Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 20 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Marzo de 2017

SUMARIO                                              


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De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado el 26 de junio de 2013. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.



































 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

APERTURA

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Informo a la Presidencia que, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 Senadoras y Senadores de la República.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se abre la sesión del jueves 16 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las doce horas con diez minutos del día martes catorce de marzo de dos mil diecisiete, encontrándose presentes noventaciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del nueve de marzo de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, el informe de su participación en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio en relación con la controversia Constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.- Se remitió a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un período de tres años.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra las Senadoras: Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Ma. del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia. En la discusión intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en contra; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Adriana Dávila Fernández del PAN, en contra; Jesús Priego Calva del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; y Luz María Beristain Navarrete del PRD, para razonar su voto. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, se integraría al Diario de los Debates.El asunto se consideró suficientemente discutido. El acuerdo fue aprobado por 74 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. El comisionado rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio.-El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio    primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; y Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73 votos a favor. Se remitió al  Ejecutivo Federal, para los efectos Constitucionales.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América- La Asamblea autorizó incorporar éste y los siguientes tres dictámenes al Orden del Día de la sesión. Para presentar los cuatro dictámenes hicieron uso de la palabra las Senadoras: Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. En la discusión intervino el Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, para referirse al conjunto de dictámenes. El punto de Acuerdo fue aprobado por 85 votos a favor.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.-Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado por 89 votos a favor.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.-Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado por 87 votos a favor.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.-Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado por 73 votos a favor y 12 en contra.

Los cónsules Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California; Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado; Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas; y Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida; los cuatro en los Estados Unidos de América, rindieron la protesta Constitucional de forma conjunta.

 

La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión del día de hoy:

1. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley Federal del Trabajo, y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de Aviación Civil, presentado el 7 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión  Social; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil, presentado el 9 de marzo, para quedar en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión  Social; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

3. Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, recibido el 9 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera.

La Presidencia ratificó los turnos a los tres asuntos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Lorena Marín Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores, con punto de Acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a investigar e implementar medidas urgentes a fin de atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la entidad, así como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles básico y medio superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en las entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado entre el gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las denominadas fotomultas en dicha ciudad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la Ciudad de México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel básico y medio superior en dicha ciudad.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional de Ovinos Katahdin 2017.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el nombramiento del actual director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Pilar Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la violencia de género en su contra.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales en los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta protección.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, Luis Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe que exponga cuáles fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la vía ‘‘Eco Turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a rendir un informe sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación 55/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Endometriosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiocho minutos y citó a la siguiente el jueves dieciséis de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el Informe del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México para el año 2016, así como la Matriz de Planificación para el Frente Capítulo México para el año 2017.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el que se remite el informe final de la Evaluación de Procesos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá y el formato electrónico editable Anexo 4: Aspectos Relevantes de la Evaluación.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Remítase dicha información a la Comisión de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron de la Cámara de Diputados, las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.







 

Y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: De igual manera, se recibió también de la Cámara de Diputados, un oficio por el que se informan las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.





 

Pasamos al apartado de la presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 9 de octubre “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 9 DE OCTUBRE “DÍA NACIONAL DE LAS COSTAS Y MARES MEXICANOS”

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Buen día tengan todos ustedes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores.

Debo comentar que el día de ayer tuvimos la oportunidad de convocar a un Foro sobre Gobernanza Costera y Marítima, un gran foro que nos permitió escuchar a más de 75 académicos y especialistas en la materia, y que nos permitió conocer de cerca y con una enorme capacidad de conocimiento, la situación que priva en las costas y en los mares en materia de gobernanza.

Diversos temas se abordaron, de playas, de calidad de las mismas, de organización social, de contaminación, de esa enorme tarea que tenemos todos los ciudadanos del mundo para cuidar el planeta y abordar y enfrentar con una gran solvencia este reto que representa detener el cambio climático que tanto daño está haciendo al planeta.

Y ahí entendimos que este país tiene dentro de su circunscripción, su jurisdicción, 62 por ciento de más, y que México cuenta con una zona económica exclusiva de más de 3.1, millones de kilómetros cuadrados. México tiene una enorme capacidad en sus costas, 11 mil 122 kilómetros de costas y un territorio insular constituido por más de 2 mil 500 islas.

En los 17 estados costeros de México habitan 52 millones de personas. Las zonas costeras generan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y ahí se encuentra el 46 por ciento de la población económicamente activa, que desarrolla actividades como la petrolera, desde luego la turística con esta enorme fortaleza que tiene nuestro país en sus recursos y sus bellezas naturales, las actividades desde luego pesqueras, portuarias y de comercio.

En 2015 se produjeron 300 millones de toneladas de plástico en el mundo; el plástico representa hoy el 80 por ciento de la basura en los océanos y las costas. Cada año 8 millones de toneladas de plástico se vierten en nuestros océanos, si seguimos así, dicen los expertos, para el 2050 habrá más plástico o nanopartículas plásticas, que peces en los océanos. De ese tamaño y alarmante es el reto y el grave problema que tenemos en los océanos y en nuestras costas.

En México se reportan más de 30 especies sobreexplotadas.

Las costas y los mares de nuestro país no ocupan el lugar prioritario que deberían de tener, es por esto que la presente iniciativa tiene como finalidad, para generar conciencia, para educarnos, para crear compromisos y para establecer las metas y los retos, a través del estímulo crear, establecer en nuestro país el Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con el propósito de conocer el estatus de los recursos, ecosistemas y espacios costeros y marítimos de México.

El Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos deberá ser una oportunidad para revisar la agenda de las zonas costero-marinas del país.

Debemos generar información, conciencia y políticas públicas integradas, integrales, eficaces, eficientes, tanto en la operación como presupuestalmente, que den la importancia que merecen nuestras costas y nuestros mares, y que permitan un crecimiento positivo para la población y la protección de nuestro medio ambiente.

Por eso propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto.

Artículo Único.- Se declara el día 9 de octubre Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con el fin de difundir su importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país, la protección del medio ambiente y hacer frente a los efectos del cambio climático.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 09 DE OCTUBRE, DÍA NACIONAL DE LAS COSTAS Y MARES MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las zonas marinas mexicanas, definidas en la Ley Federal del Mar (D.O.F. 08-01-1986), son la mayor extensión territorial del país e incluyen: el mar territorial; las aguas marinas interiores; la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares. En las zonas mencionadas, la Nación ejercerá los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias que dicha ley establece, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional.

México cuenta con una zona económica exclusiva de 3.1 millones de kilómetros cuadrados, la cual es considerablemente mayor a los 1.9 millones de kilómetros cuadrados de su superficie continental; además, el país posee 11,122 Km de costas y un territorio insular constituido por más de 2,500 islas.

En los 17 estados costeros de México habitan 52 millones de personas, se genera el 40por ciento del producto interno bruto nacional, está el 46% de la población económicamente activa y se ubican 157 municipios con frente litoral con 22 millones de habitantes, algunos de los cuales presentan las tasas de crecimiento poblacional más altas de todo el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el 2010, de los 17 estados costeros 8 presentaron grados de marginación altos o muy altos, 3 marginación media y 6 baja o muy baja marginación. A nivel municipal es posible observar que en general, en aquellos municipios donde existe infraestructura portuaria o turística los niveles de marginación son bajos o muy bajos.

Los estados costeros de México contribuyeron en el 2010 con el 62% del producto interno bruto nacional en el sector primario; con el 43% en el sector secundario y con el 36% en el terciario. Las principales actividades productivas en las zonas costeras y marinas del país son: petroleras, turísticas, mineras, agrícolas, pesqueras, portuarias y de comercio marítimo.

Históricamente el valor económico, social, político y ambiental que representan las costas, territorios insulares y mares mexicanos no ha sido reconocido en las agendas políticas nacional, estatal y municipal, lo cual se hace evidente por los escasos e incipientes mecanismos institucionales tendientes a integrar acciones de largo plazo relacionados con el desarrollo sustentable de estos territorios.

Esa falta de atención se agrava cuando se analizan los retos que afrontan las zonas costero-marinas de México, más aún con un clima cambiante que plantea diferentes escenarios de vulnerabilidad y riesgo para los habitantes de cada uno de los municipios costeros de México, para cada sector económico marino, costero e insular, para cada población litoral y para la infraestructura vital de cada estado costero.

Es prioritario y urgente reconocer que las zonas costeras y las islas mexicanas presentan altos niveles de riesgo y vulnerabilidad ante diferentes fenómenos, el cambio y la variabilidad climática producirán impactos diferenciados en el territorio nacional, debido a los distintos grados de riesgo, vulnerabilidad y resiliencia, presentes y en muchas ocasiones no evaluados ni cuantificados para las zonas costeras mexicanas. De igual manera, los costos potenciales por daños y acciones de adaptación para afrontar dichos efectos se desconocen al día de hoy, así como tampoco se sabe cuáles son las capacidades diferenciadas para que cada municipio y localidad costera pueda afrontarlos.

Pero de igual manera, se abren posibilidades de generar nuevas fuentes de energía, replantear el desarrollo urbano considerando elementos de adaptación al cambio climático, mejorar las técnicas pesqueras y generar acciones que tengan como marco la sostenibilidad de las costas y mares mexicanos.

A pesar de su importancia, las costas y los mares de nuestro país no ocupan el lugar prioritario que deberían, es por esto que la presente iniciativa tiene como finalidad establecer un Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con el propósito de conocer el estatus de los recursos, ecosistemas y espacios costeros y marinos de México, a través de informes técnicos, social y económicos pormenorizados a sobre los problemas, las oportunidades de acción y los retos a corto, mediano y largo plazos, considerando el marco de la sostenibilidad y las amenazas que imponen los efectos del cambio climático a la infraestructura, inversiones, actividades productivas, pobladores y recursos y ecosistemas costero-marinos del país.

El Día de las Costas y Mares Mexicanos, deberá ser una oportunidad para que este Senado de la República revise la agenda política de las zonas costero-marinas del país, en el marco de la Política Nacional de Mares y Costas1, el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica2 y la Ley General de Cambio Climático, entre otras.

Debemos generar información, conciencia y políticas públicas de calidad que den la importancia que merecen nuestras costas y nuestros mares y que permitan un crecimiento positivo para la población y la protección de nuestro medio ambiente.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara el día 09 de octubre, Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con el fin de difundir su importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país, la protección del medio ambiente y hacer frente a los efectos del cambio climático.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.

1 Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas. 2012. Política Nacional de Mares y Costas de México, Gestión Integral de las Regiones más Dinámicas del Territorio Nacional. SEMARNAT.

2 Programa Nacional de Investigación Oceanográfica, 2016. SEGOB.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: A usted, Senador Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Quiero aprovechar para saludar a quienes hoy nos acompañan, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos, jóvenes!





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA      LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE CIENCIA Y   TECNOLOGÍA

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Hace aproximadamente dos semanas vine con una iniciativa similar porque creía que el tema circunscribía a pensiones, pero he visto que el error en la reforma constitucional que hicimos para cambiar, desindexar multas del salario mínimo a la Unidad de Medida de Actualización no solamente está afectando pensiones, sino también está afectando a las becas del Conacyt. Y cuando un país empieza a regatear con la calidad y el desarrollo de sus cerebros de la tecnología y la innovación, está condenado a quedarse chiquito.

Es por eso que pretendo, con esta iniciativa de reforma, poder subsanar el error que establece el transitorio de la reforma constitucional en cuestión, que genera que todas aquellas referencias a salario mínimo en cualquier legislación federal, previa a esta reforma, pues vincule ahora la Unidad de Medida de Actualización, que va a ir creciendo mucho en una cantidad mucho más reducida que el salario mínimo y con el gran problema inflacionario que estamos viviendo, esto se agrava.

Es por eso que proponemos adicionar una fracción VI al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para establecer que la unidad de medida que se tomará para calcular el monto de las becas que otorga el Conacyt será el salario mínimo.

Está mal que hayamos cerrado en esa reforma, espero que no haya sido una pelota rápida por parte del Ejecutivo, para con la excusa de supuestamente apoyar el crecimiento del salario mínimo y mermar sus obligaciones que tienen nuestras ramas, como es la seguridad social y ahora con la educación.

Esperamos que así sea, que no haya sido una pelota ensalivada y que se demuestre con hechos, aprobando estas reformas en su oportunidad.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Gracia Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 80 Bis a la Ley de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 80 BIS A LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila)

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenos días, compañeras y compañeros:

En la reforma energética nunca se consideró el criterio de la seguridad energética. El criterio que movió siempre y definió toda la reforma energética fue la de entregar el patrimonio, la riqueza de nuestro país a los extranjeros y meter el criterio de que lo más conveniente para México era sacar lo más rápido posible el petróleo para que alimentara las arcas de la Secretaría de Hacienda, una visión de muy corto plazo y que en menos de tres años ya esté mostrando su gran insuficiencia y el error estratégico que se ha cometido desde el punto de vista de seguridad nacional.

El hecho de haber abandonado las refinerías después de la reforma energética ha hecho que la producción nacional de gasolinas haya caído a niveles mínimos históricos. Al mismo tiempo, se ha liberado la importación de gasolina a particulares. Los permisos de importación que existen actualmente emitidos por la Secretaría de Energía equivalen a cuatro veces la demanda interna de México el año pasado.

El día de ayer, nos enteramos el desorden que tenemos en el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas, se comete un nuevo error por esta necedad del gobierno de creer que puede establecer un mercado competitivo de gasolinas en nuestro país a partir de un Decreto.

La historia del gasolinazo es muy clara, la liberalización del mercado de las gasolinas se adelantó de manera sorpresiva en la Ley de Ingresos, para evitar el dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica, donde claramente iba a dictaminar que no había condiciones de competencia, porque no hay condiciones de competencia en México para que esto pudiera suceder.

El gasolinazo se debió entonces a que el gobierno ha decidido que en nuestro país tengamos un mercado caro de gasolinas, para que las grandes empresas trasnacionales nos hagan el favor de venir a invertir a México en almacenamiento, en ductos, en terminales marítimas, para que puedan hacerse sistemas redundantes y entonces sí podamos tener competencia en el mercado de las gasolinas.

La decisión de fondo que tomó el gobierno en diciembre pasado fue, o la de apoyar a los mexicanos, manteniendo el precio de los combustibles o favorecer a las grandes trasnacionales para aumentarle su tasa de rendimiento y que vinieran a hacer este mercado competitivo de gasolinas con el que este gobierno sueña.

El día de ayer nos enteramos de que el proceso de adjudicación de temporada abierta, que no es otra cosa más que poner las instalaciones de Pemex, las instalaciones que ha construido a lo largo de toda su historia con el patrimonio nacional, ponerlas a disposición de los privados para que sean utilizadas. Fue un fiasco, fracasaron, se equivocaron, tuvieron que cancelar este proceso de adjudicación en un capítulo más vergonzoso de esta liberalización que no va a ningún lado.

En total, 22 empresas participaban, algunas de las grandes que tienen ya y acumulan los permisos de importación como Trafigura, British Petroleum, Shell and Chevron, entre otras.

Esta temporada abierta ponía a disposición nueve terminales de almacenamiento, cuatro ductos de los sistemas que suministran gasolina y diésel a 1075 gasolineras de los estados de Baja California y Sonora tuvieron que cancelarla por errores que cometieron la CRE y Pemex.

La verdad es que no van a poder subsanar estos errores porque no se va a poder construir por Decreto un mercado competido de gasolinas en nuestro país.

Tiene que recalendarizarse, tiene que posponerse este proceso de liberalización y debemos terminar con la farsa que mantiene el gobierno de que los precios se mueven conforme al libre mercado, porque lo que está haciendo Hacienda es manipular la fórmula durante tres ocasiones, tres veces ha modificado la fórmula para mantener los precios altos y seguir llenando las arcas del gobierno con los impuestos a la gasolina y darle a los privados una tasa de retorno adicional.

¿Qué proponemos el día de hoy? Como no se pensó en la seguridad energética, nuestro país tiene menos de tres días de reserva de petrolíferos, estamos brutalmente expuestos a que los Estados Unidos cambien su política y de un día para otro paralice a nuestro país; no tenemos reservas estratégicas, nuestra seguridad nacional está completamente al garete por esta política entreguista donde ahora dependemos más de 70 por ciento de las gasolinas que importamos de los Estados Unidos.

La propuesta de iniciativa que hacemos hoy, es adicionar el artículo 80 Bis a la Ley de Hidrocarburos, para que la Secretaría de Energía sea responsable de constituir la reservas estratégicas de petrolíferos equivalente a 90 días de volumen de las importaciones del año inmediato anterior.

Se establece que esta meta se lograría de manera gradual al 2020. El primer año, en el 2018, 30 días; en el 2019, 60 días y los 90 días para el 2020.

Se trata de una política de seguridad nacional energética, la práctica internacional demuestra la pertinencia de que los países que importan gran parte de sus energéticos, como es el caso ya de México, deben establecer medidas para garantizar su abasto en situaciones de emergencia o cualquier otra que ponga en peligro el suministro de los energéticos.

La Agencia Internacional de Energía impone la obligación a los países que sean importadores netos de petróleo y sus derivados de la obligación de mantener inventarios totales equivalentes a 90 días del promedio de sus importaciones netas en el último año.

Lo hacen países como Japón, como los Estados Unidos, que tienen reservas estratégicas a cargo del Estado en términos de inventario de gasolina, diésel y turbosina.

En días de venta, México sólo cuenta, ya lo decíamos, con menos de tres días. Italia y Reino Unido, cuentan con cerca de 40 días; Francia, 34 días y Estados Unidos, más de 30 días.

Actualmente la Secretaría de Energía implementa un proceso de consulta pública para establecer la política pública en materia de almacenamiento, pero lo está haciendo solamente con los privados.

Esta política debe contemplar también inventarios comerciales desde el punto de vista del sector público y también el privado.

La práctica internacional incluye al sector privado y al sector público para constituir reservas suficientes para afrontar situaciones que pongan el riesgo el suministro de los energéticos.

Entonces, pensar un poco en la seguridad energética en nuestro país, garantizar por ley reservas mínimas, para quedar menos expuestos a cambios de política en el exterior, dado que esta reforma energética nos hizo altamente dependientes de las importaciones de gasolina de parte de los Estados Unidos.

Pensemos en la seguridad energética de nuestro país, construyamos una capacidad de reserva estratégica que nos garantice finalmente la soberanía nacional.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos, y David Monreal Ávila, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto; en razón de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Sistema Nacional de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel

Actualmente, el Sistema Nacional de Logística de Petrolíferos se integra por seis Refinerías; setenta y tres Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR); quince Terminales y Residencias de Operaciones Marítima y Portuaria (TOMP y ROMP); 5,213 kilómetros de oleoductos; 8,946 kilómetros de poliductos; y 11,431 estaciones de servicio.

Los petrolíferos producidos en las refinerías y los importados a través de las terminales de operación marítima y portuaria (TOMP) localizadas el Golfo de México y la costa del Pacífico, y a través de infraestructura terrestre desde la frontera norte, son transportados por ductos, auto tanques, carro tanques o buques para su guarda en dichas TOMP y en las 73 terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de Pemex.

El transporte de los productos desde las TAR para su distribución a los puntos de expendio al público se realiza mediante auto tanques propiedad de Pemex o de empresas privadas. Esto permite suministrar combustibles a las más de 11 mil estaciones de servicios y también a usuarios industriales.

1.1 Terminales de Almacenamiento y Reparto

Pemex cuenta con 73 TAR para fines operativos, de suministro y distribución. Estas terminales se encargan de recibir los petrolíferos desde su lugar de origen -puntos de producción nacional o de importación- y de almacenarlos para su posterior reparto.

La capacidad operativa de las 73 TAR es de 14 millones 600 mil 290 barriles.

La distribución de las TAR es la siguiente: tres se localizan cerca de las refinerías, 36 emplean poliductos como único medio de suministro, 18 reciben producto únicamente por auto tanques, 11 exclusivamente por buque tanque y una por carro tanque.

Para analizar la capacidad de almacenamiento del Sistema Nacional de Logística de Petrolíferos es necesario considerar diversos indicadores incluyendo la capacidad instalada o nominal y la capacidad de operación de la infraestructura existente.

La capacidad instalada o nominal se refiere a la capacidad total especificada para el tanque o instalación, es decir, el volumen total del tanque. Esta capacidad incluye fondaje y la capacidad operativa de almacenamiento.

La capacidad operativa o de operación es el volumen máximo que puede manejarse de manera ininterrumpida durante un periodo de un día calendario, sin comprometer los niveles de inventario de seguridad. Excluye el espacio no disponible y el fondaje. Dicha capacidad considera los paros programados para mantenimiento y otros factores propios de la operación.

Considerando la tanquería instalada en todo el país, la región Noroeste concentra el mayor porcentaje de capacidad operativa, esto es el 29%. La región Sur-Sureste concentra el 14% del total.

México cuenta con infraestructura de transporte marítimo que complementa la capacidad logística para abastecer a las TAR. La infraestructura marítima juega un papel estratégico en el sistema logístico de México dadas las condiciones orográficas y de distancia entre los centros productores y principales centros de consumo.

El transporte de petrolíferos por vía marítima representa importantes ventajas en cuestión de costos y volúmenes manejados, y representa también la única alternativa de entrega en puntos como la región  Noroeste y la península de Yucatán, donde no ha sido desarrollada la construcción de ductos.

Para el abasto de petrolíferos por vía marítima, México cuenta con cinco terminales de operación marítima y portuaria (TOMP), dos de ellos ubicados en la costa del Pacífico y tres en el Golfo de México, así como con 10 residencias de operación marítima y portuaria (ROMP), seis localizadas en el Golfo de México y nueve en la costa del Pacífico.

1.2. Sistema Nacional de Ductos

El Sistema Nacional de Ductos para el transporte de petrolíferos tiene una longitud de 8,946 kilómetros y una capacidad operativa total de 3,980 miles de barriles diarios (mbd). Este sistema permite desplazar productos refinados a través de las cinco regiones estadísticas del país.

2. Seguridad energética y políticas de almacenamiento

2.1. Reservas estratégicas a cargo del Estado

El almacenamiento estratégico de petróleo y sus productos es una de las medidas de política pública más utilizadas por los países para hacer frente a situaciones de emergencia que pueda derivar en el desabasto de combustibles. Esta medida surgió a raíz de la crisis de finales de 1973, cuando los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) establecieron un embargo al envío de petróleo crudo hacía los países occidentales, lo que se reflejó en un  incremento drástico de los precios del crudo y cortes en el suministro del hidrocarburo a la refinerías, provocando una recesión económica a nivel global.

Este tipo de medidas, consiste en mantener existencias mínimas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos terminados, tales como gasolina y diésel, con el objeto de garantizar el abastecimiento del mercado durante un cierto periodo de tiempo.

En el caso de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la medida aplicada consiste en que cada país miembro que sea importador neto de petróleo crudo debe mantener inventarios totales equivalentes a por lo menos, 90 días del promedio de sus importaciones netas en el último año.

Un escenario posible en la aplicación de este tipo de políticas es que el Estado funja como el agente responsable de constituir las reservas estratégicas a través de la construcción o arrendamiento de la infraestructura de almacenamiento y manejo, así como la adquisición de los hidrocarburos que se mantendrán en guarda permanentemente por parte del Estado o quien éste designe. En este escenario, los hidrocarburos integrados a la reserva se manejan de manera diferente a los que se comercializan en el mercado; dichos hidrocarburos no podrán ser retirados de su almacenamiento, salvo alguna situación de emergencia en el abasto debido a una interrupción en el suministro, lo cual podría derivar en incrementos desproporcionados en los precios. Si tal fuera el caso, el Estado debe contar con un protocolo de respuesta con respecto a la decisión sobre la forma y cantidad en que libera producto de la reserva para colocarlo en los mercados.

Países como Estados Unidos y Japón han constituido este tipo de reservas estratégicas a cargo del Estado, como política de seguridad energética.

2.2. Almacenamiento de inventarios comerciales

Otra modalidad de implementar el almacenamiento como medida de seguridad energética, consiste en diseñar políticas públicas orientadas a la gestión de inventarios comerciales de petróleo crudo o sus derivados.

Los participantes del mercado utilizan el almacenamiento para operar cotidianamente y atender la demanda que enfrentan. La idea de la política pública de inventarios mínimos es establecer reglas para que cada participante del mercado mantenga siempre disponible un nivel mínimo de los mismos, los cuales forman parte del volumen total de productos que se comercializan diariamente, con lo cual diluyen el riesgo de desabasto de petrolíferos en la dinámica misma del mercado.

A diferencia de las reservas estratégicas a cargo del Estado, la gestión de los inventarios comerciales mínimos, permite comercializar el producto almacenado y sustituirlo por nuevos productos sin detrimento de la calidad de los petrolíferos ni de la propia garantía de suministro.

3. Comparativo internacional

A nivel internacional, los países miembros de la OCDE, que además son integrantes de la AIE, mantienen políticas de almacenamiento de reservas estratégicas, y presentan una diversidad de niveles de existencia de productos para garantizar la eficiencia en su logística nacional de petrolíferos.

La AIE no especifica el tipo de hidrocarburos con el que se deben constituir dichas reservas, por lo que éstas pueden incluir: petróleo crudo, líquidos del gas natural y productos refinados.

Los países de Estonia, Estados Unidos y los Países Bajos son los miembros de la AIE que cuentan con mayor volumen de inventarios en términos de días de importaciones netas, en los cuales tanto la industria como el gobierno contribuyen al cumplimiento de la obligación de la AIE.

Otro indicador relevante es el nivel de inventarios expresados en términos de los días de abasto o ventas internas. En este indicador para gasolinas, diésel y turbosina, países como Italia cuentan con inventario para 38 días de ventas, Reino Unido 38 días, Francia 34 días y Estados Unidos 30 días.

Tomando solo en cuenta los inventarios en las TAR, que son los únicos de acceso inmediato para su distribución y consumo, en este indicador nuestro país cuenta con inventarios para tres días de ventas de los combustibles. Esto significa que en México, el nivel de almacenamiento que respalda la operación del sistema de suministro de combustible en condiciones normales es de 10% del nivel con el que cuenta Estados Unidos, su principal socio comercial.

Una muestra de este problema se evidenció a finales del año 2016. Cuando el país experimentó desabasto de gasolinas y diésel en diversas regiones del país. La explicación de Petróleos Mexicanos fue que debido a las malas condiciones del clima en los puertos por los que se distribuyen los combustibles, fue imposible suministrar de manera regular los petrolíferos. Además, según lo expuesto por el director de Petróleos Mexicanos durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de enero de 2017, el desabasto fue ocasionado, también, por un incremento inusual en la demanda de petrolíferos.

Es importante señalar que como se observa en la experiencia internacional las políticas de reservas estratégicas de almacenamiento y las de inventarios mínimos comerciales, son complementarias para asegurar el abasto de energéticos de los países. Estas políticas en conjunto son utilizadas por buena parte de los miembros de la AIE1.

4. La política de almacenamiento mínimo propuesta por el gobierno

El artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos en su fracción II, dispone la obligación de la Secretaría de Energía (SENER) de determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y seguridad nacionales.

El gobierno mexicano, se enfoca en establecer una política de almacenamiento mínimo de inventarios comerciales. Sin que el sector público asuma directamente la responsabilidad de constituir una reserva estratégica de petrolíferos.

El pasado 21 de diciembre de 2016, la SENER presentó para consulta pública el proyecto de política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos; la política de almacenamiento de petrolíferos que la autoridad propone está compuesta de dos obligaciones:

a) La obligación de reportar periódicamente los inventarios de petrolíferos y petróleo crudo aplicable a los agentes económicos que refinen, almacenen, comercialicen, distribuyan y transporten por ducto (y que cuenten con inventarios). Los inventarios a reportar incluyen los contenidos en almacenamiento superficial, subterráneo y flotante.

b) El establecimiento de la obligación de almacenar en territorio nacional un volumen de inventarios mínimos aplicables a todos los agentes económicos que comercialicen o distribuyan productos petrolíferos de origen importado o de producción nacional, y que realicen ventas a usuarios finales o estaciones de servicio.

De acuerdo con el proyecto, el objetivo es que el país disponga de inventarios mínimos de seguridad equivalentes a 5, 10 y 15 días promedio de ventas del último año calendario, a partir del año 2019, 2021, y 2025, en adelante, respectivamente. Esta obligación de almacenamiento mínimo será aplicable una vez que se haya realizado la Temporada Abierta de Pemex Logística.

5. Temporada abierta

Un elemento importante en el proceso de privatización de la cadena de suministro de petrolíferos que se lleva a cabo en este año (2017). Es el acceso a la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos de Pemex.

El 24 de noviembre de 2016, la Comisión Reguladora de Energía aprobó el calendario para el proceso de adjudicación de capacidad de almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel. En estos procesos los privados podrán ofertar para utilizar la infraestructura de Pemex de almacenamiento y transporte, para comercializar las nuevas gasolinas que importen.

El procedimiento de adjudicación se denominó: temporada abierta. Estos procedimientos ponen a disposición del mejor postor la infraestructura de Pemex, para que en el contexto de libre mercado compitan con la empresa productiva del Estado en la importación, distribución y venta de gasolinas y diésel.

El primer proceso de temporada abierta puso a disposición de los privados los Sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de gasolinas y diésel de Rosarito y Guaymas.

El sistema de Rosarito incluye las TAR de Rosarito, Ensenada y Mexicali. En total se ofreció una capacidad de almacenamiento de 180,905 barriles, equivalentes al 14% de la capacidad de almacenamiento del Sistema. Asimismo, se ofertó capacidad de transporte de los dos ductos del sistema; poliducto Rosarito - Mexicali 6,423 barriles por día, equivalente al 21% de la capacidad del ducto; y poliducto Rosarito - Ensenada 8,983 barriles por día, equivalentes al 45% de la capacidad del ducto.

Por su parte, la oferta de almacenamiento del Sistema Guaymas incluye las TAR Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Hermosillo, Magdalena y Nogales. En total se ofreció una capacidad de almacenamiento de 223,096 barriles de combustibles, equivalentes al 41% de la capacidad de almacenamiento del Sistema. También, se puso a disposición de los privados capacidad de transporte de los dos ductos del sistema; poliducto Guaymas - Hermosillo 3,314 barriles por día, equivalentes al 11% de la capacidad del ducto; y poliducto Guaymas - Ciudad Obregón 13,995 barriles por día, equivalentes al 61% de la capacidad del ducto.

De acuerdo con el calendario de los procedimientos de temporada abierta, la primera etapa debía concluir con la adjudicación de capacidad de los sistemas de Baja California y Sonora. Sin embargo, al momento que se suscribe esta propuesta no se hecho pública la adjudicación de capacidad en la infraestructura de Pemex.

La propuesta que se presenta, respetará las asignaciones hechas sobre la infraestructura de Pemex. Sin embargo, contempla que a partir de su publicación la CRE revise los procedimientos subsecuentes para reservar parte de la capacidad disponible de almacenamiento en la infraestructura de Petróleos Mexicanos para la Reserva Estratégica asimismo, se contemple la capacidad que habiendo sido ofertada en las temporadas abiertas concluidas no hayan sido adjudicadas.

6. Propuesta para constituir una Reserva Estratégica de Petrolíferos

Es evidente que nuestro país necesita una política de reservas estratégicas de petrolíferos, para asegurar el abasto de los energéticos necesarios para mover la economía nacional. Y no solo una política de inventarios mínimos comerciales.

Los petrolíferos son productos estratégicos y esenciales para la economía de nuestro país, que no pueden tratarse como cualquier otra mercancía, por lo que el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los productos de manera general, continua y uniforme. Para tal efecto, como lo hemos señalado, es práctica internacional combinar políticas de reservas estratégicas a cargo del estado con políticas de inventarios mínimos comerciales. Para que el sector público y el privado contribuyan a asegurar el abasto de petrolíferos.

La política pública que propone el gobierno promueve que solo los agentes privados, por medio de regulación,  mantengan los niveles de inventario mínimos de energéticos, con el objetivo de asegurar el abasto.

Sin embargo, la propuesta del gobierno no considera que los aspectos de soberanía energética y seguridad nacional no pueden ponerse exclusivamente en manos de los privados. Nuestra propuesta considera que, el Estado Mexicano asuma la responsabilidad de  constituir y garantizar una reserva estratégica de petrolíferos a fin de que sean de carácter público y no depender solo de agentes privados para garantizar el abasto de los energéticos.

Consideramos que el principal problema del abasto de los energéticos no es exclusivamente la disponibilidad de los combustibles para su venta, un riesgo que se mitiga con la propuesta del gobierno. Consideramos que el riesgo más grave que enfrenta el país en materia de petrolíferos y que es urgente mitigar, es la creciente dependencia de las importaciones de petrolíferos para satisfacer la demanda interna.

En 2016, la producción nacional de petrolíferos cayó a su punto más bajo desde que se tienen registros confiables. Al mismo tiempo, se alcanzó el nivel más alto de importaciones para satisfacer la demanda interna. Para ponerlo en perspectiva, mientras que en el 2006, las importaciones de gasolinas representaban el 28.41% de la demanda interna, para 2016 las importaciones representaron el 61.24%2.

Que el abasto nacional de petrolíferos dependa en más del 50% de importaciones es una cuestión que pone en peligro los intereses y la seguridad nacional. Por lo que la política de almacenamiento mínimo debe reducir este riesgo. Es decir, su diseño debe estar encaminado a que en función del volumen de importaciones, el Estado deba garantizar una reserva estratégica para que el país no sea vulnerable del exterior en caso de que se interrumpa el suministro por cualquier razón. La política que propone el gobierno, no identifica el verdadero riesgo que enfrenta el país en materia de abasto de petrolíferos, sino que plantea obligaciones de los agentes económicos para tener inventarios mínimos disponibles para el suministro de petrolíferos, pero no mitiga el riesgo de fondo: la creciente dependencia de las importaciones de los combustibles.

Así, nuestra propuesta es establecer en la Ley de Hidrocarburos la responsabilidad para que la Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos, constituya una reserva estratégica de petrolíferos equivalente a 90 días del promedio de sus importaciones netas en el último año calendario. Estableciendo en las disposiciones transitorias respectivas, metas escalonadas por año de manera que esta reserva pueda constituirse de manera paulatina hasta llegar a los 90 días en el año 2020. Cabe señalar que al depender del volumen de importaciones la meta de 90 días, será variable de año a año.

La Secretaría de Energía será la responsable de constituir La Reserva Estratégica de Petrolíferos. Por otro lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá prever los recursos necesarios para la adquisición, transporte y almacenamiento de petrolíferos de la Reserva.
La Comisión Reguladora de Energía determinará, con base en la información sobre comercio exterior y demanda interna, la capacidad de almacenamiento que Petróleos Mexicanos deberá reservar en el sistema nacional de almacenamiento y suministro de petrolíferos para albergar La Reserva Estratégica, así como las tarifas que la Secretaría deba pagarle por el uso de la infraestructura.

Como se dijo antes, se respetarán las adjudicaciones de los procedimientos de temporadas abiertas vigentes. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía deberá prever la capacidad necesaria de almacenamiento para la Reserva Estratégica en los procedimientos subsecuentes. Asimismo, establecerá en coordinación con la Secretaría de Energía, un programa para alcanzar la meta de la Reserva Estratégica para el año 2020.

Es importante hacer énfasis en que la constitución de la Reserva Estratégica de Petrolíferos es complementaria a la política pública propuesta por el gobierno de inventarios mínimos comerciales de petrolíferos, cuya consulta está en marcha por parte de la Secretaría de Energía.

Por lo anteriormente expuesto, se somete ante esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 80 BIS A LA LEY DE HIDROCARBUROS, EN MATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA DE GASOLINAS,  DIÉSEL Y OTROS PETROLÍFEROS.

Artículo 80 Bis. La Secretaría de Energía será responsable de constituir y mantener la Reserva Estratégica de Petrolíferos, equivalente a cuando menos 90 días del promedio de las importaciones netas en el último año calendario, de los petrolíferos que determine la Comisión Reguladora de Energía.

Para tal efecto al Comisión Reguladora de Energía determinará, con base en la información sobre comercio internacional y demanda interna del país:

a) Los productos petrolíferos y el volumen que deban integrarse a la Reserva Estratégica;

b) La capacidad de almacenamiento que Petróleos Mexicanos debe reservar en el sistema nacional de almacenamiento y suministro de petrolíferos para albergar La Reserva Estratégica;

c) Las tarifas que la Secretaría deba pagar a Petróleos Mexicanos como contraprestación por el uso de la infraestructura de almacenamiento y transporte; y

d) En su caso, determinar la infraestructura adicional necesaria para albergar la Reserva Estratégica.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá prever los recursos necesarios para la adquisición, transporte y almacenamiento de petrolíferos de la Reserva Estratégica.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en los términos de las disposiciones siguientes:

a) La Comisión Reguladora de Energía, en coordinación con la Secretaría de Energía, establecerá un programa para la implementación de la medida a que se refiere el párrafo primero del artículo 80 BIS de este Decreto. Dicho programa tendrá la siguiente meta de volumen anual de la Reserva Estratégica:

 

Año

Volumen de la Reserva Estratégica de Petrolíferos (días promedio de las importaciones netas del año inmediato anterior)

1

2018

30 días

2

2019

60 días

3

2020

90 días

b) Los petrolíferos que se integrarán a la Reserva Estratégica serán, por lo menos, gasolinas y diésel.

c) Sin menoscabo de los procedimientos de temporada abierta que se hayan celebrado al inicio de vigencia del presente Decreto, la Comisión Reguladora de Energía deberá modificar los procedimientos subsecuentes de temporada abierta para la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos de petrolíferos de Petróleos Mexicanos, para reservar la capacidad correspondiente a la Reserva Estratégica, en términos del programa.

d) En caso de ser insuficiente la capacidad disponible para constituir la Reserva Estratégica, la Comisión Reguladora de Energía determinará la infraestructura adicional necesaria para albergar la Reserva Estratégica y las modalidades para su desarrollo, pudiendo al afecto otorgar los permisos correspondientes.

e) Con base en el programa, el Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará la partida presupuestal correspondiente para la Reserva Estratégica.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

1 Países como Estonia, Estados Unidos, Países Bajos, Finlandia, Corea, Japón y Alemania, entre otros, implementan políticas de almacenamiento en las que el sector público y privado contribuyen asegurar un nivel de reservas para garantizar el basto de energéticos.

2 Con información de la Base de Datos Institucional de PEMEX.

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. David Monreal Ávila.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Delgado Carrillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle al Senador Mario Delgado, ¿si acepta mi firma en su iniciativa, que es demasiado importante.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Con gusto, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pido a la Secretaría tome nota de la adhesión y de la aceptación del Senador Delgado, en relación con la solicitud de la Senadora Padierna.

Esta Presidencia saluda a un grupo de alumnos de la Facultad en Derecho de la Universidad Anáhuac México-Norte, quienes en esta ocasión nos acompañan.

¡Agradecemos su presencia en este Senado de la República!





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGUNDA VUELTA ELECTORAL Y GOBIERNO FEDERAL DE COALICIÓN

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este Pleno de sesiones del Senado de la República, y comentarles que el día de hoy vengo a presentar un paquete más de iniciativas, a través de las cuales mi partido político, el Partido Verde Ecologista de México busca transformar verdaderamente de fondo al sistema político mexicano.

En ocasiones anteriores he presentado ya iniciativas para:

Primero.- Eliminar 232 legisladores federales.

Segundo.- Reducir los tiempos de campaña, 60 días para elegir Presidente de la República y gobernadores, y 30 días para elegir Senadores, Diputados Federales y locales, y los ayuntamientos.

Tercero.- Acabar con la spotización excesiva y la saturación que hemos logrado hacia la ciudadanía, poner tantos millones y millones de spots que lo único que hacen es ahuyentar a la sociedad de la participación en los procesos electorales.

Como cuarto punto.- También ya presentamos el reducir el financiamiento a los partidos políticos por lo menos el 50 por ciento; eso es un clamor popular que lo traemos a esta tribuna, está la iniciativa presentada, y si verdaderamente queremos pasar a los hechos y verdaderamente concretar lo que vamos y presumimos en conferencias de prensa, esta es la oportunidad de lograrlo.

Pero en esta ocasión vengo a presentar dos iniciativas: Una de reforma constitucional y una reforma a la legislación secundaria para establecer la segunda vuelta electoral Presidencial y el gobierno federal de coalición.

De esta forma, el Partido Verde propone, además de elecciones más baratas para el 2018, establecer mecanismos institucionales que contribuyan a generar mejores condiciones de gobernabilidad democrática.

Las iniciativas que presento el día de hoy en materia de segunda vuelta electoral presidencial y de gobiernos de coalición contemplan tres supuestos:

Primero.- Será electo Presidente, sin sujetarse a las reglas de gobierno federal de colación ni de la segunda vuelta, aquel candidato que obtenga más del 50 por ciento de la votación.

Segundo.- En caso de que ningún candidato a la Presidencia obtenga más del 50 por ciento de la votación, el candidato con mayor número de votos deberá informar por escrito al Instituto Nacional Electoral que opta por establecer un gobierno federal de coalición.

El gobierno de coalición se establecerá con los partidos políticos que representen más del 50 por ciento de la integración de la Cámara de Diputados durante la legislatura que transcurrirá al inicio del periodo correspondiente.

Este gobierno de coalición será establecido mediante la suscripción de un convenio y deberá de ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara de Diputados y comunicando al Instituto Nacional Electoral.

El convenio de gobierno de coalición debe contener los siguientes requisitos:

Partidos políticos que integran el gobierno de coalición.

El programa de gobierno.

Nombre de los titulares de las Secretarías de Estado y empresas productivas del Estado.

Agenda legislativa común, y otros acuerdos necesarios para el desempeño del gobierno de coalición.

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe el gobierno de coalición, el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar una segunda vuelta electoral.

Y tercer supuesto.- Ningún candidato a la Presidencia, sin ningún candidato a la Presidencia obtiene más del 50 por ciento de la votación, por lo que el candidato con mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta electoral contra el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la votación.

La elección de la segunda vuelta se deberá celebrar el tercer domingo de agosto.

En este supuesto, no será necesaria la integración de un gobierno federal de coalición, pero sí establece un esquema de ratificación de los titulares de gabinete del Ejecutivo Federal por parte del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Es importante señalar que los titulares de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina se excluyen de la ratificación por su carácter de estratégicos para el titular del Ejecutivo Federal.

Además, se establece que el Senado de la República y la Cámara de Diputados tiene cinco días hábiles a partir de la recepción de la propuesta para ratificar a los titulares de las Secretarías de Estado y de las empresas productivas del mismo.

En caso de no ser ratificadas las propuestas de designación, el Presidente de la República enviará nuevas propuestas, las cuales deberán ser votadas en la misma sesión en que se reciban en Cámara, pero si éstas nuevamente son rechazadas, el Presidente estará en condiciones de hacer las designaciones respectivas y entrarán inmediatamente en funciones, siempre y cuando no sean las personas propuestas con anterioridad y que no fueron ratificadas.

La iniciativa contempla otras disposiciones, como que la Secretaría de Gobernación transitará hacia una Secretaría de gabinete cuyo titular se denominará “Jefe de Gabinete” y se desempeñará como coordinador de todas las Secretarías de Estado.

Se crea, en consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, separando esta función de la Secretaría de Gobernación actual.

También se establecen fechas límite para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaración de validez de la elección de Presidente de la República.

Si es primera vuelta electoral, antes del 23 de julio del año de la elección; y si es segunda vuelta electoral, antes del 30 de agosto del año de la elección.

En las disposiciones transitorias de la reforma constitucional se establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar la legislación secundaria antes del 30 de abril de 2017, a fin de que la segunda vuelta electoral y el gobierno de coalición sean aplicables para el proceso electoral presidencial de 2018.

Consideramos que es necesario que el próximo titular del Ejecutivo Federal construya mayores apoyos a un proyecto de gobierno, provocando con esto un presidente con mayor fortaleza y respaldo democrático.

Pasemos de gobiernos divididos a gobiernos de responsabilidad compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Compañeras y compañeros Senadores, en el Partido Verde consideramos que con estas iniciativas se podrían generar varios beneficios, algunos de ellos podrían ser los siguientes:

1.- Doble legitimidad del gobierno, al existir una configuración institucional entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de tal suerte que la legitimidad ciudadana plasmada en las urnas se traduzca en una legitimidad política entre ambos poderes.

2.- Apoyo de los grupos parlamentarios representados por el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, generando mayores condiciones de gobernabilidad.

3.- Mayor visibilidad y reconocimiento del gabinete, generando mayores consensos y avances en las políticas públicas.

4.- Participación del Legislativo en el nombramiento y cese de los miembros del gabinete provocando mayor confianza en las instituciones de nuestro país.

En resumen, se generarán mayores condiciones de gobernabilidad, logrando que en el ejercicio del poder exista un equilibrio entre representatividad y estabilidad, como consecuencia de una mayor legitimidad ciudadana.

Senadoras y Senadores, si verdaderamente queremos cambiar las reglas del juego, si verdaderamente queremos gobiernos más fuertes con un respaldo social de mayorías, si verdaderamente queremos participar en esa corresponsabilidad como legisladores, esta es la oportunidad.

Hay muchas iniciativas presentadas, no hagamos que no las vemos ni las escuchamos. No dejemos pasar esta oportunidad que la gente, la ciudadanía allá en las calles nos está pidiendo, démosle la certeza y la confianza de que vamos a legislar como verdaderos representantes populares, por eso aquí están las iniciativas presentadas, para reducir el financiamiento a partidos políticos, para modificar el modelo de comunicación política, para reducir el número de legisladores, para acudir a construir gobiernos de coalición, para tener la oportunidad de la segunda vuelta.

Si hemos transitado en un proceso de transformación de este país, hagámoslo también en nuestro sistema político mexicano y construyamos en consecuencia verdaderamente un país moderno y que pueda compararse con los principales países más desarrollados del planeta.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativas







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE SEGUNDA VUELTA ELECTORAL Y GOBIERNO FEDERAL DE COALICIÓN

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del PVEM)



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Puente Salas. Daremos los turnos a las iniciativas que presentó el Senador Puente, de la siguiente manera:

El proyecto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Carlos Merino, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 73 y 89 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXIX-M DEL ARTÍCULO 73 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta.

La iniciativa de reforma constitucional que planteamos hoy es para: uno, oponernos a la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior, porque implica la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza.

Sabemos que en México existe un problema grave de seguridad pública, pero la solución a los problemas de seguridad corresponden a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución y no a las Fuerzas Armadas como señala equivocadamente y neciamente Osorio Chong.

Las Fuerzas Armadas no son el problema, esas siempre se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular, son los altos mandos, como Cienfuegos, Calderón y Peña, los que han buscado transformar las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las Fuerzas Armadas nacionales.

Le mandamos un mensaje a Osorio Chong, que anda repartiendo mensajes también.

Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles. Los gobiernos de Peña y Calderón las han vulnerado incesantemente, y han provocado con sus órdenes militarizantes, inmensas violaciones a los derechos humanos, que han sido señaladas por la ONU y que ya calificó de crímenes de lesa humanidad.

Calderón y Peña son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano y por crear regímenes de excepción penal y militar, logrando subordinar hasta al Congreso para lograr sus designios.

En la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad, existe un interés geopolítico de los Estados Unidos para militarizar a nuestro país para la defensa de los intereses norteamericanos, lo he dicho aquí y lo he repetido una y otra vez.

En México no tenemos terrorismo, y el crimen organizado es un fenómeno derivado del alto consumo de drogas en los Estados Unidos, son problemas que fundamentalmente les corresponde a ellos resolver.

En la iniciativa que presentamos, damos a conocer documentos del gobierno de los Estados Unidos y de académicos norteamericanos que sostienen que desde el año 2001, desde la PATRIOT Act, hay un proceso hemisférico por militarizar a los países de América Latina, sobre todo, aquellos que como México, no cuentan con controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington.

La PATRIOT Act del 2001, ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y por tanto, un incremento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna.

La guerra declarada contra las drogas, del sexenio de Calderón y su continuidad insensata por el gobierno de Peña Nieto, que es una guerra contra los mexicanos, promovidas por su propio gobierno, tiene su origen en las demandas y exigencias norteamericanas. Son polvos de esos vientos huracanados.

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sometido, a través de la interpretación constitucional, a favor de la militarización de la seguridad pública, tal como lo exponemos en la iniciativa.

Las iniciativas presentadas hasta el momento, por Senadores y Diputados para impulsar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, son contrarias a los artículos 28, 89, fracción VI, 73 y 129 de la Constitución de la República, la seguridad pública es una tarea de los civiles y en época de paz, el lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles.

Por otra parte, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.

La militarización paulatina del país, desde el 2001, ha significado costos constitucionales porque se ha modificado la cultura que la sociedad tenía sobre las Fuerzas Armadas, estamos pasando de una cultura jurídica que pensaba socialmente a sus Fuerzas Armadas como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, a una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea con un Ejército que se quiere, por Peña, cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y constitucionales.

La militarización ha traído consigo durante estos años grandes violaciones a los derechos humanos, más de 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados. Está probado que la presencia militar en los estados no disminuye la violencia, sino que la incrementa; y también está probado que la participación de las Fuerzas Armadas en tares de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al cien por ciento de muertos, derivado de sus acciones en materia de seguridad.

Los costos económicos de la militarización son enormes, como damos cuenta en la iniciativa, desde el 2001 a la fecha se ha incrementado en aproximadamente en 800 por ciento el gasto militar en detrimento del gasto social; y del 2008, hasta la fecha, el gasto aumenta exponencialmente.

Gastamos tres veces más en armamento que lo que los Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la verdad oficial, contra la verdad oficial nosotros demostramos en nuestra iniciativa que sí existen policias federales, estatales y municipales para hacer frente a la crisis de seguridad en México, pero que deliberadamente se les ha desarticulado, subordinado e invisibilizado.

Por esas razones y otras más que tenemos en la iniciativa, con un apoyo teórico, un apoyo informativo, que hay que estudiar y no dar respuestas sin ningún sustento, por estas razones proponemos:

1. Derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional; la seguridad nacional debe ser una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias; rechazar la guerra ofensiva, la Constitución de la República sólo debe permitir la guerra exterior en legítima defensa.

En periodos de paz, repito, las Fuerzas Armadas, en el ámbito interno, deben tener las siguientes intervenciones:

a) En situación de suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional.

b) En intervención federal por siete días, en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución.

c) En caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas.

En este último supuesto, la autoridad militar debe actuar sin armas y estar subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales, a la autoridad, al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta Norma Fundamental.

En la iniciativa proponemos que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República regresen, en los términos del artículo 129 de la Constitución, a sus cuarteles sin que puedan atender tareas de seguridad pública, ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisos en la fracción VI del artículo 89 constitucional.

Dentro del plazo de tres meses, después de la entrada en vigor de este Decreto, las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, los responsables deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública.

La autoridad que no pueda, si algún gobernador no puede reasumir sus competencias íntegramente para las que fue elegido, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie, sobre la entidad federativa correspondiente, el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar, respecto al gobernador, los procedimientos de juicio político y su irresponsabilidad sea reclamada.

Proponemos declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritos con los Estados Unidos de Norteamérica.

Consideramos que se debe constituir una Comisión de la Verdad, que estará integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos u omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en éste y en el anterior sexenio respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que han soltado ese maremágnum en contra del pueblo.

Que con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o en la realización de funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado, hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

Se determina que en un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir el sistema profesional para las policías que atiendan las necesidades de los tres niveles de gobierno.

Pero ahora sí, de verdad, es fundamental, señoras Senadoras y Senadores, que se discuta este tema. Ya están presionando los gobernadores, que son los acusados en esta actitud absolutamente sumisa y vergonzosa, los gobernadores de la Conago ya están presionando al Congreso para que apruebe esta ley, cuando los que están acusados de ineficacia y de incapacidad por toda esta militarización, son los propios gobernadores.

También son absolutamente reprobables las actitudes del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que amenaza a la Cámara de Diputados, de si no se aprueba la ley que ellos quieren, no van a regresar a los cuarteles.

¿Qué es eso? ¿Cómo se permite que el Secretario de la Defensa esté amenazando a la Cámara de Diputados? Y eso que todavía no tienen la ley que les permitirá hacer esas labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es ajena y que estamos siguiendo sin darnos cuenta de ello.

Esto se debe discutir. Yo quisiera que pensaran los Senadores y las Senadoras lo que constituye vivir en un régimen militar, lo que permite que haya retenes en las calles, que tengan facultades de investigación y de espionaje como establecen las iniciativas de Gil Zuarth y del Diputado, también del PRI.

Es un ataque a la libertad de la nación el aprobar esta ley, y que además, insisto, no corresponde a los intereses de nuestro país.

Es un llamado que le hago también a Osorio Chong, que el día de ayer se dedicó a mandar mensajes. Yo se lo mando a él también, que se ponga a estudiar; que pongan a Salvador Cienfuegos a cumplir su función y a guardar silencio, no puede un general con las armas en la mano amenazar al Congreso de la Unión.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Quisiera preguntarle al Senador Manuel Bartlett, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bienvenida.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pido a la Secretaría tome nota de la decisión de la Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Mesa Directiva saluda a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, quienes hoy también nos acompañan, invitados por el Senador Fernando Herrera Ávila.

¡Agradecemos su presencia, jóvenes, en este Senado de la República!





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

El motivo de la presente iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene como objetivo llenar una laguna legal que viene desde el 2013 y que es muy importante avanzar en ella, sobre todo para poder seguir diseñando políticas públicas que sean eficaces para atender uno de los principales problemas que hoy vivimos en nuestro país y que nos negamos a reconocer como una verdadera epidemia, que tiene que ver con la violencia feminicida.

Hoy en día, en nuestro país, al día, mueren siete mujeres asesinadas por causas de género, siete mujeres al día.

Y no importando los mecanismos legales y de política pública que se han implementado, esto simple y sencillamente no ha venido disminuyendo.

Y entre otras cosas, porque precisamente hay un problema fundamental en el diseño de esta política pública, y es que no se encuentra, hasta la fecha, después de 10 años de contar con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con un instrumento fundamental, una herramienta que nos permita diseñar una mejor política pública como lo es un banco nacional de datos. Un banco nacional que nos permita identificar la violencia feminicida, los lugares donde se realiza, los motivos y causas que generan esta violencia y, sólo así, teniendo este instrumento podemos avanzar en generar una política pública adecuada.

El 15 de noviembre de 2012, Diputadas y Diputados integrantes de la LXII Legislatura, de los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista presentaron una iniciativa que tenía como propósito modificar la estructura de la Administración Pública Federal, reformando con ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con ello se buscaba dotar al nuevo gobierno de las herramientas para gobernar, una de sus propuestas fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en la materia de policía federal, así como del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfirieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.

En dicha iniciativa se le otorgaron facultades para organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para la mejor colaboración con otras instituciones, cumpliendo con esta atribución, así como diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país.

Estas fueron algunas de las modificaciones que se propusieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de seguridad pública, y que posterior a la dictaminación, discusión, votación y aprobación, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2013.

Sin embargo, posterior a esta reforma, se omitió identificar y realizar las adecuaciones legislativas en los demás ordenamientos legales en los que la Secretaría de Seguridad Pública hubiera tenido facultades, creando con ello incertidumbre, ambigüedad y lagunas legales.

La labor del legislador implica la revisión constante del marco jurídico para adaptarlo a la realidad actual, a las necesidades de la vida diaria de las y los habitantes a fin de lograr la seguridad y la paz social esenciales en la vida democrática.

La presente iniciativa tiene por objeto adecuar a la legislación, que permita la correcta coordinación y cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública, atribuciones que se invisivilizaron y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En razón de lo anterior, en la sección cuarta del artículo 44 de la ley anteriormente citada, se encontraban las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy no se encuentra. Y uno de ellos, una herramienta fundamental para hacer evidente la violencia contra las mujeres, la discriminación estructural e institucional es la concerniente a la integración de un banco nacional de datos e información sobre los casos de violencia contra las mujeres.

Ésta fue una de las fracciones que no fue considerada, razón por la que hoy en día, a pesar de contar con diversos organismos, programas y acciones en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, no hay cifras oficiales que permitan tener conocimiento sobre los casos y delitos de violencia contra las mujeres.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación es la dependencia que preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es quien emite las alertas por violencia de género, y cuenta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim.

Es menester dotar de las atribuciones que le permiten coordinar de manera integral y transversal cada una de las acciones encaminadas a la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Y para ello, es necesario contar, de entrada, con información que permita diseñar políticas públicas adecuadas.

En este sentido, en su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación destacó carencias y objetivos incumplidos en materia de atención a la violencia, haciendo referencia primordialmente a las alertas de violencia de género, por ejemplo, en el Estado de México, a un año de haberse decretado la alerta por violencia de género, de 196 mujeres asesinadas el año anterior a la alerta, solamente disminuyeron dos el número de mujeres muertas, y después de la alerta solamente hay 194 mujeres asesinadas.

A 10 años de que la ley de acceso mandatara la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, sigue siendo un pendiente.

La importancia de contar con información sistematizada y homologada es fundamental, no sólo para eficientar el diseño de la política pública, sino sobre todo, para poder evaluar los resultados de un tema tan sensible y delicado como lo es la violencia hacia las mujeres.

El estudio de la “Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, que presentó ONU-Mujeres en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres, se basó en los registros de defunción de mujeres, por lo que en realidad las contabilizadas, fueron las defunciones femeninas con presunción de homicidio, desde 1985 hasta 2014.

Esto quiere decir que los casos que se han contabilizado no necesariamente son feminicidios, y urge contar con esta información.

Con la presente iniciativa se eliminaría una laguna legislativa que ha permanecido desde la reforma de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que la incorporación de sus nuevas atribuciones, cuenta con todos los elementos para ser la encargada de integrar y actualizar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres.

Recordemos que la falta de certeza en observancia y aplicación de la norma dificultan su aplicación y exigibilidad, siendo caldo de cultivo para la impunidad y corrupción.

Y, finalmente, quiero aprovechar este espacio, sobre todo a raíz de las declaraciones de la Secretaría de Gobernación con respecto a los resultados en materia de alertas por violencia de género.

Cuando se ha manifestado que estas alertas están funcionando para detener una de las epidemias más importantes que hay en nuestro país, pero que en los hechos, en los hechos que nos importan, que es que no haya más mujeres asesinadas en razón de género, esos resultados no podemos constatarlos, y no quiero decir que la Secretaría de Gobernación no esté haciendo cosas para atender, prevenir y sancionar la violencia; lo que estoy diciendo es que lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación no ha funcionado, y hoy en día están matando a más mujeres por razones de género y es urgente ponerle un alto.

Por eso espero que este tipo de iniciativas que buscan darle herramientas, realmente sean aprovechadas por las autoridades que están encargadas de atender el tema.

Muchas gracias.

Iniciativa

La Suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de noviembre de 2012, diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura delos Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa que tenía como propósito modificar la estructura de la Administración Pública Federal, reformando con ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Bajo la pretensión de cumplir con los compromisos adquiridos en campaña, el presidente electo para el período 2012-2018, necesitaba contar con las dependencias que le permitirían desde un principio cumplir con sus objetivos prioritarios.

Una de las propuestas de reforma fue:

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en materia, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.

Con el planteamiento inicial de un nuevo esquema de seguridad y debido al aumento generalizado del crimen organizado en el país y consecuentemente la atroz ola de violencia, los legisladores consideraron como respuesta a esta situación que la Secretaría de Gobernación fuera la dependencia de la Administración Pública Federal que tuviera las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad interior y pública, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario a nivel federal y en consecuencia, se propuso simultáneamente la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así a la Secretaría de Gobernación le correspondería formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garantizarían la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvando a la prevención del delito; protegiendo a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardando la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propuso que fuera la Secretaría de Gobernación la que presidiera el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República; la que propusiera acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el entonces Distrito Federal, estados y municipios; la que propusiera al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la profesionalización policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la que participara, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales; y la que coordinara las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley.

En virtud del diseño institucional y conceptual en materia de seguridad pública, la Secretaría de Gobernación propondría en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuaría, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados.

Al tiempo, la Secretaría de Gobernación sería la encargada de desarrollar las  políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentando la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones.

En dicha iniciativa se le otorgaron facultades para organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución, así como de diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país.

Como factor esencial de la política de seguridad, el tratamiento de información es condición indispensable para garantizar la eficacia de dicha política. Por ello, además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional, se propuso que la Secretaría de Gobernación coordinara, operara e impulsara la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollando las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establezca un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garantizaran el estricto respeto a los derechos humanos.

Esas fueron algunas de las modificaciones que se propusieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de seguridad pública, y que posterior a la dictaminación, discusión, votación y aprobación, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013.

Sin embargo, posterior a esta reforma, se omitió identificar y realizar las adecuaciones legislativas en los demás ordenamientos legales en los que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera facultades, creando con ello incertidumbre y ambigüedad.

Dado que la labor del legislador no es sinecura, implica la revisión constante del marco jurídico para adaptarlo a la realidad actual, a las necesidades de la vida diaria de las y los habitantes a fin de lograr la seguridad y paz social esenciales en la vida democrática.

La presente iniciativa tiene por objetivo, adecuar la legislación que  permita la correcta coordinación y cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública atribuciones que se invisibilizaron y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia.

En razón de lo anterior en la Sección Cuarta, artículo 44de la ley anteriormente citada, se encontraban las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública:

De la Secretaría de Seguridad Pública

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres;

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan;

VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

 IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

No omito hacer mención que diversas fracciones al estar vinculadas en cuanto a programas, políticas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública están consideradas en el despacho de los asuntos que le fueron atribuidos a la Secretaría de Gobernación, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Caso especial es el de la fracción XI de la Ley General de Acceso, que se consideró en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que se encuentra como una de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

 

I-X…

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XII…

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I-XXI…

 

 

 

 

 


XXII. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

Empero, una que ha sido un constante reclamo social, y que ha hecho evidente la violencia contra las mujeres, la discriminación estructural e institucional, es la concerniente a la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Esta fue una de las fracciones que no fue considerada, razón por la que hoy en día a pesar de contar con diversos organismos, programas y acciones en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, no hay cifras oficiales que permitan tener conocimiento sobre los casos y delitos de violencia contra las mujeres.

Aunado a lo anterior,  la Secretaría de Gobernación es la dependencia que preside el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; es quien emite la alerta de violencia de género, y cuenta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (órgano administrativo desconcentrado), es menester dotar de las atribuciones que le permitan coordinar de manera integral y transversal cada una de las acciones encaminadas a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

En este sentido en su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación destacó carencias y objetivos incumplidos en materia de atención a la violencia, haciendo referencia primordialmente a la alerta de violencia de género; en principio, “por la falta de una base nacional de datos que permita medir la estrategia para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres”1.

A diez años de que la Ley de acceso mandatara la creación del Banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, sigue siendo un pendiente, pese a que el Comité de la CEDAW en su recomendación número 16

“exhorta al Estado parte a:

a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales2;

La importancia de contar con información sistematizada y homologada, es fundamental, no sólo para eficientar el diseño de la política pública, sino, sobre todo, para poder evaluar los resultados en un tema tan sensible y delicado como es la violencia hacia las mujeres.

La Oficina de ONU Mujeres en México ha expresado que “la ausencia de un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres […] nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos principalmente de procuradurías e instituciones del sector salud”3.

El estudio la Violencia feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2014., que presentó ONU Mujeres en coordinación con SEGOB y el INMUJERES, se basó en los registros de defunción de mujeres, por lo que en realidad se contabilizó fueron las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) desde 1985 hasta 2014.

Con la presente iniciativa se eliminaría una laguna legislativa que ha permanecido desde la reforma de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que en la incorporación de sus nuevas atribuciones cuenta con todos los elementos para ser la encargada de integrar y actualizar el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres.

Recordemos que la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma dificultan su aplicación y exigibilidad, siendo caldo de cultivo para la impunidad y corrupción.

De manera simultánea se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para armonizarla de acuerdo a la legislación vigente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I – XXII…

XXII Bis. Integrar y actualizar de forma permanente, con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de publicarlos semestralmente;

XXIII – XLIII…

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 42 y se elimina el artículo 44 recorriéndose los subsecuentes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I - XIV…

XV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la persona agresora;

XVI. Diseñar y administrar una página de Internet específica que concentre información general y los datos de identificación de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

XVII. Integrar y actualizar de forma permanente el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de publicarlos semestralmente;

XVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I-IX…

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I-XVI…

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Critican que el proceso para emitir una alerta de violencia de género demore 9 meses, La Jornada, en línea, Fecha de consulta: 08 de marzo de 2017. En URL: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/politica/017n1pol?partner=rss

2 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 2012, documento electrónico.

3 LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO, APROXIMACIONES Y TENDENCIAS 1985-2014 Segob, Inmujeres, ONU Mujeres, Abril de 2016. Documento electrónico en URL:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene la palabra el Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 15, 16, 22, FRACCIÓN II, Y 25, FRACCIÓN V DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Senador Mayans por su comprensión. Senadoras y Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa mediante la cual pretendemos reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en un tema que me parece fundamental, es un asunto que quizá es de rigor técnico-jurídico, pero que tiene un trasfondo institucional en el cual me parece que vale la pena reflexionar, y es el relativo con la capacidad que se dio al Poder Ejecutivo Federal a partir de una reforma en 1986, para crear, mediante Decreto, organismos descentralizados e igualmente esta capacidad con la que se dotó al Congreso de la Unión para que mediante esta misma figura, es decir, el Decreto y no la ley, se puedan crear organismos descentralizados.

¿En qué radica la problemática?

El funcionamiento del aparato administrativo mexicano ha tenido cambios significativos en la historia del país, fundamentalmente se reconoce en el poder del Presidente de la República algunas facultades que pueden llamarse de carácter meta-constitucional, pero que sin entrar en ese debate, indudablemente podemos hablar de facultades que dentro del margen constitucional resultan de dudosa eficacia.

Y déjenme ponerles un ejemplo.

¿Por qué pensamos que hay una equivocación en la Ley Orgánica al reconocer la posibilidad del Ejecutivo de crear organismos descentralizados mediante Decreto? Por dos razones fundamentales:

La primera es porque el Ejecutivo carece de competencia para delegar en la creación de un organismo descentralizado.

¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente en que un organismo descentralizado, de acuerdo con la propia estructura constitucional y legal, se inserta en una estructura paralela al Ejecutivo, pero además de eso, a diferencia del Ejecutivo Federal, el organismo descentralizado sí posee personalidad jurídica. De manera que el Ejecutivo no puede delegar lo que no tiene.

La otra parte es, que el Decreto resulta un instrumento insuficiente para creación de un organismo descentralizado, el Decreto es, efectivamente, quizá en el eslabón de la cadena normativa, una herramienta del Ejecutivo para hacer cumplir la ley que está subordinada a la propia legislación. De manera que el Ejecutivo no podría, ni siquiera el Congreso de la Unión, crear un organismo descentralizado bajo la figura del Decreto.

Esta explicación, al final de cuentas, lo que trata de demostrar es que en la creación de un organismo descentralizado tendríamos que sujetarnos al principio de reserva de ley.

La competencia de los órganos del Estado, como les decía, puede ser originaria o delegada, es originaria cuando proviene de la ley en sentido formal y material, y es delegada cuando la misma ley le reconoce esta capacidad al ente que prácticamente la delega.

Finalmente, lo que les pediría, compañeras y compañeros legisladores, es que nos diéramos la oportunidad de reflexionar en este tema y le diéramos al ordenamiento jurídico la posibilidad de depurar esto que me parece que es un vicio de constitucionalidad que está en la norma desde 1986.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador HÉCTOR FLORES ÁVALOS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República; me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 45 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 15, 16, 22, FRACCIÓN II, Y 25, FRACCIÓN V,DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción al problema. El funcionamiento del aparato administrativo mexicano ha tenido significantes cambios a lo largo de su historia constitucional; sin embargo, el presidencialismo como forma de gobierno en México, lejos de ser simplemente una superada herencia teórica de la doctrina norteamericana en la Constitución de 1824, echó raíces en la vida legal mexicana, sin que al día de hoy sea posible encontrar un rumbo definitivo a ese presidencialismo que parece cada vez más agonizante; sin una definición clara, el presidencialismo se transforma a través de figuras distintas y encubre la discrecionalidad administrativa bajo el argumento de eficacia y eficiencia. Sin el contrapeso institucional que se presentan en los sistemas de corte parlamentario propio de los regímenes constitucionales anglosajones, lo cierto es que en México existe la tendencia de reconocer en el titular del Poder Ejecutivo Federal determinadas facultades que pueden considerarse fuera de los límites constitucionales o, por lo menos, de cuestionable constitucionalidad. Paradójicamente, aunque inconstitucionales, sus actos son legales. Una reflexión concienzuda respecto de la legitimidad constitucional al respecto permite dilucidar el problema, cuestión que pretende remediar la propuesta contenida presente iniciativa de reforma de ley: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales permiten que algunas entidades de la administración pública paraestatal sean creadas por decreto del Ejecutivo y del Congreso.

Planteamiento. El aprendizaje histórico mexicano exige que el Estado esté limitado en su actuar a través de parámetros ciertos y claros, que propicie un estado de previsibilidad razonable respecto al ámbito conductual de toda autoridad pública, especialmente, la administrativa.

En este sentido, la presente iniciativa sostiene que existen dos razones por las cuales resulta incorrecto que, mediante las reformas de 1986, se haya facultado al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para crear organismos descentralizados, como entes de la administración pública paraestatal, vía decreto.  Esto es así, en razón de que detrás de esa reforma se encierra una indebida comprensión jurídica de la competencia, así como de los efectos del Decreto.

1. La competencia para crear entidades de la administración pública paraestatal debe reservarse exclusivamente a la ley, en sentido formal y material, en atención a su competencia originaria.

En el derecho mexicano se ha construido un riquísimo entramado normativo, jurisprudencial y doctrinal respecto al principio de legalidad, que se explica mediante la cadena de validez normativa: la Constitución General de la República -como norma fundante del Estado Mexicano- organiza el poder público de forma tripartita, reservando en las leyes que emita el Congreso de la Unión la posibilidad de detallar el ámbito competencial de la autoridad administrativa federal y facultando a ésta para aplicarla, por lo que se puede afirmar que toda facultad de la autoridad administrativa debe tener una causa legal -estar establecida en ley, en sentido formal y material- que, además, sea válida -conforme a lo establecido en la Constitución-.

Como se adelantó en líneas anteriores, los principios de autoridad formal y reserva de ley tienen especial relevancia en esta materia; la preminencia de lo dispuesto en ella sobre cualquier norma de rango inferior, obedece, entre otras cosas, a la legitimidad política del órgano de la que emana: el Poder Legislativo.1

Lo anterior resulta consistente con lo señalado por el artículo 90 constitucional, en el sentido de queLa Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación(…) (énfasis añadido)pues otorga la competencia originaria al Congreso de la Unión, depositario del Poder Legislativo, para que mediante una discusión bicameral, parlamentaria y democrática, emita la Ley Orgánica correspondiente, en la que se desarrollen, en lo que importa, las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación, tal como lo detalla el primer párrafo del artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el sentido de que en ella se desarrollan las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

Sin embargo, en el diverso artículo 45otorga la posibilidad al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que, mediante decreto, puedan crear organismos descentralizados. Al respecto, no se advierte intención parlamentaria o debate político alguno que justifiquen tal cuestión, por lo que debe de analizarse a la luz de los principios constitucionales referidos y la doctrina constitucional-administrativa.

Aunque el texto constitucional en el citado artículo 90, refiera que la Ley Orgánica en comento detallará (como elemento de las bases organizacionales de la administración pública federal paraestatal) la intervención del Ejecutivo Federal en su operación, no debe entenderse como una cláusula habilitante para que ésta delegue la creación de las referidas entidades en instrumentos diverso a la ley.

De esta forma, por “intervención del Ejecutivo” de ninguna forma debe entenderse la “creación” de las entidades referidas. Esto encuentra relación directa no sólo con el principio de legalidad y su doctrina constitucional, sino con las limitaciones propias del Poder Ejecutivo, pues éste no puede delegar aquello de lo que carece.

La competencia de los órganos del Estado puede ser originaria o delegada; eso riginaria la que proviene directamente de la ley y derivada la que surge de los órganos habilitados por la ésta para dotar de competencia a otros. Nuestro sistema jurídico permite ambas formas de asignación de competencia.

En el caso de la competencia originaria, de acuerdo con el ya mencionado principio constitucional de “reserva de ley“, es el Congreso de la Unión, depositario máximo dela representación popular, democrática y política de la nación, quien determina la creación de competencia originaria, por cuanto creada- a través de una ley en sentido formal y material, cuyas características de generalidad, impersonalidad, abstracción y obligatoriedad son necesarias para la existencia y funcionamiento del órgano mismo.

La competencia derivada, por el contrario, se asigna por un órgano del Estado previamente creado y dotado por la ley con la capacidad de delegar su competencia.  Entre las características esenciales de la delegación, por toda lógica, podemos encontrar que el órgano delegante posee la competencia que delega (nadie puede dar lo que no tiene) y que, a su vez, tiene la posibilidad de conservar o recuperar la competencia delegada.

Sin embargo, estas dos características no se presentan en la delegación que indebidamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales otorgan como facultad del Poder Ejecutivo Federal para crear organismos descentralizados vía decreto, pues a éste no le asiste competencia originaria para otorgar personalidad jurídica ni patrimonio propio a entidad alguna -debe recordarse que éstas son características de los organismos descentralizados que pretende crear-, por lo que es válido afirmar que si el Ejecutivo Federal carece de las facultades precisadas, existe imposibilidad jurídica de que sean objeto de delegación a través de la emisión de un decreto y, en consecuencia, tampoco puede conservar o recuperar para sí la competencia de los organismos descentralizados, porque le es intrínsecamente ajena.

A diferencia de lo que ocurre con los organismos descentralizados, tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales reconocen competencia originaria, derivada de la ley, para el caso de las empresas de participación estatal mayoritaria y de los fideicomisos públicos considerados entidad paraestatal.  En ambos casos es la ley, a través del reconocimiento de la ficción jurídica en forma de contrato, la que permite la existencia –con personalidad jurídica y patrimonio propio- de tales entidades2

De tal suerte, la creación de las entidades paraestatales sólo debe hacerse mediante ley en sentido formal y material, en ejercicio de su natural competencia originaria. Esto es así, como se desarrollará en líneas posteriores, pues además de la indebida delegación de facultades legislativas, el instrumento administrativo y parlamentario del decreto resulta incompatible con el fin perseguido.

2. El Decreto del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión son herramientas inadecuadas para tal fin, por sus características intrínsecas.

La actividad del Presidente de la República, a quien le fue conferido constitucionalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, gira entorno a dos piedras angulares en el contexto del despacho de los asuntos del orden administrativo: por un lado, las herramientas con las que cuenta para emitir su voluntad (actos administrativos, reglamentos, decretos, etc.) y por otro, la organización del aparato burocrático a su auxilio.

Los reglamentos, decretos y, en general, los actos administrativos del Ejecutivo Federal también tienen un contenido normativo; es decir, participan, por plantearlo de una forma, en el último escalón de la mencionada cadena de validez normativa. Esto, pues se encuentran subordinados jerárquicamente a la ley y, por consiguiente, a la Constitución. En este sentido, tienen la encomienda constitucional de llevar la ley a su exacta observancia en la esfera administrativa, a fin de aplicar la ley.3

En ese orden, deben considerarse dos características de la ley vis a vis los actos administrativos: la generalidad y la abstracción. Mientras, por ejemplo, las facultades que el legislador puede estatuir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para una Secretaría en específico, son ejercidas una y otra conservando su vigencia o, en otras palabras, permanecen en el tiempo sin que se agoten al momento de la actualización del supuesto, lo cierto es que la gran mayoría de los actos administrativos (a excepción delos actos administrativos de carácter general o el reglamento, precisamente por detallar en el ámbito administrativo la observancia de una ley) están llamados a extinguirse por su ejecución, pues constituyen un acto de aplicación de la ley; una orden administrativa para que se generen consecuencias de derecho, a partir de causas de hecho, ambas establecidas en la ley. De esta forma, ni siquiera el reglamento, que es el acto administrativo con contenido materialmente legislativo, podría ser la fuente de creación de una entidad paraestatal, pues tiene como objeto, según la fracción I del artículo 89 constitucional, detallar la ley y no así sustituirla.

Por mayoría de razón, no es compatible con la lógica administrativa-constitucional permitir que un decreto, mismo que está llamado a extinguirse tras producir sus efectos, sea la base normativa de creación de una entidad que, por definición, perdura en el tiempo.

De esta forma, resulta claro que dotar de facultades a una autoridad administrativa no puede dejarse al arbitrario del decreto del Ejecutivo, pues sus actos se extinguen con su aplicación y aún los de contenido normativo son insuficientes para ello, pues sólo deben detallar las facultades establecidas en ley y no así crearlas.

En este sentido, existe otra razón que evidencia la inconstitucionalidad que se pretende remediar con la presente propuesta de reforma. El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone “Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”. Por otro lado, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en consonancia con lo dispuesto por la referida ley orgánica, establece en su artículo 2 “Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.” y en el 15, primer párrafo, se acota “Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea: I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;(…)”.Lo anterior pone de manifiesto un peligro adicional, pues el Poder Ejecutivo Federal no puede crear competencia –y con ello el desarrollo de facultades- para un órgano encargado de la atención de áreas estratégicas o prioritarias, pues éstas, por disposición del artículo 27 constitucional, constituyen restricciones a la actividad y libertad de los particulares, situación que bajo ninguna circunstancia puede quedar confiada a otro poder distinto del Legislativo.

En extremo, podría llegarse al punto en el que, bajo el pretexto de la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de un servicio público o social o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, el Ejecutivo Federal enmascare actos, conductas u omisiones que le están vedadas por no tener facultades establecidas en ley. Por ello, no debe existir si quiera la posibilidad de utilizar a estas útiles creaciones administrativas, como experimentos competenciales, no obstante la Constitución hace referencia que la ley desarrollará tales áreas y sus bases.

Si se continúa permitiendo que el Ejecutivo sin mayor fundamentación que los numerales legales cuyo contenido se pretende modificar, pueda crear entidades paraestatales, además de consentir un vicio de inconstitucionalidad, se limita irrazonablemente el tránsito hacia una mejora democrática: el control de legalidad sobre los actos discrecionales absolutos del Ejecutivo Federal.

Cabe mencionar que la presente propuesta no obstaculiza ni entorpece la actividad administrativa, pues privar al Ejecutivo de que mediante decreto pueda crear organismos descentralizados, no resulta desproporcional a la ejecución de la función que le fue encomendada, toda vez que le asiste la facultad constitucional de presentar una iniciativa de ley a la consideración del Congreso de la Unión, para que en él se discuta la conveniencia o no de la creación, construcción, diseño y funcionamiento de un determinado organismo.

Por último, otra razón de peso de esta iniciativa deviene de la experiencia. Si mediante decreto del Ejecutivo se crea un determinado organismo descentralizado, ese será el medio idóneo para modificar o, incluso, extinguir sus términos. Lo anterior tuvo un impacto efectivo en la vida de los mexicanos cuando el 9 de febrero de 1994 el entonces Presidente de la República, en un contexto en el que el subsidio federal y la actividad estatal habían encontrado un expansionismo sin precedentes, emitió un Decreto por el cual creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Es prudente recordar que, toda vez que no estaba sujeto a la subordinación de ley, su administración, funcionamiento y operación sólo estaba a la merced, en última instancia, de su Decreto creador y en últimas consecuencias, en su modificación que dependía enteramente de la voluntad del titular del Ejecutivo. Los problemas en la administración, desempeño y eficiencia de ese organismo descentralizado han quedado en los registros de la historia, así como la decisión del Ejecutivo Federal para extinguirlo en octubre de 2009. Si fue cuestionada la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lo fue más su creación y sobre todo su forma de organización. Luego, al permitir que todo lo relacionado con un organismo descentralizado dependa en exclusiva de la voluntad de una sola persona, a saber, del titular del Ejecutivo Federal, en el fondo se impide un debate abierto por parte del Poder Legislativo y con ello una fundamentación y motivación razonada y justificada por el escrutinio parlamentario necesario para la creación de la ley y sus garantías.

Ahora bien, no pasa desapercibido que los numerales que se pretenden modificar establecen la posibilidad de que tales organismos descentralizados también sean creados mediante decreto del Congreso de la Unión. Como se ha venido desarrollando en la presente iniciativa, la razón que impulsa la modificación propuesta radica no sólo en los beneficios que el procedimiento parlamentario aportaría en la creación, modificación o extinción de los organismos descentralizados, sino también sobre la generalidad, impersonalidad y abstracción, como características indispensables para la creación de toda institución con competencia perdurable en el tiempo, cuestión que no ocurre sino con el procedimiento legislativo y no mediante la emisión de un decreto.

Además de las limitaciones propias del decreto legislativo –y de la posibilidad que da la Constitución para que una sola de las cámaras pueda emitirlo-, debe tenerse en cuenta que en la práctica parlamentaria y doctrina constitucional, tal herramienta se reserva para cuestiones meramente internas de corte administrativo, es decir, aspectos del funcionamiento interno de cada recinto, por lo que se demuestra que no es el medio idóneo para lograr los fines perseguidos. En este sentido, se propone también eliminar tal posibilidad para que, a la entrada en vigor del presente decreto y sin afectar irretroactivamente cuestiones acaecidas bajo el imperio de la ley en su redacción actual, sólo mediante ley, en sentido formal y material, se puedan crear, modificar o extinguir organismos descentralizados.

La doctrina constitucional refiere, pues, que el decreto que expida cualquiera de las Cámaras del Congreso sólo tendrá como objeto cuestiones concretas y no generales, por lo que pueden tenerse por reproducidas aquí las mismas razones señaladas para justificar que el decreto del Ejecutivo no es la figura adecuada para crear una entidad paraestatal y dotarla de competencia y facultades.

En suma, esta propuesta tiene como propósito el desconocimiento de la discrecionalidad administrativa y la sujeción de todo el aparato administrativo al control de la ley para cumplir con las obligaciones generales de vínculo contenidas en el artículo 1º constitucional, consistentes en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas en México, específicamente, las garantías de seguridad jurídica y legalidad.

Expuesto lo anterior, someto a la consideración dela Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÀNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, 16, 22, FRACCIÓN II, Y 25, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 15.- En las leyes que se expidan por el Congreso de la Unión para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos:

(…)

En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley respectiva fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.

Artículo 16.- Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector respectiva, pondrá a consideración del Ejecutivo Federal la correspondiente propuesta al Congreso de la Unión para la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo, el Ejecutivo Federal, con base en los datos que le proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá proponer al Congreso de la Unión la fusión de organismos descentralizados, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.

Artículo 22.- Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:

(…)

II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, y pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta Ley, la ley de creación y el estatuto orgánico;

(…)
Artículo 25.- En el Registro Público de Organismos Descentralizados deberán inscribirse:

(…)

V. El acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la dependencia coordinadora del sector en su caso que señale las bases de la fusión, extinción o liquidación, de conformidad con las leyes que ordenen las mismas; y

(…)

TransitorioS

ARTÍCULO primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Lo dispuesto en el artículos 16, 22, fracción II, y 25, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales regirá únicamente para los organismos descentralizados creados mediante decreto del Poder Ejecutivo Federal con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la sede del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Héctor David Flores Ávalos.

1 Es innegable que el Congreso de la Unión es el órgano del estado mexicano al que mayor legitimidad política le asiste, pues los diversos miembros de ambas cámaras representan proporcional y equitativamente a la población mexicana, por lo que todos los intereses de los gobernados están presentes en la discusión de los asuntos relativos a la ley.Por ende, la discusión parlamentaria en temas tan relevantes como la creación y –es prudente mencionarlo- la supresión de órganos que, de una u otra forma,  guarda relación con el Ejecutivo Federal, ejercen recursos públicos y ejecutan actos de gobierno, entre otros, es de máxima importancia. En este sentido, las diversas facciones políticas que, a su vez, conllevan la representatividad aludida, dan lugar a un ambiente propicio para un debate en el que se reflexione bajo parámetros estrictos y, por ende, responsables, la conveniencia de la decisión específica en esta materia en lo que importa a un organismo descentralizado.

2 En el caso del fideicomiso público, es la institución fiduciaria quien detenta la personalidad jurídica.

3 No es objeto de la presente iniciativa desarrollar a profundidad la doctrina administrativa que ampliamente se ha ocupado de este fenómeno de derecho público, por lo que basta afirmar que es generalmente aceptado, en la academia y en el foro, que la diferencia esencial (o si se prefiere, material) entre la ley y los actos administrativos, empero, aún aquéllos que tienen efectos generales, como lo es el reglamento, es la novedad. Verbigracia, mientras que el Poder Legislativo puede crear situaciones antes no previstas en la ley –dentro del ámbito constitucional-, al Ejecutivo le está vedada tal posibilidad.
La ley desarrolla y materializa lo establecido en la Constitución; en el caso en concreto, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Federal de las Entidades Paraestatales, el Congreso de la Unión ha delimitado el marco de actuación de la Administración Pública Federal. Es decir, ha dotado de facultades y características a los organismos descentralizados; cuestión que resulta acertada, puesto que basta una simple lectura al Capítulo Único del Título Tercero y al Capítulo II, Sección A de las leyes mencionadas con anterioridad, respectivamente, para apreciar que el legislador creó situaciones novedosas a fin de diseñar su esquema de actuaciones, la forma de distribución de competencias y órganos de gobierno, etc.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Flores Ávalos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo para pedirle al Senador que acaba de presentar su iniciativa, si me permite incorporarme a su destino.

Y pedirle al Senador Luis Sánchez, que me vea más, para que pueda atender mis peticiones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Claro, Senador Barbosa Huerta. Senador, le pide el Senador Barbosa si no tiene inconveniente en que se incorpore a su iniciativa. Adelante. Le pido a la Secretaría, por favor, que tome nota de la solicitud del Senador Barbosa Huerta.

La Senadora Angélica de la Peña, sonido en su escaño.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solicitarle que la iniciativa de la Senadora Tagle Martínez que acaba de presentarse, se turnen a la Comisión Para la Igualdad de Género, que es la de la materia.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pediría, Senadora De la Peña Gómez, toda vez que ya había anunciado el turno, que me permita llevarlo a la Mesa Directiva y desde ahí podamos promover el acuerdo que corresponde, como se ha hecho con otras iniciativas.

Con mucho gusto.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) De la Comisión Para la Igualdad de Género. Gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sí, me lo llevo a la Mesa Directiva y de ahí salimos con el trámite que corresponda, si le parece. Con mucho gusto.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¡Al pueblo de México! ¡A mis representados! Compañeras y compañeros Senadores:

Me da mucho gusto que esté aquí el Senador y mi amigo López Brito para que esto que vamos a presentar hoy, le demos agilidad.

Senador López Brito, vamos a darle agilidad a esto que voy a presentar hoy, así que espero que me presten atención.

Decía Hipócrates: que “donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad”. Más claro, imposible.

La iniciativa que me permito presentar, se inspira en unas declaraciones que reflejan el valor ético, humano e intrínseco de lo que representa el ejercicio de la profesión médica, como lo es la Declaración de Ginebra, que fue adoptada desde septiembre de 1948 por la 2ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Ginebra, Suiza, y que cuando nos titulamos o recibimos como médico también la aceptamos y la declaramos.

Esta Declaración consagra un conjunto de valiosas orientaciones a cumplir en el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, entre las que destaca: consagrar la vida al servicio de la humanidad, ejercer la profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud del paciente, no emplear los conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza.

Cuando se habla del tema de la responsabilidad profesional, del médico y los derechos humanos, se ha sostenido que la mejor solución a tan delicado problema no es la sola represión de los casos de negligencia médica o de violación a los derechos del paciente.

La solución se encuentra en una adecuada política médica, basada en fundamentos éticos, que tengan su reflejo en una normatividad no represiva sino preventiva.

Dicha política deberá abordar en sus diversas vertientes: la excelencia en la educación universitaria, que está para llorar el día de hoy, sacamos médicos, nada más falta que estudie medicina en el metro Balbuena en seis meses en curso intensivo. A ese nivel está las carreras de medicina, salvo honrosas excepciones de universidades.

“Estudie medicina por correspondencia”.

Entonces, la excelencia en la educación universitaria es básica; el control y la evaluación del desempeño de las propias asociaciones de profesionales médicos; recursos financieros y materiales suficientes y de calidad.

El médico no tiene ni petate en qué caerse muerto a veces y tiene que hacer su trabajo en las peores condiciones de miseria dentro de los propios hospitales de los sistemas de salud, como ya hemos dicho muchas veces aquí, el primer nivel totalmente desmantelado en todo el país, y conozco todo el país; nada más el 12.5 por ciento del presupuesto en salud, va al primer nivel de atención, o sea nada.

La normatividad clara, que define responsabilidades, y capacitación del personal médico auxiliar y contar con el respaldo de la convicción social.

Para nosotros, esta política también debe plantear las adecuaciones del marco de regulación de la responsabilidad penal de la profesión médica.

Se ha reconocido que los médicos al no ser sujetos infalibles, son proclives a incurrir en errores, con la particularidad de que cualquier error necesariamente va a incidir en la salud de las personas en su calidad de paciente. La protección de este bien jurídico es una de las principales preocupaciones del Estado, el cual hace descansar sobre los médicos la importante labor del cuidado.

De ahí que se justifique que el error de un médico tenga un reproche social más elevado y genere mayor alarma social entre la población, pero que no debe ser motivo para calificarla, de entrada, como delictiva.

Yo al día de hoy, pueblo de México, no conozco un médico que estudie para matar a alguien, no. Hoy todavía no lo conozco. Lo anterior, se explica en razón de que existe una previa relación entre el médico y el paciente caracterizada por la voluntad del médico que no va orientada a dañar la salud, sino por el contrario, el fin es mejorar la salud de su paciente.

Por ello, la labor médica no reviste un grado de peligrosidad, ya que sería contradictorio con su interés y prioridad de generar en el paciente un sentimiento de confianza en su labor.

En ese sentido, consideramos desproporcional y contrario al principio constitucional de proporcionalidad en la aplicación de las penas.

Senador López Brito, por favor, el que se prive de su libertad al médico que ha cometido una conducta de naturaleza culposa por faltar a su deber de cuidado, toda vez que lo único que genera es un efecto estigmatizante que afecte en forma directa el posterior ejercicio de la profesión, una vez que sea nuevamente habilitado.

López Brito, es que entre desastres no se cobran las puntadas. Entonces por favor.

En suma, proponemos adecuar el marco regulatorio punitivo acorde con las particularidades del ejercicio profesional médico, considerando que el principio de proporcionalidad de las penas se encuentra plasmado en el artículo 22 de nuestra Constitución política. Este principio opera tanto en el momento de creación del derecho mediante la actividad legislativa, como en el de su aplicación por los jueces o tribunales e incluso en el momento de ejecución de la pena.

Dicho principio implica que la previsión, la determinación, la imposición y la ejecución de las medidas o sanciones se lleven a cabo en función de la peligrosidad del individuo, por lo que exige que un medio sea, en el caso concreto, idóneo y necesario para conseguir el fin deseado.

El caso que nos ocupa de las demandas médicas por delitos culposos en los cuales no hay la intención de dañar, es preferible la aplicación de medidas reparatorias o resarcitorias al encarcelamiento o enjuiciamiento del profesional de la salud, prestador de servicios médicos, ya que está demostrado que el aumento de las penas privativas de libertad ocasionan mayor daño social y carga para el Estado.

Compañeros Senadores, médicos de todo el país, compañeros trabajadores de la salud, con la presente iniciativa se propone reformar el Código Penal Federal en su Capítulo de Responsabilidad Profesional, y el artículo 60 relativo a la Aplicación de sanciones a los delitos culposos.

Además, proponemos establecer como causa de exclusión del delito tratándose de hechos que resulten de un acto o actos médicos realizados por profesionistas en medicina legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión, introduciéndose para tal efecto la figura del consentimiento expreso y documentado.

El único objetivo es adecuar el marco de responsabilidades del ejercicio profesional médico, de tal manera que no pierdan la confianza de poder desempeñar su labor por el temor de ser denunciados o tratados como delincuentes, además de evitar que apliquen una medicina a la defensiva de sus propios pacientes, lo que genera mucho dinero para poderse atender, porque llega el enfermo al médico y le piden todo un catálogo de estudios de laboratorio y de gabinete para poderse cubrir y eso tiene un costo altísimo para cualquier enfermo y hace que la medicina sea muy costosa, en lugar de tener confianza con el médico, que además cada quien va por su propia voluntad a ver al médico.

Además el médico escucha todo ¿Qué desayunó usted? ¿Cómo está evacuando? ¿Cómo está orinando? ¿Cómo duerme? ¿Tiene piso o es tierra en su casa? ¿Cómo se alimenta? ¿Come o no come? ¿Qué come?

El médico es como el cura, la gente va por la confianza y se confiese, hay amor, cariño, afecto. Sin embargo, con todas estas leyes que le permiten al médico ordenar un catálogo de estudios de laboratorio y de gabinete: tomografías, resonancia magnética, pues ya se murió el paciente nada más de saber lo que tiene que gastar, del susto.

Entonces, tenemos que acudir a estas reformas que les estoy proponiendo, y aquí el Senador López Brito, espero que se sume a esta iniciativa, como médico gineco-obstetra ilustre de Sinaloa, para que todo el pueblo de México, la sociedad médica vea que el Presidente de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la República está a favor de los médicos de este país y del pueblo de México.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inserte la versión íntegra de esta propuesta en el Diario de los Debates.

Por su atención muchas gracias.

Senador López Brito, a la brevedad, vamos a echarle candela a esto de una vez.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Fernando Mayans. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Y le pido a la Secretaría tome nota de que se integre la versión íntegra a la que ha hecho referencia el Senador Mayans.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¿Cuántos médicos somos aquí en el Senado, señora Presidenta? Porque veo que se quedan en silencio y eso nos sepulta el olvido, mi Senador López Brito, adelante, súmese, sea valiente.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senador Fernando Mayans, le recuerdo que nuestro propio Reglamento prohíbe establecer diálogos parlamentarios entre los Senadores. Entiendo su inquietud, su interés y seguramente quien tenga el interés de manifestarse y de adherirse lo hará en su oportunidad.

Por lo pronto, le pido a la Secretaría que por favor se turne a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senador Barbosa, ¿con qué objeto?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) En vista de que no se sumó el exhortado Salvador López Brito, me sumo yo.

¿No sé si sea suficiente?

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senador Mayans, ¿si no tiene objeción, se sumaría el Senador Barbosa?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Gracias, Senador Barbosa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señores Senadores.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) ¿Me permite, señora Presidenta? Pido la palabra.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Bueno, ya que respetuosamente me están pidiendo que haga esto.

Únicamente quisiera hacer una consideración, que cuando me voy a sumar a una iniciativa siempre tengo, creo, una sana costumbre leerla, revisarla, analizarla, y es la primera vez que estoy escuchando este resumen y no puedo seguir una invitación sin antes haber leído con detenimiento y ver los alcances y los componentes.

Como usted comenta, si una vez que la revise me parece adecuada esta propuesta, en su momento me sumaré.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Claro, Senador López Brito, está usted en su derecho.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: ¿Con qué objeto, Senador Fernando Mayans?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Quiero, que si le puede ampliar el turno a esta iniciativa a la Comisión de Salud.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sí, para opinión de la Comisión de Salud, Senador Fernando Mayans, así se lo daré.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¿Me permite, señora Presidenta?

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: ¿Con qué objeto, Senador Humberto Mayans?

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Fernando Mayans, ¿si está de acuerdo que me sume a su iniciativa, por favor?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Humberto Mayans.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien. Muchas gracias. Ha concluido ya el turno y las adhesiones.





 

A continuación, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Marín Moreno, para presentar a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”

(Presentada por la Senadora María Lorena Marín Moreno, a nombre propio y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Lorena Marín Moreno: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Honorable Asamblea:

El 18 de diciembre de 1990 fue el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Desde diciembre de 2000, cada año se recuerda esa fecha como el Día Internacional del Migrante, también establecida por la Asamblea.

En el marco de este día se invita a los Estados miembros, así como a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, intercambiar experiencias y formular medidas para protegerlos.

La larga historia de México como país de migrantes tanto internos como internacionales, es una de las razones por la cual este tema siempre ha llamado la atención de un cierto número de académicos, políticos y autoridades.

Sin embargo, los cambios que presenta este proceso y el gran incremento en el número de personas que han migrado a Estados Unidos en las últimas décadas, ha producido un interés más amplio y generalizado en la migración internacional de los mexicanos, incluso a nivel mundial.

La cantidad y visibilidad de los migrantes internacionales, muchos de quienes han entrado a otros países en condición de indocumentados o irregulares, han despertado interés y preocupación no solamente entre los estudiosos del tema, sino también entre las organizaciones de la sociedad civil, las que a menudo manifiestan su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y en ámbitos gubernamentales.

De acuerdo con un estudio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, realizado en 2014, nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo en el tema de migración, siendo el principal destino de los connacionales el territorio estadounidense, donde según un análisis de la Pew Research Center, actualmente radican 34.6 millones de mexicanos.

Según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5.7 millones de ellos se encuentran en Estados Unidos en condición de indocumentados.

Al ser nuestro país una nación que tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, en el grupo parlamentario del PRI consideramos pertinente la presente propuesta para declarar la tercera semana del mes de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”.

La migración es un fenómeno socioeconómico que se ha presentado históricamente en nuestro país, principalmente hacia la frontera norte y desde la frontera sur, México como Estado receptor, por lo que es fundamental que el Estado refrende y fortalezca su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes.

Todos los migrantes en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición.

Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación, violencia y violaciones a sus derechos.

De ser aprobada esta propuesta se confirmaría a nuestro país como un Estado, donde la política migratoria se sustenta en los principios de respeto irrestricto de los derechos humanos, precisando que en ningún caso la situación migratoria por sí misma constituirá un delito, además de garantizar a los extranjeros los derechos que se exigen en el exterior para los connacionales con un enfoque integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional.

Lamentablemente hoy los Estados siguen tratando de regir la migración en forma unilateral o bilateral, y eso ha llevado a una falta de coherencia en la gobernanza mundial, regional y nacional, y a un retroceso respecto de los marcos vinculantes de las Naciones Unidas.

Es imperativo que nuestro país dé este paso en la protección integral de los derechos de los migrantes y dejar atrás actitudes prejuiciosas que pueden desencadenar prácticas de discriminación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora MARÍA LORENA MARÍN MORENO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional del Migrante, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la resolución 55/93 de fecha 4 de diciembre de 2000. En el marco de este día, se invita a los Estados Miembros, así como a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambiar experiencias y formular medidas para protegerlos1.

Además de la importancia intrínseca del Día Internacional del Migrante, éste adquiere especial relevancia ante el contexto complejo que presenta el fenómeno migratorio en el mundo, sin que México sea la excepción.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que concordancia a los fines de la fecha en comento y en atención a que México tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se declare la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”. 

De acuerdo con información del “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómenos en México”2, entre 2009 y 2014, de los emigrantes mexicanos cuyo país de destino fue EE.UU., son originarios de: Michoacán (10.9%), Guanajuato (10.3%), Ciudad de México (8.2%) y San Luis Potosí (5.0%).

Así mismo señala que según la última entidad de residencia de emigrantes mexicanos se presenta en las entidades de: Guanajuato (10.7%), Michoacán (10.1%), Estado de México (6.3%), Jalisco (5.6%) y San Luis Potosí (5.0%).

La Secretaría de Gobernación refiere que los principales estados de destino en Estados Unidos son California (28.2%), Texas (20.7%) y Florida (4.3%). Asimismo se establece que nueve de cada 10 migrantes circulares3 nacidos en México declararon a Estados Unidos como lugar de destino y de regreso, por ejemplo se señala que tres de cada cuatro hombres y seis de cada diez mujeres cruzan la frontera norte por motivos laborales.

Como se observa, la migración se trata de un fenómeno socio-económico que se ha presentado históricamente en nuestro país, principalmente hacia la frontera norte y desde la frontera sur –México como Estado receptor-, por lo que es fundamental que el Estado refrende y fortalezca su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes. 

Aunque el desafío es incuestionable, cabe precisar que la actual administración, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se llevan a cabo diversas Acciones y Programas4 encaminadas a brindar protección, seguridad, atención y apoyo a los connacionales repatriados, así como a los migrantes en tránsito, ingreso o salida, entre los que se encuentran:

• Programa de Repatriación. Ofrece a los connacionales repatriados una atención integral, para que en el corto plazo contribuyan al desarrollo nacional mediante su incorporación al mercado productivo. 

• Programa Temporal de Regularización Migratoria. Dirigido a extranjeros que radican en México de manera irregular.

• Bolsa de Trabajo. Es gratuito y tiene presencia en todo el país a través de sus Delegaciones Federales.

• Programa Paisano. Garantiza que en el ingreso, tránsito y salida de los connacionales por territorio mexicano, sean con respeto a sus derechos humanos, seguridad de sus bienes y conocimiento de sus obligaciones.

• Estrategia Somos Mexicanos. Para brindar a los mexicanos que han retornado -voluntaria e involuntariamente-, una atención integral.

• Programa Viajero Confiable. Membresía que permite a los ciudadanos mexicanos o estadounidenses ingresar de forma rápida y sencilla.  

Estas acciones y programas señalados son un manifiesto del compromiso que tiene el Estado mexicano con los migrantes. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley de Migración5, establece que la política migratoria del Estado mexicano se sustenta en los siguientes principios:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos, precisando que en ningún caso la situación migratoria por sí misma constituirá un delito;

• Congruencia, garantizar a los extranjeros los derechos que se exigen el exterior para los connacionales;

• Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional;

• Hospital y solidaridad internacional;

• Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando en todo momento el orden y la seguridad;

• Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región;

• Equidad entre las naciones y extranjeros;

• Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes;

• Unidad familiar e interés superior de la niñez;

• Integración social y cultural entre naciones y extranjeros residentes; y

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

Los principios aludidos dejan de manifiesto la importancia que posee la política migratoria para la actual administración, así como la necesidad de fomentar la unidad alrededor del tema -objetivo toral de la presente iniciativa-. 

Es oportuno mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)6 ha dado a conocer que los migrantes forman parte de su Grupo de Atención Prioritaria, cuyo fin es alcanzar un equilibrio social.

La CNDH en su Informe de Actividades 20167, señala que del 1º de diciembre al 31 de diciembre de 2016, llevó a cabo diversas actividades en materia de fortalecimiento de los derechos de los migrantes, entre las que se encuentran las que a continuación se enuncian:

• 515 acciones de promoción, vinculación y estudio de los derechos humanos de personas en contexto de migración, a través de los cuales se impactó a un total de 8 mil 571 personas.

• Se brindó atención de carácter específico y personalizado a 6 mil 725 personas (en contexto de migración y público en general). Derivado de ello, se efectuaron 286 gestiones consistentes en acompañamiento para presentar denuncias, asesoría jurídica general, atención médica y entrevistas con autoridades (353 acciones de esta naturaleza).

• 576 reuniones de trabajo con la sociedad civil, el gobierno y la sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales de derechos humanos.

• Un mil 595 acciones de distribución de material de promoción focalizado a temas migratorios. Se realizaron 3 mil 55 visitas a estaciones migratorias, casas y albergues para migrantes, derivando en 12 mil 599 gestiones.

• Se realizaron 327 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria (hospitales, centros de atención a niñas, niños y adolescentes, procuradurías locales, centros de atención a menores fronterizos, juzgados, policías municipales, entre otros), con alta concentración de migrantes, dando atención a 5 mil 871 personas y 24 gestiones ante diversas autoridades.

La dimensión migratoria que enfrentamos en la actualidad nos obliga a concentrar e impulsar esfuerzos a fin de brindar mayor certeza sobre el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, personas que requieren el compromiso del Senado de la República.

En relación a esta última consideración se pone a consideración de esta Honorable Asamblea el presente proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”, espacio en el que se busca establecer las acciones que a continuación se señalan:

• Establecimiento de campañas informativas de los mecanismos para defensa de los derechos humanos de los migrantes.

• El establecimiento de módulos de orientación, atención y quejas para las personas migrantes.

• Establecimiento y difusión de Bolsa de Trabajo para las personas migrantes.

• Desarrollo de foros con especialistas, académicos y miembros de la sociedad civil organizada respecto a la situación de las personas migrantes.

• El fortalecimiento de las acciones y programas con que cuenta el Instituto Nacional de Migración (en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno).

• Presentación y análisis del diagnóstico de las personas migrantes, a fin de redoblar esfuerzos en aquellas áreas que presentan mayores retos. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”.

Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año, como la “Semana Nacional del Migrante”.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. María Lorena Marín Moreno.

1 Liga de consulta:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/93

2 “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómenos en México”, SEGOB, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2801/1/images/Prontuario%20sobre%20movilidad%20y%20migraci%C3%83%C2%B3n%20internacional.pdf

3 Migrante circular se refiere a las migraciones de movilidad que incorporan la noción de regreso.

4 Instituto Nacional de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.gob.mx/inm/archivo/acciones_y_programas

5 Ley de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf

6 Organismo garante de la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes.

7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de Actividades 2016, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:  http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora Marín Moreno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115, fracción IV Bis de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señora Presidenta. Señores Senadores:

Esta iniciativa, que hoy presento, con proyecto de Decreto para reformar y adicionar el artículo 115, fracción IV Bis de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso y obesidad, tiene el siguiente antecedente.

La obesidad en niños, adolescentes y adultos en México es uno de los principales problemas de salud pública en el país. Las encuestas, la última de (ENSANUT), de nutrición y salud, 7 de cada 10 adultos en México, presenta sobrepeso u obesidad, en el mismo caso se encuentran 1 de cada 3 adolescentes y 1 de cada 4 niños en la Encuesta Nacional de Medio Camino 2016, y no hay cambios significativos estadísticamente.

Esta enfermedad es un factor de riesgo para diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, asma, inflación crónica, hígado graso y cálculos en la vesícula biliar, entre otras complicaciones; además estos pacientes pueden padecer baja autoestima, depresión y desórdenes alimentarios.

El costo económico y social de la obesidad es muy elevado para México. Actualmente cuesta 120 mil millones de pesos cubrir los gastos relacionados a esta patología, ya sea por atención médica, pérdida de productividad, incapacidad o por muerte prematura.

El aumento en la prevalencia de la obesidad en México se relaciona a diversos factores, como el aumento en el consumo de alimentos preparados fuera de casa; y esto ocasionado por la accesibilidad de alimentos densos en energía preparados fuera de casa, la inclusión de la mujer en la fuerza laboral, las distancias del trabajo o de la escuela al hogar, entre otras.

Los mexicanos cada vez consumen más alimentos fuera de casa, se estima que en promedio un 25 por ciento del gasto por alimentación es destinado a este rubro. Los alimentos preparados fuera de casa son, por lo general, más altos en calorías y grasas que los preparados en la misma, y asimismo contienen menos fibra, vitaminas y nutrimentos inorgánicos.

Es importante decir que además uno de los factores que se ha encontrado, que contribuye al aumento en la ingesta calórica, es el consumo de estas comidas; se ha encontrado que estos alimentos contienen por lo general, un alto contenido de calorías, grasas, colesterol, azúcares simples, mientras son bajos en fibra y fotoquímicos.

Estudios longitudinales han encontrado una asociación positiva entre la frecuencia de comidas realizadas fuera de casa y el aumento de peso, esto determinado por el índice de masa corporal.

Por ello, se deben tomar medidas para ofrecer a la población mexicana un ambiente saludable que le permita con la información disponible, tomar decisiones asertivas. Una de las medidas que coadyuva a este entorno sano, es incluir información nutrimental de los platillos y bebidas de los menús de los restaurantes.

Está comprobado que resulta muy difícil, aún para personas con preparación en la materia, determinar la calidad de calorías, grasas y sodio promedio de un platillo.

Hay evidencia que, cuando se tiene el conocimiento de la cantidad de calorías y nutrimentos de los platillos, los comensales en ocasiones se deciden por optar con un menú con menor contenido calórico.

También hemos encontrado, que en lugares donde ya se ha establecido como ley que se incluya el valor calórico de nutrimentos de los platillos, los restaurantes ofrecen mejores opciones, bajas en calorías y grasas y altas en fibra, para sus clientes.

Por ello, hemos decidido que en los restaurantes de comida rápida, tienen por lo general estandarizadas sus recetas, lo que permite determinar el contenido nutrimental de sus platillos de manera más sencilla. De hecho, las cadenas de comida rápida americanas ya poseen estos datos, considerando que es por ley en Estados Unidos, desde 2010, proporcionar la información nutrimental de platillos y bebidas a los comensales.

Se debe dar la responsabilidad del consumo de alimentos a una decisión personal con base a la información nutrimental de alimentos y bebidas, es por eso la importancia de obligar a los establecimientos aquí mencionados a indicar las calorías de los productos que expenden.

Por ello, es importante que se pueda brindar al consumidor herramientas que le permitan tener los elementos necesarios para emitir un juicio adecuado respecto al consumo de alimentos y bebidas. De esta manera se contribuye en la prevención y tratamiento de la obesidad, padecimiento que sufre la mayor parte de los mexicanos.

El consumo de comida rápida, son alimentos que contienen grasas saturadas y grasas trans, aumentan los niveles sanguíneos de colesterol malo y disminuyen los niveles de colesterol bueno, por lo cual se aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria.

Los alimentos de la comida rápida son en su mayoría altamente procesados y por ello pueden aportar fácilmente 1500 calorías en una sola comida; comer todos los días este tipo de alimentos, además de conducir al aumento de peso, puede llevar a padecer obesidad en alto grado.

Por ello, nosotros estamos sometiendo a esta Soberanía este proyecto de Decreto, en donde se reforma el artículo 115, donde dice lo siguiente:

“La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

Fracción IV Bis. Normar el establecimiento de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan el contenido en calorías, en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 10 sucursales o más”.

Estamos considerando que sean 10 sucursales o más de este tipo de establecimientos para que den la información y sea una decisión personal, nuestra ingesta diaria.

Por ello, pues agradezco la oportunidad que me da la Mesa Directiva de hacer la exposición hoy de esta iniciativa.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

La obesidad en niños, adolescentes y adultos en México es uno de los principales problemas de salud pública en el país. De acuerdo a la última encuesta de nutrición y salud (ENSANUT) siete de cada 10 adultos en México, presentan sobrepeso ú obesidad. En el mismo caso se encuentran, uno de cada tres adolescentes y uno de cada cuatro niños y en la Encuesta Nacional de Medio Camino 2016, CENSANUT MC 2016) no hay cambios significativos estadísticamente.

Esta enfermedad es un factor de riesgo para diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, asma, inflamación crónica, hígado graso y cálculos en la vesícula biliar, entre otras complicaciones. Además, estos pacientes pueden padecer baja autoestima, depresión y desordenes alimentarios.

El costo económico y social de la obesidad es muy elevado para México. Actualmente cuesta 120 mil millones de pesos cubrir los gastos relacionados a esta patología, ya sea por atención médica, pérdida de productividad, incapacidad, o por muerte prematura.

El aumento en la prevalencia de la obesidad en México se relaciona a diversos factores, como el aumento en el consumo de alimentos preparados fuera de casa. Esto ocasionado por la accesibilidad de alimentos densos en energía preparados fuera de casa, la inclusión de la mujer en la fuerza laboral, las distancias del trabajo o la escuela al hogar, entre otras.

Los mexicanos cada vez consumen más alimentos fuera de casa, se estima que en promedio un 25% del gasto por alimentación se destina a este rubro. Los alimentos preparados fuera de casa son, por lo general, más altos en calorías y grasas que los preparados en casa. Así mismo, contienen menos fibra, vitaminas y nutrimentos inorgánicos.

Estudios indican que las porciones en restaurantes son más grandes de lo que puede ser una cantidad adecuada para una persona, por lo que pueden llegar a consumirse el doble de las calorías al comer en restaurant, comparado a si se prepararan los alimentos en el hogar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La etiología de la obesidad obedece a diversos factores, siendo el medio ambiente uno de los más importantes. La sociedad mexicana está inmersa en un llamado “ambiente obesigénico” que promueve la alta ingesta calórica y el sedentarismo.

Esto se ve reflejado en la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los diferentes grupos de edad que presenta el país. Las consecuencias de la obesidad para el estado y para la población son devastadoras. El costo económico y social de esta patología son muy elevados condicionando la calidad y esperanza de vida de los mexicanos.

Uno de los factores que se han encontrado contribuyen al aumento en la ingesta calórica, es el consumo de comidas fuera de casa. Se ha encontrado que estos alimentos contienen por lo general, un alto contenido de calorías, grasas, colesterol y azúcares simples, mientras son bajos en fibra y fotoquímicos.

Estudios longitudinales han encontrado una asociación positiva entre la frecuencia de comidas realizadas fuera de casa y el aumento de peso, esto determinado por el índice de masa corporal (relación entre la talla y el peso de la persona).

Por ello, se deben tomar medidas para ofrecer a la población mexicana un ambiente saludable que le permita, con la información disponible, tomar decisiones asertivas. Una de las medidas que coadyuva a este entorno sano, es incluir   información nutrimental de los platillos y bebidas en los menús de los restaurantes.

Esta comprobado que resulta muy difícil, aún para personas con preparación en la materia, determinar la cantidad de calorías, grasas y sodio promedio de un platillo.

Asímismo, hay evidencia que, al conocer la cantidad de calorías y nutrimentos de los platillos, los comensales en numerosas ocasiones se deciden por opciones con menor contenido calórico.

También se ha detectado, que en lugares donde ya se ha establecido como ley que se incluya el valor calórico y de nutrimentos de los platillos, los restaurantes ofrecen mejores opciones, bajas en calorías y grasas y altas en fibra, para sus clientes.

Como su nombre lo indica se caracteriza por ser comida de rápida preparación y por lo regular a bajos costos. El propósito de la industria de la comida rápida es tenerla lista al instante o esperar sólo unos cuantos minutos para ahorrar tiempo y podamos cumplir con las múltiples actividades que desempeñamos a lo largo del día, pues muchas veces por los horarios y distancia de nuestros trabajos no nos da tiempo de comer en casa y las áreas de comida rápida se vuelven una opción o si asistimos al centro comercial a comparar precios y realizar compras, en ocasiones no podemos darnos el tiempo que nos gustaría para comer con calma.

Es por ello que en los establecimientos donde se ofrece este tipo de comida no hay meseros que atiendan de manera personal, sino que uno hace su pedido y paga al instante, de esta manera se economiza más tiempo.

Los restaurantes de comida rápida, tienen por lo general estandarizadas sus recetas, lo que permite determinar el contenido nutrimental sus platillos de manera más sencilla. De hecho, las cadenas de comida rápida americanas ya poseen estos datos, considerando que es por ley en Estados Unidos, desde 2010, proporcionar la información nutrimental de platillos y bebidas a los comensales.

Se debe dar la responsabilidad del consumo de alimentos a la decisión personal en base a la información nutrimental de alimentos y bebidas, es por eso la importancia de obligar a los establecimientos aquí mencionados a indicar las calorías de los productos que expenden.

Esto se aplica en los restaurantes de cadenas de más de 10 sucursales y los de comida rápida, así como los cafés;

• Las comidas para llevar y de entrega a domicilio,

• Las comidas que se compran desde una ventanilla de servicios para automóviles,

• Los alimentos que uno mismo se sirve en una barra de ensalada o de comida caliente,

• Las bebidas alcohólicas tales como los cócteles, cuando se incluyen en el menú,

• Las comidas que se venden en centros de entretenimiento, tales como las salas de cine.

Hay otros países como Australia y Nueva Zelanda, dónde también se ha estipulado que se debe brindar información nutrimental en los menús de los restaurantes. En Canadá, Reino Unido y otros países principalmente europeos, también se está considerando aplicar esta medida

Es importante brindarle al consumidor herramientas que le permitan tener los elementos necesarios para emitir un juicio adecuado respecto al consumo de alimentos y bebidas. De esta manera se contribuye en la prevención y tratamiento de la obesidad, padecimiento que sufre la mayor parte de los mexicanos.

El consumo de comida rápida, son alimentos que contienen grasas saturadas y grasas trans, aumentan los niveles sanguíneos de colesterol malo y disminuyen los niveles de colesterol bueno, por lo cual se aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria.

Esta enfermedad se desarrolla a medida que se acumula la placa en las arterias, lo que bloquea la cantidad de sangre oxigenada que llega al corazón, y aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón o muerte.

Dado que la comida rápida es muy alta en grasas y calorías, se produce aumento de peso, debido a que se consumen más calorías de las que se gastan y esas calorías, son calorías vacías, no aportan ningún nutriente.

Los alimentos de la comida rápida son en su mayoría altamente procesados y por ello pueden aportar fácilmente 1500 calorías en una sola comida; comer todos los días este tipo de alimentos, además de conducir a aumento de peso, puede llevar a padecer obesidad de alto grado.

Establecimientos que expendan alimentos con más de 10 sucursales deberán proporcionar a sus clientes información nutrimental de sus platillos y bebidas que incluya calorías, gramos de grasa, grasas trans y sodio. Dicha información deberá colocarse en los menús junto a cada platillo o bebida de manera clara. Así mismo, en el menú deberá colocarse la cantidad de calorías recomendada por día para un adulto.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 115, fracción IV Bis de la Ley General de Salud, en materia de sobre peso y obesidad.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I a IV. …

IV Bis. Normar el establecimiento de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan el contenido en calorías, en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 10 sucursales o más;

V a XI. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las disposiciones locales al respecto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón, por favor, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para pedirle a la Senadora Cristina Díaz, me permita sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senadora Díaz, le consultan si tiene alguna objeción para que se incorpore la Senadora Calderón.

La Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) No.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien. Le solicito a la Secretaría tome nota de esta adhesión. Muchas gracias. ¿Alguien más? De la misma manera la Senadora Martha Palafox, Senadora Díaz. ¿Algún otro compañero o compañera tiene interés? No. Muy bien, muchas gracias.





 

En otro apartado de nuestra agenda tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta de los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 12 de octubre como “Día Nacional Pluricultural”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE OCTUBRE COMO “DÍA DE LA NACIÓN PLURICULTURAL”

(Dictamen de primera lectura)







 

Y de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Hace unos minutos dimos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE OCTUBRE COMO “DÍA DE LA NACIÓN PLURICULTURAL”

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Me permito consultar a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Toledo Luis, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Jorge Toledo Luis: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros Senadores, estimadas Senadoras.

Un 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón a una isla que denominó San Salvador.

Unos años después llegaron los soldados para conquistar lo que después sería México, Centroamérica y Sudamérica.

Ese día marcó la historia de nuestro Continente, pues dio inicio a la conquista y a la colonización, procesos nada pacíficos que condujeron a la destrucción de las culturas autóctonas, una nueva religión y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas.

A partir de las primeras décadas del siglo XIX, los herederos de los pueblos originarios y muchos de los españoles conquistadores iniciaron un movimiento que terminó independizando a las naciones americanas de la España imperial.

A pesar de ello, cuando en América ya se habían conformado las naciones independientes, sus propios aparatos culturales, se reconfiguraban a las historias patrias particulares y sus propias identidades nacionales, muchos intelectuales locales de la época irían reivindicando el periodo colonial.

Les vino de maravilla la iniciativa de un español, para generar lo que después se llamó “Día de la Raza” en los calendarios festivos de las jóvenes naciones.

En 1913, Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces Presidente de la Unión Iberoamericana, impulsó una celebración que vinculara a España con los países colonizados que habían alcanzado su independencia en América y propuso denominarla “Festival de la Raza”.

El nombre era acorde con la visión de toda una época de imperios conquistando pueblos y tenían una clara connotación imperialista.

Pasaron los años y vino el desplome de los imperios militares y su debacle ideológico, surgieron nuevas mentalidades y nuevas visiones buscando el respeto a todos los pueblos del mundo, impulsado principalmente con el surgimiento de la ONU y de las organizaciones internacionales derivadas de ella, como la Organización Internacional del Trabajo, entre otras.

Con el correr del tiempo, el reconocimiento de las particularidades de sus pueblos y las luchas iniciadas por los pueblos originarios, llevó a varias naciones a renombrar el día del arribo de los europeos a las costas de América.

Ahora, por ejemplo, en Chile se le conoce como el “Día del Descubrimiento de Dos Mundos”; en Uruguay, “Día de las Américas”; en España, “Fiesta de la Hispanidad”; en Estados Unidos, “El Día de Colón”; en Costa Rica se le llamó “Día de las Culturas”; en Nicaragua y Venezuela, “Día de la Resistencia Indígena”.

En México, la primera celebración del 12 de octubre como “Día de la Raza” fue en 1928 y se ha mantenido el nombre a pesar de todas las propuestas habidas desde entonces, porque se impulsaba una visión de un México uniforme, homogéneo.

Un México en el cual las diversidades culturales, especialmente las culturas e identidades indígenas, deberían de integrarse y desaparecer en un proceso de aculturación y mestizaje.

Hoy tenemos en México una visión diferente, hemos reinterpretado nuestra identidad nacional revalorándola, nuestra raíz hispana, nuestras raíces prehispánicas originarias y de todas las culturas arribadas y recreadas en nuestro suelo, como las culturas afromexicanas y de tantos otros flujos migratorios.

Desde hace 25 años hemos reconocido constitucionalmente que somos una nación pluricultural, el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural es un mandato constitucional en México y en casi todas las naciones y países de América Latina que suscribieron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este principio de reconocer la multiculturalidad, la integra nuestra Constitución Política desde 1992 en el entonces artículo 4o., y actualmente, en el artículo 2o. desde el 2001, consolidando la definición de la identidad pluricultural de la nación.

México no es un país, no es un pueblo homogéneo, producto de un mestizaje indiferenciado, sino está conformado por muchos pueblos con sus respectivas culturas vivas.

En este país convivimos 68 pueblos indígenas y un México mestizo hablante del castellano.

Constitucionalmente ninguna lengua tiene prioridad sobre las otras, ningún pueblo está por encima de los demás, somos un mosaico de lenguas, culturas, saberes, cosmovisiones y aspiramos a vivir en una interculturalidad donde nos respetemos todos.

En este nuevo contexto histórico y un nuevo marco constitucional que reivindica nuestra pluriculturalidad, considero que llegó el momento de avanzar en la conciencia nacional de la visión de la interculturalidad.

Debemos impulsar el respeto a todos los pueblos y comunidades que viven en el territorio nacional sin pretender que ninguna es superior a otra, o la necesidad de integrar una a cualquier otra.

Por eso, el principal motivo de esta iniciativa es el que los mexicanos indígenas y no indígenas, hispanos y no hispanos, podamos repensar, volver a contextualizar y reinterpretar el significado del 12 de octubre, a partir de nuestra identidad nacional pluricultural reconocida en nuestra Constitución.

Debemos darle nuestro sentido a la conmemoración, para replantear un significado que no reivindique el derecho de la conquista y el sojuzgamiento.

Hoy debemos aclamar el derecho de la diversidad cultural, el derecho a la pluriculturalidad igualitaria y a partir de lo que hemos reconocido que somos como país, nos demos la oportunidad plural para conmemorar y celebrar el 12 de octubre de cada año, como el ”Día de la Nación Pluricultural”.

Estoy convencido que así otorgaremos coherencia y armonización entre nuestro calendario de efemérides y el principio de la pluriculturalidad de nuestra Constitución.

Es por esto, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que les pido su apoyo y el voto favorable para la aprobación del proyecto de Decreto que tiene como:

Artículo Único.- Que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias a usted, Senador Toledo Luis.

Está a discusión el dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón y después del Senador Barbosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Senadora, para hablar a favor de este punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Tomo nota de su petición, Senadora Calderón.

¿Senador Barbosa, con qué objeto?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Con ese mismo propósito, pero allá argumentaré.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien, con mucho gusto. Tomo nota de ambas intervenciones después de la Senadora Michelle.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Michelle Barrón Vivanco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros del Senado:

México es una nación orgullosamente pluricultural y diversa. Somos privilegiados al ser poseedores del legado cultural de las más grandes civilizaciones precolombinas, que combinada con la herencia española dieron origen a nuestra identidad y, con ello, a uno de los países culturalmente más ricos y diversos del mundo.

La historia de México, como la de muchas naciones latinoamericanas, no puede entenderse sin la pluriculturalidad. La identidad del mexicano se forma a partir de la confluencia e interacción de múltiples culturas.

México continúa siendo uno de los países con más grupos de indígenas en el mundo.

Actualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas calcula que existen cerca de 68 grupos étnicos en el país, que cuentan con sus propias lenguas, habiendo hasta 364 variantes de éstas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 el 6.5 por ciento de la población hablaba alguna lengua indígena y en 494 municipios del país, más del 40 por ciento de sus habitantes son hablantes de alguna lengua indígena.

Cerca de 24.4 millones de personas en México se reconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5 por ciento del total de la población mexicana, esto significa que por cada 5 mexicanos, uno de ellos que habla una lengua indígena, que es una proporción tres veces superior a la población hablante de lengua indígena.

A nivel mundial se ha reconocido que la población de origen mexicano presenta una extraordinaria diversidad genética, resultado de nuestra pluriculturalidad, a tal extremo que entre mexicanos podemos llegar a ser genéticamente tan diferentes como lo sería un asiático de un europeo.

No obstante, todos nos agrupamos bajo una misma identidad, la de ser mexicanos, hacer de este país un lugar mejor y más grande cada día.

Hoy nuestra Carta Magna reconoce en un segundo artículo a la nación mexicana como una de carácter pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y haciendo énfasis en la igualdad jurídica imperante entre nuestros pueblos.

Nuestra riqueza y grandeza en nuestro país es resultado de toda esta diversidad, las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven, dialogan y cooperan entre sí.

La pluriculturalidad en México merece ser reivindicada y elogiada.

Compañeras y compañeros legisladores, la pertinencia de celebrar nuestra pluriculturalidad en un día particular y de manera oficial, subyacen en que nos permitirá revalorar nuestra diversidad, motivando el conocimiento, la valoración y la promoción de la riqueza multicultural que caracteriza a la nación mexicana.

Por esta razón, en el grupo parlamentario del PRI, nos posicionamos a favor del presente proyecto de Decreto y estamos convencidos de que coadyuvará en un mayor entendimiento y respeto entre los mexicanos sin distinción cultural.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Barrón Vivanco.

Han solicitado el uso de la tribuna, para hablar en relación con este dictamen, primero, la Senadora Luis María Calderón; después el Senador Miguel Barbosa y, por último, el Senador Sofío Ramírez.

Tiene el uso de la palabra, Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco mucho, señora Presidenta.

Y felicito al proponente de este punto de Acuerdo que designa el 12 de octubre como el “Día de la Interculturalidad”, que no es un día nuevo, se llamaba el “Día de la Raza” y se llamaba de otras maneras, y el tema es que los indígenas siguen siendo pobres y siguen estando marginados, y todas esas cosas.

Así que yo felicito que se recuerde este día, que se reponga, que hoy se reconozca como interculturalidad y que nos pongamos todos a trabajar sobre disminuir las desventajas en las oportunidades de que los pueblos indígenas se articulen, se organicen como quieran, pero que los dejemos fuera de la marginación.

En el año 2000, a propósito de la guerra en Chiapas, el Presidente de la República aceptó una iniciativa, la Cocopa que se llamaba, para convertirla en una reforma constitucional que derivó después en consultas y de un trabajo participativo de mucho consenso en la reforma del artículo 2o. de nuestra Constitución, que reconocía que México es un pueblo originariamente construido, cuidado, enriquecido por pueblos indígenas; y reconocía quiénes son los pueblos indígenas, y reconocía sus derechos políticos, pero también en un artículo 2o., reivindicaba y se hacía como gobierno la obligación de una especie de artículo 2o., fracción B o apartado E, programática, que permitía u/y obligaba al Estado a hacerse responsable por disminuir esas grandes desventajas.

Recuerdo, por ejemplo, que ese artículo 2o., apartado B habla del derecho que tienen los pueblos indígenas de participar en la elaboración de los presupuestos de los municipios en los que viven, no conozco municipio alguno que lo haga.

Reconoce también que habría recurso especial para que en el desarrollo agropecuario tengan facultad o facilidad para acceder, tampoco lo recuerdo; reconoce también que tienen el derecho de organizarse bajo sus usos y costumbres, y todavía tenemos en el estado de Chiapas rechazo a las alcaldías que encabezan mujeres alcaldesas en ayuntamientos o en regiones indígenas.

Recientemente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos proporciona datos de un diagnóstico que se hace respecto de la educación en las regiones indígenas, y hay una desventaja inmensa frente a la población no indígena, y nos ayuda, nos pide nuestra opinión respecto de cómo reducir esas desventajas, esta deserción escolar en las poblaciones indígenas pero, más allá de eso no veo algún elemento distinto; quiero significar, por ejemplo, que después de esa reforma constitucional se modifica el Instituto Nacional Indigenista que era éste depósito de necesidades de los pueblos indígenas y que se encargaba un poco de gestionar, un poco de escuchar y un poco de ver de dónde sacaba algún presupuesto para resolver las necesidades de los pueblos indígenas.

Pero a partir de 2002 hay una Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que, en teoría no es la que resuelve las necesidades de los pueblos indígenas, de su infraestructura, de su educación, de su salud, de sus espacios, de acompañarlos a reducir el cambio climático, de cuidar los espacios territoriales de los que ellos son dueños como el bosque, como la siembra, como el agua, como el mar, como los ríos; y se transforma en un órgano que, de alguna forma, obliga a todas las secretarías de Estado a hacer su parte, a tener un presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas en salud, en ecología, en todos los renglones.

Y, a partir de entonces, el presupuesto para pueblos indígenas se multiplica por cantidades muchísimo más grandes, no las traigo hoy en mi cabeza, pero sí lo multiplica en la teoría, pero en la práctica la propia Cámara de Diputados, hace un par de años le pesca una mordida y le quita 5,000 millones de pesos a ese presupuesto, y en principio etiquetado para los pueblos indígenas y los redirige a estas facultades de los Diputados de etiquetar y redireccionar los recursos.

Hay un montón de denuncias de los pueblos indígenas porque no se les ha tomado en cuenta, haré o diré un par de ellas:

Hace algunos años, la UNESCO reconoce como Patrimonio de la Humanidad a las Cocineras Tradicionales o a la gastronomía michoacana, es Patrimonio de la Humanidad, y resulta que el gobierno reciente pasado asume como propio ese nombre, lo registra ante el IMPI como su propiedad, la marca Cocineras Tradicionales es del gobierno de la Secretaría de Turismo y su apoderado es una persona física, de tal manera que las Cocineras Tradicionales no pueden repetir o replicar sus eventos porque le pertenece la marca a una persona física.

Las casas de la cultura que han sido patrimonio de los pueblos indígenas, porque en una temporada en la que estuvieron de moda los pueblos indígenas se les asignaron casas de la cultura y resulta que se las han ido asignando como propia alcaldes de esa región, digo específicamente el nombre de Paracho. Y resulta que los pueblos indígenas no pueden replicar su experiencia, no pueden usar las casas de la cultura porque le pertenecen a una persona física.

De tal manera, que en todas estas diferencias, yo creo que tenemos que refrescar este tema o esta obligación que tenemos para respetar a los pueblos indígenas, reconocerlos, pero no por ello dejarlos en el abandono.

Yo creo que ellos necesitan mantener la libertad de autogobernarse, de decidir qué cosas aceptan pero no por ello nosotros tenemos el derecho de mantenerlos en la pobreza. Por ejemplo, no podemos obligarles a que sus casas las construyan como nosotros decimos, pero sí tenemos la obligación de darles la posibilidad de que diseñen sus viviendas.

No podemos obligarles o seguirles comprando la artesanía, como ellos la hacen, que han perdido el valor de uso, pero sí tenemos la obligación de darles acceso a conocimientos que les permitan a ellos decidir si innovan su artesanía.

Por cierto, tenemos un pendiente de una ley de artesanía aquí en el Senado, que la presenté desde 2012; no podemos obligarlos a que se asumen con nosotros, pero sí tenemos la obligación de hacerles llegar conocimientos, recursos, espacios, acompañamiento, para que ellos decidan de qué manera se articulan.

Simplemente, cumplamos todos el apartado B del artículo 2o. de la Constitución, tenemos la obligación como Estado mexicano de que ellos puedan acceder de la manera que lo decidan, pero no podemos cerrarles la puerta con el con que de que son nuestros pueblos indígenas y los dejemos en un rincón.

Valen mucho, han sobrevivido a todas nuestras imposiciones y hoy que se reconoce que es el “Día de la Nación Pluricultural”, hagamos cosas. Como decía un amigo mío: “palabras no agujeran”; hagamos cosas para que ellos puedan salir de la pobreza y puedan mantener su identidad de pueblos indígenas en esta riqueza de país que es México.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa, por favor.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Presidenta en funciones. Gracias, Mesa Directiva.

Yo primero la reflexión de la formalidad. ¿Qué tanto se contribuye a la cultura cívica de una nación, de un pueblo?, instalando de manera muy abundante efemérides, los días en que se festeja tal o cual profesión, oficio, en este caso, un día tan importante como fue el encuentro de dos mundos?, ¿qué tanto logramos? Hay que hacernos esa pregunta.

¿Cuánto contribuimos y ayudamos a que la cultura cívica de nuestro pueblo se fortalezca? Yo digo que nos estamos equivocando ¿eh?, nos estamos equivocando porque hace tiempo que la sociedad, que los jóvenes poco atienden a este tipo de Decretos que puede emitir el Congreso.

Hay que reflexionarlo y hay que reconocerlo como tal. No obstante ello, bueno, es de las labores que se hacen desde el Legislativo, las de contribuir con acciones públicas a esto, ha sido parte de los modelos educativos, recuerden que la historia las escriben los que ganan y son los que a su vez provocan las formas y las visiones que se quedan ahí.

Así es que, que sea considerado el 12 de octubre como el “Día de la Nación Pluricultural”, vamos a votar a favor, pero solamente tengamos presente esa circunstancia, no estamos abonando más, a lo mejor para la mayoría va a seguir siendo el “Día de la Raza”, aunque el Decreto del Congreso mexicano y sus Cámaras sea para que ya sea el “Día de la Nación Pluricultural”.

Yo siempre he opinado a favor del encuentro de dos mundos en donde el mestizaje fue salvaje, fue un mestizaje a fuerza y con violencia, pero que el producto de ese mestizaje lo debemos de calificar como exitoso a partir de la lengua, del lenguaje que hoy es nuestro. De ese lenguaje que ha permitido construir literatura, construir poesía, construir todo tipo de las bellas artes, música y demás.

En 1992 se hizo la celebración del quinto Centenario y hubo un gran revuelo sobre este tema, se escribió mucho sobre el tema. Un libro que yo recuerdo haber leído en ese tiempo y que es una magnífica obra de ese mestizaje y de ese encuentro, es “El Espejo Enterrado” de Carlos Fuentes, habría que volverlo a releer para que podamos entender más de esto que fue este encuentro de dos razas.

Pluricultural, por cierto, no solamente por el componente indígena al que se refiere el artículo 2o. de nuestra Constitución, en relación a mantener el reconocimiento de los pueblos originarios, pero lo que es hoy México y su raza, tiene componentes asiáticos, tiene componentes africanos, tiene componentes que no solamente son español y pueblos indígenas.

Y lo dicho por la Senadora Luisa María, lo ratifico completamente, los gobiernos hasta hoy en México no han sacado de la pobreza y de la marginación a los pueblos indígenas. Ese es el resumen.

Aquí podemos decir que estamos haciendo cosas, pero la pobreza en el campo, que es la pobreza de los pueblos indígenas, que por cierto hay una excepción, en las grandes urbes como México hay componentes indígenas, nos los pueden contar los Constituyentes que reconocieron esta circunstancia en la Constitución de la Ciudad de México.Entonces, tenemos ahí como Estado mexicano, hasta hoy como Estado mexicano, no quiero hacer ninguna reflexión de cuándo, yo digo que hasta hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de poder sacar de la marginación y de la pobreza a los pueblos indígenas, y nos referimos a uno de los componentes de la pluricultural de nuestra nación.

Esa es la reflexión, voy a votar a favor, ya no puedo comprometer más voto que el mío, así que es que a favor.

Gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Barbosa.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Comisión Consultiva del Infonavit del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Jesús Priego Calva.

Agradecemos su presencia en el Senado de la República, ¡sean ustedes bienvenidos!

Hace uso de la tribuna, para hablar a favor del dictamen, el Senador Sofío Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Señor Presidente, muchas gracias.

Me mueve no nada más mi responsabilidad como representante popular, me mueven razones sociales, me mueven razones humanas, me mueven aspiraciones de vida de millones de mexicanos que han estado en espera de una oportunidad de justicia social para sus familias. Me mueve mi origen de ser padre frente a nuestros hijos que todos los días buscan oportunidades, pero también me mueve mi condición de origen como hijo de padres campesinos y de padres indígenas.

Y hoy quiero aprovechar para reconocer el trabajo legislativo de la Comisión de Asuntos Indígenas, reconocer a mi paisano el Senador Toledo la presentación de este dictamen. Reconocer los contenidos, reconocer las efemérides y reconocer todo lo que hagamos en valores cívicos, pero lo que más me mueve es la reflexión a nuestra realidad.

Realidad que desde la conquista de esta tierra, desde la transformación de su cultura, desde las imposiciones o el cambio cultural doloroso, como lo señalaba nuestro compañero Miguel Barbosa, hoy no podemos ocultar una realidad, más allá de este recinto hay una realidad que lastima, pueblos originarios en condiciones de marginación y de pobreza.

Pueblos originarios, a quienes acompaña, no nada más la falta de oportunidades, les acompaña también la discriminación y la ausencia de las instituciones en sus tres niveles de gobierno.

Por eso es que hoy cambiar el nombre del 12 de octubre que desde 1928 se oficializó como el “Día de la Raza”, pues es una estadística más, es un acto que respeto porque vamos a votar a favor, los invitamos a que votemos a favor, pero consideramos que es importante hacer la reflexión de poder ir más allá.

En este México lindo y querido en su territorio nacional, desde el norte, hasta el sur, hay un territorio muy marcado por la marginación y la pobreza, como lo es el sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas entre otras entidades federativas que tienen pueblos originarios.

Hablamos mucho de ese orgullo de ser parte de las 68 lenguas originarias, pero en verdad esperamos que los esfuerzos en los tres niveles de gobierno y la aportación legislativa que nosotros podamos hacer, pueda acercarse al anhelo y la esperanza de poderles dar a los pueblos originarios mejores condiciones y oportunidades de vida.

No es casual ni ausente a una reflexión del porqué los grandes movimientos sociales han estado en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en parte de Michoacán, porque por siglos ha estado ahí el abandono y la oportunidad de luchar por vivir mejor. Y hay historia, hay estadísticas.

Allá en 1813 precisamente en Chilpancingo, Guerrero, José María Morelos y Pavón presentó los Sentimientos de la Nación, donde si no me equivoco en su artículo 15 señalaba, donde debe de estar el principio de igualdad y que deben desaparecerse las castas y que debe diferenciarse nada más entre el americano y el mexicano, o el hijo de los campesinos el vicio o la virtud.

Fue también allá en Guerrero, precisamente, donde fueron campos de batalla por la independencia, por esa lucha, precisamente, no nada más de los mestizos, sino por esa lucha de los pueblos originarios.

Fue allá, en Acatempan, aquél 10 de enero donde se da el abrazo de Vicente Guerrero con Agustín de Iturbide, y fue allá en Guerrero, el 24 de febrero de 1821, donde se instituye formalmente el “Día de la Bandera” y se consuma en 1821 la independencia. Pero sigue siendo estadística.

Si regresamos al sur, no quiero particularizar en mi estado, pero allá está un municipio que se llama Cochoapa, donde no hay necesidad de que vayamos a los libros de historia para buscar entre sus páginas una fotografía de una mujer descalza o un niño desnudo.

Vayamos a Chiapas, vayamos a Guerrero, vayamos a Oaxaca, vayamos a muchos pueblos de este territorio nacional, sobre todo pueblos originarios y vamos a encontrar la fotografía no en blanco y negro, la fotografía en su vida real de muchas familias y muchos niños de pueblos originarios que este 12 de octubre lo recuerdan en diversas interpretaciones.

Perdón por haberme prolongado en el tiempo, pero 12 de octubre “Día de la Raza”, hoy 12 de octubre “Día Nacional de la Nación Pluricultural”, nos debe de conllevar a profundas reflexiones, a que verdaderamente impulsemos, como lo dijo nuestra compañera Senadora María Calderón, como lo expresó el proponente Senador Toledo, de que ya no nada más sean contenidos, que verdaderamente la política pública, la política social sea en un principio de igualdad.

Ya no más privilegio para los que tienen mucho, hagamos un esfuerzo de una política más horizontal, de tal manera que encontremos un espacio de oportunidad para los que menos tienen.

En verdad compañeros, y con esto concluyo, hay condiciones que nos deben de llevar a una profunda reflexión, hay que buscar la manera de cómo garantizamos la seguridad alimentaria de los pueblos originarios, porque ése es un extremo.

Allá en Guerrero, ustedes deben de recordar que en los 70’s surgió la guerrilla, como en 1994 aparecieron movimientos armados en Chiapas, no nada más por condiciones de pobreza, sino de seguridad alimentaria.

Cuando un jefe de familia ya no tiene asegurada la alimentación para sus hijos, está en el límite, en el extremo de su propia sobrevivencia.

Por lo tanto, sea este punto de Acuerdo el espacio no nada más para oficializar el 12 de octubre como el “Día Nacional Pluricultural”, sino que también sea el día de la igualdad, de la justicia y del reconocimiento pleno a los pueblos originarios y de respeto a sus usos, a sus costumbres y a su territorio.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

Agotada la lista de oradores registrados, les informo que se reservó este dictamen para su votación en conjunto, con el siguiente que propone la declaración del “Día Nacional del Síndrome de Down”.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del bachillerato Sabes, plantel Trejo, de Silao, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García. Agradecemos su presencia en el Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Hace unos momentos se dio la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Esta tarde, a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, vengo a presentar el dictamen con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional de Síndrome de Down”.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, estableció el 21 de marzo como el “Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down”, con la finalidad de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión de recordar la dignidad inherente, las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de las diversidades de sus comunidades.

Y es que el Síndrome de Down es una alteración genética que ocurre cuando un individuo tiene una total o parcial copia extra del cromosoma 21. Este material genético adicional altera el curso del desarrollo y provoca las características asociadas con el Síndrome de Down.

Alguno de los factores y de los riesgos comunes son: bajo tono muscular, baja estatura, una inclinación hacia arriba de los ojos y un solo pliegue profundo por el centro de la palma.

Aunado a ello, las personas con este trastorno suelen presentar otros problemas de salud, por ejemplo, entre el 60 y el 80 por ciento tienen un déficit auditivo y del 40 al 45 por ciento padece una enfermedad cardiaca congénita.

Estas situaciones se agravan por factores inmunológicos que los hacen más propensos a desarrollar Leucemia, Alzheimer, trastornos convulsivos y cutáneos.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia estimada del Síndrome de Down es 1 de cada mil nacimientos vivos en todo el mundo, esto representa que entre 3 mil y 5 mil bebés nacen con este trastorno cromosómico.

Por cuanto respecta a nuestro país, de acuerdo con información del Inegi, en México 1 de cada 700 recién nacidos cuentan con este síndrome, así que en todo el país se estima que 150 mil personas tengan este trastorno.

Compañeras y compañeros, si bien es la causa más común de discapacidad intelectual en todo el mundo, al día de hoy se desconoce el factor que lo origina.

Las personas con Síndrome de Down son individuos únicos, con cualidades y talentos, que requieren de atención, de estímulo y reconocimiento. Es por ello que nosotros como legisladores, tenemos en nuestras manos el deber de fomentar la plena inclusión y el respeto de las personas con discapacidad.

Sin duda, contar con la aprobación del presente dictamen es el comienzo para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de eliminar obstáculos y barreras que han impedido la integración de las personas con Síndrome de Down y sus familias, así como propiciar el establecimiento de políticas públicas.

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ello debemos trabajar juntos para fomentar los espacios que les permitan el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos.

Hagamos un México más incluyente y con mayores oportunidades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna para hablar a favor del presente dictamen presentado por mi compañera Lilia Merodio, porque el se declara el día 21 de marzo que de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de impulsar políticas públicas en materia de inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad en el país.

Cabe destacar que el Síndrome de Down es el conjunto de características que se manifiestan en una persona como consecuencia de una alteración genética.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante su Sexagésimo Sexto Periodo de Sesiones, exhortó a los Estados miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Nacional del Síndrome de Down, con miras a generar una mayor conciencia de respeto y de la no discriminación.

En el caso de México, de acuerdo con el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en el 2010 existían poco más de 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales, 250 mil padecen Síndrome de Down.

Por otra parte, la encuesta sobre discriminación en México, señala que ese mismo año el 20.4 por ciento de las personas cree que la discriminación es el segundo problema de las personas de acuerdo con su condición, sólo por debajo del desempleo.

Asimismo, señala que 7 de cada 10 personas cree que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o que se respetan sólo por partes.

Las personas con Síndrome de Down suelen presentar problemas oculares con respecto a quienes no se encuentran en esta situación; además del 60 al 80 por ciento tienen un déficit auditivo; y del 40 al 45 por ciento padecen alguna enfermedad cardiaca congénita.

Ante este panorama, resulta fundamental que se garantice a las personas con discapacidad el goce de sus derechos básicos en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, nada más por mencionar algunos.

Ahora más que nunca es necesario crear conciencia e implementar acciones que permitan asegurar el desarrollo pleno y una vida digna para las personas con discapacidad. Para ello se requieren acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas con discapacidad y una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor de la presente iniciativa, por lo que resulta de gran trascendencia que nuestro país adopte el día 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down” con el objeto de generar mayor sensibilidad de las personas con esta discapacidad, pero construyendo de esta manera una sociedad más incluyente e igualitaria.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Acosta Islas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, primero agradecer a las Comisiones Unidas la realización de este dictamen, a las de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, a sus Presidentes, la Senadora Lilia Merodio Reza y al Senador Raúl Gracia Guzmán por su importante trabajo para que pudiese salir adelante este dictamen.

Primero quiero señalar, que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada mil nacimientos en el mundo reportan este trastorno, por lo que cada año nacen entre 3 mil y 5 mil niños con Síndrome de Down.

En ese sentido, en diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el “Día Mundial del Síndrome de Down”, con la finalidad de poder aumentar, por un lado, la conciencia pública sobre este tema, y recordar también la dignidad inherente, la valía, las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Es importante apuntar que la fecha que fue seleccionada por la Asociación Internacional de Síndrome de Down, refiere a la triplicación del cromosoma 21, por lo que se optó por el mes tres y el día 21, para todos aquellos compañeros que tenían esta duda de por qué el día 21 de marzo.

En México, podría haber casi 6 millones de personas con Síndrome de Down y que todos los días muy desafortunadamente se enfrentan a un país, a ciudades, a comunidades que no les ofrecen la accesibilidad necesaria para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Al igual que los más de 7.2 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad, que representan el 6 por ciento de la población de nuestro país.

Si hablamos del tema de la accesibilidad, de hecho hemos presentado iniciativas de ley al respecto en este Senado, y nos enfocamos a lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, bueno, pues queremos que la apuesta a lo que no ha ocurrido en la Ciudad de México, que la apuesta sea a revolucionar el entorno, para ponerlo al alcance de las personas que presentan algún tipo de discapacidad.

Es momento de dejar de ver a las mujeres y hombres con Síndrome de Down como personas ajenas a nuestra sociedad, que están apartadas y que sólo deben ser objetivos de asistencia social, son mexicanos valiosos que tienen mucho que aportarle a nuestro país.

Un dato alarmante que proporciona el Inegi, es que se estima que alrededor de 30 mil niños con Síndrome de Down viven en la Ciudad de México, pero no tienen acceso a la educación especial que necesitan.

Es importante contar con una educación especializada para las personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo tengan como premisa la integración y no la segregación para que a largo plazo puedan insertarse en el campo laboral y no se les sigan negando oportunidades de crecimiento profesional y personal. Es momento de actuar.

Sigamos desde este Senado de la República, impulsando las acciones necesarias, las acciones pertinentes, y para terminar, no quiero dejar de mencionar a muchos de los actores clave para que hoy estemos aquí presentando este dictamen.

Esta es una iniciativa que fue respaldada por el Senador Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente de la Mesa Directiva; por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Luis María Aguilar Morales; por la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que siempre ha sido sensible y ha abanderado este tipo de causas; por la actriz Leticia Calderón; la periodista Katia D’Artigues; organizaciones de la sociedad civil, como Arte Down México A.C.; Downis; la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, entre muchas otras organizaciones, asociaciones civiles que nos ayudaron a impulsar este día 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Agotada la lista de oradores, procederemos a la votación de éste y del dictamen sobre el “Día de la Nación Pluricultural”.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de ambos proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 77 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como el “Día de la Nación Pluricultural” y por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”. Se remiten a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para presentar a nombre de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden a niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Como siempre, pido la atención de las y los Senadores de este Pleno.

Recientemente aprobamos una Ley General de Víctimas, modificaciones diversas que se hicieron, y lamentablemente el 8 de marzo pasado, fuimos testigos una vez más de un caso en el cual el estado, el estado, en este caso Guatemala, fue cómplice de una tragedia porque fallecieron al menos 40 niñas, niñas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas con hogares desintegrados, otras tantas que buscaban un refugio en donde poder ser atendidas de manera integral, tal cual se establece en muchos tratados internacionales y también en muchas legislaciones de este país y de muchos otros.

Estas medidas de protección tendrían que haber sido medidas que el estado, en este caso Guatemala, pudiera haber contemplado y hubiera mejorado y evitar que estas 40 niñas murieran en su desesperación al quemarse un colchón, murieran y fueran no sólo víctimas de algún delito, de esta desintegración familiar, sino ya fallecieran para poder salvar a muchas otras de sus compañeras albergadas ahí.

México no es la excepción en casos como este, en México muchos lugares, quizás los que menos imaginamos, están siendo olvidados en la supervisión; muchos de estos lugares están siendo olvidados en la revisión de que cumplan con los estándares mínimos donde se atienden a grupos y a víctimas de diversos delitos, entre ellos los delitos en materia de trata de personas.

Como lo dije en mi participación respecto del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, se han convertido las víctimas en números, y cuando llegan a estos albergues no sabemos si son atendidas de manera correcta.

Por supuesto que mi pronunciamiento el día de hoy, este punto de Acuerdo tiene que ver con esta solidaridad que le debemos a Guatemala; con esta solidaridad a las familias que están padeciendo la pérdida de sus hijas que no pudieron ser rescatadas, ni de la violencia que sufrieron anteriormente, reinsertadas socialmente tampoco, y que lamentablemente, tampoco pudieron salvar su vida ante la desesperación de todo lo que les tocaba vivir ahí.

No haré una remembranza mayor, sólo me permito recordar que en este país también se han dado casos que lamentablemente después nos arrepentimos.

Luego de 21 años de denuncias que se hicieron ante diversas instancias, tanto federales como locales, se descubrió, por ejemplo, un caso que hoy todavía sigue en la impunidad, “Casitas del Sur”, niños retenidos, niños cooptados, niños tratados para ser dados en adopción ilegal. Solo a través de la denuncia de una de las abuelas se pudo encontrar que ese albergue no funcionaba de la mejor manera.

No más lejano nos resulta el caso, por ejemplo, de “Mamá Rosa”, más de 400 personas víctimas de abandono, de violencia, de muchas vejaciones y hacinaciones, de lugares que ya parecen comunes para nosotros y a los que poco les ponemos atención; es más, los derechos humanos en este país pareciera ser que no existen más que para mencionarse de manera discursiva, y las acciones que llevamos a cabo son pocas.

“Casitas del Sur” también sigue en la impunidad.

Y cómo olvidar aquel caso en Iztapalapa en donde algunas personas víctimas de adicciones también eran utilizadas para trabajo forzado por aquellas personas que se supone tenían la obligación de cuidarlas.

Ahora no contamos siquiera con un registro de víctimas, tampoco tenemos claro cuántos albergues, cuántas casas de atención, cuántas personas, cuántas asociaciones atienden a víctimas de distintos delitos y no cumplen con las normas establecidas en los distintos ordenamientos que tenemos.

No voy a mencionar todos los artículos, pero sí plantearía que también este Senado aprobó una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue incluso iniciativa preferente, que establece estos derechos de ser atendidos. O el artículo 14 que también lo dice; o el artículo 108, por supuesto, de la Ley General de Salud, que nos dice con qué requisitos debe contarse en cada albergue.

Yo creo que no tenemos que esperar a que estas tragedias sucedan, a que repitamos historias como “Mamá Rosa”, como Iztapalapa, como “Casitas del Sur”, o lleguemos al extremo, por ejemplo, del caso de Guatemala que, reitero, tiene toda nuestra solidaridad.

Por eso he pedido que, y quiero pedir el apoyo de ustedes para que este punto de Acuerdo sea votado de urgente resolución, que tiene dos resolutivos y que por supuesto espero contar con el apoyo de ustedes, ya están en sus escaños y también está en el Orden del Día.

El primer resolutivo de este punto de Acuerdo es para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a fin de que se instruya a las dependencias de la Administración Pública Federal, que correspondan, para que se lleven a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden a niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias como la sucedida en Guatemala, y anteriormente también en nuestro país.

Y estoy proponiendo, también por acuerdo de otras compañeras y compañeros que revisamos este segundo resolutivo, una modificación que espero también sea aprobada por ustedes y que entregaré a la Mesa Directiva.

“Segundo: Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se cree un grupo de trabajo conformado por las y los presidentes de las Comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos, Niñas, Niños y Adolescentes, Grupos Vulnerables y Gobernación, que dé seguimiento y acompañe dichas acciones de supervisión en los albergues, refugios y casas de medio camino tanto públicos como privados, que atienden a víctimas de trata de personas”.

Estoy segura que las y los Senadores serán solidarios con este punto de Acuerdo y espero que podamos hacer esta aprobación de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 8 de marzo pasado, fuimos testigos otra vez más, de un caso en el cual el Estado es cómplice de una tragedia en la cual fallecen personas inocentes por la ausencia de supervisión en relación con las medidas mínimas de protección en albergues provistos para la atención de personas que por algún motivo se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Nos referimos al incendio que sucedió en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, por el cual suman 40 niñas las que han perdido la vida a consecuencia conflagración, misma que al parecer fue causada por las mismas niñas en protesta por los maltratos, vejaciones y abusos sexuales de los que eran objeto en el lugar.

Las versiones apuntan a que las niñas se encontraban bajo llave a raíz de que un día antes se habría registrado un motín en el que cerca de 60 de ellas lograron escapar, y a consecuencia de eso, a modo de castigo, los encargados del albergue habrían cerrado puertas y ventanas, por lo que una vez iniciado el incendio por la protesta, les fue imposible lograr ponerse a salvo.

Es evidente la responsabilidad que tienen los administradores del lugar por su negligencia en las medidas de prevención para el caso de un hecho de esas magnitudes; sin embargo, las autoridades también tienen un alto grado de responsabilidad ante la omisión de superivisión por parte de un centro de atención que contenía a niñas, niños y adolescentes con un sinumero de circunstancias variadas.

Hacinamiento, vejaciones, abusos psicológicos y físicos, incluidos de índole sexual, haber sido incorporadas al albergue de forma irregular, entre otras circunstancias, fueron las causas de las protestas que derivaron en el motín y el incendio suscitado el jueves, sin que las autoridades del estado hayan acusado de recibo ni tomado medidas urgentes encaminadas a proteger los derechos y la integridad de las menores de edad.

Sin duda, las omisiones no solo fueron de instancias de supervisión de medidas de protección, sino también de aquellas encargadas de cerciorarse de las condiciones en que vivían dentro del centro y hasta de las instancias de procuración de justicia a pesar de que se habían denunciado abusos sexuales dentro del lugar sin que ninguna autoridad interviniera.

Son lamentables los hechos acontecidos en nuestro país hermano; sin embargo, ese no es un hecho que hayan vivido únicamente ellos, la ausencia de medidas de supervisión y de atención hacia ese tipo de centros de atención en los cuales se encuentran albergadas un número amplio de personas por alguna circunstancia educativa, de institucionalización, de vulnerabilidad o de abandono, ha desencadenado tragedias o violaciones graves a derechos humanos ha sido también el caso de México.

Aquí, hemos sido testigos de casos similares en los cuales las omisiones de las autoridades para supervisar y actuar ante denuncias interpuestas por ciudadanos han generado hechos luctuosos y lamentables para la sociedad mexicana, con consecuencias difíciles de reparar.

En octubre de 2015, en el cual fueron rescatadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 49 personas, 41 hombres 6 seis adolescentes que, presuntamente era explotadas laboralmente, tales personas estaban ingresadas en un centro de rehabilitación en Iztapalapa, en ese caso, ni las personas de la delegación ni las del gobierno local realizaron verificación alguna al funcionamiento de ese tipo de centros que por sus características son proclives a mantener lo que ahí suceda de forma oculta.

En julio de 2014, salió a la luz el caso del Albergue la Gran Familia, cuya directora era la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, caso en el cual, luego de varias denuncias que acusaban a su directora de retener ilegalmente a varios menores de edad en contra de su voluntad y la de sus padres, la noche del 15 de julio de las autoridades de procuración de justicia lograron entrar al albergue y detener a la directora y otras seis personas, recatándose a 596 personas de las cuales 278 era niños, 174 niñas, 6 bebés y 138 adultos, los cuales eran víctimas de abusos, vejaciones, maltratos físicos, psicológicos y sexuales, todo ello ante la ausencia de las autoridades de los tres niveles  de gobierno para brindar atención.

Por ello surge la inquietud de hacer un exhorto a distintas instancias de gobierno, con el objeto de que cumplan su responsabilidades previstas en las normas generales y de la materia, y realicen las supervisiones y verificaciones pertinentes, que eviten tragedias y violaciones a derechos humanos por la abstención y complicidad de unos cuantos de cumplir con las normas por conveniencia o intereses de que las cosas funcionen indebidamente.  

Para el caso de niñas, niños y adolescentes, nuestra Constitución determina la protección más amplia mediante el interés superior de la niñez que “deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales:

Artículo 4.- [...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

El interés superior del menor deberá ser una consideración primordial a que se atenderá que incluye todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas adoptadas por las autoridades administrativas deben evaluarse en función del interés superior del niño.

Para materializar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a la vida y a la supervivencia:

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

De esa forma el derecho a la vida se erige como un derecho a la persona humana, que corresponde a todos los individuos y sin el cual no cabe la existencia de cualquier otro derecho.

De tal manera que el Estado está obligado a llevar a cabo todas las acciones que garanticen el derecho a la vida de las niños, niños y adolescentes. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,“las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal establecerán los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros”.

Así, las autoridades federales, estatales y municipales deben certificar y supervisar los centros de asistencia social para que cumplan con los requisitos siguientes:

Artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir con lo siguiente:

I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar;

II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable;

III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable;

IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables;

V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;

VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes;

VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia social, y

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre motivo o grado de discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de asistencia social.

De lo anterior destaca el hecho de que los centros de asistencia social deben cumplir con ciertos estándares relativos a medidas de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable.

Cabe destacar que de conformidad con el artículo 112 del mismo cuerpo normativo, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social”.

Lo cierto es que la asistencia social es una actividad que no solo se encarga de ofrecer ayuda a menores de edad, sino que incluye a grupos que por su condición de vulnerabilidad se consideran más desprotegidos.

La Ley General de Salud, en su artículo 167 que la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

A su vez el artículo 168 de la misma ley señala que son, entre otras, actividades básicas de Asistencia Social:

• La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

• La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

• El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Otro caso de seres humanos que quedan vulnerables ante este tipo de eventos son las víctimas del delito. En particular, la ley contra la trata de personas, en su artículo 90 señala que es responsabilidad de la Comisión Intersecretarial regular la construcción de albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en dicha Ley, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución.

Es tiempo de recordar las grandes tragedias que han sacudido a nuestra nación. Es momento de apoyar y solidarizarse con Guatemala. Pero también es tiempo de tomar medidas preventivas para que en México no se repitan esta clase de hechos mortales.

En nuestro país casos similares que se han suscitado, se mantienen aún en la impunidad, basta con recordar al menos “Casitas del Sur” en el Distrito Federal y “La Gran Familia” en Michoacán, que no obstante denuncias de maltratos, abusos físicos y otros delitos como la trata de personas con fines de mendicidad forzada, prostitución forzada y adopciones ilegales, presentadas incluso 20 años atrás; hasta la fecha no hay claridad de que se haya hecho justicia para la víctimas, e incluso se desconoce el paradero de muchas de ellas.

Po lo anterior, es oportuno proponer la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los refugios tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas; pues no obstante que en el caso de México, estos lugares están obligados a informar sobre las acciones y el destino de los recursos públicos y privados que reciben, así como los mecanismos de atención a víctimas de atención a víctimas, no basta con dar por cierto que los datos otorgados sean veraces y se esté cumpliendo con los objetivos planteados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente propuesta de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias de la administración pública federal que correspondan para que se lleven a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias como la sucedida en Guatemala y anteriormente en México.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se establezca una Comisión especial para dar seguimiento a los albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos, tanto públicos como privados, que atienden a víctimas de trata de personas.

Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Adriana Dávila Fernández.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, le solicitamos nos entregue el segundo resolutivo. Muchísimas gracias.

Como ha sido solicitado por la Senadora Adriana Dávila, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Pregunto a la Asamblea si existe el interés por alguna Senadora o Senador para intervenir respecto a la presente proposición.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”, Karl A. Menninger, psiquiatra estadounidense.

Hoy Guatemala está de luto, nuestro país vecino ha pasado por una gran tragedia hace apenas una semana.

El pasado 8 de marzo se registró un incendio en el centro de refugio “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, situado en el municipio de San José Pinula, en Guatemala.

Este centro estaba encargado de la atención de niñas y niños adolescentes y tenía como función la protección de la niñez en riesgo.

El reciente “Día Internacional de la Mujer” se ha visto marcado por un evento que ha enlutado a muchas familias guatemaltecas, fallecieron 41 niñas al día de hoy; y entre 25 y 38 heridos entre niñas, niños y adolescentes.

Según dan cuenta los medios de comunicación y entrevistas realizadas a diversos menores, un día antes de la tragedia, 60 niñas se fugaron del centro en comento, por los hechos de violencia que vivían al interior del mismo.

Hay indicios de que las niñas fueron castigadas y encerradas al igual que otros niños, y al parecer quisieron llamar la atención y que les permitieran salir del encierro en el que las tenían.

Prendieron fuego quizá a uno o varios colchones, no hay datos específicos, pero esto provocó el incendio que lamentablemente acabó con la vida de más de 40 niñas, como ya lo expuso aquí la Senadora Adriana.

El incidente ocurrido en el denominado “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” arroja el paso de los días un incremento de pérdida de vidas humanas, y en el agravamiento de la salud de quienes resultaron heridos, y como es el caso de las primeras informaciones, surgen a la luz pública también, se da a conocer el trato que se les daba en este supuesto hogar seguro.

Las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos, todos menores de 18 años de edad, habían sido ingresado para su tratamiento por haber sido víctimas de maltrato familiar, abandono, que eran niños con discapacidad, algunos jóvenes que no tenían familia, adicciones e incluso explotación sexual.

Hoy, algunas fuentes y medios informativos en línea nos dan a conocer cómo en ese centro también eran víctimas de maltrato y de explotación.

El aterrador incendio que privó de la vida a niñas, niños y adolescentes deja ciertamente enlutadas a sus familias, pero igualmente las deja en estado de shock al enterarse sus familias que estaban expuestas a un clima de violencia en el lugar en el que supuestamente encontrarían apoyo y protección y donde se garantizarían los derechos.

Este centro de acogida o casa–refugio para niñas, niños y adolescentes cuya razón de existencia es ofrecerles oportunidad de vida, protegerlos y mantenerlos alejados de las adicciones, rehabilitarlos, en su caso de la violencia juvenil y apoyarlos para su reintegración a los núcleos familiares cuando las condiciones así lo requirieran, no logró su objetivo evidentemente.

En México nos solidarizamos con esta tragedia que nos duele, que entendemos al pueblo de Guatemala, porque nosotros también hemos vivido hechos que nos han lastimado como sociedad.

En México no somos ajenos a ellos; nosotros recordaremos casos muy conocidos aquí en la Ciudad de México, “Casitas del Sur”, en 2008, y todos nos dimos cuenta del tráfico de menores que se hacía ahí.

La “Guardería ABC” en 2009 en Hermosillo, Sonora; en una guardería del IMSS hubo un incendio que acabó con la vida de 49 niños.

Yo, en ese tiempo era Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y en el Senado era el Senador Guillermo Tamborrel el Presidente, y viví una de las experiencias más duras de mi vida, tener ahí al señor Freijo, que era papá de un niño, y tener a don Julio Márquez y a su esposa, y cómo su esposa en la comisión nos presentaba los zapatitos de su bebé, la experiencia, la narración del dolor de ver a padres desgarrados fue terrible. Fue de esas experiencias que marcan tu vida, y que nunca se olvidan.

Hicimos una gran alianza el Senado y la Cámara de Diputados con el Senador Tamborrel, y logramos sacar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, y prevía muchos mecanismos para que estas cosas no sucedieran más en México. Por eso coincidimos que tenemos que redoblar esfuerzos, porque cada niño que sea lastimado en este país nos tiene que doler, nos tiene que desagarrar el alma, pero sobre todo nos tiene que poner en acción.

Nosotros nos queremos sumar al punto de Acuerdo, pero también quisiera solicitarle a la Senadora, si fuera posible que pudiéramos incorporar una parte más para que, de parte del grupo parlamentario del PRI, pudiera agregarse lo siguiente:

Único. El Senado de la República, expresa su solidaridad y duelo al pueblo Guatemalteco por los lamentables acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo del 2017, en el Centro, “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, que ha costado la vida de niñas y jóvenes guatemaltecas y dirige al Gobierno de la hermana República de Guatemala, así como a los familiares de las jóvenes que fallecieron, sus amplias y sentidas condolencias.

Estos casos definitivamente tienen que ser una llamada de atención, pero requiere del conjunto de todos, de la suma de sociedad y gobierno, porque no tendríamos que tener centros de refugio.

Si las niñas y los niños del mundo, de este país y de Guatemala y de otros, pudieran ejercer libremente sus derechos, y el interés superior de la niñez fuera una práctica cotidiana de sociedad y gobierno, y los niños tuvieran acceso a salud, educación, recreación, cultura, a un hogar, a una familia digna, esto no pasaría.

Pero también es muy importante que si diferentes instituciones colocan en casas de refugio a niños, la sociedad supervisemos. Esta es una tarea de todos, y en el Senado de la República tenemos que ser los ojos de la sociedad para poder avanzar, no sólo en el tema legislativo, sino en velar porque se cumpla el interés superior de la niñez en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta de adición



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si la adición propuesta por la Senadora Yolanda de la Torre, previa anuencia de la Senadora proponente, si la Asamblea es anuente a que sea incorporada a los términos de la redacción para entonces someterla a la votación de la Asamblea.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de la Senadora Yolanda de la Torre. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria.

Agotadas las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la adición aceptada por la Asamblea, propuesta por la Senadora Yolanda de la Torre.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta con la adición de la Senadora Yolanda de la Torre. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta contemplar y valorar la pertinencia de un carril migrante.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, este punto de Acuerdo lo suscribimos Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, en este mecanismo que nos hemos dado aquí en el Senado de la República, este grupo de trabajo que nos hemos autodenominado “Operación Monarca” y que hemos insistido en puntos de Acuerdo, hemos presentado iniciativas de ley, y hemos estado trabajando muy de cerca con el fenómeno y la situación que está pasando en los Estados Unidos, especialmente con la situación complicada de nuestros connacionales radicados en el país del norte.

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos data de finales del siglo XIX y cobró especial relevancia, sobre todo la migración indocumentada, a partir de los años 70’s.

Actualmente la comunidad México-Americana residente en los Estados Unidos, asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales, 12.4 millones son indocumentados en su inmensa mayoría, estamos hablando de que 11 millones no tienen la documentación correspondiente para estar legalmente en aquel país.

Lamentablemente la llegada del nuevo gobierno ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico y político sumamente adverso. El mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti-inmigratorias y racistas.

Este escenario, además de las deportaciones, prevé un número importante de repatriaciones voluntarias de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos.

Tan sólo en el primer año, antes de que fuera la toma de protesta del Presidente Donald Trump, regresaron de manera voluntaria a nuestro país 1175 mexicanos que se encontraban en juicio ante los tribunales migratorios de aquella nación, esto nos ubica en el primer lugar de repatriaciones voluntarias con un 52 por ciento.

Cualquiera que sea el caso, se augura el retorno de ciudadanos y familias enteras de mexicanos residentes en el vecino país del norte. Esto hace indispensable que el Estado mexicano se prevenga para garantizar la protección de los derechos humanos, su reinserción social, económica y productiva en nuestro país y el acceso a los servicios públicos.

En esas previsiones también mucho se ha hablado de otorgar las facilidades posibles entre las que indiscutiblemente se encuentran aquellas relacionadas con su ingreso al país, sus pertenencias y, desde luego, su patrimonio.

Cabe destacar que los mexicanos en el extranjero tienen el derecho de traer consigo su menaje de casa por una sola vez, libre del pago de contribuciones al comercio exterior por la importación.

Para facilitar ese trámite, es necesario obtener el denominado Certificado de Menaje de Casa para Mexicanos, este documento se obtiene previa solicitud al Consulado mexicano correspondiente al lugar de residencia, con una lista de relación de menaje de casa, incluyendo aparatos electrónicos, además, para el caso de traer automóvil deberá prever el trámite correspondiente, ya que este bien no está considerado en la hipótesis del menaje, entonces, habría que pasar por la aduana del cruce fronterizo y los trámites que esto conlleva.

Por ello, a fin de otorgar mayores facilidades, orientación y atención, se ha considerado la pertinencia de un carril preferente para esta hipótesis, en concreto, connacionales repatriados.

Esta propuesta del carril migrante se trata de una fila o carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, que es la idónea cuando se trae consigo, como ya se comentó, el menaje de casa.

Esta fila preferente haría de implementar una atención y orientación lo más simplificada posible para el ingreso de los connacionales a tierras mexicanas, apoyándoles en sus trámites y agilizando lo más posible su cruce, sin que ello implique desatención a las normas aplicables, pues se insiste, se trata de un carril confinado o preferente para repatriaciones y trámites aduanales, claro está que independientemente de que traigan su menaje de casa o no.

Esta medida, además de otorgar asistencia, concedería un recibimiento atento a los mexicanos migrantes, que hay que decirlo, en realidad no están convencidos de regresar.

Por eso nos permitimos presentar este punto de Acuerdo concreto que a la letra dice:

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de su Administración General de Aduanas, para que contemplen y valoren, conforme al ámbito de sus respectivas competencias, la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en un carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia en sus trámites aduanales a fin de apoyarles y simplificar lo más posible su ingreso a territorio nacional, al igual que a sus pertenencias.

Se trata, entonces, de facilitarle a nuestros connacionales su regreso al país, hacerles más sencillo, ser más atentos, orientarlos y que de alguna manera su primer contacto de regreso a nuestro país sea de una forma más amable, más atenta y que puedan cruzar sin mayor problema al igual que sus pertenencias.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARCELA GUERRA CASTILLO, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, ARMANDO RIOS PITER, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y BENJAMIN ROBLES MONTOYA, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su Administración General de Aduanas, para que contemplen y valoren la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia; al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y

CONSIDERACIONES

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos data de finales del siglo XIX y cobró especial relevancia, sobre todo la migración indocumentada, a partir de los años 70´s.

Actualmente la comunidad Mexicoamericana residente en los Estados Unidos, asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales, 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría (11 millones aproximadamente).

Lamentablemente, la llegada de un nuevo gobierno norteamericano a cargo del político republicano Donald Trump, ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico y político sumamente adverso en mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti inmigratorias y racistas.

Las amenazas de deportaciones masivas, posicionan a nuestros connacionales en ese país en una situación especialmente vulnerable, cuya repatriación se hace más latente que nunca. El actual Presidente de Estados Unidos asegura deportar a cuando menos 3 millones de personas en estas condiciones.

Este escenario adverso y hostil, además de las deportaciones, prevé que ocasionará un número importante de repatriaciones voluntarias de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos.

Tan sólo al primer mes del presente año, regresaron de manera voluntaria a nuestro país al menos mil ciento sesenta y cinco mexicanos que se encontraban en juicio ante los tribunales migratorios de aquella nación, de acuerdo al Centro de registros de Accesos Transnacionales de la Universidad de Syracuse.

Esto posiciona a nuestro país en el primer lugar de repatriaciones voluntarias, pues de las dos mil doscientas de este 2017, el 52% son de connacionales; además de que han iniciado las primeras redadas con cientos de detenidos.

Cualquiera que sea el caso, se augura el retorno de ciudadanos y familias enteras de mexicanos residentes en el vecino país del norte. Esto, como ya se ha reflexionado en diversas oportunidades en este Senado de la República, hace indispensable que el Estado Mexicano se prevenga para garantizar la protección a los derechos humanos, su reinserción social, económica y productiva en nuestro país, y el acceso a los servicios públicos.

En esas previsiones, también mucho se ha hablado de otorgar todas las facilidades posibles, entre las que indiscutiblemente se encuentran aquellas relacionadas con su ingreso al país, sus pertenencias y patrimonio.

Sobre este aspecto, cabe destacar, que los mexicanos en el extranjero tienen del derecho a traer consigo su menaje de casa por una sola vez, libre de pago de contribuciones al comercio exterior por la importación. La Ley de Aduanas y los reglamentos fiscales permiten a los connacionales repatriados o deportados transitar las pertenencias que hayan usado durante su estancia en el exterior, así como las herramientas de obreros y artesanos e instrumentos científicos o profesionales.

Para facilitar este trámite, es necesario obtener el denominado “Certificado de menaje de casa para mexicanos”.

Este documento se obtiene previa solicitud al Consulado Mexicano correspondiente al lugar de residencia, con una lista de relación de menaje de casa, incluyendo aparatos electrónicos. Además, para el caso de traer automóvil, deberá prever el trámite correspondiente, ya que este bien no está considerado en la hipótesis del menaje.

Luego, habría que pasar la aduana del cruce fronterizo y los trámites que conlleva. Por ello, a fin de otorgar a mayores facilidades, orientación y atención, se ha considerado la pertinencia de un carril preferente para esta hipótesis en concreto: Connacionales repatriados.

Esta propuesta, el “carril migrante”, se trata de una fila o carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, que es la idónea cuando se trae consigo, como ya se comentó, el menaje de casa.

Esta fila preferente habría de implementar una atención y orientación lo más simplificada posible para el ingreso de los connacionales a tierras mexicanas, apoyándoles en sus trámites y agilizando lo más posible su cruce, sin que ello implique desatención a las norma aplicables, pues se insiste, se trataría de un carril confinado o preferente para repatriaciones y sus trámites aduanales. Claro está, que es independientemente de que traigan su menaje de casa o no.

Esta medida, de confirmarse viable por las autoridades del ejecutivo federal competentes, habría además de otorgar asistencia, concedería un recibimiento atento a los mexicanos migrantes, que hay que decirlo, en realidad no están convencidos de regresar.

Esta posibilidad, si bien no es competencia del Senado de la república, sí lo es de las autoridades federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su Administración General de Aduanas, en sus respectivos ámbitos de competencia, por ello, que la propuesta concreta a esta Soberanía es poner a consideración de dichas autoridades la pertinencia del planteamiento del referido “carril migrante”.

Ello, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su Administración General de Aduanas, para que contemplen y valoren, conforme al ámbito de sus respectivas competencias, la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia en sus trámites aduanales a fin de apoyarles y simplificar lo más posible su ingreso a territorio nacional y el de sus pertenencias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.- Sen. Armando Rios Piter.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Benjamín Robles Montoya.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que han sufrido abusos por parte de agentes policiacos.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Una de las consecuencias de la creciente desigualdad y pobreza en el mundo es el aumento de los flujos migratorios de personas en países en vías de desarrollo en busca de mejores oportunidades de vida.

De manera particular, desde hace décadas, México tiene una tradición de expulsión de migrantes, mientras que para el año 2015, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se alcanzó un número de 12 millones 339 mil 62 mexicanos migrantes en el mundo, siendo el principal país de residencia para los mexicanos radicados en el extranjero los Estados Unidos. Derivado de lo anterior, se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor de la economía en Estados Unidos.

Los más de 12 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en el 2015 representaban alrededor del 29 por ciento de los migrantes y el 4 por ciento de la población total estadounidense.

Lamentablemente, el cambio de gobierno en la Unión Americana, para los millones de migrantes que radican en ese país, ha hecho que la incertidumbre se apodere de la cotidianeidad debido al temor de poder ser deportados a su país de origen sin tener derecho a una defensa adecuada.

La política migratoria, impulsada por el Presidente Donald Trump, que en sus primeros meses de implementación se ha caracterizado por perseguir y deportar a los migrantes, ha ocasionado que el número de redadas y detenciones ilegales se disparen y lamentablemente eso abre la puerta para el abuso policiaco y a la impunidad, en virtud de que una gran cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni castigados.

Lo anterior se demuestra con los siguientes datos que se dieron a conocer recientemente en los medios de información.

Entre el 2008 y el 2016, más de 400 personas de nacionalidad mexicana fueron heridas o asesinadas por autoridades policiacas en Estados Unidos.

En ninguno de estos casos se ha emitido sentencia en materia penal contra los oficiales involucrados.

En 251 casos no existieron elementos para que procediera una acción legal, ya sea porque se determinó que la actuación de los policías estadounidenses fue en defensa propia o porque las personas mexicanas rechazaron la asistencia consular o fueron vinculadas a otros delitos.

Otras 125 agresiones contra mexicanos se encuentran pendientes de resolver y en 29 casos se resolvieron con acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos que lograron extrajudicialmente con las víctimas o las familias de las víctimas.

Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que durante el año fiscal 2015 la Patrulla Fronteriza registró 240 fallecidos, y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, resulta sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados Unidos desconozca las causas.

Sin embargo, este tipo de ataques en contra de los migrantes mexicanos en territorio norteamericano no son recientes, datos del Informe Violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes Mexicanas detenidas en los Estados Unidos del 2011 al 2012, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, dan constancia del tipo de abusos que sufren los migrantes cuando son detenidos.

De 866 migrantes entrevistados por el programa, entre el 2011 y 2012, casi el 52 por ciento sufrieron abuso.

En este sentido, frente a estos hechos que son parte de la vida cotidiana de los migrantes de origen mexicano, en los Estados Unidos, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija de manera firme a las autoridades de los Estados Unidos, el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Asimismo, resulta asombroso que a pesar del alto índice de casos de agresiones en contra de estos inmigrantes, incluso de casos públicos documentados y difundidos a través de las redes sociales, los agentes policiacos no reciban castigo alguno, dejando en la impunidad los ataques, lo que a todas luces contraviene las leyes de aquel país, así como los acuerdos internacionales en materia de cooperación y migración.

Es por ello que el presente punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado acerca de las acciones que ha llevado a cabo para defender los derechos humanos de las personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos de Norteamérica.

De igual modo, se busca que esta Soberanía reciba información en cuanto a las estrategias y el acompañamiento jurídico de los connacionales, para exigir el castigo a los agentes policiacos que en el uso de sus facultades y atribuciones haya actuado violando y abusando de su autoridad.

Hay que reconocer que cada migrante mexicano que sale del país en busca de las mejores oportunidades de vida, es el reflejo del fracaso del Estado para cumplir su función y garantizar una vida plena a sus ciudadanos.

Ante la adversidad que enfrentan los connacionales radicados en los Estados Unidos, lo menos que puede hacer la autoridad encargada de la política exterior en México, es vigilar que todas las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños, como de adultos.

Es indispensable que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las consecuencias de la creciente desigualdad y pobreza en el mundo, es el aumento en los flujos migratorios de personas provenientes de países en vías de desarrollo, quienes buscan mejores oportunidades de vida. De manera particular, desde hace décadas México tiene una tradición de país de origen en migración, datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que la población de mexicanos en el extranjero ha crecido de manera significativa con el paso de las décadas desde 1960, a tal grado que para el año 2010, se reportaron más de 11 y medio millones de migrantes mexicanos.1

Para el año 2015, de acuerdo con cifras de la Organización de la Naciones Unidas, se alcanzó un número de 12 millones 339 mil 062 connacionales en el mundo,2 siendo Estados Unidos el principal país de residencia para los mexicanos radicados en el extranjero.

Ahora bien, la población mexicana que emigra hacia otros países lo hace, en mayor número, entre los 20 y los 34 años de edad, le siguen los jóvenes de entre 15 y 19. En los menores de 15 años y mayores de 50, el porcentaje disminuye, lo que demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales.

Tan sólo el estado de Zacatecas, con base en las proyecciones del Instituto Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Saldo Neto Migratorio fue de 115.8 personas por cada 10 mil habitantes, es decir, por cada 100 residentes, uno dejó el estado.3

En razón de lo anterior la migración en Zacatecas tienen una particular relevancia por ser uno de los Estados que mayor número de personas que aporta a la estadística de flujo migratorio en el país, la entidad, en el año 2014, llegó a ocupar el segundo lugar nacional en expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos, más de un millón 800 mil de zacatecanos radican en Estados Unidos, cifra superior a los habitantes del estado, que suma un millón 491 mil.4

Derivado de lo anterior se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor para la economía de Estados Unidos. Los más de 12 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en 2015 representaban alrededor del 29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense. Lamentablemente, el cambio de gobierno para los millones de migrantes que radican en ese país ha hecho que la incertidumbre se apodere de la cotidianeidad, lo anterior se conjuga con el temor de poder ser deportados a su país de origen, sin tener derecho a una defensa adecuada.

La política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump, que en sus primeros meses de implementación se ha caracterizado por perseguir y deportar a los migrantes, ha ocasionado que el número de redadas y detenciones ilegales se disparen, lamentablemente esto abre la puerta para el abuso policiaco y a la impunidad, en virtud de que una gran cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni castigados.

Muestra de lo anterior son las estadísticas de la Administración de Barack Obama en materia migratoria: “entre 2008 y 2016 más de 400 personas de nacionalidad mexicana fueron heridas o asesinadas por autoridades policiacas en Estados Unidos, en ninguno de estos casos se han emitido sentencias en materia penal contra los oficiales involucrados. En 251 no existieron elementos para que procediera una acción legal, ya sea porque se determinó que la actuación de los policías estadunidenses fue en defensa propia, o porque las personas mexicanas rechazaron la asistencia consular o fueron vinculadas a otros delitos. Otras 125 agresiones contra mexicanos se encuentran pendientes de resolver y 29 casos se resolvieron con acuerdos que las autoridades de Estados Unidos lograron, extrajudicialmente, con las víctimas o sus familias.”5

Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que “durante el año fiscal 2015 la Patrulla Fronteriza registró 240 fallecidos” y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, resulta sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados Unidos desconozca las causas.

Sin embargo, este tipo de ataques en contra de migrantes mexicanos en territorio norteamericano no son recientes, datos del informe “Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos2011-2012”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, dan constancia del tipo de abusos que sufren los migrantes cuando son detenidos, de 866 migrantes entrevistados por el programa entre 2011 y 2012, casi el 52 por ciento sufrieron abuso.

“Las principales quejas relativas a los centros de detención de los Estados Unidos, tanto en el corto y largo plazo, incluyeron la falta de privacidad, pocos o nulos procedimientos para quejas, deficiencias en la devolución de pertenencias personales, comida insuficiente o inadecuada, privación del sueño, retención en celdas demasiado frías y deficiencias en el uso de cinturones de seguridad sobre los detenidos esposados durante la transportación de un centro a otro.”6

Frente a estos hechos que son parte de la vida cotidiana de los migrantes de origen mexicano en los Estados Unidos, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija de manera firme a las autoridades de los Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los connacionales; asimismo, resulta indignante que a pesar del alto índice de casos de agresiones en contra de inmigrantes, incluso de casos públicos documentados y difundidos a través de redes sociales, los agentes policiacos no reciban castigo alguno, dejando en la impunidad las violaciones a derechos humanos, situación que a todas luces contraviene las leyes de aquel país, así como los acuerdos internacionales en materia de cooperación y migración.

Es por ello que el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado acerca de las acciones que ha llevado a cabo para defender los derechos humanos de las personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, así como de las estrategias y asesoría jurídica a los connacionales para exigir el castigo a los agentes policiacos que han actuado violando la Ley o abusando de su autoridad.

Hay que reconocer que cada migrante mexicano sale de su país en busca de mejores oportunidades de vida, lo cual significa el fracaso del Estado para cumplir su función y garantizar una vida plena a sus ciudadanos. Ante la adversidad que enfrentan los connacionales radicados en los Estados Unidos, lo menos que pueden hacer las autoridades encargadas de la política exterior de México es vigilar que todas las autoridades en el extranjero cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños como de adultos, es indispensable que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre:

a) Las acciones que han sido llevadas a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano radicadas en aquel país, y

b) Las estrategias jurídicas para solicitar a las autoridades de los Estados Unidos de América el esclarecimiento y en su caso el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano, por parte de agentes policiacos de aquel país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Artículo web: “Anuario de migración y remesas, México 2014” en Consejo Nacional de Población, [en línea], consultado el 23-10-2015, disponible en file:///C:/Users/Senado/Desktop/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf

2 “Se reduce a 12.3 millones cifra de mexicanos migrantes: ONU”, Excélsior, [en línea], consultado: 13/03/17, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068383

3 Imagen, “Zacatecas, con mayor migración al extranjero”, Consultado el 3 de octubre de 2016 [En Línea], Disponible en:
http://www.imagenzac.com.mx/nota/zacatecas-con-mayor-migracion-al-extraj-22-56-14-g1

4 NTR Zacatecas, “Zacatecas, segundo lugar nacional en migración”, Consultado el día 9 de diciembre de 2016 [En Línea], Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2014/01/24/zacatecas-segundo-lugar-nacional-en-migracion/

5 Aquino, Erendira, “Policías de EU han atacado a 405 mexicanos en los últimos 8 años; ninguno ha pisado la cárcel”, Animal Político, [en línea], consultado 13/03/2017, disponible:
http://www.animalpolitico.com/2017/03/policias-eu-atacado-mexicanos/

6 Del Ángel, Perla, et al., “Informe: Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos 2011-2012”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (2013), [en línea], consultado 13/03/2017, disponible en:
https://programadefensaincidenciabinacional.files.wordpress.com/2012/05/2do-informe-violaciones-a-ddh-de-mexicanos-deportados-de-usa.pdf

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios.





 

Para cerrar esta ronda de proposiciones, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, surgieron como instrumentos para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud materno-infantil, aunado al elevado número de casos de violencia obstétrica, este tipo de violencia es ejercido por los profesionales y personal de salud, e impacta sobre el proceso reproductivo de las mujeres. Se expresa en el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Este tipo de violencia es poco visibilizada, pero desafortunadamente es muy frecuente, contraviene el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres, pues es una violación a su integridad personal y autonomía reproductiva.

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres, que constituye una violación a los derechos humanos. Consiste en cualquier acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante o un abuso sobre medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

Las manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarla sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo, y la coacción para obtener su consentimiento, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien, que se ha incurrido en una violación aún más grave a sus derechos.

De acuerdo a las académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Angélica Ramírez y Leticia Hernández, en México, cerca del 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, perciben que se enfrentan a violencia obstétrica, es decir, maltrato y omisiones al acudir a las instituciones de salud.

Este tipo de prácticas están normalizadas por el personal de salud y las usuarias, y debido a que no existen datos ni estadísticas oficiales sobre los casos de violencia obstétrica, éstos son invisibilizados.

Podemos seguir enumerando casos, mujeres que han perdido la vida durante el parto, dieron a la luz en la calle, o se les practicó una cesárea innecesaria, o procedimientos médicos que dejaron secuelas a las mujeres, debido a que no recibieron una atención eficiente, apropiada y de calidad.

Es intolerable que en el proceso de embarazo y el parto, etapa en que las mujeres se encuentran en una situación vulnerable, se enfrenten a conductas por parte del personal médico que vulnera su dignidad, e incluso acciones a las que son orilladas y coaccionadas a aceptar, bajo el argumento de que es en su beneficio.

Es urgente sensibilizar, capacitar y formar el personal de salud en todo el Sistema Nacional de Salud, sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y especialmente concientizarlos sobre la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres, con relación a los procedimientos y trato que llevan a cabo durante el embarazo, parto y puerperio.

Y, finalmente, aunado a este punto de Acuerdo, quiero insistir en hacer un llamado a la Secretaría de Salud, a fin de que en la discusión que se está dando hoy en la Cámara de Diputados, sobre una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se debería de incluir el reconocimiento a la Norma 046, que busca establecer el procedimiento en casos de aborto por violación, la Secretaría de Salud se pronuncie sobre la obligación que existe por parte del Estado mexicano, para que esta Norma Oficial Mexicana 046, sea obligatoria en todo el país y por parte de todos quienes participan en el Sistema Nacional de Salud, y que no importa en qué termine esa reforma que se está discutiendo en Cámara de Diputados, que es obligación de la Secretaría de Salud hacerla valer.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a sus derechos humanos.  de las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém Do Pará y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, surgieron como instrumentos para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud, ha expresado su preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud materno infantil, aunado al elevado número de casos de violencia obstétrica, este tipo de violencia es ejercida por los profesionales y personal de salude impacta sobre el proceso reproductivo de las mujeres, se expresa en el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Este tipo de violencia es poco visibilizado, pero desafortunadamente es muy frecuente, contraviene el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres pues es una violación a su integridad personal y autonomía reproductiva.

“La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. […] consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.”1

Las manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar:

regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como    recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor, durante el trabajo de parto, como castigo y la coacción para obtener su “consentimiento”, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.2

De acuerdo a las académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Angélica Ramírez y Leticia Hernández:

“En México cerca del 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, perciben que se enfrentan a violencia obstétrica, es decir, maltrato y omisiones al acudir a las instituciones de salud”.3

Este tipo de prácticas están “normalizadas” por el personal de la salud y las usuarias, y debido a que no existen datos, ni estadísticas oficiales sobre los casos de violencia obstétrica, estos son invisibilizados.

“La violencia obstétrica es una práctica común en México. Miles de mujeres en labor de parto son víctimas de malos tratos, agresiones verbales y físicas y hasta esterilización no consentida en instituciones públicas y privadas de salud, (…).”4

El Informe de Violencia Obstétrica: Un Enfoque de Derechos Humanos del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE (2015), se documentan 12 casos que evidencian la violencia obstétrica en el sistema nacional de salud.

En el año 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió diversas recomendaciones, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por Violencia obstétrica, una de ellas debido a las violaciones a los derechos humanos de dos mujeres en el Hospital General de Zona Número 8 en Uruapan, Michoacán. Lo anterior derivado de una queja interpuesta el 18 de mayo de 2015.

Otra más derivada de la violación a los derechos a la libertad y autonomía reproductiva y a elegir el número y espaciamiento de los hijos por violencia obstétrica en agravio de una mujer, en el hospital de Gineco-Pediatría 3-A, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México, porque le fue colocado el dispositivo intrauterino de cobre (DIU) sin su consentimiento.5

Podríamos seguir enumerando casos, mujeres que han perdido la vida durante el parto, dieron a luz en la calle, o se les practicó una cesárea innecesaria, o procedimientos médicos que dejaron secuelas a las mujeres debido a que no recibieron una atención eficiente, apropiada y de calidad.

Es intolerable que, en el proceso de embarazo y el parto, etapa en que las mujeres se encuentran en una situación vulnerable, se enfrenten a conductas por parte del personal médico que vulneren su dignidad e incluso acciones a las que son orilladas y coaccionadas a “aceptar”, bajo el argumento de que es en su beneficio.

Es urgente sensibilizar, capacitar y formar al personal de salud de todo el sistema nacional de salud sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, sexuales y reproductivos, especialmente concientizarlos sobre la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres con relación a los procedimientos y trato que llevan a cabo durante el embarazo, parto y puerperio con la finalidad de que no incurran en manifestaciones de violencia obstétrica.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y demás integrantes del Sistema Nacional de Salud a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica y garantizar una atención eficiente, humana y de calidad a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a la Comisión de Salud.

1 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Violencia obstétrica un enfoque de derechos humanos [en línea],
[Fecha de consulta 06 marzo 2017]
Disponible en: https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/informeviolenciaobstetrica2015.pdf

2 Villanueva-Egan, Luis Alberto, “El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra”, en Revista CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 148.,[en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]
Disponible en:http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/282/516

3 Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Comunicación Social, Una de cada cuatro mexicanas sufre violencia obstétrica en instituciones, Boletín UNAM-DGCS-43 [en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]
Disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_423.html

4 La jornada, Violencia Obstétrica es común en México: expertas, [en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/sociedad/038n1soc

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Recomendación No. 3/2017, Sobre el caso de la violación a los derechos a la libertad y autonomía reproductiva y a elegir el número y espaciamiento de los hijos por violencia obstétrica en agravio de v, en el hospital de Gineco-Pediatría 3-A, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México [En línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]
Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_003.pdf





 

EXCITATIVAS

Compañeras y compañeros, conforme a las solicitudes de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y del Senador Armando Ríos Piter, esta Presidencia emite atenta excitativa a las comisiones respectivas para que presenten los dictámenes que en cada caso corresponda a los siguientes proyectos de Decreto:

El que propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 13 de septiembre de 2016.







 

El que reforma diversas disposiciones para la creación de un programa de fomento a la responsabilidad social, presentado el 26 de junio de 2013.







 

El que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, presentado el 21 de octubre del 2014.







 

Y el que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado el 6 de septiembre del 2016.

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva se emita excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, PARA DEFENDER A LA COMUNIDAD MEXICANA EN EL EXTERIOR DE LAS ACCIONES DE DONALD TRUMP, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump, ha decretado una serie de leyes y órdenes ejecutivas que expresan todo lo que en su campaña prometió. Al expulsar a ciudadanos de varios países, mayormente musulmanes y apoyando a la persecución y deportación de migrantes indocumentados (en su mayoría mexicanos y centroamericanos), en distintos puntos de Estados Unidos, acusándolos de “delincuentes y criminales”, se tiene la consideración de emprender acciones que protejan y ayuden a los connacionales en Estados Unidos.

SEGUNDA.- Frente a la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, sobre la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México junto con la suscripción de otra orden ejecutiva para retirar los fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, los cuales, son lugares donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes indocumentados, se observa un mensaje claro de la amenaza a las violaciones de derechos humanos para los connacionales y es prioritario que se tomen medidas como las denuncias en foros y organismos internacionales.

TERCERA.- En lo que atañe a la seguridad social, el desmantelamiento del Obamacare, por presión del partido Republicano, tendrá serias consecuencias humanitarias ya que el plan de salud de Trump dejará sin cobertura médica a 24 millones de personas más que el mismo Obamacare. El impacto en el mediano plazo será el más profundo, el rol de las instituciones internacionales está en tela de duda. En materia comercial Trump ha insinuado la imposición de restricciones comerciales unilaterales por parte de los Estados Unidos, sin embargo esto puede incitar a que otros países respondan con restricciones por su parte. Se esperan apoyos a las corporaciones globales estadounidenses, dándoles mucho margen de maniobra a firmas poderosas. Aunque esto puede ser benéfico para las ganancias corporativas, también incentiva el nacionalismo y proteccionismo en el mundo, así como la reducción del poder negociación de los trabajadores.

En este contexto es difícil imaginar nuevos acuerdos comerciales para México y se hace patente la revisión de los vigentes.

CUARTA.- En la próxima negociación del TLCAN que se tiene estimada a mediados de año, no debemos olvidar el impacto que repercute dicho tratado, ya que actualmente el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia los EEUU, de las cuales se impondrían aranceles a mercancías mexicanas. Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los países firmantes han presenciado cambios cualitativos y cuantitativos en su patrón de comercio entre ellos. Estos cambios responden a la naturaleza de área de libre comercio del tratado. Hasta la fecha, se encuentra evidencia de un incremento del comercio entre los tres países, una concentración de los productos comerciados y de los mercados a los que se comercian (lo anterior cierto para México y Canadá pero no para los Estados Unidos) [*] . En este sentido, se puede afirmar que el

…TLCAN no se trató solamente de una herramienta económica y jurídica de corto plazo para crear empleos, fomentar el comercio y atraer la inversión, sino que además representó un factor importante para su modernización e inserción en las economías desarrolladas (Gracia-Hernández, 2010: 128).

Es esto tan cierto, que en el peor momento de la recesión global a finales de la década pasada, el comercio con Canadá incremento desde la firma del TLCAN hasta el 2009, las exportaciones crecieron en promedio anual 27.1% de México a Canadá y 32.6% de Canadá a México. El comercio total aumentó 476.8%. La proporción que representa el comercio entre estos países para el comercio mexicano es mayor posterior al tratado, para México las exportaciones a Canadá respecto a las totales pasaron de 3% a 3.6% y las importaciones de México respecto a las importaciones totales aumento del 1.79% al 3.11 por ciento. En lo que respecta a Estados Unidos, desde la firma del TLCAN el comercio indiscutiblemente aumentó. Estados Unidos representa el país de mayor importancia para México por los montos de flujos comerciales.

En el 2015, el 26% del PIB mexicano depende de las exportaciones a Estados Unidos, el comercio total asciende 533,876 millones de dólares. En promedio el crecimiento promedio anual del comercio ha sido de 8.8%, desde 1994 y hasta 2015 el comercio bilateral ha aumentado 4.8 veces.

El saldo del TLCAN es evidente, México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos de América, solamente durante el año 2015, el comercio entre ambos países ascendió a casi los 540 mil millones de dólares, cifra que es equivalente a casi un millón de dólares por minuto; de manera ininterrumpida desde la entrada en vigor del TLCAN, las economías de ambos países han crecido y prosperado. Actualmente el área económica de Norteamérica es la primera economía del mundo, por encima de la Unión Europea o China [*] . Esta situación es evidente entre los ciudadanos que se han beneficiado, ejemplo de ello, es que 14 millones de empleos estadounidenses dependen directamente de este tratado comercial. La frontera entre ambos países es la más cruzada del mundo con 350 millones de cruces fronterizos documentados a través de 330 puntos de entrada. Hay 36.9 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos (equivalente a la población entera de nuestro tercer socio, Canadá), de los cuales casi el 80% ó son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados.

Habida cuenta de lo anterior, debe verse con precaución los mecanismos de salida del tratado, en el caso de que de los Estados Unidos decidieran escindirse del área norteamericana, el procedimiento se encuentra reglamentado en el artículo 2205 del TLCAN en donde cita, en inglés, que una “… Parte podrá denunciar este Tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras Partes su intención de hacerlo. Cuando una Parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá en vigor para las otras Partes…”. No existen mecanismos para impugnar esta decisión Soberana de los estados. Para discernir el impacto de la salida de los estadounidenses del área de libre comercio norteamericana hay que separarlo en dos efectos: estático y dinámico.

El estático se manifestaría en el corto plazo, de 1 a 6 meses, se traduciría en una reducción del comercio bilateral, en un inicio en el comercio de bienes de consumo final como: vehículos automotor y sus refacciones, computadoras y sus refacciones, gasolina y sus derivados y en el comercio consumo transfronterizo. El efecto dinámico se traduciría en la disminución en el mediano plazo del comercio de insumos productivos, para reimportar o para reexportar, afectando la producción de la región norteamericana, rompiendo las cadenas de valor y de suministros global del sector automotriz, industrial y maquilador, con fuerte impacto en el crecimiento de Houston, Laredo y El Paso en Texas, San Diego y Los Ángeles, California, y la región Phoenix/Nogales en Arizona [*] . El saldo final del efecto estático seria: incremento de precios, disminución del ingreso disponible estadounidense y menor crecimiento económico en el corto plazo, del efecto dinámico podemos esperar: desvinculación de cadenas productivas, diminución de la productividad total, disminución de los ingresos totales y finalmente, menor crecimiento económico en largo plazo, con el consecuente desplazamiento como puntero global por parte de China.

Finalmente, durante los últimos 30 años, investigaciones realizadas por distintos equipos académicos alrededor [*] del mundo han demostrado que actualmente el crecimiento económico y el desarrollo no está basado solamente en los determinantes tradicionales (inversión, consumo, gasto, educación) sino en la medida en que los países pueden internalizar el mercado global, entre más mercado global se pueda internalizar son capaces de mayores tasas de crecimiento, especialmente para los países de altos ingresos como los Estados Unidos. En este sentido, sus declaraciones y propuestas son un contrasentido económico en términos de bienestar, desarrollo y seguridad; incluso atentan contras sus propias empresas multinacionales que cada vez más dependen de sus filiales o contrapartes mexicanas para competir en el mundo globalizado [*]  .

QUINTA.- Ante la amenaza y la implementación de medidas anti migratorias contra nuestra comunidad,  se presentó una iniciativa que reforma los artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 1 de la Ley de Expropiación; los artículos 13 y 14 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 3 y 11 de la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales; el artículo 230 del Reglamento del Senado de la República; y el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que propone:

a. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se propone incorporar que el proyecto de Presupuesto de Egresos no financiará ningún proyecto de infraestructura migratoria o de seguridad nacional regional impulsado por gobiernos extranjeros derivado de acuerdos, tratados o políticas públicas que atenten contra los intereses de la nación, el patrimonio de nuestros ciudadanos, o violente los derechos humanos. 

b. En la Ley de Expropiación se establece que se considerará como causa de utilidad pública cuando un gobierno extranjero atente contra el patrimonio, la propiedad de ciudadanos, empresas nacionales o el interés de nuestra nación en el exterior. 

c. En materia comercial, proponemos en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica incorpora un Capítulo V denominado “De la Protección de los Intereses Económicos”, en donde se señala que en todo proceso de implementación del tratado, el Senado o el Poder Ejecutivo velarán por la protección de los intereses de la nación con nuestros socios comerciales, en diversos casos. Asimismo, propone que el Congreso de la Unión, o en su caso, el Poder Ejecutivo implementarán medidas compensatorias para resarcir proporcionalmente en territorio nacional el daño causado contra la comunidad de mexicanos en el exterior, así como presentar la defensa legal de nuestros intereses comerciales ante las instancias internacionales, de acciones unilaterales que violenten el contenido del tratado económico. 

d. En la Ley sobre la celebración de Tratados Internacionales, la propuesta define el término de “Salida” como cuando a criterio del Gobierno Mexicano una de las partes que integran un tratado incumple o realiza acciones deliberadas en contra de los intereses del Estado mexicano, se inicia un proceso de suspensión, revisión y salida de tratados suscritos con un socio comercial que afecte los intereses del Estado mexicano. Por otra parte, incorpora que cuando un socio comercial con quien se tenga un tratado realice acciones deliberadas que atenten contra los derechos humanos de nuestros ciudadanos en el exterior, pongan en riesgo la seguridad nacional o amenacen los intereses de la nación, por conducto del Ejecutivo Federal o del Senado de la República iniciaran el procedimiento para salir, suspender y revisar todos los tratados suscritos con los países que atenten contra el Estado mexicano, en la misma proporcionalidad del daño causado a la población, a la economía, a la seguridad nacional o a las relaciones bilaterales. 

e. En lo que se refiere al Reglamento del Senado de la República, y en relación con las atribuciones exclusivas del Senado, establece como procedimiento especial el que se refiere al desahogo de la función de analizar y aprobar en su caso, los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, así́ como las decisiones y procedimientos relacionados con los mismos, siempre y cuando su contraparte se caracterice por contar con un marco normativo y políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los mexicanos, así como su patrimonio. 

f. Finalmente, en lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la iniciativa propone como asuntos que corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el de coordinarse con el Ejecutivo Federal, las acciones de política exterior relacionadas con la defensa de los intereses nacionales y la protección de los ciudadanos radicados en el extranjero por acciones o políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos o su patrimonio, así como todo acto protocolario relacionado con la materia es facultad exclusiva de dicha dependencia; y el de coordinar las acciones de defensa contra todo gobierno que atenten contra los derechos humanos de nuestra población en el exterior o contra acciones gubernamentales unilaterales que afecten nuestros intereses comerciales. 

SEXTA.- No obstante que la Mesa Directiva decidió turnarla a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, y en vista de los anuncios realizados por el presidente de los Estados Unidos, los Poderes de la Unión están en la obligación de iniciar un debate de gran visión sobre las acciones que emprenderá el gobierno mexicano ante la amenaza que representa una política dirigida contra nuestra comunidad en el exterior, las consecuencias de modificar el tratado comercial más importante en favor de los Estados Unidos, y una profunda reflexión sobre las implicaciones sobre las relaciones bilaterales y nuestro papel en el orden mundial.

Uno de los actores claves en la definición del contenido de la política exterior es el Senado de la República, y como responsable de velar por los intereses de la nación, estamos obligados a iniciar un debate responsable de las consecuencias de la elección de Trump y el futuro de relación entre nuestras naciones.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald Trump, turnada el pasado 6 de septiembre de 2016.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

ERNESTO RUFFO APPEL, Senador por el estado de Baja California en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con los avances médicos y tecnológicos se ha experimentado el aumento de la esperanza de vida, el cual en promedio es de 66 años a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) el número de personas con más de 60 años es de 900 millones (datos del 2015) y para 2050 la expectativa es de 2 mil millones de personas adultas en el mundo. Por lo que este sector se ha convertido en uno de los más importantes en la escena internacional y también nacional.

En nuestro país, desde 1979 existió el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), creado con el fin de promover el desarrollo humano, proteger y atender las demandas de las personas de 60 años y más, orientado principalmente al aspecto médico-asistencial.

Sin embargo, las necesidades de los adultos mayores fueron cada vez mayores debido a su rápido incremento a nivel nacional. Actualmente la población de adultos mayores en México rebasa los 10.9 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que representa más del 9.3 por ciento de la población total.

En el 2002 se realizó una profunda transformación del INSEN a través de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores creada el 25 de junio de 2002 por el entonces presidente Vicente Fox y la cual tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, creando el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), formando parte del sector que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social.

El INAPAM es un organismo público descentralizado rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objetivo general  promover, apoyar y fomentar el desarrollo humano de los adultos mayores, brindándoles servicios y atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente.
En la propia la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se especifican las atribuciones del INAPAM, entre ellas se destacan:

- Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional.

- Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores.

- Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a las personas adultas mayores.

- Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas públicas a implementar.

- Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

Dentro de estas atribuciones, se encuentra que dicho Instituto expida credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de dicha Ley. Esta credencial ha tenido diversos formatos a lo largo del tiempo, empezando por su impresión en cartón hasta las nuevas modalidades plásticas.

La función básica de la credencial es acreditar que la persona tiene una edad mínima de 60 años, edad en la cual se considera adulto mayor conforme lo establece el artículo 3º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Con ella se accede a ciertos servicios y descuentos preferenciales en apoyo a este importante  sector.

Hoy en día, se expiden alrededor de 1’100,000 credenciales por año, teniendo un costo de aproximadamente $13’700,000 de pesos por año. Esta cantidad es equivalente al apoyo de dos mil adultos mayores conforme al Programa de Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL.

Es importante considerar que la identidad de un adulto mayor no solo se comprueba a través de la credencial del INAPAM, recordemos que tenemos un gasto importante al expedir diferentes tipos de identificaciones, entre ella la credencial para votar (expedida por el INE), el pasaporte, licencia para conducir, la CURP, entre otras, en las cuales se acredita la edad de los usuarios.

Derivado de lo anterior, con esta iniciativa se busca modificar el artículo 28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que no sea una obligación del INAPAM el expedir esta credencial y más bien, se fomente el registro a las instituciones para obtener una credencial que los identifique y con ella acceder a los beneficios correspondientes a los programas de Adultos Mayores.

Es importante aclarar que no se busca suprimir los beneficios impartidos a los Adultos Mayores sino que únicamente eliminar la expedición de las tarjetas para evitar un gasto innecesario de recursos, el cual podrá ser usado para otras actividades destinadas a este sector o para beneficiar a otros grupos vulnerables.

Recordemos que estamos en una época de austeridad, cualquier ahorro que podamos realizar será en beneficio del país.

A continuación se presenta cuadro comparativo con la modificación que se propone:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Ley Vigente

Nueva Propuesta

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

l. al XVIII…

l. al XVIII…

XIX. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XIX. Promover que las personas adultas mayores obtengan una identificación oficial que las acredite con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XX. al XXX…

XX. al XXX…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

ÚNICO.- Se reforman el artículo 28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. al XVIII. …

XIX. Promover que las personas adultas mayores obtengan una identificación oficial que las acredite con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XX. al XXX. …

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN III; 8o. Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)

El suscrito, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, 8 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un mercado cualquiera, sea de bienes, servicios o factores de la producción, interactúan básicamente dos tipos de agentes económicos: oferentes y demandantes. Los oferentes como dueños de un recurso, buscarán maximizar el rendimiento sobre su capital (físico o humano) y querrán vender el bien o servicio producido al mayor precio posible. Los demandantes, por otra parte, querrán adquirir el bien o servicio al menor precio posible. Y en este modelo es la interacción en el mercado de todos los oferentes y demandantes la que determina el precio al cual se llevará a cabo el intercambio así como la cantidad que se intercambia. Si a un precio determinado, la cantidad demandada es menor a la ofrecida, el precio tenderá a bajar, sucediendo lo opuesto si la ofrecida es menor a la demandada.

Cuando existe libre concurrencia en el mercado, es decir, cuando los mercados operan en un contexto de libre competencia, todas las transacciones son enteramente voluntarias y se tiende a maximizar, simultáneamente, el bienestar de los demandantes y el de los oferentes. Y aquí es importante resaltar: los mercados cuando operan en competencia no son justos o injustos, son solo eficientes. Un mercado en competencia es el arreglo institucional que tiende a lograr la más eficiente asignación de recursos. Por el contrario, cuando el mercado está dominado por un monopolio o un pequeño número de empresas que se asocian para ejercer una práctica monopólica, tienen el poder de extraerle rentas a los demandantes cargando un precio más elevado del que hubiese regido en un mercado competitivo, además de restringir la cantidad ofrecida por debajo de la que se hubiese intercambiado en competencia. Más aún, dado que el monopolio enfrenta un mercado cautivo, la calidad del bien o servicio que ofrece será menor que si hubiese varias empresas buscando ganarse el favor de los demandantes ofreciéndoles bienes y servicios de mayor calidad. La existencia de monopolios reduce el bienestar de los consumidores y genera un costo neto para la sociedad.

En México se cuenta con importantes ventajas comparativas, para fortalecer la competencia como son la estabilidad macroeconómica, un importante bono demográfico, una posición geográfica envidiable y un sector industrial competitivo. Todas estas refieren sin duda nuestro gran potencial de desarrollo. Sin embargo, las tasas de crecimiento económico de México de los últimos 30 años se encuentran por debajo de dicho potencial, y la razón de esto se según los analistas se puede atribuir a una variedad de factores, pero sin duda uno de los más relevantes es la falta de condiciones idóneas para la competencia, la cual impide que los consumidores puedan acceder a bienes y servicios de calidad a precios bajos y obstaculizan la competitividad del país al no generar incentivos para la inversión, el desarrollo tecnológico y el uso eficiente de los factores productivos.

La realidad es que desde hace varios años, el país inicio la apertura de muchos sectores a la competencia internacional, lo que se ha reflejado en su desarrollo y que hayan alcanzado los más altos niveles de competitividad; sin embargo, muchos otros siguen cerrados a la competencia externa e interna, como consecuencia de esto, el sector productivo debe encontrar sus insumos en mercados poco competitivos, a la vez que los consumidores deben pagar precios más altos de los que pagarían de existir competencia. En este sentido, de acuerdo con la OCDE, el 30% del consumo de los mexicanos se realiza en mercados concentrados, lo que significa que pagamos precios 40% superiores a los que se pagarían si hubiera competencia, esto último es particularmente grave si consideramos que la población más pobre realiza más del 40% de su consumo en estos mercados concentrados.

Con el objeto de terminar con esta situación, generar un mayor crecimiento con generación de empleo y sobre todo para que las oportunidades de crecimiento en México sean para todos y no sólo para unos cuantos, fue aprobada la reforma en materia de competencia económica, definiendo con mayor certeza las conductas de las empresas que limitan la competencia, además de otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a fin de prevenir y, en su caso, sancionar las prácticas monopólicas y las concentraciones ilegales.

A partir de la aprobación de la nueva Ley donde se definen las conductas anticompetitivas y prohíben los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción y distribución de bienes o servicios; se brinda autonomía constitucional a la COFECE a fin de blindar sus decisiones y fortalecer su imparcialidad en el análisis y en la aplicación de sanciones que pueden ir desde ordenar la venta de un porcentaje de las empresas hasta la desincorporación de activos en la proporción que se considere necesario para restablecer las condiciones de competencia.

A más de tres años de la reforma, es evidente que su impacto ha sido positivo en sectores como las telecomunicaciones al evitar que los consumidores y las empresas paguemos precios excesivos por los bienes y servicios que consumimos. Sin duda las resoluciones de la COFECE han logrado importantes avances para terminar con una economía que mostraba importantes sectores con un alto grado de concentración, o en su caso en la que imperan reglas y prácticas que van en contra del interés de los consumidores, promoviendo mejores condiciones para la competencia y el acceso a servicios de mejor calidad. Y es precisamente uno de los muchos asuntos abordados por la COFECE, el que es materia de la presente iniciativa, me refiero al servicio de autotransporte de pasajeros de los aeropuertos.

El primero de septiembre de 2016, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió sancionar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con más de 63 millones de pesos, entre otras obligaciones, por la comisión de una práctica monopólica relativa conocida como “discriminación de trato” en el mercado del servicio de acceso a la zona federal y de estacionamiento para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros (taxi) en dicho aeropuerto, en concreto, la Comisión emitió resolución en el expediente DE-015 2103, por el cual determinó sancionar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 10, fracción X de la Ley Federal de Competencia Económica aplicable para este caso, consistente en el establecimiento de distintas condiciones para agentes económicos ubicados en igualdad de condiciones, respecto de i) la asignación de nuevos contratos de acceso a zona federal que conllevan el incremento de unidades de taxis habilitadas para prestar el servicio de taxi en el AICM; y ii) en el otorgamiento de descuentos o quitas en la contraprestación por el servicio de acceso. 

De acuerdo con la COFECE la conducta de las autoridades del Aeropuerto Internacional tuvo por objeto y efecto impedir el acceso de nuevos agentes económicos que pudieran prestar el servicio de taxi para competir con los existentes, así como establecer ventajas exclusivas para determinadas agrupaciones que ya proporcionaban el servicio, generando un daño al proceso de competencia y libre concurrencia.

Además, el Pleno de la Comisión consideró que, derivado de su concesión, el AICM tiene poder sustancial en el mercado, toda vez que es el único que puede autorizar el acceso a la zona federal y de estacionamiento para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros con origen en el aeropuerto. Si bien para prestar el servicio de taxi en el aeropuerto de la Ciudad de México se debe tener un permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ley otorga a las autoridades aeroportuarias la facultad para  opinar y, a su vez, celebrar un contrato de acceso a la zona federal.

Con fundamento en esta facultad que le da la Ley, se configuró la práctica monopólica relativa, ya que el AICM, haciendo uso de su poder sustancial en el mercado, impuso condiciones diferentes en el servicio de acceso para prestar el servicio de taxi como las siguientes:

• Incorporar en los contratos cláusulas discriminatorias  como la que se refiere al incremento de unidades, estableciendo que esto sólo era viable para aquellos agentes económicos que en ese momento ya se encontraran en operación.

• Asimismo, en el caso de existir una subasta pública para incrementar el número de taxis, los permisionarios o agrupaciones que en ese momento prestaran el servicio, tendrían preferencia respecto de aquellos que no lo hicieran; y el aumento de unidades se realizaría de manera proporcional al número de unidades que cada agrupación  tuviera.

• Cláusulas discriminatorias en los convenios o contratos celebrados entre las agrupaciones y permisionarios ya establecidos con el AICM. En específico, el AICM otorgó diversos descuentos a las agrupaciones en el pago de la contraprestación por el servicio de acceso. El aeropuerto no utilizó criterio o metodología alguna para hacerlo, y otorgó quitas por montos y temporalidades distintas. Por ejemplo, a algunos prestadores les proporcionó una reducción del 35 por ciento y a otros del 20 por ciento, aun cuando los agentes económicos se encontraban en igualdad de circunstancias.

Los taxis son un medio importante de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos nacionales. En este sentido, la prestación de este servicio en los aeropuertos nacionales impacta a millones de viajeros al año, por lo que debe realizarse de forma eficiente y competitiva en beneficio de los consumidores. La disponibilidad de taxis depende del destino al que arribe un pasajero en México, en donde quien llega a Monterrey puede esperar menos para obtener uno, pero largas filas esperan a quien llega a la Ciudad de México o a Cancún. Por esta razón, de acuerdo con la resolución de la COFECE, la (SCT) debería otorgar los permisos de autotransporte desde los aeropuertos a todo aquél que cumpla los requisitos correspondientes.

Entre los principales destinos del país, es Monterrey el que cuenta con menor número de pasajeros por taxi, con 963 para casi 26 mil pasajeros que arriban diariamente. Eso implica unos 27 pasajeros por carro. Jalisco, con sus aeropuertos de Vallarta y Guadalajara, cuenta con mil 8, para 36 mil viajeros, sin embargo, en la Ciudad de México, hay un taxi para cada 96 pasajeros, o Cancún y Cozumel, con 105 personas por automóvil autorizado por la SCT.

Ante esta situación, la COFECE envió al Senado de la República recomendaciones para que se eliminen las barreras a taxis en los aeropuertos nacionales. Para ello, la SCT debería otorgar los permisos de autotransporte federal de pasajeros desde los aeropuertos federales a todo aquél que cumpla los requisitos correspondientes, sin que esté sujeta esa decisión a la opinión de los administradores aeroportuarios. En estas indica que es necesario modificar la normatividad vigente con el objeto de que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio y no las disposiciones de las autoridades de los aeropuertos.

La COFECE señala que en diversos aeropuertos alrededor del mundo se ha optado por modelos de acceso abierto, por ejemplo el de Boston, Houston, Philadelphia, San Francisco, el JFK de New York, Washington, Zurich y el Charles de Gaulle, de París, manejan esta característica de acceso abierto, práctica que además de incrementar la oferta para los usuarios, resuelve el problema de subutilización de las unidades, propicia tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera.

En general, como se ha señalado los aeropuertos a nivel mundial optan entre dos modelos de acceso para la provisión del transporte terrestre individual de personas: i) exclusivo o restringido, y ii) abierto. En el modelo exclusivo los aeropuertos concesionan a una o varias agrupaciones el derecho de prestar el servicio. Por el contrario el modelo de acceso abierto es aquel que permite la entrada de automóviles registrados y aprobados por la ciudad o localidad para recoger y transportar pasajeros desde los aeropuertos. Hasta ahora en los aeropuertos nacionales se ha optado por el modelo de acceso restringido o exclusivo, pero de acuerdo con la experiencia internacional, este modelo puede implicar desventajas como el otorgamiento de condiciones preferenciales para las agrupaciones establecidas y la exclusión discrecional de empresas para prestar el servicio, por lo que de acuerdo con la resolución de la Comisión, el modelo de acceso abierto puede generar una mayor oferta y mejores tarifas del servicio.

A partir de las consideraciones de la COFECE, es que se presenta la presente iniciativa pues considero que efectivamente el modelo actual además de no generar un servicio de calidad y eficiente es oneroso para los usuarios del servicio. Por ello, atendiendo la recomendación presentada al Senado de la República, es pertinente la reforma de los artículos 5º, fracción III, 8º fracción I y 47 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, y consecuentemente el reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que es competencia de la SCT.

Conforme la normatividad vigente, únicamente los vehículos que cuenten con un permiso de autotransporte federal de pasajeros pueden transportar personas desde los aeropuertos, pero están impedidos para recoger pasaje fuera de los mismos, salvo acuerdo con el usuario para ser transportado al aeropuerto. Ante estas condiciones, las unidades de transporte deben de realizar el viaje de regreso sin pasajeros al aeropuerto, viajes vacíos que general costos de consumo de combustible y tiempo, lo que se refleja en una subutilización de las unidades, pero además los prestadores del servicio están sujetos a cubrir ante las autoridades del aeropuerto una tarifa como pago por el acceso y estacionamiento en el área del aeropuerto, costos que finalmente son trasladados al consumidor.

Como ya se mencionó, las tarifas de contraprestación y el otorgamiento del permiso para ingresar al área del aeropuerto están sujetos a decisiones discrecionales de los administradores, dado que tanto la Ley como el reglamento correspondiente, así lo establecen, sin contemplar en los mismos los supuestos o criterios que se deben tomar en cuenta para emitir una opinión favorable a los prestadores del servicio, dicha discrecionalidad otorga a los administradores de los aeropuertos la capacidad para restringir de manera artificial la oferta de vehículos.

De atenderse la propuesta de la presente iniciativa, serán las condiciones del mercado las que podrán determinar el número de vehículos que podrán prestar el servicio de transporte de pasajeros en los aeropuertos del país, de tal manera que puedan participar en el servicio cualquier agente económico que cumpla con los requisitos de la Ley. Por lo tanto, todo prestador de servicios que obtenga el permiso de la SCT (Taxis locales, agrupaciones, empresas o redes de transporte) podrán acceder con libertad a las áreas de los aeropuertos, previo pago de una cuota o tarifa por los servicios de acceso, y sujetos al cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad en el servicio. Esto, no descarta que los permisionarios pudieran solicitar a las autoridades de los aeropuertos, los servicios de estacionamiento para hacer base, la instalación de casetas de cobro u otros apoyos en infraestructura, previo acuerdo económico con los aeropuertos.

En resumen, lo que se propone es eliminar las barreras que hoy existen a quienes tienen interés y cuentan con las condiciones para prestar el servicio de transporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales, y que la normatividad correspondiente, tutele únicamente objetivos de seguridad en el servicio, sin limitar artificialmente la oferta o incluir requisitos que pudieran excluir de manera injustificada a potenciales competidores.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, 8 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 5º, tercer párrafo del artículo 8º, se reforma el artículo 47 y se deroga su segundo párrafo, todos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 5o…

I… II…

III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; la prestación del servicio concesionado sólo estará sujeto a cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley.

IV… VII…

Artículo 8o.-…

I.…XI…

En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento, sin estar sujetos a ningún otro ordenamiento, o cumplir requisitos no establecidos en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 47.- Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate.

La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contará con un plazo de 60 días naturales para presentar las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Dado en el Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 9, 11 Y 13 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ y la Senadora PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presentan a consideración de esta Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 9, 11 Y 13, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones I y II, consagra el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado.

El derecho y ejercicio democrático de ser votado, hasta antes de la reforma constitucional de 2012, sólo podía ser ejercido a través de la participación de los ciudadanos como militantes de un partido político. Después de dicha reforma se puede ejercer de manera independiente, sin embargo continúa siendo un derecho mayormente ejercido mediante las candidaturas en los partidos políticos.

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, o en proceso de la edificación de su democracia. Sin lugar a dudas, la democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes de la sociedad, yjunto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, así como los instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio de este derecho.

Para su ejercicio pleno, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos electorales a partir de las instituciones responsables de organizar y vigilar que los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de los instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el establecimiento de delitos que conllevan sanciones de privación de la libertad, para aquellos que los cometan.

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado tipificados en diversos ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas antisociales que afectan de manera directa y profunda a la sociedad al momento de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado.

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ahora bien, un delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra los principios del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible1.

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito electoral como: funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas, ministros de culto religioso, y ciudadanos en general.

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano ha puesto mayor interés en la creación del marco jurídico específico que permita garantizar con mayores elementos el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votado.

Principales Antecedentes legislativos en materia electoral.

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título Vigesimocuarto, Capítulo Único, que comprendía los artículos del 401 al 410, al cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro Nacional de Ciudadanos”2, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un paquete de tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado.

A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el sentido de incrementar algunas sanciones e incluir nuevas conductas delictivas dotadas de sanción penal.

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo y un avance significativo que garantiza y mejora las condiciones de la contienda electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha reformado significativamente en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas sanciones e incluyeron elementos normativos punibles vinculados a la violación del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, el segundo momento, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, además de contemplarse la figura del servidor público, y de separarse la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.

El Código Penal de referencia, vigente, prevé el mismo título y capítulo, destinado a regular los delitos electorales, del artículo 401 al 413.

La regulación penal en la materia representa por si misma, avances importantes, pero no han sido suficientes para un mejor proceso electoral. En ese sentido, otra reforma trascendente fue: la reformaal artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 10 de febrero de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia electoral que establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Al revisar los dos ordenamientos jurídicos de referencia, vigentes, resalta que, La Ley General en Materia de Delitos Electorales, retoma las conductas y sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia electoral, y agrega nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del derecho al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones similares para los ciudadanos, funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios electorales y servidores públicos, así como también las conductas delictivas que pueden ser realizadas por cualquier persona en los procesos electorales, las cuales siguen afectando de manera directa los valores fundamentales de la sociedad e impiden el libre ejercicio de sus derechos.

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas electorales recientes han evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco jurídico penal en materia electoral, toda vez que se presentaron nuevamente diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el libre ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y sancionadas por la ley electoral, vuelven a quedar impunes debido a la falta de penas ejemplares que impidan a quienes cometen el delito, evadir la aplicación de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la ley.

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)3, de la Procuraduría General de la República, revelan que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 2015 las conductas que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del Registro Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de violencia, destrucción, alteración o suministro ilegal de materiales o documentos públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos y programas gubernamentales.

Todas estas constituyen conductas totalmente reprochables que no deberían de presentarse en la sociedad actual, máxime a sabiendas de que se cuenta con un sistema jurídico electoral que las prevé y sanciona penalmente.

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las conductas delictivas van en aumento; la consecuencia, un proceso electoral quebrantado.

La FEPADE registró durante el 2014-2015 un aumento del 700% en el número de averiguaciones previas iniciadas por obstaculización o intimidación, en comparación con el 2012.

Lo anterior evidencia, de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus actos y el conocimiento de las deficiencias de la ley para evadirse de su aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como graves, impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin lugar a dudas la comisión de dichos delitos sería mucho menor.

En este ámbito, estamos convencidos de la necesidad de agravar los delitos electorales como un mecanismo de eficacia en la disminución de su comisión. De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos  beneficios procesales previstos en la ley; en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Actualmente muchos de los que cometen alguno de los delitos electorales logran evadir la privación de su libertad, y en muchas ocasiones el pago de una multa onerosa, lo que lejos de inhibir la comisión del delito fomenta su realización en aquellas personas que dolosamente buscan alterar el estado de derecho y/u obtener un beneficio mediante los resultados de las elecciones.

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del sistema Acusatorio Adversarial (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación de vigencia paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito federal a partir del 29 de abril de 2016), se genera una nueva expectativa de avance y progreso de convivencia social, y de protección y certeza jurídica en los procedimientos penales.

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de este nuevo código a nivel estatal y federal, es decir que toda persecución de delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que se rige por principios fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y lo más importante proteger los derechos de cada uno de ellos.

A diferencia del anterior Código Federal de Procedimientos Penales que establecía expresamente los delitos considerados como graves, el nuevo Código Nacional incorpora una visión mixta, es decir, prevé expresamente en su artículo 150, fracción I, que se califican como delitos graves los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, y además le da el mismo calificativo de delitos graves a aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión.

Artículo 150. Supuesto de caso urgente

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;

II y III. …

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun tratándose de tentativa punible.

Nos encontramos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones, y los datos estadísticos recientes nos muestran la poca eficacia de la ley en la aplicación de las sanciones en materia electoral, así como el incremento en la comisión de los delitos en esta misma materia. De ahí, la necesidad de reformar y perfeccionar nuestro sistema jurídico electoral para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad tipificar como delitos electorales graves, aquellas conductas delictivas que, de manera reiterada, se han venido cometiendo e incrementando durante los últimos procesos electorales en el ámbito federal, principalmente.

Como ya se expuso, de esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la legislación penal que les permite, en muchos casos, evadir la privación de la libertad. En otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Con estas modificaciones estamos seguros que estaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico electoral y estaremos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el libre ejercicio del derecho constitucional a votar y ser votado.

Recordemos que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido que la voluntad popular no se altere, por circunstancias que modifiquen el resultado electoral, como consecuencia de conteos irregulares, alteraciones a la documentación electoral o fraudes burdos.

Por todo lo anterior, refiriéndonos de manera específica a los delitos electorales considerados como graves por el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos los previstos en los artículos 11, 14, 15 y 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a saber:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política,

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

Al respecto cabe mencionar que la gravedad de dichos delitos fue considerada a partir de las penas que se contemplan, sin analizar algún otro factor.

En ese sentido, si bien es cierto que la pena prevista para los delitos, por si misma se refiere a la gravedad del delito y a la reprochabilidad de la sociedad; hoy en día es necesario tomar otros factores como los datos estadísticos que reflejan cuales conductas delictivas se cometen reiteradamente e incluso se han incrementado, por lo que se hace necesario hacer modificaciones legislativas para sancionarlas eficazmente e inhibir su realización.

Apartir de este razonamiento, en la presente iniciativa se propone sumar al conjunto de delitos electorales actualmente considerados como graves, por esta regla aritmética de la pena, los previstos en los artículos7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, bajo la consideración de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mismos que actualmente prevén lo siguiente:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más;

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales;

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos;

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden;

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido;

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.

Todo lo expuesto anteriormente, a partir de las consideraciones, los argumentos y datos estadísticos señalados, donde se muestra la reiterada comisión de determinadas conductas delictivas en materia electoral, y el crecimiento de las mismas durante los últimos comicios electorales, justifican la presente iniciativa.

Adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido se propone adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, para establecer como “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” y por lo tanto delitos graves, en términos de lo previsto por el artículo 150 fracción I, del mismo ordenamiento, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tal y como se expone a continuación:

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7, fracciones de la III a la XXI, 8, fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11 y, 13, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo.

Bajo los mismos criterios y consideraciones y con la finalidad de armonizar nuestro marco jurídico desde la Ley Suprema, se plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19, párrafo segundo, que actualmente prevé:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Se trata de establecer en la Constitución la obligación del juez de ordenar la prisión preventiva oficiosa, además de las hipótesis que actualmente contempla, los de naturaleza electoral.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta de adición

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la  investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.


El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la    investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y los de naturaleza electoral.

Naturalmente esta propuesta de reforma constitucional se presentó por separado, en virtud del procedimiento legislativo previsto para reformarla.

Reforma y adición a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

a) Sanciones para los partidos políticos.

Los partidos políticos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Asimismo, cabe recordar que los partidos políticos se rigen internamente por sus documentos básicos, y tienen la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, y en las que, conforme a la misma, establezcan sus estatutos.

En un Estado de derecho como el nuestro, los partidos políticos representan la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Y como se señala al inicio de la presente exposición de motivos, el derecho y ejercicio democrático de ser votado, hasta antes de la reforma constitucional de 2012, sólo podía ser ejercido a través de la participación de los ciudadanos en un partido político. Después de dicha reforma se puede ejercer de manera independiente, sin embargo continúa siendo un derecho mayormente ejercido mediante las candidaturas en los partidos políticos.

Lo anterior revela el rol y la trascendencia que tienen los partidos políticos dentro de nuestra sociedad. De ahí la importancia de contribuir con mecanismos que contribuyan a alcanzar sus fines, a fortalecer el respeto de nuestro estado de derecho y a la integración y cohesión de nuestra sociedad.

Por lo anterior, en la presente iniciativa proponemos imponer multas a los partidos políticos, cuyos militantes sean responsables de la comisión de algún delito electoral.

La propuesta tiene como finalidad transferir a los partidos políticos la responsabilidad social que como organizaciones políticas tienen frente a sus militantes y frente a la sociedad y, arraigar en ellos la cultura de solidaridad y de respeto, para que desde su interior difundan y promuevan activamente entre sus militantes el respeto al estado de derecho, todo con el objetivo de lograr que sus militantes respeten las normas dadas por el Estado y evitar que recurran a la comisión de conductas sancionadas por la ley para ganar contiendas electorales a favor de sus candidatos y de su partido, o bien obtener algún beneficio para el partido.

Invariablemente la propuesta tiene, a su vez, el objetivo de inhibir en los partidos políticos cualquier maquinación o consentimiento de hechos a cargo de sus militantes, que transgredan las leyes electorales, para obtener algún beneficio político-electoral.

A continuación se presenta un cuadro comparativo del texto vigente y de la propuesta que se plantea:

Ley General en Materia de Delitos Electorales
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. … a XXI. …

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. … a XI. …

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. … a X. …

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

 

I. … a VI. …

 

 

 

 

 


 

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. … y II. …

 

 

 

 

Artículo 7.

 

I. … a XXI. …

En los casos de las fracciones de la III a la XXI, cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cincuenta a cien días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 8.

 

I. … a XI. …

En los casos de las fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cincuenta a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el   imputado.

Artículo 9.

 


I. … a X. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cien a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el   imputado.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

I. … a VI. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de doscientos a cuatrocientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 13.

 

I. … y II. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de sesenta a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

 b) Sanciones para los servidores públicos y sujetos que actúen bajo sus órdenes.

Finalmente, y con el mismo espíritu que motiva la presente iniciativa de reforma, se propone reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículos 3,donde se conceptualiza lo que se entenderá por servidor público, y 11,donde se tipifican como delitos electorales determinadas conductas cometidas por servidores públicos, Lo anterior, con la finalidad de considerar como servidores públicos para efectos de la tipificación de las conductas previstas en el artículo 11, aquéllas personas que, sin tener dicha calidad, actúen bajo las órdenes, supervisión o aquiescencia de los primeros.

Esta propuesta atiende, principalmente, a que en los hechos los datos estadísticos de la propia FEPADE, revelan que existe un porcentaje importante de Averiguaciones Previas en las que se denuncia la intervención de servidores públicos que presuntamente participan o han participado en el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto de los beneficiarios, sin embargo, en ocasiones, quien lleva a cabo el condicionamiento de dichos programas no tiene la calidad de servidor público, es decir, se trata de personas contratadas de manera temporal, o bien de líderes comunitarios que actúan bajo la aquiescencia de los servidores públicos para coaccionar, presionar o condicionar el voto en el contexto de un proceso electoral.

Lamentablemente muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas.

Para perfeccionar la ley y sancionar a quienes cometen dichas conductas tipificadas como delitos, la propuesta en cuestión sugiere una reforma que equipare como servidor público a las personas que actúen en coordinación con los servidores públicos para ejecutar estos delitos electorales.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:

Ley General en Materia de Delitos Electorales
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

 

 

 

 


VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos.

 

VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 9, 11 y 13, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 11, párrafo primero, y se adiciona el artículo 3, fracción V, con un párrafo tercero; 7, con un párrafo segundo y un párrafo tercero; 8, con un párrafo segundo y un párrafo tercero; 9, con un párrafo segundo y un párrafo tercero; 11, con un párrafo segundo y un párrafo tercero y; 13, con un párrafo segundo y un párrafo tercero, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

I. … a IV. …

V.

Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos.

VI. a XIV. …

Artículo 7.

I. … a XXI. …

En los casos de las fracciones de la III a la XXI, cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cincuenta a cien días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 8.

I. … a XI. …

En los casos de las fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cincuenta a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 9.

I. … a X. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de cien a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

I. … a VI. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de doscientos a cuatrocientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo 13.

I. …y II. …

Cuando el imputado sea miembro de un partido político, se impondrá al partido de sesenta a doscientos días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el presente artículo, la multa se incrementará hasta el doble, por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con un nuevo párrafo séptimo, y se recorre el actual, para quedar como sigue:

Artículo 167.

I. a XI. ...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11 y, 13, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

1 FISCALIA EMPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES http://www.fepade.gob.mx/delitos.

2 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN http://www.dof.gob.mx/

3 FISCALIA ESPECIAIZDA PARA LA ATENCIÓN DE DELITO ELECTORLES http://www.fepade.gob.mx/documentos.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a elaborar una Norma Oficial Mexicana y diseñar planes y programas para la implementación de comités de tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes por trombosis en México. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República investigar posibles actos de desvío de recursos públicos en el Consejo de la Judicatura Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

El suscrito, Senador ARMANDO RÍOS PITER, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 10 de febrero el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió una llamada anónima, informando que en el estacionamiento del edificio del CJF, ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña, se encontraba un vehículo Sentra el cual contenía en la cajuela una bolsa con un monto considerable de dinero en efectivo (4 millones, de acuerdo con el periódico Reforma del día 17 de febrero). Cabe señalar que dicho vehículo fue asignado por el CJF a Francisco Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, solicitó a la Contraloría del PJF que iniciara una investigación sobre los hechos; ésta se amplió a otros cuatro funcionarios cercanos a Pérez Maqueda. Asimismo, el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la Contraloría, el miércoles 15 de febrero se suspendió a Francisco Javier Pérez Maqueda; a Juan Carlos Hernández Paredes, quien se desempeñaba como chofer; a José Alejandro McNaught, quien fungía como director de Presupuestos y Concursos;a Ricardo Michel Hidalgo González, quien era coordinador técnico de la Dirección; y a Paola Graciela Silva Larios y a Rodolfo Martínez Quintero, quienes se ejercían como secretarios técnicos. El pasado lunes 20, Pérez Maqueda afirmó en una entrevista que no había sido notificado sobre su separación del cargo.

Francisco Pérez Maqueda ha señalado que el día en que fue hallada la bolsa con el dinero en efectivo no se encontraba en el edificio de Picacho-Ajusco ya que no había asistido a laborar por motivos de salud. Agrega que en los días previos había salido a Tepic, Nayarit, por causas laborales y que dejó el vehículo en el estacionamiento desde el miércoles 8, afirmando que las llaves del mismo se encontraban en el edificio, en el área a su cargo. Ante estos hechos, el ex director concluye que él no pudo haber colocado tal cantidad de efectivo en el vehículo y que es muy probable que le hayan “sembrado” la bolsa, argumentando que su superior, Rosa María Vizconde Ortuño quien se desempeña como Secretaria de Finanzas en el CJF, busca criminalizarlo involucrándolo en hechos de corrupción.

Es necesario apuntar que Pérez Maqueda ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones de acuerdo con un documento fechado el 9 de febrero pasado, aunque en una fue exonerado de acuerdo con el diario La Jornada (21 de febrero). La primera inhabilitación, por cinco años, fue resuelta por la Contraloría General del Distrito Federal en enero de 1997; no obstante, el tercer juzgado de distrito en materia administrativa revocó la destitución e inhabilitación el 10 de noviembre de 1998, “en virtud de que era procedente la figura de la prescripción extinguiendo las facultades” de la autoridad administrativa para sancionarlo. Se desconocen las causales de la inhabilitación.

La otra inhabilitación de la que se da cuenta, se ubica en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En esa ocasión se desempeñaba como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, y fue señalado por diversas irregularidades, como la asignación discrecional de contratos en materia de informática. Fue inhabilitado por 90 días y no se le imputó responsabilidad penal o administrativa.

Pérez Maqueda arribó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento al mismo tiempo que el ministro Luis María Aguilar tomó posesión de la presidencia de la SCJN y del CJF. Ha participado en la adjudicación de contratos de obra pública entre 2015 y 2016 por más de cinco mil millones de pesos, incluidos algunos sin licitación.

En este contexto, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, elaborado y presentado el 15 de febrero pasado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en el ejercicio presupuestario del PJF. Destacan cuatro contratos con anomalías, los cuales ascienden a más de 251 millones de pesos, derivados de la construcción de salas para juicios orales en reclusorios de la Ciudad de México, así como de la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta, Nuevo León. El dictamen del informe de la ASF establece que en dos de estos contratos no se realizó el estudio de mercado correspondiente; en tres no se informó a las empresas sobre los plazos de entrega de los importes; y no se aplicaron las penalizaciones correspondientes por los atrasos de las empresas constructoras. Estos contratos estuvieron a cargo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Javier Pérez Maqueda, como ya se señaló, argumenta ser víctima de una “criminalización” ejercida por Rosa María Vizconde ya que afirma que la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y la Contraloría del CJF pretenden “quitar funcionarios clave en la asignación de obras millonarias”. Pone como un ejemplo la construcción del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Apizaco, Tlaxcala: afirma que una empresa participante del concurso de licitación le reportó que “unas personas ofrecieron el contrato a cambio de 15% de comisión”; asimismo, asevera que la empresa que ganó el concurso poseía documentos vinculados con la licitación, aun cuando no se habían dado los resultados de la misma.

La construcción del Centro de Justicia Penal con sede en Apizaco, Tlaxcala forma parte de los cinco Contratos Específicos de Colaboración de Obra Pública entre el CJF y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); estos contratos, los cuáles implican la edificación de Centros de Justicia Penal en La Paz, Baja California Sur; en Cintalapa, Chiapas; en Tepic, Nayarit; el ya mencionado ubicado en Tlaxcala, y el edificio sede del PJF en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca fueron programados, en total, por un monto de 624 millones 953 mil pesos al 31 de diciembre de 2015. Estos recursos fueron entregados por el CJF a la SEDENA para la ejecución de las obras.

Dentro de estos contratos de colaboración entre el CJF y la SEDENA, el primero no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la Secretaría; no exigió que la ejecución de los trabajos se llevara a cabo conforme a las especificaciones para el caso del Centro de Tepic, Nayarit; y en los proyectos de Tlaxcala y Chiapas el CJF le aprobó a la SEDENA estimaciones de obra como comprobación del ejercicio de los recursos ministrados sin una verificación de las mismas. Conforme a las observaciones realizadas por la ASF para el ejercicio 2015, se determinaron 3 pliegos de observaciones, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y recuperaciones probables por 67 millones 668 mil pesos.

Los hechos anteriormente señalados, así como los resultados del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 elaborado por la ASF ponen en evidencia al PJF, institución que debería actuar con una mayor rectitud en el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, las pugnas entre servidores públicos al interior del CJF visualizan comportamientos reprobables en algunos funcionarios encargados de vigilar al Poder público que administra la justicia en nuestro país; es inconcebible que, de la nada aparezcan cuatro millones de pesos en un automóvil asignado a un servidor público por la Judicatura Federal, y sería aún más reprobable que dichos recursos hayan sido “plantados” por algún otro funcionario, tal y como argumenta Francisco Javier Pérez Maqueda. Ambos supuestos dan una muestra de la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se conduce el PJF.

Es una responsabilidad proteger y salvaguardar el correcto funcionamiento de los recursos del Poder Judicial, así como la protección de nuestros jueces en el ejercicio de sus funciones, sin un sistema judicial robusto la aspiración a un Estado de Derecho es difícil.

Por lo que es importante mencionar que el pasado 17 de octubre de 2016, el juez Vicente Bermúdez Zacarías, fue asesinado en las calles del municipio de Metepec, responsable del Quinto Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, este Juez decretó el arraigo de El Cuini, suspendió la extradición de El Chapo, negó una suspensión al líder de Los Zetas y sobreseyó un amparo a El Gil, sin que a la fecha se tenga una respuesta por la parte de la Procuraduría General de la República, este Senado debe manifestarse por la aceleración de las pesquisas para identificar en cualquiera de las líneas de investigación que se realizan una respuesta pública y veraz que lleve a los responsables de dicho asesinato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, a que de conformidad con sus atribuciones, ordene a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación una investigación exhaustiva sobre los recursos ejercidos por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, durante su estancia en el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se solicita que se inicie una investigación exhaustiva sobre los contratos de colaboración entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de identificar el destino de las recuperaciones probables identificadas por la Auditoría Superior de la Federación.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que investigue exhaustivamente los hechos ocurridos el 10 de febrero del presente año en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña, y a que inicie una investigación respecto al mal ejercicio de los recursos públicos señalado por Francisco Javier Pérez Maqueda.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República acelere las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato del Juez Federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2016, y establezca en coordinación con el Poder Judicial los mecanismos de seguridad preventiva de los integrantes del Sistema de Justicia con el objeto de garantizar su vida y el de sus familiares en el ejercicio de sus funciones de impartición de justicia y preservar el Estado de Derecho.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno a abstenerse de contratar o adjudicar bienes o servicios con las personas físicas o morales nacionales o internacionales que participan de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América, anunciado por el Presidente de ese país, Donald Trump. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar el documento “Modelo Educativo” que será presentado por el Secretario de Educación. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REVISAR EL DOCUMENTO “MODELO EDUCATIVO” QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A FIN DE ANALIZAR SU IMPACTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EMITIR OPINIONES U OBSERVACIONES AL RESPECTO Y REMITIR LOS RESULTADOS A ESTA SOBERANÍA PARA LAS CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS RESPECTIVAS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Esta institución ha generado un sin fin de acciones legislativas en pos de la calidad de la educación. El poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación ha emitido diversos ordenamientos que aquí se han aprobado en materia educativa. Recientemente se anunció en medios de comunicación que el Secretario de Educación Aurelio Nuño presentará el nuevo modelo educativo en Palacio Nacional. Este modelo se aplicará a partir del ciclo escolar 2018-2019 mediante un cronograma.

En una entrevista, el secretario explicó: “El modelo va a mantener los cinco capítulos, como estaban en el inicial. Es decir, toda la parte del desarrollo curricular y cambio pedagógico como primer capítulo. El segundo, la Escuela al CENTRO; el tercero, toda la profesionalización de los maestros; el cuarto equidad e inclusión, y el quinto todo el tema de la nueva gobernanza educativa. Describió que “va a ser un documento más amplio que el primero, en donde damos más detalles, en donde enriquecemos con más bibliografía, damos más ejemplos, hay más infografías e incorporamos los distintos puntos de vida y opiniones sobre los asuntos que creían en los que teníamos que profundizar, en los que nos hacían falta y ya verán, es un documento muy completo”.

“Lo otro y que será una novedad, en general yo creo que para la administración pública es junto con el documento del Modelo Educativo, vamos a presentar una ruta de implementación, que será publica, en donde comprometemos tiempos, cronogramas para ver cómo va a ir avanzando el Modelo Educativo. Este modelo será presentado con una ruta de implementación. “Tendremos que hacer y publicar los nuevos planes de estudio, que se derivan del Nuevo Modelo, vamos a hacer nuevos libros de texto con un cronograma también derivado del modelo, vamos a dar formación y capacitación a todos los maestros, se va a ofrecer al millón 200 mil maestros, durante todo el siguiente ciclo escolar, para que conozcan los detalles del modelo, de manera muy particular nos interesa que conozcan el nuevo enfoque pedagógico y las diversas tácticas que se estarán promocionando, como parte del modelo.

Precisamente para que se logre este cambio, en todas las escuelas del país en donde en los niños se deje a un lado la memorización y aprendan a aprender. Ese es el objetivo central; entonces por eso entrará hasta el ciclo 2018-2019, que es el último que le tocará al presidente de la República inaugurar, para que lleguemos bien preparados, con materiales listos, con planes de estudios listos y con toda esa capacitación a los maestros.

2. Los legisladores, los que estamos aquí desde el año 2012, tenemos un mandato y encargo especial gracias a la modificación constitucional del 2011, en materia de derechos humanos. Somos la primera generación de legisladores con un mandato constitucional inmenso que revolucionará todo el quehacer jurídico, ejecutivo y el nuestro. Es nuestra responsabilidad construir el poder legislativo de los derechos humanos, construir el poder que requiere la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los órganos estatales, para que estas comisiones puedan dar un salto de calidad e involucrarse en los asuntos que deberían ser de su competencia o que ya le competen, pero que aún no existe los procedimientos políticos o protocolarios para que esta Comisión y comisiones puedan emitir la pertinencia de sus observaciones y de sus análisis ante las acciones ejecutivas. Todo tiene que pasar, y pasará, en obediencia a ser una institución de contrapeso del ejecutivo, por la opinión de los especialistas en derechos humanos. Tiene que haber progresividad, no pueden darse pasos atrás. Y tenemos el empeño de construir propuestas para que suceda el empoderamiento constante de los derechos humanos.

3. Dado que se presentará una acción ejecutiva amplia, importante, con repercusiones en materia educativa sobre educadores y educandos, es absolutamente viable que este instrumento ejecutivo que se presentará inminentemente, el Modelo Educativo, pueda ser observado por la Comisión Nacional de los Derechos, pueda ser revisado y que sus análisis y observaciones puedan ser materia pública y dada a conocer a esta institución.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar el documento “Modelo Educativo” que será presentado por el Secretario de Educación, a fin de analizar su impacto en materia de derechos humanos, emitir opiniones u observaciones al respecto y remitir los resultados a esta Soberanía para las consideraciones legislativas respectivas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el desabasto del medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe sobre el número de casos presentados en los últimos meses y qué medidas se han adoptado para contrarrestar una posible epidemia. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A INFORMAR SOBRE EL DESABASTO DEL MEDICAMENTO PARA CONTRARRESTAR LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA, ASÍ COMO ENVIAR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO DE CASOS PRESENTADOS EN LOS ÚLTIMOS MESES Y QUE MEDIDAS SE HAN ADOPTADO PARA CONTRARRESTAR UNA POSIBLE EPIDEMIA , al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún punto de las vías respiratorias y representan para todos los países un importante problema de salud tanto por sus grandes cifras de morbilidad y mortalidad, para lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la implementación de programas eficaces para su prevención y control.

Las IRA representa la principal causa de morbilidad en el mundo y la causa más frecuente de utilización de los servicios de salud en todos los países. En México constituye un problema de salud prioritario por su continua presencia dentro de las diez principales causas de defunción en los distintos grupos de edad. Estas infecciones respiratorias pueden complicarse y dar pie a neumonías y bronconeumonías que afectan principalmente a la población en los extremos de la vida y a la población de cualquier edad con comorbilidades crónicas (infecciosas o no infecciosas), provocando con ello complicaciones y por ende mayores días de estancia intrahospitalaria. Es de esperarse que en temporada invernal, todos los padecimientos de vías respiratorias altas y/o bajas incrementen su incidencia asociada a las bajas temperaturas entre otros factores. Dentro del grupo de padecimientos respiratorios se encuentra la influenza estacional, esta es una enfermedad infecciosa que se distribuye mundialmente durante todo el año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la estacionalidad de cada continente.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año en el mundo se presentan alrededor de 1,000 millones de casos de influenza estacional (~15% de la población mundial), entre 3 y 5 millones de casos severos y de 300 a 500 mil muertes. En Estados Unidos, entre el 5 al 20% de la población enfermará de influenza cada año, cobrando la vida de unas 36,000 personas y la hospitalización de otras 200,000, ocasionando costos médicos de alrededor de 10 mil 10 millones de dólares; el impacto económico total anual se estima en casi 90 mil millones de dólares.2

El viernes 24 de abril de 2009, la OMS fue informada de la circulación de un nuevo virus de influenza causante de enfermedad en seres humanos en tres países de la subregión de América del Norte. Tres días más tarde, el Comité de Emergencia del Reglamento de Sanitario Internacional (RSI), recomendó elevar el nivel de alerta de influenza global dela fase 3 a la fase 4. El 29 de mayo, la Directora General declaró la fase 5 de alerta global y los países fueron urgidos a iniciar la implementación de sus planes nacionales de influenza.

Para entonces, México había informado de 26 casos confirmados con 7 muertes; los Estados Unidos habían informado de su primera muerte debido a H1N1 y un total de 91 casos confirmados; mientras que Canadá había informado de13 casos sin muertes. Se reportó la circulación del virus H1N1 en 102 países en del mundo.

La Secretaría de Salud describe al virus de la influenza como una enfermedad aguda de las vías respiratorias, curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.

Los tipos de virus que circulan actualmente en México son tres estacionales: A(H1N1), A(H3N2) e Influenza B.

La familia del virus de la influenza se clasifica en tres tipos: A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos: H1N1, H2N2 y H3N2 que han causado epidemias extensas y pandemias; el tipo B, se ha relacionado pocas veces con epidemias regionales o dispersas y; el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños.

• El virus pude contagiarse de persona a persona, ya que entra al organismo a través de la boca, nariz y ojos.

• La formas más comunes de transmisión de la influenza:

• Cuando las personas enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otra sin cubrirse la boca y la nariz.

• Al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma.

• Al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria.

• A través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma, tales como manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

En el país se han confirmado tres mil 114 casos positivos de influenza: mil 761 de tipo AH1N1, 562 tipo b, 508 AH3N2 y 283 de influenza A, mientras que el número de defunciones suman 229, la mayoría de AH1N1.

Las edades de las personas más afectadas, de acuerdo a la Federación, son de uno a nueve años, seguido por adultos mayores y de 40 a 49 años.

Las entidades con mayor número de personas enfermas por influenza son Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México, mientras que las defunciones se han presentado en los estados de Querétaro, Hidalgo, Coahuila y Aguascalientes.3

Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).la información oficial que publica la Dirección General de Epidemiología tiene un retraso de, por lo menos, dos semanas, debido al procesamiento de muestras y a la preparación de los datos, explicó el universitario

La Asociación Nacional de Farmacias de México reconoció que en algunos establecimientos afiliados no hay disponibilidad del medicamento Oseltamivir para combatir la influenza debido a la demanda de los 30 mil negocios de este tipo y alto costo del antibiótico.

También explicó que el desabasto del antibiótico se debe a que el fabricante, el laboratorio Roche, no podrá atender la demanda ni garantizar el abasto a las 30mil farmacias del país.

Otro factor que propicia la falta de este medicamento en los locales es su precio, casi 800 pesos, “lo que limita el poder adquisitivo de los pacientes y eleva los costos de los inventarios de los establecimientos.4

La importancia de tomar el Oseltamivir durante las primeras 48 horas de iniciados los síntomas del padecimiento, debido a que reduce 50% el riesgo de muerte y tiene una efectividad terapéutica de 98% ante el virus de la Influenza tipo A(H1N1) y ayuda a evitar los riesgos para la salud.

De acuerdo al documento denominado “Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza. Documento de Orientación de la OMS”:Si bien todos los sectores de la sociedad están implicados en la preparación y la respuesta pandémicas, el gobierno nacional es el líder natural de los esfuerzos globales de coordinación y comunicación. En su función de liderazgo, el gobierno central debe:

Identificar, designar y dirigir al organismo coordinador de la preparación y la respuesta pandémicas;

Promulgar o modificar la legislación y las políticas necesarias con el objeto de mantener y optimizar la preparación para la pandemia, desarrollar las capacidades y la respuesta en todos los sectores;

Establecer prioridades y guiar la asignación y el destino de recursos a fin de cumplir las metas, según lo estipule el plan de preparación contra una pandemia de influenza de cada país;

• Proporcionar recursos complementarios destinados a la preparación nacional contra una pandemia, la creación de capacidad y las medidas de respuesta; y

Considerar la posibilidad de asignar recursos y asistencia técnica a los países donde se presenten brotes de influenza con potencial pandémico.

Al sector salud (que incluye la salud pública y los servicios públicos y privados de atención de la salud), le corresponde una función natural de liderazgo y de abogacía en los esfuerzos de preparación y respuesta frente a una pandemia de influenza. En cooperación con otros sectores y como respaldo a su liderazgo nacional intersectorial, el sector de la salud debe proveer liderazgo y orientación en las actividades requeridas, además de sensibilizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias para la salud de una pandemia de influenza. Con el objeto de cumplir con esta función, el sector de la salud debe estar preparado para:

• Suministrar información fidedigna en materia de riesgo, gravedad y progresión de una pandemia y sobre la eficacia real de las intervenciones aplicadas durante la misma;

Establecer prioridades y continuar la prestación de la atención de salud durante una pandemia de influenza;

Poner en práctica medidas encaminadas a limitar la propagación de la influenza en la comunidad y en los establecimientos de asistencia sanitaria; y

Proteger y apoyar a los trabajadores de salud durante una pandemia.5

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaria de Salud a informar sobre el desabasto del medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe a esta soberanía sobre el número de casos presentados en los últimos meses y las medidas que se han adoptado para contrarrestar una posible epidemia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/lineamientos/influenza/documento_tecnico_influenza.pdf

2 http://www.who.int/gho/publications/es/

3 https://www.eloccidental.com.mx/local/registra-la-ssj-42-casos-de-influenza

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/4/sin-abasto-farmacias-contra-la-influenza

5 http://www.who.int/csr/swine_flu/Preparacion_Pand_ESP.pdf





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente los pueblos originarios de México son el grupo social en el que crece más la pobreza, marginación, rezago educativo, dificultad para acceder a la justicia y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, lo anterior es un círculo vicioso que prevalece en el país, sin que hasta el momento se logren resultados que reviertan dicha situación.

La desigualdad es real y existe, se les han negado oportunidades de crecimiento y desarrollo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que “De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional; de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres”.1

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó que, entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2%. El porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5%, de dicha cifra el 43.2% (46.6 millones de personas) son indígenas, de ellas el 36.1%se encuentra en población moderada y 7.1% en pobreza extrema.2

Esta desigualdad que afecta a la población indígena ha negado el crecimiento y desarrollo a dicho sector poblacional, esto sucede en el país a pesar que el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la igualdad y no discriminación para todas las personas, mientras que el Artículo Segundo, reconoce la pluriculturalidad del país sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

El tener en esta situación a los pueblos indígenas además de ser indignante, debe llamar a la reflexión, pues no se puede reconocer sus derechos en una Constitución para después desprotegerlos, caso ejemplar es el de Juan Ontiveros Ramos, un líder indígena Raramuri, asesinado el pasado primero de febrero. Medios de comunicación dan cuenta que el 31 de enero Ontiveros Ramos fue secuestrado de su domicilio, un día después apareció sin vida.

El líder indígena era defensor del territorio de la Sierra Tarahumara, comunidad indígena de Choréachi, ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. A este lamentable suceso, se le suma el de otro líder indígena, que 15 días antes fue asesinado, Isidro Baldenegro, activista ambiental ganador del premio Goldman 2005, el crimen tuvo lugar en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, del Municipio en comento.

Entonces, se tiene que en 15 días asesinaron a dos líderes indígenas de un mismo municipio. Se debe mencionar que desde el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución 29/2014 solicitó al Estado mexicano la medida cautelar 60-14, para garantizar la vida e integridad personal de los líderes y lideresas, así como de toda la comunidad indígena de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Dentro del análisis que hace la Comisión para el caso concreto, se encuentran que las amenazas y actos de hostigamiento ocurridos el 17 de septiembre de 2013, fueron una respuesta a sus actividades. Asimismo, la CIDH lo consideró de urgencia, en virtud de que los hechos habrían ocurrido en los domicilios de Prudencia Ramos y Ángela Ayala, activistas que se encontraban en situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de constantes actos de violencia, hostigamiento, amenazas de muerte entre otras situaciones; entre las medidas cautelares solicitadas están:3

a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de Prudencia Ramos Ramos, Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares;

b) Adopten las medidas necesarias para que Prudencias Ramos Ramos pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones;

c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Dos años más tarde, en 2016 la CIDH solicitó una ampliación de medias cautelares   a favor de integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi,4 desafortunadamente es innegable que en el país promover y defender los derechos humanos es una tarea en la que se arriesga la vida.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe de actividades 2016, reveló que: “del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este Organismo Nacional se integraron un total de 380 expedientes respecto de casos de personas defensoras. Durante el último lustro (2011-2015) el número de quejas radicadas en el marco del Programa citado representó el 70.27% del total de quejas recibidas en el periodo de 2006 al 31 diciembre de 2015”.5

Es decir, la CNDH da cuenta que los defensores de los derechos humanos, son personas que arriesgan su vida para cumplir una función que en teoría les corresponde a las autoridades, o al menos eso ordena el Artículo Primero de la Constitución Federal.

Lo anterior muestra de sobremanera que el gobierno mexicano le ha quedado a deber a su población para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, problemática no menor, que debe llamar a la reflexión sobre el quehacer de las autoridades.

Por tal razón, es necesario alzar la voz para que las personas en el territorio nacional gocen plenamente de los derechos humanos que reconoce la Constitución, en este sentido la presente proposición tiene como objeto realizar un exhorto al gobierno del estado de Chihuahua a que realice las investigaciones y en su caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, de dicha Entidad Federativa.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua para que:

a) Realice las investigaciones y en su caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y

b) Implemente las medidas necesarias que garanticen la vida y seguridad de las autoridades indígenas y defensores de derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, INEGI, [en línea]. Consultado el 3 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

2 Cfr. Coneval informa los resultados de la medición de pobreza 2014, [en línea]. Consultado el 3 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/salaprensa/documents/comunicado005_medicion_pobreza_2014.pdf

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 29/2014. Medida Cautelar No 60-14, Asunto Prudencio Ramos Ramos y otros respecto de México, 6 de octubre de 2014[en línea]. Consultado el 3 de Marzo de 2017, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC60-14-ES.pdf

4 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 51/2016. Medida Cautelar No 60-14. Ampliación de beneficiarios a favor de integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México, 28 de octubre de 2016 [en línea]. Consultado el 3 de Marzo de 2017, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC60-14-ES-ampliacion.pdf

5 Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, CNDH” 2016 [en línea]. Consultado el 3 de Marzo de 2017, disponible en:http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución y conclusión a la obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta Astillero, a la altura del Technology Park, en la carretera a Nogales en el municipio de Zapopan, Jalisco. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A DAR PRONTA SOLUCIÓN Y TÉRMINO A LA OBRA DEL PASO A DESNIVEL QUE SE CONSTRUYE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA AVIACIÓN A VENTA DEL ASTILLERO, A LA ALTURA DEL “TECHNOLOGY PARK”, EN CARRETERA A NOGALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, ASIMISMO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) A EFECTUAR UNA REVISIÓN DE AUDITORIA SOBRE LA MISMA; ello, al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y…

CONSIDERACIONES

La obra pública de infraestructura constituye un verdadero motor de desarrollo, al implicar inversión, generación de empleo, progreso, modernidad y generalmente, mejores condiciones físicas para el aprovechamiento del espacio público.

Sin embargo, no se trata de un axioma irrefutable, pues para que eso suceda implica que vaya integrada o aparejada de diversos factores, como la eficiencia, honestidad, transparencia, con una planeación adecuada y respeto a los tiempos previstos, entre otros.

Una obra que prometía ser un alivio para la movilidad en el estado de Jalisco, es la que se refiere a la Carretera a Nogales y el paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura del Technology Park, con la que se pretende suprimir tres entronques a nivel y tres topes y con ello lograr un acceso mucho más ágil y seguro para la ciudad.

Sin embargo, se trata de una obra que avanza lento y lleva ya más de un año de atraso, con las consecuentes afectaciones a la ciudadanía y lejos de coadyuvar a su original objetivo, es causante de daños y perjuicios e inseguridad vial.

Recordemos que la Carretera a Nogales es la vía de comunicación del Estado de Jalisco con el norte del país. Puerto Vallarta, Tepic, Mazatlán, Culiacán, Nogales y de ahí hasta Mexicali y Tijuana. Sin duda, una de las principales carreteras del país, también conocida como la Autopista del Pacífico o carretera federal 15.

Por su ruta transitan infinidad de personas y mercancías, aportando beneficios considerables a un corredor comercial que se extiende desde la Ciudad de México hasta el norte del país.

Sin embargo, al recorrerse en el área de la obra en mención, su relevancia parece verse desfasada y disminuida por una obra que no tiene para cuando culminar y de la que los ciudadanos dan cuenta de su prácticamente estado de abandono, además que las intervenciones en los carriles que funcionan de manera temporal, que más bien parecen definitivos por su desmedido atraso, sólo ocasionan graves congestionamientos viales y riesgos a los usuarios y pobladores aledaños, sin contar las pérdidas en materia económica que ello ocasiona con la demora excesiva en los traslados comerciales y personales.

La negligencia también es corrupción y esto parece estarse reflejando en esta obra, que se insiste, lamentablemente está causando serias afectaciones, considerando que se inició en agosto de 2015 y se suponía concluir en el mes de diciembre del mismo año, con una inversión del orden de los 90 millones de pesos.

En agosto del año pasado, los colonos de fraccionamientos como Rancho Contento, Pinar de la Venta y Diana Natura ofrecieron una rueda de prensa en la que urgen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a dar pronta solución a la obra y le responsabilizaron de futuros accidentes por no actuar oportunamente, ante el hastío que los innumerables accidentes ahí ocurridos han generado. El reproche generalizado es la insensibilidad de la autoridad para tratar de dar solución a esta problemática.

A la fecha las causas de atraso, la fecha probable de culminación y la inversión final se desconocen.

Por ello, es importante urgir a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para dar solución a esta problemática y terminar la obra en el plazo más breve posible. También, se hace necesario saber los motivos de atraso en la obra, su fecha probable y el monto al que actualmente ascendería su costo.

Lo cierto, es que además de lo anterior, se trata de un proyecto en el cual no se está cumpliendo con el tiempo, calidad y cantidad de metas y objetivos establecidos, por lo que resulta además, materia de intervención por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Puntos torales sobre los que se basa la presente propuesta a realizar a este Honorable Pleno legislativo, como es el respetuoso exhorto a la SCT y a la ASF, en los términos contemplados en los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a…

1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dar pronta solución y término a la obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura del Technology Park, en Carretera a Nogales en el municipio de Zapopan, Jalisco. Asimismo, a informar los motivos de atraso en la obra, su fecha probable de culminación y el monto al que actualmente asciende su costo.

2.- La Auditoría Superior de la Federación (SCT), a efecto de que realice una revisión de auditoría a dicha obra, a efecto de verificar e informar sobre la correcta aplicación de los recursos públicos, la observación de la normatividad técnica y jurídica aplicable, su ejecución y cumplimiento de entrega de acuerdo a lo previsto, y aquellas inspecciones técnicas y pruebas que resulten conducentes.

Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román Zoé Robledo Aburto, Héctor David Flores Ávalos, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y María Lorena Marín Moreno, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a crear una Comisión Intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

La que suscribe, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CREAR UNA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE ATENCIÓN A MEXICANOS QUE RETORNAN DE ESTADOS UNIDOS, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929 a 1934, nuestro país experimentó una oleada de mexicanos que regresaban a su lugar de origen, en ese momento 400 mil personas lo que es una cifra altísima, convirtiéndose en el mayor movimiento de personas proporcionalmente del que se tenga precedente de Estados Unidos a México. Ante tal situación, el gobierno mexicano en ese entonces conformó el Comité Nacional de Repatriación, en el que participaron miembros de la sociedad civil y funcionarios públicos.

2. En 2014 alrededor de la mitad de la población de connacionales radicados en Estados Unidos, no contaba con documentos migratorios que acreditaran su legal estancia, factor que origina una situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella nación, aunado al elevado volumen de repatriaciones y al endurecimiento de la política migratoria implementada por el Presidente de los Estados Unidos.

3. Cifras del Gobierno mexicano señalan que del año 2001 al 2008, 4 millones 848 mil personas regresaron a México; mientras que en el periodo comprendido de 2010 a 2015, es decir en 5 años, el número de mexicanos repatriados superó los 2 millones 800 mil personas. Se estima que durante la administración de Trump la cifra supere los 3 millones de connacionales que vuelven a sus  comunidades.

4. Hay datos que nos inquietan, por ejemplo, el Pew (Piu) Hispanic Center (PHC) informó que en 2013, había 180 mil niños en edad escolar que estarían en riesgo de ser retornados de manera forzada, debido a su condición migratoria.

5. datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, indican que en lo que va del año ocurrieron 13,653 eventos de repatriación de mexicanos, de los cuales 4,421 se dieron en Baja California; 564 en Chihuahua; 1 mil 598 en Coahuila; 2 mil 478 ocurrieron en Sonora; 3 mil 382 en Tamaulipas y 1 mil 210 en la Ciudad de México, es decir, está situación está impactando de distinta manera a algunos estados y a otros.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los Senadores.

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

III.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  las Secretarías de Estado deberán de establecer sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal, de acuerdo al artículo 20.

IV.- Conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se faculta al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales con la finalidad de que sean atendidos asuntos donde deban intervenir varias Secretarías de Estado.

V.- Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaria de Gobernación dentro de sus atribuciones está la de coordinar por acurdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios con la finalidad de cumplir las órdenes y acuerdos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica  exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a crear una Comisión Intersecretarial encargada de atender a los mexicanos que retornan de los Estados Unidos y de Coordinar los programas que implementan las diversas Secretarías de Estado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a complementar los recursos asignados a la Red Consular de México en Estados Unidos de América, así como reforzar las partidas presupuestales etiquetadas para los diferentes programas de atención a personas migrantes en México, incluyendo el fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir acciones alternativas de defensa a los mexicanos en el exterior, así como a agotar los canales diplomáticos para evitar la deportación de connacionales que permanezcan en los Estados Unidos de América y enfrenten, en su caso, procesos migratorios en libertad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 16 de marzo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Héctor David Flores Ávalos.- Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo.- Sen. María Lorena Marín Moreno.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Artículo 21 de la Ley del Banco de México, (Banxico) establece la responsabilidad institucional sobre la toma de decisiones sobre el tipo de cambio, de la siguiente manera: 

“El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe. Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes…

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su ausencia, por el Gobernador y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que designe el Titular de la citada Secretaría. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito Público o del Gobernador; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros, siempre que tanto dicha Secretaría como el Banco de México se encuentren representados.

Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la citada Secretaría.

El Gobernador informará a la Junta de Gobierno sobre dichas resoluciones.

El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente lo serán también de la Comisión de Cambios”.

Es decir, son seis personas las que, presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, determinan la política cambiaria.

Estas consideraciones legales hacen observar que la autonomía del Banco de México no es un ejercicio que se podría considerar pleno, toda vez que quien dirige la política fiscal, tiene poder de decisión sobre la política monetaria en el caso particular del tipo de cambio.

2.- Al menos así se puede interpretar la orientación que tiene el comunicado de prensa conjunto de la SHCP y Banxico, del día 21 de febrero del 2017, dando  cuenta del anuncio de la Comisión de Cambios que establece un monto de 20 mil millones de dólares para dirigirlos a coberturas cambiarias en su equivalente de moneda nacional, y que a la letra precisa lo siguiente:

“Anuncio de la Comisión de Cambios El Banco de México ofrecerá al mercado coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional

En los últimos meses el tipo de cambio del peso frente al dólar de los Estados Unidos de América ha mostrado una alta volatilidad, la cual no es consistente con los fundamentos económicos del país. Por lo anterior, con el propósito de propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario, la Comisión de Cambios ha decidido instruir al Banco de México para que implemente un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. Esta última característica de los instrumentos permitirá ofrecer la cobertura contra riesgos cambiarios, sin utilizar las reservas internacionales. El monto del programa será de hasta 20,000 millones de dólares.

Las principales características del programa son las siguientes:

Las instituciones de crédito del país podrán presentar posturas por estos instrumentos, de conformidad con las reglas que al efecto el Banco de México determine y publique en el Diario Oficial de la Federación.

Las instituciones de crédito que participen en las subastas de coberturas cambiarias con el Banco de México a su vez podrán ofrecer coberturas del mismo tipo a los diferentes participantes del mercado. De esta manera, los agentes y sectores que más las necesiten podrán adquirir de los bancos las coberturas cambiarias de este tipo.

La primera subasta de coberturas se realizará el lunes 6 de marzo por un monto de hasta 1,000 millones de dólares. Los detalles de la operación los dará a conocer el Banco de México a través de la convocatoria respectiva.

Las fechas, montos y características de las coberturas de las siguientes subastas se determinarán conforme evolucionen las condiciones del mercado.

El plazo de las coberturas no será mayor a doce meses.

El Banco de México renovará la totalidad de los vencimientos de estas operaciones hasta que la Comisión de Cambios lo considere pertinente.

La Comisión de Cambios ratifica su compromiso de vigilar las condiciones de operación en el mercado cambiario y no descarta la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales en caso de ser necesario, mediante el uso del instrumento que hoy anuncia o los que ha utilizado en el pasado. En todo caso, la Comisión reitera que el anclaje del valor de la moneda nacional continuará procurándose principalmente mediante la preservación de fundamentos económicos sólidos.

La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y está integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro Subsecretario de dicha dependencia, el Gobernador del Banco de México y dos miembros de la Junta de Gobierno del propio Banco”

3.- Es decir, que Banxico podrá emitir o usar dinero en el presente año, hasta por 20,000 millones de dólares, que convertidos a moneda nacional -a un tipo de cambio, supongamos de 20 pesos por dólar- equivalen a 400,000 millones de pesos para compensar a quienes pierdan en las coberturas cambiarias.

4.- Por otra parte -y esto es parte principal del motivo de este punto de acuerdo-  es de conveniencia observar que desde el 01 de enero del presente año, se viene aplicando la nueva metodología de cálculo del precio de las gasolinas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementa con el propósito de adelantar la liberalización del mercado de gasolinas. Metodología que incluye factores importantes:

4.1.- El precio internacional de referencia en dólares

4.2.- Costos de transporte, logística y ganancias en algunos casos dolarizados

4.3.- Un alto Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS) en pesos 

En estas circunstancias, un proceso de depreciación sostenido pondría en alto riesgo la aplicación de la nueva metodología por la protesta social contra los gasolinazos; aunado a lo anterior, una no favorable política estadounidense en las áreas comerciales, fiscal y de inversiones provocará una importante salida y/o no llegada de capitales a México. Y sería de esa forma, porque entonces el precio de la gasolina tendería a subir permanentemente por el solo efecto de depreciación cambiaria. Entonces, ¿cómo prevenir esta altamente probable circunstancia? ¿Están en riesgo de fuga 20,000 millones de dólares? ¿Se protege realmente  las ganancias de los comerciantes extranjeros de gasolinas? ¿El Programa de Coberturas Cambiarias que alcance tiene en el escenario de la liberalización de la comercialización de gasolinas?

También la SHCP aduce que la aplicación de tal metodología y los IEPS altos, es para terminar con la política de subsidios y que en concreto para el presente año los IEPS deberán proporcionar en combustibles automotrices la recaudación de 284,432.3 millones de pesos, directo de las bolsas de las familias y empresas.

5.- Llama la atención este comportamiento de la SHCP, Banxico y la Comisión de Cambios, porque elimina el subsidio al precio de la gasolina, del transporte que moviliza la economía, pero crea un tipo de subsidio condicionado con las coberturas para el mercado cambiario más alto que lo eliminado.

Con la sola eliminación de los IEPS en las gasolinas, se podría obtener un precio promedio de gasolinas de diez pesos el litro, favoreciendo la dinámica del mercado interno y la economía popular. Pero si el subsidio se aplica al tipo de cambio, el beneficio no llega a la población.

6.- Bajo estas consideraciones, es importante que se precise cuáles son las razones tomadas por la Comisión de Cambios para establecer el monto del programa mencionado por 20,000 millones de dólares para el presente año.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar a la presente Soberanía sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero a acudir a una reunión de trabajo con Senadores, para abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA ROCHA ACOSTA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SENADORES PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE CRISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE ENFRENTA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La situación que se vive en el estado de Guerrero es alarmante; según el Semáforo Delictivo, dicha entidad reporta luces rojas en los rubros de homicidios y robo a vehículo con 165 y 425 eventos reportados en enero de 2017; sus luces amarillas se encienden en secuestro, extorsión, robo a negocio, lesiones y violación.

Pese a que el fin de semana pasado, el gobierno guerrerense puso en marcha un nuevo operativo en zonas con problemas de inseguridad, el saldo de la violencia en Guerrero fue de 19 personas asesinadas, entre ellas una mujer embarazada.

La situación es tal que, a inicios del mes de marzo de 2017, el movimiento de autodefensas por la Paz de San Miguel Totolapan, anunció la intensificación de sus protestas e informó que 108 escuelas entrarían en paro y no darían clases hasta que se garantice la seguridad, al tiempo que demandaron la captura de la banda de Los Tequileros y su líder Raybel Jacobo de Almonte.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que en lo que va del año 2017, 27 negocios, entre ellos una sucursal del restaurante La Mansión, cerraron por la inseguridad y las bajas ventas en Chilpancingo, Guerrero.

Por su parte, la Asociación Empresas de Agua Purificada y Hielo de Chilpancingo, confirmó que sus integrantes son acosados mediante “secuestros y extorsiones” por las bandas delincuenciales que operan en esa capital; su dirigente afirmó que, de septiembre de 2016 a marzo de 2017, se han reportado al menos tres secuestros de dicho sector lo que lo convierte en una grave situación.

CONSIDEERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a acudir a una reunión de trabajo con senadores para abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha Entidad Federativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Guatemala y con las familias de las adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, el 7 de marzo de 2017. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

 







 

De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a valorar la pertinencia de implementar una campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para hombres. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal del país. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 9 de marzo de cada año, se conmemora el “Día Mundial del Riñón”, declarado en 2006 como una iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, que tiene como objetivo central promover campañas sobre la concientización acerca del cuidado de estos órganos vitales.

Cada año, la campaña promueve un tema de importancia dentro de la salud renal. Para el presente año, centra la atención en las consecuencias negativas de la obesidad y su asociación con la enfermedad renal, destacando la importancia de un estilo de vida saludable y de las políticas sanitarias que hacen accesible una conducta preventiva.

La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, hacen un llamado a prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento para los pacientes.

La insuficiencia renal es una enfermedad en donde los riñones pierden la capacidad de filtrar suficiente cantidad de desechos de la sangre y de regular el balance corporal de sal y agua. Dichos órganos disminuyen su producción de orina o dejan de producirla por completo. Los productos de desechos y el agua se acumulan en el cuerpo, lo que puede causar un exceso de líquidos que pone en peligro la vida de los pacientes.

Existen diversos tipos de insuficiencia de los riñones, como la insuficiencia renal aguda, que es la alteración de las funciones del riñón, que se produce de forma brusca y las manifestaciones clínicas más cotidianas son la función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la composición de iones.

Una de las consecuencias es el bloqueo del flujo de la orina desde el riñón, que puede ocurrir debido a obstrucciones como las piedras en el riñón, los tumores de la vejiga o la próstata agrandada.

Por otra parte, existe la insuficiencia renal crónica, la cual provoca que el funcionamiento del riñón disminuya gradualmente, por lo general en el transcurso de varios años, causada por enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta no controlada o la inflamación crónica de dicho órgano.

Y la insuficiencia renal en su fase final, se presenta cuando la función del riñón se ha deteriorado hasta el punto que si no se comienzan los tratamientos de diálisis de inmediato, puede provocar la muerte del paciente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 10 por ciento de la población mundial padece de insuficiencia renal, es decir, una de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica1.

En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la insuficiencia renal crónica, el mismo organismo señala que hay 150 millones de personas con diabetes y se estima que este dato alcanzará más de 300 millones para el 20252.

En América Latina existen un promedio de 613 pacientes por cada millón de habitantes que tuvieron acceso a algunas alternativas de tratamiento para la sustitución de las funciones que alguno de sus riñones ya no puede realizar.

Diversos medios de comunicación señalan que en nuestro país, cerca de 70 por ciento de casos de insuficiencia renal se asocia con inadecuados hábitos alimenticios y obesidad. Por lo que siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños o jóvenes padecen obesidad y sobrepeso, por lo que es necesaria la participación de la sociedad para prevenir, desde el hogar3.

La cobertura de los seguros, el costo de los tratamientos y la deficiente atención del personal de salud, dificultan atender este padecimiento, el cual constituye una de las primeras causas de muerte4.

Para dimensionar la gravedad de dicha enfermedad, cabe mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), causa más de 12 mil 700 fallecimientos anualmente. Entre 100 mil y 130 mil pacientes requieren diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantenerse sin mayores complicaciones5.

Sin embargo, cuando el riñón está muy dañado es indispensable recurrir al trasplante, situación que resulta difícil por la necesidad de encontrar un órgano compatible. Cada año se realizan aproximadamente 2 mil 500 trasplantes en todo el país, cuando realmente se requieren al menos 15 mil.

La Fundación Mexicana del Riñón, A.C., menciona que en México existen alrededor de 140 mil pacientes con insuficiencia renal crónica, de los cuáles sólo el 50 por ciento tienen la oportunidad de ser atendidos en el sector salud; 9.6 millones con insuficiencia renal leve; 65 mil personas con tratamiento continuo de diálisis; y más de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos adecuadamente.

La tasa de crecimiento de la insuficiencia renal crónica, descontando los decesos, ha sido de cerca del 11 por ciento anual en los últimos 10 años. El costo de la hemodiálisis en el sector público es del orden de los 159 mil pesos anuales y en el sector privado de 168 mil pesos. El costo de los medicamentos que se necesitan en la fase de diálisis o hemodiálisis oscila entre 5 y 10 mil pesos mensuales6.

En los últimos años han aumentado considerablemente los pacientes a la espera de un trasplante de riñón en México: en 2010 los receptores eran 7 mil 240; en 2011, 8 mil 054; en 2012 eran 9 mil 086; en 2013 sumaban 10 mil 043; en 2014 eran 11 mil 302; y el año pasado se contaba con 12 mil 095 pacientes en esta situación.

Cabe destacar que la Ciudad de México es la entidad con más trasplantes renales de donantes fallecidos y vivos con 730 en el 2015. En nuestro país, esta enfermedad es una de las principales causas de hospitalización y demanda en el servicio de urgencias.

La evidencia demuestra que el tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la progresión, a estados más graves, y reducir sus complicaciones.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de toda la población. En este sentido, es necesario que la Secretaría de Salud y en coordinación con las 32 entidades fortalezcan las estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal en el país.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes de que se trata un problema de salud pública, que es urgente atender, por ello es necesario fortalecer las campañas preventivas, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y en coordinación con las 32 entidades federativas  para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal del país.

Dado en el Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es, consultado el 13 de marzo de 2017.

2 Wilde C. Diabetic nephropathy –who-cares? EDTNA ERCA J. 2004 Jul-Sep;30(3): 163-5, consultado el 13 de marzo de 2017.

3 http://www.proceso.com.mx/477528/70-casos-insuficiencia-renal-se-asocia-malos-habitos-alimenticios-
obesidad-narro, consultado el 13 de marzo de 2017.

4 http://www.sinembargo.mx/11-09-2016/3090302 consultado el 13 de marzo de 2017.

5 http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html consultado el 13 de
marzo de 2017.

6 http://www.fundrenal.org.mx/erc.html, consultado el 13 de marzo de 2017.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a instrumentar acciones tendientes a robustecer las estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de atender el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, se dio a conocer en medios de comunicación que en el estado de Morelos, miembros de la sociedad civil organizada han convocado a una marcha en contra de la inseguridad y violencia. Al respecto, cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que habitantes de dicha entidad se manifiestan por la alta incidencia delictiva que afecta la esfera jurídica de la población.

En Morelos, la incidencia delictiva forma parte de un fenómeno que se ha mantenido vigente durante los últimos años, lo que se agrava si tenemos en cuenta que, además de su gravedad intrínseca, tiene repercusiones en distintos ámbitos como son el económico, social, educativo, laboral y turístico, por mencionar algunos. 

En términos del noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, cuestiones indispensables para garantizar la tranquilidad, bienestar e integridad de la población.

“La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de todo peligro, daño o riesgo”1.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que en el estado de Morelos, se instrumenten las acciones que sean necesarias para que fortalecer las estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de atender el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece entre la población. 

La pertinencia del presente asunto radica en que la inseguridad constituye una problemática que se ha presentado en la entidad de manera permanente durante la actual administración, prueba de ello es que conforme al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el año 2014 el estado de Morelos, se posicionó como la entidad federativa más violenta del país2.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 20163, en el estado de Morelos la percepción de inseguridad asciende a 84.3. El propio estudio indica que los delitos más frecuentes son extorsión y robo o asalto en la calle o en el transporte público; y las conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su vivienda son el consumo de alcohol y droga y, robos o asaltos frecuentes.

Otro aspecto que deja de manifiesto la inseguridad que impera en el estado de Morelos, es que con base a información del Semáforo Delictivo, en enero de 2017 se registró un incremento del 45% en la comisión de homicidios4, situación que a su vez, da pauta a escenarios de eventual ingobernabilidad.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., el municipio de Cuernavaca, Morelos tiene la tasa más elevada de robos con violencia (994.66 por cada 100 mil habitantes), la cual es siete veces la nacional (138.23). Además, Cuautla, Morelos, es el municipio con la tasa más elevada de extorsión (27.35 por cada 100 mil habitantes), que también es más de seis veces la nacional (4.23)5.

Por si esto no fuera suficiente, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos, ha señalado que en 2016 se presentó el mayor número de feminicidios en los últimos 15 años en la entidad. A pesar de que existe Alerta de Género, del año2000 al 2016, se tienen registrados 773 feminicidios.

La inseguridad forma parte de las mayores preocupaciones de los habitantes del estado de Morelos. Por ello, el objetivo contribuir a proteger la integridad física, los derechos humanos y el patrimonio de la población morelense. Lo anterior, mediante la atención y detección oportuna de conductas antisociales y delictivas, siempre en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que en el marco de sus funciones y a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, instrumente acciones tendientes a robustecer las estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de atender el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 “La Seguridad Pública en México”, de José Antonio González Fernández. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/12.pdf

2 http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo

3 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_
presentacion_nacional.pdf

4 http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

5 http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/235-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2015





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a investigar sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla; asimismo, a la Fiscalía General del estado de Puebla para que amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 10 de marzo de 2016,  la C. Dulce María Silva Hernández fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Puebla, tras haber sido acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 30 millones de pesos, mismos que fueron aportados al Grupo Inmobiliario Verhome.

De acuerdo con los datos del caso, el titular de dicha empresa, Edmundo Tiro Morachel, actualmente enfrenta un proceso penal por un supuesto fraude realizado contra más de 159 personas y del que se presume que Silva Hernández se encontró vinculada al mismo.

Por otro lado, el 24 de octubre de 2016, el periódico Universal reportó que César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fue gravado intentando negociar con el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Alejandro Alducín Flores, a fin de que éste interviniera ante el fiscal para lograr la liberación de Silva Hernández.

Cabe destacar que en los audios recuperados por el periódico el Universal, también es posible escuchar al abogado Carlos Meza Viveros, quien asegura que su cliente, el senador Manuel Bartlett, pactará con el Secretario General de Puebla para que investigue el caso de Silva Hernández, a cambio de que se deje de hablar mal del gobierno de Moreno Valle.

En este respecto, el artículo 435 del Código Penal del Estado de Puebla refiere lo siguiente:

Artículo 435.- Comete el delito de tráfico de influencia, el servidor público que por si o por interpósita persona:

I.- Gestione o promueva, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos;

II.- Realice, sin estar autorizado para ello, y aprovechándose del empleo, cargo o comisión que desempeñe, ante la propia dependencia donde presta sus servicios o ante cualquier otra Autoridad, gestione para obtener una resolución favorable a sus intereses o los de un tercero.

Aunado a lo anterior, las autoridades fiscales, además de la facultad recaudadora, tienen también la facultad fiscalizadora mediante la cual pueden realizar actividades de investigación y control (auditorías, revisiones, inspecciones, etc.) sobre las operaciones económicas y actos de los contribuyentes, para comprobar si éstos, en efecto, cumplieron debidamente con sus obligaciones fiscales al pagar la cantidad de contribuciones que les correspondía.1

Al respecto el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, pueden requeririr información de los constribuyentes, practicar visitas, revisiones electrónicas, entre otros.

En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que el Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus atribuciones investigue sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva Hernández y que la Fiscalía General del estado de Puebla para que amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, para que en ámbito de sus atribuciones, investigue sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla, asimismo, a la Fiscalía General del estado de Puebla para que amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 16 de marzo de 2017.

Atentamente.

1•http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Cultura%20Contributiva/publicaciones/junio6/files/downloads/todo_loq_contribuyente_junio[2].pdf




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a reforzar las acciones institucionales de prevención del delito y combate a la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de los veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública constituye una de las principales funciones del Estado, porque la salvaguarda de la integridad, la vida, el patrimonio de los ciudadanos y el respeto de sus derechos, son condiciones imprescindibles para el desarrollo económico, político y social.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, señala que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias.

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, establece en su artículo tercero que, la seguridad pública es una función a cargo de la entidad y los municipios, por conducto de la Secretaría y la Procuraduría General, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción del individuo.

Para los legisladores del PRI, resulta preocupante que la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no sólo haya sido incapaz de salvaguardar la seguridad de los veracruzanos, sino que los índices delictivos se incrementaran de manera exponencial desde que él asumió el cargo en diciembre de 2016.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, durante los 2 primeros meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes, se iniciaron 234 averiguaciones previas por homicidios dolosos, lo que representan un incremento del 67% con respecto al mismo período del año anterior.1

Los secuestros se incrementaron en un 106%, que constituye la cifra de incidencia más alta en diez años para el período diciembre – enero. En un incremento histórico, los casos de extorsión aumentaron en un 435%.2

Durante el mes de enero la incidencia de robos de vehículos se incrementó en un 62% con respecto al mismos período del año anterior; mientras que el robo a casa aumentó en un 45%; el robo a negocios creció en un 273 %; la incidencia de lesiones repuntó en un 76%; y las violaciones crecieron de forma exponencial al alcanzar un aumento de 363%.3

Las cifras sin duda son alarmantes y muestran el grado de inseguridad que prevale en el estado de Veracruz, pero además, el nivel de violencia que persiste es muestra el grado de descomposición del tejido social, basta mencionar que el 28 de febrero de 2017, fueron hallados 11 cuerpos ejecutados en Boca del Río.

El mismo gobernador del Estado ha señalado que el problema de inseguridad que persiste en la entidad es “muy agudo”, concentrándose principalmente en la Zona de Córdoba- Orizaba y en el norte del estado.4

Para los legisladores del PRI, resulta apremiante que el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presente ante la ciudadanía una estrategia integral para revertir la incidencia delictiva y el incremento de la violencia que se presenta en la entidad.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, refuerce las acciones institucionales de prevención del delito y combate a la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de los veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la entidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 16 de marzo de 2017.

1 Aumenta la violencia en 9 de los 12 estados que eligieron nuevo gobernador hace un año, Animal Político, , <http://www.animalpolitico.com/2017/03/violencia-estados-elecciones/>Consultado el 13 de marzo de 2017.

2 Ibìd.

3 Semáforo Delictivo en Veracruz, Enero 2017, <http://veracruz.semaforo.com.mx/> Consultado el 13 de marzo de 2017.

4 Problema de inseguridad en Veracruz es “agudo, pero sólo por regiones”: Yunes,
Proceso,<http://www.proceso.com.mx/477660/problema-inseguridad-en-veracruz-agudo-regiones-yunes> Consultado el 13 de marzo de 2017.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República a hacer una revisión exhaustiva de la calidad de la gasolina distribuida en el territorio nacional, así como su efecto en la contaminación ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

Les informo ahora que a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se incorpora a los asuntos de hoy la efeméride del Senador Miguel Romo Medina, en torno al aniversario luctuoso del profesor Enrique Olivares Santana. Este texto, al igual que los otros del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con relación al aniversario luctuoso del Profesor Enrique Olivares Santana, a celebrarse el 18 de marzo de 2017.







 

Del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de los Bosques”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de los Bosques
21 de marzo

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques. Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto.

Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques, se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los bosques y los árboles, como, por ejemplo, campañas de plantación de árboles.

El tema del Día Internacional de los Bosques lo elige la Asociación de Colaboración en materia de Bosques. El tema de 2017 será “Los bosques y la energía”.

Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1 600 millones de personas -incluidas más de dos mil culturas indígenas- dependen de los bosques para vivir.

Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen que ellos.

Desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de las comunidades rurales. Suministran madera, leña, alimentos, forraje, aceites esenciales, gomas, resinas y látex, medicinas y sombra.

Los bosques ayudan a mitigar el cambio climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera: cuando crecen, absorben parte del carbono, que queda almacenado en la madera, las hojas y el suelo. También contribuyen a proteger los recursos hídricos.

Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario de la Expropiación Petrolera.

EFEMÉRIDE

Sobre el aniversario de la Expropiación Petrolera

Frente a la reforma energética que impuso el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el 2013 no pareciera tener sentido festejar la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 con un amplio apoyo del pueblo de México.

Los discursos oficiales repetirán, a próposito de este fecha, que el “petróleo sigue siendo de los mexicanos”, cuando sabemos que la reforma energética limitó la propiedad pública al petróleo que yace enterrado profundamente en el subsuelo. En diciembre de 2013 los mexicanos dejamos de ser los dueños de la producción petrolera, a favor de los grandes negocios privados a costa de los recursos públicos. Repetirán que la reforma energética está funcionando dejando de lado lo que es evidente, como lo dijimos, la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue un error para el país, en términos económicos, políticos y sociales. Manuel Camacho dijo que “esta reforma pasará a la historia por haber modificado el esquema fundamental bajo el que funciona el Estado mexicano. Está roto el pacto social argumentando que las mayorías gozan de un poder ilimitado que puede sobreponerse incluso a la Constitución y a los derechos de las personas.1

Recordemos de donde partió la reforma energética y que la problemática del sector no es producto de la falta de recursos, sino de un mal uso de los disponibles.

A principios de la administración de Peña Nieto, la Secretaría de Energía (SENER) publicó la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE). En ella se establecieron las bases generales sobre las cuales, se sustenta la política energética para los próximos años. La Estrategia Incluye a los sectores de hidrocarburos, eléctrico y de nuevas fuentes de energía.

El panorama descrito en la ENE sobre la situación del sector fue muy preocupante, pero no explicó las causas que la originaron. Sólo se limitó a insistir en que la solución a la problemática actual estaba en elevar sustancialmente las inversiones y concluyó que la mayoría de ellas debería provenir del sector privado. Pasó por alto que el sector energético, principalmente el subsector de hidrocarburos había producido recursos más que suficientes para impulsar el desarrollo del sector en su conjunto, pero estos recursos se utilizaron para fines ajenos al propio sector.

Sólo baste señalar que entre 1990 y 2014, antes de la Reforma Energética, PEMEX tuvo ingresos por 26.4 billones de pesos (valuados a precios de 2014). Sus gastos totales ascendieron a 12.5 billones, con lo que tuvo un remanente bruto de 14.0 billones. Esta enorme cantidad de recursos hubieran sido suficientes para realizar las inversiones necesarias para un sano desarrollo de la propia empresa e incluso apoyar el desarrollo de los otros subsectores energéticos, como el eléctrico y nuevas fuentes de energía. Sin embargo, el Gobierno Federal se apropió de 14.9 billones, el 106% del remanente para financiar el gasto público.2

Si se hubiera aplicado el mismo régimen fiscal que se aplica a todas las empresas, Pemex hubiera contado con cerca de 10.0 billones de pesos para invertir, más del doble de los 4.3 billones que invirtió y para lo cual tuvo que endeudarse para realizar las inversiones mínimas indispensables para mantener su capacidad de producción. A diciembre de 2014, la deuda financiera de Pemex ascendió a 1 billón 143 mil millones de pesos.

En el diagnóstico del ENE se reconocen las enormes deficiencias que caracterizan al sector, dentro de las que destacan: la ineficiencia en el uso de los energéticos; la falta de infraestructura de producción, distribución y comercialización; la falta de tecnología para desarrollarlo; así como deficiencias regulatorias. Pasó por alto la falta de transparencia y la corrupción.

La difícil situación a la que se llegó y en la que se encuentra el sector energético es producto de una estrategia deliberada, implementada desde la administración de Carlos Salinas y que ha continuado en las administraciones subsecuentes. Dicha estrategia tiene como objetivo la privatización del sector, lo que finalmente se logró en 2014, con la reforma energética. 

La estrategia aplicada por más de 20 años ha representado para el país costos muy elevados, el desperdicio de un valioso recurso no renovable y la pérdida, difícil de recuperar, de la capacidad tecnológica y la seguridad energética del país.

Hay que señalar que la privatización del sector de los hidrocarburos inició en 1996 mediante la clasificación ficticia de la petroquímica en básica y secundaria. La básica quedó en manos del Estado y la secundaria se transfirió al sector privado. Así mismo se permitió la libre importación de los productos petroquímicos y la participación privada en la comercialización de gas natural.

En teoría, el propósito de esta primera privatización era mejorar la competitividad del sector, mismo que no se cumplió y desde entonces México se ha convertido de manera creciente en un importador neto de gas natural y de productos petrolíferos y petroquímicos.

Las importaciones de gas natural aumentaron de 97 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 1993 a 1,358 en 2014. Las de petrolíferos de 176 miles de barriles diarios (mbd) a 6403 y el déficit de la balanza comercial de productos petroquímicos aumentó de 975 millones de dólares en 1993 a 16,529 millones en 20144.

El segundo paso de la estrategia diseñada por Salinas era la privatización de las refinerías. Este proceso, además de agregar valor a los hidrocarburos tiene una importancia estratégica, ya que produce combustibles que requieren los sectores económicos nacionales. La política implementada por los gobiernos neoliberales, para forzar la privatización de las refinerías, consistió en no construir ninguna adicional, ni modernizar las existentes. Actualmente operan en el país seis refinerías, la última de las cuales se construyó en la década de los ochentas.

No sólo se dejaron de construir las refinerías que se necesitan para satisfacer la demanda nacional, sino que se desmanteló la capacidad tecnológica del país para el desarrollo de la industria de la refinación.

Otra parte de la estrategia consistió en entregar a las refinerías nacionales el petróleo crudo más pesado, lo que ocasiona mayores costos de producción, que, junto con la obsolescencia de las plantas, las hacen no competitivas. Se ha llegado al absurdo de que PEMEX manda a maquilar a refinerías de Estados Unidos petróleo crudo para producir gasolinas y diésel, lo que es similar a exportar maíz para luego importar tortillas.

Por si esto fuera poco, con el pretexto de la división de PEMEX en cuatro subsidiarias, se implementó un sistema de “precios de transferencia” entre ellas. Así, Producción y Explotación, entrega a Refinación el petróleo crudo a precios internacionales, lo que no es más que un asiento contable interno para justificar los altos precios de producción. Con este precio de la materia prima y los altos costos de producción, se llega a la conclusión de que es más barato importarlos que producirlos internamente y así tratar de justificar los constantes aumentos de los precios a los consumidores.

La capacidad de refinación se ha mantenido prácticamente constante por más de 20 años, mientras que la demanda de combustibles ha crecido más que la economía. Esto ha propiciado un aumento significativo de las importaciones.Las refinerías no reciben el mantenimiento que requieren y mucho menos se les ha modernizado para hacerlas más eficientes.

El propósito de acabar con la industria de refinación nacional, con miras a su privatización, sólo ha ocasionado una dependencia creciente de las importaciones.

El terrible panorama descrito en la ENE, fue el fundamento para lograr la aprobación de la reforma energética en materia de hidrocarburos, que según sus promotores resolvería de tajo los graves problemas, atraería enormes inversiones, generaría muchos empleos y contribuiría al mayor crecimiento económico y la soberanía energética.Según sus promotores, la reforma energética daría resultados concretos en plazos relativamente cortos.

A casi dos años y medio de que se promulgó la reforma energética, los resultados distan mucho de lo que sus promotores ofrecieron. El Gobierno Federal, dijo que la reforma traería, entre mucho otros, los siguientes beneficios concretos para los mexicanos:

1. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas natural superiores al 100%. Lejos de lograr este objetivo, la tasa de restitución cayó de 104% en 2013 a sólo 70% en 20165, por lo que las reservas 3P cayeron de 37,404 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en 2014 a 26,140 en 20166, lo que significa una disminución de 30% en sólo 2 años. A pesar de que las autoridades han dicho que los resultados de la Ronda Uno han sido exitosos, no se han traducido en las cuantiosas inversiones que se preveían y mucho menos en un incremento de las reservas y la producción.

2. Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones en 2018. No sólo no se logró esta meta, sino que la producción se redujo a 2.1 millones en 2016 y para 2017 se prevé una reducción adicional a 1.9 millones, muy por debajo de la meta de 3.0 millones prometidos.

Según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, para que México alcance su potencial de producción de 3.4 millones de barriles por día en 2040, el máximo histórico que se logró en 2003, se requerirían inversiones por 640 mil millones de dólares, equivalentes a 25,600 millones de dólares anuales.

Con los resultados obtenidos hasta la fecha de las Rondas privatizadoras, es muy probable que esta meta tampoco se alcance.

3. Aumentar la producción de gas natural de 5,700 millones de pies cúbicos diarios actuales a 8,000 en 2018. En 2016 la producción fue de 5,793 millones y en enero de 2017 cayó a 5,325, 13.6% menos de los producido en enero de 2016. No se ve por donde se pueda lograrse esta meta. Como ya se ha hecho costumbre, el Gobierno Federal atribuye sus fracasos e incumplimiento de metas a factores externos. Así, el fracaso de la reforma energética lo atribuye a la caída de los precios del petróleo, con lo que implícitamente reconoce que fue diseñada para generar jugosos negocios privados que pudieran hacerse con precios de alrededor de 100 dólares por barril. Como se han caído los precios a menos de 50 dólares, los negocios privados ya no son tan jugosos y ahora hay que esperar a que el precio se recupere para que resurjan las esperanzas. Mientras tanto, la producción se desploma y México se hace cada vez más dependiente de las importaciones, con los enormes riesgos que ello conlleva.

4. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico para 2018. La realidad es que no sólo no se ha cumplido la meta de crecimiento de 3.5% prevista antes de la reforma, sino que las últimas estimaciones la ubican en sólo 1.6%. En 2013, se estimaba que el crecimiento inercial del sexenio sería de 3.4% y si se concretaban las reformas subiría a 4.3%. Los datos reales de 2013 a 2016 y las últimas estimaciones para el resto del sexenio indican que sólo se crecerá, si bien nos va, 2.0%.

5. Modernizar y fortalecer, sin privatizar a Pemex, como empresas productivas del estado 100% mexicana. Pemex no se ha modernizado y mucho menos fortalecido. Se ha hecho cada vez más pequeño y sus resultados van en franco declive. En 2016, Pemex tuvo pérdidas por 296 mil millones de pesos, a pesar de que el Gobierno Federal lo apoyó con 160 mil millones de pesos. Está en franco declive su producción de hidrocarburos y de productos petrolíferos y petroquímicos. No hay que obviar la enorme deuda financiera que tiene esta empresa, la que a diciembre de 2016 ascendió a cerca de 2 billones de pesos, a la que hay que agregar 1.2 billones del pasivo laboral.

Lo de la no privatización es una enorme mentira. Pemex ya está concretando asociaciones con empresas privadas para desarrollar los proyectos más rentables y esto sin mencionar que se le han quitado pozos en producción para regalárselos a los ganadores de las licitaciones de la Ronda Uno. Adicionalmente está en proceso de desincorporar activos para implementar el mecanismo financiero denominado FIBRA E, lo que sin duda es una privatización de activos públicos.

Adicionalmente al incumplimiento de las metas, la reforma energética ha dado los siguientes resultados:

1. La capacidad de producción de petrolíferos no sólo se ha mantenido en el mismo nivel, sino que se utiliza cada vez menos. La capacidad utilizada de las refinerías fue del 80% en 2007. En 2014, antes de la reforma energética bajó al 60% y en 2016 ya es de 57%7. En consecuencia, la producción de petrolíferos ha caído más de 19% en lo que va de la reforma y las importaciones ya cubren el 49% de la demanda interna, mientras que en 2014 cubrían el 37%.

2. También la caída de la producción de gas natural ha propiciado que las importaciones crecieran de 1,358 millones de pies cúbicos diarios en 2014 a 1,933 en 2016, es decir un aumento de 42%8.

3. La balanza comercial petrolera pasó de tener un superávit de 880 millones de dólares en 2014 a un déficit de 12,823 millones en 20169.

4. A la fecha, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha otorgado 39 contratos a empresas privadas, 28 de los cuales corresponden a campos que ya tenía en producción Pemex en los que existen 539 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mmpce), que representan sólo el 2% de las reservas totales. Estos contratos no producirán más hidrocarburos ni acumularán más reservas. Sólo transferirán activos productivos desarrollados por Pemex y por lo tanto propiedad del Estado a empresas privadas, por cierto, sin costo.

Hasta ahora, el Gobierno Federal no ha querido reconocerle a Pemex el daño patrimonial que le ha ocasionado con los campos que no le fueron asignados. De acuerdo con los estados financieros dictaminados de 2015, estos activos tienen un valor de 70,458 millones de pesos más 10,748 millones correspondientes a las inversiones en exploración en áreas que tampoco le fueron asignadas.

Adicionalmente, adjudicó 11 contratos en los que se supone que existen 8,689 Mmpce de recursos prospectivos, que de convertirse en reservas implicaría un incremento de 33% respecto a las existentes a 2016, con lo que se recuperaría el nivel de reservas de 2014. Sin embargo, la probabilidad de que ello pase es baja y en caso de éxito, la producción empezará hasta después de 2020. Por ello lo más probable es que las reservas y la producción sigan cayendo.

5. Cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1938 se produjeron 105 mbd, para 1950 la producción aumentó a 198; en 1960, 271, en 1970; 429, en 1980, 1,941, en 1990, 2,970 y en 2004 se llegó al máximo histórico de 3,383. A partir de entonces, la producción ha venido en franco descenso hasta los 1,948 mbd que se están produciendo en 201710. Como ya se señaló esto es no es producto del agotamiento de los hidrocarburos ni de la falta de recursos para invertir en exploración, producción y transformación industrial, sino de una política deliberada por revertir la nacionalización de 1938, a pesar de que esta sí fue exitosa.

6. Finalmente, es importante mencionar que mientras el precio internacional del petróleo disminuyó 50% entre agosto de 2014 y enero de 2017, los precio al público de las gasolinas y el gas natural que se utiliza en los hogares aumentaron 25% y el del gas LP 17%11. Por su parte, el gas natural que utiliza la CFE y otras empresas aumentó 72%12.

La expropiación petrolera fue uno de los grandes momentos de la historia nacional. Fue un acto de dignidad y soberanía, así lo calificó el propio Lázaro Cárdenas. Fue un hecho que impactó postivamente a otros países. México estableció la ruta que más tarde siguieron Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Irán, Irak, Libia, Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y otros muchos países que nacionalizaron su petróleo y otros recursos naturales.

El discurso de Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo es una fuente de lecciones para discernir el alcance de la contra-reforma petrolera de 2013. Esas lecciones de la historia no están exentas de advertencias sobre lo que ocurrirá si no detenemos la privatización y extranjerización de la industria petrolera, y del sector energético en general.

En ese memorable discurso se dice que la soberanía de la nación estaba en juego. Para Lázaro Cárdenas era muy claro que si el Estado perdía poder económico, perdería el poder político y se produciría el caos y así lo dijo a las y los mexicanos.

Hoy, casi ocho décadas después, frente al fracaso de la reforma energética es hora de buscar nuevas lecciones de dignidad y soberanía, de pensar que no todo está perdido y que hay alternativas para recuperar el sector energético y el futuro del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Manuel Camacho Solís, Intervención con motivo de la declaratoria de aprobación de los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM en materia energética, 18 de diciembre de 2013. En Manuel Camacho Solís y la Transformación de México, IBD-Senado de la República, 2016.

2 Cálculos propios con base en PEMEX. Balance primario y balance financiero de PEMEX y sus organismos subsidiarios.

3 SENER. Sistema de Información Energética

4 INEGI. Sector Externo

5 CNH. Reservas de Hidrocarburos

6 Ibídem

7 PEMEX. Reporte de Resultados 2016

8 SENER. Sistema de Información Energética

9 INEGI. Balanza Comercial

10 PEMEX. Anuarios Estadísticos de varios años.

11 INEGI. Índice de Precios al Consumidor

12 INEGI. Índice de Precios al Productor





 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario de la Expropiación Petrolera.

EFEMÉRIDE

Sobre el aniversario de la Expropiación Petrolera

“El pueblo mexicano sabe que toda reforma, toda acción que pueda afectar los intereses creados o los intereses conservadores, va a encontrar serios obstáculos en su camino”
Lázaro Cárdenas, 1935

El Día 18 de marzo conmemoramos el 79º Aniversario de la Expropiación Petrolera reconociendo el trabajo, esfuerzo y compromiso diario de los petroleros mexicanos y de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como una Empresa Productiva del Estado en transición que ha sabido adaptarse a una nueva realidad nacional e internacional basándose en su probada capacidad y experiencia.

El 18 de marzo de 1938, el Gral. Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, decretó la expropiación de las empresas petroleras establecidas en México debido a que no aceptaron el Laudo de arbitraje reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación justificándose con el falso argumento de su incapacidad económica.

Según se desprende del Decreto expropiatorio de 1938, la negativa por parte de las compañías petrolerasinstaladas en nuestro país a someterse al mandato de las instituciones mexicanas requirió “…La intervención del Poder Público para impedir trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos necesarios de todos los centros de población…1”.

Hoy tenemos motivos para sentirnos orgullos de nuestros ingenieros, técnicos y empleados en el sector petrolero de México; PEMEX y sus subsidiarias pueden desarrollar una operación similar al resto de las compañías petroleras del mundo, esta Empresa Productiva del Estado es la octava compañía productora de crudo en el mundo, la quinta productora de petroquímicos en Lationamérica y la 15ª empresa por capacidad de refinación2.

Al finalizar 2017 PEMEX por primera vez desde 2012 alcanzará un superávit primario de 8 mil millones de pesos y se alcanzará la proyección de producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios con un escenario de precios conservadora. PEMEX seguirá siendo de los mexicanos, seguirá siendo pública y abasteciendo de energía a costos competitivos en todas las regiones del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/935/18.pdf

2 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario de la Expropiación Petrolera.

EFEMÉRIDE

Aniversario de la Expropiación Petrolera
18 de marzo

Hace 79 años los mexicanos recibían una de las noticias más trascendentes de la historia del país: la expropiación petrolera. El hecho que tuvo lugar durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, implicó la toma del petróleo mexicano que hasta el momento era manejado por 17 compañías extranjeras, por parte del Estado.

El 18 de marzo de 1938, se produce la apropiación legal del petróleo que hasta el momento era explotado por compañías extranjeras.
Tres años antes del histórico evento, el 27 de diciembre de 1935, se constituía en el país el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras varios intentos de las compañías de evitar el proceso. Un incumplimiento de contrato llevó a los trabajadores a que, poco más de un año de formada la asociación, decidieran hacer una huelga, acción que fue respaldada por el gobierno.

Desde su puesto de primer mandatario, el general Lázaro Cárdenas del Río, decidió intervenir en el asunto para que las petroleras extranjeras pagaran su deuda a los trabajadores.

Horas antes que se hiciera pública la determinación, las petroleras que habían recibido extraoficialmente la noticia de la decisión gubernamental accedieron a pagar pero la decisión ya estaba tomada.

Así, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente anunció a través de los medios de comunicación la expropiación.

El hecho celebrado por el pueblo mexicano, tuvo como consecuencia el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con México, que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico.

Miles de personas de todas las clases sociales se juntaron en todo el país para apoyar la causa e incluso organizaron colectas para cubrir la indemnización que el gobierno debía pagar a las empresas extranjeras. Si bien el suceso contó con la aprobación incluso de la Iglesia y los empresarios más conservadores, no se llegó al resarcimiento.

Pese a lo dificultoso que fue en sus comienzos el desarrollo de la industria, el histórico hecho demostró la capacidad y fuerza del pueblo unido y gracias al cual hoy, la industria petrolera es uno de los recursos más importantes del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre la publicación del Plan de Iguala.

EFEMÉRIDE

Del día 17 de Marzo “Publicación del Plan de Iguala”

La Independencia y la Revolución de México, son las dos etapas que destacan en los procesos políticos de la historia de México.

En este caso hablaremos de la Independencia de México, un periodo de 11 años, en los cuales nuestro país se vio inmerso en una lucha por la libertad y los derechos de sus habitantes.

Miguel Hidalgo y Costilla fue el iniciador de la Guerra de Independencia, al convocar a los mexicanos a levantarse en armas de forma anticipada, debido a que la conspiración planeada hacia el gobierno español había sido descubierta, y así fue como inicio la lucha por la libertad.

Finalmente después de 11 años de lucha, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide fueron protagonistas del “Abrazo de Acatempan”, dando fin a la guerra iniciada años atrás.

Al término de la lucha se proclamó el Plan de Iguala, que tenía como lema “Independencia, Unión y Religión” el 24 de febrero de 1821.

Siendo su publicación el 17 de marzo de 1821, este documento resulta de gran importancia, ya que representó las bases con las que se gobernaría el país, este documento tenía como base 3 objetivos:

• Establecer la religión católica como la única en el país

• Declarar la Independencia de México

• Establecer la igualdad social de todos los habitantes de México1

Podría mencionar que el Plan de Iguala fue el precedente para la Constitución Federal de 1824, por ello representa la base del gobierno mexicano de aquella época y es por eso que este día conmemoramos su publicación.
Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.priags.org/efemerides/Efemeride.aspx?y=5266




 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial del Síndrome de Down
21 de marzo

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down.

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

El 21 de marzo de 2017 se celebra el 12º aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down.

El tema de 2017 es: «#MiVozMiComunidad», el objetivo es habilitar a las personas con síndrome de Down para que puedan expresarse, ser escuchados e influir en la política y la acción del gobierno, con el fin de que se integren plenamente en las comunidades.

Esta campaña explicará por qué es importante para las personas con síndrome de Down y sus defensores, hablar e influir en los responsables políticos locales, nacionales, regionales e internacionales.

De la misma forma, se pretende facultar a las personas con síndrome de Down (y quienes los respaldan) para abogar por sí mismos y proporcionar herramientas accesibles para facilitar esto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera.

EFEMÉRIDE

Con motivo del 79 aniversario de la Expropiación Petrolera,
decretada el 18 de marzo de 1938

En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos el septuagésimo noveno aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

A 79 años de distancia, es importante precisar que como la sociedad misma, el sector energético no se mantiene estático, por el contrario, constantemente va cambiando y de no adaptarse a las demandas actuales estaba condenado al rezago.

El acontecimiento ocurrido en la década de los treinta, surgió ante la necesidad de garantizar el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del sector. Aunque las condiciones actuales distan a las de aquella época, lo que se mantiene vigente es el compromiso del Estado con el desarrollo de PEMEX para que responda a las exigencias del Siglo XXI. 

Con la Expropiación Petrolera, se dio paso al respeto de los derechos de los trabajadores y la utilidad pública de los bienes nacionales. En síntesis, marcó la pauta para que México transitara hacia escenarios de desarrollo y prosperidad. En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que el valor de este acontecimiento radica en que atendió las necesidades de su época.

A la distancia, las exigencias y desafíos son distintos, pero el objetivo el mismo: el bienestar de México, por ello, refrendamos que con la Reforma en materia energética aprobada en 2013, se sentaron las bases para la modernización del sector a fin de incursionar con éxito los retos del Siglo XXI.

La Expropiación Petrolera, representó el estricto cumplimiento del marco jurídico y la reivindicación del Estado mexicano, aspectos que continúan vigentes en la actualidad y que resultan indispensables para el fortalecimiento del sector.

Gracias al conjunto de reformas que aprobamos hace un par de años, dimos los instrumentos al Estado mexicano para construir un proyecto energético que garantizará el fortalecimiento de la industria petrolera. 

PEMEX continuará siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas; dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo. El nuevo modelo corporativo que hemos dado permitirá acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían su desarrollo.

El objetivo es construir una industria petrolera de vanguardia que responda a las exigencias de este siglo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2017.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Artesano”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 22 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:06 horas)

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