Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 21



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Marzo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:59 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 80 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se abre la sesión del jueves 30 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del díamartes veintiocho de marzode dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y seisciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Juan Carlos Romero Hicks, el informe de sus actividades durante la gira del Foro Agenda Migrante: Encuentro por la defensa de las comunidades migrantes, que tuvo lugar los días 17 y 18 de marzo de 2017, en Chicago, Illinois.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de sus actividades durante el 2º Encuentro Anual de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos”, que se llevó a cabo los días 15 al 17 de marzo de 2017, en San José, Costa Rica.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, el informe de sus actividades en la Quinta Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas (PR17), que se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo de 2017, en Montreal, Canadá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Poder Judicial de la Federación, oficio suscrito por el Magistrado Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el que remite un ejemplar de la publicación denominada: “Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación”.- Se remitió a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo social 2016.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decretopor el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de los Senadores Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Jesús Casillas Romero y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de la SenadoraPilar Ortega Martínez y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Luis Humberto Fernández Fuentes, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones y se deroga el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 410-E del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Migración y la Ley de Nacionalidad.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XL y XLI del artículo 8º, pasando la actual fracción XLI a ser la fracción XLII y se adiciona un Título Décimo Quinto con un solo capítulo denominado “Del Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que contiene los artículos 151 y 152 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

(Dictamen a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.-Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En la discusión intervinieron los Senadores: Patricio Martínez García del PRI, a favor; y Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo delas Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.-Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades en favor de la niñez e insta a continuar con ellos y a fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas una visión integral para la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI.

2. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de datos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Intervino la Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco del PRI.

3. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su desarrollo integral.- Intervino la Senadora Angélica Araujo Lara del PRI.

Los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne en donde se recibió la visita del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá.

 

(RECESO)

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de Cultura, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a impulsar acciones de política pública para mejorar sustancialmente las condiciones físicas, académicas y funcionales de casas de cultura o institutos municipales de cultura de ese estado de la República Mexicana.

2. Por el que el Senado de la República se congratula de que “La Charrería, tradición ecuestre en México”, haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI.

3. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a emitir una opinión técnica sustantiva sobre el patrimonio mundial; y analice la posibilidad de elaborar la propuesta del Estado Mexicano para incluir el "conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena" en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Toledo Luis, se integraría al Diario de los Debates.

4. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación del Antiguo Puente Internacional de Suspensión, así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del monumento artístico mencionado.

5. Por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento, en ocasión de sus 56 años de trayectoria, a la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, por su incansable trabajo de comunicación y periodismo.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI.

Los cinco dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Proposición)

El Presidente de la Mesa Directiva, sometió a consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo por el que se solicita la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con las iniciativas en materia de seguridad interior.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el asunto fue presentado y discutido en la sesión del jueves 23 de marzo, en la cual al no alcanzar la votación requerida, se dio por concluida la sesión por falta de quórum. En consecuencia, se procedió a someterlo a consideración de la Asamblea en votación económica, el punto de acuerdo fue aprobado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la  Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que la Cámara de Senadores resuelve dejar sin efectos el dictamen del 9 de febrero de 2016, en estricto cumplimiento al requerimiento formulado por el Juzgado Cuarto del Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, para cumplir con la ejecutoría emitida por el juicio de amparo 841-2011, promovido por el ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de las homologaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión del día de hoy:

1. Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura, presentado el 29 de marzo de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Radio, Televisión y Cinematografía.

2. Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura, Reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 31 de marzo de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Radio, Televisión y Cinematografía.

La Presidencia ratificó los turnos a los dos asuntos.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones de los tratados internacionales.-Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que hace patente la preocupación del Senado de la República por el aumento desmesurado en las estadísticas de accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta a intensificar las acciones y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en esta edición 2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar lo estipulado en la Ley General de Población en materia de repatriaciones.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en comparación con lo registrado en el año 2015.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo una campaña nacional informativa para prevenir las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de calor en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones para garantizar el servicio del Hospital General de Cuajimalpa.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e implementar acciones de vigilancia en los destinos turísticos y pueblos mágicos de nuestro país durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial a todos los programas sociales y al padrón de beneficiarios del Estado de México, que contenga un análisis presupuestal y el cruce de beneficiarios de los ejercicios fiscales 2016-2017. Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la comisión de posibles delitos electorales por parte de funcionarios públicos de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a instrumentar las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida en el municipio de Tijuana, en virtud del incremento de muertes violentas de mujeres que se han presentado en los últimos meses.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a realizar una auditoría integral, transparente y oportuna en relación a los contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel Channel, propiedad del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades como conflicto de interés, lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos destinos turísticos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a ampliar las investigaciones relacionadas con las operaciones irregulares que detectó la Auditoría Superior estatal durante las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva como alcalde del municipio de San Blas, cuyos periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 a 2017, a fin de verificar que los recursos del municipio se han ejercido conforme a las leyes y normas establecidas para el ejercicio del gasto.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 22 de marzo en Londres, Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Reino Unido y con los familiares de las víctimas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a brindar los servicios de salud necesarios en caso de alguna contingencia originada por el dengue y a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa esta enfermedad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al 100º aniversario del periódico Excélsior.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas a implementar y promover mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, en su modalidad convencional y paralímpico, con el objetivo de que los deportistas mexicanos cuenten con los recursos materiales y económicos para   potenciar su talento y logros deportivos.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

(Efemérides)

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides, se integrarían al Diario de los Debates:

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 192 aniversario de la Instalación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal Detenidos o Desaparecidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el octavo aniversario luctuoso de Griselda Álvarez Ponce de León.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Teatro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Se dio turnó a los siguientes asuntos correspondientes a la sesión del jueves 23 de marzo:

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 125 Bis al Capítulo Único, Título Décimo Tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 205 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción XXIX-L del artículo 73, y la fracción iv del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones a crear un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a intensificar las pesquisas para detener a presuntos responsables de hechos de corrupción y conducir con imparcialidad en la persecución de la actividad delictuosa; y al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad física y psicológica de los indiciados.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender la “nueva estrategia 2017” del plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos por sesgadas y violatorias del marco jurídico vigente.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017 (FMB6), que se realizará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por las intensas lluvias causadas por el fenómeno climatológico de "El Niño" y exhorta al Gobierno Federal a enviar ayuda humanitaria a la hermana república sudamericana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo del Instituto Nacional Electoral en relación a la suspensión del voto electrónico para la elección del 2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a las peticiones planteadas por el Ministro Fernando Franco respecto a la cancelación de permiso a Monsanto para sembrar soya modificada, en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo y para exhortar a las comisiones intersecretarial de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y a la nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas para que consulten a las comunidades originarias quejosas en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y uso racional del agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Perú y Ecuador por los recientes acontecimientos provocados por el fenómeno natural "El Niño Costero".- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que cita a comparecer a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos para explicar las fallas en la primera etapa de la temporada abierta.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del Síndrome de Down.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para emitir un reconocimiento al equipo de investigadores del laboratorio de metabolismo energético del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la obtención de la patente de combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la prevención y tratamiento de cánceres quimiorresistentes captadores de yodo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los Jefes Delegacionales, fortalezcan la estrategia y las acciones para prevenir el robo a transeúntes, a transporte público y a los automovilistas, ante el incremento sostenido de este delito en los últimos meses.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar acciones de conservación de los polinizadores.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para conocer el grado de cumplimiento del artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el marco del Día Mundial del Agua.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe sobre los costos, avances y aportaciones de la División de Gendarmería de la Policía Federal.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a atender de manera efectiva el incremento de denuncias de desaparición de personas en la entidad, a fin de combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Irma Patricia Leal Islas y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de diversas Senadores y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y al Sistema Nacional de Seguridad Pública a cumplir cabalmente lo enunciado en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo del estado de Zacatecas a llevar a cabo la  planeación, promoción y gestión de programas que fomenten actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad en el estado.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer, ampliar e incrementar sus estrategias y políticas públicas encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad e integridad de los internos en los centros penitenciarios.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer materias relativas al civismo, ética, promoción de los derechos humanos, así como de contenidos a favor de una vida libre de violencia, en los planes de estudio del nuevo modelo educativo.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del municipio de Guadalupe, Nuevo León, a no imponer infracciones de tránsito utilizando aparatos tecnológicos (foto multas), toda vez que dichas multas violentan el derecho fundamental de la audiencia previa consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe sobre las causas por las que el gobierno del estado no ha concluido con la construcción del Hospital General de Montemorelos y del Hospital Regional Zona Norte de Sabinas Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Meteorológico Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la celebración de la Hora de la Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el XXIII aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Teatro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Meteorológico Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Meteorológico Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Irma Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre “La Hora del Planeta”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente el jueves treinta de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del Parlamento Latinoamericano, con las que remite:

La Resolución No. 42 de la Asamblea Nacional de Panamá, por la que lamenta el sensible fallecimiento del connotado político Gustavo Carvajal Moreno.



Y la Declaración sobre Migraciones en América Latina y El Caribe, adoptada por la Junta Directiva del Parlatino, el 24 de marzo de 2017, en la Ciudad de México.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite copia del dictamen a sus estados financieros, correspondientes al ejercicio 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite su informe de actividades correspondiente al año 2016; y el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente a 2017.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase copia de dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.






COMUNICACIONES

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva suscribieron un Acuerdo en relación con la integración del primero de estos órganos de gobierno. En consecuencia, la Mesa Directiva toma conocimiento de los nuevos nombramientos en la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria y se comunica de su contenido a los responsables de las Secretarías Generales del Senado.



Asimismo, informo al Pleno que la Mesa Directiva recibió 12 comunicaciones de Senadores, por las que manifiestan su determinación de separarse del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea queda enterada de las comunicaciones y se remiten también a las Secretarías Generales del Senado, para los efectos de los artículos 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el proyecto de Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de abril de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de Presupuesto para el mes de abril del año en curso. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido al mes de febrero de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente informada.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

En especial a mis compañeras Senadoras les quiero compartir esta iniciativa que tiene que ver, precisamente, con seguir propiciando acciones en favor de la participación activa en la vida política de este país, de las mujeres de México.

La lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos civiles se remonta al siglo XIX, pero un evento determinante en el siglo pasado fue cuando el 6 de abril de 1952, miles de mujeres se congregaron en el Parque “18 de Marzo” de la Ciudad de México, con la finalidad de exigir al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, el compromiso para plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas.

El compromiso se cumplió y fue el 17 de octubre de 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Ya en los comicios del 3 de julio de 1955, por primera vez se emitió este voto femenino en las elecciones federales.

Así, inició la facultad para decidir acerca del destino del país, pero también, inició la lucha incansable para que las mujeres puedan estar en condiciones de conducirlo.

Una lucha que ha logrado avances, pero también ha sufrido un sinfín de reveses, pues pese a lo anterior, las mujeres seguían permaneciendo en un segundo plano en la vida política del país.

Para seguir avanzando en esta asignatura, quedó clara la necesidad de incorporar acciones afirmativas de género y medidas compensatorias, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica que tienen algunos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. Fue así que surgieron las denominadas cuotas de género.

Luego, estas medidas tuvieron sus evasivas, en las que fuimos testigos, por ejemplo, como el día 3 de septiembre de 2009, la mayor parte de los periódicos del país informaba que en la primera sesión de trabajo de la LIX legislativa de la Cámara de Diputados, ocho mujeres solicitaron licencia para permitir la llegada de sus suplentes, todos de sexo masculino, para evitar las referidas cuotas de género.

Posteriormente, a iniciativa del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la pasada legislatura dimos cuenta de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que estableció, entre otras situaciones, la obligación de los partidos políticos para garantizar y postular en paridad de género las candidaturas a legisladores federales y estatales.

Así, se siguió haciendo camino hacia el empoderamiento de las mujeres en la vida pública del país, no como una concesión, sino como un débito histórico para con nuestras mujeres mexicanas.

Sin embargo, el trabajo no concluye ahí, sabemos que es necesario seguir trabajando en mecanismos legislativos que permitan, en primer término, garantizar los avances logrados y seguir empujando hacia la plenitud de la igualdad efectiva de los derechos de los diferentes grupos sociales en acceso a cargos de decisión y elección popular.

A este respecto, es de hacer mención la posibilidad y legitimación de las mujeres para hacer efectivos tales derechos a través de la tutela jurídica que puede lograrse en base a los mecanismos y medios de impugnación en materia electoral.

También es de destacar, que la tutela a través de los medios de impugnación en la materia, deberá hacerse de manera que se acredite un interés jurídico legítimo para su procedencia; legitimación que debe reconocerse expresamente para toda la ciudadanía mexicana, por el solo hecho de serlo. Esto es, reconocer legitimación a las mujeres para participar en dicha tutela, aun cuando no tenga una afectación directa para reclamarlo, esto mediante una adición al texto actual del párrafo dos, del invocado artículo 12 en los términos sugeridos en la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral.

Artículo 12. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes:

2. Para los efectos de los incisos a) y c) del párrafo que antecede, se entenderá por promovente al actor que presente un medio de impugnación, y por compareciente el tercero interesado que presente un escrito, ya sea que lo hagan por sí mismos o a través de la persona que los represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello. Cuando se trate de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género, las mujeres ciudadanas mexicanas en general, cuentan legitimación para solicitar su tutela.

Esto es, no solamente permitir que quien se sienta afectada en una resolución, que afecte precisamente la paridad, sea cualquier mujer, que por el simple hecho de observar una conducta de esta naturaleza, tenga la capacidad jurídica para acudir al tribunal y establecer este medio de impugnación para que este derecho que hemos consagrado en la Constitución, de la paridad, se vea reflejado también en los tribunales.

Por lo tanto, pues, solicitaría, señor Presidente, que se mande a las comisiones, y ojalá que esta iniciativa se pueda aprobar lo antes posible, ya que, prácticamente estamos a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, ya en el mes de septiembre inicia el proceso, y ojalá que las comisiones dictaminadoras, y hacemos un llamado para que esto suceda, puedan darse el tiempo para discutirla, para analizarla y si es posible, para votarla y obviamente, votarla a favor.

Por su atención, muchas gracias.

Muy buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, para incorporar la legitimación de las mujeres para participar en la tutela de las reglas de paridad de género, aun cuando no se tenga una afectación directa para reclamarlo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos civiles se remonta al siglo XIX, pero un evento determinante en el siglo pasado fue cuando el 6 de abril de 1952, miles de mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, con la finalidad de exigir al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, el compromiso para plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas.

El compromiso se cumplió y fue el 17 de octubre de 1953, cuando apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Ya en los comicios del 3 de julio de 1955, por primera vez se emitió este voto femenino en elecciones federales.

Así inició la facultad para decidir acerca del destino del país, pero también, inició la lucha incansable para las mujeres para estar en condiciones de conducirlo.

Una lucha que ha logrado avances, pero que también ha sufrido un sinfín de reveses, pues pese a lo anterior, las mujeres seguían permaneciendo en un segundo plano en la vida política del país.

Para seguir avanzando en esta asignatura, quedó claro la necesidad de incorporar acciones afirmativas de género medidas compensatorias, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica que tienen algunos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. Fue así que surgieron las denominadas cuotas de género, esto es, la reserva para las mujeres de un porcentaje determinado de puestos de toma de decisiones o candidaturas políticas.

Luego, estas medidas tuvieron sus evasivas, en las que fuimos testigos, por ejemplo, como el día 3 de septiembre de 2009, la mayor parte de los periódicos del país informaba que en la primera sesión de trabajo de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, ocho mujeres solicitaron licencia para permitir la llegada de sus suplentes, todos del sexo masculino, para evitar las exigencias legales que obligaban a los partidos políticos a cubrir las referidas cuotas de género en materia electoral.

Luego fue necesario implementar medidas para evitar estas vergonzantes situaciones de marrullería, de manera que los candidatos suplentes fueran también mujeres. Posteriormente, a iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la pasada legislatura dimos cuenta de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que estableció entre otras situaciones, la obligación a partidos políticos para garantizar y postular en paridad de género las candidaturas a legisladores federales y estatales.

Así, se siguió haciendo camino hacia el empoderamiento de las mujeres en la vida pública del país, no como una concesión, sino como un débito histórico para con nuestras mujeres mexicanas.

Sin embargo, el trabajo no concluye ahí, sabemos que es necesario seguir trabajando en mecanismos legislativos que permitan, en primer término, garantizar los avances logrados y seguir empujando hacia la plenitud de la igualdad efectiva de derechos de los diferentes grupos sociales en el acceso a cargos de decisión y elección popular.

A este respecto, es de hacer mención a la posibilidad y legitimación de las mujeres para hacer efectivos tales derechos a través de la tutela jurídica que puede lograrse en base a los mecanismos y medios de impugnación en materia electoral.

Esto, partiendo del claro el reconocimiento de la obligación constitucional y convencional de establecer medidas necesarias para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas, como una medida para potenciar el derecho fundamental al sufragio en sus dos vertientes.

Luego, también es de destacar, que la tutela a través de los medios de impugnación en la materia, deberá hacerse de manera que se acredite un interés jurídico o legítimo para su procedencia; legitimación que debe reconocerse expresamente para toda ciudadana mexicana, por el sólo hecho de serlo. Esto es, reconocer legitimación a las mujeres para participar en dicha tutela, aun cuando no tenga un interés legítimo o afectación directa para reclamarlo.

Para proponer esta situación, es de invocar las obligaciones convencionales contenidas en los artículos 7 y III de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que a la letra señalan:

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

Artículo 7.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen en la vida pública y política del país.

Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer

Artículo III

Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Disposiciones y compromisos de carácter internacional, que adminiculadas con los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la conducencia de implementar tratos diferenciados de carácter positivo encaminadas a reparar situaciones de desventaja, en este caso, la desigualdad de las mujeres en el acceso a los escaños de elección popular; es de concluir necesario y procedente el reconocimiento expreso de la legitimación de la mujer para hacer valer esta tutela a través de los medios de impugnación.

Este reconocimiento ha sido realizado ya en algunos medios de impugnación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos, uno promovido por la reconocida luchadora social de nombre María Elena Chapa Hernández, quien se ha destacado a lo largo de años por su labor por alcanzar la igualdad y paridad en los ámbitos políticos, principalmente en el estado de Nuevo León.

El sentido fue realizado bajo la siguiente línea argumentativa:

“…cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo.”

Así, el reconocimiento expreso de esta legitimación, constituye un avance importante capaz de contribuir a garantizar el cumplimiento a las normas relativas a la paridad de género, como parte del indispensable compromiso de acompañar a la mujer hasta lograr la plenitud que tienen de sobra merecido.

Para la propuesta en concreto, cabe destacar que el artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala las partes a intervenir en los procedimientos de medios de impugnación en esta materia, en la que se reitera la necesidad de la legitimación, cuando menos, acreditando un interés legítimo, mismo que hoy se propone reconocer expresamente en el cuerpo de la ley.

Esto, mediante una adición al texto actual del párrafo 2 del invocado artículo 12.

Con la reforma propuesta, seguiremos abonando a la consolidación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, porque sin duda constituye un medio para lograr el escenario perfecto para a su vez, consolidar la paz y el desarrollo de la nación.

Lo anterior, en los términos sugeridos en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SEREFORMA EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PARA INCLUIR LA LEGITIMACIÓN DE LAS MUJERES PARA PARTICIPAR EN LA TUTELA DE LAS REGLAS DE PARIDAD DE GÉNERO, AUN CUANDO NO SE TENGA UNA AFECTACIÓN DIRECTA PARA RECLAMARLO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo 2 del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 12

1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes:

a) al c)         (…)

2. Para los efectos de los incisos a) y c) del párrafo que antecede, se entenderá por promovente al actor que presente un medio de impugnación, y por compareciente el tercero interesado que presente un escrito, ya sea que lo hagan por sí mismos o a través de la persona que los represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello. Cuando se trate de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género, las mujeres ciudadanas mexicanas en general, cuentan legitimación para solicitar su tutela.

3.(…)

a) al e) (…) 

4.(…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en la Ciudad de México, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio Francés Hidalgo, de nivel preparatoria.

Asimismo, a un grupo de alumnos de Ingeniería y Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico “El Llano”, invitados por el Senador Fernando Herrera Ávila.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar, efectivamente, una iniciativa con proyecto de Decreto por la que pretendo se modifique la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y me voy a permitir compartirles algunas reflexiones que sustentan esta propuesta.

El pasado 8 de septiembre de 2016, el Ejecutivo Federal envió a este Congreso de la Unión lo que comúnmente se denomina como Paquete Económico.

El conjunto de leyes mencionado se destacó, me parece, particularmente por una disminución drástica de recursos para el presupuesto de 2017. Se presentó en ese momento el argumento bajo la necesidad de racionalizar el gasto y ordenar las     finanzas públicas con la finalidad de que nuestro país se encontrara en posibilidades de cumplir con los compromisos de pago de la deuda pública asumida durante los últimos años.

Se ha destacado igualmente en los argumentos que ese ajuste presupuestal no tendría una repercusión para la sociedad, es decir, que no habría nuevos aumentos de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones, sino que sería el gobierno quien asumiría ese recorte.

Es la realidad del panorama económico que hoy tenemos; sin embargo, nos coloca en un escenario, en mi opinión, profundamente diferente.

La crisis inicial relacionada con el aumento del precio de la gasolina a principio de año, en mi opinión, marca una ruta distinta de lo que debe ser.

Personalmente me he manifestado en contra de una reducción irracional o irresponsable de impuestos, para soportar ese aumento, es decir, para tratar de disminuir los precios de la gasolina, y lo pienso así porque estoy convencido que no fortalecer las finanzas del gobierno, no fortalecer las finanzas públicas, consecuentemente traería la posibilidad de una economía con mayor debilidad y una mayor volatilidad en el valor de nuestra moneda. Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos ajustar la estructura de las finanzas públicas, que no debemos de revisar, sobre todo, la estructura de recaudación y de gasto.

La realidad es que la economía mexicana se encuentra ante un escenario difícil y preocupante que tendrá efectos nocivos, no solamente en los siguientes años, sino probablemente, para futuras generaciones.

Un elemento importante para estimular e impulsar el mercado interno, como ahora se ha dicho, revertir el deterioro de la economía del país es, precisamente, el rediseño de su política fiscal.

El pago de contribuciones no solamente es una obligación constitucional para todos los mexicanos, sino que también es la base fundamental del financiamiento público.

Cuando un tributo tiene un diseño o un esquema adecuado, el cumplimiento de la obligación de pago observa, o debe observar, por lo menos, los principios de equidad y de proporcionalidad debidos y debe dar origen a una estructura o a un panorama basado en la justicia tributaria para los contribuyentes.

Actualmente, el Impuesto al Valor Agregado, el IVA, es un tributo indirecto cuya relevancia destaca en los ingresos federales; sin embargo, no cumple a cabalidad con el objetivo que se pretende en la recaudación, toda vez que sufre una disminución importante por las devoluciones que se realizan y, en consecuencia, la recaudación de ingresos por este concepto se ve mermada, además de que los beneficiarios de la devolución no son los consumidores finales de los bienes y servicios gravados y quienes propiamente vienen asumiendo el pago del impuesto.

Dicho de forma más clara, la tasa cero que se aplica a alimentos y medicinas prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado no necesariamente brinda a la sociedad los beneficios que se pretenden, primero, por ejemplo, porque la autoridad fiscal ha sido poco escrupulosa en su definición de alimentos, y segundo, en razón de que este régimen produce que anualmente se regrese exclusivamente a las grandes empresas un monto que, según los datos o las cifras publicadas por la autoridad, puede llegar a alcanzar hasta los 160 mil millones de pesos.

Derivado de la estructura del IVA se generan distorsiones importantes en su eficacia tributaria y un desequilibrio e inequidad en la situación de los contribuyentes.

Es reconocido que la aplicación de las diversas tasas previstas en el impuesto complica su administración, a la vez que fomenta prácticas de evasión y elusión fiscales.

Para remediar esta situación, proponemos modificar el diseño y la mecánica del impuesto, concretamente la tasa cero prevista en el artículo 2o.-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de solucionar las limitantes recaudatorias del gravamen y eliminar, sobre todo, la práctica perniciosa de devolver a las grandes empresas los impuestos que son, finalmente, de todos los mexicanos.

Así, la iniciativa que se somete a consideración de ustedes, tiene los siguientes propósitos:

Primero.- Eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA.

Segundo.- Modificar la tasa del impuesto para facilitar su administración.

Tercero.- Fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de impuesto al consumo que sería aplicado por las entidades federativas de manera similar a la forma como opera actualmente el impuesto local sobre servicios turísticos.

Para lograr la consecución de tales objetivos, se propone una tasa de 3 por ciento en lugar de una tasa de cero prevista en el artículo 2o.-A, reduciendo a su vez la tasa general a 10 por ciento, con lo cual los consumidores no se verían afectados.

Aunado a ello, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima del 5 por ciento al consumo final de bienes y servicios, misma que será administrada y recauda por las autoridades fiscales locales con la responsabilidad de transparencia y eficacia tributaria que ello requiere.

Es muy importante, finalmente, destacar que esta propuesta es acorde con las conclusiones alcanzadas durante la Convención Nacional Hacendaria celebrada en el año de 2004.

Por último, debe expresarse que la propuesta contenida en la presente iniciativa logrará el cometido de un Impuesto al Valor Agregado que realmente observe los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, a la vez que propicie una distribución de los recursos públicos en el marco de un alto contenido social y atendiendo, al final, la justicia distributiva.

Y, finalmente, les diría que con esta iniciativa igualmente se propone poner sobre la mesa la discusión sobre el federalismo fiscal.

Estoy absolutamente convencido que en los últimos años hemos avanzado en un sentido que yo lo llamaría no necesariamente equivocado, pero sí, muy particular.

En los últimos años hemos observado cómo a través de la modificación a la Constitución General de la República se ha dotado cada vez más a la Federación de facultades de injerencia sobre los estados, lo cual necesariamente redunda en detrimento del Pacto Federal o por lo menos del federalismo que conocimos hasta hace algunos años.

A través de esta iniciativa se propone que revisemos ese esquema y que podamos definir de una vez por todas el tipo de relación que queremos entre la Federación y los estados, por lo menos en la parte de la recaudación, que me parece, es uno de los aspectos sustantivos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

HÉCTOR FLORES AVALOS, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 8 de septiembre pasado, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión el denominado “Paquete Económico” para el ejercicio fiscal de 2017, conformado por diversas iniciativas de ley y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el conjunto de leyes mencionado, se ha destacado la disminución de recursos que se destinarán al gasto público en 2017, la necesidad de racionalizar dicho gasto y ordenar las finanzas públicas con la finalidad de que nuestro país se encuentre en posibilidades de cumplir con los compromisos del pago de la deuda pública asumida en los últimos tres años de gobierno, y se ha destacado que el ajuste presupuestal no tendrá una repercusión para la sociedad, es decir, que no habrá aumento de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones, sino que será al Gobierno a quien le toque ajustar su gasto.

No obstante ello, ante el panorama económico de corto plazo, y las condiciones financieras del Estado mexicano, necesariamente habrá una repercusión más allá de las instituciones de gobierno. De ninguna manera podemos pensar que el recorte al gasto público simplemente se traducirá en que el gobierno adquiera menos papelería o que las instituciones gubernamentales solamente disminuirán recursos en rubros destinados a actividades no prioritarias como comunicación social o viáticos al extranjero.

Es una realidad que la economía mexicana se encuentra ante un escenario difícil y preocupante que tendrá efectos nocivos para todos y de seguir en la actual tendencia de política fiscal, repetiremos la dolorosa historia de crisis económica que tanto le ha costado a los que habitamos en México.

Un elemento importante para estimular e impulsar el mercado interno y revertir el deterioro económico del país es el rediseño de la política fiscal.

El pago de los impuestos no solamente es una obligación constitucional para todos los mexicanos, sino que también es la base fundamental del financiamiento público.

Cuando el tributo tiene un diseño o esquema adecuado, el cumplimiento de la obligación de pago observa los principios de equidad y proporcionalidad debidos y da origen a un marco de justicia tributaria para los contribuyentes. En el caso de que el diseño del impuesto no sea correcto, entonces se crean vacíos legales donde se benefician quienes propiamente no tienen un derecho legítimo, con el consecuente daño al erario público y a la sociedad en su conjunto.  Como un ejemplo de esto podemos señalar lo que actualmente acontece con el impuesto al valor agregado (IVA).

Actualmente, el IVA es un tributo indirecto cuya relevancia destaca en los ingresos federales. Sin embargo, no cumple a cabalidad el objetivo que se pretende en su recaudación, toda vez que sufre una disminución importante por las devoluciones que se realizan y en consecuencia, la recaudación de ingresos por este concepto se ve mermada, además de que los beneficiarios de la devolución no son los consumidores finales de los bienes y servicios gravados y quienes propiamente vienen asumiendo el pago del impuesto.

Dicho de forma más clara, la tasa 0 que se aplica en alimentos y medicinas prevista en la Ley del IVA no necesariamente brinda a la sociedad los beneficios que se pretenden, primero, por ejemplo, porque la autoridad fiscal ha sido poco escrupulosa en su definición de alimentos, y segundo, en razón de que este regimen produce que anualmente se regrese exclusivamente a grandes empresas un monto que, según cifras publicadas por la propia autoridad, puede alcanzar hasta los 160 mil millones de pesos, por concepto de IVA.

De acuerdo con los datos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria en el Informe Tributario y de Gestión correspondiente a 2015 y al primer semestre de 2016, así como los proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los informes de finanzas públicas correspondientes a esos mismos períodos, en 2015 se recaudó por concepto de IVA un monto por el orden de 707,213.3 millones de pesos.

Asimismo, en el primer semestre de 2016, el IVA registró una recaudación de 453,733.3 millones de pesos y las devoluciones se registraron en un monto de 164,555.3 millones de pesos, con lo que la recaudación real de este impuesto fue de 289,178 millones de pesos. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria reconoce el incremento que han tenido las devoluciones.

Cabe mencionar que derivado de la estructura del IVA se generan distorsiones importantes en su eficacia tributaria y un desequilibrio e inequidad en la situación de los contribuyentes toda vez que la devolución, por lo general, no se efectúa al consumidor final quien es el que paga el impuesto.

Además, es reconocido que la aplicación de las diversas tasas previstas en el impuesto complica su administración, a la vez que fomenta prácticas de evasión y elusión fiscales.

Para remediar esta situación, es necesario modificar el diseño y la mecánica del impuesto, concretamente en la tasa 0% prevista en el artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de solucionar las limitantes recaudatorias del gravamen y eliminar la práctica perniciosa de devolver a las grandes empresas impuestos por el equivalente a la cantidad ya referida en esta exposición de motivos.

Así, la iniciativa que se somete a la consideración tiene los siguientes propósitos:

a. Eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA.

b. Modificar las tasas del impuesto para facilitar su administración.

c. Fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de impuesto al consumo que será aplicado por las entidades federativas de manera similar a la forma como opera actualmente el impuesto local sobre servicios turísticos.

Para lograr la consecución de tales objetivos, se propone una tasa de 3% en lugar de la tasa 0% prevista en el artículo 2º-A, reduciendo, a su vez, la tasa general a 10%, con lo cual los consumidores no verán impactada su economía por las modificaciones en el gravamen.

Aunado a ello, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima de 5% al consumo final de bienes y servicios, misma que será administrada y recaudada por las autoridades fiscales locales con la responsabilidad de transparencia y eficiencia tributarias que ello requiere.

Es muy importante destacar que esta propuesta es acorde con las conclusiones alcanzadas durante la Convención Nacional Hacendaria celebrada en el año de 2004, foro que contó con la participación de las autoridades fiscales de los tres órdenes de gobierno, legisladores federales y locales, representantes de todos los sectores productivos del país, así como de organizaciones y asociaciones civiles que representaron a la sociedad civil organizada, pero que, por cuestiones diversas al sano desarrollo económico del país, no pudieron ser discutidas de manera responsable en el seno del Congreso de la Unión.

Finalmente, debe expresarse que la propuesta contenida en la presente iniciativa logrará el cometido de un impuesto al valor agregado que realmente observe los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, a la vez que propicia la distribución de los recursos públicos en un marco con alto contenido social y atendiendo al fin de la justicia distributiva.

Por lo expuesto, por el digno conducto de usted, C. Presidente, someto a la consideración de esta H. Cámara la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo Único. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo, VI, primer párrafo, y VII, tercer párrafo; 2o.-A, primer párrafo y fracción I, último párrafo; y se adiciona el artículo 44, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- …

I.- a IV.- …

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

Artículo 1o.-C.- …

I. a III. …

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.03 ó1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a las tasas de 3% ó 10%, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.03 ó1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a las tasas de 3% ó 10%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.03 ó1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a las tasas de 3% ó 10%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

VII. …

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los documentos pendientes de cobro cedidos, tengan su origen en una actividad que se encuentre exenta de pago del impuesto al valor agregado.

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 3% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.-   

1. a i) …

          Se aplicará la tasa del 10% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II.- a IV. …

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% cuando los bienes o servicios a que se refiere esta ley se exporten.

Artículo 44.- Los Estados y la Ciudad de México que celebren convenio de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán establecer un impuesto local al consumo final de las ventas de bienes y servicios, con el cual podrán gravar con una tasa máxima hasta del 5%, y serán los responsables de su administración y recaudación.

El 80% de la recaudación bruta que se obtenga por la administración de este impuesto se autoliquidará por cada entidad federativa, mientras que el 20% restante se concentrará a la Federación para su redistribución a las entidades federativas, en función de su coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones.

Del 80% de recursos recaudados que cada Estado y la Ciudad de México se autoliquidará, 3 puntos porcentuales de la tasa aplicable a dicha recaudación se destinarán a la entidad federativa de que se trate y 2 puntos porcentuales se distribuirán a los municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México de conformidad con los criterios y las bases que al efecto prevea la ley de coordinación local.

Con los recursos del 20% restante que sean redistribuidos conforme lo dispuesto en este artículo, que reciba cada entidad federativa, se integrarán fondos estatales de desarrollo social y combate a la pobreza, cuyo ejercicio será determinado con base en las prioridades estatales y municipales particulares de cada localidad, bajo criterios y lineamientos establecidos por los Congresos locales.

Queda estrictamente prohibido que los recursos recaudados conforme al presente artículo se destinen o ejerzan en gasto corriente.

Para los efectos de este artículo, los contribuyentes obligados al pago de este impuesto que tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, enterarán los pagos mensuales en cada Entidad.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en este artículo, podrán ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Artículo Segundo. Tratándose de las enajenaciones de bienes y prestación de servicios que de conformidad con las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, estaban afectas a la tasa 0% del impuesto al valor agregado, estarán afectas a dicha tasa cuando las contraprestaciones respectivas se cobren a más tardar el 10 de enero de 2018 y las actividades se hayan realizado a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2017.

Para los efectos de este artículo, se entiende que se ha realizado la enajenación de bienes y la prestación de servicios cuando:

I. Se haya celebrado la operación durante el año 2017 y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice a más tardar en la fecha que establece este artículo, tratándose de enajenación de bienes.

II. Se haya proporcionado el servicio durante el año 2017 y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice a más tardar en la fecha que establece este artículo.

Dado en la sede del H. Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Héctor David Flores Ávalos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Héctor Flores Ávalos. Túrnese a la Cámara de Diputados. Senador, si le permite suscribir al Vicepresidente. Gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Los asesinatos de Cecilio Pineda, en Guerrero; de Ricardo Monlui, en Veracruz; de Miroslava Breach, en Chihuahua, han vuelto a colocar ante la conciencia pública la adversidad y la fragilidad en la que desarrollan su trabajo las y los periodistas o trabajadores de los medios de comunicación.

México enfrenta una crisis de violencia, y en medio de ella las y los periodistas se han convertido en uno de los grupos más vulnerables al crimen.

Los recientes crímenes son parte de una persecución sistemática en contra del gremio, cuyo objetivo es silenciar a quienes investigan y denuncian los hechos de violencia y de corrupción. Por ello, el Estado mexicano debe seguir los principios que tutelan el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y obedecer los diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el  derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, el cual incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión; este derecho es ratificado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y precisa que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.

Ahora bien, a partir de este artículo 13, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, pues consideró que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho humano fundamental.

Con el objetivo de asentar las bases para proteger efectivamente la libertad de expresión en América y en materia de violencia perpetrada en contra de periodistas, la Declaración dice: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como a la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar   estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La propuesta que nosotros hacemos de modificación al 6o. constitucional obedece a que a nivel local, nosotros aquí, en la Ciudad de México, nuestro país cuenta con una experiencia reciente encaminada a hacer estos principios internacionales de las convenciones y derecho internacional del que México forma parte, volverlo una realidad en nuestro país.

A inicios de este año, al seno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se discutió y aprobó por unanimidad establecer en su artículo 7, la disposición expresa que garantiza la seguridad y los derechos de las personas que ejercen el periodismo.

Gracias a la voluntad y madurez política de las y los Constituyentes, esta garantía es uno de los principios de libertad de expresión en la ciudad, la cual a su vez es parte de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos y el apartado de ciudad democrática, al lado del derecho de una buena administración pública o el derecho a una libertad de reunión y asociación, y al derecho a la participación política paritaria, entre varios más.

Ésto es así, ya que sin las personas que consagran sus vidas al trabajo de la información, el libre debate de las ideas y el desarrollo efectivo del proceso democrático, no serían posibles.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, integrantes del grupo parlamentario del PRD, consideramos que esta garantía debe expandirse más allá de los límites de la Ciudad de México, y para que ello ocurra es indispensable modificar nuestra Carta Magna en su artículo 6o. a fin de plasmar el compromiso de todo el Estado mexicano con las personas que ejercen el periodismo. La propuesta es retomar el texto de avanzada que ahora existe en la Ciudad de México para adicionar dos nuevos párrafos al artículo 6o. de la Constitución Federal, para que quede de la manera siguiente.

Artículo 6o., (se agrega un nuevo párrafo tercero)

“Las personas profesionales de la información tienen el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, el cual salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia”.

Se agrega también un nuevo párrafo cuarto, que diría:

“El Estado garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad”.

Esto sería la propuesta del PRD ante la coyuntura de adversidad que viven las personas que ejercen el periodismo en nuestro país.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Compañeros de la Asamblea, mucho gusto, muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Quiero pedirles que el sacrificio de los 123 periodistas que han sido asesinados del 2000 para acá y más allá, los que fueron asesinados con anterioridad, los 29 que han sido asesinados durante la actual administración y los 5 que han sido asesinados durante este año, que estos casos no queden impunes, que no sean en vano.

Este día presento ante ustedes una iniciativa cuya finalidad es reconocer un derecho que tienen todas y todos los periodistas.

Ese derecho, es que se investigue la intención de suprimir la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Con el mayor respeto para las víctimas, sus familias y amigos, creo necesario que pongamos en contraste la investigación del homicidio de Rubén Espinosa y el homicidio de Miroslava Breach.

El asesinato de Rubén se ha convertido en un caso ilustrativo de la resistencia de las autoridades a investigar la motivación del delito en función de la labor crítica del periodista.

A pesar de que hay pruebas en exceso de que Rubén fue señalado, amenazado y hostigado por parte de servidores públicos, y que por ello tuvo que salir de Veracruz para refugiarse en la capital del país, todos estos significativos indicios, simplemente no se tomaron en cuenta.

La autoridad local, en lugar de profundizar en las investigaciones, se ha conformado con los dichos, por cierto, cambiantes, de los autores materiales que tratan de construir una versión al haber sido identificados, principalmente, a partir de videocámaras.

En este caso, el de Rubén Espinosa, estamos frente a una investigación durante la cual la posibilidad de dar con los autores intelectuales, es remota, pues impide el número que la Procuraduría de la Ciudad de México ha levantado para no investigar los posibles ataques derivados de la labor informativa de la víctima.

En contraste, la investigación de los hechos delictuosos en que fue privada de la vida la compañera Miroslava Breach, se ha logrado ya identificar al conductor del vehículo de esa mañana fatídica, y también a quien escribió el mensaje dejado inmediatamente después de abatir a la periodista.

La Fiscalía General de Chihuahua, de acuerdo con lo informado, ha logrado recabar indicios serios y graves de que el artero asesinato provino de la delincuencia que opera en la zona serrana de Chihuahua.

Miroslava había enfocado su trabajo periodístico, precisamente, al calvario que durante años han vivido los habitantes de esta región.
La perspectiva de la región en Chihuahua, haciendo un análisis del contexto de la labor informativa de la víctima, ha permitido grandes avances tendientes al esclarecimiento en su totalidad de esos hechos delictivos.

Por ello, hoy presento un proyecto de Decreto que garantiza que siempre, siempre que se registre una agresión en contra de un periodista acreditado, se tenga que agotar la línea de investigación relativa a las agresiones derivadas por su labor informativa.

Propongo que se haga un análisis de su trabajo de comunicación para identificar probables fuentes de agresión. Como es bien sabido, en nuestro país, es frecuente que los mandatos de ley terminen en letra muerta, como simples buenas intenciones.

Por ello, planteo también que esta obligación de los servidores públicos en la procuración de justicia, se sancione con la separación del cargo para quienes lo incumplan, y propongo, como sujeto obligado de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes, al titular de la Fiscalía General.

Me parece que las y los legisladores debemos fijar restricciones para que la autonomía de las fiscalías no se conviertan en espacios de impunidad, la degradación de la justicia de que fuimos testigos al haber sido liberado uno de los presuntos delincuentes conocidos como Los Porkys, por un juez de distrito penal en Veracruz, no hace más que recordarnos que en materia de justicia, debemos aplicar el núcleo o bloque de derechos fundamentales aprobados en el 2011.

En el caso de Los Porkys, bastaba simplemente con aplicar la ley con una perspectiva de género para hacer justicia. Lo que propongo con esta iniciativa es que las investigaciones de las agresiones a periodistas se hagan siempre desde una perspectiva de derechos humanos, que reconozca la condición del protagonista de la libertad de expresión que es el periodista, así como de gente para la satisfacción del derecho a la información de la sociedad.

Y asimismo, que este día presento una segunda excitativa, ojalá que ahora sí haya oídos que la escuchen, a fin de que se modifiquen, esa fue una propuesta de hace dos años, la fracción VI del Apartado A del artículo 102 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se cree una Fiscalía Autónoma que investigue estos hechos, porque tenemos una Fiscalía Especializada, pues sí, muy especializada, pero totalmente dependiente de la Procuraduría y al primer manotazo nuestro Fiscal Especial entra en depresión, se echa a correr por los pasillos y se deja totalmente abierta la investigación.

Ahora que están de moda las fiscalías autónomas, ahora que estamos analizando una rimbombante anticorrupción, pues también demos paso a esa gran demanda, a esa gran deuda que dejó la gran reforma del 2011, de derechos humanos, que es una Fiscalía Autónoma, con un fiscal de hierro que investigue estos hechos.

Es la cuenta, compañeros.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS EN LA PARTE FINAL AL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Persistencia de la violencia contra periodistas.

A pesar de la detención de individuos que encabezan grupos de la delincuencia, la violencia continúa reproduciéndose en amplias zonas del territorio nacional. Para muchos expertos e instituciones relacionadas con la seguridad, la cresta que se registra en la incidencia delictiva de alto impacto obedece a la fragmentación de grupos criminales que ante el descabezamiento de la jerarquía delictiva entran en pugna abierta por la hegemonía de las rutas y plazas. De ahí que en las entidades donde se habían producido resultados con base en acciones del gabinete de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con las instituciones de seguridad pública así como de procuración de justicia locales y la penetración de los programas de prevención social del delito, ahora ha repuntado la violencia. La ola de ilícitos viene acompañada de mayores agresiones a los comunicadores retornando a la época de conductas delictivas que buscan coartar la libertad de expresión con hechos que ponen en riesgo o vulneran bienes jurídicos protegidos como la vida, la libertad y la integridad personal de las y los periodistas.

De acuerdo a registros que llevan organizaciones defensoras de periodistas como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, 2016 fue el año con el mayor número de homicidios en lo que va de la presente administración federal. Tuvieron lugar nueve eventos delictivos de esta índole. Los estados donde se registraron el mayor número de asesinatos en agravio de periodistas fueron Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Del análisis de la dinámica delictiva en cada uno de los homicidios se desprende que el modus operandi corresponde con el de una ejecución. El uso de armas de fuego como instrumento del delito y su empleo con habilidad por parte de los sujetos activos es generalizado. Por ello es raro que las y los periodistas logren escapar con vida del atentado. Asimismo, los comunicadores son atacados al salir de su domicilio, encontrándose en algún restaurante o en algún otro evento que revela un seguimiento por parte de sus agresores a las actividades normales del día. Esta amplia labor en la etapa de preparación del iter criminis revela sin temor a equivocarnos que la conducta criminal entraña una respuesta a la línea crítica de la labor informativa de la víctima. En los contados casos que se logra obtener hallazgos en la investigación, resulta que los autores materiales e intelectuales son individuos pertenecientes a algún grupo criminal así como servidores públicos.

Recrudecimiento de la violencia.

Apenas inicia el año 2017 y dentro del cúmulo de agresiones a las y los comunicadores destaca la comisión de delitos graves. Cecilio Pineda, reportero de La Voz de Tierra Caliente fue asesinado el 2 de marzo en el municipio de Pungarabato, Guerrero. Ricardo Monlui Cabrera, director del impreso El Político y dueño del portal digital elpolitico.com.mx, columnista de El Sol de Córdoba y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región fue asesinado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, Veracruz. Miroslava Breach Velducea, corresponsal del periódico La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez fue asesinada a balazos en el exterior de su domicilio el 23 de marzo por la mañana en la Colonia Las Granjas, en Chihuahua. En ningún caso se cuenta con personas detenidas. En las tres ejecuciones se requiere investigar los aspectos derivados de la labor informativa de las víctimas.

Cecilio Pineda, Ricardo Monlui Cabrera y Miroslava Breach Velducea eran periodistas ampliamente conocidos en la sociedad en la que se venían desenvolviendo. Su actividad informativa y la índole de sus notas les habían forjado un lugar en el campo del periodismo. Sin embargo, estos datos valiosos no se reflejan en la actuación de la policía ni de los agentes del Ministerio Público ya que las líneas de investigación se prefiere reducirlas a lo inmediato, a partir de los indicios que resulten del lugar de los hechos, con excepción del último de los casos mencionados.

No se observan acciones de procuración de justicia metódicas, con base en la aplicación de protocolos o por lo menos en diligencias uniformes en función de la naturaleza agraviante de los hechos focalizada en la vulneración de la libertad de expresión, y cada Procuraduría o Fiscalía General realiza su función de manera diferente. Lamentablemente el común denominador es la ausencia de resultados.

Reducción de espacios para la impunidad.

Sin duda, la inercia en las instituciones de procuración de justicia significa el principal incentivo para que las agresiones en agravio de periodistas presenten una línea de continuidad. Como en cualquier otro delito, el convencimiento de los infractores de que no les será aplicada la ley es el resorte o detonante para desencadenar los hechos delictivos. La impunidad es el fermento en el que surgen, se generan y se reproducen todo tipo de agresiones en contra de los comunicadores especialmente los homicidios. Para contener la renovada y creciente ola de violencia en contra de las y los periodistas se requiere garantizar que la función de la procuración de justicia se llevará a cabo contando con al menos ciertas diligencias básicas. Estas acciones encaminadas a encontrar a los responsables y que debieran ser producto del buen criterio de los agentes del Ministerio Público y en particular de sus superiores, o al menos derivadas de los manuales de integración de las carpetas de investigación o protocolos de investigación, tendrá que ser elevada a rango de ley con el propósito de asegurar su observancia. Casi todas las Fiscalías Generales cuentan con los manuales y protocolos aludidos. De igual forma, desde los primeros meses se elabora el plan de capacitación en el que la sensibilización en torno a los instrumentos mencionados ocupa un lugar destacado. Sin embargo, en los hechos y principalmente en los ilícitos relacionados con periodistas, los manuales y protocolos simplemente no se aplican. Dejan de utilizarse en razón de la carga de trabajo, de la falta de supervisión por parte de los directores generales y vice-fiscales o simplemente porque en la Fiscalía General de que se trate se carece de una cultura de trabajo en base a objetivos y resultados. Ante la importancia que revisten las líneas de investigación relativas a la condición de comunicador del periodista, resulta urgente e impostergable sacar el deber de agotarlas del ámbito reglamentario y administrativo para llevarlas al rango de texto legal. A través de esta medida legislativa se consolidará el deber de investigar todo aquello derivado de la labor informativa de la víctima como una auténtica obligación del Agente del Ministerio Público en su calidad de servidor público y le resultarán aplicables, con toda nitidez, las sanciones para quien no se conduzca con la máxima diligencia en el servicio público que tiene encomendado.

En los últimos años se ha tomado un número importante de decisiones parlamentarias para proteger la libertad de expresión y, por extensión, a sus principales protagonistas que son los periodistas. La actividad legislativa ha ido desde la descriminalización de la labor informativa derogando el delito de difamación hasta la expedición de todo un ordenamiento para echar andar un mecanismo de protección en favor de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. También se ha llevado al ámbito federal la investigación de hechos delictivos cometidos en agravio de periodistas, decisión legislativa que ha sido perfeccionada gracias al recto criterio de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de la Justicia de la Nación que ha considerado que los delitos cometidos en agravio de periodistas han de ser del conocimiento de los jueces federales. No obstante, todo ello termina en letra muerta si cuando se registra la agresión de un periodista, en particular un homicidio, las autoridades se abstienen de investigar por el lado de las circunstancias en que la víctima venía desenvolviendo su labor informativa.

Por otro lado, es frecuente que aun cuando los ilícitos resulten perpetrados por miembros de la delincuencia, se registre la participación de servidores públicos ya sea como autores intelectuales, cómplices o encubridores. Por esta razón, el proyecto de decreto contiene un enunciado normativo en el cual se establece la obligación del Ministerio Público de agotar no sólo las líneas de investigación relativas a la condición de comunicador de la víctima, sino también los vínculos que los individuos y grupos criminales que pudieran desatar la violencia en función de dicha labor, tengan con servidores públicos del lugar en que se registre la conducta delictiva.

Uno de los casos más ilustrativos en torno al mantenimiento en las sombras de los autores intelectuales es el de Rubén Espinosa. Joven foto-reportero que ejercía la profesión de manera independiente se trasladó a Veracruz para documentar las muestras de inconformidad de la sociedad civil. Pronto, su labor informativa despertó la animadversión del gobierno del estado anterior que por diversos medios le hizo llegar amenazas, hasta que sufrió un encuentro de hostigamiento directo con personas de las que se percató lo habían estado siguiendo. El joven periodista fijó su residencia en la Ciudad de México donde pensó que se encontraría fuera del alcance de sus opresores. Sin embargo, finalmente fue ultimado junto con una activista de derechos humanos y dos personas más. Se ha detenido a los autores materiales pero se ha creído a pie juntillas su versión de los hechos, dejando numerosos cabos sueltos en la investigación especialmente la circunstancia de amenaza permanente en la que el periodista vivió en sus últimos meses. En contraste, frente al lamentable homicidio sufrido por Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez, Chihuahua el Titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad de inmediato solicitó como principal línea de investigación la relativa a la labor informativa de Miroslava Breach. Gracias a ello, se han registrado avances significativos en la carpeta de investigación correspondiente pues se cuenta con imágenes de al menos tres personas involucradas en la privación de la vida de la periodista, además de que se logró un adecuado aseguramiento de la escena del crimen encontrándose un mensaje al parecer con referencias a la delincuencia.

Finalmente, establecer obligaciones sin sanción no es más que una acción legislativa de buena voluntad. En consecuencia, se establece como sujeto obligado de que las líneas de investigación relativas a la libertad de expresión se lleven a cabo al titular de la institución de procuración de justicia. También se establece que si este alto funcionario no cumple con esta nueva obligación, será removido del cargo, lo cual viene a enriquecer y clarificar el marco jurídico de las nuevas Fiscalías Generales dando un sentido de transparencia y rendición de cuentas a la autonomía con que han sido erigidas.

Con la finalidad de garantizar la racionalidad en las investigaciones de los hechos delictuosos cometidos en agravio de periodistas, de contener la renovada ola de violencia en perjuicio de las y los comunicadores y, asimismo, de salvaguardar la libertad de expresión en nuestro país, me permito elevar a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS EN LA PARTE FINALAL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO NACIONAL DEPROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Único.- Se adicionan dos párrafos en la parte final al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 21….

I a IX…

En los delitos a que se refiere este artículo se agotarán las líneas de investigación relativas a la condición de periodista de la víctima. Para tal efecto, se llevará a cabo un análisis de la labor informativa del periodista identificando las personas y grupos criminales que pudieran resultar con interés en perpetrar la agresión así como los vínculos de estos con servidores públicos.

Corresponde al titular de la institución de procuración de justicia disponer lo necesario y cuidar que la investigación se realice. El incumplimiento de esta obligación será causa de remoción del Procurador de Justicia o Fiscal General.

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Marco Antonio Blásquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

“Los derechos humanos no son negociables”, Bruno Moro, Relator de la ONU, en Colombia.

El dinamismo de la economía moderna, supone una serie de relaciones sociales mercantiles y, sobre todo, de interacción con el entorno.

Día a día, las personas intercambian bienes y servicios, haciendo del fruto del trabajo el motor del desarrollo económico de las naciones.

La creación de una empresa supone la satisfacción de una necesidad del mercado, donde intervienen, al menos dos partes para formar una cadena de valor.

Por una parte, tenemos a los proveedores de bienes y servicios quienes intervienen, producen y desarrollan, además invierten en una enorme cantidad de productos y servicios que responden a las necesidades de la población.

Por otra parte, los consumidores erogan recursos con la finalidad de satisfacer una necesidad particular de incrementar su patrimonio o en algunos casos contribuir a una cadena de valor; sin embargo, el proveedor no siempre responde a las necesidades del consumidor, ni cuenta con las vías necesarias para que la persona acceda a un servicio o bien.

Por ejemplo, aún hoy día se cree que la accesibilidad es una acción de buena voluntad o de responsabilidad social, o es un valor agregado de las empresas; sin embargo, la ley establece que la ausencia de accesibilidad es una forma de discriminación, es decir, el hecho de que los proveedores de bienes y servicios incorporen este principio dentro de su actuar, es un acto de derecho y su negativa es una violación a la ley.

A través de la incorporación de la accesibilidad como un principio indispensable y necesario para el acceso en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad, este derecho se vuelve exigible y justiciable.

La accesibilidad es considerada como un concepto dual; de hecho, es el único derecho, en una Convención de Naciones Unidas, que tiene esa doble dualidad: por una parte es un derecho, por otra parte es un principio. Todos sabemos que los principios son esas columnas vertebrales, esos brazos que cobijan a los derechos para hacerlos viables, justiciables y exigibles.

Y en este tenor, como principio, se refiere o tiene que ver con el diseño y la adaptación de los entornos bajo la premisa de una mayor autonomía, independencia y dignidad de las personas; por otra, como un derecho exigible y justiciable que permite a las personas con discapacidad vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida y también, por supuesto, de las personas adultas mayores.

La accesibilidad es considerada por la mayoría de los prestadores de bienes y servicios como una carga económica desproporcionada y que las personas con discapacidad no son un mercado atractivo, ni redituable.

Yo recuerdo, alguna vez algunos transportistas, en mi estado, tratando de hacer una gestión para la inclusión del transporte público, decían: “oiga, es que, pues no hay personas con discapacidad”, pues evidentemente no va a haber si no pueden acceder a un servicio.

Es considerada también por la mayoría de los prestadores de bienes y servicios como una carga económica desproporcionada y que las personas con discapacidad, como les decía, pues no son atractivos, no son consumidores.

Ésta es precisamente una conducta que tenemos que cambiar y erradicar en nuestro país. Primero, es fundamental que la autoridad considere la observancia de la accesibilidad como una obligación previa y que en el diseño de las instalaciones, los servicios y los procesos, sobre todo los que conllevan al intercambio de información, de que ésta se abatirá los costos en la readaptación, sobre todo en materia arquitectónica.

Además, es primordial dejar de pensar en los costos económicos para acceder a un derecho. Ese es el paso que tiene que dar la sociedad para enfrentar la discapacidad, de lo contrario la exigencia de accesibilidad como un derecho plural, siempre será considerada una carga desproporcionada.

Es por ello que la iniciativa que hoy presento, reforma el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor, incorporando la accesibilidad como un principio rector de las relaciones entre proveedores y consumidores, de tal forma que todas las personas con discapacidad y las personas adultas mayores puedan acceder en igualdad de condiciones, con mayor autonomía y dignidad posible a los bienes y servicios disponibles en el mercado, de esta forma la construcción de un entorno inclusivo, así como la igualdad de oportunidades se convierten en metas posibles para el México de hoy.

También quiero aprovechar la oportunidad para poder hacer un llamado al Senado y a las comisiones, y que sigamos en un trabajo de incorporación de principios.

Hay dos iniciativas para incorporar el principio de accesibilidad y el principio de inclusión; así como el interés superior de la niñez, como principio ha cobijado los derechos de las niñas y los niños de este país, también hay otros principios que deben de considerarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los invito a seguir trabajando.

Próximamente buscaré a varios Senadores para que podamos ir construyendo una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde los principios sean esa parte que articula, que abraza, que hace posible que los derechos sean exigibles para las personas.

Por su apoyo, que estoy segura lo tendré, y su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El dinamismo de la economía moderna, supone relaciones entre particulares en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, donde cada persona de acuerdo a su profesión, oficio o trabajo desempeñado interactúa con otras personas sean en las figuras de cliente o proveedor, o en cualesquiera otras que las necesidades de cada uno de ellos dispongan.

Una de las principales responsabilidades del Estado, es precisamente proteger a los involucrados en cada una de las etapas del comercio y la prestación de servicios, a los consumidores y proveedores de bienes de servicios, para lo cual ha dispuesto una serie de medidas al tenor del Derecho Mercantil, y en particular a efectos de la Exposición de Motivos, se cita el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 1º párrafo segundo 1 en cuyo texto se lee:

Artículo 1º: …

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Es por tanto que la Iniciativa tiene como interés fundamental reformar el artículo 58 2 de la Ley en comento, dado que no cuenta con el vocabulario adecuado para referirse a las personas con discapacidad y tampoco dispone a la accesibilidad como un principio de observancia en las relaciones privadas entre particulares, cuando las personas con discapacidad, son considerados consumidores en los términos de la misma ley, de acuerdo con el párrafo primero de la fracción I de su artículo 2º, que a la letra dice

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

Para lo cual se considera:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º párrafo sexto,3 prohíbe cualquier forma de discriminación, en particular por motivos derivados de las discapacidades.

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 5, 4 señala una serie de medidas que los Estados Parte deben adoptar con el fin de eliminar todas las formas de discriminación por motivos de discapacidad, las cuales derivadas de su importancia para la Exposición de Motivos se citan a continuación:

Artículo 5 Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación clarifica que la ausencia de accesibilidad y la negación del derecho a solicitar ajustes razonables se consideran formas de discriminación, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 9 párrafo primero, fracciones XXII Bis y Ter.5

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad6 señala en su artículo 4, las medidas que debe tomar el Estado, para asegurar que las personas con discapacidad no sean objeto de discriminación en alguna de sus formas y que de acuerdo a los intereses de la Exposición de Motivos se considera puntual citarlo íntegramente:

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

De acuerdo a las consideraciones anteriores las personas con discapacidad, coexisten en igualdad de derechos con sus pares sin discapacidad, en el caso particular de la Iniciativa, considerarse consumidores dentro de las prerrogativas de ley; para lo cual debe estipularse con claridad las acciones afirmativas que deben observar sin dilación los prestadores de servicios, de forma particular la accesibilidad.

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD),7 crea una serie de responsabilidades para los Estados Partes de asegurar un entorno donde las personas puedan interactuar en él sin restricciones y en igualdad de condiciones con sus pares, dicho artículo está particularmente vinculado con la Exposición de Motivos, más aún la pretensión de la Iniciativa de incorporar la accesibilidad como una condición previa, indispensable e indivisible para que todas las personas accedan en igualdad a bienes y servicios, es sin duda la razón de la misma, por tanto se cita de forma íntegra, a continuación.

Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Más aún la Observación General No. 2, sobre el artículo 9 de la CDPCD,8 es particularmente enriquecedor para calificar los conceptos de accesibilidad y sobre todo entender su dimensión en la vida de las personas, para lo cual se citan a continuación los siguientes numerales de dicho documento:

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.

25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes    tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.

En octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo internacional encargado de evaluar el estado que guarda la implementación de la CDPCD, en nuestro país emitió una serie de recomendaciones relacionadas con los artículos de forma particular, en este sentido los textos relativos a los artículos 5 y 9 [*] se exponen a continuación.

Igualdad y no discriminación (artículo 5)

9. Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con discapacidad en el Estado parte agravadas por la concurrencia de otros factores de exclusión social, como la edad, género, pertenencia étnica y ruralidad. Asimismo, le preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad y que reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad.

10. El Comité recomienda al Estado parte a establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación.

11. El Comité se encuentra preocupado por el reducido número de quejas y de pronunciamientos sobre casos de discriminación por motivos de discapacidad; la falta de reglamentación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la poca información sobre su difusión en formatos accesibles, incluyendo en lenguas indígenas.

Accesibilidad (artículo 9)

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención. .

20. El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad. ;

(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;

(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;

(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y

(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.

De lo anterior se concluye que la accesibilidad es un elemento fundamental para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos, en particular aquellas prerrogativas derivadas de su papel como consumidores de bienes y servicios y aún hoy en México persisten prácticas discriminatorias derivadas de la falta de conciencia en las autoridades para exigir la mayor accesibilidad posible y sobre todo la ausencia de un procedimiento justiciable que le permita a la autoridad determinar específicamente las acciones obligatorias para los proveedores de bienes y servicios. Un ejemplo enriquecedor es la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo.9 La cual sienta una referencia a seguir para las autoridades en cuanto a los derechos de los consumidores y emite un procedimiento de queja, aunque aún no se conocen sus alcances y sobre todo la exigibilidad del derecho a la accesibilidad.

Es de entender, que la discapacidad no es producto de las características de las personas, que pueden ser de carácter físico, sensorial, psicosocial e intelectual, sino que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera una condición dada por el entorno y su resignificado a la luz de Tratado en comento, atribuye la carga mayoritaria de la superación de dicha condición al Estado.

Más aún, la observancia de la accesibilidad como un principio necesario y suficiente para garantizar la igualdad de las oportunidades y reforma las relaciones en las que prestadores de servicios y clientes convergen. De hecho, la observancia y garantía de dicho principio no puede considerarse como un privilegio particular de un grupo social, por el contrario, se significa como una obligación de los particulares, para no incurrir en una forma de discriminación contra las personas con discapacidad, en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El papel del Estado, representado a efectos de la Ley, se atribuye a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, quien en orden del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de las fracciones XXII, Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación citadas con anterioridad en la Exposición de Motivos, es quien debe ejercer la acción legal necesaria para asegurar la accesibilidad como un derecho previo a una relación comercial y la protección del derecho a solicitar ajustes razonables, como una acción inmediata que permita acceder en igualdad de condiciones y con el mayor respeto a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, a un producto o servicio que ofrezcan los proveedores.

Suponer que el costo de la accesibilidad es una carga desproporcionada o equivale a un prejuicio del particular en su papel de proveedor, es una visión excluyente y discriminatoria; los prejuicios sobre la accesibilidad y su elevado costo derivan principalmente de la ausencia de las personas con discapacidad, como consumidores, es decir, el entorno no considera a este grupo social, como objeto o como mercado, situando el diseño de instalaciones y servicios al margen de un estándar de habilidades y funciones corporales y sensoriales, traducido de otro modo en una única forma de desplazarse, movilizarse, comunicarse, adquirir información y en general de interactuar con el entorno.

Más aún, el hecho de mejorar las medidas de accesibilidad, permite que las instalaciones, los mecanismos para adquirir información y los medios de comunicación al interior de las instalaciones o en los procesos mercantiles sobre la proveeduría de un servicio, amplíen su espectro de uso a una mayor cantidad de usuarios, en condiciones de dignidad y autonomía, lo que se traduce en términos comerciales a mayor comodidad y calidad en los bienes y servicios. Sin embargo, la razón de esta premisa puede ser discriminatoria si no se considera como obligación, sino como una acción de valor agregado.

Uno de los principales retos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en sus entornos, sean comunitarios o colectivos, es precisamente su invisibilidad, la cual no deriva de sus condiciones, sino de la ausencia de accesibilidad en cualesquiera de los procesos de socialización común. En otras palabras, la ausencia de las personas con discapacidad en un mayor número, en su papel como consumidores, depende casi en su totalidad de los costos adicionales asociados para superar de manera personal la inaccesibilidad en los entornos, que incrementa su erogación en cuanto desean o necesitan cierto producto, bien o servicio, este coste adicional, no permite que se conviertan en consumidores potenciales o que accedan en igualdad de condiciones al mercado.

Resignificar el papel de la accesibilidad, bajo la premisa de a mayor accesibilidad mayores clientes es una visión discriminatoria de los Derechos Humanos, puesto que los proveedores no asumen el compromiso que la Ley los obliga, haciendo de las medidas de accesibilidad un valor agregado en su actuar, más la accesibilidad como se ha mostrado con anterioridad, es una acción de derechos humanos fuera de cualquier índole comercial.

Así, la Iniciativa propone una adopción en cuanto al cambio de paradigma sobre la carga de la superación de la discapacidad, situando al Estado, representado por la Procuraduría Federal del Consumidor, como el agente de cambio necesario para reinterpretar el sentido de la accesibilidad como una medida de no discriminación, legal y acorde, con los compromisos que el país ha adquirido, por encima de los intereses comerciales de los proveedores de bienes y servicios.

Finalmente, el artículo sujeto a reforma contiene aún una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con discapacidad, desactualizados conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General en Materia, por lo que se actualiza para su comprensión clara y armónica.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

INICIATIVA

ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.


Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor.

Artículo 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, discapacidad, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas con discapacidad, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose los animales de asistencia, tales como perros guía en el caso de personas ciegas o débiles visuales.

Los proveedores están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en la mayor medida posible, en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder a ellas con autonomía e independencia, acceder a la información y servicios de comunicación y puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dichas medidas no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad como consumidor, así mismo no podrán negarse a la solicitud de ajustes razonables en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siempre que no representen un costo económico desproporcionado, mayor al del producto o servicio que se solicite.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar en los términos siguientes:

Artículo 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, discapacidad, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas con discapacidad, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose los animales de asistencia, tales como perros guía en el caso de personas ciegas o débiles visuales.

Los proveedores están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en la mayor medida posible, en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder ellas con autonomía e independencia, acceder a la información y servicios de comunicación y puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dichas medidas no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad como consumidor, así mismo no podrán negarse a la solicitud de ajustes razonables en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siempre que no representen un costo económico desproporcionado, mayor al del producto o servicio que se solicite.

TRANSITORIO:

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora De la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Ley Federal de Protección del Consumidor, DOF: 24-12-1992, reformado: 02-04-2004,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf

2 ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad. Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes. Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor. Ley Federal para la Protección del Consumidor, DOF: 24-12-1992, reformado: 02-04-2004, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf

3 Articulo 1º: …Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, DOF: 03-05-2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

5 Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: …XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado: 23-06-2014, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf

6 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; DOF: 30-05-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

7 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, DOF: 03-05-2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

8 Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 “Accesibilidad”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf

9 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico
CIRCULAR Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. DOF:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013






Se concede el uso de la tribuna al Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Hace unos días presenté una solicitud que habrá de resolver este Senado de la República, ésta consiste en pedirle al gobierno que el Estado mexicano pueda suscribir y ratificar un Convenio Internacional de la OIT, el Convenio 156, que se signó en el año 1981, y a la fecha el Estado mexicano ha eludido suscribir.

Hemos tenido respuesta incluso en el pasado por parte de la Secretaría del Trabajo, donde argumentan el impacto presupuestal que implicaría suscribir este Convenio.

¿De qué se trata este Convenio?

Es un Convenio, en principio, que reconoce las responsabilidades familiares que tiene cualquier trabajador.

Qué establece este Convenio: “que se permita a las personas con responsabilidades familiares, para que elijan libremente su trabajo sin que éstas sean discriminadas; que se tenga en cuenta la necesidad de éstas personas en la regulación de seguridad social; que se desarrollen servicios públicos para asistir a las personas con responsabilidades familiares como guarderías, escuelas, entre otros servicios; que se imparta capacitación a las personas con responsabilidades familiares y, finalmente, que se fomente la comprensión de la sociedad sobre las necesidades de las personas que tienen responsabilidades familiares”.

Aquí, diversas compañeras y compañeros de los diferentes grupos parlamentarios, han hablado en muchas ocasiones de la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres, incluso nos ha llevado a reformar la Constitución en su artículo 41 para estos efectos: “reconocer la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer”, puesto que así también lo establece la Constitución en su artículo 4o. y también, de forma vinculante, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, subsisten aún prácticas discriminatorias en este país, me refiero al tema de las guarderías.

Un hombre, padre trabajador, sólo puede acceder a la inscripción de sus hijos en una guardería del IMSS, entre supuestos: viudez, divorcio o acreditación judicial de la patria potestad. No tiene relación alguna con el informe que rinde el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De las más de 31 millones de familias de este país, nos dice el IMSS, que de cada 10 trabajadores 6 son hombres, y esto no se ve reflejado en las prácticas del propio instituto, en concreto, de las guarderías.

Una práctica a todas luces discriminatoria que no permite el libre acceso de inscripción a los menores de edad a este servicio de guarderías.

Hoy esto ya no tiene lugar en este país, hoy hemos avanzado en la legislación para que se reconozca la igualdad sustantiva, pero sobre todo, debemos avanzar para que se desformalice este prejuicio que existe de que solamente la mujer es la que asume el rol del cuidado en los hijos, al margen de las circunstancias legales como requisito que exige el IMSS, ya la realidad ha rebasado por mucho tres presupuestos que plantea nuestra Ley del Seguro Social.

Hay que reconocer que hoy gran parte de la sociedad tiene una estructura familiar encabezada por un padre, y es un padre soltero, debemos de avanzar, en consecuencia, a poder integrar esta igualdad sustantiva, quitar este prejuicio social de la ley, y agregar en la Ley del Seguro Social, en particular en sus artículos 201 y 205, el que se reconozca a los hombres, padres trabajadores, en los supuestos que plantea esta ley para que puedan de manera libre, de acuerdo a su derecho, el poder registrar a sus hijos en las guarderías que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Avancemos, compañeros, en lo que implica este Convenio, el 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que permite la conciliación laboral con la familiar.

Ahora, en este supuesto, a los padres solteros.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE GUARDERÍAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 123, apartado A, fracción XXIX, se señala que la Ley de Seguridad Social es de utilidad pública y tendrá como materia, inter alia, “seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.1

En este tenor, la Ley del Seguro Social (LSS) establece en su artículo 201 que “[e]l ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos”.2En el mismo sentido, el artículo 205 de la ley señala posteriormente que “[l]as madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería”.3

De una interpretación literal de los artículos de la LSS se puede advertir que la legislación establece una distinción entre los hombres y las mujeres para el ejercicio del derecho de inscribir a sus menores en las guarderías. Por un lado, a las mujeres por el simple y sencillo derecho de ser madres, se reconoce y garantiza el derecho. Por otro lado, a los padres se les establece la necesidad de caer en un supuesto, para entonces, poder ejercer los derechos. Es decir, el hombre podría inscribir a su menor si y solo si cumple uno de los siguientes supuestos: (a) sea viudo, (b) sea divorciado, y c) cuando se le confiera la custodia de los menores, mientras no contraiga nuevamente matrimonio o se una en concubinato.

Las distinciones en un marco normativo podrían ser justificadas en algunos supuestos; sin embargo, en el caso particular, no se visualiza la posibilidad de una justificación objetiva para la distinción entre hombres y mujeres. Por tal motivo, la disposición normativa cae en una violación al precepto constitucional de igualdad entre los hombres y las mujeres establecido en el artículo 4 de la CPEUM y, en ese sentido, sería considerado discriminatorio, violando también el artículo 1 de la CPEUM.

La desigualdad normativa que generan los supuestos en los artículos 201 y 205 de la LSS permite construir dos argumentos simples que obvian la necesidad de reformarlos.

Primero, el agravio a los menores por la discriminación a los padres. Las estadísticas nos dicen que siete de cada diez menores viven con ambos padres y dos de cada diez viven con alguno de sus padres.4Conforme a los estudios publicados por el IMSS, el hombre representa el 57.2 por ciento de la participación económica,5por lo que un número importante de los 31.9 millones de hogares mexicanos se ven afectados cuando es el padre el único incorporado al IMSS.6Como consecuencia de ello, a los hijos se les vulnera al no tener un espacio de cuidado digno. Esta política en materia de seguridad social contraviene categóricamente a la Convención sobre los Derechos del niño al no adoptar las medidas apropiadas “para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.7

Segundo, la distinción establecida en los artículos 201 y 205 de la LSS formalizan roles que diluyen la corresponsabilidad en la construcción familiar. La distinción sin justificación objetiva en las disposiciones constituye en sí misma una violación al derecho de los hombres trabajadores de inscribir a sus hijos, pero a su vez, también es una violación a los derechos de la mujer al perpetuar el rol de la mujer sobre el cuidado, desdeñando la necesaria corresponsabilidad que existe en la formación de los menores.

Esta interpretación es conforme con la práctica del Estado mexicano al ratificar la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, la cual establece la obligación de “[m]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias”.8Esto, siempre con el objeto de“recono[cer] la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos”.9

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión 59/2016 sobre los artículos que nos ocupan en la presente iniciativa, decidiendo la inconstitucionalidad de los mismos. Sin embargo, dicha interpretación beneficia a los quejosos; dejando a millones de derechohabientes sujetos a una política que debió quedar hace varias décadas en el pasado.

Por los motivos antes expuestos, la presente iniciativa tiene como objeto: (a) garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; (b) fomentar la corresponsabilidad en la formación de los menores; y (c) fortalecer a las más de 31.9 millones de familias mexicanas. Por lo que, propongo lo siguiente:

• Reformar los artículos 201 y 205 de la Ley de Seguro Social para permitir en igualdad jurídica el acceso a mujeres y hombres al servicio de guarderías.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 55, fracción II, someto a la consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Por el que se REFORMAN los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Artículo 205. Las madres y padres asegurados, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123(A)(XXIX).

2 Ley del Seguro Social, Artículo 201, primer párrafo.

3 Ibid., Artículo 205.

4 Encuesta Intercensal 2015 (Instituto de Información Estadística y Geográfica, s/f), 53.

5 Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2014-2015, s/f, 160.

6 Encuesta Intercensal 2015, 54.

7 Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 18(3).

8 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Artículo 5(a).

9 Ibid., Artículo 5(b).

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Martínez Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos! Muchas gracias.






Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación suscrita por el Senador Arturo Zamora Jiménez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría, por favor.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Por lo tanto, vamos a poner a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Senador Arturo Zamora Jiménez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de marzo de 2017.”

Se encuentra a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al Senador Arturo Zamora Jiménez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de marzo de 2017. Comuníquese.

Con la licencia concedida al Senador Arturo Zamora, la Presidencia está en posibilidad de convocar al correspondiente suplente, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, quien se encuentra presente en este salón, y le solicito que se incorpore a las actividades del Senado en el ejercicio de sus funciones.

Para conocimiento de la Asamblea, les informo que la Senadora María Verónica Martínez rindió protesta de ley el 5 de marzo de 2013, por lo que está en posibilidad de iniciar el ejercicio en su encargo.

¡Damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Senadora Martínez Espinoza!

Tiene la palabra el Senador Jose María Martínez, sonido en su escaño, por favor.

El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, gracias.

Solo quisiera intervenir para dar un mensaje con motivo de la licencia que hoy se aprueba del Senador Arturo Zamora.

Quisiera, ante todo, poder decirles que tengo aprecio, admiración y respeto por el Senador Arturo Zamora, ambos somos de Jalisco; una persona que se ha distinguido en la parte académica de manera brillante como un maestro en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Se ha distinguido también en su actividad profesional no solo como abogado, sino como notario en el estado de Jalisco, y también, por supuesto, la parte que todos reconocemos, que es la parte política.

Ha sido alcalde del ayuntamiento de Zapopan, una de las ciudades más importantes del país, y del estado de Jalisco; ha sido Diputado federal, ahora también Senador.

Se va, sin duda, a asumir una enorme responsabilidad que tiene al nuevo encargo que le han conferido en su partido, alguien que habrá dejado una ausencia importante en este Senado dada su expertis, su talento y su dominio técnico-jurídico del maestro Arturo Zamora.

Aprovecho también para dar la bienvenida a la maestra María Verónica Martínez, a quien también aprecio, reconozco y distingo en su trayectoria en el estado de Jalisco.

Por aquí seguramente nos volveremos a encontrar, Senador Arturo Zamora, ¡enhorabuena!

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Martínez Martínez.

Senadora Merodio Reza.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues yo quiero desearle a mi amigo, Arturo Zamora, éxito en los nuevos trabajos que te incorporas al partido.

Reconozco en él no solamente a un gran Senador de la República, sino también a un hombre con un gran prestigio en el estado de Jalisco, un hombre que ha trabajado por su estado, un hombre que es respetado por todas las fuerzas políticas en este Senado de la República; y te deseo todo el éxito, sé que lo tendrás, nos vamos a quedar tristes, porque siempre has sido muy solidario, aparte eres compartido en darnos consejos a quienes vamos trabajando, esa humildad es la que te caracteriza, y por ello es que mi mayor reconocimiento, querido Arturo, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lilia Merodio.

Ahora el Senador Marco Antonio Olvera.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Quiero aprovechar la oportunidad para decirle a nuestro compañero Arturo Zamora, que para un servidor ha sido un alto honor el poder compartir este espacio de camaradería, y reconocer tu esfuerzo, un esfuerzo que se ha venido construyendo desde las posiciones más modestas en nuestra organización política y en el servicio público.

De tal manera que yo quiero aprovechar esta oportunidad para desear que tengas todo el éxito del mundo en esta nueva responsabilidad.

Aquí dejas un espacio difícil de cubrir, aquí están tus compañeros, de veras es una extraordinaria oportunidad.

Tú eres un hombre que ha luchado contra las adversidades, y te has sabido levantar de situaciones complejas, y me siento identificado contigo con esa actitud. El saberse enfrentar a las adversidades de carácter político, y seguir adelante luchando por lo que más queremos, que es nuestro país y nuestro estado.

¡Felicidades, hermano!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Olvera Acevedo.

Senador Héctor Flores, si le dan volumen en su escaño, por favor.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Senador, me da mucho gusto poder expresarte, mi estimado Arturo, unas palabras, antes de que concluya este proceso de aceptar tu licencia.

Yo tuve la oportunidad de conocerte, llegué aquí a finales de 2015, cuando ocupabas la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, y he reconocido en tu persona a un hombre de trabajo y de un extraordinario talento y de una extraordinaria capacidad técnica y jurídica.

Hoy vas a encabezar una organización política de un partido con el que podemos tener algunas diferencias, pero lo más importante, creo Arturo, es recalcar que vas precisamente con motivo de tu convicción y sobre todo en aras de contribuir a construir un mejor país. Estoy absolutamente convencido de que eso es lo que ennoblece la política.

Me da mucho gusto haber podido coincidir contigo en estos meses, un año, y simplemente me reitero a tus órdenes y sé que tendrás éxito en lo que hagas, Arturo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Héctor Flores.

Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Querido y estimado Arturo.

Primero felicitarte por tu cumpleaños, que la vida y Dios te siga bendiciendo y te dé muchos años más de salud y felicidad.

Y segundo. Sé, tengo la certeza que tendrás éxito en esta nueva encomienda que nuestro Partido, el Revolucionario Institucional, te hemos conferido nuestro sector, la CNOP, y sé que harás un gran papel, porque eres una gente comprometida, sensible, ya lo dicen aquí, has enfrentado adversidades muy duras.

En lo político has podido superar temas complejos, difíciles, y creo que te ayuda tu sensibilidad, tu compromiso con México, con la sociedad, pero además tu gran formación de abogado jurista, eres un gran legislador.

Yo he tenido la oportunidad de compartir contigo la LXI y ésta Legislatura, y de verdad no sólo tienes mi respeto y mi cariño, sino además mi admiración al gran legislador, jurista, padre de familia, esposo, y al gran amigo.

Nuestro sector popular gana, y gana mucho.

En el Senado te vamos a extrañar.

¡Felicidades, amigo!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

El Senador Manuel Cavazos, denle volumen en su escaño, por favor.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: (Desde su escaño) Estimado amigo Arturo Zamora.

Amigo entre los amigos, hombre que ha sabido sembrar valores, amigos, principios, compromisos. Es usted un sembrador y cosechará multiplicadamente lo mucho bueno que ha sembrado. Usted se va, pero no se va; se va porque el deber lo llama, pero no se va porque aquí deja muchos amigos.

Usted sabe que ésta es su casa, es mucho más que su casa, es un hogar. Aquí hay fuego, aquí hay lo que usted dejó, que es calidad y calidez.

Decía Martí que: “El deber está ahí, donde la circunstancia nos llama”. Usted va a cumplir con su deber, y sabemos que lo va a hacer bien. Su deber está ahí, donde sus amigos lo llaman, y sus amigos le decimos: ¡Puede usted contar con nosotros!

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Senador Priego Calva.

El Senador Jesús Priego Calva: (Desde su escaño) Senador Zamora: Usted es el claro ejemplo de que el Senado, digo el último ejemplo, porque hay muchos más que han pasado y muchos más que seguirán.

El Senado es el semillero, yo digo que del país, de los grandes políticos y de las grandes sucesiones.

Le deseamos mucho éxito en las funciones que va a desempeñar, y además creo yo que es el mejor regalo que se le puede dar a usted en su cumpleaños. Desearle el éxito que debe tener. Yo diría que el mejor lugar del mundo es el Senado.

En el escaso año que tengo he visto progresar a muchos compañeros Senadores, y usted va a ser uno más y seguirán muchos más.

¡Felicidades, y mucho éxito!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Priego Calva.

Tengo registrado al Senador Ismael Hernández Deras. Pero Senador, además usted quiere decir unas palabras a nombre de nuestro compañero ex Senador.

¿Por qué no usa la tribuna, Senador Ismael? ¿Quiere usar la tribuna?

Desde donde usted quiera.

El Senador Ismael Hernández Deras: Es un honor, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Poder comunicar desde el corazón, desde la responsabilidad misma como lo conocemos a Arturo Zamora, cómo piensa y cómo desea concluir e iniciar una nueva etapa de su vida profesional, de su vida política, de su vida personal.

Y lo dice él con toda claridad: “Ser parte de esta representación, de esta Soberanía popular, es la más alta de las responsabilidades que he vivido y desempeñado en mi vida pública”.

“Siempre he trabajado con ahínco a favor de mi entidad, a favor de Jalisco. Siempre he visto por el interés nacional con absoluta convicción del mandato que recibí, y siempre, siempre lo he hecho con plena lealtad a mi grupo parlamentario y al proyecto transformador que encabeza en el país el Presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto”.

El “trabajo legislativo, comenta nuestro compañero Arturo Zamora, que desempeñamos en este entorno de pluralidad, de una gran diversidad de opiniones que caracteriza nuestro foro parlamentario, ha sido una experiencia única, y aprecio enormemente haberla convivido con todas y todos ustedes”.

Reconozco, nos comenta nuestro compañero Senador, con licencia, Arturo Zamora, “la absoluta libertad que he tenido en el desempeño de mis funciones. Incluso durante los dos años en que fungí como Vicepresidente de la Mesa Directiva. Así como el        respeto sincero que siempre he recibido de todas mis compañeras y compañeros legisladores”.

“Siempre participé en el debate parlamentario sin cortapisas, y en discusiones a veces acaloradas, pero siempre informadas, respetuosas y fundadas en mis razones. Equivale para mí, a mi formación política y personal junto con ustedes, muy valiosa”.

Como todos ustedes, nos comenta el compañero Zamora, “tengo plena conciencia del momento político que vivimos en el país y de la exigencia de congruencia y responsabilidad que la ciudadanía nos reclama con sobrada razón”.

También tengo presente un encargo muy especial del Presidente Nacional de mi partido, el doctor Enrique Ochoa, que nos ha instruido con una dedicación plena a nuestras tareas partidistas como base del objetivo para recuperar la confianza ciudadana que nos hemos planteado seguir trabajando.

Lo anterior explica, pues, mi decisión de pedir licencia con carácter definitivo a esta responsabilidad que he venido desempeñando como Senador de la República en esta legislatura.

Mi propósito es dedicarme de tiempo completo y con todo mi empeño a cumplir la responsabilidad político-partidista que recientemente asumí como Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Concluyo esta intervención a nombre de nuestro compañero Senador con licencia.

Respetuoso y sincero reconocimiento le quiero dar a nuestro líder de nuestro grupo parlamentario, nuestro amigo el Senador Emilio Gamboa Patrón, así como a los miembros integrantes de la Mesa Directiva y los legisladores que integran la fracción parlamentaria del PRI, a todos mis colegas Senadores por la ayuda, por la amistad que siempre me brindaron a lo largo de estos meses.

Reconozco la asistencia y el esfuerzo cotidiano de quienes colaboran en el grupo parlamentario del PRI, siempre atentos a las instalaciones, intervenciones, y por eso, a todas y a todos ustedes, Arturo Zamora les envía, a través de mi persona, aprecio, estimación y una valoración especial porque hoy, un día muy especial también en la vida de nuestro amigo, su cumpleaños.

Es para nosotros doblemente, Arturo, poder ofrecer el respaldo y la aprobación para que esta nueva responsabilidad transforme a la buena política, a la política que construye y que le da más y mejores instituciones que fortalezcan a nuestro querido país.

¡Enhorabuena, Senador y amigo para siempre, Arturo Zamora!

Gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por sus palabras, Senador Ismael Hernández.

Ha solicitado el uso de la voz el Senador Blásquez Salinas, por favor, sonido en el escaño.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Arturo, para agradecerte tu amistad, todos los buenos detalles que tuviste en lo personal, hacía a mí, y sobre todo resaltar esa característica que tienes de ayudar a la gente de una manera anónima.

En muchas ocasiones tuve que recurrir a ti por asuntos diversos, que sobra aquí decirlos, pero que resultaron en beneficio de muchísimas personas, y sabes de qué te hablo, en tu entidad.

Muchas gracias.

¡Que te vaya muy bien!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Blásquez Salinas.

Ha solicitado también el uso de la voz el Senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, sonido en su escaño.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Honra este momento de triple manera al Senador Arturo Zamora.

La primera razón es por ese gesto de humildad de despedirse a través de un compañero para no poner en boca propia lo mucho que significa Arturo Zamora para el Senado de la República.

La segunda razón que honra este momento es justamente la intención que motiva la licencia de nuestro amigo el Senador Arturo Zamora, la decisión de ocuparse al 100 por ciento de una responsabilidad partidaria, de honrar también la vida partidaria y de enviar a los mexicanos un mensaje de que la vida partidaria tiene sentido en una democracia pluralista como la nuestra.

Y la tercera razón que honra este momento es que, además de ser su cumpleaños, podemos fijar, prestar testimonio del aprecio, el cariño, el reconocimiento que a lo largo de estos casi cinco años ha cultivado en cada uno de nosotros Arturo Zamora.

Tuve la fortuna, lo mismo que del Senador Ernesto Cordero, del Senador Raúl Cervantes, de Miguel Barbosa, de haberlo tenido en distintas circunstancias en la Mesa Directiva, en la interacción en la Comisión de Justicia, en mi caso personal, pero en todas las responsabilidades que Arturo Zamora tuvo en este Senado de la República, siempre honoró su palabra, siempre defendió la ley y dignificó la vida de este Parlamento.

Le deseamos a Arturo Zamora el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Sabemos bien que lo tendremos cerca en la amistad entrañable, pero sobre todo, no tengo duda, nos volveremos a ver, tarde o temprano, querido Arturo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Ha solicitado el uso de la voz el Senador Miguel Romo, del Partido Revolucionario Institucional, sonido en su escaño.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, y de sobremanera quiero felicitar a mi amigo, a mi compañero Senador Arturo Zamora, y felicitarlo por su trabajo, por su desempeño de siempre.

Con el Senador Arturo Zamora me une una amistad de muchos años. Lo vi actuar como presidente municipal en Zapopan, lo vi también desempeñarse con un gran profesionalismo como Notario Público y, sobre todo, con una gran vocación definida como maestro universitario.

De modo que quiero felicitarlo, no solamente por el trabajo legislativo en esta Cámara de Senadores, donde lo hemos compartido con gran positivismo por sus consideraciones, por sus reflexiones.

Arturo, nos queda muy en claro por lo que has hecho en tu vida, de que eres un político de definiciones, eres un político definido, un político congruente, lo has sido siempre, y has luchado toda tu vida, y hoy que has asumido, por esa misma definición que te caracteriza y esa pasión y responsabilidad de la cual son características fundamentales de tu personalidad, asumes este nuevo reto, esta nueva tarea, esta nueva responsabilidad con la misma pasión que lo has hecho en tu vida, sé que por ello te va a ir muy bien.

Te vamos a extrañar mucho en este grupo, porque has sido, de verdad, un gran compañero en lo profesional, en lo legislativo, en todos los aspectos, pero sobre todo como ser humano que lo eres, como compañero, pues, va a ser un hueco difícil de cubrir.

Te deseo lo mejor, Arturo, y sé que lo vas a tener.

¡Felicidades!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Miguel Romo.

Ha solicitado el uso de la voz la Senadora Ivonne Álvarez, sonido, por favor, en el escaño que está en este momento ocupando la Senadora.

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: (Desde el escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero expresarle a nuestro amigo Arturo Zamora, primero, nuestra gratitud.

Decirte gracias por ser un gran amigo de todos nosotros en el Senado.

Gracias por siempre darnos tu consejo atinado, tu orientación, tu solidaridad y tu acompañamiento a cada uno de nosotros en los diferentes retos que hemos emprendido cada quien en el Senado.

Con Arturo Zamora siempre hemos contado, cuando vas y lo buscas, ahí está, pero además cuando ha tenido grandes responsabilidades en nuestro partido, además de la que ahora representa, Arturo Zamora ha cumplido cabalmente en cada una de las responsabilidades que él tiene.

Como secretario de organización, aunque sea un gran trabajo en el partido, nunca dejó de estar aquí cumpliendo en el Senado de la República y cumpliendo también en su tierra, en Jalisco, haciendo su trabajo como representante popular de la ciudadanía.

Hoy, amigo, has tomado una gran decisión, nuestro partido requiere de hombres y mujeres valientes, responsables, con honorabilidad comprobada y con una entrega totalmente para poder demostrar a la ciudadanía lo que nuestro partido tiene para México y tiene para cada rincón de este país.

Si estando aquí y en la secretaría de organización hiciste grandes cosas, estoy segura que harás un gran cambio en el sector, estoy segura que desde ahí harás grandes beneficios para la ciudadanía y para nuestro partido.

Hoy te vamos a extrañar, pero te vamos a tener muy cerca porque así eres tú, estarás siempre con nosotros y en este Senado dejas una gran huella, fuiste un gran Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y has sido un gran vicecoordinador al lado de nuestro líder Emilio Gamboa, y serás el mejor líder de la CNOP, y serás, como lo eres hasta hoy, un gran militante del Partido Revolucionario Institucional, que nos enorgullece que estés donde estés y que hoy te entregues al 100 por ciento a nuestro partido.

Desde aquí te decimos, estamos contigo, cuentas con nosotros y vamos a trabajar juntos en esa encomienda, que vas a hacer lo mejor como siempre lo haces.

¡Que Dios te bendiga y mucho éxito, mi amigo!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Ivonne Álvarez.

Corresponde el uso de la voz al Senador Ernesto Gándara, del Partido Revolucionario Institucional, sonido en su escaño.

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Uniéndome, querido Arturo, hermano, colega, Senador, compañero de partido, pero sobre todo amigo, a esta decisión que estás tomando, no digo nueva etapa de tu vida, porque ya traemos meses trabajando juntos también por allá, aquí cerquita del Senado, pero que recientemente con una muy importante responsabilidad, como bien lo decía la Senadora Ivonne Álvarez, has tomado una decisión responsable de dedicarte cien por ciento, porque es particularmente un puesto no solamente de una gran relevancia, sino que requiere tu presencia en todo el territorio nacional.

Y yo quisiera unirme al comentario de todos mis compañeros, profesionalismo, valentía, capacidad, indiscutiblemente solidaridad como amigo, al lado muy cerca de nuestro líder Emilio Gamboa, muy cerca de tus compañeros Senadores de la fracción parlamentaria y muy cerca también amigablemente, así se ha comprobado, de nuestros otros compañeros, de las otras fracciones parlamentarias, en donde juntos y gracias a tu capacidad de conciliación y de concertación hemos hecho un buen equipo para lograr no solamente reformas importantes, sino para hacer importantes acuerdos.

Ahora en esta nueva etapa algunos te van a extrañar, otros no tanto, porque nos vamos a ver muy cerca, pero sí quisiera resaltar que es la segunda vez que te nos vas, la primera porque te llamó el estado de Jalisco, y tuvimos la suerte de contar con una digna representante, también muy capaz como tú, del mismo estado, que es la Senadora Verónica Martínez, ahora que tomas esta decisión otra vez estoy seguro que vas a estar muy bien representado.

Pero aquí lo importante es que los que además de tener la oportunidad de ser representantes como Senadores, Diputados, o cualquier otra posición, también somos ciudadanos que somos militantes de partido, no es la primera vez que varios compañeros de otros partidos políticos toman esa decisión, es una decisión responsable, y te digo que aquí práctica y sencillamente seguirás siendo nuestro Senador compañero, allá, o más bien ahí, muy cerquita nuestro compañero de partido, y lo más importante es que queremos aprovechar todos este momento para reconocerte tu capacidad, tu profesionalismo, pero sobre todo lo más importante, tu calidad humana, y eso es lo más importante para nosotros.

Bienvenido a tu responsabilidad total, y con una despedida con mucho cariño de todos tus compañeros de aquí del Senado.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Ernesto Gándara.

Hace uso de la voz, y solicito sonido en su escaño, el Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Primero, cuando me incorporé a este Pleno hacía uso de la voz Ismael Hernández Deras, y lo hacía con tanta solemnidad que parecía un homenaje luctuoso, y yo quedé sorprendido de que estábamos dándole un reconocimiento a nuestro gran amigo Arturo Zamora, así se oyó Ismael, ¿eh? Fue tanta formalidad, eres muy buen orador.

Pero, a ver, Arturo Zamora deja huella y deja vacío acá en el Senado de la República, ha sido alguien que ha apoyado el funcionamiento y la institucionalidad del Senado de la República, con él ha caminado el Senado de la República, ha sido siempre una voz sensata, alguien que acompañó en todo momento al Presidente de la Mesa Directiva, y yo te agradezco, Arturo, que cuando lo fui encontré en ti siempre a una voz acompañante, a una opinión sensata y, sobre todo, a una opinión apegada estrictamente a la ley.

Gracias, Arturo, porque acaban de decir otra cosa, y la dijo Ismael Hernández Deras, que era una licencia definitiva, no hay licencias definitivas, puedes volver el 30 de agosto del 2018, yo espero que no lo hagas, pero podrías volver en esa fecha.

No, bueno, por qué le quitan su derecho, él puede volver en cualquier momento mientras la función de Senadores de la República sea vigente.

Al PRI, al grupo parlamentario, desde luego que es una baja, desde luego que es alguien que desarrollaba actividades políticas y técnicas del más alto perfil, está integrado por hombres y mujeres de un gran nivel, pero, sin duda, aún entre gente de gran nivel se siente la ausencia, y es la ausencia que sentirán en tu grupo y que sentiremos en el Senado de la República.

De verdad, mi aprecio, mi cariño.
No sé si vayas a ser el mejor líder de la CNOP, después de Emilio Gamboa, porque también se dijo así, lo dijo Ivonne Álvarez, entonces, a lo mejor vas a ser el mejor líder de la CNOP, y le vi la cara a Emilio Gamboa y como que no le gustó.

Entonces, enhorabuena, la vida pública es para los hombres y las mujeres que desempeñan una función ética, moral, apegada a la ley, como tú lo has hecho.

Nos seguiremos encontrando, seguramente Arturo, antes o después del 31 de agosto del 2018.

¡Enhorabuena a todos ustedes, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Ha solicitado el uso de la voz la Senadora Iris Mendoza, por favor, sonido en su         escaño.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Muchas gracias.

En el mismo sentido de mis compañeros, para hacer un reconocimiento a nuestro amigo Arturo Zamora por su contribución al Senado, por el trabajo que realizó, por su responsabilidad, por su tesón, por las decisiones tan importantes que ha tomado.

Lo vimos en Jalisco haciendo una labor extraordinaria, y estoy convencida de que tendrá éxito personal, tendrá muchas bendiciones, le irá bien en la vida porque es un hombre noble, le reitero mi aprecio, mi afecto, mi reconocimiento, gracias por lo aprendido.

Espero no tantos éxitos electorales, pero muchos personales.

Le reitero, se le aprecia y se le quiere, Senador.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Iris Mendoza.

Informo a la Asamblea que con la intervención de la Senadora Mendoza Mendoza, culminamos con la relación de los Senadores que así habían solicitado el uso de la voz, para dar paso, como se estila, que sean los coordinadores de los grupos parlamentarios los que terminen con esta salutación al Senador Arturo Zamora.

Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para hacer nuevamente un reconocimiento, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, a nuestro compañero y amigo.

Hoy en un día especial, como ya se ha dicho, es su cumpleaños, felicitarle, pero también aprovechar para reconocerle el trabajo y empeño, la dedicación, el compañerismo y la amistad que hemos logrado construir en estos casi cinco años.

La segunda ocasión en la que nos toca dedicarle unas palabras, los mayores y mejores deseos de éxito, que estamos seguros que lo tendrá en los nuevos retos que enfrenta en su vida profesional, decirle que deja un hueco, que se va un amigo, un compañero con quien podíamos siempre platicar, fortalecer el trabajo, los argumentos para seguir trabajando por México día con día, pero también nos da gusto recibir a una compañera, a una compañera Senadora, que al igual que nuestro compañero Arturo Zamora, es una gran mujer jalisciense, que también participó con nosotros en la Comisión de Justicia, al igual que Arturo y que estoy seguro, vamos a volver a trabajar de gran manera coordinada, haciendo equipo, equipo en este Senado y equipo por México.

Arturo, mucho éxito, estamos seguros de que lo vas a hacer, eres un hombre que siempre se ha mostrado definido y comprometido con las causas y los retos, hoy vas a hacer vida cien por ciento de partido y vas a trabajar por el futuro de un mejor país.

Te deseamos el mayor de los éxitos y te recordamos que aquí siempre vamos a estar esperandote, y que seguirás siendo nuestro compañero Senador hasta el último de los días.

¡Mucho éxito, muchas felicidades, y bienvenida, compañera Senadora!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por su intervención, Senador Carlos Puente Salas.

Corresponde el uso de la voz a la Senadora Dolores Padierna, Coordinadora del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera, en primer lugar, hacer un amplísimo reconocimiento a nuestro compañero Senador Arturo Zamora, un amigo en toda la extensión de la palabra.

Quisiera externar que a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, cuando fue Vicepresidente, uno de los más institucionales, de los más puntuales en la Mesa Directiva, siempre en cada cargo que ha ocupado ha sido uno de los mejores Senadores, somos, todavía hasta hoy, compañeros en la Comisión de Justicia, es un gran jurista, un abogado de los más conocedores de la materia, un legislador de prestigio, de condición con compromiso siempre.

Arturo, mis mejores deseos para ti en lo personal, también en lo político, porque dirigir a ese sector no es fácil, requiere siempre de fortaleza.

Recibe nuestra amistad para siempre.

¡Muchísimas gracias, mucho éxito!

Y le damos también la bienvenida a nuestra compañera Vero.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Hace uso de la voz, desde su escaño, el Senador Fernando Herrera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Un saludo a don Arturo Zamora, le deseamos suerte en la encomienda que se le ha otorgado.

He escuchado con atención las diferentes expresiones de los compañeros Senadores de todos los partidos políticos, y creo que hay una gran coincidencia, Arturo Zamora es un abogado serio, profesional, con conocimiento, con talento que hoy acude a una convocatoria de su partido político.

Escuchamos también con detalle las intervenciones de los compañeros Senadores de tu grupo parlamentario. Estamos seguros que estas expresiones surgen de lo más profundo, del convencimiento, de la convicción, de la estima, y no tan sólo porque vaya a saludar donde se van a repartir las pluris.

Creo que los Senadores han hecho expresiones de esperanza, de ilusión, de reconocimiento a tu trabajo, y en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional queremos agradecerte tu disposición, tu tiempo que has otorgado al Senado de la República, porque has trabajado de manera institucional, y cuando alguien pone por encima, a veces de sus convicciones personales, la visión de una institución, no hay más que agradecer, porque esto sin lugar a dudas contribuye al fortalecimiento del Senado de la República.

Así has trabajado, te deseamos la mejor de las suertes y sabes que en el grupo parlamentario de Acción Nacional, siempre tendrás amigas y amigos que habrán de recibirte bien y desearte lo mejor en cada una de las tareas que tú entregas.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Herrera.

Para terminar las intervenciones, cedo el uso de la voz al Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, don Emilio Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Con el permiso de la Mesa Directiva. Muchas gracias, señor Presidente.

Arturo, empezaría diciéndote que hoy es un día muy especial para ti, cumples años, deberías estar cerca de la familia, y estás aquí en el Senado de la República cumpliendo con tus obligaciones.

Te deseo, como lo hice hace rato, una enorme felicitación por un hombre que se ha destacado en su trayectoria política, en su forma de amar y de querer a su familia, ha sido un hombre que cuando su madre tuvo una enfermedad, se la llevó a vivir a su casa, es un hombre que cuando su hermano tuvo una enfermedad grave, se lo llevó también a vivir a su casa, y habla de esa calidad humana que tiene Arturo Zamora.

Para mí, en lo personal, la ausencia de Arturo en el Senado de la República será mucho muy importante.

Pero tengo un grupo parlamentario que, sin duda alguna, van a cubrir esta ausencia de un hombre talentoso, inteligente, un hombre conocedor de las leyes, respetuoso de ellas, y que hizo un papel brillante como Vicepresidente de la Mesa Directiva, junto con el Senador Barbosa Huerta.

Arturo es, sin duda alguna, un hombre cabal, un hombre que demuestra a través de los hechos y no de las palabras, que cumple, que cumple consigo mismo, que cumple como mexicano, que cumple como priísta y hoy lo demuestra.

Gran valor se requiere dejar el Senado de la República para irse de tiempo completo a cumplir una enorme responsabilidad que le otorgó el Comité Ejecutivo Nacional del Sector Popular de mi partido.

Hoy inicia, sin duda alguna, un nuevo recorrido, tendrá micrófono abierto, pero sé que hizo muchos puentes, sé que hizo puentes, que es lo que se requiere en México en estos momentos con gentes del Verde Ecologista, con compañeras y compañeros, con compañeros del PRD y compañeras, con compañeros del PT y compañeras del Partido de Acción Nacional que también hizo puentes y, sin duda alguna, hizo algo muy importante en el grupo parlamentario, dejar un enorme respeto a su figura, pero hacer algo que vale mucho, dejar su amistad en el corazón de cada una de mis compañeras y de mis compañeros.

Te deseo lo mejor, te lo mereces, volverás a ver a estos grupos parlamentarios en algún lugar de la política mexicana, con un común denominador, cómo vamos a servir a México todos los que estamos hoy en el Senado de la República, y espero que tengan un gran porvenir las Senadoras y los Senadores de los diversos partidos, los 127 compañeros que te acompañaron durante este lapso.

Suerte, estoy seguro la tendrás, trabajo vas a tener de sobra, pero vas a tener un ejército que es tu grupo parlamentario que va a estar atrás de ti como Secretario General de la CNOP.

Decirle a Vero Martínez, gran abogada, seria, jalisciense, que viene hoy otra vez a suplir a nuestro amigo Arturo Zamora.

Hoy, en este momento, ya no eres Senador de la República, pero lo que sí eres, amigo de todos y de todas tus compañeras en este Senado y en esta LXIII Legislatura.

De veras éxito, te deseo que sigas siendo ese hombre generoso, que lo demostraste en el Senado y que se lo vas a demostrar a todo el país.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Emilio Gamboa Patrón.

Don Arturo Zamora, a nombre de la Mesa Directiva, de su Presidente, el Senador Pablo Escudero, quiero expresarle, en primer lugar, la mayor de las felicitaciones por su onomástico, y destacar que para la Mesa Directiva es un gran dilema, una disyuntiva muy difícil sin ponderar más su capacidad como legislador y su capacidad profesional como abogado respecto a su calidad humana y a su inconmensurable capacidad de hacer amigos.

¡Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Hasta siempre, don Arturo!

Honorable Asamblea, esta Presidencia informa que el día de hoy nuestra compañera Senadora Sonia Rocha Acosta y el Senador Arturo Zamora Jiménez celebran su onomástico. Para ellos dos nuestra mayor felicitación.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio Jurista del estado de Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Así como a un grupo de alumnos de la Universidad de Guanajuato, Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

Y a los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Finanzas y Contaduría de la Universidad La Salle de Chihuahua, Chihuahua, invitados por el Senador Patricio Martínez García.

El Senado de la República les agradece a todos su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Continuando con nuestra sesión, tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Declaración de Helsinki es uno de los documentos de mayor relevancia en materia de ética de la investigación en seres humanos. Uno de sus principios establece que “El uso del placebo o ningún tratamiento es aceptable en estudios para los que no hay una intervención probada existente o cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, el uso del placebo es necesario para determinar la eficacia de una intervención que no implique un riesgo, efectos adversos graves o daños irreversibles para los pacientes”.

En todo momento enfatiza que debe tenerse muchísimo cuidado para evitar abusar de esa opción.

El placebo es definido como un procedimiento terapéutico indicado deliberadamente para obtener un efecto inesperado sobre un paciente, síntoma, un síndrome o una enfermedad, y que ocurre sin actividad específica para la condición tratada.

El uso del placebo data de la Edad Media y ha tenido una larga polémica en la historia de la medicina, y más a partir del siglo XVIII, cuando se comenzó a reconocer que muchas sustancias usadas por los terapeutas de la época no tenían efectos curativos, y que solo se administraban con la finalidad de “complacer” al paciente

Con la llegada de la medicina científica, el objetivo de la investigación se centró en demostrar que los tratamientos no eran placebos, sino que se debían a la acción de principios activos mediados por procesos físico-químicos.

En los años 50’s hubo un auge en las investigaciones relacionadas con el fenómeno, llegando a popularizarse el concepto como una sustancia inerte y desprovista de propiedades terapéuticas significativas.

Bajo este contexto, en la investigación médica, el placebo se ha venido utilizando para tratar a sujetos para llevar a cabo una evaluación ciega de algún tratamiento asignado. Por lo tanto, la primera utilidad del placebo consiste en permitir, gracias al enmascaramiento del observador y del observado, una valoración no sesgada por apriorismos del efecto real de la intervención.

El placebo acostumbra al paciente a adherirse a determinado tratamiento, o ensayo a los que habitualmente se les añade un tratamiento de prueba, con la finalidad de enmascarar la experiencia. Sin embargo, se trata de una situación polémica puesto que un paciente es tratado únicamente con engaños para evaluar los efectos específicos de un nuevo tratamiento, aislándolos de los componentes del efecto global, lo que puede llegar a traducirse en dolor innecesario para pacientes con enfermedades crónico degenerativas o en fase terminal.

Si tomáramos de manera literal la Declaración Helsinki, no estarían permitidos los ensayos placebo en pacientes que pudieran recibir un nuevo tratamiento, quizás mejor, pero en ningún caso demostrado.

Por lo tanto, la presente iniciativa busca intervenir en esto, pretendiendo establecer la prohibición de este tipo de estudios en pacientes que se encuentren bajo condiciones críticas, pues les puede causar sufrimiento innecesario a causa de su condición, sobre todo considerando que hay instancia de salud que por motivos presupuestarios llevan a cabo esta práctica y sustituyendo los medicamentos prescritos.

Hay millones de personas en nuestro país que padecen fuertes dolores a causa de enfermedades o patologías específicas y no tienen acceso a algún paliativo para disminuir su sufrimiento. En consecuencia, no debemos sumar a este grupo a pacientes en estado terminal.

A principios de los años 90’s la Organización Mundial de la Salud publicó un documento donde definió los cuidados paliativos como “el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo”, pronunciamiento que alertó al mundo sobre la falta de política integrales para atender el sufrimiento de pacientes que mueren con dolor y que llegan a ser víctimas de experimentación con placebo.

La Ley General de Salud establece un capítulo específico donde se establece, precisamente, la norma de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, sin embargo, esta norma y su reglamentación es insuficiente para prever la situación en la que un paciente bajo estas condiciones pueda quedar expuesto a una condición que le infrinja mayor dolor.

El Observatorio de Derechos Humanos señala que cada año mueren 600 mil mexicanos por diversas causas, pero alrededor de la mitad han necesitado tratamientos contra el dolor y cuidados paliativos; incluso, en opinión de dicho organismo, estos pacientes no tienen la opción para elegir en qué momento ya no quieren continuar con su dolor, y aunque la ley también les reconoce el derecho al control del dolor, esto no siempre es llevado a la realidad. Hay ejemplos de hombres y mujeres tanto en instituciones públicas como privadas que sufren dolores insoportables y dificultades para recibir un tratamiento adecuado.

En suma, con la reforma que ponemos a su consideración, se propone intervenir en esta lamentable situación negando la posibilidad de que a estos pacientes les sea aumentado su sufrimiento por condiciones de investigación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Informo a esta Soberanía que el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo llegar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 6o., 41 y 116 constitucionales, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6o., 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS     MEXICANOS

(Presentada por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, senador de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La esencia de la democracia es la pluralidad, la tolerancia, el sano debate y la confrontación de las ideas. Esto requiere, entre otras condiciones, contar con una amplia variedad de medios de comunicación que se vean libres del control por parte del gobierno.

Es así que la libertad de expresión se trata de uno de los más básicos derechos humanos. La libertad de expresión es una condición irrenunciable para cualquier sociedad que se considere libre. Es por ello que debe estar protegida y garantizada a toda costa.

Sin embargo, en el pasado reciente se tomaron desde la clase política decisiones que amenazan estos principios. En 2007, se aprobó una reforma Constitucional, con el bien intencionado objetivo de hacer más equitativa la contienda electoral.

En este sentido, se reformuló el modelo de comunicación política. Así, la clase política se asignó importantes espacios en radio y televisión distribuidos por la autoridad electoral en la forma de interminables y continuos anuncios publicitarios denominados spots.

Aunado a lo anterior, se establecieron métodos de censura por los cuales la autoridad electoral y los Tribunales electorales, están facultados para determinar cuáles y qué tipo de contenido, en materia electoral, son los considerados adecuados para ser transmitidos a las audiencias.

Estos métodos de censura se extienden más allá y no afectan solo a los partidos políticos, sino que han llegado a perseguir la libertad de los comunicadores para expresarse.

De acuerdo con el reporte del 2015 sobre libertad de prensa de la organización Freedom House, México se encuentra dentro de los países concebidos como no libres, en materia de libertad de prensa, ubicándolo en la posición 63 de los 100 países considerados por el índice.

Es cierto que la afectación más grave a la libertad de expresión viene dada por la inseguridad que sufren los periodistas en todo el país y que amenaza su integridad física, su vida y la de sus familias. Pero no es menos cierto, como lo destaca ese reporte, que el marco regulatorio existente es uno de los factores principales que se consideran atentan contra la libertad de prensa en nuestro país.

Más del 80% de los mexicanos reciben información electoral por medio de los servicios de radio y televisión. Desafortunadamente, desde 2008, casi toda esta información la están recibiendo en forma de spots políticos sin fondo y sin contraste de ideas, bajo el formato que la autoridad electoral considera adecuado.

Por lo anterior, la llamada “dictadura del spot”, fruto del vigente modelo de comunicación política, contribuyó de manera decisiva a la pérdida de credibilidad en el sistema de elecciones, los partidos políticos y la clase política.

Con base en la encuesta de 2015 sobre “Campañas políticas y su impacto en el elector” de la encuestadora Parametría, más del 65% de los encuestados señaló que los spots de los partidos políticos, no le gustan y sólo el 27% señaló que le gustan dichos spots. Asimismo, más del 50% de los encuestados señaló, que considera que la cantidad de spots de los partidos políticos es mayor a la que se debería de transmitir en estos medios.

Lo revelador en dicha encuesta no es sólo la molestia ciudadana por la cantidad de spots que les ha impuesto la clase política, sino que además, el 60% de los encuestados considera, que la información electoral que se transmite a través de éstos, influye poco o nada en su decisión sobre por qué opción política votar.

Las amenazas a la libre expresión se extienden mucho más allá de la arena electoral. Hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversas restricciones a su ejercicio, particularmente en radio y televisión. Si bien con buenas intenciones, estas restricciones se ejecutan como imposiciones paternalistas en las que el gobierno pretende “proteger” a los ciudadanos de sus propias decisiones.

Estas restricciones a la libertad de expresión se amplificaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se exacerbaron en las regulaciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es así, que el 31 de enero de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una demanda de controversia constitucional en contra de los Lineamientos Generales expedidos por el IFT para la defensa de audiencias.

La controversia constitucional presentada por el ejecutivo federal como parte actora y como parte demandada al Congreso de la Unión, no será suficiente para prevenir la censura, pues es necesario que el Congreso acuse de recibo esta controversia y en apego a las facultades que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atienda y resuelva el problema de raíz reformando los artículos de la Constitución que limitan esa libertad.

La presente iniciativa tiene como objetivos principales los siguientes:

1. Restaurar la libertad de expresión

Buscando garantizar información “plural, veraz y que brinde beneficios culturales”, el Congreso terminó asumiendo un papel paternal que faculta a la clase política y a los reguladores como censores y como únicos aptos para decidir qué tipo de contenido es el adecuado para la ciudadanía y qué tipo de contenido no lo es. Al hacer esto, se asumió que la ciudadanía es incapaz de decidir sobre la calidad de información y los contenidos que pudiesen ofrecer los distintos medios de comunicación.

La verdadera libertad de expresión consiste en que cada ciudadano pueda expresar su opinión respecto a cualquier tema, a través de cualquier medio; y no en que alguna instancia gubernamental determine quiénes son los facultados para emitir opiniones electorales en espacios de radio o televisión, cómo deben de hacerlo y qué tipo de contenido es el adecuado para informar a las audiencias.

Restringir la crítica y el debate en estos medios de comunicación, genera un efecto silenciador, que no sólo atenta contra la democracia en México, sino que atenta contra la libertad de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos.

2. Garantizar una competencia electoral abierta y vigorosa

Las restricciones impuestas y el tiempo masivo que se otorga a los partidos y a la clase política en general, nos han llevado a debates artificiales y acartonados.

Para tener un debate abierto, propio de una democracia, es fundamental contar con la libertad para defender programas de gobierno, gobiernos del propio partido, contrastar propuestas, criticar gobiernos de otros partidos y criticar a rivales. Si no se hace así, lo único que tenemos son spots con sólo contenido que nada abonan a la democracia del país.

3. Brindar certidumbre a los medios de comunicación

Todo lo anterior, hay que reconocerlo, vino a sumarse a un problema de origen: la incertidumbre jurídica de los medios de comunicación.

El marco regulatorio vigente, nos ha llevado a una absurda saturación de spots (hasta la fecha se han transmitido más de 22 millones) en los espacios de radio y televisión que nos cuestan muy caro a todos.

En principio, debemos reconocer que el espacio en radio y televisión es un recurso escaso y por ello valioso, tanto para los prestatarios del servicio, como para los demandantes del mismo. En este sentido, cuando los partidos y clase política se adjudican tanto tiempo en spots, la cantidad disponible de espacios en estos medios se reduce y junto con esta reducción, se encarecen los precios de acceso a estos servicios afectando directamente a los demandantes de éste.

Asimismo, debemos reconocer que las concesiones para la prestación de estos servicios son propiedad “semi-privada” que se ve violentada de forma directa por la adjudicación de estos espacios. Lo anterior, termina siendo una carga fiscal más para un sector que aporta a nuestra economía más de 400 mil millones de dólares al año y que al igual que muchos otros sectores, sufre de las regulaciones gubernamentales que sólo asfixian a la economía de nuestro país.

La presente iniciativa pretende reformar los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene como finalidad que:

• El Estado garantice y respete la libertad de expresión en los medios de comunicación;

• El Estado garantice y respete los derechos de los concesionarios de radio y televisión dándoles certidumbre jurídica y eliminando las trabas que hoy se imponen y que, en buena medida, tienen carácter expropiatorio, y

• Establecer una competencia electoral que debe ser equitativa pero que, no por ello, debe dejar de ser libre, abierta y basada en el contraste de propuestas y programas.

Con la finalidad de tener una mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma a los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO LEY VIGENTE
DICE:

TEXTO PROPUESTO EN INICIATIVA
DEBE DECIR:

COMENTARIO

Artículo 6o.

A…

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I a II. …

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. …

Artículo 6o. ...

A…

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I a II. …

III. El Estado debe respetarla libertad de expresión de los concesionarios y garantizará que el servicio sea prestado en condiciones de competencia.

 

 

 

 

 

IV. …

El Estado debe respetar la libertad de expresión en los medios y que exista competencia y calidad en el servicio.

El Estado no debe imponer criterios culturales, de calidad u otros que, pese a parecer deseable, suponen un atentado a la libre expresión.

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al    mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la    sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor   antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la    Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma    mayoría.
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

V. El Estado no debe prestar de manera directa servicios de radiodifusión.

No es papel del gobierno ser propietario de medios.

Aunque se reconoce la importancia de que cuente con acceso a espacios por causas justificadas.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

VI. Los concesionarios de radio y televisión deben transmitir de manera extraordinaria informaciones relacionadas con la seguridad pública y nacional; medidas encaminadas a prever o remediar emergencias; informaciones relevantes para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil.

Son los ciudadanos quienes libremente deben decidir qué clase de contenidos quieren en términos de pluralidad política, cultura, valores, etc.

La clase política ha asumido un papel censor y paternal que los faculta como los únicos aptos para decidir sobre el contenido electoral que debe ser informado.

La clase política ha monopolizado la información electoral en radio y televisión.

Se asume al ciudadano como incapaz de decidir sobre la calidad de información que es ofrecida por los distintos medios de comunicación.

Se ha atentado con el derecho de información de las audiencias.

Artículo 41.

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

b)Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

 

c)Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

 

 

 

d)Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos  correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Apartado D …

IV a VI. …

Artículo 41.

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales y candidatos pueden contratar para las campañas electorales espacios en los medios de comunicación social sujeto a lo siguiente:

 

 

Apartado A. Se Deroga

 

 

 

 

 

 

a) Los medios de comunicación concesionados deben dar acceso no discriminatorio y en las mismas condiciones que a cualquier otro anunciante a los partidos políticos y a los candidatos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Las personas físicas o morales pueden contratar propaganda política en radio y televisión dirigida defender sus puntos de vista e ideas, pero no podrán contratar propaganda para promover directamente el voto a favor de ningún partido o candidato particular.
c) En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, candidatos y particulares se pueden defender determinadas políticas públicas y gobiernos, contrastar políticas y programas electorales, así como ejercer la crítica contra partidos y candidatos concretos. Sin embargo, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

d) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

e) Las demás restricciones que prevean las leyes electorales y otras aplicables.

 

 

 

 

 

 

 

 

f)Se Deroga

 

 

 

 

g) Se Deroga

Se Deroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado B. Se Deroga

 

 

 

 

 

 

a) Se Deroga

 

 

 

 

 

b) Se Deroga

 

 

c) Se Deroga

Se Deroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado C. Se Deroga

Se Deroga

Nuevo modelo de comunicación política:

Que garantice y respete la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Que garantice y respete los derechos de los concesionarios de radio y televisión dándoles.

Que establezca una competencia electoral equitativa pero que, no por ello, debe deje de ser libre, abierta y basada en el contraste de propuestas y programas.

Artículo 116. …

I a IV. …

a) a h) …

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) a p) …

V. a IX. ….

Artículo 116. …

I a IV. …

a) a h) …

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas en la base III del artículo 41 de esta Constitución;

 

j) a p) …

V. a IX. ….

 

La iniciativa de reforma legal a los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aspira y pretende que el Estado respete y garantice la libertad de expresión, la propiedad y los principios de la competencia a los concesionarios de la radio y la televisión. Así como definir las obligaciones que éstos tienen con el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones, III, V y VI; del Apartado B del articulo 6; la fracción III del articulo 41; el inciso i) de la fracciónI V del artículo 116; Se derogan, el Apartado A de la fracción III, los incisos f) y g), Apartado B y C del artículo 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. …

A. …

I a VIII. …

B. …

I. a II. …

III. El Estado debe respetarla libertad de expresión de los concesionarios y garantizará que el servicio sea prestado en condiciones de competencia.

IV. …

V. El Estado no debe prestar de manera directa servicios de radiodifusión.

VI. Los concesionarios de radio y televisión deben transmitir de manera extraordinaria informaciones relacionadas con la seguridad pública y nacional; medidas encaminadas a prever o remediar emergencias; informaciones relevantes para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil.

Artículo 41. …

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales y candidatos pueden contratar electorales espacios en los medios de comunicación social sujeto a lo siguiente:

Apartado A. Se Deroga

a) Los medios de comunicación concesionados deben dar acceso no discriminatorio y en las mismas condiciones que a cualquier otro anunciante a los partidos políticos y a los candidatos.

b) Las personas físicas o morales pueden contratar propaganda política en radio y televisión dirigida defender sus puntos de vista e ideas, pero no podrán contratar propaganda para promover directamente el voto a favor de ningún partido o candidato particular.

c) En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, candidatos y particulares se pueden defender determinadas políticas públicas y gobiernos, contrastar políticas y programas electorales, así como ejercer la crítica contra partidos y candidatos concretos. Sin embargo, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

d) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

e) Las demás restricciones que prevean las leyes electorales y otras aplicables.

f) Se Deroga

g) Se Deroga

Apartado B. Se Deroga

Apartado C. Se Deroga

Apartado D …

IV a VI. …

Artículo 116. …

I a III. …

IV. …

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas en la fracción III del artículo 41 de esta Constitución;

j) a p). …

V. a IX. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






Recibimos también una iniciativa de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 constitucional, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Acorde a la reforma de diversos artículos constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el constituyente llevó a cabo una reforma sustantiva en materia de justicia penal en nuestro país, que llevaría a agilizar los procedimientos penales y facilitar la restitución de los derechos a las víctimas u ofendidos; establecer las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal, de corte garantista, en todo el país, con pleno respeto a los derechos humanos, que por una parte, fomente el acceso a la justicia penal de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos, y por otro lado, facilite y garantice que se cuente con juicios breves y expeditos, generando confianza respecto de las instituciones y certeza en sus resoluciones y determinaciones.

Esta propuesta de reforma, implemento el sistema penal acusatorio, proponiendo el procedimiento de juicios orales, tuvo como principal objetivo sentar las bases del marco constitucional y legal que generara las condiciones para reestructurar el sistema de impartición de justicia en materia penal, hacer prevalecer el Estado democrático y de derecho en nuestro país, para ello, considero que deberían adecuarse las estructuras constitucionales y legales existentes, a fin de dar respuesta, con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo que nuestro país padece, sin trasgredir los derechos fundamentales de las personas tutelados en nuestra Constitución General y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Así, se decidió pasar de un sistema penal preponderantemente inquisitivo, ya que el indiciado era considerado culpable hasta que se demostrará lo contrario, a un nuevo modelo de sistema de justicia penal acusatorio, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la característica de la oralidad, la cual, debe ayudar a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, consiguiendo que los procedimientos penales sean más agiles y sencillos.

Una de las nuevas figuras propuestas dentro del sistema penal acusatorio es el auto de vinculación a proceso, que vino a sustituir al auto de formal prisión y al de sujeción a proceso; su finalidad es someter a un imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, es decir, a la investigación formalizada Ahora bien, del contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se observa que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Ahora bien, atendiendo a lo señalado en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, con fecha 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que vino abrogar el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934.

En el citado nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 136 localizamos los requisitos que se deben de cumplir para dictar el auto de vinculación a proceso, para ello, el Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que existan los requisitos de: se haya formulado la imputación; se haya  otorgado al imputado la oportunidad para declarar; de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

Además, en el mismo artículo se establece que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. También se señala que el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso.

Por otra parte, se señala en el artículo 137 del propio Código, que el auto de vinculación a proceso deberá contener los datos personales del imputado; los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados con antelación y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Por último, el artículo 138 del Código ya mencionado, el auto de vinculación a proceso establece los efectos del mismo que pueden consistir en el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las  formas anticipadas de terminación del proceso, o bien, la apertura a juicio o el sobreseimiento.

Como se puede leer, tanto en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, como en los artículos 136, 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se menciona el auto de vinculación a proceso, el cual obedece a las nuevas reglas que se han establecido bajo el sistema acusatorio que ha sido incorporado en la reforma constitucional y legal. El auto de vinculación a proceso se refiere a la determinación mediante la que se establece si hay méritos para iniciar un proceso penal, y el mandato constitucional establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.

Como podrá notarse la noción de auto de vinculación a proceso, vino a sustituir el auto de formal prisión, ahora bien, tomando en cuenta lo antes expresado y considerando la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la suspensión de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, cuando estos, estén sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del “auto de formal prisión”, es necesario sustituir esta frase por “auto de vinculación a proceso” y así al homologar los conceptos en el texto constitucional, que refieren a la situación de cualquier gobernado que sea privado de su libertad mediante una detención, estaremos cumpliendo con principios de congruencia, certeza y seguridad jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, 72, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172 Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso;

III. a VI. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en el Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.






Les informo que está inscrito en el Orden del Día para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, en materia de denuncias contra extranjeros por comisión de delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

La presentación de éste y los siguientes dictámenes en materia migratoria, quedarán presentados con el texto que la Senadora Layda Sansores San Román entregó a la Mesa Directiva. El texto de la presentación de los dictámenes se insertará íntegro en el Diario de los Debates.

La Senadora Layda Sansores San Román: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El día de hoy hago uso de la tribuna para solicitar su voto a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y Estudios Legislativos, referente al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.

Este artículo tiene por objeto delimitar con claridad las facultades que el Instituto Nacional de Migración tiene para conocer de las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, a fin de servir en lo posible al sistema entre esferas de autoridad para la investigación de delitos y autoridades migratorias.

El 5 de febrero de 2015 presenté ante el Pleno de este Senado una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma o deberá reformarse el artículo 93 de la Ley de Migración, misma que se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con el artículo 80 de la propia ley, cuenta con las facultades administrativas de control, verificación y revisión migratoria, en su caso, en el que debe de informar a la autoridad responsable de la seguridad nacional sobre la presentación o identificación de sujetos vinculados al terrorismo, delincuencia organizada o cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad nacional. No obstante, el artículo de referencia, el Instituto Nacional de Migración recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros.

A mí me parece que esto es ir más allá de las facultades que deben de otorgarse, por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente.

En este sentido, hemos considerado que el texto vigente se presta a interpretaciones erróneas que invaden la facultad constitucional del Ministerio Público para investigar las denuncias o querellas por la posible comisión de delitos.

Es preciso destacar que al realizar un estudio profundo sobre esta facultad en la Ley de Migración y el análisis legislativo del proyecto original de esta ley, se concluyó que el Instituto Nacional de Migración debería recibir y atender las denuncias por probable comisión de delitos sólo para efectos de un adecuado control migratorio. Sin embargo, la redacción que actualmente tiene el artículo, pone en riesgo la invasión de competencias entre autoridades y, peor aún, los derechos humanos de los migrantes.

Por esta razón, propuse reformar el artículo 93 de la Ley de Migración a efecto de clarificar el texto normativo para que, tratándose de la recepción y atención de denuncias por posible comisión de algún delito, sea únicamente con la finalidad de ejercer exclusivamente la facultad de control, verificación y revisión migratoria.

Por todo lo anterior, Senadoras y Senadores, solicito a esta Honorable Soberanía su voto a favor del presente dictamen que tiene como objetivo principal proteger los derechos de migrantes y delimitar de mayor manera las funciones y facultades de la autoridad migratoria.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Torres Corzo, por su intervención.

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.

Con un gran sentido de responsabilidad vengo a sumarme a este dictamen y a pedirles, de igual manera, que podamos hacerlo todas y todos, no sin antes hacer un reconocimiento a nuestro compañero Senador Teófilo, que ha estado muy pendiente atendiendo los temas migratorios.

Pero también a hacer las siguientes reflexiones, consideraciones particularmente por nuestra colindancia territorial, México con Estados Unidos; nuestra condición geográfica nos pone como país no nada más en ser frontera, sino ser también origen, porque muchos paisanos nuestros salen de aquí, éste es su punto de origen a Estados Unidos, pero también es tránsito, porque hay otros ciudadanos de los países latinoamericanos que tienen como paso obligado nuestro país, pero también el destino para muchos otros migrantes de otros países que necesariamente tienen que hacer estancia en México.

Y por si eso no fuese suficiente para lo tan complejo que es el tema migratorio, también México es retorno, porque todos los deportados, nuestros y de otros países, necesariamente tienen que pasar por el territorio nacional.

Frente a esta gran movilidad y a lo que es el tema de la migración, como una movilidad de hombres y mujeres en busca de oportunidades, considero que debemos de darle certeza a las facultades del Instituto Nacional de Migración.

El artículo 93 señala precisamente que debe de tener conocimiento sobre denuncias a extranjeros, pero consideramos que hay que darle certeza para que no se confunda que este artículo 93 en su origen, cuando se expidió la Ley de Migración en el 2011, que no se confunda que se están invadiendo facultades exclusivas de las autoridades correspondientes en lo que corresponde al seguimiento a la investigación de las denuncias, como es el propio Ministerio Público. Creo que es importante precisar que el Instituto Nacional de Migración únicamente tiene competencias para conocimiento, revisión de las denuncias en contra de extranjeros y no más allá de esta competencia.

Nada más repito, tener conocimiento y revisión del caso, y en función de eso, de manera inmediata poderlo remitir ante las autoridades correspondientes, como son los ministerios públicos.

Por eso pedimos su apoyo, compañeras Senadoras, Senadores, porque debemos de fortalecer a nuestras instituciones.

El Instituto Nacional de Migración es un gran órgano de la Administración Pública, es una gran institución, es como la bandera de los migrantes, donde ahí está la defensa de sus derechos humanos y por eso debemos de fortalecer y dar certeza.

México se ha caracterizado por ser un país promotor y defensor de los derechos humanos de los migrantes, tan es así, que en el 2008 se derogaron algunos artículos precisamente donde se discriminalizaba la migración ilegal, o aquella migración que se movía sin documentos, sin papeles, y también con esta derogación de artículos en el 2008, también se despenalizaron las acciones carcelarias en contra de muchos hermanos mexicanos.

Compañeras Senadoras y Senadores, de que sea éste el momento para dar un voto de confianza a este dictamen, pero que también sea el momento para seguir abordando el tema migratorio de nuestro país.

Ya no queremos más hermanos mexicanos que salen por necesidades de pobreza o en busca de oportunidades, y se encuentran en Estados Unidos en condiciones adversas e inhumanas; ya no queremos tampoco que en su retorno a nuestro territorio nacional existan los abusos y los excesos de las propias autoridades federales; ya no queremos tampoco desintegración de familias, particularmente de las comunidades rurales de los estados del sur, donde los padres se van al norte, dejan a sus esposas, dejan a sus hijos, y pueden tener satisfacciones en empleo y en ingreso, y hasta la satisfacción de una casa de concreto de dos pisos. Pero el vacío de una familia desintegrada nadie lo llena.

Por eso también aprovechamos este espacio para exhortar a las autoridades, a los tres niveles de gobierno, de que orientemos políticas públicas con sentido social para poder generar oportunidades de empleo y de ingreso a los mexicanos que han dejado el campo para irse a Estados Unidos.

Va mi voto a favor de este dictamen para poder reformar el artículo 93 de la Ley de Migración.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Sofío Ramírez, por su intervención.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



OFICIO DE VOTO



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 67 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley Migración, en materia de principio de derechos humanos en el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Lorena Marín Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Lorena Marín Moreno: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Una de las poblaciones más vulnerables en el mundo es la migrante; ellos se encuentran lejos de su lugar de origen, sus raíces familiares y su esfera de protección de derechos humanos.

Los migrantes diariamente son víctimas de malos tratos, actos de discriminación y xenofobia. Son altamente propensos para convertirse en víctimas del crimen, de trata de personas y trabajo forzado, de hecho, al ser una población sin vínculos familiares en el país al que migran, están expuestos a riesgos sociales y naturales.

México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Diariamente connacionales abandonan su lugar de origen a la par que extranjeros buscan ingresar al país con el objeto de instalarse aquí o cruzar la frontera norteamericana.

México es la segunda nación con el mayor número de migrantes, al menos 13 millones de personas han salido del territorio nacional, lo cual significa que poco más del 10 por ciento de la población vive fuera del país.

En lo que respecta al tránsito, se estima que anualmente ingresan 400 mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, caribeños, sudamericanos y extracontinentales que pretenden ingresar a Estados Unidos o a Canadá cruzando por nuestro país.

Cada vez son más los migrantes que llegan a México, se estima que anualmente ingresan por la frontera sur unos 150 mil migrantes.

Es claro que el fenómeno migratorio y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, es un tema prioritario de las autoridades mexicanas. No se trata únicamente de defender los derechos de nuestros connacionales que se encuentran en otros países, sino también proteger la esfera de derechos de aquellos refugiados inmigrantes que llegan a México o transitan por el país.

En este sentido, el proyecto de reforma al artículo 19 de la Ley de Migración, es un importante avance en el marco de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, porque establece como una obligación de las autoridades migratorias el respetar en todo momento la dignidad humana de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición migratoria.

El artículo que pretende ser reformado establece los principios organizativos del Instituto Nacional de Migración, lo define como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le otorga como actividades principales la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional.

También tiene la obligación de emitir políticas públicas en materia migratoria de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A estas obligaciones, el proyecto de Decreto incorpora un segundo párrafo al artículo 19, con el objeto de establecer la obligatoriedad del instituto de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación. Esto permite fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho a través de una gestión migratoria eficiente con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de la presente reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lorena Marín.

Deseo informar a la Asamblea que se recibió la intervención a favor, para que sea insertada íntegra en el Diario de los Debates, del Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García. El Senado de la República expresa su beneplácito por su vista.

¡Sean ustedes bienvenidos!

De igual manera, la Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el Senador Sofío Ramírez Hernández. Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Queda, en tal virtud, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Migración. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Migración y la Ley de Nacionalidad, en materia de principio de no discriminación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE MIGRACIÓN Y LA LEY DE NACIONALIDAD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se ha inscrito el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro.

En uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración tiene, en mi opinión, una gran relevancia porque reafirma el compromiso de nuestro país de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros.

Como aquí se ha dicho, nuestra posición geográfica nos ubica como un país de tránsito de migrantes de Centro y Sudamérica. Ellos buscan llegar a los Estados Unidos para obtener mejores condiciones laborales y en ocasiones por temor a la violencia que prevalece en sus lugares de origen.

En este contexto la reforma que hoy estamos discutiendo, que estamos por aprobar, tiene un énfasis especial en el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación por parte de las autoridades migratorias, y que no debe de darse esto en ningún punto de revisión ni de tránsito de carácter migratorio dentro del territorio nacional por las autoridades, sino por el contrario, que éstas actúen con estricto apego y respeto y protección de los derechos humanos y evitando la discriminación.

Con estas modificaciones se armoniza la Ley de Migración con lo que establece el artículo 1o. de nuestra Constitución, que garantiza que todas las personas gocen de los derechos humanos que en ella misma se establecen.

Estamos viviendo, compañeras y compañeros, una realidad con el endurecimiento de las políticas migratorias del Presidente Donald Trump, que definitivamente en nuestra opinión son contrarias al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros.

Esta situación obliga a nuestro país a exigir. Respeto, respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales, pero también nos conmina a que nosotros también demos el mismo trato a todos los migrantes que llegan a nuestro país. Tenemos que exigir respeto para nuestros connacionales en Estados Unidos, pero también tenemos que dar y respetar a los migrantes que vienen a nuestro país; no vienen por gusto, vienen, como lo hemos dicho, porque hay condiciones desesperadas que los obligan a migrar, por falta de empleo o bien por condiciones de violencia.

Hay un tema muy lacerante, el tema que tiene que ver con los niños migrantes no acompañados y también con los migrantes sudamericanos, que actualmente, en este momento, se encuentran en nuestra frontera norte y que están deseando tener una oportunidad para ingresar a los Estados Unidos.

Por eso, en este Senado, no podemos ser omisos ante esta situación. Consideramos que la aprobación de este dictamen nos permite dar un gran avance en este tema de contribuir a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia a los migrantes.

Por esta razón, compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen y hacemos público nuestro compromiso de trabajar en favor del respeto, el respeto irrestricto de los migrantes.

Manifestamos nuestra más enérgica condena a aquellas actitudes, aquellas posturas que polarizan y atentan contra los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos.

Desde aquí hacemos un amplio llamado a las autoridades de los Estados Unidos, para que se respeten los derechos humanos de nuestros migrantes en los Estados Unidos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Olvera Acevedo.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Migración y la Ley de Nacionalidad. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración, en materia de principios de funcionamiento de la política migratoria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Se inserta intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Me permito informar a esta Soberanía que se recibió en la Mesa Directiva el documento con los cuatro dictámenes presentados, signados por la Senadora Layda Sansores San Román, mismo que será íntegramente registrado en el Diario de los Debates.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de aplicación de medidas de bioseguridad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Informo a esta Soberanía que el Senador Ruffo Appel presentará en un solo acto los tres dictámenes.

Adelante, Senador.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Como presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, vengo a exponer los razonamientos de la actuación de la Comisión de Pesca y Acuacultura para justificar ante ustedes y pedir su voto a favor acerca de estas reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De acuerdo al Orden del Día, como punto quinto para aprobación de los dictámenes, está este asunto acerca de bioseguridad, es una iniciativa que presentara en noviembre 14 de 2014 la Senadora Diva Gastélum, es acerca del análisis de riesgos en la organización genética de organismos modificados, que corresponde la valoración del SENASICA dentro de la Secretaría de Agricultura la Sagarpa; pero a la vez aquí dentro de la misma razón orgánica de la Sagarpa, pedir que Inapesca tenga la capacidad de coadyuvar en la elaboración del análisis de este riesgo de los organismos genéticamente modificados, a fin de proteger el medio ambiente y su diversidad.

SENASICA es el responsable directo, el encargado de dirigir las acciones cuando se trate de organismos genéticamente modificados.

Aquí, ahora se solicita, con la aprobación que venga de su voto, que el Inapesca, quien es el especialista en la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, pueda auxiliar al SENASICA.

Por lo cual, en lo que respecta a este asunto de bioseguridad, se propone el siguiente proyecto de Decreto donde se adiciona la fracción IX Bis al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para que quede como sigue:

“Podrá coadyuvar con la autoridad competente en la evaluación de riesgos cuando se trate de la introducción de organismos genéticamente modificados para uso acuícola o para repoblación de cuerpos de agua conforme a lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”.

Esto es en cuanto a la iniciativa de biodiversidad.

En el punto sexto del Orden del Día, para la aprobación de dictámenes, contiene esta razón para que funciones del SENASICA en la inspección y vigilancia del traslado de productos pesqueros, pueda ampliarse, de manera que puedan inspeccionar en los traslados de los productos pesqueros.

Párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, o el cambio es en materia de inocuidad, con el propósito de que quede de manera explícita la función del SENASICA en cuanto a inspección y vigilancia en el traslado de productos pesqueros.

Esta comisión considera adecuada la modificación al texto normativo debido a que de esta manera se da claridad al SENASICA en cuanto a la inspección y vigilancia en el traslado de productos pesqueros, ya sean vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional.

Por tanto, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

Único.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 77. …

En el ejercicio de sus funciones, en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, el SENASICA coadyuvará en la inspección y vigilancia del traslado de todo producto pesquero, ya sea vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es en cuanto al punto sexto del Orden del Día, compañeros.

Y en cuanto a la razón del tema en la agenda, como número siete en el Orden del Día, y esto fue un Acuerdo en conferencia con la comisión equivalente en la Cámara de Diputados donde, entonces, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia del “Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables”, y que fue aprobado por todos los integrantes de ambas comisiones.

La iniciativa se originó con el esfuerzo del personal de la Sagarpa, Conapesca, Inapesca, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado y la sociedad civil organizada.

El objetivo es reconocer a aquellos que destaquen en su esfuerzo por la realización de acciones trascendentes, de innovación, impacto, mejora o buenas prácticas desarrolladas en la pesca o acuacultura sustentables.

El dictamen aprueba otorgar la facultad a la Sagarpa, de otorgar este premio por conducto de la Conapesca en coordinación con las comisiones legislativas en esta materia y con el apoyo de la sociedad civil organizada.

Por lo anteriormente expuesto, aprobamos con modificaciones el siguiente proyecto de Decreto:

Único.- Se reforman las fracciones XL, XLI del artículo 8o., pasando la actual fracción XLI a ser la fracción XLII y se adiciona un Título Décimo Quinto, con un solo Capítulo denominado “Del Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que contiene los artículos 151 y 152, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

XLI. Otorgar el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables; y

XLII. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones aplicables.

Es así, entonces, compañeros, que doy por presentados, y solicito su aprobación en favor a estos tres dictámenes de las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

Por último, aprovechar la oportunidad de la tribuna, y por los acontecimientos que se están dando en este momento en el Alto Golfo de California, en razón de la búsqueda de la preservación de la vaquita marina.

Es una marsopa de la cual se estima ya sólo quedan 30 ejemplares.

Pero aquí vale con toda importancia informarles, esa especie es de condición estuarina, lo que quiere decir que viven en aguas salobres, esto es, entre lo que da una combinación del mar y el agua dulce del río.

Sin embargo, el agua del río Colorado fue controlada por la construcción de la Presa Hoover, por los Estados Unidos, allá por los años 33 del siglo pasado.

Desde entonces, la población de la vaquita marina ha venido disminuyéndose en constante y directa relación al tiempo que ha transcurrido.

Sí se dan casos de pesca incidental, pero la lógica de la discusión internacional es que esta declinación es culpa de los pescadores mexicanos.

Tengo experiencia de muchos años en la pesca y puedo testimoniar que si bien hay pesca incidental, el factor es que se modificó el medio ambiente por razones del control del río Colorado, que ya no permite la llegada de agua dulce al Alto Golfo de California y no la disminución, es una relación directa por la pesca incidental.

Esto ha producido una gran presión internacional casi, ustedes habrán de recordar el tema de el osito panda, pues ahora es el caso de la vaquita marina, sólo les informo, porque este es un asunto que está causando ya incidentes de rebelión por los pescadores en el Alto Golfo de California.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel, agradecemos que haya presentado los tres dictámenes en un solo acto.

Antes de abrir el tema a la discusión, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitados por el Senador Tereso Medina Ramírez. El Senado de la República expresa su beneplácito por su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Está a discusión el primer dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Felicito a la comisión por haber sacado estos tres dictámenes, celebro el trabajo que están realizando. Sin embargo, en uno de estos tres dictámenes, el primero, el agregado Bis al artículo 29, queremos manifestar nuestro posicionamiento, como grupo parlamentario, en contra de este dictamen.

En el sentido de que estas comisiones estiman pertinente incluir, hoy, una nueva facultad para el Inapesca, que coadyuve en la evaluación de riesgos cuando se trate de organismos genéticamente modificados, que es un tema que sin conocer mucho de pesca, como sí conoce el Senador Ruffo Appel, tenemos claro que tratándose tanto de acuacultura como de pesca hay un gran interés no solo en nuestro país, sino a nivel mundial de que se profundice en los estudios, en los diagnósticos para saber las consecuencias de estos productos genéticamente modificados.

Hoy el dictamen da atribuciones específicas para que el SENASICA pueda realizar evaluaciones de riesgo, por lo cual no se entiende por qué las comisiones pretenden facultar al Inapesca a realizar funciones que se encuentran ya atribuidas en otra dependencia, primero.

Segundo, a pesar de que se argumenta en el dictamen que con ello se fortalecerán las acciones en materia que realiza el SENASICA al ser el Inapesca el encargado de la investigación y el desarrollo del sector, para incorporar la referencia puntual a los organismos genéticamente modificados, se abre la puerta por primera vez a introducir en la ley esta palabra textual, esta frase, organismos genéticamente modificados, hoy lo tenemos por primera vez en la ley, por lo que iremos en contra de este dictamen.

De verdad consideramos que, como lo hemos leído tanto en Greenpeace, como en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, puede traer consecuencias fatales, catastróficas para la flora, la fauna, obviamente para la acuacultura y para el medio ambiente.

Nos preocupa bastante por lo que en el caso del artículo 29 estaremos votando en contra, y el resto de los dictámenes a favor, en un solo acto lo desahogamos en el grupo parlamentario del PRD.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza.

Corresponde el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del      dictamen.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros del Senado:

Los organismos genéticamente modificados son productos de la biotecnología moderna.

Según la Organización Mundial de la Salud, son aquellos organismos, plantas, animales o microorganismos que en que el material genético ha sido alterado de manera que no acontece a una combinación natural.

Las prácticas de mejoramiento genético han traído beneficios importantes para los productores tales como: la resistencia a las plagas, a enfermedades, tolerancia de herbicidas, la habilidad para adaptarse a circunstancias de medio ambientes extremos, habilidad para resistir algunos cambios climáticos, pero no obstante, el uso indebido de los organismos genéticamente modificados puede generar repercusiones considerables como alergias, infecciones, pérdida de la diversidad de la flora y la fauna, y en casos muy específicos, degeneración de las especies.

 En el sector pesquero y acuícola de México se consideran estas precisiones, como lo mencionaba hace unos momentos mi compañero el Senador Ernesto Ruffo, sobre todo en lo respectivo a la manipulación y control genéticos.

Un ejemplo claro de ello es la bioseguridad considerada en nuestro actual marco legal por medio de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

En México hay dos instancias claves relacionadas con esta labor.

Por un lado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, éste, encargado de la facultad para evaluar este tipo de riesgos, y por otro, el Instituto Nacional de Pesca que lleva a cabo la investigación científica, pesquera y acuícola con cobertura nacional, así como el desarrollo y la transferencia de tecnología que requiere el sector pesquero acuícola, sus problemas de desarrollo, su administración y posibles soluciones.

Por ello resulta necesario, compañeros, que ambas instancias colaboren de manera coordinada y en una sola línea en la realización de evaluaciones de riesgo, a fin de evitar riesgos a la salud humana y al medio ambiente con posibles mutaciones como lo estamos viendo en el Alto Golfo de California.

El presente dictamen adiciona una fracción al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

¿Con qué objeto? Podríamos pensar.

Con el objeto que el Inapesca coadyuve al análisis de riesgo enfocado en la introducción de organismos genéticamente modificados para uso acuícola o para la repoblación de cuerpos de agua, esto muy importante ante la creciente función, actividad de acuacultura, ya sea en tierra o en mar adentro, lo que ha generado mucha dispersión de especies que no son de la zona o del área donde se desarrolla.

Con esta incorporación, el Inapesca coadyuvará a coordinar y orientar la investigación científica, tecnológica en materia de pesca y acuacultura y así regularla. Todo esto cuando se trate la incorporación de organismos genéticamente modificados.

Por eso, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de fomentar acciones que garanticen la protección de la salud de la población. Reafirmamos nuestro compromiso con el adecuado manejo de productos genéticamente modificados que pueden comprometer la salud humana, dañar el medio ambiente o afectar la diversidad biológica.

Por esto compañeros, acompañaremos este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Barroso Agramont.

Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Me permito informarles a las señoras y señores Senadores, que los siguientes dos dictámenes han sido presentados en un solo acto por el Senador Ruffo Appel. En ninguno de esos dos dictámenes hay oradores registrados, por lo tanto, las votaciones serán continuas, una detrás de la otra.

Suplico a todas las Senadoras y Senadores no se retiren del Pleno, para efectuar estas dos votaciones de manera inmediata.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 67 votos en pro y 11 en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de medidas de inocuidad en transporte de productos pesqueros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Senador Ruffo Appel presentó ya este dictamen en su intervención hace unos momentos. Está a discusión.

Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 8o. y se adiciona un Título Décimo Quinto a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS    FRACCIONES XL Y XLI DEL ARTÍCULO 8o., PASANDO LA ACTUAL FRACCIÓN XLI A SER LA FRACCIÓN XLII Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO QUINTO CON UN SOLO CAPÍTULO DENOMINADO “DEL PREMIO A LA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES”, QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 151 Y 152 A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. El dictamen fue presentado por el Senador Ruffo Appel en su intervención. Está a discusión.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 8o. y se adiciona un Título Décimo Quinto con un solo capítulo denominado “Del Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que contiene los artículos 151 y 152 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Compañeras y compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






EXCITATIVAS

Compañeras y compañeros Senadores, conforme a las solicitudes de los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y Armando Ríos Piter, esta Presidencia emite atenta excitativa a las comisiones respectivas para que presenten los dictámenes que en cada caso corresponda a los siguientes proyectos de Decreto:

El que reforma el artículo 102 constitucional, presentado el 18 de noviembre de 2015.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo 1, inciso g) y 122 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta excitativa para que se elabore el dictamen favorable a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La circunstancia de inseguridad por la que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país coloca a las y los periodistas en una situación de máxima vulnerabilidad. El año pasado fue el peor de la presente administración habiéndose registrado 11 asesinatos de comunicadores. En lo que va del presente año, tres personas dedicadas a la labor informativa han sido ejecutadas y un cuarto se encuentra grave. Tan solo ayer en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur otro reportero escapó de la muerte pero su guardaespaldas fue privado de la vida.

Los ataques a la libertad de expresión no solamente vulneran el derecho de la sociedad a estar informada de manera oportuna, crítica y plural sino que también reducen los espacios en que se desenvuelve la vida democrática. De ahí que me permito solicitar se proceda al dictamen favorable de la iniciativa. La propuesta normativa fue turnada con fecha 18 de noviembre de 2015 a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos, Primera.

Ciudad de México, el 29 de marzo de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.






Y por el que se reforman diversos artículos constitucionales, presentado el 13 de septiembre de 2016.

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante de  la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva se emita excitativa en relación con el PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL Y LA RENOVACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- A lo largo de los últimos años ha surgido el consenso en la sociedad mexicana de que uno de los mayores problemas del país, sino es que el principal, es la impunidad. En esta tesitura la inmunidad procesal de la que gozan varios altos servidores públicos federales, mejor conocida como “fuero”, es una variedad de impunidad especialmente perniciosa porque ha causado la degradación del acceso y del ejercicio del poder público. La inmunidad procesal impide que los servidores públicos sean sometidos a proceso penal si no se cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, bajo la motivación “de proteger el ejercicio del cargo”. Este esquema se replica en las Constituciones locales para los altos servidores públicos de las entidades federativas y municipios.

SEGUNDA.- En sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2016, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de desaparecer el fuero o inmunidad procesal de todo servidor público. Al permitir que sean sometidos a juicios penales, sujetarana los funcionarios de alto nivel al principio de igualdad ante la ley.

TERCERA.- La iniciativa pretende que la determinación judicial de la responsabilidad penal de un servidor público no quede supeditada a la resolución previa y discrecional de un órgano político, como lo es la Cámara de Diputados, sino que en caso precisamente de que los servidores públicos –sea de elección popular o por designación; federal, estatal o municipal; de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial o de un organismo constitucional autónomo- cometan un acto que la legislación respectiva señale como delito, sean sometidos al proceso penal respectivo sin beneficiarse de inmunidad, fuero o consideraciones procesales que motiven o favorezcan su impunidad.

CUARTA.- Se incorpora una reforma al artículo 111 constitucional que modifica el esquema de inmunidad procesal penal (llamado fuero) del que hasta hoy gozan diversos servidores públicos, para sujetarlos a los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano. Sin ambages, no les asistirá inmunidad o fuero constitucional alguno, por lo que podrán ser juzgados penalmente sin que se observe el desarrollo de procedimientos especiales o se les otorguen beneficios atinentes a su cargo, empleo, comisión o función.

QUINTA.- El pasado 27 de marzo el Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua, dictó orden de aprehensión en contra de Ricardo Yáñez Herrera, Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Enrique Tarín García por el delito de peculado. Esteúltimo es suplente Diputado Federal Carlos Hermosillo, fallecido el día 20 de marzo en un accidente carretero.

SEXTA.- El día 28 de marzo de 2017, el C. Antonio Enrique Tarín García se presentó a las 11:00 am en la Cámara de Diputados con la intención de rendir protesta como Diputado Federal y así acceder a la inmunidad procesal. Ante esto, varios Diputados de distintas bancadas se pronunciaron en contra del acto e impidieron al C. Antonio Tarín rindiera como Diputado. Paralelamente, a la entrada de la Cámara se encontraban policías ministeriales de Chihuahua a la espera de aprehender al acusado por el delito de peculado.

Ante este escenario, Antonio Tarín, se atrincheró el 28 de marzo en la oficina del difunto Diputado Carlos Hermosillo donde pasó la noche y el día 29 de marzo, ante la imposibilidad de rendir protesta, abandono el recinto previa la suspensión otorgada por un juez federal.

SEXTA.- No obstante que la Mesa Directiva decidió turnarla iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, y en vista del hecho de que se libra Orden de Aprehensión en contra del C. Antonio Tarín acusado de peculado y, este, hace todo en su poder para acceder a la inmunidad procesal y así dejar claro una vez más que la igualdad ante la ley termina donde comienza un alto servidor público. Los Poderes de la Unión están en la obligación de iniciar un debate de gran visión sobre el régimen constitucional vigente en materia de inmunidad procesal, dado que no sólo es una fuente constante de impunidad, constituye una violación al derecho fundamental de igualdad ante la ley.

El Senado de la República reconoce que la transición democrática en nuestro país no podrá realizarse si no se fortalece el Estado de Derecho. Esta dinámica sólo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus funciones

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político, turnada el pasado 13 de septiembre de 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Armando Ríos Piter.

Senador del Estado de Guerrero.






Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, José Marco Antonio Olvera Acevedo y María Elena Barrera Tapia)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por los Senadores Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer los protocolos de seguridad que se implementan actualmente en el sistema penitenciario de la entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que se presenta al interior de los establecimientos penitenciarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con anterioridad, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI  hemos señalado que los penales de estado de Nuevo León, presentan una serie de irregularidades, entre ellas, sobrepoblación, autogobierno y nulas medidas de seguridad para asegurar la integridad y reinserción social de los internos.

Diversos medios informativos, también han documentado como los reos sin ninguna sanción o mecanismo de contención portan teléfonos celulares, visten ropa civil y agreden constantemente a las personas de reciente ingreso. Es conocido que desde el interior de estos centros penitenciarios, operan redes delictivas que planean y llevan a cabo extorciones telefónicas y venta de drogas con impunidad.

Entre las principales irregularidades documentadas en los centros penitenciarios, destaca las siguientes:

• En el centro penitenciario de Cadereyta, se han dado disturbios como los del día 27 de marzo de 2017, que dejo55 reos lesionados, saldo preliminar de acuerdo con los medios informativos. Durante los disturbios, los internos quemaron colchones y retuvieron a por lo menos cuatro mandos. De manera extraoficial se señala que  la manifestación de los reos se suscita debido a la imposición de Rayos X para las visitas, por parte de las autoridades.

• En el penal de Topo Chico, se han reconocido la existencia de arbitrariedades, abusos contra los internos y cobro de piso por parte de los custodios y las propias autoridades del penal. A decir de familiares de los internos, el espacio es vigilado por el crimen organizado, quienes constantemente protagonizan disputas por el control.

Entre estos motines destaca el del 11 de febrero 2016, que dejó por lo menos 49 internos muertos y 12 lesionados. Durante el conflicto, se incendiaron colchones, cobijas y diversos lugares como celdas y bodegas de víveres. También está la lucha del 1 del mes de junio de 2016, en el que los internos del ambulatorio C5 provocaron incendios y peleas entre grupos contrarios.

• En el Centro de Reinserción Social de Apodaca, diversos medios informativos hicieron público actitudes que vulneran los derechos humanos, en particular con lo sucedido destaca un grupo de siete hombres semidesnudos, los cuales son obligados a lavar el piso.

Las imágenes pudieron ser captadas a finales del mes de febrero y exhibidas presuntamente por una célula del crimen organizado que opera principalmente en los municipios de Apodaca, Escobedo y San Nicolás. 

Después de estos sucesos, se realizó un operativo en el que se decomisaron drogas y 27 objetos prohibidos, entre ellos, armas y objetos punzocortantes como desarmadores y navajas.

Debido a las pocas medidas de seguridad en las instalaciones y sus alrededores, presuntos miembros del crimen organizado colocaron narcomantas sobre los puentes peatonales de Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Santa Catarina1.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con anterioridad había anunciado otros ilícitos como extorción y sobornos, esto lo hizo a través de su “Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria”, sin embargo, las autoridades estatales hicieron caso omiso de estas cuestiones. En dicho análisis, igualmente habían informado que los internos realizan con arbitrariedad actividades exclusivas de la autoridad como el establecimiento de horarios de visita y resguardo de las llaves de las celdas.

Frente a estas anomalías, es determinante que las autoridades estatales aseguren condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos de los internos, pero sobre todo, apremia que se atiendan aspectos como el trato digno; la separación entre procesados y sentenciados, asimismo, robustecer las políticas públicas que tengan por objeto que todo interno tenga derecho a la salud y a la protección de su integridad.

Los Legisladores del grupo parlamentario del PRI, estamos convenidos en la necesidad de acrecentar las estrategias que aseguren que en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León se prevenga el hacinamiento, la salubridad y la atención médica, para que su estancia cubra los requerimientos establecidos en el marco jurídico y en los tratados internacionales del que nuestro país forma parte.

De no atenderse cuestiones como una adecuada clasificación de internos y la suficiencia de personal técnico, de seguridad y custodia capacitada, además de condiciones de gobernabilidad, no se logrará una reinserción social efectiva, debido a que hasta este momento no existen condiciones de orden, seguridad y tranquilidad en los penales de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de las instancias correspondientes, fortalezca los protocolos de seguridad que se implementan actualmente en el Sistema Penitenciario de la entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que se presenta al interior de los establecimientos penitenciarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/17/colocan-narcomantas-tras-video-en-penal-de-apodaca





De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo a los resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Se turna a la Comisión de Justicia.








De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Martha Palafox Gutiérrez y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que el Estado mexicano manifieste su solidaridad a la exigencia de justicia del pueblo guatemalteco, respecto de las investigaciones por las irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los que suscribimos, Senadores BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es del conocimiento público, el pasado 8 de marzo, tuvo lugar una lamentable tragedia en la hermana República de Guatemala, con el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que a la fecha ha costado la vida a 41 niños, niñas y adolescentes.

Lastimosamente, esta tragedia ha llamado la atención, pero sobre todo la preocupación internacional, no sólo por la pérdida de jóvenes vidas humanas, sino por la omisión de autoridades guatemaltecas que, tiempo antes, habían tenido conocimiento de las múltiples irregularidades y las violaciones a derechos humanos que ahí tenían lugar.

A la presencia en un mismo lugar de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, discapacidad, embarazo, así como en conflicto con la ley, se suman las condiciones de sobrecupo, hacinamiento y trata de personas con fines de explotación sexual.

Se sabe que por lo menos desde 2010, existían denuncias públicas sobre lo que acontecía en ese lugar. Hoy sabemos también que dichas condiciones motivaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que una autoridad judicial condenó al Estado de Guatemala en 2016 por violaciones a los derechos de niñas y niños cometidas en el Hogar Seguro (mal llamado así), ante lo que el gobierno de Guatemala no hizo absolutamente nada.

Se trata de una tragedia que, indudablemente, trae a la memoria el dolor que a las y los mexicanos nos generó el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009, con el común denominador de la pérdida de la vida de niñas y niños menores de 6 años y la impunidad de las y los responsables.

Trae a la memoria también el caso del albergue de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán en 2014, en donde tenían lugar un sinnúmero de violaciones a derechos humanos, así como abusos sexuales. Nuevamente la impunidad es el común denominador e incluso desde 2015, existen denuncias públicas de que la señora Rosa Verduzco “Mamá Rosa” ha vuelto a operar albergues.

Se trata de casos que presentan muchas semejanzas con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En ese sentido hacemos votos por que la impunidad no sea una más.

El pasado 25 de marzo, durante su participación en el marco del Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, con presencia de partidos de izquierda de toda América Latina, así como de diversos países de Europa y Asia, los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca hicieron un llamado a la solidaridad internacional por tan lamentable hecho, pero también para sumarse a la exigencia de castigo a las autoridades guatemaltecas, cuya omisión ante las denuncias públicas sobre las condiciones y violaciones a derechos humanos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, propiciaron una tragedia de la magnitud de la que ahí aconteció.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por su conducto, el Estado mexicano manifieste su solidaridad a la exigencia de justicia del pueblo guatemalteco, respecto de las investigaciones por las irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Suscriben

Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.






Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con  punto de Acuerdo relativo al papel proactivo asumido por México en torno a la situación en Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República a revisar y, en su caso, modificar la norma oficial, a fin de aplicar sanciones severas a quien realice quemas de pastizales no controlados. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales de los empleados en los hospitales del IMSS. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso de las redes sociales en la actualidad ha adquirido mayor importancia y relieve por la interacción inmediata que permite la transmisión de datos, de comunicación y de imágenes en tiempo real.

La identificación que muchas personas tienen con las redes, les permite compartir intereses que van desde la información personal, laboral, escolar y social.

Hemos sido testigos a través de las redes, de hechos en vivo que son transmitidos por el medio “Periscope” así como por “Facebook Live”.

Transmitir imágenes en tiempo real, así como fotografías, tiene una alta responsabilidad para quien lo hace y de ello se deriva que puedan existir consecuencias en el caso que las imágenes transgredan códigos de ética de los centros de trabajo o centros educativos según sea el caso.

Las redes sociales por su naturaleza, se han convertido en una parte fundamental en la sociedad, sin embargo, el compartir comentarios e imágenes entre amigos, compañeros e incluso entre familiares puede convertirse en un riesgo por el daño que consciente o inconscientemente lleguen a causar, derivado del uso que se dé a los mismos por quienes se encuentran dentro de la red de contactos de quien los publica inicialmente y que pueden ser compartidos en infinidad de ocasiones por terceros haciendo virales las imágenes y videos.

El 5 de septiembre del año 2015, tuvimos oportunidad de conocer un video de trabajadores del IMSS del Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, en donde se percibe a un empleado dentro de una olla en la que se preparan los alimentos de los pacientes, mientras otro empleado derrama sobre él una jarra de agua simulando que lo están bañando y otros festejan el deleznable evento1.

Este video indudablemente fue grabado por otro empleado y al hacerse público en una página personal, así como en un canal de videos de nombre “YOUTUBE”2, pudo conocerse sobre el bochornoso espectáculo que dieron estas personas.

Posteriormente, el día 25 de noviembre del año 2016, en la Unidad de Medicina Familiar número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un grupo de empleadas de esa unidad hospitalaria, en donde se encuentran en un convivio dentro de su área de adscripción, y se puede observar a algunas trabajadoras sentadas detrás de un escritorio habilitado como mesa, en donde se aprecian adornos con globos y comida. Esta acción derivó en omisión en la atención a la población derechohabiente que ese día requería la prestación de los servicios médicos.

El hecho fue denunciado por un derechohabiente a través de las redes sociales, documentando a través de un video en el que reclama a las trabajadoras la falta de atención y servicio, el video fue posteriormente hecho del conocimiento público por distintos medios informativos3.

Posteriormente en la misma ciudad, el 29 de noviembre del año 2016, en el Hospital General Regional número 66 del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, se grabó un video en donde un grupo de enfermeras, médicos y pacientes realizan un reto denominado “Mannequin Challenge”4, que consiste en la grabación de un video en donde los protagonistas permanecen inmóviles, realizando una escena congelada simulando la apariencia de maniquíes.

Realizar este desafío en la unidad Hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue un hecho de contrastes, pues mientras unos le veían el lado simpático, por otra parte, el hecho causo indignación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, procedió respecto de este hecho a iniciar una investigación laboral en contra del personal que participó en este video, toda vez que este tipo de acciones no reflejan la seriedad y valores de esta Institución.

El día 21 de marzo de 2017, hemos tenido conocimiento de las imágenes publicadas por dos mujeres5, quienes se desempeñaban como médicos residentes del área de patología de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde posan con una pierna amputada.

Este hecho ha provocado indignación en la sociedad por el manejo que se ha dado a través de las redes a esta publicación que lastima no solo a la sociedad mexicana, sino a las y los familiares de la persona a quien le fue amputado el miembro.

Debe enfatizarse que las redes se han convertido en un aparente símbolo de pertenencia y su uso contrae responsabilidad para quien realiza publicaciones o por quienes las comparten aun no siendo propias, podrían producir un daño a terceros, como es en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene por objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo6.

Debe destacarse que, en forma conjunta el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y el Dip. Manuel Vallejo Barragán, lanzaron a nivel nacional el Programa de Capacitación Permanente “SER IMSS”7.

La estrategia corresponde a una campaña de comunicación interna en el que se exhorta a los cerca de cuatrocientos treinta mil trabajadores para que ofrezcan un servicio con calidad al derechohabiente y tiene como finalidad la capacitación del personal directivo, de confianza y de base, médicos, administrativos, vigilancia y residentes del IMSS. Del mayo de 2016 a febrero de 2017 se han capacitado un total de 101,524 personas8.

El programa de capacitación iniciado a partir del año 2016 y en lo que va del 2017, tiende a generar un impacto positivo en los servicios que se brinda a más del 60% de la población adscrita al Instituto, a través de un mejor servicio a las personas derechohabientes, así como en el desempeño y motivación de sus trabajadoras y trabajadores.

No obstante el esfuerzo de la institución por llevar a sus trabajadores mejores herramientas mediante la capacitación debe reconocerse, sin embargo, la conducta de algunos trabajadores de la misma han dejado de apegarse a los principios y valores de la misma, por lo que es necesario que la institución fortalezca e impulse nuevas rutas de acción encaminadas a recuperar la sensibilidad y valores de sus trabajadores mediante campañas de difusión respecto de la responsabilidad y consecuencias que puede atraer el mal uso de las redes sociales, en su actividad laboral dentro de las instalaciones de ese Instituto.

No debe pasarse por alto el cabal compromiso de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, por atender la problemática que se ha venido presentando y que se ha difundido a través de las redes sociales y respecto de ello se han iniciado los procedimientos administrativos que corresponden a cada caso en particular.

Por otra parte, debe reconocerse igualmente a los trabajadores de dicha institución de seguridad social, un ejemplo lo tenemos con el representante sindical, el Dip. Manuel Vallejo Barragán, a quien le fue otorgado por la firma International Global Quality Foundation, el premio “GLOBAL QUALITY AWARDS 2017”, por la aportación social generadora de bienestar y progreso.

El Diputado Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, fue distinguido por la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, con el reconocimiento "Doctorado Honoris Causa" por ser un personaje con una valorada trayectoria profesional y sindical puesta al servicio de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores9

El Secretario General del SNTSS refirió que el "Doctorado Honoris Causa" lo recibe a nombre de la base trabajadora y agradeciendo la distinción apuntó: "Para nosotros es muy importante que se le dé el valor que merece el esfuerzo cotidiano de los trabajadores que buscan el desarrollo y progreso de sus familias”.

La toma de decisiones que en lo individual asumen algunos trabajadores del IMSS, en el uso de las redes sociales, compete única y exclusivamente a las personas y no a las instituciones.

Sin embargo, deben fortalecerse acciones para sensibilizar a las y los trabajadores en dicho Instituto a efecto de no promover a través de las redes sociales, hechos que sean constitutivos de una afectación a los derechos humanos de terceras personas, como lo pueden ser los propios trabajadores y los derechohabientes, sin menoscabo de la afectación a su propio derecho de libertad de expresión y usos de los medios de comunicación.

Finalmente, el propio Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Mikel Arriola Peñalosa, ha reconocido la urgencia y necesidad de contar con un Protocolo de Actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales en los hospitales del IMSS10 a efecto de no transgredir la esfera de los pacientes y sus familiares derivado del inadecuado manejo de las redes sociales, como ha sido el caso de las Médicos Residentes que realizaron una inadecuada publicación en redes sociales, misma que ha irritado a la sociedad mexicana y ha lastimado la intimidad y los derechos humanos del paciente y sus familiares.

Por lo antes expuesto, a esta Soberanía presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un Protocolo de Actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales de los empleados en los hospitales del IMSS.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://diario.mx/Nacional/2015-09-05_96c610b1/exhibe-video-a-empleado-del-imss-banandose-en-ollas-de-hospital/

2 https://www.youtube.com/watch?v=cSS27ClwnOY

3 http://netnoticias.mx/2016-11-25-2ac59ba7/investiga-imss-a-personal-que-nego-atencion-a-paciente/

4 http://www.milenio.com/estados/mannequin_challenge-hospital_imss-clinica_66-ciudad_juarez-chihuahua_0_856714610.html

5 http://lpp.mx/exhiben-pierna-amputada-como-trofeo-en-el-imss/

6 http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss

7 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=583515&idFC=2016

8 https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/programa-ser-imss-saludar-escuchar-responder-93938

9http://manuelvallejo.com.mx/noticias/doctorado-honoris-causa-al-secretario-general-del-sntss#/RMG?rmg_playlist=1&rmg_item=1

10 http://www.milenio.com/estados/cesa_imss_a_residentes_de_nl_por_difundir_fotos_de_amputacion_0_924508011.html






De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública investigar y, en su caso, sancionar las probables acciones que provocaron la separación del cargo del licenciado Maximiliano Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, integrantes del  grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, PARA QUE INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONES LAS PROBABLES ACCIONES QUE PROVOCARON LA SEPARACIÓN DEL CARGO DEL LICENCIADO MAXIMILIANO CÁRDENAS DENHAM DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 25 de octubre de 2016, el Senado emitió una convocatoria pública para participar en el proceso de selección del próximo Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, por lo que el día 9 de noviembre de 2016, el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham se inscribió en la convocatoria.

El día 29 de noviembre de 2016 el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham  solicitó, ante la Junta de Coordinación Política tomar conocimiento de la actualizaciuón del  contenido de su currículum, debido a que había concluido su labor en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), motivado por el acoso que sufrió derivado de su inscripción en la convocatoria previamente señalada.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) solicitó ampliar la información presentada, derivado de lo cual se obtuvierón datos relevantes que pueden poner en riesgo la seguridad del proceso, así como, la imparcialidad hacia los candidatos.

El Senado de la República, debe ser garante del proceso de selección al ser emisor de la convocatoria. El espíritu con el que fue construido el marco legal que da lugar a la presente convocatoria, tiene como finalidad la transparencia y la participación de la sociedad, por lo que este  probable hecho en contra del Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham  afectaría el proceso, ya que demostraría la injerencia directa por parte del Poder Ejecutivo Federal en la selección del Fiscal Anticorrucpión.

El Senado de la República de manera responsable tiene que garantizar la  autonomía y tranparencia en el proceso para la designación del próximo Fiscal Aticorrupción. Como depositarios de la representación de la República, el Senado debe anteponerse a cualquier intento que busque minar su autoridad y autonomía por parte del Ejecutivo.

El Licenciado Maximiliano Cárdenas en entrevistas y durante su comparecencia en el Senado para ocupar el puesto a Fiscal Aticorrupción denunció agresiones y presiones como:

• Llamadas, fuera de horario a su teléfono particular, para decirle que “perdieron confianza en él” y que debía renunciar inmediatamente.

• Señalamientos que refieren que “no saben quién lo puso o quién es su dueño”, “que no es un puesto cualquiera sino uno donde el Procurador, el Presidente y el Secretario de Economía tienen los ojos puestos”.

• La clausura de las oficinas de su lugar de trabajo con sellos.

• La amenaza a sus subordinados de represalias  si se ponían en contacto con él.

• El señalamiento expreso de que iniciarían auditorías si no entregaba su renuncia en los términos deseados por el Subprocurador de Telecomunicaciones y el Procurador.

• Entorpecimiento de las actividades de trabajo al generar una agenda paralela y un canal paralelo de comunicación no institucional.

• Intervención en los expedientes y archivos del servidor público.

• El entorpecimiento de la baja administrativa una vez entregada la renuncia.

• La realización de 16 páginas de observaciones, la mayoría fuera injustificadas, fuera de lo común, a su acta de entrega-recepción.

• La negativa a entregar cualquier tipo de compensación, inclusive las señaladas por la ley, por el cese injustificado de funciones. 

Las acciones denunciadas por el Licenciado Maximiliano Cárdenas por parte del Lic. Ernesto Nemer Álvarez Procurador Federal del Consumidor y del Subprocurador de Telecomunicaciones Lic. Carlos de Jesús Ponce Beltrán son un atentado contra la libertad por el uso faccioso y corrupto que hacen de su mandato de servicio.  Muestran el actuar al interior del Gobierno Federal donde, en clara contraposición de los dictados de este Congreso, los interesados en participar deben pedir permiso a sus superiores jerárquicos so pena de ser perseguidos, acosados y separados de sus cargos.

El nombramiento del Señor Ernesto Nemer como coordinador de la Campaña del PRI al Gobierno del estado de México, es una muestra de que el trabajo al interior de la PROFECO tenía un tamiz y una clara intención política más allá de lo institucional.

Usan a Profeco como trampolín político, ejemplo de lo anterior es el hecho de que en el actual sexenio ya ha tenido cuatro directores esa dependencia, el Señor Nemer apenas había llegado al cargo y en menos de un mes ya declaraba su interés por ser candidato a la Gubernatura del estado de México, que los proyectos se queden inconclusos y que ni siquiera se haya dado una reforma a la Leyes en  la materia son asuntos que carecen de importancia para los personajes que han desfilado por esa dependencia- trampolín del Gobierno Federal.

Esta soberanía condena cualquier acto de represión o intimidación hacia alguna o alguno de los candidatos a Fiscal Anticorrupción, así mismo, considera que sería preocupante la intervención del Poder Ejecutivo en dicho proceso, puesto que lacera de forma directa la autonomía del Senado.

Como decía Manuel Clouthier: “En la evolución progresiva de nuestra patria se han dado hitos decisorios, cumbres históricas que dejaron profunda huella en el ser nacional. El tiempo que estamos viviendo es uno de esos momentos. Nos encontramos en un punto crucial en la definición de los mejores caminos para el desarrollo de los mexicanos en todos los órdenes.”

La frase que antecede describe el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción; esas fueron las ideas y premisas con las que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defendieron sus propuestas en cada una de las reuniones que se realizaron. La exigencia de la sociedad civil es la consturcción de los mejores caminos para buscar un gobierno democrático, apegado al Estado de derecho, donde se combata la corrupción e impunidad de forma eficiente y eficaz.

México necesita un Fiscal que con eficacia y contundencia en su actuar, alguien que construya una institución sólida con visión de Estado, y que cimente las bases de la institución y a su vez la fortalezca.

Es prioridad para esta soberanía el garantizar que cualquier ciudadano en pleno uso de sus derechos, participe con libertad en cualquier proceso, ya que buscamos fortalecer nuestro sistema democrático, que a través de pesos y contrapesos ha tenido avances significativos, sin embargo, con probables acciones como la descrita confirmamos lo endeble de nuestro sistema de gobierno, así como, la facilidad en la que un ciudadano puede ser víctima de un superior jerárquico y quedar indefenso ante la poca solidéz de nuestro marco jurídico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública la Mtra. Arely Gómez González, para que investigue y en su caso sanciones las probables acciones que provocarón la separación del cargo del  Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano interno de Control en la Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue, y en su caso sancione, el proceso por el cual fue separado de su cargo el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham, siendo presuntamente responsables, el Lic. Ernesto Nemer Álvarez y el Subprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor Lic. Carlos de Jesús Ponce Beltrán.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a todas las instancias de gobierno a proteger a los participantes de la convocatoria para ocupar el puesto de Titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Relacionados con Hechos de Corrupción, de presiones, chantajes, persecuciones y amenazas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo del 2017.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, con punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades iniciar investigaciones por la intervención de funcionarios del gobierno federal para influir en el proceso electoral local en el Estado de México. Se turna a la Comisión de Gobernación.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para emitir un reconocimiento a la directora del Canal Once, Jimena Saldaña, por convocar a partidos políticos a coproducir promocionales para niños con contenidos especializados para la audiencia infantil de la propia emisora. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE EMITIR UN RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DEL CANAL ONCE, JIMENA SALDAÑA, POR CONVOCAR A PARTIDOS POLÍTICOS A COPRODUCIR PROMOCIONALES PARA NIÑOS CON CONTENIDOS ESPECIALIZADOS PARA LA AUDIENCIA INFANTIL DE LA PROPIA EMISORA Y EXHORTAR AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES, EN TODO EL ESPECTRO DE COMUNICACIONES UNA CULTURA PARA DESARROLLAR CONTENIDOS ÉTICOS Y POSITIVOS, ALTERNATIVOS A LOS DE LA VIOLENCIA CON ESPECIAL ENFOQUE A LA AUDIENCIA INFANTIL, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Nos enteramos por los medios de comunicación que la Directora del Canal 11 Jimena Saldaña, ofreció a representantes partidistas coproducir contenidos especializados para la audiencia infantil de la emisora, debido principalmente a que algunos promocionales políticos son agresivos y crudos. Reunidos por una convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE), todos los partidos dieron respuesta positiva a la directiva de la televisora pública, para adaptar mensajes al canal multiprogramado 11.2.

La Directora explicó que se evita exponer a los pequeños a contenidos violentos y que el defensor de la audiencia ha recibido comentarios críticos de los padres, por lo cual les propuso coproducir promocionales útiles para los menores, considerando que los partidos políticos tienen recursos limitados.

2. Esta convocatoria es extraordinaria y es lo justo que se requiere para abrir un debate público sobre los contenidos de impacto masivo que sean susceptibles de hacer de la violencia –en cualquiera de sus manifestaciones-,  una cultura de entretenimiento, generando con ello condiciones de entender que la violencia es un fenómeno al cual debemos acostumbrarnos, o puede servir como una posibilidad o trato común en situaciones de convivencia, sobre todo en lo que respecta al público infantil. Esta consideración recorre todo el espectro temático de la violencia que en estos tiempos está manifestando una proliferación e intensidad a niveles patológicos y que están contribuyendo aún más al malestar social, sobre todo en grupos vulnerables. Esto se puede medir con exactitud en las conductas violentas que se dan en las redes sociales en las cuales la incitación al odio, a la discriminación, a la violencia son tomados como asuntos de entretenimiento, broma o juego.

3. De ninguna forma esta propuesta va en el sentido de solicitar la contención de emisiones que contengan tonalidades violentas que las hay muchas. No hay ingenuidad. Entendemos que la cultura contemporánea de entretenimiento desde que nació se sirve y se nutre del tema de la violencia en muchos de sus aspectos y de sus estructuras narrativas. De lo que se trata aquí, es de incitar a desarrollar y reproducir contenidos alternativos con temática diversa. De hecho los hay, pero aún pocos. Los hay pero en pequeñas dosis. Hay un inmenso caudal de propuestas y obras de países extranjeros que no estamos acostumbrados a presenciar. De hecho durante décadas nos acostumbramos a presenciar con mayor asiduidad contenidos exclusivos de Estados Unidos. Hasta hace poco y gracias a  Internet la oferta se ha diversificado. Sabemos que hay empresas que al comienzo de los programas emiten avisos en donde hay recomendaciones para el público, ya sea violencia misma,  que, tenemos la certeza de que la barra de entretenimientos en cine, en medios masivos de comunicación, el recurrir a la violencia es altamente atractivo e incluso ineludible para que la obra tenga cierto éxito en las ganancias o en la exposición de los medios. Lo que se trata de impulsar es que quienes producen contenidos para impacto masivo, consideren desarrollar temas alternativos que contribuyan a que los públicos infantiles puedan entretenerse con temas que los  induzcan a la reflexión, al conocimiento, a la extensa variedad de los valores, las emociones.

4. Ya en este Senado se han dado esfuerzos extraordinarios por que se atiendan denuncias sobre contenidos de violencia explícitamente televisivos. La Senadora Angélica de la Peña incluso exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaria de Gobernación sobre la regulación de horarios para niños en los que se transmiten contenidos no aptos, esto durante el Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños. Ahora bien, nuestro propósito es promover la creatividad en la diversidad temática que ya está viviendo hoy la infancia como es la adicción a videojuegos, la disposición de YOU TUBE, el ciberbullying, los riesgos de las redes, la discriminación, etcétera. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República acuerda emitir un reconocimiento a la Directora del Canal Once, Jimena Saldaña, por convocar a partidos políticos a coproducir promocionales para niños con contenidos especializados para la audiencia infantil de la propia emisora.

DOS.- El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaria de Gobernación, a promover, en el ámbito de sus responsabilidades, en todo el Espectro de Comunicaciones una cultura para desarrollar contenidos éticos y positivos, alternativos a los de la violencia con especial enfoque a la Audiencia Infantil.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de marzo de 2017.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar las acciones necesarias para incrementar el número de Bancos de Alimentos en las 32 entidades del país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo a la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Las elecciones de diciembre de 2015 le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a diversos partidos políticos de la oposición, 112 escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, el Tribunal Supremo desincorporó a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. La Asamblea Nacional de la República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a la Asamblea en desacato, por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del Parlamento venezolano separó a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades.

Pero, tanto el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Electoral han desconocido de forma reiterada a la Asamblea Nacional de Venezuela.

II. El domingo 15 de enero de 2017, el Presidente Maduro presentó su informe anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional, en un hecho que atenta contra la Constitución. Maduro señaló que el país enfrenta una “circunstancia excepcional” y acusó a la Asamblea Nacional de estar legislando “fuera de la constitución” y en “desacato” de las sentencias de la Corte.

Durante su discurso, que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario acusó a la mayoría opositora en el Parlamento de promover una acción golpista por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5,291 millones de dólares, lo que representó una caída de más del doble en comparación con 2015, cuando se lograron entradas por 13 mil millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras.

Maduro admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica “difícil” y “compleja” que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un “milagro de Dios, milagro de la revolución”, porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.

Maduro aprovechó el momento para anunciar que, para continuar “cabalgando la crisis”, entrará en vigor el lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó durante todo el 2016. Además, prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad, por lo que el gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado “carné de la Patria”, necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.

Sin embargo, las proyecciones económicas de analistas u organismos internacionales para Venezuela no son esperanzadores; el Fondo Monetario Internacional proyecta en 1,660% la inflación para 2017, pues en este año habrá continuidad de la política de intervenir en la economía, más regulaciones, inspecciones a empresas, control de precios y del tipo de cambio, lo que se traducirá en más inflación y contracción económica.

Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una “lucha armada continental” si se intenta un golpe de Estado o se trata de “quebrar” a Venezuela y afirmó que, de suceder, “se acabaría la paz en este continente”.

III. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el viernes 24 de marzo que pidió ayuda a las Naciones Unidas para lidiar con la carencia de medicinas, la cual se ha profundizado mientras el país batalla con una grave crisis económica. El mandatario afirmó que "Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla hacia los medicamentos del pueblo".

Maduro se reunió con Jessica Faieta, administradora asistente y Directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Latinoamérica y el Caribe, según información oficial.

Cabe señalar que, en los últimos años, los venezolanos han luchado con la escasez de alimentos y medicinas, así como la falta de productos básicos como el papel higiénico.

La de esta semana no es la primera ocasión en que Venezuela acude a la ONU. En diciembre, la Canciller Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de Naciones Unidas para extender la cooperación en busca de precios asequibles de alimentos y medicinas en Venezuela. Pero la situación continúa empeorando.

En el país falta aproximadamente el 80% de los suplementos médicos básicos, de acuerdo con la Federación Farmacéutica de Venezuela. Cientos de trabajadores de salud y otros venezolanos protestaron este mes en demanda de mejorar el acceso a medicinas y tratamientos. Muchos de los manifestantes llevaban recetas con medicinas que dijeron no pueden encontrar en las farmacias locales.

La situación es grave en Venezuela pues el 51% de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos y un 78% de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la “Encuesta Nacional de Hospitales 2017” que fue presentada ante el Legislativo la semana pasada.

El año pasado, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, declaró una "crisis humanitaria" en el sistema de salud, pero el Gobierno de Maduro hizo caso omiso a su llamado.

IV. El jueves 23 de marzo de 2017, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante un comunicado, se manifestaron profundamente preocupados por la situación por la que Venezuela y reiteraron su compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.

Ante la posición, impulsada por México, la canciller venezolana de "servil" las declaraciones de su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en las que ha pedido este jueves actuar contra Venezuela en el marco de la OEA; acto totalmente reprobable de una Ministra de Asuntos Extranjeros.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República respalda la Declaración suscrita por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, sobre la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo de que se congratula por el anuncio del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que abordará el tema en la sesión extraordinaria del martes 28 de marzo de 2018, lo cual deja de manifiesto el compromiso de los países firmantes de promover y defender la democracia y los derechos humanos a nivel continental.

SEGUNDO.- El Senado de la República siendo respetuoso de los principios de política exterior, hace votos para que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela libere a los presos políticos que mantiene, principalmente, en cárceles militares; reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional democráticamente electa y establezca un calendario electoral que permita a los ciudadanos venezolanos acudir a las urnas, derecho que les ha sido negado desde al año pasado. Esto con el propósito de cumplir con los compromisos firmados en la Carta Democrática Interamericana.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a realizar las gestiones necesarias a través de los diversos canales diplomáticos con los que cuenta, para que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela reciba ayuda humanitaria del exterior.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar si están en desarrollo estudios de la utilización del plaguicida malatión en la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA     SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SI ESTÁN EN DESAROLLO ESTUDIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PLAGUICIDA MALATIÓN EN LA REGIÓN DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC A DECIR DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, Y SI EL MALATIÓN ES USADO EN CAMPOS DE CULTIVO MEXICANO. EN CASO DE SER AFIRMATIVA SE REQUERIRÁ ANEXAR UNA FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL USO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En un medio de comunicación, 24 horas, específicamente, la columna “Será?” del día 22 de marzo del presente se lanzó la siguiente pregunta (cita textual): “Nos dicen que la Sagarpa y la Cofepris, junto con la agencia estadounidense Food and DrugAdministration, realizan estudios de la posible utilización de malatión en la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, durante la administración de Gabino Cué. Pobladores de la región comentan que se gesta una denuncia en donde cientos de hectáreas de plantíos de mango fueron regadas por vía aérea, con insecticidas prohibidos a nivel mundial, como el denominado malatión, y se revise las razones por las cuales cientos de hectáreas de plantíos de mango para exportación y consumo nacional fueron fumigadas”.

2.- Esta representación que ha presentado una secuencia de propuestas para información y análisis, sobre sustancias presuntamente tóxicas usadas en diversos elementos como el glifosato, el endosulfán, el clordano, y el pentaclorofenol, se halló ahora con esa otra sustancia con esas presunciones de toxicidad, el malatión. El malatión es un plaguicida usado para matar insectos en cosechas agrícolas, en productos almacenados, en campos de golf, jardines domésticos y en sitios donde crecen árboles y arbustos en el hogar. También se usa para matar mosquitos y la mosca de la fruta en extensas áreas al aire libre. Además, el malatión se usa para matar pulgas en animales domésticos y para tratar piojos en la cabeza de seres humanos. Generalmente se rocía sobre cosechas desde un avión sobre áreas de tierra extensas, especialmente en los estados de California y Florida. El malatión se puede adquirir en dos formas: en forma pura, como líquido incoloro, y en forma de calidad técnica (un líquido amarillo-pardo), que contiene una concentración de malatión de más del 90% e impurezas en un solvente. El malatión de calidad técnica huele a ajo. El malatión es una sustancia química manufacturada, por lo tanto se encuentra en el ambiente solamente como resultado de su manufactura o uso. El malatión se ha manufacturado en Estados Unidos desde el año 1950 y, desde esa fecha, se ha usado para matar insectos en muchos tipos de cosechas. La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y la EPA permiten una cantidad máxima de 8 partes por millón (ppm) de malatión como residuo en ciertas cosechas usadas como alimentos. Debido a que el malatión puede ser perjudicial para seres humanos, la EPA requiere que los trabajadores esperen un tiempo determinado antes de entrar a un terreno donde se ha aplicado el plaguicida. Generalmente, deben pasar por lo menos 12 horas entre la aplicación y la entrada al terreno, pero en algunos casos, por ejemplo cuando los trabajadores entran a un terreno para cosechar manualmente o podar las cosechas, deben pasar hasta 6 días entre la aplicación y la entrada al terreno. De esta manera se puede controlar la exposición al malatión y se pueden evitar exposiciones accidentales.

En esa página de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, en https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs154.html se dice que “el malatión interfiere con el funcionamiento normal del sistema nervioso. Debido a que el sistema nervioso controla a muchos otros órganos, el malatión indirectamente puede afectar a muchos otros órganos y sus funciones. La exposición a altas cantidades de malatión en el aire, el agua o los alimentos puede causar dificultad para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres estomacales, diarrea, secreción de lágrimas, visión borrosa, salivación, sudor excesivo, dolor de cabeza, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte. Si las personas que se exponen accidentalmente o intencionalmente a altas cantidades de malatión reciben tratamiento apropiado rápidamente, puede que no experimenten efectos a largo plazo.

La exposición a niveles de malatión más bajos que los que afectan la función del sistema nervioso parece no producir efectos a la salud o produce efectos mínimos. Esto se ha demostrado en estudios con voluntarios que inhalaron o tragaron pequeñas cantidades conocidas de malatión. No hay ninguna evidencia de que el malatión afecte la capacidad para reproducirse en seres humanos. Tampoco hay evidencia conclusiva de que el malatión produce cáncer en seres humanos, aunque algunos estudios han encontrado tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer en personas que están expuestas regularmente a plaguicidas, como por ejemplo hacendados y personas que aplican plaguicidas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado que el malatión no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad para seres humanos.

Los estudios en animales han observado efectos similares a los que ocurren en seres humanos luego de exposición al malatión. Esto se debe a que el malatión también afecta el sistema nervioso de animales. Algunos estudios en animales sugieren que malatión puede producir leves alteraciones del sistema inmunitario, sin embargo no hubo ninguna evidencia de que los animales expuestos fueran más susceptibles a contraer infecciones que animales que no estuvieron expuestos al malatión. Algunos estudios en ratas machos describieron alteraciones pasajeras en los testículos luego de exposición breve al malatión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que la exposición a malatión haya afectado la capacidad de las ratas para reproducirse. Un estudio más prolongado en el que se evaluó la capacidad de ratas para reproducirse no detectó ningún efecto perjudicial. La mayoría de los estudios de cáncer en animales expuestos al malatión han sido negativos o, han sido positivos con niveles de exposición considerados excesivos. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre los científicos en cuanto a como interpretar los resultados. La EPA ha determinado que hay evidencia que sugiere que el malatión es carcinogénico en animales, pero no es suficiente para evaluar la posible carcinogenicidad en seres humanos.

Las agencias federales que desarrollan reglamentos para sustancias tóxicas incluyen a la EPA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), por sus siglas en inglés) y la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Las recomendaciones proveen instrucciones valiosas para proteger la salud pública, pero no pueden imponerse por ley. Las organizaciones federales que desarrollan recomendaciones para sustancias tóxicas incluyen a la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés).

Los reglamentos y recomendaciones pueden ser expresados como 'niveles que no deben excederse' en el aire, agua, suelo o alimentos y se basan generalmente en niveles que afectan a los animales. Estos niveles luego se ajustan para la protección de seres humanos. En ciertas ocasiones estos 'niveles que no deben excederse' difieren entre organizaciones federales debido a las diferentes duraciones de exposición (una jornada de 8 horas al día o de 24 horas al día), el uso de diferentes estudios en animales u otros factores.

Las recomendaciones y los reglamentos son actualizados periódicamente a medida que se dispone de información adicional. Para obtener la información más reciente, consulte a la organización o agencia federal que la otorga. Los siguientes son algunos reglamentos y recomendaciones para el malatión:

La OSHA ha establecido un límite de exposición para malatión en el lugar de trabajo de 15 miligramos por metro cúbico de aire (15 mg/m³) durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales. El NIOSH recomienda que los trabajadores no se expongan a más de 10 mg/m³ de malatión durante una jornada diaria de 10 horas, 40 horas semanales. EL NIOSH también recomienda que un nivel de 250 mg/m³ de malatión en el aire sea considerado como inmediatamente peligroso para la salud y la vida.

De acuerdo a la EPA, los siguientes niveles de malatión en el agua potable no causarán efectos adversos a la salud: 0.2 miligramos por litro (0.2 mg/L) para exposiciones de niños durante 1 a 10 días o más prolongadas, y 0.1 mg/L para exposición de adultos de por vida. La EPA también ha establecido límites para residuos de malatión en carnes y productos lácteos, hortalizas, frutas, nueces, cereales, y forraje y heno. La EPA requiere que se le notifique de liberaciones al ambiente de 100 libras o más de malatión.

3.- En una investigación resultó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista TheLancetOncology en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos". Al mismo tiempo, los insecticidas tetraclorvinfos y paratión han sido designados como "posiblemente cancerígenos para el ser humano" por esta agencia, con sede en la ciudad francesa de Lyon. El malatión es uno de los productos que entraron en el llamado Grupo 2B establecido por la IARC al hallarse "evidencias convincentes" de que esos agentes causaron cáncer a animales de laboratorio. El insecticida malatión, ingresó en el Grupo 2A por las "evidencias limitadas" de que produciría linfoma no-Hodgkin y cáncer de próstata en humanos, según recogen estudios realizados en agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia publicados desde 2001. Este agente se usa en la agricultura y se produce en grandes cantidades en todo el mundo, aunque la exposición de la población es baja y sucede principalmente en residencias cercanas a áreas en las que se ha utilizado. El malatión interfiere con el funcionamiento normal del sistema nervioso. Debido a que el sistema nervioso controla a muchos otros órganos, el malatión indirectamente puede afectar a muchos otros órganos y sus funciones. La exposición a altas cantidades de malatión en el aire, el agua o los alimentos puede causar dificultad para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres estomacales, diarrea, secreción de lágrimas, visión borrosa, salivación, sudor excesivo, dolor de cabeza, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte. Si las personas que se exponen accidentalmente o intencionalmente a altas cantidades de malatión reciben tratamiento apropiado rápidamente, puede que no experimenten efectos a largo plazo. La exposición a niveles de malatión más bajos que los que afectan la función del sistema nervioso parece no producir efectos a la salud o produce efectos mínimos. Esto se ha demostrado en estudios con voluntarios que inhalaron o tragaron pequeñas cantidades conocidas de malatión. No hay ninguna evidencia de que el malatión afecte la capacidad para reproducirse en seres humanos. Tampoco hay evidencia conclusiva de que el malatión produce cáncer en seres humanos, aunque algunos estudios han encontrado tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer en personas que están expuestas regularmente a plaguicidas, como por ejemplo hacendados y personas que aplican plaguicidas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado que el malatión no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad para seres humanos.

Los estudios en animales han observado efectos similares a los que ocurren en seres humanos luego de exposición al malatión. Esto se debe a que el malatión también afecta el sistema nervioso de animales. Algunos estudios en animales sugieren que malatión puede producir leves alteraciones del sistema inmunitario, sin embargo no hubo ninguna evidencia de que los animales expuestos fueran más susceptibles a contraer infecciones que animales que no estuvieron expuestos al malatión. Algunos estudios en ratas machos describieron alteraciones pasajeras en los testículos luego de exposición breve al malatión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que la exposición a malatión haya afectado la capacidad de las ratas para reproducirse. Un estudio más prolongado en el que se evaluó la capacidad de ratas para reproducirse no detectó ningún efecto perjudicial. La mayoría de los estudios de cáncer en animales expuestos al malatión han sido negativos o, han sido positivos con niveles de exposición considerados excesivos. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre los científicos en cuanto a cómo interpretar los resultados. La EPA ha determinado que hay evidencia que sugiere que el malatión es carcinogénico en animales, pero no es suficiente para evaluar la posible carcinogenicidad en seres humanos.

En: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs154.html

4.- Es nuestro interés que exista un informe meticuloso sobre el uso del malatión en los campos de cultivo mexicano. El tono de la nota del parágrafo uno nos indica que hay preocupación por parte de los habitantes de la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca por el uso de esta sustancia. De ninguna manera sabemos en qué periodicidad se usó, las cantidades y si hay estudios regionales que describan la recurrencia de casos de posibles daños sobre la población señalada.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informe a esta Soberanía sobre si están en desarollo estudios de la utilización del plaguicida malatión en la región de Santo Domingo Zanatepec a decir de los habitantes de la región, y si el malatión es usado en campos de cultivo mexicano. En caso de ser afirmativa se requerirá anexar una ficha técnica de las especificaciones del uso.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe de los procesos de migración de contratos que se encuentren en curso, así como el estatus que éstos guardan actualmente. Se turna a la Comisión de Energía.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SENER Y A PEMEX UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS PROCESOS DE MIGRACIÓN DE CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN EN CURSO, ASÍ COMO EL ESTATUS QUE ESTOS GUARDAN ACTUALMENTE, Y QUE EN EL MISMO INFORME CONTEMPLE LOS DIAGNÓSTICOS Y PROBLEMÁTICAS QUE SE TIENEN LOCALIZADOS EN DICHA EMPRESA PRODUCTIVA CON RESPECTO AL RETRASO DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN DE CONTRATOS PLANTEADO DESDE EL AÑO 2014, ASÍ COMO LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE HASTA EL DÍA DE HOY SE HAN IMPLEMENTADO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON DICHO PROCESO.

CONSIDERACIONES

Uno de los ejes centrales de la reforma energética, consistió en modificar el carácter de las empresas paraestatales PEMEX y CFE que eran las encargadas exclusivamente de extraer, procesar y vender los hidrocarburos, y de generar y distribuir la energía eléctrica, respectivamente. Este cambio buscó hacer que estas dos empresas compitan en igualdad de condiciones con las empresas que llegaran a México, derivado de estas modificaciones legales.

Estas empresas cuentan hoy con un régimen fiscal, donde prevalece el criterio de gobierno corporativo, un marco jurídico flexible, con medidas estrictas de vigilancia de auditoría y de transparencia.

De este modo, se otorgó a Pemex las herramientas jurídicas y económicas necesarias que le permitieran realizar las inversiones que, bajo el esquema previo a la reforma, resultaban poco menos que imposible lograr derivado de los montos de inversión que la otrora paraestatal requería.

Acorde con lo anterior y con el propósito de que la Nación obtuviera ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo, se estableció que el Estado llevaría a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas o a través de contratos con éstas o con particulares; y que a su vez, las empresas productivas del Estado, podrían celebrar contratos con particulares con el fin de alcanzar dicho desarrollo.

En el nuevo modelo energético nacional, se contemplan tres tipos de contratos: de licencia; de utilidad o producción compartida; y de servicios.

El Contrato de Licencia, es el otorgamiento por parte del Estado de derechos a un particular para disponer de los recursos que obtenga en un área determinada. Esta paga una regalía o impuesto sobre su aprovechamiento.

El contrato de utilidad o producción compartida, los costos de la extracción de hidrocarburos que asumen el gobierno y la empresa contratista son remunerados a ésta con recursos de producción que provienen de la misma explotación, hasta cubrir los montos que erogó. Después el volumen de producción restante, se divide entre el gobierno y la compañía conforme a porcentajes establecidos.

El contrato de servicios, es una relación de prestación de servicios por los que un contratista realiza obras y servicios requeridos por Pemex cuyo pago efectivo se determina en función de indicadores utilizados en la industria petrolera internacional.  

Así, en el artículo 28 transitorio de la Ley de Hidrocarburos se estableció que Pemex y sus contratistas podrán solicitar la migración de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) a las nuevas modalidades de Contratos para la Exploración y Extracción.

Con esta migración, se buscó una mejor alineación de incentivos entre Pemex y sus contratistas para obtener mejores resultados. Con las migraciones se obtienen mejores términos fiscales para ganar acceso a recursos prospectivos y contingentes. De esta manera, reservas, producción, utilidades e impuestos, pueden ser mejorados.

De igual forma, se buscó el desarrollo de campos con alta complejidad, alto requerimiento de inversión o algunas condiciones estratégicas con el fin de: acelerar el desarrollo del campo e incrementar su producción; tener acceso a tecnologías y mejores prácticas; permitir a Pemex ampliar su propia capacidad y reducir sus requerimientos de capital.

De tal suerte que adicionalmente a la apertura del sector energético a la inversión privada, ya fuera en materia de extracción o de exploración, se contempló que Pemex podría proponer a la Secretaría de Energía, la migración de sus asignaciones vigentes a los contratos para llevar a cabo las actividades de extracción o exploración de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, cuando la ahora Empresa Productiva del Estado así lo decidiera.

Para tales efectos, se estableció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevaría a cabo la licitación, estipulando que dichos contratos se encontrarían sujetos a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplican para todos los contratos suscritos por el Estado.

Desde la entrada en vigor de la reforma energética (diciembre de 2014), Pemex trazó una ruta para migrar 11 de los 22 CIEPs y COPF. Se señaló la necesidad que la empresa productiva del Estado tenía de realizar asociaciones o licitaciones para enfrentar la caída en los precios del petróleo y la sustantiva disminución en la productividad de los complejos.

No obstante, de los 22 contratos, 11 debían haber migrado en diciembre de 2014 y el resto antes de concluir el primer semestre de 2015, lo cual al día de hoy no ha ocurrido, salvo por el bloque Trion en aguas profundas del Golfo de México, que se ha convertido en el primer proyecto en el que Pemex se asocia con otras empresas para desarrollarlo, compartiendo de esta manera los riesgos financieros, geológicos, etc.

De acuerdo con información de la empresa productiva del Estado, se tratará de un contrato de licencia y se podrá atraer la tecnología de punta necesaria para el desarrollo de este campo de alta complejidad, pues su tirante de agua es superior a los 2 mil 500 metros.
Sin embargo, debe señalarse que para la segunda mitad del 2014, Pemex estimaba que el primer paquete de 11 proyectos a migrar generaría inversiones por 11 mil 380 millones de dólares, mientras que el segundo paquete, con el mismo número de contratos, inyectaría 32 mil 780 millones de dólares. Inversiones que al día de hoy no se han concretado y adicionalmente a ello, no se ha impactado favorablemente a la producción de hidrocarburos que era uno de los objetivos que nos llevaron a realizar la reforma energética.

La implementación de las migraciones de contratos es una de las principales motivaciones de la reforma energética, toda vez que esta permitiría a Pemex establecer alianzas más efectivas con petroleras nacionales o internacionales y con ello allegarse del capital y la tecnología necesarios para aprovechar sus recursos de manera óptima, estabilizar su nivel de producción y acelerar el ritmo de restitución de reservas.

Todo lo anterior, podría sugerir descuido o ineficacia de los procesos internos de Pemex y las instituciones involucradas en la migración de los contratos, dejando de lado la trascendencia de este proceso. Pareciera ser que independientemente de la curva de aprendizaje que podría esperarse por parte de nuestras instituciones y autoridades, no se ha priorizado este tema en las agendas, principalmente de Pemex.

México se encuentra en una compleja situación económica causada por diversos factores, cuyos orígenes se encuentran tanto en el exterior como en el interior. Las reformas estructurales que se han realizado y en particular la energética tiene, entre otros, el propósito de incrementar la renta del Estado por concepto de extracción de hidrocarburos y de atraer inversiones que generen empleos y desarrollo técnico y tecnológico en el país.

Sin embargo, para alcanzar dichos objetivos es menester que la implementación de la reforma sea prioridad de instituciones y empresas.

Es por todo lo anterior que es importante conocer los procesos que actualmente se encuentran en marcha, así como las razones por las cuales el proceso de migración de los contratos se ha aplazado de tal manera, por lo cual tengo a bien proponer a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, un informe pormenorizado de los procesos de migración de contratos que se encuentren en curso, así como el estatus que estos guardan actualmente, y que en el mismo informe contemple los diagnósticos y problemáticas que se tienen localizados en dicha empresa productiva con respecto al retraso del programa de migración de contratos planteado desde el año 2014, así como las medidas y procedimientos que hasta el día de hoy se han implementado con el objetivo de cumplir con dicho proceso.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de marzo de 2017.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la cooperación jurídica internacional en la investigación del caso “Odebrecht”, así como a realizar las investigaciones correspondientes de todos los sujetos relacionados con los hechos de corrupción derivados de este caso en el país. Se turna a la Comisión de Justicia.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las    siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema de la corrupción en algunas ocasiones resulta difícil de abordar debido a su complejidad y alcance. Una definición cuya formulación podría parecer simple; sin embargo, no es así, es la adoptada por Transparencia Internacional, organización no gubernamental que ha sido ampliamente recocida por su lucha anticorrupción, la cual ha definido que la corrupción “consiste en el abuso del poder para beneficio propio”.1 En este sentido, en el libro titulado México: Anatomía de la corrupción, se profundiza sobre lo anterior diciendo que “esta definición se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario. Cuando se habla de corrupción en una sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones entre particulares o de un particular en relación a la ley”.2

Una vez que a nivel nacional e internacional se dan a conocen las bases teóricas y las posturas de todos aquellos expertos dedicados a establecer las acciones tendientes a luchar contra la corrupción, es una realidad que aún falta mucho para trascender del plano normativo al plano de la aplicación efectiva de la ley, sin duda alguna contando a México, prevalecen una serie de graves prácticas y vicios que han proliferado una gran percepción de impunidad ante hechos de tal naturaleza. En el marco del impulso, creación y promulgación del nuevo entramado legal en materia anticorrupción y trasparencia, han surgido diversos cuestionamientos respecto a cómo podrá asegurarse la correcta aplicación de las normas y cuáles son las probabilidades de que el nuevo sistema opere con eficacia en el combate a la  corrupción.

Lamentablemente no es novedad que la corrupción funja como protagonista en la imagen del país. Resultan ya innumerables los casos en que, el servicio público ha sido utilizado para responder a intereses particulares afectando en todo momento no solo al patrimonio del Estado, sino también al de los mexicanos. Por si lo anterior no fuera suficiente, a nivel internacional el país ha figurado en uno de los casos más emblemáticos de corrupción: “El caso de la Constructora Odebrecht”.

A finales de 2016, diversos medios de comunicación dieron a conocer que “el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos”.3 Este esquema de corrupción es de gran magnitud, pues “se trata  de sobornos pagados a cambio de la adjudicación de más de 100 proyectos en 12 países en 2 continentes, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.4

Con esta investigación ha quedado descubierto lo que ya era un secreto a voces: en México la Administración Federal actual y anteriores han facilitado un verdadero caldo de cultivo para la corrupción y el lucro indebido. “Lo que quedó claro es que, por un lustro, Odebrecht creció en México al amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos”.5

Con anterioridad a la referida investigación, una Corte en Nueva York ya había ventilado que “Odebrecht había pagado millonarios  sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales”.6 En esta misma investigación, realizada por integrantes del equipo de investigación periodística de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destacan que pese a la detección de anomalías, la multicitada empresa se adjudicó más contratos, según documentos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información.

Aunado a lo anterior, apuntan que “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales   contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron”.7

Son múltiples los hechos que han dado pauta para relacionar fuertes vínculos de esta empresa con la ya conocida práctica de corrupción de algunos personajes nacionales, verbigracia “la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz. Esa obra dio vida al complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los gobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, quienes fueron siempre festejados por los ejecutivos de Odebrecht. En el caso de Duarte, hizo viajes a su sede en Sao Paulo con gastos pagados, como secuela de esa obra que le dará fuertes ganancias a los brasileños y beneficios indirectos de ella a Duarte y su círculo cercano, que antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del complejo, cuya plusvalía actualmente se disparó”.8

Situaciones como estas justifican totalmente el hartazgo social actual, pues lo que a todas luces tenía las características de ser una actividad inusual por parte del hoy prófugo Javier Duarte, solo fue otra seña de la indiferencia institucional de las autoridades encargadas de la investigación diligente de conductas de esta índole.

Regresando a lo ventilado por el Departamento de Justicia estadounidense, esta investigación no solo ha puesto en la mira de la opinión pública la ya desgastada credibilidad de las autoridades en la materia, las cuales por ley están obligadas a investigar este tipo de hechos de corrupción, sino que además trae consigo una dura reafirmación de la poca confiabilidad que se puede tener en aquellos que degradan la nobleza del servicio público con su actuar ilícito.

Recientemente, la académica Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con base en un análisis a fondo hace importantes aportaciones9 de investigación sobre el caso, de las cuales es indispensable citar las siguientes:

• “Recordó que el Departamento de Justica de EU reveló que mandatarios y altos funcionarios de 12 países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, Alejandro Toledo y Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 778 millones dólares en sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos millonarios en el ramo energético, entre 2000 y 2016.

El director general de esa empresa, que está encarcelado, confeso por corrupción, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 11 millones de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox (al final del sexenio), Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, relató la universitaria, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de contratos favorecedores de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente Odebrecht.

Durante el gobierno de Calderón, abundó, Pemex hizo un convenio con una filial de la compañía brasileña, llamada Braskem, donde se suministraron 60 mil barriles diarios de gas etano a precios preferenciales.

A pesar de la opacidad, en el curso de las investigaciones se ha dado a conocer que Odebrecht obtuvo un contrato de siete mil millones de pesos, y otro con la Comisión Federal de Electricidad por 639 millones de pesos; también surgió la denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de una reunión entre Calderón y Lula da Silva, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010, en Quintana Roo, donde después del encuentro privado se anunció una inversión de dos mil 500 millones de dólares entre el grupo mexicano IDESA y Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Veracruz”.

De ser corroborado con más profundidad lo apuntado con anterioridad, aportes que ya proporcionan una gran certeza del contexto real que conecta al país con este caso, se estaría ante una enorme estructura de corrupción que debe ser investigada con prontitud para responder a la incertidumbre internacional, y sobre todo a la nacional, sobre las acciones que se llevarán a cabo para sancionar a todos aquellos que resulten plenamente responsables de estos actos.

Bajo estas circunstancias, recientemente se concertó un encuentro entre el Procurador General de la Republica del país con los Procuradores y Fiscales Generales de las demás naciones implicadas en la investigación sobre los delitos derivados del caso Odebrecht, “en el encuentro de Procuradores y Fiscales, en Brasilia, Brasil, suscribieron una Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción”.10

Lo que sustenta la presente proposición es que la actuación de las autoridades mexicanas para la reunión en Brasil, se dio a la luz de reclamos, pues anteriormente los fiscales brasileños pidieron más cooperación por parte de las autoridades mexicanas en la tarea de “buscar los nombres y detalles de las personas que pudieron estar involucradas en los sobornos por 10.5 millones de dólares que funcionarios de Odebrecht reconocen haber entregado para contratos en México”.11

Como se sostiene, esto fue una muestra de la poca disposición que tenía en un inicio las autoridades del país, que innegablemente deben estar atentas en la investigación de un caso de tal magnitud, toda vez que se relacionan, no uno, sino varios servidores públicos que en el indebido ejercicio de sus funciones obtuvieron un lucro personal más que cuestionable.

A estas alturas, con todo lo ya ventilado sobre el caso y con lo que seguramente se descubrirá en el proceso de investigación, es fundamental que la Procuraduría General de la Republica, actúe con toda firmeza en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cooperar con sus homólogas de los demás países involucrados, pues más allá de la Declaración firmada en Brasil, es importante que su contenido también se materialice en una lucha anticorrupción constante a nivel nacional, que se encargue de ejercer efectivamente y con urgencia las tareas pendientes para combatir este cáncer actual: no basta con el texto, se requiere aplicarlo.

De tal forma también se exhorta a que, además del apoyo a las autoridades internacionales, se realicen las investigaciones correspondientes a todos aquellos sujetos que en el país, siendo servidores públicos, incurrieron en hechos de corrupción para favorecer a  la constructora Odebrecht y demás empresas relacionadas. México se ha plantado como uno de los países con el marco normativo en materia de transparencia y de lucha anticorrupción más completo en América Latina, razón de sobra para ponerlo en práctica en situaciones como la expuesta, y sancionar a los que así lo merezcan.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que de forma inmediata lleve a cabo las acciones tendientes a materializar la cooperación jurídica internacional en la investigación del caso “Odebrecht”, así como a realizar las investigaciones correspondientes de todos los sujetos relacionados con los hechos de corrupción derivados de este caso en el país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Transparency International, Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción [en línea], 2009, p. 14. Documento disponible en: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf

2 Amparo Casar, María, México: Anatomía de la Corrupción [en línea], Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), México, 2015, p. 9. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf

3 Matute Urdaneta, Gabriela, Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos[en línea], CNN (Cable News Network), 22 de diciembre de 2016. Disponible en:
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-paises-recibieron-sobornos/

4 Rodríguez B., Armando, Lava Jato se investiga en Estados Unidos [en línea], La Prensa / Panorama, Panamá, 22 de diciembre de 2016. Disponible en: http://impresa.prensa.com/panorama/Lava-Jato-investiga-EU_0_4648785201.html

5 Riva Palacio, Raymundo, Odebrecht, corrupción en México (opinión) [en línea], El Financiero, 23 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/odebrecht-corrupcion-en-mexico.html

6 Olmos Raúl y Lizárraga Daniel, Pemex otorgó contratos a Odebrecht pese a irregularidades como sobrecostos y pagos ilegales[en línea], Animal Político, 15 de febrero de 2017. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/02/pemex-contratos-odebrecht/

7 Ídem.

8 Riva Palacio, Raymundo. loc. Cit.

9 Dirección General de Comunicación Social, Boletín UNAM-DGCM-197, 22 de marzo de 2017, El caso Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural de México: Académica de la UNAM. Boletín disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_197.html

10 Véase el Comunicado 284/17 de la Procuraduría General de la República. Disponible en: http://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-284-17-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa

11 Camarena, Salvador, Brasil reclama a México por Odebrecht[en línea], El financiero, 6 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/brasil-reclama-a-mexico-por-odebrecht.html






De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a redoblar los esfuerzos diplomáticos que coadyuven con el restablecimiento del diálogo en Venezuela y su proceso de transición democrática. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras con Responsabilidades Familiares. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A ESTA SOBERANÌA EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Estados parte que adoptaron la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocieron que la “paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”,1 entre ellos, se consideró la reglamentación de horas de trabajo.2 A su vez, la Declaración de Filadelfia establece que es obligación de la OIT fomentar el “pleno empleo y la elevación del nivel de vida”,3 implicando, inter alia, “proteger la infancia y la [paternidad]”.4

El Estado Mexicano es parte de la Constitución de la OIT desde su adhesión en 1931, 11 años después de haber entrado en vigor el instrumento. Conforme al artículo 19 de la Constitución de la OIT, las resoluciones que se adopten podrán tener forma de convenios o recomendaciones.5

Hasta el momento, México ha ratificado 79 convenios de la OIT; sin embargo, el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 (número 156) no ha sido ratificado desde su adopción en 1981. Por su naturaleza, el Convenio 156 es considerado como instrumento técnico, fundamentado en los Convenios sobre igualdad de remuneración, 1951 (número 100); Convención sobre la discriminación, 1958 (número 111); y el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (número 142). Todos ellos, ratificados por México. Sin embargo, hasta el momento se ha mantenido al margen del Convenio 156 que nos ocupa.

Los temas contenidos en el Convenio no le son extraños al Estado Mexicano. A nivel político, en la Resolución 70/1 sobre la Agenda 2030, se reconoció la necesidad valorar “los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.6

Si observamos, las obligaciones que se desprenderían de la ratificación del Convenio 156 están enfocadas en la ampliación de los derechos de los “trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella”.7 De igual forma, se regula para aquellos “con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén”.8

El objetivo sería que los Estados parte adopten una política integral de conciliación laboral y familiar en búsqueda de la eliminación de la discriminación a las personas con responsabilidades familiares en el ejercicio de su empleo.9 Por tal motivo, bajo cualquier criterio, es algo que el Estado Mexicano está posibilitado y cuenta con un deber fundamental de atender.

En este sentido, la Reforma Laboral aprobada por el Legislativo mexicano en el año 2012, estableció la posibilidad de los horarios pactados entre el patrón y el trabajador; sin embargo, se cuenta con una limitada tutela sobre la flexibilización de los horarios con el objetivo de incrementar los derechos de aquellos trabajadores que tienen responsabilidades familiares. Esto tendría un impacto positivo, tanto en la proyección internacional, como a nivel doméstico con las más de 30 millones de familias que existen en México.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Senado tiene como facultad exclusiva la revisión de la política exterior y, por tal motivo, exhortamos respetuosamente al titular del Ejecutivo que, en apego a la práctica de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Convenio 156 y, en su momento, lo remita a esta soberanía para su aprobación.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 y, eventualmente, lo remita a esta Soberanía para su aprobación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 30 de marzo del 2017.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Preámbulo.

2 Ibid.

3 Ibid., Anexo, “Declaración de Filadelfia”, Artículo III(a)

4 Ibid., Anexo, “Declaración de Filadelfia”, Artículo III(h). Señalar la paternidad como el concepto que incluye a los padres, no únicamente a la maternidad.

5 Ibid., Artículo 19(1).

6 Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución A/RES/70/1, Objetivo 5.4.

7 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), Artículo 1(1).

8 Ibid., Artículo 1(2).

9 Ibid., Artículo 3(1).






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a los gobiernos de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y Judicial a llevar a cabo los procesos de inhabilitación que la ley permite, así como a no contratar los servicios de las empresas que participen directa o indirectamente en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La globalización y el neoliberalismo son dos de las principales ideologías político-económicas que abanderaron e impulsaron los gobiernos de potencias económicas mundiales a mediados del siglo XX y a inicio del siglo XXI, ambas con la finalidad de disminuir la capacidad de los Estados en la regulación de la economía, eliminar toda barrera arancelaria entre las naciones, en pro de extender y expandir los mercados de las grandes empresas multinacionales, y generar nuevos estilos de vida a escala internacional.

A causa de estas políticas económicas, en todo el mundo han tenido lugar diversos fenómenos sociales y naturales que han provocado un cambio en la organización de la sociedad, entre estos encontramos un cambio sustancial en los flujos migratorios en todo el mundo. Por un lado el desarrollo de economías prósperas requirió de una gran demanda de mano de obra proveniente, en muchos casos, de países en vías de desarrollo, quienes encontraron en la migración una válvula de escape a sus problemas de desempleo, pobreza y desigualdad; por otro lado, estos cambios migratorios provocaron en los países de destino de los migrantes, nuevas formas de organización política, social y cultural, debido a la influencia de las costumbres, tradiciones y demandas de los migrantes.

Estos cambios globales, han implicado también el reconocimiento de la dignidad humana como elemento inherente de toda persona, lo que impulsó la construcción de un marco jurídico internacional en defensa de los derechos humanos, con esto a nivel global se luchó en contra de los prejuicios, la discriminación y la desigualdad.

Lamentablemente, parte de esa ideología promovida a nivel mundial en los últimos 50 años, ha encontrado grandes obstáculos en hechos recientes. Muestra de ello fue la respuesta de los ciudadanos británicos en el llamado Brexit, que es “una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea”,1 el cual si bien no era vinculante para el Gobierno del Reino Unido, es un botón de muestra del cambio ideológico que está teniendo origen en algunas partes del mundo, lo que significa rechazo, un duro golpe al libre mercado, pero también trastoca la defensa de los derechos humanos.

Otro ejemplo que demuestra este giro en la manera de concebir la organización mundial y que implica directamente a México es la política migratoria del recién electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien desde su campaña al gobierno de ese país hizo público su rechazo a la migración y calificó a los migrantes mexicanos como “violadores y criminales”. Sin embargo, más allá de las declaraciones del hoy Presidente, preocupa de sobremanera las acciones que en sus primeros días de gobierno ha llevado a cabo en contra de los migrantes, vulnerando sus derechos y dignidad humana.

El pasado 25 de enero, apenas tres días después de haber asumido el cargo, firmó una orden ejecutiva “para autorizar la construcción del muro fronterizo con México y otra para retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuarios, que son aquellos lugares donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes indocumentados.”2 Expertos de todo el mundo han señalado que este tipo de acciones atentan contra los derechos humanos de los migrantes, pero sobre todo, contra la dignidad de las naciones, en este caso del pueblo mexicano.

Asimismo, se ha señalado que entre las consecuencias que traería para ambas naciones la construcción de dicho muro fronterizo son “el riesgo que supondría para los miles de migrantes que diariamente intentan llegar a EE.UU; resultaría inútil (para combatir el narcotráfico) ya que los traficantes cuentan con múltiples maneras de evadirlo”;3 asimismo, en materia de medio ambiente, expertos han señalado que la construcción de una muro de concreto tendría serias consecuencias, ya que “hay cuencas que están divididas por la frontera México-Estados Unidos. Si se interrumpen, tiene impacto al terreno natural, a carreteras, a edificaciones y a sistemas de drenaje. Pueden ser muy elevados los costos”,4 o bien en materia económica podría significar grandes pérdidas para ambos países. Ante este tipo de acciones, el gobierno mexicano ha reaccionado de manera mesurada, ya que lejos de responder de manera firme y defender los intereses de los mexicanos, se han limitado a rechazar desde el discurso las acciones del gobierno norteamericano.

En este sentido, el pasado 8 de marzo el Presidente Donald Trump dio a conocer la licitación para la construcción del muro fronterizo para los más de 3 mil 150 kilómetros y cuyo costo se estima en 21 mil 600 millones de dólares.5 Según se ha dado a conocer, más de 600 empresas se han declarado interesadas en dicha obra, y para sorpresa de muchos, entre los inversionistas que tienen intenciones de construir el muro se encuentran más de 60 empresas latinas, e incluso algunas empresas mexicanas se han declarado dispuestas a trabajar y colaborar con el gobierno norteamericano en la construcción de dicha obra.

Tal es el caso de la cementera mexicana CEMEX, quien según fuentes periodísticas ha señalado que la construcción del muro representa “un factor de crecimiento para la industria cementera en Estados Unidos”;6 o bien, fue el caso de la empresa de “iluminación Ecovelocity, ubicada en Puebla, la cual se encuentra en la lista de las 600 compañías registradas en el proceso de licitación del muro fronterizo que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”,7 pero debido a que dentro de las bases de la licitación se estableció que los materiales que se utilizaran deberían ser fabricados en los mismos Estados Unidos, en días recientes dicha empresa dio a conocer su aparente retiro de la licitación.8

En este sentido y bajo estas premisas, resulta necesario que el Gobierno Mexicano, más allá de los discursos nacionalistas, lleve a cabo acciones contundentes para defender la soberanía nacional, con el objeto de fijar una postura clara frente al gobierno estadounidense, así como imponer a todas aquellas empresas nacionales y extranjeras que pretendan contribuir en la construcción del muro y que a su vez deseen hacer negocios con el Gobierno Federal o los Gobierno locales en todo el país, medidas ejemplares por anteponer sus finanzas e intereses personales, a la dignidad y la soberanía nacional.

Es por ello que el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a los ayuntamientos de los 2, 456 municipios y a los gobiernos de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, a que en la medida de sus facultades y atribuciones inicien proceso de inhabilitación a las empresas que participen en la construcción del muro fronterizo. Es necesario que en los tres niveles de gobierno exista un rechazo en contra de toda empresa que privilegie sus intereses particulares por encima del interés nacional y que después pretendan hacer negocio con el dinero público de los contribuyentes. Ante acciones de gran magnitud por parte de gobiernos extranjeros, es indispensable la toma de decisiones de igual dimensión.

Si bien, el gobierno mexicano no tiene injerencia sobre las acciones y decisiones dentro del territorio norteamericano, si tiene la capacidad de imponer sanciones a toda aquella empresa que pretenda con una mano hacer negocio y lastimar la dignidad del pueblo mexicano construyendo el muro fronterizo, y con la otra, quiera obtener ganancias y beneficiarse de los negocios con el sector público en México.

El gran avance que en las últimas décadas tuvo la humanidad en materia de derechos humanos y su protección, no puede retroceder por la construcción de un muro, la aspiración de la humanidad de un mundo más equitativo e igualitarios en mucho más grande que la soberbia y la necedad de gobiernos xenófobos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a los gobiernos de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y Judicial a que en la medida de sus facultades y atribuciones lleven a cabo los procesos de inhabilitación que la Ley permite, así como a no contratar los servicios de las empresas que participen directa o indirectamente en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea”, BBC Mundo, [en línea], consultado 27/03/17, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790

2 “Donald Trump firma la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México”, BBC Mundo, [en línea], consultado 27/03/17, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38750004

3 Brooks, Darío, “4 efectos concretos que tendrá la construcción del muro que Donald Trump autorizó en la frontera entre Estados Unidos y México”, BBC Mundo, [en línea], consultado 27/03/2017, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36466006

4 Ídem.

5 “Más de 600 empresas están interesadas en el muro de Trump”, La Jornada, [en línea], consultado 27/03/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/11/mas-de-600-empresas-estan-interesadas-en-el-muro-de-trump

6 “Cemex ve en el muro fronterizo una oportunidad de crecimiento en EU”

7 “Empresa mexicana Ecovelocity quiere iluminar muro fronterizo”, Revista Proceso, [en línea], consultado 27/03/2017, disponible en: http://www.proceso.com.mx/478082/empresa-mexicana-ecovelocity-quiere-iluminar-muro-fronterizo

8 “Se retira empresa mexicana de licitación para iluminar muro de Trump”, SDP noticias, [en línea], consultado 27/03/2017, disponible en: http://www.sdpnoticias.com/economia/2017/03/15/se-retira-empresa-mexicana-de-licitacion-para-iluminar-muro-de-trump






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse entre la población en general, a fin de prevenir enfermedades en todo el país. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La automedicación es una práctica a través de la cual los pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin ninguna intervención por parte de algún médico (ni el diagnóstico de la enfermedad, ni la prescripción o la supervisión del tratamiento).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que la resistencia a los antibióticos, constituye actualmente una de las mayores amenazas para la salud, afectando a cualquier persona.

La OMS estima que a nivel global la mitad de los medicamentos se prescriben, se dispensan  y se consumen de forma inadecuada. La automedicación es hoy en día un hábito común en nuestra sociedad, lo cual pueden provocar serios problemas de salud, inclusive la muerte.
Aun así, un medicamento de menor impacto y que se dispense sin receta no quiere decir que sea inocuo y no pueda resultar perjudicial en determinadas situaciones para la salud de las personas.

Un ejemplo es la toma de antibióticos sin prescripción médica ante la sospecha de una posible una infección. Estos no se deben tomar nunca por propia iniciativa, sin la supervisión de un médico.

Para dimensionar esta problemática, el estudio “Investigar el uso de medicamentos por parte de los consumidores”, publicado por la OMS y la Universidad de Amsterdam, señalan que en los países en desarrollo, el gasto en medicamentos puede alcanzar del 30 al 40 por ciento del gasto sanitario. Gran parte de ese gasto corresponde a compras individuales de medicamentos para la automedicación, y rara vez por prescripción médica1.

Asimismo, dicha organización, expresa que más de 50 por ciento de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente2.

En el caso de México, de acuerdo a datos del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 78 por ciento de los mexicanos recurren a esa práctica, principalmente por usos y costumbres en el seno familiar, así como por las recomendaciones que reciben de amigos3.

Menciona que entre las razones por las que la población se automédica, destacan las siguientes: consideran que sus síntomas no son graves (28 por ciento), por falta de tiempo para ir al médico (27 por ciento) y falta de dinero para pagar la consulta (18 por ciento), entre otras.

El 51 por ciento de la población consume analgésicos sin receta, mientras que el 28 por ciento utiliza antigripales y el 11 por ciento reportó usar antibióticos, cuando la venta de este tipo de medicamentos sin receta está prohibida.

Pese a ello, no existe una percepción entre la población sobre sus riesgos, basta mencionar que de acuerdo al estudio anteriormente citado, 45 por ciento de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una intoxicación; 17 por ciento considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; y 16 por ciento supone que el principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados.

Por otra parte, 59 por ciento de los encuestados reporta que el resultado de tomar un medicamento sin receta es bueno o muy bueno, mientras que solamente 15 por ciento reporta haber tenido un resultado regular y únicamente 1 por ciento reconoce que tuvo malos resultados.

Al preguntarles si conocen a alguien cercano que cotidianamente tome medicamentos sin receta, 52 por ciento de los encuestados respondieron que sí y 78 por ciento de quienes respondieron que sí, señalaron que es algún miembro de su familia.

Entre las ventajas que la población percibe de la práctica de la automedicación se encuentran las siguientes: la rapidez para atender su problema con 48 por ciento de las respuestas, el ahorro que representa con 34 por ciento de las respuestas y con 16 por ciento de las respuestas, la facilidad de hacerlo.

Esta situación pone de manifiesto dos problemáticas: por un lado, evidencia el incumplimiento de la Ley por parte de los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y por el otro, más grave aún, es la venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes.

Ello resulta preocupante en virtud de que la automedicación no puede ser considerada como una práctica completamente segura. El uso irresponsable o abuso sin receta puede representar un problema de salud pública sino se llevan a cabo las acciones necesarias para prevenirlas

La OMS recomienda el uso racional de medicamentos a través de diversas medidas, entre las que destacan las siguientes: Acudir a todas las consultas con un médico para valorar los efectos del medicamento, ya sea para continuar su administración, ajustar la dosis, cambiar de fórmula o suspenderla; anotar los efectos que te causa el fármaco tanto física como emocionalmente y comparte esta información con el facultativo; no aumentar ni disminuir la dosis de los medicamento sin consultar primero al médico; no utilizar medicamentos que le recetan a otra persona, ni permitir que un amigo se utilice los mismos que los otros.

Ante este panorama, el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones y programas, como por ejemplo, en días pasados se realizaron los trabajos de la LXXI Convención General Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM), en Cancún Quintana Roo, en la cual se implementó la estrategia para el fortalecimiento para la regulación en farmacias y consultorios, con el propósito de evitar la automedicación y fomenten que farmacias cumplan con lo establecido en la legislación aplicable.4

En la Ley General de Salud, en su artículo 112, establece que la educación para la salud tiene por objeto, orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos5.

Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse entre la población en general, con el objeto de prevenir enfermedades en todo el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones instrumenten campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse entre la población en general a fin de prevenir enfermedades en todo el país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.who.int/medicines/publications/WHOEDMPAR2004.2spa.pdf, consultado el 27 de marzo de 2017.

2 file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/abuso-de-medicamentos-riesgo-de-muerte.pdf,

3 http://laureate-comunicacion.com/prensa/automedicacion/, consultado el 27 de marzo de 2017.

4 http://www.gob.mx/cofepris/prensa/impulsa-la-cofepris-politica-farmaceutica-competitiva, consultado el 27 de marzo de 2017.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_270117.pdf, consultado el 27 de marzo de 2017.






De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel   Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones y autoridades a investigar con perspectiva de género, el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue víctima de violencia de género e indiferencia institucional a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 27 de marzo, fue asesinada una mujer más en México. Una más de cientos que mueren cada año víctimas de la violencia por razones de género, fenómeno que acontece de forma sistemática y reiterada frente a la indolencia y omisiones de las autoridades, e incluso, como es en el presente caso paradigmático, en complicidad con las autoridades del gobierno de Tabasco de la Administración del ex-gobernador actualmente procesado Andrés Granier.

Nos referimos a Emma Gabriela Molina Canto, una mujer que vivió durante mucho tiempo no sólo la violencia por parte de su ex esposo Alberto Medina Sonda, sino también de las instituciones y autoridades de Tabasco, que, a través del tráfico de influencias, le fabricaron delitos para consignarla sin haberla escuchado previamente en las diligencias de investigación por el ministerio público

2. En 2012, después de que ella y sus hijos vivieran años de violencia por parte de su entonces marido Alberto Medina, Emma Gabriela, logró divorciarse, obteniendo la custodia de sus tres menores hijos, por lo que regresó a su estado natal, Yucatán, para rehacer su vida.

Sin embargo, el 25 de mayo de ese mismo año, fue separada de forma violenta de sus hijos por su exesposo, al mismo tiempo que era detenida por un grupo armado que jamás se identificó y del cual, después se supo eran policías ministeriales de Tabasco, quienes además, trasladaron a Gabriela desde Mérida hasta Villa Hermosa.

Durante el trayecto de Yucatán a Tabasco fue vejada, humillada y maltratada por los policías ministeriales, y finalmente, después de horas de vivir ese tormento, fue ingresada en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. 

La causa por la cual había sido retenida y trasladada era la retención ilegal de bienes en razón de que Emma poseía una camioneta Van que años antes, su exesposo le habría obsequiado con el objeto de que ella trasladara a los niños a la escuela y a sus diversas actividades; por lo que, tiempo después, se llegaría a la conclusión que ella habría sido retenida con pruebas falsas. 

3. Al salir de su injusta reclusión, enfrentaría de nuevo un tortuoso camino para recuperar a sus hijos,  quienes le habían sido arrebatados por su ex-esposo ese 25 de mayo de 2012; iniciaría así una lucha legal en la que se encontraría de nueva cuenta con la violencia de género concretizada a través del tráfico de influencias, donde las instituciones son utilizadas por su ex-marido, para la generación de cargos falsos, y cuyo objetivo era disminuir la credibilidad y distraer a Emma Gabriel de los procesos para recuperar a sus hijos.

Uno de esos cargos fue consignado ante los tribunales de la Ciudad de México, esta vez, de fraude equiparado, por lo que tuvo que acudir a las instancias federales para evitar ser sujeta de nuevo de la privación de la libertad bajo cargos fabricados.

Esas mismas instituciones también serían utilizadas para encarcelar durante 4 días a la madre de Emma Gabriela, quien durante su reclusión fue el eslabón que le permitió tener contacto con otras autoridades y medios de defensa que ayudaron a obtener su libertad en Tabasco. 

4. Por lo anterior, en 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de Tabasco y Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en el sentido de tener por acreditadas violaciones a derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, dignidad, honor y buen nombre, por lo que toca a Emma Gabriela y asu madre, en relación a los menores de edad se encontraron violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, desarrollo integral de la niñez e inobservancia del interés superior de la infancia, recomendando la inscripción al Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la aludida Ley.

De esa forma, y después de luchar no sólo contra la violencia de género proferida directamente por su ex-esposo, sino también la ejecutada indirectamente a través de las instituciones utilizadas bajo su influencia, Emma Gabriela logró recuperar a sus hijos e iniciar un proceso de reparación de sus derechos humanos, así como los de sus hijos que había sido trasgredido tiempo atrás, no sin antes haber sido amenazada por él, así como por su familia en el sentido de que le quitarían a sus menores hijos a como diera lugar. 

5. Finalmente el 27 de marzo dos personas ingresaron al domicilio de Emma Gabriela y delante de sus hijos fue asesinada con un arma blanca.

Debemos advertir que no fueron solo esas dos personas quienes perpetraron ese asesinato, también son cómplices la violencia de género y la indiferencia de las autoridades, éstas de nueva cuenta comenten como lo han hecho reiteradamente un crimen atroz con sus omisiones y abstenciones en las actuaciones de protección que tienen obligación de realizar.

Hoy se sabe, que apenas hace unas semanas Emma Gabriela había reportado que era seguida por los familiares de su ex cónyuge, quienes en cierto momento tenían el interés de quedarse con la custodia de sus hijos.

Incluso, tales autoridades tuvieron antecedentes que aparecieron inserciones pagadas en medios de circulación local, firmadas por la familia de Alberto Medina, en la que le advertían que no cejarían en los esfuerzos por separarla de sus hijos. 

Así también el órgano estatal de atención a víctimas tenía conocimiento de la necesidad de proteger a Emma Gabriela y a su familia, por su circunstancia de haber sido víctima de violaciones reiteradas de sus derechos humanos, no obstante fue omisa y deficiente en sus obligaciones de protección. Lo mismo sucedió con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Si bien, se tiene conocimiento de que son dos personas las detenidas por el homicidio de Emma Gabriela, los familiares como víctimas indirectas, las autoridades y los grupos sociales tienen la presunción fundada que detrás de su asesinato se encuentra su exesposo como autor intelectual de eso, un aspecto derivado de las investigaciones que no es cosa menor es el hecho de los las personas a las cuales se les imputan los hechos son tienen como origen y residencia el estado de Tabasco.

Lo que sin duda podría actualizar el tipo penal del feminicidio, previsto en el Código Penal del Estado de Yucatán, que a la letra señala:

Artículo 394 Quinquies.- Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previas o posteriores a la privación de la vida.

II.- A la víctima se le hayan practicado mutilaciones genitales o de cualquier otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.

III.- Existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, motivada por razones de género, del sujeto activo en contra de la víctima.

IV.- La pretensión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado, o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el cuarto grado; laboral, docente o sentimental, se impondrá una pena de prisión de treinta a cincuenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en este artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Por otro lado, la sociedad civil organizada ha señalado que existen irregularidades en los medios de prueba incorporados en la carpeta de investigación, es el caso del video el cual advierten se encuentra editado en un segmento crucial para la investigación. De ahí la pertinencia de la colaboración de la Procuraduría General de la República en la investigación, y en su caso, atraiga el caso.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente propuesta de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que, en términos del artículo 44 de la Ley General de Víctimas, como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas rinda un informe en el que explique cómo garantizó a Gabriela Molina Canto las medidas de asistencia y atención establecidos en la citada Ley. Lo anterior derivado de la recomendación 54-2014 emitida al gobierno de Tabasco en donde se recomienda la inscripción de Gabriela Molina Canto en el citado registro.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para que las investigaciones sobre el homicidio de la señora Gabriela Molina Canto sean realizadas de forma acuciosa y con perspectiva de género, que permita no descartar como línea de investigación el feminicidio y la probable responsabilidad de su ex esposo en razón de las amenazas vertidas por él.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que informe a esta soberanía el cumplimiento que se ha dado la recomendación 54-2014, emitida entre otras autoridades, al gobierno de Tabasco, con el objeto de que en caso contrario analice la posibilidad solicitar el ejercicio del Control Parlamentario a cargo del esta Soberanía, previsto en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que analice exhaustivamente todos los elementos que correspondan a efecto de atraer el asunto, en caso de reunir los requisitos establecidos por la ley.

Senado de la República, 30 de marzo de 2017.

Sen. Adriana Dávila Fernádez.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a iniciar una investigación en relación a una presunta red de corrupción en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como “El Torito”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A fin de reducir los accidentes de tránsito provocados por conducir bajo los efectos del consumo de bebidas embriagantes, en el año 2003, el Gobierno de la Ciudad de México instrumentó el Programa “Conduce sin Alcohol”, mediante el que a través de la colación de puntos aleatorios de revisión, se realizan pruebas de alcoholemia  a los conductores, misma que no podrá superar los 0.40 miligramos de alcohol por litro en el aire espirado, de lo contrario, el infractor se hace acreedor a una sanción de 20 a 36 horas de arresto inconmutable.1

Aquellos conductores que superan el límite de la  prueba de alcoholemia son remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, comúnmente conocido como “El Tórito”. A 13 años de la instrumentación del Programa “Conduce sin Alcohol”, se habían remitido alrededor de 188 mil infractores en dicho centro.2

Una manera de evitar de forma temporal el cumplimiento de las horas de arresto, es mediante la promoción de un amparo, lo que ha provocado que se genere un mercado de gestores que ofrecen este servicio por un costo que va de los mil 500 a los tres mil pesos. Tan solo en el año 2016, de las 9 mil 940 personas que fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, 7 mil 300 recurrieron a un amparo.3

El problema del aumento de gestores para promover amparos, radica en que éstos recurren a prácticas indebidas para cobrar por sus servicios. En días recientes, diversos medios de comunicación documentaron el modus operandi de este grupo.

En primer lugar, obtienen el nombre de los detenidos para promover sin su consentimiento un amparo; posteriormente, una vez que son liberados, los esperan a las afueras del Centro para obligarlos a pagar por un servicio que no solicitaron; en el caso de no acceder, éstos son intimidados y sólo son liberados por los gestores cuando éstos demuestran que han realizado el pago correspondiente.

En estos hechos, las autoridades incurren en diversas acciones y omisiones, que presumiblemente podrían ser señal de algún contubernio de éstas con los gestores, en virtud de que es evidente la filtración de información de los nombres de las personas detenidas y liberadas, datos indispensables para que los gestores puedan operar. Además de que éstos operan sin restricciones a los al rededores del Centro de Sanciones Administrativas y en algunos casos, hasta en el interior de las mismas.

La Contraloría General de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades tiene como principales funciones conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia.4

Por otra parte la filtración de información por parte de las autoridades, podría constituir diversas violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 13 que:

Los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para garantizar la confidencialidad e integralidad de cada sistema de datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados en la presente Ley, frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad al tipo de datos contenidos en dichos sistemas.

Para el grupo parlamentario del PRI resulta apremiante que se ponga fin con esta serie de abusos en el Centro de Sanciones Administrativas por parte de los gestores; que se investigue la participación de las autoridades en estos y hechos y en su caso que se sancione a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, a través de la Contraloría General inicie una investigación en relación a una presunta red de corrupción en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como “El Torito”, en el que gestores con la complacencia de las autoridades, tramitan amparos sin el consentimiento de los detenidos y posteriormente los obligan a pagar por los mismos y en su caso aplique las sanciones que conforme a derecho procedan.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones verifique que el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social cumple con lo que la legislación aplicable exige en materia de protección de datos personales, y para que en su caso emita las recomendaciones e instrumentación de protocolos que permitan una adecuada protección de los datos personales de las personas detenidas en dicho Centro.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente.

1Conduce sin Alcohol, Gobierno de la Ciudad de México, <http://www.ssp.df.gob.mx/programas.html> Consultado el 27 de marzo de 2017.

2Más de 187 mil infractores en 13 años de programa "Conduce sin alcohol", <
http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/en-13-aos-de-alcoholmetro-han-remitido-187-mil-infractores-al-torito-948494/> Consultado el 27 de marzo de 2017.

3“Cobran amparo a golpes”,Reforma, 27 de marzo de 2017, Ciudad, p.3

4 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades,
<http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/asuntosJuridicos.php>  Consultado el 27 de marzo de 2017.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implementar las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos de homicidio. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al gobierno federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir reservas adicionales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL BANCO DE MÉXICO A QUE RECONSIDEREN LA DECISIÓN DE OTORGAR EL REMANENTE DE OPERACIÓN DE 321,653.3 MILLONES DE PESOS AL GOBIERNO FEDERAL Y ACUERDEN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO CONSTITUIR RESERVAS ADICIONALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El 29 de marzo de 2017, el Banco de México a través de un comunicado de prensa dio a conocer la “Determinación del Remanente de Operación del Banco de México correspondiente al ejercicio 2016”.

2. En este comunicado, la Junta de Gobierno del Banco de México da a conocer la aprobación de los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. En donde expone lo siguiente:

El resultado neto del ejercicio 2016 del Banco de México fue de 535,311.2 millones de pesos.

• De dicho monto la Junta de Gobierno decidió destinar 6,576.7 millones de pesos a incrementar la reserva de capital para, de esa forma, alcanzar el objetivo del capital más su reserva de 125,261.0 millones de pesos, mismo que resulta de la aplicación del artículo 53 de la Ley del Banco de México.

• Asimismo, la Junta de Gobierno decidió incrementar la reserva de revaluación de activos en 207,081.2 millones de pesos, a un total de 268,001.9 millones de pesos, para proteger el capital objetivo, en previsión de una posible apreciación de la moneda nacional frente al dólar.

• Derivado de lo anterior, el remanente de operación resultó de 321,653.3 millones de pesos el cual, de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, fue entregado al Gobierno Federal el día de ayer.

La determinación del remanente de operación se hizo en estricto apego a la Ley del Banco de México y por lo tanto en cumplimiento del mandato constitucional del Instituto Central de mantener una inflación baja y estable.

Cualquier impacto monetario que genere el uso del remanente de operación por parte del Gobierno Federal, será esterilizado por este Banco Central mediante operaciones de mercado abierto.1(México, 2017)

3. El Banco de México tiene la posibilidad de constituir reservas de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Banco de México el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 53.- El Banco de México deberá, siempre que sea posible, preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el producto interno bruto en términos reales. El Banco de México sólo podrá constituir reservas en adición a lo que dispone este artículo, cuando resulten de la revaluación de activos o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

4. pesar de que el Banco de México puede constituir reservas e incrementar los activos decidió junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar los remanentes conforme a lo establecido en el artículo 55 de la misma ley, este artículo establece lo siguiente:

ARTÍCULO 55.- El Banco será Institución sin propósito de lucro y deberá entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en esta Ley, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El Banco de México ha obtenido reservas adicionales a consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar, lo anterior es producto de las ganancias cambiarias por la depreciación del peso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable de mantener una economía sólida con un peso robusto, por lo que darle recursos adicionales por no cumplir con sus responsabilidades genera un incentivo perverso. Lo correcto sería que el Banco de México aproveche está devaluación de la moneda para protegerla aumentando sus reservas.

III. Que el Banco de México transfiera las ganancias al Gobierno Federal genera un incentivo perverso, ya que el Gobierno Federal no aclara en que aplicará los recursos que el Banco de México ya transfiere a consecuencia de las ganancias cambiarias por la depreciación del peso. Es preocupante y genera incertidumbre el saber y conocer que destino tendrán esos recursos producto de la devaluación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a que reconsideren la decisión de otorgar el remanente de operación de 321,653.3 millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir reservas adicionales.

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado en donde expongan cuál es el uso y aprovechamiento de los ingresos extraordinarios producto de las ganancias cambiarias por la depreciación del peso, que constituyen el referido remante.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

1 Banco de México Comunicado de Prensa 29 de marzo de 2017 Determinación del Remanente de Operación del Banco de México correspondiente al ejercicio 2016, recuperado de: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B8BB787FF-A651-355D-7F02-B1E204FE954D%7D.pdf revisión hecha el 29 de marzo de 2017





Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, así como al congreso del mismo estado a trabajar de forma coordinada a fin de generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de   Justicia.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ASÍ COMO AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE DE FORMA COORDINADA TRABAJEN PARA GENERAR LAS CONDICIONES PARA EMITIR A LA BREVEDAD LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE TODOS LOS ARTÍCULOS COMPRENDIDOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

HECHOS

1. Que en febrero de 2012, se suscitó un motín en el penal de Apodaca, donde fueron masacrados 44 internos y 37 más se dieron a la fuga.

2. En febrero de 2016, se registró el motín con más víctimas mortales en el país; esto, en el Penal de Topo Chico, ubicado al norponiente de la ciudad de Monterrey. En donde se confirmó la muerte de 49 reos y 12 heridos.

3. El 15 de marzo del presente año, en diversos medios de comunicación se dieron a conocer videos en donde sujetos internados al interior del penal de Apodaca, Nuevo León, propinaban tratos humillantes y denigrantes hacia otras personas privadas de la libertad.

4. El día 26 de marzo del presente año, en el penal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, se suscitó una riña entre personas privadas de la libertad y elementos de corporaciones policiacas, dejando como resultado siete heridos.

5. El día 28 de marzo en curso, nuevamente se reportaron nuevos disturbios en el penal de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León,  los distintos medios de comunicación dieron cuenta de que algunos internos, entraron al área de enfermería y dispusieron de medicamentos. Ese mismo día, en un medio de comunicación impresa de amplia circulación, se publicó una entrevista con el vocero en Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que éste, a pregunta expresa, admitió “que el orden en los penales estatales no puede ser garantizado.”

6. Que con motivo de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, se creó la figura del Juez de Ejecución Penal, obligándose a las entidades federativas a regularla, para que, no solo las imposición de las sanciones, sino también su vigilancia, estuviera a cargo del Poder Judicial. Así, a través de la intervención judicial se cimentarían las bases de un nuevo sistema de ejecución de las sanciones penales, en la que, con amplio respeto a la dignidad de la persona, el estado trabajará en la reinserción de los condenados, logrando su reincorporación a la vida productiva. 

7. Luego, el estado de Nuevo León tiene una Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que data de la última década del siglo pasado, la cual fue reformada en 2010, con el objetivo de cumplir con la Reforma Constitucional antes mencionada. 

8. Que por diversas razones, entre ellas, la pobre respuesta de algunos estados en adecuar sus legislaciones a la Reforma Constitucional de 2008, o haciéndolo no contemplaron las premisas en que aquella pretendía una amplia transformación del Sistema de Justicia Penal, la Federación asumió la competencia para legislar en la materia y así fue como el día 16 de junio del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objetivos son:

I. Establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;

II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y

III. Regular los medios para lograr la reinserción social.

Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. 1

Si bien la Ley citada entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, de la Federación, el Congreso de la Unión aplazó la entrada en vigor de algunas de sus disposiciones, entre ellas, de las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151, a partir de un año al de la publicación de la Ley, o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017.

Igualmente se estableció que los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarían en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.

Dicho articulado versa en temas trascendentales para los Derechos Humanos como lo son los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, información en el sistema penitenciario, régimen de internamiento, condiciones de internamiento, protocolos, atención médica, régimen de visitas, comunicaciones al exterior, legitimación para formular las peticiones ante las direcciones de los centros, procedimiento de acceso a la justicia terapéutica.

CONSIDERANDOS

1. En vista de la ingobernabilidad que existe hoy en día en los penales del estado de Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto tanto en la recomendación 55/2016, emitida el día 29 de noviembre del año 2016; así como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación M-01/2016.

2. Luego, se encuentran evidenciadas las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno en los tres establecimientos, insuficiente suministro de alimentos, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, especialmente, las sanitarias e hidráulicas, insuficiencia de colchonetas, inadecuadas condiciones de higiene, conexiones eléctricas improvisadas en la sección femenil, falta de instalaciones adecuadas ex-profeso para mujeres, así como para los hijos de internas que viven con ellas.

3. En tal virtud, y en función a los acontecimientos destacados, se tiene que la Ley Nacional de Ejecución Penal es por mucho, más completa que la que actualmente rige el quehacer de las autoridades penitenciarias de Nuevo León, las cuales se han declarado, y así ha quedado demostrado, incapaces para implementar las acciones necesarias que satisfagan el anhelo de la sociedad de transformar el Sistema de Ejecución de Sanciones Penales, para que, dentro de un amplio margen de respeto a los Derechos Humanos, se logre reinsertar al condenado y se ofrezca seguridad a la comunidad. Pues, resulta evidente que ante la complacencia o incompetencia de la autoridad estatal, el autogobierno campea en los reclusorios locales. Los sentenciados son humillados, abusados sexualmente, inclusive, desde allí se siguen cometiendo delitos hacia el exterior. Por lo que, la Ley de Ejecución Penal Local, también está rebasada y es insuficiente para cumplir con el postulado Constitucional. Por ende, es necesario que el Congreso del Estado de Nuevo León, reconociendo las evidentes herramientas que le proporciona la Ley Nacional, emita la correspondiente declaratoria para que los artículos citados en el segundo transitorio de la expresada Ley Nacional de Ejecución Penal entren en vigor y surtan sus plenos efectos de manera inmediata en el estado.

4. Dicha declaratoria es de gran relevancia, ya que al determinar la entrada en vigor de dichos artículos se faculta y se responsabiliza plenamente al Poder Judicial para ejercer jurisdicción sobre temas relevantes, como garantizar condiciones de vida digna a las personas privadas de la libertad, por ejemplo:

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;

X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas, y

Dicho artículo es de vital importancia, merced a que atiende en primera instancia las observaciones realizadas por la CNDH, así mismo obliga al Gobierno del Estado de Nuevo León a crear instalaciones adecuadas para la estancia de las mujeres privadas de la libertad y en caso de no hacerlo ello resulta susceptible de someterse al control judicial.

Artículo 108. Legitimación

Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a:

I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva;

II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho;

III. Los visitantes;

IV. Los defensores públicos o privados;

V. El Ministerio Público;

VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y

VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.

Así mismo, la fracción resaltada, faculta a las organizaciones de la sociedad civil a que sean sujetos legitimados para iniciar los procedimientos administrativos en caso de observar anomalías dentro de los centros penitenciarios, lo cual es de gran importancia, pues se abre la puerta para que la sociedad civil observe de manera directa la manera en que se conducen los penales del Estado. El artículo 117 de la propia Ley Nacional de Ejecución extiende dicha legitimación de las organizaciones de la sociedad civil para iniciar controversias judiciales sobre condiciones de internamiento.

Artículo 31. Clasificación de áreas

La autoridad penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad.

Las personas sentenciadas por los delitos de secuestro, previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán compurgar su pena privativa de la libertad en espacios especiales ubicados dentro de los Centros Penitenciarios, en términos de lo que dispongan las normas administrativas aplicables.

Lo anterior será aplicable a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, conforme a la ley en la materia, así como para las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.

Las personas internas en espacios especiales, no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que estas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias.

Artículo 32. Servicios

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a prestar sus servicios a todas las personas privadas de la libertad que los requieran, ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no discriminación. Las personas sujetas a prisión preventiva y las personas aseguradas con fines de extradición gozarán de estos derechos desde su ingreso. Las personas privadas de la libertad podrán hacer uso voluntariamente de los servicios que ofrezca el Centro Penitenciario, con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de higiene y de salubridad general.

La Autoridad Penitenciaria está obligada a brindar gratuitamente todos los suministros a la población penitenciaria.

Así mismo, en los mismos términos que el artículo 10, en este caso los artículos 31 y 32 dictan las obligaciones de la autoridad penitenciaria en cuanto a instrumentar una clasificación detallada de acuerdo a la edad, estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica, así como a la calidad de los servicios que todas las personas privadas de la libertad requieran. Este es un instrumento fundamental para recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios de Nuevo León.

5. Por lo anterior, es urgente que el Congreso del Estado de Nuevo León emita a la brevedad la Declaratoria para la entrada en vigor de todos los artículos señalados en el artículo segundo del transitorio de la ley anteriormente citada; ello, para el efecto de que tanto la sociedad civil, como los jueces de ejecución penal, usando las herramientas y mecanismos legales contenidos en la predicha ley; tengan pleno conocimiento y jurisdicción sobre lo acontecido en el interior de los centros penitenciarios del Estado con el objetivo de que la vida y estancia de las personas privadas de la libertad sea digna y segura y encaminada a lograr la reinserción de los condenados.

6. Si bien el Ejecutivo del Estado es responsable de la administración de los centros penitenciarios, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 89, fracción XII, de la Constitución Federal  y su correlativo artículo 85, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, esta tarea la desempeña en su carácter de auxiliar del Poder Judicial. A este último le corresponde garantizar la legalidad y de la gobernabilidad en su interior a fin de que las resoluciones judiciales privativas de la libertad, se cumplan plenamente, como lo establecen los artículos 17 y 21 constitucionales, esto es, sin excesos, sin defecto y bajo la vigilancia del Poder Judicial.

7. Para que la ejecución de la prisión preventiva y de las penas pueda judicializarse en los términos apuntados, y para que puedan cumplir su función otros actores que deberán coadyuvar a conseguir una prisión con ley, como son el Ministerio Público, que debe impedir los privilegios y toda forma de impunidad en reclusión, así como la defensa pública, que debe proteger los derechos de todas las personas privadas de la libertad, así como las organizaciones de la sociedad civil, es indispensable que el Congreso del Estado emita la Declaratoria apuntada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León así como al Congreso del estado de Nuevo León para que de forma coordinada trabajen para generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de marzo de 2017.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

1 Artículo 1 de la Ley de Ejecución Penal





De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, María Lucero Saldaña Pérez, María Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE DESTINEN EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017, A LOS SUBSIDIOS PARA REFUGIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), el Gobierno Federal estableció como estrategia fundamental Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, la cual, en un enfoque transversal, establece la línea de acción Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas.1

Asimismo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (2013-2018) tiene el objetivo de Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarle acceso a una justicia efectiva, mediante el fortalecimiento e incremento de los centros de atención integral, de justicia, albergues y refugios.

De acuerdo al Informe de resultados de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoria Superior de la Federación al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Apoyos a Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas para la Atención del Maltrato Familiar y de Género, se menciona que, con la finalidad de cumplir con los objetivos descritos anteriormente, la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), destinó recursos del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” para la operación del programa institucional denominado “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”, mediante el cual transfirió recursos a las entidades federativas por medio de “Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” (Convenios AFASPE), y emitió la convocatoria pública para la “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa” a fin de otorgar recursos a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con experiencia comprobable en la prestación de servicios para la atención a la violencia familiar y de género.2

En relación a lo anterior, los resultados que arrojó la gestión financiera hecha por la Auditoria superior de la Federación al (CNEGySR), para verificar que el presupuesto asignado al programa P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" para la operación del programa de acción específico "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, se observa lo siguiente:

I- El CNEGySR no acreditó la cantidad de $27,459,487.60 (veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N.)

Por conducto de la Secretaría de Salud estatal, o su equivalente, como unidad ejecutora, que dichos recursos fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" mediante el programa de acción específico "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género", ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación, así de un % de esta cantidad que no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria.

II- En la aplicación del recurso destinado a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias Públicas que operan Refugio el CNEGySR se detectó que la cantidad de $6,391,056.57(seis millones trescientos noventa y un mil cincuenta y seis pesos 57/100 M.N.) no cuenta con la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los cuales se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Asimismo, se detectó que $1,204,031.00 fueron comprobados por una Instancia Publica (Gubernamental) con comprobantes fiscales cancelados, los cuales fueron indebidamente considerados como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Lo anterior, resultado como lo señala el Dictamen de la ASF de las “Deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los recursos transferidos a las entidades federativas, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas para la operación del programa”.

Aunado a lo anterior, es importante considerar los antecedentes en el etiquetamiento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para Refugios y Centros de Atención Externa de refugios para mujeres víctimas de violencia:

2014.- Se designaron a través del PEF 2014 $350,000,000.00 para la Operación de Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia”. En dicho ejercicio el CNEGySR regreso $100,000,000.00 con la justificación de que los refugios tuvieron “imposibilidad administrativa, legal y económica para cumplir con las disposiciones fiscales administrativas y por lo tanto se  vieron en la imposibilidad de participar en la convocatoria” sin embargo diversos conceptos solicitados por las Organizaciones Civiles e Instancias Públicas fueron no autorizados y sin considerar las necesidades de las víctimas que son atendidas en los Refugios y Centros de Atención Externa, quedándose muchas de ellas sin cubrir.  

2015.- Lo anterior llevo a que en el PEF 2015 fueran etiquetados a “Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia” en el Ramo 12, PP S150, Acción Número 448 con un monto destinado de $250,000,000.00 de los cuales se regresaron $2,504,500. Cantidad que se logró disminuir la cantidad a regresar por solicitud ante la Cámara de Diputadas/os de Convenios de Ampliación.

2016.- Se destinaron en el PEF 2016 $286,100,000.00, de los cuales el CNEGySR solo aplicó $274,688,120.00 regresando así $11,411,880.00.

2017.- Hubo nuevamente disminución del presupuesto para la prevención, atención, eliminación de las violencias contra las mujeres para el 2017.

En el tema de Refugios y sus Centros de Atención Externa disminuyo a” $277,199,029. Lo cual representa dos Refugios menos sin financiamiento para este año fiscal y corresponde a $8,900,971 menos que lo etiquetado en el PEF 2016.

No obstante a esta situación presupuestal, el Impacto de los Refugios y sus Centros de Atención Externa a favor del derecho de las mujeres víctimas de violencias en México es fundamental:

• Según datos de INEGI (Encuesta Intercensal, 2015) en México habitan 61,000,000 de mujeres, de las cuales el 63% ha vivido alguna situación de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. (ENDIREH, 2011)

• Durante el 2016 la Red Nacional de Refugios mediante sus integrantes activas atendieron en total a 22,219 mujeres, niñas y niños víctimas de violencias:

En Refugios a un total de 4,219 personas.

En los Centros de Atención Externa de Refugios aproximadamente a 18,000 personas.

• De acuerdo al presupuesto otorgado a Refugios y Centros de Atención Externa del país a través del CNEGySR, durante el año 2016, el cual fue de $274,688,120.00 (ya que no se aplicó el 100% del recurso etiquetado en el PEF 2016) .

A cada mujer, niña o niño víctimas de violencias atendido en Refugios y Centros de Atención Externa Integrantes de la Red Nacional y financiados por el CNEGySR, le correspondió el monto de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) diarios para su atención integral especializada que incluye en Refugios: trabajo social, psicología, psicología infantil, medica, jurídica, psicopedagógica, enfermería, capacitación para el empleo. Y servicios de: seguridad, hospedaje, alimentación, enseres de higiene personal, ropa interior, traslados de casos, medicamentos, agua, luz, teléfono, etc. Y en el Centro de Atención Externa: trabajo social, psicología, psicología infantil, jurídica, seguimiento de casos, etc. Y servicios de: seguridad, traslados de casos, medicamentos, agua, luz, teléfono, etc.

Los Refugios salvan vidas, y son hasta ahora el mecanismo más articulado para prevenir feminicidios el estar operando sin recurso pone en riesgo la vida de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, así como su derecho a contar con un espacio de protección como lo marca la LGAMVLV y la Recomendación 19 de la CEDAW al Estado Mexicano. El retraso en la liberación del recurso y de las notificaciones de los proyectos aprobados ponen en riesgo su existencia. Se habla de Coinversión en la Convocatoria y la naturaleza del trabajo que en ellos se realiza no se compara con una organización ciudadana que busca mejorar el parque público o pavimentar una calle o alumbrar un lugar determinado, esos son en su mayoría los proyectos de coinversión en donde la sociedad contribuye para lograr una mejoría en sus comunidades. Los Refugios protegen y salvan vidas, atienden heridas, recuperan a las mujeres y a sus hijas e hijos, buscan apoyos médicos, sociales, laborales y asistenciales para ellas, aunado a ello, las Organizaciones Civiles coadyuvan con el compromiso y la obligación del Estado por lo que el hecho de hablar de coinversión y creer que es óptimo destinar el presupuesto solo para 8 meses de la operación de los refugios, quedando 4 meses sin recursos para operar vulnera no solo el derecho de las víctimas a contar con espacios dignos y de protección, sino de las profesionistas que atienden y operan los Refugios y Centros de Atención Externa, ya que es imposible mantener la operación sin honorarios.

Lo anterior genera crisis haciendo insostenible ante estos retrasos la operatividad de los Refugios y Centros de Atención Externa que, si comparamos las atenciones brindadas en el 2016, sin estos espacios se quedarían sin atención, revictimizadas y sin el acceso a la justica más de 20,000 mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, pudiendo ser   lamentablemente parte de las estadísticas de feminicidios que hay en nuestro país.

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que determine la aplicación del 100% de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 correspondientes a los subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia en el Ramo 12, Acción Número 448 con un monto de $277,199,029.00.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a modificar la Convocatoria Pública del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), a efecto de que destine el total de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a los subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia, así como las acciones siguientes: 

A) Acotar el tiempo de notificación de los proyectos aprobados a un plazo no mayor a 40 días naturales toda vez que los Refugios y sus Centros de atención externa operan las 24 horas del día los 365 días del año y el recurso es fundamental para que estos puedan seguir existiendo en bienestar de las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos víctimas de violencias.

B) Liberar el recurso de la primera ministración resultado de la Convocatoria Pública 2017 a más tardar al 31 de mayo del 2017.

C) Facilitar el procedimiento para que las Organizaciones Civiles y las Instancias Públicas subsanen las deficiencias detectadas antes de determinar que un proyecto es no aprobado.

D) Que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), redirija el recurso que no acreditó en el ejercicio fiscal, a las Organizaciones Civiles e Instancias Públicas para la operación de Refugios y sus Centros de Atención Externa, sin que esto sea en decremento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Tercero.– Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que supervise y garantice que se ejerza el 100% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinado para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. Maria Lucero Saldaña Perez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Adriana Dávila Fernandez.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101222.pdf

2 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0251_a.pdf






De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Marcela Torres Peimbert, María del Rocío Pineda Gochi, Laura Angélica Rojas Hernández, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Urzúa Rivera, Luis Humberto Fernández Fuentes, Ernesto Ruffo Appel, Armando Ríos Piter y Roberto Armando Albores Gleason, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a poner a disposición del público la información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, HÉCTOR YUNES LANDA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DANIEL AMADOR GAXIOLA, RICARDO URZÚA RIVERA, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, ERNESTO RUFFO APPEL y ARMANDO RÍOS PITER; Senadoras y Senadores de la República en la LXIII Legislatura e integrantes de Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el diseño y redacción de la Constitución de Política de 1917, los diputados Constituyentes incluyeron diversos derechos sociales y políticos que quedaron claramente plasmados en este nuevo texto constitucional, que a un siglo de existencia nos rige. No obstante, como todo ordenamiento jurídico, también nuestra Carta Magna es perfectible, por lo cual, ha sufrido diversas modificaciones en pro de la ciudadanía.

En tal virtud, el 7 de febrero de 2014 y 27 de mayo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos reformas que, respectivamente, adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Cabe señalar que la reforma en materia de transparencia, garantiza el acceso a la información pública en los tres niveles de gobierno, así como al interior de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física o moral que reciban y ejerzan recursos públicos. Dando lugar a una nueva legislación, que hoy regula el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Otro aspecto fundamental de la reforma en transparencia, se encuentra en su artículo Segundo Transitorio que mandata al Congreso de la Unión a instituir una Ley marco que impere sobre las legislaciones locales y federales, dando paso a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al entrar en vigor esta Ley General, el Estado Mexicano continuó con el fortalecimiento de las herramientas y mecanismos en materia de transparencia, como el principio de máxima publicidad. Cabe referir, que con relación al Poder Legislativo de las entidades federativas, los artículos 23 y 24 fracción XII, de este ordenamiento, señalan que está obligado “a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder”; así como, “difundir proactivamente información de interés público”.

Bajo esta tesitura, los artículos 70 y 72, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, describe una serie de información que el Poder Legislativo de las entidades federativas, debe poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos. En lo que respecta al artículo 72, la Ley hace alusión a la siguiente información:

I. Agenda legislativa;

II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Las versiones estenográficas;

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

XVI. Todo esto, fortaleció profundamente la cultura de la transparencia, al establecer en esta Ley General, el acceso a la información como un derecho humano.

Por otra parte, con la segunda reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se crearon las bases legislativas, cuyo objetivo principal es erradicar los actos relacionados con hechos de corrupción.

Estas bases legislativas, están conformadas por un compendio de Leyes y reformas en la materia, que regulan la estructura y funcionamiento, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Bajo este precedente, el 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como diversas reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, es una clara muestra del trabajo legislativo del Honorable Congreso de la Unión, sin embargo, el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableció que “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.”

Por ello, el Senado de la República, a través de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha efectuado dos mesas de trabajo con diputadas y diputados de diferentes Congresos Locales, integrantes de las comisiones que llevan los trabajos legislativos en materia de combate a la corrupción, a fin de trabajar de manera conjunta y coordinada en la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, que son parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera reunión se realizó 8 de diciembre de 2016 y posteriormente el 23 de marzo del presente año.

Si bien es importante, destacar el trabajo del Poder Legislativo de las entidades federativas, que está realizando para reformar sus Constituciones Locales en materia de combate a la corrupción, para a la postre trabajar y expedir la legislación reglamentaria, también es fundamental, que dichos trabajos cumplan con el principio de máxima publicidad, como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que surge la necesidad del presente punto de acuerdo.

Sin duda, es menester de esta Cámara de Senadores, coadyuvar y promover las sinergias legislativas que den paso a la conformación en tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez, que el término que establece el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; se cumple el 19 de julio del año en curso.

En tal virtud, en el Senado de la República, estamos conscientes que actualmente contamos con un marco legal en materia de transparencia y combate a la corrupción, sólido y bien estructurado, sin embargo, es necesario seguir de la mano el proceso de aplicación de estas dos grandes reformas estructurales, para que México sea un país donde los actos de corrupción y la impunidad no tengan cabida.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas, a fin de poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, la información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente lo referente al trabajo legislativo, iniciativas de ley o de decreto, lo relativo a las reuniones trabajo de la o las comisiones encargadas de analizar, debatir y dictaminar, en materia de combate a la corrupción.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Suscriben

Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Ricardo Urzúa Rivera.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.






De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y Roberto Gil Zuarth, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a aplicar los recursos suficientes que           garanticen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ Y ROBERTO GIL ZUARTH Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todos de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE GARANTICEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, la procuración e impartición de justicia constituye un tema que permanentemente ha representado un reto para los gobiernos en turno, haciéndose cada vez más frecuentes las evidencias de la crisis penitenciaria en México, misma que se ha manifestado a través de diversas problemáticas, como lo son: sobrepoblación en los centros penitenciarios, tasas de reincidencia altas, delitos de alto impacto a la alza, violencia al interior de los penales, grupos criminales operando desde los centros penitenciarios, entre otras.

En razón de lo anterior y como una medida para mejorar el sistema penitenciario en México, la LXII y LXIII legislaturas del Congreso de la Unión, con la colaboración de las diferentes fracciones parlamentarias que lo integran, lograron la aprobación de importantes reformas en materia de justicia penal, siendo las siguientes:

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Dicha reforma constitucional, representó un parteaguas en la evolución de nuestro sistema de justicia penal, al permitirnos transitar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, planteando con ello, un rediseño integral de nuestro sistema de justicia.

2. El 10 de junio de 2011, como complemento a la reforma señalada en el inciso anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual reconoció constitucionalmente los derechos humanos de las personas y estableció las garantías para lograr su efectiva protección, incorporando disposiciones en materia de derechos humanos que dan cumplimiento a los tratados internacionales de los que México es parte.

Con ello, se estableció en el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución Política, lo siguiente:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”1

De lo anterior se desprende que, en la actualidad, el objetivo central del sistema penitenciario es “la reinserción del sentenciado”, para lo cual se establecen 5 ejes como medios para alcanzar este propósito: el respeto a los Derechos Humanos; la capacitación para el trabajo; la educación; la salud y el deporte.

3. El 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva Ley de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto:

• Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;

• Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y

• Regular los medios para lograr la reinserción social.

Lo anterior, con base en los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

No obstante los esfuerzos realizados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en materia de impartición de justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, en marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, en el cual señaló lo siguiente: “La CIDH reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.”2

En dicho informe, la CIDH concluyó que las cárceles en México enfrentan principalmente los siguientes problemas: hacinamiento, corrupción, aislamiento, privatización de las cárceles y falta de atención diferenciada.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboró un estudio en cuanto a la clasificación penitenciaria en México, del cual se desprende lo siguiente3:

• En la República Mexicana existen 389 centros penitenciarios; 372 administrados por autoridades locales y 17 por autoridades federales, de éstos últimos, dos centros albergan mujeres, existiendo para este grupo desarraigo familiar, al alejarlas, en la mayoría de los casos, de su entorno social.

• Las mujeres que son procesadas por delitos del fuero federal, mismas que representan el 49.3% de la población total femenina procesada, son trasladadas a centros federales, lo que afecta el principio de seguridad jurídica y el derecho a la reinserción social considerando acciones basadas en las necesidades especiales delas mujeres en reclusión, trastocando también su derecho a una adecuada y oportuna defensa, resultando en su perjuicio, procesos penales más lentos y onerosos.

• Se observó que persiste la falta de una adecuada clasificación, registrándose que, en 115 centros estatales, que representan el 88% de los supervisados, no existe separación entre procesados y sentenciados.

Aunado a lo anterior, como ejemplo de los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Penitenciario en México, se pueden señalar los siguientes:

1. Caso Topo Chico. En febrero de 2016, se registró una riña entre los reos del penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, a consecuencia del cual, el gobierno estatal reportó la muerte de 49 internos y diversos lesionados, además de haberse registrado incendios dentro de las instalaciones del penal, ocasionando la movilización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de un cerco policiaco.

2. Fuga de reos en Culiacán. El Gobierno del Estado suspendió a 11 funcionarios del penal de Culiacán después de la fuga de cinco reos de alta peligrosidad ligados con el cártel de Sinaloa, derivado de que las medidas de seguridad del centro penitenciario eran deplorables.

Entre las personas que se fugaron estaban Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, uno de los fundadores del cártel; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “Changuito Ántrax”, uno de los líderes sicarios del cártel de Sinaloa y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”, líder del grupo armado Los Chimalis.

3. Caso Cadereyta. Las autoridades de Nuevo León reportaron un motín en el penal de Cadereyta, el cual ocurrió derivado de una protesta de los internos en contra de “controles más estrictos en los ingresos a las instalaciones”. Al 29 de marzo de 2017, suman 4 muertos y 21 lesionados.

En consecuencia, ante la grave crisis de seguridad que se vive en las cárceles del país, en el marco de la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo un fuerte llamado a los estados para establecer el orden y disciplina en las prisiones antes de que haya más situaciones que lamentar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscribimos el presente punto de acuerdo, conscientes de que el derecho a la reinserción social debe ser tutelado sin menoscabo de otros derechos, en concordancia con la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sometemos a esta H. Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas a que apliquen los recursos suficientes que garanticen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Roberto Gil Zuarth.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

2 CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. Consultado en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

3CNDU. Clasificación Penitenciaria. Consultado en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CPP2-Clasificacion-Penitenciaria.pdf






De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz González, Roberto Gil Zuarth y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a enviar un informe sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario de Cadereyta; asimismo, se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo sistema penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, ROBERTO GIL ZUART Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE ENVÍE UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO PENITENCIARIO DE CADEREYTA; ASÍ MISMO SE DETALLEN LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años se han registrado diversos casos de violencia en Centros Penitenciarios del Estado de Nuevo León; tal es el caso del Penal de Topo Chico, Apodaca y recientemente Cadereyta, estos hechos han dejado más de 54 muertos y cientos de heridos. Lo sucedido no solo refleja una clara falta de autoridad en los centros penitenciarios, también evidencia el “autogobierno” que se vive en las cárceles del estado.

Recordemos uno de los incidentes más trágicos acontecido la madrugada del 11 de febrero del año pasado en el Penal de Topo Chico, cuando se enfrentaron dos grupos delincuenciales que se disputaban el control del reclusorio, el cual dejó un saldo de 54 muertos y 41 heridos. Posteriormente, lo sucedido el pasado 15 de marzo, las vejaciones causadas por un grupo de reos del Penal de Apodaca, los cuales obligaban a los reos a vestir ropa interior femenina y limpiar el piso.

Finalmente, lo sucedido la tarde de este lunes, cuando reos del Penal de Cadereyta realizaron una protesta contra las revisiones, decomiso de objetos y sobre todo el uso de tecnologías que ha logrado el aseguramiento de drogas dentro del penal y que dejo un saldo de 4 muertos y 21 heridos.

Se informó que altercado lo iniciaron un grupo de reos conocidos como “los renegados” cuando ingresaron a robar medicamentos a la farmacia del penal, al tiempo que incendiaron colchones, de esto cuatro presos resultaron intoxicados, mientras otros calcinados y algunos custodios fueron heridos.

Sin lugar a dudas los hechos violentos que se han registrado dentro de los Penales del estado de Nuevo León, son reflejo de la crisis e incapacidad de las autoridades, las cuales no tiene el control de los Centros Penitenciarios. En este sentido, el Secretario de Gobernación, emitió un mensaje, en el que de alguna manera exhorta a las Entidades Federativas a que utilicen los recursos destinados en este ramo, e inviertan en personal, equipamiento e infraestructura.

Bajo este contexto es claro que los hechos ocurridos en los Centros Penitenciarios de esta Entidad, ya son un problema constante al cual no le han dado solución a pesar de la cantidad de personas afectadas, está claro que la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos sigue en riesgo.

En este sentido, es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos;

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública para el estado de Nuevo León establece en su Título Séptimo “Del Sistema Penitenciario y de Reinserción Social Del Delincuente”, una serie de principios bajo los cuales debe regirse el sistema Penitenciario, en su fracción I del artículo 173 menciona que;

I. Dignidad: La política penitenciaria y todo acto de autoridad, deberá realizarse velando por el respeto de los derechos humanos reconocidos a las personas por el sólo hecho de serlo, así como de todos aquellos que les son otorgados por su condición de personas privadas de la libertad por disposición judicial. Tratándose de adolescentes, las políticas y actos de autoridad deberán velar además por la protección de los derechos reconocidos a éstos por su condición de personas en proceso de desarrollo;

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, se establece en sus fracciones II, III, VI, VIII y XI del artículo 37, las atribuciones de los Alcaides de los Centros de Reinserción Social y del Centro Preventivo y de Reinserción Social, las cuales mencionan lo siguiente:

II. Administrar el centro a su cargo, y proponer las medidas de carácter general apropiadas para su funcionamiento, conforme a la normatividad aplicable;

III. Ejecutar operativos de seguridad orientados a mantener la convivencia pacífica de los internos y la estabilidad institucional, de conformidad a los lineamientos establecidos;

VI. Colaborar en la implementación de los programas individualizados sobre los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, la cultura de la legalidad y el deporte, el tratamiento de apoyo y el tratamiento auxiliar como medios de adaptación y reinserción social;

VIII. Atender y llevar el seguimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al centro a su cargo;

XI. Operar las políticas, normas, programas, acciones y régimen que garantice la correcta ejecución de la sentencia y el respeto a los derechos humanos en el centro a su cargo;

Tal como se puede observar la legislación del estado de Nuevo León, en esta materia se establecen un sin fin de principios que se abocan y comprometen a respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos.

Los hechos ocurridos en los penales del Estado, aluden a la falta de control por parte de las autoridades, los casos de riñas en los penales son cada vez más graves, es por ello que las autoridades deben abocarse a dar respuesta y erradicar el problema.

Es por ello que esta Soberanía exhorta respetuosamente al estado de Nuevo León a esclarecer los hechos ocurridos, a informar sobre las condiciones que guarda hoy día el centro penitenciario de Cadereyta y que detallen los planes concretos que darán solución a los problemas de los penales y las acciones que han llevado a cabo para garantizar el nuevo Sistema Penitenciario, en el marco de la reciente aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretende mejorar las condiciones en las cárceles del país a través de nuevas alternativas de justicia y de reinserción social, como parte de la legislación secundaria de la reforma penal.

Es sumamente importante que las autoridades del estado garanticen la vida e integridad de todas las personas de los Centros Penitenciarios. 

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a investigar de manera pronta y expedita lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Cadereyta, a esclarecer los hechos y, en particular, que se inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes y la aplicación de sanciones que en su caso se deriven.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado a esta Soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo Sistema Penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.






Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores. Se turna a la Comisión de Energía.








Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

EFEMÉRIDES

Sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

El Día 30 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

En 1988 tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector.

Para diferenciar las labores domésticas que se realizan en casa, generalmente no remunerado y realizado por integrantes de la familia, las trabajadoras del hogar han definido que se les denomine de esa manera, precisamente por lo que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras y que en correspondencia con esta condición, tengan acceso igual al goce de los derechos como cualquier trabajador y trabajadora1.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016 señala que en México hay 2.6 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado. Así también hay que destacar que el trabajo del hogar remunerado es realizado primordialmente por mujeres, ya que 95 de cada 100 personas dedicadas a esta actividad lo son (INEGI, 2015).

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) lanzó en 2015 la campaña “Trabajo digno”, destinada a dar a conocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar. En 2016 se lanzó la segunda fase de la campaña, que se organizó en torno a tres ejes fundamentales:

• Garantizar un trato respetuoso y digno;

• Proteger el acceso y el reconocimiento a sus derechos laborales;

• Que las y los trabajadores conozcan su derecho a la igualdad y la no discriminación2.

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar debemos refrendar nuestro compromiso de sensibilizar y generar materiales que aporten a la valoración del trabajo doméstico remunerado y no remunerado sin discriminación e impulsar reformas legislativas en materia de trabajo de hogar para avanzar en la garantía de sus derechos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4769&id_opcion=108&op=214

2 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/160620%20Ficha%20tem%C3%A1tica%20-
%20Trabajadoras%20del%20Hogar.pdf






De la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN, relativa al “Día Mundial sobre la Concientización del Autismo”.








De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

Se les conoce como trabajadoras o trabajadores del hogar a las personas que realizan labores de limpieza, lavado, cocina, cuidado de niños o aquellas actividades propias del cuidado de una vivienda. Estas labores pueden ser remuneradas o no remuneradas.

En México el trabajo del hogar, es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas, constituyendo un aporte sustancial a las transferencias de ingreso, aportando tan solo en nuestro país el 22% del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1.

Esta labor contribuye de manera significativa a la economía mundial, ampliando las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares. Aun así, el trabajo doméstico es un trabajo que se minimiza, haciendo que quienes se dedican a esta labor sean parte de una población vulnerable; donde las violaciones más comunes a sus derechos son las siguientes: 2

• Jornadas de trabajo que exceden lo establecido en la ley, sin remuneración extra. Sin salarios justos ni dignos.

• No cuentan con seguridad social; por lo que no gozan de licencia de maternidad, pago de incapacidades, seguro médico, así como derecho a pensión o vivienda digna.

• El 30% no terminó la primaria. Se les impide acceder a escuela o tener una capacitación.

• La protección jurídica que reciben es insuficiente.

• Muchas veces son víctimas de violencia verbal, emocional, económica y sexual, hecho que vulnera su derecho a la libertad, a la identidad y la autoestima.

Esta es una actividad primordialmente desarrollada por mujeres, ya que de cada 100 trabajadores del hogar, 95 son mujeres,3 de las cuales muchas son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos4.

Es por los motivos anteriores, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró en 2011, el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos - C189 para asegurar la promoción y la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar5.

Con el fin de fomentar el respeto y reconocimiento hacia las personas que desarrollan esta actividad, diferentes organizaciones de trabajadores domésticos consideran el 30 de marzo como el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar” recordando a toda la sociedad la importancia y necesidad de esta labor.

En el marco de este día, queremos recalcar que los legisladores debemos trabajar más por este sector, que continua siendo infravalorado e invisible, pues la Ley del Seguro Social no contempla a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento, los empleadores no pagan cuotas obligatorias en materia de Seguridad Social. Sin embargo a diferencia de otras labores la Ley Federal del Trabajo establece como obligación especial de las trabajadoras del hogar guardar consideración y respeto hacia el patrón, su familia y personas que concurran en el hogar6.

Es por esto, que los legisladores del Partido Verde consientes del esfuerzo de todas las personas que se dedican a esta noble labor, reconocemos la importancia del trabajo del hogar para el desarrollo de la sociedad, pues el trabajo doméstico contribuye a lograr un bienestar familiar. Asimismo, estamos comprometidos a garantizar que todos sus derechos sean respetados y que nunca más sean una sector invisibilizado y desprotegido.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de marzo de 2017.

Sen.María Elena Barrera Tapia.

1 CONAPRED (2015), 30 de marzo. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, recuperada en marzo de 2017, de: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DocInfo-TrabsHog-30Marzo2015_INACCSS.pdf

2 Ídem.

3 Ïdem.

4 Varios (2015) Migrantes peruanos  a Canadá, Chile y España, Ciudadanía y redes familiares transnacionales. Universidad de Deusto: Bilbao

5 Organización Internacional del Trabajo. C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm 189), recuperada en marzo de 2017, de:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460

6 CONAPRED (2015), 30 de marzo. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, recuperada en marzo de 2017, de: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DocInfo-TrabsHog-30Marzo2015_INACCSS.pdf






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

“El trabajo decente para las trabajadoras domésticas comienza en casa”.
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tema de campaña 2015.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el trabajo en el hogar consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva.

Lamentablemente se trata de uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan llegan a ser violentados con salarios ínfimos, malos tratos y hasta la discriminación por la sesgada concepción cultural de ciertos lugares.

Por ello, CONAPRED destaca la importancia de que el 30 de marzo se haya instituido como el “Día Internacional de la Trabajadora del Hogar”. Esto, con motivo de que en 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó precisamente este día, el 30 de marzo, como “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas.

Desde entonces, los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran este día como uno propicio para colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

Es una fecha que busca resaltar el trabajo que realizan las personas en el hogar y prevenir su maltrato, luchar por sus derechos, principalmente el salario justo, descanso semanal y seguridad social. Igualmente, por la prevención de la explotación de niños y niñas para este servicio.

Se estima que existen más de 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo. En México, alrededor de 2.4 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría, mujeres. Personas que al igual que todas, merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y sus familias.

Sobre esta asignatura, aún con serios pendientes en nuestro país, cabe destacar que el 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Se trata del Convenio 189 que ofrece protección específica, con derechos y principios básicos, y exige a los Estados miembros tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para estos trabajadores.

Documento que esperamos que en breve plazo sea enviado por el Ejecutivo Federal para su ratificación al Senado de la República.

El 30 de marzo se trata de una fecha especial para reconocer el esfuerzo y trabajo de quienes se dedican al trabajo del hogar, de llamar a la reflexión para que se reconozcan todos sus derechos, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, condición migratoria y el origen étnico, incluso, un día propicio para contribuir a un cambio social, con un lenguaje incluyente y respetuoso para referirnos a su honorable ocupación.

Por ello, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todas aquellas personas que se dedican al trabajo en el hogar.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Patricia Leal Islas, del grupo parlamentario del PAN, sobre el 150 aniversario del Asalto a Puebla.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

La situación de las trabajadoras del hogar resulta lamentable, ya que según estadísticas:

- Solo 2.2 cuenta con un contrato escrito y acceso a servicios de salud como prestación laboral,

- 76.1% no goza de ninguna prestación laboral,

- La edad promedio es de 40.2 años, y

- 45.8% cuenta con estudios de primaria y 6.9% es analfabeta.1

Además de las condiciones laborales y la falta de educación en la mayoría de las empleadas del hogar, el mayor problema es la discriminación que sufren día a día en su trabajo, por ejemplo referirse a ellas con términos despectivos.

En la actualidad, existen instrumentos internacionales que protegen a las trabajadoras del hogar, como el Convenio 189 Sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo, en que reconoce “la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadores y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a la transferencias de ingreso en cada país y entre países2.

Es por eso que el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, por su gran contribución no solo en la economía, sino en su aporte a la sociedad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.milenio.com/politica/Trabajadoras_dometicas-empleadas_domesticas_en_Mexico-
derechos_de_trabajadoras_domesticas-conapred-inegi-hogar-trabajadoras_del_hogar_5_272422770.html

2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
 observado el 2 de abril.

El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es observado el 2 de abril de cada año desde el año 2008. El objetivo es hacer el llamado a fomentar la concientización sobre las causas, prevención, atención y consecuencias este trastorno.

Cada año se elige un lema central, siendo para 2017: “Hacia la autonomía y la autodeterminación”. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 3 el derecho a la autonomía individual y a la independencia de las personas; y en su artículo 12 precisa que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción social, y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo.

De acuerdo con la ONU, el autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta durante la primera infancia, independientemente del género, raza o la condición social y económica. Surge por diversos factores, tanto genéticos como ambientales que influyen en las primeras fases de desarrollo del cerebro.

Diversos estudios coinciden en que las personas con autismo, enfrentan problemáticas como la falta de comprensión del trastorno, estigmatización y discriminación, lo que complica un diagnóstico y tratamiento adecuado. Aunado a lo anterior, son excluidas y estigmatizadas, situación que además de vulnerar sus derechos humanos, impide aprovechar su potencial, competencias y capacidades.

A nivel mundial, según cifras de la OMS un niño de cada 160 padece un trastorno autista; alrededor del 50% de las personas con TEA también padecen alguna discapacidad intelectual; y aunque es complicado identificarlo en los primeros 12 meses de vida, si es muy factible establecer un diagnóstico antes de los dos años.

En relación a la posibilidad de autonomía y autodeterminación, cabe advertir que de acuerdo con información de la ONU, a nivel mundial 80% de los adultos que tienen este tipo de trastorno se encuentran desempleados, situación que se presenta en detrimento de las metas inherentes al lema central de este año y que deriva en importantes retos en el contexto internacional, así como en el nacional.

En México, la prevalencia de autismo indica que 1 de cada 115 niños estarían en dicha condición, lo que representa casi 1% de la población infantil en nuestro país, es decir, alrededor de 400 mil, cifra que deja de manifiesto notables desafíos en materia de salud pública.

Otro aspecto a destacar tiene que ver con la detección oportuna, en virtud de que en la mayoría de los casos, las niñas y niños con algún espectro autista, recibieron un diagnóstico en escuelas regulares, sin que antes hubiera sido identificado, lo que muestra la ausencia o mínima presencia de acciones en la materia.

En atención a la trascendencia del asunto y a la vocación garantista que distingue al Estado mexicano, desde 2016 en nuestro país es observado el 2 de abril de cada año como el Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo, con la finalidad de tener una sociedad más incluyente, a través una mejor comprensión, atención y solidaridad hacia las personas con esta condición.

En el mismo tenor, el Senado de la República se ha mantenido como un promotor permanente de los derechos humanos de las personas con autismo, a fin de que esta condición sea comprendida adecuadamente y sea asequible su plena inserción en todos los ámbitos, sin que existan conductas de discriminación o exclusión hacia este sector de la población.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a seguir concentrando e impulsando esfuerzos para terminar con todo tipo de discriminación en contra de las personas con autismo, y en general, para que puedan llevar una vida plena.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2017.

Atentamente.






Les recuerdo que conforme al calendario de sesiones de la Junta de Coordinación Política, la próxima semana se realizarán tres sesiones consecutivas. Les pido tener presente lo anterior para organizar sus agendas de actividades.

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 4 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:15 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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