Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Mayo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:27 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con mucho gusto, señor Presidente. Voy a proceder a pasar lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION



Señor Presidente, informo a usted que contamos con una asistencia de 37 ciudadanos legisladores.

Por lo tanto, tenemos quórum, señor Presidente.






El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 3 de mayo de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su         escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
CELEBRADA EL jueves veintisiete
DE ABRIL DE DOS MIL diecisiete.

PRESIDE EL DIPUTADO
YERICO ABRAMO MASSO

 

En la Ciudad de México a las veintiún horas y veintitrés minutos del jueves veintisiete de abril de dos mil diecisiete, y con base en lo que disponen los artículos 118 de la Ley Orgánica del Congreso General y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el Presidente designó como Secretarias a la Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez y a la Diputada Sofía González Torres. Con una asistencia de treinta y tres legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

El Presidente dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su distribución a los legisladores.

(Acuerdo)

Se sometió a la consideración de la Asamblea, un Acuerdo de los representantes de los Grupos Parlamentarios, en relación con la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Receso del  Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Resultaron electos por 33 votos a favor los legisladores:

Presidente:
Senador Pablo Escudero Morales

Vicepresidentas:
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla
Diputada Karla Karina Osuna Carranco
Secretarios:
Diputada María del Carmen Pinete Vargas
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández
Senador Isidro Pedraza Chávez
Senador David Monreal Ávila

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

El Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 173 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaró formalmente instalada la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva instruyó comunicar por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas, de la instalación de la Comisión Permanente y de la elección de la Mesa Directiva que funcionarán  durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la Sexagésima Tercera Legislatura.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las veintiún horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente sesión el día miércoles tres de mayo, a las once horas.

El acta de la sesión de instalación se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió de la Cámara de Diputados, un Acuerdo por el que se reemplaza al Diputado Jesús Sesma Suárez por la Diputada Lia Limón García, como integrante titular ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso del segundo año de ejercicio.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se nos envía:

El Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondientes al segundo semestre del 2016.








El Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos.








Y el Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que se remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2017; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2016; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

De igual forma, el documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del gobierno federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

También se recibieron los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Remítase la información descrita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Primer Informe Trimestral 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el informe de resultados correspondiente al periodo enero-marzo 2017 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 73 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Uno, de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su visita a Veracruz, el 23 de noviembre de 2016, en la que se le notificó a la familia del señor Gonzalo Rivas, la decisión del Senado de la República de galardonarlo con la Medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2016.








Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La reunión global de la Red Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada el 12 de octubre de 2016, en París, Francia.



La reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, Japón.








Una, del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre Humanitaria Mundial, que se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2016, en Turquía, Estambul.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, por la que hace referencia a un punto de Acuerdo presentado el 8 de diciembre de 2016, en torno a la creación de una comisión especial que analice y revise los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de mayo de 2017.

Es todo, señor Presidente

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a consideración de la Asamblea el Proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de presupuesto para el mes de mayo de 2017.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido en el mes de marzo de 2017.

Es todo señor, Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del informe.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito el Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente. El proyecto se les entregó en la sesión de instalación del jueves 27 de abril. Esta versión se modificó para incorporar la adición que la Comisión Permanente aprobó en la sesión del 11 de mayo de 2016, y el nuevo texto lo tienen en sus escaños. El Acuerdo también está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, muy amable. Se encuentra a discusión.

Si nadie quisiera hacer uso de la palabra, le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo para normar las Sesiones y el Orden del Día de la Comisión Permanente. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria publicar el Acuerdo en el portal electrónico de manera permanente.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta iniciativa adiciona una fracción X al artículo 2; se adiciona la fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 8; se reforman las fracciones I y III del artículo 3; el párrafo primero del artículo 10; el artículo 15; el primer y segundo párrafos del artículo 38; el artículo 39 y se reforman las fracciones VI y VIII del artículo 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y la iniciativa, en resumen, es como sigue:

En México, el derecho a la información es fundamental y se encuentra debidamente establecido en el artículo 6o., párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ustedes saben que el 4 de mayo de 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero esta ley, que es novedosa, es una ley multicitada que ha dado mucho de qué hablar, es un marco jurídico innovador importante, porque el tema que encierra es muy importante, como la transparencia y el acceso a la información en nuestro país.

Pero cuando revisamos cada uno de los capítulos que tiene que ver con esta ley, encontramos que no tiene una real perspectiva de género. No hay una definición como tal, pero tampoco, lo más interesante, que no es la única ley, no tiene un lenguaje incluyente y es necesario que podamos poner, alinear, homologar esta legislación también como se requiere, a partir de una reforma tan importante en 2011, que tiene que ver con los derechos humanos y todas las reformas que tienen que ver con la participación igualitaria en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto incluir la perspectiva de género y el lenguaje incluyente dentro de esta ley.

El derecho a la información se ha concebido en los últimos tiempos como un derecho fundamental, reconocido sobre todo en los ordenamientos internacionales como uno de los derechos humanos más importantes al que se puede recurrir.

Suecia encaró el desafío de la modernización de su gobierno en la última etapa del siglo XIX, y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia, pero incluía, de manera transversal, lo que tiene que ver con la perspectiva de género.

Por eso, en resumen, estamos proponiendo una reforma que tenga que ver con un lenguaje incluyente y tener a salvo los derechos a la transparencia, a la información, que a las mujeres también nos deben en una legislación más adecuada, una legislación moderna, novedosa, como es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 512-A y 512-B de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 512-A Y 512-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Gracias, con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

En Acción Nacional sabemos que el trabajo es un medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.

Estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores.

La salud de las personas es un aspecto fundamental para una vida productiva y cualitativa, y para que el Estado pueda responder adecuadamente a las necesidades de salud de los mexicanos, debe considerar los múltiples ambientes en los que se despliega la actividad humana como los centros de trabajo, factores de riesgo como el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras o el estrés pueden provocar enfermedades ocupacionales y agravar otros problemas de salud del trabajador.

Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social son contundentes, entre 2008 y 2016, los trabajadores que enfermaron por cuestiones laborales aumentaron en 23 por ciento, esta situación pone de relieve la necesidad de llevar a cabo acciones continuas para crear y reforzar una cultura nacional de prevención en seguridad y salud en el trabajo.

Entre las instancias responsables de atender la salud de las y los trabajadores mexicanos, se encuentra la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comisiones consultivas estatales establecidas en la Ley Federal de Trabajo.

Dicha ley señala que las comisiones se integrarán por representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Gobernación, de la Semarnat, del IMSS, así como organizaciones de trabajadores y de patrones a las que convoquen.

Y en el caso de las estatales, también participa el titular del Ejecutivo.

En el PAN, creemos que para poder mejorar la salud y la seguridad en el trabajo es necesaria una mayor vinculación y cooperación entre poderes.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto incluir a los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud del Congreso de la Unión, dentro de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, propone modificar la ley para que a nivel estatal también los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, o sus homólogos en los poderes legislativos de las entidades, formen parte de las comisiones consultivas estatales en esta materia.

De esta forma, se propone agregar a los artículos 512-A y 512-B lo siguiente:

A las sesiones de Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo serán invitados permanentes, previa convocatoria, los Presidentes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, quienes tendrán voz, pero sin voto, para opinar sobre los temas que se aborden.

El Poder Legislativo a nivel federal y estatal debe asumir a cabalidad su responsabilidad en el cumplimiento del derecho a la salud.

Con los cambios propuestos en esta iniciativa podremos fortalecer la cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en favor de la salud y los trabajadores mexicanos y, de igual manera, opinar sobre la política laboral en materia de salud en México.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Paniagua Figueroa. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.






Tengo registrado al Diputado Zambrano. Diputado, pero ya tenemos el Acuerdo de comisiones, me permite votarlo y luego le doy el uso de la palabra. Gracias.

Le pido a la Secretaría dé lectura, por favor, al Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Si nadie quisiera hacer uso de la palabra, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de esta Comisión Permanente.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.






Y ahora sí, tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, para que presente la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO N) DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre propio y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La presente iniciativa tiene como propósito reformar la Ley General de Partidos Políticos para limitar el gasto grotesco e indigno que estamos viendo por parte del gobierno federal y su partido en los procesos electorales locales de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz; y al mismo tiempo pretende limitar el gasto de dinero público en los procesos federales del 2018.

El grupo parlamentario del PRD rechaza y condena el manejo faccioso de los procesos electorales por parte del gobierno, que está llevando a cabo en estas cuatro entidades. Urge recobrar el decoro republicano en el desarrollo de los comicios en nuestro país y sólo podremos hacerlo si combatimos, de fondo y de raíz, la corrupción electoral.

Esta, la corrupción electoral, está corroyendo las bases de la confianza en nuestros comicios, se regalan despensas y se manipulan programas sociales con fines partidistas, se amenaza a los beneficiarios de estos programas con el cuento de que si no votan por el PRI se les quitarán, como ya está sucediendo en algunos estados de la República, la gente vive atemorizada, no solamente por la delincuencia común, sino que ahora también por la delincuencia electoral que está desatada en estas entidades.

Cómo se puede hablar de libertad de sufragio, cuando el gobierno federal y los gobernadores de estas entidades están metidos a fondo para apoyar a los candidatos de su partido, desviando recursos y condicionando apoyos sociales con la maquinaria electoral a todo lo que da, como en los viejos tiempos, del partido de Estado.

El PRD ha estado impulsando en las Cámaras Legislativas, un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas para que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, para que nuestros procesos electorales sean austeros, para que se controle el gasto electoral, que se respeten los topes de gastos de campañas y que se destierre la corrupción electoral que nos impone la vieja cultura política.

Pero los partidos que hacen mayoría, principalmente el PRI y sus aliados, han frenado una y otra vez las propuestas de reducción del financiamiento público a partidos y de los topes de gasto electoral.

Lo hicieron recientemente apenas el pasado 28 de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sabiendo que este mes de mayo que ha empezado a correr, es el último plazo para este tipo de reformas en materia electoral.

Tenemos obligatoriamente que desterrar la corrupción electoral, esto no es cosa menor. Cuando el dinero impone el triunfo de un candidato, lo condena a él y a su partido a una gestión corrupta, e incluso a veces criminal.

Esto es lo que está pasando en nuestro país. Los candidatos que llegan al poder, llegan llenos de compromisos con el gobernador que los apoyó, con empresarios abusivos o con la delincuencia organizada, y tienen que gobernar para ellos, y darle, en consecuencia, la espalda a la gente que es la que debiera elegirlos.

Este poder corruptor del dinero también lo vimos claramente con los miles de pesos, recientemente que aceptó, y que dice que luego regresó, la señora Eva Cadena Sandoval, Diputada local de Morena, quien sigue, por cierto, evadiendo a la FEPADE.

O cuando se descuenta de su salario a los trabajadores del municipio de Texcoco para fines políticos, como lo hizo la ahora candidata de Morena al gobierno del Estado de México. No puede pregonarse por todos lados la llamada “honestidad valiente”, y ser oscuridad de la casa.

El gobierno de Peña Nieto, por su parte, debe sacar las manos de los procesos electorales actuales, dejar de estar inflando artificialmente el gasto público en los estados de México, Coahuila y Nayarit, porque no le va a dar resultado.

Además, debe dejar de defender, a cualquier precio, a gobiernos fallidos de su partido, como el de Nayarit, claramente vinculado con el crimen organizado; y el narcotráfico, como el de Coahuila, en donde se protege la impunidad de la familia Moreira; o del Estado de México, en donde los delincuentes les han impuesto a sus habitantes los peores escenarios de violencia e inseguridad de los últimos tiempos.

Por ello estamos convencidos de que sólo promoviendo una verdadera austeridad entre los partidos políticos, podremos avanzar en la construcción de una verdadera democracia, ése es el propósito de la presente iniciativa para reformar la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 28, es una decisión urgente.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, DIP. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA y DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Frente al brutal dispendio de los recursos económicos que se da durante el desarrollo de las campañas electorales en nuestro país y atendiendo el justificado reclamo social en torno al gasto que hacen los partidos políticos durante estos procesos, es urgente limitar el gasto y el derroche de recursos públicos y privados en las contiendas electorales.

Siendo sensibles a la situación de crisis que vive el país, presentamos la siguiente iniciativa que pretende eliminar el excesivo y superfluo gasto de campaña en las contiendas electorales.

Tenemos la convicción de que el voto no debe comprarse y que al ciudadano hay que convencerlo con las propuestas y el programa que presente cada partido y sus candidatos y candidatas, y que se le debe también tratar como a una persona mayor de edad, y no como a una persona sin criterio, que como simple clientela puede ser susceptible de vender su voto.

Tenemos que desterrar el clientelismo electoral para siempre si queremos que la democracia mexicana logre madurar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO N DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

Artículo Único. Se reforma el inciso N del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a  m)  …

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; evitando el dispendio y en estricto apego a los criterios de la austeridad republicana.

o) a  u) …

TRANSITORIO

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 3 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Omar Ortega Álvarez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Jesús Zambrano Grijalva. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

En los últimos años se ha configurado una concepción del sistema de justicia mexicano, son diversas las materias en las que la oralidad predomina en los procesos, a fin de garantizar una justicia pronta y expedita. Y es prudente apuntar que este sentido se originó en un contexto protagonizado por la débil credibilidad de los órganos encargados de realizar las tareas de procuración e impartición de justicia. La seguridad jurídica sólo figuraba para unos cuantos y bajo ciertas condiciones.

Desde que ha sido implantado el nuevo sistema de impartición de justicia en materia penal, existen diversos puntos de vista que se contraponen, no obstante, es una realidad que ya está operando y que las deficiencias deben de subsanarse de forma oportuna, mientras transita hacia su consolidación.

El nuevo paradigma del sistema acusatorio se ha basado principalmente en la oralidad, así como en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación a que se refiere la Constitución federal.

Asimismo, como producto de la conocida reforma constitucional que tuvo lugar en el 2008, indudablemente se reconoce la importancia que tiene la participación de la víctima u ofendido del delito a través del establecimiento de sus derechos en el proceso penal, logrando así un equilibrio entre las partes.

Dicho esto, cabe precisar que una parte medular de esta reforma fue la reestructuración del artículo 20 constitucional, el cual fue dividido en tres apartados, para efectos de la presente iniciativa. El tercero resulta el más importante, debido a que establece los derechos de la víctima o del ofendido.

En primer lugar, respecto a la víctima, es oportuno concebirla en el mismo sentido que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, que considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva del sujeto activo.

Bajo esta idea, como es lógico, la víctima es una parte elemental para la norma del desarrollo del proceso penal, en los casos concretos en que pueda serlo.

Por otro lado, es indispensable que se tome en cuenta la existencia del ofendido del delito, el cual el código citado con antelación considera ofendido a la persona física o moral, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

Por ejemplo, en un caso en que la víctima fuera privada de la vida como consecuencia del delito, o bien, no pueda ejercer personalmente sus derechos, la norma considera ofendidos por prelación, desde la, o el cónyuge y los parientes en ambas líneas, sin limitación hasta cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.

Se dice que el ofendido dentro de ciertos límites también es tema en el proceso, pues entra a la escena del enjuiciamiento y es referencia para otros propósitos, como la ponderación de la gravedad del delito y la definición de la pena individualizada, motivo por el cual también es fundamental su intervención y, por ende, el reconocimiento y respeto íntegro de sus derechos.

Pese a la diferencia conceptual que hay entre ambos, es una realidad que constitucionalmente se les trata por igual, tal y como se desprende en el artículo 20, Apartado C de la Constitución Federal, dentro de los derechos contenidos en el precepto, destaca uno de los más importantes en su primer fracción, el de “recibir asesoría jurídica”.

Complementando el mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 109, fracción VII, el derecho de la víctima u ofendido a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento.

Tal como se desprende de ambos ordenamientos, la víctima y el ofendido tienen derecho a ser asesorados jurídicamente, supuesto que obedece al principio de igualdad, toda vez que en el proceso penal el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues se le debe de conceder iguales condiciones procesales, de manera que ninguno puede, ni debe quedar en estado de indefensión.

La figura del asesor jurídico es producto de la reforma constitucional mencionada, y su participación también resulta relevante en razón de fungir como representante de los intereses de la víctima o del ofendido, en su caso.

Conforme al código adjetivo, su intervención será para orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal bajo esta premisa. Se infiere que su actuar debe desarrollarse en condiciones óptimas de igualdad procesal.

Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de subsanar algunas cuestiones de este procedimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral1, fracción I; 164 numeral1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La oralidad implantada a los procesos, en términos generales, ha tenido consecuencias favorables aunque también enfrenta una serie de retos que persisten y dificultan su debida aplicación a nivel nacional, “sin duda, una justicia de tanta calidad como la que el sistema de enjuiciamiento oral ofrece, requiere del correspondiente incremento de medios de todo orden que, en realidad, no tienen por qué ser cuantiosos en exceso pero sí siempre suficientes para el logro de los importantes efectos buscados”.1 Por tanto, la oralidad aplicada particularmente a la materia penal, actualmente por mandato constitucional, debe adecuarse de forma inmediata y positiva, primordialmente teniendo en consideración los derechos establecidos para cada una de las partes que participan y dan cauce al proceso.

Asimismo, es prudente apuntar que se está ante una nueva concepción del sistema de impartición de justicia en el país, pues éste se ha configurado en un contexto social en el que se mira debilitada la credibilidad de los órganos encargados de realizar esta tarea a los ojos de los ciudadanos. Antes que México, otros países ya conocían, instrumentaban y aplicaban un sistema de justicia oral en diversas materias, entre ellas la penal; fue hasta 2008 cuando en el país se impulsó la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, la cual a grandes rasgos dio las bases para la implementación del sistema procesal penal acusatorio y los juicios orales.

La complejidad de la reforma mencionada con antelación se debe al conjunto de cambios sustanciales que conllevó, pues aunado a la implementación de dicho sistema, se hizo un gran énfasis al respeto irrestricto de los derechos humanos y a las garantías de seguridad jurídica en materia penal, dando una posición equilibrada a la víctima u ofendido del delito así como al imputado y estableciendo en el artículo 20 de la Constitución Federal que:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Asimismo, cabe precisar que una parte medular de esta reforma fue la modificación al dispositivo citado, el cual se dividió en tres apartados: A. De los principios generales; B. De los derechos de toda persona imputada; y C. De los derechos de la víctima o del ofendido. Como puede verse, esta reestructuración es uno de los pilares que contiene, además de los aspectos primordiales para el desarrollo del sistema penal, las bases para establecer una relación de equilibro entre la victima u ofendido del delito y el imputado.

En este sentido, sin entrar a profundidad al estudio del nuevo sistema penal acusatorio, para efectos de la presente iniciativa es importante hacer hincapié en el papel que desarrolla la victima u ofendido del delito, así como en lo indispensable que resulta el efectivo reconocimiento, protección y materialización de los derechos que les han sido reconocidos por la Constitución y las leyes.

En primer lugar, es necesario saber en qué momento se está ante una víctima o ante un ofendido. De acuerdo con la Real Academia Española, en Derecho, la víctima es la “persona que padece las consecuencias dañosas de un delito”.2 La Ley General de Victimas proporciona un concepto más completo, incluso hace una clasificación de las víctimas en su artículo 4°que a la letra dice:

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Tal como se infiere del precepto anteriormente citado, se puede concebir a la víctima desde distintas vertientes, no es posible limitar su definición, toda vez que dado el gran impacto que tiene la actividad delictiva, ha sido necesario hacer una diferenciación más específica.

Sin embargo, cabe recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales ha establecido ya su definición concreta en el artículo 108, el cual para efectos de ese Código adjetivo “considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva”. Por lo anterior, y tomando en consideración que las modificaciones propuestas en la presente iniciativa son a este último ordenamiento, es viable apegarse a su definición, sin perjuicio de haber dejado constancia del amplio alcance que tiene la víctima del delito en el marco normativo del país.

No obstante lo anterior, es indispensable que se tome en cuenta al ofendido del delito, a quien el Código procedimental citado con antelación, lo define como “a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito”. Apunta Sergio García Ramírez que el ofendido, “dentro de ciertos límites, también es tema en el procedimiento, en la medida en que se le debe conocer y valorar para diversos propósitos. Puesto en otras palabras, el ofendido no es apenas un proveedor de la notitia criminis y de la voluntad de proceder, en los delitos perseguibles a instancia de particulares, y un medio y objeto de la prueba en esos mismos casos y en todos los demás, sino también entra a la escena del enjuiciamiento bajo otros títulos relevantes”.3 Bajo esta premisa señala el autor que el “ofendido será punto de referencia para otros propósitos, incluso la ponderación de la gravedad del delito y la definición de la pena individualizada”.4

Por lo expuesto, es posible considerar que la víctima y el ofendido son partes fundamentales en el sistema de justicia penal, su participación en éste se contempla indispensable, razón de sobra para que sus derechos sean garantizados y respetados plenamente. Pese a la diferencia conceptual que se hace entre la víctima y el ofendido, es una realidad que constitucionalmente se les trata por igual, tal y como se desprende del artículo 20 en su apartado C, el cual de forma general establece los derechos que les asisten como sujetos en el proceso penal, dentro de los cuales destaca uno de los más importantes en su primer fracción:

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento        penal…

Complementando al mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 109, fracción VII, el derecho de la víctima u ofendido “a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable”. Este Asesor jurídico, de conformidad con el Código adjetivo, puede ser designado en cualquier etapa del procedimiento por la victima u ofendido; derivado de las funciones de asesoría que se requieren de este sujeto procesal, se ha establecido la necesidad de que se ostente como licenciado en derecho. Además se ha regulado que si se da el caso en que la víctima u ofendido no puede designar un asesor jurídico particular, tiene derecho a que le sea asignado uno de oficio.

Tal como lo establece el texto constitucional y el Código Procedimental, tanto la víctima como el ofendido tienen derecho a ser asesorados jurídicamente, supuesto que obedece al principio de igualdad, toda vez que “…en el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones procesales de manera que ninguno quede en estado de indefensión...”.5 La figura del Asesor jurídico es producto de la reforma constitucional mencionada y su participación también resulta relevante en razón de fungir como un representante de los intereses de la víctima o del ofendido en su caso, dotando de mayor certeza al trabajo que realice el Ministerio Publico, pues el Asesor jurídico tiene permitido suplir alguna deficiencia que vulnere los derechos de su representado.

Derivado de lo anterior, se dice que “la figura del asesor jurídico, dentro del proceso penal, está enfocada en brindar certeza durante el proceso a las víctimas y su servicio es completamente para las mismas, sin embargo sus atribuciones pueden ser confundidas con las del ministerio público por lo que deben estar bien delimitadas para que no exista un conflicto entre estos y eso entorpezca el proceso penal. Lo cierto es que el ministerio público y el asesor jurídico tienen que trabajar de la mano en pro de procurar justicia y reparación del daño”.6

Es indispensable mencionar que, de acuerdo con el multicitado Código adjetivo“…la intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido...”,7 motivo por el cual su actuar debe desarrollarse en condiciones óptimas y bajo los principios que rigen al proceso.

La Constitución es precisa al establecer literalmente que la asesoría jurídica es un derecho que le asiste tanto a la víctima como al ofendido en su caso, mandato que debe hacerse efectivo en todos los ordenamientos de la materia. Por otro lado, también se ha dejado claro que el ofendido del delito es un sujeto procesal indispensable, por lo que debe ser considerado en todo momento como tal por el marco normativo que regula su participación. Por último, se ha hecho hincapié en el importante papel que debe desempeñar el Asesor jurídico como sujeto procesal en el nuevo sistema de justicia penal, razón por la cual no se le debe excluir de diversas actuaciones que resultan medulares para el proceso, pues de ser así, se estaría vulnerando el derecho de la víctima u ofendido, situación que consecuentemente se traducirá en indefensión.

Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de subsanar algunas cuestiones en las que el Código Nacional de Procedimientos Penales es impreciso:

De inicio, el artículo 3° en su primera fracción, cuando define al Asesor jurídico, omite mencionar que se trata también del que le asiste a los ofendidos del delito, pues solo hace referencia a las víctimas. Por esta razón, mediante la presente iniciativa se considera fundamental aclarar que se trata de “los asesores jurídicos de las víctimas u ofendidos” por las razones que ya se han expuesto y en concordancia con el artículo 17, tercer párrafo del Código procedimental.

En el sentido de la modificación al artículo anterior, se hace la misma adición del término “u ofendido” a los artículos 4° (Características y principios rectores); 158 (Debate de medidas cautelares); 315 (Continuación de la audiencia inicial), y 372 (Desarrollo de interrogatorio), se proponen estas modificaciones en razón a que el ofendido no tiene por qué ser excluido de los referidos dispositivos del Código adjetivo, pues se le estarían vulnerando sus garantías procesales.

Por lo que hace a los artículos 138 (Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima); 173 (Tipo de garantía); 195 (Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso); 198 (Revocación de la suspensión condicional del proceso); 216 (Proposición de actos de investigación),y 344 (Desarrollo de la audiencia), se propone mediante la presente iniciativa adicionar en su respectivo contexto la participación del Asesor jurídico, pues bajo la premisa de que este Asesor está facultado para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido, el que suscribe considera trascendente que se legitime su oportuna intervención en aspectos como: la solicitud de providencias precautorias, la sustitución de la garantía, en la revocación de la suspensión condicional del proceso, proponer actos de investigación conforme a los intereses de sus representado.

Es indubitable el carácter supremo de la Constitución, por ello, los ordenamientos legales deben observar lo dispuesto en ésta a fin de no violentarla y de paso no transgredir los derechos de las personas. Las garantías procesales en materia penal son fundamentales, sobre todo cuando se está en un camino de transición de un sistema a otro. En este sentido, actualmente ya no es posible concebir un proceso en el que las partes estén en condiciones desiguales, más bien es prioridad que se establezcan bases justas tendientes a dar el equilibrio necesario al sistema de impartición de justicia.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3°, fracción I; 4°, segundo párrafo; 138, primer, segundo y tercer párrafos; 158; 173, segundo párrafo;  195, segundo párrafo; 198, primer párrafo; 216; 315, primer párrafo; 344 primer y último párrafos; 372, segundo párrafo todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 3°. Glosario

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por:

I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctima su ofendidos, federales y de las Entidades federativas;

II. a XVI. …

Artículo 4°. Características y principios rectores.

Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima u ofendido como la dignidad del imputado.

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima.

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido, el Asesor jurídico o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias:

I. a II. …

El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.

Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico y al Ministerio Público.

Artículo 158. Debate de medidas cautelares.

Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima u ofendido o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.

Artículo 173. Tipo de garantía.

La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras:

I. a VI. …

El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, si estuviese presente.

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso.

I. a XIV. …

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso.

Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público, de la víctima u ofendido o del Asesor jurídico, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda.



Artículo 216. Proposición de actos de investigación.

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial.

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

Artículo 344. Desarrollo de la audiencia.

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Asesor jurídico o Defensor respectivamente; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código.

Si es el caso que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico.

Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio.

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3o. Glosario

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por:

I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctimas, federales y de las Entidades federativas;

 

II. a XVI. …

Artículo 3°. Glosario

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por:

I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctimas u ofendidos, federales y de las Entidades federativas;


II. a XVI. …

Artículo 4o. Características y principios rectores

Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado.

Artículo 4°. Características y principios rectores

Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima u ofendido como la dignidad del imputado.

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitaral juez las siguientes providencias precautorias:

I. a II. …

El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.

Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público.

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido, el Asesor jurídico o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias:

I. a II. …

El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.


Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico y al Ministerio Público.

Artículo 158. Debate de medidas cautelares

Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.

Artículo 158. Debate de medidas cautelares

Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima u ofendido o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.

Artículo 173. Tipo de garantía

La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras:

I. a VI. …

El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido, si estuviese presente.


Artículo 173. Tipo de garantía

La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras:

I. a VI. …

El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, si estuviese presente.


Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso

I. a XIV. …

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso

I. a XIV. …

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso

Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda.




Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso

Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público, de la víctima u ofendido o del Asesor jurídico, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda.




Artículo 216. Proposición de actos de investigación

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.

Artículo 216. Proposición de actos de investigación

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio   Público.

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

Artículo 344. Desarrollo de la audiencia

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código.

Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido.

Artículo 344. Desarrollo de la audiencia

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Asesor jurídico o Defensor respectivamente; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código.

Si es el caso que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico.

Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código.


Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código.


Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, La oralidad procesal en Iberoamérica, Secretaria Permanente, Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008, consultado el 19/04/17. Disponible en: http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=8b98e368-a52a-444e-8766-73c28c2690f7&groupId=10124

2 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], consultado el 21/04/17, búsqueda especifica disponible en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=v%C3%ADctima

3 García Ramírez, Sergio, El ofendido en el proceso penal (Conferencia en el 50o. Curso Internacional de Criminología, sobre "Justicia y atención a víctimas del delito", México, 6 de abril de 1955), Boletín Mexicano de Derecho Comparado [en línea], artículo consultado el 21/04/17, disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/view/94

4 Ídem.

5 Tesis: 1a. CC/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, Noviembre de 2009, p. 410.

6 Ramos, Alejandra, El asesor jurídico [en línea],Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC): Proyecto Justicia, articulo consultado el 25/04/17, disponible en: http://proyectojusticia.org/el-asesor-juridico/

7 Véase el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Esta iniciativa de ley es para prevenir el desperdicio de alimentos, en contexto con una ley que ya se propuso en muchas partes del mundo.

En México, 23 personas mueren diariamente por falta de alimentos y más de 27 millones de personas padecen hambre, de acuerdo con los reportes del Coneval y del Inegi.

Sin embargo, diariamente supermercados, restaurantes, hoteles y diversos establecimientos tiran cantidad de comida en buen estado. Vivimos en un país que padece al mismo tiempo hambre y despilfarro de alimentos.

La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos, casi la mitad de estos son frutas y verduras, un 46 por ciento; los cereales representan un 29 por ciento y los productos de origen animal, cárnicos, lácteos y pescados, el 25 por ciento.

Con la finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos, desde hace un año presenté una iniciativa de ley que tiene como propósito movilizar a la sociedad para disminuir el hambre de millones de mexicanos. La Cámara de Diputados la tiene congelada, la retiramos y hoy la estamos presentando nuevamente.

Durante este año, organismos internacionales, gobiernos nacionales, estatales y organizaciones no gubernamentales impulsaron diversas iniciativas para lograr mayor conciencia sobre el desperdicio de alimentos.

En febrero de 2016, Francia aprobó una ley que prohíbe tirar o destruir alimentos en buen estado y sanciona con multa a los supermercados por hacerlo.

Seis meses después, Italia fue el segundo país de Europa en legislar contra el desperdicio de alimentos.

A diferencia de Francia, la ley italiana no penaliza con multas, sino que incentiva a las empresas que quieran donar, reduciendo sus impuestos.

En América Latina se legisló para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su donación, en Perú, Argentina, Colombia y Panamá.

La FAO continuó con su iniciativa “Salvemos la Comida”, con el objetivo de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en todos los países, porque considera que en el mundo se produce comida suficiente para erradicar el hambre, y si se lograra recuperar la mitad de los productos desperdiciados, sería posible alimentar a toda la población del planeta.

Asimismo, el Movimiento Frigano, integrado por activistas que luchan contra la pobreza y se oponen al desperdicio de comida y al consumismo innecesario, amplió su influencia y sus propuestas, lograron presencia en los medios de comunicación masiva.

Una solución al desperdicio de alimentos consiste en donarlos a bancos de alimentos o comedores públicos, alimentos que estén en buen estado.

Los bancos de alimentos recolectan y distribuyen alimentos que ya no son comercializables, pero que pueden consumirse y los envían a instituciones de asistencia social y comunidades marginadas.

Importantes empresas locales y transnacionales apoyan a los bancos de alimentos. Sin embargo, un gran número de empresas no donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas a pesar de que la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación establecen beneficios fiscales a quienes donen bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación.

Con la finalidad de crear conciencia, prevenir y reducir el despilfarro, así como fomentar la donación a la población más desprotegida, nuevamente presento la iniciativa para prevenir el desperdicio de alimentos.

La iniciativa se inscribe dentro del gran movimiento mundial que lucha en contra del despilfarro de los alimentos. Su propósito es influir en la mentalidad de la gente con la finalidad de promover prácticas de consumo responsable.

No intenta repartir a los pobres la comida que les sobra, sino busca la movilización de la sociedad con el propósito de disminuir la pobreza alimentaria y el hambre que padecen millones de mexicanos.

Esta iniciativa propone que los supermercados adopten medidas para disminuir el desperdicio de alimentos, donando los productos que aún pueden ser consumidos y que no se vendan por la cercanía de su fecha de caducidad, o bien, porque se haya rebasado la fecha, pero que estén en buen estado.

Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o de combustibles biodegradables.

Enfrentar el desperdicio de alimentos nos ayudará a construir un futuro sustentable, terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos.

Esto es una propuesta y un compromiso de Morena.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA QUE CREA LA LEY PARA PREVENIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Diariamente, millones de toneladas de comida son desperdiciadas. Gran parte de las cosechas de alimentos no llegan a los consumidores finales: se abandonan en los campos de cultivo, se pierden en el traslado, se echan a perder por la falta de sistemas adecuados de refrigeración y almacenamiento, son rechazadas por los intermediarios debido a que no cumplen con los criterios estéticos y de calidad exigidos. Los excedentes se destruyen para que el precio de los productos no baje.

En los supermercados, los productos cercanos a su fecha de caducidad son exhibidos en los mejores lugares, en los pasillos de mayor circulación y en los mostradores de refrigeración más cercanos a la gente. Sin embargo, a pesar de las políticas de conservación de alimentos, de las baratas y los descuentos, los productos alimenticios son dados de baja aun cuando cumplen con las normas sanitarias y nutricionales adecuadas.

Los alimentos que sufren alteraciones en el envasado o pierden las características que los hacen atractivos son considerados como residuos o desechos, a pesar de que son perfectamente comestibles. Enormes cantidades de comida preparada son arrojadas a la basura porque no se venden.

Una solución al desperdicio de alimentos es reducir su precio o donarlos a comedores públicos o bancos de alimentos. Sin embargo, los supermercados no consideran la posibilidad de disminuir drástica y permanentemente los precios y no los donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas.

La FAO ha señalado que en el mundo se producen alimentos suficientes para erradicar el hambre. Si se recuperan la mitad de los productos que se desperdician es posible alimentar a toda la población del planeta. Con este fin ha lanzado la iniciativa “Salvemos la Comida” que busca que los sistemas alimentarios de todos los países reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos.

México forma parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ha suscrito diversos instrumentos legales entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en donde se establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4° que: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado garantizará este derecho.

Sin embargo, en nuestro país, millones de personas padecen hambre, y miles de toneladas de alimentos se desperdician. Vivimos en un país con hambre y despilfarro al mismo tiempo.

En 2014, de acuerdo a datos aportados por el CONEVAL, más de 27 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza alimentaria y el INEGI reporta que 23 personas mueren diariamente por hambre, el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.

Además de hambre, la falta de alimentos provoca desnutrición y en los niños tiene severas consecuencias, los daños que provoca sobre su desarrollo físico y mental no podrán ser superados jamás.

La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos que equivalen al consumo de 27 millones de personas, casi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras (46%), los cereales representan el 29% y los productos de origen animal, cárnicos lácteos y pescado el 25%.

Las cifras antes señaladas son estimaciones. Las empresas comercializadoras los grandes supermercados, los restaurantes, los hoteles y en general las empresas de alimentos no están obligados a informar el destino final de los productos que no venden. La destrucción de alimentos es una práctica oculta que intenta pasar desapercibida. Son muy pocas las empresas que actúan con responsabilidad social y tienen un compromiso en el cuidado del medio ambiente.

La propuesta que el día de hoy presentamos se inscribe dentro de un gran movimiento mundial que lucha contra el desperdicio de los alimentos. Todas las corrientes ideológicas y políticas con diferentes razones y argumentos se manifiestan en contra de que los alimentos terminen en los botes de basura. Hay quien considera que es una distorsión del mercado y un uso ineficiente de recursos, mientras otros cuestionan las implicaciones éticas de desperdiciar la comida en un mundo donde existen millones de personas desnutridas y hambrientas, además de las graves consecuencias ambientales.

La propuesta cuestiona un modelo de consumo que favorece falsas necesidades y genera hábitos equivocados. Pretende trabajar sobre la mentalidad de la gente, con la finalidad de promover prácticas de consumo responsable. No intenta repartir a los pobres la comida que les sobra a los ricos. Busca la movilización de la sociedad con el propósito de disminuir la pobreza alimentaria y el hambre de millones de mexicanos que la padecen.

Se propone que la menor cantidad de alimentos termine en la basura, mediante la participación de la sociedad con acciones que contribuyan a la formación de bancos de alimentos, comedores populares y organizaciones solidarias comprometidas con los millones de familias que hoy en día no pueden adquirir la canasta básica.

Propone que los supermercados adopten medidas para disminuir el desperdicio de alimentos, donando los productos que aún pueden ser consumidos y no se venden por diversos motivos como la cercanía de su fecha de caducidad o que haya pasado la de consumo preferente o por defectos estéticos.

Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o combustibles biodegradables.

Enfrentar el desperdicio de alimentos ayudará a construir un futuro sustentable. Tendrá importantes repercusiones sobre otros problemas como el desperdicio de energía, la disminución de emisiones de CO2, la contaminación y el despilfarro de agua, el empleo de pesticidas, el cambio en los usos del suelo. Es un compromiso que ayudará a preservar la salud de los ecosistemas, comparable a preservar la biodiversidad o combatir el calentamiento global.

Garantizar el derecho a la alimentación no será posible sin la participación consciente de la sociedad. Terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos es un compromiso de Morena.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, para quedar como sigue:

Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos

Capítulo I
Del Objeto

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto prevenir el desperdicio de alimentos.

Artículo 2. Con la finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos las empresas comercializadoras, con una superficie superior a los 300 metros cuadrados y aquellas cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos preparados, deberán donar los alimentos que por diversas causas no pueden ser vendidos, pero aún pueden ser consumidos.

Artículo 3. Todos los integrantes del sector alimentario deberán establecer las siguientes prioridades en el manejo de sus productos:

I. Prevenir el desperdicio de alimentos;

II. Destinar a la donación o a la transformación los productos que no se han vendido y aún son adecuados para el consumo humano;

III. Recuperarlos y destinarlos a la alimentación animal;

IV. Aprovecharlos para producir composta o abonos para la agricultura; y

V. Destinarlos a la obtención de biocombustibles.

Artículo 4. Sin menoscabo de las normas relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos, queda prohibido destruir o inutilizar para el consumo o el aprovechamiento los productos alimenticios que no fueron vendidos y aún pueden ser consumidos.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Alimento: cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;

II. Alimento excedente: cualquier alimento que no se puede vender, pero aún puede consumirse.

III. Banco de Alimentos: Organización sin fines de lucro cuyo objetivo es recuperar los excedentes alimenticios y redistribuirlos a organizaciones sociales o población vulnerable, evitando el desperdicio o mal uso.

IV. Comedor popular: Organización pública que tiene como fin proporcionar comida gratuita, o mediante una pequeña contribución, a personas de escasos recursos económicos.

V. Población vulnerable: grupos sociales en condiciones de pobreza y pobreza extrema; y

VI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Capítulo II
De la Comisión para Prevenir el Desperdicio de Alimentos

Artículo 6. Se declara de interés social la integración de una Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

Artículo 7. La Comisión Nacional estará integrada por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Economía; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 8. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias así como representantes de organizaciones sociales y privadas. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico.

La Comisión Nacional sesionará cuando menos una vez por bimestre.

Artículo 9. La Comisión Nacional es una instancia de coordinación, concertación y colaboración, de los gobiernos federal, los de las Entidades Federativas, los municipales, las alcaldías, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:

I. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios, alcaldías, organizaciones sociales y privadas, así como empresas para evitar el desperdicio de alimentos;

II. Impulsar la formación de bancos de alimentos, comedores populares y organizaciones solidarias con el propósito de recibir donación de alimentos destinados a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema;

III. Fomentar la participación de los ciudadanos, familias, organizaciones y, en general, de los sectores social y privado para el rescate de alimentos y su aprovechamiento;

IV. Promover y llevar a cabo campañas de información y sensibilización a través de diversos medios, incluyendo la comunicación masiva, para prevenir el desperdicio de alimentos; y

V. Promover que se incluyan contenidos educativos en las escuelas sobre el objeto de la presente ley.

Artículo 10. La Secretaría de Desarrollo Social coordinará a la Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

Artículo 11. - La Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos contará con un consejo de carácter consultivo, conforme a las normas que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Capítulo III
Sanciones

Artículo 12. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, serán sancionadas con la imposición de una multa de 1,000 a 10, 000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, se difundirá la sanción señalando al infractor como una empresa que no tiene responsabilidad social.

TRANSITORIOS

Único. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Norma Rocío Nahle García.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Nahle García. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE MECENAZGO CIUDADANO

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre propio y del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes.

Mecenazgo es una bella palabra que evoca a los Condottieri italianos del Renacimiento, como los Sforza de Milán, los Médici de Florencia, los Gonzaga de Mantua; evoca también a Monarcas como a Francisco I de Francia, que prácticamente adoptó a Leonardo da Vinci; evoca a Felipe IV de España, que también protegió a Velázquez y compró cuadros de Rubens y de Rembrandt para colecciones españolas.

De tal manera que la palabra mecenazgo está ligada al financiamiento por amor al arte de las bellas artes de la pintura, escultura y arquitectura.

Sin embargo, el mecenazgo no debe ser sólo cosa de los ricos y los poderosos. Qué bueno que lo hacen, pero no deja esto de dejar un marcaje de exclusividad hacia el cultivo de las artes.

De tal manera que, esta tarde, la fracción de Movimiento Ciudadano, por mi conducto, presenta una iniciativa de ley, realizada por nuestro coordinador Clemente Castañeda, acerca de una Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano.

Simplemente aprovechando el marco legal que deja la Ley General de Derechos Culturales, que se acaba de promulgar, permite esta iniciativa que todo mundo tenga acceso a poder financiar y participar en la promoción de la cultura, tanto en su financiamiento como en decisiones.

Esta ley pretende aprovechar las plataformas tecnológicas de información y de comunicación para que todo mundo tenga acceso a las decisiones en materia de cultura, y ésta no quede solamente en manos del Estado, ni en manos de los poderosos.

De tal manera que con mucho respeto la presento esta tarde, esperando tenga la aprobación de todos ustedes para que finalmente la cultura sea cosa de muchos, sea cosa de todos y no materia exclusiva de familias y poderosos.

Es cuanto tengo que decir.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Ver el milagro de la cultura como una actividad más o menos superflua es no tener sentido de la realidad. La cultura es el origen y la culminación del desarrollo1

Gabriel Zaid

«En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos.

Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte.»

Paul Valéry, La conquête de l'ubiquité

I. Desde el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, se han extendido por el mundo un sinfín de modelos comunicacionales y de interacción social, que hacen cada vez más posible la participación ciudadana en gran escala sobre la toma de decisiones fundamentales para la vida pública, convirtiéndose así en instrumentos cruciales para la implementación de una democracia más directa y participativa.

Nuestro país no puede quedarse a la zaga en cuanto a la construcción de los mejores instrumentos para generar participación ciudadana de la mano de las nuevas tecnologías de la información, sino que debemos llevar a cabo un análisis exhaustivo de aquellos nichos de la vida pública que pueden encontrar un poderoso florecimiento y verse impulsados de manera trascendental por el nuevo marco comunicacional de lo que Marshall McLuhan llamó la aldea global:

«…los descubrimientos electromagnéticos han hecho resucitar el "campo" simultáneo en todos los asuntos humanos, de modo que la familia humana vive hoy en las condiciones de “aldea global”. Vivimos en un constreñido espacio único...2»

Esta emergencia del mundo como una aldea global significa que la sociedad contemporánea encuentra que su imbricada red informativa permite la comunicación simultánea e inmediata, lo que no sólo revolucionó los estándares informativos de la antigüedad en términos de inmediatez, calidad y riqueza, sino que además hizo posible la transferencia de informaciones que antes estaban vedadas debido a que únicamente se poseía el registro lingüístico, es decir que hizo posible la comunicación en registros visuales y auditivos que antes resultaba imposible transmitir, y de ahí que McLuhan insista en que  «a partir del telégrafo y la radio, el globo se ha contraído, especialmente, al tamaño de una aldea grande3».

Esta revolución sobre los modelos de comunicaciones, han llevado a un replanteamiento general de las instituciones culturales de nuestro tiempo, al punto en que incluso Jacques Derrida ha llamado a la construcción de un nuevo concepto de universidad, que constituye la institución cultural por antonomasia de la modernidad, debido a que las nuevas tecnologías de la información trastocan o desestabilizan su esencia institucional:

«Esta nueva “etapa” técnica de la virtualización (informatización, numerización, mundialización virtualmente inmediata de la legibilidad, teletrabajo, etc.) desestabiliza, todos tenemos experiencia de ello, el hábitat universitario. Trastorna su topología, inquieta todo lo que organiza sus lugares, a saber, tanto en el territorio de sus campos y de sus fronteras disciplinares como sus lugares de discusión, su campo de batalla…4»

Lo anterior significa que estamos ante un nuevo paradigma cultural para el siglo XXI, creado por los nuevos estándares comunicacionales, y acelerado por una creciente globalización que posibilita una virtual inmediatez en lo que se refiere tanto al transporte de personas y al tráfico de mercancías, como a la participación en eventos culturales o comerciales.

Este nuevo horizonte cultural ha generado diversas herramientas de colaboración entre personas a través de las nuevas tecnologías de la información, así como una nueva forma de relacionarse entre los artistas y el público en general, eliminando cada vez más a los intermediarios culturales que anteriormente establecían unilateralmente los canales de comunicación entre el público y los creadores.

Así es como también las grandes industrias culturales, representadas principalmente por la radio y la televisión, han visto desplazado su anterior protagonismo en lo que se refiere a la generación de espacios culturales accesibles a una gran cantidad de personas de manera inmediata. Estas industrias culturales del siglo pasado se constituyeron en la práctica como elementos que estandarizaban la cultura y la asimilaban como una mera técnica de producción en serie, tal y como señalaron Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración:

«... la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social.5 »

Ante esa lógica cultural que excluía la diferencia, el surgimiento de las nuevas tecnologías representó un nicho de oportunidades para que los creadores y artistas independientes o de vanguardia, establecieran canales de comunicación con el público y para que fuera éste directamente quien no sólo juzgara la obra artística, sino que incluso pudiera sufragar e incluso participar en proyectos culturales.

Fue así como surgió el llamado crowdfunding, mejor conocido en castellano «como micro-mecenazgo» o «micro-financiamiento». El micro-mecenazgo consiste en la generación de una herramienta digital como una página web o una aplicación informática, que funciona como plataforma para que el ciudadano esté en condiciones de evaluar y juzgar un proyecto cultural o empresarial, y en tal sentido realizar aportaciones para que dicho proyecto llegue a buen puerto.

El crowdfunding o micro-mecenazgo en el ámbito cultural, ha sido una herramienta crucial para la financiación independiente de la cultura por parte de la ciudadanía, y sobre todo una plataforma única para la participación ciudadana en los procesos creadores y artísticos, que hace posible que el público seleccione a aquellos artistas o aquellos proyectos que más despiertan su asombro o sensibilidad estética.

Es por ello que la presente iniciativa contempla un esquema de financiación a la cultura mediante el ejercicio de un presupuesto participativo, que en combinación con donativos de la ciudadanía, constituya un Fideicomiso cuyos recursos son finalmente destinados directamente por los ciudadanos a sus mejores artistas y creadores, eligiéndolos a través de plataformas digitales o electrónicas.

De esta forma, el micro-mecenazgo se constituye para las nuevas políticas culturales, como una valiosa oportunidad para la desintermediación financiera entre el Estado y sus artistas y creadores, así como entre la ciudadanía y los mismos. Así se crea un puente en que el fomento cultural es propiciado tanto por particulares como por el subsidio del Estado, en un esquema de financiación que Gabriel Zaid señala como idóneo para el fomento cultural:

«Es deseable que el acceso a las grandes obras creadoras esté al alcance de todos, sin necesidad de fomento cultural, por el simple contagio de unos aficionados a otros, en circunstancias favorables. Pero hay que crear esas circunstancias favorables.

Si, para crearlas, basta la organización de mercados, enhorabuena […]. Pero no basta: hay que subsidiar las actividades valiosas, pero deficitarias. Lo ideal, por supuesto, es que el subsidio corra por cuenta de particulares. Pero no hay ninguna razón para descartar el subsidio del Estado. A la sociedad le conviene facilitar que todos tengan la oportunidad de cultivarse, aunque muchos prefieran no hacerlo6

Es por ello que la presente iniciativa busca trasladar el esquema de desintermediación generada entre los particulares y el público a través del crowdfunding, hacia el interior de los programas culturales del Estado Mexicano, para de esa forma promover la desburocratización del sistema cultural y la participación ciudadana, mediante la creación de un Fideicomiso que ponga a disposición de la ciudadanía un presupuesto participativo para la cultura y que sea susceptible de recibir donaciones por parte de particulares.

Así, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano reafirma su voluntad de poner al alcance de los ciudadanos las decisiones trascendentales sobre las políticas públicas de nuestro país, para transitar hacia una democracia plenamente participativa.

II. Como ya se ha señalado, la implementación de un esquema de financiación a la cultura como el que contiene la presente iniciativa, pretende contribuir a la eliminación paulatina de la enorme burocracia que actualmente lastra a la política cultural en México. Esa burocratización de la cultura, alentada por los regímenes priistas del siglo pasado, como un medio de cooptación y ejercicio de favoritismos, ha llevado a que la administración cultural vaya en demérito de la creación, como señala Zaid, «la burocracia estrangula al arte»:

«En el sistema actual, la administración ha crecido a expensas de la creación: la burocracia estrangula al arte. Lo sano sería lo contrario: menos empleados y más artistas, menos declaraciones y más escritores, menos discursos y más músicos. Más obras, sobre todo.»

Esa burocratización cultural que actualmente impera en la mayoría de las políticas sobre el rubro en nuestro país, ha llevado en efecto a la generación de lo que el mismo Zaid denomina un gigantismo cultural, caracterizado por un inmovilismo generalizado y por una puesta en escena en que se nos dice que se busca el fomento a la cultura, cuando en realidad el burócrata cultural sólo persigue enquistarse en un poder institucionalizado:

«… el gigantismo cultural está lleno de rectores que no dan clases, de directores de centro de investigación que no investigan, de editores que no leen lo que publican, de personas tan poderosas en la administración cultural que su verdadera ocupación es el poder, no la cultura7

Es por ello que la presente iniciativa contempla crear los mecanismos necesarios para la implementación de un modelo cultural en que la intermediación burocrática sea virtualmente eliminada, de forma que los contactos entre los creadores y la institucionalidad del Estado sea prácticamente reducida a cero, en la medida en que ello representa la idealidad de las políticas culturales:

«La forma de contacto ideal entre la burocracia y la cultura varía según el caso. Pero el mejor principio es el contacto cero: el extremo opuesto a la incorporación. A partir de cero, cada milímetro de contacto adicional entre el mundo burocrático y el artesanal debe justificarse rigurosamente8

En tal sentido, las políticas que fomenten la creación y la cultura artísticas deben poseer un marco jurídico que reduzca al mínimo los contactos entre la administración o burocracia del Estado y sus creadores y artistas.

Mediante la presente iniciativa, Movimiento Ciudadano busca sentar las bases para una nueva política cultural, que aprovechando las nuevas tecnologías de la información esté en condiciones de establecer canales de comunicación directos entre la producción cultural y la ciudadanía, eliminando en la medida de lo posible la burocratización.

Apenas hace unos meses fue creada la Secretaría de Cultura de México. Estamos convencidos que si nuestro país creó hasta el Siglo XXI su Secretaría de Cultura, debemos darle herramientas para que sea una institución del Siglo XXI.

III. En 1993, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, los canadienses buscaron dar un trato excepcional al rubro cultural, ante la oposición de los Estados Unidos, por lo que considerando la larga tradición cultural mexicana, acudieron a la delegación de nuestro país en busca de un aliado, sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando el entonces Secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, declaró: “La cultura no nos importa9”.

Lo anterior deja en evidencia la displicencia con que tradicionalmente ha considerado la clase política mexicana a las políticas culturales y a su importancia para el desarrollo de nuestro país. Desde esa óptica, los principales programas culturales de nuestro país se enfocaron en fomentar aquellas expresiones que tuviesen un impacto tangible y mensurable en la economía nacional o que ayudasen a la cooptación cultural, sin considerar las expresiones minoritarias y contribuyendo a una homogeneización cultural de la mano de la imposición de una “cultura oficial”. El mismo Zaid destaca lo siguiente:

«La cultura oficial no es la cultura universal de los grandes creadores, ni la cultura popular de las tradiciones locales. El nacionalismo del Estado no es el nacionalismo de las naciones. La demagogia tercermundista de la “identidad cultural” es una bandera de las oligarquías universitarias para legitimar el centralismo cultural con nacionalismos de cartón, con identidades de cartón, que sofocan el genio de las patrias chicas, de la cultura popular y de los grandes creadores, a favor del poder.»

Es por ello que el esquema de mecenazgo ciudadano que contempla la presente iniciativa busca igualmente dimensionar a las expresiones minoritarias de nuestro país, descentralizando las políticas culturales al acercarlas a la ciudadanía, y considerando en igualdad de condiciones a las expresiones de los pueblos originarios de nuestro país.

En una creciente masificación de la cultura se vuelve preciso conceder a la cultura un valor más allá de su estandarización sobre la base de una concepción mercantilista de las creaciones artísticas y más expresiones culturales de la sociedad, para no caer en una mera comprensión mitológica del saber y la cultura, como la que según Horkheimer y Adorno llevan a cabo las por ellos llamadas industrias culturales, y que generalmente ha llevado a un recorte general de todos aquellos rubros no redituables. De ahí que Zaid insista en que debemos eliminar esa lógica financiera:

«… es posible que otra lógica financiera, menos dispuesta a aceptar la degradación de la sociedad, encuentre fórmulas para que lo masivo subsidie la calidad, en vez de aplicar la guillotina, renglón por renglón, a todo lo que no sea negocio.»

La presente iniciativa, al delegar a la ciudadanía el estímulo y reconocimiento hacia nuestros artistas y creadores, pretende eliminar la óptica financiera que tradicionalmente venía aplicándose, ajena por antonomasia a la producción artística. Así se privilegia, por el contrario, una concepción de la cultura como participación ciudadana y estamos en condiciones de construir aquello que Zaid llama “la cultura como fiesta”, más allá de la razón de estado o de la razón mercantil: 

«No hay una sola fuente de financiamiento preferible en todos los casos. Lo razonable es que todos convivan. Lo ideal es que todos respondan al sentido último de la cultura: la revelación, el asombro, las ganas o la furia de vivir, el amor al arte, la pasión por entender, la inspiración creadora, la plenitud personal y colectiva. Todavía hoy, la cultura puede ser como una fiesta de amigos, en la que todos contribuyan con sus propios recursos de imaginación, talento, iniciativa, cosas o dinero, al margen del Estado y el mercado10

Es por ello que mediante la iniciativa que hoy se presenta, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano busca generar un esquema óptimo para la participación ciudadana en la fiesta de la cultura, mediante la implementación de instrumentos de democracia participativa y mediante una fiscalidad voluntaria sobre los programas culturales de becas y premios.

IV. En junio de 2009 surgió en Alemania una intensa polémica en torno a una publicación del filósofo Peter Sloterdijk que proponía la posibilidad de repensar los esquemas fiscales actuales para pasar hacia un Estado en que los impuestos fuesen voluntarios antes que obligatorios, y se preguntaba por las consecuencias políticas y culturales de dicha propuesta.

La fiscalidad voluntaria parte de la idea de que en principio los impuestos pertenecen en realidad a la esfera de lo que dona la sociedad para el funcionamiento del sistema político, y que en tal sentido el mejor esquema de tributación fiscal debe pasar por considerar que para la creación de comunidad es preciso que los ciudadanos no sólo estén en condiciones de participar en las decisiones públicas, sino en decidir igualmente a qué destina sus impuestos y a qué no:

«Donar para el bienestar común podría transformarse así con el tiempo en un hábito psicopolítico consolidado que impregnara las poblaciones democráticas como una segunda naturaleza y diera lugar a un nuevo talante global de la comunidad orientado a la empatía y la solidaridad materializada11

Más allá de la implementación efectiva de un modelo fiscal como el sugerido por Sloterdijk y de sus consecuencias en la esfera financiera y política de los Estados, la presente iniciativa pretende también generar una participación ciudadana en la cultura a través de la posibilidad de que la población pueda realizar Donativos Ciudadanos al Fideicomiso en cuestión. De esa forma, la ciudadanía estará en condiciones de llevar a cabo un mecenazgo efectivo para las artes y la cultura, a través de donaciones que funcionan virtualmente como una fiscalidad voluntaria, en la medida en que se trata de programas públicos. Como señala Sloterdijk, las donaciones fortalecen el espíritu participativo:

«… las donaciones también se producen como contribuciones regulares a tareas que se suelen reconocer como comunitarias. La satisfacción del donante por su espíritu participativo se considera normalmente como la recompensa naturales de la generosidad12

A través de los donativos ciudadanos que contempla la presente iniciativa, se crea pues un marco jurídico que fortalece el sentimiento de comunidad a través de las políticas culturales, al mismo tiempo que se sientan las bases para incentivar la participación privada en la cultura.

V.El surgimiento en el mundo de las posibilidades del micro-mecenazgo o crowdfunding, representa para la vida cultural un hito parecido al del siglo XVII, cuando después de la invención de la imprenta se hizo posible retribuir a los creadores a través de la distribución de las ganancias que dejaba la comercialización de las obras artísticas, cuyas posibilidades de reproducción masiva daban inicio a un nuevo paradigma cultural que Walter Benjamin definió como la “la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”13, y que no sólo tuvo como correlato a la invención de la imprenta, sino también a la invención de la xilografía, de la calcografía, del aguafuerte, así como de la fotografía y de la litografía a comienzos del siglo XIX.

Pero la nueva era digital y la posibilidad consecuente de transformar prácticamente cualquier producción artística en información digitalizada, ha abierto las posibilidades de la obra artística hacia límites insospechados y sin duda más allá de las posibilidades de su mera reproducción técnica: hoy la obra artística no es sólo técnicamente reproducible sino que se asimila como digitalmente idéntica. Ya no se trata pues de una reproducción, sino que se trata virtualmente de la misma obra artística.

En el marco de la época de la reproductibilidad técnica de la obra de arte, surgieron las industrias culturales como el único vehículo que posibilitaba el contacto entre los creadores y el gran público, en un modelo de producción que al asimilarse a la industrialización moderna, buscada la estandarización de la producción en serie. Es por ello que se requiere de un nuevo espacio para las políticas culturales de nuestro país, un espacio que asimile las infinitas posibilidades que significan las nuevas tecnologías de la información y las nuevas posibilidades de financiación de nuestros creadores, más allá de las lógicas burocráticas o mercantilistas.

Nuestra nación debe ser capaz en este sentido de crear los mecanismos jurídicos necesarios para que la cultura nunca más vuelva a estar al servicio de los poderes institucionalizados, y es por ello que debemos alcanzar el desarrollo nacional de la mano de una asunción soberana de la cultura, desde una concepción en que las manifestaciones artísticas y culturales de los ciudadanos sean valoradas por encima de una visión exclusivamente utilitarista o mercantilista.

Esta iniciativa busca generar mecanismos óptimos para que se desburocraticen los programas de estímulos a nuestros creadores y artistas, como un primer paso para llevar a México hacia la construcción de las políticas culturales más acordes con el siglo XXI y las nuevas posibilidades que representan las nuevas tecnologías de la información y la globalización que determinará la construcción del futuro.

Una auténtica soberanía cultural sólo puede ser lograda de la mano de la población en su conjunto, y es por ello que mediante esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pretende crear un marco jurídico óptimo para una participación ciudadana integral en las políticas culturales de nuestro país.

VI. La presente iniciativa contempla la expedición de una Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano, con el objetivo de crear, de la mano de las nuevas tecnologías de la información, un marco normativo óptimo para la participación ciudadana en las políticas culturales de nuestro país y para crear un mecanismo de fiscalidad voluntaria en el mismo sentido, mediante la institución de un Fideicomiso Federal para el Mecenazgo Ciudadano con participación pública y privada.

En tal sentido, esta iniciativa establece la creación de los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura, como programas de estímulos a los creadores y artistas jóvenes o consolidados, y que serían sufragados íntegramente por el Fideicomiso señalado anteriormente.

A los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura, podrá inscribirse, en las distintas categorías artísticas, cualquier ciudadano mexicano con una obra en ciernes o ya consolidada, y los ganadores serán elegidos directamente por la ciudadanía a través de las plataformas digitales que para tal caso facilitará el Fideicomiso.

Para la eliminación de toda ecuación de favoritismos o amiguismos ajena a la vida cultural, la presente iniciativa crea igualmente un modelo de Jurados Ciudadano, también elegidos por la ciudadanía y con una reconocida trayectoria en el área que juzga, y que habrán de seleccionar a los participantes Finalistas de entre los que la ciudadanía elegirá a los ganadores.

Cabe destacar que en este sentido, esta iniciativa busca reformular los actuales programas de estímulos a jóvenes de creadores y otros programas de premios artísticos, para que su gestión recaiga en un órgano ciudadanizado y cuyo ejercicio de los recursos lo realiza directamente la ciudadanía.

Igualmente para fortalecer una participación ciudadana integral, la presente iniciativa contempla igualmente un modelo de participación privada en el Fideicomiso, a través de los Donativos Ciudadanos, que podrán ser realizados por cualquier persona física o moral y cuyo monto se destinaría íntegramente a los ganadores de las Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura, constituyendo un modelo de virtual fiscalidad voluntaria en las políticas culturales de nuestra nación.

En tal sentido, como ya se ha señalado, esta iniciativa pretende institucionalizar y optimizar el modelo del crowdfunding o micro-mecenazgo para elevarlo a una tarea común de la nación mexicana, y encomendando al Estado la mayor difusión de su diversidad cultural y promoviendo la participación en cualquier manifestación cultural, como lo establece el Artículo 4º de nuestra Carta Magna:

«Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.»

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
Que expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE MECENAZGO CIUDADANO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general en materia de derechos culturales, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias, entidades paraestatales, organismos descentralizados y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal.

La interpretación de la presente ley en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

I. Consolidar un modelo de financiamiento a la cultura basado en la participación ciudadana y la transparencia;

II. Garantizar la participación ciudadana en la implementación de las políticas culturales;

III. Generar una amplia participación ciudadana en las políticas culturales de nuestro país;

IV. Utilizar las nuevas tecnologías de la información en la implementación de las políticas culturales de nuestro país, fomentando una mayor participación ciudadana;

V. Incentivar y valorar la creación artística de la comunidad cultural mexicana;

VI. Desburocratizar los esquemas de premiación y becas a la creación artística y cultural;

VII. Fomentar la creación y valoración artística y cultural entre la mayoría de la población;

VIII. Difundir entre la población la riqueza cultural de los artistas y creadores mexicanos; 

IX. Fomentar la creación artística y cultural de los pueblos originarios, así como valorar su enorme riqueza ancestral.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se atenderá a las definiciones    siguientes:

I. App: Programa informático que en conexión con internet está diseñado como plataforma para la realización de determinados trabajos o actividades, y que puede instalarse en teléfonos inteligentes y otras terminales;

II. Beca Ciudadana a la Cultura: Beca o estímulo cultural que en ejercicio de un Presupuesto Participativo y Donativos Ciudadanos, otorga la ciudadanía a un mexicano que presente un proyecto relevante en materia artística o cultural;

III. Donativo ciudadano: Aportación que una persona física o moral hace de manera voluntaria al Fideicomiso;

IV. Fideicomiso: El Fideicomiso Federal para el Mecenazgo Ciudadano;

V. Finalista: Ciudadano mexicano elegido como candidato a una Beca o Premio Ciudadano a la Cultura;

VI. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Fideicomiso;

VII. Jurado Ciudadano: Jurado designado por la ciudadanía para realizar la elección de los finalistas que serán presentados ante la misma como candidatos a obtener las Becas o Premios Ciudadanos a la Cultura;

VIII. Mecenazgo Ciudadano: Instrumento de participación ciudadana para el ejercicio de un Presupuesto Participativo y de Donativos Ciudadanos, destinados a premiar y becar a los mejores artistas y creadores, a través de un Fideicomiso con participación pública y privada;

IX. Premio Ciudadano a la Cultura: Premio que en ejercicio de un Presupuesto Participativo y Donativos Ciudadanos, otorga la ciudadanía a un mexicano que presente una obra terminada en materia artística o cultural; y

X. Presupuesto Participativo: Instrumento de participación ciudadana mediante el cual la población decide el destino de recursos que forman parte de un presupuesto público determinado.

Artículo 4. Para la aplicación de la presente Ley deberá atenderse a los principios siguientes:

I. Interculturalidad: Diálogo e intercambio entre las distintas culturas y grupos étnicos, reconociendo la igual dignidad de todas las culturas y lenguas, así como el respeto a cada una de ellas, incluidas las de las poblaciones socioculturalmente diferenciadas y las de los pueblos indígenas;

II. No discriminación: Nadie podrá ser objeto de discriminación, censura o represalia   por su elección, identificación o renuncia respecto de una o más comunidades   culturales;

III. Acceso Equitativo: Se garantizará el acceso equitativo a la participación en los Programas contemplados por la presente Ley, así como a la difusión sobre los trabajos y resultados de los mismos.

TÍTULO SEGUNDO
DEL FIDEICOMISO FEDERAL PARA EL MECENAZGO CIUDADANO

Capítulo Primero
Del Fideicomiso Federal para el Mecenazgo Ciudadano

Artículo 5. Se constituye el Fideicomiso Federal para el Mecenazgo Ciudadano, con participación pública y privada, sectorizado a la Secretaría de Cultura, con la finalidad de garantizar el pleno funcionamiento de los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura, así como para incrementar el monto de éstos. 

Artículo 6. El Fideicomiso tendrá los fines siguientes:

I. Garantizar la plena operación de los Programas de Becas y Premios Ciudadanos;

II. Incrementar anualmente los montos de las Becas y Premios Ciudadanos; y

III. Sufragar los gastos de operación derivados de la implementación de la presente Ley.

Artículo 7. Serán partes en el Fideicomiso, como fideicomitente el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura, así como la ciudadanía a través de los Donativos Ciudadanos, y como fiduciario la Junta de Gobierno.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se contemplará una partida específica y suficiente para el funcionamiento del Fideicomiso y el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley.

Artículo 8. Los recursos del Fideicomiso deberán destinarse íntegramente a los creadores que resulten ganadores de los Programas de Becas y Premios Ciudadanos, y no podrán destinarse a gasto corriente o a cualquier otro fin distinto al anterior.

Capítulo Segundo
De los Donativos Ciudadanos

Artículo 9. La Junta de Gobierno diseñará los mecanismos necesarios para que la ciudadanía realice aportaciones al Fideicomiso a través de los Donativos Ciudadanos, que podrán ser realizados de la siguiente manera:

I. Página de internet del Fideicomiso;

II. App del Fideicomiso;

III. Depósito a cuenta bancaria;

IV. Ventanilla en las oficinas del Fideicomiso, y

V. Los demás que establezca el Reglamento de la Presente Ley.

Artículo 10. Los ciudadanos podrán realizar permanentemente Donativos Ciudadanos a través de los mecanismos señalados en el artículo anterior, ydeberán transparentarse de manera inmediata, viéndose reflejados sus montos en la página de internet del Fideicomiso, estando dicha información permanentemente a disposición de los ciudadanos.

Artículo 11. La Junta de Gobierno distribuirá equitativamente el monto total de los Donativos Ciudadanos hechos al Fideicomiso entre los premiados y becados anualmente, y deberá publicar en su página de internet la forma en que distribuyó el mismo.

Artículo 12. Los Donativos Ciudadanos deberán ser ejercidos íntegramente durante el año fiscal en que sean realizados.

Artículo 13. Los Donativos Ciudadanos estarán exentos de impuestos tanto para las personas físicas como morales, de conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Capítulo Tercero
De la Junta de Gobierno

Artículo 14. El Fideicomiso contará con una Junta de Gobierno, encargada de administrar el mismo y de promover el incremento de su bolsa, tanto entre las distintas entidades gubernamentales, como entre la ciudadanía.

Artículo 15. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar el Fideicomiso Federal para el Mecenazgo Ciudadano;

II. Garantizar el óptimo funcionamiento de los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura;

III. Aprobar y emitir el Reglamento de la presente Ley;

IV. Garantizar el ejercicio transparente de los Donativos Ciudadanos y del Presupuesto Participativo destinados a la premiación y estímulo de los mejores artistas y creadores mexicanos;

V. Realizar, a través de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias para la elección de los Jurados Ciudadanos, así como establecer los mecanismos óptimos para que la ciudadanía elija a los perfiles idóneos de entre los candidatos, según las respectivas disciplinas;

VI. Realizar, a través de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias para las Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura;

VII. Designar al titular de la Secretaría Ejecutiva;

VIII. Procurar por todos los medios a su alcance la mayor aportación privada al Fideicomiso; y

IX. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley.

Artículo 16. La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente manera:

I. El titular de la Secretaría de Cultura, quien la presidirá;

II. El Director del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

III. El Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia;

III. El Director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes;

IV. El Director del Instituto Mexicano de la Cinematografía;

V. Un ciudadano representante de cada una de las disciplinas contempladas por los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura.

Artículo 17. Para la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno contemplados en la fracción V del artículo anterior, la Junta de Gobierno emitirá una convocatoria pública y posteriormente turnará a la Cámara de Diputados una terna de propuestas para cada uno de los integrantes según la disciplina.

La Cámara de Diputados realizará la elección de dichos integrantes por mayoría de votos, cuyo cargo tendrá una duración de dos años.

Artículo 18. El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar a reuniones de trabajo de la Junta de Gobierno;

II. Contar con voto de calidad sobre las decisiones de la Junta de Gobierno en casos de empate.

Artículo 19. La Junta de Gobierno tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.

Capítulo Cuarto
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 20. La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por la mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno y será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a sus acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente Ley.

Artículo 21. La Secretaría Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Fideicomiso tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir la convocatoria correspondiente para la elección de los Jurados Ciudadanos así realizar dicha elección;

II. Emitir las convocatorias correspondientes para las Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura;

III. Proponer a la Junta de Gobierno modificaciones al Reglamento de la presente Ley para mejor cumplimiento de sus objetivos; y

IV. Las demás que se le sean conferidas por la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 22. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Gozar de buena reputación; y

III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.

TÍTULO TERCERO
DE LOS PROGRAMAS DE BECAS Y PREMIOS CIUDADANOS A LA CULTURA

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 23. Los Programas de Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura serán administrados por la Secretaría Ejecutiva y serán otorgados anualmente durante el último trimestre del año.

Artículo 24. Las Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura tendrán las siguientes categorías:

I. Joven Creador: Ciudadano mexicano de entre 18 y 35 años de edad con un proyecto o una obra terminada en alguna de las disciplinas participantes;

II. Artista con Trayectoria: Ciudadano mexicano mayor de edad con una trayectoria consolidada en la disciplina en que participa.

Artículo 25. Tanto los Programas de Becas como de Premios Ciudadanos a la Cultura deberán convocarse según las siguientes disciplinas y especialidades, siendo otorgado una Beca y un Premio por cada una de las especialidades, según las categorías establecidas por el artículo anterior:

I. Arquitectura:

a) Diseño arquitectónico.

II. Artes Aplicadas:

a) Diseño editorial;

b) Diseño de joyería;

c) Diseño de mobiliario; y

d) Diseño textil.

III. Artes Visuales:

a) Escultura;

b) Fotografía;

c) Gráfica;

d) Medios alternativos;

e) Narrativa gráfica; y

f) Pintura.

IV. Danza:

a) Coreografía.

V. Letras:

a) Crónica y relato histórico;

b) Cuento;

c) Ensayo creativo;

d) Novela;

e) Poesía; y

f) Dramaturgia.

VI. Letras en lenguas indígenas:

a) Crónica y relato histórico;

b) Cuento;

c) Ensayo creativo;

d) Novela;

e) Poesía; y

f) Dramaturgia.

VII. Medios audiovisuales:

a) Largometraje;

b) Cortometraje; y

c) Multimedia.

VIII. Música:

a) Composición acústica, electroacústica y con medios electrónicos;

b) Composición de música indigenista; y

c) Composición de otros géneros.

IX. Teatro:

a) Dirección escénica; y

b) Diseño de escenografía, iluminación, sonorización y vestuario.

Artículo 26. La ceremonia de entrega de las Becas y Premios Ciudadanos a la Cultura deberá llevarse a cabo en el Palacio de Bellas Artes y ser transmitida por radio y televisión en cadena nacional.

Capítulo Segundo
De los Jurados Ciudadanos

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva deberá emitir la convocatoria para la selección de los Jurados Ciudadanos con cuando menos cuatro meses de anticipación a la elección de los Finalistas.

Artículo 28. Los Jurados Ciudadanos tendrán por función elegir de entre el total de candidatos inscritos a los respectivos Programas de Becas y Premios Ciudadanos, a un grupo de diez Finalistas por cada una de las especialidades, para que la ciudadanía elija de entre los mismos a los ganadores de dichas Becas y Premios.

Artículo 29. Los candidatos a Jurados Ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Gozar de buena reputación; y

III. Tener un amplio reconocimiento en la disciplina para la cual será designado.

Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva designará a una terna de los mejores perfiles por cada una de las especialidades, mismas que serán presentadas a la ciudadanía para que ésta elija a los respectivos Jurados Ciudadanos, a través de la App del Fideicomiso, de la página de internet del mismo, o de otras herramientas que para tal efecto establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 31.El cargo de Jurado Ciudadano recibirá una remuneración que será establecida anualmente por la Junta de Gobierno y no podrá ser menor a diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México. La Junta de Gobierno determinará para cada especialidad la duración en el cargo de los Jurados Ciudadanos.

Capítulo Tercero
Del Programa de Becas Ciudadanas a la Cultura

Artículo 32. Las Becas Ciudadanas a la Cultura son un estímulo que los ciudadanos mexicanos otorgan directamente a otro ciudadano que presenta un proyecto artístico o cultural relevante, según las categorías y disciplinas contempladas por la presente Ley.

Artículo 33. Para participar en el programa de Becas Ciudadanas a la Cultura deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Presentar un proyecto individual, que sea exclusivamente de creación de obra y que se desarrolle durante el periodo de la beca;

III. Registrar su postulación en línea y cargar sus archivos en el sitio del Fideicomiso.

Artículo 34. Las Becas Ciudadanas a la Cultura no podrán ser declaradas desiertas.

Artículo 35. Los Jurados Ciudadanos estarán encargados de elegir a los Finalistas por cada categoría. Para que la ciudadanía elija a los ganadores de entre los Finalistas, la Secretaría Ejecutiva diseñará las mejores plataformas de elección a través de la App del Fideicomiso, de la página de internet del mismo o a través de otras herramientas que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 36. Las Becas Ciudadanas a la Cultura equivaldrán a un monto de cuando menos 1,000 salarios mínimos, más el resultante de la distribución equitativa de los Donativos Ciudadanos, según lo establecido por el artículo 11 de la presente Ley. 

Capítulo Cuarto
Del Programa de Premios Ciudadanos a la Cultura

Artículo 37. Se crean los Premios Ciudadanos a la Cultura como un reconocimiento que la ciudadanía mexicana otorga directamente a un ciudadano mexicano que haya realizado aportes relevantes a la cultura y las artes, según las categorías y disciplinas contempladas por la presente Ley.

Artículo 38. Para participar en el programa de Premios Ciudadanas a la Cultura deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Presentar una obra terminada sobre las disciplinas contempladas por la presente Ley;

III. Registrar su postulación en línea y cargar sus archivos en el sitio del Fideicomiso

Artículo 39. Los Premios Ciudadanos no podrán ser declarados desiertos.

Artículo 40. Para que la ciudadanía elija a los ganadores de entre los Finalistas designados por los Jurados Ciudadanos, la Secretaría Ejecutiva diseñará las mejores plataformas de elección a través de la App del Fideicomiso, de la página de internet del mismo o a través de otras herramientas que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 41. Las obras terminadas de los Finalistas que se presenten al Programa de Premios Ciudadanos a la Cultura, además de ser difundidas para mejor decisión de la ciudadanía a través de las herramientas señaladas en el artículo anterior, deberán difundirse a través de cuando menos los siguientes medios:

I. Proyecciones o montajes en espacios públicos;

II. Galerías, museos y teatros administrados por la Administración Pública Federal; y

III. Transmisiones televisivas y radiofónicas.

El Reglamento de la presente Ley determinará los criterios y herramientas necesarias para que la ciudadanía realice la elección de las obras terminadas en los espacios o plataformas enumerados anteriormente.

Artículo 42. Los Premios Ciudadanos contarán con monto de cuando menos 2,000 salarios mínimos, más el resultante de la distribución equitativa de los Donativos Ciudadanos, según lo establecido por el artículo 11 de la presente Ley. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura deberá enviar las propuestas para la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Secretaría de Cultura deberá expedir el Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto

CUARTO.- Una vez constituida la Junta de Gobierno, ésta contará con un plazo no mayor de 90 días para designar al titular de la Secretaría Ejecutiva.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Zaid, Gabriel, Dinero para la cultura, México, Debate (edición electrónica), 2013

2 McLuhan, Marshall, La galaxia Gutenberg, trad. de Juan Novella, Madrid, Planeta (edición electrónica), 2014

3 Ídem.

4 Derrida, Jacques, La universidad sin condición, trad. de Cristina Peretti y Paco Vidarte, Madrid, Trotta, 2002, p.24

5 Adorno, Theodor y Horkheimer, Max, La dialéctica de la ilustración, trad. de Juan José Sánchez, Madrid, Trotta, 1998, p.166

6 Zaid, Gabriel, op. cit.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Sloterdijk, Peter, Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana, trad. Isidoro Reguera, Madrid, Siruela (edición electrónica), 2014

12 Ídem.

13 Cfr. Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Obras, Libro I, Vol. 2, Trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Abada, 2008

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señora Presidenta.

En primer término, quiero agradecer a mi grupo parlamentario, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, la oportunidad que me brinda para presentar esta iniciativa. Muchas gracias.

Compañeras y compañeros legisladores:

La corrupción es un fenómeno complejo que inhibe el correcto funcionamiento de las instituciones y afecta el desarrollo social que impide el crecimiento económico y genera inestabilidad política, estimulando desconfianza en la ciudadanía.

Este fenómeno representa la falta de valores y de respeto a la legalidad, es un modo de vida que ha deteriorado muchos ámbitos de la sociedad mexicana, alimentado principalmente por la falta de sensibilidad y responsabilidad política.

Ante ello, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, hemos manifestado permanentemente nuestro acuerdo con el impulso integral de un marco jurídico para combatir de manera frontal la corrupción, fomentando en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas, y sanciones reales como siempre lo hemos pugnado.

Esto se llama responsabilidad, y es a lo que siempre le apostamos en el PRI.

Debemos reconocer los importantes avances que hasta hoy, con la unión de esfuerzos y gran responsabilidad, hemos conquistado en esta Legislatura.

Y ante ello, tenemos el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de nuestro marco legal para frenar a quienes han insistido en incurrir en actos indebidos y en actos de corrupción que ponen en riesgo la buena marcha de la administración pública y la rectitud de los procesos electorales.

Es tiempo de avanzar y de castigar a quienes cometen actos de corrupción.

La corrupción ha permeado en todos los ámbitos de gobierno y de partidos políticos, es por eso que coincido con la transparencia de los programas sociales, como en el caso de Tabasco, que existen dudas razonables que suponen un mal manejo de los programas sociales.

No permitir que la corrupción quede impune es precisamente el propósito de esta reforma, ya que en cercenar el salario de los trabajadores es constitutivo de un acto de corrupción.

Compañeras y compañeros legisladores: El progreso de México depende en buena medida de que logremos erradicar el daño que provoca la falta de responsabilidad en el servicio público y la corrupción, por tanto, quienes cometen un ilícito de esta magnitud, deben de ser castigados.

Los invito a que hagamos equipo y sigamos adelante en esta lucha contra la corrupción.

¡Hagámoslo por México!

¡Hagámoslo por nuestros hijos!

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Pareciera extraño proponer la reforma de una ley que aún no ha entrado en vigor, toda vez que dicho ordenamiento aún no ha sido ejecutado y, por tanto, su eficacia todavía no ha sido sujeta a la prueba de la realidad. Sin embargo, un ejercicio legislativo de esta naturaleza se justifica sobradamente, cuando los hechos así lo demandan, cuando los actores para quienes se encuentra destinada la norma insisten en incurrir en desvíos, que ponen en riesgo la buena marcha de la administración pública y la rectitud de los procesos electorales.

Durante el debate realizado en días pasados entre los candidatos a ocupar la titularidad del Ejecutivo del Estado de México, se dio a conocer que la representante del partido denominado Movimiento de Regeneración Nacional, Delfina Gómez Álvarez, durante el ejercicio de su encargo como presidenta municipal de Texcoco entre los años 2013 y 2015 ordenó la realización de descuentos quincenales del diez por ciento a los trabajadores del Ayuntamiento para entregarlo después, a través de cheques emitidos a Victoria Anaya, coordinadora de giras de la candidata de Morena, y que luego eran entregados al 'Grupo de Acción Política', liderado por el político Higinio Martínez, también integrante de ese partido político.

A la acusación formulada durante el debate, grave por sí misma, se suma el hecho de que la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aceptó el 26 de abril que durante su administración unos 200 trabajadores “pidieron” por oficio y de manera personal que se les descontara -vía nómina- un porcentaje de su salario para diversos rubros, entre ellos una organización, y defendió la “legalidad” de los descuentos, bajo el argumento de que “todos los partidos hacen lo mismo”. Tal explicación raya en lo absurdo, pues ningún trabajador de buena gana va a pedir que se le descuente parte de su salario para que su jefa pueda financiar actividades partidistas.

Contrario a lo afirmado por Delfina Gómez, el diario El Universal dio a conocer que el número de empleados a los que quitaba 10% de su salario en realidad eran mil 40. El mismo diario habría advertido que Higinio Martínez, actual alcalde texcocano y jefe político de Delfina, habría ordenado destruir todos los documentos que pudieran comprobar las acusaciones del referido diezmo.

Por si no bastara lo anterior, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer en la edición del 1º de mayo de 2017 del diario El Universal, que Delfina Gómez participó en una cena, la semana pasada, con un grupo amplio y variado de periodistas.

De forma textual, el periodista narra lo siguiente:

“El tema que devoró buena parte de la conversación fue el diezmo que, como presidenta municipal de Texcoco, descontó a sus trabajadores. Sobre este punto, que alguien consideró como uno de los peores “usos y costumbres” de la política mexicana —recuérdense los años en que Andrés Manuel López Obrador sometió a los empleados del GDF a esta suerte de pago de tributo— la maestra Gómez se mostró ambigua e incierta. No tenía claro, para empezar, si lo que había autorizado era o no algo ilegal. Luego alegó que los propios trabajadores le habían pedido que les descontara el 10% de su salario para apoyar programas sociales relacionados con la niñez y las comunidades indígenas.

“—¿De verdad le fueron a decir: “Maestra, por favor, descuéntenos el 10%”? —le preguntó alguien.

“—Así fue —respondió la candidata.

“Más tarde admitió que la suma recaudada era depositada en cuentas particulares.

“—¿A cuántos trabajadores se le descontaba ese porcentaje? —preguntó alguien más.

“—Nada más a unos 150, los que tenían puestos directivos y medios —dijo.

Hasta aquí tenemos que entre 2013 y 2015 se habrían realizado descuentos salariales a los trabajadores del municipio texcocano, con la aquiescencia de la presidenta municipal, quien habría aceptado la veracidad del hecho, tanto de manera pública como privada. Empero, no existe certeza sobre el número de trabajadores a los cuales se les habrían cercenado sus ingresos.

Dicha conducta se encuentra contemplada como delito en el artículo 11 fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual establece que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, razón por la cual se hace indispensable la actuación de la Procuraduría General de la República, a efecto de deslindar responsabilidades.

Empero, de una revisión a la ley cuya reforma se pretende reformar, nos encontramos que se encuentra prevista la conducta de cohecho, la cual se encuentra descrita en el artículo 52 de la siguiente forma:

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.”

De la lectura a dicha descripción típica se concluye que entre los beneficiarios de tal ilícito se encuentran exentos los partidos políticos, por lo que, a la vista de los hechos ahora descritos se vuelve necesario reformular la redacción en comento, a fin de prevenir y sancionar administrativamente acciones como los realizadas por Delfina Gómez y sus cómplices de MORENA en el estado de México, razón que se estima suficiente para someter a la aprobación del Congreso la presente iniciativa.
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para partidos políticos, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para partidos políticos, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Tiscareño Agoitia. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Alejandro González Murillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

En Encuentro Social reconocemos a la división de poderes como uno de los principales soportes sobre los que descansan el ser y quehacer del Estado mexicano.

Nosotros, como representantes populares, integramos el poder emanado de las urnas más numeroso. Del mismo modo, tenemos la gravísima responsabilidad de dar lustre y vigor al entramado legal e institucional de México.

Las reformas a la Constitución, que protestamos guardar y hacer guardar, así como la creación y ajuste de la legislación secundaria, es nuestra competencia.

De esta manera nos toca mantener al día y a la vanguardia los niveles más altos de la pirámide normativa doméstica de nuestro país.

Cada vez que presentamos una reforma legal o constitucional, estamos comprometiendo el ser y actuar de los otros dos Poderes de la Unión, los que encontrarán en nuestros textos el límite de su actuar.

En cuanto al Poder Ejecutivo, cada que expide normas específicas concretas y básicamente impersonales, está desarrollando lo que se conoce como actos formalmente ejecutivos, pero materialmente legislativos.

Toda vez que es imposible que el Presidente de la República realice per se todos los actos derivados de su facultad reglamentaria para proveer a la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa, corresponde a la Administración Pública Federal la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas, que son disposiciones de carácter técnico cuyo objetivo es establecer directrices y características aplicables a productos, procesos o servicios, y que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, especifican obligaciones ya previstas en leyes o reglamentos.

Con la iniciativa que ahora someto a consideración de esta Soberanía, para adicionar una fracción IV al artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Encuentro Social reitera su compromiso con las mejores prácticas para el diálogo edificante entre poderes.

Ello, al iniciar la integración de la Comisión Nacional de Normalización, instancia encargada de redactar las NOM´s a los Presidentes de las comisiones ordinarias de las Cámaras de Senadores y de Diputados, cuando se trate en temas de su competencia, quienes participarán con voz, pero no con voto.

Esta propuesta abre así una oportunidad valiosísima para trabajar más coordinadamente con el respeto institucional del caso, en una relación entre poderes basada en las mejores prácticas de corresponsabilidad, nunca más legislación que paralice y haga colapsar al Ejecutivo, ni reglamentos o normas secundarias que vayan más allá de lo que la ley permite.

El equilibrio entre poderes nos merece nuestros buenos oficios y la aplicación total de nuestras capacidades para un diálogo republicano que necesita este país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración, y abro a la adhesión de quien así lo considere, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente tiene la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

La última parte de este precepto constituye la denominada facultad reglamentaria, lo que significa poner los medios adecuados para facilitar la ejecución de dichas leyes; facultad que ejercita normalmente mediante la expedición de reglamentos, que tienen por objeto desarrollar y explicitar las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales.1

“La atribución de la facultad reglamentaria se justifica por la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está en mejores condiciones de hacer ese desarrollo, puesto que se encuentra en contacto más íntimo con el medio en la cual va a ser aplicada la ley. Además, existiendo mayores facilidades para la modificación de los reglamentos, el uso de la facultad reglamentaria permite que la legislación se pueda ir adaptando oportunamente a las circunstancias cambiantes en que tiene que ser aplicada, adaptación que no sería posible si dependiera del Poder Legislativo, ya que éste tiene procedimientos más complicados y periodos reducidos de funcionamiento”. 2

Es menester precisar que aun cuando los actos reglamentarios son formalmente ejecutivos, materialmente tienen una naturaleza legislativa, que tiene como finalidad desarrollar y precisar para su aplicación los preceptos legales y, por ende, son de aplicación también general.

Normas Oficiales Mexicanas.

Toda vez que es imposible que el Presidente de la República realice per se todos los actos derivados de su facultad reglamentaria para proveer a la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa, corresponde a la administración pública federal la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son disposiciones de carácter técnico cuyo objetivo es establecer especificaciones, directrices y características aplicables a productos, procesos o servicios; y que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Es así que uno de los objetivos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización consiste en establecer un procedimiento uniforme para la elaboración - a cargo de determinadas dependencias de la administración pública federal – de las NOM de carácter obligatorio y normas mexicanas (NMX) de carácter voluntario, procedimiento que comprende un esquema de participación y consulta de particulares que pertenezcan al sector a regular.

Al igual que en el caso de los reglamentos que describimos con antelación, la naturaleza jurídica de las NOM es singular, toda vez que formalmente constituyen actos administrativos y materialmente son normas generales, abstractas y obligatorias.

De acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de reserva de ley implica que las NOM tengan prohibido limitar derechos y determinar sanciones por sí mismas. Es decir, únicamente pueden especificar obligaciones ya previstas en ley o reglamento.

Es indiscutible que las NOM constituyen una herramienta indispensable para la Administración Pública, sin embargo, la sobre regulación en ciertas materias puede vulnerar la certeza jurídica, uno de los objetivos más importantes del Estado. 3

De la Comisión Nacional de Normalización

El artículo 58 de la Ley Federal de Metrología y Normalización  establece que

“Se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal”.

Por su parte el artículo 59 refiere que  Integrarán la Comisión Nacional de Normalización: 

I.  Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Turismo;

II.  Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior; de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del sector social productivo; y 

III.  Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. Fracción reformada DOF 20-05-1997, 09-04-2012 

Por cada propietario podrá designarse un suplente para cubrir las ausencias temporales de aquél exclusivamente. 

Asimismo, podrá invitarse a participar en la sesiones de la Comisión a representantes de otras dependencias, de las entidades federativas, organismos públicos y privados, organizaciones de trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y tecnológicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad o interés. 

La Comisión será presidida rotativamente durante un año por los subsecretarios en el orden establecido en la fracción I de este artículo.

Objetivo de la propuesta

Con un ánimo de mejora, la presente iniciativa pretende incluir como integrantes de la Comisión Nacional de Normalización a los presidentes de las comisiones legislativas del Senado y de la Cámara de Diputados, en aquellos asuntos de su competencia, a fin de participar en la política de normalización.

Consideramos que la colaboración del Poder Legislativo, a través de legisladores con conocimiento y experiencia en la materia de que se trate, puede enriquecer la deliberación para la emisión de las NOM  al coadyuvar en el análisis de la intención original del legislador en los cuerpos legales aplicables en la materia - .

Para mayor claridad, se expone el siguiente:

Cuadro Comparativo
Iniciativa que reforma del artículo 59  la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.


Texto Vigente

Texto Propuesto

CAPITULO IV
De la Comisión Nacional de Normalización

CAPITULO IV
De la Comisión Nacional de Normalización

Artículo 59.- Integrarán la Comisión Nacional de Normalización:

I. Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Turismo;

II. Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior; de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del sector social productivo; y

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes.
Por cada propietario podrá designarse un suplente para cubrir las ausencias temporales de aquél exclusivamente.

Asimismo, podrá invitarse a participar en la sesiones de la Comisión a representantes de otras dependencias, de las entidades federativas, organismos públicos y privados, organizaciones de trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y tecnológicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad o interés.

La Comisión será presidida rotativamente durante un año por los subsecretarios en el orden establecido en la fracción I de este artículo.

Artículo 59.- Integrarán la Comisión Nacional de Normalización:

I. a III.

IV. Los presidentes de las comisiones ordinarias de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, cuando se traten temas de su competencia, quienes participarán con voz pero sin voto.


En este orden de ideas y conscientes que los tiempos actuales exigen que en toda democracia, más que la división de poderes, impere la óptima coordinación entre ellos, presentamos esta iniciativa seguros que la aprobación de esta propuesta dotará de mayor certidumbre a las Normas Oficiales Mexicanas, lo que redundará en una mejor observancia de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Metrología y Normalización

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 59 de la Ley Federal de Metrología y Normalización para quedar como sigue:

Artículo 59.- Integrarán la Comisión Nacional de Normalización:

I. a III.

IV. Los presidentes de las comisiones ordinarias de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, cuando se traten temas de su competencia, quienes participarán con voz pero sin voto.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 3 de mayo de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo.

1 Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN,9,  octava época, t III, primera parte, tesis XL/89, p.325.

2 López Olvera, Miguel Alejandro, “La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 360.

3 Orozco y Villa, Luz Helena, “Qué son las Normas Oficiales Mexicanas”, Nexos, http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=324, URL consultada el 6 de abril de 2017.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado González Murillo. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Javier Neblina Vega, para presentar a nombre del Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por el Diputado Javier Antonio Neblina Vega, a nombre del Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores:

Hoy acudo a esta tribuna, a nombre de mi compañero el Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, a presentar una iniciativa en materia de fuero constitucional.

Para los legisladores del PAN, este es un tema muy importante.

Al inicio del pasado periodo de sesiones propusimos en la Cámara de Diputados la eliminación de esta figura que, más que ayudar a que se mantenga la libertad de expresión y de actuación por parte de los servidores públicos, ha servido, en muchos casos, como carta abierta de impunidad y como escudo ante la acción de la justicia, como lo vimos en días pasados con la situación del Diputado del PRI, Tarek Abdalá.

Señoras y señores: El Congreso de la Unión no puede estar pidiendo la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción mientras en los propios recintos parlamentarios se protege y se encubre a quienes están siendo cuestionados por su falta de probidad en el servicio público.

Hay quienes no quieren que la figura del fuero se elimine y, por el contrario, quieren que se mantenga para contar con un resquicio de protección.

Por ello, y dada las condiciones políticas actuales, es que en Acción Nacional presentamos esta iniciativa para que los procesos de desafuero de los que dé cuenta el Congreso de la Unión se concreten y no haya lugar a dudas sobre ellos.

La mayoría de los aquí presentes conocen la forma en que se lleva a cabo el proceso de declaración de procedencia o desafuero. Saben que para poder proceder penalmente en contra de ciertos servidores públicos, es necesario que por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados se declare, si ha lugar o no.

Todas las diligencias y conocimiento del asunto, así como la emisión del dictamen, están a cargo de la Sección Instructora, que es el órgano encargado de sustanciar la declaración de procedencia y juicio político, según lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La integración de la Sección Instructora, de acuerdo con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estará conformada por los miembros que para tal efecto designe la Comisión Jurisdiccional, sin que ésta señale el número de integrantes.

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala que “por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores”.

Ahora bien, el artículo 45, numeral 7, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que “los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos”.

Para poder emitir un dictamen para que el Pleno de la Cámara conozca el resolutivo de declaración de procedencia será necesaria la votación por mayoría de los presentes de la Sección Instructora, ahí está el problema.

La disposición del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que algunos procedimientos de declaración de procedencia sean del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que la integración de un número par de la Sección Instructora da lugar a la posibilidad que haya un empate, siendo éstos resueltos por un número reducido de Diputados, evitando la pluralidad de opiniones e ideas, contraviniendo con la decisión del pueblo.

Por ello, se propone una reforma al artículo 11, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que la Sección Instructora esté compuesta por un número non; es decir, por cinco integrantes y con ello evitar el problema antes mencionado.

De esta manera, señoras y señores legisladores, estaremos en posibilidad de dar mayor agilidad y certeza a las decisiones de la Sección Instructora, y que los casos que son tan relevantes no se queden atorados por una falta de una mayoría de legisladores.

Es cuanto.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, JUAN PABLO PIÑA KURCZYN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con el siguiente:

CONSIDERANDO

Actualmente en México la inmunidad parlamentaria está regulada por el Título 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 111.

“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”

De lo anterior se desprende que, para poder proceder penalmente en contra de ciertos servidores públicos, es necesario que por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, se declare si ha lugar o no. A dicho procedimiento se le conoce como declaración de procedencia o conocido coloquialmente como desafuero.

Todas las diligencias y conocimiento del asunto, así como la emisión del dictamen, estarán a cargo de la Sección Instructora, órgano encargado de sustanciar la de declaración de procedencia y juicio político, según lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A grandes rasgos, el procedimiento es el siguiente:

El procedimiento de declaración de procedencia comienza con un requerimiento por parte de un agente del Ministerio Público ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la cual debe ser ratificada dentro de los tres días posteriores a su presentación.

Posteriormente, la Sección Instructora informará al denunciado sobre misma, haciéndole saber su garantía de defensa, dentro de un plazo de 3 días naturales después de la ratificación de la denuncia.

El denunciado manifestará lo que a su derecho convenga haciéndolo mediante comparecencia o informe por escrito, según su elección, dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación.

La Sección Instructora abrirá un periodo de pruebas por 30 días naturales.

Terminada la instrucción del procedimiento se pondrá a la vista el expediente al denunciante, hasta por 3 días naturales y al denunciado y defensores por otros tres días naturales.

Una vez concluida la etapa de vista del expediente, se formularán los alegatos.

Concluida la etapa de alegatos, se hayan formulado o no, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento.

Una vez emitidas las conclusiones, la Sección Instructora entregará el Dictamen a los Secretarios de la Cámara de Diputados para que a su vez se entregue al Presidente, quien anunciará la fecha de la reunión para resolver la imputación, dentro de los 3 días naturales siguientes, haciéndoles saber a las partes a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga.

Una vez entregado el Dictamen correspondiente, el Presidente anunciará a la Cámara que debe erigirse como Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiera depositado el dictamen.

El día designado, previa declaración del Presidente, la Cámara conocerá en Asamblea del Dictamen de la Sección Instructora.

Se dará lectura a las constancias procedimentales o síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como las conclusiones de la Sección Instructora.

Se concede la palabra al denunciante y en seguida al denunciado o a su defensor, o a ambos si alguno de estos así lo solicitare, para que aleguen lo que a su derecho convenga.

El denunciante podrá replicar y si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término.

Retiradas las partes se procederá a discutir y a votar las conclusiones emitidas por la Sección Instructora.

La integración de la Sección Instructora, de acuerdo con el artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estará conformada por los miembros que para tal efecto designe la Comisión Jurisdiccional, sin que esta señale el número de integrantes.

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos señala lo siguiente, en relación a la composición de la Sección Instructora:

“ARTÍCULO 11.-

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.
…”

(énfasis añadido)

Ahora bien, el artículo 45, numeral 7 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

“Artículo 45.-

Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.” (énfasis añadido)

Lo anterior, establece que para poder emitir un dictamen para que el pleno de la Cámara conozca el Dictamen de Declaración de Procedencia será necesario la votación por mayoría de los presentes de la Sección Instructora:

La disposición del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que algunos procedimientos de declaración de procedencia sean de conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, toda vez, que la integración de un número par de la Sección Instructora da lugar a que haya un empate, siendo estos “resueltos” por un número reducido de diputados, evitando la pluralidad de opiniones e ideas, contraviniendo con la decisión del pueblo.

Por ello, propongo una reforma al artículo 11 segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la Sección Instructora este compuesta por un número non y con ello evitar el problema antes planteado.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 11.-

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cinco integrantes para que formen la Sección instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

…”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Javier Neblina. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 105 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En México no contamos con un tribunal constitucional propiamente dicho. El modelo mexicano se sustenta en la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumple con dos funciones: ser la cabeza del Poder Judicial Federal y realizar las labores que corresponden a un Tribunal Constitucional.

Los problemas que se generan con este modelo son múltiples.

Si bien desde 1987 se ha tratado de especializar a la Suprema Corte de Justicia como un Tribunal Constitucional, debemos reconocer que los esfuerzos no han sido completamente exitosos.

La Suprema Corte de Justicia mantiene una pesada carga jurisdiccional y administrativa que le impide realizar la función de Tribunal Constitucional que ha sido encomendada con la suficiente eficacia y eficiencia que son deseables.

Las decisiones relevantes sobre interpretación constitucional que se toman día a día en este Tribunal, aparecen mezcladas junto con una multiplicidad de asuntos que tienen que ver con cuestiones muy variadas. La carga de trabajo, por ejemplo, de un par de semanas de la Suprema Corte de Justicia, se equipara a la de todo un año de los Tribunales Constitucionales.

También resulta muy complicado para las Ministras y Ministros concentrarse exclusivamente en las tareas que exige la jurisdicción constitucional.

Como cabeza del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte realiza múltiples funciones.

Para empezar, el Presidente de la Suprema Corte encabeza también el Consejo de la Judicatura Federal, de esta manera es responsable tanto de la dirección como de la operación del aparato que integra la justicia federal. Esta labor exige mucho tiempo, mismo que necesariamente lo aleja de sus atribuciones estrictamente jurisdiccionales, y precisamente en esta faceta jurisdiccional, una de las responsabilidades más importantes que tiene el Presidente de la Suprema Corte es dirigir los debates en el Pleno de ese tribunal.

Esta tarea exige conocimientos especializados y amplias horas de preparación en la buena conducción de los debates, incide directamente en el tiempo que se ocupa para tomar las decisiones, pero también puede incidir en la calidad de las mismas resoluciones.

Hoy en día la Suprema Corte de Justicia está integrada por una estructura burocrática enorme, se ha convertido en un aparato administrativo que exige muchos recursos para su operación y que cumple con muchas dificultades su labor de defensa de nuestra Constitución; la estrecha relación existente entre la Suprema Corte de Justicia y el resto del Poder Judicial Federal provoca que la Corte se ocupe formal e informalmente de múltiples cuestiones relacionadas con la vida institucional del Poder Judicial.

Los últimos esfuerzos por especializar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezaron con la reforma constitucional de 1987, esa medida buscaba especializar a la Suprema Corte de Justicia en cuestiones estrictamente constitucionales.

Este ejercicio tuvo un impacto muy limitado, por ello, en 1994 se volvió a reformar la Constitución con el objeto de profundizar en el cambio de especialización de la Suprema Corte de Justicia.

En 1999, se presentaron nuevas reformas para colocar a la Suprema Corte a la cabeza del gobierno y la administración del Poder Judicial Federal; la reforma también otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de emitir acuerdos generales con el objeto de enviar asuntos de su competencia a los tribunales colegiados de circuito.

En 2011, se presentaron nuevos cambios con el objeto de modernizar el juicio de amparo; y en 2017, se cumplen ya 30 años de esfuerzos orientados a consolidar la jurisdicción constitucional en México.

Debemos reconocer que los efectos han sido limitados. La jurisdicción constitucional en México permanece sin la consolidación y especialización necesarias. Nuestro máximo tribunal mantiene una agenda muy compleja que no permite que se avoque por completo a la jurisdicción constitucional.

Proponemos nosotros, con esta reforma, crear un Tribunal Constitucional que se encargue de cumplir con la función especializada que requiere la defensa constitucional. Reformando el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal se colocaría con la única función de conocer asuntos de estricta constitucionalidad. El tribunal no sería la última instancia en materia constitucional, pero sí sería una instancia suprema.

En materia de amparo, también el Poder Judicial de la Federación mantiene sus atribuciones en términos muy semejantes a los que lo rigen actualmente.

La Suprema Corte de Justicia conserva su posición como cabeza del Poder Judicial Federal y puede conocer en materia de revisión de amparos.

La propuesta se presenta con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda atraer para su conocimiento los amparos en revisión para su definitiva resolución.

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se establece que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de las mismas.

La propuesta que sometemos, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la consideración de esta Soberanía, consiste en crear un Tribunal Constitucional que se especialice en asuntos relevantes relacionados con la interpretación de nuestra Constitución.

Es un primer paso para una necesaria reforma al sistema de impartición de justicia en México, para garantizar su mejor funcionamiento con imparcialidad, objetividad, eficacia, transparencia, pero también con una perspectiva de derechos humanos, condición de género y de multiculturalidad, tal como lo establece ahora la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS por el que se crea un Tribunal Constitucional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La justicia constitucional se ha convertido en elemento indispensable para cualquier democracia contemporánea. La labor que desarrollan tribunales constitucionales como el colombiano, el español o el sudafricano, por mencionar algunos, nos ilustra con toda claridad el impacto que pueden tener estas instituciones para la construcción de sociedades plurales y respetuosas de los derechos de las personas.

En México no contamos con un tribunal constitucional propiamente dicho. El modelo mexicano se sustenta en la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumple con dos funciones: ser la cabeza del poder judicial federal y realizar las labores que corresponden a un tribunal constitucional. De esta manera, la labor ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desarrolla resolviendo asuntos que tienen que ver tanto con cuestiones puramente constitucionales como con aquellas que involucran a la jurisdicción federal e incluso las que se refieren al gobierno y administración del poder judicial federal.

Los problemas que se generan con el modelo que hemos adoptado son múltiples. Si bien desde 1987 se ha tratado de especializar a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional, debe reconocerse que los esfuerzos no han sido completamente exitosos. La Suprema Corte de Justicia mantiene una pesada carga jurisdiccional y administrativa que le impide realizar la función de tribunal constitucional que le ha sido encomendada con la eficiencia y eficacia que son deseables. Las decisiones relevantes sobre interpretación constitucional que se toman día a día en ese tribunal aparecen mezcladas junto con una multiplicad de asuntos que tienen que ver con las cuestiones más variadas. La carga de trabajo de un par de semanas de la Suprema Corte de Justicia se equipara a la de todo un año de otros tribunales constitucionales. En tales condiciones, resulta muy difícil apreciar los alcances de las decisiones. También resulta muy complicado para las ministras y ministros concentrarse en las tareas que exige la jurisdicción constitucional.

Como cabeza del Poder Judicial Federal la Suprema Corte también realiza múltiples funciones. Para empezar el presidente de la Suprema Corte encabeza también al Consejo de la Judicatura Federal. De esta manera, es responsable de la dirección y operación de todo el aparto que integra a la justicia federal. Esta labor le exige tiempo mismo que necesariamente lo aleja de sus labores estrictamente jurisdiccionales. Precisamente en la faceta jurisdiccional una de las responsabilidades más importantes de quien preside la Suprema Corte de Justicia es dirigir los debates del pleno de ese tribunal. Esta tarea exige conocimientos especializados y amplias horas de preparación. La buena conducción de los debates incide directamente el tiempo que se ocupa para tomar las decisiones. Pero también puede incidir en la calidad misma de las resoluciones.

Hoy en día la Suprema Corte de Justicia está integrada con una estructura burocrática enorme. El número de personas que integran las ponencias de cada ministro y ministra de aquel tribunal nos da cuenta de la forma en la que esta institución ha crecido. Ello sin contar al personal que labora en las muchas oficinas que forman parte de la Suprema Corte de Justicia. La Corte se ha convertido en un enorme aparato administrativo que exige muchos recursos para su operación y que cumple con muchas dificultades su labor de defensa de la Constitución. La estrecha relación existente entre la Suprema Corte de Justicia y el resto del Poder Judicial Federal provoca que aquella se ocupe formal e informalmente de múltiples cuestiones relacionadas con la vida institucional de éste último.

Los esfuerzos por especializar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezaron con la reforma constitucional de 1987.1 En aquella ocasión se trató de transferir a los tribunales colegiados de circuito la mayor parte de las tareas relacionadas con la jurisdicción federal y con una buena parte de la carga de la jurisdicción constitucional. La medida buscaba especializar a la Suprema Corte de Justicia en cuestiones estrictamente constitucionales.

El ejercicio tuvo un impacto limitado. Por ello, en 1994 se volvió a reformar la Constitución con el objeto de profundizar en el camino de la especialización de la Suprema Corte de Justicia.2 En aquella ocasión también se introdujeron dos nuevos mecanismos de control constitucional. Por una parte, se revigorizaron las controversias constitucionales. Por la otra se introdujo la acción de inconstitucionalidad. Los cambios de 1994 también produjeron una especie de refundación de la Suprema Corte de Justicia y el establecimiento del Consejo de la Judicatura Federal como un mecanismo especializado en el gobierno y administración del Poder Judicial Federal.

En 1999 se presentaron nuevas reformas.3 En esta ocasión se produjo un reacomodo en la organización del Poder Judicial Federal. El efecto fue colocar a la Suprema Corte a la cabeza del gobierno y administración del Poder Judicial Federal. La reforma también otorgó al pleno de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de emitir acuerdos generales con el objeto de enviar asuntos de su competencia a los tribunales colegiados de circuito.

En el 2007 se presentaron dos reformas en materia electoral que tuvieron como resultado generar una instancia especializada en la materia electoral constitucional.4 El efecto de estas reformas fue dotar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de atribuciones para interpretar la Constitución en dicha materia. La Suprema Corte de Justicia mantuvo únicamente la atribución de interpretar la Constitución en la materia electoral en las acciones de inconstitucionalidad. El resultado de nueva configuración fue colocar dos órganos límite en la jurisdicción constitucional. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia como la cabeza de la jurisdicción constitucional. Por la otra, la Sala Superior como una jurisdicción especializada límite.

En el 2011 se presentaron nuevos cambios con el objeto de modernizar el juicio de amparo.5 Sin embargo, también incidió la estructuración del Poder Judicial Federal. La creación de los plenos de Circuito representa un esfuerzo por ordenar la generación de criterios en el país. También se introdujeron algunos ajustes procesales en el artículo 107 de la Constitución con el objeto de tratar de regular el flujo de asuntos hacia el Poder Judicial Federal.

En 2017 se cumplen 30 años de esfuerzos orientados a consolidar la jurisdicción constitucional en México. No obstante, es necesario reconocer que los efectos han sido limitados. La jurisdicción constitucional en México permanece sin la consolidación y especialización necesarias. Nuestro máximo tribunal mantiene una agenda muy compleja que no permite que se avoque por completo a la jurisdicción constitucional. De igual manera, su posición como cabeza del Poder Judicial Federal representa una carga que afecta su especialización. El propio gobierno el Poder Judicial Federal muestra muchos límites a la luz de esta configuración.

Por los anteriores motivos, se considera necesario crear un tribunal constitucional que se encargue de cumplir con la función especializada que demanda la defensa de la Constitución. De esta manera, el Tribunal Constitucional se puede colocar como una instancia especializada cuya única función sea conocer asuntos de estricta constitucionalidad. En el esquema que se propone todos los tribunales del país deben mantener la facultad de realizar controles difusos mediante la interpretación conforme o la desaplicación de normas. También debe mantenerse la jurisdicción de amparo que tiene el Poder Judicial Federal. El cambio se presenta con la posibilidad de que el nuevo Tribunal Constitucional atraiga aquellos asuntos que considere relevantes para su resolución definitiva en temas de constitucionalidad.

La propuesta que se somete a la consideración de esa Soberanía consiste en establecer un Tribunal Constitucional que se especialice en el conocimiento de asuntos relevantes relacionados con la interpretación de los alcances de la Constitución. El Tribunal no es la instancia única en materia constitucional pero sí la instancia suprema. De esta manera, en materia de amparo, el Poder Judicial de la Federación mantiene sus atribuciones en términos muy semejantes a los que rigen en la actualidad. La Suprema Corte de Justicia conserva su posición como cabeza del Poder Judicial Federal y puede conocer amparos en revisión. Lo mismo ocurre con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La novedad se presenta con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional puede atraer para su conocimiento los amparos en revisión y los recursos en materia electoral que estime relevantes para su resolución. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se establece que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de las mismas.

La distribución de funciones planteadas por el esquema que aquí se propone permite garantizar la regularidad del funcionamiento de las instancias jurisdiccionales existentes. Al mismo tiempo, genera las condiciones necesarias para asegurar el funcionamiento de una jurisdicción constitucional límite a cargo de un órgano jurisdiccional especializado.

Por las anteriores razones, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. El Tribunal Constitucional será la instancia suprema del Estado Mexicano en la jurisdicción constitucional y sus precedentes serán obligatorios para todas las instancias jurisdiccionales del país. El Tribunal Constitucional conocerá de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y proceso electorales a que se refiere el presente artículo, así como de los amparos en revisión que decida atraer para su conocimiento por tratar cuestiones que estime de relevancia constitucional y de las cuestiones de inconstitucionalidad cuyo planteamiento acepte con motivo del control de que ejerzan los juzgadores del fuero común en los asuntos materia de su competencia.

El Tribunal Constitucional estará integrado por cinco jueces que serán designados por el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal. La remuneración de los jueces constitucionales no podrá ser disminuida durante el periodo de su encargo. Los jueces no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Los jueces del Tribunal Constitucional solo podrán ser removidos de sus cargos en términos del Título Cuarto de la presente Constitución.

Los nombramientos de los Jueces constitucionales deberán recaer en aquellas personas que reúnan los requisitos que establecen las fracciones I a VIl del artículo 95 y que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, previamente al envío de sus propuestas al Senado de la República, deberá realizar una consulta pública con el objeto de escuchar la posición de la sociedad sobre el perfil de la persona que debe ocupar el cargo de juez constitucional.

El Tribunal funcionará en pleno y los debates serán dirigidos por el presidente, quien será designado por sus pares y ocupará el cargo por un periodo de cinco años. Las decisiones del Tribunal serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El Tribunal Constitucional conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

d) Una entidad federativa y otra;

e) Dos municipios de diversos Estados;

f) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

g) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

h) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

i) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

f) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.

g) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; y

h) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las Entidades Federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

III. De los recursos que decida atraer en contra de resoluciones dictadas por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de diez días naturales a partir de la publicación del presente Decreto para difundir en el Diario Oficial de la Federación, en otros dos diarios de circulación nacional y en el sitio de internet de la presidencia de la República, la convocatoria para la realización de la consulta pública a la que se refiere el párrafo cuarto del artículo 105 constitucional. El proceso deberá garantizar la participación plural, transparente y abierta de distintos sectores de la sociedad.

Las propuestas de designación de quienes integrarán el Tribunal Constitucional deberán ser enviadas al Senado de la República el primer día de sesiones del período ordinario inmediato siguiente a la publicación del presente Decreto. La designación deberá ser realizada a más tardar al terminar el período de sesiones en que se recibió la propuesta. En caso de no haberse pronunciado el Senado respecto a las propuestas, se tendrán por desechadas y el Ejecutivo deberá presentar nuevas propuestas en un término no mayor de sesenta días naturales.

El Tribunal Constitucional deberá entrar en funciones al día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y, hasta en tanto se publica la legislación en materia de justicia constitucional y orgánica del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional podrá ejercer la facultad de atracción a que se refiere el primer párrafo del artículo 105 constitucional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de mayo de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987.

2 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

3 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999.

4 Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre y 13 de noviembre de 2007.

5 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar el similar de comisión que acabamos de aprobar.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Toda vez que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Hay mayoría por la afirmativa, Senador Presidente, es aprobado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo modificatorio.






Compañeros legisladores: Les informo que la Mesa Directiva en su reunión de este día acordó la presentación de un pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO



Sonido en el escaño del Senador Monreal, por favor.

El Senador David Monreal Ávila: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para que quede asentado que el grupo parlamentario del PT, no acompañamos este pronunciamiento.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Así es Senador, se registra.

Denle volumen, por favor, a la Diputada Nahle García.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Señor Presidente, de igual manera, es nada más para manifestar que el grupo parlamentario de Morena no va a firmar este pronunciamiento.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí. Queda registrado, gracias, Diputada Nahle.






Compañeros legisladores: Informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena)

La que suscribe, MARIANA TREJO FLORES, Diputada Federal de la LXIII Legislatura  del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Salud en materia de autoridades sanitarias al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo cuarto de la Ley General de Salud, establece y se determina lo siguiente en cuanto a las autoridades sanitarias;

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias:

I. El Presidente de la República;

II. El Consejo de Salubridad General;

III. La Secretaría de Salud,

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal.1

El Senado de la República, aprobó en abril de 2015, una reforma política que cambiaba legalmente de nombre a la Ciudad de México y le otorgaba la facultad de tener una Constitución Propia.

La Reforma Política presentada en ambas Cámaras, después de ser revisada, estudiada y dictaminada, logró establecer los siguientes puntos de relevancia en materia de lo enunciado en las leyes que rigen a la Ciudad de México.

1. El Distrito Federal cambiará su nombre a Ciudad de México, convirtiéndose en la entidad federal número 32 y se mantendrá como la capital del país.

2. La Ciudad de México deberá tener su primera Constitución Política a más tardar el 31 de enero de 2017.

3. Se elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y crea las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que serán encabezadas por un alcalde.

4. La Asamblea Legislativa desaparecerá para convertirse en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de los congresos estatales.

5. La Ciudad de México estará obligada a vigilar los recursos federales que se ejerzan o administran en las demarcaciones territoriales.

6. La Ciudad de México tendrá una autonomía inédita, debido a que el Gobierno Federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.

7. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público y autónomo.

8. Los nombramientos del Procurador de Justicia y jefe de Policía serán hechos por el jefe de Gobierno y ya no por el presidente de la República.

9. La Ciudad de México tendrá con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales.

10. En la Ciudad de México, los salarios no podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general respecto a las entidades federativas2.

En el acuerdo de la Judicatura Federal, para cambiar el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, se expone a continuación, entrando en vigencia el 05 de febrero de 2016, fecha desde la cual, la Ciudad de México dejó de llamarse Distrito Federal, con las modificaciones pertinentes en la legislación mexicana.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MÉXICO EN TODO SU CUERPO NORMATIVO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos;

QUINTO. Con fecha 29 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

SEXTO. Con la publicación de ese Decreto el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

SÉPTIMO. En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo interno en los distintos Acuerdos Generales que regulan las distintas materias del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales se hace mención al Distrito Federal, resulta conveniente hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar nuestra normativa interna con la reforma constitucional.

Por lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. En todos los Acuerdos Generales y normativa expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los que se haga referencia al Distrito Federal se deberá entender como hecha a la Ciudad de México.

Por lo anterior, los nombres de los órganos jurisdiccionales con residencia en la Ciudad de México deberán sustituir el nombre Distrito Federal por la denominación Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se instruye a todos los órganos y áreas del Consejo de la Judicatura Federal para que a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo General se haga referencia a la Ciudad de México.

Asimismo, se les instruye para que la papelería impresa se siga utilizando hasta su agotamiento y, por lo que respecta a los sellos oficiales, hasta que se efectúe su sustitución.

TERCERO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.3

En el texto anterior se establece que la Ciudad de México es ahora ya un nombre oficial que será sujeto de las disposiciones jurídicas y legales concernientes en las leyes vigentes para la República Mexica y, es esta iniciativa, sólo una reforma que homologa las disposiciones y establece que se armonicen gradualmente, las disposiciones de los entramados legales federales en materia de evitar controversias constitucionales o impedimentos legales que den pie a interpretaciones ambiguas, laxas o insuficientes al momento de la aplicación de los ordenamientos jurídicos. El cambio en el artículo cuarto fracción IV de la Ley General de Salud, no modifica el sentido del artículo en la sustancia intrínseca, sólo modifica el nombre de Distrito Federal para sustituirlo por el de Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4, fracción IV de la Ley General de Salud por el siguiente:

DECRETO

Artículo Único.- Se reforma la Fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias:

I. El Presidente de la República;

II. El Consejo de Salubridad General;

III. La Secretaría de Salud,

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Mariana Trejo Flores.

1 Texto íntegro del artículo 4 de la Ley General de Salud vigente.

2 https://www.forbes.com.mx/reforma-politica-el-adios-al-distrito-federal/

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, en mi calidad de Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y de más relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector minero es uno de los principales motores económicos de México. Su importancia radica en el conjunto de beneficios que se desprenden de esta actividad, como la generación de empleos, de divisas, las inversiones, el crecimiento en conjunto de esta actividad con su cadena de valor y la importante aportación al desarrollo cultural de nuestro país. La minería se ubicó como el cuarto sector que más divisas generó. De acuerdo con el balance del sexenio anterior, la aportación económica de la minería mexicana fuere conocida como una de las más importantes.

Además de su participación en el PIB, los beneficios sociales de la minería se extienden en 24 de los 32 estados de la República, donde existe minería gracias al rico potencial minero de México que convierte a nuestro país en el principal destino para la inversión en exploración de minerales en América Latina y el cuarto a nivel mundial. México ocupa los primeros 10 lugares en la producción de 18 minerales en los que destaca como el principal productor de plata  y el décimo productor de oro a nivel mundial.

Otra marca histórica se obtuvo en lo referente a las inversiones, las cuales crecieron 69% en 2011 al alcanzar 5 mil 612 millones de dólares. Se estima que en 2012 la inversión minera ascendió a 7 mil 647 millones de dólares y alcanzó los 25 mil 245 millones de dólares en el periodo 2007-2012.

Los datos anteriores confirman la vocación minera de México y su importancia para el crecimiento de nuestra economía, un crecimiento respaldado en el compromiso de una industria responsable  que apuesta por los cambios, invierte y seré nueva para garantizar la sustentabilidad en todas sus operaciones.

Así también hay que tomar en cuenta los riesgos que conlleva estar entable actividad, como lo es, los posibles daños a su entorno, el cual no respeta demarcaciones políticas (municipios, entidades federativas, naciones) pues como consecuencia de los factores contaminantes químicos, se presentan severas agresiones a la salud humana, como así también de animales y plantas, que no se perciben al principio, pero comienzan a ser evidentes al cabo de varios años de iniciada la explotación y cuando la solución del problema es irreversible. Entre las enfermedades que se detectan primero son: el aumento de los índices de cáncer, especialmente entre los niños, las afecciones bronco pulmonares y las enfermedades de la piel. Sin embargo, hay un factor determinante de afecciones muy graves, como es el aumento de la presencia de metales pesados en sangre, a través de la ingesta del agua, los vegetales y la carne contaminada con dichos elementos (plomo, zinc, cromo, vanadio, azufre, arsénico, cobre y muchos más), que también actúan intoxicando al individuo a largo plazo. Esta circunstancia, desgraciadamente no es notada hasta que el problema es grave ya que no se detecta en exámenes de sangre comunes y, por otro lado, la acumulación de dichos metales es lenta y sólo detectable mediante estudios específicos y después de varios años de ingestión de los mismos.

También debemos considerar los cambios en la dieta tradicional de la zona, ya que con la desertificación, desaparición de especies autóctonas y contaminación de productos locales, los habitantes del área deben recurrir a alimentos no tradicionales y ello también significa un riesgo de desequilibrio alimentario y la consiguiente aparición de anemias, desnutrición y/o falta de defensas para el organismo.

El 6 de agosto del año 2014, ocurrió el peor desastre ambiental en Sonora: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclados con ácidos ulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México; esta descarga del ixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, pusieron en riesgo a, por lo menos, 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.

El derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir.

Tan sólo unos días después del vertido tóxico en Sonora, una mina de la empresa Proyecto Magistral provocó otro derrame en el municipio El Oro en Durango, contaminando dos mil metros cúbicos de agua con cianuro, el cual es potencialmente letal.

La laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues, en teoría, se les exige un “pago” o la “reparación del daño” en la zona donde ocurrió el desastre pero sin tomar en cuenta las externalidades.

Si bien no es factible erradicar todos los peligros posibles a causa de la actividad minera, sí lo es controlar las causas de la mayoría de los riesgos mediante una acción que combine diversos elementos como la adopción e implementación de normas regulatorias nacionales e internacionales, la formación y capacitación, conjuntamente con otras soluciones regionales, nacionales y específicas propias del emprendimiento para mitigar los problemas que se presentan, es también dable esperar que a través de una mayor colaboración y cooperación regional e internacional puedan incrementarse las capacidades nacionales en las áreas de higiene y seguridad en el trabajo minero y con metales, y aunque no puede negarse que también se han verificado progresos notables en materia de higiene y seguridad en las minas,  todavía queda mucho por hacer.

De acuerdo con la Constitución Política Mexicana, el Estado es el propietario original de las tierras y aguas existentes en su jurisdicción, y es éste es quien tramita los títulos de propiedad a particulares, a entidades sociales (a través de ejidos), o no las transmite, quedando así como bienes nacionales. En cuanto a la disposición de los recursos naturales,  incluidos los hidrocarburos y los minerales, éstos son propiedad única y exclusiva de la Nación, y se consideran bienes inalienables e imprescriptibles, por lo que los particulares solo pueden explotarlos a través de las concesiones que el Poder Ejecutivo Federal extienda si se reúnen los requisitos que establece la ley.

La Ley Minera divide los minerales en concesibles y no concesibles. Los minerales concesibles requieren contar con un permiso para su extracción y beneficio, y se clasifican en: metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales siderúrgicos y minerales no metálicos. Los minerales no concesibles pueden ser aprovechados sin necesidad de concesión: son los agregados pétreos para la construcción, como arena, grava, tezontle o barro (INEGI, 2011). Los hidrocarburos y los minerales radiactivos no entran en ninguna de las clasificaciones anteriores y a que, hasta la Reforma Energética, solo podían ser aprovechados por el Estado (INEGI, 2011).

Ahora bien, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 271, dispone que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; enunciando dicho numeral las diversas inversiones que se incluyen. Mientras que el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos menciona que para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 7% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa  correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley y en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones encomendadas en el presente Capítulo.

Siendo el tercer párrafo del mismo artículo 275 de la ley en comento que dispone que la distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.

En atención al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, su artículo décimo dispone que la determinación de la asignación de los Recursos a los Vehículos (instrumento financiero constituido por cada Entidad Federativa y, en su caso, por cada Municipio o Demarcación, para recibir los recursos correspondientes, en términos de las disposiciones aplicables) por parte del Fondo (contrato de mandato público celebrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con una institución de banca de desarrollo, al cual se le denominará Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual será responsable de que se distribuya en un 62.5% al Municipio o Demarcación en el que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5% restante a la Entidad Federativa correspondiente.

Ante tales motivos, el suscrito considera importante y necesario que no sólo los municipios en el que tenga lugar la explotación y obtención de sustancias minerales sean los beneficiarios junto con la entidad federativa correspondiente del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros sino que, además, se incluyan todas aquellas regiones aledañas que en el presente o futuro pudiese verse afectadas por causa de la actividad minera desarrollada  en un lugar en específico; lo anterior, toda vez que, como se planteó en párrafos precedentes, los riesgos de daños en el ecosistema por el desarrollo de la actividad minera no respeta de limitaciones territoriales políticas ya sea municipios, entidades federativas ni nación, por lo que ante tal circunstancia es pertinente incluir, en el beneficio de la actividad minera, no sólo al municipio donde se desarrolla ésta ni a la entidad que corresponda aquélla sino también a la región susceptible de algún impacto en su ecosistema por el desarrollo de la actividad minera que se trate, estableciéndose como región aquella demarcación territorial que previos los estudios correspondientes se establezcan como zona de riesgos de impacto ambiental ya sea en menor o mayor grado.

En ese orden de ideas, al realizar un análisis de los marcos normativos a penas mencionados, es que se desprende que ninguno de ellos incluye las regiones que se encuentran próximas a los municipios donde se desarrolla la actividad minera para acceder al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, siendo que en algunos de los casos podrían representar igual o mayor impacto en sus ecosistemas debido al desarrollo de la actividad minera de que se trate, por lo que se deduce que resulta injusto que dicho Fondo sólo sea repartido al municipio donde se realiza la actividad minera y a la entidad federativa que corresponda pues, reitero, también debe incluirse en éste, las regiones que previo análisis o estudio respectivo representen ser susceptibles de una posible afectación en sus ecosistemas, con la finalidad de que dichas regiones no sólo sean tomadas en cuenta para la reparación del daño cuando éste se ha detectado sino que los pobladores de las mismas se vean beneficiados de la actividad minera de que se trate por el simple hecho de encontrarse en una zona donde podría verse afectada por dicha actividad minera, aunque el propósito de todos es que nunca se vea afectada.

Por otra parte, por razones de técnica legislativa, el suscrito considera necesario hacer una modificación a los demás porcentajes y a contemplados en la Ley. El texto vigente es producto de una reforma a la Ley del 7 de diciembre de 2016, propuesta por el Ejecutivo Federal.

En dicha reforma se modificó el porcentaje destinado al Fondo, con el objeto de poder designar 2.5% para los gastos de operación y administración que lleva a cabo SEDATU. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, el Ejecutivo Federal argumenta que las funciones (por ejemplo, la operación y administración del mencionado Fondo y la garantía de una efectiva aplicación  de los recursos del mismo en zonas de atención prioritaria) que lleva a cabo la Secretaría, requieren de recursos económicos, materiales y humanos para su correcto cumplimiento. Por esto, consideran necesario destinarle ese 2.5% de los ingresos totales de los derechos para que pueda desempeñar adecuadamente su labor.

La Comisión dictaminadora de la iniciativa, consideró válidos los argumentos y aprobó la propuesta de reforma. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como la Comisión dictaminadora, olvidaron modificar los porcentajes destinados a los municipios y demarcaciones de la CDMX y a las entidades federativas correspondientes. Con esto, el resultado es que el 100% de lo recaudado por concepto de los derechos, termina siendo destinado a los anteriormente mencionados y no resta el 2.5% que se pretende asignar a al SEDATU.

Por esto se propone que los porcentajes queden de la siguiente forma:

Porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros: 80%.

Porcentaje destinado a los municipios y demarcaciones de la CDMX en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales: 55%

Porcentaje destinado a las regiones aledañas  al municipio y demarcaciones de la CDMX donde se llevó a cabo la explotación: 10.5%

Porcentaje destinado a la entidad federativa correspondiente: 32%.

Porcentaje destinado a la SEDATU para desempeñar las funciones encomendadas por la Ley: 2.5%

Con lo anterior, nuestro marco normativo en materia de Minería puede considerarse como de vanguardia en lo que respecta al beneficio social y ecológico, no sólo como de reparación del daño al mismo  sino de prevención real y tangible, lo cual es congruente con el resto de esta iniciativa.

En consecuencia de los argumentos vertidos ante este honorable cuerpo legislativo,  me permito someter a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 275. Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refieren los artículos 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 55% a los municipios y de marcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales; un 10.5% a las regiones aledañas al municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de que se trate; un 32% a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones encomendadas en el presente Capítulo.

Para la determinación de regiones aledañas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá realizar un estudio de riesgo de impacto en el ecosistema de los territorios que se encuentran contiguos al municipio o demarcaciones correspondientes. El estudio de riesgo se actualizará cada tres años.

La distribución de los recursos a que se refiere este artículo, entre los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación de la Ciudad de México correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda. En el caso de regiones aledañas, el porcentaje se determinará bajo el mismo registro estadístico que señala este párrafo, con enfoque en regiones, solo que la distribución específica entre municipios o demarcaciones será de manera equitativa entre aquellos que integren la región de que se trate.

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del Gobierno del Estado o de la Ciudad de México; un representante de lo de los municipios o de marcaciones en donde se localicen o impacten las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, desagregándola en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias relativas al presente Decreto, en un plazo no mayor a 30 días a partir de su entrada en vigor.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá llevar a cabo el estudio para determinar las regiones aledañas a los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, con base en el impacto en el ecosistema por la actividad minera de que se trate, creando los parámetros para dicha determinación, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la unión, el 3 de mayo de 2017.

Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por el Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado Federal ENRIQUE ROJAS OROZCO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, en relación a la incorporación de un protocolo para el trato amable, cordial e inclusivo a las personas con discapacidad en las instituciones financieras; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de contribuir a fortalecer los derechos de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, en cuanto a los servicios que adquieren o desean adquirir en instituciones financieras, para que estén a su alcance y disponibles acorde a sus necesidades específicas, y estar en condiciones de hacer uso de ellas como cualquier otro ciudadano, mediante un trato cordial y amable.

En este sentido, debe dimensionarse la magnitud del problema, debido a que en el 2014, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay en México cerca de 120 millones de personas, de ellas, casi 7.2 millones reportan tener algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la población total del país.

Este sector de la población además de sufrir físicamente de alguna discapacidad que le impide desarrollarse libremente, se encuentra aún más limitada cuando no encuentra en la sociedad espacios en los que pueda interactuar, complicando su situación. Esto se agrava cuando tienen que realizar trámites en dependencias e instituciones, que no han adaptado su infraestructura y no han sensibilizado a su personal para que las personas reciban los servicios y atenciones de manera inclusiva.

Concretamente, el sector financiero se ha adaptado lentamente a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las personas con discapacidad. Aunque algunas instituciones bancarias y de crédito han hecho, por iniciativa propia, adecuaciones a su infraestructura para facilitar el acceso a sus servicios, la mayoría carece de estas adaptaciones que permitirían la inclusión financiera de las más de 7 millones de personas con discapacidad, en los diferentes tipos de discapacidad que sufren como pueden ser motriz, visual, del habla, etcétera.

Las instituciones financieras deben de asegurar la accesibilidad a personas con todo tipo de discapacidad, la cual no solamente significa la presencia física de sucursales y cajeros automáticos sino que por accesibilidad también debemos entender la infraestructura adecuada para el acceso físico de personas con discapacidad de todo tipo y el personal capacitado para atender y apoyar a personas que presentan esas discapacidades.

Un intento de realizar esta inclusión es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, sin embargo, una ley tan general, por sí misma, no puede modificar una realidad tan marcada y significativa en un sector específico, como lo es el financiero, siendo necesario establecer medidas concretas que lleven a que exista una real inclusión financiera, al modificar la infraestructura, capacitar y sensibilizar al personal y al eliminar las barreras que frenan el acceso pleno de las personas con discapacidad a los servicios financieros.

Dicho lo anterior, cabe considerar que la ley mencionada señala como “accesibilidad” a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, siendo las instituciones financieras parte importante en este sentido.

Es por lo anterior que el suscrito Diputado ENRIQUE ROJAS OROZCO, al ver la necesidad apremiante de las personas con discapacidad para acceder a los servicios financieros y hacer uso de ellos, es que considero necesario y urgente la atención de este asunto obligando a las instituciones financieras a implementar un protocolo de actuación sobre las medidas mínimas que debe tomar para brindar a las personas con discapacidad, condiciones que les permitan igualar y hacer más accesible los servicios que las mismas prestan, no solo implementándolo, sino también poniéndolo en práctica, estando sujeto a revisión y aprobación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual se encargará además de revisar que el mismo, una vez aprobado, se aplique de forma puntual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis.- Las instituciones financieras deberán contar con un protocolo de amabilidad, cordialidad e inclusión que integre medidas para adecuar su infraestructura y la prestación de sus servicios a las necesidades y los intereses de las personas con discapacidad, para que puedan ingresar a las mismas y hacer uso de los servicios sin dificultad alguna. Dicho protocolo deberá ser revisado y aprobado por el Consejo. El protocolo deberá contener, además de lo previsto en el artículo anterior, por lo menos:

I. Espacios de estacionamiento necesarios y preferenciales para el acceso a personas con discapacidad;

II. Rampas de entrada y para desplazamiento en la institución, las cuales deberán contar con una inclinación no mayor a 45°;

III. Personal capacitado para atender a las personas con discapacidad de forma cordial y amable desde la entrada de la institución y hasta su atención, contando con el personal suficiente para atender a las personas con todo tipo de discapacidad;

IV. Cajeros automáticos al alcance de todas las personas y con un diseño acorde a las discapacidades (altura baja, con teclas en braille, con sonido, etc.);

V. Caja especial con la altura adecuada para atender a personas con problemas motrices que requieran estar sentadas o en sillas de ruedas; y

VI. Personal necesario para que organice el cede del paso de personas con discapacidad frente a las que se encuentran en buen estado de salud física.

Corresponde al Consejo verificar que las instituciones financieras cumplan con lo señalado en sus protocolos de inclusión. En caso de no atender a dichos protocolos se les sancionará como lo señala el artículo 60 de esta Ley.

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 44 bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 44 Bis 6.- Las instituciones de la banca de desarrollo deberán promover la inclusión de las personas con discapacidad, adoptando el protocolo a que hace referencia el artículo 17 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y llevando a cabo dichas acciones.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones financieras, entendidas éstas como las de banca múltiple y banca de desarrollo a que hace referencia la Ley de Instituciones de Crédito, contarán con un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, para implementar las medidas señaladas en el protocolo de amabilidad, cordialidad e inclusión para personas con discapacidad.

Dado en la Comisión Permanente el 3 de mayo 2017.

Suscribe

Dip. Enrique Rojas Orozco.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado Federal ENRIQUE ROJAS OROZCO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad del sistema de justicia penal mexicano, y aumentar la seguridad de los ciudadanos castigando de mejor manera a los delincuentes, para aliviar el gran malestar social que genera la inoperancia de nuestro sistema de justicia en el delito más cometido en nuestro país como es el robo calificado, dejando libres a los delincuentes y un paisaje de incertidumbre para las víctimas.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el tema, donde se señala que el delito más cometido en México es el robo en sus diferentes modalidades. También informó que en México, de cada 10 delitos se denuncian, sólo dos generan una averiguación previa, por lo que precisó que en México sólo 13% de los actos ilícitos quedan registrados en la estadística oficial y 87% forman parte de la cifra negra del delito.1

En enero de 2017 se registraron 17 774 robos con violencia, de los cuales 17 381 fueron robos comunes, 363 robos en carretera y 30 robos en instituciones bancarias. Este mes cuenta con el registro más alto desde noviembre de 2013, cuando se registraron 18 084 robos con violencia.2

En este tenor, es posible puntualizar que las principales causas de que los ciudadanos no hagan las denuncias ante el ministerio público son la impunidad y el temor a posibles represalias por parte de delincuentes, ya que la mayoría de las veces aun cuando se realice la denuncia y el delincuente sea detenido, lo dejan en libertad hasta en pocas horas.

Aunado a esto, en muchos casos, además de la impunidad y la corrupción, existe un letargo administrativo para que un asunto pueda avanzar en la investigación, que puede durar hasta varios años. Esto hace que las personas vayan perdiendo fe en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, ya que sus términos de investigación se vuelven multianuales y todo esto sucede   estando el probable imputado en libertad, lo que pone en riesgo a la víctima y a la sociedad.

En el robo calificado, quien lo ejecuta no es una persona que se ve orillada por la necesidad económica precaria, sino alguien que está quebrantando la confianza, que está haciendo uso de la violencia, que está penetrando en un hogar y que en un momento dado puede estar en la antesala de cometer en contra de la víctima un delito superior, como el atentar contra su salud física y vida.

Se propone que esta reforma sea constitucional atendiendo al principio Pro Persona, ya que si sólo se reformaran los códigos penales de los estados, el imputado pudiera acogerse a este postulado de que la Constitución es una norma superior y es más benéfica, por lo que en su aplicación, el delincuente quedaría en libertad para afrontar el proceso, pudiendo poner en peligro a su denunciante y/o víctima.

De igual forma, se propone que la reforma sea constitucional al atender al principio de progresividad de los derechos humanos, porque ya existe una enumeración de delitos que ameritan prisión preventiva, lo que quiere decir, que ya se dio un avance en la limitación de actos delictivos que coarten la libertad de las personas a las que se les pudieran imputar esos hechos. 

La reciente reforma penal que busca dentro de sus objetivos limitar la estancia en las prisiones de las personas y lograr una reinserción social en libertad, no puede ser a costa de la seguridad de los ciudadanos en su persona, propiedades, posesiones, domicilio, u  otros.

En este sentido, el suscrito Diputado Federal Enrique Rojas Orozco considero pertinente la inclusión del robo calificado dentro de nuestra carta magna para que este mencionado delito sea castigado con la medida cautelar de prisión preventiva, en lo que es llevado a cabo su proceso y les es impuesta una pena dictaminada por un tribunal de enjuiciamiento, apoyando con esto a la seguridad de la ciudadanía afectada y volviendo a darle la credibilidad a nuestro sistema de justicia penal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, robo calificado, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma.

Dado en la Comisión Permanente, el 3 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Enrique Rojas Orozco.

1 Véase:  https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/397036.el-robo-es-le-delito-que-mas-se-comete-enmexico.html  

2 Véase:  http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/mensual-enero-digital_VF.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Presentada por la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, C. MARTHA LORENA COVARRUBIAS ANAYA, Diputada de la LXIII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, Y EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  garantiza la libertad de trabajo a todos los habitantes de nuestro país.

Ello significa que cada cual puede dedicarse a la actividad lícita que desee, sin que nadie le pueda imponer forma alguna de trabajo, ni condiciones distintas a las previstas por el derecho positivo.

Asimismo, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Estado Mexicano forma parte, el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

En consecuencia, el trabajo es un derecho humano fundamental, necesario para alcanzar una vida digna, por lo que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a su plena y efectiva realización. Al mismo tiempo, el trabajo es una actividad útil de las personas que les permite producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, creando a la vez valores materiales y espirituales.

Por otro lado, el artículo 20 apartado B fracción I de la Ley Fundamental del País, consagra el derecho humano de presunción de inocencia, el cual consiste en que al acusado debe considerarse inocente hasta en tanto no exista sentencia ejecutoriada.

Con dicho criterio se abandonó cualquier práctica antigua de presunción de culpabilidad, aunado a que se considera al principio no sólo como una garantía procesal, sino como un derecho humano de los sistemas democráticos a fin de limitar el monopolio legítimo de la fuerza, donde se garanticen mecanismos de defensa que permitan demostrar la inocencia de los acusados e instrumento de defensa contra actos de órganos de procuración e impartición de justicia.

Este derecho humano fue fortalecido por el Reformador Constituyente al expedir las reformas del 18 de Junio del 2008 en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, así como las reformas del 10 de Junio del 2011 en materia de derechos humanos, aunado a la incorporación del Estado Mexicano a diversos instrumentos internacionales, tales como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los cuales consagran dicho derecho humano.

Así también, el derecho humano de no discriminación, contenido en el artículo 1 de la Carta Principal del País, consiste en que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano.

Ahora bien, las Cartas de No Antecedentes Penales es el trámite que realiza el ciudadano para que se le expida un documento en el que se haga constar si cuenta o no con antecedentes penales, en virtud de la comisión de delitos, ya sean del orden local o federal.

En ese sentido, se consideran antecedentes penales aquellos datos registrales de identificación personal, sobre sujetos que hubieren sido condenados por autoridad judicial competente a sufrir una pena o medida de seguridad y esa resolución haya causado ejecutoria.

En la actualidad, dichas Cartas de No Antecedentes Penales, entre los diferentes usos que le puede dar el interesado, como lo es el acceso a un trabajo digno, son solicitadas por los usuarios para acreditar que no han sido condenados por la comisión de algún delito previsto en los diferentes Códigos Punitivos que prevé el Sistema Jurídico Mexicano, dado que para ingresar a laborar ya sea a la iniciativa privada o al servicio público, estos últimos toman en cuenta este documento para que los aspirantes sean candidatos idóneos para ocupar un empleo o cargo público. Debemos decir que no solo toman en cuenta este documento para ingresar, sino también en muchas ocasiones para permanecer o ascender a un puesto laboral.

En tanto esta situación, a lo largo del tiempo ha generado el descontento social, puesto que por una parte se cree que es una práctica arcaica e inconstitucional que atenta contra el derecho humano de la libertad del trabajo, de presunción de inocencia, de no discriminación y de igualdad, y por otra que ocasiona un gasto económico innecesario y pérdida de tiempo para todos aquellos solicitantes.

Por lo anterior, se considera que existe un andamiaje jurídico pendiente por legislar, puesto que la legislación secundaria no ha culminado por adoptar las herramientas o medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos consagrados en la Carta Magna así como en los Instrumentos Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, en este caso respecto a la libertad del trabajo, presunción de inocencia, no discriminación y de igualdad.

II. PROBLEMATICA

Ante este hecho social, el cual consiste en que los patrones o sus representantes así como las instituciones de los Poderes Públicos, en muchos de los casos sin generalizar, tomen en cuenta la Carta de No Antecedentes Penales al momento de contratar personal, así como para permanecer o ascender a estos; es un demanda social por todos conocidos el que se considere a este suceso como una práctica discriminatoria, que estigma a los ciudadanos y que en consecuencia prohíbe derechos. Y no solo en materia laboral sino para cualquier otro acto jurídico que emita la autoridad.

Es necesario enfatizar, que este tipo de documentos no son por todos tomados en cuenta pero también es menester señalar que otros patrones, representantes o instituciones si lo observan y solicitan, por tanto es necesario subsanar esta problemática a fin de evitar prácticas discriminatorias.

Al respecto es dable mencionar, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales, que si bien por una parte el derecho humano a la libertad del trabajo no es absoluto, irrestricto e ilimitado, con base a los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida en que se refiere a una actividad lícita, esto es, que este permitida por la ley.

Respecto al segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro.

Y finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquel en una mayor proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.

En esa inteligencia, el tomar en cuenta para ingresar, permanecer o ascender en un empleo, la Carta de No Antecedentes Penales, o para hacer efectivo cualquier otro derecho, transgrede el derecho a la libertad de trabajo, dado que el aspirar a un empleo lícito, regulada muchas de estas actividades incluso por la ley, no se debe por ningún motivo considerar como ilícita, y que si bien el tomar en cuenta este documento tiene como finalidad la seguridad de los usuarios, en los que éstos y la sociedad están interesados, también lo es que esta medida que se prevé o se requiere no es adecuada, razonable ni proporcional, en tanto que no guarda una vinculación directa y realmente útil para lograr el fin perseguido por la norma, es decir, no patentiza con algún grado de certeza, que el negar el trabajo, la permanencia o su crecimiento, o cualquier otro derecho, se hará más seguro dicha actividad y más bien, provoca la estigmatización de quienes han sido sentenciados por cualquier conducta y cumplido su castigo, al considerarlos por ese solo hecho como “peligrosos”, convirtiendo incluso la pena en inusitada, por lo que esa medida ocasiona discriminación, al excluir aquellos que cuenten con antecedentes penales, en condiciones de igualdad respecto de quienes no los tienen, lo que produce una afectación innecesaria y desmedida a derechos humanos constitucionalmente protegidos, que además vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, salvo que los que la ley determina por ser necesarios para ocupar empleo en virtud de otorgar una validez oportuna.

Por otro lado, en relación al derecho humano de presunción de inocencia, el cual reza en la máxima jurídica de que “Todo hombre es inocente hasta que se compruebe lo contrario”, debemos señalar que si bien es cierto este derecho humano es de naturaleza penal el cual privilegia el proceso penal acusatorio, también es cierto que de conformidad con las reformas constitucionales del pasado 10 de Junio de 2011 en materia de derechos humanos, en particular al artículo 1, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de tal suerte, que también se debe considerar indispensable, respecto a este asunto, el que los particulares así como las autoridades no tomen en cuenta este documento para que los ciudadanos prueben su inocencia, sino todo lo contrario, los imputados deben de gozar en todo momento de una misma situación jurídica que un inocente. Además de que se contrapone a la reinserción social.

Ahora bien, analizando el andamiaje jurídico laboral, se desprende que la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por una parte, no prevén alguna disposición que prohíba expresamente el requerimiento de este documento, y por otro lado, no considera como discriminación el que se estigmatice y se nieguen derechos a personas con antecedentes penales, respectivamente, por lo que se considera necesario adecuar estas normas jurídicas a efecto de erradicar estas prácticas indebidas que tanto la iniciativa privada así como las institucionales muchas veces las realizan, y con ello consagrar los derechos humanos de libertad de trabajo, presunción de inocencia, de igualdad y de no discriminación, a favor de toda la sociedad.

Así pues, ante este paradigma, tiene que haber una mutación en el modo de percibir los fenómenos jurídicos y la forma de dar explicación a las mismas, y que mejor manera que plasmar en la Ley buenas prácticas y costumbres que patenticen los derechos humanos.

Por tanto, lo anterior es una situación que se debe atender y legislar con el único objetivo de obtener un beneficio social común.

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento patentizar los derechos humanos de los ciudadanos de no discriminación desde una perspectiva laboral y de cualesquier índole, para que no existan óbices que les impida el ejercer una actividad lícita o derecho previsto en la Ley para con ello tener una vida digna así como ejercer cualquier derecho previsto en la norma jurídica.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta el que por una parte, se soliciten este tipo de documentos para ingresar, permanecer o ascender a un empleo, y por otro lado, el que se considere como discriminación todo aquel que estigma y niegue derechos a personas con antecedentes penales salvo los casos que la Ley determine.

En ese sentido, consideramos que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del sistema de justicia penal acusatorio que se han venido incorporando a la Ley Fundamental en los años pasados, se van a ver materializadas con este tipo de propuestas, de forma tal, que es de suma importancia analizar y en su caso aprobar esta Iniciativa de Ley por parte de esta H. Soberanía Popular, en aras del beneficio social común.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para que esta legislación incorpore este suceso como prohibición de los patrones e instituciones así como práctica discriminatoria, en aras de fortalecer los derechos humanos de libertad de trabajo, de presunción de inocencia, de igualdad y de no discriminación.

En tal virtud, se propone adicionar la fracción XIV del artículo 133, recorriéndose las actuales fracciones XIV y XV para ser XV y XVI, respectivamente, de la Ley Federal del Trabajo, la adición de la fracción XI del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, así como la modificación de la fracción XXXIII del artículo 9 y la adición de la fracción XXXIV del artículo 9, recorriéndose la actual fracción XXXIV para ser XXXV, ambos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para el efecto de que por una parte, no sea requisito para ingresar, permanecer o ascender a un empleo o cargo público el que los aspirantes tengan que allegar Cartas de No Antecedentes Penales, y por otro, que ningún sujeto público o privado pueda estigmatizar y en consecuencia negar derechos a las personas que cuenten con antecedentes penales, para con ello consagrar los derechos humanos de libertad de trabajo, de presunción de inocencia, de no discriminación y de igualdad, previstos en la Ley Fundamental del País así como en los diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de este Poder Público Legislativo el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma por adición la fracción XIV del artículo 133, recorriéndose las actuales fracciones XIV y XV para ser XV y XVI, respectivamente, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. a XIII. …

XIV. Exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo;

XV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y

XVI. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.

SEGUNDO.- Se reforma por adición la fracción XI del artículo 43, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I. a X. …

XI. No exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

TERCERO.- Se reforma por modificación la fracción XXXIII del artículo 9, y se adiciona la fracción XXXIV del artículo 9, recorriéndose la actual fracción XXXIV para ser XXXV, ambos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

I. a XXXII.

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas;

XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a personas con antecedentes penales, salvo los que la Ley establezca, y

XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Martha Lorena Covarrubias Anaya.






Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento y gratitud a los elementos de la Armada de México, quienes con valor, determinación y lealtad velan por la soberanía del país, la seguridad de la Nación y la tranquilidad de la sociedad. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su reconocimiento y gratitud a los elementos de la Armada de México, quienes con valor, determinación y lealtad velan por la Soberanía del país, la seguridad de la nación y la tranquilidad de la sociedad. Así como lamenta profundamente el fallecimiento del elemento de la Armada de México, quien en cumplimiento de su deber fue herido y perdió la vida en los hechos sucedidos en San José del Cabo, Baja California Sur, y extiende el más sentido pésame a sus familiares.

CONSIDERACIONES

La Armada de México es una de las Instituciones del Estado más sólidas de nuestra democracia, realizando diversas actividades, tendientes a mantener y proteger la soberanía de nuestro país, la integridad del territorio nacional, así como salvaguardar la seguridad nacional.

Cada día se presentan nuevos retos en nuestro país, mismos que afectan la seguridad nacional, una seguridad, que se ha visto vulnerada con la creciente ola de delitos que han perjudicado social, económica y físicamente a ciudadanos mexicanos y extranjeros que se encuentran en territorio nacional, obligando al Mando Supremo Mexicano, a valorar la importancia de la intervención de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de colaborar para garantizar la seguridad interior del país a través de acciones que permitan brindar protección a nacionales y extranjeros, así como enaltecer el nombre de México en el extranjero.

Es así, que la Armada de México, ha participado en innumerables despliegues en territorio mexicano con la finalidad de brindar seguridad a los ciudadanos y participar en los operativos necesarios para la detención de integrantes de organizaciones delictivas que ponen en riesgo los recursos naturales, económicos y humanos en México.

Tal como ocurrió el pasado primero de mayo del año en curso, cuando personal de la Infantería de Marina, al encontrarse realizando un patrullaje en inmediaciones del municipio de San José del Cabo, Baja California Sur, fue agredido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada con disparos de arma de fuego, quienes posteriormente se introdujeron en un domicilio, de acuerdo con información del comunicado de prensa número 075/17, emitido por la Secretaría de Marina1.

Ante la situación presentada, los elementos de la Armada de México resistieron la agresión con la finalidad de reducir el inminente daño a terceros, de conformidad a lo establecido en el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas Armadas. 

Como resultado ante dicha agresión, siete presuntos delincuentes perdieron la vida, mientras que un elemento de la Armada de México fue herido, quien falleció posteriormente.

En el lugar en que ocurrió la agresión, fueron aseguradas armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como droga, quipos de comunicación, equipo táctico y uniformes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso de coadyuvar con el mantenimiento del estado de derecho en acciones en apoyo a la seguridad pública, para el bienestar de las familias mexicanas y sociedad civil.

Es así, que debemos enorgullecernos de la gran labor que desempeñan los integrantes de la Armada, quienes dedican su vida entera a garantizar la seguridad de la población.

Es por ello que me convoco a mis compañeras y compañeros Legisladores, a hacer un amplio reconocimiento a las labores realizadas por elementos de la Armada de México, por la labor que desempeñan y expresar nuestro más sentido pésame a los familiares del marino que falleció en cumplimiento de su deber.

En mérito de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión permanente del Congreso de la Unión, expresa su reconocimiento y gratitud a los elementos de la Armada de México, quienes con valor, determinación y lealtad velan por la Soberanía del país, la seguridad de la nación y la tranquilidad de la sociedad.

SEGUNDO.- La Comisión permanente del Congreso de la Unión, lamenta profundamente el fallecimiento del elemento de la Armada de México, quien en cumplimiento de su deber fue herido y perdió la vida en los hechos sucedidos en San José del Cabo, Baja California Sur, y extiende el más sentido pésame a sus familiares.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.

1 http://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-informa-sobre-agresion-a-elementos-de-la-armada-de-mexico-en-san-jose-del-cabo-baja-california-sur





De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a separar del cargo a la ciudadana María del Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y presidenta suplente del Comité de Transparencia en Petróleos Mexicanos. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a explicar las razones de por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía, de acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética, así como para que instrumente políticas públicas que provean de combustibles domésticos más baratos a los mexicanos de manera inmediata, así como para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar y revisar los precios y cantidades de venta de las empresas proveedoras de Gas LP. Se turna a la Tercera Comisión.








De las Diputadas Norma Rocío Nahle García y Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar acerca de la aplicación y resultados del presupuesto asignado en los ejercicios 2016 y 2017, al Ramo 12, Anexo 13, mismo que le fue asignado al Instituto Nacional de Cancerología, bajo el Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con Mutaciones del Receptor de Factor de Crecimiento Epidemiológico no Asociado a Tabaquismo. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, DIPUTADA FEDERAL MARIANA TREJO FLORES, integrantes del grupo parlamentario de MORENA, de esta LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

CONSIDERACIONES

I. El cáncer de pulmón es una enfermedad crónico degenerativa, la cual se origina cuando las células comienzan a reproducirse de forma descontrolada, es decir, forman un tumor y se trasladan a otras partes del organismo en donde comienzan a crecer y a formar nuevos tumores que remplazan al tejido normal.

En nuestro país el cáncer de pulmón es la cuarta causa de muerte general, con un total de 9 mil 700 casos y 8 mil 300 defunciones al año. El problema está en que el 98 % de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica en etapas avanzadas.

Si bien el cáncer de pulmón tiene una alta incidencia hospitalaria en virtud de los síntomas y problemas relacionados con la misma enfermedad, tales como disnea, fatiga y dolor, que conllevan el deterioro en la calidad de vida por afección física y psicosocial.

Los pacientes con cáncer de pulmón normalmente presentan cuadros de debilidad muscular, fatiga, caquexia, ansiedad y algunos son portadores de EPOC, ocasionando con frecuencia discapacidad. La disnea, depresión y el bajo estado de ánimo también contribuyen a la disminución de la calidad de vida, por lo que uno de los principales objetivos del programa y de la Unidad Funcional de Oncología de Tórax (UFOT) es ofrecer atención a las necesidades de los pacientes con esta enfermedad.

Esas son, además de los síntomas de la enfermedad, las razones por las cuales el cáncer de pulmón constituye una de las principales causas de muerte en los países subdesarrollados, como es el caso de México. Además, se tiene el agravante que los tratamientos que son utilizados, frecuentemente conducen al deterioro en la calidad de vida y la capacidad funcional de los pacientes.

II. La Unidad Funcional de Oncología de Tórax (UFOT), es un programa que puede beneficiar a los pacientes con cáncer de pulmón, disminuyendo la sintomatología, con tratamiento que proporcionan una mayor tolerancia al ejercicio, no sufriendo desnutrición, y ofreciendo apoyo Psico-oncológico, con lo que mejora considerablemente su calidad de vida.

El trabajo multidisciplinario que ofrece la Unidad Funcional de Oncología de Tórax otorga al paciente una atención óptima durante todo el proceso clínico de la enfermedad pulmonar oncológica, mediante un programa que busca disminuir la sintomatología respiratoria y mejorar la calidad de vida.

Asimismo, ha permitido realizar investigaciones para identificar su relación con las características de nuestra raza, y asociar los factores que influyen en la respuesta a los tratamientos. Además, se están determinando nuevos blancos moleculares, que se pueden utilizar como parte del tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón.

También, dentro de la investigación se están determinando firmas genéticas que pueden identificar a pacientes con alto riesgo para el desarrollo de metástasis cerebrales, por lo que se llevan a cabo análisis de material genético de tumores de cáncer de pulmón, como micro arreglos de miles de genes y se identifican perfiles de expresión en quienes desarrollan o no metástasis al sistema nervioso central, lo cual permite realizar una intervención terapéutica o un seguimiento más estrecho antes de que haya metástasis.

Si bien el tabaquismo está asociado al cáncer de pulmón en un 90%, en nuestro país y específicamente en los pacientes del INCAN, solo el 55% de los casos de cáncer de pulmón está relacionado al consumo del cigarro, en tanto que un 45% presenta otros factores de riesgo por identificar para tomar medidas tendientes a la prevención, particularmente en mujeres. Hay que señalar que en México, sólo 33% de mujeres con cáncer de pulmón fuman. Es decir, 67% de las mujeres que padecen esta enfermedad no tienen historia de tabaquismo. Esto contrasta con países europeos donde la asociación de tabaquismo y cáncer de pulmón es del 85 al 90%.

En consecuencia en México se deben analizar otros causantes como es el asociado al humo de leña. Además, se ha determinado que existen diferencias clínicas y moleculares, tanto en pacientes con tabaquismo, como en los expuestos al humo de leña. Se observa que el enfermo relacionado con el humo de leña tiene características clínicas en las que el comportamiento del cáncer es menos agresivo y tiene una respuesta favorable al tratamiento y en consecuencia un mejor pronóstico.

Ahora bien, el programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo, se encuentra ubicado dentro del anexo 13, ramo 12, del programa presupuestario P020 acción CCICT, de la unidad responsable NBV.El programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo, brinda acceso al tratamiento integral y multidisciplinario que incluye:

• Consulta personalizada con oncólogos especializados en la materia

• Donación de medicamento

• Consulta Psiconcológica

• Consulta nutricional

• Seguimiento de citas mensuales.

De esa manera, el presupuesto destinado a este programa permite ofrecer una mayor atención a las pacientes con cáncer de pulmón, que en 2016 benefició a un total de 242 pacientes, con tratamiento y atención multidisciplinaria dentro de la unidad funcional de oncología torácica. El problema está en que, como señalamos antes, en nuestro país se registran más de 8 mil defunciones anuales por cáncer de pulmón. No hay relación entre el número de enfermos y el número de pacientes atendidos.

Desde el año 2015, este programa ha dado la oportunidad a mujeres de escasos recursos de tener un tratamiento adecuado a la enfermedad de cáncer, gracias a la ampliación otorgada por esta H. Cámara de Diputados. Asimismo, se ha brindado el apoyo a pacientes del sexo masculino con cáncer de pulmón con las mismas características -no fumadores con cáncer de pulmón ocasionado por humo de leña-.

Hasta ahora, la edad promedio de los pacientes atendidos es de 61 años y la mayoría de los pacientes residen en la Ciudad de México, pero una gran parte de pacientes provienen de distintos Estados de la República Mexicana, los cuales asisten a consultas y tratamientos para mejorar su calidad de vida, objetivo primordial del tratamiento de cáncer de pulmón.

Los 242 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón que han sido valorados y atendidos en la Unidad Funcional de Oncología de Tórax, debieron cumplir con diferentes características específicas para ser incluidos: haber sido expuestas a diferentes factores de riesgo, como tabaquismo (activo y pasivo), o bien que fueron expuestos al humo de leña y otras sustancias.

III. Desafortunadamente este programa no tiene todo el apoyo de las autoridades para continuar con su desarrollo. Por ejemplo:

• El cáncer de pulmón no cuenta con apoyo del Seguro Popular.

• En el PEF del año 2016, a este programa le fue autorizado un monto total de $ 33,769,916.00 pesos. Sin embargo, en el PEF 2017 se asignó al programa para atender el Cáncer de pulmón un monto por la cantidad de $8, 825,731.00 pesos.

• El monto asignado para el año 2017, significa una disminución del 76.87 % respecto a lo ejercido en el año 2016.

• Así, si en el año 2016 se atendieron 242 pacientes -195 mujeres y 47 hombres-, de los cuales 157 son de nuevo ingreso y 85 subsecuentes, con el monto asignado para el ejercicio fiscal 2017 no será posible atender el tratamiento del número total de pacientes, lo que llevaría a negar el ingreso de nuevos enfermos de cáncer de pulmón a este programa.

Por todo lo anterior, en este punto de acuerdo se estima necesario que las autoridades de Hacienda asignen una ampliación presupuestal al programa de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología, en un monto de $ 36 millones de pesos, cantidad que se requiere para continuar cobertura a los pacientes con Cáncer de pulmón del INCan.

Y eso es necesario a pesar de que a finales del año 2016, fueron donados 4051 medicamentos a los pacientes que pertenecen al “programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de factor de crecimiento Epidérmico (EGFR) no asociado al tabaquismo y atención ambulatoria, siendo estos medicamentos Pemetrexed y Carboplatino con mayor demanda.

De ahí la importancia de contar con el total de los medicamentos para estos pacientes, porque actualmente se cuenta con 24 tipos de medicamentos autorizados, mismos que se pueden recetar a los pacientes de cáncer de pulmón de este programa.

El costo de los medicamentos es variable, pero alejadas de la capacidad adquisitiva de las personas que son atendidas en este programa, que son de un nivel socioeconómico muy bajo. En su caso, cualquier gasto que esté fuera de su presupuesto diario familiar, repercute gravemente en su esfera económica, siendo este un factor importante para la calidad de los pacientes y mitigar el cáncer pulmonar.

Por ende, considerando que la salud es un Derecho Humano de carácter intrínseco, que debe de prevalecer en todo momento en nuestro país y por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de este H. Congreso, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Secretaria de Salud, para que en el marco de su competencia rinda a la sociedad un informe con respecto al presupuesto asignado, y sus resultados, en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, relativo al ramo 12, anexo 13, el cual le fue asignado al Instituto Nacional de Cancerología, bajo el programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidemiológico (EGFR) no asociado a tabaquismo.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de su competencia, a través de la Sub Secretaria de Egresos, se proporcione una ampliación presupuestal al programa de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología, suficiente para brindar cobertura a los pacientes con Cáncer de pulmón del INCan.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscriben

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Mariana Trejo Flores.






Del Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo relativo a emitir una alerta de género en el estado de Puebla. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Diputado MIGUEL ALVA Y ALVA, integrante del grupo parlamentario de MORENA en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a la consideración del Pleno la presente: proposición CON PUNTO DE ACUERDO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El feminicidio es un problema social que se tiene que erradicar por completo y una cuestión que se debe atender, el alza de delitos contra la mujer en el país en los últimos 15 años determina el grado de preocupación; desde 2000 a 2014 se cometieron más de 26 mil 300 asesinatos de mujeres, en promedio, cada día ocurren siete feminicidios de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1

El INEGI también menciona que los asesinatos de mujeres derivan más de un patrón cultural que del crimen organizado, aunado a esto, es importante encaminar políticas públicas para atacar desde la raíz la gran desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 61.4 millones de mujeres y representan más de la mitad de la población nacional. Los estados que cuentan con una mayor presencia de mujeres son la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla.2

En los últimos meses del presente año el estado de Puebla atraviesa un gran índice de casos de feminicidios, donde muestra el asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujer.

En el Código Penal Federal en su artículo 325° menciona: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias3:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

En Puebla existe una ola de hechos violentos contra la mujer, en solo dos días del mes de abril se concretaron 5 feminicidios en diferentes municipios: Huaquechula, Amozoc, San Pedro Cholula, San Jerónimo Zacualpan y Atlixco.4

El pasado sábado 1 de abril el cuerpo de Noemí Guadalupe  Vergara Espinoza fue encontrado desnudo, golpeado, calcinado y mutilado en la carretera Tlapanalá-Atlixco perteneciente al municipio de Huaquechula después de haber desaparecido al salir de clases del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPTH).

En los municipios de Atlixco y San Pedro Cholula se cometieron dos homicidios contra una mujer de 42 años y de 19 años de edad, respectivamente, ambas fueron asesinadas con un disparo en la cabeza. La primera es investigada por la fiscalía del Estado como caso de feminicidio.5

También en el Municipio de San Jerónimo Zacualpan fue encontrado por las autoridades de Tlaxcala una mujer sin vida y maniatada, quien de acuerdo con sus características podría tratarse de Julia Rodríguez Corte desaparecida en San Miguel Xoxtla.

El caso más reciente se registró el 2 de abril en el municipio de Amozoc donde fue asesinada a balazos en la junta auxiliar de Chachapala victima identificada como Maura N.

Debido a los signos de la brutal violencia hallados en los cuerpos sin vida de las mujeres es necesario tipificarlos como feminicidios y realizar una declaratoria de Alerta de Violencia de Género ya que, en lo que va del año son 28 casos en el estado.

El grupo parlamentario de Morena se indigna de estos lamentables hechos que están sucediendo en el Estado de Puebla y se une a la pena, y a la exigencia de los familiares y habitantes de esta entidad para que las autoridades competentes cumplan con su tarea y hagan todo lo necesario para salvaguardar los derechos y la vida de todas las niñas y mujeres; esta serie de hechos violentos deben terminarse de una vez por todas. 

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a emitir una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla por el alza de feminicidios registrados en el estado.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Dip. Miguel Alva y Alva.

1 INEGI, Estadística a Propósito Del…Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre),disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

2 INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf

3 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4 La jornada de Oriente, Yadira Llaven Anzurez, 04/04/2017, disponible en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/04/04/en-48-horas-asesinan/

5 Ibidem.






Del Diputado Alex Le Barón González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a vigilar el adecuado cumplimiento de las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Diputado, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Programa Pensión para Adultos Mayores tiene sus antecedentes en el Programa 70 y más, que inició su operación en 2007 apoyando a adultos de 70 años de edad y mayores, por medio de una serie de acciones orientadas a incrementar sus ingresos y fomentar la protección social y lograr el desarrollo personal, familiar y comunitario. En su origen el Programa 70 y Más identificaba a su población objetivo en localidades de hasta 2500 habitantes, posteriormente en las Reglas de Operación 2008 se incrementó el umbral de atención a las poblaciones de hasta 20,000 habitantes y en 2009 se modificó la cobertura para atender a localidades de hasta 30,000 habitantes, criterio mantenido para los años 2010 y 2011. A partir de las Reglas de Operación 2012, se modifica la atención de Adultos Mayores a todas las localidades urbanas y rurales y el criterio de elegibilidad se centra en aquellos que no reciben una pensión contributiva.

La nueva estrategia para la seguridad social de los Adultos Mayores ha ampliado la cobertura del programa al aumentar el rango de 70 años a una edad mínima de 65 años para los Adultos Mayores que no reciban ingresos por concepto de pensión o jubilación de tipo contributivo.

Tomando en cuenta que el fenómeno del envejecimiento poblacional cobra cada vez mayor relevancia a nivel nacional e internacional, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México la esperanza de vida va en aumento, pues actualmente se estima que hay 8.7 millones de personas mayores a 65 años y más, de los cuales se encuentran distribuidos en 4.0 millones de hombres y 4.7 millones son mujeres, para el 2025 se considera un aumento del 30 por ciento, por lo que se alcanzaran los 11.7 millones.

La modificación a dichas Reglas de Operación dio apretura al actual programa “Prensión para Adultos Mayores” que tiene como objetivo contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensuales para asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas Adultas Mayores.

El propósito con dicho programa es disminuir los factores que agraven la vulnerabilidad natural resultante del final de una vida productiva, llevando a la dependencia, debido a las enfermedades crónicas y la reducción de la funcionalidad de las personas adultas mayores; disminuir el limitado acceso a servicios de salud y la escasa cultura de prevención de enfermedades.
Dentro de las reglas de Operación del Programa se establece que la entrega de los apoyos económicos será en función de la infraestructura bancaria disponible, y se utilizaran dos esquemas diferenciados; entrega de apoyos en efectivo en la cual los beneficiarios deberán acudir a las Sedes de atención para recibir los apoyos mensuales con entregas bimestrales, presentando la documentación necesaria, y por transferencia bancaria, en la que el beneficiario recibirá un deposito correspondiente a los apoyos económicos mensuales con entregas bimestrales, a través de una tarjeta electrónica proporcionada por SEDESOL.

El Programa Pensión para Adultos Mayores debe demostrar que la realización de las diversas actividades es para aminorar el deterioro de la salud física y mental, sin embargo en diversos estados del país dentro de los últimos meses, se han presentado deficiencias en la operación del programa, pues la federación no cumple con la suficiente emisión de tarjetas en tiempo y forma.

Por consecuencia los beneficiarios tienen que esperar de 2 a 3 horas formados fuera de la delegación para adquirir el apoyo. Dicha práctica no toma en cuenta las condiciones y circunstancias a las que se exponen nuestros Adultos Mayores.

Considerado como un grupo de alta vulnerabilidad las personas Adultas Mayores, debido al aumento de la población que se encuentra fuera de los esquemas institucionales de seguridad social y pensiones, es un fenómeno que ha sido ampliamente documentado en nuestro país. Datos estadísticos demuestran que el 26.9 por ciento de las personas Adultas Mayores tiene alguna dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, utilizar sanitario, caminar, acostarse y levantarse) y 24.6 por ciento tienen dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria (preparación y compra de alimentos, administración de medicamentos, manejo de   dinero)

Cabe destacar que dicho programa es de carácter nacional, y establece la defensa de los derechos de adultos mayores como una actividad prioritaria, consiguientemente, se deben tomar diversas medidas legales y de política pública orientadas a su protección y desarrollo.

En este sentido me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social a vigilar el adecuado cumplimiento de las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores a efecto de que las personas adultas mayores puedan ser beneficiadas sin la necesidad de exponerse al adquirir el recurso.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Alex Le Barón González.






Del Diputado Enrique Rojas Orozco, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a crear una tarifa preferencial en el pago de la energía eléctrica a favor de las organizaciones de la sociedad civil. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal ENRIQUE ROJAS OROZCO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA  SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A FIN DE CREAR UNA TARIFA PREFERENCIAL QUE DISMINUYA EN EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a fortalecer la economía del llamado “tercer sector”, que se compone de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro; cuya función principal es apoyar a las autoridades en la atención a los grupos vulnerables existentes en el país.

Dichas organizaciones, como su nombre lo indica, nacen bajo un principio de organización de la sociedad ante las necesidades que la misma padece y de la cual las autoridades no logran cumplir con su función protectora. De esta forma, se encuentra que dentro de las agrupaciones civiles, de acuerdo con la información de la Cuenta Satélite relativa a las Instituciones sin Fines de Lucro de INEGI, en México trabajaron en 2011, un total de 1.4 millones de personas de manera voluntaria, es decir sin recibir remuneración económica o en especie en actividades de apoyo a terceros, suma que sería equivalente, al compararse con el valor generado de 422 mil puestos de trabajo remunerados.

Según los datos del INEGI, el valor total generado por el trabajo voluntario en 2011, asciende a poco más de 49,500 millones de pesos, la cifra más alta registrada desde el 2008 en que inició la medición formal de este sector. De esta forma se vislumbra la verdadera esencia de las organizaciones civiles, la cual consiste en que éstas nacen en la sociedad, para la sociedad, cuyo desarrollo se ve favorecido mayormente por las aportaciones que el gobierno realiza en sus presupuestos y planes de desarrollo, cantidades destinadas a llevar a cabo los objetivos de la agrupación.

A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, en la realidad mexicana las organizaciones civiles existentes deben concursar por recursos públicos, los cuales se encuentran limitados por las convocatorias que para tal efecto se expiden, ejemplo de ello es que en el ejercicio fiscal 2013 se apoyaron tan solo a 1,094 actores sociales con un total de 1,238 proyectos mediante la emisión de siete convocatorias que para tal efecto se lanzaron.

Pese a que en 2014 el monto de la inversión federal para fomentar las actividades que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil fue de 6,779 millones 284 mil 937 pesos, los cuales se destinaron a apoyar a tan solo 3,323  agrupaciones sin fines de lucro, lo cierto es que existen 27 mil 18 actores sociales inscritos, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil hasta julio de ese año , razón por la cual la pugna y consecución de recursos se encuentra gravemente segmentada, obligando a las empresas a reducir sus radios de acción por no contar con recursos suficientes.

De esta forma, la labor altruista de las organizaciones de la sociedad civil requiere de recursos principalmente públicos para llevar a cabo su función, lo que incluye el pago de los gastos que se generen en ese actuar, conteniendo también el de la energía eléctrica, el cual representa un obstáculo para el libre desarrollo de su actividad en favor de la sociedad, pues resulta cierto que la competencia por recursos públicos y del sector privado se encuentra restringido al cumplimiento de requisitos y trámites sin fin, siendo muy difícil esa consecución de recursos.

El conseguir los recursos necesarios para el cumplimiento de su función es apenas el primer obstáculo que presenta el actuar y desarrollo positivo de las organizaciones civiles, pues pese a que en la mayoría de las agrupaciones se encuentran voluntarios que sin recibir salario alguno, son capaces de apoyar las labores sociales que dieron origen a su surgimiento, la realidad es que dichos recursos que se ahorran en nómina, terminan en manos de proveedores de servicios.

El caso de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del estado y proveedor del servicio de energía eléctrica, representa una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ahorrar recursos públicos en este aspecto, y destinar más de ellos a cumplir con sus objetivos.

Lo anterior se plantea mediante la creación de una tarifa preferencial en la que se disminuyan en gran medida los montos que las organizaciones civiles deben pagar a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica, esto como un apoyo a dichas organizaciones que prestan un servicio mayor a la sociedad y cuya principal fuente de ingresos depende de aportaciones gubernamentales.

Con lo anterior no se trata de perjudicar o trasgredir las determinaciones de esta empresa productiva del estado, sino por el contrario, que estando en sintonía con la labor social que las agrupaciones civiles realizan, esta empresa también apoye su labor reduciendo, no eliminando, las tarifas con las que se calculan los cobros a estas organizaciones.

Por ello, es pertinente y necesario hacer un respetuoso llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que en el libre ejercicio de sus funciones y mediante la elaboración de los convenios o reformas que se requieran, emprenda los trabajos necesarios para que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con una tarifa especial que les permita disminuir el pago que por este concepto realizan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Jaime Francisco Hernández Martínez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, para que implemente las acciones que considere necesarias a fin de evaluar la pertinencia de crear una tarifa preferencial a favor de las organizaciones de la sociedad civil, con la cual se disminuya el costo de lo que deben pagar por la energía eléctrica que les suministra, con la finalidad de apoyarlas en su labor altruista en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscribe

Dip. Enrique Rojas Orozco.






Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN, con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La biodiversidad o diversidad biológica es, en términos generales, la variedad de especies existentes en el planeta originada por su proceso de evolución. Se trata de la mayor riqueza con la que cuenta la Tierra, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida en los diferentes procesos geológicos acontecidos a lo largo de su historia. Es decir, hablar de biodiversidad es hablar de la vida misma.

El término de biodiversidad surgió de las instituciones académicas dedicadas a la conservación, sin embargo, también implica una finalidad práctica: la evaluación de los ambientes naturales y, sobre todo, aquellos que han sido perturbados.1

En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (también llamada “Cumbre de la Tierra”) celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el término “biodiversidad” deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito global.

Así, en la “Cumbre de la Tierra” se acordó el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) inspirado por el creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad2, lo cual incluye, por supuesto, a los mamíferos marinos.

La conservación de estas especies resulta prioritaria por encima de cualquier otra consideración social, debido a que tienen el potencial de proveer información sobre la funcionalidad de los ecosistemas marinos en diferentes escalas espaciales, de tiempo y de complejidad fenomenológica.3

La importancia de los mamíferos marinos radica en las funciones que desempeñan como consumidores principales en todos los niveles tróficos, desde consumidores primarios (herbívoros) pasando por consumidores secundarios de amplio rango que se alimentan de zooplancton (grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, delfines, focas y lobos marinos), hasta los depredadores de peces mayores y grandes calamares, e incluso de otros mamíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares); razón por la cual se les llama “policías sanitarios” debido a que evitan la propagación de infecciones y enfermedades al cazar preponderantemente peces viejos o enfermos.4

Según el último reporte publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a nivel mundial existen 4 mil 381 especies de mamíferos, situando a México en el tercer lugar en diversidad de mamíferos con 535 especies, de las cuales 488 son terrestres y 47 marinas.5

Ahora bien, su importancia ambiental radica en la influencia sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia, por ello, su biología puede reflejar algunos aspectos del flujo de materiales y energía de los ecosistemas marinos, por lo que sus buenas consecuencias en la conservación de la vida en el mar son un hecho innegable.6

Actualmente, estas especies son capturadas principalmente para utilizarse en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies con las cuales en la naturaleza no conviven y a la interacción forzosa con seres humanos.

En este contexto, la captura de estas especies, afecta a su población en general y no solo a los ejemplares capturados, toda vez que el grupo puede perder la cohesión social y dispersarse, implicando riesgos a la supervivencia, pues no pueden cooperar para pescar o defenderse de depredadores.

La verdad sobre su captura está colmada de maltratos debido a la implementación de un procedimiento violento, sin estudios que determinen si las poblaciones pueden soportar estas presiones, consistentes en la persecución de grupos de delfines hasta lograr su agotamiento para ser rodeados con una red, en donde se pueden usar incluso bombas para asustar a los animales y así pueden ser arrastrados al barco donde el grupo de captura escoge aquellos que les resulten más atractivos y los cuales no volverán a su hábitat natural ni a la reinserción en su grupo, mientras que los más afortunados son lanzados por la borda y devueltos al mar.

Durante la captura, algunos animales pueden morir por fallos cardiacos provocados por el estrés o el shock, o bien, ahogados al quedar atrapados en cuerdas y redes mientras tratan agitadamente de escapar o de acudir en auxilio de otros. Algunas hembras preñadas pueden abortar sus fetos o las madres pueden dejar de lactar, provocando la muerte de sus crías. Otros mueren a consecuencia de traumatismos e infecciones provocadas durante la captura.

En virtud de lo antes expuesto, es de señalar que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos conscientes del desequilibrio ecológico y daño ambiental que se ocasiona con la captura de los mamíferos marinos; por ende, se plantea cambiar el actual    sistema de marcaje de estas especies por el de marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico).

Lo anterior, ya que con este tipo de marcaje se combatiría el tráfico ilegal de las especies en comento, y asimismo se prevendría el intercambio o suplencia de ejemplares que ya se encuentran en confinamiento y cautiverio en las Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre (UMA) y en los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat (PIMVS).

Al respecto, es de indicar que los marcadores de ADN son útiles tanto en la investigación básica, por ejemplo análisis filogenético y búsqueda de genes útiles, como en la aplicada, esto es en selección asistida por marcador, pruebas de paternidad y trazabilidad de alimentos.7

Asimismo, es de señalar que la información sobre la diversidad genética es esencial para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos como para la diversidad molecular funcional. En ese sentido, la caracterización fenotípica proporciona una estimación rudimentaria del promedio de variantes funcionales de genes de los que son portadores un individuo o una población.8

En virtud de lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a efecto de que en el ámbito de sus facultades, en coordinación con los particulares y con cargo a estos últimos, se establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico), con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del PVEM.

1 Cfr.  Víctor Toledo (1994) La diversidad biológica de México. Ciencias 34. UNAM. http://www.ejournal.unam.mx/cns/no34/CNS03407.pdf.

2 Cfr. CONABIO. Convenio sobre la Diversidad Biológica. http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html.

3 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv75art2.pdf

4 Cfr. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/20170105-II.html#Iniciativa10

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Cfr. http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s17.pdf

8 Ibídem






Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, JESÚS SESMA SUÁREZ, a nombre de los Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La biodiversidad o diversidad biológica, en términos generales, es la variedad de especies originada por su proceso de evolución. Es la mayor riqueza de nuestro planeta, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida en los diferentes procesos geológicos que han acontecido a lo largo de su historia. Es decir, hablar de biodiversidad es hablar de vida.

El término de biodiversidad surgió de las instituciones académicas dedicadas a la conservación, sin embargo, también implica una finalidad práctica: la evaluación de los ambientes naturales y, sobre todo, perturbados del planeta.1

Por ello, en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada "Cumbre de la Tierra", celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el término de biodiversidad deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito internacional y político.

Así, en la “Cumbre de la Tierra” se acordó el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) inspirado por el creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.2

Y fue en la misma celebración de la “Cumbre de la Tierra”, que se acordó la Declaración de Principios para el Manejo Sustentable de Bosques, en el que se estableció que la cuestión de los bosques guarda relación con toda la gama de problemas y oportunidades en el contexto del medio ambiente y el desarrollo, incluido el derecho al desarrollo socioeconómico en forma sostenible. Los principios forestales obedecen al objetivo rector de aportar una contribución a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y de tomar disposiciones respecto de sus funciones y usos múltiples y complementarios.

En ese sentido, es de señalar que dentro de la diversidad biológica se encuentran los manglares y humedales, los cuales están entre los ecosistemas más diversos y productivos, toda vez que proporcionan servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. No obstante, su degradación y conservación para otros usos, va en aumento.3

Asimismo, los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.4

Por ello, en 1971 se firmó la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de Aves Acuáticas, en la ciudad iraní de Ramsar, cuya misión es " la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

México a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha registrado 142 sitios, en la lista de humedales de importancia internacional, en términos de la Convención.5

Bajo esta tesitura, una de las especies de vegetación más representativas de los humedales, sin duda, es el manglar, el cual desempeña una función estratégica dentro de los ecosistemas costeros.

Por lo que hace a los bosques, es de indicar que los mismos están dominados por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Los bosques funcionan como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años.6

Los servicios ambientales que prestan los bosques son captura de agua y de carbono, conservación de la biodiversidad y del suelo, formación de abundante materia orgánica, conservación de acervos genéticos, belleza paisajística, filtración de contaminantes del aire, suelo y agua, regulación del clima, mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua; además de proveer productos forestales como alimentos, medicinas, leña, maderas, fibras naturales y remedios medicinales. También proporcionar una serie de atractivos del paisaje como espacios para la recreación.7

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al respecto, resulta oportuno destacar que dentro los humedales con presencia de manglar más representativos de nuestro país, se encuentran los ubicados en los ecosistemas costeros del estado de Yucatán.

Por otro lado, es de indicar que en el Estado de México predominan los bosques de pino, encino, oyamel y táscate, localizados en las partes altas de las montañas; las selvas se encuentran al sur de la entidad; los pastizales tienen una amplia distribución; los matorrales se sitúan al norte de la Ciudad de México, otros tipos de vegetación se ubican en la región oriente y centro; en su conjunto estos grandes grupos ocupan el 54% del territorio estatal, el 46% corresponde a la agricultura.8

En los citados ecosistemas de los bosques del Estado de México habitan diversas especies de fauna silvestre; por lo que hace a la fauna silvestre terrestre se encuentran la rata canguro, el gato montés, la zorra gris, el zorrillo, el coyote, el mapache y el escorpio; y cuanto a la fauna silvestre acuática, se encuentran el ajolote, el charal y las aves rascón limícola; asimismo, se han detectado especies en peligro de extinción, como son los conejos de los volcanes, la víbora de cascabel cruz rayada y la mascarita    transvolcánica.

En virtud de lo antes expuesto, se advierte que tanto los ecosistemas de humedales con presencia de manglar, así como los ecosistemas de los bosques de Estado de México, representan una gran riqueza natural, la cual debe ser protegida y preservada, en virtud de los servicios ambientales que prestan tanto en sus ecosistemas, como al ser humano.

No obstante lo anterior, en los últimos tiempos tanto los manglares de Yucatán, como los bosques de Chiapas y Estado de México han sido objeto de diversas afectaciones que han degradado gravemente los ecosistemas, como son los diversos incendios reportados en varios diarios de circulación nacional y local.

Al respecto, Noticieros Televisa reportó el 1 de mayo, que el pasado fin de semana se registró un incendio en Valle de Bravo, Estado de México, el cual fue reportado por vecinos de zona boscosa de Avándaro, con una duración de casi 20 horas, mismo que fue atendido por bomberos y brigadistas de CONAFORT y del que se advierte que arrasó con más de ocho hectáreas de pastizal y arbolado.9

Por otra parte, en Chiapas se reportaron activos 11 incendios en las regiones de Costa, Frailesca, Valles Zoque y Metropolitana, con una superficie afectada de aproximadamente 230 hectáreas.

Asimismo, en la península de Yucatán se detectaron diversos incendios provocados en los bosques de manglar, en los que los brigadistas aseguran que tienen detectadas fogatas hechas por cazadores y pescadores furtivos de pepino de mar, cangrejo azul y cocodrilo, especies protegidas en peligro de extinción.

En ese sentido, es de señalar que tanto la Comisión Nacional Forestal (CONAFORT), como las autoridades locales ambientales, trabajaron en de manera conjunta para sofocar los fuegos de los incendios reportados.10

No obstante lo anterior, según FORO TV a nivel nacional en lo que va del año a nivel se han reportado 4,965 incendios forestales, con una superficie afectada de 180,256 hectáreas, de los cuales en el Estado de México se han registrado 1,180 incendios forestales con una superficie afectada de aproximadamente 7,840 hectáreas, se dejar de mencionar a Michoacán, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Veracruz, Morelos.11

Como Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México estamos obligados a refrendar el compromiso de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, a través del impulso de acciones necesarias para materializar la efectiva aplicación de la normativa ambiental, por lo que ponemos a consideración la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el marco de sus atribuciones investigue las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias que considere pertinentes, ejecute un programa de prevención de incendios forestales a nivel nacional.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del PVEM.

1 Cfr.  Víctor Toledo (1994) La diversidad biológica de México. Ciencias 34. UNAM. http://www.ejournal.unam.mx/cns/no34/CNS03407.pdf.

2 Cfr. CONABIO. Convenio sobre la Diversidad Biológica. http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html.

3 Cfr. http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convenci%C3%B3n-de-ramsar-y-su-misi%C3%B3n

4 Ibídem

5 Cfr. http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php

6 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueNublado.html

7 Ibídem

8 Cfr. http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/recursos_naturales.aspx?tema=me&e=15

9 Cfr.
http://gacomunicacion.com/TV9/201705/01/220443_922.MP4

10 Cfr. http://www.ordenadorpolitico.com/controlan-incendio-forestal-en-valle-de-bravo/

11 Cfr. http://gacomunicacion.com/TV9/201705/01/200919_509.MP4






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a dar cumplimiento a los acuerdos suscritos con el personal del hospital “Rafael Pascacio Gamboa”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 20 de abril y a garantizar la salud e integridad de las personas que se encuentran en huelga de hambre por este motivo. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON EL PERSONAL DEL HOSPITAL “RAFAEL PASCACIO GAMBOA,” EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EL PASADO 20 DE ABRIL Y A QUE SE GARANTICE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE POR ESTE MOTIVO, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde julio del 2006, trabajadores del sector salud en el estado de Chiapas, han denunciado públicamente la crisis que enfrentan varios hospitales del estado, al tener  un grave problema de desabasto de medicamentos.

Médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector salud han exigido mediante diversas manifestaciones, condiciones dignas e insumos necesarios para poder tratar correctamente a los pacientes que han llegado a los hospitales para ser atendidos y que en muchos casos dicho personal, en muestra de profesionalismo y verdadera vocación, atendieron a sus pacientes  aún sin contar con los insumos necesarios, pero con la finalidad de aliviarlos.

Todos estos acontecimientos, junto a la presión por parte de la sociedad y declaraciones de los trabajadores que alzaron la voz ante la crisis, dieron como resultado el inicio de una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación para saber en qué se destinó el presupuesto del sector salud en el año 2016, así como algunas campañas de distribución de medicamentos a hospitales por parte de las autoridades, que aún sin ser suficientes, han servido para tratar mejor a los pacientes.

A principios de marzo de este año 14 personas entre médicos, enfermeras y paramédicos del Hospital "Pascasio Gamboa" en la ciudad Tuxtla Gutiérrez, fueron despedidos sin documento justificado alguno, dichos empleados señalaron que el motivo de sus despidos fue haber revelado las condiciones precarias en las que laboraron los trabajadores de Salud de la entidad conforme a la crisis de medicamentos.

Mencionaron también que las autoridades correspondientes les ofrecieron su reinstalación en sus centros laborales a cambio de su silencio, situación que 6 de los empleados despedidos aceptaron.

El día Lunes 3 abril, María de Jesús Espinoza de los Santos, María Cielo Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, María Isidra Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pérez, enfermeras que fueron despedidas del Hospital "Rafael Pascasio Gamboa" que se negaron a guardar silencio, en un acto de respuesta contra la injusticia que vivieron por hacer valer su derecho de libertad de expresión establecido en los artículos 6 y 7 de nuestra norma Constitución Política. Comenzaron una huelga de hambre en la que además buscan se abastezca al 100 por ciento los centros de salud y hospitales del estado de Chiapas, el pago de salarios y prestaciones de forma íntegra.

El 12 de abril, luego de la firma de una minuta de acuerdos en la que el gobierno estatal  se comprometió a resolver sus demandas, las enfermeras levantaron la huelga de hambre que sostuvieron durante 10 días.

Posteriormente el 20 de abril se firmó otra minuta, con el gobierno estatal, en la que se plantearon tres acuerdos: la reinstalación 15 trabajadores despedidos injustificadamente, la realización de los pagos de cuotas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR-FOVISSSTE), mismos que ya fueron descontados a los trabajadores, así como el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales.

Sin embargo, no se respetaron los tres acuerdos, pues la reinstalación se quedó a medias; no se hizo el pago al FOVISSSTE; en cuanto a la dotación de medicamentos a los hospitales, según señala el personal médico, no se llega ni a la mitad, por lo que el hospital sigue trabajando en estado de escasez. Es por este motivo que en protesta por el incumplimiento de los acuerdos firmados el 20 de abril, enfermeras del hospital Rafael Pascacio Gamboa, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, iniciaron una segunda huelga de hambre, el pasado 1 de mayo.

En el ayuno llevado a cabo frente a las instalaciones del hospital “Rafael Pascacio Gamboa,” participan Nelly Ivonne Castillo, María Cielo Gramajo Cundapí,  Emma Escobar López, Gabriela Mallanín López, y  Elisabeth Hernández Pereira, integrante de la sociedad civil que se integró en solidaridad con las trabajadoras de la salud.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente  al gobierno del Estado de Chiapas para que a través de sus dependencias competentes, de cumplimiento a los acuerdos suscritos con el personal del hospital “Rafael Pascacio Gamboa,” en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 20 de abril y se reinstalen a los 15 trabajadores despedidos injustificadamente, se realicen los pagos de cuotas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR-FOVISSSTE), mismos que ya fueron descontados a los trabajadores, así como se cumpla con el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales de la entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chiapas para que a través de la Secretaría del estado y demás autoridades que resulten competentes garantice la salud e integridad de las personas que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 1 de mayo.

Tercero. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Los textos de las efemérides inscritas sobre el Aniversario de la Batalla de Puebla, el Día del Trabajo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Día Mundial del Asma y el Día Internacional de la Partera, se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 155 Aniversario de la Batalla de Puebla.

155 Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

Uno de los grandes pilares de México es su vasta historia, conformada por múltiples acontecimientos, hazañas y personajes, entre ellos, la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, gesta heroica que representa uno de los pasajes más gloriosos en la historia nacional.

A 155 años de que el Ejército de Oriente comandado por el General Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas, consideradas las más fuertes de aquella época, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, recordamos con orgullo la forma en que se defendió la patria y refrendamos nuestro compromiso con las libertades y derechos en las que se encuentra cimentado el Estado mexicano.

En el marco de esta conmemoración, es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza del contexto en el que se desarrolló la Batalla de Puebla. Así, nos remitirnos a la etapa posterior a la Guerra de Reforma, la que se caracterizó por una marcada insuficiencia económica, ante lo cual, el 17 de julio de 1861, el entonces Presidente de México, Benito Juárez García emitió un decreto por el que se declaraba la suspensión del pago de la deuda internacional.

Ante esta determinación, los gobiernos de Inglaterra, España y Francia expresaron gran molestia y reacciones enérgicas, no obstante, el Presidente Benito Juárez logró llegar a acuerdos con los dos primeros países, situación que no fue posible con el gobierno francés.

De esta manera, el Emperador Francés Napoleón III envió a sus tropas armadas con el propósito de que ejecutaran el cobro de la deuda, sin embargo, también tenía contemplado la intención de disolver el Gobierno Constitucional de México y establecer en su lugar una monarquía en favor de Francia.

En consecuencia, en abril de 1862, las tropas francesas arribaron a la ciudad de Orizaba asumiéndose como vencedoras por el poderío que representaban, lo cual se podía percibir en expresiones como las emitidas por el general Charles Ferdinand Latrille, quien manifestó:

“Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que os ruego digáis al emperador que a partir de este momento y a la cabeza de seis mil soldados, soy el amo de México”.

Lo cierto es que el panorama era adverso para las tropas nacionales, sin embargo, contra toda lógica, el 5 de mayo de 1862, la historia de nuestro país adquirió aún más grandeza al lograr materializar un triunfo que parecía imposible y que, nuevamente, dio muestra de la fortaleza, determinación y coraje que distingue a los mexicanos.

Esta heroica batalla puede sintetizarse con lo expresado por el General Ignacio Zaragoza, quien magistralmente manifestó: “Las armas nacionales, […] se han cubierto de gloria…”, frase que enmarca una gran verdad que además de ser crucial en su época, actualmente nos impone la obligación de seguir luchando por un México más justo, igualitario e incluyente.

Además de ser un ejemplo, los héroes que hicieron posible el éxito de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, representan un recordatorio permanente de que un México más próspero requiere de unidad, solidaridad y empatía, teniendo como base el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el bienestar general.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Trabajo”.

Día del Trabajo
1 Mayo

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

Las organizaciones laborales de muchos países refrendaron esa fecha como día internacional de la defensa de sus derechos y como una jornada de lucha, en la que expresaban sus demandas, entre las que destacaban, en aquel entonces, la reducción de la jornada laboral a ocho horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo femenil, así como condiciones dignas y seguras de trabajo y el descanso dominical.

En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, asociación de corte anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo como día internacional del trabajo a partir de 1913. Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1 de mayo, en el que participaron de más de 25 mil trabajadores.

Durante el periodo posrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. La conmemoración del 1 de mayo se convirtió en una celebración vigorosa y tradicional, en la que lo mismo se apoyaba al gobierno, que se le exigía el cumplimiento o mejora de las leyes laborales y se hacían públicas las demandas económicas y sociales de los obreros.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó que durante los últimos 12 meses, se crearon 746 mil 713 puestos laborales, equivalente a una tasa anual de 4.2 por ciento.

De acuerdo con el organismo, durante enero hubo 83 mil 292 nuevos empleos, 14 mil 122 más en comparación con enero del año pasado.

El aumento anual de plazas fue impulsado por el sector agropecuario, con una tasa de crecimiento de 5.7 por ciento; transformación con cinco por ciento y servicios para empresas con 4.8 por ciento.

Baja California Sur, Quintana Roo y Tlaxcala son los estados de más incremento anual en empleo con un aumento de más de nueve por ciento.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con motivo del "Día Mundial de la Libertad de Prensa".








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar” 

Benito Juárez.

La importancia que tiene el acceso a la información para la sociedad, la ha llevado a consolidarse como un derecho fundamental para todas las personas.

Una de las principales formas de acceder a información, en virtud de que ésta ya se no presenta después de su proceso de recolecta, síntesis y jerarquización, lo es sin duda a través de la noble actividad dela prensa.

A través de ésta, al ciudadano se nos muestra información de una forma sencilla y accesible de la realidad, incluso, nos muestra hasta formas distintas y en ocasiones contrapuestas de ver una misma. Por ello, la función de la prensa ha cobrado cada vez mayor importancia, pues más allá de informar a la sociedad, es capaz de crear conciencia y opinión, volviéndose verdaderamente imprescindible y satisfactor de la necesidad social de estar informado.

Por ello, muy importante que se haya proclamado el día 3 de mayo como “Día Mundial de la Libertad de Prensa” por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Es un día de oportunidad para…

• Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;

• Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo;

• Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia               y

• Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Este año, el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, bajo el lema, Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas.

Además, con eventos importantes de carácter internacional, como aquel en el que de acuerdo con la propia UNESCO, el Gobierno de Indonesia y el Consejo de Prensa de Indonesia serán anfitriones del evento principal de la conmemoración de ese día y la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano en Yakarta, Indonesia, del 1 al 4 de mayo de 2017.

Por ello, este 3 de mayo de 2016, un sincero reconocimiento a todas aquellas personas que integran y dan vida a la noble labor de la PRENSA, un homenaje a la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento y ejercicio de la misma y un exhorto a la reflexión sobre la importancia de esta actividad y su incidencia en nuestra vida diaria a través de mantenernos oportunamente informados.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Asma”.

Día Mundial del Asma

El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la noche.

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la actividad y absentismo escolar y laboral. La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa.

EL Día Mundial del Asma es un evento anual organizado por la Iniciativa Global para el Asma (Global Initiative for Asthma, GINA) y se conmemora cada primer martes de mayo.

El primer Día Mundial se celebró en 1998 en más de 35 países mientras tenía lugar la primera Reunión Mundial del Asma en Barcelona, España. Desde entonces esta celebración se ha convertido en uno de los eventos más importantes para llamar la atención y realizar acciones de educación sobre el asma y tiene como objetivos fundamentales:

-Reducir los factores de riesgo para las personas que sufren asma.

-Enseñar a los pacientes a saber reaccionar frente a una crisis de asma.

-Desarrollar una buena atención por parte de los médicos a los pacientes.

El tema de 2017 está titulado: “Asma: mejor aire, mejor respiración”.

Es curioso destacar que aún no existe una cura total para este mal, pero si métodos muy interesantes para el control de la misma.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el "Día Internacional de la Partera".








De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Aniversario de la Batalla de Puebla.








De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

Conmemoración del 3 de mayo
Día mundial de la libertad de prensa

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

El periodismo libre e independiente y la información de calidad, en el contexto de la era digital. Este tema abarca las consecuencias de la concentración mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de la autorregulación, los retos al periodismo de investigación, la incitación al odio y la alfabetización informacional y mediática.

Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres en la dirección de los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así como la representación de la mujer en los medios de comunicación.

Es importante proteger la seguridad de los periodistas, incluso en las zonas críticas, y la protección de las fuentes de los periodistas contra la difusión digital.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Sen. Sonia Rocha Acosta.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

Día Mundial de la Libertad de Prensa
3 de Mayo

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión.

La Unesco convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.

Entre los asuntos que han sido debatidos en años anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y "Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad: el papel de la prensa libre".

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año como lema el de «Mentes críticas para tiempos críticos» con el objetivo de destacar el papel de los medios en el avance hacia sociedades más pacíficas, justas e inclusivas.

Después de un decline de audiencias de los medios tradicionales, una disminución de ingresos y reclamaciones de una creciente desconexión entre la gente y los medios, la propagación de noticias falsas, como ejemplificado en la cobertura de acontecimientos políticos importantes en el 2016, es el desafío más reciente afectando al sector de los medios de comunicación.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Aniversario de la Batalla de Puebla.

Aniversario de la Batalla de Puebla
5 de Mayo

La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad de Puebla, en el ataque y defensa del Fuerte de Loreto y del Fuerte de Guadalupe, durante la invasión francesa de México.

Fue una importante victoria para México, pues venció al ejército más experimentado y reputado de la época, además retrasó durante un año el avance del invasor y permitió al gobierno mexicano preparar la defensa de la ciudad.

En marzo de 1863, casi un año después, los franceses tomaron la ciudad de Puebla y en unos cuantos meses impusieron su dominio militar sobre el resto del país: así se estableció el Segundo Imperio mexicano. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, llegó a México en mayo del mismo año para convertirse en su emperador; su reinado duró tres años, hasta que fue derrotado y fusilado por los liberales, al mando de Benito Juárez.

Aunque el triunfo de la Batalla del 5 de Mayo de 1862 no fue definitivo, la resonancia de esta victoria hizo estremecerse a la patria y quedó como un símbolo del valor de defender la nación ante un enemigo temible.

México se alzó en medio de las naciones y el pueblo recobró la fe y el patriotismo, halagando el honor nacional. Zaragoza obligó a los franceses a huir, frenando con ello su soberbia y sus proyectos de expansión; animó el nacionalismo y destruyó la preponderancia de Europa en nuestro país. Es considerado un triunfo de los principios democráticos republicanos frente a la ambición imperialista, acentuó la opinión mexicana de libertad y soberanía, sobre la base del respeto mutuo, fundamentado en la paz, donde el elemento humano fue determinante. Se gestaron los principios propugnados por México de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Este hecho se sigue recordando de dos maneras: la oficial, que inició desde el primer aniversario, poco antes de que cayera el sitio de Puebla, con un discurso conmemorativo pronunciado en la alameda Central de la Ciudad de México en el año de 1863, que alentaba al pueblo a resistir y mantener la moral ante la incertidumbre, así como recordarles que era posible derrotar a un enemigo por poderoso que parezca. Celebración que continuó después de la expulsión de los franceses, hasta la actualidad.

La popular se pudo dar derivada de la celebración oficial; pero otra posibilidad es que los hombres que regresaron a sus comunidades, después de pelear contra los “franchutes” o “gabachos” (algunos producto de la leva), llevaron consigo recordatorios de la batalla, físicos y mentales, lo que pudo ser transmitido de padres a hijos por tradición oral hasta nuestros días. En algún momento comenzaron a representar la batalla en sus comunidades, como una forma de no olvidar esa historia que se volvió memoria colectiva pero con la diferencia de que no hay muerte, sino júbilo y donde todos comparten baile, canto y comida.

El tiempo convirtió este encuentro bélico en relato, mito y fiesta; mismo que traspasó las fronteras y comenzó a celebrarse por las familias de origen mexicano que emigraron hacia los Estados Unidos.

 A fin de cuentas la diferencia del resultado estuvo en que a ellos los impulsaba la ambición, pero a los mexicanos la razón y el corazón.

Comisión Permanente, el 3 de mayo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Trabajo”.

Conmemoración del Día del Trabajo.

Señoras y Señores Senadores, excelente tarde:

El 1 de mayo, celebramos en nuestro país, el Día del Trabajo con la finalidad de hacer conciencia de la importancia de este día, la que nos recuerda la lucha del esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de los seres humanos.

La celebración de este día tiene su primer antecedente en 1886, cuando en la ciudad norteamericana de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalizados, iniciaron una marcha del 01 al 04 de mayo, para reivindicar una jornada laboral de ocho horas, cuando lo común en Estados Unidos –y en otros países– existía una sobreexplotación diaria hasta por 18 horas. Tras llevar acabo esta huelga  los trabajadores fueron ejecutados, por ello, a este acto de protesta se le conoce como Revuelta de Haymarker.

Otro antecedente del festejo es en 1889, cuando se estableció la celebración del Día del Trabajo en todo el mundo, acuerdo tomado por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrada en París, basado en la ideología marxista.

Sin embargo en México, fue hasta el año 1925 que se celebra de manera oficial el Día del Trabajo, por mandato del entonces presidente Plutarco Elías Calles, quien estableció la celebración de forma oficial. 

Asimismo, se debe recordar que en 1917, se constituyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 en el que se menciona que Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley

Por ello, es menester mencionar que el primero de mayo, además de celebrar a todos nuestros trabajadores, nos motiva a reflexionar sobre a aquellos hombres que incluso perdieron la vida por mejorar las condiciones del trabajo, y aunque se pude decir que es  un día de descanso en México, es importante festejar la posibilidad del plan de vida que a partir del trabajo se puede llevar a cabo con entusiasmo, responsabilidad, motivación y felicidad.

Hoy en día, existen organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene por objetivo el mejoramiento de las condiciones de trabajo, incluyendo mejoras salariales, ya que en numerosos países muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus necesidades básicas.

Por lo anterior, es de gran importancia hacer referencia a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8, definiendo al trabajador como la persona física que presta a otra física o moral, un trabajo personal subordinado, entiéndase, por trabajo a toda la actividad humana, intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio.

En la ley, establece duración de la jornada máxima de 8 horas, la prohibición del trabajo de los menores de quince años y a los menores de dieciséis que tendrán como jornada máxima la de seis horas, así como el derecho que tienen las Madres durante el embarazo en no realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación.

Finalmente, exhorto a esta soberanía para luchar y generar leyes que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, para que se respeten sus Derechos Laborales por lo que falta mucho por mejorar sobre la importancia que tienen los trabajadores en la vida social, reconociendo su esfuerzo y la lucha para mejorar sus condiciones de trabajo.

Por su atención, gracias.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de mayo de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Aniversario de la Batalla de Puebla.








Las intervenciones de la agenda política se insertarán en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el fortalecimiento de la actividad turística.

(No se registran intervenciones)

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política nacional.

(No se registran intervenciones)

Del grupo parlamentario del PRD, en torno a la situación política que vive el país en el marco de los procesos electorales de 2017.

(No se registran intervenciones)

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos del Orden del Día.






CITA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión pública el martes 9 de mayo a las 12:00 horas en este recinto.

(Se levantó la sesión a las 13:25 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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