antecedentes penales.

Es por ello que de manera adicional a la iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la cancelación de los antecedentes penales, que se lleve a cabo en todo.

Morena está a favor de los derechos humanos en todos los casos y en contra de cualquier tipo de discriminación.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa

ALFREDO BASURTO ROMÁN, ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMÉNEZ Y MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ en nuestro carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6 párrafo 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma constitucional del 10 de junio 2011 en materia de derechos humanos, que hizo evidente el reconocimiento por parte del estado Mexicano de la progresividad de los derechos humanos, a través de la inclusión del principio pro persona como un eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, ha tenido como consecuencia la necesaria adaptación de una gran cantidad de leyes secundarias en toda las materias para hacer realidad las disposiciones contenidas en el Código Político fundamental.

La ampliación de los derechos fundamentales mediante la inclusión de principios fundamentales, como la no discriminación, así como la obligación expresa de las autoridades para observar los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, apuntan hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos, y tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, a pesar de estos enormes avances, existen lagunas legales sobre amplios aspectos de las relaciones en sociedad que dan pie a violaciones sistemáticas1 a derechos humanos de las personas, e incluso han permitido que su práctica se oficialice, específicamente en lo relacionado a la discriminación laboral por tener antecedentes penales.

En México, existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. En caso de que la persona que busca empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que les niegue el empleo.

Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en artículo primero de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia, porque castiga hechos pasados y futuros no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales cotidianas entre las personas y con las autoridades, incluso en ocasiones de manera inconsciente2.

Las personas que han vivido la condición de sentenciados condenados a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal. Cuando intenta transitar hacia la recuperación del goce pleno de sus derechos, buscan que la sociedad les acepte y puedan acceder a otra oportunidad. No obstante, este es un proceso que en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, de iure y facto, por tener antecedentes penales, lo que implica que se les señale por esta condición.

En estos caos los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado y quienes se encuentran en este supuesto, llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que hace que una persona que “podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente (...) nos lleva a alejarnos de él (...) Creemos, por definición, (…) que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana".3

Esta espiral de discriminación, va reduciendo, poco a poco, las posibilidades de una persona para hacer una vida en sociedad. Así "El individuo estigmatizado puede descubrir que se siente inseguro acerca del modo en que vamos a identificarlo y a recibirlo (...) Para la persona estigmatizada, la inseguridad relativa al status, sumada a la inseguridad laboral, prevalece sobre una gran variedad de interacciones sociales".4

Los antecedentes penales, forman parte del pasado de la persona y se encuentran dentro de su vida privada. El que se garantice ese derecho a la vida privada, que no se conozcan sus antecedentes penales ante el evidente riesgo a ser discriminado, representa el derecho a la reinserción social efectiva.

Esta situación con frecuencia afecta y se extiende hacia su familia. Como ejemplo baste señalar las entrevistas para exámenes de control de confianza, donde las solicitudes de información sobre los antecedentes penales no solo son personales sino también de familiares. Así las penas trascendentes, entendidas como aquellas que trascienden a la familia, y que por mandato constitucional están prohibidas, se aplican en parte, debido a que los efectos de una pena afectan de modo directo a terceros extraños no incriminados como puede ser a los parientes del sentenciado5, únicamente por el hecho de tener una relación familiar.

En materia laboral esta pérdida o disminución del ejercicio pleno derechos6de una persona que ya fue sentenciada y que ya cumplió con su pena; es altamente reprochable, más aún cuando esta limitante trasciende a sus familiares como una continuidad del castigo a éste.

A pesar de que existe prohibición constitucional en la aplicación de penas trascendentes por parte de los órganos jurisdiccionales, es claro que esta forma de discriminación administrativa dista mucho de haber sido erradicada y se ha extendido aduciendo cuestiones de seguridad.

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a sus representantes:

"Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;(…)”

Sin embargo la solicitud de antecedentes penales es una práctica sistemática. La expedición administrativa de este documento por parte de la autoridad ha perpetuado y fomentado esta práctica.

Así, el conocimiento de los antecedentes penales que deberían ser solo de      conocimiento personal y familiar, para salvaguardar del derecho a la vida privada, y de consulta de las autoridades para fines de identificación, se convirtió en los hechos en un trámite obligatorio para ser exhibido frente a terceros; acción que discrimina a las personas y degrada su dignidad, dando por resultado un acto lesivo para los derechos humanos.

La autoridad administrativa debe renunciar de oficio a proporcionar estos datos y solo las procuradurías o fiscalías, las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales deben tener acceso a los datos de identificación de quienes por alguna u otra razón cuenten con antecedentes penales.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala las obligaciones del estado y de todas las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. En este sentido, es el Estado quien debe asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; Esta norma es obligatoria y de carácter general por lo que debe ser aplicable  para todas las personas que se encuentren o sean parte de los Estados Unidos Mexicanos, sin excepción de aquéllas que han sido sentenciadas a cualquier pena condenatoria sin ser privativa de libertad, están en prisión o bien que han recuperado su libertad.

El Estado debe garantizar el derecho a un proyecto de vida digna, promoviendo la efectiva reinserción social, evitando el fenómeno de la “puerta giratoria”; es decir, la reincidencia, que es la antítesis de la reinserción social efectiva.

El reconocimiento del proyecto de vida al cual todas las personas tienen derecho, va relacionado con la reinserción social efectiva de las personas que salen de prisión a fin de que se les permita tener otra oportunidad. Así lo ha señalado la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su jurisprudencia:

“ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. El hecho de haber cometido un delito intencional, puede llegar a constituir un factor que demuestre la falta de probidad o de honestidad en la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero no resulta determinante, por sí solo, para tener por acreditada la carencia de esas cualidades. El que una persona goce de las calidades de probidad y honestidad se presume, por lo que cuando se afirma que se carecen, se debe acreditar que dicha persona llevó a cabo actos u omisiones concretos, no acordes con los fines y principios perseguidos con los mencionados valores.” (…) “cuando las penas impuestas ya se han compurgado o extinguido y ha transcurrido un tiempo considerable a la fecha de la condena, se reduce en gran medida el indicio que tiende a desvirtuar la presunción apuntada, porque la falta cometida por un individuo en algún tiempo de su vida, no lo define ni lo marca para siempre, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida.” (…) “si una persona comete un ilícito, no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social”.

Sala Superior, 3ª Época. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 32-33, tesis S3EL 015/2001. Registro 920824.

Para abundar en esta idea es necesario recurrir a la tesis establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

165823. 1a. CCXIV/2009.Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, Pág. 277.

Así mismo, la jurisprudencia internacional a que está obligado el estado mexicano y todas sus autoridades, ha establecido criterios jurídicos definidos sobre lo que debe entenderse como proyecto de vida:  La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, el daño al proyecto de vida atiende a “la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable, de aquellas expectativas razonables y accesibles, de acuerdo al caso concreto”7.

Éste abarca aspectos inherentes a daño emergente”, entendido como “la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente que le discriminan ante el acceso a un trabajo remunerado y a otros derechos, así como al “lucro cesante” como la pérdida de ingresos económicos futuros, posibles de cuantificar a partir de ciertos indicadores”8. Luego entonces, el proyecto de vida, implica “la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Éste se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que la persona puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone”9.

De acuerdo con la referida sentencia de la CrIDH, estas afectaciones “cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito”10.

En este orden de ideas, la revelación de aspectos privados e íntimos como lo son los antecedentes penales, supone una vulneración a los derechos de la personalidad11. El acceso que tengan terceros de los antecedentes penales de una persona o de los familiares de ésta, no deben afectar el ejercicio de los derechos de las personas y si por esto se perturban, deben ser reparados ya que difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece del ejercicio pleno de sus derechos.

La legislación mexicana señala en el artículo 1916 del Código Civil Federal que por daño moral se entiende “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.”

Así la estigmatización y privación al ejercicio pleno de derechos de un apersona, derivada del acceso que terceros tengan de sus antecedentes penales o incluso, por ser familiar del condenado, se enmarcan dentro del supuesto contemplado en el Código Civil Federal:

“Artículo 1916…

Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;
II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.”

Igualmente debe considerarse lo previsto en el artículo 6º, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece que la información referida a “la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”, para que en el caso de las personas que han compurgado una sentencia se les aseguren estos derechos, así como el previsto por el artículo 18 Constitucional relativo a la reinserción social, para que toda persona consiga concretar un proyecto de vida, sin una estigmatización derivada de sus antecedentes penales, haya o no sido sentenciada por un delito grave, ya que se debe considerar únicamente que haya cumplido con la pena impuesta y con los requisitos que le permitieron reinsertarse efectivamente en la sociedad.

Por ello, los datos de carácter personal referentes a condenas penales que generan un antecedente, deben ser reconocidos como dato personal sensible, con el objetivo de protegerlos por su carácter, al considerarlos también objeto de un tratamiento automatizado.

Así de una interpretación sistemática de la Constitución a los artículos  1º  párrafo tercero, 6º apartado A fracción II y 18º  se desprende que el Estado mexicano tiene la obligación de prohibir el uso de los datos personales para fines contrarios a los previstos en los tratados de derechos humanos, así como a crear mecanismos de supervisión y sanción efectivos.

Normatividad Internacional

En el plano internacional tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 reconoce en su artículo 7º la igualdad jurídica de las personas sin distinción, así como el derecho a igual protección de la ley y establece que “Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  Por su parte artículo 12 dice que El respeto a la vida privada es un derecho humano que permite un marco de seguridad jurídica contra la intromisión de algún tercero o contra la intromisión ilegal y abusiva del Estado, garantizando por tanto, que los demás no tengan información sobre datos, respecto de una persona que no quiera que sean públicamente conocidos. Y en consonancia con lo anterior El derecho al resguardo de la vida privada familiar se encuentra contenido en el artículo 16.3 de la Declaración Universal, el cual considera que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene la garantía de igualdad jurídica, y señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Por otra parte, en el artículo 11 se considera al respecto:

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad (…)”. Éste se precisa de manera similar al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por su parte el Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación12 de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo señala:  

“Artículo 2

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Artículo 3

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política;

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política;

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de una autoridad nacional;…”

La reinserción social efectiva. 

Por otra parte, tenemos la obligación del Estado a la reinserción social no culmina cuando la persona sale de prisión, ello se encuentra previsto en la Regla 64 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1957, que prevé: “El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad”. Lo cual es retomado en la Regla 90 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 2015 “Reglas Mandela” en el que se mantiene el espíritu de ofrecer ese seguimiento y apoyo al liberado, procurando la disminución de prejuicios sociales que se pudieran generar hacia él.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la obligatoriedad de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como se establece en la jurisprudencia:

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.)

Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2008935 1 de 1

Primera Sala

Publicación: viernes 24 de abril de 2015 09:30 h

Jurisprudencia (Constitucional)

Normatividad nacional

Y que el artículo 1º constitucional señala que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Es clara la obligación del Estado para salvaguardar los derechos humanos de las personas; en ese sentido, la obligación de respetar se considera encaminada a no interferir, obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos.

La fracción III del artículo 1º, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) considera discriminación:

“(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; (…)”.

Por otra parte,  el artículo 4º, párrafo cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé “Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

Así planteado, los antecedentes penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) son un acto generador de discriminación y por ende deben ser considerada su eliminación como parte de las políticas públicas generadoras de igualdad y no discriminación, ya que limitan el libre ejercicio de derechos de las personas que los poseen, así como de sus familiares.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), dice que para efectos jurídicos la discriminación ocurre “cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho”13.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) considera discriminación (LFPED) en su artículo 4º establece que “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades (…)” Por ejemplo el que una persona con antecedentes penales o un familiar de ésta sufra una distinción generadora de exclusión, discriminación o estigma derivada del conocimiento que un tercero tenga sobre éstos; por ello, resulta necesario no sólo proteger el legítimo ejercicio de derechos que cualquier persona tiene para subsistir (trabajo digno, seguridad social, vivienda, etcétera) sino también aquellos sé que relacionan con la protección de datos personales sensibles y derecho a la vida privada, procurando llevar a cabo acciones que hagan posible su resguardo, como se prevé en la parte considerativa del Acuerdo A/023/12 de la Procuraduría General de la República14, que indica: “Que los registros obtenidos como consecuencia de un procedimiento penal, como lo es la ficha decadactilar o la ficha signalética, no deben afectar la esfera social ni laboral de los individuos, ya que trascienden negativamente en el desarrollo socio-económico de los gobernados, restringiéndoles el derecho de reincorporarse a la sociedad; sobre todo, cuando mediante sentencia ejecutoriada, se haya reconocido su inocencia”.

La redacción del artículo 5º constitucional contempla el derecho al trabajo y sus limitaciones, entre las cuales no se incluye una carta de no antecedentes para ejercer tal derecho, al prever en el párrafo primero que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Finalmente a fin de considerar la viabilidad de esta iniciativa cuenta con una opinión favorable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que manifiesta que mediante oficio número STCC/092/2017  que “en atención al pronunciamiento de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, mediante la cual se propuso modificaciones a la ley para eliminar en definitiva la presentación de la carta de antecedentes penales, de la lista de requisitos para obtener empleo, me permito hacer de su conocimiento…

De lo antes expuesto, podemos concluir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos insta por la cancelación de los antecedentes penales, la cual se debe llevar a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito, a efecto de que se garantice la reinserción social efectiva.”

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ÚNICO. Se adiciona una fracción XVI al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 133.-

I…XV.

XVI. Solicitar a los trabajadores constancias de antecedentes penales.

TRANSITORIOS

ÚNICO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Alfredo Basurto Román.- Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.- Dip. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.

1 Discriminación Sistemática. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de derecho en contra ciertos grupos en particular. CNDH, Cartilla “La discriminación y el derecho a la no discriminación” Ed 2012. Pág. 12.

2 Idem. P. 5

3 Goffman, Erving, Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid, 2006, p. 15.

4 Ob. Cit. p. 25.

5 Jurisprudencia: “Penas inusitadas y trascendentales, que se entiende por” Primera Sala. 5ª Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XL, p. 2398 Registro 313147.y Jurisprudencia: “Penas trascendentales. concepto de ellas” Primera Sala. 9ª Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, mayo de 2002. p.17. Registro 921039.

6 La expresión latina "capitisdeminutio", se traduce literalmente: disminución de la capacidad

7 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998. (Reparaciones y Costas), Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 150.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf

8 Ibid, párrafo 147.

9 Ibid, párrafo 148.

10 Ibid, párrafo 149

11 Los Derechos de la personalidad son derechos subjetivos absolutos, privados y extra-patrimoniales que posee toda persona por solo hecho de serla y que garantizan la tutela y protección de los bienes jurídicos inmersos en el ser humano como ser la vida, la integridad física, el nombre, el honor, la reputación, la consideración que de uno tiene los demás, el domicilio, la correspondencia, etc. Ver más en “Los derechos de la Personalidad: Teoría General y su distinción con los Derechos Humanos y Garantías Individuales.  Eduardo de la Parra Trujillo  http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr10.pdf

12 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) Entrada en vigor: 15 junio 1960.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc9oP6tYnPAhUMVT4KHRmEBgoQFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnormlex%2Fes%2Ff%3Fp%3D1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC111&usg=AFQjCNFyvk-BKNHse8lDncxZL1mPhZwiyQ

13 Discriminación e igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

14 Acuerdo A/023/12 de la Procuradora General de la República para regular la expedición de constancias de datos registrales de la Procuraduría General de la República y el procedimiento para realizar la cancelación o devolución de datos registrales, así como proporcionar información, constancias o certificaciones relativas a los mismos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Rocío Nahle. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores, en virtud del gran número de iniciativas inscritas en la agenda del día, daremos paso a una segunda ronda.






En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de tatuajes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, Diputada Presidenta.

En los últimos años la actividad del tatuaje se ha vuelto muy común en las poblaciones del país. Si bien, cada vez se encuentran más establecimientos que cumplen bien con las medidas sanitarias requeridas, también hay que reconocer que aún hay muchos sitios donde no se toman las previsiones sanitarias mínimas, lo que trae consigo riesgos cuyas implicaciones requieren del fortalecimiento de nuestro marco jurídico en aras de prevenir daños a la salud de la población, principalmente infantil y juvenil.

Actualmente la gran influencia que generan la publicidad en nuestra sociedad, fomenta en nuestros niños y jóvenes la necesidad de someterse a un proceso de pigmentación permanente y doloroso que trae consigo un grave riesgo de contraer una serie de infecciones que pueden derivar en complicaciones severas en su salud, como granulomas, queloides, sin mencionar el grave riesgo de enfermedades como el tétanos, la hepatitis B y C, por supuesto, el VIH, entre otras.

El uso de los tatuajes temporales o provisionales se ha intensificado por la incursión de estilos y modas que llegan de otras latitudes, principalmente ahora con el avance de las comunicaciones y de los medios como Internet y televisión, que influyen en las conductas de las nuevas generaciones sin medir sus consecuencias.

La gran influencia que genera la publicidad en la actividad comercial, que tiene el propósito de vendernos un bien, producto o servicio ya sea en artículos de consumo masivo, así como en alimentos y bebidas al incorporarles una serie de promocionales tales como calcomanías adheribles que sirven para que las niñas y niños se las adhieran al cuerpo simulando tatuajes; la publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión modeladora de actitudes y comportamientos en el mundo actual.

En el afán mercantil desmedido de empresas que con su publicidad y mercadotecnia envuelven y atraen a los incautos consumidores en infinidad de productos conocidos como chatarra, que se expenden profusamente no solo en centros educativos, sino en cualquier expendio de alimentos, la niñez y la juventud resultan ser presa fácil del consumo de estos productos.

Del análisis de esta situación, resulta que la Ley General de Salud no precisa las medidas para el control de los productos de consumo humano, ya que al autorizar el envase o empaquetado de productos alimenticios y su contenido no prohíbe que se incluya, agregue o adhiera otro elemento que contenga, por ejemplo, las calcomanías y tatuajes en forma promocional.

Compañeras y compañeros legisladores, el fomento e incitación de estas prácticas a temprana edad constituye un factor de riesgo, toda vez que los menores no poseen la madurez suficiente para asumir con plena conciencia y responsabilidad las consecuencias de sus actos en detrimento de su salud y limitar las posibilidades futuras en otros ámbitos.

Por tanto, esta iniciativa pretende establecer que en caso de que alguna empresa o particular introduzca, adhiera o adjunte tatuajes temporales a los productos de consumo humano, así como a quienes se encarguen de su distribución y venta, sean acreedores a sanciones económicas y administrativas de la autoridad reguladora.

El objetivo es reforzar los controles sanitarios en materia de publicidad y prevenir que nuestras niñas, niños y jóvenes incurran en este tipo de prácticas que representan un riesgo a la salud.

Más aún a consecuencia de las prácticas indiscriminadas por parte de las empresas y de la mercadotecnia que emplean para la venta de sus productos.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tatuaje, el acto de grabar dibujos en la piel introduciendo materias colorantes bajo la epidermis, es una técnica antigua como polémica en el hombre.

Los tatuajes son realizados mediante la rotura de la epidermis con un objeto punzante, o sea, una aguja, la cual en su punta lleva tinta insoluble. Al ir rompiendo la piel, específicamente la epidermis, que es la primera capa de piel del cuerpo humano, estos tatuajes quedarán de manera indisoluble en el cuerpo del tatuado. Los tatuajes son dibujos permanentes. No existen métodos mágicos para eliminarlos.

La ejecución de esta técnica sin unas medidas higiénicas rigurosas la convierte en una práctica de riesgo para el contagio de estas enfermedades. La técnica del tatuaje data de 1880, cuando Samuel OïRailly, originario de Nueva York, diseñó la primera máquina eléctrica para practicarlos.

Gustar y padecer exhibir los tatuajes, que hoy muchos de los niños y jóvenes portan, resulta inconcebible.

El 26 de noviembre del 2002, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de ley para regular la elaboración de tatuajes permanentes, micropigmentación y perforaciones.

El 24 de abril del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 419 y adición de los artículos 268 Bis y 268 Bis 1 de la Ley General de Salud.

No obstante, lo anterior, la gran influencia que genera la publicidad en la actividad comercial que tiene el propósito de vendernos un bien, producto o servicio, ya sea en artículos de consumo masivo, así como en alimentos y bebidas, al incorporarles una serie de promociónales, tales como calcomanías adheribles, que sirven para que las niñas y niños se las adhieran a sus cuerpos simulando tatuajes.

La publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de actitudes y comportamientos en el mundo actual. Del análisis actualizado de esta situación, resulta que en la Ley General de Salud no precisa las medidas para el control de los productos de consumo humano, ya que al autorizar el envase o empaquetado de productos alimenticios y su contenido, no prohíbe que se incluya, agregue o adhiera otro elemento que contenga, por ejemplo, las calcomanías o tatuajes en forma promocional.

Se advierte que es un tema complejo, porque además de las consecuencias sociales, familiares, educativas, culturales y psicológicas que conlleva a quienes las portan, implica, a futuro, efectos jurídicos y de tipo laboral.

El uso de los tatuajes temporales o provisionales se ha intensificado por la incursión de estilos y modas que llegan de otras latitudes, principalmente ahora, con el avance de las comunicaciones y de medios como Internet y televisión, que influyen en las conductas de las nuevas generaciones, sin medir sus consecuencias.

Lo cierto es que en los últimos años el entorno familiar, educativo, social y cultural en que se desarrollan los niños y adolescentes ha cambiado, por lo que debemos pugnar porque los valores de la persona humana, su libertad, el respeto y su dignidad prevalezcan.

El afán mercantil desmedido de empresas que con su publicidad y mercadotecnia envuelven y atraen a los incautos consumidores, en infinidad de productos conocidos como "chatarra", que se expenden profusamente, no sólo en centros educativos sino en cualquier expendio de alimentos; la niñez y la juventud resultan presa fácil de las garras del consumo de los productos, incitándolos a colocarse, aunque parezca en forma provisional, signos o imágenes en las diferentes partes del cuerpo, distorsionando su conducta respecto al cuidado, respeto y aprecio por su aspecto físico.

Estas prácticas a temprana edad constituirán un referente que motivará el uso de tatuajes definitivos, que marcarán, permanentemente, sus cuerpos en forma general y reiterada.

Es preocupante el deterioro que registran los valores de la sociedad contemporánea, que fundamentalmente repercuten en la infancia y en la juventud del país.

Por tanto, esta iniciativa pretende dar el siguiente paso, establecer que, en caso de que alguna empresa o particular introduzca, adhiera o adjunte tatuajes a los productos de consumo humano, así como a quienes se encarguen de su distribución y venta, serán acreedoras a las sanciones económicas y administrativas que la autoridad reguladora le imponga.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 3 de la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXV del artículo 3 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

I. a XXIV. …

XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley, así como aplicar las sanciones administrativas y económicas a quienes introduzcan, adhieran o adjunten tatuajes promociónales a los productos de consumo humano.

XXVI a XVIII. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Claudia Sánchez. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 constitucional, en materia de desplazamiento forzado interno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIENDO EL SUBSECUENTE Y UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Diputada Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

La migración es un asunto multifactorial que afecta a millones de personas en todo el orbe, y que en los últimos años se ha convertido en un tema central en el debate político en todo el mundo, principalmente, debido a que la misma se ha convertido en el único medio que muchas personas tienen para poder mantenerse con vida.

En este sentido, lamentablemente millones de personas en el mundo se han visto obligadas a migrar de sus lugares de residencia debido a crisis económicas, falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo, guerras civiles, desastres naturales, represión y persecución por parte de algún Estado, entre otras muchas razones, lo que las deja indefensas ante toda clase de peligros, principalmente para las niñas, niños, adolescentes y las mujeres.

Ejemplos claros de este fenómeno los hemos visto en diferentes regiones del mundo, donde por la magnitud del problema destaca la crisis de refugiados sirios que huyen de la guerra civil en su país y que encuentran la muerte en el Mediterráneo a manos de traficantes o se ven encapsulados en algunas partes de Europa, principalmente en aquellos países que han cerrado sus fronteras como Macedonia, Bulgaria, Rumania o Hungría.

Lo anterior no es ajeno a nuestro país, puesto que acá se vive una situación similar. México al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se ha visto inmerso desde décadas atrás, en una crisis migratoria, no solamente por la falta de políticas adecuadas que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos, y eviten su migración, sino que por nuestra posición geográfica representamos un puente que une a Centroamérica y a los Estados Unidos, lo cual ha originado un aumento exponencial en el flujo de migrantes de dicha región hacia nuestro país, con miras a llegar a la Unión Americana.

De esta manera, millones de hermanos centroamericanos y latinoamericanos que se atreven a cruzar nuestro país, viven un verdadero calvario en su intento por alcanzar en ya muy efímero “sueño americano”, no solamente debido a la política migratoria que impuso Barack Obama, y que ha agravado Donald Trump, sino que en nuestro país sufren constantes vejaciones por parte del crimen organizado y principalmente, vaya paradoja, por los asuntos del Instituto Nacional de Migración quienes hay que decirlo, han sido señalados de violar reiteradamente los derechos más fundamentales de estas personas.

De acuerdo a Christopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por sus siglas, cada año se estima que más de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, cruzan el territorio nacional hacia los Estados Unidos.

En este sentido, analistas y expertos han señalado que estos flujos de migrantes podrán quedarse varados en nuestro país, debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, aumentando los desafíos para nuestro país.

Lo anterior se ha visto patente en algunos municipios del país, en Tijuana y Mexicali desde septiembre del año pasado miles de haitianos se quedaron varados debido a la restricción impuesta por Barack Obama, lo cual se ha agudizado con Donald Trump, de acuerdo con Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, hay cerca de 3 mil 700 migrantes en municipios donde el 80 por ciento se concentra en Tijuana, asimismo, más de mil cubanos varados en nuestro país, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al eliminarse la política conocida como “pies secos, pies mojados”.

Ante este desolador panorama, es necesario que se legisle a favor del reconocimiento del derecho de las personas migrantes, independientemente de su status migratorio, en plena consonancia con lo estipulado en el artículo 1o. constitucional.

En ese sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa es el de especificar en nuestra Carta Magna la obligación de los tres niveles de gobierno, de implementar medidas y programas para la acogida de migrantes, entendida ésta como el acto por el cual un Estado recibe en su territorio a personas migrantes, les ofrece la protección y el amparo del Estado mismo, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos.

El otro objetivo que planteamos, es el de elevar a rango constitucional el reconocimiento y la visibilización del lamentable fenómeno de desplazamiento forzado interno. Este fenómeno afecta a mexicanas y mexicanos que debido principalmente a la violencia y la inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional, se han visto obligados a abandonar sus hogares, y lo han hecho hacia el interior de la República.

De acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 2016, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, principalmente en Tamaulipas, entidad que acaparó el mayor porcentaje, al contar con 20 mil casos, seguida de Guerrero y Chihuahua con 2 mil 044, y 2 mil casos, respectivamente.

Si bien la cifra antes señalada demuestra sólo eso, una cifra, la realidad es que esta crisis de desplazamiento forzado interno ha desgarrado el tejido social, ha truncado los anhelos y sueños de miles de personas que han tenido que empezar prácticamente de cero, y a las que el Estado mexicano no las ha apoyado en nada.

Lo anterior queda constatado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en el informe antes referido menciona que el problema de desplazamiento forzado interno no ha sido visibilizado, ni las víctimas han sido atendidas de forma adecuada, para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos, lo que se agrava ante la resistencia de las autoridades para conocer y reconocer de manera abierta la existencia de este problema.

Reconocemos que la última reforma a la Ley General de Víctimas incorpora disposiciones avanzadas en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno. Sin embargo, es necesario que con su visibilización en la Carta Magna sea posible la construcción de un andamiaje completo e integral que combata la situación que viven estas personas.

De esta manera la iniciativa que presentamos incorpora un nuevo párrafo segundo al artículo 11 de la Constitución, recorriendo el subsecuente, con el fin de visibilizar el problema de desplazamiento forzado interno, además de obligar a la Federación y a las entidades federativas, a diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconoce como víctimas.

Aunado a lo anterior, con la adición de este nuevo párrafo cuarto, se garantiza la acogida de personas migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México, a la que el Estado mexicano en su conjunto deberá atender y proteger de manera amplia, velando siempre por la protección de sus derechos humanos.

Finalmente, es de mencionar que algunos de los textos de esta iniciativa recogen los esfuerzos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para proteger a las personas migrantes y a quienes estén en situación de desplazamiento forzado interno, en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reunió los esfuerzos de constituyentes de las diversas fuerzas políticas en la ciudad, a propuesta de la Diputada Constituyente y Senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Les pido que inserten los dos documentos al Diario de los Debates, por favor, señora Presidenta.

Iniciativa

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIENDO EL SUBSECUENTE Y UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, el fenómeno de la migración se ha convertido en un tema central en el debate político y social no sólo de nuestro país, sino de toda la comunidad internacional. A raíz de crisis económicas, falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo de las personas, guerras civiles, desastres naturales, represión y persecución por parte de algún Estado, entre otras muchas razones, millones de personas se han visto obligados a migrar de sus lugares de residencia.

En este sentido, México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se encuentra en una difícil situación no solamente por la falta de políticas adecuadas que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos y eviten su migración, sino además, porque geográficamente representamos un puente que une a Centroamérica y los Estados Unidos, lo cual ha originado un aumento exponencial en el flujo de migrantes de dicha región hacia nuestro país con miras a llegar a la Unión Americana.

De acuerdo con el estudio “Migración Centroamericana en Tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y Recomendaciones”, elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México en 2014, “Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través de México para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde hace más de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o el de personas de estos países que se quedan en México como residentes temporales o permanentes”.1

Asimismo, Christopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha señalado que cada año se estima que más de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, cruzan el territorio nacional hacia los Estados Unidos.2 Cabe señalar que analistas y expertos han señalado que estos flujos de migrantes podrán quedarse varados en nuestro país debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos impulsada por Donald Trump, lo cual generará mayores desafíos para nuestro país.

En este sentido, desde finales del año pasado, se ha hecho patente este hecho. En Tijuana y Mexicali, desde septiembre del año pasado miles de haitianos se quedaron varados en estos municipios debido a la restricción impuesta por el gobierno de Barack Obama, lo cual se ha agudizado con el nuevo gobierno de Donald Trump. De acuerdo con Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de los Naturalizados afromexicanos, hay cerca de 3,700 migrantes en municipios, donde el 80% se concentra en Tijuana.2

Aunado a lo anterior, el cambio en la política migratoria del gobierno de Barack Obama hacia Cuba, generó que más de mil cubanos quedaran varados en nuestro país, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.3 Si bien el Gobierno Federal anunció que permitiría solicitar refugio a estas personas, el aumento en los flujos de migrantes que se quedan varados es un problema que debe atenderse de manera urgente, principalmente para resguardar su dignidad e integridad.

Lo anterior se vuelve sumamente importante debido a las condiciones de discriminación que sufren las personas migrantes. En 2014, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM) realizó una encuesta en la que, entre otros aspectos, determinó que los mexicanos, a pesar de vivir en una nación con una significativa cantidad de migrantes, también discriminan a personas en condiciones similares, en especial las que provienen de Centroamérica.4

Ante esta situación, es importante destacar que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de todos los derechos reconocidos por la misma y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sin excepción alguna. “Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados”.5

En este sentido, es necesario que en el texto constitucional se especifique claramente la obligación de los tres niveles de gobierno de implementar medidas y programas para la acogida de migrantes, sea cual sea su estatus migratorio. Cabe señalar que el término “acogida” se refiere al acto por el cual un Estado recibe en su territorio a personas migrantes que, por cualquier razón, se han visto forzadas a huir de sus lugares de residencia y les ofrece la protección y el amparo del Estado mismo con el fin de salvaguardar sus derechos humanos. Es una manera de que nuestro país incorpore a las personas que recibe de otros países, sin importar su origen o nacionalidad.

Asimismo, es necesario que en la Constitución se reconozca el desplazamiento forzado interno de todas aquellas personas que, por motivos varios, se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia y sus hogares, pero que lo han hecho en el interior de nuestro país sin haber cruzado alguna frontera internacionalmente reconocida. Una situación que nuestro país ha visto crecer en los últimos quince años por motivo de la falta de planeación, la inseguridad o fenómenos derivados del cambio climático.

Con relación a lo anterior, el informe anual de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR), Tendencias Globales 2016, que analiza el desplazamiento forzado en todo el mundo basándose en datos de gobiernos, agencias socias, y en los datos del propio ACNUR, arroja que 65,3 millones de personas se encontraban desplazadas a finales de 2015, en comparación con los 59,5 millones de tan sólo 12 meses antes.6 Asimismo, en el 2015, en promedio 24 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países.7

De acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 2016, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduria General del organismo, refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35,433personas víctimas de DFI, principalmente en Tamalipas, entidad que acaparó el mayor porcentaje al contar con 20 mil casos, seguida de Guerrero y Chihuahua con 2,044 y 2 mil casos, respectivamente.8

En el mismo periodo, diferentes organismos estatales de derechos humanos informaron sobre la existencia de 6,685 personas víctimas de DFI en los Estados donde se encuentran, además de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reportó que en el periodo de 2006 -2013 había atendido a 5,364 familias de personas indígenas desplazados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Esa cifra equivale a 16,092 personas.9

Si bien las cifras oficiales varían de acuerdo a la fuente de donde son obtenidas, los números señalados en los párrafos anteriores demuestran la grave crisis de desplazamiento forzado que se vive en nuestro país y la cual no ha sido atendida de manera eficaz, por lo cual es necesario se reconozca constitucionalmente a estas personas y se empiecen a desarrollar políticas y acciones encaminadas a atender a las víctimas.

Lo anterior va acorde con lo señalado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, en el Informe antes referido, menciona que el problema del desplazamiento forzado interno “no ha sido visibilizado ni las víctimas atendidas de forma adecuada para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos (…) lo que se agrava ante la resistencia de las autoridades para reconocer de manera abierta la existencia del problema.10

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto el reformar el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la adición de un nuevo párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, se pretende visibilizar el problema del desplazamiento forzado interno que actualmente se da en nuestro país principalmente a causa de la violencia generalizada que existe. Asimismo, además de reconocer el fenómeno, se obliga a la Federación y a las Entidades Federativas a diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas.

Reconocemos que la última reforma a la Ley General de Víctimas incorpora disposiciones de avanzada en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno. Sin embargo, es necesario que, con su visibilización en la Carta Magna, sea posible la construcción de un andamiaje completo e integral que combata la situación que viven estas personas.

Aunado a lo anterior, con la adición de un nuevo párrafo cuarto, se garantiza la acogida de personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México, a las que el Estado Mexicano en su conjunto deberá atender y proteger de manera amplia, velando siempre por la protección de sus derechos humanos.

Finalmente, es de mencionar que algunos de los textos de esta propuesta recogen los esfuerzos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para proteger a las personas migrantes y a quienes están en situación de desplazamiento forzado interno en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reunió los esfuerzos de constituyentes de las diversas fuerzas políticas en la Ciudad, a propuesta de la diputada constituyente y Senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barrón.

Por las anteriores razones, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente y un párrafo cuarto al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

Se reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno a aquellas personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a sus derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida. La Federación, así como las Entidades Federativas, deberán diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas de desplazamiento forzado interno.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán adoptar medidas y programas para la acogida de personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México. Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzosa.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Migración Centroamericana en Tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y Recomendaciones, Instituto Tecnológico Autónomo de México, junio de 2014, disponible en:
https://www.comillas.edu/images/OBIMID/itam.pdf, p. 10

2 Román, José Antonio, Al año, más de 450 mil migrantes cruzan México hacia EU: OIM, La Jornada, 9 de abril de 2017, consultado el 5 de mayo de 2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/09/al-ano-mas-de-450-mil-migrantes-cruzan-mexico-hacia-eu-oim

2 Pagaza, Consuelo, Cientos de haitianos se establecen en Tijuana y Mexicali para iniciar una nueva vida, Animal Político, 23 de abril de 2017, consultado el 5 de mayo de 2017, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/04/haitianos-tijuana-mexicali/

3 Gámez Torres, Nora, México podría conceder asilo político a cubanos varados en Nuevo Laredo, El Nuevo Herald, 5 de abril de 2017, consultado el 5 de mayo de 2017, disponible en:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article142907824.html

4 México, país de migrantes... y de discriminadores: UNAM, Excélsior, 15 de febrero de 2017, consultado el 5 de mayo de 2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/15/1146525

5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consultado el 5 de mayo de 2017, disponible en: http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

6 Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR, ACNUR, disponible en: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

7 Ídem.

8 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH, mayo de 2016, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf. p. 154

9 Ídem.

10 CNDH, Óp. Cit. p. 190

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Claro que sí. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






AGENDA POLÍTICA

Por acuerdo de los grupos parlamentarios, daremos paso al apartado de la agenda política, para abordar el tema de los hechos ocurridos en el estado de Puebla, provocados por los grupos delictivos dedicados al robo de combustible.

Conforme al Resolutivo Décimo Noveno del Acuerdo para normar las Sesiones de la Comisión Permanente, harán uso de la palabra los legisladores en orden progresivo, hasta por cinco minutos cada uno: Diputada Karina Sánchez Ruiz, Diputado Macedonio Tamez Guajardo, Diputada Norma Rocío Nahle García, Senador Miguel Barbosa Huerta, Diputada Lia Limón García, Senadora Dolores Padierna Luna, Diputado Javier Neblina Vega y Diputado Benjamín Medrano Quezada.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El más reciente incidente de robo de combustibles en el país, ocurrió en el municipio de Acajete, en Puebla, donde una explosión originada en una toma ilegal, interrumpió el tránsito de la carretera Puebla-Córdoba en ambos sentidos.

Otra tragedia derivada de la acción de los grupos criminales que se dedican a estas acciones, cobró la vida de 10 personas, entre ellos, 4 militares, al tratar de asegurar una toma clandestina y ser recibidos a balazos por los delincuentes.

No hay forma de reparar ese daño o compensar a las víctimas de estos acontecimientos. No podemos permitir que ocurra una desgracia más, debido a las tomas clandestinas de combustibles.

El incremento del robo de combustible en nuestro país es exorbitante. Tan sólo basta mencionar que durante el año 2010, Pemex detectó 691 tomas clandestinas, y que para el 2016, la cifra fue de 6 mil 873.

Según los datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, el daño financiero originado por tomas clandestinas en 22 entidades federativas, durante el año 2016, fue de casi mil millones de pesos.

La lista, desde el año pasado, está encabezada por Puebla, seguida por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.

El Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que no sólo ocasiona un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras, como en esta ocasión.

En Nueva Alianza tenemos como compromiso dotar al Estado de las herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible.

Lamentablemente la delincuencia ha rebasado a la autoridad, como en este caso ha acontecido.

Hemos buscado, desde este grupo parlamentario, aumentar las penas para que este tipo de acciones se terminen. Pero también consideramos que es preciso ser más eficaces en el combate a este tipo de acciones.

Para Nueva Alianza, seremos siempre partícipes de todas las medidas que se requieran para acabar con este robo en el país.
Sin embargo, entendemos que para lograr estos objetivos, es imprescindible una eficaz coordinación de todos los órdenes de gobierno, así como de la misma participación de la ciudadanía, como hasta este momento ha sido.

Confiamos y consideramos que la unidad es nuestra fuerza para luchar contra este crimen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Sánchez Ruiz.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Partido de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias. Buenas tardes.

No voy a abrumarlos, compañeros, con cifras y estadísticas, ya han sido éstas mencionadas en demasía, pero sí hacerles notar las dos ominosas realidades que nos permiten conocer y reconocer los acontecimientos de Puebla.

En primer lugar, la terrible impunidad que nos agobia, la falta de castigo o de consecuencia de derecho para los que en este país cometen delito. Eso no es otra cosa más que una incompetencia de las autoridades, por indolencia, por complicidad, por comodidad, por lo que sea, pero no es posible que después de tantos años, habiendo miles de tomas clandestinas, casi no haya detenidos, y éstos, cuando son detenidos, salen libres.

Creo que es momento de llamar la atención a quien tiene la competencia, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, para que cumplan con su deber y dejemos de ver estas atrocidades.

La segunda realidad, también ominosa y alarmante, es la base social del delito. Salta a la vista que comunidades enteras del estado de Puebla y, por supuesto, que también de otras entidades, viven del delito, viven del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal.

Cuando en una sociedad, la gente hace cosas indebidas, cosas malas, y sabe que está mal y se puede arrepentir y puede rectificar, todavía hay esperanza y remedio; pero cuando una sociedad, la gente comete delitos y piensa que es bueno cometerlos, ya difícilmente se piensa que se tiene remedio.

Es por eso que a mí me alarma esta base social, es por eso que me alarma y preocupa la tolerancia del delito, y que incluso, haya políticos quienes lo apoyan y que dicen: “Que es por la sociedad social”. Tampoco debemos permitir eso.

Por lo tanto, vaya mi comentario en el sentido de reflexionar, de hacerle un exhorto al Poder Ejecutivo para que cumpla con su deber y estudiar, introducirse, averiguar las causas de esta base social que verdaderamente es lo que más debe preocupar en este tipo de acontecimientos.

Es cuanto lo que tengo que decir.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Movimiento de Regeneración Nacional.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, Diputada Presidenta.

Este es un tema muy importante que se ha dejado por más de una década avanzar. Y cuando decimos que más de una década, vamos a hacer historia.

Cuando termina el sexenio el Presidente Zedillo, había un informe sobre el robo de hidrocarburos, pero no era de una dimensión desproporcionada como lo tenemos ahora.

Cuando entra el Presidente Vicente Fox, este acto delictivo se incrementa en una forma alarmante, y son ciertos estados donde se reporta la incidencia: Puebla, Guanajuato, Veracruz, donde pasan los ductos, Querétaro, y de ahí se convierte en otro negocio, tanto de gente que trabaja dentro de Pemex, tanto de funcionarios de primer nivel del gobierno, como de personajes de la delincuencia organizada.

Posteriormente, en el sexenio de Felipe Calderón, se empieza a disparar todavía más este delito.

Vemos que en el 2009, por ejemplo, había 13 mil millones 259 mil litros perdidos; y en el 2012, ya había 18 mil millones 456 mil litros que se perdían. Hablamos, en términos redondos, de más de 62 mil millones de pesos que se dejaron de invertir o que se dejaron de asignar.

¿Qué pasó en todos estos sexenios?

¿Dónde se vende la gasolina?

La gasolina robada se vende en muchas gasolineras, y otras se venden en la orilla de las carreteras o en locales que están escondidos en los municipios.

Pemex, con todas sus bombas tiene un control para decir: La bomba número tal que está en Durango, en Aguascalientes, donde sea, lleva el control de sus ventas, que debe de coincidir con la factura que Pemex le surte al gasolinero, por ejemplo.

Hoy vemos que con una reforma energética abierta, que van a traer gasolina de donde quieran y de donde sea, pues vamos a ver cómo se va a dar este control, más bien dicho, cómo va a aumentar este descontrol.

Hoy, con el Presidente Peña Nieto, los “huachicoleros”, como se les llama, se han incrementado en una forma alarmante.

En el 2016, tenemos el informe oficial que son más de 30 mil millones 836 litros que se pierden por el robo de combustible. Para que esto suceda, es porque hay corruptos y corruptores, y que desde adentro de la empresa del gobierno se permite que las tomas clandestinas que hay y que tienen un seguimiento por cada kilometraje de ducto, se llaman manómetros de presión. Se pone el manómetro, si cae la presión, quiere decir que en ese momento están ordeñando el ducto y puede haber una medición en todo el país, pues no se registra, nadie sabe, Pemex no se da cuenta, y ahora ya no es Pemex el responsable, porque todo se le carga a Pemex, es la Sener.

Yo creo que Pedro Joaquín Coldwell nos debe de venir a informar cómo va a ser el seguimiento de medición de todos los ductos que también está concesionando y está entregando, ahora los privados cómo van a tener este control, todo esto es un desorden, una corrupción que empieza de funcionarios, de clase política y que termina con los “huachicoleros” de las regiones.

Lo que pasó en Puebla la semana pasada, es alarmante, lamentable, no estábamos viendo imágenes de Venezuela ni imágenes de otros lados, estábamos viendo imágenes de México. Nuestro más sentido pésame a las familias de los soldados y de las personas que fallecieron allí.

¿Qué estamos diciendo? Orden, terminar con la corrupción, porque no es con este desorden ni con la ley del garrote como vamos a controlar este delito, un orden financiero administrativo donde una reforma energética abierta le está entregando a buenos y malos la rebanada del pastel más grande en este país, y que lastima la columna vertebral de la economía de México.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Norma Rocío Nahle García.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Senador Miguel Barbosa Huerta, del Partido del Trabajo.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias a la Mesa Directiva.

Como si no bastara la violencia desatada por los narcotraficantes, como si no fueran suficientes los terribles casos de trata de personas, los feminicidios, los desaparecidos y los secuestrados, ahora México enfrenta una nueva modalidad de crimen organizado, el robo de combustible.

Ojalá nos pusiéramos atención cuando hablamos, porque es una forma de respetar no sólo al orador, sino al recinto, al funcionamiento de la Cámara, pero se abstraen los visitantes y los legisladores que están en este Pleno para seguir sus pláticas, es más importante que atender a lo que se dice.

Gracias, Agustín, por venir a distraer la sesión.

En los últimos días, en el estado de Puebla, epicentro de este fenómeno, las llamadas bandas de los “huachicoleros” han enfrentado a nuestras Fuerzas Armadas con una capacidad que sólo pueden acumular verdaderas organizaciones criminales.

Llamo a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que asumamos una actitud responsable ante este fenómeno delictivo.

La ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex, y entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad no sólo se siga realizando, sino que se expanda.

La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito, la expansión de este robo la han convertido no sólo en un fenómeno criminal, sino también en uno de carácter social, en el que segmentos de varias comunidades del llamado “Triángulo Rojo”, que incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, en Puebla, participen en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados, por los que reciben elevados ingresos económicos.

Cómo detener y desmantelar a las bandas de “huachicoleros” sin soslayar la necesaria presencia de fuerza pública para enfrentar grupos criminales con elevada capacidad de fuego, el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.

El fenómeno debe atacarse de manera integral, dicho plan debe de incluir, por ejemplo, el combate a la corrupción, que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito, hasta las complicidades políticas de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Revisando notas sobre este asunto, dan datos de cómo vehículos oficiales de muchos municipios del llamado “Triángulo Rojo”, y otros, usan combustible robado.

Que las instalaciones públicas de muchos de estos municipios sirven para almacenamiento de vehículo robado y de que, inclusive, vehículos oficiales han servido para transportar vehículo robado.

No podemos pasar por alto que existe un soporte social del robo de hidrocarburos, el cual tiene su origen, también hay que decirlo, en la pobreza y la marginación, cualquier plan eficaz debe incluir un programa para la generación inmediata de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación.

No debe repetirse el error que se ha cometido en otras regiones del país, al combatir a grupos de la delincuencia organizada sólo con las fuerzas del orden, el cual consiste únicamente en el descaecimiento de éstos y dejarlos intactos en su infraestructura.

Nos solidarizamos con el Ejército Mexicano, nos solidarizamos con las familias de los cuatro soldados que perdieron su vida en recientes hechos, expresamos nuestra preocupación y llamamos a una eficaz coordinación de las fuerzas del orden, pero también reconocer el origen de la pobreza y la marginación, hay que reactivar esa zona del estado de Puebla y, sin duda, hay que hacer un plan nacional para combatir esta nueva forma de delinquir. Recuerden que también está Guanajuato, está Querétaro, está Jalisco, están muchos otros estados que sufren de este flagelo, así es que, mantengamos los órganos del Estado una posición de solidaridad con quienes fallecen, con las víctimas, pero de preocupación por el desorden que se ha instalado en diversas zonas del país.

Gracias, Diputada Presidenta.

Gracias, Mesa Directiva.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Diputada Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores y legisladoras:

El robo de hidrocarburos, como ya se ha dicho aquí, es un delito preocupante, no sólo por las implicaciones económicas que tiene, sino por los graves riesgos que representa para la seguridad de las personas y también para el medio ambiente.

Nadie en esta Asamblea puede estar de acuerdo o tratar de justificar lo que está sucediendo, justificar delitos es hacerse, de algún modo, cómplices de ellos, mucho menos tratar de achacar responsabilidades sin hacer un análisis a fondo y entender que la coordinación y el trabajo conjunto de las distintas instancias es fundamental.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que el robo de hidrocarburos, que aqueja a nuestro país, provoca la pérdida de alrededor de 15 ó 20 millones de pesos al año, además de los riesgos ecológicos y de seguridad que se provocan.

Pemex, por su parte, señala que pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como resultado del robo de combustible, que llevan a cabo principalmente bandas de la delincuencia organizada.

En el Poder Legislativo hemos atendido este tema desde nuestro ámbito de competencia, el 12 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, lo que vino a cubrir varios vacíos legales que permitían a la delincuencia evadir la acción de la justicia, contribuyendo con esto a evitar la impunidad en este tema.

Ojalá esta nueva ley contribuya al combate de este delito y verdaderamente permita a las autoridades actuar evitando los huecos legales que existían, y permita, entonces, que haya muchas más sanciones de las que existen hasta hoy en este tema.

Además, recientemente fueron aprobadas reformas en la Cámara de Diputados a esta misma ley, con el objetivo de incrementar las penas relacionadas con el robo de hidrocarburos, con el objeto de que quienes cometan estos ilícitos reciban las sanciones que se amerita y también, obviamente, con el objeto de inhibir la comisión de este tipo de delitos.

Como bien saben, en los últimos días hemos sabido de diversos incidentes que generan un impacto social profundo que deviene en un riesgo para la seguridad y el patrimonio de miles de familias mexicanas, aunado a la merma significativa a las finanzas del Estado.

En este sentido, en el Partido Verde Ecologista de México, primero que nada, nos solidarizamos con las Fuerzas Armadas por las pérdidas de vidas que hubo y con las familias de los cuatro soldados acaecidos.

Estamos convencidos que las acciones para el combate a esta modalidad delictiva, tienen que tener su base en el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y entre los distintos poderes, tanto federal como entidades federativas, tanto para la prevención como para la persecución de este tipo de delitos.

También creemos que no basta con acciones gubernamentales, sino que es necesario generar conciencia en la sociedad de que cuando una persona compra gasolina en el mercado negro o en el mercado clandestino, se vuelve parte de esta cadena delictiva afectando a la sociedad y beneficiando a bandas criminales, en particular, en este caso a los llamados “huachicoleros”.

Esto de ninguna manera significa trasladar la obligación del Estado a la sociedad, significa crear conciencia de la importancia de trabajar de manera conjunta en el debate de este tipo de delitos y también crear conciencia de que estas bandas, las bandas criminales que se dedican a la explotación ilegal de combustibles, no sólo tienen ese tipo de delitos, sino una serie de otros delitos que dañan enormemente a la sociedad, y por lo tanto, el combate a dichas bandas, generando conciencia del daño que genera la compra ilegal de combustible, nos parece fundamental.

Asimismo, insistimos en la importancia de lograr una mejor coordinación, no sólo policial en este tema, sino también de las fiscalías locales que juegan un papel fundamental en la persecución y sanción de estos ilícitos.

Y me parece que habra también que revisar las reglas que existen en cuanto a la distribución de competencias. Es decir, hay una parte que tiene que ver y que es competencia, sí, de la Federación, pero otra parte también importante que es competencia local, y si no logramos tener claridad en eso y también en que por ello es fundamental la coordinación, poco podremos avanzar en el número de personas que sean castigadas por este tipo de delitos.

Por eso, en el Verde, consideramos además, que es fundamental redoblar esfuerzos, y como ya se decía y se proponía aquí, sí trabajar de manera seria un programa enfocado en el combate al robo de hidrocarburos, tomando conciencia del inmenso daño y peligro que conforma en nuestra sociedad.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Lia Limón García.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

El enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Palmarito, Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex, dejó un saldo trágico de al menos 10 personas muertas, 6 de ellas civiles y 4 soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social que urge ser atendida más allá de la violencia registrada en estos días.

La Procuraduría General de la República anunció que abrió una indagatoria por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y otros que resulten, al mismo tiempo anunció que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales.

Sin embargo, la propia PGR no ha anunciado hasta el momento, ninguna investigación sobre la responsabilidad de los servidores públicos, ni de Pemex, ni del Cisen, ni de ninguna otra dependencia vinculada con este tema, que ya sea por acción o por omisión han permitido que estos delitos vayan en un incremento exponencial muy riesgoso.

No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible. Si bien es cierto, forman parte de una red criminal que afecta el patrimonio nacional y la seguridad de las personas, es nuestra obligación, como legisladoras y legisladores, ampliar la mirada de este fenómeno hacia las causas estructurales que han facilitado y permitido la proliferación de este tipo de grupos delictivos. Que en una palabra pudiéramos resumir: “la causa principal es la impunidad”.

A raíz de la reforma energética impulsada por este gobierno, Pemex se ha visto debilitado en cuanto a su capacidad de inversión, de seguridad y de resguardo de sus propias instalaciones. Esta desinversión ha colocado a la red de distribución y transportación de hidrocarburos en uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena de producción de la paraestatal.

Paralelamente, las investigaciones que se tienen que desarrollar por los actos delictivos, que se traducen en el robo de combustible, resulta indispensable que se haga una investigación de carácter político sobre las responsabilidades de las y los servidores públicos que han conducido a Pemex a este momento de debilidad y de crisis institucional en la que se encuentra.

Lo ocurrido en Puebla es una tragedia, largamente anunciada, por tres razones fundamentales que nos hablan de: negligencia, corrupción y complicidades al más alto nivel.

En los 13 años transcurridos, de 2003 a 2016, desde la primera vez en que el gobierno de Vicente Fox dio la orden de coordinarse, e incluso formó una Comisión Interinstitucional con las instituciones de Pemex, Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena y Marina para enfrentar este flagelo del robo ilegal de combustibles. El número de tomas clandestinas creció diez mil por ciento, y nadie hace nada.

Pemex ha tratado de lavarse las manos de su propia responsabilidad con la vigilancia de los ductos.

En agosto de 2003, la paraestatal informó que existe un grupo de trabajo interinstitucional del gobierno federal en el que participa Pemex, con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes.

Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los resultados de estos grupos interinstitucionales. Han pasado seis directores de Pemex desde entonces, tres Secretarios de la Defensa Nacional, tres Secretarios de Marina, ocho titulares de la PGR, ocho Secretarios de Energía y no se ha informado ningún avance que hayan tenido estas autoridades.

En 2010 desapareció el presupuesto federal de la partida para el Programa de Combate al Comercio Ilícito de Hidrocarburos, anunciado en 2003 para Pemex. No se ha explicado por qué se disminuyeron estos recursos, ni el comercio ilegal de combustibles, y por qué éste se incrementó.

Entre 2008 y 2015 se incrementó de 57 a 100 el número de perforaciones ilegales.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto han crecido las tomas clandestinas de combustible a un ritmo mayor que en los otros dos sexenios anteriores.

Informes de Pemex revelan que tan sólo en los dos meses de este 2017 se realizaron mil 646 tomas clandestinas, una cuarta parte de lo que se perforó en la infraestructura de los ductos de Pemex.

En promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2017; 9 perforaciones más diarias del promedio en 2016, cuando este delito alcanzó niveles históricos de 6 mil 873 tomas clandestinas, y cuando el Congreso de la Unión, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobamos la ley contra él, para tipificar este delito de robo de hidrocarburos.

Otro elemento preocupante es el vínculo entre algunos grupos políticos locales con grupos del robo de combustible y la posible obtención de recursos financieros ilícitos para el financiamiento de algunas campañas.

La Auditoría Superior de la Federación año con año relata los diversos distintos modus operandi de este delito de robo de hidrocarburos. Le ha hecho, año con año, todo el trabajo de investigación a las autoridades judiciales y ni así se hace nada al respecto, reina la impunidad más absoluta.

Quiero terminar diciendo que necesitamos analizar las consecuencias de la fallida reforma energética, y tenemos que analizar también las responsabilidades de quien a fuerzas quiere convertir a la gallina de los huevos de oro en la avestruz de los huevos robados.

Este ilícito que está afectando y que ha traído ya muertes y una enorme violencia en algunos estados, tiene que traducirse en algo más que esta exposición de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente.

Debemos llamar a comparecer al titular del Cisen, porque él es el encargado de llevar a cabo la inteligencia y ubicar perfectamente los domicilios, los horarios de dónde ocurre este delito.

Al titular de Pemex, porque ellos tienen los horarios de distribución de los combustibles y son los responsables de la vigilancia de los ductos.

Al titular de la Secretaría de Energía, porque a ellos les corresponde hacer respetar el calendario de apertura del mercado de combustibles, y sus decisiones erráticas se han traducido en efectos muy perniciosos para el país.

Y convocar a la comparecencia al Procurador General de la República, porque él es el encargado de investigar los delitos, de impartir justicia a las víctimas, y sólo ha mostrado indolencia ante este mal.

Estos debates sí sirven para hacer llamados y conciencia social, pero se deben de tomar acciones concretas por la Comisión Permanente para que se hagan valer las leyes que hemos aprobado como Congreso de la Unión y se finquen responsabilidades contra los responsables.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Diputado Javier Neblina Vega, del Partido Acción Nacional.

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Legisladoras y legisladores:

La ordeña de ductos de Pemex no es un tema nuevo, es un problema que ha venido creciendo por décadas, sin que ninguna autoridad le haya querido entrar de frente, tuvieron que morir 10 personas en Puebla; 4 soldados del Ejército y 6 presuntos delincuentes dedicados al robo de gasolina para que el gobierno federal anunciara un plan integral contra la ordeña de hidrocarburos.

El pasado 4 de mayo, en la comunidad de Palmarito, Puebla, los elementos del Ejército fueron atacados de manera cobarde por “huachicoleros”, quienes usaron a niños y mujeres como escudo para que los soldados no pudieran repeler la agresión.

Desde esta tribuna, Acción Nacional se solidariza con los familiares de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber y respaldamos la actuación del Ejército Mexicano.

El robo de combustibles por ordeña de ductos de Pemex es un problema grave que hay que atender de manera integral.

Según los últimos datos con que se cuenta, esta actividad ilícita representa pérdidas de miles de millones de pesos, no para la empresa Pemex, sino para todos los mexicanos.

Pemex informó que ha gastado más de 4 mil millones de pesos para inutilizar las tomas clandestinas realizadas por los “huachicoleros”, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, son delincuentes que roban combustibles.

Ahora bien, más allá de estas pérdidas, el robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades.

Para erradicar este problema se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, así como terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.

Acción Nacional está consciente del problema, por eso impulsamos reformas legales sobre el robo de combustible durante el pasado periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, mismas que fueron incluidas en el dictamen aprobado durante la última semana del periodo y que ahora esta minuta está en poder de la Cámara de Senadores.

Y aquí quiero dejar clara la posición del Partido Acción Nacional. Presentó un Diputado del PAN del estado de Puebla, una iniciativa que, por supuesto, respaldó toda la bancada del PAN, para otorgar de manera oficiosa, prisión preventiva para aquellos que se dedican a esta actividad ilícita; pero eso, sin duda, es la consecuencia del acto delictivo.

En Acción Nacional consideramos necesario un plan de prevención, un plan integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolinas de los ductos de Pemex, es necesario elaborar programas de empleo específico para las comunidades dedicadas a esta actividad ilícita. La solución al problema del robo de hidrocarburos requiere de la voluntad política del gobierno federal y la aplicación estricta de la ley, requiere de acciones concretas del Estado, requiere que terminemos de una vez por todas con la corrupción y con la impunidad.

Es cuanto, por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Neblina Vega.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Benjamín Medrano Quezada.

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Gracias, Senador Presidente, con su permiso.

Quisiera, antes de iniciar, mandar un saludo afectuoso a todas las madres de México y especialmente a las Diputadas y Senadoras que son madres, ya que el día de mañana no las podremos ver para abrazarlas como lo haremos hoy.

Este posicionamiento del PRI que me tocó la fortuna de dar. Resumirlo en tres puntos que son importantes.

Creo que la fuente del desarrollo y de la riqueza es la expresión y la identidad de los orgullos nacionales, el petróleo representa un recurso invaluable, un patrimonio nacional que debemos proteger, por ello, quien roba petróleo le roba a México.

En 2014, en México, se registraron pérdidas por un valor de más de 1,159 millones de dólares derivadas del robo de hidrocarburos. Además, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el crimen organizado podría estar controlando, al día de hoy, hasta el 20 por ciento del mercado nacional de los combustibles; sumado a lo anterior, las pérdidas por reparaciones a la infraestructura y las tecnologías afectadas por el crimen organizado han alcanzado hoy niveles alarmantes.

Lo anterior, se ha traducido en un constante desabasto en regiones del país que afectan hoy a cientos de estaciones de servicio de combustible automotriz y, por lo tanto, termina perjudicando a los que como ustedes y yo somos consumidores.

En Puebla el robo de combustible se ha convertido en un negocio de los pueblos inmiscuidos en la región conocida como el “Triángulo Rojo”, ya tan mencionada.

Hace un rato el Secretario de Hacienda hizo un señalamiento que quisiera compartirles. Hoy en día nos cuesta entre 15 y 20 mil millones de dólares al año de pérdidas por el robo de combustibles, pero además, esto provoca que se recaude menos IEPS en la gasolina.

En 2015 se detectaron 815 puntos de ordeña en Puebla, más del doble que el año anterior; y el primer semestre del año pasado se localizaron 601 tomas clandestinas que representan casi la tercera parte de éstas a nivel nacional.

Compañeras, compañeros Senadores y Diputados:

El pasado martes una familia fue brutalmente atacada por presuntos huachicoleros en la carretera México-Puebla, quienes asesinaron a un bebé de apenas 2 años y violaron a una niña de 14 años, así como a su madre.

Tan sólo un día después se registraron dos enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales dedicados al robo de gasolina en el municipio de Quecholac, en los que perdieron la vida cuatro soldados.

Cobardes, cobardes los delincuentes, pues ocuparon a niños y mujeres de esta comunidad como escudos humanos para impedir la incursión militar.

Ya lo dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace unos días, el robo de combustibles es un delito, quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades.

La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito.

Convencidos de la necesidad de salvaguardar los recursos de nuestra nación, los Diputados priistas aprobamos considerar como delitos graves, así como castigar la sustracción, compra, enajenación y adquisición de los hidrocarburos de manera ilegal para salvaguardar nuestros recursos energéticos.

Hace apenas dos semanas, señoras y señores, aprobamos endurecer las penas en materia de robo de hidrocarburos, imponiendo sanciones de entre 25 y 30 años de cárcel en aras de combatir eficazmente este delito y castigar a quienes dañen el recurso que nos pertenece a todos los mexicanos.

Sensible ante esta situación que vive hoy Puebla, responsable de la necesidad de hacer valer el estado de derecho, el pasado viernes el Presidente giró instrucciones a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a Pemex para que instrumenten una estrategia integral que venga a combatir este ilícito que se da en toda la geografía nacional.

Asimismo, desplegará a más de 2,500 efectivos militares, que junto con 500 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, desarticularán seguramente a esas organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en el “Triángulo Rojo” que tanto daño nos han hecho.

Compañeras y compañeros, el robo de combustibles es un delito que afecta a nuestro patrimonio, pero también lacera a las instituciones del Estado mexicano y, sobre todo, pone en riesgo a las familias. Es un delito que no podemos tolerar y mucho menos permitir.

Los legisladores del PRI celebramos y respaldamos la decisión del Ejecutivo Federal para combatir frontal e integralmente a la delincuencia organizada que, hasta hoy, ha gozado de total impunidad en Puebla. Debemos estar conscientes que su futuro, como el de la nación toda dependerán de las decisiones que con responsabilidad podamos tomar hoy.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputado Benjamín Medrano Quezada.

Y para rectificación de hechos, tengo registrada a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, hasta por tres minutos.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados de nuestra Comisión Permanente.

Este es un tema que hoy nos debe ocupar a todas y a todos en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión.

No podemos soslayar estas cobardes agresiones ocurridas el pasado 3 de mayo en la localidad de Palmarito, Puebla; éste es un llamado de atención fuerte de qué es lo que estamos haciendo, desde la parte legislativa los grandes esfuerzos que hemos llevado a cabo a través de las reformas estructurales en materia energética.

Este problema que hoy nos ha lastimado y que vemos víctimas, vemos familias; el reconocimiento al Ejército, al orden que ha querido llevar a penar, pero no a estas medidas de privación de la vida, de la libertad.

Es un problema que no es reciente, es un problema que ha llevado ya muchos años; lo más sorprendente es que ha ido creciendo, ha sido un combate frontal a grupos delictivos que están tomando fuerza. Hoy en día vemos que han aglutinado, incluso, a muchos jóvenes que está trayendo este grupo de personas.

Creo que las cifras que han expuesto aquí los compañeros, estos operativos que se han hecho para combatir el delito han sido insuficientes, de ahí la importancia que debemos fortalecer más estrategias para poder lograr cerrar estas tomas clandestinas, pero además que las personas que han sido involucradas paguen con las penas correspondientes.

No podemos permitir que tomen más fuerza, que cada vez con más frecuencia puedan tener más poder y que estén impunes.

Hoy hago un llamado exigente a que podamos lograr que paguen todos y cada uno de estos delitos.

Otro aspecto que también debemos destacar. Las operaciones que han realizado los denominados “huachicoleros”, se han incrementado y prueba de ello son estas actividades ilícitas que han rebasado ya incluso en este “Triángulo Rojo”, y se han visto ya más de 30 municipios.

Éste es un problema no solamente de gobiernos locales, es un problema que tiene que ver con un gobierno que está dando su mejor esfuerzo, pero tenemos que continuar estas estrategias ¿cómo? Con la prevención, esto tiene que ver con educación, con transparencia y con rendición de cuentas. Con investigación y persecución del robo de este combustible, va a exigir más compromisos de las autoridades, como mencionaba, de los tres ordenes de gobierno.

Sin embargo, hay que reconocer que Petróleos Mexicanos ha fortalecido sus controles en estaciones de servicio, ha colocado diversos circuitos cerrados en terminales de almacenamiento y de distribución, fortaleció sus sistemas en línea, aumentó los mecanismos de mediación y rastreo, de autotanques y amplió la vigilancia aérea en la red nacional de ductos. Quiere decir que estamos haciendo esfuerzos también.

Con responsabilidad hemos visto al Presidente de la República, recientemente, que ha girado instrucciones para instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos. Para este fin convocó a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a las autoridades de Petróleos Mexicanos.

Reconocemos el trabajo del Ejército Mexicano y de sus elementos adscritos a estas tareas para prevenir el robo de combustibles y la proliferación de tomas clandestinas.

Estos robos de hidrocarburos son responsabilidad de todos para poder combatir esta actividad ilícita que pone en riesgo la seguridad de miles de vidas de familias, de servidores; pero lo más importante es que, hoy aquí, tenemos esta oportunidad histórica, que podamos generar los mecanismos legislativos que nos den mejores resultados y opciones para que podamos tener una transparencia en este tan desafiante problema que es el robo de combustibles.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona .

La Diputada Hortensia Aragón Castillo: (Desde su escaño) Habíamos solicitado para hechos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿A quién se lo solicitaron? Servicios Parlamentarios no me lo informó.

La Diputada Hortensia Aragón Castillo: (Desde su escaño) Si usted autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí. ¿Si me indican a quién se lo solicitaron? ¿A quién de Servicios Parlamentarios? Con mucho gusto. Sí, pero para que no vuelva a suceder. Pasen, por favor.

En el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Una disculpa, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

Sólo para puntualizar y remarcar algunos aspectos.

Me pregunto y me digo: ¿Es necesario endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, como lo hemos planteado en iniciativas y en minutas que ya están en el Senado? Sí, por supuesto que sí. Yo diría que a estas alturas es aún más necesario y urgente el tomar las medidas para combatir a las mafias, y para esto se requieren labores de inteligencia verdadera, profunda, de identificación de sus lugares de operación, de los mecanismos que tienen para hacerlo, sus redes de comercialización, todo esto, si no, pues nada más vamos a estar en el papel desarrollando aspectos de penalizaciones mayores. Pero mientras no se actúe con lo que se requiere del Estado mexicano para hacer efectivo todo esto, no vamos a detenerlo. Y entonces para esto se requiere, como decía, inteligencia policiaca.

Miren, se habla, por ejemplo, de que alrededor del 80 por ciento del robo de combustibles, de las famosas ordeñas, se debe a que personal de Pemex, especial y particularmente, de los grupos dirigentes del sindicato petrolero, participan de una operación de este tipo, para saber cuándo cierran ductos, cuándo cierran bombas, qué tanto se bombea, qué tanto se conduce, etcétera.

Y que hay información que se fuga, que se manda hacia las bandas delictivas que operan en determinados lugares de la República, y entonces junto con el manejo de pipas, insisto, todo lo que tiene que ver con la comercialización.

Aquí se ha hablado de varios estados de la República, está, también, la zona de los complejos azucareros, del estado de Veracruz, por ejemplo, en donde operan bandas delictivas, ya ha habido ahí un crecimiento en los índices delictivos alrededor de este tipo de operaciones de huachicoleros también en esta región.

Entonces, es necesario que sepamos qué medidas se están tomando, qué decisiones está el Estado mexicano asumiendo, particularmente los órganos encargados de ésto, y desde la propia paraestatal o empresa productiva del estado, Pemex.

Por eso lo que se planteaba por las bancadas del PRD aquí, es absolutamente necesario, que venga y que se informe por parte de Pemex mismo, qué medidas preventivas está tomando, qué inversiones están pensando en hacer para que podamos modernizar todos los esquemas de monitoreo de la conducción, del flujo, etcétera, de los combustibles, de lo que sale y lo que no sale, lo que se produce, todo esto cómo está sucediendo.

Que la PGR es la encargada de la investigación y persecución de los delitos, por supuesto que debe informar qué se está haciendo, qué está haciendo el Cisen alrededor de todas las labores de inteligencia, y como lo planteaba la Senadora Dolores Padierna, a nombre del grupo parlamentario del PRD, que la Sener dé una información y al mismo tiempo, decimos nosotros, que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, valore en qué medida y con qué ritmo se debiera continuar con el calendario de apertura de mercados en el otorgamiento de ductos, porque de seguirlo haciendo así, sin una vigilancia, sin un monitoreo por parte de las autoridades del Estado mexicano, tratándose ya a estas alturas de un asunto de seguridad nacional que le compete al gobierno de la República, pues entonces vamos a correr un riesgo mayor si proseguimos en este proceso.

Éstas son las cuestiones sobre las que queremos llamar la atención y espero que podamos lograr acuerdos en este sentido para que podamos tener, como Comisión Permanente, legisladoras y legisladores, todo lo que correspondiente a la información que tiene que ver con este delicadísimo tema.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jesús Zambrano.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor, a la Senadora. ¿Con qué objeto, Senadora?

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Si me permite una participación muy breve, señor Presidente, solamente para hacer acotación de algunos hechos en relación al tema que hemos estado tratando.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A ver. Le pediría a la Asamblea dos minutos de su atención. Es importante, para que el debate tenga una secuencia, que lo hagamos en el momento oportuno.

Como hace unos momentos se lo hice y le dimos el uso de la palabra al Diputado Zambrano, pues también se lo doy a usted.

Y entonces, lo que voy a hacer es consultar a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido para que tenga una secuencia. Si están de acuerdo.

Adelante, Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Le agradezco mucho, señor Presidente.

Solamente una intervención muy rápida, porque me parece que vale la pena, en la atención de este tema que nos tiene preocupados aquí en la Comisión Permanente, hacer algunas precisiones que es importante conozcan los mexicanos y que lo reflexionemos los legisladores que hemos estado abundando sobre este tema.

Quisiera, solamente para poner en perspectiva la situación actual, que es parte de la preocupación que han mostrado algunos legisladores, la información que la misma empresa y el mismo gobierno tienen al respecto.

Tan solo en 2016 Pemex detecto 6 mil 873 tomas clandestinas, se comentó aquí, y el número por sí mismo nos refleja que ha habido un incremento en la ubicación de estas tomas clandestinas de combustible.

De este incremento llama la atención el que son dos estados donde fundamentalmente se concentran el mayor número de tomas clandestinas, uno de ellos es el estado de Puebla, en donde se dan recientemente los hechos que todos lamentamos y que desde luego condenamos en estos días; y el otro, es el estado de Guanajuato.

Cuatro de cada diez tomas se están dando en estos estados, en la geografía de estas entidades.

Entre 2011 y 2016, estas tomas clandestinas detectadas en el estado de Puebla presentaron un incremento de mil 971 por ciento, al pasar de 74 a mil 533, respectivamente.

Los municipios con más denuncias presentas por esta actividad ilícita son: Puebla, Tampico, Irapuato, Culiacán, Reynosa y el municipio de Texcoco, en el Estado de México.

Según la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, cada 24 horas se extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, esto representa una ganancia de más de 21 mil millones de pesos para el crimen organizado y esto refleja el tamaño del desafío que tiene el Estado mexicano para atender esta problemática, que viene a sumarse a la tarea delictiva que llevan a cabo las organizaciones criminales.

¿Qué significa esto? Significa, entonces, que el tema debe ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, y una mayor eficacia de la que hasta ahora hemos revisado.

Me parece que el comentario que se hizo, que para mí es muy pertinente y desde luego relevante, es en el sentido de revisar cómo vamos a asumir Federación, estados donde se está dando con mayor frecuencia este delito y municipios donde también se presenta la presencia del crimen organizado, cómo vamos a trabajar en conjunto para que podamos resolver este fenómeno que, insisto, viene a sumarse a las acciones de la delincuencia organizada.

Aquí se trataron muchos temas, desde el tema de la seguridad en cuanto a la supervisión de todas las áreas de seguridad pública y también se tocaron temas de pobreza que, desde luego, me parece que todos aceptamos como uno de los fenómenos que hay que resolver.

Este fenómeno ha dado como resultado que, de enero a la fecha, solamente se hayan registrado ya seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros en contra del Ejército, principalmente en dos municipios de Puebla: Palmar de Bravo y Palmarito.

En el grupo parlamentario del PRI, desde luego, no somos ajenos a esta situación. Hay, incluso, presentada ante el Senado de la República una iniciativa que se promovió para llevar a cabo la aprobación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Esta iniciativa fue presentada por nuestro entonces compañero Senador Omar Fayad, hoy gobernador del estado de Hidalgo, y cuando fue presentada en el grupo parlamentario del PRI, avizorábamos que era un tema que teníamos que afrontar para darle los instrumentos y la legislación jurídica necesaria al Estado mexicano para enfrentarlo de la mejor manera.

Se buscaba en esa legislación fortalecer ese andamiaje jurídico institucional necesario para prevenir, combatir y erradicar el mercado ilícito de combustibles, al verlo de manera integral.

¿Qué ha hecho Pemex hasta el momento para contrarrestar este mercado de combustibles? Ha establecido una estrategia que tiene varios frentes, no voy a ser exhaustiva, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen alguno de los temas que se han llevado a cabo, pero entre otras cosas está buscando esta integralidad en la atención al fortalecer la coordinación y la colaboración con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el SAT, con el Sistema de Administración Tributaria, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, así como con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, esto ha permitido ya el recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016.

Totalmente de acuerdo con la necesidad de que veamos este tema con una integralidad y una profundidad mayor para que podamos juntos, en acuerdo y en concordancia con la preocupación que hoy tenemos, trabajar como legisladores, y desde luego como Estado mexicano, nuevamente unidos en búsqueda de la solución de este problema que está afectando a la población, a México y desde luego a su patrimonio.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Muchas gracias a todos.






El Senador Miguel Barbosa Huerta solicitó dar turno directo a sus proposiciones:

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer su función de control y fiscalización dentro de un proceso de licitación internacional del IMSS. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.








Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a observar la moción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en el proceso de nombramiento de 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.








Informo a la Asamblea que las proposiciones relativas al robo de combustibles, inscritas en nuestra agenda del día, se tendrán por presentadas y se turnarán a la Primera Comisión.

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se expresa una enérgica condena en contra del asesinato de cuatro soldados del Ejército Nacional Mexicano, acaecidos en el municipio de Quecholac, estado de Puebla. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 4 de mayo fueron asesinados cuatro soldados del Ejército Nacional al enfrentarse a un grupo de delincuentes dedicados al robo de combustible en la comunidad Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Estado de Puebla. Hablamos de cuatro integrantes de la última línea de defensa del Estado Mexicano, de cuatro servidores públicos que habían acudido en auxilio de las autoridades locales para poner freno a la sustracción ilegal de un bien que es clave para el desarrollo del país. Cuatro integrantes de nuestras fuerzas armadas que ya no vivirán para cuidar de su familia ni ver crecer a sus hijos. Cuatro elementos de nuestro instituto armado que fueron víctimas de la alevosía con que se conducen estas organizaciones criminales dedicadas a medrar con el miedo y la miseria de la gente, a corromper a comunidades enteras en aras de un beneficio económico cuestionable.

Un hecho de la gravedad como el aquí referido debería mover a la condena unánime, a un cierre de filas en torno de nuestras tropas, a la solidaridad con las familias de los soldados abatidos, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de un deber impuesto, en medio de un operativo ajeno a la razón de ser del ejército, que es la defensa de la soberanía nacional. Una tragedia como la aquí mencionada debería ser suficiente para valorar el trabajo y la abnegación de la tropa y los oficiales.

Sin embargo, esto no es así.

Desde un sector muy visible de la geografía política se le ha sugerido al comandante en jefe de las fuerzas armadas que se abstenga de enviar al ejército a aquellos lugares donde tiene lugar la comisión de ilícitos relacionados con el robo de combustibles, ignorando con semejante despropósito que la necesidad de preservar el orden no puede sincronizarse con el reloj de la competencia política. Tal necedad ni siquiera sorprende pues fue proferida desde el resentimiento y la irresponsabilidad, desde el desprecio por las vidas humanas y las instituciones.

Para quienes plantean el retiro del ejército mexicano de aquellas labores destinadas al cuidado de los recursos energéticos nacionales, o bien promueven el enjuiciamiento de los elementos de tropa por hechos diversos sin contar con más elementos que sus ocurrencias no tenemos más que la certeza de que la historia y los electores habrán de ponerlos en donde les corresponde.

Lamentar el fallecimiento violento de nuestros soldados constituye un deber ético del cual no podemos sustraernos, pero también una oportunidad para justipreciar el trabajo que hacen nuestros soldados por preservar la vida y la seguridad de los mexicanos. Es igualmente una oportunidad para reiterar nuestro compromiso con el Ejército y su demanda en el sentido de elaborar un marco jurídico de que permita a nuestra milicia participar en asuntos de seguridad pública, una petición por demás sensata, dadas las condiciones en que vive el país.

Debe ponerse un límite a la actividad de aquellos grupos que lucran indebidamente con bienes que son propiedad de todos, pero ello no va a ser posible sino hasta que cada uno de los tres niveles de gobierno haga lo que les corresponde en materia de seguridad pública, para así dejar de recargar nuestros elementos de una infinidad de labores que le desvían de su objetivo principal, que es la salvaguarda del territorio y la soberanía nacionales.

Tiene que intervenirse en las comunidades afectadas por el saqueo de combustibles, a efecto de restaurar la gobernabilidad perdida y revertir el proceso de entendimiento entre delincuentes y ciudadanos comunes, que permite que éstos últimos se conviertan en protectores de aquellos, con la consiguiente perversión de los valores que rigen la conducta social.

Es hora de decidir con quiénes estamos, si con la delincuencia y sus sicarios, o con las instituciones y esa mayoría ciudadana que aspira a vivir en paz y a hacer del trabajo el mejor medio para la movilidad social. Nosotros elegimos estar del lado del pueblo mexicano y de las instituciones que se ha dado.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena en contra del asesinato de cuatro soldados del Ejército Nacional Mexicano, acaecido en el municipio de Quecholac, estado de puebla. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Energía, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo de forma urgente acciones efectivas tendientes a combatir y erradicar el robo de hidrocarburos en el país. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años el país ha vivido un aumento generalizado de violencia e inseguridad, en gran medida estas problemáticas han sido producto de la incapacidad de las instituciones y del tenue esfuerzo por implementar estrategias efectivas que detengan esta ola dañina para la sociedad.

Reflejo de la situación actual es el extenso catálogo de tipos penales contenidos en todo el marco normativo nacional, los cuales han sido respuesta a la recurrente realización de hechos nocivos para la colectividad. Asimismo, persiste la imprecisión de que con solo aumentar las sanciones se previene el delito, no obstante, la prevención abarca una serie de tareas más complejas y de atención integral.

En este orden de ideas es prudente advertir que el robo, desde una óptica simple, es uno de los delitos que más se cometen en México y con el paso del tiempo se ha materializado de diversas formas, convirtiéndose hasta hoy en uno de los ilícitos que más aquejan a la población. Bajo esta premisa, la magnitud de ese ilícito se ha extendido a niveles inimaginables, en los cuales el daño patrimonial no solo afecta en lo individual, sino que además, ya está atacando considerablemente a la economía nacional.

Una problemática latente en el país es el reciente incremento del robo de hidrocarburos en diversas entidades, diversos grupos dedicados a realizar este ilícito se han estado beneficiando económicamente por este delito; sin embargo, una cuestión sumamente preocupante es, además de los daños patrimoniales, la serie de hechos violentos que ha desencadenado su combate y que desembocan lamentablemente en muertes.

Las tomas clandestinas de hidrocarburos no pueden justificarse de ninguna manera, pues a pesar del duro golpe que ha sufrido la economía de los mexicanos con el aumento al precio de la gasolina, es una realidad que las soluciones viables deben llevarse a cabo con atento apego a la ley y sin afectar los derechos de terceras personas. Sin embargo, es un hecho que esta actividad ilícita ya pasó a ser un negocio para quienes la perpetran, e incluso se están vinculando directamente sus ganancias con el crimen organizado. El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, afirmó recientemente a un medio de comunicación que “el robo de combustible en México en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento de narcotraficantes y provocar pérdidas millonarias al Estado”.1

Actualmente los tipos penales que regulan la materia se encuentran contemplados en la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la sustracción ilegal se sanciona con penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo; no obstante, es oportuno apuntar que la Cámara de Diputados recientemente aprobó nuevas reformas a esta Ley con el fin de endurecer las penas y sanciones; “las modificaciones imponen penas de 20 a 30 años de cárcel y multas hasta por un millón 826 mil pesos”.2

Una solicitud de información realizada por un medio, da cuenta que “en 2016, la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició 2 mil 960 carpetas de investigación por el presunto robo de hidrocarburos”.3Un dato alarmante si se toma en consideración que la cifra se mantiene constante, pues “la dependencia federal señaló que entre 2014 y 2016 se registraron 6 mil 913 averiguaciones previas iniciadas por el presumible delito de sustracción de hidrocarburos, de las cuales 3 mil 294 corresponden a 2014, 2 mil 930 a 2015, y 289 a 2016”.4

La sustracción no permitida de hidrocarburos, coloquialmente conocida como “ordeña”, se ha vuelto una práctica más que cotidiana, las personas dedicadas directamente a realizarla han sido denominadas en el estado de Puebla como “huachicoleros”, quienes a través del robo de hidrocarburos se han hecho de ganancias millonarias. En este sentido, “la Dirección Jurídica de Pemex estima que cada 24 horas las organizaciones criminales extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, lo que representa una ganancia anual de 21 mil millones de pesos”.5

Una de las cuestiones más preocupantes es también la posible participación de empleados de PEMEX, esta afirmación no se encuentra alejada de la realidad si se toma en cuenta que son estos quienes tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la sustracción de combustible con el menor riesgo posible, según se dio a conocer, la empresa productiva del Estado “tiene una lista de al menos 130 trabajadores y ex empleados investigados, detenidos y presentados ante el Ministerio Público en los últimos diez años por estar relacionados con el robo de combustible”.6 De entre los empleados señalados se encuentran vigilantes, choferes, operadores e ingenieros.

El combate contra el robo de hidrocarburos, aunque se ha procurado, no tiene la estrategia debida, toda vez que ha desatado una serie de hechos violentos, verbigracia lo ocurrido recientemente en el estado de Puebla, “un operativo del Ejército mexicano en una toma clandestina de combustible en el poblado de Palmarito derivó en un enfrentamiento, en el que murieron cuatro militares y seis presuntos delincuentes”.7 Posterior a estos hechos, el gobernador de la entidad, anunció el reforzamiento de la presencia militar, “con la llegada de dos mil soldados, para acabar con las bandas dedicadas al robo de combustibles”;8 esta medida, a pesar de presentarse como consecuencia urgente ante lo ocurrido, no deja de ser superficial, pues el combate no debe aislarse a la sola intervención castrense, sino que además es indispensable involucrar a las demás autoridades correspondientes en el diseño de estrategias efectivas.

Los enfrentamientos entre “huachicoleros” y elementos del ejército son ya comunes en el estado de Puebla. En enero de 2016 un grupo de personas dedicadas al robo de combustibles secuestró a seis militares durante más de cinco horas en la comunidad de San José Bellavista, pertenecientes al municipio de Palmar de Bravo, esta situación se dio momentos después de que los militares montaran un operativo para detener a ladrones de combustible, siendo recibidos con disparos y sometidos por los delincuentes.9

“Enfrentamientos a balazos entre los huachicoleros y los militares ya es normal en esta zona, dijo el presidente auxiliar de San José Bellavista, Marcelo Ramírez, quien a la vez admite que hay cierta complicidad entre los lugareños, debido a que se han sumado al bando de los ladrones”.10

Puebla no es el único que ha vivido enfrentamientos consecuencia de la ordeña de combustibles, en agosto de 2016 resultaron dos políticas muertos y dos heridos en un enfrentamiento con “chupaductos” en el estado de Veracruz, los hechos se registraron en el kilómetro 221 de la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la población de San Manuel La Puerta.11 “Para los pobladores de esta zona, tanto la localidad de Esperanza como las comunidades cercanas a ellas, después de las 22:00 horas las poblaciones se vuelven fantasmas, porque los habitantes deciden no salir de sus casas por el temor de verse en medio de un enfrentamiento”.12

Como consecuencia de los hechos ocurridos, es una realidad que el combate contra este ilícito debe contar con estrategias estructuradas, basadas principalmente en la investigación exhaustiva de las personas involucradas, con mayor razón si se trata de funcionarios o ex funcionarios que conocen del tema y han aprovechado ese saber para delinquir, pues de no ser así, la lucha contra este delito se estancará en combatir la violencia a través de más violencia.

En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo busca que las Secretarías de Gobernación y Energía trabajen en conjunto con los gobiernos de las 32 entidades federativas, a fin de ejecutar de forma urgente las acciones efectivas tendientes a combatir y erradicar el robo de hidrocarburos con un atento enfoque de investigación y actuación integral en aquellos puntos en los que el delito ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y Energía así como a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, para que de manera coordinada en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, lleven a cabo de forma urgente acciones efectivas tendientes a combatir y erradicar el robo de hidrocarburos en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 9 de mayo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Montalvo, Tania L., Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas millonarias [en línea], Animal Político, consultado el 05/05/2017, articulo disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-mexico/

2 Alemán, Vanesa, Diputados endurecen sanciones por robo de hidrocarburos [en línea], Excélsior, consultado el 05/05/2017, articulo disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/28/1160440

3 Rivera, Astrid, En 2016, PGR abrió casi 3 mil indagatorias por ordeña [en línea], El Universal, consultado el 05/05/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/5/en-2016-pgr-abrio-casi-3-mil-indagatorias-por-ordena

4 Ídem

5 Rueda, Rivelino, Funcionarios, coludidos en robo de ductos; Congreso exige investigación [en línea], El Financiero, consultado el 06/05/2017, articulo disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/funcionarios-coludidos-en-robo-de-ductos-congreso-exige-investigacion.html

6 Ídem.

7 Video: Enfrentamiento por robo de combustible en puebla deja 10 muertos [en línea], Expansión en alianza con CNN, consultado el 06/05/2017, disponible en: http://expansion.mx/nacional/2017/05/05/honran-a-soldados-caidos-en-enfrentamiento-con-huachicoleros

8 EFE, Con dos mil militares, refuerzan combate a robo de combustible en Puebla [en línea], Excélsior, consultado el 06/05/2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/05/1161782#view-1

9 Cruz, Elvia, El robo de gasolina enfrenta al ejército y a <<ordeñadores>>,CNNExpansión. Consultado el 7 de mayo de 2017. [En Línea]. Disponible en:http://expansion.mx/economia/2016/01/20/robo-de-combustible-enfrenta-al-ejercito-y-pobladores

10 Ídem.

11 El Sol de Puebla, Dos muertos en balacera entre chupaductos y policías de Veracruz en Esperanza. Consultado el 7 de mayo de 2017. [En Línea]. Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/dos-muertos-en-balacera-entre-chupaductos-y-policias-de-veracruz-en-esperanza

12 Ídem.






De las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo sobre el robo de hidrocarburos en el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN EN PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ROBO DE HIDROCARBUROS EN EL LLAMADO “TRIÁNGULO ROJO” DE PUEBLA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El problema del robo de gasolinas llegó el pasado 27 de abril a las páginas del New York Times. En un reportaje titulado “El auge del contrabando de combustible en México se convierte en una crisis” el diario norteamericano hace un diagnóstico de la situación que afronta nuestro país. Al respecto, esta “epidemia nacional” tiene como una de sus manifestaciones principales la cada vez mayor venta ilegal de combustibles en nuestro país, en Estados Unidos y Centroamérica.

México ha perdido más de mil millones de dólares al año y la causa principal de dicho problema es la debilidad del estado de derecho, lo cual provoca que más grupos delincuenciales acudan a esta actividad como una atractiva fuente de ingresos. Estos grupos, han logrado incluso que varios servidores públicos, principalmente de Petróleos Mexicanos sean manipulados a través de la violencia o incluso sean comprados. Por si fuera poco, esta situación no es mal vista por habitantes de las localidades donde el robo de combustibles prolifera, pues es más atractivo comprar gasolina barata que al precio sujeto al mercado, producto de la liberalización a partir de febrero de este año.

El aumento de tomas ilegales es exponencial. En 2009 existían 462 y para 2016, se encontraron 6,873. Por si fuera poco, las autoridades reconocen que la zona donde más prolifera esta conducta es en el “Triángulo Rojo”, en Puebla. Por si fuera poco, el reportaje incluyó la advertencia de Eduardo Guerrero en el sentido de que una acción del gobierno podía ocasionar un levantamiento social.1

El Director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, reconoció que en 2016 la empresa productiva del Estado sufrió pérdidas superiores a 30,000 mdp por el robo de hidrocarburos. Por si fuera poco, en los informes a los reguladores, tanto en Estados Unidos, como en nuestro país revelan que las tomas clandestinas identificadas y selladas llegaron a las 6,873 durante el año pasado, un incremento del 9.8% frente a las 6,260 detectadas durante 2015.

Esta situación ha llegado a niveles alarmantes, como lo ocurrido el pasado 3 de mayo, cuando cerca de 600 policías estatales y 400 militares, dos helicópteros patrulla y equipo artillado ingresaron a la comunidad de Palmarito Tochapan, en Puebla. Esta operación fue resultado de una supuesta denuncia que recibió personal adscrito a la 25 Zona Militar, en Puebla, por una toma clandestina por el rumbo de la Autopista Puebla-Orizaba.2

Durante la noche del miércoles, existió un enfrentamiento entre militares, policías y los posibles responsables, que dejó como saldo cuatro soldados y seis civiles muertos, entre ellos una mujer y un menor de edad, además de 12 heridos por arma de fuego y 14 detenidos. Los reportes del Gobierno de Puebla señalan que los agresores utilizaron como escudos humanos a niños y mujeres.3

Las advertencias de un posible conflicto social por una estrategia equivocada de esta conducta fueron omitidas y ello provocó que el pasado 4 de mayo, los pobladores de Palmarito bloquearan la carretera México- Veracruz para demandar el alto a los operativos, la salida de militares de Palmarito y la presentación con vida de 13 personas, quienes se encuentran con calidad de presentados ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el Gobernador Gali Fayad reconoció que el crimen organizado ha erosionado el tejido social, siendo su prioridad reconstruirlo.4

Es importante que estas conductas sean investigadas, para sancionar a las personas responsables. Sin embargo, no puede olvidarse que hace falta fortalecer la supervisión y garantizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre instituciones, cuyas omisiones o estrategias cerradas posibilitan que el delito no sólo continúe, sino que crezca. El robo de hidrocarburos debe ser visto como parte de una estrategia global para combatir a la delincuencia organizada y no como una conducta aislada.

Por si fuera poco, resultan preocupantes las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal el 5 de mayo de 2017, donde advirtió que en habrá mano dura contra todas las bandas que se dedican al robo de combustible, instruyendo a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a la Dirección correspondiente de Pemex a una estrategía de combate al robo de combustible. Asimismo, el presidente del PRI aprovechó el tema para solicitar al Congreso la discusión de la Ley de Seguridad Interior, pues “el desmantelamiento de las bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburos en México, señaló, sólo será posible con la participación conjunta de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, así como de la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos.”5

En este contexto, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un llamado a replantear la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, en especial este tipo de delitos, para que la misma sea dirigida a la reconstrucción de un tejido social, además del combate y captura de presuntos responsables.

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Gobernación, así como al Gobernador de Puebla, a definir una estrategia para el adecuado e integral combate a la crisis de robo de hidrocarburos en el “Triángulo Rojo”, con una visión de respeto a los derechos humanos y reconstrucción del tejido social.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscriben.

1 Semple, Kirk, “El auge del contrabando de combustible en México se convierte en una crisis” en The New York Times, 27 de abril de 2017, https://www.nytimes.com/es/2017/04/27/el-auge-del-contrabando-de-combustible-en-mexico-se-convierte-en-una-crisis/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex, consultado el 5 de mayo de 2017

2 “Operativo contra huachicoleros deja 7 muertos en Puebla” Javier Garduño 04 de mayo 2017 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/4/operativo-contra-huachicoleros-deja-7-muertos-en-puebla-4-son

3 Llaven, Yadira, “Chocan huachicoleros con policía y Ejército; 10 muertos, el saldo” en La Jornada, 5 de mayo de 2017, p. 3, http://www.jornada.unam.mx/2017/05/05/politica/003n1pol, consultado el 5 de mayo de 2017

4 Gobierno del Estado de Puebla, “Operativo Palmarito, ni un paso atrás en el combate a la delincuencia organizada: Tony Gali” (Boletín de Prensa), 4 de mayo de 2017, http://www.puebla.gob.mx/prensa-y-comunicacion/item/1053-operativo-palmarito-ni-un-paso-atras-en-el-combate-a-la-delincuencia-organizada-tony-gali, consultado el 5 de mayo de 2017

5 Martínez, Fabiola, “Ochoa Reza condena los hechos ocurridos en Palmaritos” en La Jornada, 5 de mayo de 2017, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/05/ochoa-reza-condena-los-hechos-ocurridos-en-palmaritos, consultado el 5 de mayo de 2017






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de grupos delictivos dedicados al robo de combustible. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno respeto a los derechos humanos, las instituciones, el orden jurídico y el Estado de Derecho; en el mismo tenor, rechazamos todo tipo de conducta que vulnere o produzca algún menoscabo al patrimonio, bienestar e integridad de la población.

Bajo esta tesitura, expresamos nuestra enérgica condena sobre los hechos ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de grupos delictivos dedicados al robo de combustible, denominados “Huachicoleros”.

El presente punto encuentra su motivación en los hechos ocurridos el 3 de mayo del año en curso, fecha en la que personal militar fue agredido a distancia por un grupo de individuos, hecho que lacera a la sociedad en su conjunto al tratarse de una de las instituciones con mayor confianza entre la población mexicana. 

Lo anterior sucedió mientras realizaban un operativo por la denuncia de una toma clandestina de combustible en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla y debido a que los agresores emplearon a mujeres y menores de edad como escudos, el personal militar no respondió los ataques que derivaron en el deceso de dos soldados y uno más resultó herido1.

A las 22:00 horas del mismo día 3 de mayo se registró un segundo ataque en el lugar referido (en el cual no fueron utilizados como escudo mujeres y menores de edad), mismo que fue repelido por los soldados para proteger su integridad. En el lugar, dos militares perdieron la vida y 9 más heridos por impacto de arma de fuego, además tres agresores fallecieron y uno quedó herido.  

Una vez que tomaron el control de la situación, personal militar logró la detención de 12 agresores (entre ellos dos menores de edad) y el aseguramiento de tres fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, así como cuatro camionetas (dos de ellas con blindaje de fábrica). Posteriormente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y los menores en calidad de presentados, estableciéndose coordinación con la Procuraduría General de la República y Fiscalía General del Estado de Puebla2.

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que obtuvo prisión oficiosa contra nueve personas vinculadas con los acontecimientos, asimismo, se informó que cuatro menores detenidos fueron canalizados a Justicia para Adolescentes y otro de los detenidos (también menor de edad) perdió la vida3.A pesar de que las investigaciones se encuentran en curso, es importante hacer énfasis en la necesidad de que este fenómeno sea atendido desde todas sus aristas por parte del gobierno del estado de Puebla.

Si bien es cierto que el robo de combustible no es exclusivo de Puebla (entre 2012 y 2015se detectaron  poco más de 2 mil tomas clandestinas de combustible en el país), también lo es que para dicha entidad representa una problemática que no puede ni debe ser minimizada, por el contrario, debe ser atendida de manera oportuna e integral por parte de las autoridades estatales.

Para ponderar la magnitud de este ilícito, cabe señalar que este delito tiene repercusiones de diversa índole, como son las finanzas públicas (genera pérdidas por más de 40 mil millones de pesos), cuestiones ambientales (al utilizar materiales inadecuados en su perforación y extracción puede generar incendios) y por supuesto, de seguridad pública, vulnerando a la población que se encuentra expuesta a ser víctima de ataques, lesiones e incluso de homicidios.

Por lo que respecta al estado de Puebla, tan sólo en el 2016 se identificaron más de 1 mil 533 tomas clandestinas y en lo que va del presente año, se han denunciado por lo menos 125 perforaciones4.

Lo anterior se agrava aún más si tenemos en cuenta que en la pasada administración estatal, las tomas clandestinas se incrementaron en  casi 1 mil 600 porciento, al pasar de 49 tomas clandestinas en 2010 a 825 para el cierre de 2015.5

Cabe destacar que este tipo de ilícitos, se concentra principalmente en cinco municipios del llamado “Triángulo Rojo”: Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, por donde atraviesan los ductos de PEMEX que van de Veracruz a la Ciudad de México. 

En dichas demarcaciones se registraron el 68 por ciento de las 825 tomas clandestinas registradas en el estado de Puebla durante todo 2015; y la tendencia a la alza se mantiene durante este 2016, pues tan solo en enero se detectaron 76 tomas clandestinas, un 49 por ciento más que en el mismo mes del año inmediato anterior.

La comisión de este delito también ha repuntado en la Sierra Norte de Puebla, en el corredor Xicotepec–Venustiano Carranza–Huauchinango, aunque todavía es menor al nivel referido en el corredor Veracruz – Ciudad de México.

Además, el gobierno de la entidad dio a conocer que al cierre del primer cuatrimestre de 2017 se ha logrado el decomiso de 2 millones de combustible robado, un millón 200 mil litros más que en el mismo periodo del año pasado. Esto, aunado al problema de los huachicoleros, evidencia la forma en la que el crimen organizado ha supera a las instituciones de seguridad pública de la entidad.

Los legisladores del PRI, consideramos prioritario que el robo de combustible sea erradicado, primero porque se encuentra tipificado por las leyes penales de nuestro país, y segundo, como ya se ha señalado, las consecuencias inherentes a este tipo de conductas trascienden a toda la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de grupos delictivos dedicados al robo de combustible. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que a través de las instancias correspondientes, fortalezca y amplié sus estrategias de prevención y combate frontal del robo de combustible en la entidad. Asimismo, se solicita que los hechos ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego, sean esclarecidos a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.gob.mx/sedena/prensa/personal-militar-es-agredido-con-disparos-de-arma-de-fuego-en-el-estado-
de-puebla

2 http://www.gob.mx/sedena/prensa/recibe-nueva-agresion-con-armas-de-fuego-personal-militar-en-el-estado-
de-puebla

3 http://www.proceso.com.mx/485414/dan-prision-a-nueve-personas-tras-enfrentamiento-militares-huachicoleros

4 https://www.elsoldezacatecas.com.mx/republica/puebla-segunda-entidad-con-mayor-robo-de-combustible

5 De mil 583% ha sido el crecimiento del robo de combustible con Moreno Valle, La Jornada de Oriente, <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/24/de-mil-583-ha-sido-el-crecimiento-del-robo-de-combustible-con-moreno-valle/> Consultado el 24 de febrero de 2016.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se reconocen las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos y repudia el artero ataque en el que fallecieron militares en el estado de Puebla, al ser mermados en su capacidad de defensa por abstenerse valerosamente de repeler una agresión en la que estaba de por medio un escudo humano integrado por mujeres y niños. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución que reconoce las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación, para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos y repudia el artero ataque en el que fallecieron militares en el estado de Puebla, al ser mermados en su capacidad de defensa por abstenerse valerosamente de repeler una agresión en la que estaba de por medio un escudo humano integrado por mujeres y niños; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda, una de las labores más honrosas y patriotas es el servir a los mexicanos para salvaguardar su integridad, vida y bienes. Esa es la misión de las fuerzas armadas de nuestro país.

Por ello, una tarea de gran peligro, en la que los elementos militares arriesgan y ofrendan su vida por la seguridad de todos nosotros. Lamentablemente esa valerosa encomienda y riesgo se vió reflejado en una serie de enfrentamientos entre fuerzas armadas y presuntos ladrones de combustible en el estado de Puebla, con un saldo de al menos diez personas muertas, entre ellas cuatro militares.

Lo sobresaliente del caso es que los elementos de nuestras fuerzas armadas se inhibieron de usar sus armas en virtud de que en la gresca, se usaron mujeres y niños como escudos humanos.

Las fuerzas armadas se abstuvieron de contestar el fuego como generalmente debió haber sido, con tal de salvaguardar la integridad de los civiles y con ello, mermaron las posibilidades propias de salvaguardar su vida.

Según se informa, una tropa de militares efectuaba reconocimientos terrestres cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por un grupo de individuos que se trasladaban a bordo de camionetas blindadas, de acuerdo a comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Las fuerzas armadas decidieron no repeler la agresión ante la presencia de mujeres y niños, que fueron utilizados como escudo. Los ataques comenzaron el miércoles de la semana pasada y se sucedieron hasta el día jueves, con un saldo de cuatro militares muertos.

Las bandas del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, dedicándose también a la extorsión, secuestro y al robo de combustible en los ductos de PEMEX. Lamentablemente Puebla es uno de los estados con mayor incidencia, misma que parece recrudecerse cada vez más.

Ello genera pérdidas millonarias a la paraestatal, pero lo peor, es que esta vez causó la pérdida de vidas humanas de personas que heroicamente sacrificaron la suya antes de abrir fuego contra sus agresores en virtud del escudo humano más inocente que pueda darse. Mujeres y niños para salvaguardar, escudarse y acribillar a nuestras fuerzas armadas, que al final del día, también son personas, seres humanos como cualquiera, con familia a quien dejar desamparada.

Este fue el cruel y verdadero saldo de la semana pasada en Puebla.

Lo cierto, es que en este evento los mexicanos nos consideramos agraviados, pues se demuestra la calaña de quienes socavan la paz y tranquilidad de todos, demostrando la falta de escrúpulos y respeto por la vida ajena, en este caso, de los valerosos soldados asesinados.

Un evento que no puede pasar inadvertido por este Senado de la República, y que  requiere de un pronunciamiento que haga patente la irritación y duelo que los mexicanos sentimos por este evento.

Un pronunciamiento para quienes han dado la vida y la arriesgan por la seguridad de todos los mexicanos, que pese a esos eventos, sigue siendo nuestro hogar y nuestra patria.

Por eso estimados compañeros Senadores, propongo a su venia un sentido pronunciamiento por parte del Senado de la República, para respaldar a nuestras fuerzas armadas y repudiar este tipo de ataques criminales, cobardes que se escudan en mujeres y niños para desdeñar el bien más preciado, como lo es la vida de las personas y el dolor que les es causado a sus familias.

Por ello, estimados compañeros legisladores, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República respalda, reconoce y agradece las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación, para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos.

SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su repudio y rechazo a los arteros y criminales ataques en contra de cualquier persona, en este caso, del cobarde asesinato de los militares caídos en el estado de Puebla, que vieron mermada su capacidad de defensa por tal de salvaguardar la vida de un escudo humano integrado por mujeres y niños.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que este ataque no quede impune, se esclarezcan los hechos y se castigue legalmente a los responsables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión permanente,
el 9 de mayo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






COMUNICACIÓN

Compañeros legisladores, informo a ustedes que recibimos una comunicación que suscribió la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, por la que informa que este día por la mañana se realizó su reunión de instalación. La Asamblea se da por enterada.








Hago ahora de su conocimiento que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LOS NOMBRES DE “MARIANO OTERO” Y “MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN”

(Presentada por los Diputados César Camacho Quiroz, Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, del grupo parlamentario del PRI)

CESAR CAMACHO QUIROZ, RAFAEL YERENA ZAMBRANO y PABLO GAMBOA MINER, Diputados Federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I, Numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LOS NOMBRES DE MARIANO OTERO Y MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En este año hemos tenido el honor de conmemorar el centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política, la cual ha sido el instrumento por antonomasia del pacto social cristalizado por las fuerzas revolucionarias, que reivindicaron los derechos de las clases más desprotegidas, poniendo a nuestro país a la vanguardia en la protección de los derechos sociales.

De esta manera la Cámara de Diputados debe seguir honrando la memoria de los próceres que tuvieron la convicción firme de proseguir la lucha por los ideales de la justicia social en todas las trincheras. Dos dignos ejemplos de estos próceres fueron los insignes jurisconsultos Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero Mestas, yucateco y jalisciense respectivamente, quienes no solo se limitaron a aportar con sus estudios e ideas las innovaciones al mundo jurídico, sino que además realizaron sendas obras en favor de la justicia, la democracia y el federalismo desde la trinchera parlamentaria y política.

Ambos personajes, fueron destacados tribunos las veces que formaron parte de los Congresos Constituyentes, como lo fue Manuel Crescencio García Rejón en el Constituyente de 1824 y Mariano Otero en los Constituyentes de 1842 y 1847. En estas asambleas mostraron su vocación política en su participación parlamentaria, revelando genialidades intelectuales, muy adelantadas para su tiempo.
Si bien es cierto que desde la primera ley de amparo de 1861 ha existido el debate sobre quien es el padre del juicio de amparo en torno a estos eruditos jurisconsultos, hasta ahora la conclusión que impera en la comunidad jurídica mexicana es la de que ambos contribuyeron con sus ideas a dejar los cimientos de la figura del juicio de amparo vigente, mismo que hoy en día es uno de los más grandes orgullos de México en la aportación al derecho.

Sobre esta disputa de la autoría del juicio de amparo apunta el jurista Ignacio Burgoa lo siguiente: “el fenómeno creativo no se resuelve en un simple hecho, sino que se traduce en una serie de actos concatenados entre sí producidos por una especie de sinergia eidética, o sea, un proceso de elaboración que comienza con la mera concepción de la institución de que se trate hasta su implantación definitiva y perfeccionada…no puede afirmarse que, atendiendo al concepto lógico y al fenómeno real que implica el proceso de creación, Rejón haya sido su precursor u Otero su creador. Tanto el yucateco como el jalisciense contribuyeron a crear nuestra institución…en consecuencia, nuestro juicio de amparo, perfeccionado ya en la Constitución Federal de 1857, adquirió vida jurídica positiva a través de la integración, sucesiva de sus elementos peculiares en la obra conjunta de Rejón y de Otero; al primero incumbe el galardón de haberlo concebido e implantado con sus notas esenciales, como institución local, correspondiendo al segundo el honor de haberlo convertido en federal”1.

Asimismo, estos dos mexicanos vivieron etapas del México convulso de la primera mitad del siglo XIX, en donde por un lado García Rejón, luchó codo a codo con Valentín Gómez Farías por el restablecimiento del sistema federalista a finales de la década de los treintas de dicho siglo y por otra parte Otero vivió la Guerra con Estados Unidos de América y fue un acérrimo opositor a la cesión del territorio mexicano producto del conflicto bélico con el país vecino. Sin embargo, ambos coincidieron en exaltar la unidad del país como la condición sine cuan non para restablecer la paz y buscar el progreso de la nación y al mismo tiempo una sociedad mexicana más justa.

Dentro de sus obras más emblemáticas, destacan sin duda el planteamiento del juicio de amparo de Rejón en la Constitución de Yucatán en 1841 y el voto particular de Otero en el Acta de Reformas de 1847. A partir de estos sendos proyectos se fue confeccionando un sistema de revisión constitucional y protección contra los actos arbitrarios de las autoridades así como de aquellas leyes que violaran los derechos consagrados en la Constitución, el cual culminaría por plasmarse en las Constituciones de 1857 y en la vigente de 1917.

Fue precisamente el Congreso Nacional Extraordinario de 1846 y 1847 el suceso que hizo coincidir a estos dos ilustres abogados en el cual fueron elegidos diputados.2 De esta forma fue que por medio de este Congreso que tuvo el carácter de Constituyente, estos grandes jurisconsultos coincidieron, aunque cada uno de ellos representaba a su partido, como fue el caso de Manuel Crescencio García Rejón quien encabezaba a los “puros” y por otro lado Mariano Otero al frente de los “moderados”.

Su labor como nomotetas dentro de sus funciones como legisladores alcanzó un expertis del más alto nivel, toda vez que los proyectos que formularon para instituir el amparo incluyeron una prolija técnica legislativa como puede observarse en sus proyectos. Tal es el caso de la Constitución de 1841 de Yucatán, formulada en gran medida por Manuel Crescencio García Rejón y el Proyecto de Acta de Reformas de 1847 propuesto por Mariano Otero. En dichos proyectos podemos observar la utilización del vocablo “amparo”, el cual recoge la tradición colonial del juicio sumarísimo de amparo, que como lo apunta Felipe Tena Ramírez resultaba “castizo y evocador”.3

Es así que las obras jurídico-políticas de estos dos célebres personajes, fueron la base para que los constituyentes de 1856-57 implantaran el sistema de garantías constitucionales en la Constitución, así como su medio de protección el juicio de   amparo.

En este tenor, a casi 6 años de una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años como lo fue la de derechos humanos, nuestro juicio de amparo se adecuó a la nueva realidad en donde sigue queda de manifiesto que sigue siendo un mecanismo efectivo para la tutela de los derechos y bienes jurídicos de las personas. Y no solo eso, sino que a más de 160 años de la presentación de sus proyectos, el poder revisor de la Constitución amplió el alcance de protección de los derechos humanos incluyendo el principio “pro persona”, fortaleciendo así los ideales de García Rejón y Otero.

A continuación, se exponen de forma muy breve, sus reseñas biográficas:

Manuel Crescencio García Rejón

El insigne jurista Don Héctor Fix Zamudio, elaboró una reseña biográfica de García Rejón intitulada “Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García Rejón ”en la cual hace referencia a lo siguiente:

“Nació en 1799 en el pueblo de Bolonchenticul, en el camino que va de Campeche a Mérida, en Yucatán, y falleció en la ciudad de México el 7 de octubre de 1849. En aquella época no existían muchos abogados que hubiesen hecho estudios formales en las distintas regiones de la Nueva España y posteriormente en los primeros años de vida independiente puesto que entonces la mayoría de ellos se concentraron en las ciudades de México y Guadalajara, ya que en ellas estaban instaladas la Audiencias coloniales. Ello determinó que el joven Rejón hiciera estudios generales de humanidades, en particular de filosofía, y durante ellos se nutrió en las ideas de los enciclopedistas y los racionalistas europeos, especialmente franceses.

Fueron sus profesores el filósofo Pablo Moreno y el sacerdote Vicente María Velázquez, capellán de la parroquia de San Juan Bautista, que había organizado una agrupación con los llamados “Sanjuanistas” que eran de ideas avanzadas. En este ambiente se formaron también los destacados liberales que tuvieron una importante participación en la vida pública de México, Andrés Quintana Roo y Lorenzo Zavala.

En cuanto a las muy conocidas e infatigables actividades políticas de Manuel Crescencio García Rejón, sólo destacamos las más notorias como partido de la independencia; activo participante en el Congreso Constituyente de 1823-1824; federalista convencido y defensor de nuestro país frente a las agresiones de los Estados Unidos, no obstante de su ferviente admiración por el sistema político y jurídico norteamericano. Diputado y Senador en varias ocasiones; Embajador en varios países latinoamericanos, y dos veces, en 1844 y 1846, muy digno Secretario de Relaciones Exteriores, en unos de los períodos más difíciles de nuestra historia.

En cuanto a su participación en la creación del juicio de amparo, y a la que por su puesto haremos hincapié, no se ha estudiado lo suficiente en otros aspectos también de gran trascendencia, inclusive en el mismo proyecto de la Constitución yucateca de diciembre de 1840 (que en ocasiones se confunde con el texto aprobado en marzo de año siguiente), en cuanto al ejecutivo colegiado; la enumeración de los derechos del hombre o “garantías individuales”; la elección popular directa de diputados, senadores, Gobernador y Cónsules; el juicio por jurados; el establecimiento del juicio político de los altos funcionarios; el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y la consagración de la libertad religiosa, esta última reconocida expresamente en el ámbito nacional hasta las leyes de reforma de 1859-1860.”4

Manuel Crescencio García Rejón, siendo diputado federal, propugnó por extender el amparo de garantías de los derechos del hombre llevándolo a la Constitución Federal, en el memorable programa de la mayoría de los diputados del Distrito Federal de 29 de noviembre de 1846, en el que se propuso a la Nación el juicio de amparo, pero no ya como tutelar de todos los preceptos de la Constitución, como lo había establecido en Mérida, seis años antes, sino reducido a ser custodio celoso de las garantías de los derechos del hombre.5

Otros aspectos relevantes en la vida pública de Manuel Crescencio García Rejón destaca en ser el primer diputado en México que se pronunció por la abolición de la pena de muerte. Fue un convencido federalista, defendió además la idea de conservar al Senado como cámara colegisladora para evitar que una facción se apoderara de una sola asamblea trastornar el espíritu democrático; propuso el voto popular y directo para la elección del ejecutivo y de los miembros del legislativo; la supresión de los fueros eclesiástico y militar, entre otras.6

Asimismo, tanto García Rejón pugnó por que la preconización de los derechos del hombre figurara en la Constitución. Esto se desprende de su proyecto, como es el caso de la Constitución Yucateca de 1841, en cuya exposición de motivos García Rejón al comentar sobre la facultad de los jueces para proteger los derechos humanos, señala que “se ha querido colocar a las garantías individuales, objeto esencial y único de toda institución política”, bajo la salvaguarda del poder judicial, que es responsable de sus actos, y sabrá custodiar el sagrado depósito que se confía a su fidelidad y vigilancia, en donde también se resalta que las garantías deberían de aplicarse a todo habitante del Estado de Yucatán sea habitante o extranjero7.

Dentro de sus obras, fue notoria la influencia que ejerció en el jurisconsulto yucateco la obra del francés Alexis Tocqueville titulada La Democracia en América del Norte, en virtud de que de ella extrajo muchos planteamientos, entre ellos destaca sobre el derecho del Poder Judicial de censurar la legislación, en el que mencionaba que también se le obliga a ejercerlo de una manera oscura y en casos particulares, ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las facciones. Sus sentencias pues, como dice muy bien Tocqueville, no tendrán por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal, y la ley sólo se encontrará ofendida por casualidad. De todos modos la ley así censurada no quedará destruida: se disminuirá sí su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Sólo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia.”8
Mariano Otero Mestas

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 4 de febrero de 1817. Su vida fue breve pero fecunda, en tan sólo 33 años logró consagrarse como un gran ideólogo, político y jurista excepcional. A los 18 años se graduó de abogado ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, ejerció con éxito su carrera y muy pronto se convirtió en un prestigiado profesional del derecho con fama de muy buen orador, políticamente fue un liberal distinguido.

Don Mariano Otero, a los 25 años de edad escribió un libro fundamental para el conocimiento del México de su tiempo la célebre obra denominada Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana.

Entre los temas que Mariano Otero trató con maestría figuran los penales y penitenciarios. Precursor del laicismo mexicano, comprendió tempranamente que el clero de su época era una franca expresión de poder político al que se hacía necesario acotar, separando completamente al Estado de la Iglesia para fortalecer la soberanía de la nación. Lo que a la postre sentaría las bases de la moderna relación Estado-Iglesias, fundada en el respeto.

A Mariano Otero le debemos una de las figuras jurídicas más sobresalientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el juicio de amparo, contenido en los artículos 103 y 107 constitucionales. Es él quien lo crea como juicio de garantías, como juicio constitucional, inspirándose en la idea estatal de juicio de amparo plasmado en la Constitución del Estado de Yucatán, aprobada el 31 de marzo de 1841, creación de Manuel Crescencio García Rejón.

En 1842 fue electo diputado al Congreso nacional extraordinario, lo que lo obligó a trasladarse a la Ciudad de México. El propósito central que lo llevó a ser diputado fue el de contribuir a la elaboración de una Nueva Constitución para México que viniera a suplir las amargas experiencias de la Constitución centralista de 1836. En dicho congreso se puso de manifiesto su ideario político en el que ponderaba la unidad nacional para la transformación del país basándose en el federalismo y la representación de las minorías, en donde destaca el planteamiento de la representación proporcional como complementaria de la mayoritaria.

En 1846 se vuelve a convocar a un Constituyente para restaurar la Constitución de 1824, en el cual resulta electo diputado y participa en la formulación del “Acta Constitutiva y de Reformas de 1847” y presenta un proyecto como voto particular, consagrándose en su contenido el juicio de amparo y dando certidumbre al destino de la nación, en uno de los momentos más críticos y aciagos de la vida nacional, en que parecía inminente su desmoronamiento por las luchas fratricidas y por el desgano nacional ante las ambiciones externas y la injusta intervención, invasión y despojo de los norteamericanos, donde perdimos dolorosamente más de la mitad del territorio nacional. En 1848, al instalarse los poderes en la Ciudad de Querétaro y reunirse allí el Congreso como consecuencia de la invasión norteamericana, Mariano Otero fue uno de los cuatro diputados que se opusieron a los tratados de paz impuestos por los invasores ya que entrañaban la aceptación sumisa.

En su papel como diputado constituyente, procuró que en el Acta de Reformas simplemente se detallaran las garantías individuales y que se reservara a una ley constitucional el cuidado de establecerlas y de adoptar los medios para hacerlas efectivas. Fijó los recursos por los cuales se anularían las leyes generales o particulares que con ellas se impugnase, y confió al Poder Judicial de la Federación el cuidado de amparar a los ciudadanos vejados en el goce de sus garantías.9 Esto constituiría junto con la Constitución yucateca de 1841 como un antecedente fundamental para nuestro juicio de amparo, el sistema de garantías individuales y el control de constitucionalidad vigentes.

En 1848 durante la Presidencia de José Joaquín de Herrera (1792-1854) aceptó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 1849 fue electo senador, cargo en el que brilló intensamente; el 12 de mayo de 1849 el papa Pío IX le otorgó la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Piana.

Mariano Otero fue un humanista que contribuyó con su talento y sus acciones, como otros brillantes mexicanos, para perfilar el rostro de la nación de la que hoy orgullosamente formamos parte. Falleció en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1850 a causa de una epidemia de cólera, poniendo fin a una brillante e intensa carrera política y profesional.10

Es por todo lo expuesto que ante la fortuna de haber contado con la existencia de estos distinguidos jurisconsultos mexicanos, es importante que esta Honorable Cámara de Diputados, les guarde el honor merecido un asunto de reconocimiento histórico. Refiriéndome a la presente iniciativa de decreto cuyo fin es rendir homenaje a dos hombres notables de la historia jurídica y parlamentaria de México como lo fueron Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero Mestas.

Por todo lo anterior, se somete a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo en San Lázaro, “Crescencio García Rejón” y “Mariano Otero”.

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo en San Lázaro “Crescencio García Rejón y Mariano Otero”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. César Camacho Quiroz.- Dip. Rafael Yerena Zambrano.-
Dip. Pablo Gamboa Miner.

Fuentes consultadas:
Bibliografía
Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo,12 ed. México, Porrúa, 1977.
Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Aportaciones al pueblo de México de Josef Mariano Fausto Andrés otero Mestas (1817-1850), T. I., Serie Doctrina Jurídica, Núm. 699, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014
González Oropeza, Manuel, La Reforma del Estado Federal, Acta de reformas de 1847, Estudio introductorio y compilación, Serie C: Estudios Históricos, Número 73, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México,Cámara de Diputados-UNAM, 1993.
Revistas
Fix-Zamudio, Héctor, Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García Rejón, en Medio Siglo de la Revista de la Facultad de Derecho de México, Número Conmemorativo, México,UNAM, 1991, consultado en consultado en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/30095/27170.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2289/38.pdf Rejón y Otero
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/116/40.pdf  Rejón Soberanes
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/30095/27170 Rejón Fix

1 Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo,12 ed. México, Porrúa, 1977, p. 135.

2 González Oropeza, Manuel, La Reforma del Estado Federal, Acta de reformas de 1847, Estudio introductorio y compilación, Serie C: Estudios Históricos, Número 73, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 10, consultado en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/690/2.pdf

3 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional mexicano, 25 ed. México, Porrúa, 1991, p. 498., citado por Soberanes Fernández, José Luis , en La Constitución Yucateca de 1841 y su juicio de amparo,Liber Ad Honorem, Sergio García Ramírez, T. I, México, UNAM, 1998, p. 653

4 Fix-Zamudio, Héctor, Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García Rejón, en Medio Siglo de la Revista de la Facultad de Derecho de México, Número Conmemorativo, UNAM, México, 1991, p. 465-509, consultado en consultado en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/30095/27170.

5Consultadoenhttps://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/escuela-nal-jurisprudencia/article/viewFile/21118/18892

6 Idem.

7 Fix-Zamudio, op. cit. p. 487.

8 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit.,

9 Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el Constitucionalismo Mexicano, Cámara de Diputados-UNAM, México, 1993, p. 81.

10 Consultado en http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/OMM17.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXI DEL ARTÍCULO 3o. Y III DEL ARTÍCULO 6o. Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 27 Y VI DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXI DEL ARTÍCULO 3º Y LA III DEL 6º; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 Y LA VI DEL 111 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado del 5 %.

Por grupos de población, se observa que si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en las mujeres, entre las que el consumo de drogas ilegales se duplicó: aumentó de 1 % en 2002 a 1.9 en 2008, mientras que el consumo en hombres se incrementó sólo de 8 a 8.8 por ciento.

La incidencia de uso de drogas entre la población de 12 a 65 años que habita en zonas rurales y urbanas de México es de 5.7 %; esta proporción aumenta a 9.1 si sólo se considera a los hombres y desciende a 2.6 si se considera nada más a las mujeres, quienes históricamente han estado menos expuestas al consumo de estas sustancias en una razón de 3.5 hombres por cada mujer.

El consumo de drogas es mayor en las generaciones más jóvenes, en comparación con lo que ocurría en las previas: sólo 3.6 % de las personas que nacieron entre 1942; el índice aumenta a 5.7 en la generación nacida entre 1957 y 1971; en la nacida entre 1972 y 1983 aumenta a 7.7 y disminuye a 4.9 en la nacida entre 1984 y 1996.

Más hombres (9.1 %) que mujeres (2.6) han consumido drogas, principalmente porque han tenido más oportunidades de hacerlo. Cuando se controla la exposición a las drogas, las diferencias en el consumo entre hombres y mujeres desaparecen.

Los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de consumir drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad. Además, presentan 69 veces más probabilidad de fumar marihuana cuando se la ofrecen regalada que sus compañeros que no han estado expuestos. La probabilidad aumenta sólo 21 veces para quienes tienen entre 18 y 34 años y 19 veces entre quienes tienen 35 años o más. Reforzar las medidas que limitan el acceso a tabaco y alcohol para los menores de edad tiene un efecto importante en la reducción de la probabilidad de consumo de otras drogas.

Es 4.5 veces más probable que una persona se involucre en el consumo de las drogas si su papá o sus hermanos las usan. Sin embargo, la probabilidad se incrementa hasta 10.4 veces si quien las emplea es el mejor amigo. En ese contexto, la prevención y la educación para la salud toman gran relevancia frente este problema de salud pública.

Sólo la mitad de los jóvenes de entre 12 y 25 años ha estado expuesta a la  prevención. Por tanto, es necesario reforzar los programas preventivos que se imparten en las comunidades, dirigiéndolos especialmente a la población que ya no está en la escuela.

Si bien ha aumentado la proporción de personas que busca ayuda por problemas de drogas, sólo una tercera parte de los adictos acude a tratamiento. Los grupos de autoayuda tienen presencia muy importante y constituyen un apoyo invaluable, especialmente en el mantenimiento de la abstinencia; sin embargo, resultan indispensables su vigilancia y control.

Las personas con abuso y dependencia de sustancias tienen problemas de salud y conflictos sociales no atendidos. Por tanto, se han hecho esfuerzos importantes para aumentar la oferta de tratamiento, aunque no es suficiente, lo cual torna indispensable transformar la perspectiva que posee el sistema nacional de salud al respecto.

La presente iniciativa con proyecto de decreto complementa la materia de salubridad general que el artículo 3o. de la Ley General de Salud establece actualmente en la fracción XXI, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, con el componente de atención de éste y agrega la drogadicción a fin de ampliar el espectro jurídico de la materia, pues resulta imprescindible que la adicción en general se sitúe en el mismo nivel de importancia que el consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Entre los objetivos del sistema nacional de salud se establece colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de drogadicción, además del de abandono, que ya establece la ley vigente. Lo anterior, a fin de generar una base jurídica que facilite la intervención de todos los actores del sistema en favor de los grupos vulnerables, en un tema que debe preocuparnos a todos los mexicanos.

Dada la amplia incidencia y prevalencia en materia de farmacodependencia y drogadicción, resulta imprescindible generar un nuevo enfoque en cuanto a los servicios básicos a través de los cuales se garantiza el derecho a la protección de la salud, razón por la cual la presente iniciativa incorpora a ellos la materia de prevención y atención de la farmacodependencia y la drogadicción.

Igual que en el caso anterior, el enfoque existente en la Ley General de Salud respecto a las materias que componen la promoción de la salud resulta insuficiente, por lo que se propone incorporar la prevención de adicciones como uno de los elementos indispensables, a fin de que se reconozca la verdadera importancia y se dirijan los esfuerzos a su refuerzo, que tendrá con toda seguridad muy buenos resultados para todos los que habitamos el país.

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforman las fracciones XXI del artículo 3º y la III del 6º; y se adicionan la fracción XII del artículo 27 y la VI del 111 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. …

I. a XX. ...

XXI. La prevención y atención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, así como el programa contra la farmacodependencia;

XXII. a XXVIII. ...

Artículo 6o. …

I. y II. ...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono o drogadicción, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a VIII. ...

Artículo 27. …

I. a XIX. ...

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas,

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica, y

XII. La prevención y atención de la farmacodependencia y drogadicción.

Artículo 111. …

I. a III. ...

IV. Salud ocupacional;

V. Fomento sanitario; y

VI. Prevención de adicciones.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD)

Quien suscribe, MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, Diputada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución, en su Artículo 3o. asienta que la Educación es un derecho que debe garantizarse a todas las niñas, los niños y adolescentes, sin importar condiciones sociales, étnicas o lingüísticas.

El mismo texto consigna que una de las características de este servicio tiene que ser la calidad.

Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre del 2014, especifica que niñas y niños son todos aquellos mexicanos desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, mientras que los adolescentes son quienes tienen de 12 a 17 años.

Uno de los retos más difíciles continúa siendo la calidad educativa; pero, si consideramos que no todos los niños y adolescentes tienen acceso a la educación, estamos ante un doble reto, que se complica todavía más cuando, de acuerdo con el estudio más reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sector indígena es el que más reciente tanto la falta de acceso educativo como el rezago y la calidad de este derecho. (1)

Los datos duros arrojan que casi 8 millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país pertenecen al sector indígena. Desglosado, tenemos que, para el 2014, la tasa de analfabetismo entre indígenas de 15 o más años fue tres veces mayor a la de la población ajena a este sector: 19.3%, contra 6.3%. En otro orden, la población indígena apenas tuvo 6.7 años de escolaridad, contra el promedio nacional, que fue de 8.9; además, sobre la permanencia en las escuelas, en el año que nos ocupa el 73.1% de niños entre 3 y 5 años, que asistían a centros escolares, se redujo a 68.5% en la población indígena. 

Otro factor tiene que ver con el nivel de aprendizaje: mientras que 5 de cada 10 niñas y niños de escuelas primarias generales lograron el nivel más bajo en la prueba Lenguaje y Comunicación, a cargo del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, del INEE 2015, en planteles indígenas fueron 8 de cada 10. Esta situación de permanencia escolar se agudizó aún más: mientras que un 76.6% de jóvenes entre 15 y 17 años en el 2014 contaban con educación básica completa, en comunidades indígenas sólo fue del 56.7%.

El reto es de gran magnitud, si consideramos que el censo del INEGI, en el 2015, arrojó que el 21.5% de la población mexicana es indígena. Y de esta población, el 22.1% son niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años, en edad de acceder a la educación básica. 

Existen factores diversos que explicarían el rezago educativo de niñas, niños y adolescentes. Algunos tienen que ver con el hecho de que, de acuerdo con el mismo estudio del INEE, entre 47 y 53% de los docentes no hablan la lengua autóctona de sus alumnos; o el hecho de que permee, en el inconsciente colectivo de las comunidades indígenas, la idea errónea de que su cultura y lengua son impedimento para incorporarse a una dinámica mestiza con mayores posibilidades de desarrollo social y económico, situación ésta derivada de una compleja cuan indebida inercia social discriminatoria. 

No podemos dejar de lado que uno de estos factores de alto impacto tiene que ver con la migración, en la búsqueda de mejores oportunidades de sobrevivencia, de comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema y, en no pocos casos, miseria, condiciones que hacen de estas comunidades expulsoras permanentes de migrantes hacia distintos puntos de la República.

El fenómeno migratorio, además, desde hace una década a nuestros días se ha intensificado a partir de la crisis de inseguridad, recrudecida en las áreas rurales de aquellas entidades donde, por su complicada geografía, terminan en comunidades fantasma.

Esta migración, de carácter interna, en nuestro país, entraña que familias enteras se trasladen a lugares desconocidos para ellas, o a que, en la mayoría de estos casos, por motivos económicos los padres vayan de una entidad a otra, a diversas actividades agrícolas y de albañilería, llevando con ellos a sus pequeños hijos, a quienes, en el mejor de los casos, en horas de labor dejan en supuestos albergues, vecindades y patios con mallas perimetrales, que forman parte de las prestaciones laborales de los patrones. Al respecto, un 15%, del 22.1% de la población indígena entre 3 y 17 años, enunciada líneas antes, se encuentra en esta situación de migración, lo que hace muy complicado su acceso a la educación, y no se diga a la permanencia, aprovechamiento y calidad.

De acuerdo con una investigación de caso, en el estado de Sinaloa, son cuatro los planos por investigar, para conocer las razones de tanta desigualdad educativa, tanto en el acceso a las aulas, como en la permanencia y el aprovechamiento. Estos cuatro planos son el jurídico (lo que nos indica la Constitución), el político-ético, que entraña llevar a los hechos la educación, como imperativo de justicia social; el socioeconómico, donde se da, precisamente, el cuello de botella, dado que la pobreza lleva a miles de familias a migrar de un lugar a otro; y, finalmente, el educativo, que se convierte en reto de las autoridades para hacer que niñas, niños y adolescentes en esta situación accedan a la educación, como vía para el desarrollo personal y social.(2)

El estudio de caso en Sinaloa, en mención, consigna el esfuerzo de autoridades federales y locales por llevar la educación, mediante personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a los sitios donde se instalan los niños jornaleros e hijos de jornaleros.

Durante los meses de febrero y marzo del presente año, la Cámara de Diputados se dio a la tarea de convocar a expertos en educación, autoridades y académicos, a foros y mesas de trabajo en materia educativa, con motivo del análisis y discusión de la Iniciativa Preferente enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para hacer frente a una probable contingencia educativa provocada por las deportaciones estadunidenses anunciadas por el gobierno de Donald Trump.

De estos foros y mesas de trabajo, los más destacados sobre el tema, Estudio, Educación y Migrantes, realizado el 2 de marzo; y Espacios de Diálogo para la Mejora de la Educación de la Niñez Indígena, del 15 de marzo, arrojaron conclusiones que expresan nuestra realidad, entre las cuales vale la pena mencionar que en nuestro país existe un grave rezago educativo, que se agudiza aún más en la población indígena, primordialmente en aquella en edad de educación básica, de 3 a 17 años; además, la discriminación continúa siendo un considerable obstáculo en la meta educativa nacional; la planta docente es más que insuficiente; las condiciones geográficas de las comunidades indígenas complican el traslado de los infantes a los centros escolares y, ante todo, las condiciones de pobreza, expresas en altos niveles de desnutrición, desalienta el presente y futuro de este sector poblacional mexicano que, como se ha dicho líneas anteriores, constituye por lo menos la quinta parte de la población total de nuestro país.

Al respecto, es más que oportuno retomar lo aseverado por los ponentes, en los foros precitados, específicamente por Sylvia Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, si bien nuestro país no cuenta con un número preciso de niñas, niños y adolescentes jornaleros e hijos de jornaleros y obreros migrantes, una cifra aproximada es de 400 mil, de los cuales el 50% corresponde al sector indígena, con más riesgo de vulnerabilidad si tomamos en cuenta la arraigada cultura de la discriminación.

De acuerdo con el Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, en este sector de trabajadores, que incluye a infantes “…el desconocimiento de sus derechos, la falta de regulación y la insuficiente inspección laboral conduce frecuentemente a la violación de sus derechos laborales y humanos…”. (3)

Otro dato alarmante: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “…de los 335,000 accidentes laborales fatales en el mundo, aproximadamente 170,000 corresponden a fallecimientos de trabajadores agrícolas cada año (50.7%)…” (4)

Con base en datos oficiales, correspondientes a censos y encuestas de instituciones como el INEGI, arriba del 50% de trabajadores migrantes tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango; siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor expulsión de trabajadores agrícolas del país. (5)

Por otra parte, las características del mercado laboral, por cada región de nuestro país, determina los flujos migratorios. Así es como, para efectos de análisis y estudio sobre este fenómeno, las autoridades han clasificado esta dinámica en dos grandes rutas: “…en la ruta del Pacífico, los estados de Oaxaca y Guerrero son las principales zonas de expulsión; en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados del noroeste y algunos del occidente, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit. En la ruta del Golfo, los jornaleros de la sierra norte de Puebla, Veracruz e Hidalgo acuden a los campos de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente. Una ruta también importante, aunque más reducida es la del sureste, sobre todo la que se da entre los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche...” (6)

Considerando los datos precitados, de acuerdo con información oficial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con actividad desde hace 45 años, en todas las entidades federativas alrededor de 40 mil Líderes Educativos Comunitarios (antes llamados Instructores Comunitarios) atienden actualmente a poco más de 32 mil infantes en edad de cursar la educación básica, que viven en condiciones de marginación y rezago social, y que corresponden a población mestiza, indígena y migrante.(7)

Este servicio, amén del brindado a menores de 4 años en los sectores poblacionales precitados, no ha sido suficiente, porque la demanda y la necesidad rebasan considerablemente la capacidad de cobertura docente, la infraestructura y las herramientas disponibles, así como la voluntad y dedicación de quienes asisten a la niñez en estas condiciones.

La realidad de estos sectores de infantes y adolescentes en riesgo de no acceder a la educación con la calidad debida, en suma, avasalla la capacidad, organización y metas del Estado Mexicano. Sin embargo, si consideramos que es tarea diaria de cada parte del gobierno, que incluye al Legislativo, aportar lo que nos corresponde, debemos seguir aspirando a hacer de la educación el motor principal de transformación y cambio de las condiciones de vida de todos los mexicanos.

Es por ello que, expuestos los argumentos anteriores, me permito someter a la consideración de esta Soberanía una propuesta de Adición de una fracción VI al párrafo tercero del Artículo 57, en su Fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que esté contemplado en la norma nacional el esfuerzo a que están obligadas las autoridades, teniendo como meta general acudir al rescate de los sectores más vulnerables, para allegarles todas las facilidades posibles, a fin de que accedan al conocimiento básico; haciendo menos complicados aquellos obstáculos como la pobreza, la discriminación y su condición migratoria por motivos laborales.

Para mayor referencia de la reforma se incluye el presente cuadro comparativo:

Texto original actual:                                        Propuesta de la Iniciativa:

Capítulo Décimo Primero
Del Derecho a la Educación
Artículo 57. ….
….
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

 

I al V ….

 

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII al XXI …

Capítulo Décimo Primero
Del Derecho a la Educación
Artículo 57. ….
….
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I al V …

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias educativas, brindarán el servicio de educación a niñas, niños y adolescentes obreros y jornaleros, e hijos de trabajadores obreros y jornaleros que, por necesidad laboral,  migren de una entidad federativa a otra, de manera temporal. Para hacer realidad este servicio, las autoridades educativas se coordinarán con personal especializado de los sistemas DIF y con los organismos públicos que correspondan, a fin de ubicar los albergues y/o los espacios de vivienda temporal de los infantes en mención. El tiempo que estos infantes accedan a la educación, por mínimo que sea, deberá ser reconocido y revalidado por la autoridad educativa, con el objetivo de que su aprovechamiento educativo sea evaluado y cuente con la validez oficial en el territorio nacional.

VII al XXI …

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada María Luisa Beltrán Reyes, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto mediante el cual se reforma la fracción VI, del artículo 57, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Artículo Único: Se reforma la fracción VI del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57. …

I a V. …

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias educativas, brindarán el servicio de educación a niñas, niños y adolescentes obreros y jornaleros, e hijos de trabajadores obreros y jornaleros que, por necesidad laboral,  migren de una entidad federativa a otra, de manera temporal. Para hacer realidad este servicio, las autoridades educativas se coordinarán con personal especializado de los sistemas DIF y con los organismos públicos que correspondan, a fin de ubicar los albergues y/o los espacios de vivienda temporal de los infantes en mención. El tiempo que estos infantes accedan a la educación, por mínimo que sea, deberá ser reconocido y revalidado por la autoridad educativa, con el objetivo de que su aprovechamiento educativo sea evaluado y cuente con la validez oficial en el territorio nacional.

VI. a XXI. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. María Luisa Beltrán Reyes.

Referencias

1) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. México, 2017. Primera Edición. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2017/directrices/Directrices4.pdf
2) Teresa de J. Rojas La falta de equidad en la educación primaria de la población infantil jornalera migrante (PIJM): Sinaloa, un estudio de caso.. Foro Invisibilidad y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros agrícolas en México. 26 y 27 de septiembre del 2002.
3) http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/
4) Íbidem, página 10
5) Íbidem, página 13.
6) Íbidem, página 16.
7) www.conafe.gob.mx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 753 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 419 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Luis Ernesto Munguía González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Suscrito Diputado Luis Ernesto Munguía González, miembro de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE QUE REFORMA EL ARTÍCULO 753 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y ADICIONA UN ARTÍCULO 419 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, POR VIRTUD DEL CUAL SE BUSCA RECONOCER EL ESTATUS DE LOS ANIMALES COMO SERES SINTIENTES Y SE CREA EL DELITO DE CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho romano clásico creo la figura de los bines semovientes para referirse a aquella parte del patrimonio de las personas que no podía considerarse mueble o inmueble, porque tenía la característica particular de moverse por sí mismo. Es decir, la tradición jurídica de la que proviene nuestro derecho no consideró esencial el hecho de que los animales fueran entes vivos y sensibles, sino que eran una propiedad que se movía por sí sola, a diferencia de los inmuebles, que son inamovibles, que los muebles, que pueden ser removidos por una fuerza externa. Por sofisticada que fuera la cultura romana, no era muy propensa a reconocer la dignidad de “lo otro”, lo diferente.

Dos milenios después, el panorama jurídico internacional con respecto a la relación entre los seres humanos y los animales-no humanos (como los reconoce ahora la doctrina para enfatizar nuestra cercanía biológica con ellos), ha evolucionado en el sentido de dar a los animales la protección más amplia posible y, el hecho de que una legislación no contemple las instituciones necesarias para procurar su bienestar, es visto como un signo de retraso civilizatorio.

El entorno jurídico mexicano ha seguido la tendencia internacional, si bien a paso lento. La mayoría de las entidades federativas ha recogido en su derecho penal diversas conductas de maltrato animal que son sancionadas con penas privativas de la libertad; actualmente se encuentra en vigor la Ley Federal de Salud Animal, que está enfocada a las condiciones de salubridad y de minimización del sufrimiento de los animales sujetos a procesos industriales para el consumo humano, sin embargo, es un pequeño avance; por su parte, en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se han presentado al menos un par de proyectos de leyes para el bienestar animal, que tienen un enfoque mucho más centrado en la protección generalizada de los animales como seres sintientes, ya se trate de los animales domésticos, animales utilizados en espectáculos, etc.; asimismo, en días pasados fue aprobada por el Senado de la República una reforma, promovida por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, incluyendo en el Código Penal Federal el artículo 419 Bis, que establece las penas para todo aquel que se involucre en cualquier actividad vinculada con las peleas de perros, incluidos aquellos que sólo vayan como espectadores; y también se ha establecido la prohibición de utilizar mamíferos marinos en espectáculos, salvo aquellos que se encuentran actualmente en esa situación. Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México estableció las bases para garantizar la protección y el bienestar de los animales dentro de su jurisdicción, las actividades prohibidas que dañen a los animales, las condiciones mínimas de bienestar para los animales sujetos a procesos industriales para consumo humano e, incluso, las facilidades que deben recibir aquellas organizaciones que se dediquen a su rescate, cuidado y protección.

Definitivamente falta mucho camino por recorrer. Actualmente el Código Civil Federal contempla a los animales un bien mueble, parte del patrimonio de las personas, ajeno a la tendencia internacional de reconocer a los animales-no humanos como seres sintientes, que deben estar sujetos a un trato diferente a cualquier forma del patrimonio.

Por su parte, el Código Penal Federal nada dice sobre el maltrato, la crueldad extrema o la brutalidad en con que gracias a las redes sociales hemos sido sacudidos una y otra vez como sociedad al ver a sujetos desequilibrados que comparten orgullosos sus propios videos en los que cometen completamente carentes de sentido humano en contra de los animales, ya sea en circos, en contra de animales domésticos e incluso en lugares que supuestamente se dedican al cuidado y comercialización de animales.

Es por ello que me encuentro presentado esta iniciativa que contiene propuesta de reforma tanto al Código Civil Federal, como al Código Penal Federal, de forma que el derecho mexicano cumpla con los estándares internacionales de respeto y protección de los animales-no humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el Artículo 753 del Código Civil Federal Y Adiciona un Artículo 419 Ter. al Código Penal Federal.

PRIMERO. Se reforma el Artículo 753, del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro por efecto de una fuerza exterior. Los animales, como una ficción jurídica, serán considerados dentro de este rubro únicamente en lo que comprende en su relación con el patrimonio de las personas. No obstante lo anterior, este Código reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir un trato digno. Las relaciones entre las personas y los animales estarán sujetas a este Código, así como a las leyes en materia de bienestar y sanidad animal. Toda persona tiene la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y su tutela es de responsabilidad común.

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 419 Ter al Capítulo Segundo “De la biodiversidad” del Título Vigésimo Quinto “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 419 Ter.-Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días de multa, a quien:

I.Por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud a un animal doméstico o amansado;un animal de los que habitualmente están domesticados; un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano; ocualquier animal que no viva en estado salvaje.

II. Abandone a un animal de los mencionados en la fracción anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad Asimismo, ya sea por privarle de agua y alimentos, o por exposición a condiciones climatológicas extremas o no aptas para el desarrollo saludable de la vida animal.

Se impondrá la pena máxima que establece el presente artículo siempre que, en cualquiera de los casos anteriores, hubiese mediado ensañamiento, brutalidad, o crueldad extrema, se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal o sise hubiese causado la muerte del animal.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Luis Ernesto Munguía González.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 TER, 65 TER 1, 65 TER 2, 65 TER 3, 65 TER 4 Y 65 TER 5 A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por los Diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Octavio Camacho Quiroz, Enrique Jackson Ramírez, Jorge Carlos Ramírez Marín, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Martha Hilda González Calderón, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Rocha Aguilar, Matías Nazario Morales, Adolfo Mota Hernández y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del grupo parlamentario del PRI)

Los que suscriben, ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ, CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ, JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN; ASÍ COMO MARÍA ESTHER GUADALUPE CAMARGO FÉLIX, MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, MIRIAM DENNIS IBARRA RANGEL, LAURA MITZI BARRIENTOS CANO, JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS, HERSILIA ONFALIA ADAMINA CÓRDOVA MORÁN, MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, YULMA ROCHA AGUILAR, MATÍAS NAZARIO MORALES, ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ y VIRGILIO DANIEL MÉNDEZ BAZÁN, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 TER, 65 TER 1, 65 TER 2, 65 TER 3, 65 TER 4 Y 65 TER 5 A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, tutela el derecho de toda persona a recibir educación, siendo de carácter obligatorio la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Asimismo establece que es responsabilidad del Estado garantizar que la educación obligatoria sea no solo de calidad sino gratuita, y en su fracción VI, establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

Al efecto precisa que en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

Por su parte, la Ley General de Educación precisa que sus disposiciones son de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social, regulando en su Artículo 1º, la educación que imparten la Federación, las entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Esta Ley en su Artículo 2º, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad y por tanto, todos tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Reconoce y expresa que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; que es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad; y, que es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Prevé que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines deseados.

En sus artículos 5º y 6º se precisa que la educación que el Estado imparta será laica y gratuita, lo que a contrario sensu nos permite deducir que la educación que impartan los particulares no será onerosa, lo que es razonable e importante por la ampliación de la cobertura que esto representa y la oportunidad para todos aquellos padres de familia o usuarios que optan por los servicios prestados por particulares. Adicionalmente, en cualquiera de los casos, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo al educando.

Como refiere nuestra Carta Magna, en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Para garantizar la calidad de la educación obligatoria impartida por los particulares, el artículo 21 de esta Ley establece que las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan sus servicios en estas instituciones y otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que obtengan resultados satisfactorios, ofreciendo cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares deben otorgar las facilidades necesarias.

La Ley General de Educación dedica el Capítulo V, denominado “DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES”, con los artículos del 54 al 59, regulando la prestación de servicios educativos por los particulares en la forma siguiente:

Precisa que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Que en cuanto a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado; y, por otra parte, precisa que tratándose de estudios distintos a los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Enseguida establece que la autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios y que para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos.

Asimismo, dispone que la autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional y que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21.

Es decir, que cuenten con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables y que para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y que cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Se establece que las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos; y, de igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que obtengan resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

No hay que olvidar que, con base en el artículo 14 de la Ley General de Educación, la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios es una atribución concurrente entre autoridades educativas federal y locales, que en la práctica ha ocasionado no sólo la creación de algunos planteles con calidad educativa deficiente sino la apertura de servicios educativos que funcionan sin tenerlos y se amparan ante el cierre de instalaciones bajo que la propia ley otorga en el sentido de la libertad de obtener o no la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y por consiguiente, incorporarse o no al sistema educativo nacional.

En su Análisis Temático de la Educación Terciaria publicado en 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) observó esta situación en México. Inclusive para la OCDE los lineamientos para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios no satisfacen el objetivo de asegurar la calidad de los programas educativos, en gran medida derivado del explosivo crecimiento de los servicios educativos ofrecidos por particulares que abrumó la regulación existente.

Cabe mencionar que uno de los objetivos principales del análisis de la OCDE en materia de educación terciaria es identificar las iniciativas y prácticas innovadoras y exitosas y difundir el conocimiento y la evidencia basada en investigaciones sobre el impacto de las políticas de educación terciaria. En ese sentido, en dicho análisis se manifiesta que en México, la calidad de la educación, definida como el impacto del sistema sobre las capacidades académica, económica y social de los estudiantes, sigue siendo insatisfactoria.

En lo relativo al aseguramiento de la calidad de los programas, se afirma en el análisis que existe una gama de enfoques complementarios; en primer término, las instituciones normalmente realizan autoevaluaciones y desarrollan sistemas internos de aseguramiento de la calidad, a fin de asistirlos en sus procesos de planeación estratégica, desarrollo de programas y evaluaciones externas. Sin embargo, los sistemas internos de aseguramiento de calidad, en algunos casos, no se sujetan a validaciones externas, con lo que las prácticas varían de forma considerable entre instituciones.

La Ley dispone que los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó, lo que en muchas ocasiones no sucede cuando no cuentan con los mismos, al no haber eficientes y efectivos mecanismos de supervisión y de eventual sanción por parte de las autoridades competentes.

En ese orden de ideas, se encuentra establecido que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables; así como, cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes; y además, proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; cumplir los requisitos previstos en el artículo 55; y, facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

Establece además, que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos y que procurarán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año, cumpliendo con el procedimiento que la propia ley prevé.

Finalmente, establece la obligación de que los particulares que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, así como, que en el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación y demás disposiciones que deriven del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Adicionalmente a lo dispuesto en la Ley General de Educación, el marco normativo que regula los servicios que prestan los particulares está conformado por otros ordenamientos como la Ley para la Coordinación Superior y diversos Acuerdos Secretariales emitidos por la Secretaría de Educación Pública:

• Acuerdo 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

• Acuerdo 254 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación primaria.

• Acuerdo 255 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación secundaria.

• Acuerdo 276 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación secundaria técnica.

• Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior.

• Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos, las normas y criterios generales a que se ajustará la revalidación de estudios.

• Acuerdo 357 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación preescolar.

• Acuerdo 450 por el que se establecen los lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo media superior.

Como puede observarse, la Ley General de Educación establece las disposiciones a las que deben estar sujetos los servicios educativos que prestan los particulares; pero, no contiene en sus dispositivos legales lo relativo a su comercialización.

Este tema tan importante de las contraprestaciones o pagos y los incrementos por concepto de los servicios educativos que proporcionan los particulares y en general lo relativo a esos servicios educativos en sus diversos aspectos, se encuentra regulado por el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.

Este Acuerdo de fecha 28 de febrero de 1992, fue suscrito por el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, el Secretario de Educación Pública y el Procurador Federal del Consumidor, siendo aplicable para el ciclo escolar 1992-1993 y subsecuentes, como lo establece el artículo segundo transitorio de dicho Acuerdo Intersecretarial.

En su apartado de considerandos se precisa que los titulares de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se encuentran sujetos a las disposiciones que, con fundamento en la Ley, emitió la SEP para elevar la calidad de los servicios educativos que prestan.

Que adicionalmente, dichos titulares y quienes imparten estudios no sujetos a autorización o reconocimiento de validez oficial, son proveedores de servicios y, en tal virtud, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se detalla también que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el cumplimiento de su objeto; y, que ante esta diversidad en los servicios, no es factible establecer de manera uniforme el monto de las prestaciones que deben ser abiertas.

También se precisa que es facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, fijar normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de los servicios educativos que brindan los particulares, así como una mejor provisión de información, todo lo cual sirve de base y sustento para la emisión de ese acuerdo intersecretarial y sus disposiciones legales contenidas en once artículos, estableciendo las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares.

Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, con sus reformas de 2004 a 2016, regula lo relativo a las relaciones que se suscitan entre los proveedores de productos o servicios y los usuarios o consumidores, estableciendo normas de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Se establece que esta ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; que sus disposiciones son irrenunciables y que contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

Establece además que su objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

El artículo 2, establece que se entiende por “Consumidor”, la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios, o a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

Y por otra parte, establece que se entiende por “Proveedor”, la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

El artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tiene funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Esta ley en su artículo 24 establece para la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras, las siguientes atribuciones:

“I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;”

A esta fracción IV, se adicionó un segundo párrafo por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto de 2010, con el texto siguiente: En el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las y los consumidores, la publicación señalada en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación así como la aptitud del personal administrativo que labora en el plantel;”

Ahora bien, por lo que se refiere a los diferentes servicios proporcionados por los proveedores, la Ley Federal de Protección al Consumidor, los regula en su “Capítulo VI”, denominado: “De los servicios”, en forma general y de manera especial en sus artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 BIS, 63 TER, 63 QUATER, 63 QUINTUS, 64, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7.

Pero el “Capítulo VI”, denominado: “De los servicios”, no contempla en especial la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, por lo que se continúa aplicando desde el 11 de marzo de 1992, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes y año.

Así, han transcurrido a la fecha casi 25 años que en forma ininterrumpida, la Procuraduría Federal del Consumidor, ha estado ejerciendo sus atribuciones y facultades relacionadas con la prestación de servicios por los particulares, aplicando las correlativas que tuvieron su origen en el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.

De 1992 a la fecha, la oferta en materia de servicios educativos que prestan los particulares ha ido en incremento acelerado, debido al crecimiento demográfico y la consecuente demanda cada vez mayor de los servicios educativos en todos los niveles, en nuestro país.

La tendencia en los últimos años se confirma y ha sido de incremento de la matrícula educativa atendida por particulares. Según datos del ciclo escolar 2015-2016, el 13.3% de la matrícula educativa nacional es atendida por particulares. Sin embargo, en el análisis por nivel educativo encontramos asimetrías significativas; por ejemplo, en el nivel de educación básica, el porcentaje de la matrícula atendida por particulares es de 9.9%; para el caso del nivel de educación media superior, prácticamente se duplica, alcanzando el 18.6%; siendo la educación superior el nivel en el cual es mayor la oferta de servicios que prestan los particulares, alcanzando el 29.3% de la matrícula total de ese nivel educativo. Lo anterior puede apreciarse en la tabla siguiente:

Matrícula Educativa escolarizada
por tipo educativo y sostenimiento

Tipo educativo /
Sostenimiento

Alumnos / Ciclo escolar

%

2014-2015

2015-2016

 

Total

36’113,802

36’392,832

 

Público

31’356,950

31’537,619

 

Privado

4’756,852

4’855,213

13.3

Educación Básica

25’980,148

25’897,636

 

Público

23’468,536

23’334,603

 

Privado

2’511,612

2’563,033

9.9

Educación Media Superior

4’813,165

4’985,080

 

Público

3’906,800

4’057,227

 

Privado

906,365

927,853

18.6

Educación Superior

3’515,404

3’648,945

 

Público

2’474,541

2’579,289

 

Privado

1’040,863

1’069,656

29.3

Capacitación para el Trabajo

1’805,085

1’861,171 e/

 

Público

1’507,073

1’566,500

 

Privado

298,012

294,671

15.8

e/ Cifras estimadas.
FUENTE: Dirección General de Planeación, y Estadística Educativa. SEP, Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2015-2016.

Por lo anterior, consideramos que es necesario y urgente incorporar a la Ley Federal de Protección al Consumidor las normas necesarias en materia de regulación de los servicios educativos que prestan los particulares, reformando el artículo 7º y adicionando los artículos 65 Ter, 65 Ter 1, 65 Ter 2, 65 Ter 3, 65 Ter 4 y 65 Ter 5 al “Capítulo VI”, denominado: “De los servicios”.

En este orden de ideas, y a efecto de apreciar las diferencias existentes el texto vigente de la Ley y el texto propuesto en esta iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

ARTÍCULO 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a los cuáles se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados o condicionadosestos bienes o servicios a persona alguna.

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter. Los servicios educativos prestados por particulares de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley General de Educación, además de lo establecido en la normatividad educativa y a lo dispuesto en esta ley, se sujetarán a los lineamientos generales que expida la Secretaría con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública.

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter 1. La Secretaría a través de la Procuraduría podrá realizar visitas especiales de evaluación, inspección y vigilancia a los planteles particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de este ordenamiento, de conformidad con el artículo 13 de esta Ley.

Lo anterior sin perjuicio de la inspección y vigilancia que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia lleven a cabo en términos de lo que dispone el artículo 58 de la Ley General de Educación.

 

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter 2. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley, deberán informar por escrito a quienes ejercen la patria potestad, la tutela o al interesado en caso de que sea mayor de edad, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización y en general los demás conceptos que sean permitidos y establecidos en los lineamientos generales que se expidan de conformidad con el artículo 65 Ter de esta Ley.

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter 3. Los particulares podrán suspender la prestación de servicios educativos en caso de falta de pago de tres o más mensualidades de colegiatura, para lo cual deberán sujetarse a los lineamientos generales que se expidan de conformidad con lo previsto en el artículo 65 Ter de esta Ley.

Bajo ningún supuesto podrá condicionarse la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna.

 

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter 4. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley no podrán incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar, ni establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie, salvo que exista acuerdo por escrito de manera individual con quienes ejercen la patria potestad, la tutela o con el alumno en caso de que sea mayor de edad.

 

 

(SIN CORRELATIVO)

ARTÍCULO 65 Ter 5. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley serán considerados como proveedores y sujetos a los derechos y obligaciones que esta ley y sus reglamentos emitan.

Al efecto, consideramos que la presente iniciativa no sólo es de utilidad pública, sino muy importante, pertinente y necesaria para modernizar el marco jurídico regulador de las relaciones entre los particulares proveedores que se dedican a la comercialización de los servicios educativos y los consumidores o usuarios de esos muy importantes servicios.

Además, es importante señalar que esta iniciativa no tiene impacto presupuestal, porque no conlleva la realización de nuevas funciones, ni la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la aprobación de esta Honorable Asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 y se adicionan los artículos 65 Ter, 65 Ter 1, 65 Ter 2, 65 Ter 3, 65 Ter 4 y 65 Ter 5 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 7 y se adicionan los artículos 65 Ter, 65 Ter 1, 65 Ter 2, 65 Ter 3, 65 Ter 4 y 65 Ter 5 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a los cuáles se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados o condicionadosestos bienes o servicios a persona alguna.

ARTÍCULO 65 Ter. Los servicios educativos prestados por particulares de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley General de Educación, además de lo establecido en la normatividad educativa y a lo dispuesto en esta ley, se sujetarán a los lineamientos generales que expida la Secretaría con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública.

ARTÍCULO 65 Ter 1. La Secretaría a través de la Procuraduría podrá realizar visitas especiales de evaluación, inspección y vigilancia a los planteles particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de este ordenamiento, de conformidad con el artículo 13 de esta Ley.

Lo anterior sin perjuicio de la inspección y vigilancia que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia lleven a cabo en términos de lo que dispone el artículo 58 de la Ley General de Educación.

ARTÍCULO 65 Ter 2. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley, deberán informar por escrito a quienes ejercen la patria potestad, la tutela o al interesado en caso de que sea mayor de edad, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización y en general los demás conceptos que sean permitidos y establecidos en los lineamientos generales que se expidan de conformidad con el artículo 65 Ter de esta Ley.

ARTÍCULO 65 Ter 3. Los particulares podrán suspender la prestación de servicios educativos en caso de falta de pago de tres o más mensualidades de colegiatura, para lo cual deberán sujetarse a los lineamientos generales que se expidan de conformidad con lo previsto en el artículo 65 Ter de esta Ley.

Bajo ningún supuesto podrá condicionarse la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna.

ARTÍCULO 65 Ter 4. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley no podrán incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar, ni establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie, salvo que exista acuerdo por escrito de manera individual con quienes ejercen la patria potestad, la tutela o con el alumno en caso de que sea mayor de edad.

ARTÍCULO 65 Ter 5. Los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley serán considerados como proveedores y sujetos a los derechos y obligaciones que esta ley y sus reglamentos emitan.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría expedirá los lineamientos generales a que se refiere el artículo 65 Ter de esta Ley, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz.- Dip. César Octavio Camacho Quiroz.- Dip. Enrique Jackson Ramírez.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín.- Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix.- Dip. Martha Hilda González Calderón.- Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel.- Dip. Laura Mitzi Barrientos Cano.- Dip. Juana Aurora Cavazos Cavazos.- Dip. Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán.- Dip. María del Carmen Pinete Vargas.- Dip. Yulma Rocha Aguilar.- Dip. Matías Nazario Morales.- Dip. Adolfo Mota Hernández.- Dip. Virgilio Daniel Méndez Bazán.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 5 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Ernesto Ibarra Montoya, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Diputado, Dr. ERNESTO IBARRA MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 5, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, desde hace más de tres décadas, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro Sistema Nacional de Salud,  existen dos sectores básicos, el público y el privado. En el sector público se encuentran las instituciones de seguridad social y las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social. El sector privado incluye a las compañías aseguradoras y a los prestadores de servicios que ofrecen servicios profesionales de salud, de manera independiente.

En nuestro país se ofrece beneficios en salud muy diferentes entre grupos de población,  dependiendo del grupo social de pertenencia. Básicamente hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud:

• Los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias;

• Los auto empleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se  encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias, y

• La población con capacidad de pago.

Dada esta composición, la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, en el año 2003, constituye uno de los hitos más trascendentes en la Historia del Sistema Mexicano de Salud, pues a través de su brazo operativo, el Seguro Popular, ha logrado ofrecer servicios de salud al 40% de la población que carece de una relación formal de trabajo, que la haría derechohabiente del sistema de seguridad social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud “El Seguro Popular es un seguro médico, público y voluntario, que fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar. Además, ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos. “

Resulta indiscutible el éxito, que en materia de cobertura en salud ha logrado el Seguro Popular, sin embargo es preciso que no olvidemos que del año 2003 al 2008, solamente se convirtieron en beneficiarios de ese seguro, 27.1 millones de personas y que a la fecha son 50 millones, lo cual le ha otorgado una mayor complejidad en la administración y exige una mayor capacidad de resolución por parte del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y de éste, su brazo operativo.

Es un hecho que los 50 millones de afiliados del Seguro Popular tienen una menor cobertura en comparación con los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE. Mientras que estos tienen garantizada, formalmente, la atención de cualquier enfermedad, Seguro Popular solamente cubren 344 padecimientos (285 esenciales y 59 de alta complejidad). Este número solamente representa el 2.4%, de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (elaborado por la OMS).

Aunque uno de los objetivos del Seguro Popular es reducir el gasto de bolsillo destinado a pagar servicios de salud, a favor de la población más pobre del país, ello aún no se ha cumplido, pues el 46% de los hogares afiliados a este programa realizan gasto de bolsillo para pagar ya sea atención médica, hospitalaria o medicamentos.

Para los usuarios, el tiempo de espera para recibir atención es de regular a muy largo, en promedio de 78 minutos en pasar a la consulta, cuando lo previsto es de media hora. La mayor cantidad de quejas son porque los pacientes no logran surtir del todo su receta médica y la calidad de atención clínica es deficiente.

Un mecanismo reconocido por la Ley General de Salud, para tratar de incrementar la capacidad de resolución del seguro popular lo constituye la firma deconvenios suscritos entre las entidades federativas y éstas con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.

No obstante lo anterior y dado el gran volumen de beneficiarios, el Seguro Popular no ha logrado satisfacer, con su capacidad instalada, la gran demanda de servicios de salud; es por ello que la presente iniciativa pretende sentar la base legal para que las instituciones de salud de carácter privado y los profesionales de la salud que ofrecen servicios de salud de manera independiente, puedan ser acreditados para colaborar con el proceso de atención de los beneficiarios del Seguro Popular mediante el esquema de intercambio de servicios y así poder ampliar la cobertura, brindar servicios de salud oportunos, mejorar la atención de la salud de las familias que más lo necesitan y particularmente de aquellas que por diversas razones no han sido incorporadas al seguro popular.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma las fracciones XII, XV y XVI, del  Apartado A), la fracción VII del apartado B), del Artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud, de la Ley General de Salud.

Único. Se reforman las fracciones XII, XV y XVI, del apartado A), y la fracción VII apartado B), todas del Artículo 77 bis 5 de la  Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y, con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y con las instituciones de salud privadas y con profesionales acreditados, que ofrecen servicios de salud de manera independiente, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.

XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de las instituciones de salud privadas, de los profesionales, que ofrecen servicios de salud de manera independiente y en general de los establecimientos de salud prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones, profesionales acreditados y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XVIII. ….

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí, con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con las instituciones de salud privadas y con profesionales acreditados, que ofrecen servicios de salud de manera independiente, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;

XVIII. al IX. …

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Ernesto Ibarra Montoya.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por los Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

ALFREDO BASURTO ROMÁN y JUAN ROMERO TENORIO en nuestro carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6 párrafo 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G) DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma constitucional del 10 de junio 2011 en materia de derechos humanos, que hizo evidente el reconocimiento por parte del estado Mexicano de la progresividad de los derechos humanos, a través de la inclusión del principio pro persona como un eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, ha tenido como consecuencia la necesaria adaptación de una gran cantidad de leyes secundarias en toda las materias para hacer realidad las disposiciones contenidas en el Código Político fundamental.

La ampliación de los derechos fundamentales mediante la inclusión de principios fundamentales, como la no discriminación, así como la obligación expresa de las autoridades para observar los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, apuntan hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos, y tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, a pesar de estos enormes avances, existen lagunas legales sobre amplios aspectos de las relaciones en sociedad que dan pie a violaciones sistemáticas1 a derechos humanos de las personas, e incluso  han permitido que su práctica se oficialice, específicamente en lo relacionado a la discriminación laboral por tener antecedentes penales.

En México, existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. En caso de que la persona que busca empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que les niegue el empleo.

Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en artículo primero de la Carta Magna, así como  del principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia, porque castiga hechos pasados y futuros no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales cotidianas entre las personas y con las autoridades, incluso en ocasiones de manera inconsciente2.

Las personas que han vivido la condición de sentenciados condenados a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal. Cuando intenta transitar hacia la recuperación del goce pleno de sus derechos, buscan que la sociedad les acepte y puedan acceder a otra oportunidad. No obstante, este es un proceso que en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, de iure y facto, por tener antecedentes penales,  lo que implica que se les señale por esta condición.

En estos caos los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado y quienes se encuentran en este supuesto, llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que hace que una persona que “podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente (...) nos lleva a alejarnos de él (...) Creemos, por definición, (…) que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana"3.

Esta espiral de discriminación, va reduciendo, poco a poco, las posibilidades de una persona para hacer una vida en sociedad. Así "El individuo estigmatizado puede descubrir que se siente inseguro acerca del modo en que vamos a identificarlo y a recibirlo (...) Para la persona estigmatizada, la inseguridad relativa al status, sumada a la inseguridad laboral, prevalece sobre una gran variedad de interacciones sociales"4.

Los antecedentes penales, forman parte del pasado de la persona y se encuentran dentro de su vida privada. El que se garantice ese derecho a la vida privada, que no se conozcan sus antecedentes penales ante el evidente riesgo a ser discriminado, representa el derecho a la reinserción social efectiva.

Esta situación con frecuencia afecta y se extiende hacia su familia. Como ejemplo baste señalar las entrevistas para exámenes de control de confianza, donde las solicitudes de información sobre los antecedentes penales no solo son personales sino también de familiares. Así las penas trascendentes, entendidas como aquellas que trascienden a la familia, y que por mandato constitucional están prohibidas, se aplican en parte, debido a que los efectos de una pena afectan de modo directo a terceros extraños no incriminados como puede ser a los parientes del sentenciado5, únicamente por el hecho de tener una relación familiar.

En materia laboral esta pérdida o disminución del ejercicio pleno derechos6de una persona que ya fue sentenciada y que ya cumplió con su pena; es altamente reprochable, más aún cuando  esta limitante trasciende a sus familiares como una continuidad del castigo a éste.

A pesar de que existe prohibición constitucional en la aplicación de penas trascendentes por parte de los órganos jurisdiccionales, es claro que esta forma de discriminación administrativa dista mucho de haber sido erradicada y se ha extendido aduciendo cuestiones de seguridad.

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a sus representantes:

"Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;(…)”

Sin embargo la solicitud de antecedentes penales es una práctica sistemática. La expedición administrativa de este documento por parte de la autoridad ha perpetuado y  fomentado esta práctica.

Así, el conocimiento de los antecedentes penales que deberían ser solo de conocimiento personal y familiar, para salvaguardar del derecho a la vida privada, y de consulta de las autoridades para fines de identificación, se convirtió en los hechos en un trámite obligatorio para ser exhibido frente a terceros; acción que discrimina a las personas y degrada su dignidad, dando por resultado un acto lesivo para los derechos humanos.

La autoridad administrativa debe renunciar de oficio a proporcionar estos datos y solo las procuradurías o fiscalías, las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales deben tener acceso a los datos de identificación de quienes por alguna u otra razón cuenten con antecedentes penales.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala las obligaciones del estado y de todas las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. En este sentido, es el Estado quien debe asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; Esta norma es obligatoria y de carácter general por lo que debe ser aplicable  para todas las personas que se encuentren o sean parte de los Estados Unidos Mexicanos, sin excepción de aquéllas que han sido sentenciadas a cualquier pena condenatoria sin ser privativa de libertad, están en prisión o bien que han recuperado su libertad.

El Estado debe garantizar el derecho a un proyecto de vida digna, promoviendo la efectiva reinserción social, evitando el  fenómeno de la “puerta giratoria”; es decir, la reincidencia, que es la antítesis de la reinserción social efectiva.

El reconocimiento del proyecto de vida al cual todas las personas tienen derecho, va relacionado con la reinserción social efectiva de las personas que salen de prisión a fin de que se les permita tener otra oportunidad. Así lo ha señalado la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su jurisprudencia:

“ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. El hecho de haber cometido un delito intencional, puede llegar a constituir un factor que demuestre la falta de probidad o de honestidad en la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero no resulta determinante, por sí solo, para tener por acreditada la carencia de esas cualidades. El que una persona goce de las calidades de probidad y honestidad se presume, por lo que cuando se afirma que se carecen, se debe acreditar que dicha persona llevó a cabo actos u omisiones concretos, no acordes con los fines y principios perseguidos con los mencionados valores.” (…) “cuando las penas impuestas ya se han compurgado o extinguido y ha transcurrido un tiempo considerable a la fecha de la condena, se reduce en gran medida el indicio que tiende a desvirtuar la presunción apuntada, porque la falta cometida por un individuo en algún tiempo de su vida, no lo define ni lo marca para siempre, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida.” (…) “si una persona comete un ilícito, no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social”.

Sala Superior, 3ª Época. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 32-33, tesis S3EL 015/2001. Registro 920824.

Para abundar en esta idea es necesario recurrir a la tesis establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

165823. 1a. CCXIV/2009.Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, Pág. 277.

Así mismo, la jurisprudencia internacional a que está obligado el estado mexicano y todas sus autoridades, ha establecido criterios jurídicos definidos sobre lo que debe entenderse como proyecto de vida:  La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, el daño al proyecto de vida atiende a “la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable, de aquellas expectativas razonables y accesibles, de acuerdo al caso concreto”7.

Éste abarca aspectos inherentes a daño emergente”, entendido como “la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente que le discriminan ante el acceso a un trabajo remunerado y a otros derechos, así como al “lucro cesante” como la pérdida de ingresos económicos futuros, posibles de cuantificar a partir de ciertos indicadores”8. Luego entonces, el proyecto de vida, implica “la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Éste se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que la persona puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone”9.

De acuerdo con la referida sentencia de la CrIDH, estas afectaciones “cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito”10.

En este orden de ideas, la revelación de aspectos privados e íntimos como lo son los antecedentes penales, supone una vulneración a los derechos de la personalidad11. El acceso que tengan terceros de los antecedentes penales de una persona o de los familiares de ésta, no deben afectar el ejercicio de los derechos de las personas y si por esto se perturban, deben ser reparados ya que difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece del ejercicio pleno de sus derechos.

La legislación mexicana señala en el artículo 1916 del Código Civil Federal que por daño moral se entiende “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.”

Así la estigmatización y privación al ejercicio pleno de derechos de un apersona, derivada del acceso que terceros tengan de sus antecedentes penales o incluso, por ser familiar del condenado, se enmarcan dentro del supuesto contemplado en el Código Civil Federal:

“Artículo 1916…

Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.”

Igualmente debe considerarse lo previsto en el artículo 6º, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece que la información referida a “la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”, para que en el caso de las personas que han compurgado una sentencia se les aseguren estos derechos, así como el previsto por el artículo 18 Constitucional relativo a la reinserción social, para que toda persona consiga concretar un proyecto de vida, sin una estigmatización derivada de sus antecedentes penales, haya o no sido sentenciada por un delito grave, ya que se debe considerar únicamente que haya cumplido con la pena impuesta y con los requisitos que le permitieron reinsertarse efectivamente en la sociedad.

Por ello, los datos de carácter personal referentes a condenas penales que generan un antecedente, deben ser reconocidos como dato personal sensible, con el objetivo de protegerlos por su carácter, al considerarlos también objeto de un tratamiento automatizado.

Así de una interpretación sistemática de la Constitución a los artículos  1º  párrafo tercero, 6º apartado A fracción II y 18º  se desprende que el Estado mexicano tiene la obligación de prohibir el uso de los datos personales para fines contrarios a los previstos en los tratados de derechos humanos, así como a crear mecanismos de supervisión y sanción efectivos.

Normatividad Internacional

En el plano internacional tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 reconoce en su artículo 7º  la igualdad jurídica de las personas sin distinción, así como el derecho a igual protección de la ley y establece que “Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  Por su parte artículo 12 dice que El respeto a la vida privada es un derecho humano que permite un marco de seguridad jurídica contra la intromisión de algún tercero o contra la intromisión ilegal y abusiva del Estado, garantizando por tanto, que los demás no tengan información sobre datos, respecto de una persona que no quiera que sean públicamente conocidos. Y en consonancia con lo anterior El derecho al resguardo de la vida privada familiar se encuentra contenido en el artículo 16.3 de la Declaración Universal, el cual considera que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene la garantía de igualdad jurídica, y señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Por otra parte, en el artículo 11 se considera al respecto:

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad (…)”. Éste se precisa de manera similar al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por su parte el Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación12 de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo señala:  

“Artículo 2

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Artículo 3

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política;

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política;

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de una autoridad nacional;…”

La reinserción social efectiva.

Por otra parte, tenemos la obligación del Estado a la reinserción social no culmina cuando la persona sale de prisión, ello se encuentra previsto en la Regla 64 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1957, que prevé: “El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad”. Lo cual es retomado en la Regla 90 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 2015 “Reglas Mandela” en el que se mantiene el espíritu de ofrecer ese seguimiento y apoyo al liberado, procurando la disminución de prejuicios sociales que se pudieran generar hacia él.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la obligatoriedad de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como se establece en la jurisprudencia:

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.)

Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2008935        1 de 1

Primera Sala

Publicación: viernes 24 de abril de 2015 09:30 h

Jurisprudencia (Constitucional)

Normatividad nacional

Y que el artículo 1º constitucional señala que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Es clara la obligación del Estado para salvaguardar los derechos humanos de las personas; en ese sentido, la obligación de respetar se considera encaminada a no interferir, obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos.

La fracción III del artículo 1º, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) considera discriminación:

 “(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; (…)”.

Por otra parte,  el artículo 4º, párrafo cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé “Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

Así planteado, los antecedentes penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) son un acto generador de discriminación y por ende deben ser considerada su eliminación como parte de las políticas públicas generadoras de igualdad y no discriminación, ya que limitan el libre ejercicio de derechos de las personas que los poseen, así como de sus familiares.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), dice que para efectos jurídicos la discriminación ocurre “cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho”13.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) considera discriminación (LFPED) en su artículo 4º establece que “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades (…)” Por ejemplo el que una persona con antecedentes penales o un familiar de ésta sufra una distinción generadora de exclusión, discriminación o estigma derivada del conocimiento que un tercero tenga sobre éstos; por ello, resulta necesario no sólo proteger el legítimo ejercicio de derechos que cualquier persona tiene para subsistir (trabajo digno, seguridad social, vivienda, etcétera) sino también aquellos sé que relacionan con la protección de datos personales sensibles y derecho a la vida privada, procurando llevar a cabo acciones que hagan posible su resguardo, como se prevé en la parte considerativa del Acuerdo A/023/12 de la Procuraduría General de la República14, que indica: “Que los registros obtenidos como consecuencia de un procedimiento penal, como lo es la ficha decadactilar o la ficha signalética, no deben afectar la esfera social ni laboral de los individuos, ya que trascienden negativamente en el desarrollo socio-económico de los gobernados, restringiéndoles el derecho de reincorporarse a la sociedad; sobre todo, cuando mediante sentencia ejecutoriada, se haya reconocido su inocencia”.

Actualmente la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales en colaboración con la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales y de las Delegaciones Estatales realizan un trámite relativo a la expedición de "Constancia de Datos Registrales", de conformidad con el punto Noveno del Acuerdo A/023/12, no obstante que el propio documento prevé en el numeral sexto “La Procuraduría General de la República no expedirá informes o certificaciones de Constancias de Datos Registrales con el objeto de obtener empleo o demostrar solvencia en operaciones mercantiles o de crédito (…)” situación contraria a lo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Este último ordenamiento asume que cuando una persona ha cumplido una sentencia, lo idóneo es que la reinserción social represente una segunda oportunidad y la realización del proyecto de vida; sin embargo, no suele ser así, ya que existen normas que establecen criterios de excepción restringida en el ejercicio de algunos derechos como los laborales, al incluir cláusulas como la de “No haber sido condenado por delito alguno”.

La redacción del artículo 5º constitucional contempla el derecho al trabajo y sus limitaciones, entre las cuales no se incluye una carta de no antecedentes para ejercer tal derecho, al prever en el párrafo primero que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Ley Nacional de Ejecución Penal

Como parte de la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, fue expedida por el Congreso dela Unión la   Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del presente año, misma que en su artículo 27, fracción IV, se especifican algunos criterios para extender la constancia relativa a los antecedentes penales:

Artículo 27. Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos;

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero;”

Si bien para el  que suscribe no pasa desapercibida la importancia de la inclusión de lo previsto en el inciso A, en virtud de que la información que es requerida, auxilia en el buen desempeño del trabajo policial o judicial; lo señalado en el inciso B permite la solicitud de estos antecedentes a cualquier persona que, bajo el criterio de ejercitar un derecho o cumplir un deber, lo cual  genera una violación del derecho a la privacidad de los datos así como el ejercicio pleno de otros derechos afectados por el mal uso de la información contenida en la constancia relativa a los antecedentes penales, lo cual limita la posibilidad de acceder a un trabajo digno, a arrendar una casa, a no ser discriminado y a reinsertarse socialmente de manera efectiva.

Así mismo debe someterse a valoración lo previsto en el inciso C, primordialmente en lo referente a la última parte que establece “…así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;” observándose que el interés público es un criterio sumamente ambiguo15, que puede ser limitante en su momento, del derecho a la reinserción social.

Cabe destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal en su  fracción V prevé para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, los siguientes planteamientos para su cancelación:

“V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando:

A. Se resuelva la libertad del detenido;

B. En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal;

C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada;

D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado;

E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada;

F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión correspondiente;

G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley;

H. Cuando la pena se haya declarado extinguida;

I. La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima al hecho el carácter de delito;

J. A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación, o

K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.”

Cabe destacar que el artículo 165 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales prevé el trámite de la cancelación oficiosa del documento de identificación administrativa, el cual también ha sido reconocido en la jurisprudencia que prevé que “cuando el procesado obtenga sentencia absolutoria debe ordenarse la cancelación de su ficha signalética” (…) establece igualmente “el derecho del gobernado a solicitar la cancelación de sus antecedentes penales, cuando justifique, con copias certificadas, la existencia de autos de sobreseimiento, sentencias absolutorias o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal”16, esto  no está previsto en la recién expedida Ley Nacional de Ejecución Penal.

 “FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS ABROGADO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO)”,  Si bien es cierto que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas (abrogado) no contempla disposición expresa, en el sentido de que cuando el procesado obtenga sentencia absolutoria debe ordenarse la cancelación de su ficha signalética, también lo es que del artículo 304, párrafos primero y último, del mismo ordenamiento se advierte que el legislador local estableció el derecho del gobernado a solicitar la cancelación de sus antecedentes penales, cuando justifique, con copias certificadas, la existencia de autos de sobreseimiento, sentencias absolutorias o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal; por tanto, de una interpretación extensiva y sistemática de esas porciones normativas, en relación con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando se otorgue el amparo y la protección de la Justicia Federal al sentenciado y en cumplimiento a la ejecutoria correspondiente, la autoridad responsable tenga que emitir una sentencia absolutoria a su favor, de oficio y sin mayor trámite, debe ordenar la cancelación y destrucción del registro de identificación administrativa, con el objeto de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de dicha violación.”

Si bien es cierto que  la mencionada fracción V, amplió los criterios de cancelación no únicamente para los datos registrales, sino también para los antecedentes penales; no obstante, en el inciso G, se excluye de este planteamiento a las personas sentenciadas por delitos graves. Lo cual  resulta en una marca permanente, señalando a la persona por lo que hizo a pesar haber cumplido la pena impuesta, negándole el derecho la reinserción social efectiva, basado únicamente en el criterio de gravedad del delito.

Es importante señalar, que el agravamiento que se hace sobre los delitos se da a partir de valoraciones de política criminal, encaminadas a la prevención y represión de determinados hechos delictivos que cada entidad federativa o la federación valora sancionar con mayor severidad, lo que impide una homologación de criterios respecto del catálogo de delitos que cada entidad federativa considera como graves, más allá de la prevista en el artículo 19, párrafo segundo, constitucional que establece: “El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”; así como lo señalado en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “Se califican como graves, (…), los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;”.

Este criterio de punibilidad, que considera que si la pena impuesta en la sentencia condenatoria supera los 5 años de prisión esto los califica como graves, y en consecuencia impidiendo la cancelación de los antecedentes penales a las personas que se encuentren en estos supuestos, aunque hayan cumplido su pena, impide que puedan ejercer sus derechos plenamente ni reinsertarse a la sociedad motivando con ello exclusión, discriminación y estigmatización., lo cual resulta contrario la Constitución , a los Tratados Internacionales y las leyes en la materia, por lo que dese ser sujetas a una modificación.

Finalmente a fin de considerar la viabilidad de esta iniciativa cuenta con una opinión favorable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que manifiesta que mediante oficio número STCC/092/2017 que “en atención al pronunciamiento de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, mediante la cual se propuso modificaciones a la ley para eliminar en definitiva la presentación de la carta de antecedentes penales, de la lista de requisitos para obtener empleo, me permito hacer de su conocimiento…

De lo antes expuesto, podemos concluir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos insta por la cancelación de los antecedentes penales, la cual se debe llevar a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito, a efecto de que se garantice la reinserción social efectiva.”

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G) DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

ÚNICO. Se reforma el artículo 27, fracción V, inciso G) de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como sigue:

Artículo27...

I…IV

V.

A-F…

G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley;

H-K…

TRANSITORIOS

ÚNICO. Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Alfredo Basurto Román.- Dip. Juan Romero Tenorio.

1 Discriminación Sistemática. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de derecho en contra ciertos grupos en particular. CNDH, Cartilla “La discriminación y el derecho a la no discriminación” Ed 2012. Pág. 12.   

2 Idem. P. 5

3 Goffman, Erving, Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid, 2006, p. 15.

4 Ob. Cit. p. 25.

5 Jurisprudencia: “Penas inusitadas y trascendentales, que se entiende por” Primera Sala. 5ª Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XL, p. 2398 Registro 313147.y Jurisprudencia: “Penas trascendentales. concepto de ellas” Primera Sala. 9ª Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, mayo de 2002. p.17. Registro 921039.

6 La expresión latina "capitis deminutio", se traduce literalmente: disminución de la capacidad

7 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998. (Reparaciones y Costas), Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 150. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf

8 Ibid, párrafo 147.

9 Ibid, párrafo 148.

10 Ibid, párrafo 149

11 Los Derechos de la personalidad son derechos subjetivos absolutos, privados y extra-patrimoniales que posee toda persona por solo hecho de serla y que garantizan la tutela y protección de los bienes jurídicos inmersos en el ser humano como ser la vida, la integridad física, el nombre, el honor, la reputación, la consideración que de uno tiene los demás, el domicilio, la correspondencia, etc. Ver más en “Los derechos de la Personalidad: Teoría General y su distinción con los Derechos Humanos y Garantías Individuales.  Eduardo de la Parra Trujillo http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr10.pdf

12 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) Entrada en vigor: 15 junio 1960.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc9oP6tYnPAhUMVT4KHRmEBgoQFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnormlex%2Fes%2Ff%3Fp%3D1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC111&usg=AFQjCNFyvk-BKNHse8lDncxZL1mPhZwiyQ

13 Discriminación e igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

14 Acuerdo A/023/12 de la Procuradora General de la República para regular la expedición de constancias de datos registrales de la Procuraduría General de la República y el procedimiento para realizar la cancelación o devolución de datos registrales, así como proporcionar información, constancias o certificaciones relativas a los mismos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012.

15 “Debido a que el interés público es un concepto jurídico indeterminado, ha de ser concretado por la autoridad, cuya actuación se haya sin embargo, también sujeta a su consecución.” Huerta Ochoa, Carla, "El concepto de interés público y su función en materia de seguridad nacional". IIJ-UNAM

16 Jurisprudencia: T.C.C.; 10a. Época; Semanario Judicial de la Federación; XX.1o.P.C. J/1 (10a.). Registro: 2011407.Publicada el viernes 8 de abril de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 261 DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO, “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL” DEL CAPÍTULO I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 167, FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS       PENALES

(Presentada por la Diputada Yulma Rocha Aguilar, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, YULMA ROCHA AGUILAR, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Platica de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, así como el 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 261 DEL TITULO DECIMOQUINTO, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, CAPÍTULO I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y ADICIONA AL ARTÍCULO 167 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los delitos sexuales, son infames, humillantes, denigrantes, pues atentan contra la libertad sexual y el normal desarrollo de quien los padece, atentan contra la dignidad de las personas, contra su pudor, su vida, sus relaciones, su familia y los daños van más allá, pues una vejación de este tipo, deja huellas físicas y psicológicas en las víctimas.

En México existe una problemática a destacar, la falta de denuncia y castigo ante la comisión de un delito de índole sexual, en nuestro país atendiendo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, sólo 87 mil 404 personas, de un total de 979 mil 496 que sufrieron algún abuso, hostigamiento, estupro, violación o acoso sexual, decidieron denunciar ante el Ministerio Público, así mismo, el INEGI reporta que sólo 8.9 por ciento de los delitos sexuales se denuncian ante la autoridad, el 91% de los delitos sexuales no se denuncian, esto principalmente a consecuencia de diversos factores como lo son la desinformación, el temor, desconfianza en las autoridades y la falta de una correcta aplicación de la ley, llegando hasta la carencia de una sanción adecuada para estos casos.

Ahora bien, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual los reconoce como titulares de los mismos.

Esta problemática es tan visible que ya la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años, según lo expuesto por esta Organización 4.5 millones de infantes son víctimas de este tipo de ilícitos, lo más grave es que sólo 2%de los casos son conocidos.

Esta lamentable clasificación de México dio la pauta para que este H. Congreso de la Unión declarara el día 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.”, según los datos obtenidos por la Unicef se estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

Es de destacar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica de la SEGOB, señala en sus estadísticas que en el año 2015 los delitos sexuales ascendieron a un total de 27 mil 186 casos y en 2016 se presentaron 29 mil 735, lo cual evidencia el aumento en este tipo de conductas, ahora bien en los meses de enero y febrero de 2015, 2016 y 2017 se presentaron los siguientes números, 4 mil 76, 4 mil 62 y 4 mil 395 respectivamente, siendo el más alto el 2017 en el mismo periodo.

Los menores son un sector vulnerable y que evidentemente requieren de mayor atención y protección por parte de las autoridades, es por ello que resulta importante que los delitos cometidos contra estos, sean perseguidos de manera oficiosa, atendiendo al interés social que representan, al daño que pueden causar y siempre salvaguardando el interés superior de la niñez de nuestro país, la UNICEF puntualiza que es en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales de adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es importante hacer hincapié en lo manifestado por la “Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL”, la cual refiere que “los delitos contra menores suelen tener un carácter nacional, y, de hecho, en la inmensa mayoría de los casos ocurren dentro del círculo doméstico o familiar. No obstante, en ciertos casos adquieren una dimensión internacional” como ejemplo de esto refiere los denominados “Delincuentes sexuales itinerantes” o también llamado “turismo sexual”, el cual consiste en el abuso sexual de niños cometido en países en desarrollo por personas que viajan allí. El relativo poder económico y físico de los autores de estos delitos, unido a una incomprensión del problema o a la ausencia de una legislación eficaz, facilita la comisión de tales abusos contra los niños en dichos países, este tipo de delito está vinculado a la trata de menores, la delincuencia organizada y el asesinato.

En razón de lo plasmado en el párrafo que antecede es que se propone establecer la obligatoriedad de aplicar la medida cautelar “prisión preventiva oficiosa” para el delito de abuso sexual cometido contra menores o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, en razón del riesgo real e inminente de que el agresor se sustraiga del país y evada la acción de la justicia o en otro extremo, siga cometiendo la misma conducta en contra de otros menores durante el tiempo que se encuentre en libertad aun existiendo un proceso o bien se esté integrando una carpeta de investigación en su contra, es por ello que se considera necesario el imponer esta medida cautelar en el delito de Abuso Sexual en específico cuando es cometido contra menores, tal y como ya se realiza con en otros tipos penales donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, para efecto de salvaguardar la integridad de las menores víctimas, que tengan la certeza de que su agresor no podrá intentar algo en su contra durante el proceso que se le siga, o bien la evasión del responsable nacional o extranjero, esto ofrecería garantía de seguridad y se abona a propiciar una mayor confianza por parte de la ciudadanía en general para con las autoridades.   

Para apreciar con claridad las diferencias entre la propuesta de Iniciativa y el texto vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO PENAL FEDERAL

PROPUESTA

TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual
Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Articulo 261.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

 

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual
Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Articulo 261.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

En este supuesto se procederá contra el abusador de oficio.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Respecto a la prisión preventiva oficiosa propuesta para el delito de Abuso Sexual cometido contra menores se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

PROPUESTA

Artículo 167. Causas de procedencia





Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:
I.     a VIII. …

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204;y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

 

 

 

X a XI. …

Artículo 167. Causas de procedencia





Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I.  a VIII. …

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Abuso Sexual de persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona artículo 261, y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X a XI. …

Es preciso destacar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alerto que en México la situación es más que terrible, ya que se registran 600 mil casos de abuso sexual contra menores, los cuales son el 40 por ciento de los asuntos de abuso o violación sexual contra niños de menos de 15 años perpetrado en su mayoría por hombres.

Así mismo, al promulgarse la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ha buscado protegerlos en todas las esferas y aspectos que los rodean, teniendo como uno de los objetivos torales el Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, recayendo en los diversos poderes, atendiendo al ámbito de sus competencias el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales, en este sentido, es oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que “Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL TITULO DECIMOQUINTO, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, CAPÍTULO I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y ADICIONA AL ARTÍCULO 167 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ÚNICO.- Se reforma el contenido del Título Decimoquinto, Delitos Contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, Capítulo I Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Ciberacoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación del Código Penal Federal y Adicionando al Artículo 167 Fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TITULO DECIMOQUINTO

Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Capítulo I

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Articulo 261.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.
En este supuesto se procederá contra el abusador de oficio.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 167. Causas de procedencia.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I.  a VIII. …

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Abuso Sexual de persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona artículo 261, y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X a XI. …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Yulma Rocha Aguilar.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, para lo cual presento la siguiente:

CONSIDERACIONES

De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, encontramos dos definiciones referentes a la extorsión:

1. “Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.

2. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido”.1

En el ámbito jurídico, la extorsión es un delito que consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.2

En diferentes ciudades de nuestro país, se comete el delito de extorsión, mismo que  se ha extendido significativamente, afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año. De acuerdo con nuestro Código Penal Federal en su Capítulo III BIS, Artículo 390 menciona lo siguiente:

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos”.3

Actualmente, existen diversos tipos de extorsión, sin embargo, destacan la directa y la indirecta:

• “La directa se realiza cuando el extorsionador llega a la oficina de la víctima y al estar en su presencia le muestra una foto su familia tomada el mismo día, ahí afirma tenerlos secuestrados y exige dinero; la indirecta ocurre cuando la víctima recibe una llamada a cambio de no hacerle daño o su familia.

• La indirecta tiene un creciente impacto, el INEGI señala que es uno de los delitos que más creció en fechas recientes así como el homicidio y el secuestro. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México halló que hay más de 105 mil números telefónicos desde donde se hicieron intentos de extorsión, por ello el trabajo en la materia es apremiante”.4

De acuerdo con el reporte trimestral realizado por la Asociación Civil Semáforo Delictivo, refirió que el delito de extorsión aumentó, 30%, en relación al año 2016, la cifra trimestral de 2016 fue de mil 473 y la de 2017, alcanzó mil 137; en donde el Estado de México encabeza con 250 casos; seguido de Nuevo Léon con 172; Jalisco, 159; Veracruz, 133, y Ciudad de México, 121.5

De igual forma, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en la Ciudad de México, Ada Irma Cruz mencionó que los negocios más vulnerables ante este delito son los pequeños y medianos negocios, debido a la facilidad con la que son emprendidos.6

El delito de extorsión es uno de los delitos de más alto impacto que ha incrementado en nuestro país, ya que en los últimos años, entre los homicidios y el secuestro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo o asalto en la calle o en el transporte público.7

Por otro lado, me gustaría enfatizar el incremento de penas a quienes extorsionen a grupos vulnerables como: personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad, y adultos mayores, consideramos que es necesario se incluyan en un apartado distinto al del articulado actual y se aumente la pena hasta en una mitad, por ser las más vulnerables ante estos actos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 390, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Extorsión.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

A quienes extorsionen a grupos vulnerables como: personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad, y adultos mayores, se incrementará la pena hasta en una mitad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Definición jurídica de Extorsión. http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjM0sjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA_le7yTUAAAA=WKE

2 Definición jurídica de Extorsión. http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjM0sjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA_le7yTUAAAA=WKE

3 Código Penal Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_070417.pdf

4 La extorsión en México. http://terceravia.mx/2017/02/la-extorsion-en-mexico/

5 Robo a negocio y extorsiones suben en México, revela Semáforo Delictivo. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/04/25/robo-negocio-extorsiones-suben-mexico-revela-semaforo-delictivo.html

6 Robo a negocio y extorsiones suben en México, revela Semáforo Delictivo. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/04/25/robo-negocio-extorsiones-suben-mexico-revela-semaforo-delictivo.html

7 Extorsión, uno de los delitos de alto impacto que mas aumenta en México. http://expansion.mx/nacional/2013/10/11/la-extorsion-uno-de-los-delitos-de-alto-impacto-que-mas-aumenta-en-mexico






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 170de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un análisis de la estructura actual del artículo 170, podemos observar que la Ley protege a las madres trabajadoras desde el embarazo, durante las semanas previas y posteriores al parto, así como durante la lactancia. Protección que se extiende desde luego a sus hijas e hijos.

En realidad, es preciso reconocer que la legislación mucho ha avanzado en materia de derechos de las madres trabajadoras, así como para proteger los derechos de la infancia.

Sin embargo, debemos seguir abonando a estos avances a la luz de la realidad actual. De ahí la presente propuesta, la cual pretende perfeccionar la norma jurídica para que, en cumplimiento de su función de orientadora de conductas, abra la puerta a la articulación de las políticas públicas, en beneficio de las mujeres y privilegiando el interés superior de la infancia.

Actualmente, las políticas de gobierno pretenden proteger el empleo de la madre trabajadora, a través de programas de apoyo, especialmente a las de menores ingresos. Los principales programas federales para estos fines son el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social y el de Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación, que además de apoyar a madres trabajadoras, busca un fortalecimiento de las aptitudes escolares de los niños en las zonas de mayor marginación y pobreza del país.

No obstante, el problema que se detecta y que motiva inicialmente esta propuesta es que las escuelas de tiempo completo, que ofrecen un horario extendido para las niñas y los niños, no es compatible con los horarios de las madres trabajadoras o jefas de familia.

Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2015, el 27% de los hogares están encabezados por una mujer. Igualmente, se identificó como problemático que en las regiones y zonas de mayor pobreza es también la de menor promedio de permanencia y rendimiento escolar.

Como resultado de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “cuéntame”, se estableció como media de estudios, 9.1 años en el país. Las Entidades Federativas por debajo de este promedio y situadas en los últimos 3 lugares son Chiapas (7.3), Oaxaca (7.5) y Guerrero con (7.8). Los Hogares encabezados por mujeres, en estas mimas entidades son, Chiapas (24%), Oaxaca (30%) y Guerrero con (33%), que es consistente con los promedios nacionales, pero deja en evidencia que hay una relación directa entre la actividad de las madres de familia con la permanencia escolar.

En razón de lo anterior, se considera necesario fortalecer la estabilidad de las mujeres en los espacios laborales con el fin de asegurar también las condiciones de permanencia de las y los educandos en las escuelas de educación básica.

La intención primordial de esta reforma es establecer la posibilidad de que los empleadores de las mujeres trabajadoras y jefas de familia, puedan convenir solidariamente con ellas, los horarios que se ajusten a las necesidades escolares de sus hijas e hijos, sin detrimento de la calidad, cantidad o productividad del trabajo. Lo cual le permitan atender de mejor manera sus responsabilidades como madre, así como fortalecer los vínculos efectivos con sus hijas e hijos, lo cual redituará enormes beneficios para el desarrollo de ambas partes, y desde luego él de la sociedad.

El universo de beneficiarios potenciales de esta reforma son el 43.8% de las personas ocupadas y registradas en la economía nacional, que son mujeres, además de los más de 32.7 millones de niños que reportó en 2015 el INEGI que se encuentran en el rango de hasta los 15 años de edad. Es decir, el universo sería de aproximadamente 6.9 millones de hogares que se encuentran bajo la responsabilidad de una mujer y los casi 12 millones de niños en edad escolar que viven en pobreza.

La flexibilidad horaria no tiene por qué significar un menor rendimiento, al contrario, puede constituir un estímulo.

Un ejemplo de convenio entre empleada y empleador, podría ser respecto del tiempo en el horario de comida, ya sea para ocupar un mayor tiempo o suprimirlo, con el fin de ajustar su horario para pasar mayor tiempo con su hijo, pero sin que esto afecte las horas efectivas laborales. Una madre trabajadora que tendría un horario fijo de 8:00 a 16:00 horas, con una hora de comida, podría convenir un horario corrido de 7 horas para ingresar a las 8:30 y finalizar su jornada a las 15:30 horas, así podría dejar y recoger a su hijo en una escuela de tiempo completo.

Establecer esta opción en la ley de ninguna manera obliga a los empleadores a llegar a un convenio, simplemente abre la posibilidad de construir relaciones laborales más justas, equitativas y solidarias en beneficio de las mujeres y la niñez mexicana.

Los beneficiarios directos, que resultarán de esta modificación legislativa, son las familias de los programas federales, estatales y municipales de promoción de la permanencia escolar y mejora de los niveles de aprovechamiento escolar de los niños en zonas de pobreza y de atención prioritaria del país, ya que se establecerán las bases para la articulación de políticas que velan por la garantía de los niños de acceso a la educación con las de protección a madres trabajadoras.

Estaríamos impulsando en la ley una mejor articulación de las políticas públicas, en donde los empleadores estarían posibilitando de acuerdo a su competencia y circunstancias específicas, las condiciones idóneas para ello.

Lo anterior, beneficiará tanto los derechos de las mujeres y de la niñez, como la productividad de las empresas, al tiempo que eficientará las políticas públicas que actualmente se están implementando.

Así, por ejemplo, el beneficio de las Escuelas de Tiempo Completo o de las Estancias Infantiles, garantizarían una mayor eficacia de los recursos públicos dirigidos a mitigar las condiciones de pobreza.

Debemos recordar que, el objetivo general del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, es el de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil.

Además, este esquema de solidaridad social busca que las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la línea de bienestar y que declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre uno y hasta cumplir los cuatro años, o en casos de niñas o niños con alguna discapacidad de un año y hasta cumplir los 6 años,  cuenten con más tiempo de calidad para fortalecer y desarrollar vínculos familiares indispensables.

El servicio señalado anteriormente, se presta a través de personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del programa en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, permite beneficiar según cifras de la SEDESOL a 6.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema, que también son beneficiarias de la política de “Cruzada contra el Hambre”. En este programa se subsidian aproximadamente 3,884 millones de pesos a través de los espacios de cuidado con el fin de proteger el empleo de madres y padre solos.

Por otro lado, el objetivo general del programa de Escuelas de Tiempo Completo es la estandarización de jornadas escolares entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los educandos. Priorizando a aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación, se impulsan esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, para coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica. El tiempo que se adiciona a la jornada escolar sirve para implementar líneas de trabajo educativas de apoyo al aprendizaje y garantizar la alimentación nutritiva de los niños.

Aunque, el programa hoy por hoy está reducido a escuelas públicas de educación básica de un solo turno, que ofrezcan educación primaria o telesecundaria, que atiendan a población en situación de vulnerabilidad y presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar en municipios y localidades ubicadas en zonas de atención prioritaria, la meta es que sus beneficios se extiendan cada vez a más población.

Los subsidios que se transfieren a las Entidades Federativas, para la implementación del programa, constituyen las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF de 10,261 millones, que sumado con el programa de estancias infantiles son casi 15 mil millones de pesos, que podrían estar articulados por la fracción VIII que se propone adicionar al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

En abono a lo anterior, es de señalar que en general las mujeres trabajadoras y en particular las jefas de familia y sus hijas e hijos, de aprobarse la presente propuesta, se verían beneficiados, y no sólo quienes hacen uso de estancias infantiles o escuelas de tiempo completo, toda vez que podrían convenir sus horarios de trabajo sin afectar sus horas laborales y desempeño, a efecto de poder contar con más tiempo de calidad para fortalecer y desarrollar vínculos familiares indispensables y necesarios para prevenir y mitigar muchos de los graves problemas sociales que hoy reporta la sociedad moderna, y cuyas causas primarias, se originan en el seno familiar.

Para los efectos antes mencionados, se plantea la siguiente modificación:

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a V….;
VI.A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y
VII.A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.

Sin correlativo.

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a V….;
VI.A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y
VIIA que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales; y
VIII. A convenir con el patrón horarios de trabajo que sean compatibles con los horarios de sus hijas e hijos que se encuentren en estancias infantiles, guarderías o cursando la educación básica, sin que ello afecte su productividad, responsabilidades, la calidad de su trabajo o sus derechos laborales.

Por los motivos antes expuestos, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman las fracciones VI y VII, y se adiciona una fracción VIII, al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170.-

I. a V….;

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto;

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales; y

VIII. A convenir con el patrón horarios de trabajo que sean compatibles con los horarios de sus hijas e hijos que se encuentren en estancias infantiles, guarderías o cursando la educación básica, sin que ello afecte su productividad, responsabilidades, la calidad de su trabajo o sus derechos laborales.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado Federal del Estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral I fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD PARA ESTABLECER EL REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad diversos países y organismos internacionales realizan un esfuerzo significativo para migrar a servicios multidisciplinarios centrados en la persona. James Rickert (2012) refiere que hoy el sistema gira en torno al médico y los indicadores son establecidos por los mismos, pero dejando de lado la percepción de calidad, satisfacción y resultados en salud que obtiene el paciente, quien es el usuario final de los servicios.

De acuerdo a Christina R. Akerman, en una publicación del 2015 en la revista Harvard BuissnessReview, una de las razones esenciales por las que se deben medir los resultados en salud es que las metas permiten definir la misión de las organizaciones. Los resultados en salud permiten que se integren de mejor manera los equipos médicos y que los médicos puedan comparar sus resultados y aprender entre ellos.

La Comisión Europea señala que el registro de pacientes ha servido por décadas como una fuente clave de información necesaria para evaluar el desempeño clínico, así como la evaluación de tecnologías de salud e implicaciones políticas locales, regionales, nacionales y en algunos casos inclusive a nivel internacional. Como resultado, se han establecido cientos de registros con características compartidas (ej: enfermedades raras o crónicas, dispositivos implantados o terapia, riesgo de desarrollo de terapias crónicas, etc).

En nuestro país se cuenta con registros epidemiológicos de diversos padecimientos, en su mayoría agudos, los cuales se centran en reportar casos de enfermedades, sin embargo, como se ha leído anteriormente los sistemas de salud tienden a basar su organización centrada en el paciente, lo que deriva en la necesidad de generar registros basados en la persona y en sus diferentes estados de salud.

El programa Nacional para la prevención y control de sobrepeso y obesidad es uno de los principales programas del gobierno federal en materia de salud ya que en el año 2016 se realizó una declaratoria de emergencia epidemiológica. En el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) sobre dicho programa en el apartado “Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)” establece que varias actividades no presentan correlación con respecto al componente que les corresponde conforme a la MIR.

Asimismo en la ficha de monitoreo 2015-2016 emitida por el CONEVAL sobre el programa de “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, una de las debilidades o amenazas señaladas es: “El programa requiere ajustes o modificación en los Indicadores ya que los resultados no reflejan la operación del programa.” Y además, el mismo organismo realiza la sugerencia de verificar la cuantificación de la población objetivo y atendida, para poder realizar un análisis o evaluación de la cobertura.

Las publicaciones del CONEVAL, denotan una inminente necesidad de establecer un registro adecuado del paciente atendido así como de los indicadores en salud que se obtienen por caso, para dar completa trazabilidad a todos los recursos asignados para la atención de un padecimiento y garantizar que se están generando. Para lograr el cumplimiento de metas en salud de la población el tener un porcentaje en control, no refleja la realidad y no permite realizar adecuaciones a la operación y a los servicios prestados para corregir los resultados en aquella población en descontrol.

El registro adecuado de los diferentes desenlaces o estadios de salud de un paciente con un determinado padecimiento, permite contrastar las mejores prácticas para estandarizarlas, además permite realizar cambios en el corto plazo sobre la política pública y asignación de recursos al tener completa visibilidad de los resultados que se obtienen.

Los recursos asignados en salud tienen como fin brindar protección a la salud y otorgar atención oportuna en caso de verse vulnerada la salud. Por lo que al transparentar los resultados de la misma permite realizar un mejor ejercicio de planeación y presupuestación de acuerdo a las necesidades específicas de la población año con año.

En conclusión, la base para determinar los indicadores de calidad en el servicio y los resultados de este en la salud de la población deben basarse en un registro estandarizado de padecimientos de las personas, de tal suerte que permita llegar un seguimiento a lo largo del tiempo de la efectividad de los tratamientos, así como de los recursos que se aplican para su atención.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Primero.  Se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

“Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos delas entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud, del registro nacional de pacientes y de los indicadores en salud de los mismos.

Los indicadores en salud serán utilizados para la programación presupuestaria de los recursos públicos destinados al sector salud.”

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 3º y 104, y un 104 Bis de la Ley General de Salud para quedar como siguen:

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a X …

X Bis.  La información relativa a los resultados en salud de la persona.

X a XXVIII …

Artículo 104.- …

I …

II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud;

III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización;

IV. Resultados y desenlaces en salud de los padecimientos por paciente, y

V. Indicadores sobre calidad del servicio prestado por las instituciones de salud.

Artículo 104 Bis.- El registro nacional de pacientes se integra por la información sobre las personas y sus padecimientos, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, y forma parte del sistema nacional de información en salud.

La información del registro nacional de pacientes es pública y deberán establecerse los mecanismos de protección de datos personales conforme a las disposiciones legales en la materia.”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir las disposiciones necesarias para integrar el registro nacional de pacientes en 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 48 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS NUMERALES 10 Y 11 DEL ARTÍCULO 24, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN LOS NUMERALES 10 Y 11 DEL ARTÍCULO 24, ASÍ COMO, LOS ARTÍCULOS 43 Y 44, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, lo anterior con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

En el ámbito jurídico penal mexicano, la consecuencia a la realización de conductas delictivas que dañan o buscan dañar alguno de los bienes jurídicos protegidos por la ley, le denominamos pena; sin embargo, su alcance, criterios de imposición, parámetros y proporcionalidad en relación con las conductas que la originan, ha sido objeto de estudio y análisis jurídico por centurias, sin que a la fecha exista consenso al respecto.

Así pues, durante el transcurso del tiempo, la doctrina jurídica, los fenómenos sociales y la atribución que tiene el Estado a sancionar las conductas delictivas, han ofrecido diversas posturas por cuanto hace a los criterios que deben determinar su alcance, de esta suerte, la pena ha sido considerada desde un mero castigo que se impone a quien comete una conducta prohibida por la ley hasta la condicionante que debe cumplir la persona a quien se le impone para reinsertarse a la sociedad.

En ese sentido, la función de la pena transitó por etapas en donde fue considerada como la mera expiación de culpas o bien la forma en que los individuos sujetos a ella, serían rehabilitados, es decir, la imposición de una pena también ha sido vista como un mecanismo para sanar a personas enfermas y de ahí la necesidad de su rehabilitación.

En un sentido muy amplio, la imposición de penas ha sido considerada y utilizada como uno de los principales medios de que dispone el Estado como reacción frente a la comisión de delitos ya que, a posteriori, restringe los derechos y libertades de la persona sujeta a ella.

2. Planteamiento del Problema

No obstante lo expuesto en el apartado anterior, cada sistema jurídico de los estados nacionales entiende, aplica y se vale de la imposición de penas de acuerdo con su tradición normativa, social, ideológica o política, por lo tanto, una pena que no se ajuste a su función, no podrá aceptarse aunque se encuentre prevista en la ley. Así, por ejemplo, si la función de la pena es la sola retribución, resultará legítimo castigar a una persona por la comisión de una conducta aunque en el momento de la sentencia, este delito se encuentre despenalizado; en otro contexto, si la función de la pena es la resocialización, difícilmente podrán considerarse útiles las penas privativas de libertad como la cadena perpetua porque niegan la posibilidad de reinserción social del condenado.

A partir de la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, nuestro país ha considerado que la función de la pena es la reinserción del sentenciado a la sociedad, para lograr este objetivo, es necesario revisar y adecuar constante las penas previstas por las leyes penales mexicanas a partir del principio de proporcionalidad y del derecho penal de acto, rechazando a su opuesto, el derecho penal del autor; esto es así porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante.1

Contrario a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Código Penal Federal incorpora en el texto de los numerales 10 y 11 de su artículo 24, que son penas, el apercibimiento y la caución de no ofender, de esta suerte, los artículos 43 y 44 del propio Código disponen que:

Artículo 43.- El apercibimiento consiste en la conminación que el juez hace a una persona, cuando ha delinquido y se teme con fundamento que está en disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer éste, será considerado como reincidente.

Artículo 44.- Cuando el juez estime que no es suficiente el apercibimiento exigirá además al acusado una caución de no ofender, u otra garantía adecuada, a juicio del propio juez.

Como puede apreciarse, la pena de apercibimiento es contraria al principio de proporcionalidad toda vez que carece de parámetros o criterios objetivos para su aplicación al incorporarse como una conminación que realiza el juzgador a discrecionalidad, respecto cualquier sentenciado a partir de una posible conducta delincuencial futura, pero aún peor, esa pena se impone a partir del temor que puede generar el sentenciado por su ACTITUD, es decir, se impone una sanción por quien es o puede ser la persona y no por los hechos estrictamente acreditados y atribuibles a éste, en ese contexto, el apercibimiento no abona a la reinserción social del sentenciado cuando la pena consiste en la privación de la libertad y cuando la pena es distinta, tampoco es de utilidad porque en caso de sustentarse en amenazas esgrimidas por el sentenciado respecto a la posibilidad de delinquir nuevamente sería sancionarlo previamente por hechos no ocurridos y, basados en las amenazas, estas desde luego son un delito en lo particular que requerirían una sanción en forma independiente.

Ahora bien, respecto de la caución de ofender, se entiende como una pena complementaria al apercibimiento que tras haberse señalado y demostrado atenta contra los principios jurídicos mexicanos para la imposición de una sanción penal y adolece de finalidad como medida para lograr la reinserción del sentenciado, luego entonces es evidente que también resulta esta sanción “accesoria” como intrascendente, innecesaria e inútil, es por ello que al derogarse la pena de apercibimiento, en consecuencia, debe ocurrir con lo mismo con la que de esta se desprende, es decir, con la caución de no ofender.

3. Propuesta Legislativa

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se derogan los numerales 10 y 11 del artículo 24, así como, los artículos 43 y 44, todos  del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 24.- …

1.- … a  9.- …

10.- Se deroga

11.- Se deroga

12.- … a 19. …

Artículo 43.- Se deroga

Artículo 44.- Se deroga

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

1 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007]. Época: Décima Época, Registro: 2005884, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 20/2014 (10a.), Página: 376.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, lo anterior con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Es ampliamente reconocido el principio de que quien incurre en una conducta ilícita y causa un daño está obligado a afrontar las consecuencias de aquel y a reparar el daño ocasionado.1

No obstante que la premisa anterior parece grabada en la solidez del sistema procesal penal contemporáneo, durante años, ese mismo sistema procesal penal negó a la víctima u ofendido su reconocimiento como parte en el proceso y, en consecuencia, una participación más activa y efectiva en él; la razón de semejante violación de derechos era evitar la supuesta entronización de la venganza privada, como si al ofendido solo le interesara la antropofagia procesal y no la justicia, en ese contexto, la reparación del daño se transformó en la última parada en el itinerario del proceso penal.

Ahora bien, no obstante que en el derecho procesal penal moderno, como ya se dijo, nos encontramos lejos de aquellas concepciones, a pesar del copioso tratamiento jurídico, teórico y jurisprudencial, aún no han sido correspondidos los derechos de las víctimas, por lo menos no hasta ahora y no cabalmente2.

El botón de muestra lo encontramos en delitos cuyo resultado es el menoscabo patrimonial del Estado o alguna de sus instituciones derivado de hechos de corrupción realizados individual o conjuntamente por servidores públicos o particulares en donde la calidad de ofendidos puede alcanzar también a cada una de las personas que dejan de beneficiarse con la aplicación ordinaria de los recursos públicos en los servicios o programas sociales de donde pudieron ser malversados o sustraídos ilícitamente recursos públicos.

Es decir, la sociedad en general debe ser considerada víctima en los ilícitos cuyo resultado afecte la prestación (o su continuidad) de servicios públicos o programas sociales destinados a apoyar el desarrollo del país y por esta razón, la reparación del daño ocasionado no debe consistir únicamente en que esos recursos, bienes u objetos del delito se reincorporen al patrimonio general del Estado o la institución pública que se trate sino que, para poder decir que el daño fue correctamente reparado, la recuperación u obtención de montos, objetos u otros bienes, debe aplicarse exactamente en aquel rubro(s) de donde fueron malversados o sustraídos pues de otra forma dichos montos, objetos o bienes no retornarían las cosas al estado que debieron guardar de no haberse cometido el delito.

Lo anterior es así porque el detrimento patrimonial del Estado o sus instituciones, cuando se origina por sustracción, distracción o uso indebido de recursos públicos asignados a los servicios o programas gubernamentales de apoyo social, perjudica la continuidad y normal aplicación de aquellos así como el adecuado funcionamiento de las instituciones en los servicios o programas establecidos para promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos como puede ser la salud, la educación, el trabajo o el acceso a la justicia y por lo tanto, la manera adecuada de reparar el daño provocado por el delito, consiste precisamente en asegurar que esos recursos públicos se incorporen a los rubros en donde no fueron aplicados para así permitir que aquellos servicios o programas cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo del país, cumplan con ese destino.

A mayor abundamiento, la población debe ser considerada víctima formal en la comisión de los delitos aludidos dado el interés público o general que reviste el ejercicio adecuado de los recursos públicos así como la distracción o malversación de aquellos cuando generan la suspensión o incapacidad del Estado para materializar servicios públicos o programas sociales que inciden directamente en los derechos de cada persona a quien se le deja de brindar tal servicio o suministrar el apoyo del programa social3.
2. Planteamiento del Problema

Se suele interrogar acerca del carácter de la obligación reparadora: ¿de medios o de resultados? La pregunta involucra cuestiones complejas y cubre abstenciones inaceptables. En rigor, se trata de un deber de medios, es decir, de aplicación de todos los medios al alcance del Estado para reparar debidamente el daño causado por el hecho ilícito. Es posible que surjan obstáculos insuperables que impidan arribar al resultado apetecido. Empero, es indispensable distinguir entre los escollos de hecho, a veces irremontables, y los de derecho, generalmente remontables, e impedir que se argumente imposibilidad de cumplimiento cuando solo existe indisposición política.

Esta es la razón por la cual, debe dársele a la reparación del daño el alcance necesario para mitigar el estado de desprotección o ausencia en el cumplimiento de los servicios o programas sociales que provoca la conducta dañosa ejecutada por servidores públicos o particulares en complicidad con aquellos, es decir, la restitutio debe ir más allá de la sola referencia, destino y rumbo de reincorporar al Estado o sus instituciones montos, bienes u objetos del delito y con ello reducir el impacto negativo del hecho ilícito, contribuyendo a la satisfacción de los derechos humanos que por la afectación total o parcial al funcionamiento adecuado de un servicio público o programa social inhiben el desarrollo de la sociedad mexicana.

Al reconocer a la sociedad en general como víctima colectiva de los delitos derivados de hechos de corrupción como la distracción o sustracción de recursos federales destinados a la operatividad de servicios públicos o programas sociales, se obliga a que la reparación del daño obtenida por aquellos ilícitos sea aplicada precisamente en los rubros motivo de la afectación patrimonial como pueden ser programas de salud, educación, trabajo u otros y de esta forma evitar que la obtención o recuperación de montos, bienes u objetos que originalmente debieron aplicarse a dichos programas o servicios, sean utilizados en forma distinta por la institución o ente público de que se trate.

Con esta forma de aplicación del concepto de reparación colectiva del daño, se garantiza el acceso efectivo a la justicia de las personas que hayan resentido directa o indirectamente los efectos de la disminución o supresión de recursos públicos en la prestación de servicios o programas destinados al desarrollo social, la protección a derechos humanos, la seguridad pública, la procuración o la impartición de justicia, agotando entonces los criterios de integralidad, adecuación, eficacia, efectividad y proporcionalidad de la reparación del daño ante la gravedad de la lesión al bien jurídico tutelado, todo ello sostenido en el principio de progresividad de los derechos humanos y las garantías que deben establecerse para su protección.

Por los argumentos vertidos, se considera necesario establecer un segundo párrafo al artículo 30 bis del Código Penal Federal, con el objetivo de señalar que, cuando la reparación del daño a que tenga derecho un ente público federal se derive de la comisión de delitos por los que se haya afectado la recepción o ejercicio de recursos públicos aplicables a servicios o programas destinados al desarrollo social, la protección a derechos humanos, la seguridad pública, la procuración o la impartición de justicia; los montos, bienes u objetos que se obtengan o recuperen por este concepto, se aplicarán en el cumplimiento de los servicios o programas que hayan sido motivo de la afectación.

Finalmente, el primer párrafo del actual artículo 30 bis del Código Penal Federal, confunde los conceptos de víctima y de ofendido, toda vez que, al establecer la relación de personas que tienen acceso por prelación a la reparación del daño, en primer lugar señala al ofendido, en caso de fallecimiento del ofendido, señala quienes deberán ser motivo de reparación del daño, esta identidad entre uno y otro concepto es claramente equívoca toda vez que, el Código Nacional de Procedimientos Penales hace una vasta referencia a uno u otro, estableciendo sus diferencias, así pues, el artículo 105 del Código Nacional dispone que, son sujetos del procedimiento penal, la víctima u ofendido, más adelante, el artículo 108 de la misma ley refiere que “Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.” luego entonces, víctima y ofendido no son el mismo concepto jurídico penal por lo tanto, el referido Código Penal, erróneamente señala en primer lugar del derecho a la reparación del daño, únicamente al ofendido, cuando lo correcto es la víctima y/o el ofendido toda vez que, no necesariamente hay identidad entre el pasivo de la conducta y el titular del bien jurídico tutelado, la misma suerte corre el segundo lugar de la lista de prelación aludida por lo que, la redacción correcta es, que a la muerte de la víctima y/o el ofendido tendrán derecho a la reparación del daño el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes, y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento.

3. Propuesta Legislativa

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 30 Bis del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 30 Bis.- Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: 1o. La víctima y/o el ofendido; 2o. En caso de fallecimiento de la víctima y/o el ofendido, el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes, y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento.

Cuando la reparación del daño a que tenga derecho un ente público federal, se derive de la comisión de delitos por los que se haya afectado la recepción o ejercicio de recursos públicos aplicables a servicios o programas destinados al desarrollo social, la protección a derechos humanos, la seguridad pública, la procuración o la impartición de justicia; los montos, bienes u objetos que se obtengan o recuperen por este concepto, se aplicarán para el cumplimiento de los servicios o programas que se hayan sido motivo de la afectación.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

1 Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, Poder Judicial de la Federación, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Fabiola Martínez Ramírez Giovanni A. Figueroa Mejía (Coordinadores), Reparaciones, Sergio García Ramírez, página 1125, Primera Edición, México, 24 de abril de 2014.

2 El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, Sergio García Ramírez, Olga Islas de González Mariscal, Coordinadores, La Reparación del Daño en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Julio Antonio Hernández Pliego, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, páginas 341 y 345, México, 2015.

3 Delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública en México, Armonización y fortalecimiento, Revista Iberoamericana de Ciencias, Christan Norberto Hernández Aguirre, página 1, diciembre de 2016.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XXXVIII DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado Andrés Aguirre Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, ANDRÉS AGUIRRE ROMERO, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6o., fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía, UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVIII DEL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN.

La población mexicana enfrenta diversos problemas ambientales, como son entre otros, la contaminación, pérdida de la biodiversidad, escasez de agua, erosión de suelos, tiraderos a cielo abierto, deforestación, desertificación, desaparición y desgaste de mantos freáticos, y que para enfrentarlos y solucionarlos es necesario consolidar no solamente aspectos jurídicos y ecológicos, sino también visiones que fortalezcan la interacción del medio ambiente con valores, la comprensión de la sociedad con la madre tierra, la valoración de la vida y la educación como modo de ser conscientes en relación con el medio natural.

En este sentido, se ha venido avanzando en materia legislativa. Ahora, es conveniente señalar que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada el día 28 de enero de 1988, en el Artículo 3o. Fracción XXXVIII, a la letra dice: “Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.”. Cabe decir que esta Ley tiene casi 30 años de vigencia.

Sin embargo, con la presente iniciativa se propone retomar el avance del conocimiento y los marcos conceptuales, para actualizar la presente Ley y lograr no solamente mayor coordinación, eficiencia y funcionalidad en los esfuerzos que el gobierno y sociedad civil realizan para dar solución de las adversidades ambientales, sino además actualizar la propia definición de educación ambiental. Para ello se plantea adicionar en la anterior definición, los conceptos de conciencia ambiental y desarrollo de ecotecnias.

En este orden, las ecotecnias son instrumentos “para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria”1.

Si bien es amplio el alcance conceptual de esa definición, es imprescindible vincularla con la educación ambiental, que no solamente aporte conocimientos, sino que promueva que los productos que se generen en la investigación, generen acciones individuales y colectivas responsables con el medio ambiente, acciones que vinculen ciencia, tecnología y sociedad2.

Esto es importante, porque para lograr soluciones viables a los problemas ambientales, es necesario que las propuestas estén sustentadas con conocimientos científicos innovadores, que fomenten la conciencia ambiental y la sustentabilidad.

DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONCIENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LAS ECOTECNIAS.

Para esbozar la frontera del conocimiento, es preciso hablar de manera general, textual y condensada del desarrollo conceptual de la educación ambiental, lo cual implica recurrir a citas comentadas, para introducir el concepto de conciencia ambiental y el desarrollo de la ciencia y tecnología en ecotecnias.

Es importante destacar que los alcances conceptuales refieren compromisos objetivos entre la voluntad social y el poder, para hacer de la educación el instrumento más importante de la transformación de la forma de generar la vida material de la sociedad, para mejorar la calidad del medio ambiente, y con ello la calidad de vida de los ciudadanos.

Para el año 1997, en Grecia,  se pronunció la Declaración de Salónica, en donde se pidió a “la comunidad científica, que se preocupe activamente para que el contenido de los programas de educación y de sensibilización del público se base en informaciones exactas y actuales; los medios sean sensibilizados e invitados a movilizar su "saber hacer" y sus canales de distribución para difundir los mensajes clave, ayudando a traducir la complejidad de los problemas en términos claros e inteligibles para el público”3.

Nuestro país también ha sido espacio de aportaciones a las fronteras del conocimiento, en esta perspectiva se llevó a cabo en 1997, en la Ciudad de Guadalajara, el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en donde se llegó a la conclusión de que la educación ambiental debe incorporarse como un eje transversal de aplicación diaria en toda actividad humana y contribuir a lograr premisas tales como: combatir la pobreza mediante la búsqueda de un desarrollo sostenible; buscar y mantener la paz y perfeccionar la participación democrática4.

Una participación reflejada en las actividades productivas innovadoras, aplicadas en el reciclaje, generación de fuentes de energía alterna, ahorro de agua, nuevas formas de producción de alimentos; entre otras, que contribuirán a utilizar de manera sustentable los recursos naturales, y con ello la protección al medio ambiente. La educación ambiental, permitirá que la gente cuente con conocimientos y habilidades para aportar soluciones a los desafíos ambientales que hoy enfrentamos.

Está claro que, para proteger el medio ambiente, la educación ambiental debe estar vinculada con el desarrollo tecnológico. La UNESCO, en la “Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico”, adoptada por la Conferencia Mundial Sobre la Ciencia, el 1º de julio de 1999, en Budapest, Hungría, argumentó que “el desarrollo tecnológico exige una base científica sólida y debe orientarse resueltamente hacia modos de producción seguros y no contaminantes, una utilización de los recursos más eficaz y productos más inocuos para el medio ambiente”5. Esto significa cambio de paradigmas en la aplicación de la ciencia y tecnología en los procesos productivos, comerciales, servicios y de hábitos de consumo.

Por lo anterior, la UNESCO propuso que “los gobiernos y la sociedad en general deben tener conciencia de la necesidad de usar las ciencias naturales y sociales y la tecnología, como herramientas para atacar las causas profundas y los efectos de los conflictos sociales y ambientales. Hay que aumentar las inversiones en las investigaciones científicas sobre esas cuestiones”6, y así contar con conocimientos, tecnologías y capital humano que se requieren para la protección del medio ambiente.

Los conocimientos científicos y tecnológicos, deben ser aplicados en las ecotecnias para lograr la protección del medio ambiente, pero también implican disponer de recursos presupuestales en la innovación e invención para el cambio tecnológico.

En síntesis, el desarrollo, difusión y aplicación de las ecotecnias, deberá ser considerado como uno de los factores para dar soluciones a los problemas ambientales que afectan la calidad de vida de la población en su conjunto.

En América Latina, el concepto de educación ambiental sigue evolucionando, en el IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en La Habana, Cuba, en el año 2003, se definió como una dimensión de la educación integral que incorpora firmemente la relación entre medio ambiente y el desarrollo económico y social, es decir, el desarrollo sustentable7. Para ello es imprescindible la investigación y desarrollo de conocimientos en materia de ecotecnias, su enseñanza, difusión y aplicación en las actividades económicas y sociales.

Particularmente, sobre la conciencia ambiental y el progreso científico, se observa que la participación de las universidades e instituciones de educación superior, ha sido de vital importancia para lograr la conservación, preservación del medio ambiente. En la Declaración de Talloires, Francia, en el año de 2005, se propuso entre sus objetivos: “Incrementar los programas de compromiso cívico y responsabilidad social con sentido ético, a través de la enseñanza, la investigación y el servicio público”8.

Para lograr la integración de los conocimientos científicos con el interés y la participación activa de gobierno, sociedad civil y empresas, se requiere de la conciencia ambiental, definida como “el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente;  que actúan de forma sinérgica con  y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona.”9

Es por ello, que es evidente la necesidad y el reto de vincular valores y la responsabilidad social con el estudio y desarrollo de las ecotecnias en los programas académicos, para lograr que los jóvenes estudiantes y profesionistas, participen con su aplicación teórico-práctica, en la protección del medio ambiente.

Desde esta perspectiva, la conciencia ambiental ha cobrado importancia para lograr la sustentabilidad en nuestro mundo y se traduce en el reto de vincular, a partir de la educación ambiental, los valores y la responsabilidad social con un desarrollo tecnológico respetuoso del medio ambiente.

Más adelante, en el V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, celebrado en Joinville, Brasil, en el año de 2006, se enfatizó “la necesaria acción colectiva, participativa y comprometida con los actores socioambientales para la construcción de territorios y sociedades educadoras sustentables”.

En esta dirección, en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, desarrollado en Lima, Perú en 2014, se exhortó a “los pueblos y gobiernos de Iberoamérica y de todo el mundo a asumir y cumplir compromisos concretos para desarrollar e implementar políticas de educación ambiental que generen realidades sociales equitativas e inclusivas, nuevos modos de comportamiento, de producción y consumo que permitan estilos de vida sustentables tanto a nivel local como global”.10

La conciencia ambiental, debe verse fortalecida por la experiencia e innovación de la investigación científica y tecnológica, con la participación del gobierno, la sociedad civil y los sectores de transformación, servicios, comercial y primario, para con ello lograr que la “investigación y evaluación de los asuntos ambientales sean como un  prerrequisito para adoptar decisiones correctas. Asimismo, la conciencia ambiental fortalece la participación de la población, en coordinación con las organizaciones públicas y privadas, y que con una difusión apropiada y de vanguardia de conocimientos e información difundida por los medios de comunicación juegan un papel de suma importancia”11.

En México, existe preocupación y avances por la educación y el uso de la misma en la cuestión ambiental. No obstante, “Uno de los desafíos científicos más grandes en la actualidad consistente en cerrar la creciente brecha entre los procesos de generación del conocimiento y el uso social del mismo”12.

Es por ello que la participación social, la innovación de las ecotecnias, y su aplicación en las actividades productivas y comerciales, requieren de todos los sectores comprometidos a contribuir con alternativas viables para la protección del medio ambiente. Las ecotecnias, aportan los conocimientos e innovaciones necesarias para lograr la explotación racional de los recursos naturales en México.

Cabe agregar que la Reforma Educativa, ha retomado la educación ambiental, prueba de ello, es que  el 23 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma que modifica el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se establece que la educación que imparta el Estado, incluye el cuidado al medio ambiente.13

EL ESTADO ACTUAL.

Al respecto del estado de la legislación, la fracción XXXVIII del artículo 3o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; contiene una categoría amplia, que a la letra dice:

XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

RELEVANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN.

El concepto de ecotecnias, también debe de ser integrado en la definición de educación ambiental, porque es necesario el desarrollo de capacidades técnicas para impulsar alternativas enfocadas a las tecnologías productivas que permitan la protección al medio ambiente y desarrollo sustentable.

No obstante, la riqueza conceptual de la anterior definición, se debe introducir el concepto de conciencia ambiental en ese apartado de la Ley. Con ello se contribuirá a asumir compromisos en acciones sociales, evitando asumir posiciones individualistas, e incentivar a la gente, las empresas, las organizaciones, las universidades, el buscar alternativas con conciencia y actitud cooperativa, a los desafíos ambientales que hoy día confrontan la calidad de vida de una parte importante de la población.

Además de fomentar la conciencia ambiental y el espíritu colaborativo en la atención de las cuestiones ambientales, concientizar a la sociedad sobre los modos de transformación de la naturaleza, la reproducción de la riqueza, la realización de actividades productivas, comerciales y de servicios.

Igualmente, para lograr una educación que motive a los habitantes a prestar importancia y atención, en primer lugar, a la sociedad y al medio ambiente en su conjunto, para luego pensar en sí mismos y con ello, modifiquen su conducta, su estilo de vida, sus hábitos de consumo en beneficio de la preservación y protección del medio ambiente.

Para ello, es imprescindible que el gobierno emplee los medios masivos de comunicación, los medios electrónicos y las redes sociales, para contribuir a que la gente adquiera conciencia sobre cómo es su comportamiento, hábitos y costumbres, y cómo provocan el deterioro ambiental, para evitar la pasividad de la población y fomentar participación ciudadana en la búsqueda de soluciones.14

También debe quedar claro y explícito el vínculo de educación, formación profesional y especialización, investigación científica en ecotecnias, aplicadas en la búsqueda de alternativas y respuestas que contribuyan a la protección al medio ambiente, en un contexto que integre naturaleza, sociedad, ciencia, tecnología y cultura.

Los problemas ambientales que enfrenta la población son complejos, y se requiere de personas con amplias competencias y conocimientos producto de la investigación científica y tecnológica, así como de los propios resultados de la innovación e invención científica.

El desarrollo del conocimiento científico de vanguardia en las ecotecnias, junto con tecnologías como las telecomunicaciones, la biotecnología, los nuevos materiales, entre otras; representan una valiosa oportunidad para que la población en su conjunto, con los conocimientos adquiridos pueda prevenir, mitigar y resarcir las afectaciones ambientales.

Al integrar los conceptos de conciencia ambiental y del desarrollo de las ecotecnias, se logrará fortalecer la vinculación entre el gobierno, la sociedad civil, el sector productivo y las instituciones de educación e investigación de todas las áreas del conocimiento, y así buscar desde diversas y convergentes perspectivas, avanzar y afrontar el desafío ambiental.

Del mismo modo, la educación ambiental o educación para la sustentabilidad, debe ser activador de la conciencia ambiental de las personas.

Por lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto:

Único. Se reforma y adiciona la fracción XXXVIII del Artículo 3o. de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a la XXXVII.- …

XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, conciencia ambiental, conductas y competencias tecnológicas para el desarrollo de ecotecnias, con el propósito de lograr la protección al medio ambiente y de garantizar la preservación de la vida.

TRANSITORIO.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Andrés Aguirre Romero.

1 Organización Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments /ecotecnias.pdf

2 Cfr., Pablo Ángel Meira,  Cartea Universidad de Santiago de Compostela hemeira@usc.es La investigación en Educación Ambiental y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_02/n2_art_meira.html.

3  UNESCO, Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad (Salónica, Grecia, 8-12 de Diciembre de 1997). Declaración de Salónica

4 Cfr. Eloísa Tréllez Solís y César Quiroz, Coordinadores Población, “Consumo, Derechos Humanos, Riesgo y Educación Ambiental, Conclusiones del II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, ciudad de Guadalajara, junio de 1997, http://www.anea.org.mx/eventos/iicongiberoedamb/conclusiones %20ii%20ciea.pdf

5 UNESCO “Declaración Sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico” Adoptada por la Conferencia mundial sobre la ciencia el 1o de julio 1999 - Texto final http://www.unesco.org/science/wcs/esp/ declaracion_s.htm

6 UNESCO “Declaración Sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico” Adoptada por la Conferencia mundial sobre la ciencia el 1o de julio 1999 - Texto final http://www.unesco.org/science/wcs/esp/ declaracion_s.htm

7 Citado en la Declaración de Lima. En done el IV Congreso Iberoamericanos de Educación Ambiental, celebrado en la Habana, fue presentado como una semblanza histórica en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en 2014, llevado a cabo en Lima, Perú. http://www.minam.gob.pe/cidea7/documentos/declaracion_lima_cidea7.pdf

8 Declaración de Talloires, “Sobre Las Responsabilidades Cívicas Sociales y Las Funciones Cívicas de la Educación Superior Talloires” Francia – Septiembre 2005.

9 Antonio Gomera Martínez, “La Conciencia Ambiental Como Herramienta para la Educación Ambiental: Conclusiones y Reflexiones de un Estudio en el Ámbito Universitario” Noviembre 2008, http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2008_11gomera1_tcm7-141797.pdf

10 VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, Perú, http://www.minam.gob.pe/cidea7/ documentos/declaracion_lima_cidea7.pdf

11 UNESCO “Educación Ambiental” O…cit.

12 Alicia Castillo y Edgar González Gaudiano “Educación Ambiental y Manejo de Ecosistemas en México”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, http://www.iies.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/ M7_LectCOMP_Castillo-Gonzalez-Guadiano_2010.pdf

13 Cfr. NOTIMEX; Diputados aprueban reforma sobre medio ambiente, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/04/24/diputados-aprueban-reforma-sobre-medio-ambiente, 24 de abril del 2014.

14 Enrique Martínez-Salanova Sánchez, “Sociedad Responsable, Medios Responsables”, 2008. Sphera publica: revista de las ciencias sociales y de la comunicación., págs. 103-116, http://www.uhu.es/cine.educacion/articulos/mediosresponsables.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por los Diputados Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Luis Agustín Torres, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Anaya Orozco, Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Ricardo del Rivero Martínez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Regio Trinidad Garzón Canchola y Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Diputados, SUSANA CORELLA PLATT, ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA, LUÍS AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES, JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ, ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO, ALFREDO ANAYA OROZCO, JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ORTEGA, ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ, LEONEL GERARDO CORDERO LERMA, REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA y BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputados Federales a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial de Minería y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la minería ha sido un factor importante en la evolución económica de diversas naciones, dado que ha permitido la creación de ciudades, a través de la incorporación de infraestructura, comunicaciones y transportes, dentro de grandes áreas geográficas, con el fin de obtener el beneficio adecuado y máximo por la explotación del recurso mineral, a punto tal que en el caso de México incluso, es posible atribuirle que derivó en el choque cultural entre civilizaciones y en generó cambios frenéticos en diversas etapas históricas del país.

Así mismo tenemos que la minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, provee de materias primas básicas a un amplio número de actividades industriales; significativa es pues su participación en la captación de divisas, así como una importante fuente de empleos formales. México es un país minero, lo ha sido a lo largo de su historia. Contamos con recursos minerales que nos dan posibilidades de competir a nivel internacional, por ello deben ser aprovechados de forma sustentable, potenciando el desarrollo del sector a través del fortalecimiento de las actividades de exploración, explotación y tratamiento de los minerales.

El sector minero en México ha sido y es crucial para el desarrollo del país. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Minero (Prodemin) 2013-2018, la industria minera representa la cuarta fuente generadora de divisas, sólo por detrás de la industria automotriz, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo. Según datos publicados por la Cámara Minera de México en su informe anual 2014, México es líder mundial en la producción de plata y se encuentra entre los 10 principales productores de 19 minerales. Por otra parte, el 70% de la superficie del territorio nacional tiene potencial de desarrollo geológico.

El contexto que tenemos es uno en donde luego de varios años del aumento constante de los precios de los productos mineros, la desaceleración y ahora la crisis económica mundial, han disminuido la demanda a nivel internacional de diversos metales, lo que provoca que la minería muestre cifras decrecientes. México ocupó el cuarto lugar mundial en la atracción de capital para la exploración y mantiene condiciones que lo posicionan como un país de gran potencial para atraer inversiones extranjeras y nacionales en el desarrollo de nuevos proyectos.

Luego de diez años de crecimiento sostenido, la minería a nivel mundial inició en el año 2012 una baja ocasionada primordialmente por la caída en los precios de los metales.  Contexto que  llevó al sector minero de México  a una considerable  afectación, misma que se refleja en los significativos retrocesos en sus indicadores, proceso atribuible a factores como la antes mencionada  baja internacional del precio de los metales, y la aplicación de nuevas medidas impositivas.

Concretamente el problema que se plantea y, que dicho sea de paso, ha sido reiterado en diversas reuniones y acercamientos con la Cámara Minera de México, inversionistas y asociaciones de ingenieros mineros y metalurgistas, es el siguiente; el texto actual del artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta limita la deducción de las erogaciones realizadas en los denominados periodos preoperatorios, o sea la fase anterior al desarrollo del proyecto minero como se logra ver en diversas regiones donde se encuentran asentados, del 100 % en un año, a sólo 10% anual.

“Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:

I. 5% para cargos diferidos.

II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos.

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo.

IV. En el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado, el por ciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión, el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento.

En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio.”

En este sentido se resta competitividad a la industria, dado que al ser una actividad económica extractiva, es indispensable explorar continuamente para garantizar la sostenibilidad de sus rendimientos en el largo plazo, en función del agotamiento de los yacimientos minerales.

Por consiguiente el entorno mexicano para el desarrollo de la minería se notó complicado con la eliminación de la posibilidad de  deducir fiscalmente los gastos en exploración en el año en que se realizaron, esto ha traído como resultado indicadores negativos para efecto del crecimiento en y captación de inversiones para esa parte de las facetas que conllevan al desarrollo de proyectos mineros, pues se disminuye sustantivamente el desarrollo de nuevas operaciones mineras, el crecimiento y sostenibilidad de operaciones en marcha y una marcada desaceleración en la creación de empleos.

A manera de ejemplo de la caída en los precios de los metales desde el año 2012, a continuación se realiza un breve análisis de los casos de oro, plata, cobre y fierro, que son los metales que en nuestro país, podrían considerarse más representativos de la producción minera: 

• El promedio anual para el caso del oro fue de $1,668.98 dólares la onza para 2012, posteriormente cayó a $1,411.23 dólares la onza durante 2013,durante 2014 obtuvo un promedio de $1,292.85 dólares la onza y sufrió una nueva baja para 2015 quedando en $1,159.82 dólares la onza, lo cual significa una disminución del 30.5% desde el 2012.  Para 2016, el precio fue de 1,251 dólares por onza, un aumento de 7.8% respecto al año anterior.

• En el caso de la plata, el promedio anual para 2012 fue de $31.14 dólares la onza, para 2013 bajó sustancialmente a $23.79 dólares la onza, en 2014 llegó a $20.09 dólares la onza y finalmente en 2015 bajó hasta $15.71 dólares la onza,  lo que representa una caída del 49.5% desde el 2012.  Para 2016, el precio fue de 17.14 dólares por onza, un aumento de 9.3% respecto al año anterior.

• En el caso del cobre el precio promedio anual para el 2012 fue de $3.61 dólares por libra, descendió a $3.33 dólares por libra en 2013, para 2014 promedia en $3.11 dólares por libra y finalizando el año 2015 de nuevo tiene un decremento quedando en $2.49 dólares por libra, que representa una disminución del 31% desde el 2012. Para 2016, el precio promedio fue de 2.20 dólares por libra, 11.5% menos que el año anterior.

• El precio promedio anual para el fierro en 2012 fue de $128 dólares por tonelada, para 2013 aumenta ligeramente y obtiene un precio de $135 dólares por tonelada, cerrando 2014 con una baja muy considerable quedando en $97 dólares por tonelada y concluido el año 2015 sufrió una significativa caída promediando en $55 dólares por tonelada, lo cual muestra un decremento de 57% desde el 2012. Para 2016, el precio fue de 57.71 dólares por tonelada, un aumento de 4.4% respecto del año anterior.

En este marco de disminuciones, conjuntamente con un régimen fiscal que se presentó precisamente en el momento de la caída de la minería a nivel mundial, provocó cierre de operaciones mineras, cancelación de nuevos proyectos y consecuentemente la cancelación de nuevas inversiones; esto provocó que México dejara de ser un lugar atractivo para la inversión minera.

A razón de lo anterior se precisa que en la mayoría de los países mineros la deducción de las erogaciones realizadas en períodos preoperativos se realiza al 100% concretamente en los siguientes: Chile, Perú, Canadá y Australia. En Argentina incluso se permite la deducción al 200% en un ejercicio. Y finalmente en otros países mineros se tienen algunas variantes tales como: Brasil, que para su amortización sigue las reglas contables; y, Estados Unidos, que tiene tres alternativas: 1ª deducirlos vía agotamiento; o 2ª el 70% al 100% y el remanente en 60 meses (5 años); o 3ª a la tasa del 10% anual.

De los efectos en la minería mexicana tenemos los siguientes:

1. La limitación en la deducción de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, ha continuado postergando proyectos mineros, algunos incluso han retrasado su fase de construcción y en 2016 sólo tres se pusieron en operación. Con base a la información de la Secretaría de Economía, a julio de 2016 se tienen suspendidos o diferidos 162 proyectos de exploración.

2. Las inversiones en nuevas exploraciones proyectadas por las empresas mineras agremiadas a la Camimex para el periodo 2012 – 2018 se estimaron en un principio en 6,200 millones de dólares. Bajo las nuevas disposiciones fiscales para el período 2012 -2016 se invirtieron 3,812 millones y se prevé se inviertan para 2017 – 2018 sólo 800 millones más, dejando de invertir 1,588 millones de dólares. Adicionalmente, dentro de los proyectos mineros en exploración avanzada que actualmente están en riesgo de suspender inversiones, se encuentran tres, considerados de clase mundial, con presupuestos en riesgo del orden de 6,700 millones de dólares (en Durango, Zacatecas y Baja California).

3. Los empleos que se han dejado de generar, tras suspender 162 proyectos de exploración, se calculan del orden de 6,500, mientras que los que se encontrarían en riesgo, de no concretarse los trabajos en los tres proyectos en exploración avanzada, se estiman en 4,000. Sin embargo se considera que en caso de resultar exitosos, al menos 50 proyectos mineros, de los 162 suspendidos, se generarían alrededor de 15,000 nuevos empleos.

4. La inversión directa en el sector minero, sufrió un decremento del 18% obteniendo 6,576 millones de dólares durante el 2013, para 2014 tuvo un descenso del 25% llegando a los 4,948 millones de dólares, y el 2015 se tuvo una inversión de 4,630 millones de dólares, una caída de 6.4% respecto al año previo.  Para 2016 se prevén cifras similares a las del 2015. La inversión en exploración cayó 26% en 2013, para 2014 disminuyó 1% y finalizado el 2015 perdió 38%. En cuanto a las exportaciones han ido descendiendo también, para el 2013 cayeron en un 19%, para 2014 perdieron el 15% y en 2015 se observó una disminución del 14.5%, tendencia que continuó en 2016, situándose menor al 14%.

5. El valor de la producción minero-metalúrgica ha ido retrocediendo, en 2012 el año terminó con una cifra de 17 mil 843 millones de dólares, 2013 alcanzó 15 mil 626 millones de dólares, para 2014 redujo 5.15% para llegar a 14 mil 820 millones de dólares, finalizado el año 2015, se tuvo una cifra de 13 mil 469 millones de dólares, lo que significa un nuevo decremento de 9%.  Para 2016 se prevé que llegó apenas a 12,600 millones de dólares.

6. En el plano internacional México perdió competitividad en el principal indicador del prestigiado informe publicado por el Instituto Fraser de Canadá, la conocida Encuesta Anual de Empresas Mineras, que en 2015 evaluó 109 jurisdicciones contra 122 en 2014. México descendió cuatro posiciones en el índice de atracción de inversiones pasando del número 33 en 2014 al 37 en 2015, cayendo de la posición 2 en América Latina como mejor país para invertir al 3, por debajo de Chile y Perú.

En 2016, la misma encuesta pero ahora evaluada con 104 jurisdicciones, indicó que México retrocedió 13 lugares, al ubicarse en la posición 50 en el índice de atracción de inversiones, nuevamente por debajo de Perú y de Chile.

Si bien uno de los mecanismos más importantes que tiene un país para generar cambios en su esquema de crecimiento económico, que para el caso de esta soberanía es causa de importante discusión y análisis, es la política fiscal; de suerte que resulta indispensable darle herramientas a la factores económicos en específico al sector minero, para que logre subsistir ante la caída de los precios, de forma tal que les sea posible amortiguarse y tener certeza para su inversión.

En función de lo anteriormente mencionado, se debe tener claro que se parte de antecedentes concretos del tema, puesto que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2013, el esquema fiscal permitía a las empresas mineras la deducción materia de la presente propuesta, por tanto el planteamiento no está fuera de la lógica que persigue un esquema de incentivos para una industria que no sólo genera una importante cantidad de empleos directos e indirectos, también contribuye a la atracción de divisas, pues a diferencia de la automotrices o las maquiladoras, la minería es una industria que no migra tan fácilmente a menos de que ya no tenga existencia del material.

En este tenor, y considerando el nivel prioritario para la exploración de los hidrocarburos, derivado de los planteamientos de la  reforma energética, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reconoció la importancia e impacto de los gastos de exploración, al establecer en el artículo 32 de dicha Ley que para la determinación del Impuesto Sobre la Renta los Contratistas, es decir los titulares de un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, (equivalente a la figura del concesionario minero) aplicarán el 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen; luego entonces, si en ambos casos es necesario hacer estudios anteriores a la explotación de los recursos de la Nación, es menester que tengan un régimen fiscal igual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los proponentes, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo Único.  Se adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 33.

I a IV. …

Tratándose de contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos de mineral, éstos podrán optar por deducir las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, en el ejercicio en que las mismas se realicen. Dicha opción deberá ejercerse para todos los gastos preoperativos que correspondan a cada yacimiento en el ejercicio de que se trate.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. Susana Corella Platt.- Dip. César Camacho Quiroz.- Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta.- Dip. Luis Agustín Rodríguez Torres.- Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. Alfredo Anaya Orozco.- Dip. Juan Antonio Meléndez Ortega.- Dip. Araceli Guerrero Esquivel.- Dip. Ricardo del Rivero Martínez.- Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma.- Dip. Francisco Xavier Nava Palacios.- Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola.- Dip. Alfredo Basurto Román.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY GENERAL DE   VÍCTIMAS

(Presentada por la Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada PAOLA IVETH GÁRATE VALENZUELA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como en los artículos  6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON EL PROPÓSITODE TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LOS CASOS EN QUE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEAN HIJOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, Y EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS para incluir un registro especifico de los niños, niñas y adolescentes en orfandad por feminicidio:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, clara y precisamente dictamina que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio nos guía como legisladores para ser el conducto legal de salvaguarda para nuestros niños y niñas(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917).

La Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes establece en el Titulo Primero, artículo 1º que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes y cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales(Cámara de Diputados, 2014).

Aunado a lo anterior, cabe recordar que en el marco del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano,  México forma parte de los 42 instrumentos de protección de los Derechos Humanos, por lo tanto reconocemos la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en una clara expresión soberana de compromiso con la dignidad del ser humano(Organización de los Estados Americanos, 1998), (García, Sergio; Toro, Mauricio, 2000) y es por esto que en 2009, cuando dicha corte emitió la sentencia del proceso conocido como Campo Algodonero1, el Estado reconoció también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y se creó la Ley General de Víctimas(CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO, 2009).

Nuestra Ley General de Víctimas establece en su capítulo IV de los apartados del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que el Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal. Dicho Registro constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El feminicidio no solo acaba la vida de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, muchos de ellos expuestos a convivir con el agresor. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quién les repara el daño, quién las mantiene; es por esto que no podemos quedar indolentes ante estas víctimas colaterales y debemos conocer las cifras exactas para ofrecerles la protección necesaria que sus madres no tuvieron, ya sea con viáticos, traslados, gastos funerarios, repatriación de restos, medidas de alojamiento y alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, medidas de protección, así como de asesoría jurídica, planes educativos y psicológicos, con refugios y con instancias de seguimiento, disposiciones reglamentarias previstas en la Ley General de Víctimas, con la finalidad de dar cabal seguimiento a cada uno de estos menores de edad.

El Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por la misma situación.

En contraste datos del Observatorio de Medios Comunicación e Información de la Mujer (Cimac)2 reconocen que existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, además de un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres ante el asesinato de sus hijas, así como otros familiares que se quedan a su cargo, y cuyas historias están siendo ignoradas por las autoridades.

El objetivo primordial  es ofrecer un enfoque diferencial para estas víctimas niñas, niños y adolescentes, los cuales cabe destacar tienen mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, así como el eficiente subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral(Animal Político, 2016).

Por lo tanto, bajo el amparo de la ley y con amplio conocimiento que guarda referencia al tema que ocupa la presente propuesta, y por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII  al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Artículo Primero. - Se adiciona la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 47.-Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

De la I. a la VII. . .

VIII–Las niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales del feminicidio de su progenitora,

Artículo Segundo.- Se adiciona el párrafo IV al artículo 97 de la Ley General de  víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:

Del I al III…..

IV. Los registros del número de  niños, niñas y adolescentes hijos de victimas de feminicidios que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, de las entidades federativas o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela.

Referencias
Animal Político. (2016). Animal Político. Recuperado el 11 de abril de 2017, de http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2016/09/19/sistema-atencion-victimas-funcione/
Cámara de Diputados. (04 de Diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. México, México: Cámara de Diputados.
Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Caso González y otras (“CAMPO ALGODONERO”) Vs. México, E/CN.4/2006/61/Add.4,13/I2006) (Corte Interamericana de Derechos Humanos 16 de noviembre de 2009).
CNCimacnoticias. (08 de marzo de 2017). Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio. Recuperado el 11 de abril de 2017, de CNCimacnoticias: http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/hijas-e-hijos-de-mujeres-asesinadas-v-ctimas-ignoradas-del-feminicidio
García, Sergio; Toro, Mauricio. (2000). México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Veinticinco años de jurisprudencia. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM , XIII-LXXXIV.
Organización de los Estados Americanos. (1998). ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Recuperado el 11 de 04 de 2017, de http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/A%C3%B1o98/121698.htm

1 Sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)dictó en contra del Estado Mexicano, en noviembre de 2009, al señalarlo como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua(CNCimacnoticias, 2017).

2 Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), fue fundada en 1988 por un grupo de profesionales de la comunicación. Su misión es generar y publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres, asegurar que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano, así como promover los medios como una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, C. MARTHA LORENA COVARRUBIAS ANAYA, Diputada de la LXIII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables, con trato digno dentro del marco de los derechos humanos.

El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley.

Así, el derecho a la salud genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la obligación positiva, la cual consiste en evitar que particulares, grupos o empresas la dañen.

La salud, como objeto de protección, se puede entender, de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la Salud, como “un Estado de bienestar y equilibrio físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad”.

La protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales en términos políticos y económicos de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado de bienestar.

Así, la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que se deben asegurar, entre otros:
• El derecho a un sistema de protección de la salud;

• El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades;

• El derecho al acceso a los medicamentos esenciales;

• La promoción de la salud materna e infantil;

• El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados;

• La educación y la concienciación sobre la salud.

Además, la materialización del derecho a la salud supone que los servicios de salud estén disponibles en cualquier circunstancia, accesibles para todos, de buena calidad y aceptables (es decir, que se ajusten a la ética médica y sean respetuosos con las diferencias biológicas y culturales).

II. PROBLEMATICA

Ahora bien, la ley secundaria de la materia, es decir, la Ley General de Salud, en su artículo 61, en materia de protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, dispone que este derecho abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

Actualmente, la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, la siguiente acción:

• La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera.

De lo anterior se desprende, que la protección materno-infantil y la protección de la salud materna, no comprende la salud post-parto, la cual debiera tener la finalidad de atender el sufrimiento físico, psicológico y emocional que se pudiera suscitar en la etapa.

Al respecto, es dable mencionar, que durante el embarazo se producen diversos cambios en el cuerpo de las mujeres que, aun siendo normales, es importante vigilar para verificar que no repercuten negativamente en su estado de salud y, por consiguiente, en el de sus futuros hijos.

El estado de tu salud post-parto es fundamental para poder cuidar a tu bebé.

En esta etapa, las mujeres  atraviesan muchos cambios, los órganos que intervinieron en el embarazo y el parto volverán a las condiciones pregestacionales, mientras que la revolución hormonal del cuerpo se altera física y mentalmente.

Además, la vida será diferente a lo que solía ser y acostumbrarse a la nueva situación puede ser difícil. En esta etapa, existen complicaciones más comunes que se dan durante el puerperio, como por ejemplo la depresión post-parto.

Después del embarazo, cambios hormonales en el cuerpo de la mujer pueden activar síntomas de depresión.

Durante el embarazo, la cantidad de dos hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, aumentan grandemente en el cuerpo de la mujer. En las primeras 24 horas después del parto, la cantidad de estas hormonas baja rápidamente al nivel normal de la mujer no embarazada. Investigadores creen que el cambio rápido en el nivel de hormonas puede causar depresión, al igual que cambios hormonales pequeños pueden afectar el humor de la mujer antes de su menstruación.

Ocasionalmente, los niveles hormonales de la tiroides bajan después de dar a luz. La tiroides es una glándula pequeña en el cuello que ayuda a regular el metabolismo (cómo el cuerpo usa y guarda energía de los alimentos).

Bajos niveles de tiroides pueden causar síntomas de depresión incluyendo mal humor, pérdida de interés en actividades normales, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, y aumento de peso. Un simple examen de sangre puede determinar si ésta condición está causando depresión en la mujer. Si es así, medicina para la tiroides puede ser recetada por un médico.

Otros factores que pueden contribuir a la depresión post-parto incluyen:

• Sentirse cansada después del parto, no dormir adecuadamente, y no tener suficiente descanso seguido hacen que la madre tarde semanas para recuperar sus fuerzas.

• Sentirse abrumada con un nuevo, u otro, bebé que cuidar y dudar de su habilidad para ser una buena madre.

• Sentirse estresada por el cambio en las rutinas del hogar o el trabajo, A veces, las mujeres piensan que deben ser “súper mamás” o perfectas, lo cual no es realista y puede añadir estrés.

• Tener sentimientos de pérdida – pérdida de identidad, de quien es, o era, antes de tener al bebé, pérdida de control, pérdida de su figura de antes del embarazo, y sentirse menos atractiva.

• Tener menos tiempo libre y menos control sobre el tiempo que tiene.

• Tener que quedarse en casa por períodos de tiempo más largos y tener menos tiempo para pasar con su pareja o con sus seres queridos.

En consecuencia, cualquiera de estos síntomas durante y después del embarazo que duren más de dos semanas son señas de depresión:

• Sentirse inquieta o irritable.

• Sentirse triste, sin esperanza, y abrumada.

• Llorar mucho.

• No tener energía o motivación.

• Comer demasiado, o muy poco.

• Dormir demasiado, o muy poco.

• Dificultad para concentrarse, recordar, o tomar decisiones.

• Sentirse inútil y culpable.

• Pérdida de interés o satisfacción en actividades.

• Retirarse de familia y amigos.

• Tener dolores de cabeza, de pecho, palpitaciones rápidas del corazón (el corazón palpita muy rápido y siente que salta palpitaciones), o respiración agitada (rápida y sin profundidad)

De igual forma, después del embarazo, la depresión también puedeincluir tener miedo de lastimar al bebé o a sí misma, no tener interés en el bebé, inclusive de llegar al extremo del suicidio, como se han dado casos de los cuales hemos sido testigos.

Así la depresión post-parto puede ocurrir en cualquier momento durante el primer año después de haber dado a luz.

La depresión post-parto debe ser tratada por un médico. Tratamiento psicológico, grupos de apoyo, y medicamentos son cosas que pueden ayudar.

Hay dos tratamientos comunes para la depresión. Terapia de habla. Esta es hablar con un terapista, psicólogo, o trabajador social para aprender a cambiar como la depresión la hace sentir, pensar y actuar.

Medicamento. Su doctor le puede dar antidepresivos. Estos medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión. Mujeres que están embarazadas o amamantado deben hablar con su médico sobre las ventajas y riesgos de tomar antidepresivos. A algunas mujeres les preocupa que estos medicamentos afecten al bebé.

La depresión de la madre puede afectar el desarrollo del bebé, por lo tanto obtener tratamiento es importante para la madre y el bebé. Valorar el riesgo-beneficio del uso de medicamentos en caso de depresión.

Es una decisión que las mujeres deben discutir muy cuidadosamente con sus médicos. Mujeres que deciden tomar antidepresivos deben hablar con sus médicos sobre cuales medicamentos es más prudente tomar durante el embarazo o mientras amamanta a su bebé.

Debemos hacer énfasis, que la depresión no solo daña a la madre, sino también a su familia. Algunos investigadores han encontrado que la depresión durante el embarazo puede resultar en un bebé que nace prematuro o de bajo peso. Algunas mujeres con depresión tienen dificultad para cuidarse durante el embarazo. Pueden tener problemas para comer y no ganar suficiente peso durante el embarazo; tienen problemas para dormir; pueden faltar a sus visitas prenatales; puede que no sigan instrucciones médicas; tienen mala alimentación; o pueden usar substancias nocivas para la salud, como alcohol, tabaco, o drogas.

La depresión post-parto puede afectar la habilidad de la mujer para ser madre. Puede que le falte energía, tenga problemas para concentrarse, sea irritable, y no pueda llenar la necesidad de amor y afecto del bebé. Como resultado, se puede sentir culpable y perder confianza en sí misma y en sus habilidades como madre, lo cual puede agravar la depresión. Los investigadores creen que la depresión post-parto afecta al bebé causando retrasos en el desarrollo del habla, problemas emocionales, problemas de comportamiento, nivel de actividad bajo, problemas para dormir, y angustia o sufrimiento. Ayuda si el padre o alguna otra persona llenan las necesidades emocionales del bebé mientras la madre está deprimida.

Todos los niños merecen la oportunidad de tener una madre sana. Todas las madres merecen la oportunidad de disfrutar de su vida y de sus hijos.

En ese sentido, y ante lo trascendente que resulta que los servicios de salud brinden cuidados de prevención y atención a situaciones de sufrimiento físico, psicológico y emocional en la etapa de post-parto, es por lo que se considera importante incorporar a la Ley General de Salud contemplar esta hipótesis normativa, a efecto de brindar una mayor atención en la salud materno-infantil.

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de garantizar los derechos de salud en la etapa de post-parto respecto a la atención integral materno-infantil, para que de esta forma se brinde una atención integral en esta materia (física, psicológica y emocional) y con ello se eviten situaciones que pongan en riesgo a la madre, los hijos, y en sí, a la familia.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta que en los servicios de salud que brinda el Estado, se otorguen atenciones y cuidados integrales en la etapa de post-parto.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone a la Ley General de Salud,es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para que esta legislación incorpore temas de prevención, vigilancia y atención a situaciones de sufrimiento físico, psicológico y emocional que se pudieran suscitar en la etapa de post-parto, con la finalidad de evitar situaciones lacerantes para las madres, hijos y familia.

En tal virtud, se propone modificar la fracción I del artículo 61 de la Ley General de Salud, para que de esta forma se incluya en los servicios de salud que imparte el Estado, la prevención, vigilancia y atención a situaciones de sufrimiento físico, psicológico y emocional que se pudieran suscitar en la etapa de post-parto.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración deeste Poder Público Legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por modificación la fracción I del artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.-

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio, incluyendo las atenciones para prevenir y atender el sufrimiento físico, psicológico y emocional que se requiera;

I Bis al VI.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro del plazo de 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Martha Lorena Covarrubias Anaya.- Dip. Jose Luis Orozco Sánchez Aldana.- Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.- Dip. Ramón Bañales Arambula.- Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez.- Dip. Hugo Gaeta Esparza.- Dip. Maria Esther Scherman Leaño.- Dip. Rafael Yerena Zambrano.- Dip. Jesús Zuñiga Mendoza.- Dip. Francisco Javier Santillán Oceguera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, INCISO A), NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SE ADICIONA EL INCISO Ñ) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 443 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por las Diputadas Araceli Guerrero Esquivel, Erika Araceli Rodríguez Hernández y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

(Presentada por el Diputado Germán Escobar Manjarrez, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, GERMÁN ESCOBAR MANJARREZ, Diputado en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28, DE LA LEY DE PRODUCUCTOS ORGÁNICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca promover, capacitar y divulgar los beneficios de la utilización de insumos orgánicos, con la finalidad de incentivar su uso en el sector agrícola para mantener y mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mejores condiciones sanitarias en el cultivo de las cosechas.

Por lo que se pretende establecer en la legislación el fomentar y promover el uso de abonos orgánicos desplazando con esto el uso de fertilizantes químicos que propician que el suelo sufra de un agotamiento y contribuyen al impacto de cambio climático y que se puede reducir este impacto con el uso de productos más compatibles con el medio ambiente.

Los efectos favorables que los fertilizantes orgánicos o biofertilizantes, incrementan el suministro de los nutrimentos por su acción sobre los ciclos biogeoquímicos, tales como la fijación de N2, la solubilización de elementos minerales o la mineralización de compuestos disponibles para las plantas; mejoran la estructura del suelo por su contribución a la formación de agregados favorables; además contribuyen a mantener a los agentes de control biológico de patógenos y ayudan a eliminan productos tóxicos, como los pesticidas, herbicidas y fungicidas; además de que contribuyen a incrementan la resistencia al estrés causado por los cambios ambientales o por el trasplante abiótico (Bowen y Rovira, 1999). ; Por lo que se deben de convertir en un insumo imprescindible de uso en la agricultura.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) Carta de Uso de Suelo y Vegetación, Serie III (2002), señala que El porcentaje de territorio en el cual pudiese estarse dando la actividad agropecuaria es estimada en un 57% del territorio nacional, si consideramos la presencia de la ganadería extensiva en el territorio

La pérdida de suelo por erosión hídrica, indica que 42.04% del territorio nacional está afectado por algún nivel de pérdida de suelo, mientras que en 57.96% de la superficie nacional la pérdida es nula; en cuanto a la pérdida de suelo por viento, 88.96% del territorio nacional está afectado por algún grado de erosión, mientras que 11.03% no presenta problemas de erosión eólica. (Evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica en la República Mexicana, esc. 1:1 000 000 elaborada por Chapingo en 2006)
Los fertilizantes orgánicos o biofertilizantes, son una parte importante en la contribución en la agricultura sustentable, con el fin de satisfacer los cambios y demandas de las necesidades humanas, mientras se mantiene o incrementa la calidad del ambiente y se conservan los recursos naturales.

Que a pesar que en el país, se han hecho diversos esfuerzos implementando políticas públicas en materia de conservación de suelos, tenemos en épocas recientes que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y en este la Estrategia 4.10.4. “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, específicamente la línea de acción que se vincula a COUSSA es: Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

Como contribución a la estrategia, se implementa el Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) , así como el Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas(PRODEZA), con acciones orientadas a:

1. Involucramiento de los productores rurales en la ejecución de sus proyectos.

2. Privilegiar el cambio en las actividades productivas que no son acordes al potencial productivo.

3. Apoyar acciones de conservación de suelos y de mejora en la infiltración del agua.

4. Atención integral del territorio con el enfoque de cuenca, con obras de captación y almacenamiento de agua de lluvia, combinadas con la realización de obras y prácticas de conservación de suelo y agua.

5. Mejorar la cubierta vegetal en los agostaderos.

Se establecen prioridades para el manejo sustentable del suelo, en Agricultura de temporal, Zonas Áridas, Áreas en proceso de degradación del suelo, erosionado o frágil.

Siendo una alternativa para la producción agrícola y contando con diversos programas y componentes de las diversas secretarias que conforma la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, es necesario divulgar y socializar técnicas de fomento de elaboración fertilizantes y compuestos para control de plagas y enfermedades de origen natural u orgánico; con la finalidad de reducir el impacto del cambio climático e ir cumpliendo con los acuerdos tomados en La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación

Beneficios del uso de Abonos Orgánicos

Asegurar que los alimentos estén libres de sustancias o microorganismos dañinos a la salud de los consumidores, debe ser obligación del Estado mexicano para garantizarla salud de los ciudadanos en todo el territorio nacional; por lo que es necesario modificar los métodos tradicionales para el control de plagas, además del manejo de los alimentos en el campo, su empaque y transporte, para estar en condiciones de cumplir los requisitos de inocuidad alimentaria exigidos por el mercado.

En definición de la SAGARPA “los abonos orgánicos, por las propias características de su composición, son formadores del humus y enriquecen el suelo, con este componente, modificando algunas de las propiedades y características del suelo como su reacción (pH), cargas variables, capacidad de intercambio iónico, que degradación de elementos, disponibilidad de fósforo, calcio, magnesio y potasio, y desde luego la población microbiana, haciendo más propio para el buen desarrollo y rendimiento de los cultivos”.

Aunado a lo anterior, en palabras de Marcel Morales Ibarra, director general de Biofábrica Siglo XXI, el uso de fertilizantes químicos es uno de los costos más grandes para los campesinos del país. El uso de estos productos se ha incrementado 5 veces en la última década y representa el 50% de la estructura de costos en la producción del maíz, por lo que “La biotecnología es el amigo más viable para impulsar el agro mexicano”, el especialista recomendó que se impulse una industria de bio fertilizantes, los cuales no dañan el medio ambiente y resultan más económicos.1

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, menciona los efectos del uso de abonos orgánicos, los cuales destacan los siguientes:2

Efectos de los abonos orgánicos sobre las características físicas del suelo

• Los abonos orgánicos influyen favorablemente sobre las características físicas del suelo (fertilidad física); estas características son: estructura, porosidad, aireación, capacidad de retención de agua, infiltración, conductividad hidráulica y estabilidad de agregados.

• Un aumento en la porosidad aumenta capacidad del suelo para retener el agua incrementando simultáneamente la velocidad de infiltración de esa misma agua en el suelo. Una investigación reportó que con una sola aplicación de 66 toneladas/ha de estiércol al suelo, la velocidad de infiltración pasó de 8 a9.6 cm/hr. Tal efecto es de la mayor importancia en los terrenos con desnivel donde el agua, por escurrir superficialmente, no es eficientemente aprovechada. Una mayor porosidad está relacionada inversamente con la densidad aparente del suelo y con aspectos de compactación del mismo.

Efectos de los abonos orgánicos sobre las características químicas del suelo

• La composición química de los abonos orgánicos por supuesto variará de acuerdo al origen de éstos. Las plantas, los residuos de cosecha, los estiércoles, etc. difieren grandemente en cuanto a los elementos que contienen.

• Las características químicas del suelo que cambian por efecto de la aplicación de abonos orgánicos son obviamente el contenido de materia orgánica; derivado de esto aumenta el porcentaje de nitrógeno total, la capacidad de intercambio de cationes, el pH y la concentración de sales.

• La nueva situación es en general favorable;  ello de plantas sensibles a ciertos niveles de algunos compuestos en particular.

• Con el uso de abonos orgánicos se ha observado que el pH en suelos ligeramente ácidos o neutros, tiende a aumentar. Con la aplicación de 4 toneladas de porque raza por hectárea en un año, el pH aumentó de 5.5 a 5.8; con aplicaciones de 10 toneladas de gallinaza durante 4 años, el pH aumento de 4.8 a 5.1 y con la aplicación de 6 toneladas de gallinaza, composta y ver mi composta, el pH aumento de 5.8 a 6.0.

Efectos de los abonos orgánicos sobre las características biológicas del suelo

• Se debe a que los estiércoles contiene grandes cantidades de compuestos de fácil descomposición, cuya adición casi siempre resulta en un incremento de la actividad biológica. Los microorganismos influyen en muchas propiedades del suelo y también ejercen efectos directos en el crecimiento delas plantas.

• En la mayoría de los casos, el resultado del incremento de la actividad biológica, repercute en el mejoramiento de la estructura del suelo por efecto de la agregación que los productos de la descomposición ejercen sobre las partículas del suelo; las condiciones de fertilidad aumentan lo cual hace que el suelo tenga la capacidad de sostener un cultivo rentable. Asimismo, se logra tener un medio biológicamente activo, en donde existe una correlación positiva entre el número de microorganismos y el contenido de materia orgánica del suelo.

• En relación con la disponibilidad de nutrimentos, la actividad biológica del suelo juega un papel importante en la oxidación y reducción de los elementos esenciales, convirtiéndolos de formas no aprovechables a formas aprovechables por las plantas. Un estudio indicó que la aplicación anual de 20 toneladas de gallinaza durante 10 años, aumentó significativamente la población microbiana en un suelo andosol sometido al cultivo de maíz año con año.

Efecto de los abonos orgánicos en la inhibición de patógenos del suelo

• Los abonos orgánicos pueden prevenir y controlar la presencia y severidad de las enfermedades del suelo; su acción se basa en los siguientes puntos:

• Incremento de la capacidad biológica del suelo para amortiguar los patógenos.

• Reducción del número de patógenos por la competencia que se establece con los microorganismos no patógenos del suelo.

• Aumento en el contenido de Nitrógeno amoniacal en el proceso de mineralización del abono orgánico.

• Incremento de la capacidad de los hospedantes para provocar rechazo hacia los patógenos.

• Los mecanismos por los que los abonos orgánicos inhiben a los patógenos del suelo y enfermedades radiculares involucran: a) la germinación y propagación de los fitopatógenos, b) la competencia por nutrimentos, c) la producción de compuestos tóxicos volátiles y no volátiles, d) la modificación del ambiente del suelo, e) la interferencia con la diseminación del inóculo y f) el estímulo de agentes de control biológico (antagonistas, parásitos y depredadores).

• Al aplicar materiales orgánicos (estiércoles, abonos verdes, compostas, etc.) al suelo, se promueve el crecimiento de raíces y la absorción de nutrimentos con repercusión en el rendimiento. La diversidad de la microflora en o alrededor de las raíces en estos cultivos aumenta y se correlaciona negativamente con la incidencia de enfermedades radiculares de las plantas, por efecto de un aumento de microbiostasis en la rizósfera.

Por lo antes señalado, el implementar medidas de recuperación de suelos facilitaría a México a cumplir compromisos internacionales en materia ambiental, como la reducción de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la neutralidad en la degradación de la tierra; el impacto nacional, mejoraría la productividad agrícola y ganadera, ayudaría a reducir la pobreza y a alcanzar la seguridad alimentaria; se deberían considerar en México a los suelos entes de interés público ya que la sociedad se vería afectada al no contar con los alimentos que la sociedad demanda ya que la degradación de suelos no sólo afecta los intereses privados de los agricultores, en términos de la disminución de su productividad y el aumento de los costos de producción, sino que afecta también los intereses públicos del país.

En conclusión, los abonos orgánicos deben considerarse como la mejor opción para la sostenibilidad del recurso suelo; su uso ha permitido aumentar la producción y la obtención de productos agrícolas orgánicos; esto es, ha apoyado al desarrollo de la que se considera como un sistema de producción agrícola orientado a la producción de alimentos de alta calidad nutritiva sin el uso de insumos de síntesis comercial. Los productos obtenidos bajo este sistema de agricultura consideran un sobreprecio por su mejor calidad nutritiva e inexistencia de contaminantes nocivos para la salud.

Por tanto, es necesario que el Ejecutivo Federal promueva su uso, creando programas de información en el sector agrícola para el manejo de abonos con componentes orgánicos, es importante promover y fomentar también esquemas de capacitación a las empresas y a productores agrícolas para que su uso se realice mediante procedimientos científicos y con una producción adecuada para competir en el mercado nacional sin sobrecargar la tierra con productos químicos.

Asimismo, es importante que entre las obligaciones de la secretaria encargada del ramo referente al campo en México, promueva e incentive la capacitación técnica continua y permanente entre los agricultores para el uso de este tipo de material orgánico en beneficio de una intensificación de la producción, difundiendo sus beneficios y sus bajos costos de producción.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa pretende adicionar una fracción al artículo 28 de la Ley de Productos Orgánicos, que se refiera a la promoción, capacitación en su uso y divulgación de los beneficios de la utilización de los abonos orgánicos.

En atención a lo anteriormente expuesto, la DiputadoGermán Escobar Manjarrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respetuosamente somete a este H. Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28, DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA un Párrafo Segundo al artículo 28, de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue:

Artículo 28.-

La Secretaria fomentará y promoverá la producción de insumos orgánicos, como es el caso de fertilizantes orgánicos o biofertilizantes y de biopesticidas, con la finalidad de contribuir en el fomento de la producción agrícola.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 9 de mayo de 2017.

Dip. Germán Escobar Manjarrez.

1 http://www.forbes.com.mx/5-puntos-que-ahorcan-al-campo-mexicano/

2 http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichascoussa/abonos%20organicos.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado David Mercado Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado DAVID MERCADO RUIZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta H. Asamblea la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley; entendiéndose el trabajador como aquella persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.

Así, en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se establece que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Por lo anterior, conforme lo establecido en el artículo sucesivo 46 Bis relativo al procedimiento de elaboración del acta administrativa en la que se establecen las causales de separación del trabajador cuando éste incurra en alguna de las causales a que se refiere la Ley, el jefe superior de la oficina procederá a elaborar el acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan.

Este instrumento servirá como base de la acción para demandar en juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador.

Así lo ha señalado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que “conforme los artículos 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución; 46, 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se infiere que el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo no puede, jurídicamente, cesar por sí y ante sí a los empleados de base a los que atribuya conductas que configuran alguna de las causales que establece la fracción V del mencionado artículo 46, sino que debe ejercitar una acción de cese mediante demanda que presente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha de estimarse necesario que acompañe a su demanda, como documento base de su acción, el acta administrativa que especifica el citado artículo 46 bis.”

La ley burocrática federal, no debe dejar a la libre disposición del titular esta decisión, ya que dejaría en incertidumbre jurídica la situación laboral del trabajador, y por consiguiente sus derechos ya adquiridos. Entre estos derechos podemos destacar el derecho a la salud, al trabajo y a la seguridad social, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia.

Por lo anterior, el procedimiento si es de forma unilateral viola las garantías de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que deja en estado de indefensión al trabajador al cesar sus derechos de forma unilateral sin la posibilidad de oponer excepciones y mediante juicio (servicio médico, guardería, gravidez, etc).

Este ordenamiento, no prevé expresamente el mecanismo a seguir cuando se actualizan las causas de cese de los efectos del nombramiento de un trabajador de base. Ninguna norma puede tener el alcance de dejar en estado de indefensión a los trabajadores que se ubiquen en alguno de los supuestos de ese artículo.

En síntesis, el artículo multicitado atenta y es contrario a los derechos humanos de justicia pronta y expedita, de seguridad jurídica y legalidad, tutelados por los preceptos 14, 16 y 17 constitucionales. La garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución, norma el debido acceso a la tutela jurisdiccional, que comprende los principios procesales de acción, jurisdicción, tutela judicial efectiva, conocimiento del derecho por el juzgador y, efectividad; toda vez que con un instrumento administrativo cesan los derechos del trabajador sin un medio de defensa, siendo que lo idóneo es atender a esta garantía constitucional de defensa y en caso de proceder sea limitado el derecho a los servicios médicos una vez emitido el laudo por el órgano competente.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de DECRETO por el que se modifica el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los  Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Artículo Único.- Se modifica el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los  Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 46 Bis.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.

Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.

En tanto no se emita un laudo por el Tribunal correspondiente, el trabajador seguirá gozando de sus derechos a la seguridad social.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. David Mercado Ruiz.






Las proposiciones que cumplieron segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a designar un titular a la Procuraduría Federal del Consumidor. Se turna a la Tercera Comisión.








De los integrantes del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar diversos asuntos en materia de combate a la corrupción y se convoca a un periodo extraordinario de sesiones para su discusión y aprobación. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DICTAMINAR DIVERSOS ASUNTOS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y SE CONVOCA A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 29 de abril, el Congreso de la Unión concluyó su Segundo Período de Sesiones con una gran cantidad de asignaturas pendientes. La más importante a los ojos de muchas personas es la culminación del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la designación de quien ocupe la Fiscalía Especializada para combatir este tipo de delitos.

Nos encontramos a pocas semanas de que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla dos años de haber sido creado en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, sin que a la fecha se haya podido implementar en su totalidad el Comité Coordinador, por la falta de acuerdos para designar al Fiscal Anticorrupción o incluso se hayan visto acciones eficaces para combatir este grave problema.

En marzo de este año, el colectivo #FiscalíaQueSirvaadvirtió los riesgos que existen en el proceso de designación del “Fiscal Anticorrupción”, entre los que destacan:

a) La ausencia de participación sustantiva de especialistas para asegurar una designación con base en criterios técnicos y objetivos;

b) La subordinación jerárquica de la Fiscalía Anticorrupción al Procurador General de la República y, con ello, al Presidente de la República, lo que no permite garantizar que las investigaciones sean libres e independientes.

c) La falta de acciones claras por parte de la Procuraduría General de la República respecto a los posibles hechos de corrupción que se han difundido en los últimos meses en nuestro país.1

No debe pasar inadvertido, como lo advirtió, a su vez, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en tanto no sea designada la persona que encabece la Fiscalía Anticorrupción, las reformas aprobadas el año pasado para sancionar con nuevos tipos penales la corrupción no entrarán en vigor.2

A la alerta que encendió la designación del Fiscal, se agrega la tardía designación, por parte del Ejecutivo Federal de quienes integrarán la Tercera Sección de la Sala Superior y las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la última semana de sesiones, los cuales no han permitido aún realizar un proceso que garantice una adecuada participación ciudadana durante el mismo, así como la revisión de cada perfil para conocer no sólo que cumplen con los requisitos legales, sino que son los mejores perfiles para atender los objetivos del Sistema Nacional en su conjunto. 3

En una primera revisión de sus perfiles encontramos que tienen experiencia en justicia administrativa, pero algunos muestran vínculos partidistas que permiten cuestionar su idoneidad para resolver sanciones administrativas por hechos graves de corrupción.

En el PRD estamos a favor de un proceso transparente, con plena participación de la sociedad civil, para la designación del Fiscal Anticorrupción y la ratificación de las y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a dictaminar los siguientes asuntos:

a) Reforma Constitución en materia de la persona titular de la Fiscalía General de la República;

b) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República;

c) Designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción;

d) Ley de Contrataciones de Obras Públicas;

e) Reforma al párrafo segundo del artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017;

f) Ratificación de las personas designadas por el Ejecutivo Federal para la integración de la Tercera Sección de la Sala Superior y de las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a un Período Extraordinario a realizarse a partir del 22 de mayo de 2017, con el fin de discutir, y en su caso aprobar, los dictámenes que se reciban de los asuntos enunciados en el numeral anterior.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscriben.

1 México unido contra la delincuencia, Colectivo #FiscalíaQueSirva alerta sobre riesgos en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, 9 de marzo de 2017, http://mucd.org.mx/Fiscal%C3%ADa-Que-Sirva-n6327.html#sthash.4ZC7slZi.dpuf, consultado el 2 de mayo de 2017

2 Molina, Héctor, “Sin fiscal, ‘corruptos tienen margen de acción’” en El Economista, 24 de abril de 2017, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/04/24/sin-fiscal-corruptos-tienen-margen-accion, consultado el 2 de mayo de 2017

3 Fundar, et. al., SNA: con premura y sin participación ciudadana pretenden ratificar a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26 de abril de 2017, http://fundar.org.mx/sna-con-premura-y-sin-participacion-ciudadana-pretenden-ratificar-a-los-magistrados-del-tribunal-federal-de-justicia-administrativa/, consultado el 2 de mayo de 2017






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Zacatecas, por posible daño o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública estatal o municipal. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las banderas de la actual Administración Federal es el combate a la corrupción, en este andamiaje que se está construyendo para combatir dicha problemática se establecieron en la Constitución Federal en febrero de 2014 la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción (la cual a más de tres años no cuenta con Fiscal), y el 27 de mayo de 2015 el Sistema Nacional anticorrupción, el cual quedó instalado -aunque sin el fiscal anticorrupción- el pasado 3 de abril.

De acuerdo al artículo 113 de la Constitución Federal “el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Tarea que no será fácil, pues México se caracteriza por altos índices de corrupción e impunidad, a tal grado que 11 exgobernadores están siendo investigados por delitos contrala salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.1

Es vergonzoso que la corrupción, la complicidad y por supuesto la impunidad para sancionar a los exmandatarios, sencillamente las instituciones públicas no han realizado el trabajo para las que fueron creadas, ¿cómo es posible que personas que llegan al cargo de gobernador gracias a la confianza que le otorgaron los ciudadanos y que protestan mirar en todo momento por el bien y la prosperidad de sus respectivos estados, defrauden a la población sin que sean sancionados de manera ejemplar?

En este tenor es que el Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional en un video aseguró que “México está cambiado, el combate a la corrupción e impunidad está en marcha, juntos sociedad, partidos políticos y gobierno estamos construyendo las bases del México que queremos para los siguientes años, no tengo duda que debemos seguir por este camino, dando la cara a los ciudadanos con transparencia y a paso firme, hasta que los corruptos acaben en la cárcel y se recupere a favor del pueblo el dinero que se robaron…”.2

Caso emblemático es el de Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas de 2010 al 2016, periodo por el cual actores políticos y medios de comunicación han denunciado posibles actos de corrupción. Es importante mencionar que la Auditoria Superior de la Federación en su Informe General Cuenta Pública 2014 asevera que “con el fin de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios se apliquen en los fines previstos por la normativa, en las observaciones que implican un probable daño patrimonial, a partir de la Cuenta Pública 2012, la ASF exige para su solventación el reintegro y aplicación de los recursos.”3 Dicho informe asegura que Zacatecas es la entidad federativa de menor cumplimiento.

De acuerdo a las “Observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011- 2013, Monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros, Zacatecas ocupa el lugar número dieciséis, ya que tiene 2,375.3 millones de pesos pendientes de solventar, esto corresponde al periodo 2011-2013; para el 2014 el monto fue de 1,420.7 millones de pesos, lo que genera un total de 4,277.3 millones de pesos y 18.4 millones de pesos en monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros”.4

Asimismo, el ex mandatario tiene algunas denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), por  probables delitos de corrupción, dichas denuncias son:

1. Denuncia interpuesta por la entonces diputada local Bibiana Lizardo del Congreso del Estado de Zacatecas, aportó pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que posteriormente serían convertidas en fraccionamientos o zonas residenciales. El expediente con número FED/ZAC/ZAC/0000243/2016 está adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador B, en la carpeta instruida contra Miguel Alonso Reyes por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.5

2. Alberto Gaytán Espinoza, denunció ante la Procuraduría General de la Republica a Miguel Alonso Reyes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La parte actora asegura que el ex gobernador posee una fortuna por el orden de 20 millones de dólares, la cual fue obtenida por concepto de diezmo, a  cambio de entregar obras públicas a distintos empresarios.6

3. Soledad Luévano Cantú, excandidata a la Alcaldía de la capital de Zacatecas presentó una denuncia ante la PGR contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes por un conjunto de delitos de orden patrimonial. Las pruebas presentadas por la excandidata muestran una posible red de corrupción que involucra al ex gobernador con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones.7

4. Jorge Álvarez Máynez, diputado federal  presentó una demanda ante la Procuraduría General de la Republica por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, el legislador explica que la demanda es por presuntos hechos de corrupción que hubo en el estado durante el periodo de Alonso Reyes, provocando una crisis en el sector salud por declarar desiertas las licitaciones para el abasto de medicamentos favoreciendo a un cierto grupo empresarial.8

5. Por su parte, el ex diputado local de Zacatecas Cuauhtémoc Calderón Galván interpuso una denuncia ante la Procuraduría General dela República contra el ex gobernador por presunto enriquecimiento ilícito y peculado, la denuncia surge por detectar que desvió un predio ubicado en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la capital, que era propiedad del estado y estaba reservado para donación de la Universidad Autónoma de Zacatecas.9

Aunado a las anteriores denuncias, el pasado 02 de mayo de 2017 distintos medios de comunicación nacional hicieron pública la documentación que prueba la manera cínica en que el Gobierno del Estado a cargo de Miguel Alonso se beneficiaba. De acuerdo con información obtenida a través del Instituto Zacatecano de Transparencia, Soledad Luévano dio a conocer que el ex gobernador “constituyó una nómina secreta, la partida 1711 Pago de Estímulos a Servidores Públicos, a través de la cual se ejercieron 2 mil 93.0 millones de pesos”.10 La manera de operar y disfrazar estos recursos era mediante supuestos “estímulos a la productividad y eficiencia de los servicios públicos”, que a todas luces resulta un exceso y no existen argumentos que justifiquen el pago de estas cantidades.

En este sentido, la información detalla que el entonces gobernador recibía 98 mil pesos mensuales bajo la denominada nómina secreta, mientras que a quienes ocupaban cargos de Secretarios en el Estado se beneficiaban con estímulos por 120 mil pesos mensuales; los subsecretarios con 100 mil pesos adicionales a su salario al mes; mientras que los titulares de algunos órganos desconcentrados recibían 70 mil pesos cada 30 días. Como si esto no fuera suficiente, dentro de la información obtenida, se encontró personal que recibía pagos mensuales de esta “nómina secreta”, pero no se encontraba dentro de la estructura orgánica de la administración de Miguel Alonso, como es el caso de Edgar Guerrero Ortega, “quien recibía un pago de 130 mil pesos mensuales”.11

Esta forma de actuar por parte del ex gobernador y su administración, además de ser irresponsable e inmoral, podría constituir algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, de acuerdo con lo establecido en la Constitución del Estado de Zacatecas, el artículo 160 establece que los servidores públicos de esa entidad “recibirán por sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y la cual se determinará anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes”.

Asimismo, la fracción II del mismo precepto señala que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción precedente, por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”

Empero, el mismo artículo de manera precisa y clara señala que por remuneración se entiende “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. Es decir, la denominación de estos “bonos secretos” que se otorgó el ex gobernador de Zacatecas, muestran que sus actos estuvieron por encima de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Ante tal panorama se puede mencionar que existen arreglos institucionales que fomentan y solapan actos de corrupción, de lo contrario no se puede entender cómo en México existen tantos ex gobernadores inmiscuidos en hechos contrarios a la normatividad sin que sean castigados, de seguir con este ritmo pudieran llegar a la inverosímil idea de legitimar la corrupción.

Por tal razón, se debe prevenir, investigar y sancionar a todas aquellas personas que realizaron daño o perjuicio patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal, pues con dichas conductas le robaron la esperanza a miles de personas de tener una mejor calidad de vida, los despojan de ilusiones y sueños a todo un pueblo que juró proteger y mirar por su bien, sin duda alguna este es uno de los peores crímenes cometidos por algún representante de elección popular.

En este sentido, es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con su homóloga estatal y de acuerdo a sus facultades y atribuciones revise, todos los recursos públicos que el Estado de Zacatecas recibió durante la administración de Miguel Alonso Reyes como gobernador, a fin de asegurar que el dinero recibido no haya sido utilizado de manera irregular o ilegal en beneficio personal.

Se debe revisar y fiscalizar todos los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos en el periodo 2010-2016, años en que Miguel Alonso Reyes gobernó la entidad, a fin de asegurar que la denuncia pública hecha a través de los medios de comunicación en cuanto a la “nómina secreta” de esa administración estatal, no constituya un delito en contra del patrimonio del Estado.

Finalmente, se pretende exhortar a la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus facultades y atribuciones y con base en las denuncias que han sido presentadas ante esa instancia en contra de Miguel Alonso Reyes, sean atendidas y en su caso se incorporen nuevos posibles hechos para ser investigados.

Si las buenas intenciones que el Ejecutivo Federal así como por parte del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, son verdaderas en cuanto a la lucha frontal en contra de la corrupción, las denuncias públicas hechas en contra del actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), deberían ser suficientes para exigirle aclarar los señalamientos en su contra, de lo contrario actuar en consecuencia.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a:

A. Realizar de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, por posible daño o perjuicio patrimonial en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal de Zacatecas;

B. Remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las investigaciones y las acciones que se han realizado para deslindar responsabilidades, a los funcionarios señalados en las denuncias hechas ante esta dependencia por el posible daño o perjuicio patrimonial en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal de Zacatecas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para en coordinación con su homóloga la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas a:

A. Realizar una fiscalización de los recursos públicos federales entregados, así como los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Zacatecas en el periodo 2010-2016 a fin de detectar posibles daños o perjuicios patrimoniales en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal del Estado;

B. Rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía respecto de los resultados de dicha fiscalización, así como de la solventación de las observaciones realizadas en el periodo 2010-2016.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Cfr. Becerril, Andrés “Corrupción envuelve a 11 exgobernadores” en Excelsior[en línea]. Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en http://m.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/17/1158092

2 Enrique Ochoa Reza, [archivo de video]. Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en https://www.facebook.com/EnriqueOchoaR/videos/432730813727374/

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, [en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf

4 Ibídem. 

5 Misael Zavala. “Abre la PGR indagatoria contra Miguel Alonso Reyes”, El Universal, [en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/17/abre-la-pgr-indagatoria-contra-miguel-alonso-reyes

6 Alonso Urrutia, Alfredo Valadez. “Sale a la luz enriquecimiento ilícito del gobernador de Zacatecas”, La Jornada, [en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/04/sale-a-la-luz-enriquecimiento-ilicito-del-gobernador-de-zacatecas

7 Verónica Espinosa. “Alonso Reyes es igual de corrupto que otros gobernadores priistas: Soledad Luévano”, Proceso[en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en:http://www.proceso.com.mx/465436/alonso-reyes-corrupto-otros-gobernadores-priistas-soledad-luevano

8  Patricia Dávila, “Denuncian ante la PGR a exgobernador de Zacatecas por presunto desvío de 300 mdp”, Proceso, [en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en:http://www.proceso.com.mx/465366/acusan-a-exgobernador-zacatecas-presunto-desvio-300-mdp

9 Irma Mejía. “Denuncian ante PGR A GOBERNADOR DE Zacatecas”, El Universal[en línea], consultado el Consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/18/denuncian-ante-pgr-gobernador-de-zacatecas

10 Herrera, Rolando, “Oculta Zacatecas fondo para bonos”, Reforma, [Ciudad de México], 02/05/2017, Año XXIV, No. 8,525

11 Ídem.






De la Diputada Leticia Amparano Gámez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria a modificar la fracción VII del Apartado A del Anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017. Se turna a la Tercera Comisión.

La Diputada Federal LETICIA AMPARANO GÁMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A MODIFICAR LA FRACCIÓN VII DEL APARTADO A DEL ANEXO 21 DE LA REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco del proceso de globalización económica, la participación de los organismos internacionales con competencia en materia aduanera ha sido fundamental para coadyuvar con los esfuerzos realizados por los servicios de aduanas en la simplificación y armonía de los procedimientos de despacho.

Asimismo, los organismos internacionales en materia aduanera tienen como fin unificar los criterios aduanales y simplificar y automatizar los procedimientos, para facilitar el comercio internacional y con esto el progreso del país en el proceso de globalización.

La aduana juega un rol decisivo en el movimiento de las mercancías a través de las fronteras. Los regímenes aduaneros aplicados a estas mercancías influyen significativamente sobre el rol de la industria nacional en el comercio internacional, y contribuyen en gran medida a la economía nacional. 

Por lo anterior, un despacho rápido y eficaz de las mercancías acrecienta la participación del sector empresarial nacional en el mercado mundial y puede tener una incidencia considerable sobre la competitividad económica de las naciones, favoreciendo las inversiones y el desarrollo de la industria. 

En la actualidad, y en general, la aduana es el organismo oficial que se encarga de intervenir en el tráfico mundial de mercancías. Al aplicar los reglamentos relativos al comercio internacional, vigila, fiscaliza y recaba datos estadísticos de estos movimientos; percibe la tributación generada y otorga exenciones o franquicias, entre otras funciones. Por esto se dice que es la presencia del estado nacional en las fronteras. 

Sin embargo, hay que resaltar que en el proceso de globalización, al nuevo papel de la aduana se ha sumado la facilitación del comercio internacional. Una de sus principales funciones es agilizar las operaciones de importación y exportación, simplificar los trámites y procesos aduanales y aplicar las normas surgidas de los acuerdos de comercio mundial y de los tratados de libre comercio suscritos por el país

Por lo anterior mente expuesto, el comercio mundial exige no sólo un transporte seguro y económico, sino también procedimientos eficaces en el despacho de las mercancías la cruzar las fronteras. La aduana ya no puede estar supeditada sólo a las políticas económicas y comerciales, pues los cambios exteriores en este entorno tienen mayor influencia. Está directamente relacionada con el comercio internacional y depende de su competitividad; es decir, de la eficacia en sus procedimientos.

Por lo antes expuesto, exhorto respetuosamente al Titular del Sistema de Administración Tributaria, a modificar la Fracción VII del apartado a del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, ya que los siguientes puntos que expondré, deja sin efectos a las aduanas ubicadas en Agua Prieta, Guaymas, Naco, San Luis Rio Colorado y Sonoyta, ya que son excluidas para la realización del trámites siguientes:

I. La Ley Aduanera, entre otros ordenamientos, regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías, así como el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías, definiendo a estas       como los productos, artículos, efectos y cualquier otro tipo de bienes, incluidos los vehículos.

El artículo 10 de la Ley, establece que la entrada o la salida de dichas mercancías, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil, de igual forma, dicho ordenamiento otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante su artículo 144 fracción I, la facultad de establecer mediante reglas, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia.

II. En ejercicio de dicha facultad, el Sistema de Administración Tributaria estableció mediante la modificación realizada con fecha del 24 de abril de 2017, al numeral 2.1.2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, que para las mercancías cuyas fracciones arancelarias correspondan a alguna de las que ahí son enlistadas, el horario para su internación al territorio nacional por las aduanas de la frontera norte del país, será el comprendido dentro de los días lunes a sábado en un horario de 8:00 a 13:00 horas, siendo importante señalar que dentro de dichas fracciones se encuentran incluidos los vehículos usados.

III. En el mismo sentido y dentro de los cambios realizados por el SAT en la fecha antes mencionada, nos encontramos con la adición de una fracción VII al apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior, en el cual se establecen las      Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías.

Dentro de dicha fracción VII, se limita la realización del trámite de importación de vehículos usados al país, únicamente a las aduanas de Ciudad Juárez, Ciudad    Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tijuana y Veracruz.

IV. Como se desprende del párrafo anterior, las aduanas ubicadas en Agua Prieta, Guaymas, Naco, San Luis Rio Colorado y Sonoyta, son excluidas para la realización del trámite antes mencionado, situación que atenta contra la economía de las fronteras más pequeñas, favoreciendo sin ningún motivo a las aduanas más grandes y propiciando que se sigan internando de manera ilegal al país más vehículos, ya que al concentrar que el tramite solo pueda ser realizado en determinados puntos, genera una mayor carga para los mismos, por lo que muchos vehículos no podrán realizar el trámite y optaran por realizar el cruce de manera fraudulenta e incluso en contubernio con las autoridades.

Anteriormente, dicha restricción no existía, por lo que al no encontrar motivo o razón para que se haya establecido la misma, es que se solicita se vuelva al esquema anterior.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, buscando evitar un posible daño económico a las fronteras más pequeñas, exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria, a modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:

“ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2017

A. …

I A VI…

VII. …

Aduana:

De Ciudad Juárez

De Ciudad Reynosa

De Matamoros

De Mexicali

De Nogales

De San Luis Rio Colorado

De Agua Prieta

De Guaymas

De Naco

De Sonoyta

De Nuevo Laredo

De Piedras Negras

De Tijuana

De Veracruz”

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Leticia Amparano Gámez.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su mejoramiento. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En días recientes, diversas notas periodísticas han dado cuenta de la problemática de la red carretera de nuestro país, desde la situación de inseguridad hasta el deterioro paulatino de las carreteras y autopistas.

El pasado 2 de mayo, un reportaje de El Universal, dio cuenta de que de 2014 a la fecha, casi 113 mil kilómetros carreteros perdieron la categoría de buenas o satisfactorias, debido a falta de mantenimiento y rehabilitación.

La nota indica que 30 de cada 100 kilómetros (que representa una tercera parte) presenta deterioro superficial y estructural, lo que eleva el índice de accidentes a pesar de que obliga a disminuir las velocidades, generando además sobrecostos de operación e inseguridad para usuarios.

Según detalla la nota, la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, atribuye el deterioro de tramos y la acumulación de rezagos a la falta de recursos derivados de los recortes presupuestales, que han obligado a que los recursos se destinen a trabajos de conservación que no incrementan la vida útil de los pavimentos.

Sin embargo, un dato interesante que presenta la nota periodística, lo encontramos en las cifras dadas a conocer por la Subsecretaría de Infraestructura de la propia SCT, donde se muestra que la inversión pública en carreteras ha disminuido desde 2014, cuando alcanzó los 63 mil millones de pesos, reduciendo a 47 mil millones en 2015; 53 mil millones en 2016 y 38 mil para este año.

La misma tendencia se observa en la inversión privada, que en 2014 fue de 20 mil millones, reduciéndose a 17 mil millones en 2015 y 11 mil millones en 2016.

Este dato resulta revelador a la luz de las diversas iniciativas que recientemente fueron rechazadas por el Senado de la República, en las que se proponía la reducción del peaje cuando las autopistas se encontraran en malas condiciones, o bien, se llevaran a cabo trabajos de mantenimiento o reparación. Uno de los argumentos que se esgrimió en los dictámenes correspondientes (y que fue consultado con funcionarios de la SCT), fue que semejantes reducciones desincentivarían la inversión en el sector carretero.

Claramente los datos de la SCT, reproducidos por la nota periodística, nos muestran que los desincentivos se encuentran en otro lado.

Otras cifras reveladoras son las relativas a las metas que en 2013, el Gobierno Federal se planteó para fin de sexenio, de alcanzar un 90% de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Sin embargo, el Programa de Trabajo de la SCT para 2017 estima que el porcentaje será de 80%, mientras que para este año la Dirección General de Conservación de Carreteras estima que será de 71%.

Más aún, según la propia SCT, unos once proyectos de carreteras y autopistas con inversiones superiores a los mil millones de pesos, han rebasado el tiempo estimado para su construcción y presentan avances menores al 50%. Entre las causas de estos retrasos se encuentran cambios de trazo, problemas técnicos, aspectos ambientales y, por supuesto, recortes presupuestales.

A pesar de todo lo anterior, el pasado 5 de abril, durante la inauguración del libramiento “Paso Exprés” en Cuernavaca, el Presidente Enrique Peña Nieto, se atrevió a afirmar que se modernizan 52 autopistas en todo el territorio nacional “para tener una mejor infraestructura carretera que permita una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, pero que al mismo tiempo nos haga un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México”.

Los datos de la propia SCT echan por la borda el optimismo del titular del Ejecutivo.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su mejoramiento.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar una reducción del peaje en las autopistas que se encuentren en malas condiciones, o bien en trabajos de mantenimiento o reparación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas que conforman la República Mexicana a incluir en sus diversos cuerpos normativos, en específico una modificación substancial en su Código Civil, señalando que independientemente de que los progenitores del menor vivan juntos o no, estén casados legalmente o no; tienen el derecho a convivir con ellos, a menos que resulten un peligro para el propio bienestar del menor. Se turna a la Segunda Comisión.

CYNTHIA GISSEL GARCIA SOBERANES, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

(Antecedentes y Consideraciones)

El Estado Federal es un modelo de organización jurídico-político, donde el poder se encuentra repartido en distintos órdenes de autoridad.

Por tanto, en una Federación sus miembros pierden su Soberanía externa y transfieren determinadas facultades internas a favor de un poder central, denominado poder federal; reservándose para sí, todas aquellas atribuciones no trasladadas a la autoridad federal. Tal y como lo menciona el maestro Felipe Tena Ramírez, en su obra “Derecho Constitucional Mexicano”, editorial Porrúa, México, 2000.

En consecuencia, aquello que no está reservado para el Estado Federal, se entiende es facultad de la Entidad Federativa; en concordancia con el diverso 124 de la Constitución Federal.

Atento a lo ordenado por el artículo 40 de nuestra Carta Magna, se establece la autonomía local, que permite a las Entidades Federativas ejecutar actos de gobierno propios como dotarse de su propia legislación; que vienen a fortalecer el Federalismo.

El precepto 116 Constitucional, impone como modelo de estructura del poder estatal, el principio de división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La creación y modificación del régimen jurídico interno le compete al Congreso Local; por ese motivo, el presente punto de acuerdo va dirigido a todos y cada uno de los existentes en los diversos Estados que conforman la República Mexicana.

Es mi gran preocupación la familia, pero sobre todos los hijos menores que la integran.

De la unión de un hombre y una mujer, en su fecundidad como padre y madre, tenemos como resultado otro ser humano que depende de ellos, un hijo.

Ese hijo, tiene una serie de derechos protegidos por la Ley. De igual manera, los padres tienen derechos y obligaciones sobre ese hijo.

De esa relación paterno-filial, nace un régimen de protección para los menores no emancipados, donde se encomienda la protección de dichos infantes a sus padres, a la que se le denomina Patria Potestad.

La Patria Potestad en un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la Ley, puesto que, la Patria Potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, sin atender al hecho de que el hijo nazca dentro del matrimonio o fuera de él.

Ahora bien, la Patria Potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad o que no se hayan emancipado; tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos.

De tal manera que, comprende la guarda, representación y administración de los bienes de los hijos sometidos a ella.

Como resultado, las obligaciones y derechos que la Patria Potestad les otorga a los padres, se instituyen a beneficio de los hijos y no de sus progenitores.

Ello es así, pues se atiende a un interés superior de la niñez, tal como lo ordena el artículo 2 fracción III primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que reza:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.”

En ese tenor, resulta que cuando los padres se separan, de hecho o de derecho; en ocasiones el menor es impulsado, motivado u obligado por alguno de sus ascendentes, a tomar partido a su favor y a denigrar o denostar al otro.

A tal situación, se le ha denominado “alienación parental”. También existen síndromes similares llamados progenitor malicioso y de “interferencia grave”.

El médico Richard Gardner, quien es el primero que habla de ese nocivo ambiente familiar, lo define como “aquella predisposición negativa que ejerce el progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra del otro progenitor, mediante la influencia maliciosa y malintencionada, y la manipulación mental hacia los hijos”.

Actualmente se considera, que cualquiera de los padres puede ejercer dicha predisposición negativa, independientemente de que el menor viva o no con éste.

Los estudios del Dr. Gardner, fueron realizados con hijos de padres divorciados, por tanto, el Síndrome de Alienación Parental,  fue definido como una respuesta de contexto familiar típica al divorcio o separación de sus padres, en la cual el niño resulta alienado respecto de uno de sus progenitores y acosado con la denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor, hecho que produce una perturbación en el niño y que en definitiva, obstruye la relación con el progenitor no custodio, y resulta destruida en los casos más severos.

Es la manipulación del padre que tiene la custodia de los hijos, en desventaja del otro.

El Dr. Gardner, describe algunas pautas de comportamiento que pueden llevarnos a identificar cuando un niño está siendo alienado:

1. “El niño está alienado con el progenitor alienador en una campaña de denigración contra el progenitor objeto, en la que el niño contribuye activamente.

2. Las razones alegadas para justificar el descrédito y denigración del padre objeto, son a menudo débiles, frívolas,  absurdas o falsas.

3. La animadversión hacia el padre rechazado carece de la ambivalencia normal en las relaciones humanas.

4. El niño afirma que la decisión de rechazar al padre o madre objeto es exclusivamente propia, lo que Gardner, R. llama el fenómeno del 'pensador independiente'.

5. El niño apoya reflexivamente al progenitor con cuya causa está alienado.

6. El niño expresa desprecio sin culpa por el odio o rechazo hacia el padre o madre objeto.

7. Se evidencian escenarios prestados, las acciones y sentimientos del niño reflejan temas y terminologías propias del progenitor alienador.

8. La animosidad se extiende a la familia de origen y a quienes se asocian con el padre odiado.”

Es pertinente exponer lo señalado por Segura y Sepúlveda, quienes en su artículo titulado El Síndrome de Alienación Parental: Una forma de Maltrato Infantil; enumeran los actos y conductas siguientes:

“- Rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos.

- Organizar varias actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe normalmente ejercer derecho a visita.

- Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su nuevo padre.

- Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos.

 Denigrar  e insultar al otro progenitor delante de los hijos.

- Rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos (partidos deportivos, actividades escolares…).

- Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor.

- Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita.

- Olvidarse de avisar al otro progenitor de citas importantes (dentista, médico, psicólogo).

- Implicar a su entorno (su madre, su nuevo cónyuge…) en el lavado de cerebro de los hijos.

- Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor (elección de la escuela por ejemplo).

- Cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres.

- Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos.

- Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de ellos.

- Contar a los hijos que la ropa, que el otro progenitor les ha comprado, es fea, y prohibirles ponérsela.

- Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, a escribir o a contactar con el otro progenitor de la manera que sea.

- Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos.”

De lo anterior se infiere, que en mayor o menor medida, siempre se ven afectados los hijos cuando sus padres no viven juntos.

Sin embargo, cuando esa afectación es provocada por alguno de los padres, debemos de entender que el menor está siendo agredido y vulnerado en su integridad, dado el perjuicio evidente y notable que se le causa; especialmente en su rendimiento académico y funcionamiento social.

Las conductas y estrategias de uno de los progenitores con la intención de obstaculizar o debilitar los vínculos de los hijos con el otro progenitor; son reprobables y deben ser castigadas. Por ello, se contempla que sean motivo de pérdida de la patria potestad.

Los hijos menores de edad o no emancipados, se ven envueltos sin querer, en una situación conflictiva; ya que se ven presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno de sus padres, y con frecuencia no son capaces de distinguir las intenciones del progenitor activo, o si la información que reciben del mismo es verdadera o ha sido trastocada.

Esos hijos, no tienen un desarrollo estable ni sano, pues son chantajeados, manejados y constantemente se deteriora su relación con el progenitor pasivo, ya que la imagen que tiene de éste ha sido distorsionada.

En corolario, altera negativamente las relaciones interpersonales de esos menores y su capacidad académica.

En el artículo “separación o divorcio: trastornos psicológicos en los padres y en los hijos”, publicado en la Revista de la Asociación Española de Neurocirugía, por los Dres. Reyes Vallejo Orellana, Fernando Sánchez-Barranco Vallejo y Pablo Sánchez-Barranco Vallejo; se menciona que: 

“Los inconvenientes de los síndromes denominados de alienación parental, progenitor malicioso e interferencia severa grave, alteran el proceso de ruptura de la pareja, cuadros de ansiedad y depresión en los hijos, y un trastorno más tardío llamado síndrome de la falsa memoria”.

En ese mismo artículo, se publican las siguientes conclusiones:

“La familia (término que no implica en nuestro trabajo ninguna connotación conservadora o tradicional, haciendo referencia a un grupo estable de convivencia constituido por una figura parental masculina y otra femenina, unidos por intereses afectivos, etc.)  es la base del desarrollo humano, dado que es el contexto social privilegiado para dotar de las condiciones necesarias que favorezcan el que sus miembros inmaduros, inexpertos e insuficientes, como son los hijos, alcancen su autonomía a todos los niveles.

Además de los cuidados físicos necesarios que garanticen su supervivencia, la familia es la que proporciona el clima afectivo indispensable para que el proceso evolutivo transforme al ser biológico que es un bebé, en una persona, en un ser biopsicosocial.

En ese proceso de transformación de individuo biológico en persona, la afectividad ocupa un lugar excepcional. Desde muy tempranamente, los bebés empiezan a desarrollar vínculos afectivos con ciertas figuras significativas del entorno familiar: se trata del apego.

A medida que esos lazos afectivos se van consolidando, se despierta en el niño la necesidad de adentrarse y explorar otros entornos sociales que, externos al entorno cotidiano, constituyen el mundo. Para que esto tenga lugar, es necesario que los adultos respondan empáticamente a las demandas de afecto y protección que reclama el bebé.

Cuando las respuestas de los adultos a las necesidades del niño son estables, consistentes y amorosas, la convicción de que se es muy valioso para los padres se irá afianzando cada vez más, instaurándose los fundamentos del desarrollo del sentimiento de confianza básica en sí mismo, sustentado en la seguridad de disponibilidad incondicional de los padres, lo que proporciona recursos imprescindibles ante cualquier situación que pueda implicar peligro o amenaza a su persona.

La calidad de estas primeras relaciones afectivas no sólo son claves para el desarrollo emocional, sino que también tienen repercusiones muy importantes en el desarrollo social del niño, al constituirse en el modelo representacional que va a guiar el tipo de relaciones que el sujeto establezca en el futuro.

Esta necesidad inicial de seguridad o estabilidad afectiva, se ve seriamente amenazada cuando, por un divorcio o una separación, se rompe el grupo familiar. En estas circunstancias, el mundo afectivo del niño se ve zarandeado por la pérdida o ausencia de uno de sus pilares de seguridad: uno de los padres.

Ante la separación de los mismos, todos los hijos, especialmente los menores de seis años, sienten una gran conmoción que trae consigo una intensa angustia, tristeza y dolor, pudiendo despertarse en ellos un miedo cerval a ser completamente abandonados.

Estos trastornos emocionales, por desgracia, no suelen superarse con el paso del tiempo, sino que, por el contrario, permanecen con mayor o menor intensidad a lo largo de la vida.

Habida cuenta de que las tasas de separación y de divorcio son elevadas en el mundo entero, se tiende a minimizar las consecuencias negativas que pueden acarrear en los hijos, tratando de aliviar las consecuencias de las rupturas por medio de ciertas medidas legales con las que proteger a los hijos, como son la custodia compartida y en menor medida en solitario.

Desde el ámbito de la psicología, los estudios realizados con objeto de analizar los pros y los contras de estas dos opciones no son unánimes en sus Conclusiones, estando hoy día abierto el debate entre los que defienden la conveniencia de la custodia compartida, frente a los que la critican como solución ideal.

Para los defensores de la custodia compartida, el argumento de base estriba en la garantía de que los hijos sigan disfrutando del contacto con ambos progenitores, tratando así de evitar las interferencias afectivas que la ausencia de relaciones entre ellos puede provocar en el desarrollo emocional y social de los hijos.

Naturalmente, estos autores descartan la posibilidad de compartir la custodia en aquellos casos en los que uno de los progenitores presenten, o hayan presentado, conductas delictivas del tipo que fuere, graves trastornos psiquiátricos, abusos de sustancias legales o no y otras alteraciones psicopatológicas graves.

Por su parte, los críticos de esta opción legal, alertan acerca de las violaciones de las que, con más frecuencia de lo esperado, es objeto el acuerdo establecido por la orden judicial.

Sobre la base de esta realidad, hay autores que advierten de la disfuncionalidad de la custodia compartida cuando los hijos se convierten en víctimas de las manipulaciones de uno de los padres para hacer daño al otro, hasta el punto de originar diversos síndromes patológicos y patologizantes (SAP, SPM, SIS, SFM).

Dada la indeseable ocurrencia de estas circunstancias, y en aras de promover el desarrollo armónico de los más indefensos, se hace imprescindible que los distintos profesionales que intervienen en un proceso de separación o divorcio, sobre todo cuando hay hijos menores, se muestren sensibles a la posibilidad de una manipulación de alguno de los padres en la realidad de los hechos, porque ello pondría en evidencia que la figura parental en cuestión carece de credenciales que garanticen el ejercicio de su función de salvaguarda en el desarrollo integral de sus hijos.

En cualquier caso, y por todo lo expuesto hasta ahora y con miras a favorecer un desarrollo infantil sano, consideramos que ante una situación de separación o divorcio en donde hayan implicados hijos de corta edad, se hace indispensable que los padres continúen proporcionándoles la seguridad y el afecto incondicional que necesitan para su adecuado ajuste y progreso evolutivo, lo que implica facilitarles el acceso libre y frecuente al progenitor no custodio, siempre que no se den contraindicaciones por trastornos psiquiátricos graves, etc.

Esta recomendación requiere, pues, que se involucren lo menos posible a los hijos en los problemas surgidos entre ambos progenitores, habida cuenta que la ruptura de las relaciones en una pareja debiera afectar sólo y exclusivamente a sus dos miembros básicos.”

Lo anterior se explica por la gran importancia que el entorno familiar tiene para el desarrollo integral de todo ser humano, y particularmente en la etapa de la infancia, donde se adquieren los principios básicos de convivencia social, control emocional, autoestima, manejo de problemas y toma de decisiones.

Un buen ejemplo o sana imagen de los ascendientes, favorece a nivel neurobiológico, la maduración del sistema nervioso central, el cual se relaciona con un mejor funcionamiento social.

Es por ello que se insiste, los hijos tienen derecho para su sano desarrollo, a disfrutar de una relación constante y periódica con sus padres, a menos que dicho trato habitual sea contraproducente o altere el formal avance y progreso que como ser humano debe alcanzar.

Bajo esa tesitura, podemos concluir, que aquellos padres que realizan actos tendientes a destruir los vínculos afectivos entre su hijo y su otro progenitor, violentan lo ordenado por el artículo 13 fracciones I, IV, VII y VIII, concatenado al numeral 103 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX, ligado al diverso 104, todos, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ende, se recomienda adecuar el Código Civil de todas y cada una de las Entidades Federativas, en el que se estipule que quienes ejercen la patria potestad de los menores, estén casados o no, vivan juntos, se hayan divorciado o separado, deben procurar el respeto y el acercamiento constante con el otro progenitor, evitando actos de manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos; por lo que se propone agregar los artículos que se enuncian más adelante.

Compañeros Diputados de los diversos Estados que conforman nuestro hermoso país, considero nuestro deber como legisladores, el implementar medidas normativas tendientes a paralizar una situación que perjudica gravemente a la niñez; a fin de que existan las figuras necesarias para garantizar a los menores una sana convivencia con sus progenitores, incluso aún y cuando tengan domicilios distintos.

Es nuestra obligación moral y legal hacerlo, así lo ordena el último párrafo del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En suma, se contempla modificar substancialmente sus diversos Códigos Civiles, señalando que independientemente de que los progenitores del menor vivan juntos o no, estén casados legalmente o no, tienen el derecho a convivir con ellos, a menos que resulten un peligro para el propio bienestar del menor. Ya que se reconoce, que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Que en caso de controversia, los menores tienen derecho a ser escuchados, tal como lo ordena el diverso 1 en relación con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenado al numeral 4 de la Constitución Federal.

Por ello, al tratarse de una formalidad esencial del procedimiento que se incluye a su favor, es que se les brinda una protección especial, al establecerse la obligación de que sean asistidos por un profesional que los ayude a comprender el acto y transitar emocionalmente de forma adecuada.

Por lo antes expuesto, es que se propone la siguiente redacción, misma que podrán adecuar a las necesidades de sus propios ordenamientos.

Artículo opción A. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a lo ordenado por éste Código y las Leyes correspondientes.

Artículo opción AA. Quienes ejercen la patria potestad, tengan a su cargo o no el cuidado del menor, habiten en domicilios distintos o no, deben cumplir con todas y cada una de las obligaciones que les impone este código y las demás leyes vigentes, pudiendo convenir en cualquier tiempo los términos de su ejercicio; debiendo convivir con sus descendientes, salvo que resulten un peligro para ellos. 

En caso de existir controversia, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, oyendo primero a los menores involucrados. Dará vista al Ministerio Público y al representante del Desarrollo Integral de la Familia para que actúen conforme a sus atribuciones.

A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá contar con la asistencia de un profesional designado para tal efecto por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; cuyo desempeño será facilitar la comunicación libre y espontánea del menor, valorar su aptitud para comprender los hechos, darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde éste será oído en privado por el Juez, sin la presencia de sus padres o quienes ejerzan la patria potestad.

Dicho asistente tendrá hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente del menor.

Artículo opción AAA.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:

I. …;

II. …;                                                                                     

III. …;

IV. …;

V.;  y/o

VI. Cuando se acredite que quien la ejerce, manipula o induce al menor a reprobar o criticar al otro progenitor, pretendiendo con ello producir rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a todos y cada uno de los Congresos Locales de todas y cada una de las Entidades Federativas que conforman la República Mexicana, a que incluyan en sus diversos cuerpos normativos, en específico modificación substancial en su Código Civil, señalando que independientemente de que los progenitores del menor vivan juntos o no, estén casados legalmente o no; tienen el derecho a convivir con ellos, a menos que resulten un peligro para el propio bienestar del menor. Ya que debe reconocerse, que los infantes para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Que en caso de controversia, los menores tienen derecho a ser escuchados, tal como lo ordena el diverso 1 en relación con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenado al numeral 4 de la Constitución Federal.

Por ello, al tratarse de una formalidad esencial del procedimiento que se incluye a su favor, es que debe brindárseles una protección especial, estableciéndose la obligación de que sean asistidos por un profesional que los ayude a comprender el acto y transitar emocionalmente sobre el mismo de forma adecuada.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentadas desde diciembre de 2015, sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, así como exhortar al gobierno de la República a implementar las políticas públicas pertinentes para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. Se turna a la Primera Comisión.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país: Situación de Derechos Humanos en México. Informe de país: México. Dicho informe se presentaba en estos términos:

El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos (México), con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Asimismo ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.

México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales.

Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.

La CIDH reconoce que, en materia de reformas y promulgación de leyes en los últimos años, concretamente desde 2011, se ha dado en nuestro país un avance importante y en el cual se puede incluir las leyes recién aprobadas en la Cámara Alta: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, así como la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares.

Afirma la CNDH:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente la situación presentada en el informe. En particular reconoce las importantes reformas en materia constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada así como otras iniciativas señaladas en el informe. Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para erradicar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Para la CIDH, persisten las “deficiencias, deficiencias y obstáculos” tanto para el respeto a los derechos humanos, así como en la implementación de las reformas y leyes aprobadas en los últimos años.

Existe un divorcio entre las leyes y la realidad concreta de millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que padecen violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y que prácticamente genera una creciente vulnerabilidad para todas y todos los mexicanos. Esta escisión entre el “país legal” y el “país real” depende en gran medida de una serie de factores que tienen como principal eje la actuación del Estado mexicano en su conjunto, como principal garante de los derechos humanos en nuestro país. Por lo anterior, es de la mayor importancia que de las 80 recomendaciones emitidas por la CIDH en 2015, las que se refieren a “seguridad ciudadana” y “acceso a la justicia” generen un compromiso por parte del Poder Ejecutivo y una actuación sistemática que transforme tanto las condiciones estructurales que facilitan la violación de derechos humanos, así como la implementación de políticas públicas que estén enfocadas directamente a hacer respetar estos mismos derechos. Es urgente que el Estado mexicano, comenzando por el Gobierno federal, asuma el respeto a los derechos humanos como una política de Estado y de larga duración, que trascienda los sexenios, ya que, como lo indica la misma CIDH:

A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra.

¿Cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que el Gobierno mexicano debe atender de manera urgente por el daño que generan en la sociedad, porque lastiman el Estado de Derecho, ya que está en juego la misma viabilidad del Estado por la participación de sujetos pertenecientes a este mismo Estado? Se puede leer en el informe de 2015 de la CIDH lo siguiente al respecto:

En este marco, en los últimos años han tenido lugar incidentes trágicos de violencia con participación de agentes del Estado, los cuales han sido reportados ampliamente en los medios de comunicación: el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014, algunas de ellas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros del ejército; la muerte de civiles presuntamente a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el presunto enfrentamiento en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015 en el que perdieron la vida civiles y un elemento de la Policía Federal, entre otros. En los tres casos mencionados, la primera versión de las autoridades – sin que haya una investigación de por medio - fue que las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles. Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones. Estas situaciones requieren la revisión del uso de la fuerza en México en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Asimismo, requiere la adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

Las 80 recomendaciones de la CIDH emitidas en 2015 tienen como objetivo que el Estado mexicano rompa con el ciclo de impunidad que se ha generado al menos desde 2006 y reestablecer tanto el respeto pleno a los derechos humanos, así como un Estado de Derecho que tiene que ver también con el respeto a otra serie de derechos de orden procesal. ¿Cuál es el reto que el Gobierno federal tiene ante sí y los desafíos en el corto y mediano plazo, de los cuales depende que las leyes y reformas se transformen en políticas públicas eficaces en el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, en una alternativa urgente para romper este ciclo de impunidad que vive nuestro país?

En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

La misma CIDH ha manifestado, en su Informe 2016, que, pese al interés del actual Gobierno mexicano en hacer respetar los derechos humanos en nuestro país, las recomendaciones emitidas en 2015 y en 2016 han sido prácticamente ignoradas. En particular, la CNDH ha insistido en que la recomendación de implementar un plan integral para el retiro gradual de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, así como la recuperación de esta actividad por parte de policías civiles. Además, el Gobierno mexicano tampoco ha planteado un plan para fortalecer la capacidad en seguridad pública de las diferentes policías civiles.

¿Cuáles son las recomendaciones más importantes de la CIDH en materia de “seguridad ciudadana” y de acceso a la justicia” que el Gobierno mexicano todavía no atiende con la profundidad debida?

Seguridad ciudadana

1. Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

2. Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.

3. Adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

4. Tomar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación.

5. Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

6. Asegurar que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.

7. Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad.

8. Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución.

….

Acceso a la justicia

28. Fortalecer a las procuradurías en el país en materia de capacitación técnica e independencia, con el fin de garantizar una debida investigación.

29. Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación.

30. Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores y defensoras que participen en la investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso a los expedientes a las y los familiares y representantes legales. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas personas.

31. Adoptar medidas de protección específicas para operadores de justicia de acuerdo a sus necesidades particulares y en consulta con ellos.

32. Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas.

33. Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los hechos cometidos durante la época de la llamada Guerra Sucia.

34. Fortalecer el Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al Mecanismo, en tanto, se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores del medio ambiente, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios.

Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.

A partir de las consideraciones anteriores, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que informe a esta Cámara sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentadas desde diciembre de 2015, sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país.

DOS: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que implemente las políticas públicas pertinentes para dar cumplimiento a dichas recomendaciones.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo una fiscalización al Partido de Morena en relación al origen de los recursos con los que financió sus actividades electorales durante el proceso electoral de 2016. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes se difundió un video en el que Eva Felicitas  Cadena Sandoval, diputada del Congreso de Veracruz y excandidata a la presidencia municipal de Las Choapas por el partido MORENA, recibe fajos de billetes por parte de una persona, con la encomienda de entregárselos al presidente nacional de dicho organismo político, Andrés Manuel López Obrador.1

La legisladora habría recibido 500 mil pesos el día 6 de abril de 2017 y los entregaría a Andrés Manuel López Obrador el día 8, durante su visita al municipio de Las Chopas. Tal como lo constatan diverso videos, el presidente nacional de MORENA asistió a dicho evento, por lo que es muy probable que haya recibido dicho recurso del cual no se conoce su origen.

Esta no es la primera ocasión, en las que se documenta como personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador recaudan recursos de procedencia ilícita para él, basta recordar el caso de René Juvenal Bejarano Martínez, en el que través de un video se mostró como recibió diversos fajos de billetes de parte del empresario Carlos Ahuamada Kurtz. Con ello se dio cuenta de  una red de corrupción en el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que dicho empresario era uno de los principales contratistas de dicha administración.2

Derivado de estos hechos, Eva Cadena renunció a la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Las Choapas, lo cual reafirma la veracidad del video y de los hechos.

No obstante, ante un nuevo video en el que se muestra como recibe un millón de pesos, como pago por impulsar una ley a favor de un grupo de empresarios, la legisladora renunció a su encargo.3

Los recursos entregados a Eva Cadena Sandoval presumiblemente podrían afectar la equidad en la contienda electoral, debido a que existen canales institucionales para las aportaciones de simpatizantes, tal como lo señala el oficio OPLEV/CG061/2017 del Organismo Público Electoral de Veracruz, que contiene el Acuerdo en el que se establece los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral 2016 -2017.4

La manera como fueron entregados los recursos a la  diputada con licencia, tienen como propósito que éstos no sean registrados a los gastos de campaña y como lo señalamos anteriormente se desconoce el origen de dicho financiamiento.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, citó a comparecer a Eva Cadena, sin embargo, esta no se presentó a realizar su declaración para esclarecer el origen de los 500 mil pesos, que presuntamente fueron entregados a Andrés Manuel López Obrador.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que este tipo de situaciones afectan la equidad del proceso electoral de Veracruz y son contrarios a los principios democráticos que los partidos políticos deben observar en su actuación.

Estos hechos, son muestra clara de una parte de una problemática más amplia, que tiene que ver con una presunta red de corrupción en la que se encuentran involucrados diversos integrantes del partido MORENA, en la que presumiblemente se utiliza dinero ilícito para financiar sus actividades partidistas durante los procesos electorales.

De otra manera, no podría explicarse cómo es que Andrés Manuel López Obrador, ha financiado su permanente promoción política a nivel nacional e incluso, internacional, durante más de una década.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que el caso de Eva Cadena es solo la punta del iceberg del modus operandi del partido MORENA, relacionado con el uso de recursos de procedencia ilícita. Situación por la que consideramos apremiante que, se analicen todas las líneas de investigación y no se limite al caso de Eva Cadena sino que alcance a los quienes encabezan esta presunta red de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una fiscalización al partido MORENA en relación al origen de los recursos con los que financió sus actividades electorales durante el proceso electoral de 2016, así como los que actualmente se llevan a cabo  en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, luego de que diversos medios de comunicación han documentado que integrantes de dicho partido han recibido recursos de procedencia ilícita, como es el caso de la diputada con licencia Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien presumiblemente habría entregado dinero al presidente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para que, informen a esta Soberanía sobre los avances en la investigación en contra de Eva Felicitas Cadena Sandoval, por el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Dado en el recinto del Senado de la República,
el 9 de mayo de 2017.

Atentamente.

1 Representante de MORENA recauda dinero “para AMLO”, El Universal, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/24/representante-de-MORENA-recauda-dinero-para-amlo>  Consultado el 24 de abril de 2017.

2 A 10 años del escándalo

3 “Eva Cadena, la “Recaudadora” de Morena, recibe 1 mdp por ley a modo”, El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/2/recaudadora-recibe-1-mdp-por-ley-modo> Consultado el 2 de mayo de 2015.

4 Oficio OPLEV/CG061/2017, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tR8q9qy9pvwJ:https://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/061.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b> Consultado el 24 de abril de 2016.






Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados a actualizar en sus spots de radio y televisión los números telefónicos 01 800 por el 9-1-1 para casos de emergencia. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, JUAN ALBERTO BLANCO ZALDÍVAR integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Podemos definir a una emergencia como cualquier situación en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo o vulneran la condición humana, generan daños a la propiedad y/o el patrimonio de las personas o que son potencialmente peligrosas y ponen en peligro la vida.

Si tomamos en consideración la definición de una emergencia debemos estar conscientes de que se requiere atención inmediata, para lo cual se creó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia el cual considera 242 tipos de incidentes que serán atendidos en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLEs) del 9-1-1.

Ya que el principal objetivo de la creación del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia es la homologación e intercambio de la información de los distintos Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) en el país, a través de una clasificación de tipos y subtipos de incidentes; y la generación de una nomenclatura clara, definiciones precisas y códigos de atención, consistentes con los incidentes de emergencia que acontecen en mayor medida en el país. Cada una de las dependencias del gobierno federal, sobre todo las que tienen funciones se seguridad.

En el mes de septiembre del 2014, la Fundación México SOS que preside Alejandro Martí, propuso homologar en un número único todos los números de emergencia, retomando como modelo, el número 911 que se usa en diversos países del mundo.

De acuerdo con datos que se proporcionaron en ese entonces por la misma organización existían (y existen aún) al menos 13 números para emergencias en toda la República Mexicana para diferentes servicios de emergencia: policía, bomberos, Cruz Roja, Policía Federal, y un largo etcétera.  Lo cual genera una confusión en la ciudadanía al tener un menú interminable de números a los cuales reportar una emergencia.

Como resultado de lo propuesto la organización apoyó a finales del 2014 la propuesta en el sentido de reformar el artículo 130 de la Ley General al Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), a partir de la cual se establecería el 911 como número único de emergencias para todo el país.

Y en tiempo récord, a un poco de más de dos años de que se aprobara en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (27 de noviembre de 2014) la implementación del número único de emergencias 911, ya opera en todo el país.

De esta forma ya se cuenta con una herramienta única para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios de emergencia de forma rápida, ya sea que se trate de un incendio, una emergencia médica o la denuncia de un delito.

El día de hoy, ya opera con el 911 y da por concluidos servicios de emergencia como 060, 065, 068 y 080, que eran los que tradicionalmente estaban cumpliendo las funciones de emergencias.

Sin embargo, aún en los spots de radio y televisión la mayoría de la dependencias del gobierno federal, siguen proporcionando los teléfonos 01 800.  Lo cual significa que aún no han actualizado la información, para poner en vigencia el 9-1-1. Por lo que expongo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, así como a diversas Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados a actualizar en sus spots de radio y televisión los números telefónicos por el 9-1-1 para casos de emergencia.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar.






De los integrantes del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea una comisión especial de seguimiento a los casos de corrupción en que se han visto involucradas personas mexicanas con empresas nacionales y extranjeras, principalmente las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN QUE SE HAN VISTO INVOLUCRADAS PERSONAS MEXICANAS CON EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, PRINCIPALMENTE LAS EMPRESAS OHL, ODEBRECHT Y LAS CREADAS POR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El combate a la corrupción es el elemento central sobre el cual debe basar su actuación el Estado Mexicano en su conjunto, donde se involucren todos los poderes y niveles de gobierno, puesto que este cáncer se ha insertado en todo el aparato gubernamental.

En los últimos meses ha salido a la luz un entramado de corrupción que involucra a altos ejecutivos de diversas empresas, nacionales como extranjeras, así como a funcionarios de gobierno, mediante el cual se han otorgado contratos sumamente opacos y se han recibido sobornos con el fin de beneficiar a intereses particulares y de los grupos cercanos al partido en el poder.

Uno de los más sonados actualmente es el caso de la empresa Odebrecht. Esta empresa, de origen brasileño, ha tenido un impresionante crecimiento y ya es la compañía de construcción y desarrolladora y operadora de proyectos más grande de América Latina. Sin embargo, su crecimiento se ha visto empañado por múltiples casos de corrupción en que se ha visto involucrada.1 En 2015 se destapó que Odebrecht otorgó enormes sobornos para obtener contratos millonarios en Brasil y en otros países, incluido México, lo que fue aceptado por el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien ya recibió una condena de 19 años de prisión.

La práctica del soborno no sólo se aplicó en Brasil, sino en otros países del continente. El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que entre 2001 y 2016, Odebrecht repartió sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países. De este total, 349 corresponden a Brasil y 439 millones a otros once países, incluidos 10.5 millones en México.

En estos sobornos se señaló directamente al ex director del Pemex, Emilio Lozoya y a otros 17 funcionarios y ex funcionarios en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Asimismo, cabe señalar que en 2002, Odebrecht transfirió sus activos petroquímicos a la empresa Braskem y en 2006, para encargarse de la perforación de pozos creó la filial Odebrecht Oil& Gas. A la fecha tiene participación en 15 empresas, 3 fondos de inversión y 5 empresas auxiliares. Braskem, en asociación con la empresa mexicana Idesa, inauguró el Complejo Petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz en 2016., siendo el único proyecto activo que reporta en México.

Otro caso emblemático de corrupción es el relacionado con la empresa de construcción OHL. Como salió a la luz en 2015, esta empresa fue y ha sido sumamente beneficiada por el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos de obras de infraestructura, las cuales se han licitado con sobreprecios y se han dado en condiciones de opacidad y tráfico de influencias.

Aunado a lo anterior, hace unos días el caso de OHL se volvió a abrir inesperadamente ya que su dueño Juan Miguel Villar Mir, y Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, son investigados por presunta corrupción en la llamada “Operación Lezo”.

De acuerdo con medios locales, el juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, incluyó a ambas personas en este caso, por el que ya fue detenido la semana pasada el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunto desvío de fondos públicos. El viernes pasado fue detenido el consejero de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, por pagar 1.4 millones de euros desde la filial de la empresa en México a una cuenta bancaria.2

El caso ha sido de tal magnitud que ha sacudido a la clase política española. La líder Partido Popular (PP) de Madrid, Esperanza Aguirre, renunció como concejal como portavoz del Grupo PP por acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvió de recursos para financiar ilegalmente su partido. La razón es que sus dos brazos operativos en la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, están presos y sujetos a dos distintos procesos penales por corrupción, el primero en la “Operación Lezo” y Granados en el juicio Púnica.3

Este asunto de OHL en España resalta porque en México no se han llevado a cabo las investigaciones necesarias que permitan llevar a la justicia a todos los involucrados en esta trama de corrupción, donde políticos mexicanos se han visto sumamente beneficiados.

Aunado a lo anterior, en abril del año pasado se dio a conocer otro caso que involucra a políticos mexicanos con hechos de corrupción con otra empresa, la perteneciente al llamado “rey de los dragones”, llamado así porque así se conoce a un tipo de maquina asfaltadora en la industria de la construcción desarrollada por la empresa CulterRepaving Inc.

En este caso, Luis Carlos Castillo Cervantes, a través de compañías de construcción procedentes de Estados Unidos, logro conectarse con gobernadores y políticos mexicanos de todos los partidos en la década pasada con lo que se adjudicó contratos multimillonarios y licitaciones muy poco transparentes. Fue detenido en McAllen, Texas en noviembre de 2016 acusado de lavado de dinero, fraude bancario y conspiración y prefirió colaborar con la Corte Federal a cambio de reducción de su pena, lo que ha desvelado una historia de horror sobre los niveles de corrupción a los que ha llegado la clase política mexicana.4

En sus expedientes ha expuesto que entregó ochenta millones de pesos por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos. Asimismo, se ha señalado que ayudó a los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, a lavar “decenas de millones de dólares”, al igual que al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.5

En el expediente que se sigue, Castillo Cervantes confesó ante la Corte que habría destinado recursos de Rodmax, principal empresa por la que se le investiga a Castillo, para pagar un inmueble en Greystone Country States, el cual fue registrado bajo el nombre de Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Humberto Moreira. El mismo Moreira ha asegurado que jamás recibió algún soborno o pago de “El Rey de los Dragones”.6

Ante estos hechos de corrupción, es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cree una comisión especial de seguimiento a este tipo de actos en los que se ven involucradas personas mexicanas con empresas nacionales y extranjeras, donde utilizan su cargo para beneficiarse o beneficiar a determinada personas a costa de las y los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión crea una Comisión de Investigación y Seguimiento a los casos de corrupción en que se han visto involucradas personas mexicanas con empresas nacionales y extranjeras, principalmente las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscriben.

1 CNN Español, “El escándalo de sobornos de Odebrecht: así es el caso en cada país de Latinoamérica saplicado” en CNN, 6 de marzo de 2017. http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/10/el-escandalo-de-sobornos-de-odebrecht-asi-es-el-caso-en-cada-pais-de-latinoamerica-afectado/, consultado el 17 de abril de 2017

2 Alejandro Gutiérrez “Investigan al dueño de OHL por caso de corrupción que involucra a filial mexicana” 24 de abril de 2017 http://www.proceso.com.mx/483536/investigan-al-dueno-ohl-caso-corrupcion-involucra-a-filial-mexicana.

3 S/A “El Dueño de Ohl y un Exministro son investigados por corrupción en España” 24 deabril de 2017 http://expansion.mx/empresas/2017/04/24/el-dueno-de-ohl-y-un-exministro-son-investigados-por-corrupcion-en-espana

4 Riva Palacio, Raymundo, El rey de los Dragones, El Financiero, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-rey-de-los-dragones.htm

5 Ídem.

6 Siguen activas 11 empresas de ‘Dragón’ en EU, Vanguardia, disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/siguen-activas-11-empresas-de-dragon-en-eu






De la Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a atender y resolver el pliego petitorio del cuerpo de bomberos de dicho municipio. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Diputada REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo Sonora, como el del resto del País,  tiene como objetivo prevenir, controlar, y combatir incendios, realizar labores de rescate y salvamento, así como atender emergencias donde se encuentren en riesgo la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos. 

La actividad que desempeñan los bomberos, está considerada como una de las profesiones más estresantes, principalmente por los riesgos que conlleva enfrentar emergencias de manera continua, por ello, para ser Bombero se requiere de nobleza para ofrecer la vida, de ser necesario, por salvar la de los ciudadanos, de valentía y coraje para enfrentar a la muerte en muchas de sus labores.

Tal esfuerzo y sacrificio deben ser reconocidos por la sociedad y el gobierno, atender sus necesidades solo es signo de reciprocidad con quienes ofrendan su seguridad por darnos seguridad al resto de la población.

En ese sentido, las demandas del Honorable Cuerpo de Bomberos deben ser escuchadas y atendidas, fortalecer en mayor medida sus derechos laborales, y con ello dignificar sus condiciones de vida.

En particular el caso del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Hermosillo Sonora, que se han visto forzado a realizar plantones y movilizaciones frente al Palacio Municipal, con la finalidad de que sean atendidas sus demandas de dignificar sus salarios, para obtener una mejor pensión y o jubilación; así como, la contratación de 80 plazas, con la finalidad de dar una mejor atención al ciudadano, así mismo, en su pliego petitorio solicitan mantenimiento a las instalaciones, unidades y la compra de equipo de seguridad personal; demandas qua a la fecha no han sido escuchadas por el Presidente Municipal de Hermosillo Sonora, así mismo reclaman la ampliación de cobertura de servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, atendiendo a los riesgos al que se exponen.

Ante esta situación es necesario hacer un exhorto tanto al Presidente Municipal de Hermosillo Sonora, así como a la Gobernadora del Estado, para que atienda en el marco de sus respectivas facultades las demandas de los Bomberos de este Municipio, que a la fecha se encuentran trabajando en un edificio con más de 70 años de antigüedad.

La necesidad del incremento en el cuerpo de bomberos atiende a que Hermosillo Sonora cuenta con una población que según datos del INEGI es de 884, 273 habitantes, lo que implica una demanda mucho mayor en el servicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

Acuerdo:

Único: Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Gobernadora del estado de Sonora y al Presidente Municipal de Hermosillo Sonora, para que en el marco de sus respectivas atribuciones atiendan y resuelvan el pliego petitorio del H. cuerpo de bomberos del Municipio de Hermosillo, Sonora.

Dado en la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola.






De la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para condenar y sancionar los actos de inseguridad, violencia e intimidación que imperan en la zona norte del estado de Veracruz, en el municipio de Tantoyuca. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo como de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Las cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, en Veracruz entre Enero y Marzo del 2017, ocurrieron 193 homicidios dolosos con Armas de Fuego, reflejado de igual forma en el crecimiento de la inseguridad en un 200% durante el primer trimestre del año en curso, comparado con el mismo periodo del año 2016.

La inseguridad y la violencia que padecen a diario los habitantes de la zona norte del Estado, en particular en el municipio de Tantoyuca; resulta preocupante y recurrente.

No es posible que durante los últimos años sus habitantes vivan con miedo, zozobra, angustia, temor e intimidación.

Lo anterior, claramente incide en el bienestar y patrimonio de las familias.

Derivado de éstas graves acciones la población de la región vive angustiada, aislada, con miedo de salir de sus hogares, a la calle, al trabajo o mandar a los niños a la escuela, algo que nunca se había vivido en el Municipio. 

La percepción de inseguridad y el miedo llevan a los habitantes a refugiarse en sus propias casas, el tejido social se encuentra debilitado.

Estos hechos encienden una vez más los “focos rojos”, ya que las acciones se han visto rebasadas en su labor de garantizar la seguridad de sus habitantes e implementar a cabalidad la Ley y sus Reglamentos.

Los pobladores ya no sienten la tranquilidad de antaño; resultando afectadas como consecuencia sus actividades laborales, educativas, de salud, recreativas, comerciales, entre otras.

Otro sector gravemente afectado es la ganadería, donde además de padecer los embates de la delincuencia; sufren el abigeato y su situación se agrava cuando algunas autoridades incurren en actos de corrupción o negligencia para combatir estos delitos.

Justicia y Paz es el clamor de todos en Tantoyuca.

Justicia y Paz es el clamor de todos en Veracruz.

Justicia y Paz exigen las familias de la región Huasteca de nuestro México.

Casos como los de:

Salvador Salazar Gómez (hermano de la cantante “Toñita”), desaparecido el 8 de abril del año pasado en los límites entre Tantoyuca y Tempoal y encontrado muerto el 25 de julio en la congregación El Hule, municipio de Huejutla, Hidalgo.

Alejandrina Mejía que fue hallada sin vida el 19 de julio pasado, luego de haber sido plagiada 3 días antes;

La maestra Dora Luz Torres Ahumada y su hijo de 20 años Bonifacio Díaz Torres que fueron plagiados en su domicilio particular y posteriormente encontrados en estado de descomposición, en la localidad de La Estanzuela; a finales de diciembre.

Esteban Cruz del Ángel, de oficio taxista, quien fue encontrado muerto, en un terreno de la localidad Tanzaquil Xilozuchilt, del municipio de Tantoyuca.

Y el más reciente de los casos que ha perturbado a la sociedad y de manera directa al gremio magisterial, el secuestro de 2 compañeros maestros, 1 intendente y su hijo; cuando se dirigían a la escuela primaria Adolfo López Mateos en la localidad Mata del Tigre, del mismo municipio. Apareciendo ese mismo día, sin vida los cuerpos de Pedro Rivera Mejía y el maestro Augusto del Ángel Martínez. Mientras que el pasado domingo 23 de Abril en el camino vecinal Las Trojes – Las Marianas de Platón  Sánchez, cercano a la localidad El Remanso, fueron localizados los cuerpos sin vida de la maestra Yaru Arrieta Fuentes, y el menor de 6 años Luis Ángel Rivera Cruz.

Por ello, pedimos aplicar la Ley con firmeza, contar con el apoyo y la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, y no dejar que la violencia e inseguridad continúen apoderándose de Tantoyuca, de Veracruz y de nuestras familias.

Es necesaria la articulación de los esquemas de la política en seguridad de nuestras autoridades federales, estatales y municipales y que se implementen a lo largo y a lo ancho del Estado. Pido de manera prioritaria, se atienda la zona norte, y de forma urgente Tantoyuca.

¡Basta ya de tanta angustia!

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía como de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta al Honorable Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, para que en coordinación con el Gobierno Estatal y el Gobierno de la República, se implementen los mecanismos necesarios de seguridad que garanticen a los habitantes de la Entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como salvaguardar su integridad física y material; que se aclaren los hechos delictivos y se imparta justicia en las denuncias cometidas contra las personas, ante tan indignantes hechos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. María del Carmen Pinete Vargas.






Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano de todo el país. Se turna a la Tercera Comisión.

ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD HAGAN PÚBLICO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO DE TODO EL PAÍS, ESPECIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y DE LA NOM-033-SAG/ZOO-2014, RESPECTO A LOS MÉTODOS PARA DAR MUERTE A LOS ANIMALES QUE SON SACRIFICADOS PARA EL CONSUMO HUMANO Y QUE SE INDIQUE QUIÉNES HAN SIDO SANCIONADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MERCY FOR ANIMALS es una organización que se dedica a prevenir la crueldad en contra los animales y a promover políticas y acciones regulativas en contra de la crueldad y a favor de la compasión de los animales que son sacrificados para el consumo humano.

“http://mataderos.mercyforanimals.mx/”

De acuerdo con una investigación realizada en 2016, MERCY FOR ANIMALS documentó el trato que reciben los animales en rastros y en las instalaciones de sacrificio. Los videos que se encuentran en la página electrónica denotan el incumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA)1 y de las Normas Oficiales diseñadas para consumar la muerte de los animales.

En los videos se observa la participación de menores de edad en el proceso de muerte de los animales, que dicho sea de paso está prohibido por la regulación, además se aprecia el uso de palos y artefactos que también están prohibidos y lo sorprende, más allá de la indiferencia de los trabajadores al dolor de los animales, es el tipo de instalaciones y la higiene de las máquinas en las que se efectúa esta actividad.

El trabajo realizado por MERCY FOR ANIMALS es una muestra más de la denuncia ciudadana en contra de la corrupción. Si se cumpliera la ley y se efectuara la inspección y la correcta aplicación de las sanciones, seguramente no existiría un documental al cual referirnos y tampoco se manifestaría la inconformidad de un sector de la sociedad que solicita la intervención de las autoridades para que se investigue que está pasando al interior de los rastros y en las instalaciones de sacrificio.

La LFSA es de observancia general en todo el territorio nacional y entre sus objetivos se encuentra la procuración del bienestar animal estableciendo la regulación necesaria para cumplir con las buenas prácticas pecuarias en los rastros y unidades de sacrificio de animales para consumo humano. Asimismo, esta Ley establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de la inspección de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, sancionando aquellas prácticas que aludan la comisión de un delito.

En este orden de ideas, la inspección, verificación, inspección y supervisión del debido cumplimiento de la ley respecto al sacrificio de animales se realizará a través de la SAGARPA, con la participación de la Secretaría de Salud (SS), de acuerdo a su ámbito de competencia.

Dicho lo anterior, debo resaltar que el artículo 105 de la LFSA establece que la SAGARPA expedirá las disposiciones conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los rastros o establecimientos dedicados al sacrificio de animales para consumo humano y la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-20142, “Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de agosto de 2015, establece lo siguiente:

La vigilancia de esta Norma corresponde a la SAGARPA, así como a los gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de coordinación respectivos.

Disposiciones generales

A ningún animal se le dará muerte por envenenamiento, drogas curariformes, paralizantes musculares, asfixia, inmersión en agua, por golpes o por cualquier otro procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su agonía. Los únicos métodos de eutanasia o matanza que se pueden aplicar, son los determinados en esta Norma u otros que autorice la Secretaría.

Ninguna persona intervendrá en el manejo, aturdimiento, eutanasia y matanza de los animales, a menos que cuente con la capacitación específica para hacerlo, misma que se realizará de acuerdo con los programas que para este efecto elabore la Secretaría y/o las instancias gubernamentales competentes. Además, no se permitirá el acceso a los menores de edad a los lugares en donde se realice la matanza o eutanasia.

Cualquier método de matanza o eutanasia comprendido en esta Norma debe realizarse por personal capacitado y siempre bajo la supervisión de un médico veterinario.

Queda prohibido patear o golpear a los animales con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, correas, instrumentos punzocortantes o cualquier objeto que los lastime.

El uso de los arreadores eléctricos no debe ser parte de la rutina de manejo, sólo se podrán utilizar en casos excepcionales en bovinos con un peso mayor a 500 kg, nunca deben ser aplicados en partes sensibles como los ojos, boca, orejas, región ano-genital y vientre.

Métodos prohibidos

Se prohíbe cualquier método o sustancia no autorizado en esta Norma.

Procedimiento de evaluación de la conformidad

El cumplimiento de las disposiciones de esta Norma será verificado por personal oficial o por las unidades de verificación aprobadas que la Secretaría designe.

Sanciones

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma, será sancionado conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal, su Reglamento y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

A partir de lo anterior y después de revisar los videos de MERCY FOR ANIMALS, podemos concluir que nada de lo que establece la NOM se cumple.

Por otra parte, vale la pena subrayar que la LFSA señala en su artículo 107 que la SAGARPA autorizará en coordinación con la SS, la instalación y funcionamiento de dichos establecimientos y sobre este tema es relevante advertir que el artículo 136 de esta Ley establece que cuando exista riesgo inminente de daño, afectación a la salud animal, la SAGARPA, fundada y motivadamente, ordenará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

El aseguramiento precautorio de los animales, y bienes de origen animal, así como de los vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida.

La clausura temporal, parcial o total de los establecimientos, maquinaria o equipos, según corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o de los sitios o establecimientos en donde se desarrollen los actos que generen los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Finalmente y para efectos del presente Punto de Acuerdo, la LFSA establece una sanción de 10,000 a 50,000 días de salario mínimo al que infrinja la regulación en materia de sacrificio humanitario de los animales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley.

Para el Partido Acción Nacional, es evidente que existen elementos suficientes para que se investigue qué está ocurriendo en los rastros y en las instalaciones de sacrificio.

Algo que debemos subrayar respecto a las autoridades, es que de la revisión del 4to Informe de Labores de SAGARPA 2015-163, no se identificó ningún tipo de evaluación o revisión respecto al cumplimiento de la regulación para el sacrificio de animales y tampoco se describe algún tipo de sanción a este tipo de instalaciones. Sólo se menciona de manera general los recursos destinados a la rehabilitación de este tipo de centros. Asimismo, la página de internet de la SAGARPA no especifica algún tipo de acción que derive de la evaluación, revisión o investigación por parte de esa Secretaría para corroborar el cumplimiento de la ley y de la NOM específica.

En consecuencia, el Partido Acción Nacional se pronuncia por el escrupuloso cumplimiento de la regulación respecto a los métodos para dar muerte a los animales y en su caso, sancionar a los funcionarios involucrados en actos de corrupción que deriven en la autorización de que estos centros operen en dichas circunstancias.

Por lo anterior, es necesario que la SAGARPA haga público en su portal de internet el estatus de las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales de todo el país, destacando cuales están cumpliendo con la regulación y quiénes han sido sancionados.

En consecuencia, se somete a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. -La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)y a la Secretaría de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano de todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el consumo humanoy que se indique quiénes han sido sancionados.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Ulises Ramírez Núñez.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf

2 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133499/4.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-033-SAG-ZOO-2014.pdf

3 http://www.sagarpa.gob.mx/Transparencia/POT_2016/Informe/CuartoInformeDeLabores_SAGARPA.pdf






De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar el otorgamiento de créditos de BANOBRAS durante la gestión del ex Director General Alfredo del Mazo Maza, al gobierno de Veracruz en la gestión de Javier Duarte Ochoa. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputados FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los casos más graves de corrupción a gran escala en nuestro país  es sin lugar a dudas, el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quién en el sexenio que gobernó esta entidad, armó la más compleja red de corrupción de la que se tenga memoria, ya que hasta el momento las cantidades de recursos públicos que fueron desviadas para sus fines personales, no ha sido cuantificada con precisión e inclusive, no se sabe a ciencia cierta dónde está, en que cuentas o en que inversiones así como a cuánto ascienden los interés que han sido devengados.

En razón de ello, en el grupo parlamentario del PRD, consideramos de la mayor importancia que se siga investigando la ruta del dinero, desde el origen hasta su destino final, denunciando  a quienes ejercieron estos recursos de manera ilícita, como a aquellos que le facilitaron el acceso a los mismos, por ello, en atención a una serie de auditorías e investigaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación al gobierno de Javier Duarte en las que encontró diversas irregularidades, tenemos la convicción de que es imprescindible ahondar en este asunto, con el propósito de que se identifique y en su caso, se castigue por la autoridad competente toda la red de complicidades que participaron de este grave saqueo de la hacienda pública del estado de Veracruz, por ello es que estamos planteando  el presente punto de Acuerdo.

La administración de Javier Duarte en Veracruz, solicitó diversos créditos para pavimentar caminos, construir vialidades, museos, entre otros proyectos, pero ninguno de ellos se concretó, ni siquiera iniciaron las obras o fueron abandonadas por los contratistas, por falta de pago como refieren las propias conclusiones de la Auditoría.

Así lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del otorgamiento de créditos a estados y municipios por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), en la Cuenta Pública 2015.

A través de estos créditos, Veracruz recibió 6 mil 385 millones de pesos entre 2011 y 2014, para construir y mejorar 99 proyectos de infraestructura. La Auditoría sólo revisó una muestra de mil millones de pesos y siete obras y el resultado fue que el gobierno de Duarte no cumplió con la entrega de ninguna de esas obras.

La Auditoría hizo un análisis aleatorio a los gobiernos de Puebla, Chiapas, Coahuila y Veracruz, y sólo este último no pudo comprobar con documentos el gasto del presupuesto. Es decir, sí erogó los recursos, pero no se sabe en qué.

De acuerdo con la Auditoría, “el Contralor General de Estado informó al delegado de BANOBRAS en Veracruz que los recursos del crédito fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el contrato de crédito y que las obras financiadas fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable”.

Las obras y proyectos con irregularidades son:

1. Museo del Transporte.- Entre los proyectos presentados por la administración de Duarte para conseguir crédito de BANOBRAS, está la primera etapa del Museo del Transporte.

Aunque la Secretaría de Finanzas reportó que los recursos se habían ejercido, la Auditoría Superior acudió al lugar y comprobó que “la obra no existe y el predio se utiliza como estacionamiento”.

El 1 de julio de 2013 se firmó el contrato de construcción por un monto de 10 millones 958 mil pesos. Aunque dicho pago no se realizó́, la Secretaría de Finanzas reportó ante BANOBRAS que el recurso se había aplicado porque la obra estaba concluida.

En ese periodo, el secretario de Finanzas fue Antonio Tarek Abdalá, diputado federal y quien enfrenta la acusación penal por los delitos de peculado y desvío de recursos; por ello, está en curso un proceso de desafuero Cámara de Diputados, para que pueda ser procesado. 

2. Periférico Sur de Jalapa.- Para la construcción, operación y mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa, el gobierno de Veracruz, representado por la secretaría de Finanzas estatal y una institución bancaria, constituyeron un fideicomiso el 28 de noviembre de 2012.

En este proyecto BANOBRAS autorizó el crédito por 160 millones 146 mil pesos a través de “fichas de admisión y compromiso” firmadas el 26 de marzo y 17 de diciembre de 2013, así informó la Auditoría.

Sin embargo, en el cotejo de los estados de cuenta del fideicomiso, del 31 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2016, “se observó́ que los recursos no fueron depositados en dicha cuenta”, en verificación física de la obra se confirmó́ que no se realizó́.

3. Construcción de CERESO de Poza Rica.- Supuestamente entre 2012 y 2013 se construiría el Centro de Prevención y Readaptación Social de Poza Rica, por ello BANOBRAS prestó al gobierno de Veracruz 149 millones 979 mil pesos. Hubo contratos entre la secretaría de Gobierno estatal y dos empresas para realizar la obra.

La dirección general de Infraestructura Urbana del estado presentó un dictamen técnico de avance físico y financiero de la ejecución de la obra, y un acta circunstanciada el 13 y 14 de octubre de 2015, pero la Auditoría comprobó que nada es cierto.

“En el terreno donde se construiría la obra, no existen avances del proyecto, conforme al programa de obra; tampoco había personal, maquinarias, ni recursos materiales”, advirtió la Auditoría en el documento de análisis.

Otro proyecto era la construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz.  La encargada de ejecutarlo era la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente estatal.

Para ello hizo un contrato por 853 millones 899 mil pesos, de los cuales se otorgaron recursos por 312 millones 207 mil pesos para la realización de la obra.

El contratista presentó 10 estimaciones y facturas, sólo por 120 millones de pesos, pero no del restante. En la verificación física se comprobó que la obra está suspendida.

4. Planetario del Museo Interactivo de Xalapa.- Con un crédito autorizado de 10 millones 528 mil pesos.

Dentro de ese presupuesto, para un rubro específico, la dirección general de Obras Públicas y una constructora firmaron un contrato por 499 mil pesos, con vigencia del 26 de junio al 24 de agosto de 2013, y se pactó un anticipo por 149 mil pesos, pero ni eso se pagó. En la verificación física se observó que la obra no se realizó́ en el espacio destinado para la ampliación del planetario, sino que es un área verde, y aun así el estado reportó que la obra se había realizado con la aplicación del total de recursos, informó la Auditoría.

5. Obras de pavimentación.-Para asfaltar el camino Berlín-Rancho Herrera, en el municipio de Córdoba, el gobierno de Veracruz pidió 8 millones 479 mil pesos.

Después de una licitación pública, se firmó sobre el contrato con una constructora por un monto de 11 millones 845 mil pesos, con vigencia del 25 de julio al 21 de noviembre de 2013.

La Secretaría de Comunicaciones del estado pagó un anticipo por tres millones 553 mil pesos, pero el contratista se negó a continuar los trabajos por el faltante de más de dos millones que se habían estipulado en el contrato. Para pavimentar el camino Seminario Santa Elena, en el municipio de Córdoba, supuestamente se aplicaron poco más de ocho millones de pesos, según consta en el contrato firmado entre la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz y una empresa constructora en mayo de 2013.

Sin embargo, el estado reportó como ejercidos 9 millones de pesos, por lo que están pendientes de comprobar 986 mil pesos.

De la información y los datos antes expuestos se pueden desprender una serie de obligaciones que el ex director de BANOBRAS durante el periodo de 2012-2015, Alfredo del Mazo Maza, debió cumplir con respecto al otorgamiento de los créditos antes referidos, ya que dichas solicitudes debieron ser repaldadas con la documentación del caso sobre los proyectos antes citados, ya que no pueden ser otorgadas, sin los respaldos técnicos y  estudios financieros así como las garantías necesarias para asegurar su cumplimiento.

BANOBRAS debió realizar una investigación previa de la factibilidad de estos proyectos, así como de la autenticidad de la documentación que apoyaba tales solicitudes de las líneas de crédito, en atención por lo menos a su normatividad interna como el Manual de Organización de BANOBRAS, el Manual de Crédito y el Manual de Administración Integral de Riesgos.

La Auditoría Superior de la Federación pidió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que fortalezca sus procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los créditos otorgados a estados y municipios, para que comprobara que los recursos lleguen a los proyectos autorizados, sin embargo, por lo anteriormente expuesto, esto no se hizo, por lo que se debe aclarar cómo se  otorgaron estas líneas de crédito al gobierno de Javier Duarte, a estos proyectos de obras con todas estas irregularidades y que prácticamente podrían ser consideradas como “fantasmas.”

El grupo parlamentario del PRD, considera de la mayor importancia que no se dejen pasar por alto los hechos arriba descritos y por lo tanto, se exhorte a la Secretaría de la Función Pública, a la PGR, al actual Director de BANOBRAS, a la Auditoría Superior de la Federación y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a que en el ámbito de sus competencias, ejerzan sus facultades constitucionales y legales, y en cada caso, lleven a cabo una serie de acciones institucionales, que confluyan en el esclarecimiento de los mismos, se determinen responsabilidades y se sancione a todos los responsables, con el propósito de que se combata con eficacia los efectos perniciosos de este escandaloso caso de corrupción encabezado por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus facultades, investigue la legalidad de los créditos otorgados por el ex director de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza al gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos relacionados con el otorgamiento  de créditos de BANOBRAS al  gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director de BANOBRAS para que informe a esta soberanía sobre los créditos otorgados por esta institución al gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación informe a esta soberanía sobre las auditorías realizadas a la gestión del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en particular, sobre los créditos que le fueron otorgados por BANOBRAS.

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le de vista al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de sus atribuciones tome conocimiento y le dé seguimiento a las investigaciones que se sigan sobre los créditos otorgados por BANOBRAS, al gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Jesús Zambrano Grijalva.-
Dip. Omar Ortega Álvarez.






De la Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Sonora a armonizar la legislación local en materia de protección civil, en términos del Artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio de 2012. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expedido la Ley General de Protección Civil, que enriquece la definición de más términos específicos en materia de protección civil, implementa nuevos mecanismos de operación, coordinación y de prevención por parte de los tres niveles de gobierno.

Así también determina el funcionamiento, los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil, así como da una nueva estructura a este.

Estableciendo la organización y las facultades para aplicar las Medidas de Seguridad por parte de las Unidades estatales y municipales.

Así mismo, contempla este ordenamiento general, los medios, formalidades y requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros dirigidos a la prevención y a la atención de los desastres naturales.

Ahora bien en el artículo octavo transitorio de la Ley General de Protección Civil establece la obligación de las entidades federativas, para que en un término no mayor a 365 días después de publicada la Ley, de armonizar las leyes locales en materia de protección civil.

Siendo que a la fecha el Estado de Sonora ha omitido la obligación de homologar la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora a la Ley General de Protección Civil, evitando con ello una falta de armonía en el marco jurídico que impide una correcta aplicación de los objetivos trazados en la Ley General.

Máxime cuando la Ley General vigente establece esquemas de concurrencia en las facultades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno, de ahí, lo indispensable que se materialice la armonización legislativa local del Estado de Sonora, de tal suerte que los objetivos en materia de protección civil transiten de un esquema que atienda emergencias a un esquema de prevención de desastres, con la finalidad de reducir al máximo los impactos negativos de las catástrofes y con ello buscar disminuir los riesgos en la mayor medida posible, cambiando las políticas reactivas en materia de protección civil por una política pública de prevención.

Ahora bien, siendo por demás obvio que el tiempo transcurrido desde  la publicación de la Ley General de Protección Civil a esta fecha, rebasa el término concedido por el legislador de 365 días para su armonización, lo que hace necesario exhortar al Congreso Local de Sonora, para que en lo inmediato armonice la Ley Local a la Ley General en materia de protección civil en términos del octavo transitorio de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6  de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

ACUERDO

Único: Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso Local del Estado de Sonora para que armonice la legislación local en materia de protección civil en términos del Octavo Transitorio de la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.

Dado en la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a instrumentar campañas informativas que permitan concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los beneficios de contar con una alimentación saludable. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes constituye uno de los temas centrales del Sistema Educativo Nacional y una de las preocupaciones de las familias y educadores.

Nuestro país presenta aún importantes retos en materia educativa, algunos sectores de estudiantes presentan malas calificaciones, deserción, abandono escolar y, por ende, en bajos niveles de desempeño escolar y aprendizajes.

En efecto, existen sectores de niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, que sufren diversas dificultades en la escuela, donde su bajo rendimiento suele representar un problema para su bienestar, ya que se traduce en aislamiento, intimidación, rechazo y victimización, entre otros.

Algunas problemáticas particulares es no tener una alimentación adecuada, lo que afecta la concentración y retención de conocimientos. La falta de glucosa predispone a un bajo rendimiento escolar en el aula, pues la expresión, memoria, creatividad y capacidad de resolver problemas de los estudiantes se ven afectados.

El desayuno nutritivo es un elemento fundamental para el desarrollo físico pleno y el rendimiento escolar. Su ausencia tiene repercusiones en el rendimiento de las niñas, niños y adolescentes en cuanto a su atención, retención, creatividad y memoria, presentando sueño y cansancio durante las clases.

Es frecuente que los niños desarrollen problemas de conducta que los hacen difíciles de manejar y estar más expuestos a ser rechazados y, por tanto, presentan baja autoestima.

La mala alimentación tiene como resultado un bajo rendimiento de aprendizaje. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio “el bienestar de los estudiantes” , señala que en promedio en los países 59 por ciento de los estudiantes informaron que a menudo les preocupa la dificultad de presentar un examen y 66 por ciento señalaron sentirse estresados por las malas calificaciones1.

Para el caso de México, dicho estudio manifiesta que 15.6 por ciento de los estudiantes hombres y 21 por ciento en mujeres que tienen 15 años de edad, no desayunan, lo cual tiene un impacto negativo en sus resultados escolares.

Los adolescentes que no se alimentan, no necesariamente inciden por tener carencias económicas sino por otros factores, como la falta de atención de buenos hábitos, la estructura familiar o por perseguir estándares de belleza y físico.

Se estima que entre las mujeres es más alto el porcentaje de aquellos que no desayunan. Además de las cuestiones de salud y desempeño, la OCDE encuentra que hay una correlación entre una alimentación adecuada y la satisfacción de vida de los estudiantes.

Por otra parte, aquellos alumnos que dicen haber cenado la noche previa antes de ir la escuela reportan un mayor puntaje en la escala de satisfacción de vida sobre aquellos que no lo hacen.

En nuestro país, la diferencia entre los hombres que cenan respecto a los que no es de 0.4 puntos mientras que en las mujeres es de 0.6 puntos.

De acuerdo con la Medición Independiente de Aprendizajes (MIA), levantada en 2014 y 2015 en los estados de Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, donde participaron alrededor de mil 200 voluntarios, y se entrevistó a 8 mil niños, existen problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar, asociados con una mala alimentación, entre los que destacan los siguientes:

• En lectura, el 58.3 por ciento de los niños, que cursan el tercero de primaria, solo puede leer una historia.

• En matemáticas, la mayoría de los niños de cuatro de primaria puede resolver sumas.

• El 38.9 por ciento no puede resolver el nivel de resta.

• En secundaria, en promedio, el 18.8 por ciento no puede resolver restas.

• Casi uno de tres adolescentes de secundaria, no puede resolver divisiones.

Estos resultados advierten un déficit severo de los estudiantes en la resolución del problema, es decir, en la capacidad de aplicar las operaciones para resolver un problema simple. Solo el 12.9 por ciento de los niños/as de quinto de primaria lo lograron resolver; y, en promedio, solo el 36.6 por ciento de adolescentes de secundaria pudo dar una respuesta correcta. Incluso el 44.5 por ciento de estudiantes de educación media superior no pudo responder adecuadamente2.

Ante este panorama, resulta necesario que las instituciones educativas busquen mecanismos para motivar la participación de los padres de familia y  generen una mayor concientización sobre la importancia de que las niñas, niños y adolescentes lleguen desayunados a las escuelas.

La Ley General de Niñas, niños y adolescentes en su artículo 37 establece que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades a la alimentación, a la educación entre niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, es apremiante que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas con el objeto de concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los beneficios de contar con una alimentación saludable, en las escuelas del nivel de educación básica, como una medida que contribuya a mejorar su rendimiento y aprendizaje escolar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas que permitan concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los beneficios de contar con una alimentación saludable.

Dado en la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/primera-evaluacion-sobre-el-bienestar-de-los-estudiantes-pisa.htm

2 https://www.medicionmia.org.mx/resultados






De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en coordinación con el titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Finanzas de la entidad, implementen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en dicho estado, con el fin de evitar que sean utilizados para realizar actos delictivos. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de Acuerdo, con base en la siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy en día la violencia en el país azota a prácticamente todos los estados del país, al mes de marzo del presente año la mayoría de los delitos de alto impacto se han incrementado considerablemente, situación que afecta la tranquilidad y la armonía de los ciudadanos.

Datos de la Organización Ciudadana Semáforo Delictivo señalan un incremento en relación al 2016 en delitos como el homicidio, con un 29%, secuestro 18%, extorsión 30% y lesiones dolosas 21%, robo a negocios 47%, robo a vehículos 13%. Por otra parte, el Índice de Paz México (IPM) 2017 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz señalan el impacto económico de la violencia en México en el año 2016 alcanzó 3.07 billones de pesos. Cifra que equivale a 18% del PIB y representa 25,130 pesos por persona.

Respecto al robo de vehículos, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el año 2016 se cometieron 161,737 robos de vehículos, cifra mayor en 2.43% respecto al 2015 en donde se cometieron 157,894.

El Estado de Baja California ocupó durante el primer trimestre de 2017, el primer lugar a nivel nacional en cuanto a robo de vehículos sin violencia, esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalando que la tasa de robo de vehículo sin violencia para la entidad es de 146.3 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo datos de la organización ciudadana Semáforo Delictivo señalan que en durante el primer trimestre del 2017, la tasa de robo de vehículo para el estado de Baja California es de 165 por cada 100 mil habitantes. Señalando además un alza del 46% respecto al 2016.

En el mes de mayo del 2016 el titular de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California Jorge Alberto Álvarez Mendoza, señalo que aproximadamente al reportaban al 066 cada mes entre 600 y 800 robo de vehículos; refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades irregulares.1

Desgraciadamente la falta de una adecuada estrategia de registro de automóviles en el país está dejando abierta la posibilidad de que los automóviles se vuelvan parte de un arma más para los delincuentes, pues uno de cada cinco automóviles robados es utilizado para cometer otro delito, en su mayoría grave, como el secuestro u homicidio, esto según datos de la OCRA.

Derivado de lo anterior, no resultaría extraño que la premisa anterior se esté replicando de manera diaria en el estado de Baja California; la entidad ocupó durante el primer trimestre del 2017 el primer lugar en el delito de robo a negocio, tercer lugar en robo a casa y cuarto lugar en homicidios a nivel nacional.

Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los países de México, Canadá y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994, logró eliminar obstáculos al comercio y facilitó la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los países partes, entre ellos permitió la importación de vehículos usados.

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en su reporte de Mercado Interno Automotor del 2016 calcula que hay cerca de 7.5 millones de vehículos usados importados provenientes del extranjero internados en México, donde la mayor parte de dichos vehículos se concentra en estados que conforman de la zona fronteriza del norte del país.

Sin embargo, no se ha podido conjuntar una política adecuada para las prevenir que los vehículos con procedencia del extranjero no sean armas para delinquir y lesionar a la sociedad, derivado de lo anterior resulta indispensable que el Titular de Ejecutivo Federal a través Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) para qué, en coordinación con el al Titular de Ejecutivo de Baja California y de la Secretaria de Finanzas de la entidad, implementen de manera coordinada un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en el estado de Baja California.

Por otra parte, con la implementación un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado de Baja California se protegería a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, además dicha acción permitiría la inscripción de dichos vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda y respetándose el TLCAN, acciones que protejan la infraestructura carretera y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) para qué,  en coordinación con el Titular de Ejecutivo de Baja California y de la Secretaria  Finanzas de la entidad, implementen de manera coordinada un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en el estado de Baja California, con la finalidad de evitar de que dichos vehículos no sean utilizados para realizar actos delictivos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

1 Fuente: http://zetatijuana.com/2016/05/23/en-tijuana-hay-5-asaltos-y-19-robos-de-autos-al-dia/.





De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo con relación a la concesión otorgada por el gobierno del estado de Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el parque regional metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CONCESIÓN OTORGADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA A LA PERSONA MORAL DENOMINADA FIESTA ZAFARI S.A. DE C.V., PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL PARQUE REGIONAL METROPOLITANO “GRISELA ALVAREZ PONCE DE LEÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo al portal de la Secretaria de Turismo del gobierno del estado de Colima: “El parque regional metropolitano “Griselda Álvarez” abrió sus puertas al público hace 30 años en noviembre de 1985 se inauguró muy cerca del centro histórico de la capital colimense. El nombre del parque se origina por su fundadora la ex gobernadora y poeta Griselda Álvarez Ponce de León”1.

Dicho parque se estableció sobre frondosas huertas que datan del siglo XIX, cuenta con 22 hectáreas de áreas verdes y zonas recreativas; incluyendo en ellas un lago, zoológico, campo de paintball, museos, teatro, jardines, canchas, salones, albercas con olas, toboganes, pero lo más importante es que se trata del pulmón ecológico de la capital del estado de Colima, ubicado en pleno Centro Histórico de la capital del estado.

SEGUNDO. El pasado 9 de noviembre de 2016 el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció formalmente el proyecto de transformación del parque regional en el EcoParc Colima Centro de Conservación de Vida Silvestre “Griselda Álvarez”.

De acuerdo al Gobernador del Estado, el propósito es tener un atractivo que complemente la oferta turística y de esparcimiento de las familias colimenses, además crear una conciencia ecológica y un conocimiento de los animales y de la vida silvestre y salvaje, ya que en ese espacio habrá especies como canguros, hipopótamos, cebras, cacatúas, chimpancés, tigres, jaguares, hienas y oso negro, entre otras.

Se trata de una concesión del Gobierno del Estado en favor de José Ernesto Zazueta Zazueta, Director de la empresa Fiesta Safari y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

TERCERO. Sin embargo dicha concesión no ha estado excenta de irregularidades que han sido denunciadas2, como son:

1. Según los términos de la concesión, el empresario José Ernesto Zazueta Zazueta no tendrá que preocuparse por los gastos de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado de las instalaciones, pues éstos seguirán siendo pagados con recursos del erario estatal.

2. Junto con el parque y el zoológico la empresa también podrá explotar económicamente, por un periodo de hasta 25 años, el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, que será convertido en Museo de Historia Natural.

3. El acuerdo de colaboración inicial, de fecha 12 de octubre de 2016, y el contrato de concesión, firmado el 7 de febrero de 2017, permanecieron reservados varios meses, con respuestas negativas a ciudadanos y organizaciones que solicitaron los documentos con base en la legislación sobre transparencia.

4. Recientemente, en el contexto de la inauguración de la primera etapa del Ecoparc, la documentación fue subida de manera discreta a la página web del gobierno del estado.

5. En la cláusula segunda inciso H, el Gobierno se compromete a contratar publicidad y promoción al parque y zoológico metropolitano ‘Griselda Álvarez Ponce de León’, así como el Museo de Arte Contemporáneo ‘Jorge Chávez Carrillo’ de la ciudad de Colima sin costo para el concesionario.

6. A la vez, la cláusula décima primera, relativa a Gastos de operación y pago por servicios, establece en su punto 1 que los gastos de consumo de energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado que se generen por la operación del parque y zoológico derivada del presente contrato de concesión correrán a cargo del gobierno estatal.

7. En el punto número 2 de la misma cláusula se indica además que las partes podrán convenir esquemas de apoyo, para cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y servicios para la operación del parque y zoológico.

8. La cláusula décima segunda, en sus puntos 1 y 2, indica que “el personal para la operación del Parque y Zoológico Metropolitano ‘Griselda Álvarez’ correrá a cuenta de ‘El concesionario’, quien se hará cargo de su contratación, prestaciones, seguridad social y demás aspectos que deriven de la relación laboral, excluyéndose al ‘concedente’ de toda responsabilidad al respecto, con la única salvedad prevista en el párrafo siguiente.

“Los trabajadores del concedente que a la firma del presente contrato vienen laborando en las instalaciones del Parque Regional Metropolitano, podrán ser comisionados para que continúen laborando en dicho lugar, prestando sus servicios a ‘El concesionario’ con cargo al ‘concedente’ y conservando las percepciones económicas y prestaciones que tienen, o en su caso podrán ser reubicados a otras dependencias dentro del propio gobierno del estado de Colima, preservando igualmente sus derechos. En cualquier caso, se tomará en cuenta la opinión de dichos trabajadores y se le dará la intervención que corresponda a la representación sindical”.

9. El inciso F de la cláusula tercera dispone que la tarifa para el ingreso al Parque y Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León” no podrá ser superior a 30 pesos por persona durante 2017, que podrá incrementarse cada año conforme al porcentaje de la tasa de inflación. Sin embargo, nada dice en relación con las tarifas de acceso al Museo de Historia Natural, que tampoco es incluido entre la cantidad de boletos que se donarán anualmente.

10. Aunque la empresa se compromete a invertir 50 millones de pesos en los primeros cinco años en las instalaciones, no necesariamente dejará todos los beneficios para el estado cuando regrese el inmueble al final de la concesión (que podrían extenderse hasta 25 años), pues el inciso D de la cláusula décimo séptima, establece que deberá:

“Entregar los señalados inmuebles con las obras y mejoras que hubiere construido, edificado o realizado en los mismos, salvo aquellas que por su naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles o de la referida construcción, en beneficio del ‘concedente’ sin derecho a reembolso o indemnización alguna”.

11. En el contrato de concesión, que inicialmente es por diez años y tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa, se enumera la serie de obras de remodelación y adaptación que hará Fiesta Zafari con la inversión de los 50 millones de pesos en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la apertura de las instalaciones. Entre esta obras y acciones se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

CUARTO. Adicionalmente debemos señalar que existen inconsistencias legales de forma y fondo, tales como el incumplimiento de los principios de utilidad pública y de la preservación del interés general del patrimonio público, además de que el procedimiento de concesión no tuvo la debida publicidad para permitir la participación de otras propuestas que acreditaran su viabilidad técnica y financiera.

De acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, integrante el movimiento por la defensa de ese espacio público, el contrato mediante el que fue cedido a un particular el manejo del Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, para convertirlo en Ecoparc, “es nulo porque no reúne los requisitos para ser una concesión, ya que la misma debe incluir la garantía de cumplimiento por parte del concesionario y en este caso “no existe ningún tipo de garantía, por lo que se trata de un contrato irregular viciado de nulidad”.3.

Otra deficiencia del contrato, que han sido señaladas es que no se especifica ni se presenta una proyección financiera sobre la forma como se va a aplicar el dinero que supuestamente aportará el concesionario o beneficiario para la ampliación y adecuación de las instalaciones del parque, ni se muestra un estudio actuarial con las proyecciones de ingresos anuales y la recuperación de la inversión.

No obstante de tratarse de un bien de dominio público, antes de la firma del contrato y antes de la incorporación del inmueble ya había sido entregado físicamente al empresario para que realizara las primeras modificaciones, con base únicamente en un llamado “acuerdo de colaboración.

En mérito de expuesto se somete a la consideración del Pleno de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, hace un atento llamado al Gobernador del Estado de Colima a garantizar el orden público e interes social del inmueble donde se ubica el Parque Regional Metropolitano “Grisela Álvarez Ponce de León”, para que siga siendo un bien de dominio público que garantice el esparcimiento delas y los colimenses, los recursos públicos, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, hace un atento llamado al Gobernador del Estado de Colima a anular la concesión otorgada a la persona moral denominada Fiesta Zafari S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el Parque Regional Metropolitano “Grisela Álvarez Ponce de León”, con la finalidad de que dicho parque continúe cumpliendo el objeto de su creación, evite su privatización e informe a esta Soberanía de los avances de dicho procedimiento.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://turismocolima.com/destino/parque-regional

2 Ver reportaje especial de la Revista Proceso número 2113 en http://www.proceso.com.mx/483981/ecoparc-negocio-redondo-a-cuenta-del-erario-colima

3 http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/21195-el-contrato-del-ecoparc-no-reune-los-requisitos-de-una-concesion-abogado-benjamin-luna






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo las investigaciones conducentes por la probable comisión de irregularidades en el suministro de insulina entre 2013 y 2016 por parte del gobierno del estado de Guanajuato. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La protección a la salud es un derecho fundamental de todas las y los mexicanos,  consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, que permite el desarrollo integral, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como el progreso de la sociedad en su conjunto.

Pese a lo anterior, en lo que va de la actual administración del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se han presentado de manera sistemática presuntas irregularidades en las licitaciones y suministro de medicamentos, cuestión que no sólo tiene que ver con la salud y economía de la población, sino también, con la manera en que se gastan los recursos públicos.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, revela que la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en personas de 20 años o más en Guanajuato fue de 8.1%, mayor a la reportada en 2006 (5.5%), siendo ligeramente mayor en mujeres (9.3%) que en hombres (6.7%).1

La Secretaría de Salud informó que actualmente atiende a 99 mil 756 diabéticos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó a otros 153 mil 591 pacientes, por lo que existen más de 46 mil personas sin atención.2

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde 2013 la entidad registra el nada honroso segundo lugar de mortalidad por diabetes mellitus, con más de 15 mil 100 casos en tan sólo tres años.3

Ello da cuenta de la ineficacia de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno estatal para prevenir y atender oportunamente este tipo de padecimientos.

Pese a este panorama, de acuerdo con medios de comunicación, el Gobierno de Guanajuato compró en 2017 medicinas y material de curación a precios más altos de los ofrecidos en la licitación por las tres empresas concursantes. Las empresas favorecidas por la Secretaría Estatal de Finanzas son las mismas que suministraron y vendieron a precio más alto al establecido, la insulina de origen chino que no contiene los elementos necesarios para combatir la diabetes y que se distribuyó entre pacientes del sector salud en la entidad.

Para la adquisición de medicamentos en este año, se efectuaron dos licitaciones: la primera fue el 23 de noviembre de 2016, en donde el comité de adquisiciones declaró desierto el concurso, ya que las tres empresas participantes ofrecían precios por arriba de los costos oficiales establecidos y no cumplían con la documentación completa requerida.4

La segunda licitación se llevó a cabo en enero pasado, en la cual participaron las mismas tres empresas, cuyos precios ofrecidos por las empresas fueron los siguientes: Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S. A. de C.V., 523 mil 702.69 pesos; Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., 523,471.83; y Farmacias El Fénix del Centro, S.A. de C.V., 443,205.27 pesos.

Empero, ésta última –la más barata- fue descalificada, ya que a decir de las autoridades correspondientes, no entregó el porcentaje solicitado de cartas que los acreditan como distribuidor mayorista, además que sus cartas de recomendación no acreditaban la experiencia mínima solicitada.

Al respecto, el subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, aseveró que fueron las mejores ofertas, a pesar de que presentaron las cotizaciones más altas. El comité de adquisiones del gobierno estatal señaló que las mejores propuestas las presentaron Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos. Se trata de las mismas empresas que desde 2013 han obtenido contratos de manera directa, y que durante cuatro años han sido descalificadas por ofrecer las medicinas a sobreprecio.

Dicho comité determinó que todas las empresas licitantes, que incluyen a las que les entrega contratos directos, habían presentado precios arriba de lo permitido y ejemplificó el caso de 64 productos. Con todo, el gobierno estatal favoreció a dichas empresas con un contrato directo por mil 379 millones de pesos.

De esta manera, en los cinco años del actual gobierno estatal, se ha beneficiado con adjudicaciones directas por más de cinco mil millones de pesos a esas dos empresas para compra de medicamentos que se encargan ellas mismas de hacer llegar a las 600 unidades médicas existentes en toda la entidad, y que en las licitaciones ha sido descalificadas por no cumplir con los requisitos para sutir los medicamentos al sector salud.

El artículo 62 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, establece que: La convocatoria y las bases de la licitación deberán contener las mismas condiciones para todos los participantes. Todo aquél que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases tendrá derecho a presentar su oferta. El comité proporcionará a los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación de que se trate.5

No obstante lo anterior, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado ha señalado que las compras de medicamentos se hacen con total transparencia y que algunos proveedores fueron sancionados pero no precisamente por este situación, sino por el sobreprecio del producto. Agregó que Guanajuato es el primer lugar de satisfacción de usuarios en materia de salud.6

Por su parte, el secretario de Salud estatal ha rechazado las acusaciones hechas en este tema, señalando que los hospitales cuentan con controles de pacientes y no se han detectado consecuencias en los derechohabientes y que la insulina de la que se habla forma parte del cuadro básico de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

En contraparte, médicos del Seguro Popular han denunciado a la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V., distribuidora de dicha insulina china de dudosa calidad y que presuntamente se compró a sobreprecio, de pedir a las farmacias enconder el medicamento.

Existen, pues, antecedentes de presuntas irregularidades en la licitación de  medicamentos, material médico y material de curación, entre otros, en donde el Gobierno del Estado ha favorecido a empresas aún cuando no cumplen con los criterios establecidos por la Ley.

El artículo 134 de nuestra Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Debido a que la anterior evidencia de presumibles ilícitos y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, es necesario informar a esta Soberanía sobre los avances de las investigaciones llevadas a cabo en la compra de medicamentos y la aplicación de insulina china de mala calidad, hechos que fueron denunciados por médicos del sector salud del estado desde 2013, pero que han sido desmentidos por las autoridades competentes, en perjuicio de la economía y la salud de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes por la probable comisión de irregularidades en el suministro de insulina entre 2013 y 2016 por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones y a través de la Auditoría Superior de la entidad, audite y revise que el procedimiento y los recursos canalizados para la compra de medicamentos entre 2013 y 2016, se realizaron de conformidad con la normatividad establecida en la legislación local y nacional.

Dado en la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Atentamente.

1 http://ensanut.insp.mx/informes/Guanajuato-OCT.pdf

2 https://www.am.com.mx/2016/11/15/leon/local/invitan-a-activarse-contra-la-diabetes-326891

3 http://www.priguanajuato.org.mx/SaladePrensa/Nota.aspx?y=15551

4 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-03-14/guanajuato-otorga-licitaciones-irregulares-compra-medicinas/

5 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/137/Ley_de_Contrataciones_Publ_REF_PO_01JUL16.pdf

6 http://noticieros.televisa.com/videos/gobierno-de-guanajuato-y-la-insulina-china/






De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de Acuerdo, con base en la siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las funciones primordiales de un Estado, es la de garantizar el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, garantizando a sus habitantes una paz justa, sostenible y duradera.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata como una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, el de la seguridad pública, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. Además de establecer la actuación de las instituciones de seguridad pública bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

No obstante en los últimos meses se vuelve más frecuente escuchar noticias sobre casos de actos delictivos como asesinatos, robos a casa habitación y de vehículos, secuestros, lesiones y extorsiones. Problemáticas que sin duda alguna afectan en el desarrollo de México.

La inseguridad que flagela a prácticamente todos los estados del país, resulta alarmante la falta de resultados de las estrategias implementadas en materia de seguridad pública por parte del Gobiernos Federal y de las entidades federativas, dichas estrategias parecen ya rebasadas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en marzo del 2017, señala que el 72.9% de mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, 3% más respecto a marzo de 2016, cuando esta percepción fue de 69.9%.

Por otra parte, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que en el año 2016 se cometieron 20,824 homicidios dolosos, 18.2% más respecto al 2015, mientras que respecto al delito de secuestro en 2016 se registraron 1,128 secuestros, 5.4 más respecto al 2015, ello sin considerar que en nuestro país sólo se denuncian seis de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra negra en México alcanzo un porcentaje de 93.7%, de acuerdo con la ENVIPE 20161.

De igual forma cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de enero a marzo del 2017 se han cometido un total de 433 mil 385 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen mayores delitos.

Asimismo, datos de la Organización ciudadana Semáforo Delictivo2,en su reporte del grado de violencia en el país del mes de marzo del 2017, señalan una alza respecto al año anterior en delitos como  homicidio con un 29%, secuestro 18% robo a negocios 47%, robo a vehículos 13% extorsión 30% y lesiones dolosas 21%.

El fracaso del Estado se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social. La mayoría de las definiciones hacen referencia al funcionamiento del Estado e intentan medir su capacidad de desempeño. Así se entiende que un Estado fracasa si es deficiente en áreas como seguridad, el sistema político, el estado de derecho, la administración los servicios públicos y el bienestar social. La deficiencia en estas tareas hace que el Estado sea incapaz de “establecer un monopolio legítimo del uso de la fuerza física y de proteger”.3

Lo anterior resulta preocupante si hacemos un análisis claro del contexto nacional de inseguridad, falta de paz y justicia social. De acuerdo al Índice de Paz Global 2016 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, establece que México ocupa el lugar 140 de 165, entre los países más violentos, señalado además como el más violento de Centroamérica y el Caribe.

Países como el nuestro prevalecen en el subdesarrollo porque la inseguridad como problema social causa un impacto económico en las sociedades. En nuestro país, el impacto económico de la violencia en México en 2016 alcanzó 3.07 billones de pesos (USD $180 mil millones). Lo cual equivale a 18% del PIB y representa 25,130 pesos por persona; lo que equivale a más de un mes de salario promedio. 4

En el contexto que se encuentra el país, el Congreso de la Unión debe hacer uso de todas sus facultades para complementar la exigencia más sentidas de los mexicanos que es garantizarles seguridad, por lo que la Cámara de Diputados debe contribuir y ejercer de manera puntual su responsabilidad para que prevalezca   la Justicia y Seguridad en las 32 entidades del País.  Por lo anterior consideramos que es necesaria la exigencia de implementar una estrategia verdaderamente eficaz que atienda problemática de inseguridad que afectan a los mexicanos.

Derivado de lo anterior resulta indispensable que la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos ante el incremento de la incidencia delictiva en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 9 de mayo de 2017.

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016; disponible en la página web.- http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf. consultada el 25-04-17.

2 Reporte primer trimestre 2017, Semáforo Delictivo, disponible en la página web.- http://www.semaforo.com.mx/; consultada el 25-04-17.

3 Debiel, T. What can be done with fragile states? Options for development policy and beyond”, Federal Foreign Office, Policy Planning Staff, Berlin. (2005) Octubre. Citado en TEDESCO, Laura. El Estado en América Latina: ¿Fallido o en proceso…, Op cit

4 Índice de Paz México (IPM) 2017






De Diputados del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de las entidades federativas, a la Procuraduría General de la República y a las fiscalías de los estados a realizar las investigaciones correspondientes en relación con las denuncias de desvíos de probables pagos ilegales a funcionarios de los gobiernos de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas y a Roberto Sandoval en Nayarit. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Diputados Federales a la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de las Entidades Federativas, a las procuradurías o fiscalías de los estados y a la Procuraduría General de la República para realizar las investigaciones correspondientes en relación con las denuncias de desvíos y probables pagos ilegales a los funcionarios de los gobiernos de Miguel Alonso Reyes, en Zacatecas y a Roberto Sandoval, en Nayarit, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

En días recientes, la administración de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, fue señalada por la organización Soledad Ciudadana debido a los pagos realizados a sus colaboradores que, no obstante un discurso de austeridad, cobraron altas compensaciones adicionales a sus sueldos, durante los pasados cuatro años, a través de la partida 1711 Pago de Estímulos a Servidores Públicos, información a la que tuvo acceso gracias a una solicitud de información realizada al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Zacatecas. Según esta información el Gobierno de Alonso Reyes destinó 2 mil 093.9 millones de pesos, con lo cual triplicó el ingreso de algunos de sus funcionarios, esquema que, presuntamente, se replica en el presente sexenio.

Por otro lado, el gobierno de Roberto Sandoval, en Nayarit, ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, debido a que, hasta el año de 2015, había un acumulado de 2 mil 291 millones de pesos presuntamente desviados de fondos federales para educación, salud, seguridad y obra pública. Como resultado de estas investigaciones, la Auditoría Superior de la Federación únicamente habría iniciado una sola denuncia penal.

Resulta indispensable que, en un contexto en que la evidencia de los actos de corrupción deben ser contundentemente combatidos, las instituciones estatales y federales lo expresen de manera decidida realizando las investigaciones y llevando frente a la justicia a aquellos malos funcionarios que deben rendir cuentas respecto del uso del dinero público.

No es aceptable que después de que otros países han iniciado procedimientos de investigación en contra de ex gobernadores priístas, como César Duarte, Javier Duarte y Tomás Yarrington, nuestras instituciones queden rezagadas y encubran en los hechos a quienes han cometido delitos de corrupción. Es imperativo que el Estado Mexicano lleve a cabo una lucha frontal y de combate a la corrupción, como nunca antes se ha visto.

Es por lo anterior que, convencidos de que la corrupción constituye el mayor de los males que aquejan a nuestra sociedad, lastimando a quien menos tiene y desviando los recursos públicos que deben enfocarse en atender y disminuir las fuertes desigualdades en nuestro país, que sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos de fiscalización en Nayarit y Zacatecas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar la investigación respecto de las denuncias de desvíos y probables pagos ilegales a los funcionarios de los gobiernos de Roberto Sandoval y Miguel Alonso Reyes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías Generales en Nayarit y Zacatecas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar la investigación respecto de las denuncias de desvíos y probables pagos ilegales a los funcionarios de los gobiernos de Roberto Sandoval y Miguel Alonso Reyes.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar los resultados sobre la campaña de reforestación en la Ciudad de México, implementado debido a la grave pérdida de árboles en la capital. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME LOS RESULTADOS SOBRE LA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTADO DEBIDO A LAGRAVE PÉRDIDA DE ÁRBOLES EN LA CAPITAL, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el Coordinador de la Organización Ecomunidades, Red Ecologista de la Cuenca de México, Miguel Valencia Mulkay, señala que la construcción de grandes obras, complejos habitacionales, plazas y centros comerciales, han provocado la tala de al menos 20 mil árboles en los últimos años. Según señala que ello es debido a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-001-RNAT-2012. Dicha norma, refiere a todo trabajo de poda, derribo y trasplante de árboles. Cabe mencionar, que posteriormente dicha norma tuvo algunos cambios, por el cual se anunció el  Proyecto de Norma Ambiental PROY-NADF-001-RNAT-2015, acto con el cual inició con la etapa de consulta pública. Asimismo el 25 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se dan a conocer las respuestas a los comentarios recibidos, así como las modificaciones al Proyecto de Norma Ambiental para la Ciudad de México PROY-NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México. Es en el mes de abril del año 2016 cuando se publica la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-001-RNAT-2015.

Dado que en el caso de proyectos de obras públicas o privadas que tengan que presentar un estudio de impacto ambiental y que por actividades del proyecto se requiera el derribo, poda o trasplante de árboles, el dictamen técnico de arbolado deberá ser realizado por un dictaminador acreditado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser presentado ante la autoridad correspondiente con el Nombre, Firma y Número de Acreditación vigente de quien lo realizó, así como anexar copia simple de la acreditación emitida por la Secretaría.

Cabe destacar, que algunas de las construcciones que se han realizado en la Ciudad de México han implicado el derribo de miles de árboles, como fue la construcción Viaducto Elevado Bicentenario, la empresa OHL había solicitado el derribo de mil árboles. Sin embargo, de acuerdo con una nota de El Universal del 13 de mayo de 2013, la cifra se redujo a 580. La empresa tenía que reponer 17 mil 400 árboles, que serían usados para reforestar el Parque Nacional de Los Remedios. Otro proyecto que implicó el derribo de árboles fue la Autopista Urbana Oriente, que contempló la tala de mil 437 árboles; de esos, 604 están dentro de un Área Natural Protegida. En la Línea 6 del metrobus, respecto a la cual las autoridades habían señalado que sólo se talarían 650 árboles. Pero de acuerdo con los vecinos contabilizaron mil 386 árboles que se derribaron.

Aunado a ello, a causa de los fuertes vientos que hay en la Ciudad de México, se estima que se han perdido más de 150 árboles en lo que va del año, en marzo pasado las zonas más afectadas fueron las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En la Ciudad de México, la pérdida de un solo árbol es un evento crítico para el medio ambiente y los habitantes, su tala significa un aumento de entre 10 y 30 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera cada año. De acuerdo a datos recopilados en notas periodísticas, se señala que durante la primera mitad del actual mandato (2013-2015) se ha permitido el derribo de 11,166 árboles, no obstante,  si se compara esta cifra con la de la administración anterior (2006-2012), en el cual se talaron 7,736 más árboles, puede constatarse que ha habido un daño creciente al medio ambiente a la Ciudad de México sin que se haya mitigado y restituido esa devastación.

Asimismo, se estima que el Gobierno de la Ciudad de México, ha recibido durante los años de 2012 al 2015, 90 millones 818 mil 898 pesos como compensación económica por la autorización del derribo de más de 10 mil árboles; es decir, que por cada uno el monto promedio que ha pagado cada empresa constructora ha sido de 11 mil 656 pesos. Dichas compensaciones económicas que se pagan por las autorizaciones se van al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México, en donde se etiqueta el dinero para destinarlo a obras de plantación, control de plagas, mantenimiento, rehabilitación, creación y conservación de áreas verdes. La tala y la eliminación de áreas verdes han sido una de las causas más importantes de la actual crisis ambiental, ya que se recupera dinero, pero no fuentes de oxígeno.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que este derecho será garantizado por el Estado.

III. Que conforme al artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, todo derribo de árboles debe conllevar una restitución ya sea física o económica, ponderando siempre la primera.

IV. Que conforme al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, para el derribo, poda o trasplante de árboles se necesita autorización de la Delegación respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que informe los avances sobre la campaña de reforestación de la Ciudad de México implementado por la pérdida desmedida de árboles debido a la construcción de grandes obras y por causas naturales.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno y a los Jefes Delegaciones de la Ciudad de México a que se cumpla con los lineamientos establecidos en la norma NADF-001-RNAT-2015, con el fin de evitar que la Ciudad de México continúe con la grave pérdida de árboles a causa de la construcción de obras, lo que contribuye al deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la Capital.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México informe detalladamente sobre el uso de los recursos destinado al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México por compensación económica hecha por empresas constructoras.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, el 9 de mayo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De los integrantes del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo respecto de actos racistas ocurridos recientemente en Estados Unidos de América contra mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO DE ACTOS RACISTAS OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN ESTADOS UNIDOS CONTRA MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 29 de abril se suscitó, de nueva cuenta, un acto de racismo y xenofobia contra personas mexicanas en Estados Unidos. En la Universidad de Baylor, ubicada en Waco, Texas, se llevó a cabo una fiesta “antimexicana” en la que estudiantes se disfrazaron de trabajadores indocumentados y lanzaron insultos hacia las personas latinas que residen en ese país.

En esta fiesta, organizada por la fraternidad ‘Kappa Sigma’ de la universidad, los asistentes se disfrazaron de sirvientas y trabajadores de la construcción, además de que se pintaron el rostro de color café, utilizaron sarapes y sombreros de paja y lanzaron gritos de “construyan el muro”, lo cual reflejó claramente el tinte racial que imperó en dicha fiesta.

Ante este acto, un grupo de más de 200 estudiantes mexicanos, latinos y de color organizaron el pasado lunes una protesta en la universidad en la que condenaron el suceso expresando que su cultura no es un disfraz, ni motivo de burla, y demandaron a las autoridades una investigación clara sobre lo ocurrido, una disculpa formal de la fraternidad, educación cultural obligatoria para todos los estudiantes y profesores del campus y castigo a los organizadores.1

Al respecto, Kevin Jackson, vicepresidente de la División de Vida Estudiantil de la Universidad Baylor, calificó la fiesta de “profundamente preocupante” y dijo que “no refleja en modo alguno los valores institucionales de Baylor”2. En una declaración, Jackson señaló que la Universidad está “comprometida con una misión cristiana que activamente apoya a una comunidad solidaria y diversa en el campus, y que no tolera ningún tipo de racismo en el campus. Cualquier incidente que no se alinee con nuestra fe y nuestra misión, será investigado a fondo y se tomarán las acciones necesarias”3.

La fraternidad ‘Kappa Sigma’ ya fue suspendida, por la organización de un “evento cultural insensible”. Las actividades interrumpidas, de acuerdo con la universidad, incluyen sus reuniones, eventos sociales, eventos intramuros y la educación de nuevos miembros, hasta que se termine con la revisión del incidente.4

Si bien la Universidad tomó cartas en el asunto, es de vital importancia señalar que desde el triunfo de Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pasado, se han incrementado de manera alarmante los actos de discriminación racial y de xenofobia contra mexicanos, latinos y personas de color, así como musulmanes en dicho país, principalmente por el discurso retrógrada de su presidente.

Estos actos van desde pintas con mensajes racistas en casas, automóviles o billetes de varias denominaciones hasta insultos en escuelas, el transporte público o en centros comerciales, donde no sólo les gritan que se regresen a su país, sino que incluyen amenazas de delatarlos con la policía migratoria, lo cual ha generado temor e incertidumbre en millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos.

Ante estos lamentables hechos es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condene enérgicamente cualquier hecho de discriminación hacia los mexicanos que habitan en Estados Unidos. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe reforzar las acciones de protección a mexicanos en dicho país y auxiliar en todo momento a quienes sean o hayan sido víctimas de cualquier acto de discriminación racial o xenofobia.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de discriminación racial y xenofobia ocurridos en contra de mexicanos, latinos y personas de color en la Universidad de Baylor, ubicada en Waco, Texas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de la Embajada y la Red Consular de México en Estados Unidos, refuerce las acciones de protección a los mexicanos que habitan en dicho país y a auxiliar, en todo momento, a quienes sean o hayan sido víctimas de cualquier acto de discriminación racial o xenofobia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017.

Suscriben.

1 Universidad en Texas investiga una fiesta racista celebrada dentro del campus, Animal Político, 2 de mayo de 2017, consultado en la fecha, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/05/universidad-texas-fiesta-racista/

2 Hacen fiesta “antimexicana” en universidad de Texas, El Universal, 2 de mayo de 2017, consultado en la fecha, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/2/hacen-fiesta-antimexicana-en-universidad-de-texas

3 Statementfrom #Baylor VP forStudentsLife Kevin Jackson, Twitter oficial de la Universidad de Baylor, disponible en: https://twitter.com/Baylor/status/858823830315220992/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Farticulo%2Fmundo%2F2017%2F05%2F2%2Fhacen-fiesta-antimexicana-en-universidad-de-texas

4 Animal Político, Óp. Cit.






Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a diseñar protocolos de atención oportuna, eficiente y de calidad que evite la discriminación contra las mujeres afromexicanas que sean atendidas en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar posibles desvíos de recursos públicos o financiamiento privado no declarado, en apoyo de precandidatos, candidatos o simpatizantes del partido político Movimiento de Regeneración Nacional. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA<