Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 20 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 15

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Marzo de 2017

SUMARIO                                              


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RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

Para presentar el dictamen, intervienen las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Layda Sansores San Román, Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Jesús Priego Calva, Fidel Demédicis Hidalgo, Benjamín Robles Montoya, se inserta su intervención; y Luz María Beristain Navarrete. Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Rinde protesta de ley el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Por instrucciones de la Presidencia, le informo a la Honorable Asamblea que conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del martes 14 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las doce horas con diecisiete minutos del díajueves nueve de marzode dos mil diecisiete, encontrándose presentes noventaciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del siete de marzo de dos mil diecisiete.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández.

 

(RECESO)

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, el informe de la participación de la delegación mexicana durante la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite el reporte sobre el Registro Público Único, como lo establece el último párrafo del artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- La Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras realizaron una serie de modificaciones en el cuerpo del dictamen, que no alteran el fondo del proyecto de Decreto.Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, sobre el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se integraría al Diario de los Debates. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo de las Senadoras: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; y Lucero Saldaña Pérez del PRI. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de las intervenciones de las Senadoras Sonia Mendoza Díaz, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Lisbeth Hernández Lecona, se integrarían al Diario de los Debates. En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Ernesto Cordero Arroyo del PAN, a favor; Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; y Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares internacionales; así mismo contar con personal de la salud las 24 horas y los 365 días del año.

3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación.

5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de enfermedades raras, a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas enfermedades.

6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas informativas que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente.

7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y campañas de información y prevención del VIH/SIDA en todo el territorio nacional.

Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda la aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios del estado de Morelos.

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015.

3. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el costo-perjuicio que se genera de los procesos jurisdiccionales en materia de amparo debido a no realizar las notificaciones respectivas por escrito y/o personalizadas, correspondientes a la suspensión de los derechos de los beneficiarios de los programas públicos.

Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres a evaluar y, en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla.

2. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, investigar y emitir la recomendación pertinente a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación.

3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la aplicación de los recursos contemplados en el rubro “Asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

4. Por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia política por razones de género en contra de las mujeres en nuestro país.

5. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno municipal de Morelia a implementar las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género para diversos municipios del estado de Michoacán.

6. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Chiapas a implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.

Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación remitan a la Junta de Coordinación Política el dictamen de idoneidad de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, el cual será hasta el 21 de marzo de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy:

1. Se homologó el turno a las siguientes iniciativas:

a) Al proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva, presentado el 20 de febrero de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

b) Al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 3 de marzo de 2015, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2. Se rectificó el turno al punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar el estado que guarda la reparación del daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad, presentado el 2 de marzo pasado, para quedar en la Comisión contra la Trata de Personas.

3. Se amplió el turno a las siguientes iniciativas:

a) Al proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión, presentado el 7 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera.

b) Al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera.

c) Al proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión, presentado el 7 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reforma del Estado; de Radio, Televisión, Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 de la Ley del Mercado de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Luis Armando Melgar Bravo y Carlos Puente Salas, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la mujer mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la mujer.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la Nación.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios públicos federales, referentes a la problemática del derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, A.C., en el municipio de Yecapixtla.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a alinear a la institución con el nuevo paradigma, en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reprueba las expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para la protección de la salud de las personas que reciben tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de pulmón.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a evitar el alza en las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta ala Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de género en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una campaña masiva de información sobre las acciones y recomendaciones para la población que contiene la Campaña Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a preservar la seguridad de los sinaloenses ante el alza de la violencia y el consecuente número de homicidios dolosos en la entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura,    Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones   Exteriores a llevar a cabo medidas   para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las entidades federativas a promover acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de     Género.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre diversos aspectos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaración de desastre natural para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por sequía severa, así como a destinar los recursos que sean necesarios para la reactivación de la actividad agropecuaria en la región.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería de la estructura de atención al migrante, incluida la creación de un ombudsman del migrante y para elevar a rango de secretaría al Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe sobre la solventación de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían constituir un daño al erario público por poco más de 2 millones 140 mil pesos, por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente municipal de Zitácuaro.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno Federal y de las entidades federativas a continuar implementando acciones afirmativas en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a transparentar sus acciones en materia de gestión de recursos estatales y entregar un informe de las estrategias implementadas para regularizar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del año 2015.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar diversas acciones a favor de promover la igualdad de género en el trabajo.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud federal a realizar campañas de divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a remitir un informe que explique cuáles son las implicaciones y consecuencias tanto para dicho Consejo como para los becados, que tiene el cambiar la unidad de medida de salario mínimo al de unidad de medida y actualización, en el pago por el concepto de beca de manutención que reciben los beneficiados.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Renal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la instauración del Premio “Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Fin de la Guerra de los Pasteles.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con once minutos y citó a la siguiente el martes catorce de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los pasados días 22 y 23 de febrero, en Mérida, Yucatán.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También se recibió una comunicación que suscribe la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en relación con la controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Cultura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA

(Presentada por el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Carlos Romero Deschamps, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Esthela Flores Escalera, José Francisco Yunes Zorrilla, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García Guajardo, Angélica de la Peña Gómez y Luis Armando Melgar Bravo)

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; de la Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña; de los Senadores del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas y Luis Armando Melgar Bravo; de la Senadora Independiente, Martha Tagle Martínez, y el del mío propio, sometemos a consideración de este Senado de la República, la presente iniciativa por la que se crea la Ley General de Cultura, bajo las siguientes:

Consideraciones

México posee una riqueza cultural, diversidad, patrimonio histórico, arqueológico, étnico, antropológico, variedad lingüística y caudal artístico, que lo sitúan como uno de los países más representativos de la humanidad y de gran dimensión civilizada en el mundo.

Reconocer la importancia que esto significa para nuestra nación, un grupo de Senadores y Senadoras presentamos hoy ante este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Cultura, instrumento fundamental para dotar a las instituciones mexicanas el marco jurídico adecuado para desarrollar, promover, difundir y enaltecer la gran cultura mexicana que se produce creativamente todos los días.

Desde el gobierno federal se observó que en el panorama general del sector cultural en México la creación de una secretaría, parecería ser natural dada su importancia progresiva.

Con la creación de la Secretaría de Cultura, el Estado mexicano concibe y dimensiona la enorme importancia que la cultura representa, como política pública de gran trascendencia social y educativa.

La cultura en nuestro país y sus múltiples campos de acción han tenido un impulso muy significativo en las últimas décadas. Igualmente se han desarrollado muchas instituciones públicas y privadas a lo largo de la historia, consagradas al arte y la cultura, multiplicándose la forma de expresión desde la identidad nacional, patrimonial, artística y creativa en México.

Es justamente en esta Cámara alta donde están las únicas iniciativas para contar con la Ley General de Cultura, la que habla del compromiso de este Senado con un tema de primordial importancia para la República.

Desde esta tribuna felicito a todos y cada uno de los legisladores su participación, ideas y propuestas, mismas que han enriquecido esta iniciativa.

Igualmente, esta propuesta tiene su fuente de contenido en las diversas, ricas y críticas voces de especialistas, trabajadores del ámbito cultural, académicos, funcionarios y legisladores que participaron en el Foro de Análisis y Propuestas para la elaboración de esta Ley.

A todas y todos, nuestro agradecimiento por su actuación decidida y manifiesto interés por la cultura.

En efecto, la cultura en México supone, además de la vasta riqueza cualitativa y cuantitativa con la que cuenta nuestra nación, un conjunto de herramientas legales, institucionales y políticas que permitan diversas formas de transmisión cultural, lo mismo en el consumo y adquisición de bienes artísticos y culturales, así como nuestra manera de pensar y orientar la política cultural capaz de guiar, dar continuidad y consolidar los objetivos en este componente contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Pensamos igualmente en una iniciativa que, a partir de los preceptos del artículo 4o. constitucional, nos permita extender y dimensionar este tema para elevar efectivamente a rango constitucional a la cultura.

De ahí que observemos que el artículo 3o. constitucional considera la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Igualmente establece que mediante la educación, la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de la soberanía, el aseguramiento de nuestra autonomía económica, permitirá la continuidad y enriquecimiento de la cultura nacional.

Se señala, además de impartir la educación, que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El artículo 2o. señala que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas.

El artículo 6o. garantiza la libertad de difundir el producto de la creación.

Y el artículo 7o., bajo el principio de la libertad de expresión, asegura a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir, de difundir el producto a la creación escrita.

El artículo 28 prevé que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras. Aquí se reconoce la propiedad del producto de la creación cultural y se enuncian los principios para su producción.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la base fundamental de acceso a la cultura, derecho de todos los mexicanos y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado.

Especial atención merece la disposición constitucional relativa a la ley que establecerá los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural que supone la revisión del conjunto de normas que rige en la actuación del orden federal de gobierno en materia cultural.

La iniciativa tiene un eje rector que desarrolla de manera dialogante, propositiva y crítica aspectos fundamentales para la comprensión de la naturaleza de una ley de cultura y de la materia jurídica.

Con esta iniciativa, se aspira a dotar al Estado mexicano de una ley que descentralice la cultura, distribuya las competencias entre la Federación, estados y municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y señalando sus respectivas responsabilidades.

Con esta ley, de aprobarse esta iniciativa, se tendrá una definición de política pública cultural, que observe y respete los preceptos constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados internacionales.

Los temas centrales que esta iniciativa contiene, conceptualmente atienden aspectos fundamentales para integrar una Ley General de Cultura como la naturaleza de la legislación cultural, política cultural de Estado, los derechos culturales, las acciones de cambio cultural, la participación social del proceso cultural en México, los elementos de la cultura propia, mecanismos de desarrollo cultural, la industria cultural, la importantísima libertad y cultura junto a las iniciativas creativas, entre otras.

La contribución de la cultura es en el ser mexicano y en la edificación de su identidad individual y colectiva, de su indiscutible dominio para armonizar las divergencias será una de las premisas centrales que se plantean en esta Ley General de Cultura que ofrecerá, además, una oportunidad histórica para garantizar la protección y el desarrollo de los derechos culturales en el país.

La aportación de la cultura como factor de conexión ante los procesos de desigualdades económicas y detenciones de convivencia social, debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como una misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura.

Octavio Paz definió que la acción transformadora de la cultura nos libera de las realidades disformes por medio de la creación.

En estos momentos de riesgo latente y de ataques a nuestro ser como mexicanos, la palabra de paz nos ubica en dimensión históricas.

El mexicano se deja ver como un ser colmado de tradiciones y costumbres, tanto en su pasado como en su futuro, es decir, en el simple presente. Sus raíces secretas se levantan como una especie de conexiones que ligan al hombre con su cultura, que moldean sus fuerzas y nutren decididamente su espiritualidad.

Por todo lo anterior, es que solicito a mis compañeras y compañeros Senadores su voto en favor de esta iniciativa que hoy sometemos a su consideración, en la inteligencia, compañeras y compañeros, que como lo señalé aquí en la exposición, han sido presentadas otras iniciativas por compañeras y compañeros Senadores: Blanca Alcalá, aquí presente; Angélica de la Peña y una más del Partido de la Revolución Democrática.

Esto, sin duda alguna, nos va a permitir que trabajemos con diversas opiniones para emitir un dictamen y podamos sacar por acuerdo y consenso un proyecto de dictamen, que nos permita elevar la cultura y culminarla con esta Ley General de Cultura, en la inteligencia también de que hemos estado platicando con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y la intención es que trabajemos en conferencia para que de manera uniforme, en un ambiente de pluralidad política, saquemos los acuerdos y consensos para en su oportunidad realizar un dictamen que aglutine las aspiraciones del mundo cultural de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senador Gerardo Sánchez García.

Por favor, si le dan volumen en el escaño del doctor López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias. Para hacer un reconocimiento al Senador Gerardo Sánchez y a todos los Senadores que están suscribiendo esta importante iniciativa, en materia de cultura para nuestro país.

Y pedirle, respetuosamente, si me permite sumarme a la misma.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Que con mucho gusto, Senador. Aquí la Senadora Barrera Tapia también y su servidor. Senador Octavio también. ¿Alguien más? Servicios Parlamentarios, que recojan las firmas, si son tan amables. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Asuntos Indíguenas.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. Va a aprovechar para presentar otras iniciativas, ¿verdad, Senador?

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Sí, voy a hacer una síntesis muy breve.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si requiere de más tiempo, úselo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Se lo agradezco, señor Presidente. Honorable Senado de la República:

Las iniciativas que me traen el día de hoy a esta tribuna tienen que ver básicamente con dos temas: Uno, el tema relacionado con la materia electoral y un segundo tema, relacionado con la problemática que vive nuestro país hoy frente a las políticas antiinmigratorias por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos.

Y comenzaré por ella. Estoy planteando una reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

El año pasado se modificó el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos para incrementar de 380 pesos a 500 pesos como un pago especial que hacen los visitantes a nuestro país que no se van a quedar de manera permanente y que no vienen a realizar actividades económicas, es decir, para los turistas.

Realmente con este recurso se recaudan una cantidad muy importante de recursos económicos, en lo que va de esta administración se han recaudado más de 9 mil millones de pesos; este recurso se utiliza de la siguiente manera:

El artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos establece que un 20 por ciento se va para el Instituto Nacional de Migración y un 80 por ciento se va al Consejo de Promoción Turística.

Lo que yo estoy planteando es que se modifique al artículo 18-A y que en lugar del 20 por ciento que se va a inmigración, se vaya al 40 por ciento para que el Instituto tenga recursos adicionales para atender a los compañeros connacionales que sean deportados por parte de los Estados Unidos y al Consejo Nacional de Promoción Turística se le reduzcan un 20 por ciento y que sea el 60 por ciento lo que se destine a la promoción turística por parte de nuestro país.

Realmente esto le daría un respiro importante al Instituto Nacional de Migración en materia de recursos, ya que si al día de hoy se han recaudado 9 mil 300 millones de pesos, por supuesto si el 40 por ciento se destinara para atender a nuestros connacionales, obviamente tendríamos una forma de recibirlos y de atender los programas emergentes que se han implementado por parte del Instituto Nacional de Migración, para que nuestros ciudadanos puedan ser mejor atendidos a su regreso.

Entonces ésa es mi primera iniciativa, es la reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para que se incremente en un 20 por ciento los recursos para quedar en un 40 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y el 60 por ciento se quede en el Consejo de Promoción Turística.

La siguiente iniciativa tiene que ver con dos temas: el primero, con una laguna que se nos quedó pendiente en la reforma electoral.

En la reforma electoral pasada acordamos en el Senado que los tribunales electorales de los estados serían nombrados por este Senado, pero a diferencia de todos los demás cargos en el país no quedó en claro en ningún artículo de la Constitución quién puede llegar a destituir a los magistrados locales.

En la legislación anterior, como eran designados por parte del Congreso local, era el Congreso local que, ante faltas graves de los magistrados electorales en materia local, podía destituirlos. Hoy, ya en la práctica nos encontramos con situaciones delicadas, el caso del Tribunal Electoral del estado de Chiapas, que se tarda en resolver de manera negligente el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional y resulta que ese tiempo que se toma para resolver de manera grave y negligente el caso de Tuxtla Gutiérrez, no le da tiempo a la Sala Regional en Veracruz de resolver y, por lo tanto, la Sala Superior sólo contó con algunos días para intentar resolver de fondo el tema de Tuxtla Gutiérrez.

La Sala Superior señala que al no poder entrar al fondo del asunto por cuestión de tiempo, pues confirma la resolución de la Sala Regional en Veracruz, pero sí hace un extrañamiento al Tribunal Electoral local en Chiapas y hace la observación de que no existe legislación para poderlo sancionar, no lo puede sancionar el congreso local porque ya no es facultad de ellos. No los puede sancionar el Poder Judicial porque no dependen del Poder Judicial, no los puede sancionar la Sala Superior porque no es facultad de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral y, por lo tanto, no existe ningún órgano que pueda hacerlo.

Por lo tanto, estamos proponiendo la modificación al artículo 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que el Senado de la República así como tiene la facultad de nombrar a los integrantes de los tribunales locales en materia electoral, tenga la misma facultad para destituirlos frente a faltas graves, negligencia que establezca la propia legislación, entonces, es para suplir esta laguna, por eso planteo esta reforma.

Y la tercer reforma, y con ella concluyo, señor Presidente, tiene que ver con un incentivo perverso que tienen los tribunales electorales, y me voy a referir concretamente a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.

La Sala Superior tiene la facultad de calificar la elección presidencial, y muchos de los incentivos que llegan a existir para los integrantes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, es que el Presidente de la República los pueda proponer como ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo espacio que puede llegar a ocupar una persona en materia judicial.

Por ello, lo que estamos planteando es que exista un impedimento para que aquellos magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación que no puedan ser propuestos por el Presidente de la República, cuya elección calificaron para ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia, con esto eliminamos un incentivo perverso que existe, de que algunos magistrados pudieran acordar la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia, determinando un fallo a favor o en contra de algún candidato presidencial.

Por esta razón, nosotros estamos proponiendo una modificación a la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que exista un impedimento para los magistrados de la Sala Superior, que dice de la siguiente forma:

“Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere no haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; que haya declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente…”, y ya viene el procedimiento que actualmente establece la Constitución.

Con esto estamos tratando de eliminar ese incentivo que hoy tienen muchos Magistrados de la Sala Superior, de poder calificar una elección de Presidente a favor o en contra de algún candidato presidencial.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

Iniciativa







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169  del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de estaa Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.(SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 2017)

En México, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su Ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro de este último se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país. Cuando otros tribunales no han podido solucionar un conflicto de intereses, la Suprema Corte de Justicia es la autoridad que lo resuelve de manera definitiva, por lo que sus decisiones son inapelables. La Suprema Corte está integrada por once Ministros, de los cuales uno es su Presidente.

El Senado elige a los Ministros de entre los candidatos que propone el Presidente de la República. Duran quince años en su cargo y tienen a su cargo, entre otros asuntos, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República. Procede en tres casos específicos:

• Por leyes o actos de las autoridades que violen garantías individuales;

• Por leyes o actos de las autoridad federal que restrinjan o vulneren la soberanía de los Estados; y,

• Por leyes o actos de estos últimos que afecten la competencia federal.

Las controversias constitucionales son juicios que se promueven cuando se suscitan conflictos entre poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– o niveles de gobierno –Federal, Estatal o Municipal–, por invasiones de esferas de competencia, que contravengan la Constitución General de la República.

Las acciones de inconstitucionalidad se tramitan cuando se presenta una posible contradicción entre normas de carácter general –leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales–, por una parte, y la Constitución General de la República, por la otra, con el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados, para que prevalezcan los mandatos constitucionales.

Por último, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la posibilidad que tiene ésta de nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así los juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales.

Además, la Suprema Corte está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho que constituya la violación del voto público, cuando a su juicio, pueda ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de algún Poder de la Unión. En cualquiera de estas situaciones, la Suprema Corte de Justicia, después de analizar el caso concreto, emite una opinión autorizada que es remitida a los órganos competentes para que, en el supuesto de existir alguna responsabilidad, se inicie la acción correspondiente.

Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina de este poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Existen otros órganos encargados de la administración de justicia que no forman parte del Poder Judicial, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal Superior Agrario.

En los Estados, el Poder Judicial se encuentra organizado según lo que establecen sus respectivas Constituciones. Generalmente se integra por un Tribunal Superior de Justicia –o Supremo Tribunal de Justicia–, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, llamados también menores, municipales o de cuantía menor y, en algunos casos, por un Consejo de la Judicatura.

En algunos Estados los tribunales en materia electoral, administrativa, laboral –de los trabajadores del Estado y Municipios–, o de menores, forman parte del Poder Judicial, mientras que, en otros, funcionan de manera independiente. (Poder Judial de la Federació, 2006).

De acuerdo a nuestra Carta Magna, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  se requiere lo siguiente:

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

5. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

6. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

“Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

El procedimiento es sencillo y muy práctico, sin embargo, no se ha observado que puede haber vicio en el procedimiento, ya que como los establece la Constitución General de la República, el ejecutivo propone las ternas al Senado de la República, esto significa que el Presidente de la República tiene la libertad de proponer a los mejores candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de nuestra Constitución General de la República, es decir que en el caso de los Magistrados Electorales del Poder Judicial que hayan dado validez a su elección, podrían ser beneficiados e incluirlos en estas ternas, ya que al día de hoy no está regulado, por ejemplo, en el año 2018 hay elecciones presidenciales y para ser esquemático, véase la siguiente tabla:

2018 Elección de Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente es el que propone las ternas para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la  Nación.

PERIODO MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PERIODO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

VACANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE MINISTRO:

CONCLUSIÓN:
Todos los Magistrados Electorales que se encuentran en la presente tabla y que son los responsables de calificar y validar la elección Presidencial en el  año 2018,  podrían ser propuestos como candidatos a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ministro
José Ramón Cossío Díaz
Período
2003-2018

Magdo. José Luis Vargas  Valdez
2016-2023

2018

Ministra
Margarita Beatriz Luna Ramos
Período
2004-2019

Magdo. Indalfer Infante  Gonzales
2016-2023

2019

Ministro
José Fernando Franco González Salas
Período
2006- 2021

Magdo. Felipe de la Mata Pizaña
2016-2024

2021

Ministro
Luis María Aguilar Morales
Período
2009-2024

Magdo. Reyes RodríguezMondragón.
2016-2024

2024

Conforme a la tabla anterior, el Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral.

El Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones a las elecciones de: Presidente de la República, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.

El Tribunal también es responsable, de efectuar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente electo.

También conoce, y en su caso recibe, las controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Su labor es diferente a la que realiza dicho Instituto, el cual planea y desarrolla las elecciones, tanto federales como locales, y cumple una función administrativa. (TEPJF, 2017)

Con base en el artículo 99, fracción I y fracción II, párrafo tercero,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 el Tribunal Electoral es el responsable del cómputo final de la elección del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

A demás, se debe poner atención en el descontento de la sociedad, al no ser un proceso transparente y claro, donde cada vez se ve un proceso con más vicios y corrupción, ya que se elige como se menciona anteriormente a los ministros que integran el  Máximo Tribunal Constitucional del país, como ejemplo, se puede  ver la siguiente nota informativa:

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/236947/ongs-califican-designacion-de-ministros-como-deficiente 2

En conclusión,la presente Iniciativa tiene como finalidad, evitar que haya posibles “negociaciones” o “pagos” o vicio en el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior son personas profesionales y con capacidad de poder ocupar el cargo, también es cierto que son los responsables de calificar la elección presidencial, siendo el Ejecutivo Federal quien es responsable de presentar las propuestas a la Cámara de Senadores, por lo que propongo que los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación que en su caso, sean los responsables realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no puedan ser parte de la propuesta del ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma propuesta quedaría de la siguiente manera:

Dice:

Reforma:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

No haber sido Secretario de Estado,     Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder  ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

No haber sido Secretario de Estado,      Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder  ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

No haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haya  declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;          y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

VII. No haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haya declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.

1 “ Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
 La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
1. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
2. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.
…”

2 “México, DF.- Decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación frente al que calificaron como un “deficiente” proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en curso.
En conferencia de prensa, aseguraron que hay ausencia de transparencia en la elección de candidatos y que se ha mostrado carente de criterios objetivos y preestablecidos.
Las organizaciones recomendaron establecer en la ley un procedimiento claro y transparente, donde se garantice la participación de la sociedad en general y enfatizaron la necesidad de que los senadores sean verdaderos evaluadores y vayan más allá de ratificar a candidatos que se muestran como "candidatos favoritos de la presidencia".
También mencionaron que ninguno de los candidatos propuestos tienen trayectoria en materia de derechos humanos y pidieron despolitizar el proceso y celebrar la economía que debe tener la Corte.”

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Preciado. Vamos a dar turno a las tres iniciativas que ha presentado:

El proyecto de Decreto que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, se turna a la Cámara de Diputados.

Por lo que respecta al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ratifica el turno dictado a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, del 21 de febrero pasado.

Y el proyecto de Decreto que adiciona al artículo 95 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sí, Senador Casillas, déjeme darle el uso de la palabra, primero, a la Senadora Calderón, que me lo pidió, ya no.

Denle volumen al Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Si el Senador Preciado no tiene inconveniente que pudiera suscribir con él la iniciativa de la Ley Federal de Derechos, por lo que tiene que ver el apoyo al Instituto de Migración.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Es la reforma al artículo 18-A. Senador Preciado, ¿no tiene inconveniente?

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) No.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante Senador Casillas, denle por favor la hoja para que la pueda firmar.

La Senadora Blanca Alcalá también desea suscribir la inciativa del artículo 18-A, si no tiene inconveniente, Senador Preciado.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Ninguno.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No tiene inconveniente. Por favor Servicios Parlamentarios que los pase.

Ahora sí Senadora Calderón, por favor, denle volumen en su escaño.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Le agradezco, señor Presidente.

Respecto de la iniciativa de Ley General de Cultura, si pueden ampliar el turno a la Comisión de Asuntos Indígenas, porque también es parte de la cultura, y ojalá que puedan tener por lo menos su opinión respecto de esa ley.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si no tiene inconveniente, lo llevo a la Mesa Directiva, que hemos turnado el trámite y hacemos la ampliación de turno, rectificación de turno en la siguiente sesión.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Con mucho gusto, Senadora Calderón.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los profesores y alumnos del tercer año de primaria del Instituto Mexicano Regina, invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barron. Agradecemos su visita, qué bueno que estén aquí con nosotros.

¡Sean bienvenidos al Senado!

También damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, invitados por el Senador Rabindranath Salazar.

¡Sean todos ustedes bienvenidos! Nos da mucho gusto que estén aquí en el Senado de la República.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 97, 99 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros:

Antes quisiera comentarle al Senador Jorge Luis Preciado, creo que ya se fue. Yo acompaño la iniciativa de usted, Senador, en una parte, solamente lo quiero comentar.

Presentamos la semana pasada un punto de Acuerdo buscando que los mil 800 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia acaba de señalar como economías, pueden funcionar en el cortísimo plazo para trasladarlos, siendo del estado de Guerrero y donde Acapulco recibe por recursos de la parte de promoción turística, no puedo acompañarlo en esa parte.

Pero, sin duda alguna, contará con todo mi apoyo, y sé que contaremos con el del propio Presidente del Senado. Porque a final de cuentas creo que esas economías que logró la Suprema Corte hoy se pueden ir al Instituto Nacional de Migración. De tal manera, que le agradezco y acompañamos el planteamiento, digamos, en su vocación.

Amigos y amigas, presento el día de hoy una iniciativa que busca reformar los artículos 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene que ver, precisamente, con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura.

Como ustedes saben, recientemente hubo un terrible escándalo de corrupción, no lo puedo calificar de otra manera, cuando de pronto aparece en la cajuela de un coche un monto de alrededor de 4 millones de pesos, el coche estaba a nombre o estaba asignado de Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y, bueno, pues un hecho que en cualquier país podría significar un verdadero escándalo terrible, preocupante, por estar involucrada el área encargada de la supervisión del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, pues aquí solamente se quedó en presentar una denuncia, y era un asunto, como muchos que ocurren, que solamente tienen la llamarada de petate de un momento determinado y que después no tienen el seguimiento puntual y contundente que requieren.

No es un asunto menor, compañeras y compañeros, estamos hablando del Poder Judicial, y es indispensable que si queremos, y lo comento, que el día de hoy que se están revisando los currículums, y se están haciendo las presentaciones por parte de aquellos hombres y mujeres que aspiran a ser fiscales anticorrupción, pues entendemos que el Sistema Nacional Anticorrupción en las partes más importantes es el Consejo de la Judicatura, encargado precisamente de supervisar al Poder Judicial, no es un tema menor, hoy estamos presentando un punto de Acuerdo exigiendo que se le dé seguimiento, que la Procuraduría General de la República en su representación social lo tome como el asunto prioritario que es y que también el Presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha presentado una denuncia respecto, pues acelere el trámite de la investigación, la supervisión que tiene que hacer y que el encargado a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

Pero para que no nos quedemos, compañeros y compañeras en temas de coyuntura, me parece que especialmente en este momento en que la nueva Constitución de la Ciudad de México, pues tiene ataques de varios lados y que hay o que se exhiben posiciones, por lo menos me ha tocado escuchar algunos que señalan que hay que ir para atrás en lo que se avanzó en la parte del Poder Judicial, pues creo que es un momento de que ese debate que ya dimos en el Constituyente de la Ciudad de México llegue aquí al Congreso de la Unión, al Senado de la República.

¿Por qué razón? Porque ya han pasado muchos años, desde que en 1994, cuando se hicieran las modificaciones que crearon al Consejo de la Judicatura, pues demos un debate que es fundamental para que el Poder Judicial evolucione, se modernice y garantice verdaderamente que no haya corrupción, ahí donde se tiene que supervisar la implementación de la Ley, en el Poder Judicial.

¿Y qué es lo que tenemos hasta el día de hoy? Pues tenemos una confusión, y desde el punto de vista que comparten muchos especialistas en derecho, pues un diseño que limita la plena independencia del Consejo de la Judicatura, repito, encargado de los nombramientos, de los juzgadores hasta el nivel de jueces y magistrados, así como la averiguación de las conductas de los jueces y magistrados e imponer en su caso las sanciones que correspondan. De todo esto se encarga el Consejo de la Judicatura, es la parte esencial para darle seguimiento como se planteó en la reforma de 1994 al buen funcionamiento, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los jueces.

Pues no podemos seguir teniendo, compañeros y compañeras, la titularidad del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia en la misma persona, porque estamos en un pleno conflicto de intereses, así hay que empezarlo a llamar.

No están claramente afinados y alienados los incentivos para que el vigilante y supervisor, verdaderamente supervise, porque el vigilado al mismo tiempo es vigilante, el supervisado al mismo tiempo es supervisor. Tenemos que separar estas dos áreas.

Ya lo logramos, repito, en la Constitución de la Ciudad de México, hay quienes nos están atacando, ¿por qué? Porque es ahí donde se ve el nudo, precisamente, de cómo funciona el Poder Judicial en el país. Jamás vamos a tener una verdadera democracia liberal como la que aspiramos si seguimos teniendo un Poder Judicial que tenga por lo menos la sospecha, la preocupación, la percepción del ciudadano o ciudadana, de que hay corrupción.

Hubo 4 millones de pesos en una cajuela, no es un tema menor. El punto de Acuerdo está presentando señalamientos que la propia Auditoría Superior de la Federación ha hecho de licitaciones que se debieron haber hecho públicas y que no se hicieron, contrataciones que se hicieron nada más y nada menos que con la Secretaría de la Defensa Nacional. No estamos hablando de temas menores.

De tal manera que yo los invito, compañeras y compañeros, a que suscriban esta iniciativa. Es momento de hacer la evolución que requiere el Poder Judicial, y me parece que si en este Senado hemos sido parte importante de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, pues empujemos para que el Poder Judicial no solamente se modernice en su estructura institucional, sino garanticemos que sea parte de la vanguardia del combate a la corrupción del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito ARMANDO RÍOS PITER, senadorpor el estado de Guerrero a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción Idel Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 97, 99 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Poder Judicial de la Federación, como uno de los depositarios del poder público, originado en pueblo, tiene establecidas funciones que determinan y limitan su actuar, estas bases constitucionales persiguen el fin último de la justicia, otorgándola a quienes viendo vulnerados sus derechos acuden al juez para que sea éste quien la imparta.

Siendo su función esencial resolver las controversias frente a particulares e incluso frente al poder mismo, objetivando el derecho, requiere una clara determinación de las instituciones y procedimientos para cumplir su trascendente función; requiere también, como todo poder público, un sistema de pesos o contrapesos que prevenga excesos y mantenga vigentes los principios de imparcialidad, certeza y legalidad que deben caracterizar sus resoluciones.

En este contexto, el diseño institucional mexicano establece distintos órganos con jerarquías y funciones delimitadas, siendo éstos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano máximo de Autoridad y titular colegiado del Poder Judicial, los tribunales de circuito –colegiados y unitarios, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, correspondiendo a este último funciones de administración, vigilancia y disciplina, concretamente, la determinación de los circuitos y sus ámbitos material y territorial de competencia; el nombramiento de los juzgadores, hasta el nivel de jueces y magistrados, y la averiguación de las conductas de los jueces y magistrados, imponiendo en su caso las sanciones que correspondan. En relación a su función disciplinaria, sus resoluciones son definitivas e inatacables, siendo la única excepción la revisión que la Suprema Corte haga sobre su apego a la Ley Orgánica.

El Consejo de la Judicatura Federal fue creado en virtud de la reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, reforma integral al Poder Judicial Federal y a la jurisdicción constitucional que entre otros aspectos retoma del plano comparado el esquema de organización, administración y disciplina basada en un Consejo de la Judicatura.

Ahora bien, el Consejo de la Judicatura Federal padece, a juicio de diversos especialistas en Derecho, de un diseño que limita su plena independencia, al establecer como su presidente al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al excluir a ese máximo órgano del alcance de su función disciplinaria.

Así las cosas, esta iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo al titular de la Suprema Corte, a efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función disciplinaria. En congruencia, se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo órgano, que según el texto constitucional actual, no se limita a los ministros, sino a cualquier funcionario adscrito a esa institución; sean sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente diseñado al efecto.

Lo anterior, permitirá someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al mismo esquema de responsabilidades, unificando criterios, procedimientos y reglas lo que redunda en beneficios a la independencia e imparcialidad de este último.

Sin embargo y consciente de que sería un exceso facultar al Consejo de la Judicatura a remover de su encargo a un Ministro, se propone que cuando derivado de sus investigaciones concluya que esa debe ser la sanción, el expediente se turne a las Cámaras del Congreso de la Unión para que mediante Juicio Político o declaración de procedencia, según corresponda, sea el poder constituido y facultado al efecto, el que resuelva sobre su procedencia.

Así mismo, esto permite al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consagrarse por entero a la función jurisdiccional inherente a su encargo. Su alta investidura lo exige.

Concluyo señalando que todo Estado democrático y de derecho se maneja con una premisa indiscutible: la rendición de cuentas, en México no debe haber órgano ni persona irresponsable y ello, por supuesto incluye a los tribunales y a la propia Suprema Corte.

En síntesis la iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo de la Judicatura Federal al titular de la Suprema Corte, a efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función disciplinaria:

• Se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo órgano, que según el texto constitucional actual, no se limita a los ministros, sino a cualquier funcionario adscrito a esa institución; sean sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente diseñado al efecto.

• Se busca es someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al mismo esquema de responsabilidades, unificando criterios, procedimientos y reglas lo que redunda en beneficios a la independencia e imparcialidad de este último.

• En caso que el Consejo de la Judicatura Federal identifique un hecho u acto que amerite la remoción de un Ministro de la Corte, el expediente se turne a las Cámaras del Congreso de la Unión para que mediante Juicio Político o declaración de procedencia, según corresponda, sea el poder constituido y facultado al efecto, el que resuelva sobre su procedencia.

Esta iniciativa, forma parte de los compromisos asumidos dentro de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y en su justa dimensión representa un gran paso en el fortalecimiento del derecho al debido proceso de todos los integrantes del Poder Judicial Federal, así como la independencia, particularmente en cuanto a sus resoluciones, de su órgano de vigilancia, el pluricitado Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido sus determinaciones son inatacables, por supuesto, siempre y cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que son constitucional y legalmente conferidas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para realizar reformas constitucionales, someto a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE Se reforman los artículos 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración y funciones del consejo de la judicatura federal.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 94, en su párrafo segundo y duodécimo; 97 en su párrafo segundo; 99 en su párrafo décimo, y 100 en su párrafo segundo y quinto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. (…)

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años y sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.El Consejo de la Judicatura Federal podrá imponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las sanciones a que se hagan acreedores por sus conductas, pero su destitución sólo podrá ser solicitada observando lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de esta Constitución, según corresponda, remitiendo al órgano competente del Congreso de la Unión los expedientes de sus investigaciones.

(…)

Artículo 97. (…)

Sin perjuicio del ejercicio oficioso de sus funciones investigadoras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 99. (…)

(…)

(…)

(…)

I. a X. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 100. (…)

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; trescuatro Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

(…)

(…)

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Armando Ríos Piter.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Armando Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de todas mis compañeras y compañeros.

En México se recolectan diariamente entre 80 mil y 100 mil toneladas de basura, gran parte de ésta se deposita en lugares inadecuados, lo que genera la presencia de fauna nociva, un ambiente poco saludable y amigable y muchas veces genera consecuencias negativas para el drenaje y el medio ambiente.

Esto, además, tiene un impacto negativo para el turismo, la salud de los ciudadanos, la humanidad y en general disminuye nuestra calidad de vida.

La basura está a la vista de todos, la generamos todos y su disposición de vida nos afecta a todos.

Se han hecho esfuerzos para resolver el problema, sin embargo, no vemos un cambio sustancial y claro y, por lo tanto, en la medida en que la población aumenta, el problema crece exponencialmente.

Puede parecer redundante, pero hay que decirlo, la basura en la calle está ahí, porque uno de nosotros tomó la decisión de tirarla y no ponerla en su lugar, y en este enunciado es obvio, tan obvio que simplemente es la clave para solucionar el problema. Sí, la solución está en cada uno de nosotros, en cada individuo, en cada ciudadano, para que se haga responsable de lo que genera, y esto sólo se logra a través de la concientización, del daño que representa y de lo fácil que es su correcta disposición. ¡Qué fácil y qué sencillo se escucha!

Se trata del origen de muchos de los problemas que tiene el país, la falta de ciudadanía y de conciencia; es fundamental que todos los ciudadanos pongamos nuestro granito de arena, simple y sencillamente, porque tirar nuestros residuos en el piso o en el bote de basura, separar la basura inorgánica y orgánica y optar por consumir productos reciclables implican el mismo esfuerzo.

El desarrollo de la cultura cívica se da mediante educación constante de una corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades. El gobierno debe dotar de la información necesaria a la población y la población debe estar dispuesta a recibirla y aplicarla en su vida diaria.

Existen experiencias exitosas generadas desde la iniciativa privada, como, por ejemplo, aquella conocida con el eslogan: “Ponga la basura en su lugar”.

También el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impulsa la campaña: “La basura en su lugar”. Sin embargo, estas campañas no son permanentes y tienen un alcance limitado, por lo que nos ponemos y la ponemos a la consideración la presente iniciativa, que tiene como propósito establecer como una obligación a cargo de los tres niveles de gobierno, en la realización de campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e instituciones, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos o urbanos y la necesidad de no botarlos en aquellos lugares no autorizados.

La presente propuesta tiene como fin mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos a través de la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía, como alguna vez dijo el historiador Howard Zinn: “Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos”.

Decreto.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 35. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos para lo cual:

VIII. Realizarán campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Flota en las aguas del Cañon del Sumidero, se le observa desde los miradores de La Quebrada, está a la vista de los transeúntes que caminan por el Paseo de la Reforma, convive con los peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe, se le mira en los acotamientos de carreteras y autopistas, sobrevive a las multitudes que acuden a estadios y arenas deportivas, conforma, para vergüenza nuestra, una parte consubstancial a nuestros paisajes. Omnipresente y persistente, la basura nos acompaña a lo largo de nuestra vida cotidiana, en todos los estados y municipios, colonias populares o barriadas de lujo, en los mares y ríos, en bosques y playas, a la vista del público o en las entrañas infectas de los drenajes.

Botellas de vidrio o plástico, alimentos en descomposición, pañales, papeles, desperdicios tecnológicos, ropa usada, animales muertos y muebles inservibles. La composición de la basura que vemos en nuestro territorio es, por su variedad, una mezcla democrática que refleja la evidente falta de cultura cívica de nuestra sociedad, el fracaso de nuestro sistema educativo en la transmisión de valores. Porque no se puede explicar la presencia de basura en las calles a partir de la generación espontánea o de la incapacidad de muchas autoridades para procesar adecuadamente los residuos caseros. La basura no llega sola a las esquinas y aceras, toda vez que detrás de cada desperdicio hay un ciudadano.

La falta de civismo que nos caracteriza como sociedad no es un tema menor, sino un elemento que puede servir para explicar otros males mayores que también nos aquejan. Luis Herrera Laso ha señalado once variables que constituyen factores de propensión a la violencia y la criminalidad en México, que van desde la pobreza y marginación hasta los impactos transnacionales de la criminalidad, pasando por la ausencia de cultura de legalidad. Sobre esto último, afirma que “la ausencia de cultura de la legalidad - entendida la cultura de la legalidad como el apego a la norma en la conducta habitual del ciudadano-, es uno de los problemas que adolece la sociedad mexicana. A la ausencia de cultura de legalidad se añade la precaria cultura cívica, entendida esta como la forma en que se conduce el ciudadano en los espacios públicos, desde el manejo de la basura – México es quizás el único país de la OCDE en el que la basura es parte habitual del paisaje urbano y rural – hasta el cuidado de los espacios o el respeto a las vialidades (…).”1

El ex director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional también ha establecido que el origen de esta situación tiene“su base está la educación – o ausencia de ella – y en el ejemplo – o mal ejemplo - de los mayores y de las propias autoridades y añade que la ausencia de una cultura de la legalidad entre la ciudadanía, sea por desconfianza o por escepticismo, genera un ambiente de permisividad y tolerancia a romper la ley.”

“La ausencia de cultura de la legalidad – y de sentido de justicia – promueve el individualismo como la mejor fórmula para sobrevivir y salir adelante. No se visualiza el bien común como el mejor escenario para el bienestar individual”, concluye el ex funcionario.

Visto así, tirar basura a la calle no sólo se reduce a un problema de higiene o imagen urbana, sino que es la expresión de un déficit educativo y de una cultura individualista que escala a niveles mayores, hasta incidir en los índices delictivos que padecemos actualmente.

Si lo anterior no fuera suficiente para preocuparnos por la forma en que es arrojada la basura a las calles de nuestro país, enfoquemos la cuestión desde una perspectiva diferente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la organización Greenpeace, en México se recolectan diariamente entre 86 mil 343 y 100 mil toneladas de basura, lo que significa un promedio de 770 gramos por persona, las cualesson generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. Más de la mitad de la basura que se genera en todo el país se recolecta en siete entidades, que son la Ciudad de México (19.7%), el Estado de México (9.6 %), Jalisco (7.6%), Veracruz (5.2%), Guanajuato (4.3%), Tamaulipas (3.7%) y Nuevo León (3.6%).2 3 No se tiene certeza de qué porcentaje de este total se recolecta en tiraderos improvisados en la vía pública, por barredoras o personal de limpia en las calles y avenidas, por lo que no se tiene una cifra real sobre la cantidad de desperdicios que son depositados fuera de lugares adecuados, lo que no obsta para suponer que el volumen debe ser alto.

Las consecuencias de este fenómeno son diversas y problemáticas en demasía. Por principio de cuentas, la basura acaba muchas de las veces en el drenaje y ello ocasiona inundaciones en época de lluvias. Tan sólo en la Ciudad de México, el director del Sistema de Aguas ha señalado que más de la mitad de los encharcamientos e inundaciones que se deben a la acumulación de residuos sólidos en el sistema de drenaje, problema que ha causado incluso que las plantas de bombeo funcionen a la mitad de su capacidad, mientras que en las colonias con encharcamientos las coladeras están tapadas y no hay manera de desalojar el agua.4 No hay obstáculo para suponer que esta situación se reproduzca en otras entidades y municipios.

La presencia de basura en las calles y caminos también trae consigo la presencia de fauna nociva como moscas, mosquitos, perros y gatos callejeros, ratas, ratones, ardillas, gaviotas, aves de rapiña y otras especies diversas, cuya convivencia con el ser humano resulta poco recomendable para la salud en tales circunstancias.

De igual forma, el paisaje resulta afectado considerablemente, pues lugares que podían ser considerados como aptos para la presencia de personas se vuelven hostiles, dada la disminución de su encanto, lo que contribuye a la degradación de amplias zonas urbanas y rurales de nuestro país, al demérito de las condiciones de quienes viven en los alrededores y al alejamiento de los turistas, con la consiguiente pérdida de competitividad frente a otros destinos en los que se privilegian el orden y la limpieza.

A pesar de que arrojar basura a la vía pública se encuentra previsto como una falta administrativa en la totalidad de los reglamentos de policía y buen gobierno y las leyes de cultura cívica del país, así como en diversos ordenamientos de orden federal, para nadie es un secreto que tal conducta, lejos de ser sancionada con ejemplaridad, se comete con total impunidad muchas veces frente a los ojos de los elementos policiacos, quienes se abstienen de intervenir frente a semejantes casos, cosa si no se tratara de un acto ilícito, de una conducta antisocial susceptible de ser reprimida. Tal omisión por parte de las autoridades de seguridad pública constituye un factor que alienta la realización de esta clase de prácticas.

A pesar de que en muchos ordenamientos se contempla la obligación de separar los residuos generados en los hogares, entre orgánicos e inorgánicos, dicho imperativo se encuentra lejos de ser acatado en la práctica, pues, de acuerdo con el INEGI, en México solamente es separado diariamente el 11% de la basura recolectada, lo que significa que sólo en 46 de cada 100 hogares es separada la basura.5 La omisión en el cumplimiento de esta obligación también es sancionado con multas por diversos reglamentos y leyes aplicables en la materia, pero bien sabemos que esto dista de hacerse en la práctica.

Pareciera entonces que nos encontramos frente a un callejón sin salida, pues por un lado tenemos a una ciudadanía poco dispuesta a respetar su entorno y las leyes que lo protegen, y por el otro a un conjunto de autoridades indiferentes muchas de las veces ante la transgresión de las normas. Dicha combinación, aunada a una escasa condena social, a la débil cultura cívica y a la ausencia de valores solidarios, parecieran condenarnos a vivir entre la basura, literalmente hablando. Sin embargo, tal situación no es inevitable, el cumplimiento de una maldición o nuestro destino cruel. Otras sociedades también han transitado con éxito de la suciedad hacia la limpieza, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de orden y respeto por el paisaje y las buenas maneras. Por ejemplo, en la Ginebra del siglo XVI, al igual que en cualquier otra urbe europea de la época era constante la inmundicia, producto de la falta de servicios de limpia y drenaje, la presencia de roedores y la nula higiene de sus habitantes, lo que en no pocos casos llevó consigo o potenció pestes, verdaderas calamidades que arrasaron a la población del Viejo Continente. Tras hacerse cargo de su gobierno en 1532, Juan Calvino, uno de los pilares de la reforma protestante, estableció severas normas dirigidas a frenar el libertinaje, que se decía, privaba en aquella urbe. Se combatió el juego, la blasfemia y la ociosidad, al igual que se fomentó el culto protestante. Fueron proscritos los cantos y bailes considerados indecentes. Pero no sólo eso, las normas calvinistas llegaron a todas las fases de la sociedad y fue este reformador quien impuso la reglamentación sanitaria que dio a Ginebra esa limpieza y pulcritud por la cual es famosa todavía.6

Singapur, estado insular que se actualmente destaca por su dinamismo económico entre los llamados “Tigres Asiáticos”, urbe donde conviven diariamente más de cinco millones de personas de origen diverso, como chino, malayo, británico, indio y paquistaní, ha establecido un duro sistema de multas para sancionar las faltas administrativas cometidas por sus ciudadanos. De acuerdo con la EnvironmentalPublicHealthAct (Chapter 95),7 cualquier persona que sea sorprendida arrojando basura en las calles podrá ser arrestada por la policía y llevada ante una Magistrado o una Corte de Distrito, a efecto de ser sujeta a proceso, tras el cual le podrá ser impuesta una pena de prisión de entre un mes y un año, así como una multa que va de los dos mil a los diez mil dólares singapurenses, es decir, 28 mil a 143 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del día en que se redacta la presente, dependiendo de la gravedad de la falta y de la probable reincidencia del infractor. Cuando una persona que tenga 16 años de edad o más y sea condenada por haber arrojado basura en la vía pública, también podrá exigírsele la realización de trabajo no remunerado relacionado con la limpieza de algún lugar.  Cabe agregar que las referidas sanciones también son aplicables a quienes arrojen cigarros a la calle desde sus vehículos en movimiento. Con sanciones de esta naturaleza y una autoridad dispuesta a ejecutarlas, se antoja difícil que un ciudadano común se sienta alentado a transgredir las normas encaminadas a mantener la limpieza en las calles.

Evidentemente, nadie está pensando en la aplicación de medidas draconianas para sancionar a aquellos que ensucian las calles con basura. Si bien es cierto estamos de acuerdo con la imposición de sanciones a quienes incurran en tales ilícitos, tampoco estamos pensando en traer a la realidad de México instituciones vigentes en otras épocas o latitudes, las cuales encuentran su explicación en idiosincrasias distintas de la    nuestra.

Nosotros creemos que, con independencia de la represión de actitudes antisociales, la solución al problema de la basura en las calles pasa necesariamente por dos aspectos fundamentales: la educación cívica y el convencimiento de los destinatarios de la norma, pues en la medida en que la ciudadanía cobre conciencia de lo grave que es para la salud, el ambiente y el paisaje desechar desperdicios desordenadamente, ésta clase de conductas tenderán a desaparecer, hasta convertirse en un mal recuerdo, en un atavismo digno de la mayor condena social.

Para arribar a un estado de cosas como éste se requiere de la conjunción de diversos elementos, como los principios cívicos contenidos en los planes y programas educativos, los valores transmitidos a través de las familias y la disposición de las autoridades para sancionar aquellas conductas antisociales que redundan en perjuicio de la adecuada convivencia social. Lo anterior nos lleva a afirmar que, en la solución de un problema como el aquí planteado es necesaria la conjunción de esfuerzos ciudadanos e institucionales, la cooperación entre gobernantes y gobernados, encauzada hacia un fin común, que es la limpieza de nuestro país.

Debemos reconocer que la iniciativa privada ha sido generosa en este aspecto. Por ejemplo, “Limpiemos nuestro México” constituye una campaña de acción, educación y conciencia ambiental, la cual propone acciones específicas en materia de reducción, reutilización y reciclaje de desperdicios. Gracias a esta se han recolectado desde 2009 188, 500 toneladas de basura en todo el país, habiéndose sumado a la misma hasta el año pasado más de 8 millones 800 mil voluntarios. A partir de esta campaña también se ha promovido la participación y mejora ambiental a través de concursos tales como “Ciudades más limpias de México”, “Líderes ambientales de la Comunidad”y“Recicla”. A dicha campaña se han unido empresas, instituciones de asistencia privada y entidades gubernamentales como Grupo Salinas, Fundación Azteca, Grupo Bimbo, Petróleos Mexicanos y las secretarías de Educación Pública y del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En una época como la presente que se distingue por la abundancia y velocidad con que se disemina la información, apelar al uso de los medios de comunicación para concientizar sobre la necesidad de mantener limpio de basura nuestro entorno es obligado. Instrumentos tradicionales como periódicos, radio, televisión y publicidad estática constituyen herramientas insustituibles en la generación de una corriente de opinión favorable al mantenimiento de la limpieza. Las redes sociales y las tecnologías de la información obviamente que pueden servir en este propósito. Existen experiencias exitosas generadas desde la iniciativa privada que son paradigmáticas de tal propósito. Desde los años sesenta y hasta entrados los ochenta, el Consejo Nacional de la Publicidad, hoy Consejo de la Comunicación, realizó una campaña destinada a crear conciencia sobre lo negativo que es tirar basura en las calles. Con base en el eslogan “Ponga la basura en su lugar”, creado por Norma W. de Camacho, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, dicha campaña logró posicionarse en la memoria colectiva y dicha frase, a pesar de los años transcurridos desde que fuera lanzada al aire, mantiene su vigencia.

Actualmente, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsa la campaña “¡La basura a su lugar!”, la cual busca generar conciencia sobre la necesidad de colocar los desperdicios en los lugares diseñados expresamente para tal fin. Si bien es cierto coincidimos con el espíritu que motiva la emisión de dicha campaña, creemos que aún se puede hacer mucho al respecto. Es por ello que proponemos a través de la presente la reforma al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer como una obligación a cargo de los tres niveles de gobierno, la realización de campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.

Esta propuesta no sólo se dirige a concientizar a los mexicanos acerca de la necesidad de dar el uso adecuado a la basura, sino que pretende involucrarnos en la gestión integral de los residuos en general, a fin de concretar lo que postula el artículo 5 fracción X de la Ley, es decir, su generación y disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

El sentido de esto no tiene que ver sólo con el cabal cumplimiento de diversas obligaciones a cargo del gobierno, como lo son la preservación del medio ambiente y el orden público, sino con movilizar a la población en aras de un fin compartido, que es el de promover la limpieza de los espacios públicos, con todas las consecuencias benéficas a que ya hemos hecho referencia. Resulta aplicable lo expresado por el historiador Lorenzo Meyer: “la comparación y la experiencia demuestran que la calidad de la vida colectiva aumenta en la medida en que es mayor la densidad de (…) asociaciones voluntarias, dedicadas a la formación, educación y movilización de la opinión pública. En sociedades donde existe una fuerte tradición de organización voluntaria e independiente, la democracia tiene mayores posibilidades que en aquéllas donde está ausente.” 8

La idea de una medida de esta naturaleza no sólo tiene que ver con el respeto a los espacios urbanos, la preservación del medio ambiente y la salud humana, sino con la construcción de ciudadanía, a partir de la idea de que las personas, en tanto entes sociables son depositarias de derechos y de obligaciones para con la comunidad en la que habitan.

Estamos plenamente convencidos que el éxito de una medida como la aquí sugerida contribuiría a mejorar la imagen de nuestro país, elevaría la autoestima de los mexicanos y constituiría un incentivo excelente para mejorar para mejorar las relaciones sociales. Igualmente, la supresión de conductas antisociales significaría un paso hacia adelante en la erradicación de la criminalidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pues ello permitiría hacer del respeto a la ley un valor socialmente aceptado.

La modificación legal sería del tenor literal siguiente:

REDACCIÓN VIGENTE

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;

II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de residuos;

III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la materia objeto de la presente Ley;

IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;

V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en materia de prevención y gestión integral de los residuos;

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas.

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;

II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de residuos;

III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la materia objeto de la presente Ley;

IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;

V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en materia de prevención y gestión integral de los residuos;

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales;

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas, y

VIII. Realizarán campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de noverterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.”

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma elartículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

“I. …” a “V. … “

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales;

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas, y

“VIII. Realizarán campañasde comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de noverterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. “El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México.,
 el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Herrera-Laso M., Luis , Factores que propician la violencia y la inseguridad: apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México, consultado en
<http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf>, el 7 de diciembre de 2016 a las 14:26 horas.

2 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:06 horas.

3 Consultado en <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura-cero/>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:29 horas.

4 Consultado en <http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/06/16/la-mitad-de-las-inundaciones-de-cdmx-por-basura-acumulada-en-el-drenaje>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:17 horas.

5 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:41 horas.

6 Simon, Edith, La Reforma, Grandes Épocas de la Humanidad, Historia de las Culturas Mundiales, México, 2002, pág. 61.

7•Consultado en <http://www.lanacion.com.ar/617995-singapur-el-pais-de-las-multas-insolitas>, el 7 de diciembre de 2016 a las 18:32 horas.

8 Meyer, Lorenzo, “El Estado en busca del ciudadano”, México, 2005, Editorial Océano, serie “Con una cierta mirada”, pág. 26.





 

Tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia de nuestra Mesa Directiva.

Comparezco ante ustedes, amigas y amigos Senadores, para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud, bajo las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país vive actualmente, muy lamentablemente, una epidemia de sobrepeso y obesidad. De cada 10 adultos 7 presentan este problema y de cada 3 niños 1 presenta también problemas de obesidad y sobrepeso; pero, sobre todo, en el adulto hay una serie de presiones, hay una serie de exhortos por todos los medios para que, pues entre en lo que son la dinámica de evitar, precisamente, este problema de sobrepeso y obesidad.

Desde luego, hay recomendaciones nutricionales para evitar comidas y bebidas de alto valor calórico, lo que llamamos bebidas, comida chatarra, desde luego, hay una tendencia muy importante para tener una dieta equilibrada y de alto valor nutritivo pero, por otro lado, también es importante, nunca debemos dejar a un lado lo que es la activación física, pero a raíz, pues, de las recomendaciones que se están haciendo para llevar una dieta baja en calorías, se está dando una, no sé si llamarle cultura o una tendencia muy importante a utilizar una serie de sustitutos de la glucosa para con ello evitar la ingesta de mayor caloría.

Estas series de sustitutos de la glucosa o edulcorantes, unos son, pues desde luego, de tipo calórico en los cuales son muy similares, aunque con más baja cantidad de calorías, son similares a lo que es la misma glucosa.

Este tipo de edulcorantes que elevan el nivel de azúcar en sangre son principalmente, como les decía, la sacarosa o azúcar de mesa, la fructosa y alcoholes como el sorbitol, el manitol y el xilitol. Estos tres últimos los podemos encontrar incluso en alguna repostería, chicles, gomas de mascar, etcétera.

Y otros sustitutos edulcorantes son los bajos en calorías y no calóricos, que para permitirnos comer alimentos dulces moderando nuestro consumo de calorías se ha introducido al mercado diferentes tipos de edulcorantes que no aportan calorías, ni  elevan el azúcar en la sangre. Principalmente son la sacarina, el aspartame, el acetosulfamo de potasio, la sucralosa y la stevia, cuyas características son, desde   luego, bajas en calorías, no son adecuados para pacientes con problemas de fenilcetonuria.

Las altas temperaturas pueden reducir su capacidad de endulzar, que deben de controlarse su consumo en caso de diabetes.

En el caso del acesulfamo de potasio no contiene calorías, es estable al calor por lo que se puede utilizar para cocinas, es adecuado para diabéticos.

La sucralosa no contiene calorías, pero debido a los aditivos utilizados las presentaciones comerciales contienen 12 calorías.

En fin, estamos con esa tendencia a pedir refrescos light, chocolates light, toda una serie de alimentos que, al tener este tipo de aditivos de sustitutos de la glucosa, ya les pone la denominación de light y los consumimos indiscriminadamente sin antes tener la revisión o el análisis de si son o no nocivos para la salud.

Desde luego que hay información publicada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, donde menciona que muchos de estos edulcorantes bajos en calorías no causan cáncer, no crean adicción o ansiedad, tampoco provocan daño cerebral ni afectan a personas con otras enfermedades.

Los alimentos y bebidas con bajos contenidos calóricos pueden contribuir al combate a la obesidad y sobrepeso. El adecuado uso de estos productos, siempre que hayan sido aprobados por los órganos y autoridades de riesgos sanitarios de  nuestro país, existe la posibilidad de consumirlos con mayor seguridad, así como el fomento de la actividad física nunca debe estar excluido de estas recomendaciones.

Por medio de la presente iniciativa, estamos proponiendo que en este apartado se  incluya una fracción XII al artículo 115 para establecer que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo la promoción del consumo de alimentos y bebidas bajos en calorías, siempre que sean elaborados con ingredientes seguros para el consumo humano y que hayan sido avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En virtud de lo anterior, es que estamos proponiendo este proyecto de Decreto donde al artículo 115 le estamos agregando la fracción XII bajo el siguiente enunciado:

Expedir los lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas bajos en calorías, elaborados con ingredientes seguros para el consumo humano, que cumplan con lo dispuesto con las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de evitar la comercialización de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales y de investigación y que pueden ser un riesgo para la salud de los mexicanos.

Ante esta ola de alimentos que contienen estos tipos de productos sustitutos de la glucosa, debemos de tener el cuidado y la seguridad a través de la autoridad sanitaria, que lo que consumen o estamos consumiendo los mexicanos sean productos seguros.

Es el objetivo de este proyecto de Decreto.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, doctor López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Ahora sí, denle volumen, por favor, a la Senadora Calderón en su escaño.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ahora sí, en este tema me permite preguntarle al Senador López Brito, si puedo sumarme a su iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Dice que con muchísimo gusto. La Senadora Patricia, ¿en el mismo sentido, verdad?

Denle volumen en el escaño de la Senadora Hilda Ceballos, por favor.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) De la misma forma, solicitar al Senador López Brito que me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No tiene inconveniente. El Senador Gerardo Sánchez, ¿en el mismo sentido?, si Servicios Parlamentarios son tan amables, una vez que ha aceptado el Senador López Brito, de recoger las firmas, por favor.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN;
DE DERECHOS HUMANOS;
Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en las atribuciones conferidas en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación comunicó con fecha 17 de febrero de 2017 a la Mesa Directiva del Senado de la República, para su consideración y en su caso ratificación, la designación que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, hiciere del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 239, 241, 242, 243 y 244, así como, el numeral 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Senado de la República para las comparecencias de funcionarios públicos propuestos a ratificación, estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, realizamos el proceso previsto por el artículo 255 de dicho ordenamiento, por lo que, el pasado 2 de marzo del presente, se citó a comparecer al C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, ante los integrantes de las mismas.

Una vez constituidas en Comisiones Unidas, se dio inicio a la comparecencia, en la cual el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, hizo un posicionamiento de hasta 20 minutos y posterior a ello se abrió un espacio de preguntas y respuestas entre las Senadoras, los Senadores y el compareciente.

Culminada la comparecencia, en esa misma fecha, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, sesionamos en pleno y resolvimos sobre la ratificación, asentando el resultado en el presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. Mediante oficio número SELAP/300/439/17 de fecha 17 de febrero de 2017, signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, sometió a consideración del Senado de la República, la ratificación que el mismo hiciera del Ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

2. En la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República del 21 de febrero de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la propuesta del nombramiento citado con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, recibimos en comparecencia al funcionario propuesto por el Ejecutivo Federal, a quien se le garantizó su derecho de audiencia como lo dispone el Reglamento del Senado de la República, para expresar su programa de trabajo y los méritos que le acreditan para ser postulado para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En este acto, los integrantes de las Comisiones Unidas, expresaron sus interrogantes y comentarios al compareciente, quien respondió ante éstos.
Ante ello el compareciente respondió individualmente a los cuestionamientos de las Senadoras y los Senadores, dándose un intercambio importante de opiniones respecto del funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en su caso de su actuar como Comisionado Ejecutivo.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cabe mencionar que, el presente procedimiento está sujeto a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, que establece por única ocasión, la obligación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al Senado de la República, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, previa Consulta Pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

III. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 239, 241, 242, 243 y 244, así como, el numeral 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la ratificación del nombramiento hecho por el Presidente de la República para ocupar el cargo descrito en el presente Dictamen.

SEGUNDA. El 25 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73, fracción XXIX-X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

Derivado de dicha reforma constitucional, se modificó la Ley General de Víctimas mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de enero de 2017, con el propósito de establecer de manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de los derechos a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Una de las reformas a la Ley General de Víctimas consistió en modificar la estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en virtud de que se consideró que el diseño institucional con el que contaba no contribuía suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la misma.

En este sentido, en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, se estableció la obligación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

En cumplimiento a lo anterior, el 17 de enero de 2017, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó en eI Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que concluyó el 31 de enero de 2017.

Las bases del Procedimiento de Consulta Pública se sujetaron a lo siguiente:

ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017; 27, fracciones I, VIII, X y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 5, fracción VI y 6, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y

CONSIDERANDO

Que en términos de lo dispuesto por el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, por única ocasión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, remitirá al Senado de la República, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

Que el titular del Ejecutivo Federal instruyó al Secretario de Gobernación para coordinar la consulta pública a que se refiere el considerando que antecede;

Que el Secretario de Gobernación dispuso que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se llevara a cabo la consulta prevista el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, y

Que, a efecto de conocer la opinión de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, resulta necesario emitir las siguientes:

BASES PARA REALIZAR LA CONSULTA PÚBLICA DEL NOMBRAMIENTO DEL COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

BASES

Primera. Del objeto.

El objeto de las presentes bases es establecer la manera en que se llevará a cabo la consulta previa a que se refiere el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017.

Segunda. De los participantes.

Para efectos de la presente consulta, de conformidad con el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, los participantes son los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia que propongan a la(s) persona(s) para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para comprobar la calidad de participante, los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, deben proporcionar en original y copia simple para su cotejo la siguiente documentación:

I. Expertos y Colectivos de Víctimas

1. Documentos, fotografías o reconocimientos que acrediten la calidad de experto o colectivo de víctima.

II. Organizaciones de la Sociedad Civil

a) Acta constitutiva de la organización de la sociedad civil;

b) Documento vigente que acredite la personalidad del (o los) representante (s) de la organización de la sociedad civil;

c) Identificación oficial vigente del (o los) representante (s) de la organización de la sociedad civil (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), y

d) Comprobante de domicilio legal de la organización de la sociedad civil.

Tercera. De los requisitos.

La persona postulada por alguno de los participantes para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe cumplir con los requisitos previstos por el artículo 86 de la Ley General de Víctimas.

Cuarta. De la documentación.

Los participantes deben presentar:

1. Documento que acredite su carácter como participante de conformidad con la Base Segunda;

2. Escrito libre en el cual motiven su propuesta, y

3. Solicitud de registro con firma autógrafa (se anexa formato). Los participantes deben acompañar la siguiente documentación de la persona que postulan:

1. Copia del acta de nacimiento;

2. Copia de identificación oficial vigente;

3. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud de registro con una antigüedad máxima de tres meses;

4. Copia del título o cédula profesional de nivel licenciatura;

5. Curriculum vitae con firma autógrafa de la persona que postulan, con copia simple de los documentos que acrediten su contenido;

6. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa de la persona que postulan en la que manifieste:

• Que no esté inhabilitada(o) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local, y 

• Que toda la información y documentación que, con motivo del procedimiento de selección a que se refiere la presente consulta, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y auténtica, y

7. Escrito libre con firma autógrafa de la persona que postulan a través del cual otorgue el consentimiento expreso para que sus datos personales sean utilizados para los fines de la presente consulta.

Quinta. Entrega de documentos.

Fecha: El plazo para la entrega de la solicitud y los documentos referidos en la Base Segunda y Cuarta de la presente consulta es de diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del aviso por el que se dan a conocer las presentes Bases en el Diario Oficial de la Federación.

Lugar: La documentación debe entregarse en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Dinamarca 84, piso 8, Colonia Juárez, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Horario: El horario de recepción es de las 10:00 a las 17:00 horas.

Sexta. Seguimiento a propuestas

Las propuestas que cumplan con los requisitos previstos en la presente consulta serán remitidas al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Séptima. Otras disposiciones

Todas las notificaciones se harán mediante el correo electrónico registrado en la Solicitud.

La interpretación de las presentes Bases corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la resolución de lo no previsto en ella, y sus determinaciones serán definitivas e inapelables.

Los datos personales recabados en el marco de las presentes Bases serán resguardados en términos de la legislación en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública.

Concluido el Procedimiento de Consulta Pública para el nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó a la Comisión de Gobernación del Senado de la República, lo siguiente:

"I. Publicación del Aviso por el que se dan a conocer las Bases para la Consulta Pública.

El pasado 17 de enero de 2017 se publicó en el DOF el "AVISO por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas", mediante el cual se convocó a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de víctimas a participar en la consulta pública prevista en el Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGV, publicado en el DOF el 3 de enero de 2017, haciendo del conocimiento el enlace electrónico en el que se encontraron disponibles las Bases referidas y el formato de solicitud de registro.

Es importante destacar que se enviaron via correo electronico a mas de 500 colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de víctimas, carta invitación de la Consulta publica, firmada por el Lic. Roberto Rafael Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a demas se publico en su cuenta de correo twitter.

II. Bases de la Consulta Pública.

Las Bases establecieron el objeto, participantes, requisitos y documentación necesaria para que los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de víctimas postularan candidatos para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la CEAV.

Asimismo, la Base Quinta, precisó el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Aviso, para realizar la entrega de la solicitud de registro del postulado y la documentación soporte, en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

III. Participación en la Consulta Pública

Desde el día 18 de enero y hasta el 31 del mismo mes, se recibieron un total de 326 propuestas.

• Se recibieron 283 propuestas acompañadas de la documentación establecida en las bases segunda y cuarta de la Consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 43 cartas de apoyo de organizaciones y expertos.

• Estas propuestas y cartas proponen a 9 personas para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la CEAV, respecto a las cuales se verificó que todas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la LGV, consistentes en: (i) Ser ciudadano mexicano; (ii) No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; (iii) Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley,por lo menos en los dos años previos a su designación; (iv) Contar con título profesional, y (v) no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

IV. Propuestas

Las propuestas presentadas fueron:

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

1.

Sergio Jaime Rochín del Rincón

Colectivos

9

131

Organizaciones de la Sociedad Civil

34

Expertos

88

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

2.

Patricia Colchero Aragonés

Colectivos

29

82

Organizaciones de la Sociedad Civil

25

Expertos

28

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

3.

Julieta Morales Sánchez

Colectivos

2

17

Organizaciones de la Sociedad Civil

6

Expertos

9

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

4.

Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz

Colectivos

1

26

Organizaciones de la Sociedad Civil

5

Expertos

20

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

5.

Rubén Vasconcelos Méndez

Colectivos

13

21

Organizaciones de la Sociedad Civil

4

Expertos

4

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

6.

María Antonia González del Castillo

Colectivos

0

3

Organizaciones de la Sociedad Civil

3

Expertos

0

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

7.

María Mayela Ruiz Madrazo

Colectivos

0

1

Organizaciones de la Sociedad Civil

1

Expertos

0

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

8.

Juan Carlos Morales Figueroa

Colectivos

0

1

Organizaciones de la Sociedad Civil

0

Expertos

1

No.

Persona Postulada al Cargo:

Propuestas

Total

9.

Arturo Enrique Mendicuti Narro

Colectivos

0

1

Organizaciones de la Sociedad Civil

1

Expertos

0

De lo anterior, se desprende que, en el Proceso de Consulta Pública, se recibieron 283 propuestas para 9 aspirantes, de las cuales 131 fueron para el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, de parte de colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de víctimas.

En consecuencia, con fecha 17 de febrero del presente, mediante Oficio No. SELAP/300/439/17, el Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, sometió a la consideración de este Órgano Legislativo, el nombramiento del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a  Víctimas.

Para tal efecto, remitió los datos curriculares del Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas.

TERCERA. Con el objeto de valorar la pertinencia de la ratificación, sobre el nombramiento que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como, sobre su capacidad técnica, experiencia profesional; ademas de hacer una revision y verificacion de los requisitos que dispone el articulo 241 del Reglamento del Senado de la Repùblica,se citó a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia el día 2 de marzo de 2017.

Dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 242 y 255 del Reglamento del Senado de la República.

Una vez concluida la comparecencia del funcionario en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas, reunidos en Pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República, la ratificación del nombramiento que hiciere el Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tomando en consideración de lo siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, después de analizar los documentos remitidos por el Ejecutivo Federal, consideramos que el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes al mismo.

En este sentido, el Ciudadano, Sergio Jaime Rochín del Rincón, cuenta con la formación académica y experiencia profesional descrita a continuación:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con mención honorifica y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas; cursó los diplomados en "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", en la Cámara de Diputados y en "Marketing Político", en la George Washington University, Washington D.C., en los Estados Unidos de América; así como con un taller de planeación estratégica en "El enfoque de género: Perspectivas analíticas sobre la agenda pública", impartido en la Cámara de Diputados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cuenta con amplia experiencia profesional en materia de Derechos Humanos y de los cargos que ha desempeñado destacan los siguientes: Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 2016; Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2013 a 2014; Consejero Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consultor Externo en materia de derecho a la información, libertad de expresión y protección de periodistas de Freedom House de 2012 a 2013; Asesor del Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2011 a 20.12; Director Ejecutivo de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 201 O a 2011; Fundador y Primer Secretario General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos de 2008 a 2009; Investigador del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, LX Legislatura de 2006 a 2008; Director General Adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de 2002 a 2006, y Director de Derechos Humanos de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación de 2001 a 2002.

En el ámbito académico, fue profesor titular de Derecho Constitucional Mexicano en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe; Tutor de la Maestría a Distancia sobre Derechos Humanos y Seguridad Pública, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y académico de la Universidad Panamericana.

En tal sentido, Cumple con los requisitos precisados en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, sin que exista impedimento legal para que sea propuesto al Senado de la República como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La experiencia con la que cuenta el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, resulta fundamental en razón del apremio en la implementación de las reformas sustantivas a la Ley General de Víctimas, tanto en materia de atención a víctimas, como del proceso de reestructuración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De conformidad con lo dispuesto, en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley General de Víctimas, para la primera designación del Comisionado Ejecutivo, la persona seleccionada desempeñará tal cargo únicamente durante tres años.

Lo anterior cobra relevancia, al tratarse de un proceso de designación excepcional, que por única ocasión no se sujetará al procedimiento de elección por el Senado de la República a través de una terna propuesta por el Presidente de la República, previsto en el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, en el entendido de que dicho proceso y periodo excepcional fue previsto en el régimen transitorio de la reforma legislativa, entre la extinción de la antigua estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el establecimiento de la nueva, que permita dar continuidad a los servicios y a la política pública que ya se encuentra en marcha en materia de atención a las víctimas, adicionando las nuevas funciones que desempeñará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar una operación más ágil, eficiente y oportuna.

Es precisamente en esta etapa de transición en donde se estima de particular provecho la experiencia que el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón tiene en cuanto a la administración de la entidad, toda vez que formó parte de la transformación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, involucrándose y dirigiendo el proceso de construcción de la nueva entidad, a la cual dotó de estructura y de un marco normativo para su operación, razón por la cual una nueva transformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no le será ajena, en virtud de que conoce los procesos que llevan a una entidad a restructurarse.

Al respecto, cabe precisar que las reformas a la Ley General de Víctimas generan mayor agilidad al reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial lo relativo a las ayudas, asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Entre las modificaciones más importantes que comprende la Reforma se encuentran: la correspondiente al pago inmediato de los Recursos de Ayuda; la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cubra medidas de ayuda inmediata y compensaciones de víctimas de fuero local cuando la entidad federativa así lo solicite, y la facultad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de atraer casos del fuero común.

Como se advierte, la reforma obliga a una mayor y mejor coordinación entre las instancias federales y a su vez entre el gobierno federal y los gobiernos locales, para lo cual en este régimen de transición será fundamental el papel que como interlocutor deberá desempeñar la persona designada como Comisionado Ejecutivo, así como su capacidad para construir acuerdos políticos con los diversas autoridades federales, estatales y municipales. Al respecto, durante su gestión como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón generó relaciones institucionales con los distintos órdenes de gobierno, tal es el caso de su participación como Secretario Técnico del Sistema Nacional de Atención a Víctimas o, la suscripción de los Convenios de Coordinación con cada una de las entidades federativas. Esta experiencia permitiría dar continuidad a la colaboración que se ha generado entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y diferentes sectores de gobierno.

Aunado a lo antes expuesto, al primer Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, corresponderá conducir la transformación al interior de la entidad, de una estructura en la que las decisiones se adoptaban de manera colegiada a una en la que las decisiones de atención a víctimas corresponden en exclusiva al Comisionado Ejecutivo, quien podrá escuchar en todo momento la opinión de la Asamblea Consultiva, voz de la sociedad civil al interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De tal forma, el Comisionado Ejecutivo designado debe contar con un amplio reconocimiento de la sociedad civil, de ahí la trascendencia de la Consulta Pública realizada a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos, puesto que el número de participantes que apoyaron al Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón sirve como punto de referencia para establecer tal reconocimiento, lo que demuestra su capacidad de interacción con la Sociedad Civil en su periodo como Comisionado Presidente, misma será de utilidad para generar una efectiva comunicación y coordinación con la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por todo lo anterior es importante resaltar que la experiencia e idoneidad para el ejercicio del cargo, ha sido reconocido en mayor medida por los sectores de la sociedad civil, al ser postulado con 131 menciones en el proceso de consulta que llevó a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, entre colectivos, organizaciones de la sociedad civil y expertos.

En razón de lo anterior, se estima que la posición que ocupó Sergio Jaime Rochín del Rincón en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimasal frente de la Comisión  Ejecutiva de Atención a Víctimas, lejos de restarle mérito para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo para esta etapa de transición, le proporciona elementos valiosos de experiencia, conocimiento y manejo de la entidad con los que ningún otro aspirante postulado por la sociedad civil cuenta, además de contar con el mayor número de postulaciones entre las personas que fueron propuestas para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley  General de Víctimas, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
COMISIÓN DE JUSTICIA.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señora Secretaria.

Para información de esta Asamblea, el dictamen con el nombramiento a discusión se origina de la propuesta recibida el día 21 de febrero pasado, en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero del año en curso, que de manera excepcional, por única ocasión, se realiza a través de la designación directa que el Ejecutivo Federal pone a consideración de esta Asamblea.

Informo a la Asamblea que van a presentar el dictamen la Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; y la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia. Después de ello, iniciaremos la discusión en lo general para que puedan registrarse.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración, es referente a la ratificación del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Recordemos que, la reforma constitucional publicada el 25 de julio de 2016, tuvo como finalidad establecer el marco constitucional de la Ley General de Víctimas, con el propósito de delimitar de manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de atención de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

Posteriormente se llevó a cabo una reforma sustancial a la Ley General de Víctimas que tenía como principal propósito modificar la estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que el diseño institucional con el que contaba, no contribuía suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia en la atención de las víctimas.

En consecuencia, en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, se estableció por única ocasión, la obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al Senado de la República la propuesta de nombramiento de Comisionado Ejecutivo, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

En cumplimiento con lo anterior, el 17 de enero de 2017, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se dieron a conocer las bases para realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva a Atención a Víctimas, misma que concluyó el 31 de enero de 2017.

En este proceso se recibieron 283 propuestas debidamente documentadas, así como 43 cartas de apoyo de organizaciones y expertos, posteriormente promovieron a nueve personas para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la CEAV, donde el ciudadano Jaime Rochín contó con el apoyo mayoritario, propuesto por un total de 9 colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 expertos.

Ante ello y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras citamos a comparecer al ciudadano Sergio Jaime Rochín el día 2 de marzo de 2017, en donde presentó su propuesta de trabajo y los méritos que lo acreditan para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto.

En virtud de ello, doy cuenta a esta Soberanía de manera suscrita del perfil con el que cuenta el ciudadano Jaime Rochín del Rincón.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, con mención honorífica.

Cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y

Posee una amplia experiencia profesional en materia de derechos humanos y de los cargos que ha desempeñado destacan los siguientes: Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 2016; Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2013 a 2014; Consejero Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consultor Externo en materia de derecho a la información, libertad de expresión y protección de periodistas de Freedom House de 2012 a 2013; Asesor del Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Director Ejecutivo de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Fundador y Primer Secretario General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos; Investigador del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura; Director General Adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Director de Derechos Humanos de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación.

Tomando en cuenta que el Ejecutivo Federal llevó a cabo un proceso de consulta de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de reformas a la Ley General de Víctimas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, consideramos que el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo para el que ha sido propuesto, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil idóneo para realizar las funciones inherentes al mismo.

En este sentido, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

Único.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar, que ha presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras Senadoras y señores Senadores:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración no sólo es un paso más en la búsqueda de fortalecer y consolidar la política de atención a víctimas en el país, es también una de las decisiones más relevantes para garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se transforme en la institución que hasta el día de hoy no ha logrado ser, es decir, una institución eficiente y al servicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las víctimas del delito.

Así, lo concebimos al aprobar la reciente reforma a la ley en esta materia. Establecimos de manera clara, en el Artículo Quinto Transitorio de este Decreto, la obligación para que el titular del Poder Ejecutivo Federal remitiera al Senado de la República la propuesta de nombramiento de quien tendría que asumir el encargo al frente de la comisión, previa consulta a los colectivos de víctimas, a expertas y expertos y organizaciones de la sociedad civil también especialistas en la materia.

Hoy nos encontramos, precisamente, en la conclusión de ese proceso de consulta, y es importante destacar que diversas personalidades fueron inscritas y apoyadas por la diversidad de organizaciones, colectivos de víctimas y personas expertas en la materia, que desde su punto de vista presentaron sus apoyos a las personas que se registraron.

Si algo nos ha quedado claro en estos últimos tiempos, es precisamente la necesidad y la importancia de tomar en cuenta, de manera directa, la opinión de las víctimas, de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil que las representan y acompañan en su lucha por exigibilidad de justicia y por el conocimiento de la verdad.

Es importante señalar que en lo personal, desde la Comisión de Derechos Humanos, quienes integramos esta comisión hemos recibido durante todos estos años de trabajo a distintas organizaciones, a víctimas y, por supuesto, hemos abundado en cuáles deberían ser los cambios que debería contener esta institución para que pueda servir al objeto de su creación.

Y, por supuesto, tengo que decirlo muy claro, no es posible encontrar en las propuestas a una personalidad que pueda tener la unanimidad, esa es la característica de la situación que encontramos en el espectro nacional y, por supuesto, es necesario tomar la decisión a partir de quién tiene los mayores consensos.

Es totalmente comprensible, es totalmente entendible que muchas víctimas, muchos familiares de víctimas y organizaciones efectivamente han encontrado, incluso, su desacuerdo con el proceso iniciado por el Poder Ejecutivo; sin embargo, es importante señalar que se ha cumplido en tiempo y forma con lo que nosotros aquí establecimos como Cámara de origen en la revisión de esta ley.

Las reformas a esta ley nos han llevado a tomar en consideración que es necesario, además de concluir con este procedimiento legislativo, también la constitución de los siguientes mecanismos que también el Senado de la República tiene que ocuparse, como es la Constitución de la Asamblea Ciudadana, que tiene que tener una representatividad nacional de familiares de víctimas y, por supuesto, también de organizaciones y especialistas en la materia que represente a nueve regiones del país. Es un proceso en el que tenemos que continuar.

Hoy estamos al frente de una decisión importante porque necesitamos atender lo que la propia ley dice, es decir, quien está al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la única personalidad que puede manejar el fondo, que ahora será un fondo que podrá ser utilizado para también apoyar a las víctimas de las entidades federativas.

Hemos convenido reglas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el caso de las víctimas de las entidades federativas tengan el acuerdo conducente que permita que sean atendidas de este fondo federal y hacer lo propio como instancia hacendaria con el gobierno de esa entidad de que se trate para que pueda recuperar estos fondos.

Sin embargo, lo que no se puede hacer, que ese es el gran mérito de las reformas que impulsamos a la ley, es que se siga desatendiendo a las víctimas, que a veces no entienden muy bien cuándo los asuntos se encuentran en el ámbito federal o cuándo se encuentran en el ámbito local, son víctimas finalmente del Estado.

En este contexto, y particularmente después de la comparecencia, habiendo recibido por parte del Ejecutivo los resultados de esta consulta pública que hizo el titular del Poder Ejecutivo, tuvimos trabajo en las comisiones, una comparecencia con quien hoy estamos poniendo a su consideración, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, y por supuesto que las y los integrantes de estas comisiones hablamos con toda claridad, expresamos nuestras preocupaciones e inquietudes y también le dijimos muy claramente al señor Rochín del Rincón, que confiábamos que iba a ser garante de la implementación de las reformas que aquí mismo impulsamos.

Nos parece muy importante que este proceso de consulta pública realizado por indicaciones del titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, pues haya concluido recibiendo las propuestas de nueve personas; sin embargo, efectivamente, la que tiene más apoyos, tanto de expertos como de organizaciones y como de colectivos de víctimas, es precisamente quien hoy estamos poniendo a su consideración pueda ser votado, que pueda garantizar con toda flexibilidad las dos terceras partes y, por supuesto, seguir en la encomienda que hemos determinado estas comisiones de llevar un seguimiento de los trabajos que va a tener que emprender.

De las nueve personas que se registraron, a partir de su legítima aspiración, yo lo único que puedo decir es que todas y cada una de ellas, independientemente de más o menos apoyos los que han recibido, me parece, reflejan que hay una preocupación totalmente clara y contundente por parte de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil y expertos que efectivamente decidieron apoyar en primer lugar a Jaime Rochín del Rincón; en segundo lugar, a Patricia Colchero y en tercer lugar, a Julieta Morales, le siguieron Ricardo Sepúlveda, Rubén Vasconcelos, María González del Castillo, María Mayela Ruiz, Juan Carlos Morales Figueroa y, finalmente, Arturo Enrique Mendicuti Narro.

Yo creo que es importante destacar que ahora, a partir de los trabajos que emprendamos después de la decisión que tomemos en este Senado de la República, tenemos que estar atentos efectivamente para que pueda atenderse cada una de las reformas que son virtuosas para poner en funcionamiento esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Es importante destacar que las bases que se establecieron para la inclusión de estas personalidades definieron el objeto, cuáles serán los requisitos, la documentación necesaria, para que los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil pudiesen registrar a quien creyeran conducente con toda la libertad.

Estas propuestas que hoy forman parte del expediente de las comisiones estarán seguramente puestas a que sean conocidas de manera pública.

Es importante destacar, finalmente, que hay méritos que yo quiero destacar en el caso de Jaime Rochín.

Independientemente de la reunión de trabajo que tuvimos con él, de las preocupaciones, inquietudes, incluso reclamos que en voz de las víctimas nos hicieron llegar y que nosotros lo establecimos con toda puntualidad en esta reunión de trabajo, nos parece muy importante destacar que la expertise que tiene en la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas va a permitir tener conocimiento de no parar absolutamente ningún proceso, ningún expediente que se encuentra ahora ya en la comisión.

En ese sentido, nos parece muy importante que de esta reunión de trabajo identificó de manera puntual cuáles son los cambios que va a emprender, no solamente para aplicar las reformas que impulsamos a la ley, sino sobre todo para garantizar desde el punto de vista del trabajo profesional de quienes están al frente de la atención a las víctimas, lo puedan hacer de manera pronta, expedita y siempre tomando en cuenta que a todas, a todas, sin menoscabo, sin discriminar a ninguna, tienen que ser tratadas con toda la dignidad humana que merecen.

De tal manera, que ahora podremos lograr seguramente mayor eficiencia, lograr que se cumpla el objetivo de creación de esta ley y, por supuesto, necesariamente tenemos que reiterar que nuestra preocupación apuesta al fortalecimiento institucional y a la consolidación del modelo de atención a víctimas del cual de una u otra forma también formamos parte corresponsable.

Estaremos atentas, atentos, para garantizar y coadyuvar que la CEAV finalmente sea esa institución que las víctimas de este país nos han estado demandando.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Angélica de la Peña Gómez, por haber presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

A nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, vengo a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Como ustedes saben, la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, entre otras cosas estableció en el Apartado A, fracción I del artículo 20, la obligación de reparar el daño a la víctima, y en ese sentido es que fueron reconocidos en el mismo artículo, pero en su Apartado B, los derechos de la víctima u ofendido.

Posterior a esta reforma, en un amplio y complejo debate parlamentario, finalmente el 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, que en su momento representó un importante avance en la legislación por cuanto constituye el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Sin embargo, como bien ya se dijo en este Senado, esta institución requería de hacer cambios fundamentales y, sobre todo, generar una atención específica a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacerla operativa y funcional, y que con ello se pueda cumplir el objetivo de la ley, de garantizar el derecho a las víctimas del delito y a las víctimas de derechos humanos, a partir de reconocer el derecho que tienen a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a una debida diligencia.

Y por otro lado, con claridad también, el objeto de esta ley se centra en los derechos, en los deberes y en las obligaciones a cargo de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en relación justamente a los derechos de la víctima, era por eso muy importante realizar cambios importantes a esta legislación a efecto de que se cumpla el propio objeto de la misma.

De tal manera que el pasado 3 de enero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se modifica la Ley General de Víctimas, cuyo propósito fue establecer de manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como la necesidad de fortalecer la actuación del asesor jurídico federal.

Otro cambio fundamental fue modificar la estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en esta integración se realiza una modificación de manera sustancial y en ese sentido, en el artículo 85 de la propia ley, se establece con esta reforma que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estará a cargo de un comisionado ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Es así que en la propuesta que realizó el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializada, esta propuesta en concordancia con el Artículo Quinto Transitorio del mismo Decreto de la ley, Ordenóen que por única ocasión le corresponderá al Poder Ejecutivo hacer esta propuesta que llegó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Derechos Humanos, la propuesta de nombramiento de Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años.

Por lo que en cumplimiento a lo anterior y después de este proceso de consulta pública fue que el pasado 17 de febrero este Senado, insisto, en las comisiones unidas, recibimos la propuesta de nombramiento del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Posteriormente, en un ejercicio parlamentario que incluyó la celebración de una comparecencia en donde se pudieron expresar los cuestionamientos de las Senadoras y los Senadores que forman parte de estas comisiones unidas; después también de una amplia deliberación al interior de los propios grupos parlamentarios y de la reunión de comisiones unidas para analizar y revisar estas comparecencias, los resultados de las mismas, el perfil de la propuesta realizada por el Ejecutivo, en las comisiones unidas, tomando en consideración la experiencia y el perfil para desempeñar el cargo de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal, es que deliberamos votar a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República, la ratificación del nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, sobre el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Es así que el objetivo del presente dictamen que se pone a consideración del Pleno de este Senado, al cual solicitamos el voto a favor del mismo en los términos que está presentado este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez, que ha presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

Pasamos a la discusión en lo general. Tengo registrados para hablar a favor, a la Senadora Mariana Gómez del Campo y al Senador Fidel Demédicis; pero se han registrado también para hablar en contra, la Senadora Layda Sansores y la Senadora Adriana Dávila. Por lo tanto, conforme lo marca el Reglamento, vamos a ordenar el debate empezando por la Senadora Layda Sansores San Román, para hablar en contra.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, aquí desde mi lugar, ya me da flojera pasar a la tribuna para repetir lo mismo de estos procedimientos, de estos procesos desaseados y vergonzosos que se practican en el Senado cada vez que tenemos que elegir a algún Magistrado, hoy a un Comisionado, a un Embajador, es clara la vocación arraigada de simulación y de farsante que tenemos en esta institución.

Y yo más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho qué desear en el caso Nochixtlán, me parece que el proceso es poco transparente, que eligen además a nueve personas, como siempre lo hacen, para usarlas de paleros o para legitimar su procedimiento, y ellos sin saberlo, ellos de buena fe, cuando de antemano ya saben quién va a ser el elegido de los dioses.
Esto me irrita más porque preferiría que Peña Nieto dijera: "ahí les va el mejor de mi pandilla, mi preferido". Y de todas maneras aquí vamos a hacer lo que él nos pida.

Dicen que se tomó la opinión de 283 organizaciones que se han dedicado a atender a víctimas, pero no se dice cómo votaron cada una de ellas; entre ellas hay varias organizaciones "patito", que ya se conocen entre ellas mismas, que reciben recursos del gobierno, porque no se dice cómo votaron las más representativas, las que defienden las de pro, las que defienden a los de Ayotzinapa, ¡ah!, Ésas votaron por otra persona que tuvo una alta votación, pero que ya ni siquiera aparece, pero además los hicieron cabildear, venir al Senado, perder el tiempo, los usan, y eso también creo que sería innecesario.

Para mí, basta que Peña Nieto esté haciendo la propuesta, pero es una propuesta del gobierno, pues para mí ya es de dudosa reputación, y creo que lo único que vamos a lograr es tener a otro funcionario a modo del gobierno, y como dicen en muchas organizaciones: "votar a favor de él, es votar a favor de Gobernación o del gobierno", que es lo mismo. Y votar en contra: "es votar a favor de las víctimas".

Yo voto en contra del procedimiento, no me meto a fondo en la personalidad, en algunas cuestiones que se le señalan, y que yo creo que tiene que llegar ya un momento en que propongamos otros métodos de elección, porque el Senado siempre queda en entredicho, y lo más vergonzoso es que varios defienden o están en contra en las comisiones, pero todo termina prácticamente en la unanimidad.

El Senado convertido en un criadero de lacayos, y eso es lo que más me lastima en este proceso.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Este es un dictamen que me parece muy importante para este Senado de la República, fundamental este nombramiento que estamos haciendo ya, de quien encabezará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Y yo quiero compartirles, desde la Comisión Permanente se conformó una comisión específica para atender el caso Nochixtlán y ahí tuve la fortuna de poder trabajar de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De hecho, fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la primera en enviar un informe, la primera también en ayudarnos a construir la ruta para poder enriquecer el informe que después presentamos y fue aprobado prácticamente por todos los partidos políticos dentro de la Comisión Permanente.

De entrada, fuimos testigos de la máxima disposición por parte de esta comisión para atender a las víctimas, para atender a las familias, incluso ampliando el fondo que se había dispuesto inicialmente, porque lamentablemente en este país no hay dinero que alcance para nuestras víctimas, podemos hablar aquí de diversos temas muy desafortunados.

A partir de esto, impulsamos diversas iniciativas, pero hay una muy concreta que fue una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Víctimas que trabajamos en conjunto, que lo que busca, y yo espero que más adelante podamos tratar este tema de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que busca prever que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas estén facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.

También prever que en casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas estén facultadas para autorizar que las víctimas, que se encuadren en dichos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención médica y para cubrir los gastos médicos con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas. Incluso, poder tener la facilidad de incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes.

También estamos buscando, y yo espero que los compañeros seamos todos sensibles a ello, prever la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas y se dé por diversos supuestos.

Yo quiero señalar también que estamos buscando flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas, y prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común, cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.

Coincidimos en este caso y discutimos por varias horas con el ciudadano Jaime Rochín en la urgencia de implementar acciones inmediatas con el compromiso de profesionalizar al personal que labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instalar en sus primeros 100 días un centro de atención y orientación telefónica, eficientar y optimizar los recursos con los que cuenta esta comisión, transparentar dichos recursos, dar continuidad y claridad al proceso para la atracción de víctimas del fuero común.

Y un tema que será muy importante, nosotros al estar en estos momentos pretendiendo ratificar este nombramiento, tenemos que hacer todo lo necesario para ser sensibles ante esta comisión, poder llevar a cabo las reuniones que sean necesarias, si así lo decide este Senado de la República, para darle acompañamiento al ciudadano Jaime Rochín, al frente de esta comisión.

Existe el compromiso de que en el lapso de 100 días pueda estar aquí con nosotros evaluando su gestión, evaluando su trabajo y lo que sí es que, como Senado de la República, necesitamos estar acompañando este trabajo y sobre todo estar muy atentos en que los recursos lleguen a las víctimas.

No más intermediarios, y lo digo así, porque ocurrió con Nochixtlán y si revisamos cada uno de los casos en nuestro país, es muy desafortunado que a veces, por haber intermediarios, el dinero, el recurso no llega a las víctimas y a las personas que fueron golpeadas, lastimadas y, desafortunadamente, no se cumple con el objetivo.

Yo espero, que en este Senado podamos darle la ratificación a este nombramiento y que, de verdad, todos nos preocupemos y ocupemos por darle seguimiento a lo que se hace dentro de esta comisión tan importante.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, Ciudad de México, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, la Senadora Adriana Dávila Fernández.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera pedir un momento de atención por parte de las señoras y los señores Senadores de este recinto, porque me parece fundamental que sepamos qué es lo que estamos votando. ¿Es en realidad un nombramiento lo que estamos votando?, ¿es en realidad el nombre de quien ocupará la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que estamos votando?

Yo empezaría primero por hacer un reconocimiento, y lo digo de manera sincera a las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación, que estoy segura han hecho este proceso con la mejor intención y el trabajo comprometido que yo le conozco y le reconozco especialmente a la Senadora Angélica de la Peña, a la Senadora Cristina Díaz, al Senador con licencia Fernando Yunes y hoy, por supuesto, a la Senadora Pilar Ortega.

Pero el nombramiento que hoy se hace no es el nombramiento del titular, es el tipo de institución que queremos para reparar integralmente el daño a quienes han sido víctimas de delitos o víctimas a violaciones de derechos humanos.

El nombramiento de hoy no es una estadística más de este Senado, como nos ha sucedido en los últimos tiempos y quiero decirlo con toda certeza, en las últimas décadas hemos dejado de darle nombre a las víctimas, lo hemos cambiado por un número, se le llama la víctima número 500, la víctima número 700, la víctima número 70 mil, no sabemos en ocasiones ni siquiera quienes son, porque aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene entre sus obligaciones haber creado el registro de víctimas, hoy no tenemos este registro y así lo planteó la Auditoría Superior de la Federación.

Las víctimas deben de dejar de ser vistas como eso, como números, las víctimas eran personas y son personas.

Hemos dado por hecho que la sociedad civil está representada toda por muchos cabilderos que ocupan su tiempo, su espacio, su esfuerzo para venir a nuestras oficinas o a las oficinas de los gobiernos federal y estatales.

Creemos que cualquier colectivo representa a todos los ciudadanos, a los 120 millones de ciudadanos. Pensamos que la justicia y reparación del daño a quienes han sido víctimas de delito o, en su defecto, víctimas de graves violaciones a derechos humanos se resuelve, como lo dice hoy la ley, con dinero, la reparación integral, su reincorporación a la sociedad se ha medido hoy en cuánto dinero les vamos a dar.

Lo que le cuesta dinero al gobierno le sale barato, porque lo que le debe costar al gobierno para hacer su trabajo son la evidencia de sus omisiones y la incapacidad del Estado mexicano que hoy queremos cubrir con el pago económico que disfraza la incompetencia, la insensibilidad y el uso electoral, en muchos casos, de quienes son los más vulnerables.

Hoy, reitero, lo que se vota en el Senado no es el nombre del titular, no está en juego el nombre aquí de Jaime Rochín o de cualquier otro u otra que haya participado. Hoy, reitero, lo que se vota en este Senado es qué institución queremos crear.

Se ha hablado en esta tribuna de las grandes ventajas que tienen las modificaciones que hemos aprobado en la materia, pero permítanme recordarles después de más de cuatro años cómo ha sido este proceso.

En el 2012, una Ley General de Víctimas en controversia constitucional porque no tenemos facultades para hacerlo, el 73 constitucional no nos permitía hacer una Ley General de Víctimas, pudo más la presión y pudo más la promesa de campaña que hiciera el Presidente Enrique Peña Nieto, para quitar esa controversia constitucional y aprobar, fuera de la ley, una Ley General de Víctimas plagada de violaciones, errores jurídicos y formas de no poder llevar a cabo esta reparación integral que aparentemente buscábamos.

En el 2013, este Senado aprobó más del 80 por ciento de cambios a la Ley General de Víctimas, sin embargo, se quitó la controversia constitucional en lugar de hacer una nueva ley, 80 por ciento de cambios; sí, es cierto, yo también aprobé esa ley, pensando que quizás el marco jurídico era lo mejor.

Después de 2013, algunos cuantos meses, en diciembre del año pasado, recientemente en estos meses, al inicio de periodo, aprobamos nuevamente otro más, 80 por ciento más de cambios a la Ley General de Víctimas, preguntaría: ¿cuántos cambios más nos faltan hacer a esta Ley General de Víctimas?

Penamos que la reparación del daño integral a las víctimas se va a hacer por Decreto.

Hoy tenemos reportes de distintas áreas, entre ellas, por ejemplo, el de trata de personas, se reportan más de mil 500, ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cuáles son sus nombres?, ¿quién las atiende?, ¿quién no las señala?, ¿quién las usa?, ¿quién las revictimiza?

En estos meses, reitero, no fuimos capaces de repensar lo que queríamos. No es por Decreto como se va a lograr, no es por una ley como se va a lograr que las instituciones funcionen.

No estoy de acuerdo, no es sobre Jaime Rochín, no es sobre Olga Noriega, no es sobre ninguna de las personas que participaron como comisionados y que nosotros mismos nombramos. No se trata tampoco de ninguna de las personas que hoy andan cabildeando y sintiéndose dueños de cada uno de los temas en este país.

Tenemos dueños de víctimas, tenemos dueños de trata, tenemos dueños de secuestro, tenemos dueños de violencia de género, tenemos dueños de todo, pero de lo que no hemos sido dueños es de nuestras propias decisiones, de las decisiones que pagarán cuando las instituciones como hoy estén fallando.

¿Qué debe pensar este Senado y por qué mi voto en contra?

Mi voto en contra no es contra Jaime Rochín, mi voto en contra es por no haber sido capaces de pensar, reflexionar, razonar en las enormes fallas de los Poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la falta de acceso a la justicia, al permitir la impunidad, al generar complicidades entre poderes y perdonar errores, como lo estamos haciendo hoy, errores graves en el funcionamiento de las instituciones.

Estos errores graves que hoy vamos a aprobar, vamos a certificar, vamos a legitimar, porque no puede resolver el problema quien lo ha generado. Creo que este Senado tiene que ser más responsable.

Espero y deseo que en la reflexión, porque sé también que por mayoría este Senado aprobará este nombramiento, en la conciencia de cada uno de nosotros se encuentra el rostro de muchas personas que conocemos a quienes se les ha negado la justicia.

Se encuentra también entre ustedes ese pedacito de conciencia que al Poder Legislativo le ha hecho falta durante los últimos años. Se encuentre también en pensar que somos padres, hermanos, hijos, madres de muchas y muchos que pueden estar en esta situación también. No estamos exentos a lo que está pasando.

Como nunca, este país vive una grave crisis en materia de derechos humanos. No es hoy con este nombramiento como se va a resolver, por supuesto que no le deseo a nadie que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no funcione, pero por mi parte mi voto en contra me va a permitir con calidad moral exigir que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione; con mi voto en contra me va a permitir hacer los señalamientos que tengamos que hacer y no ser cómplice más de todos los nombramientos que hemos hecho y de los cuales nos hemos arrepentido.

Yo quiero, para las víctimas la justicia, la reparación integral y eso sólo se puede dar con el fortalecimiento de las instituciones.

Mi voto, adelanto, será en contra de los mecanismos que hemos usado para poder hacer este tipo de nombramientos. En la conciencia de cada uno estará cuando en el tablero aparezca por lo que queremos votar. Y espero que a los legisladores todavía nos quede conciencia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Adriana Dávila.

Senador Demédicis Hidalgo, ¿va hablar en contra, verdad? Entonces, permítame, si es tan amable, que pase el Senador Jesús Priego para hablar a favor, para ordenar el debate, si no tiene inconveniente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Priego Calva, para hablar a favor.

El Senador Jesús Priego Calva: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que un México más justo, igualitario y próspero sólo es posible a través de efectivo respeto, reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos.

Bajo esta premisa, acudo a la máxima tribuna para hablar a favor del dictamen con punto de Acuerdo por el que se ratifica a Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

Lo primero que debemos destacar es que, además de cumplir con los requisitos legales que exige el encargo de formación académica y experiencia profesional del maestro Rochín del Rincón, dejan de manifiesto que es un defensor y promotor de los derechos humanos.

Entre los encargos que ha desempeñado están los de Director Ejecutivo de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Asesor del Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 2016.

Igual de importante es referir que en el proceso de consulta que llevó a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, entre colectivos, organizaciones de la sociedad civil y expertos, en el que se recibieron 326 cartas, el maestro Rochín fue postulado con 131 menciones.

Lo anterior da constancia de que el maestro Rochín cuenta con el perfil, vocación y responsabilidad necesaria para ser el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas cuya finalidad es asegurar que la ayuda para la reparación integral del daño llegue a las víctimas que lo requieren.

En consecuencia, la ratificación del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, resulta fundamental para consolidar el combate contra la impunidad mediante una efectiva atención a víctimas.

En este orden de ideas, los integrantes del grupo parlamentario del PRI hacemos el llamado a sumar voluntades en beneficio de las víctimas, a fin de que éstas no sean susceptibles de sufrir alguna doble afectación y cuenten con una representación legal, profesional e integral ante distintas instancias judiciales.

Compañeras y compañeros Senadores, en medio de la pluralidad que distingue al Senado de la República, prevalece un amplio consenso de la relevancia que tiene el garantizar la protección de las víctimas y la reparación del daño, aspectos torales de la administración, procuración y acceso a la justicia.

Bajo esta tesitura, en todo momento, el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón ha demostrado ser una persona de resultados, proactiva, colaborativa y capaz de responder ante las situaciones de emergencia.

Reiterando que cuenta con el perfil idóneo, los legisladores del PRI reafirmamos que votaremos a favor del presente asunto y los invitamos a pronunciarse en el mismo sentido.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Jesús Priego Calva.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Decía mi compañera Adriana: "hay que poner atención en lo que estamos discutiendo el día de hoy". Pareciera que este Senado disfruta con la indiferencia que hay ante los grandes problemas de esta nación.

Estamos hablando ni más ni menos de un tema que ha lastimado al país de manera histórica, porque hay miles y miles de víctimas que no se les ha ni siquiera hecho justicia, teniéndolos en un padrón de víctimas a nivel nacional o a nivel estado.

El hecho de tener un Registro Nacional de Víctimas implicaría reconocer no después de la ley que crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino antes de la ley, 1968, Aguas Blancas, Acteal, etcétera, son temas donde hubo muchas víctimas, y seguramente el que va a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues dirá que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva.

Seguiremos haciendo un llamado para que en México se cree la comisión de la verdad sobre las matanzas que ha tenido este país, sobre la alevosía que ha tenido el Estado mexicano en contra de sus disidentes.

¿Por qué mi voto en contra? Porque para que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda funcionar, se requiere a alguien ajeno a los poderes fácticos, se requiere alguien ajeno que no esté bajo la influencia del Ejecutivo Federal. El presidencialismo, cuando toca algo, lo subordina, lo subyuga y lo hace también su víctima.

Por eso, es muy importante que el señor Rochín, quien fue candidato del Partido Acción Nacional en el 2012 a la Delegación Cuauhtémoc y que su nombramiento en su momento fue una cuota de poder, una concesión al Partido Acción Nacional, se crea una ley expresa para un individuo expreso, bueno, hoy tiene sin resolver temas que son fundamentales.

Yo sí quisiera que antes de que tomara protesta nos explicara cuál es el estatus que tiene el caso de Nochixtlán, en el cual fui un miembro activo de la Comisión Especial que se creó para este tema y que a la hora de buscar cómo se resarcía el daño, pues encontramos una ley totalmente inaplicable para lo que se creó, para ver cómo se resolvía el dolor de quienes sufrieron en su calidad de víctimas.

Sí me gustaría que antes de que tomara protesta explicara cuál es el estatus que guarda el expediente de Ayotzinapa que ha generado un parteaguas en este país en términos de atención a víctimas y en términos de violación de derechos humanos.

El propio Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México ha planteado, a partir del tema Ayotzinapa, que la tortura se ha generalizado en México y que todavía no se hace un deslinde de responsabilidades, en consecuencia, no se ha sancionado a nadie y, en consecuencia, no se ha resarcido el daño absolutamente de nadie.

Sí me gustaría de que antes de que tomara protesta, nos explicara el estatus de lo que pasó en Tanhuato, Michoacán. Lo mismo, no se han deslindado responsabilidades, no se ha sancionado a nadie y, en consecuencia, no se ha resarcido el daño absolutamente de nadie.

Lo que pasó en Apatzingán y lo que pasó en Tlatlaya y todos los casos de tortura que han sucedido en este país en donde agentes del Ministerio Público de manera alevosa también aceptan confesiones que vienen de personas torturadas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado.

El grupo de las autodefensas, el ataque a periodistas y defensores de derechos humanos, todo esto es necesario que se explique.

También decirles, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que a esta Ley General de Víctimas le falta publicidad. Si hacemos una encuesta nacional de qué mexicano o qué mexicana conoce la definición de lo que es una víctima, de lo que significa el principio de debida diligencia, qué es un hecho victimizante, qué es el derecho a la verdad, qué y dónde está el Registro Nacional de Víctimas y cuál fin tiene el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pues nos encontraremos en que nuestro pueblo está absolutamente a oscuras en este asunto.

No solo se debe crear una ley, se debe publicitar y el que la encabece debe tener autoridad moral; si el que dirige no es neutral, entonces el organismo que dirige también pierde su neutralidad.

Concluyo diciéndoles que ni una víctima más en México que no se le resarza el daño, son miles y miles de mexicanas y mexicanos que están esperando respuesta.

Desde aquí le digo, señor Rochín, aplique la ley sin distingos, evite el dolor y la desconfianza que la sociedad tiene en esta comisión, demuestre que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es un marbete más que inventó el gobierno para su lucimiento.

Y entonces creeremos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de Bachillerato SABES 21 de Marzo, de León Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García, agradecemos su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

El Senador Benjamín Robles ha entregado su texto con el razonamiento de su voto, para que se integre al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se concede el uso de la palabra, para razonar su voto, la Senadora Luz María Beristain, desde su escaño.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Voy a dar un leve posicionamiento, diciendo por qué voy a abstener mi voto.

Me voy a abstener porque me piden organizaciones civiles de Quintana Roo que yo comente que aunque el señor Jaime Rochín es una persona talentosa y con conocimientos, pues no estuvo a la altura de acuerdo a lo que las organizaciones quintanarroenses pueden opinar durante el tiempo que él estuvo desarrollando esta misma función.

Y me piden que hoy haga un pronunciamiento a favor de la candidata, que para varios grupos de Quintana Roo consideran que era la mejor carta, que es Julieta Morales, que demostró en su manera de moverse, pedir apoyos, y en su discurso y en su programa de trabajo, que tiene una clara idea de cómo atender a las víctimas y cómo respetar y proteger sus derechos, que eso es fundamental para el tema que nos ocupa, porque el clamor social es la falta de respeto y protección de los derechos humanos.

Entonces, quería informar por qué razón voy a abstenerme.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Luz María Beristain.

Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema ha sido suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Por supuesto, señor Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el tema ha sido suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Conforme al artículo 85 de la Ley General de Víctimas, para la aprobación de este nombramiento debemos reunir dos tercios de votos a favor.

Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 93 votos, de los cuales: 74 a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, por lo que solicito a las y los Senadores: Cristina Díaz, Sonia Rocha, Angélica de la Peña, Jorge Aréchiga y Graciela Ortiz, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante su toma de protesta.

(La comisión cumple)

Y si son tan amables de registrar el voto del Senador Sofío Ramírez y del Senador Tereso Medina, a favor. Y revisen por qué no se registraron en el sistema. Gracias.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, si son tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Comisionado!

Solicitamos a la comisión designada acompañe al señor Comisionado.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código de Comercio, en materia de uso de mecanismos electrónicos. Les recuerdo que la primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril de 2016.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 BIS, ÚLTIMO PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91 Y UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Lo que está a discusión ahora es un dictamen que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A este dictamen se le dio primera lectura el 26 de abril del año pasado, y ciertamente hubo algún sector, particularmente el sector de los corredores públicos que presentaron algunas objeciones.

¿De qué se trata? Se trata fundamentalmente que de mutuo acuerdo los correos electrónicos que reúnan las normas de seguridad que establece la Norma Oficial Mexicana 151 puedan ser utilizados en procedimientos, en juicios comerciales por ejemplo, o en procedimientos administrativos. De tal forma que nos evitemos, incluso, los fraudes que se dan por notificadores que engañan con la notificación o cosas por el estilo.

Hoy en día es mucho más seguro un correo electrónico, si hay manera de verificar el día y la hora en que se envió, el día y la hora en que se recibió, y adicionalmente dónde se guarda, no tiene que estar en el buzón de entrada o en el buzón de salida, de acuerdo con la norma tiene que seguir todo un procedimiento.

Y entonces, aquí hubo alguna objeción, pero esto, lo que camina es facilitarle la vida a los ciudadanos, a simplificar.

¿Por qué hacer comunicaciones escritas que pueden o no llegar al interesado?

Por ejemplo, una institución que tiene contratos con muchísima gente, una institución financiera que tenga que hacer notificaciones mediante actuario o mediante corredor público, a siete mil usuarios, me parece que es mucho más práctico si hay mutuo acuerdo solamente en esa condición, si se hace a través del correo electrónico certificado.

Ese es el propósito de esta iniciativa y celebro que se hayan resuelto todas las objeciones y que pueda presentarse, ahora sí, a segunda lectura, para su votación en caso de que ustedes lo consideren pertinente.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Héctor Larios Córdova.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas, en Austin, invitados por la Senadora Andrea García García.

¡Bienvenidos al Senado!

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Como lo ha señalado ya el Senador Héctor Larios, este dictamen que presentamos las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, busca desahogar una minuta que se envió a la Cámara de Diputados desde de abril de 2015, prácticamente tenemos dos años en esta discusión.

La primera lectura, lo dijo bien el Senador Larios, fue el 26 de abril del año pasado, y evidentemente se ha dado una discusión para aclarar el alcance de esta medida que va a ayudar más allá de los fracasos que ha habido en todos los intentos, desde regulación o simplificación administrativa, a facilitar muchos de los trámites vinculados con los procedimientos administrativos en el gobierno federal.

De ahí, este dictamen que modifica tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como el Código de Comercio, para establecer el uso de las comunicaciones electrónicas certificadas, lo que en el lenguaje de los usuarios de las redes se conoce también como la huella electrónica, el correo electrónico certificado, a fin de que este tenga el rango de ley como medio de comunicación del órgano administrativo hacia las partes interesadas en los casos de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas dentro del procedimiento administrativo.

Por supuesto, más allá de la reforma legal que hoy pudiéramos aprobar, la clave de la buena operación y la seguridad en la instrumentación de este procedimiento está en la revisión de la Norma Oficial Mexicana, que es la que va a establecer las bases para su operatividad, y recomendamos al Ejecutivo Federal se tomen las medidas técnicas adecuadas para garantizar su buena operación y funcionamiento.

Así que, este es un primer paso, aunque la clave en la implementación de esta reforma residirá en la Norma Oficial Mexicana que establezca ya la operación específica de estas comunicaciones electrónicas certificadas.

Por lo tanto, les pedimos su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Alejandro Encinas.

Entramos a la discusión en lo general, y tengo registrada, para hablar a favor, a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

El tema que vengo a exponer sobre la minuta que reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, es de la mayor relevancia.

Es de la mayor relevancia porque la mejora regulatoria debe ser una de las principales prioridades de la administración pública, en virtud de que permite simplificar los trámites administrativos y genera normas claras que coadyuvan en la eficiencia de nuestras instituciones. Esto se traduce en mejores servicios para los ciudadanos y empresas, además de ser un factor que detona el desarrollo económico.

Aunque el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su párrafo segundo, considera el uso de medios electrónicos como mecanismos para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes y las resoluciones administrativas, éstas no contemplaban el requisito de utilizar correos electrónicos certificados.

Las ventajas de utilizar este tipo de comunicación electrónica como medio para las notificaciones, radica en que estos brindan mayor seguridad porque brindan la certeza de que un mensaje de datos ha sido emitido por el firmante y, en consecuencia, le es atribuible su contenido.

La minuta también contiene diversas modificaciones al Código de Comercio, para que se puedan utilizar comunicaciones electrónicas certificadas, las cuales deben ser acordes a la Norma Oficial Mexicana referente a los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos.

Con estas medidas se busca brindar certeza de que los mensajes de datos son verídicos ante el incremento de delitos como el robo de identidad o el Phishing, estas medidas son más oportunas.

Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que con estas medidas abonamos a brindar mayor certeza jurídica en virtud de que los correos electrónicos certificados cuentan con distintas medidas de seguridad que garantizan su autenticidad y refuerzan el valor probatorio de las comunicaciones.

Consideramos que estas acciones abonan a los esfuerzos del gobierno federal, que tienen como propósito, que a través de la simplificación normativa, se potencialice el desarrollo económico, por lo cual es indispensable el uso de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación.

En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que con ello contribuimos a la mejora regulatoria, que se traduzca en mejores servicios para los ciudadanos y las empresas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senadora Pineda Gochi.

Ya no tengo más oradores registrados. Consulte, por favor, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido, y entonces haré el registro de reservas.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el tema se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. No tengo reservas registradas. Consulto a la Asamblea si alguien desea hacer alguna reserva.

Si nadie desea hacer ninguna reserva, ábrase el tablero electrónico para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto hasta por tres minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas del estado de Colima, invitados por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida también a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Atlacomulco, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean ustedes bienvenidos!



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 73 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo; y se adicionan un último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican el mismo número de nombramientos de Cónsules en los Estados Unidos de América.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de este día los cuatro dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La discusión y votación será por separado para cada dictamen.

En consecuencia, iniciaremos la discusión del dictamen con el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. El dictamen está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y después concederemos el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Señoras Senadoras, si desean hacer la presentación, de una vez, de los cuatro dictámenes, pueden hacerlo en una exhibición, aunque la votación se hará de manera individual.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En efecto, en esta intervención presentaremos los cuatro nombramientos que hemos valorado en las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Estos cuatro nombramientos hechos por el titular del Poder Ejecutivo Federal, son a los ciudadanos Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América; Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América; Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América; y el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

La importancia de la relación bilateral México-Estados Unidos, se hace palpable en los vínculos que guardan ciertos estados o localidades de uno y del otro lado. La interdependencia bilateral se visibiliza en el intercambio comercial, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos 22 años.

Tan sólo en Texas, las exportaciones a México han aumentado un 365 por ciento desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cada minuto México y Estados Unidos comercian más de 1 millón de dólares. De un total de 50 estados, 30 de ellos tienen como primero, segundo o tercer socio comercial a nuestro país. En promedio, los 12 millones de migrantes que radican en Estados Unidos, gastan aproximadamente el 87 por ciento de su salario en la economía estadounidense.

De nuestro lado, las remesas, que constituyen una de las principales fuentes de ingresos de divisas, han crecido en prácticamente todas las entidades de la República. El 44.5 por ciento de la población de personas que viven en la pobreza en México, se concentra en los 10 estados que más dependen de las remesas.

En Michoacán, por ejemplo, el 9.9 por ciento del Producto Interno Bruto deriva de este concepto; en Guerrero, el 7.8 por ciento, y en Oaxaca, el 7.4 por ciento.

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, ha instrumentado políticas para poner término a la inmigración indocumentada en el país, con lo que se busca agilizar las deportaciones y robustecer los mecanismos de control en la frontera, incluso, se anunciaron medidas que pretenden deportar a migrantes a los países desde los que ingresaron, y qué decir de la terrible amenaza de separar a las madres de sus hijos.

Estas condiciones siembran terreno fértil para que los derechos de los inmigrantes se vean socavados. Las mismas directrices destinan los recursos para la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos, y exigen a las dependencias gubernamentales cuantificar la ayuda que se destina a México, misma que se podría cancelar.

El Estado mexicano debe responder efectivamente ante los retos que impone uno de los momentos de mayor tensión en esta relación bilateral.

No podemos permitir que los mexicanos más vulnerables paguen el precio de las omisiones de su país y de sus gobiernos, y de una política errada que solamente emite una respuesta tardía, ante la hostilidad de esta administración estadounidense.

Por un lado, México debe fortalecer a las comunidades expulsoras de migrantes, dependientes de las remesas, para recibir y reinsertar a los migrantes en retorno con oportunidades de desarrollo suficientes.

Por el otro, es urgente desplegar más y mejores acciones para una atención y protección consular integral hacia la comunidad mexicana y de origen mexicano en los Estados Unidos.

El Estado mexicano debe articular una política exterior contundente, que se dirija hacia un único rumbo, debe emprender un proyecto de diversificación, al tiempo que endereza la relación con los Estados Unidos.

La firme defensa de los intereses de México y de los mexicanos debe verse reflejada en la protección del patrimonio de los connacionales, del envío de remesas y, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para ello, es indispensable contar con los recursos materiales y humanos necesarios, con acciones puntuales y coordinadas que trasciendan las divisiones y el cortoplacismo, los mecanismos ya están dados, los consulados cuentan con diversos programas de atención a los connacionales, mismos que han venido mejorando sustantivamente desde hace años.

Podemos mencionar los Consulados Móviles y las jornadas de servicio extendidas, los programas de educación financiera, acuerdos con los bancos para facilitar el acceso a sus servicios, las visitas y el acompañamiento legal a los mexicanos detenidos en las cárceles para vigilar que se respeten el debido proceso y los derechos humanos.

Se necesita duplicar el alcance de todos estos mecanismos para sacar mayor provecho de ellos y, por supuesto, seguir ideando nuevas formas para proteger y procurar el desarrollo de las comunidades mexicanas.

Qué decir del verdadero empoderamiento de las comunidades mexicanas en el exterior, de lograr que aquellos que ya tienen derechos para votar, también se animen a ser votados y se animen a construir una mejor historia para los mexicanos que residen en los Estados Unidos.

Esperemos que ahora sí, el Estado mexicano centre su atención en lo que más importa, en las personas, para esto será imprescindible contar con una diplomacia consular sólida y multidimensional.

Los cónsules que representan a los mexicanos deberán desempeñar una labor extraordinaria, la acción de los Consulados debe dejar de ser reactiva e ir un paso delante de la coyuntura.

Tienen el enorme reto de contrarrestar el miedo y la incertidumbre que enfrentan nuestros migrantes y suscitar la confianza que las autoridades, en ocasiones, no han logrado generar.

Más allá de realizar sus tareas cotidianas, será indispensable que salgan de sus oficinas para acercarse a la población migrante que hoy vive en el miedo.

Deberán realizarse toda clase de esfuerzos para prevenir deportaciones y garantizar que aquellas que se lleven a cabo se hagan de forma segura, ordenada, digna, respetando en todo momento los derechos humanos.

Es menester priorizar la protección a las niñas, niños y adolescentes no acompañados, así como a la reunificación familiar de los migrantes.

Entre discursos que señalan, discriminan y criminalizan a los mexicanos, los cónsules tienen la tarea de dar voz a una comunidad de trabajadores, empresarios, estudiantes y familias que además de luchar por mejores oportunidades para los suyos, hacen grandes contribuciones a los Estados Unidos.

Visibilizando la realidad de estas personas, se podrá hacer justicia a la perjudicada imagen de nuestro México en los Estados Unidos y a la vez generar conciencia sobre el peso que tiene el país en diversos ámbitos de la vida de la sociedad estadounidense.

Por supuesto, desde los Consulados se puede explotar también el potencial poder suave de México, desde la difusión cultural y mediática en conglomerados hispanos, como los que hay en los Consulados en cuestión, y también se debe acompañar y formar a los líderes comunitarios para involucrarlos en esta empresa.

De la misma forma se requiere potenciar la presencia de México entre los tomadores de decisiones en Estados Unidos, no solamente en Washington, en la capital, sino en todos los estados de la Unión Americana, en donde la relación es claramente más dinámica, intensa y tangible.

Para ello, deberán los cónsules entablar contactos cercanos y personales con los gobiernos locales, con alcaldes, alguaciles, fiscales y dirigentes de la policía, y especialmente se deben crear alianzas con legisladores de ambos partidos en el Congreso.

Es vital aprovechar la disposición que muchos gobernadores y Senadores han mostrado para colaborar con nuestro país en favor de los derechos de los migrantes, incluso, en favor de una legislación pro-migrant, para esto se requerirá, y los instamos a trabajar muy de la mano y muy cerca con este Senado de la República, será fundamental mantener al tanto al gobierno mexicano sobre cambios en la política de los gobiernos y legislaturas locales, así el monitoreo y el cabildeo son clave para los cuatro Consulados, para los cuales han sido nombrados nuestros comparecientes.

California es el estado con la representación más grande en el Congreso Federal y es considerada la sexta economía del mundo. México es su primer socio comercial, el 31.9 por ciento de su población es de origen mexicano, el gobernador Jerry Brown, se ha mostrado afín a nuestro país, y a los migrantes, se han presentado múltiples iniciativas para defender sus derechos y para continuar proveyéndoles servicios de salud y educación, incluso, en 2015 creó la Oficina de Integración del Migrante.

Texas, le sigue a California como la segunda representación más grande en el Congreso Federal, el 33.5 por ciento de la población total es de origen mexicano, y siendo la novena economía mundial, su principal mercado y abastecedor es México, destinatario del 37 por ciento de sus exportaciones y fuente del 33 por ciento de sus importaciones.

Y si bien el gobernador Greg Abbott se mostró a favor de poner fin a la ciudad santuario, en Texas, en el Senado se han presentado iniciativas para apoyar a los migrantes, particularmente en el tema educativo.

El Consulado General de México en San Antonio, atiende a 2.3 millones de personas de origen mexicano, por lo cual, lo consideramos un Consulado estratégico.

Colorado es uno de los principales centros de distribución de Estados Unidos con 40 millones de consumidores. México es su segundo mercado y su tercer abastecedor, más de 100 mil empleos en Colorado dependen del comercio con nuestro país, del total de la población mexicana de 231 mil personas en el estado.

Y, por último, Florida.

Florida tiene una población de origen mexicano de 668 mil 344 habitantes, es el tercer estado en importancia en representación en el Congreso Federal, su gobernador actual, el Republicano Richard Lynn Scott, apoyó la candidatura de Donald Trump.

En 2015, México fue su segundo abastecedor y su tercer mercado; 57 empresas de Florida invierten en nuestro país; 453 mil turistas mexicanos visitaron Florida en 2015.

Siendo estos cuatro estados de gran importancia, no solo para nuestro país, sino también nuestro país para la vida tanto política, como comercial y laboral en esos estados, los nombramientos que analizamos tienen la mayor relevancia.

Como hemos ya avanzado, en el primer caso, la ciudadana Berenice Rendón Talavera denota la experiencia necesaria para encabezar el Consulado General de México en Denver, Colorado.

Es diplomática de carrera desde 1977 y cuenta con el rango de Embajadora desde 2006.

Fue Embajadora de México en la República de El Salvador, y hasta febrero fungió como Asesora Especial para Asuntos Consulares en la Dirección General de Servicios Consulares.

Fue Cónsul Titular de México en Brownsville, Texas, e impuso la apertura del Consulado de Las Vegas, Nevada.

Consideramos que la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva se podrá desempeñar como Cónsul General de México en Sacramento, California, por su trayectoria diplomática.

Ha fungido como Jefa de Cancillería en la Embajada de México en Francia y como Jefa de Sección de Asuntos Políticos y Fronterizos en la Embajada de México en los Estados Unidos.

La ciudadana Reyna Torres Mendivil, sabemos que podrá desempeñarse debidamente como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, por los diversos cargos que ha ocupado en la Cancillería, embajadas y consulados.

Destaca su puesto en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, su titularidad como Cónsul de México en Fresno, California; su desempeño en el área política de la Embajada de México en los Estados Unidos como enlace con el Congreso, Instituciones Académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Aquí hay que aclarar que apenas hace pocos meses nombramos a un Cónsul en San Antonio y hoy tenemos esta sustitución sin que se nos hayan aclarado ni en los documentos, ni durante la comparecencia las razones de esta sustitución.

Y, por último, el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia podrá llevar una buena labor en el Consulado General de México en Miami, Florida, por su distinguida formación y trayectoria.

El ciudadano Saavedra Archundia es Doctor en Ciencias Políticas, fungió como Cónsul Titular; de México en Frankfurt, y en el Consulado General de México en Dallas, Texas, se desempeñó como Vocal de Trámites Migratorios, Desarrollo Familiar y Defensa de Derechos Humanos en el Departamento de Protección y Programa Paisano.

Son estos los cuatro nombramientos que ponemos a su consideración desde las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, en donde realizamos una minuciosa labor, analizando cada uno de los planes de trabajo y los perfiles presentados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barron, que ha presentado en una exhibición los cuatro dictámenes de los Consulados de Sacramento, Denver, San Antonio y Miami.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar también los cuatro dictámenes en una exhibición.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros del Senado de la República:

Bueno, pues primeramente en uso de las facultades constitucionales del Presidente Enrique Peña Nieto, se sometió a esta Soberanía la designación de cuatro ciudadanos para desempeñarse como Cónsules Generales en Denver, Colorado, me refiero a la ciudadana Berenice Rendón Talavera; en San Antonio, Texas, a Reyna Torres Mendivil; en Sacramento California a Ilse Lilian Ferrer Silva; y en Miami, Florida, a Horacio Aarón Saavedra Archundia.

Los planes de trabajo que nos dieron a conocer estos cuatro ciudadanos designados, incluyen la puesta en marcha de once medidas que se han instruido desde el Ejecutivo Federal para proteger a los mexicanos, sobre todo en esta coyuntura tan difícil de la llegada de Donald Trump y de la política pública del gobierno de Estados Unidos hacia nuestros connacionales.

Voy a enumerar algunas, como es el aumentar la presencia de Consulados Móviles para ofrecer servicios integrales de protección y documentación, por supuesto que un mayor número de personas en todas las comunidades.

Alguna otra es aumentar el número de citas para otorgar documentos de identidad, como el propio canciller dio nota en cuanto a que emitió la primer acta de nacimiento en Estados Unidos, entonces esto tiene que ver en la promoción y que funjan también estas entes, que son nuestros consulados, que son 50, como entes de Registro Civil en expedición de actas de nacimiento de hijos de nacionales mexicanos.

Se va a acelerar también la apertura de ventanillas y asesoría financiera y fortalecimiento de campañas para la bancarización; pero, por supuesto, también el emitir programas muy, muy enfilados a la protección del patrimonio de nuestros connacionales.

Por ejemplo, cuando un connacional es sujeto o está frente a una deportación tiene también cuentas y, sobre todo, si ha tenido ya la experiencia de estar ahí por varios años en cualquier, vamos a decir, en cualquier estado o en cualquier ciudad, y de pronto se ve obligado a ir a los centros de detención por parte de la Patrol, y qué pasa con todo su patrimonio, tiene coches, tiene enseres domésticos, entonces es importante que se dé todo un plan para proteger ese patrimonio, para prevenir una posible, no solo deportación y la garantía de sus derechos, sino también sus derechos patrimoniales.

En primer lugar, quiero hacer todo un análisis de lo que presentó Berenice Rendón, que ella es designada como Cónsul General de México en Denver, Colorado, ella reconoció la necesidad de aprovechar la posición a favor de nuestro país, hacia el gobernador, en beneficio del fortalecimiento de la relación con México, y así como de establecer un diálogo político de primer nivel con alcaldes, empresarios y organizaciones.

Con un número de indocumentados cercano a 180 mil, en Colorado, las tareas de documentación y protección habrán de multiplicarse.

También Rendón Talavera posee amplia experiencia en materia consular al haberse desempeñado con anterioridad en consulados como Las Vegas, Nevada, Brownsville, Texas, además de haber sido Asesora Especial para Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuenta con toda la experiencia y, pues yo sí quisiera que la apoyaran para que sea nuestra próximo cónsul.

Por lo que toca al Consulado General de México en San Antonio, Texas, comenzaremos por decir que se trata de la representación de nuestro país en un estado para el que México representa el principal socio comercial.

La población mexicana ahí es cercana al 10 por ciento del total, proviniendo básicamente de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, porque la propuesta principal de la cónsul designada es la de convertir esta representación en una auténtica defensoría de los mexicanos, en especial, de los más vulnerables.

La infraestructura universitaria en San Antonio es ideal para continuar colaborando con intercambios académicos, seguir profundizando con el famoso programa FOBESII, que tiene en lo general una meta de 100 mil estudiantes, y que en este año ha arrojado aproximadamente un avance alrededor de 36 mil, por lo que debemos seguir fomentando esta voluntad política que se dio en el último diálogo de alto nivel, claro, entre el Presidente Barack Obama y el Presidente Enrique Peña Nieto, vamos a creer y a querer que se siga aumentando el número de estudiantes a través de este programa FOBESII.

Al ser la segunda representación más grande en el Congreso Federal, la oportunidad de interlocución con legisladores federales, habrá de ser explorada al máximo por la ciudadana Reyna Torres Mendivil, es un perfil competente y experimentado al haberse desempeñado anteriormente como Directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior y como Cónsul de México en Fresno, California.

Paso a referirme ahora a Sacramento California.

En el caso de Ilse Lilian Ferrer Silva, quien se acerca o se acercará a California, que es, como todos saben, la sexta economía del mundo y el más poblado estado de la Unión Americana, el bastión de las tecnologías de punta.

Y además, es un estado amigo de México, entrañablemente amigo de México, y Sacramento, su capital abarca la jurisdicción más grande de los 10 consulados de México en el estado de California.

Allí se llevará a cabo una política eficaz de cabildeo o de sensibilización para que se aprueben las iniciativas en favor de los migrantes, también se trabajará con El Caucus Latino que lo preside un gran amigo de México, el Senador Ben Hueso, que ha estado aquí en múltiples ocasiones, y que ha visitado a la Mesa Directiva, Ben Hueso, es un hombre poderoso, pero es un hombre que no niega sus raíces y, sobre todo, que está cerrando día a día con su trabajo la brecha de discriminación, porque aunque sea California, de vez en vez hay algún tipo de discriminación.

En el caso de Ilse, se aprovechará el excelente nivel de interlocución que California tiene con México a favor de la expansión de negocios e inversiones entre las dos partes.

Acompañará también los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades mexicanas y de origen mexicano que promueven el empoderamiento de nuestros connacionales, en términos políticos, de protección a su patrimonio y en la promoción de la doble nacionalidad.

Asegurará que diplomacia parlamentaria de nuestro país sea una herramienta útil y efectiva para la relación bilateral entre México y California, y en coordinación con la Cancillería, la Semarnat y la Sener, fortalecerá también el diálogo con California en materia de cambio climático y energía renovable.

Hay que decir que también California firmó varios Memorándums de Entendimiento con algunos, entre ellos con la Ciudad de México, Nuevo León, mi estado, Sonora, y con otros estados, finalmente, porque California promueve y profundiza precisamente el uso de energías renovables, de energías limpias, y es un líder en la materia.

Entonces, creo que es algo que también a través de nuestro consulado se puede seguir avanzando.

Finalmente me referiré al caso de Horacio Aarón Saavedra, él va a Miami, quien de ser ratificado por este Pleno, va a tener un trabajo arduo, porque sabemos que Miami no tiene tantos mexicanos como en otros estados, tiene 600 mil mexicanos o de origen mexicano, pero además, está a punto de que no sea un estado más bien una ciudad-santuario, y creo que se puede profundizar en otros ámbitos, como es el ámbito económico, empresas como Cemex, Alfa, Femsa, están ubicadas en Florida, creo que se puede vincular la actividad económica mexicana de empresas de orden mundial y poderosas para poder abrir y desplegar actos de diplomacia consular en favor de México.

Concluyo diciendo que los ciudadanos que comparecieron en la Comisión de Relaciones Exteriores yen la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que me honro en presidir, cuentan con las cartas suficientes para desempeñar fehacientemente el cargo para los cuales han sido conferidos.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senadora Marcela Guerra.

El Senador Miguel Barbosa desea hacer uso de la palabra, y si hay alguien más que desee hacer uso de la palabra, nos avisa para registrarlo, por favor.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa, y estaríamos en la discusión en lo general.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Quiero reconocer la labor que desarrollan las comisiones que presentan el dictamen sobre cuatro cónsules, de verdad, advertir que debe ser de la mayor atención para el Senado de la República la designación de quienes tendrán que defender a nuestros connacionales en Estados Unidos, un país donde se ha desbordado el racismo y la xenofobia.

Así es que, debe ser un análisis profundo de a quién vamos a aprobar. No hemos en el Senado podido alcanzar un mecanismo para que se pueda hacer una auscultación de las capacidades de los cónsules propuestos por el Ejecutivo.

Yo sí creo en que la representación de México en el mundo tiene un buen nivel, un alto nivel, conozco de lo que han desarrollado embajadores y cónsules en muchas partes del mundo.

Pero quiero expresar una preocupación, la preocupación es que nos acostumbremos    los mexicanos, y lo peor sería, los servidores públicos, los representantes populares como los Senadores, a que los agravios a los mexicanos deben ser cosa de todos los días.

Y por eso cuando hagamos la aprobación de un nombramiento así, debiéramos revisar las condiciones que se presentan en cada lugar donde van a ejercer la función de representantes del Estado mexicano.

No hago ningún reproche al Senado de la República, es una función que se desarrolla con el interés de todos; me sumo al trabajo que hacen las comisiones de dictamen en este caso, pero, de verdad, alzo la voz para que esa posición de acostumbrarnos, de acostumbrarnos a los agravios que todos los días se hacen en contra de mexicanos, no sea un asunto que impere como una inercia.

Cada vez más atentos a la labor del Senado en materia de relaciones exteriores, recordarles a todos que está pendiente la construcción de un documento en donde se plasme la política de Estado, del Estado mexicano en esta materia, para esta crisis que no la hemos terminado de resolver y que si no lo hacemos no habríamos estado a la altura de los requerimientos que como órgano constitucional, con atribuciones para ello, debe tener una función de la más alta responsabilidad.

Así es que, el voto que emitiré es un voto a favor de las personas propuestas, solamente decir, que, como diría mi compañero Fidel Demédicis, al que estoy provocando para intervenir, le damos el voto de confianza, pero estaremos pendientes de su     desempeño.

Gracias a todas y a todos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Barbosa.

No habiendo más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Les recuerdo a los Senadores que se están incorporando, que lo que estamos votando es el primer dictamen de la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. Es el primer dictamen, y les pido no abandonar la sesión, toda vez que tenemos otras tres votaciones.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. Comuníquese. La protesta de la cónsul se hará en conjunto con los otros cónsules, en su caso.





 

Tenemos la discusión del dictamen con el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. El dictamen está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La presentación del dictamen ya fue realizada. Preguntaría si hay oradores.

No tengo oradores registrados, por lo tanto, ábrase el sistema de votación por tres minutos para recoger la votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. Comuníquese. La protesta de la cónsul se hará en conjunto con los otros, de ser el caso.

Les informo que faltan dos votaciones, señoras y señores Senadores, para que no se retiren del Pleno.





 

Pasamos a la discusión del dictamen con el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. El dictamen está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Al igual que los otros dos dictámenes, ya fueron presentados en la exhibición anterior, por lo tanto, se encuentra a discusión.

Toda vez que no tengo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Comuníquese. La protesta de la Cónsul Torres Mendivil, será en conjunto con las de los otros cónsules, en su caso.





 

Pasamos a la discusión del dictamen con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. El dictamen está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La presentación de este dictamen ya se hizo con anterioridad. Por lo tanto, está a discusión.

Toda vez que no tengo oradores inscritos, ábrase el tablero de votación hasta por dos minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 73 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Comuníquese.

Procederemos a la toma de protesta de los cónsules, cuyos nombramientos acabamos de ratificar.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran las ciudadanas Ilse Lilian Ferrer Silva, Berenice Rendón Talavera y Reyna Torres Mendivil y el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores: Esteban Albarrán Mendoza, José María Martínez Martínez, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila, Jesús Priego Calva y Sonia Rocha Acosta, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones para tomar la protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Pido a la Asamblea ponerse de pie para tomar la protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadanas y ciudadano Cónsules, el Senado de la República los ha ratificado en los siguientes cargos:

Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California.

Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado.

Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas.

Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, todos en los Estados Unidos de América.

En consecuencia, les consulto:

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Los Ciudadanos Ilse Lilian Ferrer Silva, Berenice Rendón Talavera, Reyna Torres Mendivil y Horacio Aarón Saavedra Archundia: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades, señoras y señores cónsules!





 

MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, daremos cuenta de las ampliaciones del turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Les informo que la Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno de los siguientes asuntos:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La diversidad de ideas es una de las características que enriquecen al desarrollo de la colectividad. A nivel nacional puede y debe generarse un panorama para que se exterioricen las múltiples formas de expresión que al día de hoy han surgido para hacer la diferencia, en este sentido la juventud juega un papel fundamental como artífice de esta valiosa y compleja tarea.

Históricamente la población joven se ha visto en la necesidad de buscar espacios y formas de expresión múltiples, ha tenido que lidiar con las limitantes que en algún momento fueron impuestas y que transgredían flagrantemente su libertad de expresión. Actualmente, gran parte de todos esos límites al ejercicio de sus derechos fundamentales se han difuminado gracias a la entereza, pasión y determinación con las que se han manejado los jóvenes mexicanos, quienes, generación tras generación han demostrado que sus ideas tienen fundamentos dignos de ser parte en la agenda pública del desarrollo nacional.

Es indispensable la participación de todos los sectores de la sociedad en la planeación y aplicación de las políticas y programas sociales, pues “el acercamiento de los administrados con la administración pública va acotando aún más el actuar arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos que permiten la participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas que pueden afectar sus bienes, derechos y/o intereses”.1 En este sentido, los jóvenes como grupo social exigen la instrumentación de su participación en los planteamientos que haga la administración pública en el marco de sus funciones, los cuales tienen que apegarse al contexto que rija la dinámica del país.

México tiene una población joven que bien merece la protección de sus derechos a través de las normas nacionales así como por los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano es parte, no obstante, es momento de dar un paso firme hacia la materialización fiel de esos derechos con la finalidad de crear una plena percepción social de que la capacidad, creatividad y el entusiasmo son características esenciales de la juventud mexicana.

Aproximadamente en México hay 37 millones504 mil 392 jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, los cuales representan el 31.4% de la población total del país.2 Con base en estas cifras, cabe la posibilidad de afirmar que la participación de este sector es fundamental para la toma de decisiones, desde sus distintas vertientes, que fijan el rumbo en la construcción de un Estado democrático.

El impulso a programas especiales orientados a mejorar las condiciones de vida y educación de los jóvenes es solo una parte para la protección y procuración integral de sus derechos, es tiempo de que el ejercicio efectivo se dé en un plano previamente establecido para escuchar, canalizar e impulsar las ideas innovadoras producto de la valiosa comunidad joven. Hoy más que nunca cobra relevancia la perspectiva fresca y realista que este sector ofrece en el diseño de las políticas y programas, no solo en los dirigidos a jóvenes, sino también en los de amplio alcance que benefician a la sociedad en su conjunto.

Las formas de cohesión social en su más amplio sentido tienen su origen en un sector caracterizado por proponer, escuchar y hacerse escuchar, es decir, en la comunidad joven. Las modalidades para enfocar toda esa energía positivamente tienen que ir de la mano de las instituciones y autoridades, las cuales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deben mostrar su disposición para trabajar las ideas, proyectos y puntos de vista de los jóvenes luchan por mejorar su entorno.

Mucho se ha discutido respecto de la forma en que se emplea del término “juventud”, desde su utilización como edad social o biológica hasta su concepción como unidad, sector o comunidad. Sin embargo, para efectos de la presente exposición es viable adherirse a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual considera que la población joven a quien se dirige esa norma, es aquella cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años. En este sentido, el propio entramado normativo nacional ha delimitado de igual manera hacia quiénes se impulsa la presente iniciativa.

De lo anterior, se puede inferir que hay una gran brecha entre las edades limites citadas con antelación, toda vez que evidentemente el punto de visita de una persona de 12 años es totalmente diferente al de una persona de 29 años de edad; sin embargo, esa multiplicidad de perspectivas es la que enriquece al propio sector, y la forma en que deba abordarse dando tratamiento a las propuestas de diversos temas los cuales tienen que plantearse a partir de una división en grupos de edad que compartan características comunes y una perspectiva de la sociedad acorde a su experiencia y entendimiento del entorno.

“Los jóvenes poseen perspectivas y opiniones importantes que a menudo no son escuchadas. La participación activa da poder a los jóvenes y puede jugar un papel vital en su propio desarrollo. Para aumentar la participación es necesario que haya una comprensión más colectiva y mejorada de lo que implica la participación de los jóvenes y cómo se puede hacer comprender por los niños y adolescentes”.3

La participación social a que se refiere la presente iniciativa no debe permanecer estática en la letra de la ley, sino que su inclusión tendrá efectos que incidan directamente en la forma en que los jóvenes se acercan a las autoridades e instituciones a proponer, evaluar o analizar alguna cuestión de su interés, en el ejercicio de un derecho legítimo por el simple hecho de formar parte de la sociedad. La participación social como concepto general tendrá que ceñirse a lo establecido actualmente por la Ley de Desarrollo Social vigente, la cual en el glosario contenido en su artículo tercero, la define como un derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.

La finalidad de lo anterior es que este grupo poblacional sea tomado en cuenta en las decisiones que se toman en materia de derechos sociales, pues como es lógico, se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo de la colectividad en su conjunto, por tanto, los incluye como un sector fundamental para ver materializados los fines de la protección a los derechos que un primer momento el Estado les garantiza.

A manera de ejemplo está la participación social en la educación, la cual ya está regulada en la Ley General de Educación, pero únicamente se encarga de promoverla en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Si de la misma manera se promoviera esta participación en todos los demás sectores, los jóvenes tendrían voz y expectativas claras respecto de lo que esperan de las autoridades e instituciones responsables en las materias a fortalecer.

En este sentido, es importante señalar que a nivel internacional es altamente valorada la juventud como sector de cambio social, pues en el marco del Día Internacional de la Juventud 2016, la Sra. Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su mensaje refirió que “los jóvenes no solo son nuestro futuro, también son nuestro presente. Nuestro planeta nunca ha sido tan joven, ya que en él viven 1.800 millones de jóvenes. Se trata de la generación más conectada, franca y abierta que ha habido en el mundo hasta ahora. Esos jóvenes son poderosos agentes de un cambio positivo, que es esencial para llevar adelante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.4

Asimismo, la Sra. Bokova también exhorto “a todos los Estados Miembros y asociados de la UNESCO a que apoyen sus iniciativas, les permitan expresar su opinión y les dejen realizarse para configurar juntos el futuro de dignidad…”;5 esta solicitud no puede quedarse en el plano retorico, pues de su correcta instrumentación dependerá el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales.

Por tanto, y retomando el cauce de este tema en el ámbito nacional, el equilibrio de la participación social de la juventud deberá equiparse en cierto sentido a la participación ciudadana que se da en lo general respecto a las políticas sociales, un balance que parte de las premisas6 siguientes:

I) “La institucionalidad social puede favorecer o no la construcción de la ciudadanía.

II) La ciudadanía es un camino de doble vía. Por una parte, su desarrollo exige el reconocimiento y ampliación de los derechos sociales, así como el respeto de su diversidad. Por otra parte, el desarrollo de la ciudadanía exige reforzar la solidaridad como principio de organización social.

III) Para que los procesos de formación de las políticas sociales y los servicios sociales contribuyan a la construcción de la ciudadanía, no basta con que se produzcan más y mejores resultados, sino que es indispensable que éstos sean equitativos. Además, deben traducirse en un reforzamiento de la auto organización social.

IV) La generación de estos tipos de resultados requiere que la construcción de la institucionalidad social se guíe por tres criterios: eficiencia, democracia y solidaridad.

V) La participación ciudadana puede contribuir a hacer presente los criterios dela eficiencia, la democracia y la solidaridad en las políticas sociales, a cuyos efectos las preguntas acerca de ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué recursos? Se ejerce la participación ciudadana, deben ser respondidas expresamente en función de esos criterios”.

Por lo anteriormente citado, es importante trabajar para que las condiciones de los espacios de participación de la juventud se adecuen al grado de lograr consensos claros, los cuales darán origen a proyectos e iniciativas congruentes dignas del impulso institucional. Ahora bien, no basta solo con la apertura de estos escenarios, sino que además es indispensable que se fijen los objetivos base de la materialización de esas valiosas propuestas, pues tal como se ha aseverado en la presente exposición, en muchas ocasiones el país se ha cerrado a escuchar la opinión del sector que más reciente la actuación de las administraciones públicas en turno: las decisiones del presente, naturalmente, afectaran al futuro y los jóvenes tiene el legítimo derecho a ser parte de las mismas.

Precisamente la modificación a los preceptos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, busca:

1) Que el IMJUVE en su calidad de organismo público descentralizado y principal estratega en el desarrollo de la juventud del país, tenga por objeto instrumentar los mecanismos de participación social para que los jóvenes se incorporen a la dinámica del desarrollo nacional, una tarea que requerirá de la coordinación de todos sus órganos de administración, quienes en el ámbito de sus atribuciones darán el respectivo cauce e impulso a las necesidades e inquietudes de los jóvenes.

2) En específico, que el IMJUVE en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social, encargada de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Federal, generen las condiciones de participación para que los jóvenes incidan activamente en las tareas de planeación y operación de las políticas sociales del país.

3) Que para el cumplimiento de su objeto, el INJUVE tenga la atribución de recibir y canalizar las inquietudes de la juventud, a partir del acondicionamiento de medios idóneos tendientes a hacer efectiva su participación social en la vida y desarrollo nacional.

Por tanto, la presente iniciativa hace hincapié en que los jóvenes como grupo social caracterizado por la innovación, energía y percepción realista de su entorno, debe ser valorado con justeza y tomado en cuenta en la mayor medida de lo posible en la dinámica nacional, toda vez que su participación guiará el rumbo de un Estado democrático caracterizado por actuar en legitima representatividad respecto de la toma de decisiones.

La política de desarrollo social de forma paulatina tendrá que mirar hacia los jóvenes, no solo como sujetos a quienes se dirigen sus acciones, sino también como una voz que demanda un país sabedor, receptor e impulsor de las propuestas de la sociedad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como siguen:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I…

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país a través de mecanismos de participación social;

III a VII

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I a II…

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad a través de mecanismos que promuevan su participación.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV a VII…

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a VII…

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventudpor medio de mecanismos de participación social;

IX a XVI…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Junta Directiva del Instituto deberá realizar las adecuaciones correspondientes a su normatividad en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la vigencia de este Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I…

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

III a VII

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I…

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país a través de mecanismos de participación social;

III a VII

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I a II…

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

 

IV a VII…

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I a II…

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad a través de mecanismos que promuevan su participación.

IV a VII…

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a VII…

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

 

IX a XVI…

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a VII…

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud por medio de mecanismos de participación social;

IX a XVI…

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 López Olvera, Miguel Alejandro, Participación ciudadana y acceso a la información pública. Véase el artículo en referencia en Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados, Ernesto Villanueva, (coordinador), México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. Libro electrónico disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2404-derecho-de-la-informacion-culturas-y-sistemas-juridicos-comparados

2 Datos consultados en el artículo ¿Cuántos jóvenes hay en México?, publicado en gob.mx el 25 de julio de 2016. Disponible en: https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cuantos-jovenes-hay-en-mexico

3 Organización n delas Naciones Unidad, Departamento de Asuntos económicos y sociales, Participación activa de la juventud para el futuro, 13 de abril 2011, Nueva York. Articulo disponible en:
http://www.un.org/es/development/desa/news/social/youth-participation.html

4 Véase el Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto de 2016. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-youth-day/

5 Ídem

6 Cunil Grau, Nuria,Balance de la participación ciudadana en las políticas sociales. Propuestade un marco analítico. Texto contenido enParticipaciónCiudadanay Políticas Socialesdel Ámbito Local, Alicia Ziccardi, (coordinadora), México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Libro electrónico disponible en: http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%20politicas%20sociales%20en%20el%20ambito%20local.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de noviembre de 2012, diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura delos Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa que tenía como propósito modificar la estructura de la Administración Pública Federal, reformando con ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Bajo la pretensión de cumplir con los compromisos adquiridos en campaña, el presidente electo para el período 2012-2018, necesitaba contar con las dependencias que le permitirían desde un principio cumplir con sus objetivos prioritarios.

Una de las propuestas de reforma fue:

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en materia, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.

Con el planteamiento inicial de un nuevo esquema de seguridad y debido al aumento generalizado del crimen organizado en el país y consecuentemente la atroz ola de violencia, los legisladores consideraron como respuesta a esta situación que la Secretaría de Gobernación fuera la dependencia de la Administración Pública Federal que tuviera las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad interior y pública, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario a nivel federal y en consecuencia, se propuso simultáneamente la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así a la Secretaría de Gobernación le correspondería formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garantizarían la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvando a la prevención del delito; protegiendo a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardando la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propuso que fuera la Secretaría de Gobernación la que presidiera el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República; la que propusiera acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el entonces Distrito Federal, estados y municipios; la que propusiera al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la profesionalización policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la que participara, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales; y la que coordinara las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley.

En virtud del diseño institucional y conceptual en materia de seguridad pública, la Secretaría de Gobernación propondría en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuaría, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados.

Al tiempo, la Secretaría de Gobernación sería la encargada de desarrollar las  políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentando la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones.

En dicha iniciativa se le otorgaron facultades para organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución, así como de diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país.

Como factor esencial de la política de seguridad, el tratamiento de información es condición indispensable para garantizar la eficacia de dicha política. Por ello, además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional, se propuso que la Secretaría de Gobernación coordinara, operara e impulsara la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollando las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establezca un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garantizaran el estricto respeto a los derechos humanos.

Esas fueron algunas de las modificaciones que se propusieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de seguridad pública, y que posterior a la dictaminación, discusión, votación y aprobación, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013.

Sin embargo, posterior a esta reforma, se omitió identificar y realizar las adecuaciones legislativas en los demás ordenamientos legales en los que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera facultades, creando con ello incertidumbre y ambigüedad.

Dado que la labor del legislador no es sinecura, implica la revisión constante del marco jurídico para adaptarlo a la realidad actual, a las necesidades de la vida diaria de las y los habitantes a fin de lograr la seguridad y paz social esenciales en la vida democrática.

La presente iniciativa tiene por objetivo, adecuar la legislación que  permita la correcta coordinación y cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública atribuciones que se invisibilizaron y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia.

En razón de lo anterior en la Sección Cuarta, artículo 44 de la ley anteriormente citada, se encontraban las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública:

De la Secretaría de Seguridad Pública

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres;

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan;

VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

 IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

No omito hacer mención que diversas fracciones al estar vinculadas en cuanto a programas, políticas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública están consideradas en el despacho de los asuntos que le fueron atribuidos a la Secretaría de Gobernación, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Caso especial es el de la fracción XI de la Ley General de Acceso, que se consideró en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que se encuentra como una de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:


I-X…

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XII…

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I-XXI…

XXII. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

Empero, una que ha sido un constante reclamo social, y que ha hecho evidente la violencia contra las mujeres, la discriminación estructural e institucional, es la concerniente a la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Esta fue una de las fracciones que no fue considerada, razón por la que hoy en día a pesar de contar con diversos organismos, programas y acciones en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, no hay cifras oficiales que permitan tener conocimiento sobre los casos y delitos de violencia contra las mujeres.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación es la dependencia que preside el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; es quien emite la alerta de violencia de género, y cuenta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (órgano administrativo desconcentrado), es menester dotar de las atribuciones que le permitan coordinar de manera integral y transversal cada una de las acciones encaminadas a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

En este sentido en su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación destacó carencias y objetivos incumplidos en materia de atención a la violencia, haciendo referencia primordialmente a la alerta de violencia de género; en principio, “por la falta de una base nacional de datos que permita medir la estrategia para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres”1.

A diez años de que la Ley de acceso mandatara la creación del Banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, sigue siendo un pendiente, pese a que el Comité de la CEDAW en su recomendación número 16 “exhorta al Estado parte a:

a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales2;

La importancia de contar con información sistematizada y homologada, es fundamental, no sólo para eficientar el diseño de la política pública, sino, sobre todo, para poder evaluar los resultados en un tema tan sensible y delicado como es la violencia hacia las mujeres.

La Oficina de ONU Mujeres en México ha expresado que “la ausencia de un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres […] nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos principalmente de procuradurías e instituciones del sector salud”3.

El estudio la Violencia feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2014., que presentó ONU Mujeres en coordinación con SEGOB y el INMUJERES, se basó en los registros de defunción de mujeres, por lo que en realidad se contabilizó fueron las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) desde 1985 hasta 2014.

Con la presente iniciativa se eliminaría una laguna legislativa que ha permanecido desde la reforma de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que en la incorporación de sus nuevas atribuciones cuenta con todos los elementos para ser la encargada de integrar y actualizar el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres.

Recordemos que la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma dificultan su aplicación y exigibilidad, siendo caldo de cultivo para la impunidad y corrupción.

De manera simultánea se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para armonizarla de acuerdo a la legislación vigente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I – XXII…

XXII Bis. Integrar y actualizar de forma permanente, con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de publicarlos semestralmente;

XXIII – XLIII…

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 42 y se elimina el artículo 44 recorriéndose los subsecuentes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I - XIV…

XV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la persona agresora;

XVI. Diseñar y administrar una página de Internet específica que concentre información general y los datos de identificación de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

XVII. Integrar y actualizar de forma permanente el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de publicarlos semestralmente;

XVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I-IX…

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I-XVI…

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Critican que el proceso para emitir una alerta de violencia de género demore 9 meses, La Jornada, en línea, Fecha de consulta: 08 de marzo de 2017. En URL:
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/politica/017n1pol?partner=rss

2 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 2012, documento electrónico.

3 LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO, APROXIMACIONES Y TENDENCIAS 1985-2014 Segob,
Inmujeres, ONU Mujeres, Abril de 2016. Documento electrónico en URL:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”

(Presentada por los Senadores María Lorena Marín Moreno y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Senadora MARÍA LORENA MARÍN MORENO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional del Migrante, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la resolución 55/93 de fecha 4 de diciembre de 2000. En el marco de este día, se invita a los Estados Miembros, así como a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambiar experiencias y formular medidas para protegerlos1.

Además de la importancia intrínseca del Día Internacional del Migrante, éste adquiere especial relevancia ante el contexto complejo que presenta el fenómeno migratorio en el mundo, sin que México sea la excepción.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que concordancia a los fines de la fecha en comento y en atención a que México tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se declare la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”. 

De acuerdo con información del “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómenos en México”2, entre 2009 y 2014, de los emigrantes mexicanos cuyo país de destino fue EE.UU., son originarios de: Michoacán (10.9%), Guanajuato (10.3%), Ciudad de México (8.2%) y San Luis Potosí (5.0%).

Así mismo señala que según la última entidad de residencia de emigrantes mexicanos se presenta en las entidades de: Guanajuato (10.7%), Michoacán (10.1%), Estado de México (6.3%), Jalisco (5.6%) y San Luis Potosí (5.0%).

La Secretaría de Gobernación refiere que los principales estados de destino en Estados Unidos son California (28.2%), Texas (20.7%) y Florida (4.3%). Asimismo se establece que nueve de cada 10 migrantes circulares3 nacidos en México declararon a Estados Unidos como lugar de destino y de regreso, por ejemplo se señala que tres de cada cuatro hombres y seis de cada diez mujeres cruzan la frontera norte por motivos laborales.

Como se observa, la migración se trata de un fenómeno socio-económico que se ha presentado históricamente en nuestro país, principalmente hacia la frontera norte y desde la frontera sur –México como Estado receptor-, por lo que es fundamental que el Estado refrende y fortalezca su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes.

Aunque el desafío es incuestionable, cabe precisar que la actual administración, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se llevan a cabo diversas Acciones y Programas4 encaminadas a brindar protección, seguridad, atención y apoyo a los connacionales repatriados, así como a los migrantes en tránsito, ingreso o salida, entre los que se encuentran:

• Programa de Repatriación. Ofrece a los connacionales repatriados una atención integral, para que en el corto plazo contribuyan al desarrollo nacional mediante su incorporación al mercado productivo. 

• Programa Temporal de Regularización Migratoria. Dirigido a extranjeros que radican en México de manera irregular.

• Bolsa de Trabajo. Es gratuito y tiene presencia en todo el país a través de sus Delegaciones Federales.

• Programa Paisano. Garantiza que en el ingreso, tránsito y salida de los connacionales por territorio mexicano, sean con respeto a sus derechos humanos, seguridad de sus bienes y conocimiento de sus obligaciones.

• Estrategia Somos Mexicanos. Para brindar a los mexicanos que han retornado -voluntaria e involuntariamente-, una atención integral.

• Programa Viajero Confiable. Membresía que permite a los ciudadanos mexicanos o estadounidenses ingresar de forma rápida y sencilla.

Estas acciones y programas señalados son un manifiesto del compromiso que tiene el Estado mexicano con los migrantes. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley de Migración5, establece que la política migratoria del Estado mexicano se sustenta en los siguientes principios:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos, precisando que en ningún caso la situación migratoria por sí misma constituirá un delito;

• Congruencia, garantizar a los extranjeros los derechos que se exigen el exterior para los connacionales;

• Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional;

• Hospital y solidaridad internacional;

• Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando en todo momento el orden y la seguridad;

• Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región;

• Equidad entre las naciones y extranjeros;

• Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes;

• Unidad familiar e interés superior de la niñez;

• Integración social y cultural entre naciones y extranjeros residentes; y

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

Los principios aludidos dejan de manifiesto la importancia que posee la política migratoria para la actual administración, así como la necesidad de fomentar la unidad alrededor del tema -objetivo toral de la presente iniciativa-. 

Es oportuno mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)6 ha dado a conocer que los migrantes forman parte de su Grupo de Atención Prioritaria, cuyo fin es alcanzar un equilibrio social.

La CNDH en su Informe de Actividades 20167, señala que del 1º de diciembre al 31 de diciembre de 2016, llevó a cabo diversas actividades en materia de fortalecimiento de los derechos de los migrantes, entre las que se encuentran las que a continuación se enuncian:

• 515 acciones de promoción, vinculación y estudio de los derechos humanos de personas en contexto de migración, a través de los cuales se impactó a un total de 8 mil 571 personas.

• Se brindó atención de carácter específico y personalizado a 6 mil 725 personas (en contexto de migración y público en general). Derivado de ello, se efectuaron 286 gestiones consistentes en acompañamiento para presentar denuncias, asesoría jurídica general, atención médica y entrevistas con autoridades (353 acciones de esta naturaleza).

• 576 reuniones de trabajo con la sociedad civil, el gobierno y la sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales de derechos humanos.

• Un mil 595 acciones de distribución de material de promoción focalizado a temas migratorios. Se realizaron 3 mil 55 visitas a estaciones migratorias, casas y albergues para migrantes, derivando en 12 mil 599 gestiones.

• Se realizaron 327 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria (hospitales, centros de atención a niñas, niños y adolescentes, procuradurías locales, centros de atención a menores fronterizos, juzgados, policías municipales, entre otros), con alta concentración de migrantes, dando atención a 5 mil 871 personas y 24 gestiones ante diversas autoridades.

La dimensión migratoria que enfrentamos en la actualidad nos obliga a concentrar e impulsar esfuerzos a fin de brindar mayor certeza sobre el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, personas que requieren el compromiso del Senado de la República.

En relación a esta última consideración se pone a consideración de esta Honorable Asamblea el presente proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”, espacio en el que se busca establecer las acciones que a continuación se señalan:

• Establecimiento de campañas informativas de los mecanismos para defensa de los derechos humanos de los migrantes.

• El establecimiento de módulos de orientación, atención y quejas para las personas migrantes.

• Establecimiento y difusión de Bolsa de Trabajo para las personas migrantes.

• Desarrollo de foros con especialistas, académicos y miembros de la sociedad civil organizada respecto a la situación de las personas migrantes.

• El fortalecimiento de las acciones y programas con que cuenta el Instituto Nacional de Migración (en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno).

• Presentación y análisis del diagnóstico de las personas migrantes, a fin de redoblar esfuerzos en aquellas áreas que presentan mayores retos. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”.

Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año, como la “Semana Nacional del Migrante”.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. María Lorena Marín Moreno.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 Liga de consulta: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/93

2 “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómenos en México”, SEGOB, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2801/1/images/Prontuario%20sobre%20movilidad%20y%20migraci%C3%83%C2%B3n%20internacional.pdf

3 Migrante circular se refiere a las migraciones de movilidad que incorporan la noción de regreso.

4 Instituto Nacional de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.gob.mx/inm/archivo/acciones_y_programas

5 Ley de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf

6 Organismo garante de la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes.

7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de Actividades 2016, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Éstas son establecidas por decreto presidencial y se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), actualmente nuestro país cuenta con 181 ANPs, que representan 10.77% de territorio terrestre y aguas continentales y 22.64% del mar territorial.

En este marco, el 24 de mayo de 1999 se decretó a Los Petenes como Reserva de la Biósfera y en febrero de 2004 se inscribió como sitio RAMSAR1 por ser uno de los humedales más importantes en el mundo. Dicha reserva forma parte de las ANPs del país y es una de las regiones prioritarias para la protección, se localiza en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, y colinda con el Golfo de México.

La Reserva de la Biósfera de los Petenes (RBLP), cuenta con una gran biodiversidad y ecosistemas. Los llamados “petenes” son complejos de islas con diversa vegetación que sólo se encuentran en la Península de Yucatán, Cuba y Florida.

En cuanto a las especies registradas que habitan el ecosistema 473 corresponden a la flora (22 son endémicas), 678 son plantas superiores (24 endémicas) y al menos 434 especies de fauna. El 60% de estas especies se consideran residentes permanentes, mientras que el 40% restante son migratorias. 

Una gran variedad de especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, algunas de estas son el jaguar, ocelote, tigrillo, perro de monte, oso hormiguero, flamenco americano, cigüeña gaitán, mono araña, onza, pavo ocelado, pelícano blanco, la cacerolita de mar, entre otros.

El abuso o mal uso de agroquímicos y pesticidas, así como la sobrepesca y la basura, son factores que han creado una situación de emergencia en Los Petenes por contaminación, a tal grado que actualmente los ecosistemas pueden encontrarse en serio peligro.

Desde el año 2015, ya se había alertado de la preocupante contaminación de la reserva ocasionada por el vertimiento de desechos sanitarios e industriales y desperdicios por parte de la población, causando la muerte de tortugas, cocodrilos, aves, peces y cachalotes.

En 2016, también se alertó de la presencia de altos niveles de compuestos de agroquímicos, herbicidas y pesticidas que incluso pueden representar un riesgo para la salud en los habitantes, ya que contaminan los mantos freáticos.

Apenas hace unos días, César Romero Herrera, Director de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, advirtió sobre el peligro en el que se encuentra por la contaminación, los incendios y el cambio climático. Mencionó que se calcula que la reserva ha perdido más de 35 mil billones de pesos durante los últimos quince años por la pérdida de 250 hectáreas de manglares.

La importancia de la conservación de los Petenes involucra también aspectos económicos y sociales para la población del lugar. Los habitantes aledaños utilizan sus recursos para su vida diaria a través de la pesca, la cacería de subsistencia y la tala moderada. Además, la pérdida de los humedales significaría una seria amenaza para los ecosistemas marinos, de los cuales depende gran parte de la población para su subsistencia.

Aunado a ello, Los Petenes constituyen una región con gran potencial para la atracción del turismo nacional e internacional, por lo que constituyen una importante fuente de empleo para sus habitantes y de inversión.

Resulta necesario que, cuanto antes, las autoridades estatales y federales establezcan acciones que coadyuven a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la situación de la Reserva de la Biósfera Los Petenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que remita a esta Soberanía un Informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de las instancias correspondientes, implemente las acciones necesarias para el saneamiento, la protección y conservación de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.

1 La Convención RAMSAR es un tratado intergubernamental que funciona como marco para la protección, conservación y uso racional de los humedales y sus recursos en el mundo. El tratado fue adoptado en Ramsar, Irán, en 1971, entró en vigor en 1975.




 

De la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos Senadores, con punto de Acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma Económica. Se turna a la Junta de Coordinación Política.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a investigar e implementar medidas urgentes a fin de atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la entidad, así como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles básico y medio superior. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas dos décadas el Estado mexicano ha visto rebasada sus capacidades en diversos ámbitos, es innegable que en su interior existe un vacío institucional, que se ve reflejado en los altos índices de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad. La falta de respuestas firmes a muchas problemáticas por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ha ocasionado que la convivencia social pacífica se vea fragmentada, lo que ocasiona una inestable práctica de valores éticos tales como el respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, entre otros.

El vacío generado por la falta de práctica de estos valores, ha sido suplantado por acciones que rompen el orden social ético y moral bajo el cual debe sentar sus bases cualquier sociedad, en este sentido, han surgido una serie de problemáticas que afectan el desarrollo social y personal, lamentablemente en muchas ocasiones esto perjudica en mayor medida a la niñez y juventud.

Por ejemplo, datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), Unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, asevera que “63 por ciento de la población identificada en un estudio como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad”;1 asimismo, cifras oficiales indican que “el consumo de drogas entre menores de 10 y 18 años de edad se ha duplicado en los últimos 23 años, al pasar de 8.1% en 1991 a 17.2 en 2014”.2

Por otro lado, México ha sido señalado como el país más letal para niños y adolescentes, en el año 2015 se originaron“95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo anterior de acuerdo con el Mapa de Violencia 2015 que el sociólogo y educador Julio Jacobo Waiselfisz produce desde 1998”.3 En materia de maltrato infantil, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que en México, “el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional”.4

En este mismo sentido, en el mes de febrero pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), informó que la desaparición de mujeres en el periodo de 2010 a 2014; es decir, en tan sólo 4 años, pasó de 57 casos a 612 respectivamente, lo que representa un aumento del 974 por ciento,5 de la información proporcionada por esta Organización no Gubernamental se desprende que el principal perfil de los grupos criminales son adolescentes entre 15 y 17 años, ya que 7 de cada 10 que desaparecieron son mujeres.

Lamentablemente, todo este panorama describe la realidad que deben enfrentar las niñas, niños y adolescentes, quienes cometen otro tipo de prácticas que atentan contra su bienestar y dignidad. Recientemente la Secretaría de las Mujeres en   Zacatecas (SEMUJER) a raíz de unos talleres impartidos por dicha institución en escuelas de esa entidad, detectó que en 4 escuelas secundarias existían casos de “jovencitas que realizaban actos que podrían considerarse como prostitución e incluso de actividades de enganche para ser seducidas por sus compañeros para dedicarse a la trata”.6

De acuerdo con declaraciones de la titular de SEMUJER las estudiantes estaban dispuestas a vender o exhibir sus cuerpos a cambio de 20 a 50 pesos; asimismo, señaló que estos casos detectados se encuentran en escuelas de la zona conurbada de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

Resulta preocupante el hallazgo y los señalamientos de la Secretaría de la Mujer de Zacatecas, ya que der ser ciertos los hechos, si en estas escuelas resulta ser una práctica cotidiana de algunas estudiantes la prestación de servicios sexuales, a todas luces se estarían violentando toda una serie de derechos de los niñas, niños y adolescentes, además de la probable responsabilidad tanto de algunos servidores públicos, así como de los padres de familia de estas adolescentes.

Al respecto un comunicado de la Cámara de Diputados del año 2015 (Boletín N°. 5523), señala que en tan sólo 5 años en México se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en internet y se calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación.

Todo este panorama resulta alarmante, debe ser una llamada de atención para los tres Poderes de la Unión y niveles de gobierno, para todos los actores políticos y sociales, así como para la sociedad en general para garantizar plenamente el interés superior de la niñez.

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); cuyas normas tienen rango constitucional al armonizarse con el artículo 1 constitucional, establecen:

La CADH protege el derecho a la vida, a la libertad personal y los derechos de los niños al consagrar:

Artículo 4.  Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Artículo 19.  Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.7

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra:

ARTÍCULO 6

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

En este sentido, los casos detectados de presunta prostitución en algunas escuelas secundarias de Zacatecas, requiere de toda la atención de las autoridades de esa entidad, ya que resultaría una gran irresponsabilidad no atender con urgencia esa problemática. Por tal razón, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar al Gobierno del Estado de Zacatecas a investigar y atender con urgencia esta problemática, y que garantice un desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes del Estado.

Asimismo, derivado de esta problemática es necesario hacer un llamado a la sociedad en general para que fomente con mayor énfasis la práctica de valores entre la niñez mexicana, ya que lo que sucede en las escuelas es el reflejo del malestar social generalizado en todo el país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas, a;

a) Implementar nuevas acciones, programas y políticas públicas que protejan, garanticen y salvaguarden el interés superior de la niñez en la Entidad Federativa;

b) Investigar de manera pronta y expedita, y en su caso sancionar a los responsables de la probables actos de prostitución y/o trata de persona en escuelas secundarias de la entidad federativa;

c) Implementar medidas urgentes a fin de atender y erradicar los casos prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la entidad, y

d) Emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles básico y medio superior, así como a la población en general de Zacatecas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de febrero de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase “Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes”, Secretaria de Salud, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: http://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes

2 “Se duplica consumo de drogas en menores”, El Universal, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/26/se-duplica-consumo-de-drogas-en-menores

3 Carmen Álvarez, “México el país más letal para jóvenes; violencia en AL”, Excélsior, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/10/1039371

4 “México: 6 de cada 10 niños sufren maltrato infantil”, Forbes, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: https://www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/#gs.54Weikw

5 Zamora, Hazel, “Desaparición de mujeres adolescentes creció 974 por ciento en cuatro años”, Milenio, [en línea], consultado 01/03/17, disponible en: http://www.milenio.com/politica/desaparicion_mujeres_adolescentes-crecio-redim-grupos_criminales-trata-milenio_0_910109003.html

6 Mejía Irma, “Se detecta prostitución en cuatro secundarias de Zacatecas”, El Universal, [en línea], consultado 08/03/17,•disponible•en:•http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/9/detectan-prostitucion-en-cuatro-secundarias-de-zacatecas

7 Convención Americana sobre Derechos Humanos, [en línea]. Consultado el 04/10/2014.
Disponible en:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm





 

De los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a Magistrados que integrarán la Tercera Sección y las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, fundamente y motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias   encargadas de la salud en las entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE SALUD MENTAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La ansiedad y la depresión en niños y jóvenes se manifiesta actualmente en niveles nunca antes vistos. Según el estudio Trastornos psiquiátricos en México: prevalencia a lo largo de la vida en una muestra representativa nacionalmente1, en México, una de cada cuatro personas ha presentado al menos un trastorno mental siendo la depresión la segunda más común. 

Si bien es cierto que los trastornos de ansiedad y la depresión se manifiestan de forma recurrente en la sociedad en general, en la actualidad impera el desconocimiento en relación al diagnóstico y tratamiento adecuado de los mismos. Según el Dr. Edilberto Peña de León, director de Investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, al menos 14.3 por ciento de los mexicanos padece trastornos de ansiedad generalizada, que es la enfermedad de salud mental más común en el país, y le siguen los males del afecto, tales como la depresión y las adicciones, ambas en un porcentaje de 9 por ciento2.

Bajo el mismo tenor, según datos de la Secretaría de Salud, entre 15 y 20 por ciento de los jóvenes en México padecen un trastorno afectivo como depresión o ansiedad; causados por variación en los genes y en mayor medida por factores estresantes tales como la pobreza, violencia y acoso escolar3. Los datos presentados arrojan que, de esos porcentajes de jóvenes con trastornos afectivos, la mayoría tarda entre cuatro y 10 años en buscar ayuda profesional para controlar el padecimiento4.

Podemos definir a los trastornos de ansiedad como una enfermedad que tiene como síntoma central una ansiedad intensa, desproporcionada, persistente y que afecta varias áreas de la vida cotidiana de quien la padece, a tal grado que le dificulta o incapacita para estudiar, trabajar, convivir con su familia o amigos5. Según la Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes6 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, los síntomas de la ansiedad están relacionados con alteraciones químicas en el cerebro, tienen un componente hereditario y con frecuencia son precipitados por estrés en el ambiente. Dichos trastornos se presentan muy comúnmente durante la edad pediátrica y son confundidos con comportamientos de la misma edad o productos de la voluntad del paciente. Asimismo, se hace especial énfasis en no auto diagnosticar a los menores con problemáticas “nerviosas” sin antes haber acudido a un especialista para que éste lo haga de manera correcta y pueda detectar el verdadero padecimiento del menor de edad en cuestión.

Otros trastornos mentales que son igualmente comunes durante la edad pediátrica son los “afectivos”, los cuales incluyen a lo que comúnmente llamamos depresión, trastorno de bipolaridad y la distimia. Se pueden definir como aquellos que tienen como característica principal una alteración del humor7.

La depresión en adolescentes y niños, según el Instituto Nacional de Psiquiatría, es mucho más difícil de detectar que en jóvenes y adultos. Los síntomas más comunes en edad pediátrica son irritabilidad, incapacidad para disfrutar las cosas que les gustan, problemas para estar concentrados en comparación con el funcionamiento previo, fallas de atención, ideas de ser menos valioso que otros, aislamiento, disminución del rendimiento escolar, pérdida o aumento notable del apetito, alteraciones de sueño y, cuando es grave, puede haber intentos de suicidio o síntomas de psicosis. En jóvenes, por lo regular la depresión se presenta de manera agresiva, con posibles pensamientos suicidas que, en una gran proporción de los casos, terminan consumándose. Cabe destacar que la gran mayoría de los jóvenes afectados por un cuadro depresivo severo, son estudiantes de nivel superior o desempleados.

El ordenamiento jurídico mexicano es vasto referente a temas relacionados con la salud mental. El capítulo VII de la Ley General de Salud es un apartado especial dedicado exclusivamente a la salud mental. El artículo 73 del citado instrumento jurídico menciona las facultades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como de los organismos encargados de la salud en las entidades federativas, referentes a la promoción de la salud mental y el tratamiento de los trastornos mentales.

“Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos; 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.”

La Secretaría de Salud del Gobierno de la República tiene una constante campaña de actualización en materia de salud mental para médicos y profesionistas relacionados con el tema. A pesar de esto, no hay campañas enfocadas directamente al diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos dirigido a niñas, niños y adolescentes. Lo ocurrido en una escuela de la Ciudad de Monterrey a principios del año 2017, nos recuerda que no debemos pasar por alto estos trastornos que son completamente curables y que repercuten directamente en el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Es importante mantener informadas a nuestras niñas, niños y adolescentes para que ellos mismos, o con ayuda de sus familiares, puedan superar y tratar estos padecimientos que, a la larga y con un tratamiento pertinente, son susceptibles de controlarse e incluso curarse.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en las Entidades Federativas, a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y adolescentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes Consultadas:
1. Wallace, K. (2014). DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: LAS ENFERMEDADES SILENCIOSAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. enero 17, 2016, de Expansión en alianza con CNN Sitio web:
http://expansion.mx/salud/2014/08/14/depresion-y-ansiedad-las-enfermedades-silenciosas-en-ninos-y-adolescentes.
2. NOTIMEX. (2016). Ansiedad, enfermedad mental más común en México. enero 17, 2017, de La Jornada en línea Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/ansiedad-enfermedad-mental-mas-comun-en-mexico
3. Varela Huerta, I.. (2011). Entre 15 y 20% de los jóvenes sufren depresión o ansiedad: Xóchitl Duque. La Jornada, p. 44.
4. Cárdenas, M., Feria, M., Palacios, L. & De la Peña. F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. México, DF: Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
5. Pichot, P. (1995). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, p. 323. Barcelona: MASSON S.A

1 Wallace, K. (2014). DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: LAS ENFERMEDADES SILENCIOSAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. enero 17, 2016, de Expansión en alianza con CNN Sitio web:
http://expansion.mx/salud/2014/08/14/depresion-y-ansiedad-las-enfermedades-silenciosas-en-ninos-y-adolescentes

2 NOTIMEX. (2016). Ansiedad, enfermedad mental más común en México. enero 17, 2017, de La Jornada en línea Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/ansiedad-enfermedad-mental-mas-comun-en-mexico

3 Varela Huerta, I.. (2011). Entre 15 y 20% de los jóvenes sufren depresión o ansiedad: Xóchitl Duque. La Jornada, p. 44.

4 Ídem p. 44

5 Cardenas, M., Feria, M., Palacios, L. & De la Peña. F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. México, DF: Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

6 Idem.

7 Pichot, P. (1995). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, p. 323. Barcelona: MASSON S.A.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado entre el gobierno de la ciudad y la empresa “Autotraffic”, con la finalidad de eliminar las denominadas fotomultas en dicha ciudad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LA EMPRESA AUTOTRAFFIC, CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS DENOMINADAS FOTOMULTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Que el pasado 17 de agosto de 2015 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), cuya finalidad era privilegiar al peatón y al ciclista por encima de vehículos automotores; disminuir el porcentaje de hechos de tránsito suscitados por mala conducción de los vehículos, lo que permitiría disminuir el número de decesos a causa de estos acontecimientos. Dicho reglamento entró en vigor ciento veinticinco días naturales después de su publicación, es decir el pasado 15 de diciembre de 2015.

2.- Que posterior a dicha entrada en vigor, la Secretaría de Seguridad Pública se realizó una “Licitación Pública Nacional”, con la finalidad de efectuar la subrogación de servicios para imponer multas y utilizar los medios electrónicos como disuasivo para disminuir el número de accidentes y de vidas provocadas de accidentes automovilísticos.

3.- Posteriormente, la Sociedad Mercantil denominada “Autotraffic, S.A. de C.V.” se adjudicó la Licitación número LPN-30001066-08-15, por lo que celebró el Contrato Administrativo Multianual SSP/BE/S/312/2015, con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para prestar el servicio de “Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, así como el Anexo y propuesta técnica a que se refiere en la Cláusula Primera del contrato antes referido, el cual quedaría en resguardo de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

4.- Que debido a cuestionamientos de la ciudadanía y de diversos medios de comunicación el día 06 de enero de 2016 la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa “Autotraffic” suscribieron el Addendum Aclaratorio número SSP/BE/S/ADD/001/2016 derivado del contrato administrativo multianual abierto número SSP/BE/S/312/2015 para la prestación del servicio de “Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas” con la finalidad de precisar que el servicio contratado no es para que “El Prestador del Servicio” infraccione a los conductores, sino el de proveer de documentos (fotografías, datos de identificación de los vehículos, fecha, hora y ubicación geográfica) del momento en que se presume que el o los conductores se ubican en alguno de los supuestos señalados por el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal como acreedores a la aplicación de una multa.

5.- Es un hecho que nosotros denunciamos y señalamos duramente el contrato de licitación desde mayo de 2016, debido a que las fotomultas representaban un tema jugoso de más de 200 millones de pesos, que la autoridad, a través de la empresa Autotraffic, debía pasar de las 150 mil multas y que la empresa se quedaría con el 46 por ciento de las mismas.

6.- En días pasados, el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, señaló que en 2016 se recaudaron 267 millones de pesos por concepto del cobro de fotomultas, correspondiente a 713 mil infracciones, de los cuales Autotraffic se quedaría con 122 millones 820 mil pesos y el resto para el Gobierno capitalino.

7.- Recordarle al Jefe de Gobierno que la finalidad de las fotomultas no deben ser como una medida recaudatoria, sino un inhibidor de los límites de velocidad, los cuales por cierto han sido cuestionados por los efectos negativos en la calidad del aire, dado que la velocidad óptima de un vehículo ronda entre los 55 y 85 kilómetros por hora, de acuerdo con datos emitidos por el Centro Mario Molina.

8.- De acuerdo con datos publicados por Publimetro, del 15 de diciembre del 2015 al 31 de enero del 2017, se han impuesto 936 mil 475 fotomultas. De ellas, 393 mil 834 son por no respetar la señal de alto en el semáforo; 187 mil 114 por dar vueltas prohibidas; 182 mil 666 por invadir espacio de bicicletas o motocicletas y 159 mil por invadir el paso peatonal.

9.- La recaudación del Gobierno en esta materia se ha disparado en esta administración. En multas de tránsito, en 2013 se recaudaron 428 millones de pesos. Para 2016, se recaudaron 1,180.5 millones superando los 629.2 millones de pesos que estimó la Ley de Ingresos, un crecimiento de 82.5%. Para 2017, se estima una recaudación de 922 millones por concepto de multas de tránsito.

De acuerdo con la empresa Autotraffic en un año de operación (122 millones 820 mil pesos), se habría alcanzado el 70% del monto total del contrato trianual ($173 millones 856 mil pesos).

10.- El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió conceder el amparo promovido por un ciudadano, mediante el cual se inconformaba por el procedimiento administrativo para imponer las denominadas “FotoMultas” a las que hace referencia el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por considerar que violaba los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de los diversos considerandos de dicha sentencia, el juez menciona que la autoridad administrativa, previa imposición de una sanción pecuniaria deberá de respetar las FORMALIDADES ESCENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, las cuales son:

1) Notificarse al particular: en la que se señale la presunta infracción, de manera precisa y detallada del hecho, y en la que se le haga saber al menos al particular lo siguiente:

a) Elementos fácticos de la denuncia, es decir, de la descripción de los hechos y las circunstancias de tiempo y lugar en que se formuló.

b) Calificación jurídica de la presunta infracción.

c) Sanción que puede imponerse. Es elemento fundamental en la preparación de la defensa, y que condicionará inevitablemente el contenido y forma de su ejercicio.

2) Otorgar derecho de audiencia al presunto infractor: el derecho del investigado y su defensor de intervenir en el procedimiento, y de hacerse oír a fin de traer toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa; de controlar la actividad de las partes y de combatir sus argumentos; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas.

3) Apertura de la fase de alegaciones. El particular debe conocer el plazo del que dispone para formular alegaciones, órgano ante el que debe hacerlo, así como los requisitos formales, si los hubiere, a que debe ajustarse.

4) Resolución en la que se determine la individualización de la sanción para lo cual se debe tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia

11.- Cabe aclarar que NO estamos en contra de las medidas que contribuyan a disminuir los accidentes viales o los efectos que producen en las personas como lo son las lesiones y dolorosas pérdidas de vida por este tipo de acontecimientos. Nuestro cuestionamiento al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es en el sentido de que no ha implementado una sola campaña de prevención y fomento a la cultura vial; tampoco ha transparentado los recursos que se obtienen por concepto de multas y a más de un año de su implementación tampoco ha rendido sobre el uso que se han dado a dichos ingresos.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bien estar y que este derecho será garantizado por el Estado.

IV.- Que de acuerdo con el Observatorio Vial, aspectos como la infraestructura, las leyes, la educación, el transporte público, la gestión del tráfico, la falta de espacios destinados al peatón y al ciclista, no han evolucionado al mismo ritmo, por lo que si a eso le sumamos la impunidad, la debilidad por parte del estado para hacer cumplir la ley, la falta de homologación de las sanciones y el incremento desordenado de las ciudades, combinado con una escasa cultura vial, explica porque nuestro país ocupa el 8º lugar de países con víctimas mortales producidas por accidentes de tránsito en la OMS.

Asimismo, un estudio que realizó el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México en 500 siniestros de compañías de seguros las 10 causas principales que intervienen en un hecho de tránsito son:

23% velocidad excesiva

14% no guardo distancia

9% por invadir carril contrario

8% Distracciones (como ir checando el velocímetro)

8% Viro indebidamente

5% No cedió el paso

4% Maniobro en reversa

3% objetos en el camino

3% desperfectos de la vía

2% dormitar

Lo anterior, nos demuestra que el factor humano es decisivo para la reducción de accidentes de tránsito, por lo que resulta de gran importancia implementar campañas de concientización y capacitación de usuarios de las vialidades, dado que mientras el gobierno de la Ciudad de México no de importancia a una cultura vial tendrá que hacer anuncios ridículos de condonar las infracciones o reducir al 80% el costo de las mismas.

V.- Que la Visión Cero cambia la manera de ver la responsabilidad. Quienes configuran el sistema de carreteras y transportes tienen la responsabilidad principal de la seguridad, por ejemplo quienes dan mantenimiento a las carreteras, los fabricantes de vehículos, las empresas de transporte, los políticos, los funcionarios, las autoridades legislativas y la policía.

La responsabilidad del ciudadano es cumplir con las normas de circulación. Anteriormente se asignaba prácticamente toda la responsabilidad al usuario.

La Visión Cero está compuesta por varios elementos básicos que influyen en la seguridad vial cada uno por su parte. Se trata de la ética, de las características del ser humano, de la responsabilidad, de hechos científicos y de que las distintas partes que constituyen el sistema de carreteras y transportes concurren y dependen unas de otras.

Sin embargo, en el caso del gobierno capitalino no ha iniciado con la tarea principal, que es concientizar a la ciudadanía de porqué debe cumplir el reglamento de tránsito; pero tampoco nos ha hecha pública la información veraz por parte de las compañías de seguros que puedan respaldar su dicho de que los hechos de tránsito han ido a la baja en estos meses de operar el reglamento de tránsito.

La implementación aislada de un Sistema de Fotomultas, que además es operado por una compañía privada, no puede considerarse como una estrategia integral para la seguridad vial. Lo que ha sucedido es que el Gobierno de la Ciudad ha incrementado exponencialmente los ingresos por multas de tránsito, sin que esto signifique necesariamente un aumento en la seguridad vial.

Cualquier contrato que realiza el gobierno con privados para la prestación de servicios debe incluir los incentivos necesarios para dirigir los esfuerzos de la iniciativa privada hacía el cumplimiento del bien público. En el caso del contrato de operación de las fotomultas los incentivos deberían estar dirigidos a la seguridad vial, sin embargo, el contrato no prevé ningún incentivo que revele que efectivamente esa prestación de servicios está dirigida a mejorar la seguridad vial. Por el contrario, el contrato incentiva la imposición de multas, es decir, entre más multas se impongan más ganancias tiene la empresa, entonces el incentivo del contrato está dirigido a que se cometan más infracciones y por tanto se aleja de la finalidad que se supone persigue: la seguridad vial.

Esta situación resulta en que sin importar la impacto que tenga el sistema de fotomultas en la seguridad vial, la empresa cobrará su comisión por la imposición de multas. Lo que en los hechos ha generado que en un año de operación, según diversas fuentes, la empresa haya recibido el 70% del monto total del contrato que debía ser pagado en tres años.

Esa es la razón por la que solicitamos al Jefe de Gobierno de la capital que rescinda el contrato de la operación de fotomultas, porque es un contrato que no se ajusta al bien público que se supone debe perseguir. Por el contrario, se trata simplemente de convertir en un negocio privado la imposición de multas, sin ningún incentivo para mejorar la seguridad vial.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el presente instrumento parlamentario con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del Contrato celebrado con la empresa denominada “Autotraffic” para la operación del Sistema de Fotomultas en la Ciudad de México, por ser violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, además de ser un Contrato con finalidad recaudatoria y que no persigue el bien público de la seguridad vial sino que se convierte en un gran negocio privado la imposición de multas de tránsito.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar una estrategia integral para la seguridad vial, que incluya la utilización de la tecnología para mejorar la movilidad, campañas de concientización de cultura vial entre la ciudadanía para salvaguardar la vida e integridad de las personas, disminuir los accidentes viales y los daños materiales que producen.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Mario Delgado Carillo.





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La hidrocefalia hipertensiva es una enfermedad que se presenta en personas que padecen una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ocurrir por diversas causas como neurocisticercosis, tumores cerebrales, etc., si no se soluciona quirúrgicamente provoca la muerte por aumento de la presión intracraneal.

Se han diseñado sistemas de derivación ventrículo peritoneal con válvulas; que son dispositivos  colocados de manera permanente en el cuerpo del paciente por neurocirujanos y que conducen al líquido cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales al abdomen del paciente, estas válvulas regulan la presión intracraneal y han salvado la vida de millones de personas en todo el mundo. Son sistemas que han sido aprobados por la Food and Drugs Administration (FDA), y por la Secretaría de Salud. Estos sistemas valvulares permiten el bombeo del sistema, tomar muestras del líquido cefalorraquídeo, o incluso introducir fármacos en caso necesario, y son visibles con los equipos de neuroimagen.

Desde el año de 1993 el Dr. Julio Everardo Sotelo Morales patentó, a título personal, y no institucional como hubiera correspondido, un tubo o manguera experimental que no utiliza una válvula, mismo que denominó “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo” con el supuesto de solucionar la hidrocefalia, fabricado con un material llamado Tygon, no radio opaco (no visible a los rayos x), que si bien es de grado médico, se emplea externamente al organismo y con aplicaciones cardiovasculares, nunca antes había sido usado de manera permanente en el interior del cerebro humano. Este sistema, al no emplear una válvula depende para su funcionamiento de gradiente de presiones, es decir, el paciente debe permanecer sentado o de pie para que funcione, en una persona acostada incrementará la presión intracraneal.

Dicho sistema experimental de derivación ventrículo peritoneal d flujo continuo del Dr. Julio Everardo Sotelo Morales no pasó por investigación animal previa, ni por la aprobación de un comité de bioética ni de investigación como establece la normativa.

Pero el punto de mayor relevancia es que dicha persona usando su posición como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suarez” experimentó en alrededor de 500 víctimas pacientes de este nosocomio, pertenecientes a grupos vulnerables de todo el país. A quienes en ningún momento se les pidió autorización para ser sujetos de cirugía experimental violando flagrantemente sus derechos humanos y la legislación vigente. No existe una sola carta de consentimiento informado en donde se explique a los pacientes que serían sometidos a cirugía experimental en vez de ser intervenidos quirúrgicamente con un sistema valvular estándar. Lo cual sucedió al menos entre los años 1993 hasta y 2007 empleándose para ello médicos residentes sin la supervisión de un médico especialista de base.
Lo anterior ocurrió también extramuros, en otros hospitales, donde a decir del propio Dr. Julio Everardo Sotelo Morales en artículos publicados en el mismo Instituto se asegura haber colocado este sistema experimental en grupos de recién nacidos, a quienes en todos los casos terminaron retirando el sistema experimental.

Y es que este sistema tuvo múltiples fallas, resultando con pacientes con infartos cerebrales, síndromes demenciales y lo peor de todo: la muerte de las víctimas en muchos casos. Careciéndose de la sensibilidad de parar la experimentación con los primeros fracasos.

El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, fue Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suarez” en el periodo 1995 al 2006. Los médicos residentes en adiestramiento para obtener la especialidad de neurocirugía son dependientes de la Dirección de Enseñanza y se encuentran sujetos a acatar las indicaciones de sus jefes, en esa época la Directora de Enseñanza era la Dra. Teresita Corona Vázquez, quien después ocupó la Dirección General; y como Director Médico, el Dr. Miguel Ángel Celis López actual Director General.

Estos crímenes han sido denunciados ante diferentes instancias por pacientes y trabajadores del multicitado Instituto, y diferentes medios de comunicación han hecho público este lamentable acontecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Incluso se hizo una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión  Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2007. Esto a pesar de las denuncias de víctimas, de la confirmación de los hechos por la Auditoria Superior de la Federación y de la desaprobación de estos procedimientos operatorio experimentales por dictámenes médicos periciales de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

A casi 10 años de estas denuncias no ha habido una resolución ni parcial ni definitiva y las víctimas continúan muriendo.

En síntesis:

• Julio Everardo Sotelo Morales, patentó y promovió la utilización del sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo para el supuesto tratamiento de la hidrocefalia.

• Hay claras evidencias de afectación a muchas personas con este dispositivo de flujo continuo lo que concluye en fracaso para la investigación biomédica echa con fondos públicos.

• La aplicación del sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo patentado y promovido por Julio Sotelo dañó a aproximadamente 500 pacientes, con daños cerebrales irreversibles hasta la muerte.

• La aplicación de este dispositivo es violatorio de la normas bioéticas, de investigación en humanos y de los derechos humanos de quien de manera inocente confía que el procedimiento neuroquirúrgico era el adecuado, y que en realidad muchos murieron sin que se enteraran que ese dispositivo podría ser mortal para ellos.

• Las afecciones y muertes de las personas sometidas a este procedimiento que es la aplicación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo para tratar la hidrocefalia debe ser considerado un crimen de lesa humanidad y tortura médica por quienes los indicaron y deben ser sancionados de acuerdo a la ley.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República invita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud y autoridades involucradas a una mesa de trabajo, para que den a conocer a esta soberanía sobre los resultados de investigación llevada a cabo en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar sobre los presuntos actos documentados donde en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, “Manuel Velasco Suárez”, se atentó contra la vida de pacientes a los que les fue colocado el Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo, para sancionar a los responsables de dicho acto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la Ciudad de México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel básico y medio superior en dicha ciudad. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El problema de la deserción escolar se acentúa más en un país que enfrenta problemas de inseguridad, violencia, desigualdad, económicos, sumado a la falta de credibilidad en las instituciones, como es el caso de México. La cual debe ser entendida como una problemática de interés general, y por lo tanto debe analizarse todo el sistema educativo nacional en su conjunto, en relación con la situación que vive el país.

Dentro del ámbito de la educación, la deserción escolar reclama una atención especial en virtud de que cada estudiante que abandona la escuela representa un fracaso para el Estado mexicano, detrás de la decisión de dejar los estudios, y lejos de que sea únicamente una actitud de irresponsabilidad o simple abandono de parte de los jóvenes que dejan de asistir a clases, se encuentra una serie de circunstancias sociales, que orillan a los estudiantes a tomar esa decisión.

En términos generales, la deserción escolar es el talón de Aquiles en el nivel medio superior y superior; sin embargo, a diferencia del panorama nacional, la deserción escolar en la Ciudad de México está en niveles alarmantes principalmente en el sistema de bachillerato, así lo muestra un estudio publicado por el diario El Universal, en el cual se observa que este problema ha aumentando un 20 por ciento en el último año.1

Por su parte, en la educación secundaria contando los tres grados educativos, el 86.7 por ciento, poco más de 64 mil estudiantes concluyeron este nivel, mientras que una tercera parte de ellos no lo terminaron; es decir, 20 mil abandonaron sus estudios y alrededor de 31 mil no lo acreditaron, poco más de 50 mil alumnos de la Ciudad de México no concluyeron la secundaria.2

En educación primaria 11 mil 500 alumnos desertaron antes de concluir el ciclo escolar, mientras que 2 mil 600 alumnos no aprobaron el año escolar,3 sumando estas dos cifras se tiene que poco más de 14 mil alumnos no están acreditando esta etapa. Las cifras antes mencionadas son preocupantes, debido a que los jóvenes están desertando en dos etapas fundamentales para el desarrollo educativo del ser humano, como lo son el nivel básico y medio superior.

En este tenor, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer que la Ciudad de México está entre los estados con niveles preocupantes de deserción educativa. En cifras de educación media superior muestran que dicha Entidad Federativa ocupa el lugar 11 de los estados con peores números de deserción escolar. Entre las delegaciones con altos niveles de deserción están Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan. Demarcaciones con fuertes problemas de inseguridad, violencia y rezago económico.4

La falta de ingresos en los hogares es un factor crucial en la generación de este problema, ya que del mismo se desprenden otras adversidades para los alumnos y sus familias. Por ejemplo, la falta de ingresos se asocia a una mala alimentación, factor que deriva en un bajo rendimiento académico; en su mayoría los padres tienen que trabajar más de una jornada laboral que da como consecuencia una mala comunicación entre padres e hijos; cuando el alumno tiene dificultades en la escuela, los padres no logra darse cuenta sino hasta que el alumno abandonó sus estudios.

La compleja situación económica nacional impacta de manera negativa y directa al sector juvenil, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, siendo sus primeras consecuencias la deserción escolar y el desempleo.

La inequidad es uno de los desafíos que deben erradicar las autoridades educativas en la Ciudad de México, aunque los programas de becas gubernamentales han ayudado a disminuir este problema, se requiere mejor focalización de los instrumentos de equidad para proteger a quienes más lo necesitan. Asimismo, se deben mejorar los espacios educativos en pro de la igualdad, toda vez que en materia de infraestructura y equipamiento, se tiene que dotar de mejores entornos a los planteles educativos, laboratorios de cómputo y salas de biblioteca, esto para facilitar y motivar al alumno a seguir estudiando.

Siendo la educación la base de la economía y de la sociedad, se deben crear mecanismos que permitan trazar estrategias de detección oportuna de deserción escolar y acercar a las familias de alumnos a los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México para que puedan continuar con sus estudios.

De llevarse a cabo con éxito esta tarea, se logrará disminuir los niveles de deserción o en el mejor de los casos erradicar esta dinámica que sigue creciendo en la Ciudad de México. De igual manera, se debe crear un mecanismo de prevención donde se identifique a los estudiantes con señales de ausentismo, conductas desviadas y bajo rendimiento escolar, lo cual permitiría actuar a tiempo e impedir que los alumnos abandonen sus estudios y continúen con su preparación académica.

La Reforma Educativa, mal llamada estructural, no rompe ni crea un nuevo sistema educativo, no se enfocó en los problemas que enfrenta la educación en México, como lo es mejorar la calidad del conjunto de factores que intervienen en el aprendizaje y combatir la desigualdad con políticas educativas basadas en el principio de equidad.

La deserción escolar es un problema de mayor relevancia porque afecta a 20 por ciento de una generación de secundaria, y a un 40 por ciento de media superior. Es decir, uno de cada tres alumnos de 15 años se encuentra fuera de la escuela, y una quinta parte de los alumnos entre 18 y 24 años no termina la secundaria, lo cual es considerado delicado por sociólogos, porque aumenta el riesgo de desempleo, así como su incorporación al crimen organizado.5 Como consecuencia del abandono algunos jóvenes son atraídos por prácticas sociales perniciosas como el vandalismo, la drogadicción o el alcoholismo.

El abandono escolar es un fenómeno multifactorial que no solo tiene elevados costos sociales, perpetuando condiciones de exclusión y pobreza, sino que además se agrega el alto costo económico que socava la productividad nacional, de ahí la importancia de enfrentarlo de manera integral, oportuna y diligente.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con su homóloga en la Ciudad de México, elaboren e implementen las acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel básico y medio superior en la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 14 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Diana Villavicencio. “Alertan sobre deserción escolar de hasta el 20 por ciento en la CDMX”, El Universal, México, febrero 2017, [Consultado: 06 de marzo de 2017], Véase en Línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/26/alertan-sobre-desercion-escolar-de-hasta-el-20-en-la-cdmx

2 Javier Briseño. “Urge prevenir y erradicar la deserción escolar en la CDMX”, México nueva era, México, febrero 2017. [Consultado: 06 de Marzo de 2017] Véase en Línea: http://mexiconuevaera.com/nacional/ciudad/2017/02/2/urge-prevenir-y-erradicar-la-desercion-escolar-en-la-cdmx

3 Ídem.

4 José Luna. “Aún desertan hasta 40% de alumnos en nivel medio superior”, El Sol de México, México, marzo 2016, [Consultado: 06 de marzo de 2017], Véase en Línea: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/161679-161679

5 Ídem.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela Bárcenas, Jesús Priego Calva, José María Martínez Martínez y Carlos Alberto Puente Salas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional de Ovinos Katahdin 2017. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al Congreso del estado de Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los ex gobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden de aprehensión. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La que suscribe, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el estado de Tamaulipas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS TREINTA Y DOS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN ESPECIAL AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A EFECTO DE QUE REALICEN UN ESTUDIO DEL MARCO JURÍDICO QUE RIGE EL SERVICIO DE ESCOLTA DE LOS EX GOBERNADORES Y ESTABLEZCAN REGLAS QUE IMPIDAN EL DISPENDIO DEL RECURSO PÚBLICO, ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE DICHO SERVICIO PARA UN EX GOBERNADOR QUE CUENTE CON UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México y en específico en algunas Entidades Federativas como Tamaulipas, existen cargos públicos que -por la naturaleza de las labores que desempeñan sus titulares- necesitan contar con escoltas que garanticen su integridad física.

Sin embargo, tan noble práctica se ha visto viciada por acciones que han permitido que ex servidores públicos se mantengan en la impunidad. Asimismo, se ha generado un excesivo gasto público.

Ejemplo de lo anterior es Tamaulipas -estado al que represento- en donde el dos de agosto del año inmediato anterior, el entonces Gobernador Egidio Torre Cantú, en pleno conocimiento de los resultados electorales en los que se decidió optar por una nueva opción política para gobernar el Estado, envió una iniciativa de Ley al congreso local con el objeto de dotar del servicio de escolta a ciertos ex servidores públicos, incluyendo lógicamente a los ex gobernadores del Estado, algunos que como es sabido se encuentran prófugos de la justicia.

Por su parte, el Congreso local aprobó en “fast track” la iniciativa enviada y argumentó en el dictamen correspondiente que: “…en la actualidad ya se están llevando a cabo dichos servicios, por lo que con la presente acción legislativa, se pretende regularizarlos”.

Cuestión medianamente verdadera, ya que el primer paso hacia la impunidad fue dado por el ex gobernador Eugenio Hernández, cuando el 10 de diciembre de 2010 -días antes de terminar su administración-envió una iniciativa al congreso local que de igual manera fue dictaminada “fast track” mediante decreto No. LX-1858 de fecha 27 de diciembre de 2010 y que en su transitorio segundo determinó:

“Los Exgobernadores (sic) del Estado que hasta la entrada en vigor del presente Decreto no cuenten con personal de seguridad para su persona y/o su familia, se les proporcionará, previa solicitud al Gobernador Constitucional del Estado.”

Es importante destacar que en ambos decretos se establece la prerrogativa de los exgobernadores de contar con escolta vitalicia, ya que en ningún momento se establece un plazo máximo de duración dela prestación y mucho menos se determina la obligación de contar con algún estudio o visto bueno de algún órgano especializado que emita un dictamen que justifique contar con dicha escolta.

Lo anterior es así, ya que la Ley de Seguridad Pública Local de Tamaulipas únicamente establece la necesidad de que un exgobernador solicite su escolta para que le sea otorgada, cuestión que en un régimen de austeridad y eficiencia del gasto no puede ser.

Sin embargo, lo más grave del asunto no es el gasto público erogado, sino la impunidad destapada por el actual Procurador de Justicia de Tamaulipas, Licenciado Irving Barrios Mojica, al hacer público que la administración de Egidio Torre Cantú brindaba protección institucional a los ex gobernadores Yarrington y a Hernández. Es decir, la autoridad en turno, en lugar de investigar los hechos ilícitos realizados por los ex gobernadores, se encargó de brindarles escoltas para garantizar su integridad física y su  libertad.

Es importante recalcar que los ex gobernadores contaban con doce escoltas y que sólo durante el gobierno de Egidio Torre nos costó a los Tamaulipecos treinta millones de pesos.

Es importante recordar que otro ejemplo de impunidad similar al señalado en párrafos anteriores, se visualizó en el estado de Quintana Roo, en donde una vez que el partido político en el poder lo perdió, se aprobó lo que coloquialmente se conoció como el “paquete impunidad”, ya que aunado a muchísimas acciones reprobables se autorizó dotar al exgobernador Borge de 15 años de escoltas.

Sin embargo, en septiembre pasado la nueva legislatura del Congreso Local aprobó reformar su Ley Estatal de Seguridad Pública para que únicamente se pueda otorgar dicho beneficio hasta por el tiempo que dure el encargo y hasta por un periodo similar a la conclusión del mismo.

En opinión de la suscrita es necesario que el Congreso Local en el estado de Tamaulipas reconsidere el marco jurídico que regula el servicio de escolta para nuestros ex gobernadores y establezca un plazo máximo de duración de dicha prestación, pero principalmente establezca reglas que obliguen a que en caso de que el ex gobernador cuente con orden de aprehensión se le retire de forma inmediata dicho servicio.

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las treinta y dos entidades federativas y en especial al Congreso del estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los ex gobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden de aprehensión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 14 de marzo de 2017.

Sen. Sandra Luz García Guajardo.





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el nombramiento del actual Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Institutos Nacionales de Salud son para el Sistema Nacional de Salud, el conjunto de hospitales del más alto nivel para la investigación biomédica, formación de recursos humanos, y atención médica, y cuentan con la infraestructura de vanguardia tanto con equipos médicos, laboratorios y recursos humanos. Ejercen un presupuesto de alrededor de 30 mil millones de pesos anuales, más recursos propios.

Su régimen jurídico viene desde nuestra Constitución, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley Federal de la Entidades Paraestatales, Ley General de Salud, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones en Servicios de Atención Medica, Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Programas de Gobierno, reglamentos de investigación en salud y de medicina de alta especialidad.

 El artículo 14 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, menciona que la administración de cada uno de los Institutos será por la Junta de Gobierno y el Director General, los artículos 10, 11, 12 y 13 establecen que estos institutos, tienen autonomía de gestión, técnica, operativa y administrativa.

Por lo anterior el Director General deberá ser una médica o médico de honestidad intachable, de muy alto nivel académico, sustentado en su currículo, con experiencia positiva en la administración pública y la aceptación de la comunidad en donde va a ser Director.

El pasado 6 de enero del 2017, se publicó en la página de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad CCINSyHAE), la convocatoria para la selección del Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS), en donde se establecían los criterios que deberían cumplir los candidatos a esta dirección que eran: ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicios de sus derechos, ser profesional de la salud en alguna de las especialidades que imparte el Instituto, haber  publicado trabajos de investigación en su especialidad, tener una trayectoria reconocida en la medicina y reconocidos méritos académicos, no encontrase en algunos de los impedimentos que señala el artículo 19 fracciones I a V de la Ley de Entidades Paraestatales - dentro de estas se encuentran no tener litigios pendientes con el INNNMVS y tener experiencia en cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiera de experiencia en materia administrativa -.

El 26 de enero se publicaron en la página del CCINSy HAE, los avances de la consulta para la selección del titular del INNNMVS, se consideraron a cinco personas que a criterios de la Junta de Gobierno del INNNMVS cumplían con la documentación requerida para ser considerados candidatos, que fueron los Doctores Miguel Ángel Celis López, Edgar Nathal Vera, Rodolfo Ondarza Rovira, Sandra Porcayo Liborio y Roberto Alfonso Suastegui Román. Se nombró un comité de auscultación por el presidente de la Junta de Gobierno Dr. José Ramón Narro Robles, integrada por la Dra. Alessandra Carnevale Cantoni, el Dr. José Halabe Cherem, y el Dr. Alberto Lifshitz Guinsberg, y se menciona que este comité de auscultación realizaría una entrevista con cada uno de los aspirantes sobre su plan de trabajo, y que asimismo, se recibirían opiniones por correo y presenciales de la comunidad del Instituto para apoyar a alguno de los candidatos; que este comité de auscultación emitiría por escrito una opinión que se entregaría al C. Secretario de Salud en un plazo no mayor a 7 días hábiles, y propondría una terna para que la Junta de Gobierno  de este Instituto designara al Titular de la Dirección General.

Los Doctores Edgar Nathal Vera, Dr. Rodolfo Ondarza Rovira y Roberto Suastegui Román ante la posible parcialidad en favor del Dr. Miguel Ángel Celis López, solicitaron una cita por escrito con el Dr. José Ramón Narro Robles, el día 30 de enero del presente año 2017, petición a la que no obtuvieron respuesta, el día 1 de febrero de 2017, le enviaron otra carta al Dr. Narro Robles mencionando que la Dra. Sandra Porcayo Liborio no contaba con una especialidad impartida en el INNNMVS, y que el Dr. Celis López, tenía averiguaciones previas ante la Procuraduría General de la República - Reclusorios Sur y Oriente- : AP/PGR/DFSZS-VI/614/2007 y AP/PGR/DF/SZO/RO/XI/523/VI614/2008, por negligencia médica y A.P./PGR/DF/525/VI614/2007 por falsificación de expedientes clínicos y falsedad en declaraciones ante la autoridad judicial, por lo que tanto la Dra. Sandra Porcayo Liborio como el Dr. Miguel Ángel Celis López no debieron haber sido considerados como aspirantes, por no cumplir con normatividad según la misma convocatoria.

Ese mismo día también se denunció por escrito dirigido al Dr. José Ramón Narro Robles Presidente de la Junta de Gobierno del INNyN MVS y Secretario de salud, con copia para el Dr. Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos Comisionado de los CCINSyHAE, conflicto de intereses ya que los doctores Halabe Cherem y Lifshitz Guinsberg, sostienen una relación cercana con el entonces candidato Celis López, al pertenecer a “Comité de ética y trasparencia de los médicos con la industria farmacéutica” (CETREMI), solicitando cambio de las personas del comité de auscultación, también ellos mismo denuncian que las altas autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “MVS”, estaban promoviendo para que el personal fuera a las oficinas de la Comisión Coordinadora de Institutos nacionales y hospitales de alta especialidad,  utilizando los vehículos oficiales de este Instituto para apoyar al candidato oficial Miguel  Ángel Celis. Nunca hubo respuesta y el proceso continuo su avance.

El día 7 de febrero el Dr. Rodolfo Ondarza Rovira recibe una llamada telefónica de una persona quien dijo llamarse Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, Comisionado de la Coordinación de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, quien menciona que este Doctor ya no estaría en la terna para la selección del Director del INNNMVS, quien le pregunto por qué y que criterios utilizaron sin más explicaciones se despidió, y el Dr. Ondarza al otro día le envió una carta solicitándole le informara cual había sido los criterios utilizados para tal decisión sin hasta ahora tener  respuesta.

El día 14 de Febrero los aceptados como terna para la selección del titular para  la Dirección del INNNMVS, que fueron los Doctores Miguel Ángel Celis López, Edgar Nathal Vera y Roberto Suastegui Román, tuvieron una presentación de 10 minutos cada uno de manera individual en las instalaciones de la Secretaria de Salud ubicada en Lieja 7 colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y al terminar esta presentación, sin que mediara un análisis de esta presentación del plan de trabajo propuesto por cada candidato, y de manera inmediata, lo que dijo el Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno José Ramón Narro Robles a decir de los Doctores Edgar Nathal Vera y Roberto Suastegui Román fue: “feliciten al Dr. Celis quien resultó el ganador”, sin dar ninguna explicación por esa esa decisión ni sobre los criterios empleados para llegar a la misma. Los Doctores Suastegui y Nathal observaron que la Dra. Carnevale y el Dr. Lifshitz estaban presentes como parte de la Junta de Gobierno, quienes seguramente tienen una relación estrecha con el Dr. Celis, lo que corrobora el conflicto de intereses y que la Junta de Gobierno es juez y parte.

A la fecha no se ha dado ninguna información sobre los criterios y resultados de las evaluaciones que debieron realizar tanto el comité de auscultación como la Junta de Gobierno para determinar que el Dr. Celis fuera el elegido como Director General. Tampoco se han mostrado los expedientes de cada uno de ellos con su currículum vitae y Plan de Trabajo para el manejo del INNNMVS, ni sobre el resultado de la evaluación de las entrevistas presenciales, ni de los correos enviados para apoyar a alguno de los aspirantes.
En síntesis:

• Los Institutos Nacionales de Salud en general, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, en particular, son para el Sistema Nacional de Salud, lo más valioso en términos de conocimiento y atención médica, de ahí deben partir las políticas públicas de salud siendo donde se ejerce el mayor presupuesto en relación a entidades, por separado. El INNNMVS ejerció en 2016 un presupuesto de 833 millones de pesos.

• La ley de los Institutos Nacionales de Salud otorga autonomía de gestión para el Director General en lo técnico, operativo y administrativo, en forma conjunta con la Junta de gobierno.

• En la práctica la Junta de Gobierno se reúne con el Director General dos veces al año para escuchar su informe lo que significa que éste tiene realmente toda la autonomía de gestión. Esto es el control absoluto del Instituto.

• Por lo anterior la persona que quede al frente de este Instituto deberá ser una persona,   a todas luces intachable en su honestidad, con el mejor curriculum para el ejercicio de la medicina y con conocimientos administrativos.

• En el procedimiento para la selección del Titular de la Selección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que se llevó a cabo en días pasados, 3 de los 5 aspirantes denunciaron irregularidades con la manera en que se condujo el procedimiento para la selección del Director General, con una Junta de Gobierno y Comité de auscultación que fueron juez y parte, además de parcialidad a favor del Dr. Miguel Ángel Celis López.

• Para la designación del Comité de Auscultación, Los Avances mencionan que el Presidente de la Junta de Gobierno invitó a personas de “reconocido prestigio”, para evaluar todo el procedimiento. Sin embargo, por este solo atributo no existe garantía de eficiencia en la designación del titular de la Dirección General de un Instituto Nacional de Salud sino que deben existir criterios específicos. Por lo que los contendientes y las ONG de la Sociedad Civil -interesadas en transparencia y en el combate a la corrupción -, han solicitado se les informe sobre estos criterios, mostrar los expedientes de cada uno de los contendientes y trasparencia de la designación, sin haber obtenido respuestas hasta la fecha.

• La turbiedad, las irregularidades ocurridas durante el procedimiento de selección del Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, el silencio y la no transparencia posterior a la designación del Director General, favorece el suponer el posible de tráfico de influencias, contubernio, y abuso de autoridad por parte de la Junta de gobierno de dicho Instituto. 

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, dé a conocer los criterios que se emplearon para descartar candidatos y designar al recién nombrado titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y María Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la violencia de género en su contra. Se turna a la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las suscritas, Senadoras MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y LUCERO SALDAÑA PÉREZ, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN, DEL PRI Y DEL PRD DE LA LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO A LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS COMO EL DE “MINI BELLEZA LATINA”; POR SER UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PROMOVER LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SU CONTRA al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La construcción social del género comprende una red de creencias, actitudes, conductas y rasgos de la personalidad que se esperan de la persona de acuerdo con el sexo biológico al que pertenece. Esta construcción establece la femineidad y la masculinidad basadas en contextos culturales de lo que se espera “ser mujer” o “ser hombre”.

La división entre el sexo y el género fue impulsada en los años cincuenta por la filósofa francesa Simone de Beauvoir en su libro “El Otro Sexo”. Libro que declara que las mujeres "no nacen como mujeres sino que se les hace mujeres" y a partir del cual se realiza la distinción entre lo que es el cuerpo físico y el rol social de género creado en base al sexo. Su intención a través del estudio de la diferencia entre el sexo y el rol social era rechazar argumentaciones como que las mujeres son responsables del trabajo reproductivo por razones biológicas. Algunos estudios relacionados con el género coinciden en que: El cuerpo biológico está relacionado con el comportamiento que la sociedad espera de una mujer y de un hombre, por lo que se va descubriendo que se trata de un proceso no natural, sino aprendido1.Es así que, “cualquier generalización en términos de identidad, sobre la vida de las niñas y de los niños, puede no ser cierta para alguna de ellas y de ellos, ya que las personas son el resultado de su propia circunstancia, y pueden o no apegarse a las normas sociales”2.

La identidad de las niñas se construye en relación con las demás y de ahí se establecen rasgos acordes a la femineidad: por ejemplo el deber ser madres, el deber ser tiernas, el deber ser bellas y compasivas así como todo lo relacionado con la estética del cuerpo, entre otras. Esta identidad no resulta inmóvil sino que se transforma de manera constante y se encuentra relacionada con características sociales, corporales y subjetivas que refrendan la idea de lo femenino.

A partir de la segunda ola del feminismo en los años setentas, se habla del concepto de la cosificación de la mujer, el cual se refiere al acto de representarla como un objeto y más concretamente, la cosificación sexual que consiste en representarla como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales reduciéndolas a instrumentos sexuales. Esta cosificación se vuelve más relevante en una sociedad patriarcal en la que prevalece el consumismo y donde las mujeres se convierten en una mercancía para el deleite de algunas personas, en especial de los hombres. La cosificación es una forma de violencia simbólica, que resulta casi imperceptible en virtud de que se somete a las mujeres a una constante discriminación a través de la publicidad, las series de televisión, las revistas, las películas y todas aquellas situaciones que las enfrentan a seguir un rol específico impuesto socialmente por el simple hecho de ser mujeres, a partir de los cuales se refrendan los estereotipos de género, los cuales, se refieren a las creencias sobre cómo deben ser y comportarse las personas. Los estereotipos de género generan una dicotomía por tratar a los sexos como opuestos, por lo que llegan a convertirse en una ideología tan fuerte que termina por creerse como algo natural.

Con fecha 6 de marzo de 2017, el periódico “El Universal” publica la nota “Rechazan concursos de belleza para niñas en Hidalgo”3, en la cual se establece el rechazo de instituciones como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna), el Instituto Nacional de la Mujeres (inmujeres) y el Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por la realización del concurso denominado Mini Belleza Latina México, en el estado de Hidalgo. El pronunciamiento de las autoridades engloba la necesidad de erradicar la cultura social que permite expresiones, costumbres, tradiciones, estereotipos y roles de género que perpetúan las desigualdades a través de la cultura misógina que prevalece.

Señala la fuente que el concurso se ha difundido a través de las redes sociales con imágenes de niñas hipersexualizadas, a través de erotización de posturas y vestimentas que no van acorde con su edad, mostrando además su rostro, lo que puede representar una violación a su derecho a la intimidad. Puntualiza que esta práctica, además de promover los estereotipos de género y recrudecer las violencias a las que se enfrentan las mujeres cotidianamente, podrían incurrir en conductas calificadas como delitos relacionados con la explotación sexual u otros relacionados con la trata de personas.

Desde el enfoque del feminismo, los concursos de belleza representan escenarios de discursos subyacentes y superpuestos que expresan ideologías excluyentes o discriminatorias hacia las mujeres. Estas prácticas se encuentran asociadas a industrias como el modelaje y la publicidad (el uso del Photoshop en las revistas y en la publicidad, la selección de modelos hiperdelgadas en las pasarelas, el uso de maquillaje, el uso de zapatos de tacón, etc.). Todo aquello que cosifica a la mujer a partir de un modelo a seguir con respecto a lo femenino. Estas situaciones cuyos efectos de un modelo irreal y poco saludable de la belleza, tienen un fuerte impacto negativo en la mayor parte de las mujeres, pero sobre todo en las niñas y las adolescentes,

Adicionalmente, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre la cosificación de la mujer, la belleza a la que se refieren estos concursos se caracterizan por exhibir el cuerpo de las mujeres y ponerle un valor económico (el premio y los demás beneficios ligados al concurso), así como trasladarlo al mercado de la comunicación a través de anuncios, redes sociales y otras formas de publicidad. De ahí que la belleza en estos concursos se deriva en la venta de las mujeres como un producto y, como tal, se fabrica. Basta ver el incremento de las operaciones de cirugía estética en los concursos de belleza más populares (Miss Universo y Miss Mundo) y la manera en que las niñas y las adolescentes son disfrazadas de adultas, hipersexualizadas para competir en estos concursos de belleza.

De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México ocupa el tercer lugar  internacional el procedimientos de cirugías estéticas sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil, que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente. Esta fuente señala que en 2013 en nuestro país fueron practicadas 844 mil 353 mil cirugías plásticas y tratamientos de belleza no quirúrgicas.

Las consecuencias de estímulos inapropiados que reciben niñas, niños y adolescentes en la infancia y en la adolescencia atentan contra sus derechos humanos, así como contra los principios del interés superior de la niñez, de no discriminación, de igualdad sustantiva, de autonomía progresiva y del acceso a una vida libre de violencia establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna).

Cabe destacar que esta ley la obligación de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, a fin de que en el ámbito de sus competencias, impulsen la cultura del respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores que establece la legislación (Artículo 7). Señala además que dichas autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos poblacionales, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos (Artículo 10). Además señala la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, de hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para la debida investigación y en su caso, instrumentación de medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes (Artículo 12).

Cabe mencionar que en el caso específico de concursos en los que se vean involucradas niñas y adolescentes existe una clara violación del derecho a una vida libre de violencia en virtud de la cosificación o violencia simbólica a la que se enfrentan y que se ha descrito a lo largo de estas consideraciones. También se atenta en contra de su sano desarrollo integral y por su puesto a su derecho a la igualdad sustantiva y la no discriminación, dado que estos derechos señalan la obligación de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en idea de inferioridad o bien de tratar a las niñas y a las adolescentes como objetos sexuales o productos publicitarios.

Las niñas que aparecen en desfiles como modelos profesionales sometidas a mejoras estéticas por sus madres, padres, tutores o familiares y a constantes periodos de estrés por las exigencias de los concursos, ven deteriorada su salud, por lo que también se viola este derecho y finalmente al ser expuestas de tal manera, también se ve vulnerado su derecho a la intimidad.

Aunado lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv), señala que en el ámbito familiar las autoridades están obligadas a brindar servicios especializados y gratuitos que permitan erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron esa violencia, asimismo deben evitar la violencia en la comunidad perpetrada hacia las mujeres y a las niñas a partir de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria. Y finalmente transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con esta ley, es facultad de la Federación vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; y en específico de acuerdo con el artículo 42 de esta Ley, es facultad de la Secretaria de Gobernación:

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres;

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

Por otro lado, tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), vinculante para el Estado mexicano establece en su artículo 5º

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
...

De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de las niñas y las adolescentes a no ser discriminadas y a la igualdad, basta recordar que en junio de 2015 derivada de las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, el Comité de los Derechos del Niño (CoDN) recomendó a nuestro país en el marco de derecho a la no discriminación “b) Garantizar que las autoridades, los servidores públicos, los medios de comunicación, los maestros, niñas, niños y adolescentes y el público en general sean sensibilizados frente al impacto negativo de los estereotipos de género en los derechos de la infancia, y se tomen las medidas necesarias para prevenir estos estereotipos negativos, principalmente fomentando que los medios de comunicación adopten códigos de conducta.

Aunado a lo anterior, el CoDN externó su preocupación por las actitudes patriarcales y los estereotipos de género persistentes y que son discriminados frente a las niñas y a las mujeres, y que traen como resultado una alta prevalencia de violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado parte. Y en este sentido, recomendó a México otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y sensibilización.

El 8 de marzo, conmemoramos el día internacional de la Mujer, es sin duda un momento para hacer un balance en los avances y retrocesos a los que nos enfrentamos y la violación de los derechos de las niñas y los adolescentes por falta de sensibilización y promoción de estos derechos, es un gran desafío que el Estado mexicano tiene para lograr la transformación cultural, evitar las brechas de desigualdad que persisten entre mujeres y hombres y prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas y las adolescentes.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza Latina”; por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la violencia de género en su contra.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que a través de su Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes, realice una estrategia integral de sensibilización y promoción de los derechos de las niñas y los adolescentes que elimine las costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que expongan a las niñas y a las adolescentes a la violencia de género conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus competencias en coordinación con sus homólogas instrumente las medidas de protección y restitución de derechos para las niñas y adolescentes que participan o han participado en concursos como el de “Mini Belleza Latina”.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a brindar un informe sobre las acciones que ha realizado para vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres conforme a la atribución que le confiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.

1 Melgar Lucía y Piñones Patricia. Glosario de términos relacionados con violencia de género. México- PUEG-UNAM, (2008) en REDIM, (2016). La desigualdad de género comienza en la Infancia.

2 REDIM, (2016). La desigualdad de género comienza en la Infancia.

3 El Universal, (2017). “Rechazan concurso de belleza para niñas en Hidalgo”, nota completa disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/6/rechazan-concurso-de-belleza-para-ninas-en-hidalgo





 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 276 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SOLICITAR A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL FEDERAL, Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITIR DE INMEDIATO UNA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE NATURAL PARA LIBERAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRE NATURALES (FONDEN) EN LOS 28 MUNICIPIOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA, QUE ENFRENTAN UNA SEQUÍA ATÍPICA EXTREMA; TAMBIÉN SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA    (CONAGUA) PARA QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES ELABOREN UN PROGRAMA EMERGENTE QUE IMPULSEN PROGRAMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y USEN TODAS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CON QUE SE CUENTA EN LA ACTUALIDAD PARA HACER UN USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA. ASIMISMO, SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y REFORESTACIÓN QUE EVITEN EL ARRASTRE DE TIERRA EN LAS CUENCAS DEL RÍO TEHUANTEPEC Y TEQUISISTLÁN conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Gran parte del estado de Oaxaca vive una situación de sequía atípica extrema; en total hay 428 municipios con algún grado de afectación por la sequía, el 75 % del total de los municipios de la entidad.

La sequía afecta los municipios de los Valles Centrales, la Costa de Oaxaca, pero especialmente al Istmo de Tehuantepec. De entre los 428 anotados anteriormente,  según el Monitor de Sequía de México, al 31 de enero del 2017, en Oaxaca hay 252 municipios en condición anormalmente seco, 119 en sequía moderada; 30 en situación de sequía severa y 27 en sequía extrema1, estos últimos en la región del Istmo, aunque los habitantes de la región catalogan 28 municipios en esa situación.

Los 27 municipios del Istmo de Tehuantepec catalogados en sequía extrema por el Monitor de Sequía en México son: Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec , El Espinal,  Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Santiago Niltepec, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Pedro Huilotepec, San Pedro Comitancillo, Santa María Chimalapa, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Tehuantepec y Unión Hidalgo2.

En el Istmo de Tehuantepec, los campesinos, la industria y dos de los ríos se abastecen del agua de la presa Presidente Benito Juárez de Jalapa del Marqués, la principal fuente de abastecimiento de agua de los habitantes de la región.

En el mandato del presidente Adolfo López Mateos (1956-1961), la federación construyó la presa; posteriormente, el 21 de noviembre de 1962, el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación creó el Distrito de Riego número 193, para irrigar las tierras de cultivo de los municipios de Jalapa del Marqués, Mixtequilla, Tehuantepec, San Blas Atempa, Juchitán, Comitancillo, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y San Pedro Huilotepec4, un área de 55 000 hectáreas.

La presa se construyó con una capacidad de almacenamiento de 708.64 hm3, pero ahora se encuentra en un estado crítico por la sequía que se presenta.

Más de tres años de sequía en el Istmo de Tehuantepec han provocado un dramático descenso del agua en la presa de Jalapa del Marqués, hasta niveles críticos.

La sequía, que se intensificó desde el otoño de 2015, ha descubierto un antiguo templo dominico del siglo XVI, que era el centro del viejo pueblo que fue inundado en 1962. En ese centro de culto, los anteriores pobladores de Jalapa veneraban a la Virgen del Rosario. Hay gente que llora al recordar cuando contemplan su antiguo templo y lo que quedó de la escuela primaria y algunas otras construcciones de Jalapa el Viejo, relata el pescador Miguel Olivera.

Por esas situaciones, el 12 de febrero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró la compuerta al riego agrícola, por lo que 4 mil 300 productores y 22 mil hectáreas fueron directamente afectados.

En temporada normal, la presa se cierra el 29 de mayo, con un abasto superior al 50 por ciento; en esta ocasión, el cierre se adelantó, porque la presa sólo tiene un almacenamiento del 14 por ciento.

La situación se ha tornado crítica, ya que hasta 44 mil 466.6 hectáreas, si tomamos en cuenta las áreas de pastizales, dependen de la presa.

Según han denunciado campesinos dedicados a la ganadería, por falta de pastizales han muerto más de 1 500 reses y ellos están sembrando camote para darle el bejuco al ganado para evitar que se enfermen, pero la ganadería está perdiendo peso y deben vender barato para no tener pérdidas mayores5.

La situación es tan difícil que incluso la Conagua levantó la veda y autorizó 700 pozos artesianos para evitar más muerte de ganado y pérdida de cosechas como el maíz, sorgo y ajonjolí6.

Sin embargo, los productores y ganaderos de la zona han externado que requieren recursos para abrir los pozos, “un aproximado de 90 mil pesos sólo para excavarlos o abrirlos, pero para adquirir el equipo de bombeo y pueda así entrar en operación, la cifra podría alcanzar los 200 mil pesos”7.

Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), Conagua, legisladores locales y federales, así como presidentes de los 28 municipios del Istmo afectados por la falta de lluvias desde hace tres años, en una reunión al que asistí, el pasado fin de semana, exigieron que el gobierno federal emita la declaratoria de emergencia por sequía extrema que golpea a la región.

En ese encuentro que sostuvimos con autoridades municipales y productores del Istmo de Tehuantepec, señalaron que ante la falta de lluvias y el cierre de la compuerta de la presa de Jalapa del Márquez, los campesinos que siembran sorgo, maíz y pastizales viven momentos críticos, porque no hay producción para el autoconsumo y menos para salvar la ganadería.

En esa reunión, el director técnico de la Conagua Pacífico Sur, Francisco Núñez Santiago, informó que el pronóstico de lluvias de este año es negativo por el fenómeno de El Niño, que provocará lluvias en el norte del país, pero dejará sequía en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Ahí se aclaró que la sequía que se vive en el sur de Oaxaca tiene tres años y que la última sequía similar se vivió en 1971, de acuerdo con los campesinos. Además, las autoridades de Conagua advirtieron que la ausencia de lluvias en esta zona se mantendrá durante los próximos tres años.

De acuerdo con los pronósticos, para 2030 debemos tener especial cuidado con el agua subterránea, ya que su sobreexplotación, además de ocasionar el abatimiento de los niveles freáticos y provocar profundizaciones de los pozos, puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la sociedad.

Por eso, he considerado necesario que el gobierno brinde el apoyo necesario a los vecinos de estos municipios del Istmo, para que tengan acceso al agua subterránea, pero que en su explotación se tenga el mayor cuidado, para no abatir los niveles freáticos.

Por estas razones, el 21 de febrero pasado presenté ante el Pleno del Senado de la República una proposición con punto de acuerdo, solicitando lo siguiente:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que con base en sus atribuciones apoye a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo y el descenso de agua de la presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que con base en sus atribuciones elabore un programa emergente para apoyar a los agricultores y ganaderos de la región.

Quiero solicitarle a la Comisión de Recursos Hidráulicos que agilice la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, antes citada, porque es muy urgente que se tomen medidas sobre el caso.

Pero también, quiero retomar y proponer a esta Honorable Asamblea una nueva proposición con punto de acuerdo, según la petición de las autoridades municipales de la región del Istmo de Tehuantepec, los dirigentes de las organizaciones productivas, las autoridades estatales y los legisladores locales, para solicitar a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia y que se brinden los recursos necesarios para que los campesinos del Istmo afronten con posibilidades de éxito esta situación.

La propuesta va dirigida a apoyar a los municipios de Oaxaca que el Monitor de Sequía de México ha clasificado en el rango de sequía extrema.

Pero no debemos quedarnos en lo inmediato, considero que junto con estas propuestas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura del gobierno del estado, deben impulsar programas de captación de agua de lluvia y usar todas las nuevas tecnologías con que contamos para hacer un uso más eficiente del agua.

De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Medio Ambiente estatal deben implementar programas de conservación de suelos y reforestación que eviten el arrastre de tierra en las cuencas del río Tehuantepec y Tequisistlán.

A eso debemos agregar el apoyo de Petróleos Mexicanos para financiar los programas propuestos, porque también es usuario de las aguas de la presa Benito Juárez.

Por todas estas consideraciones, quiero someter a la discusión y votación de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca solicitar a la Coordinación General de Protección Civil federal, y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales (Fonden) en los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que con base en sus atribuciones elaboren un programa emergente que impulsen programas de captación de agua de lluvia y usen todas las nuevas tecnologías con que se cuenta en la actualidad  para hacer un uso más eficiente del agua.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para implementar programas de conservación de suelos y reforestación que eviten el arrastre de tierra en las cuencas del río Tehuantepec y Tequisistlán.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.pronacose.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=16&n3=16, (Consultado el 6 de marzo de 2017).

2 http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico (Consultado el 6 de marzo de 2017).

3 http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez (Consultado 14/02/2017)

4 http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/ y en http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarezhtm (Consultado 14/02/2017)

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/5/urgen-declarar-emergencia-por-sequia-en-el-istmo#.WLw13Eu7L8o.twitter (Consultado el 6 de marzo de 2017).

6 http://www.istmopress.com.mx/istmo/sequia-extrema-afecta-a-oaxaca-piden-declaratoria-ante-fonden/ (Consultado el 6 de marzo de 2017).

7 http://www.nvinoticias.com/nota/52871/ganado-muere-en-el-istmo-por-falta-de-agua
Amando Orozco(Consultado el 6 de marzo de 2017).





 

Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta protección. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

El suscrito, Senador CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS AL INTERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA NORMA QUE LE DÉ VIDA A ESTA PROTECCIÓN. ADEMÁS DEL FORTALECIMIENTO DE SU JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL CARACTERÍSTICA DE LOS ACTUALES ESTADOS CONSTITUCIONALES.

CONSIDERACIONES

Hoy en día la democracia es considerada como la mejor forma de gobierno para el desarrollo pleno de las sociedades contemporáneas. La democracia y el Estado de Derecho están intrínsecamente unidos, este sistema de gobierno refuerza el respeto del estado constitucional democrático, dado que, merced a ella, el poder dimana en definitiva del pueblo como adjudicatario de la soberanía. Es un hecho imprescindible que en un estado democrático como lo es México, están surgiendo cada vez más desafíos para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, como lo es, la protección a las minorías y la justicia constitucional.

Actualmente, dentro un contexto histórico de esfuerzos por la solidificación de la democracia y de la justicia constitucional en cada una de las entidades federativas del Estado mexicano, se pueden apreciar debilidades muy particulares en cada una de ellas. Tal es el caso de San Luis Potosí, donde no existen los órganos, recursos y mecanismos necesarios para el pleno desarrollo de la justicia constitucional en el estado.

Por ello, resulta necesario establecer como premisa, que una de las principales características de los Estados de Derecho constitucionales, es la protección de las minorías con lo que se da vigencia al principio de tolerancia y pluralidad política baluartes del constitucionalismo mexicano.

La democracia entraña el gobierno de la mayoría, pero eso no significa que las minorías puedan o deban ser privadas de participar en el poder y en la adopción de decisiones que afectan a los ciudadanos. Ciertamente, cuando existe un debate pleno sobre los problemas que aquejan a determinadas sociedades debe llegar el momento de la decisión, y existe la posibilidad que una mayoría se imponga y que una propuesta de la voluntad de la minoría sea rechazada.

Sin embargo, este sistema no entraña ni debe entrañar una parálisis, a la hora de tomar decisiones. Las opiniones de la minoría nunca deben silenciarse, deben tener derecho a exponer sus argumentos, con el objeto de que, después de haber oído a ambas partes se pueda votar en un órgano de deliberación democrática.

Es frecuente que ambas partes tengan ideas acertadas, que pueden conjugarse de manera creativa, pero el método decisional, mayoría sobre la minoría, debe tener ciertos matices, que aún a lo sumo contenga la posibilidad de plantear propuestas, discusiones, y decisiones, en las cuales la minorías obtengan una participación plena en el proceso de toma de decisiones.

Las minorías participan en el juego democrático, siempre y cuando en los canales institucionales del Estado, les garantice su participación en la toma de decisiones, ya que los Estados Modernos en sus ordenamientos constitucionales consagran la garantía de derecho a las minorías, todo ello en aras del principio de igualdad y pluralidad, en los cuales las minorías acuden a los organismos institucionales de deliberación democrática como es el caso de los ayuntamientos en defensa de sus principios e interese y de su derecho a ser escuchados ya que representan a  determinados sectores de la    sociedad.

Se trata en consecuencia, de acercar a los puntos de encuentro en propuestas de índole político e ideológico, a los actores políticos, representando a numerosos actores  sociales, para armonizar el desarrollo pleno en aras de la convivencia que debe existir en las sociedades modernas, para lograr con esto la estabilidad y durabilidad de los sistemas políticos contemporáneos, que se ven sumidos en diversas posiciones antagónicas y en donde debe de buscarse la tolerancia, el pluralismo y el respeto de los grupos sociales, tanto los mayoritarios como los minoritarios en las instituciones municipales.

Por el contrario, cuando el Estado constitucional, no provee de las condiciones óptimas para el pleno desarrollo y establecimiento de las minorías, no solamente se cae en una contradicción de principios, sino que se deja el camino abierto a la desigualdad y  a la intolerancia. Incluso se puede llegar a que la mayoría tome decisiones contrarias a la Constitución federal y estatal, y a los principales principios que guían los derechos humanos y las instituciones democráticas modernas y con esto a la tiranía de las mayorías en los ayuntamientos.

Ante la situación descrita, en la actual normativa del estado de San Luis Potosí no se permite que puedan las minorías al interior de los ayuntamientos acudir a un órgano independiente a impugnar reglamentos inconstitucionales y cuyo efecto de la sentencia sea la desaplicación del reglamento para todos los habitantes del municipio. Por lo que ante tal circunstancia lo único que le queda al ciudadano es ir a impugnar este reglamento por medio del juicio de amparo, sin embargo el efecto de esa sentencia solo va a beneficiar a la persona que lo interpuso.

Lo anteriormente descrito genera una desigualdad en la aplicación de la ley, ya que solamente aquellos que pueden apelar al recurso de amparo pueden verse protegidos y quienes regularmente son personas con poder económico, pero al resto de la población se le continua aplicando de manera injusta la norma municipal con lo que se genera desigualdad en los habitantes del municipio.

El sistema electoral del estado de San Luis Potosí asegura mayorías al Presidente Municipal al interior de su cabildo, es decir los regidores del mismo partido del Presidente tienen mayoría simple, lo que hace que las minorías no puedan oponerse con resultados tangibles en una votación de algún reglamento o parte del mismo que vaya en contra de la constitución estatal.

En síntesis, la mayoría de los regidores en un ayuntamiento pudieran por ejemplo, llegar al absurdo de aprobar una falta administrativa que penalice con multa o con arresto a aquellas personas que se vistan de una determinada manera, vulnerando con esto derechos humanos de las personas como puede ser el derecho a la libre personalidad.

En este contexto y ante la ausencia de una protección en un órgano estatal independiente como lo pudiera ser el Poder Judicial Estado, los equilibrios institucionales del municipio no son acordes con los de un estado constitucional moderno, lo que genera autoritarismo local o una tiranía de las mayorías en los ayuntamientos, lo que se puede ver reflejado en las reglamentaciones municipales.

Es por esto que, consideramos básico que en el estado potosino existan mecanismos de justicia constitucional que protejan a las minorías en los ayuntamientos cuando se aprueben reglamentos que atenten contra la constitución estatal y los derechos inalienables de las personas.

En México, existen casos en diferentes entidades federativas del país, donde se han implementado mecanismos para la protección de las minorías en los ayuntamientos. Tal es el caso del estado de Coahuila, en donde existen acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de carácter general del mismo ayuntamiento, teniendo como requerimiento al 30% de los integrantes del ayuntamiento así mismo este tipo de mecanismos ya existen en otros estados como es el caso de Chiapas.

Como ya hemos podido observar el desarrollo de la justicia constitucional y de la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos, aún es un reto, ya que si bien es cierto se dieron importantes avances en la justicia constitucional federal, al día           de hoy todavía la protección de las minorías en los ayuntamientos es un capítulo pendiente. Si consideramos que los municipios son la escuela de la democracia, el construir de abajo hacia arriba ese tipo de instituciones, nos va a ayudar a tener un Estado mexicano más sólido y una democracia más consolidada donde el principio de tolerancia y de pluralidad política, así como el respeto a los derechos humanos y a las decisiones políticas fundamentales de nuestra Constitución, sea la constante y no la excepción.

Por todo lo anterior se propone a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a que se garantice la protección de las minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la normativa que le dé vida a esta protección, además del fortalecimiento de su justicia constitucional local característica fundamental de los actuales estados constitucionales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. Se turna a la Comisión de Federalismo.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO, A RECONSIDERAR LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN APROBADO EL PASADO 31 DE ENERO, ASÍ COMO A REALIZAR LAS ADECUACIONES CONDUCENTES, EN VIRTUD DE QUE EN SUS CONTENIDOS SE ADVIERTEN DISPOSICIONES REGULATORIAS EXCESIVAS Y HASTA IRRACIONALES, COMO EL CASO DE CONSIDERAR OBRAS MENORES SUJETAS A PERMISO MUNICIPAL ALGUNAS COMO LA PINTURA, CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA, al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y

CONSIDERACIONES

Sin duda alguna, la normatividad en materia de construcción y edificación es de suma importancia. Los reglamentos de construcción son una forma en la que los gobiernos pueden preservar las regulaciones de les estructuras tanto residénciales como comerciales, dentro de una comunidad.

El objetivo primordial es atender normas de construcción necesarias para asegurarse de que un inmueble es seguro de habitar, asimismo, que se está de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano.

Por esa razón, los reglamentos de construcción deben atender a estas prioridades, que de no ser así y adentrarse en el terreno de lo absurdo y el abuso, perderían su propósito.

Este parece ser el caso del Reglamento de Construcción del municipio de Zapopan, Jalisco; que frisa en los excesos normativos y de burocratización de asuntos, como la necesidad de tramitar un permiso del municipio para pintar una vivienda o cambiar el marco de una puerta y hasta el cristal de una ventana.

Parece una broma, pero esto es una realidad en Zapopan a partir del 17 de febrero, fecha de publicación del referido reglamento.

Es el caso, que con fecha 31 de enero del actual, el Ayuntamiento en Pleno del municipio de Zapopan aprobó abrogar su anterior Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano y emitir un nuevo Reglamento de Construcción, que en lo conducente señala:

“Artículo 71. Los propietarios por sí o por conducto de su representante legal deberán tramitar ante la Dirección permiso conforme a lo que establece el presente ordenamiento para la realización o ejecución de trabajos relativos a obras menores, así como todo acto de ocupación y utilización del suelo, que se lleve a cabo en el municipio de Zapopan; para lo cual la Dirección podrá emitir los siguientes permisos:

I. Para obras menores;”…

… Artículo 72. (…) Para fines de este Reglamento, se consideran obras menores, los siguientes casos:

I. Reparación, reposición, restitución, mantenimiento o mejoramiento de cualquier elemento o parte de una edificación, pudiendo tratarse de enjarres, pisos, pinturas, cristales, herrería, aluminio, carpintería o instalaciones de cualquier tipo que sean realizadas al interior de un predio, sin invadir o afectar la vía pública, indistintamente de la altura de la edificación;”…

… “Artículo 75. Quienes obtengan el permiso para obras menores, tendrán la obligación de respetar el presente Reglamento y otra normatividad aplicable, además de que los trabajos de obra estarán sujetos a visitas de verificación o inspección, por parte de personal de la Dirección de Inspección.

Así, dentro del concepto de obras menores se incluyeron algunas, que si bien no lo son, por decreto municipal lo serán y requerirán de permiso de autoridad, a través de una solicitud multitrámite firmada por el propietario del inmueble o su representante legal, sujetos a supervisión y en su caso, sanción consistente en un apercibimiento, multas de 1 a 500 días de salario o hasta la clausura.

Si bien el trámite no tiene costo, la problemática de una tramitología innecesaria lo conlleva, además que su omisión podría salir bastante cara con una multa de las referidas.

No estoy haciendo alusión a eventos de hace más de 160 años, cuando el gobierno del General Antonio López de Santa Anna, extendió los cobros de los impuestos a la población por cada ventana y puertas de sus viviendas, y hasta las luces exteriores.

En este caso, me refiero a un evento de actualidad en el que el gobierno municipal de Zapopan nos hace recordar las anecdóticas e históricas reformas fiscales de Santa Anna.

Aun así, de gracioso no tiene nada, pues basta imaginarse nada más, el supuesto en el que para cambiar los cristales de una ventana o dar “una manita de pintura” a la fachada se haga necesario acudir al municipio por un permiso, recabar los requisitos y seguramente perder un día de trabajo para el susodicho trámite.

Mientras los programas de la Secretaría de Desarrollo Social llegan a apoyar a la población con pintura para coadyuvar a una mejor imagen del entorno urbano y una comunidad digna, el gobierno municipal le pone la mejor de las trabas.

Esta disposición, sin duda, es un grave desacierto del gobierno municipal de Zapopan, que debiera causarle urgencia, pero para subsanarla.

De acuerdo al medio de comunicación que alertó sobre semejante inconsistencia, el gobierno municipal se encuentra atento a recibir sugerencias y hacer modificaciones, sin embargo, las mencionadas en el presente documento se anuncian solas y hacen indispensable su corrección.

Punto preciso sobre el cual versa la presente propuesta, como es sugerir al Ayuntamiento de Zapopan, el reflexionar sobre los alcances de las disposiciones contenidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan, con su consecuente adecuación.

Lo anterior, en los términos contemplados en el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a través de su Presidente Municipal, Pablo Lemus Navarro, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales, como el caso de considerar obras menores sujetas a permiso municipal algunas como la pintura, carpintería y cristalería, por citar las más ilustrativas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 14 de marzo de 2017.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. José María Martínez Martínez.





 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, José Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda Esthela Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, Luis Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. Se turna a la Comisión de Cultura.







 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a rendir un informe sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación 55/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE DE MANERA INMEDIATA RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTATUS DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 55 /2016 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ANTECEDENTES

1. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva en México encuentra su origen en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual sostiene que el sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.

2. A nivel internacional existen una serie de lineamientos conocidas como “Las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” estas fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, cuyo objetivo es la buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.(Unidas, s.f.)

3. Dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos se encuentran el derecho al registro, separación de categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal, trabajo, ropas y cama, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos, información y derecho de queja de los reclusos.(Unidas, s.f.)

4. Sin embargo, específicamente en el estado de Nuevo León la CNDH llevó a cabo visitas de seguimiento como parte importante de las acciones de supervisión por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura adscrito Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo resultado en los centros de reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Nuevo León arrojo que dentro de estos centros penitenciarios existe la siguiente problemática:

• Persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento.

• Subsiste el autogobierno en los tres establecimientos.

• Insuficiente suministro de alimentos.

• Instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, especialmente las sanitarias e hidráulicas

• Insuficiencia de colchonetas

• Inadecuadas condiciones de higiene

• Conexiones eléctricas improvisadas en la sección femenil

• Falta de instalaciones adecuadas exprofeso para mujeres, así como para los hijos de las internas que viven con ellas.(Humanos, 2016)

A raíz de dichos descubrimientos la CNDH emitió la recomendación identificada como 55 /2016 en la cual incita al Gobierno del Estado de Nuevo León a:

PRIMERA. Se tomen las medidas conducentes a efecto de implementar un programa integral con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, que fortalezca las condiciones de operatividad, eliminando los factores de riesgo, entre otros sobrepoblación, hacinamiento y auto gobierno, que generan ambientes de violencia, tomando como base las observaciones contenidas en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, a efecto de que en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, se brinde la atención tanatológica y 51/53 psicológica a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de junio de 2016, en Topo Chico, en virtud de las consideraciones planteadas en la presente Recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Se tomen las acciones necesarias para que en respuesta a una política pública integral, a partir de la evaluación de las necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento y en tanto no se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes, evitando la sobrepoblación y el hacinamiento, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, relativas a los 5 ejes previstos para lograr la reinserción social efectiva, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con las que se dé cumplimiento.

CUARTA. Se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades penitenciarias recobren el total control y la gobernabilidad en Topo Chico, se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos tanto en la normatividad nacional como instrumentos internacionales, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que den cuenta de su cumplimiento.

QUINTA. Se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres privadas de la libertad y a sus hijas e hijos en forma adecuada, privilegiando el interés superior de la niñez, a través de la prioridad en la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro de reclusión exclusivo para mujeres, en el que se garantice la satisfacción de sus necesidades específicas, con espacios suficientes, en condiciones de estancia digna y segura, el acceso a los derechos para el logro de la reinserción social, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que den cuenta de su cumplimiento.

SEXTA. Se dote a la brevedad a Topo Chico del equipo y tecnología que permita la detección de sustancias y objetos prohibidos y se asigne personal de seguridad 52/53 y custodia en número suficiente y capacitado en materia de derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que prueben el cumplimiento al respecto.

SÉPTIMA. Se instruya a quien corresponda para que en un término no mayor de 6 meses, contados a partir de la emisión de la presente Recomendación, en el marco de sus facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de AR2 y AR3, así como de quien o quienes resulten responsables, en los expedientes administrativos de investigación 1 y 2 iniciados con motivo de los hechos, remitiendo a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento.

OCTAVA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el inicio de la queja que este Organismo Público promueva ante el Órgano Interno de Control correspondiente, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, investigue la actuación de AR4, así como de quien o quienes resulten responsables con motivo del segundo evento, remitiendo las constancias con que se acredite su cumplimiento. NOVENA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el inicio de la queja que este Organismo Público promueva ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, investigue y se determine la responsabilidad administrativa de AR1, remitiendo a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento.

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016)

5. Sin embargo esta no es la primera vez que se evidencia las malas condiciones en las que se encuentran las prisiones del Estado de Nuevo León, ya que en meses pasados específicamente en febrero de este año se registró una a riña en el penal de Topo Chico entre dos grupos criminales dejando un saldo de 49 muertos y 12 heridos, cinco de ellos de gravedad y subsecuentemente el día 13 de octubre se registró una riña en el penal del Topo Chico con saldo preliminar de una persona muerta y 16 heridos.

6. Como claramente se puede observar, las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios del estado de Nuevo León, no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos emitidas por la Organización de las Naciones Unidas en 1955, lo cual constituye un problema para la sociedad ya que de tal suerte que el objetivo de reinserción social no es posible si a su vez no se satisfacen los derechos mínimos para una persona que se encuentra purgando una pena.

CONSIDERANDOS

1. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es preocupante que el Estado de Nuevo León al día de hoy no haya atendido los grandes problemas que se presentan al interior de los centros penitenciarios.

2. De igual forma se hace especial hincapié en cumplir las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos ya que están son fundamentales para lograr satisfactoriamente la reinserción en la sociedad de los reclusos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que de manera inmediata rinda un informe a esta soberanía sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación 55 /2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Bibliografía:

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (29 de noviembre de 2016). Comisión Nacional de Derechos Humanos. Obtenido de Comisión Nacional de Derechos Humanos:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_055.pdf
Humanos, C. N. (23 de octubre de 2016). CNDH. Obtenido de CNDH:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_273.pdf
Unidas, O. d. (s.f.). Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. Obtenido de Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe que exponga cuáles fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la vía ‘‘eco turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓNA QUE REMITA UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, EN DONDE EXPONGACUÁLES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL ABRIR EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ‘‘ECO TURÍSTICA’’ EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO Y SANTA CATARINA. ASIMISMO, INFORME A ESTÁ SOBERANÍA, SI SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EJECUTAR ESTA OBRA.

Antecedentes

• El 4 de marzo del presente año, el Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, anunció la construcción de una ruta ecoturística dentro del Parque Nacional Cumbres denominado vía ‘‘eco turística’’.

• De las características de la ruta eco turística, no es posible encontrar la información suficiente que permita conocer los detalles del proyecto. Sin embargo, en diferentes medios de comunicación se dio a conocer algunos detalles:

Autoridades estatales y municipales de Santiago y Santa Catarina anunciaron un proceso de licitación para iniciar trabajos y construir una vía ‘‘eco turística’’, de 54 kilómetros de longitud, con énfasis en deporte de motocicletas, cuatrimotos y autos tubulares.

La obra iniciará en la zona de Ciénega de González, por El Manzano, en el municipio de Santiago, e irá hacia la Presa Rompepicos en la zona de la Huasteca.

Cabe mencionar que no se trata de la carretera que ya existe y que va a Laguna de Sánchez, sino que es un camino nuevo en esa zona de la Sierra Madre. (HORIZONTE, 2017)

• Del costo de la obra también se dio a conocer por diferentes medios de comunicación lo siguiente:

El Gobernador Jaime Rodríguez anunció este plan de 15 millones de pesos como un camino rústico de ecoturismo de 52 kilómetros, para el que será necesario romper rocas de más de 10 metros de altura, mediante el uso de explosivos. (Villasáez, 2017)

• Referente a los detalles de la licitación para la construcción de la vía eco turística también se señaló lo siguiente:

Humberto Torres, titular de la Secretaría de Infraestructura, apuntó que las bases de la licitación se subieron al sistema este sábado y estarán abiertas durante 40 días para contratar a especialistas, ya que para liberar al camino para dar acceso a las comunidades es mediante el uso de explosivos con métodos de demolición.

“Es una cantidad importante de material que vamos a remover, estamos hablando de 55,000 metros cúbicos, la mayoría de ello representada por las grandes rocas que tenemos en seis puntos los cuales van a ser removidos a través de los métodos de explosivos y otros sistemas de demolición”, detalló el funcionario estatal.

Asimismo, dio a conocer que dentro de una segunda etapa, se construirán andadores y áreas de descanso con una inversión por parte del estado de $2 millones de pesos. (HORIZONTE, 2017)

• Del mismo modo como se dio a conocer la construcción de la vía eco turística, también se dio a conocer que se le dará mantenimiento y rehabilitación a muchas de las carreteras que conectarán a esta vía, así lo dijeron:

Las autoridades declararon que se está trabajando en un programa de mantenimiento y rehabilitación de carreteras que convergen a la entidad, como las del sur de Nuevo León o, en el norte del Estado, la que va de Salinas Victoria a Anáhuac, entre otras.

Previo al anuncio se realizó una supervisión de unos camiones turísticos que darán servicio a los visitantes al municipio de Santiago.

Las unidades en forma de tranvía recorrerán la Ruta Mágica.

Esta comprende sitios como la plaza principal, el área de la cascada Cola de Caballo y la Presa de La Boca, además de informar a los visitantes sobre la historia del municipio catalogado como Pueblo Mágico. (HORIZONTE, 2017)

Considerandos

• Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

• Es evidente que no se ha hecho pública toda la información referente al proyecto de construcción de la vía eco turística, a no ser de los medios de comunicación quienes dieron a conocer las declaraciones del gobernador del estado de Nuevo León y los presidentes municipales de Santiago y Santa Catarina. El hacer pública la información del proyecto debe ser prioridad tanto para las autoridades estatales como para las municipales, derivado de que es un proyecto que tendrá un impacto al medio ambiente y a la población que se encuentra viviendo cerca del área protegida y que se pudieran ver afectados por esta construcción.

• El gobierno del estado debe consultar a la población sobre la viabilidad del proyecto pues hasta donde se conoce el proyecto, se harán obras de construcción y demolición en áreas protegidas y no se sabe qué impacto tendrá la construcción de esta vía eco turística. Tampoco se ha hecho público, si previo a lanzar la licitación para construir la vía eco turística se realizó la evaluación de Impacto Ambiental para ejecutar esta obra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente,al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a que remita a esta Soberanía,un informe detallado en donde exponga cuáles fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la vía ‘‘eco turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente,al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,a que remita a esta Soberanía, un informe en donde detalle si se realizó la evaluación de Impacto Ambiental para ejecutar la construcción de la vía ‘‘eco turística’’.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Fuentes consultadas:

HORIZONTE. (5 de marzo de 2017). Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa Rompepicos Municipios y estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes extremos de motociclismo entre El Manzano y la Presa Rompepicos. Obtenido de Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa Rompepicos Municipios y estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes extremos de motociclismo entre El Manzano y la Presa Rompepicos: http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-con-ruta-santiago-presa-rompepicos/1790822
Villasáez, J. (5 de marzo de 2017). Rechazan ruta turística en área protegida. Obtenido de EL NORTE Rechazan ruta turística en área protegida:
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1062135&v=2
.- EL HORIZONTE LA VERDAD COMO ES, Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa Rompepicos Municipios y estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes extremos de motociclismo entre El Manzano y la Presa Rompepicos véase en: http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-con-ruta-santiago-presa-rompepicos/1790822 revisión hecha el 9 de marzo de 2017.
.- Villasáez José Rechazan ruta turística en área protegida véase en:
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1062135&v=2EL NORTE revisión hecha el 9 de marzo de 2017.





 

Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”

“El comprador es esencialmente un cazador de gangas (...) Su única preocupación es obtener la mejor inversión de su dinero.”

Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977)
Escritor, profesor, estadístico y economista alemán.

A las personas físicas o morales, como demandantes de bienes y servicios, nos posiciona en carácter de consumidores. Una calidad que también es meritoria de derechos.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de marzo. Se trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de comprar y de elegir los productos deseados.

La reiterada aparición de los consumidores como víctimas de un conjunto de abusos y daños, consecuentes del ansia de consumir, aprovechada por los proveedores, ha generado que la defensa de los consumidores sea uno de los temas clave de la sociedad moderna.

Así nace el “derecho del consumidor”, que se puede sintetizar, como el conjunto de normas destinadas a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

El objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.

Sus alcances, acordes a un entorno económico global, han logrado necesarios matices garantistas de carácter internacional, al grado que la ONU declaró el Día   Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Keneddy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.

Los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo, y poco después, en 1985,la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores, que desde entonces hanactuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección.

Por eso, esta jornada del 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, es una oportunidad para participar del movimiento de carácter global en torno a un tema común, unir esfuerzos y conseguir que los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo, pues al final de día, todos somos consumidores.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 14 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de los Derechos del Consumidor
15 de Marzo

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983, y desde entonces ha sido una ocasión importante para la movilización de la ciudadanía por sus derechos.

"Derechos de los consumidores en la era digital" es el tema del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2017.  Los consumidores en el mundo digital actual dependen del acceso a redes de comunicación confiables, asequibles y seguras, como Internet, para tener acceso al conocimiento y para compartirlo.

Más del 40% de la población mundial está en línea, en comparación con sólo el 1% en 1995, con todas las proyecciones que sugieren que este número seguirá aumentando.

A pesar de esto todavía hay muchos consumidores que están luchando para tener acceso a estas tecnologías, el rápido crecimiento de Internet, teléfonos móviles y otras tecnologías digitales ha creado oportunidades y desafíos para millones de consumidores en todo el mundo.

Mientras que los consumidores, sin duda, se benefician del aumento del acceso, elección y conveniencia de que estas tecnologías ofrecen, sigue habiendo dudas acerca de cómo mejorar la calidad de los servicios, servicios en línea que los consumidores puedan confiar, lo que ocurre con los datos que comparten en línea y lo que los derechos de los consumidores vayan en relación con los productos digitales.

Los consumidores tenemos difícil la posibilidad de realizar, (a través de nuestra función como agente en el mercado), un consumo responsable, no solo no disponemos de información fiable sobre las empresas que afirman realizar prácticas de ESR, sino que además, parece que en algunos sectores se alcanzan acuerdos opacos que inciden directamente en nuestros bolsillos y que afectan a nuestros derechos. Falta un largo camino que recorrer.

Dado en el Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador Lopez Brito.





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”

El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, nace del discurso pronunciado el 15 de marzo de 19621, por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy.

“Por definición, el término Consumidores, nos incluye a todos”, dijo el Presidente Kennedy en su discurso.

El día Mundial de los Derechos de los Consumidores se celebró por primera vez en el año 1983, y cada año, con motivo de ésta celebración, se elige un tema sobre el que se realizarán todas las actividades desarrolladas sobre ese evento.

Para el año 2017, el tema será: "Derechos de los consumidores en la era digital" 

Se refiere que el 40% de la población mundial, se encuentra en línea a través del internet, de la telefonía móvil, y de otras tecnologías que permiten ese acercamiento en forma directa e instantánea.

En 1995, solo el 1% de la población a nivel mundial se encontraba conectado.

Estos datos, nos permiten observar que estas cifras continuarán incrementándose y un gran porcentaje de la población a nivel mundial estará conectado a través de los medios digitales.

La declaración de la ONU, adoptada por muchos países, ha estipulado que todos los ciudadanos tienen derechos fundamentales como consumidores, sin distinción respecto de sus ingresos o de su origen social.

Los derechos contenidos en la declaración de los "Derechos de los consumidores”, han sido ampliados y a la fecha se cuenta con ocho puntos, mismos que son:

• Derecho a productos y servicios seguros.

• Derecho a ser informado/a.

• Derecho a elegir.

• Derecho a ser escuchado/a.

• Derecho a la satisfacción de necesidades básicas.

• Derecho a ser compensado/a.

• Derecho a la educación.

• Derecho a un medio ambiente saludable.

En la actualidad, debido al auge de la tecnología, las compras digitales se han incrementado a una velocidad impresionante, lamentablemente algunas personas se han aprovechado de los avances tecnológicos y realizan ventas engañosas a los usuarios de internet, entregando productos totalmente diferentes a los adquiridos.

A 55 años del discurso del Presidente Kennedy y a 34 de haber sido declarado el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, debemos reconocer que, en nuestro país, tanto la Procuraduría Federal de Consumidor, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, son los órganos que apoyan a los consumidores en todo tiempo.

Sin lugar a dudas, contar con derechos como consumidores en la era digital, resulta de suma importancia, es por eso que conmemoramos este día, recordando los derechos que tenemos como consumidores.

Dado en el Senado de la República, el 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://es.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights/




 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Endometriosis”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Endometriosis
14 de Marzo

La Endometriosis  consiste en la aparición y crecimiento de tejido fuera del útero. Normalmente los tejidos crecen en los periodos menstruales. Los tratamientos hasta el momento incluyen analgésicos para el dolor, tratamiento hormonal y cirugía.

Esta enfermedad afecta la calidad de vida de 170 millones de mujeres en el mundo que la padecen, ya que el sangrado interno produce lesiones, adherencias, quistes y ocasionan distorsión de la anatomía, generando problemas en la fertilidad; afecta al tejido del aparato reproductor femenino, y como los primeros síntomas son similares a los dolores menstruales, se suele confundir y eso hace que se tarde tiempo en ser diagnosticada.

No se conoce aún los motivos exactos de la endometriosis y existen un sinfín de teorías relacionadas a su causa. La más importante de ellas es la menstruación retrógrada; es decir, que debido a la influencia de alteraciones anatómicas una parte de la sangre menstrual presenta un reflujo interno en lugar del flujo hacia la vagina que normalmente ocurre. La sangre que llega desde el útero hasta la cavidad abdominal y pélvica lleva consigo células endometriales que se implantan, crecen y producen un tejido que mes a mes sangra.

A pesar de esto, se ha demostrado en diferentes investigaciones que la mayoría de las mujeres presenta menstruación retrógrada y sólo algunas desarrollan endometriosis.

Es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad puede deberse también a causas genéticas e inmunológicas; es decir, si existe un familiar con endometriosis hay una mayor tendencia a desarrollarla, suele diagnosticarse entre los 25 y los 35 años, aunque comienza a desarrollarse con el inicio de la menstruación regular.

No existe cura para la endometriosis, con la detección temprana, es posible abordarla de la mejor manera.

La endometriosis es más frecuente que el asma, la diabetes, la epilepsia y el SIDA juntas, y es prácticamente desconocida.

H. Cámara de Senadores, 14 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador Lopez Brito.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 16 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:28 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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